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N° 49 -Tomo 370 - 3 DE OCTUBRE DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

48ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

-La formula el señor Senador Santoro por el término de 20 días.
-Concedida.

5) Proyectos presentados

-Por el que se establece que los organismos públicos tendrán obligación, bajo responsabilidad penal y administrativa, de prestar la colaboración que los Tribunales les requieran.
-Lo presentan, con Exposición de Motivos, los señores Senadores Mallo y Storace Montes.
-Por el que se establece que los certificados médicos habilitantes para el desarrollo de actividades deportivas podrán ser emitidos por cualquier institución de asistencia médica colectiva y dependencias del Ministerio de Salud Pública.
-Lo presenta, con Exposición de Motivos, el señor Senador Heber.
-Por el que se crean las empresas Nacional de Combustibles, de Portland y de Alcoholes.
-Lo presenta, con Exposición de Motivos, el señor Senador Posadas Montero.

6) Doctor Ramón Carlos Negro. Su deceso.

-Manifestaciones del señor Senador Cid.
-Por moción del propio Senador se resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Facultad de Medicina, al sindicato Médico del Uruguay y a sus deudos.

7) Pueblo Sequeira del departamento de Artigas. Carencia de agua potable.

-Manifestaciones del señor Senador Heber.
-Por moción del señor Senador, se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al directorio de OSE.

8) Alojamientos Privados para Adultos Mayores. Se establecen normas para su funcionamiento. Proyecto de Ley.

-Por moción del señor Senador Millor se aplaza la consideración de este tema para la próxima semana.

9) FAO. Monedas conmemorativas de los cincuenta años de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

-Proyecto de Ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a su acuñación.
-En consideración. Aprobado, se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Normas sobre su financiamiento. Proyecto de ley.

-En consideración. Aprobado, se comunicará al Poder Ejecutivo.

11 y 13) Reproducción asistida.

-Por moción del señor Senador Posadas Montero se retirará del Archivo la Carpeta Nº 546/91 y por moción del señor Senador Cid se la remite a la Comisión de Salud Pública, la que se integrará con tres miembros de la Constitución y Legislación.

12) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar Presidente del Supremo Tribunal Militar.

-El Senado, en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo la venia para designar Presidente del Supremo Tribunal Militar.
-Asimismo, resolvió devolver al Poder Ejecutivo los antecedentes relacionados con una solicitud de venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a fin de que proceda a su ampliación y concedió venia al Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

14 y 18) Fermina Gularte Bautista. Pensión graciable.

-Proyecto de Ley. Aprobado, se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) OLDEPESCA. Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero.

-Proyecto de Ley.
-En consideración. Aprobado, se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Acuerdo Cultural con la República Portuguesa .

-Proyecto de ley.
-En consideración. Aprobado, se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Convenio sobre Seguridad social entre los Gobiernos de la República oriental del Uruguay y de la República Helénica .

-Proyecto de ley.
-En consideración. Aprobado, se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) OSE. Enajenación de un inmueble perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado .

-Proyecto de Ley.
-En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Se levanta la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 29 de setiembre de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 3 de octubre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes Proyectos de ley:

1º) Por el que se regula el régimen de funcionamiento de establecimientos privados destinados a alojar adultos mayores.

(Carp. Nº 271/95 – Rep. Nº 89/95)

2º) Por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de una moneda conmemorativa con motivo de la celebración de los cincuenta años de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación.

(Carp. Nº 237/95 – Rep. Nº 102/95)

3º) Por el que se establecen normas para el financiamiento del servicio de sanidad de las Fuerzas Armadas.

(Carp. Nº 238/95 – Rep. Nº 107/95)

4º) Por el que se aprueba el Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA).

(Carp. Nº 1450/89 – Rep Nº 103/95)

5º) Por el que se aprueba el Acuerdo cultural entre la República y la República Portuguesa.

(Carp. Nº 1025/93 – Rep. Nº 110/95)

6º) Por el que se aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República y la República Helénica.

(Carp. Nº 233/95 – Rep. Nº 104/95)

7º) Por el que se concede pensión graciable a la señora Fermina Gularte Bautista.

(Carp. Nº 239/95 – Rep. Nº 100/95)

8º) Por el que se autoriza la enajenación por título compraventa y modo tradición del patrimonio del Estado, Ministerio de Defensa Nacional al de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado un inmueble ubicado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Artigas.

(Carp. Nº 259/95 – Rep. Nº 101/95)

9º) Proyecto de Resolución de la Comisión de Defensa nacional sobre la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al señor Teniente General Guillermo de Nava como Presidente del Supremo Tribunal Militar.

(Carp. Nº 289/95 – Rep. Nº 99/95)

10) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence 27 de noviembre de 1995).

(Carp. Nº 262/95 – Rep. Nº 108/95).

dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence 22 de noviembre de 1995).

(Carp. Nº 261/95 – Rep. Nº 109/95).

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Olascoaga, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Andújar y Ricaldoni.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 3 de octubre de 1995.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes solicitando venias para:

Conferir ascensos al grado de Coronel Médico a dos señores Tenientes Coroneles.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

Y destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite una nota comunicando que se ha integrado un grupo técnico que está trabajando coordinadamente con los servicios técnicos del Banco de Previsión Social para la elaboración de la reglamentación de la Ley Nº 16.713 que modifica el sistema de previsión social, invitando a los Legisladores a colaborar con dicha tarea.

-Téngase presente. Por disposición de esta Presidencia, se entregó fotocopia a los señores coordinadores de sector y a la Presidencia de la Cámara de Representantes.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por el señor Senador Carlos Garat, relacionada con las declaraciones del señor Vicepresidente de la República expresando su intención de mudarse ante hechos y actitudes en menoscabo de él y su familia y cuáles son las medidas adoptadas para investigar lo denunciado y dar garantías al sentimiento político, religioso y étnico de todos los ciudadanos.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Carlos Garat.

El señor Presidente de la Asamblea del Pueblo Egipcio y Presidente del Consejo de la Unión Interparlamentaria remite una carta invitando al señor Presidente y miembros del Senado a visitar Egipto para discutir temas de interés común.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Asociación de mujeres periodistas y escritoras del Uruguay remite nota invitando a participar de un Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Mujeres periodistas y escritoras que se realizará en Chile.

-A la comisión de Asuntos Internacionales.

Los señores Senadores Luis Eduardo Mallo y Nicolás Storace presentan con Exposición de Motivos un Proyecto de Ley por el que se establece que los organismos públicos tendrán obligación, bajo la más seria responsabilidad penal y administrativa de prestar la colaboración que los Tribunales les requieran, tanto en recursos humanos como en materiales.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor Senador Luis Alberto Heber presenta con Exposición de Motivos un Proyecto de Ley, mediante el cual los certificados médicos habilitantes para el desarrollo de actividades deportivas podrán ser emitidos por cualquier institución de asistencia médica colectiva y por dependencias del Ministerio de Salud Pública.

-A la Comisión de Salud Pública.

El señor Senador Ignacio Posadas Montero presenta con Exposición de Motivos un Proyecto de Ley por el que se crean la Empresa Nacional de combustibles, la Empresa Nacional de Portland y la Empresa Nacional de Alcoholes, las que serán personas jurídicas de Derecho Público no estatal.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, el señor Senador Carlos Garat solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con la contribución en dinero, por parte del Banco de Seguros del Estado, para la presentación en Montevideo de actriz Liza Minelli.

-Prócedase como se solicita.

El señor Intendente Municipal de Florida remite nota relacionada con las manifestaciones efectuadas por el señor Senador Luis Alberto Heber sobre revocación de nombramientos en dicha Intendencia, solicitando que la misma sea distribuida entre los señores Senadores.

-Oportunamente fue entregada al señor Senador Luis Alberto Heber. Repártase".

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente)

"El señor Senador Walter R. Santoro solicita licencia por el término de veinte días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de octubre de 1995.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

Por motivos personales, solicito licencia a partir del día 10 de octubre, por el término de veinte días.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Dr. Walter R. Santoro. Senador"

-Se va a votar

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

Oportunamente, a partir del día 10 de octubre, se convocará al suplente respectivo, señor Representante Jorge Machiñena.

5) PROYECTOS PRESENTADOS

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Bajo la propia cúpula legislativa la voz eminente del Presidente de la República Italiana nos dejó su lección magistral.

"Yo digo siempre que el Parlamentario tiene dos grandes deberes: uno es el de tener los tímpanos, no tanto del oído, sino de la mente, de la inteligencia, y los tímpanos del corazón atentos a las exigencias y a las justas expectativas del propio pueblo, a sus esperanzas y por lo tanto, sobre todo, a las voces de quien viviendo en la injusticia, pide justicia; de quien, viviendo en condiciones de falta de trabajo o de miseria degradante, pide poder vivir en condiciones de dignidad humana; de quien, sufriendo de alguna forma porque los derechos que están escritos en la Constitución no se practican, les pide a ustedes que esos derechos escritos se cumplan. Es necesario tener los tímpanos de la mente y del corazón abiertos.

Sepan comprender si aprovecho esta confianza de que me han hecho objeto y que usted, señor Presidente, me ha concedido al permitirme hablar, para decir que cada Parlamentario de un país libre debe tener los tímpanos de la mente y del corazón cerrados, completamente cerrados, cuando alguien golpea la puerta para pedir lo que no debería; cuando intervienen los llamados "lobbyists" –según el lenguaje común en el mundo y usando un término que se ha vuelto internacional que si tienen derecho a existir en el conjunto de las actividades de la vida de una comunidad nacional, pero no tienen derecho a tener espacios diferentes que les den a ellos lo que no conviene, sofocando los derechos de la mayoría de nosotros. Cuando de eso se trata, el parlamentario libre de un país libre debe tener los tímpanos de la mente y del corazón absolutamente cerrados para cumplir con su propio deber. Entonces la gente puede tener la certeza de que se defiende su libertad".

Al Poder Judicial por decisión de la Cámara de Representantes o por denuncias que mueven sus competencias esenciales se le reclama el cumplimiento de su obligación institucional.

Sus decisiones fijarán el destino de nuestros días, si tendremos o no juridicidad en la libertad, en el orden, en la paz en la probidad, y en la solidaridad fraterna o si entregará la República a la iniquidad.

Nuestro tiempo, nuestra sociedad no está dispuesta a negociar con el reino de la injusticia, porque ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurada la justicia.

La función de juzgar no tiene como objetivo indefectible levantar patíbulos morales, también debe proteger la honra del inocente. Debe decir el derecho y hacer ejecutar lo juzgado, y desechar la vituperable tentación de imitar a Poncio Pilatos a quien los tiempos han excecrado más que al propio Judas Iscariote.

Si dentro del debido decoro resultara que la actitud de los Legisladores sirven a intereses o derechos de la República, debemos seguir sirviéndolos con igual fuerza, desplazando lo que desde el punto de vista personal pudiera emerger para la suerte propia.

Luis Eduardo Mallo, Nicolás Storace Montes. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los organismos públicos tendrán obligación, bajo la más seria responsabilidad penal y administrativa de prestar la colaboración que los Tribunales les requieran, tanto en recursos humanos como en materiales, en documentos o informaciones de cualquier naturaleza.

Art. 2º.- El requerimiento de recursos humanos cuando suponga el pase de funcionarios en Comisión, deberá ser hecho por la Suprema Corte de Justicia, y en tanto estime que constituyan medios conducentes al cumplimiento de la función que compete a los Magistrados en los procedimientos penales incoados por inculpaciones a funcionarios que desempeñan o hayan desempeñado cargos públicos o relativos a actos cumplidos u omitidos en ejercicio o en ocasión de ese desempeño o prevaleciéndose de su investidura.

Art. 3º.- La omisión o la negativa a la obligación establecida en el Art. 1º, configura delito de desacato por desobediencia al mandato judicial y será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría y la inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos y derechos políticos por el término de uno a diez años.

Art. 4º.- La Suprema Corte de Justicia no podrá autorizar pases en Comisión de funcionarios judiciales, cualquiera sea el motivo invocado a la autoridad requirente, si estima que afecta el servicio de justicia a su cargo.

Quedan prohibidos los pases en Comisión de Magistrados o funcionarios técnicos.

Luis Eduardo Mallo, Nicolás Storace Montes. Senadores"

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley procura facilitar el acceso de la población a la práctica de deportes, de tal modo de desarrollar los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 41 y 44 de la Carta.

Se estima asimismo, que mediante su sanción se posibilitará un adecuado control sanitario de todos aquellos que se vuelquen a realizar deportes, ya que se amplía el espectro de extensión de los certificados habilitantes.

Por otra parte, se entiende adecuado que se reglamenten las diversas exigencias en función de la variedad de las distintas disciplinas deportivas de que se trate; a esos efectos se establecen las condiciones en que deberá pronunciarse el Poder Ejecutivo.

Luis A. Heber. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los certificados médicos habilitantes para el desarrollo de actividades deportivas podrán ser emitidos por cualquier institución de asistencia médica colectiva y dependencias del Ministerio de Salud Pública.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, estableciendo los exámenes necesarios para cada disciplina deportiva, el monto a cobrar por las entidades privadas y públicas que los expidan y el plazo de vigencia de los certificados.

Art. 3º.- Publíquese, etc.

Luis A. Heber. Senador".

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El Proyecto adjunto apunta a la creación de tres personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se denominarán Empresa Nacional de Combustibles, Empresa Nacional de Portland y Empresa Nacional de alcoholes, que tendrán respectivamente los cometidos que, en cada una de esas materias, tiene en la actualidad ANCAP.

El objetivo perseguido con la iniciativa, es el de crear un marco de actuación más ágil y práctico para el hoy Ente Autónomo y al mismo tiempo, permitir la asociación con capitales privados, así como la participación popular en los capitales.

El Proyecto de Ley, buscando alcanzar lo anterior, establece que cada empresa se regirá por las normas de Derecho Privado salvo los casos expresamente establecidos en la ley.

En la administración de cada empresa, se prevé un período durante el cual la misma será administrada por un Director General, designado y cesado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, sin perjuicio de la solución transitoria del artículo 17 exclusivamente referida a la Empresa de Combustibles.

Se prevé también la integración de capital por inversionistas privados, así como que cuando esto suceda, se sustituirá en cada empresa al Director General por un Directorio de tres a cinco miembros, Los representantes del Estado en cada Directorio serán designados y cesados por el poder Ejecutivo y necesariamente serán la mayoría del Directorio.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos.

La Asamblea General de Accionistas, que comenzará a sesionar una vez que se produzca la integración de capitales privados, estará integrada por todos los accionistas públicos y privados, y considerará el balance y demás estados contables que le presente el directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes.

La Asamblea tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente Ley establezca soluciones diversas. Ejemplo de estas últimas es que integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

Las Empresas, tendrán por cometido la realización de todos los actos y contratos necesarios, vinculados o conexos a su actividad. A estos efectos podrá realizar todo acto o actividad que tienda al mejor desarrollo de su gestión.

Los poderes jurídicos de cada Director General o Directorio en su caso se explicitan en el artículo 7º, debiendo destacarse el dictado del reglamento general de la empresa y del estatuto de los funcionarios y su destitución, la emisión y colocación de acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores, etc.

En cuanto al régimen patrimonial y financiero, se prevé que el patrimonio de cada una de las personas jurídicas del Derecho Público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que le transfiera ANCAP conforme lo dispuesto en el artículo 8º.

El capital inicial será el que surja de la valuación de su patrimonio y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

Podrá aumentarse el capital hasta el doble del aporte estatal pero en ningún caso podrá superar al mismo. Con esto se asegura la conducción de la empresa a cargo de representantes estatales que serán mayoría en el Directorio y en la Asamblea.

Las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizarán la efectiva integración serán determinadas por cada Director General o directorio en su caso, y se prevé que excepcionalmente se podrá enajenar acciones a los funcionarios de cada empresa y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

El contralor de las empresas se efectuará en varios niveles.

a. el Poder Eejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, controlará la labor del Director General o de los representantes del Estado en el Directorio, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

b. en un segundo nivel se reconocen los mecanismos de contralor que la Ley Nº 16.060 confiere a las asambleas de las sociedades anónimas.

Se establece que cada Empresa, tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

En el Capítulo V, se establecen disposiciones que refieren a los funcionarios actuales de ANCAP, los que en la forma que establezca la reglamentación serán traspasados a las empresas que se crean. En este sentido se prevé:

a. quienes revisten como funcionarios del Ente a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, en forma automática pasarán a actuar como dependientes de las personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se crea, en régimen de Derecho Privado, según lo disponga la reglamentación.

b. sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a su cargo dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de presente Ley, tendrán derecho a una compensación especial que se establece en el artículo 15.

c. los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente Ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de Derecho Privado que se crea.

d. los funcionarios actuales de ANCAP, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente Ley, y que sean despedidos por su Director General o Directorio en su caso, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al Derecho Privado. No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

En líneas generales, mediante la confluencia de normas de Derecho Público y de Derecho Privado, se busca que los cometidos hoy a cargo de ANCAP se puedan ejercer en un marco jurídico ágil y apto para el mejor desarrollo de los mismos, asegurando asimismo el contralor del Estado sobre su gestión.

Ignacio Posadas Montero. Senador.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
De la Naturaleza y la Organización

Artículo 1º.- Créanse la Empresa Nacional de Combustibles, la Empresa Nacional de Portland y la Empresa Nacional de Alcoholes, las que serán personas jurídicas de Derecho Público no estatal.

Cada Empresa se domiciliará en Montevideo, podrá establecer agencias, sucursales, representaciones y similares en el interior o exterior del país, y se regirá por las normas de Derecho Privado salvo los casos expresamente establecidos en la presente Ley.

Art. 2º.- Los órganos de cada Empresa son el Director General o el Directorio, y la Asamblea General de Accionistas.

Art. 3º.- Las Empresas serán respectivamente administradas por un Director General designado y cesado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, recayendo la designación en una persona de reconocida solvencia en materia de administración de empresas.

Cuando se proceda a la integración de capital por inversionistas privados, se sustituirá el Director General por un Directorio de tres a cinco miembros. Los representantes del Estado en el Directorio serán designados y cesados en la forma prevista en el inciso anterior.

La sustitución del Director General por un directorio, así como el aumento del número de miembros del mismo deberá ser autorizada por el poder Ejecutivo, luego de producida la primera integración de capital privado.

Los miembros que representarán a los accionistas privados serán designados por éstos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de su elección, sobre la base de que cada accionista tendrá derecho a tantos votos como de acciones sea titular.

Cada Presidente de Directorio será designado por el Poder Ejecutivo de entre los miembros representantes del Estado.

Art. 4º.- Los Directores tendrán las incompatibilidades establecidas por el artículo 200 de la Constitución.

Art. 5º.- La Asamblea General de Accionistas, una vez que se produzca, en cada empresa la integración de capitales privados, sesionará por lo menos una vez al año.

Integrada por todos los accionistas públicos y privados, considerará el balance y demás estados contables que le presente el Directorio, pudiendo aprobarlos u observarlos, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo que establece la Ley Nº 16.060 para las sociedades anónimas, dará cuenta al Poder Ejecutivo a los efectos legales correspondientes. Asimismo, fijará la remuneración de los integrantes del Directorio.

Tendrá las mismas facultades que la Ley Nº 16.060 le otorga a las asambleas de las sociedades anónimas, salvo en los casos en que la presente Ley establezca soluciones diversas.

Integrada únicamente por los accionistas privados, nombrará a los Directores que los representen y aprobará o desaprobará su gestión, pudiendo removerlos y designar sus sustitutos.

CAPITULO II
De la Competencia

Art. 6º.- La Empresa Nacional de Combustibles tendrá los mismos cometidos y poderes jurídicos con que actualmente cuenta la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en materia de combustibles.

La Empresa Nacional de Portland tendrá los mismos cometidos y poderes jurídicos con que actualmente cuenta la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en materia de combustibles.

La Empresa Nacional de Alcoholes tendrá los mismos cometidos y poderes jurídicos con que actualmente cuenta la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), en materia de alcoholes.

Art. 7º.- Cada Director General o Directorio en su caso, dentro de su respectiva empresa, tendrá los siguientes poderes jurídicos:

A) Dictar el reglamento general de la Empresa

B) Dictar el estatuto de sus funcionarios. En todo lo que la presente Ley no prevea, regirán las reglas del Derecho Privado.

C) Designar a sus funcionarios y destituirlos con arreglo a las disposiciones del Derecho Laboral. En uno y otro caso, y luego de instalado el Directorio, se requerirá la mayoría absoluta de votos del cuerpo. La reglamentación procurará que el ingreso de sus funcionarios se realice por el sistema de concurso.

D) Emitir y colocar acciones, las que se cotizarán en la Bolsa de Valores. La reglamentación podrá autorizar su oferta en mercados extranjeros.

Asimismo efectuará las colocaciones y las inversiones que constituirán la reserva de la empresa, sin perjuicio de las facultades que en esta materia corresponden a los órganos públicos de contralor.

E) En general, celebrar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna, celebrar los controles y realizar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y dentro del giro que preceptivamente le asigna esta Ley.

F) Delegar sus atribuciones por mayoría absoluta de votos del total de componentes y por resolución fundada en funcionarios de jerarquía dentro de la Empresa. No son delegables las atribuciones previstas en los literales A, B, C, y D de este artículo. Tampoco son delegables las atribuciones del Director General o del Directorio en cuanto a la decisión de asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras.

CAPITULO III
Del Régimen Financiero

Art. 8º.- El patrimonio de cada una de las personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se crea, estará constituido, inicialmente, por la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que le transfiera la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

La reglamentación, dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, determinará los bienes, derechos, obligaciones y funcionarios, que en razón de la actividad a que actualmente están afectados, se transferirán a cada persona jurídica de Derecho Público no estatal. Las transferencias, deberán hacerse efectivas dentro de los noventa días posteriores al dictado de la reglamentación.

Art. 9.- El Capital inicialmente autorizado de cada Empresa será el que surja de la valuación de su patrimonio conforme los criterios que establezca la reglamentación y corresponderá en su totalidad al Estado y se documentará en acciones nominativas.

El capital podrá aumentarse hasta el doble del que surja mediante la venta de acciones que se emitirán y cotizarán en bolsa. A tales efectos se emitirán dos series de acciones, correspondiendo la Serie A al Estado y la B a los privados.

En ningún caso los aportes privados podrán superar a los estatales y necesariamente la mayoría de miembros del Directorio corresponderá a los representantes del Estado. Cualquier aumento de capital que supere lo dispuesto precedentemente deberá ser autorizado por ley.

Art. 10.- Cada Director General o Directorio en su caso, fijará las condiciones de la emisión de nuevas acciones, el llamado a su suscripción a los interesados, los plazos y modalidades en que se realizará la efectiva integración.

Excepcionalmente podrá enajenar acciones a los funcionarios de la Empresa y si resultare conveniente podrá establecer un sistema de retiro voluntario incentivado de los mismos, recibiendo como única contraprestación acciones de la empresa.

CAPITULO IV
Del Contralor Administrativo, Financiero y Jurisdiccional

Art. 11.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, controlará la labor de cada Director General, pudiendo requerir información, efectuar observaciones y correcciones, así como sustituir libremente al Director.

Una vez que se integre el capital privado y se constituya cada Asamblea de accionistas, el contralor del Directorio será efectuado por este órgano de conformidad con los dispuesto en la Ley N° 16.060 en lo que a asambleas de sociedades anónimas refiere. Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo mantendrá la potestad de sustituir libremente a sus representantes en el Directorio.

Art. 12.- Cada Empresa tendrá auditorías internas permanentes, sin perjuicio de las externas que podrá exigir un tercio de los miembros del Directorio, para el contralor de la eficiencia, efectividad y economía de su gestión.

Art. 13.- El Directorio publicará periódicamente sus estados de situación.

CAPITULO V
Disposición Generales

Art. 14.- Las personas que revisten como funcionarios de ANCAP a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, pasarán a actuar como dependientes de una de las personas jurídicas de Derecho Público no estatal que se crea, según establezca la reglamentación, en el régimen de Derecho Privado.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios que renuncien a sus cargos dentro de los ciento veinte días siguientes a la sanción de la reglamentación de la presente Ley, tendrán derecho a la siguiente compensación especial:

a. quienes no configuren causal jubilatoria, recibirán una única compensación mensual, equivalente al 75% de sus remuneraciones de naturaleza salarial por el término de dos años.

b. quienes configuren causal jubilatoria en el año 1994, recibirán un subsidio mensual equivalente al 25% de sus remuneraciones de naturaleza salarial, por el término de dos años, siendo el mismo acumulable con la percepción de la pasividad.

Los subsidios referidos precedentemente, se servirán en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones previstas en el artículo 32 de la Ley Nº 16.127 de 7 de agosto de 1990.

A los efectos de cubrir los gastos que demande la aplicación del presente artículo, cada Empresa podrá contraer endeudamiento en bancos de plaza, y/o realizar bienes que no sean indispensables para el cumplimiento de su cometido.

Art. 15.- Los convenios colectivos que puedan encontrarse vigentes a la fecha de sanción de la presente Ley, mantendrán su vigencia salvo en lo que puedan resultar incompatibles con el régimen de Derecho Privado que se crea.

En cualquier conflicto que se suscite entre los funcionarios de cada Empresa y su directorio, serán competentes los órganos del Poder Judicial con competencia en materia laboral.

Art. 16.- Los funcionarios comprendidos en el inciso 1 del artículo 15 de la presente Ley, que contaren con una antigüedad mínima de tres años en el Ente a la fecha de promulgación de la presente Ley, y que sean despedidos por el Director General o Directorio que corresponda, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, tendrán derecho a una compensación especial equivalente a una indemnización por despido común, la que se determinará de acuerdo al derecho laboral, y que será acumulativa con las indemnizaciones que le correspondan en base al Derecho Privado.

No tendrán derecho a la compensación especial los funcionarios que sean despedidos por notoria mala conducta, ni los que renuncien a su cargo en forma expresa o tácita.

CAPITULO VI
Disposiciones Transitorias

Art. 17.- El actual Directorio de ANCAP, continuará en funciones como Directorio de la Empresa Nacional de Combustibles, hasta el 1º de marzo del 2000, salvo que antes de esa fecha se hicieran efectivas las integraciones de capital privado a la empresa.

Art. 18.- La reglamentación determinará el momento en que entrarán en funcionamiento, en forma simultánea las nuevas empresas, una vez que se completen los procesos de transferencia referidos, lo que deberá producirse dentro del año de sancionada la presente Ley.

En forma simultánea con dicha puesta en funcionamiento, desaparecerá el Ente Autónomo Administración de Combustibles, Alcohol y Portland.

Art. 19.- Comuníquese, publíquese, etc.

Ignacio Posadas Montero. Senador".

6) DOCTOR RAMON CARLOS NEGRO. Su deceso

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- En la tarde de hoy quiero rendir homenaje al Profesor Ramón Carlos Negro, quien fue una eminencia de la pediatría nacional y que el día 20 de setiembre, a la edad de ochenta y seis años, falleció rodeado del afecto y el cariño de su familia y de sus amigos.

El Profesor Negro se graduó en 1936 y muy tempranamente accedió al trabajo en la ciudad de Colonia, donde se desempeñó en la asistencia de policlínica y domiciliaria. Ese contacto y ese cariño que siempre brindó durante su trayectoria profesional a la gente y, en particular, a los niños enfermos se forjaron seguramente en los caminos de aquella ciudad durante los cuatro años en que desarrolló su actividad a partir de 1946.

Luego ingresó a la carrera Docente en la Facultad de Medicina, donde cumplió todos los pasos del escalafón respectivo: Jefe de Clínica, Asistente, Profesor Agregado, Profesor Titular. Finalmente, cesó en 1974, al alcanzar la edad límite para ejercer la Docencia.

En 1986, señor Presidente, con el retorno de la democracia, el Profesor Negro fue designado Profesor Emérito de la Facultad de Medicina. Con su fino humor e ironía decía, aceptando una de las dos acepciones del término, que en realidad ser Profesor Emérito no tenía ningún mérito, porque emérito significa ser jubilado. Siempre hacía gala de ese humor que le permitía llevar adelante la pediatría y la docencia, formando escuela, amigos y una calidad de médico que desgraciadamente en estos días se ha ido perdiendo al llegar a la actual deshumanización de la medicina. Precisamente, él reivindicaba el valor humano en la práctica de la medicina durante sus clases de la hora 11, famosas a lo largo de su trayectoria Docente. Además éstas se hicieron conocidas porque a lo largo de la dictadura el Profesor Negro no sólo hablaba de pediatría, sino también de política.

Integró el Consejo de la Facultad de Medicina durante un período muy crítico para el país, en la década del setenta, siendo cesado por razones por todos conocidas.

Fue Docente de la Escuela de Enfermería durante nueve años, donde enseñó pediatría. Esa labor, vinculada a la Facultad de Medicina y a la Escuela de Enfermería, eran sus mojones y afectos más sentidos.

Es bueno destacar que experimentaba un particular orgullo por el Hospital Pereira Rossell, porque reconocía que su labor Docente se había desarrollado siempre allí.

Aquellos que fuimos sus alumnos, aunque circunstancialmente, recordamos la calidad Docente del Profesor Negro pero, además y fundamentalmente, su calidad de ser humano, la que expresaba en todos los gestos asistenciales, ya sea en la Docencia como en la vinculación con sus alumnos.

Esto ha permitido, señor Presidente, que hoy digamos con orgullo que el Profesor Negro fue gestor de una escuela de pediatría además de uno de los primeros pediatras infectólogos que tuvo nuestro país.

Estudió y trabajó sobre la tuberculosis en el niño, habiendo publicado numerosos artículos relacionados con ese tema. Finalmente, escribió dos libros sobre enfermedades pediátricas e infecciosas, que constituyeron el recurso de aprendizaje al que muchos de nosotros acudimos con fruición, interés y muchos deseos de conocer lo que allí se expresaba con palabras didácticas y sencillas.

El Profesor Negro recibió varias distinciones, entre ellas, el Premio Soca –en dos oportunidades- y el Premio Glaxo. Publicó más de cien trabajos científicos que le valieron el reconocimiento de todos sus colegas.

El 3 de diciembre de 1987 tuve el honor como Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, de otorgarle al Profesor Ramón Carlos Negro la distinción sindical que dicha institución otorga en el Día del Médico a aquellas personalidades que por su relevancia se hacen merecedoras de ella.

Esta es una breve reseña de lo que fue su vida como médico, pero hay que agregar lo que fue como persona, como individuo. En ese sentido, el Profesor Negro, a la vuelta a la democracia, integró la Comisión de Etica de la Facultad de Medicina, donde obtuvo el reconocimiento de todos aquellos cuya conducta durante el período dictatorial fue sometida a análisis, así como de sus compañeros integrantes de dicha Comisión.

Profundamente enamorado de su barrio –Pocitos- en el que vivió siempre, escribió un libro en el que relata cómo era su Pocitos, aquél en el que correteó como alumno, practicó deportes y participó en la directiva del Club Trouville, con el que repartía su afecto por el Club Nacional de Fútbol, al que todos los fines de semana iba a ver.

Los Profesores Ramón Carlos Negro y Larghero han sido el privilegio de la medicina de este país y han permitido que varias generaciones –de las cuales me siento privilegiado- hayan sentido y aprendido no solamente la parte médica sino también el aspecto humano que tiene nuestra profesión y que debe ser rescatado rápidamente.

Señor Presidente: el Profesor Carlos Negro escribió –y hoy está en su tercera edición- un libro denominado "Pocitos era así, en el que relata su vida como niño y describe su Pocitos querido.

Asimismo, quiero recordar algunos dichos o expresiones que el Profesor Negro transmitió recientemente, concretamente dos de ellas. En un reportaje él decía que le gustaba la vida, y cuando le preguntaron cómo se llega a ser un buen pediatra, relató que se llega a serlo queriendo a los niños y a la enseñanza.

El niño fue el eje rector de su vida y el motivo de su defensa, por lo que utilizó todos los podios, congresos y ateneos vinculados con su Cátedra para defender la dignidad del niño y para luchar contra el hambre del niño que se asiste en el hospital, como frecuentemente expresaba.

Como si esto fuera poco, el Profesor Negro –me quiero referir a este último aspecto para cortar un poco la afectividad- también fue un tanguero, habiendo escrito muchos tangos de los cuales, lamentablemente, sólo uno está grabado por el "Potrillo" Zagnoli, que se llamó "Chau luna".

Profundamente enamorado de la vida, de la gente y del niño, el Profesor Negro se ha ido, pero ha dejado un marco de afectividad y de reconocimiento, así como una escuela pediátrica que mucho nos honra.

Solicito que versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Facultad de Medicina, al Sindicato Médico del Uruguay y a la familia del Profesor Ramón Carlos Negro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Reglamentariamente, en la hora previa no se puede fundar el voto ni formular cualquier tipo de moción, salvo solicitar el envío de la versión taquigráfica a quien se desee. El tema puede ser replanteado luego de terminada la hora previa.

7) PUEBLO SEQUEIRA DEL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS. Carencia de agua potable.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Tengo un tema para plantear, pero creo que el señor Senador Batlle puede hacer uso de la palabra en este homenaje luego que termine mi exposición.

Voy a reiterar un planteamiento que ya hice en el Senado de la República –no sé si se recuerda- respecto a un problema de agua –aunque parezca mentira, señor Presidente- en el pueblo Sequeira, en el departamento de Artigas.

Hace un mes y medio decía que no se podía concebir que en alguna población del Uruguay hubiera gente que no pudiera acceder al agua con facilidad y que si alguna labor social debíamos hacer era procurar que estas situaciones se resolvieran con prontitud.

Cuando remití la versión taquigráfica de mis palabras a OSE tuve como información de la gente de la localidad que el Ingeniero encargado de ese Ente en Artigas dijo –frente a nuestras palabras- que no era cierto que parte de esa población estuviera sin agua, porque el tanque estaba en buenas condiciones y no estaba rajado.

Personalmente, caminé por el pueblo Sequeira –supongo que los ingenieros de OSE también lo harán- y comprobé con mis propios ojos que gran parte de la población –la situada a la margen derecha de la Ruta 4 yendo de Salto hacia Artigas no tiene agua, por lo que el pueblo se divide a la mitad. Lamento que el Ingeniero Técnico de OSE me haya contestado que todo está bien; me hubiera gustado que reconociera que existe un problema social, que hay gente sin agua en un pueblo importante del departamento de Artigas. Me hubiera gustado que dijera que hay un plan de obras, que rápidamente se van a hacer perforaciones en la margen derecha y que se les va a dar agua, y que las condiciones y la calidad de vida de la gente es un tema absolutamente prioritario.

No admito que el Técnico se lave las manos diciendo que el tanque está bien, ya que ellos no están solamente para indicar lo que está bien o mal, sino lo que falta por hacer.

Mi intención cuando hablé en la hora previa del Senado era que se buscara una solución para la gente que no tiene agua. Quizás debamos ir los Senadores e invitar al Técnico para que vea las casas que no tienen agua. Aclaro que no sé cómo se llama el Técnico, pero creo que tiene que volver al pueblo Sequeira a comprobar lo que no pudo ver con sus propios ojos.

Es así que quiero reiterar mi pedido a OSE a efectos de que se preocupe de este tema.

Repito lo que expresé hace un mes, en el sentido de que no puede ser que haya poblaciones en las que el tema del agua integra una de sus carencias fundamentales. La falta de trabajo –que de por sí ya es un problema grave- es una preocupación a la que todos los días tratamos de encontrarle una salida, pero la luz, el agua y una vivienda es lo mínimo que se puede pedir para nuestra población.

Concretamente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a OSE.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hace uso de la palabra, se va a votar.

(se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

8) ALOJAMIENTOS PRIVADOS PARA ADULTOS MAYORES. Se establecen normas para su funcionamiento.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Señor Presidente: con las disculpas del caso –porque el fundamento es de interés individual o personal- pediría la alteración del orden del día a fin de tratar en primer lugar el asunto que figura en décimo término, en mérito a que quien habla deberá ausentarse antes de que finalice la sesión.

Se trata de dos expedientes que la Comisión de Asuntos Administrativos me ha encargado informar.

De todos modos, como advierto que en la Barra hay invitados que, presumo, forman parte de un encomiable esfuerzo de la Presidencia para que tomen contacto con la labor del Senado, modifico parcialmente ni moción en el sentido de que se pasen a considerar los asuntos que figuran en primero y segundo término del orden del día y que a continuación se pase a tratar el décimo asunto.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: habida cuenta de quien habla estuvo en uso de licencia durante el mes próximo pasado y solicitándole disculpas a los señores Miembros Informantes –aclaro que ya consulté a los señores Senadores Cid, Fernández Faingold y Storace- solicitaría que el tratamiento del asunto que figura en primer término del orden del día –es decir Proyecto de Ley por el que se establecen normas para el funcionamiento de los Alojamientos Privados para Adultos Mayores- se aplazara por una semana.

Reitero que no estuve en el país el mes próximo pasado y, en realidad, tengo una serie de dudas y consideraciones que deseo consultar. Consideramos que el pleno del Cuerpo no es un lugar adecuado para hacerlo, pero pensamos que sí lo es la Comisión de Legislación del Trabajo –pese a que no la integro- que se reunirá mañana a las 16 horas. Nos hemos comprometido a concurrir a esa sesión de la mencionada Comisión, por lo que pediríamos que se aplazara la consideración de este proyecto hasta la próxima semana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aplazamiento de la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día para la sesión del martes próximo.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Señor Presidente: solicito que el asunto que figura en décimo término del orden del día pase a ser considerado en cuarto lugar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) FAO. Monedas conmemorativas de los cincuenta años de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de una moneda conmemorativa con motivo de la celebración de los cincuenta años de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (Carp. Nº 237/95 – Rep. Nº 102/95)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 237/95
Rep. Nº 102/95

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

Al Senado:

La Comisión de Hacienda le ha prestado aprobación al Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Representantes, por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a acuñar una moneda conmemorativa que celebre el 1er. Centenario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Por la presente Ley, y en su artículo 2º, se autoriza a acuñar hasta 50.000 (cincuenta mil unidades), siendo el valor facial de cada unidad, de $ 100 (cien pesos uruguayos).

Las características de las monedas a acuñarse se detallan en el artículo 2º, facultándose además, por el artículo 3º al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las referidas monedas, así como a disponer de su desmonetización y de la enajenación correspondiente, cuando ello proceda.

La proximidad de la fecha a celebrarse (16 de octubre de 1995), hace que el Poder Ejecutivo haya solicitado, y la Cámara de Representantes aprobado, facultar al Banco Central del Uruguay a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales.

La información recabada del Banco Central del Uruguay acredita que las casas acuñadoras oficiales en el mundo, son muy pocas y están sujetas a normas muy estrictas, considerándose en ese caso proceder a través de una licitación restringida para acuñar estas monedas.

La diferencia que resulte del valor de acuñación y el precio de venta, así como de su venta posterior en caso de desmonetización, ingresará al patrimonio del Banco Central del Uruguay.

Por las razones expuestas, esta Comisión ha aprobado este Proyecto de Ley, recomendado al Plenario su aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de agosto de 1995.

Jorge Batlle (Miembro Informante), Danilo Astori, Alberto Couriel, Hugo Fernández Faingold, Luis Hierro López, Luis Eduardo Mallo, Ignacio Posadas Montero. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DEL LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de una moneda conmemorativa con motivo de la celebración de los cincuenta años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes, facultándose a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales.

Art. 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta cincuenta mil unidades con las siguientes características:

A) El valor facial de cada unidad será de $ 100 (cien pesos uruguayos).

B) La moneda será de plata, con un fino de novecientas milésimas. Se admitirá una tolerancia, por la aleación, de un 2% (dos por ciento).

C) Tendrá veinticinco gramos de peso y treinta y siete milímetros de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

D) Su forma será circular y su canto liso.

E) Anverso: en el centro del campo el logotipo de la FAO, arriba la inscripción "50 Aniversario" y abajo los años "1945-1995".

F) Reverso: en el centro, diseño realizado con espigas de trigo, arriba la inscripción "República Oriental del Uruguay" y abajo el valor "100 pesos uruguayos".

Art. 3º.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas cuya acuñación se autoriza por la presente Ley, a disponer su desmonetización y la enajenación de las piezas desmonetizadas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de agosto de 1995.

Guillermo Stirling Presidente
Martín García Nin Secretario

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 12 de julio de 1995.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Dr. Hugo Batalla

Presente

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese cuerpo un Proyecto de Ley referente a la conmemoración del aniversario de creación de la FAO.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebrará en todo el mundo, el 16 de octubre del corriente año 1995, los cincuenta años de su creación.

Con tal motivo ha solicitado al Banco Central del Uruguay su adhesión a dicha celebración, mediante la emisión de una moneda conmemorativa.

Como es sabido la FAO es una Agencia especializada que forma parte del sistema de las Naciones Unidas que ha estado desde su creación al servicio de la humanidad, promoviendo constantemente la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo.

En opinión de la FAO, que se comparte, la celebración de este aniversario es una oportunidad ideal para estimular el interés y la comprensión en cuanto a los problemas y las posibilidades del desarrollo agrícola en un mundo que para el año 2030 tendrá una población de unos 9.000 millones de personas.

Al participar de esta iniciativa se comparte asimismo, la afirmación de este organismo internacional, cuando expresa en la solicitud que da origen a este proyecto que si bien es cierto que ha habido grandes progresos en lo que refiere al aumento de la producción y a la disponibilidad de alimentos en el mundo, también es una realidad que muchos países aún siguen luchando para erradicar el hambre y malnutrición y esta crisis incluso se ha acentuado en algunas comunidades y grupos de población.

No es esta primera vez que se realiza una acuñación conmemorativa promovida por FAO, habiéndose participado ya en varias acuñaciones de esta naturaleza, por considerar que su realización representa un apoyo incuestionable a la obra de carácter humanitario que promueve dicha organización.

Es con esa finalidad que se propicia esta iniciativa.

En atención a la proximidad de la fecha en que se cumplirá el aniversario de la FAO se ha entendido necesario que el texto legal a sancionarse habilite la contratación directa, a los efectos de poder atender en tiempo hábil la solicitud recibida de este organismo, concretando la acuñación en plazo suficiente para cumplir la finalidad perseguida.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de una moneda conmemorativa con motivo de la celebración de los cincuenta años de la creación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes, facultándose a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales.

Art. 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta 50.000 (cincuenta mil) unidades con las siguientes características:

a) El valor facial de cada unidad será de $100.00 (pesos uruguayos cien).

b) La moneda será de plata, con un fino de 900 (novecientas milésimas). Se admitirá una tolerancia, por la aleación, de un 2% (dos por ciento).

c) Tendrá 25 (veinticinco) gramos de peso y 37 (treinta y siete) milímetros de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

d) Su forma será circular y su canto liso.

e) Anverso: en el centro del campo el logotipo de la FAO, arriba la inscripción "50 Aniversario" y abajo los años "1945-1995".

f) Reverso: en el centro, diseño realizado con espigas de trigo, arriba la inscripción "República Oriental del Uruguay" y abajo el valor "100 pesos uruguayos".

Art. 3º.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas cuya acuñación se autoriza por la presente Ley, a disponer su desmonetización y la enajenación de las piezas desmonetizadas.

Luis A. Mosca".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el Proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BATLLE.- Señor Presidente: este Proyecto de Ley, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, reitera prácticas que en esta materia el Poder Legislativo ha autorizado realizar al Banco Central del Uruguay en otras oportunidades.

En este caso, el Proyecto de Ley consiste en una mera autorización para proceder a la acuñación de una moneda conmemorativa. En él se establecen sus características, se autoriza al Banco Central a su desmonetización para la eventualidad en que el valor metálico supere el facial. Al mismo tiempo, se permite que el Banco Central del Uruguay haga las consultas, con respecto a los precios de acuñación, a las casas autorizadas en la materia.

Aclaro que quien habla ha efectuado una investigación personal, vía telefónica, con los Gerentes encargados del área en el Banco Central del Uruguay para determinar de qué se trataba o qué comprendía la expresión "casas autorizadas". Concretamente, me explicaron que son muy pocas las casas en el mundo que están reconocidas por los Bancos Centrales para efectuar este tipo de acuñaciones. Además, se nos dijo que a ellas se les van a solicitar los precios a fin de establecer cuál es el más conveniente.

Asimismo, los representantes del Banco Central del Uruguay nos solicitaron que tratáramos este asunto lo más rápidamente posible, a efectos de poder cumplir con el objetivo de la acuñación que se pretende realizar en función de la fecha que se conmemora.

Es cuanto tengo que informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Proyecto de Ley en general.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo primero.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de una moneda conmemorativa con motivo de la celebración de los cincuenta años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hasta las cantidades y con las características que se determinara en los artículos siguientes, facultándose a prescindir del requisito de licitación pública y proceder a la contratación directa con casas acuñadoras oficiales."

-En consideración.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: simplemente, deseo efectuar una consulta a los señores miembros de la Comisión que analizó este Proyecto de Ley.

Normalmente –si mal no recuerdo- con la acuñación de monedas de esta naturaleza que se comercializan por el Banco Central del Uruguay hay un margen de beneficio que se obtiene por ese concepto, pero no veo ninguna disposición que determine el destino de dicho beneficio.

SEÑOR BATLLE.- Entiendo que no corresponde que se incorpore al Proyecto de Ley una disposición de esa naturaleza, por el hecho natural de tratarse de una emisión que da el Banco Central, cuya utilidad se incorporará al patrimonio de la Institución. Así se establece en una referencia que hace al respecto el informe de la Comisión que trató este asunto, al indicar lo siguiente: "La diferencia que resulte del valor de acuñación y el precio de venta, así como de su venta posterior en caso de desmonetización, ingresará al patrimonio del Banco Central del Uruguay".

Por lo tanto, pensamos que no es necesario que se incorpore este elemento como un requisito, porque en la medida que el Banco Central del Uruguay, está autorizado a realizar la acuñación, la venta e, inclusive a la desmonetización y venta posterior, los beneficios quedan –como siempre ocurre en cualquier tipo de emisión de este tipo- en función de su origen y naturaleza, para el patrimonio del Banco.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: efectivamente –como señalaba el señor Senador Gargano- hace muchos años se efectuaba una referencia de las utilidades.

No obstante ello, voy a traer un recuerdo de mis épocas felices de empleado del Banco Central del Uruguay. La referencia a las utilidades, en algún momento originó cierta confusión en cuanto a llamarle utilidad a la diferencia entre el valor mecánico y el de venta. Cuando en la década del 70 –si no me equivoco- los Técnicos en la materia aclararon que eso no era una utilidad, tanto desde el punto de vista contable como económico, los proyectos correspondientes dejaron de incluir ese concepto.

Por lo tanto, y al igual que el señor Senador Gargano, comparto la explicación brindada por el señor Senador Batlle, en el sentido de que si hay ganancias en esa especie de diferencia entre el costo y la venta, pasarán a pertenecer al patrimonio del Banco Central del Uruguay.

SEÑOR BATLLE.- Deseo aclarar que la ganancia puede seguir, no de esa relación entre el valor de acuñación y el valor facial, sino del hecho de que una desmonetización –en virtud de determinada circunstancia del valor metálico- o de un valor numismático posterior, le dé un valor agregado por encima del valor facial. Naturalmente, como eso forma parte del patrimonio del Banco, va de suyo que pasa a pertenecer a la Institución.

Lo que ocurre es que en otras emisiones de monedas conmemorativas, se le dio un destino específico a esa diferencia entre el valor facial y el numismático, vendiéndose a un precio por encima del valor facial. De todos modos, este no es el caso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta cincuenta mil unidades con las siguientes características:

A) El valor facial de cada unidad será de $100 (cien pesos uruguayos).

B) La moneda será de plata, con un fino de novecientas milésimas. Se admitirá una tolerancia, por la aleación, de un 2% (dos por ciento).

C) Tendrá 25 gramos de peso y 37 milímetros de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

D) Su forma será circular y su canto liso.

E) Anverso: en el centro del campo el logotipo de la FAO, arriba la inscripción "50 Aniversario" y abajo los años "1945-1995".

F) Reverso: en el centro, diseño realizado con espigas de trigo, arriba la inscripción "República Oriental del Uruguay" y abajo el valor "100 pesos uruguayos".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"ARTICULO 3º.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas cuya acuñación se autoriza por la presente Ley, a disponer su desmonetización y la enajenación de las piezas desmonetizadas."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el Proyecto de Ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de Ley aprobado por ser igual al considerado)

10) DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS. Normas sobre su financiamiento. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se establecen normas para el financiamiento del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas. (Carp. Nº 238/95 – Rep. Nº 107/95)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 238/95
Rep. Nº 107/95

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Increméntase en el 50% (cincuenta por ciento) la contribución mensual de cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a dicha Institución a que refiere el Decreto- Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, el cual se liquidará y pagará en la misma forma y condiciones previstas en la citada norma.

Art. 2º.- Facúltase a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a abonar al personal técnico y auxiliar al mismo que actúe en forma directa en la prestación de exámenes médicos y servicios asistenciales a terceros no usuarios de dicha Dirección Nacional, fuera de sus horarios normales de trabajo, una compensación por acto técnico realizado.

El total del importe destinado al pago de dicha compensación será del 25% (veinticinco por ciento) del total de lo recaudado por la prestación del servicio a que refiere el Decreto 78/994, de 22 de febrero de 1994, y distribuido entre tal personal en la forma que determine la citada Dirección Nacional.

Art. 3º.- El total de producido de dichas prestaciones asistenciales será depositado en una cuenta especial bancaria en una institución oficial, a nombre de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, quién dispondrá del mismo en forma directa.

Art. 4º.- Autorízase al Ministerio de Defensa Nacional, Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, a contraer un préstamo de hasta $23:500.000 (veintitrés millones quinientos mil pesos uruguayos), para abonar lo adeudado a sus proveedores.

Art. 5º.- Incorpórase al personal médico y paramédico del programa 006 "Salud Militar", unidad ejecutora 0.33 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas" al régimen de acumulación de cargos establecidos en el artículo 107 del Decreto Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Art. 6º.- Autorízase a la dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a contratar con el Centro Nacional de Quemados la atención de sus pacientes mediante el pago del arancel que acordaren.

Art. 7º.- Los Institutos de Medicina altamente Especializado (IMAE) de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas que el Poder Ejecutivo autorice funcionar podrán prestar asistencias a terceros, una vez satisfechas las necesidades de sus usuarios, mediante el pago correspondiente.

Art. 8º.- Agrégase al artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, el siguiente numeral:

"10) Los cargos presupuestales o funciones contratadas de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas correspondientes a los escalafones A, B, D, E y F".

Art. 9.- Agrégase al artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, el siguiente literal:

"H) Los cargos presupuestales o funciones contratadas de la Dirección Nacional de las Fuerzas Armadas correspondientes a los escalafones A, B, D, E y F.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de agosto de 1995.

Guillermo Stirling Presidente
Martín García Nin Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Defensa Nacional

INFORME

Al Senado:

El Proyecto de Ley, en informe, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, procura superar agudos problemas de personal, y de la Cámara de Representantes, procura superar agudos problemas de personal, y de financiamiento, que afectan al Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Tiene su origen en el Poder Ejecutivo, que lo envió a la Asamblea General con fecha 20 de febrero de 1995, una vez superada la prohibición del artículo 229 de la Constitución de la República.

En esencia , el proyecto tiene como objetivos, superar una situación deficitaria del Servicio de Sanidad; facilitar y estimular la prestación de funciones de su personal técnico y auxiliar, así como establecer excepciones a la supresión de vacantes de la ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 y posibilitar la designación de funcionarios mediante una excepción a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Para superar el endeudamiento que soporta el Servicio, generado por el incremento de los precios de los insumos médicos y disminución de los aportes por reducción del número de efectivos; incrementos en las retribuciones del personal que no se acumulan al sueldo básico y las erogaciones que debió afrontar la Dirección Nacional de Sanidad para atender las Fuerzas de Paz, se autoriza al Ministerio de Defensa nacional, Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, a contraer un préstamo de hasta $ 23:500.000 (veintitrés millones quinientos mil pesos uruguayos).

Para solventar dicho préstamo, el proyecto procede a incrementar en el cincuenta por ciento (50%) la contribución mensual de cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a esta Institución, como lo dispone el Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, que comprende el monto que debe abonarse por medicamentos y exámenes suministrados por el Servicio de Sanidad.

El sistema de aportaciones de los usuarios, está establecido en función de que cada titular del derecho, aporta por sí y por su núcleo familiar –señora e hijos menores-.

Para fijar la contribución mensual se toman porcentajes que se determinan sobre la base del sueldo del soldado de segunda y que van del dos por ciento (2%) para el grado más bajo hasta un ocho por ciento (8%) para el grado más alto.

Para mejorar la situación funcional de su personal técnico y auxiliar, que actúa directamente en la prestación de exámenes médicos y servicios asistenciales a terceros no usuarios de la dirección Nacional, y que se hace fuera de sus horarios normales de trabajo, se faculta a la citada Dirección a abonar una compensación por acto técnico realizado, destinándose a esos efectos el veinticinco por ciento (25%) del total de lo recaudado por prestación de exámenes y servicios asistenciales excedentes, correspondiéndole la distribución a la Dirección Nacional.

A la vez, el personal médico y paramédico del programa 006 "Salud Militar", de la Dirección Nacional de Sanidad se le incorpora al régimen de acumulación de cargos establecido en el artículo 107 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Las excepciones a la supresión de vacantes y a la prohibición de designaciones alcanzan a los escalafones A, B, D, E y F.

Para superar también empujes deficitarios, el proyecto autoriza a la Dirección Nacional a contratar con el Centro Nacional de Quemados la atención de sus pacientes mediante el pago del arancel que acordaren y a sus Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) de la Dirección Nacional, a prestar asistencia a terceros, mediante el pago correspondiente con autorización del Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 18 de setiembre de 1995.

Walter Santoro (Miembro Informante), Luis Brezzo, Nelson Fernández, Carlos M. Garat, José Korzeniak, Wilson Sanabria, Albérico C. Segovia, Nicolás Storace. Senadores

MENSAJE

Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 20 de febrero de 1995.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Licenciado Hugo Fernández Faingold

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 7mo. del artículo 168 de la Constitución de la República, a los efectos de someter a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, cuyos antecedentes y fundamentación se explicitarán a continuación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas que tiene por misión dar apoyo a las Fuerzas Armadas protegiendo o recuperando la salud de sus integrantes y de los familiares de estos, padece agudos problemas de personal y de financiamiento que requieren urgente tratamiento, por lo cual el Poder Ejecutivo ha entendido necesario proponer a las Cámaras un Proyecto de Ley tendiente a solucionar dichos problemas.

El presente Proyecto de Ley no fue enviado con anterioridad al Poder Legislativo en base a la prohibición establecida en el artículo 229 de la Constitución de la República.

El inciso segundo del artículo 86 de la Constitución prevé el envío de una Ley especial, fuera de la Ley de Presupuesto, siempre que se indiquen los recursos con que serán cubiertos los gastos para el Tesoro Nacional.

En el caso, los gastos se cubren totalmente con recursos extrapresupuestales, no incidiendo en la estructuración del próximo presupuesto y sí cubriendo el déficit del servicio.

-I-

EL FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO

Para cumplir esa misión se obtiene financiamiento de:

a. Rentas Generales, a través del presupuesto General de Sueldos, Gastos e Inversiones. Este financiamiento cubre el 81,57% del presupuesto anual actual del Servicio.

b. Préstamos de fuentes nacionales o internacionales aprobados en las correspondientes normas legales, generalmente para inversión.

c. Proventos consistentes en:

(1). Aportes obligatorios del personal de las Fuerzas Armadas en actividad o retiro por sí y por las personas a su cargo. Dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 15.675, de fecha 16 de noviembre de 1984, representan el 84,40% del total de proventos.

(2). Venta de tickets de medicamentos y de servicios médicos. Aprobados en la Ley Nº 15.675, artículo 4º, reglamentado por el artículo 2º del Decreto 294/987, de 18 de junio de 1987, con la redacción dada por el artículo 1º del Decreto 198/991, de 9 de abril de 1991, modificado por el artículo 1º del Decreto 393/992, de 18 de agosto de 1992, respectivamente. Representan el 14,39% del total de proventos.

(3) Venta de servicios a particulares e instituciones públicas o privadas dispuesta por Decreto 78/994, de fecha 22 de febrero de 1994 del Poder Ejecutivo. En general las instituciones públicas no prevén en sus presupuestos el pago de los servicios que contratan con la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y se transforman poco menos que en incobrables. De allí la necesidad de firmar acuerdos de intercambio de servicios médicos a fin de cobrar en especie (intercambio de facturación mediante), los servicios prestados por la dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Contribución contable al presupuesto 3%. Representan efectivamente el 1,2 %.

-II-

LAS CAUSAS DE DESFINANCIAMIENTO

En años recientes, especialmente desde 1988, se ha detectado una progresiva pérdida de financiamiento, por dos razones principales.

1.- Los insumos médicos han incrementado sus precios por encima de la inflación, aun en dólares.

2.- Los aportes obligatorios han disminuido en términos reales por las causas siguientes:

a) Disminución del número de efectivos.

b) Los incrementos reales en las retribuciones personales se han concebido en la forma de compensaciones, dejando que los sueldos básicos se depriman en términos reales y por lo tanto, debido a que los aportes obligatorios se calculan sobre el sueldo básico del grado o cargo, la recaudación por este concepto ha descendido a valores constantes 59% desde 1988. Esta disminución no ha podido ser compensada ni con el incremento de la venta de servicios ni con las asignaciones presupuestales.

c) Las erogaciones que debió afrontar la Dirección Nacional de Sanidad para atender en forma urgente las necesidades del Personal destinado a las Fuerzas de Paz en diversos lugares del mundo, lo cual significó un gasto de U$S 1:400.000 (dólares estadounidenses un millón cuatrocientos mil).

Como consecuencia de la obligación de la Dirección Nacional de Sanidad de prestar servicios médicos a sus usuarios según ordena la Ley y del desfinanciamiento anotado, se inicia un retraso en la cancelación de los adeudos financiados con proventos que a la fecha asciende a aproximadamente $ 23.500.000.

-III-

LA DIFICULTAD PARA OBTENER EL PERSONAL NECESARIO

La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, encuentra dificultades para prestar correctamente los servicios a su cargo por la carencia de personal y la imposibilidad de llenar las vacantes que se produzcan en virtud de la aplicación de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Asimismo el nivel de los sueldos que percibe el personal médico y paramédico de la citada Dirección Nacional, hace imposible obtener el concurso de personal idóneo que presta servicio en otras dependencias del Estado o que desempeñan cargos docentes tan necesarios al nivel de especialidades.

Para aumentar la prestación de servicios a terceros la Dirección Nacional de Sanidad propone compensar a los funcionarios que contribuyan a los mismos con un porcentaje de los recursos que se obtengan.

-IV-

CORRECTIVOS PROGRAMADOS

Existen tres categorías de correctivos para eliminar el desfinanciamiento de los gastos de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, a saber:

A.- Dependientes de la administración de la DNS.

B.- Dependientes del Poder Ejecutivo.

C.- Dependientes del Poder Legislativo.

A.- Dependientes de la Administración de la DNS.

1.- Reestructurar la asignación de fondos entre los items que componen el gasto.

1.1.- Esto implica realizar una asignación racional de los rubros por concepto, al inicio del ejercicio, determinado cuando tiene cada Servicio para solventar sus costos, además de lo que éste recaude por venta de servicios.

2.- Suscribir acuerdos de compra de venta de servicios médicos con entidades con las cuales se mantiene una cuenta corriente activa o pasiva de hecho.

2.1.- Este concepto se ha implementado con Sanidad Policial, y es de interés hacerlo con el Ministerio de Salud Pública, a los efectos de tener que pagar y cobrar a una sola Institución y no con todos los Centros Departamentales.

B.- Dependientes del Poder Ejecutivo

1.- Precio de los tickets.

1.1.- Se ha aprobado un Decreto a los efectos de incrementar el tickets por medicamentos y exámenes en un 50%.

2.- Prestación de servicios de Medicina Altamente Especializada a través de la dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas respecto de sus usuarios, atento a la especialidad de su Hospital Central, lo cual evitará, a su vez, la mayúscula aportación que correspondería afectar al FNR.

Aquellos servicios de Medicina Altamente Especializada que aún no pudieran ser cubiertos por el Hospital Central, serán de cargo de los recursos de los recursos de dicha Dirección Nacional.

C.- Dependientes del Poder Legislativo

1.- Aumento de la contribución que realizan los usuarios del Servicio. Se propone elevar la contribución en un 50%.

2.- Compensación a los funcionarios que intervengan en la prestación de servicios a terceros.

Para obtener mayores ingresos mediante la prestación de servicios asistenciales a terceros no usuarios del servicio, mediante el pago de los aranceles correspondientes, la Dirección Nacional ha previsto que los técnicos y auxiliares que intervengan en los mismos lo hagan en días y horarios diferentes a los que éstos deban cumplir sus obligaciones funcionales ordinarias, por lo que se proyecta abonar un porcentaje de los recaudado por esa labor extraordinaria a los funcionarios intervinientes.

El pago de tal compensación supondrá –además- un incentivo natural para que dichos técnicos y auxiliares permanezcan en la Institución y no deban satisfacer sus necesidades económicas en otras Instituciones o actividades.

La retribución por tales tareas extraordinarias, no sólo sería paga con fondos no estatales, sino que además, tendría su límite proyectado en el 25% de los ingresos que específicamente se recauden por tal concepto.

El pago de tal retribución extraordinaria se torna indispensable para permitir el desenvolvimiento y ejecución del sistema concebido, permitiendo disponer del personal técnico indispensable para llevar a cabo el mismo, pues, en caso contrario, el elemento técnico humano disponible a tales efectos, sería mínimo.

Todo este sistema, de ser aprobado, permitirá que las prestaciones a terceros que hasta ahora se desarrollan en muy pequeña escala, se desarrollen sustancialmente, además que también impulsará la capacidad técnica del Hospital Central y de sus especialistas, disponiéndose también al máximo de la capacidad instrumental del equipamiento próximo a arribar, según Convenio otorgado entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Gobierno de España.

En definitiva, el desarrollo de las prestaciones a terceros con el correlativo pago para ello, supondrá mayores ingresos destinados al funcionamiento del Hospital Central, mayor tecnificación del mismo, y todo ello sin que esos recursos específicos para tal fin provengan del Estado, sino de los requirentes de los Servicios.

3.- Permitir la acumulación de cargos al personal médico y paramédico de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

El artículo 32 de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953, establece la prohibición para todo funcionario de ocupar a la vez dos empleos públicos rentados.

No obstante la propia Ley referida dispuso en su artículo siguiente una excepción para el personal que ejerza funciones docentes, habiéndose posteriormente aprobado diversas normas que asimismo exceptuaron de la prohibición general a diversos grupos de funcionarios, entre ellos, a los médicos del Ministerio de Salud Pública residentes en el interior (artículo 106 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979), enfermeras universitarias (artículo 107 del mismo Decreto-Ley), odontólogos y químicos farmacéuticos del Ministerio de Salud Pública (artículo 457 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986), médicos y paramédicos de la Dirección Nacional de Sanidad Policial (artículo 155 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990), médicos del Instituto Nacional del Menor (artículo 435 de la Ley Nº 16.320, de fecha 1º de noviembre de 1992), etc.

Por similares fundamentos a los considerados en las normas referidas, y a efectos de facilitar la mejor prestación de servicios por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, se promueve ahora hacer extensiva dichas excepciones al personal de la referida Dirección.

4.- Autorización al Banco de la República Oriental del Uruguay para otorgar un préstamo a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas por hasta $ 23:500.000 para pagar lo adeudado a sus proveedores, el que se reintegrará con los recursos que surjan de la aplicación de este Proyecto de Ley.

Este pago al contado de lo adeudado a los proveedores mejorará la adquisición de medicamentos y servicios por parte del Hospital Central y redundará en menores costos para el servicio.

5.- Autorización para asistir pacientes de la Dirección Nacional de Sanidad en el Centro Nacional de Quemados mediante el pago del arancel a convenir con dicha persona pública no estatal.

El Centro Nacional de Quemados es una persona pública no estatal, con la calidad de Institución de Medicina Altamente Especializada (IMAE), incluida dentro de la cobertura del Fondo Nacional de Recursos el tratamiento integral de los grandes quemados.

No estando afiliado el Hospital Central de las Fuerzas Armadas al Fondo Nacional de Recursos requiere la autorización legislativa para enviar pacientes a dicho Centro previo pago de los aranceles que se acuerden.

6.- Excluir a la Dirección Nacional de Sanidad de los aportantes al Fondo Nacional de Recursos.

La Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, facultó al Poder Ejecutivo para instalar y poner en funcionamiento Institutos de Medicina Altamente Especializada, destinados al diagnóstico y tratamiento de las afecciones que los requieran, facultando a las Instituciones privadas que cuenten con servicios de medicina altamente especializada, a desarrollar libremente dicha actividad o a brindarla a través del Fondo Nacional de Recursos que también se creó por dicha Ley.

La integración económico-financiera de dicho Fondo Nacional de Recursos, se realizaría por aportes del Estado para cubrir la atención de los habitantes poseedores del correspondiente carné de asistencia otorgado por el Ministerio de Salud Pública; por aportes de las distintas Instituciones Estatales para cubrir la atención de aquellas personas cuya asistencia médica esté directamente a su cargo; por aportes de Institutos de Asistencia Médica Colectiva para sus afiliados; por aportes de aquellas personas a título personal que deseen contratar un seguro de atención para dichas prestaciones; y por el producido de un gravamen al juego "5 de Oro".

En consecuencia, se considera que el Hospital Central citado debe continuar desarrollando libremente dicha actividad de Servicios de Medicina Altamente Especializada y por ende, declararse que no debe realizar aportes al Fondo Nacional de Recursos en la medida, precisamente, que el propio Hospital satisface tales necesidades asistenciales en forma directa y con sus fondos las excepcionales que no pueda cumplir por sí, las contrata y las paga.

En consideración a lo precedentemente expuesto, es que se solicita a dicho Cuerpo, la aprobación del Proyecto de Ley adjunto.

Saluda a Ud. Atentamente.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Rodolfo González Rissotto, Daniel H. Martins.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Increméntase en el 50% (cincuenta por ciento) la contribución mensual de cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a dicha Institución a que se refiere el Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, el cual se liquidará y pagará en la misma forma y condiciones prevista en la citada norma.

Art. 2º.- Facúltase a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a abonar al personal técnico y auxiliar al mismo tiempo que actúe en forma directa con la prestación de exámenes médicos y servicios asistenciales a terceros no usuarios de dicha Dirección Nacional fuera de sus horarios normales de trabajo una compensación por acto técnico.

El total del dinero destinado al pago de dicha compensación, será del 25% del total del dinero recaudado por la prestación del servicio a que se refiere el Decreto 78/994, de 22 de febrero de 1994 y distribuido entre tal personal en la forma que determine la Dirección Nacional citada.

Art. 3º.- El total del producido de dichas prestaciones asistenciales será depositado en una cuenta especial bancaria en una Institución Oficial, a nombre de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, quien dispondrá del mismo en forma directa.

Art. 4º.- Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a otorgar al Ministerio de Defensa Nacional "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas" un préstamo de hasta $U 23:500.000 para abonar lo adeudado a sus proveedores.

Art. 5º.- Declárase que la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas no deberá realizar el aporte a que se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992.

Art. 6º.- Incorpórase al personal médico y paramédico del Programa 006 "Sanidad Militar". Unidad Ejecutora 0.33 "Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA." al régimen de acumulación de cargos establecido en el artículo 107 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Art. 7º.- Autorízase a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a contratar con el Centro Nacional de Quemados la atención de sus pacientes mediante el pago del arancel que acordaren.

Art. 8º.- Los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas que el Poder Ejecutivo autorice funcionar, podrán prestar asistencia a terceros, una vez satisfechas las necesidades de sus usuarios, mediante el pago correspondiente.

Art. 9º.- Inclúyese en el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 el siguiente numeral:

"10) Los cargos presupuestales o funciones contratadas de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas".

Art. 10.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Rodolfo González Rissotto, Daniel H. Martins".

SEÑOR PRESIDENTE – Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: este Proyecto de Ley tiene media sanción de la Cámara de Representantes y fue enviado al Parlamento por el anterior Poder Ejecutivo en el mes de febrero de este año a efectos de superar la dificultad que implica la disposición constitucional que inhabilita el aumento de asignaciones de sueldos en los últimos doce meses del período de Gobierno. Este Proyecto procura, fundamentalmente, salvar la situación de desfinanciamiento que tiene el Servicio de las Fuerzas Armadas.

Como es sabido, este servicio atiende a 300.000 personas, lo que implica un número muy importante y es un elemento esencial en el cumplimiento de la asistencia médica de las Fuerzas Armadas. No solamente cubre a los integrantes de esta Institución, sino también a sus familiares.

El Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas está a cargo de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y tiene financiamiento a cargo de Rentas Generales, así como a través de proventos que se obtienen mediante las cuotas que pagan los integrantes de la Institución y sus respectivos núcleos familiares.

El Proyecto de Ley es ambicioso en cuanto procura, mediante el aumento de las cuotas mensuales que pagan sus beneficiarios para tener derecho al servicio médico en un 50%, superar una situación deficitaria que se ha venido generando a partir del año 1988 de acuerdo con la información manejada en la Cámara de Representantes y en la Comisión respectiva del Senado. Este desfinanciamiento se ha producido por la diferencia entre los costos de los distintos servicios médicos y la inflación, así como por la disminución del número de efectivos de las Fuerzas Armadas. También se deben tener en cuenta los incrementos de las retribuciones personales que se le han concedido a sus integrantes mediante la entrega de compensaciones dejando que los sueldos básicos se depriman en términos reales. Por lo tanto, debido a que los aportes obligatorios se calculan sobre el sueldo básico del grado cargo, la recaudación por este concepto ha descendido en forma constante en los porcentajes que la correspondiente Exposición de Motivos del Proyecto de Ley elaborado por el Poder Ejecutivo establece. Además, este servicio ha debido afrontar un hecho que hasta el momento no se conocía, como es la atención del personal destinado a las Fuerzas de Paz en diversas partes del mundo para evitar que contraigan enfermedades comunes en esos lugares, lo que significó un gasto importante.

Todos estos elementos hicieron que se provocara un desfinanciamiento en este Servicio que se procura superar mediante el incremento del 50% en la contribución mensual de cada beneficiario. Es del caso señalar que dicha contribución mensual se calcula sobre la retribución básica del soldado de segunda de nuestro Ejército, estableciéndose en el 2% y llega hasta el 8% para los Oficiales. Esta cuota mensual debe ser abonada por cada uno de los integrantes de la Institución y sus respectivos núcleos familiares.

Por este medio se procura obtener un préstamo del Banco de la República para superar la situación de desfinanciamiento. El mencionado préstamo, a febrero de 1995, estaba calculado en $ 23:500.000 y tiene como finalidad salvar, insisto, el desfinanciamiento ya que actualmente deben abonar las distintas prestaciones del Servicio, con un atraso de 2 a 15 meses –que es el que tenía en el momento en que se elaboró el Proyecto- lo que encarece los correspondientes precios. Quiere decir que una de las finalidades de esta iniciativa es superar esta situación mediante la obtención del mencionado préstamo y éste sería solventado por el aumento en las cuotas de contribución mensual que deben realizar los usuarios del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, el Proyecto intenta solucionar un problema que es muy común y que en el caso de las Fuerzas Armadas se ve agravado. Debido a las asignaciones que percibe, fundamentalmente, el personal técnico y semitécnico, hay dificultades para contar con el número de personal adecuado para cumplir las distintas exigencias del Servicio. Por lo tanto, la iniciativa tiende a mejorar la remuneración para el personal y faculta a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a permitir al personal técnico y auxiliar para que fuera de horario atiendan a terceros y se les abone una compensación por acto técnico realizado. Serían tareas cumplidas por técnicos y auxiliares de los mismos, que fuera del horario en que cumplen sus actividades en el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, podrán atender a terceros y recibir por el acto realizado un pago adecuado. En ese aspecto, se establece un 25% del total recaudado para destinarlo al pago de ese personal, que será distribuido entre los técnicos y auxiliares de los mismos en la forma en que lo determine la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Además, se dispone que lo recaudado por la prestación de estos servicios será depositado en una cuenta del Banco de la República Oriental del Uruguay, administrada y manejada por la mencionada Dirección.

Por otra parte, se permite al personal médico y a quienes trabajan en el Programa 006, Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas, la acumulación de cargos, como ocurre actualmente con las enfermeras universitarias, de acuerdo con el Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979. Esta medida tiene por finalidad lograr que los médicos que trabajan en la dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas puedan acceder a una paga adecuada y, con el mismo objetivo de lograr un personal idóneo, se excepciona a dicha Dirección de la obligación de suprimir los cargos vacantes, como lo establece el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994. Esta excepción se dispone para los funcionarios de los escalafones A), B), D), E) y F), excluyéndose al C), en el que revisten los administrativos. El Proyecto también procura que se excepcione a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas de la prohibición de efectuar designaciones en los escalafones antes mencionados, conforme a lo establecido en la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

La iniciativa autoriza al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, a contraer el préstamo y establece que pueda prestar servicios de Institutos de Medicina Altamente Especializada a terceros, mediante autorización del Poder Ejecutivo. Asimismo, se prevee la posibilidad de percibir retribuciones, a los efectos de procurar una mejor financiación. También se autoriza a la mencionada Dirección a contratar con el Centro Nacional de Quemados, según el arancel que se establece.

En definitiva, puede decirse que este Proyecto contiene normas típicamente presupuestales, pero existe una razón de urgencia que habilitó a que, en su momento, el Poder Ejecutivo lo enviara. El objetivo fue superar la grave situación de desfinanciamiento que tiene la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, procurando préstamos –con la financiación correspondiente, como se acaba de indicar- y estableciendo disposiciones que apuntan a mejorar las retribuciones de cierto tipo de personal que se considera imprescindible para un adecuado cumplimiento del servicio.

Por último, deseamos agregar que este Proyecto fue aprobado, a nivel de la Comisión de Defensa Nacional, sin votos discordes.

SEÑOR SEGOVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA.- Señor Presidente: es cierto lo manifestado por el señor Senador Santoro en cuanto a que no existieron votos discordes en la Comisión, pero también lo es el hecho de que, en su momento, formulamos ciertas salvedades que deseamos reiterar en Sala.

Este Proyecto encara, específicamente, parte de la problemática de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas que no se refiere, exclusivamente, a aspectos financieros, lo que lo transformaría en una mera cuestión presupuestal abordable, de mejor forma, por esa vía. Este es un hecho que fue objetado por la Contaduría General de la Nación, en reciente informe que hiciera llegar a la Comisión.

De este informe y de la propia fundamentación del Poder Ejecutivo, surgen otros indicadores, en cuanto al alcance de esta misión de servicio, que queremos puntualizar, como el requerimiento de consolidación de personal a su cargo, la necesidad de ampliar y diversificar esos servicios y la complementación con otros que se brindan en el país, tanto a nivel público como privado. Con todo ello se apunta a la mejor atención de los usuarios actuales o eventuales.

Todo esto se relaciona con hechos muy importantes, como el de que 3.600 funcionarios vinculados por motivos técnicos y administrativos con el propio servicio, tengan a su cargo 280.000 a 300.000 usuarios, según las fuentes que nos brindaron información. Esto alude, directamente, a temas también trascendentes, a definir por las propias Fuerzas Armadas y a cuestiones de Estado emergentes, como lo serían la dimensión de las Fuerzas Armadas, su revisión doctrinaria, en cuanto a los conceptos de Defensa Nacional, regional, continental y al diseño global, así como a las Fuerzas de Paz mencionadas, específicamente, en el Proyecto. Asimismo, apunta a la actitud ante situaciones de problemática interna, narcotráfico, terrorismo, etcétera, todos los hechos que están fuera, indudablemente, del análisis que se plantea en el día de hoy, salvo aquellos que surgen del propio Proyecto.

Esta cifra de 280.000 usuarios –casi un décimo de la población de nuestro país- está compuesta por 27.000 efectivos, 31.000 pasivos y sus respectivas familias. Esto origina un gasto que, según lo manifestado por el señor Ministro es, por todo concepto, del orden de los U$S 22:500.000 anuales, lo que indica, claramente, que estamos ante un hecho relevante en cuanto al impacto financiero del servicio, sin objetar, en modo alguno –y quiero que esto quede claramente establecido- los mecanismos de gestión que se llevan adelante y que reconocemos como absolutamente rigurosos.

En atención a la calidad de vida de esas 280.000 personas, este problema no puede transcurrir en un marco de indiferencia parlamentaria y como representantes del Frente Amplio, dimos y daremos nuestro apoyo a la iniciativa, manifestando las salvedades emergentes del propio Proyecto de Ley que pretendemos corregir.

En ese sentido, parecería oportuno –como ya hemos señalado- revisar el dimensionado de nuestras Fuerzas Armadas que origina todos los datos proporcionados anteriormente, que ya nos preocuparon por su incidencia en la Ley de Reforma de la Seguridad Social y que el artículo 5º original, que venía incorporado al Proyecto –y que fuera correctamente eliminado en la discusión de la Cámara de Representantes confirma en todos sus términos.

El aporte al Fondo Nacional de Recursos es un punto trascendente de este Proyecto de Ley, que se pretendía eliminar y que se vincula, directamente, con los institutos de Medicina Altamente Especializada –grandes quemados, cirugías especiales, etcétera- lo que implica una erogación mensual de U$S 3,50 por parte de los usufructuarios del servicio, alcanzando a U$S 980.000 mensuales, a U$S 11:760.000 anuales y a U$S 58:000.000 en el plan quinquenal. Esto tiene su origen, repito, en el dimensionado que señalábamos y que incide, claramente, en las erogaciones del servicio.

El artículo 1º del Proyecto de Ley solicita un incremento del 50% en las contribuciones mensuales de cada uno de los usuarios, lo que nos parece realmente insuficiente y poco equitativo en cuanto a su instrumentación.

Si el artículo 5º del Proyecto inicial del Poder Ejecutivo solicitaba no aportar al Fondo Nacional de Recursos por su alto costo, ahora la Dirección de Sanidad Militar deberá aportar, a partir de febrero de 1996, U$S 1:000.000 mensuales, lo que parece ser un factor presupuestal desequilibrante, con un impacto anual de U$S 11:760.000 anuales. Debemos recordar que este servicio gasta, por todo concepto, U$S 22:500.000 anuales, por lo que, suponiendo que se mantenga el equilibrio presupuestal, efectuar el pago mencionado no es un procedimiento muy ajustado al manejo de gastos y recursos que se implementa en el Proyecto de Ley.

En consecuencia, nos parece insuficiente el aumento solicitado; pensamos que incide, exclusivamente, en un 15% de la totalidad de los gastos del servicio y, a su vez, resulta poco equitativo por su incidencia en las remuneraciones de sus usuarios.

Debemos tener en cuenta que el sueldo básico –como señalaba el señor Senador Santoro- en que se apoya toda la estructura, es el del Soldado de Segunda, que sirve como base de cálculo de los aportes del Servicio de Sanidad Militar. Dicho sueldo se sitúa en el orden de los $500 y, al aplicarle una tasa del 2% -que sería su aporte mensual- contribuiría a este fin, según viene estructurado en el Proyecto, con $10 mensuales. En base a este razonamiento, una familia promedio de cuatro personas, realizaría un aporte de $40 mensuales, lo que significa un 8% de su sueldo básico. Frente a esta situación –y por esto señalamos que no nos parece equitativo- un Teniente General aportaría un 8%, es decir, cuatro veces más que el Soldado, contribuyendo con $40 por cada integrante familiar, lo que significa que sus haberes se afectarían, en cuanto a su sueldo total, en un 1.25% y a su sueldo básico, en un 2.7%. Por este motivo, repito, no nos parece equitativa la forma en que se efectúa la solicitud de aumento que resultaría, en base a estos valores, en que el Soldado tendrá una incidencia del 12% a nivel familiar, mientras que el Teniente General se verá afectado en un 4%. Además, pensamos que este procedimiento tampoco cumple con la función que se había establecido de normalizar las recaudaciones del servicio. En tal sentido, nos parece más conveniente que este asunto se tratara –al igual que se hizo en la Cámara de Representantes- de forma tal que, además de ese 50% de aumento, se elevara el tope hasta el que pueda hacer los aportes cualquiera de los integrantes de la familia militar, del 2% al 3%. Consideramos que si Sanidad Militar se ve forzada a un aporte mensual de U$S 1:000.000 a corto plazo, también podría producirse un desfinaciamiento de este organismo.

En cuanto al artículo 2º, creo que no se ha tenido en cuenta, en la redacción de este Proyecto de Ley, el hecho de que el 25% de lo recaudado por la prestación de los servicios se destine, sin limitaciones, a compensación de actos técnicos del personal que actúe de acuerdo al Decreto Nº 78/94 de 22 de febrero de 1994. En ese sentido, en el remitido de la Contaduría General de la Nación, se indica que la norma no establece ningún límite o tope a dicha compensación en forma individual, lo que no se ajusta a la tradición en materia presupuestal. Además, la compensación del 25% que se señala como total, al no haber un tope y al no tenerse certeza en cuanto a la cantidad recaudada, podría generar que por la atención y prestación de servicios altamente especializados, las recaudaciones fueran de tal magnitud que lo que después se asignara por ese 25%, superara los propios beneficios de los Directores de servicio.

Queríamos realizar esta acotación porque, repito, creemos que es un aspecto que ha escapado al manejo de la redacción y, al respecto, haremos llegar un texto a la Mesa para que el artículo 2º tenga una redacción tal que permita, por medio de un inciso tercero que se agregaría, que la compensación a percibir por este concepto no pueda exceder, sumada a la retribución mensual, lo que se liquide como asignación al jerarca del servicio respectivo.

Finalmente, señor Presidente, el artículo 5º, tal como viene redactado de la Cámara de Representantes, nos merece cierto reparo, pues es el que permite la acumulación de cargos. Este hecho surgió a nivel nacional en tiempos ya lejanos por la carencia de determinados servicios profesionales, sobre todo en el ámbito rural, y originó la posibilidad de acumulación de cargos para médicos que trabajaban en el interior, para odontólogos y para quienes se desempeñaban en los servicios de enfermería especializada. Quiere decir que este articulado fue elaborado en base a las necesidades de técnicos para llevar adelante dichos servicios que existieron en nuestro país en determinado período.

Por la forma como ha sido tratada en el Parlamento en los últimos tiempos, la norma de excepción se ha transformado prácticamente en un proceso de acumulación de servicios, lo cual dista bastante del criterio planteado inicialmente.

En ese sentido, haré llegar a la Mesa dos proyectos complementarios. A efectos de no agrandar tanto el espacio de nombramientos del artículo 5º, propongo la incorporación de incisos que redujeran la capacidad de designación que queda a cargo de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Inclusive, quedaría la posibilidad de nombrar gente que no pertenezca al propio Servicio y de establecer que los técnicos que puedan tener acumulación de servicios se desempeñen en los Institutos de Medicina Altamente Especializada, propios de la Sanidad de las Fuerzas Armadas. Mediante este procedimiento complementamos y reforzamos lo que se pide en el Proyecto de Ley.

Pienso que también sería viable la acumulación de servicios en el caso de técnicos que se desempeñen como residentes y que hayan ingresado por concurso de oposición y méritos, así como los licenciados en enfermería. De esta manera quedaría claramente restringida la propuesta general que venía en el Proyecto a la utilización de la norma para técnicos que ya se desempeñen en Institutos de Medicina Altamente Especializada, técnicos residentes y licenciados en enfermería.

Con estas salvedades, transmito la posición de la Bancada del Frente Amplio, que acompaña el articulado del proyecto tal como se ha presentado en Sala.

Muchas gracias , señor Presidente.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR SANTORO.- Queremos hacer algunas precisiones con respecto a las propuestas modificativas que ha anunciado el señor Senador Segovia, comenzando por una de carácter general.

Este Proyecto de Ley cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y tiene una modalidad especial. A pesar de que la mayoría de sus normas son de carácter presupuestal, fue enviado como proyecto aparte por el anterior Poder Ejecutivo por razones de urgencia, debido a una situación grave desde el punto de vista financiero planteada en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas que, tal como se ha dicho en Sala, atiende a un núcleo muy numeroso de nuestra población.

Las modificaciones que se introduzcan al Proyecto obligarían a remitirlo a la Cámara de Representantes, generándose una situación especial, ya que el proyecto incluye normas presupuestales y a nivel parlamentario se está analizando el Proyecto Nacional. De modo que esta sería una objeción importante para su devolución a dicha Cámara.

Por su parte, el artículo 2º faculta a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a abonar al personal técnico y auxiliar que actúe en forma directa en la prestación de exámenes médicos y servicios asistenciales a terceros no usuarios de dicha Dirección Nacional fuera de sus horarios normales de trabajo, una compensación por acto técnico realizado. Asimismo establece que el total del importe destinado al pago de dicha compensación será del 25% del total de lo recaudado por la prestación del servicio y distribuido entre tal personal en la forma que determine la citada Dirección Nacional.

Sabemos que este criterio se ha aplicado innumerables veces en los Presupuestos de este país y en las Rendiciones de Cuentas, fundamentalmente en lo que se relaciona con los proventos que se destinan –en una evolución legislativa que ya ha culminado, porque hace años que se autoriza hasta un 50% de los proventos que logre determinada repartición- a los sueldos de los funcionarios sin establecerse un tope, puesto que éste está representado por el porcentaje autorizado.

Existen innumerables situaciones generadas, más allá de que tengan un fundamento racional o que se trate de normas que acatan estrictamente disposiciones presupuestales, ya que no se establece un tope individual sino uno genérico. Esto también es una especie de provento que van a generar estos funcionarios cumpliendo determinados actos fuera del horario de trabajo y prestando servicios a gente que no es usuaria de dicha Dirección, y la distribución se va a realizar de acuerdo a las reglas que establezca ese Servicio.

Otra de las observaciones realizadas fue con relación al sistema de acumulación de cargos, lo que existe en nuestra Legislación en diversas disposiciones. Naturalmente, comenzó en una época –1979- en la que en el país no existía el acatamiento a la Constitución y a la Ley, puesto que estábamos en un régimen de facto; pero por una serie de disposiciones, a distintos técnicos –médicos de Salud Pública radicados en el interior del país- se les permite acumular cargos. Por otra parte, existe una situación que inhabilita a que se modifique este sistema de acumulación que se solicita para las Fuerzas Armadas porque el personal médico y paaramédico de la Dirección Nacional de Sanidad Policial ya tiene un régimen de acumulación.

Lo que ahora se pretende mediante este proyecto es equiparar la situación de determinado tipo de personal de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Si no lo hiciéramos, estaríamos manteniendo una diferencia –que no es justificable- con el personal médico y paramédico de la Dirección Nacional de Sanidad Policial.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR SEGOVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA.- Señor Presidente: deseo complementar lo anteriormente expresado con una aclaración.

Nosotros tuvimos especialmente en cuenta, en todo el proceso de discusión, la urgencia que existía en el tratamiento de la problemática de la sanidad militar, porque la deuda generada tuvo un crecimiento desusado. Pero fundamentalmente porque trataba el normal desarrollo del servicio en lo relativo a los proveedores, tanto en el sector de medicamentos como en el de alimentación.

Por todos estos motivos realizamos una salvedad, no con la idea de posponer la rápida dilucidación del tema, sino porque, en presencia del señor Ministro en Sala se le manifestó –como propuesta complementaria- la posibilidad de que el aporte, en lugar de ser del 50%, fuera del 70%. El señor Ministro desestimó esa propuesta en virtud de que creía que un aporte del 50% era suficiente. Además, se dijo que el Ministerio había obtenido un préstamo que, eventual y transitoriamente, le permitiría cancelar esa deuda y normalizar la situación en todo sentido.

Por estas razones nosotros realizábamos la propuesta de ajuste, que creíamos viable, a pesar de la urgencia inicial. En cuanto a la cifra del 25 % y la forma operacional que deberá determinar la Dirección Nacional de Sanidad Militar, estamos absolutamente de acuerdo. Simplemente pretendíamos que, si existía algún cambio, no se permitiera que por medio del cobro por razones de servicios de alta especialización originaría ingresos tan abultados que al momento de la distribución del 25% hubiera sueldos que superaran a aquéllos que perciben quienes ocupan los cargos de dirección del servicio.

En lo relativo a la acumulación de cargos, lo que se ha estimado es perfectamente razonable porque ya es de práctica a nivel nacional.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Simplemente deseo realizar un análisis muy somero, porque ha sido sumamente exhaustivo el que se ha hecho por parte de quienes me precedieron en el uso de la palabra.

Deseo referirme a un aspecto que se encuentra contemplado en la página 14 del Proyecto elevado por la Presidencia de la República del Doctor Lacalle, donde se enumeran los correctivos programados. Dentro de ese título, en la página 15, el numeral 2) habla de "Prestación de servicios" y se refiere a cómo se financiaría este déficit del Hospital Militar Central.

Existen dos órdenes de recursos: los dependientes de la Administración de la Dirección Nacional de Sanidad y los dependientes del Poder Ejecutivo. Quiero ocuparme brevemente de este último aspecto.

En el numeral 2) se expresa: "Prestación de Servicios de Medicina Altamente Especializada" –lo que conocemos comúnmente como IMAES- "a través de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas respecto a sus usuarios, atento a la especialidad de su Hospital Central, lo cual evitará a su vez, la mayúscula aportación que correspondería afectar" –pero seguramente quiso decir efectuar- "al F.N.R.".

Deseo manifestar que el fondo Nacional de Recursos genera una obligación de realizar aportes por parte de todas las instituciones que tienen a su cargo la posibilidad de prestar servicios asistenciales médicos y, como señalaba el señor Senador Segovia, es una cuota que se encuentra actualmente en el orden de los U$S 3.50. Esta obligación debe ser cumplida mensualmente y en forma regular más allá de que las instituciones tengan en sus servicios Institutos de Medicina Altamente Especializada.

Al leer el numeral 2) me surge una duda, porque quizás se deja entrever que el implementar los servicios de medicina altamente especializada en el Hospital Militar permitiría no realizar el aporte al Fondo Nacional de Recursos. Este último, que se debería financiar con el aporte de las aproximadamente 2:500.000 personas del país que se asisten en algún centro asistencial, es destinado a distintos procedimientos de alta complejidad. Me refiero, por ejemplo, a cirugía cardíaca, cateterismos, angioplastias, hemodiálisis, diálisis renal, colocación de marcapasos, etcétera. Eso permite que el Fondo tenga un sentido solidario, según el cual todos aportamos para utilizarlo cuando lo necesitemos.

Todos sabemos que el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud Pública no cumplen con la obligación antes señalada, por lo cual el Fondo Nacional de Recursos está desfinanciado. Me da la impresión de que aquí se confunde la función de dicho Fondo, sobre todo, teniendo en cuenta que en el Proyecto de Ley elevado por la Presidencia del Doctor Lacalle, en su artículo 5º, se expresa: "Declárase que la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas no deberá realizar el aporte a que se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992". Con esto se planteaba, en el texto legal, la exoneración de los aportes que necesariamente debían realizarse al fondo Nacional de Recursos.

Quería hacer este breve análisis porque sospecho que al eliminarse el artículo 5º -con lo cual estoy totalmente de acuerdo- el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas mantendrá un déficit de U$S 11:000.000 generado en los aportes que deberá realizar al Fondo Nacional de Recursos. Esto siempre será así, a menos que nuevamente se prive al mencionado Fondo de dichos aportes, lo que constituye uno de los elementos que me lleva a plantear mis motivos de preocupación.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: si bien en Comisión este Proyecto fue aprobado en general, no queremos dejar de expresar dos o tres conceptos vinculados al mismo, respecto de los cuales creo que no se ha procedido con la debida prolijidad técnica, jurídica y quizás económica.

El señor Senador Segovia ya ha planteado algunas objeciones y el señor Senador Cid acaba de hacer referencia a un punto que fue polemizado en la Cámara de Representantes. Me refiero a la exoneración –que venía proyectada por el Poder Ejecutivo- del aporte al Fondo Nacional de Recursos a efectos de atender servicios altamente especializados, que fue eliminado porque la Cámara de Representantes no lo consideró correcto, tal como lo hacemos nosotros ahora. Sin embargo, la situación de hecho es conocida y todos sabemos que ni este Servicio ni el Ministerio de Salud Pública contribuyen efectivamente a este Fondo porque no depositan lo que deberían.

En primer lugar, este Proyecto contiene una autorización al Banco de la República como medio para otorgar un préstamo de U$S 23:500.000, con el que se cancelaría un adeudo que tiene este Servicio, generado fundamentalmente por suministros, y que es lo que motiva el Proyecto que estamos analizando.

Luego, como recurso –digamos- para cubrir esto, se habla de una aumento de la cuota que se descuenta a los usuarios de este Servicio. Concretamente, el artículo 1º establece: "Increméntase en el 50% (cincuenta por ciento) la contribución mensual de cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas".

Si bien no he tenido tiempo de hacer los cálculos correspondientes, tengo la impresión de que el recurso real para cubrir un gasto –o como se le quiera llamar- es decir, el préstamo que el Banco de la República concedería a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas recién se saldaría luego de transcurridos 25, 30 ó 40 años, si es que los intereses son los habituales o aún cuando se cobraran intereses sociales bajos, habida cuenta de la finalidad que tiene el préstamo.

De todos modos, pienso que algunas de estas normas establecen otras fuentes de gastos como, por ejemplo, la inclusión de la posibilidad de acumulación para algunos funcionarios o de designación por la vía de exceptuar algunos técnicos y paratécnicos que pudieran actuar tal como se hace en el Ministerio de Salud Pública.

Quiero hacer notar, señor Presidente –sin que esto pueda significar una oposición al Proyecto del Ley- que aunque el tema fuera muy discutible, estos están muy lejos de ser recursos reales o genuinos, como se pretendía y se logró establecer en una norma de tipo interpretativa. Me parece que esta situación nos muestra cómo, cuando una iniciativa tiene su origen en el Poder Ejecutivo, muchos de los pruritos que se manifiestan en el seno del Parlamento –que inclusive impulsaron esa norma interpretativa que polemizamos y sobre la que expresamos nuestra posición contraria- se dejan de lado.

No creo que aquí haya financiamiento real o genuino; tampoco me parece que ello sea tremendamente importante. Si la finalidad es correcta y no se establecen privilegios inesperados, intempestivos o que generen desigualdades muy grandes, nosotros tenemos la flexibilidad suficiente como para no hacer cuestión de esto. De todos modos, señor Presidente, sigo pensando que el criterio sobre el carácter real de los recursos no debe basarse en que se trata de una norma proyectada por el Poder Ejecutivo o incorporada por inquietudes parlamentarias. Naturalmente que con esto no estoy diciendo que cuando la Constitución exige iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, haya que saltearla. Este es otro tema; hacemos este comentario para que se tenga un nivel de flexibilidad similar frente a situaciones que no estén vinculadas con iniciativas del Poder Ejecutivo o con determinados funcionarios públicos, como en este caso lo son los que revistan en las Fuerzas Armadas.

Es cuanto deseaba señalar.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: como adelanto de fundamento de voto quiero señalar que voy a acompañar este Proyecto de Ley con los aditivos o modificaciones propuestos por el señor Senador Segovia.

Asimismo, deseo dejar constancia de que comparto las observaciones que ha hecho el señor Senador Korzeniak.

También comprendo perfectamente las causas de desfinanciación del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Hay otras instituciones, como el Hospital de Clínicas, que están viviendo una situación similar, de enorme gravedad porque atienden a personas indigentes que no pueden pagar por los servicios que se les prestan.

A esta altura, como seguramente se habrán enterado los señores Senadores a través de la prensa o de los planteos parlamentarios que se han hecho, el Hospital de Clínicas ha visto prácticamente agotados sus recursos para poder abastecerse de insumos y medicamentos desde el mes de setiembre hasta fin de año. Por lo tanto, quisiera –aclaro que este planteo está dirigido, mas que a los integrantes del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo- que el Poder Ejecutivo atendiera esta situación tan especial que se presenta en un Hospital Central de las Fuerzas Armadas y, como dije, a un sector de la población que carece de los recursos que al menos una parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas tiene que recibir atención médica.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE..- Tiene la palabra del señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Señor Presidente: deseo hacer algunos comentarios sobre la manera en que se trató el tema en Comisión y, también, acerca de algo que se planteó hoy en Sala y que no fue dicho en ese ámbito.

Ante todo, quiero corroborar lo que señalaba el señor Senador Santoro en el sentido de que vamos a votar el Proyecto de Ley tal como está, puesto que modificarlo implicaría su regreso a Cámara de Representantes, con lo cual el desfinanciamiento en el servicio sería mayor.

Con respecto a los comentarios hechos por el señor Senador Segovia sobre la supuesta inequidad del aumento de cuotas y la posibilidad de establecer monto distintos según las jerarquías o el salario de cada uno de los usuarios del servicio, quiero decir que en la Comisión señalamos que, por ejemplo, si partíamos de doce Generales, un Teniente General y miles de soldados, no iba a ser posible encontrar la forma de reducir sustancialmente la cuota que debía pagar cada soldado, frente a un eventual aumento muy fuerte a aplicar a un General o a un Teniente Coronel.

Los cálculos parecían claros y evidentes; por eso decíamos que estábamos de acuerdo en aplicar el aumento tal como se preveía en el Proyecto de Ley.

Por otra parte, bueno es recordar que desde la Comisión nosotros promovimos una reunión –justamente, a partir de los comentarios hechos por la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas- entre el Ministro Interino de Defensa, Doctor Juan Storace, y el Subsecretario de Economía y Finanzas. Luego de que ambos se reunieron, analizaron y ajustaron el Proyecto, la Comisión de Defensa Nacional recibió al Doctor Storace y en base a su informe la iniciativa se aprobó tal como estaba.

Estas son, entonces, las razones por las cuales vamos a votar a favor del Proyecto de Ley a consideración del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hace uso de la palabra se va a votar el proyecto en general.

(Se vota:)

-24 en 25, Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SANTORO.- Solicito que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Increméntase en el 50% (cincuenta por ciento) la contribución mensual de cada beneficiario de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a dicha Institución a que refiere el Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, el cual se liquidará y pagará en la misma forma y condiciones previstas en la citada norma".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Facúltase a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a abonar al personal técnico y auxiliar al mismo que actúe en forma directa en la prestación de exámenes médicos y servicios asistenciales a terceros no usuarios de dicha Dirección Nacional, fuera de sus horarios normales de trabajo, una compensación por acto técnico realizado.

El total del importe destinado al pago de dicha compensación será del 25% (veinticinco por ciento) del total de lo recaudado por la prestación del servicio a que refiere el Decreto 78/994, de 22 de febrero de 1994, y distribuido entre tal personal en la forma que determine la citada Dirección Nacional".)

-Léase el texto modificativo del inciso segundo del artículo 2º presentado por el señor Senador Segovia.

(Se lee:)

"El total del importe destinado al pago de dicha compensación no podrá superar el 25% del total de lo recaudado por la prestación del servicio a que refiere el Decreto 78/994, de 22 de febrero de 1994, y será distribuido entre tal personal en la forma que determine la citada Dirección Nacional".

SEÑOR SANTORO. - ¿Me permite, señor Presidente?

Creo que se ha leído el inciso segundo del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - No es así, señor Senador, porque en el Proyecto de Ley se dice "será" y en el modificativo se habla de que "no podrá superar". Es decir que la disposición es preceptiva.

Léase una modificación propuesta.

(Se lee:)

"La compensación a percibir por dicho concepto no podrá exceder, sumada a la retribución mensual, a lo que se liquide como asignación al jerarca del servicio respectivo".

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Ya hemos manifestado que tal como viene redactada la disposición es adecuada a los efectos de su debido cumplimiento, porque la distribución de este 25% queda a cargo de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no aceptamos la modificación propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º, tal como viene de Comisión.

La Mesa debe señalar que si resultare aprobada esta disposición con el texto de Comisión, obviamente resulta incompatible con el aditivo propuesto.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

SEÑOR SEGOVIA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 2º.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º. - En total del producido de dichas prestaciones asistenciales será depositado en una cuenta especial bancaria en una Institución Oficial, a nombre de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, quien dispondrá del mismo en forma directa".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal como viene de Comisión.

En caso de resultar afirmativo, obviamente es incompatible con el texto modificativo propuesto.

(Se vota:)

-18 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a otorgar al Ministerio de Defensa Nacional 'Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas', un préstamo de hasta $ 23:500.000 para abonar lo adeudado a sus proveedores".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que se rectifique la votación de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 4º.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Como fundamento de voto deseo reiterar las palabras que ha pronunciado el señor Senador Gargano, en el sentido de que he votado afirmativamente esta disposición, pero con la expectativa de que la facilidad de poder obtener el préstamo que se concede en este caso, también se extienda para cubrir las necesidades que indudablemente tiene el Hospital de Clínicas.

Deseo aclarar, también, que no voté en general el Proyecto de Ley debido a que considero que toda esta materia debería haber estado incorporada al Presupuesto. Concretamente, me parece que no correspondía que fuera tratada en forma anticipada, sobre todo, teniendo en cuenta que en la instancia del Presupuesto vamos a discutir temas relativos al área de la salud. Por lo tanto, esto debió estar inserto en el cuadro general de los recursos para toda la salud y no ser parte de un tratamiento especial.

De todas maneras, deseo destacar que he votado este artículo, al igual que otras disposiciones, porque creo que existe una necesidad y que, evidentemente, desde el punto de vista humano y social debe ser atendida. Pero, reitero, lo he hecho con la expectativa que planteaba el señor Senador Gargano, en el sentido de que se tenga la misma sensibilidad respecto de otras situaciones que van a estar planteadas en el tema de la salud y en el plano de otros aspectos de la estructura hospitalaria del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 5º. - Declárase que la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas no deberá realizar el aporte a que se refiere el artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992".)

-Léase el texto sustitutivo propuesto.

(Se lee:)

"Incorpórase al régimen de acumulación de cargos previstos en el artículo 107 de la Ley Nº 14.985 del 28 de diciembre de 1979, a los siguientes funcionarios del Programa 006 de Salud Militar, Unidad Ejecutora 033, Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas: A) técnicos que desempeñen funciones en Institutos de Medicina Altamente Especializada propias de Sanidad de las Fuerzas Armadas; B) técnicos que se desempeñen como residentes ingresados por concurso de oposición y méritos; C) Licenciados en Enfermería".

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente deseo señalar que ratificamos la disposición con el texto que viene incorporado en el Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de pasar a votar el artículo 5º, la Mesa aclara que, también en este caso, si se aprobara el artículo tal como viene de Comisión, resulta incompatible con el texto sustitutivo propuesto.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - No pretendo poner en duda el carácter de incompatible que la Mesa ha atribuido al artículo sustitutivo propuesto por el señor Senador Segovia, pero quiero señalar que, en todo caso, es parcialmente incompatible, ya que hay un aspecto que no lo sería totalmente. El artículo 107 del Decreto-Ley Nº 14.985 ya hacía referencia al caso de los médicos, señalando una situación igual a la que propone el señor Senador Segovia. Se trata del problema de las Enfermeras, el cual no se daba y en esta propuesta son denominadas Licenciadas en Enfermería. Señalo este aspecto a los efectos de que quede mejor aclarada la intención de la propuesta que me parece muy sana y que recoge principios generales aceptables.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa señala que de ninguna manera podría cuestionar la intención del señor Senador Segovia, sino que, en la medida en que se apruebe el texto que viene de Comisión...

SEÑOR KORZENIAK. - Obviamente, no me refería a la intención del señor Presidente sino al espíritu, en este caso, del Proyecto de Ley, tema tratado en el Título Preliminar del Código Civil.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º tal como viene de Comisión.

(Se vota:)

-18 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 6º. - Incorpórase al personal médico y paramédico del Programa 006 'Salud Militar', Unidad Ejecutora 0.33 'Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA.' al régimen de acumulación de cargos establecido en el artículo 107 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 7º. - Autorízase a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a contratar con el Centro Nacional de Quemados la atención de sus pacientes mediante el pago del arancel que acordaren".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 8º. - Los Institutos de Medicina Altamente Especializada (I.M.A.E.) de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas que el Poder Ejecutivo autorice funcionar, podrán prestar asistencia a terceros, una vez satisfechas las necesidades de sus usuarios, mediante el pago correspondiente".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 9º. - Inclúyese en el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 el siguiente numeral: '10) Los cargos presupuestales o funciones contratadas de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas'.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Muy brevemente, señor Presidente, porque ya los compañeros de bancada han fundamentado las razones de nuestra aprobación. Quiero agregar de manera específica un elemento más a las razones humanitarias generales. Como docente de largos años en barrios en donde nuestra población escolar proviene de familias de soldados y de policías, tengo que decir que, desgraciadamente, esos niños eran prácticamente los únicos que tenían cobertura médica. Por lo tanto, acompañamos este Proyecto de Ley porque sabemos que refuerza una necesidad muy grande a ese nivel. Aspiramos, además, a que el resto de esos menores que hoy no tienen atención médica y se dirigen a los hospitales de Salud Pública, reciban las iniciativas correspondientes como para ampliar la cobertura de esas necesidades que estallan en este momento con suma crudeza.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda sancionado el Proyecto de Ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado por ser igual al considerado)

11) REPRODUCCION ASISTIDA

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En mi carácter de Presidente de la Comisión de Constitución y Legislación y a solicitud del propio señor Presidente del Senado, solicito que se retire de archivo la Carpeta Nº 546/91, referente al Proyecto de Ley sobre reproducción asistida.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud planteada por el señor Senador Posadas Montero.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL MILITAR

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo que oportunamente votó el Senado, corresponde pasar a sesión secreta a efectos de considerar el asunto que figura en décimo lugar del orden del día.

Quisiera saber, asimismo, si hay informe respecto al asunto que figura en noveno término.

SEÑOR BREZZO. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 17 y 51 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 4 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - El Senado, en sesión secreta resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar al Teniente General (R) Guillermo de Nava como Presidente del Supremo Tribunal Militar; devolver al Poder Ejecutivo una solicitud de venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a fin de ampliar antecedentes, y conceder venia al Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

13) REPRODUCCION ASISTIDA

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Antes de ingresar a la sesión secreta se solicitó retirar del archivo una Carpeta relativa a la reproducción asistida que algunos de los integrantes de la Comisión de Salud Pública entienden que tendría que ser estudiada en conjunto con la de Constitución y Legislación.

Concretamente, sugiero que las Comisiones mencionadas traten en forma conjunta el estudio de la Carpeta que va a ser extraída del archivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el señor Senador me lo permite, deseo expresar que fue a pedido de la Mesa que el señor Senador Posadas Montero, como Presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, solicitó extraer del archivo el Proyecto en cuestión, el que presentamos conjuntamente con el entonces Senador Cassina en la Legislatura pasada.

Se trata de un Proyecto de Ley que establece determinadas soluciones legislativas en materia de reproducción asistida.

A juicio de la Presidencia sería lógico que este Proyecto de Ley fuera tratado por la Comisión de Salud Pública integrada con tres miembros de la de Constitución y Legislación. De esa manera se facilitarían las sesiones de esa Comisión y el estudio de este tema quedaría en sus manos, que entiendo es el órgano competente.

Se va a votar el cambio del trámite del Proyecto de Ley, enviándolo a la Comisión de Salud Pública integrada con tres miembros de la de Constitución y Legislación.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) FERMINA GULARTE BAUTISTA. Pensión graciable.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Solicito que se altere el orden del día y se pase a considerar la pensión graciable que figura en el séptimo punto del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

De acuerdo a lo resuelto, se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo lugar del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se concede pensión graciable a la señora Fermina Gularte Bautista. (Carp. Nº 239/95 - Rep. Nº 100/95)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 239/95
Rep. Nº 100/95

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 20 de junio de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Fermina Gularte Bautista.

La Sra. Marta Gularte, como se la conoce artísticamente, nació en Tacuarembó en el año 1919 y fue criada por el entonces "Consejo del Niño", siendo capaz de alcanzar por sí misma un reconocimiento popular que ha trascendido fronteras.

Habiéndose convertido en la primera y más brillante vedette de nuestro medio y de un modo tal que aún no ha sido igualado, llevó su arte en canciones, danzas y poesías a Brasil, Argentina, Chile y Panamá, recordándose especialmente sus actuaciones con la orquesta internacional de Xavier Cugat, en Buenos Aires. Convertida en símbolo permanente de referencia del ritmo afro-uruguayo, realizó en el año 1992 el espectáculo unipersonal: "Qué difícil la vida fácil", en lo que fue una de sus últimas actuaciones.

Menos conocida en su faceta de escritora ya que su obra no ha sido publicada, se sabe que ha escrito más de cuarenta poemas y una obra en prosa -"El Barquero del Río Jordán"- para niños y adolescentes.

En la actualidad, con 74 años de edad y luego de un serio quebranto de salud aún no superado totalmente, se encuentra sin recursos económicos que le permitan llevar decorosamente su ancianidad.

El Poder Ejecutivo, al proponer el otorgamiento de una pensión graciable a Marta Gularte, recoge el sentimiento popular que identifica en ella a una de las figuras con más hondo arraigo en la música y la danza afro-uruguayas.

En el artículo 1º se establece el nombre de la beneficiaria así como el monto de la pensión.

En el artículo 2º se establece que la erogación resultante se atenderá por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo saluda al Sr. Presidente con su mayor consideración.

Hugo Batalla VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Samuel Lichtensztejn, Luis A. Mosca.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - CONCEDESE una pensión graciable equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales, a la señora Fermina Gularte Bautista.

Art. 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Art. 3º. - COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Samuel Lichtensztejn, Luis A. Mosca.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Concédese una pensión graciable equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales a la señora Fermina Gularte Bautista.

Art. 2º. - La erogación resultante será atendida a Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de agosto de 1995.

Guillermo Stirling Presidente
Martín García Nin Secretario

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de que el respectivo Proyecto de Ley se encuentra sorbe la mesa de cada uno de los señores Senadores, se va a leer.

Léase.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Concédese una pensión graciable equivalente a cuatro Salarios Mínimos Nacionales a la señora Fermina Gularte Bautista.

ARTICULO 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-Se procederá a recoger las bolilla de votación.

(Así se hace)

15) OLDEPESCA. Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se aprueba el Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA). (Carp. Nº 1450/89 - Rep. Nº 103/95)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1450/89
Rep. Nº 103/95

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Montevideo, 24 de mayo de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168, numeral 20 y artículo 85, numeral 7 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 1º de agosto de 1989, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación del Proyecto de Ley que aprueba el Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), adoptado en México el 29 de octubre de 1982 y las Enmiendas Nº 1 y 2 al mismo, del 2 de noviembre de 1984, al permanecer vigentes los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que se aprueba el Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), adoptado en México el 29 de octubre de 1982 y las enmiendas Nº 1 y 2 de noviembre de 1984.

OLDEPESCA nace en 1982 en sustitución del Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

Las características de la materia tratada, su importancia económica y social, y los avances de significación del Comité de Acción referido dieron lugar a que en diversas instancias y niveles se recomendara el establecimiento de un mecanismo permanente de cooperación regional, que asumiera los nuevos desafíos que demanda el sector pesquero.

Para ello, con personería jurídica de derecho internacional público y basada en las disposiciones de un Convenio Constitutivo y su Reglamento, la nueva organización tiene como propósito fundamental el atender adecuadamente las exigencias alimentarias de América Latina, utilizando su potencial de recursos pesqueros en beneficio de sus pueblos mediante la concertación de acciones conjuntas tendientes al desarrollo constante de los países y el fortalecimiento permanente de la cooperación regional en el sector.

Entre los objetivos de OLDEPESCA cabe destacar la promoción de un adecuado aprovechamiento de los recursos pesqueros salvaguardando el medio acuático y su conservación; la cooperación latinoamericana en el desarrollo de la explotación racional de los productos del mar y de agua dulce; incrementar la oferta y el consumo del producto de la pesca, al tiempo de favorecer todas aquellas acciones y medidas institucionales que rodean el aspecto productivo y de comercialización de la actividad pesquera.

El Capítulo segundo del Convenio Constitutivo está dedicado a los "Miembros y Obligaciones de los mismos", estableciéndose que todo país perteneciente al SELA podrá ser miembro de OLDEPESCA, una vez que haya suscripto y ratificado el Convenio o se haya adherido a él. Esta particularidad del Convenio debe considerarse a la luz de todo el texto constitutivo, pues si bien existe una inmediata asociación tanto al SELA en general como al Comité de Acción que sustituye, OLDEPESCA tiene un status y una estructura autónoma respecto de éstos.

En ese sentido, destacándose como órganos de OLDEPESCA la Conferencia de Ministros, el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva.

La Conferencia de Ministros es la máxima autoridad de la Organización y está constituida por los Ministros o Secretarios de Estado que tengan a su cargo los asuntos relativos al sector pesquero. Entre sus atribuciones se encuentran la de formular la política general de la Organización, evaluar el funcionamiento de ésta, establecer y modificar según las necesidades el sistema de aportaciones iniciales y cuotas anuales, impartir instrucciones a la Dirección Ejecutiva y aprobar las enmiendas al Convenio.

El Convenio establece también entre las facultades de la Conferencia de Ministros, el establecer Comités Técnicos y las modalidades de cooperación que estime convenientes como mecanismos de OLDEPESCA para la formulación de proyectos específicos. Dichos Comités Técnicos estarán compuestos por representantes de los Estados participantes en los correspondientes proyectos.

El Consejo Directivo es el órgano técnico de OLDEPESCA y está integrado por un representante titular de cada Estado miembro. Sus cometidos surgen del artículo 16 del Convenio, destacándose entre ellos: el de formular recomendaciones a la Conferencia de Ministros sobre la política general de la Organización, sobre el Programa de Actividades, el Presupuesto de la Organización y la Auditoría Externa y sobre la evaluación del funcionamiento de la Organización, sobre la evaluación del funcionamiento, el de proponer a la mencionada Conferencia las enmiendas al Convenio y el de seleccionar al auditor externo considerando las proposiciones del Director Ejecutivo.

La Dirección Ejecutiva, está a cargo de un Director Ejecutivo quien responde a las características y responsabilidades similares a la del más alto funcionario ejecutivo de una organización internacional. Sus funciones -entre otras- son las de ejecutar la política de OLDEPESCA dentro de los objetivos del Convenio y las Resoluciones de la Conferencia de Ministros, elaborar el Programa de Actividades y el Presupuesto de la Organización, designación del personal y ejecución de las medidas de índole técnica.

Por último, se enumeran las facultades que OLDEPESCA detenta como persona jurídica de derecho público internacional, las relaciones con su patrimonio y financiamiento; así como, dado su carácter de Organismo Internacional Gubernamental la necesidad de convenir los privilegios e inmunidades con el gobierno del país en donde radique su sede.

Cualquier Estado parte puede proponer reformas o enmiendas al Convenio por conducto de la Dirección Ejecutiva y luego, una vez enterados los restantes Estados Contratantes, la Conferencia de Ministros, como ya se mencionó, se pronunciará sobre las propuesta.

Hasta el presente el Convenio ha sufrido dos enmiendas. Ambas suscriptas el 2 de noviembre de 1984. La primera referente al modo de pronunciarse de la Conferencia de Ministros y a la salvaguarda de eventuales acuerdos sobre recursos marinos y de agua dulce que pudiesen tener los Estados Contratantes, de tal manera que los programas que suscriban en el marco del Convenio de referencia no colidan con dichos acuerdos anteriores. La segunda, estableció una disposición transitoria que duraría un año a partir de la fecha de entrada en vigencia del Convenio Constitutivo de OLDEPESCA y por la cual se estableció que todos los países miembros del SELA, en tanto culminasen sus gestiones de ratificación o adhesión, podrían participar en los programas de actividades de OLDEPESCA, sufragando la contribución anual correspondiente.

Por Resolución Nº 028-CM de 26 de noviembre de 1987 de la Conferencia de Ministros de OLDEPESCA, se prorrogó por el lapso de un año la segunda enmienda referida.

Con el afán de cooperar en la obtención de un adecuado aprovechamiento de los recursos pesqueros latinoamericanos y teniendo en cuenta la importancia que revisten para la República, tanto sus recursos pesqueros como la industria de ellos derivada, el Poder Ejecutivo se permite recomendar la aprobación del Proyecto de Ley adjunto".

Por último, se hace notar que cada año la conferencia de Ministros de la Organización prorroga por un lapso de un año la validez de la Enmienda Nº 2 al Convenio Constitutivo de OLDEPESCA.

Por las razones antes mencionadas que revelan la importancia que los programas de actividades de OLDEPESCA tienen para el país, se cursa este Mensaje reiteratorio y el correspondiente Proyecto de Ley.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Pérez del Castillo, Carlos Gasparri.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), adoptado en México el 29 de octubre de 1982 y las Enmiendas Nº 1 y 2 del 2 de noviembre de 1984.

Carlos Pérez del Castillo, Carlos Gasparri.

CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA
ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE
DESARROLLO PESQUERO (OLDEPESCA)

LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO
DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA REUNION CONVOCADA PARA
CONSTITUIR LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO.

CONSIDERANDO

Que, el Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce creado entre otros, con el objetivo de coadyuvar al ejercicio de los derechos soberanos por cada uno de los Estados latinoamericanos para explotar y aprovechar adecuadamente sus recursos pesqueros, se basa en los principios de igualdad, soberanía, independencia de los Estados, no intervención en los asuntos internos y respeto mutuo entre los Estados Miembros; dada la importancia del Sector Pesquero en la economía de los países y para la alimentación de sus pueblos;

Que, se requiere promover el adecuado aprovechamiento y defensa de los recursos pesqueros, dentro de las zonas marítimas jurisdiccionales de cada Estado preservando el medio marino y de agua dulce y aplicando una política racional de conservación de los recursos, lo cual demanda la cooperación recíproca y el desarrollo de programas conjuntos;

Que, una entidad de este tipo responde a los principios establecidos por la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y la Declaración para el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional y por varias otras declaraciones adoptadas por Conferencias realizadas por iniciativa de los países en desarrollo;

Que, el Convenio de Panamá, constitutivo del SELA, considera como uno de los objetivos el de apoyar los esfuerzos multilaterales de cooperación regional y establece como órganos de funcionamiento temporal a los Comités de Acción;

Que, el Consejo Latinoamericano del SELA mediante la Decisión Nº 13 estableció el Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce y que los países miembros, mediante esa intensa labor han logrado avances significativos en el proceso de cooperación regional en el Sector Pesquero y, tomando en cuenta los logros del Comité de Acción que hicieron aconsejable el establecimiento de la Reunión Anual de Ministros responsables de los asuntos pesqueros; y que tanto las Reuniones del Comité de Acción como la I y II Reunión de Ministros, han adoptado importantes acuerdos convencidos de la necesidad de intensificar y fortalecer la cooperación regional mediante el establecimiento de un Mecanismo Permanente de Cooperación Regional, ante la proximidad del término del plazo de vigencia del Comité, cuya Acta Constitutiva fue suscrita el 17 de Octubre de 1977.

Que, las decisiones 7, 65 y 92 del Consejo Latinoamericano del SELA que al evaluar los resultados obtenidos por el Comité de Acción, recomiendan la pronta creación de un Organismo Permanente de Cooperación Regional en el Ambito Pesquero;

Que, la Resolución aprobada en la Segunda Reunión Ministerial, celebrada en Guayaquil Ecuador, en octubre de 1981, acordó constituir la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, como Organismo Permanente de Cooperación Regional;

Que, el incremento de la cooperación y de la acción concertada por parte de los países latinoamericanos contribuirá a la obtención de mayores beneficios económicos y sociales; a una mejor utilización por sus pueblos de sus recursos pesqueros;

TOMANDO NOTA de la reciente aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y reconociendo la importante contribución de los Estados Latinoamericanos hacia el desarrollo progresivo del Derecho Internacional del Mar, no obstante las diferentes posiciones asumidas por los mismos, sobre la aprobación de dicha Convención.

RECONOCIENDO la urgente necesidad de crear un mecanismo permanente de cooperación regional en el Sector Pesquero Latinoamericano.

ACUERDAN:

Suscribir el siguiente Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero.

CAPITULO PRIMERO
NOMBRE, PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y AREAS DE ACCION

Artículo 1º
Nombre

Por el presente Convenio, los Estados de América Latina debidamente representados en la reunión crean la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, cuya sigla es OLDEPESCA.

OLDEPESCA es una persona jurídica de derecho internacional público y se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Convenio y su Reglamento.

Artículo 2º
Sede

La sede de OLDEPESCA, es la ciudad de Lima, Perú.

Artículo 3º
Principios

OLEDEPESCA basará sus acciones en los principios de igualdad, soberanía, independencia de los Estados, la solidaridad, la no intervención en los asuntos internos, y el respeto a los diferentes sistemas políticos, económicos y sociales, de acuerdo a la Declaración de Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la ONU durante su XXV Período de Sesiones, así como al respeto a la soberanía de los Estados sobre sus recursos pesqueros.

Artículo 4º
Objetivos

El propósito fundamental de la Organización es atender adecuadamente las exigencias alimentarias de América Latina, utilizando su potencial de recursos pesqueros en beneficio de sus pueblos, mediante la concertación de acciones conjuntas tendientes al desarrollo constante de los países y el fortalecimiento permanente de la cooperación regional en el sector. En tal sentido, los objetivos de OLDEPESCA son:

a) Promover el adecuado aprovechamiento de los recursos pesqueros, preservando el medio marino y de agua dulce, mediante la aplicación de políticas racionales de conservación de los recursos.

b) Promover e intensificar la cooperación latinoamericana en el desarrollo de la explotación racional de productos del mar y de agua dulce en beneficio de los pueblos de la región.

c) Incrementar sustancialmente la oferta de alimentos de suficiente valor nutritivo, en condiciones de precios, preparación y presentación adecuados a las necesidades de la población de bajos ingresos de la región.

d) Incrementar de la misma forma, el consumo de productos del mar y de agua dulce en la región.

e) Estimular, asimismo, la diversificación e incremento de las exportaciones.

f) Promover sistemas de comercialización para la expansión del intercambio regional de los productos del sector.

g) Estimular la generación de empleo y el mejoramiento de ingresos, mediante un mayor desarrollo socio-económico de las comunidades vinculadas a la actividad pesquera de la región.

h) Mejorar y fortalecer la capacidad productiva, institucional, organizativa y de recursos humanos del sector.

i) Promover y organizar la utilización de la capacidad de negociación conjunta de la región latinoamericana, así como determinar, identificar y canalizar la cooperación técnica y financiera internacional, mediante acciones concretas de coordinación y cooperación regional en el ámbito del sector.

Artículo 5º
Areas de Acción

La cooperación regional se concentrará fundamentalmente en las siguientes áreas:

a) Investigación de Recursos Pesqueros.

b) Explotación de Recursos Pesqueros, Industrialización e Infraestructura Física de Apoyo.

c) Acuicultura.

d) Desarrollo Tecnológico.

e) Comercialización.

f) Capacitación.

g) Cooperación Internacional.

CAPITULO SEGUNDO
MIEMBROS Y OBLIGACIONES DE LOS MISMOS

Artículo 6º
Miembros

Son miembros de OLDEPESCA los países pertenecientes al Sistema Económico Latinoamericano que suscriban y ratifiquen o se adhieran al presente Convenio.

Artículo 7º
Apoyo a las Actividades de OLDEPESCA

Los Estados Miembros se comprometen a apoyar las decisiones y resoluciones que emanen de los órganos competentes de OLDEPESCA; asimismo a considerar la creación y el fortalecimiento de los mecanismos necesarios para llevar a la práctica los objetivos del presente instrumento. También se comprometen a elaborar y a suministrar los datos estadísticos y la información que sea necesaria para que OLDEPESCA pueda lograr su cometido y designar al Organismo Nacional Competente para coordinar sus actividades.

Artículo 8º
Reconocimiento de Carácter Internacional

Las Partes Contratantes se comprometen a reconocer y aceptar el carácter internacional de los funcionarios de la Dirección Ejecutiva.

CAPITULO TERCERO
ESTRUCTURA ORGANICA

Artículo 9º
Organos

La estructura de OLDEPESCA está constituida por los siguientes órganos:

a) Conferencia de Ministros.

b) Consejo Directivo.

c) Dirección Ejecutiva.

Sección Primera
CONFERENCIA DE MINISTROS

Artículo 10
Composición

La Conferencia de Ministros es la máxima autoridad de la Organización y está constituida por los Ministros o Secretarios de Estado que tengan a su cargo los asuntos relativos al sector pesquero, los cuales podrán asistir a la Conferencia con los expertos y asesores que estime conveniente.

En caso de imposibilidad de participar en una Reunión, los Ministros podrán hacerse representar por un delegado designado expresamente para tal efecto.

Artículo 11
Atribuciones

La Conferencia de Ministros como máxima autoridad de la Organización tiene las siguientes atribuciones:

a) Formular la política general de la Organización y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo al presente Convenio.

b) Considerar y evaluar el funcionamiento de la Organización.

c) Aprobar las enmiendas al presente Convenio de acuerdo a lo establecido en su artículo 35.

d) Revisar, modificar o complementar las áreas de cooperación regional establecidas en el artículo 5 de este Convenio.

e) Designar y remover al Director Ejecutivo y al Sub-Director Ejecutivo.

f) Aprobar, enmendar o rechazar según sea el caso por informes y propuestas del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo.

g) Designar a un país diferente del de la sede para efectuar una reunión ordinaria o extraordinaria cuando lo estime conveniente.

h) Impartir instrucciones a la Dirección Ejecutiva.

i) Establecer el sistema de aportaciones iniciales y de cuotas anuales y modificarlas de acuerdo a las necesidades de la Organización.

j) Aprobar el Programa de Actividades y Presupuesto de OLDEPESCA.

k) Considerar y aprobar el Informe Anual que presente el Director Ejecutivo.

l) Aprobar la creación de Comités Técnicos u otras modalidades de cooperación.

m) Aprobar el Reglamento de la Organización y reformarlo cuando sea necesario.

n) Conocer y resolver cualquier asunto inherente a la Organización.

Artículo 12
De las Reuniones

La Conferencia de Ministros sesionará en Reunión Ordinaria una vez al año. Podrá también sesionar extraordinariamente a requerimiento de, por lo menos la mitad más uno de los Estados Miembros. Las reuniones serán convocadas por intermedio del Director Ejecutivo y tendrán lugar en la sede de OLDEPESCA, salvo acuerdo en contrario de la Conferencia de Ministros.

La Conferencia de Ministros elegirá un Presidente y un Vice-Presidente. El Director Ejecutivo fungirá como Secretario de la misma.

El primer Presidente y Vice-Presidente serán elegidos por consenso en la primera Reunión Ordinaria de la Conferencia. En caso de no lograrse el consenso dichos cargos se elegirán por una mayoría no inferior, a lo dos tercios de los Estados Miembros presentes.

El Presidente y Vice-Presiente de la Conferencia de Ministros conservarán tal carácter hasta la próxima Reunión Ordinaria y presidirán las reuniones extraordinarias que se celebren en ese lapso.

Posteriormente, los cargos de Presidente y Vice-Presidente serán ejercidos sucesivamente por cada uno de los Ministros de los Estados Miembros siguiendo el orden alfabético en idioma español.

Durante el ejercicio de sus funciones, el Presidente o quien haga las veces de tal, será reemplazado como representante de su Gobierno por el delegado designado para tal efecto.

En las Reuniones de la Conferencia, tendrá carácter de observador, la Secretaría Permanente del SELA, así como aquellos países latinoamericanos y organizaciones internacionales que la Conferencia estime conveniente.

La Conferencia podrá también realizar reuniones a las que únicamente asisten sus miembros.

Artículo 13
Quórum

La Conferencia de Ministros sólo podrá sesionar con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 14
De las Resoluciones

La Conferencia expresará su voluntad mediante Resoluciones. Cada Estado tiene derecho a un voto. Las Resoluciones serán adoptadas por mayoría no inferior a los dos tercios de los Estados Miembros presentes en los casos establecidos en los literales (a), (c), (f), (h), (j) y (m), del artículo 11. En los demás casos las Resoluciones se adoptarán por mayoría no inferior a la mitad más uno de los Estados Miembros presentes.

Sección Segunda
CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 15
Composición

El Consejo Directivo es el órgano de carácter técnico de OLDEPESCA. Está integrado por un Representante Titular y un Alterno designado por cada Estado Miembro.

Artículo 16
Atribuciones

El Consejo Directivo formulará, analizará, revisará, propondrá y recomendará a la Conferencia todas aquellas disposiciones que sean necesarias para la aplicación del presente Convenio y el cumplimiento de sus objetivos. En tal sentido, son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes:

a) Formular recomendaciones a la Conferencia de Ministros para lograr el más rápido desarrollo del sector, tomando en cuenta las necesidades alimentarias de la población, los requerimientos de los trabajadores y empresarios y la necesidad de alcanzar un adecuado nivel de utilización de los recursos. En tal sentido recomendará sobre los siguientes asuntos:

1. La política general de la Organización.

2. La revisión, modificación o complementación de las áreas de cooperación regional establecidas en el artículo 5 de este Convenio.

3. Los informes y propuestas del Director Ejecutivo.

4. El Programa de Actividades, el Presupuesto de la Organización y la Auditoría Externa.

5. La creación de Comités Técnicos u otras modalidades de cooperación.

6. La evaluación del funcionamiento de la Organización.

7. Otros inherentes a la Organización.

b) Conocer y proponer a la Conferencia de Ministros las enmiendas al Convenio y al Reglamento, orientadas al fortalecer la organización y mejorar su funcionamiento.

c) Seleccionar al auditor externo considerando las proposiciones del Director Ejecutivo.

Artículo 17
De las Reuniones

El Consejo Directivo se reunirá en Sesión Ordinaria una vez al año y previamente a la Reunión Anual de la Conferencia de Ministros. Podrá reunirse en forma extraordinaria a requerimiento de, por lo menos, la mitad más uno de los Estados Miembros o de la Conferencia de Ministros.

Las reuniones del Consejo Directivo, serán convocadas por el Director Ejecutivo y tendrán lugar en la sede de OLDEPESCA salvo acuerdo en contrario de la Conferencia.

El Consejo Directivo elegirá entre sus miembros, un Presidente y un Vice-Presidente. El Director Ejecutivo fungirá como Secretario.

El primer Presidente y Vice-Presidente serán elegidos en la Primera Reunión Ordinaria del Consejo siguiendo el mismo procedimiento establecido en el artículo 12 para este objetivo.

El Presidente y Vice-Presidente del Consejo Directivo conservarán tal carácter hasta la próxima reunión ordinaria y conducirán las reuniones extraordinarias que se celebren en ese lapso.

Posteriormente los cargos de Presidente y Vice-Presidente serán ejercidos sucesivamente por cada uno de los representantes según el orden alfabético de los países en idioma español.

Durante el ejercicio de sus funciones, el Presidente o quien haga las veces de tal, será reemplazado como representante de su Gobierno por el respectivo representante alterno.

Artículo 18
Quórum

El Consejo Directivo sólo podrá sesionar con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 19
De las Resoluciones

El Consejo expresará su voluntad mediante resoluciones. Cada Estado tiene derecho a un voto. Las resoluciones se adoptarán por una mayoría no inferior a la mitad más uno de los miembros presentes.

Sección Tercera
DIRECCION EJECUTIVA

Artículo 20
Director Ejecutivo

La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director Ejecutivo. Este funcionario deberá ser una persona altamente calificada en todos los aspectos y con una experiencia que posibilite el mejor desempeño de sus funciones.

En su carácter de Director Ejecutivo no deberá recibir ni solicitar instrucciones de cualquiera de los Estados Miembros, de otros Estados ni de persona o autoridades ajenas a OLDEPESCA. Tampoco deberá actuar en forma que sea incompatible con su condición de funcionario internacional ni desempeñar cualquier otro cargo, remunerado o no. El Director Ejecutivo es responsable de sus actos ante la Conferencia de Ministros.

El Director Ejecutivo debe ser nacional de cualquiera de los Estados Miembros de OLDEPESCA y deberá residir en el país sede de la Organización. Será elegido por la Conferencia de Ministros por un período de tres años, pudiendo ser reelecto sólo por un período adicional. En caso de renuncia o remoción, la Conferencia procederá de inmediato a elegir al nuevo Director Ejecutivo, quien desempeñará sus funciones durante el mismo período.

Artículo 21
Funciones

El Director Ejecutivo es el más alto funcionario ejecutivo de OLDEPESCA. Sus funciones son las siguientes:

a) Ejecutar la política de OLDEPESCA dentro de los objetivos del presente Convenio y las resoluciones de la Conferencia de Ministros.

b) Elaborar el Programa de Actividades de OLDEPESCA y su Presupuesto para ser presentado al Consejo Directivo y a la Conferencia de Ministros.

c) Adoptar las medidas de índole técnica y administrativa para la celebración de la Conferencia de Ministros y del Consejo Directivo.

d) Elaborar, en estrecha coordinación con los países, las proposiciones técnicas que deberán ser consideradas por el Consejo Directivo y la Conferencia de Ministros.

e) Fungir como Secretario de las Reuniones de la Conferencia de Ministros y del Consejo Directivo.

f) Contratar y remover al personal que estime necesario para el eficaz desempeño de sus funciones y a los consultores y asesores que se requieren para la ejecución del Programa de Actividades.

g) Proponer al Consejo Directivo la creación de Comités Técnicos y las modalidades de cooperación que estime necesarias para la formulación y realización de proyectos específicos.

h) Recibir las contribuciones de los Estados Miembros y administrar el patrimonio de OLDEPESCA.

i) Elaborar y someter a la consideración del Consejo Directivo los informes financieros de OLDEPESCA.

j) Proponer y contratar la auditoría externa para cada informe financiero de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 (c) del presente Convenio.

k) Representar a OLDEPESCA ante los diversos gobiernos, conferencias y demás foros relacionados con la Organización. Asimismo, ejercer su representación legal.

l) Asistir con derecho a voz pero sin voto a las reuniones de la Conferencia de Ministros y del Consejo Directivo.

m) Ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Conferencia de Ministros y del Consejo Directivo.

n) Proponer a la Conferencia de Ministros o al Consejo Directivo, la adopción de medidas que contribuyan a la mejor organización y funcionamiento de la Dirección Ejecutiva.

ñ) Efectuar, de conformidad con los mandatos de la Conferencia de Ministros y la política de la Organización, los arreglos financieros pertinentes para el adecuado desarrollo de la Organización y de su Programa de Actividades.

o) Suscribir los acuerdos de cooperación técnica internacional aprobados por resolución del Consejo Directivo y de la Conferencia de Ministros para el cumplimiento de los objetivos de OLDEPESCA.

Artículo 22
Sub-Director Ejecutivo

El Sub-Director Ejecutivo ejercerá las funciones que el Director Ejecutivo le asigne y lo representará en su ausencia. Para ser designado en este cargo, deberá exigirse los mismos requisitos que se establecen en el artículo 20 para Director Ejecutivo.

Artículo 23
Designación de Personal

La designación del personal de la Dirección Ejecutiva será competencia del Director Ejecutivo. Para ello, deberá considerar fundamentalmente la eficiencia, competencia y honestidad de los candidatos. En lo posible y en cuanto ello no sea incompatible con el anterior criterio considerará una distribución geográfica latinoamericana proporcional a los cargos de la Dirección Ejecutiva. En el desempeño de sus funciones, el personal no debe recibir ni solicitar instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a OLDEPESCA.

Sección Cuarta
DE LOS COMITES TECNICOS

Artículo 24
Creación y Funcionamiento

La Conferencia de Ministros podrá establecer Comités Técnicos y las modalidades de cooperación que estime conveniente como mecanismo de OLDEPESCA para la formulación y ejecución de proyectos específicos por propia iniciativa, o a proposición del Consejo Directivo. Los Comités Técnicos estarán constituidos por representantes de los Estados participantes en los respectivos proyectos, su período de funcionamiento no podrá superar en ningún caso el período de duración del proyecto administrado. Informarán de sus actividades al Director Ejecutivo y éste a su vez al Consejo Directivo. La Dirección Ejecutiva participará activamente en la ejecución de los diversos proyectos.

CAPITULO CUARTO
PERSONALIDAD JURIDICA, PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 25
Personalidad Jurídica

OLDEPESCA, en su condición de persona jurídica de Derecho Público Internacional, tiene capacidad para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles así como para entablar procedimientos judiciales en cumplimiento de sus fines, con sujeción a las leyes nacionales del Estado en donde se ejerce dicha capacidad.

Artículo 26
Patrimonio

El patrimonio de OLDEPESCA está constituido por las aportaciones iniciales y cuotas anuales de sus miembros de acuerdo al esquema del SELA respecto al pago de contribuciones de los mismos, que serán determinados por la Conferencia de Ministros y que podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades de la Organización; así como por todos los bienes y derechos que adquiera, sea a título oneroso o gratuito.

Artículo 27
Presupuesto

El funcionamiento de OLDEPESCA será financiado mediante contribuciones anuales de los Estados Miembros. La Dirección Ejecutiva propondrá al Consejo Directivo un proyecto de presupuesto y las cuotas de los Estados Miembros, de conformidad al sistema establecido por la Conferencia. El año fiscal se inicia el primero de enero y concluirá el treinta y uno de diciembre. OLDEPESCA contará con una fuente adicional de ingresos para financiar su funcionamiento. La Conferencia de Ministros determinará las modalidades para lograr este cometido.

Articulo 28
Auditoría Externa

Al final de cada ejercicio económico un auditor externo examinará los libros y registros contables de OLDEPESCA y presentará al Consejo Directivo los Informes financieros correspondientes, el que a su vez lo someterá a la consideración de la Conferencia de Ministros. Este auditor externo tendrá acceso a la contabilidad de OLDEPESCA y rendirá los informes que considere pertinente o los que le sean solicitados.

CAPITULO QUINTO
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Artículo 29
Privilegios e Inmunidades

OLDEPESCA, en su carácter de Organismo Internacional Gubernamental, celebrará con el Gobierno del Estado Miembro en cuyo territorio se encuentre su sede, el respectivo Convenio de Sede, el cual será suscrito por el Gobierno interesado y por el Director Ejecutivo previa aprobación de la Conferencia de Ministros.

En caso de que la organización estableciera oficinas o agencias en algún otro Estado Miembro, se concertarán los correspondientes Convenios sobre Inmunidades y Privilegios.

CAPITULO SEXTO
FIRMA, RATIFICACION, ADHESION Y ENTRADA EN VIGOR

Artículo 30

El presente Convenio estará abierto a la firma de cualquier Estado Latinoamericano en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, desde el 29 de octubre de 1982 hasta el 29 de enero de 1983.

Artículo 31
Ratificación

El presente Convenio está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Artículo 32
Adhesión

A partir del 30 de enero de 1983 el presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado Miembro del Sistema Económico Latinoamericano. Los instrumentos de adhesión serán depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Artículo 33
Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha en que se haya depositado el cuarto instrumento de ratificación o de adhesión.

Para cada una de las partes que ratifique el Convenio o se adhiera al mismo después del cuarto instrumento de ratificación o de adhesión.

Para cada una de las partes que ratifique el Convenio o se adhiera al mismo después del cuarto instrumento de ratificación o de adhesión, el Convenio entrará en la fecha de depósito del respectivo instrumento.

Artículo 34
Depositario

El Depositario informará a los Estados Partes:

a) Toda firma del presente Convenio y la fecha de la misma;

b) El depósito de todo Instrumento de Ratificación o adhesión y la fecha en que se realizó;

c) La fecha en que el presente Convenio entre en vigor de acuerdo con el primer párrafo del artículo 33.

d) Toda notificación de denuncia y la fecha de su recepción.

CAPITULO SEPTIMO
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 35
Enmienda

Cualquier Estado Parte podrá proponer reformas o enmiendas al presente Convenio por conducto de la Dirección Ejecutiva, quien las transmitirá a todas las otras Partes Contratantes. La Conferencia de Ministros examinará dichas propuestas de reforma o enmienda en su siguiente período ordinario de sesiones o bien convocará a un período extraordinario para tal efecto de conformidad con el artículo 12. La aprobación de reforma o enmiendas se regirá por lo dispuesto en el artículo 14 y entrarán en vigor tan pronto como sean cumplidos los requisitos mencionados en el artículo 33.

Artículo 36
Denuncias

El presente Convenio regirá indefinidamente pero todo Estado Contratante podrá denunciarlo, en cualquier momento, mediante notificación, por escrito al Gobierno del país sede.

La denuncia surtirá efecto ciento ochenta días a partir de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario.

El Gobierno del país sede comunicará a los Estados que hayan firmado el presente Convenio o sean partes en él, acerca de la notificación de denuncia y de la fecha a partir de la cual ésta surtirá efecto.

El Estado Miembro cumplirá cualesquiera obligaciones a las que se hubiere comprometido antes de notificar su retiro, no obstante el hecho de que las mismas se extiendan durante un plazo posterior a la fecha en que se haga efectivo dicho retiro.

No obstante la denuncia, el Estado podrá seguir vinculado a programas específicos hasta su término. Ello será determinado por la Conferencia de Ministros.

Artículo 37
Reservas

No se podrán hacer reservas al presente Convenio al momento de su suscripción, ratificación o adhesión.

Artículo 38
Controversias

Toda controversia relativa a la aplicación e interpretación de este Convenio que no sea resuelta por los miembros interesados, será sometida a petición de cualquier miembro parte de la controversia a una Comisión de Conciliación designada al efecto e integrada por representantes de los países miembros que escojan las Partes en controversia.

En el caso de que la controversia no se resuelva con base en los trabajos de la Comisión de Conciliación se recurrirá a cualquiera de los medios que para la solución pacífica de controversias prevé el Derecho Internacional, hasta encontrar una solución aceptable para las Partes.

Artículo 39
Idiomas Oficiales

Son idiomas oficiales los reconocidos como tales por el Sistema Económico Latinoamericano.

DISPOSICION TRANSITORIA
Sustitución del Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce

El Convenio Constitutivo de OLDEPESCA sustituye al Comité de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce establecido en Lima, Perú; consecuentemente, las actividades y proyectos no concluidos del Comité de Acción pasan a formar parte de las actividades de OLDEPESCA. Igualmente, la totalidad de los bienes patrimoniales del mencionado Comité, así como los compromisos financieros de los países miembros contraídos con el Comité se traspasarán a OLDEPESCA.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios debidamente acreditados suscriben el presente Convenio en la ciudad de México a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y dos, en un original en cada uno de los idiomas oficiales del SELA, siendo dichos textos igualmente válidos. Los textos originales en idiomas francés y portugués serán suscritos posteriormente.

(Lucen firmas)

POR LA REPUBLICA DE BOLIVIA

POR LA REPUBLICA DE COSTA RICA

POR LA REPUBLICA DE ECUADOR

POR LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA

POR LA REPUBLICA DE GUYANA

POR LA REPUBLICA DE HAITI

POR LA REPUBLICA DE HONDURAS

POR LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA

POR LA REPUBLICA DE PANAMA

POR LA REPUBLICA DEL PERU

El suscrito, Director de Tratados, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, CERTIFICA:

Que, el texto precedente es copia fiel del Original del "Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero" (OLDEPESCA), suscrito en la ciudad de México el día 29 de octubre de 1982, cuyo original, redactado en idioma español y debidamente firmado, se encuentra depositado en los archivos de la Dirección de Tratados de la Cancillería Peruana.

En fe de lo cual, expido la presente certificación, sellada y firmada en la ciudad de Lima, Perú, a los dos días del mes de junio de mil novecientos ochenta y tres.

Oldemar Saavedra.
Embajador. Director de Tratados

Dra. Vilma Veida
Directora. Dirección de Tratados

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales, al decidir, por unanimidad, aconsejar la aprobación del presente Proyecto de Ley, comparte los informes que aparecen incorporados al Repartido Nº 124 de setiembre de 1989, documentos correspondientes a la Legislatura XLIIIa. y cuya solicitud de aprobación ha reiterado el actual Poder Ejecutivo.

Se trata del Convenio que crea la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, suscrito el 29 de octubre de 1982 en México, al que se agregan las enmiendas aprobadas en noviembre de 1984.

El origen de esta institución se encuentra en el Comité de Acción de Productos del Mar y Agua Dulce del SELA, al que sustituyó.

El propósito fundamental de OLDEPESCA (Art. 4º) es atender a la utilización adecuada de los recursos del mar en beneficio de los pueblos de América Latina. Tal objetivo se cumplirá mediante la cooperación que asegura una racional explotación del recurso, al mismo tiempo que busca incrementar la oferta y el consumo de los diversos productos pesqueros, salvaguardándolo de la depredación para asegurar su continuidad en beneficio de los pueblos.

Los compromisos que implican la aprobación de este Tratado figuran en el Art. 7º del mismo.

Las autoridades de esta organización son (Art. 9º): la Conferencia de Ministros, el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva. La primera (Art. 10) está integrada por los Ministros que tengan a su cargo, en los respectivos países, los asuntos a que refiere el Convenio y es la encargada -entre otras cosas- de formular la política general de OLDEPESCA (Art. 11), evaluar su funcionamiento, establecer o modificar las aportaciones iniciales y cuotas anuales, impartir instrucciones a la Dirección Ejecutiva y aprobar las enmiendas al Convenio.

El Consejo Directivo está integrado por un representante por cada Estado miembro (Art. 15) del Convenio, y sus funciones están establecidas en el Art. 16 del mismo.

La Dirección Ejecutiva (Art. 20) está a cargo de un Director y sus funciones (Art. 21) son las de ejecutar directamente la política instrumentada por los organismos superiores y demás fijados por dicho artículo.

La sección cuarta del Convenio, establece que se podrán crear Comités Técnicos para la formulación y ejecución de proyectos específicos y los mismos estarán constituidos por representantes de los Estados participantes (Art. 24).

La personalidad jurídica de OLDEPESCA, su patrimonio y recursos están definidos en los Arts. 25 al 28.

Las soluciones de las controversias que se originen están señaladas en el artículo 38 de este Convenio.

La Comisión entiende conveniente para nuestro país aprobar el Convenio que se somete a su consideración.

Sala de la Comisión, 14 de setiembre de 1995.

Carlos Julio Pereyra (Miembro Informante), Alberto Couriel, Sergio Chiesa, Nelson Fernández, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el Proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Mediante este Proyecto de Ley el Poder Ejecutivo solicita la aprobación legislativa del Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Derecho Pesquero (OLDEPESCA).

Este Convenio fue firmado el 28 de octubre de 1982 en México y sufrió enmiendas en noviembre de 1984.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo a consideración del Parlamento el 1º de agosto de 1989 y reiterada en esta Legislatura, con fecha 24 de mayo de 1995.

Se trata de un Convenio que crea la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, que sustituye al Comité de Acción de Productos del Mar y Agua Dulce del SELA.

El propósito fundamental que persigue esta iniciativa es la utilización adecuada de los recursos del mar, mediante la acción combinada de todos los países latinoamericanos, procurando la preservación del recurso en beneficio de los pueblos americanos.

Los compromisos que la aprobación de este Tratado implica para nuestro país figuran en el artículo 7º del Repartido Nº 103, que dice: "Los Estados Miembros se comprometen a apoyar las decisiones y resoluciones que emanen de los órganos competentes de OLDEPESCA; asimismo a considerar la creación y el fortalecimiento de los mecanismos necesarios para llevar a la práctica los objetivos del presente instrumento. También se comprometen a elaborar y a suministrar los datos estadísticos y la información que sea necesaria para que OLDEPESCA pueda lograr su contenido y designar al Organismo Nacional Competente para coordinar sus actividades". Las autoridades que van a regir este Convenio están señaladas en los artículos 9º y 10 y son la Conferencia de Ministros, el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva. El Consejo Directivo está integrado por un representante por cada Estado miembro del Convenio y sus funciones están establecidas en el mismo. La Comisión de Ministros está compuesta por los Ministros que respectivamente ejercen las funciones que tienen que ver con la materia en los distintos países y, la Dirección Ejecutiva está a cargo de un Director cuyas funciones están especificadas en el artículo 21 y tienen que ver con el hecho de ejecutar directamente la política instrumentada por los organismos superiores.

Se prevé la constitución de Comités Técnicos para la formulación y ejecución de los proyectos específicos relativos a los fines del Convenio. La definición de la personalidad jurídica de OLDEPESCA y su patrimonio están indicados en los artículos 25 al 28. La naturaleza jurídica está definida como persona jurídica de Derecho Público Internacional. Los fondos que serán necesarios para el cumplimiento de este Convenio, son aportados por los Estados miembros y las soluciones de las controversias se dirimirán por la vía pacífica o por otros medios señalados por el Derecho Internacional.

Señor Presidente: se cree de utilidad la aprobación de este Convenio por parte de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, por cuanto el mismo busca, como se expresa, la preservación y el cuidado de los recursos que proporciona el mar en beneficio de los pueblos latinoamericanos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 1º y único del Proyecto de Ley.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA), adoptado en México el 29 de octubre de 1982 y las enmiendas Nº 1 y 2 del 2 de noviembre de 1984".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado el Proyecto de Ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado por ser igual al considerado)

16) ACUERDO CULTURAL CON LA REPUBLICA PORTUGUESA. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se aprueba el Acuerdo Cultural entre la República y la República Portuguesa. (Carp. Nº 1025/93 - Rep. Nº 110/95)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1025/93
Rep. Nº 110/95

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 24 de mayo de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 9 de febrero de 1993, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación parlamentaria del Acuerdo Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, suscrito en Montevideo el 8 de setiembre de 1992, al permanecer vigentes para los intereses de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío:

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el cual se aprueba el Acuerdo Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, suscrito en Montevideo el 8 de setiembre de 1992.

El Acuerdo Cultural con la República Portuguesa que se pone a consideración de ese Cuerpo está estructurado conforme a las características de "acuerdo marco", estableciéndose las grandes áreas de interés a desarrollar en el futuro, a saber: la cultura, arte, ciencia, educación, deporte, juventud, turismo y comunicación social.

Bajo el objetivo de lograr una mejor comprensión de la civilización y la cultura del otro país, las Partes se comprometen a facilitar el intercambio de personas, documentación y programas, especificándose por los distintos literales del artículo III del Acuerdo los aspectos concretos en los que interesa concretar ese intercambio.

Por el artículo V se prevé que cada una de las Partes pondrá a disposición de la otra becas o subsidios, siempre dentro de las posibilidades existentes en cada país y que los beneficiarios de las becas de estudio o subsidios serán designados por los servicios competentes respectivos.

Según el artículo VI, las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de suscribir un acuerdo para la reválida de estudios efectuados en el territorio de la otra Parte así como para el establecimiento de equivalencias de los diplomas y títulos universitarios.

El Convenio contiene, asimismo, dos disposiciones que son comunes en los acuerdos marco de carácter cultural, esto es la protección de los derechos de autor de los ciudadanos de la otra Parte y la preservación del patrimonio cultural nacional, mediante la prohibición de exportar objetos de carácter arqueológico, histórico o artístico sin que exista expresa autorización.

Por el artículo décimo se prevé la realización de exposiciones culturales de un país en el otro y las Partes se comprometen a concederse las facilidades necesarias para que ello sea posible.

Finalmente, se conviene en la creación de una Comisión Mixta cuyo cometido será supervisar la correcta ejecución de la cooperación prevista por el Acuerdo suscrito entre ambos países.

El Convenio que se lleva a estudio de ese Cuerpo entrará en vigor en la fecha de la última notificación del cumplimiento de las formalidades exigidas para tales efectos por el orden jurídico de cada una de las Partes.

El Poder Ejecutivo entiende conveniente recomendar la aprobación del presente Acuerdo, dado que el mismo ha de otorgar el marco apropiado para una fructífera colaboración con la República Portuguesa, en el campo de la cultura, contribuyendo de esa forma, a incrementar las relaciones entre la República y ese país".

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 24 de mayo de 1995.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, suscrito en la ciudad de Montevideo el día 8 de setiembre de 1992.

Carlos Pérez del Castillo, Samuel Lichtensztejn.

ACUERDO CULTURAL ENTRE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA PORTUGUESA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Portuguesa, en adelante designados como las Partes Contratantes, deseosos de estrechar los vínculos de amistad que unen a ambos países y desarrollar la cooperación en las áreas de la cultura, la ciencia, la educación, el deporte, la juventud, el turismo y la comunicación social,

Acordaron lo siguiente:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes se comprometen a promover y desarrollar la cooperación entre los dos países en las áreas de la cultura, arte, ciencia, educación, deporte, juventud, turismo y comunicación social, en base al respeto de la soberanía nacional y al principio de no intervención en los asuntos internos de uno y otro país.

ARTICULO II

Ambas Partes favorecerán el desarrollo de actividades artísticas, educativas y en el dominio de la comunicación social, así como en todas las manifestaciones que por su naturaleza puedan contribuir a un mejor conocimiento de sus respectivas culturas.

ARTICULO III

Siempre que sea posible y con el propósito de asegurar en los respectivos países una mejor comprensión de la civilización y la cultura del otro, cada Parte Contratante facilitará el intercambio de personas, documentación y programas, principalmente:

a) obras de cultura del otro país, libros, revistas u otra documentación especializada en comunicación social, publicaciones periódicas de carácter literario, cultural y artístico y de interés para la juventud, cartas geográficas, catálogos de reproducción de manuscritos, estadísticas, programas de enseñanza, obras y objetos de arte, películas cinematográficas y de televisión, así como otros materiales educativos, pedagógicos, culturales, turísticos, y deportivos;

b) manifestaciones culturales, artísticas y pedagógicas;

c) intercambio entre los organismos competentes en materia de juventud, así como de representantes de organizaciones juveniles;

d) intercambio de técnicos y de profesionales de la comunicación social, con vista a la formación profesional.

ARTICULO IV

Las Partes Contratantes favorecerán el intercambio de delegaciones y de personalidades representativas de la ciencia en las condiciones que sean determinadas de común acuerdo.

ARTICULO V

Cada una de las Partes Contratantes pondrá a disposición de la otra Parte becas o subsidios a fin de que se realicen estudios de las materias a ser establecidas de común acuerdo en la medida de las posibilidades existentes y de conformidad con las leyes vigentes. Los beneficiarios de estas becas de estudio o subsidios serán designados por los servicios competentes de cada uno de los países.

ARTICULO VI

Las Partes Contratantes, de conformidad con las respectivas legislaciones internas, estudiarán las condiciones mediante las cuales se reconocerá la equivalencia de los estudios efectuados en el territorio de la otra Parte, así como los diplomas y títulos profesionales de cada uno de los países con la finalidad de eventualmente suscribir un acuerdo.

ARTICULO VII

Cada Parte Contratante se compromete a proteger los derechos de autor de que sean titulares los ciudadanos nacionales de la otra Parte, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables en cada país y de conformidad con las convenciones internacionales en vigor.

ARTICULO VIII

Las Partes Contratantes organizarán competiciones deportivas, desarrollando el intercambio turístico por intermedio de sus organismos oficiales y procurarán profundizar el conocimiento de la cultura y civilización de cada país, a través, principalmente, de los medios de comunicación social.

ARTICULO IX

Las Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar las correspondientes disposiciones legales en lo que concierne a la preservación del patrimonio cultural nacional y principalmente la prohibición de exportar objetos de carácter arqueológico, histórico o artístico, sin que exista expresa autorización.

ARTICULO X

Las Partes Contratantes se concederán recíprocamente todas las facilidades para la entrada y salida de las piezas arqueológicas y artísticas destinadas a exposiciones culturales organizadas bajo su responsabilidad, una vez cumplidas las formalidades relativas a la entrada provisoria de las piezas mencionadas.

El país que recibe la exposición tendrá la responsabilidad de proteger esos objetos garantizando su restitución al país que los envió.

ARTICULO XI

Las Partes Contratantes acuerdan la creación de una Comisión Mixta que velará por el correcto cumplimiento de la cooperación en las áreas comprendidas por este Acuerdo.

ARTICULO XII

Las discrepancias resultante de la interpretación y aplicación del presente Acuerdo se resolverán por la vía diplomática.

ARTICULO XIII

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación del cumplimiento de las formalidades exigidas para tales efectos, por el orden jurídico de cada una de las Partes.

ARTICULO XIV

El presente Acuerdo se celebra por un período de cinco años renovable tácitamente por igual período, excepto si una de las Partes Contratantes notificara a la otra por lo menos con doce meses de anticipación, su intención de proceder a la denuncia.

La notificación de la denuncia del Acuerdo por una de las Partes Contratantes no afectará de manera alguna la ejecución integral de los programas en curso.

Hecho en Montevideo, a los ocho días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y dos, en dos ejemplares originales, en idioma español y portugués, siendo las dos versiones igualmente válidas.

(Lucen firmas)
Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay
Por el Gobierno de la
República Portuguesa.

 

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Internacionales

INFORME

Al Senado:

El proyecto adjunto refiere a un convenio de carácter cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, suscrito en Montevideo el 8 de noviembre de 1992.

Por el artículo I, las Partes Contratantes se comprometen a "promover y desarrollar la cooperación en las áreas de la cultura" en base al respeto por la soberanía nacional y al principio de no intervención en los asuntos internos de uno y otro país".

En el artículo II refiere a las actividades culturales comprendidas en el Convenio (arte, ciencia, educación, deporte, turismo y en el dominio de la comunicación social) agregando "todas aquellas que contribuyan al conocimiento de sus respectivas culturas".

Por el artículo III y el IV se comprometen al intercambio de expresiones de sus culturas, así como el de personas, técnicos, estudiantes, etc.

El artículo V prevé las becas o subsidios para intensificar las actividades descriptas.

El artículo VI establece la posibilidad de estudiar la equivalencia de los regímenes educacionales y las posibilidades de reválidas de suscribir otro acuerdo con la posibilidad de establecer reválidas de títulos profesionales.

Por los artículos VII y VIII se comprometen, respectivamente, a proteger los derechos de autor y a la organización de competiciones deportivas y al intercambio turístico.

Por el artículo IX "las partes se comprometen a respetar los respectivos patrimonios culturales nacionales, con la prohibición de exportar artículos de carácter arqueológico, histórico o artístico sin que exista previa autorización". Sin embargo, el artículo X refiere a las facilidades para las entradas y salidas de piezas arqueológicas o artísticas con destino a exposiciones.

Por el artículo XI se acuerda la creación de una Comisión Mixta para la correcta aplicación del Convenio.

El artículo XII refiere a las posibles discrepancias de interpretación y prevé la solución por vía diplomática.

El artículo XIII establece la entrada en vigencia del acuerdo.

Finalmente, el artículo XIV establece la duración del Convenio por un período de cinco años, renovable tácitamente por igual período, siempre que algunas de las Partes Contratantes no lo hubiere denunciado con doce meses de anticipación.

La Comisión de Asuntos Internacionales aconseja la aprobación de este acuerdo que, en la Legislatura anterior ya fuera aprobado por esta Cámara, sin recibir la sanción por parte de la Cámara de Diputados.

Sala de Comisión, 28 de setiembre de 1995.

Carlos Julio Pereyra (Miembro Informante), Sergio Chiesa, Alvario Bentancur, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- La Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación de este acuerdo cultural celebrado entre nuestro país y la República Portuguesa. Por el mismo se determina que ambos países se comprometen a promover y desarrollar la cooperación de ambos en las áreas de la cultura, arte, ciencia, educación, deporte, juventud, turismo y comunicación especial, en base al respeto de la soberanía nacional y al principio de la no intervención en los asuntos internos de cada país.

A través de este Convenio se busca un intercambio de obras de expresión cultural como pueden ser libros, revistas, documentación especializada, etcétera. Se prevé, también el intercambio de delegaciones y de artículos de personalidades representativas de la ciencia y la cultura entre ambos países. Asimismo, la creación de becas o subsidios que las Partes Contratantes pondrán a disposición, a fin de que se realicen estudios de las materias correspondientes de común acuerdo, en la medida de sus posibilidades. Se establece que sus beneficiarios serán designados por los servicios competentes en cada uno de los países.

Las Partes se comprometen a proteger los Derechos de Autor y el patrimonio cultural de ambos países, sin perjuicio de la autorización por cada uno de ellos, de la salida del país de parte del mismo, a los efectos de realizar exposiciones con la garantía del correcto tratamiento y devolución al país de origen.

En definitiva, se trata de un Convenio de acercamiento cultural y colaboración para el interés de la cultura y la educación entre ambos países, por lo cual se aconseja su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 1º y único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Acuerdo Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, suscrito en la ciudad de Montevideo el día 8 de setiembre de 1992".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado por ser igual al considerado)

17) CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y DE LA REPUBLICA HELENICA.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República y la República Helénica. (Carp. Nº 233/95 - Rep. Nº 104/95)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 233/95
Rep. Nº 104/95

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social.

Montevideo, 28 de abril de 1995.

Señor Presidente la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de remitir para su aprobación, de conformidad con los artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7, de la Constitución de la República, el Convenio sobre Seguridad Social entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Helénica, suscrito en Atenas, Grecia, el día 15 de abril de 1994.

El Convenio, como otros similares firmados en la materia, atiende la problemática que se plantea a las personas que aportan a los sistemas de seguridad social y reciben prestaciones en más de un país. Esta situación cobra particular importancia para el Uruguay, dado el fenómeno de emigración que se ha producido en los últimos veinte años, por lo que la suscripción de este tipo de Acuerdo es especialmente alentada por el Banco de Previsión Social en nuestro país.

Dividido en cinco Títulos, el Convenio regula los principios generales de igualdad de tratamiento para los nacionales de ambos países y de reconocimiento de sus prestaciones personales, así como acuerda soluciones sobre la legislación aplicable y estipula disposiciones especiales para casos de enfermedad y maternidad; vejez e invalidez; y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se definen asimismo los Organismos de Enlace en Uruguay y Grecia que tendrán a su cargo la ejecución del Convenio. Por otra parte, a fin de poner en funcionamiento las disposiciones del Convenio, ambas Autoridades Competentes -el Ministerio de Salud, Bienestar y Seguridad Social para Grecia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para Uruguay- han suscrito un "Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social", el cual se agrega para su conocimiento.

Luego de definir en el artículo 1º los términos técnicos a emplearse en el Convenio, los artículos 2º a 6º establecen el ámbito de aplicación del mismo, abarcando, en forma genérica, a todas aquellas personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación sobre seguridad social de una o ambas Partes. Se asegura un tratamiento igual para nacionales y extranjeros incluidos en el Convenio, mientras que los Estados toman la obligación de no reducir, modificar, suspender o extinguir las prestaciones debidas, por el hecho de que el beneficiario resida en la otra Parte Contratante. Grecia reconoce los períodos de aportes realizados en el Uruguay, para el cumplimiento de los períodos de seguro requeridos por la legislación griega a efectos de la admisión en seguros voluntarios.

El artículo 7º define detalladamente la legislación aplicable en caso de una posible ausencia o superposición de legislaciones, evitando la colisión de normas para situaciones tales como las de personas que cumplen tareas en ambos Estados o son enviadas a cumplir funciones de uno a otro país, sin perjuicio de lo dispuesto por las Convenciones de Viena de 1961 y 1963 sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.

Los artículos 8º y 11 establecen disposiciones especiales para prestaciones por enfermedad y maternidad; vejez, invalidez y sobrevivencia; y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se estipula un detallado sistema de reembolsos, compensación de tiempos para completar plazos legales mínimos y definición de la legislación aplicables siguiendo el criterio de la mayor vinculación que tiene el beneficiario con el Estado en donde se encuentra residiendo o en el cual se produjo el accidente o se originó la enfermedad profesional.

Las "Disposiciones Varias" (artículos 12 a 23 inclusive) contienen cláusulas referidas a aspectos de aplicación del sistema binacional establecido por el Convenio, incluyendo la exoneración del requisito de la legalización para los documentos exigidos en aplicación del acuerdo y la comunicación directa entre las Autoridades Competentes y Organismos de Enlace de las Partes. Se definen asimismo los Organismos de Enlace, el que para Uruguay será el Banco de Previsión Social (Asesoría Letrada del Directorio - Convenios Internacionales).

Finalmente el artículo 24 (comprendido dentro de las Disposiciones Finales y Transitorias que van desde el tal artículo 24 al 26) deja establecido que los períodos de seguro transcurridos antes de la entrada en vigencia del Acuerdo se tendrán en cuenta para determinar los beneficiarios a que son acreedores las personas a las que se les aplica el mismo, aunque no se pagarán beneficios en base a este Convenio por períodos anteriores a su entrada en vigor. Tampoco se aplicarán sus disposiciones a prestaciones por casos de enfermedad y maternidad; vejez, invalidez y sobrevivencia; y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyas solicitudes hubieran sido presentadas con anterioridad a la vigencia del Convenio.

Entendiendo que es de interés para la República la entrada en vigor de este Convenio, el cual encuentra soluciones jurídicas ya aceptadas por la República para los problemas de seguridad social presentados por el fenómeno de la migración internacional, el Poder Ejecutivo solicita a ese Alto Cuerpo la aprobación parlamentaria correspondiente.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Pérez del Castillo, Ana Lía Piñeyrúa.

Montevideo, 28 de abril de 1995.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio sobre Seguridad Social entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Helénica, suscrito en Atenas, Grecia, el día 15 de abril de 1994.

Art. 2º.- Comuníquese, etc.

Carlos Pérez del Castillo, Ana Lía Piñeyrúa.

CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA HELENICA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

El Gobierno de la República Helénica y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en su deseo de regular las relaciones entre los dos Estados en el área de la seguridad social, han acordado celebrar el siguiente Convenio:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

1. Para la aplicación del presente Convenio:

a) "Grecia" se refiere al territorio de la República Helénica y "Uruguay" se refiere al territorio de la República Oriental del Uruguay.

b) "Legislación" se refiere a las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, según se establece en el artículo 2;

c) "Autoridad Competente" se refiere en relación a Grecia al Ministerio de Salud, Bienestar y Seguridad Social y en relación a Uruguay al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

d) "institución competente" se refiere a la institución responsable de la aplicación del Convenio;

e) "Organismo de Enlace" se refiere a la institución de enlace e información entre las instituciones aseguradoras de las dos Partes Contratantes con miras a facilitar la ejecución del Presente Convenio;

f) "período de seguro" se refiere al período de contribuciones y cualquier período equivalente empleado para adquirir el derecho a una prestación;

g) "beneficio" o "pensión" se refiere a cualquier prestación prevista por la legislación especificada en el artículo 2 del presente Convenio;

h) "miembro de la familia" se refiere a cualquier persona definida o reconocida como miembro de la familia de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentran la institución a cuyo cargo se otorgan las prestaciones;

i) "lugar de residencia" se refiere a la permanencia regular.

2. Los otros términos empleados en el presente Convenio tendrán el significado que se les asigna en virtud de la legislación aplicable.

Artículo 2º

1. El presente Convenio se aplicará:

A. Con relación a Grecia: a la legislación general sobre Seguridad Social para personas empleadas y equiparadas, la legislación relativa a los sistemas especiales de seguridad social que cubren categorías específicas de personas empleadas y equiparadas, trabajadores independiente, profesionales y del agro en cuanto a vejez, incapacidad, sobrevivencia, enfermedad y maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; con el fin de instrumentar el artículo 5 del presente Convenio, a los sistemas especiales que amparan a los navegantes y empleados civiles.

b. Con relación al Uruguay: a la legislación sobre sistemas de Seguridad Social aplicada por organismos oficiales y para estatales relativos a: a) incapacidad, vejez y muerte; b) maternidad, enfermedad y accidentes comunes; c) indemnización y otras prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

2. El presente Convenio también se aplicará a la legislación futura que modifique o complemente las legislaciones mencionadas en el parágrafo 1 de este artículo.

Artículo 3º

Este Convenio se aplicará a todas las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de una o ambas Partes Contratantes, así como a las personas cuyos derechos provienen de éstas.

Artículo 4º

Las personas a quienes este Convenio se aplica y que residen dentro del territorio de la otra Parte Contratante, recibirán, junto con sus familiares dependientes, igual tratamiento que los nacionales de la otra Parte Contratante con respecto de los derechos y obligaciones que surjan en virtud de este Convenio.

Artículo 5º

1. Las pensiones y otras prestaciones no podrán ser reducidas, modificadas, suspendidas o extinguidas fundadas en el hecho que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte Contratante.

2. Las prestaciones pagaderas por una de las Partes Contratantes se harán efectivas a los nacionales de la otra Parte Contratante, que residan en un tercer Estado, en los mismos términos y con igual alcance que a los nacionales de la primera Parte Contratante residentes en este tercer Estado.

Artículo 6º

En caso que bajo la legislación griega, la admisión al seguro voluntario, esté condicionada al cumplimiento de períodos de seguro, los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación del Uruguay serán tomados en cuenta, por el período requerido, como si hubiesen sido cumplidos bajo la legislación griega.

TITULO II
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEGISLACION APLICABLE

Artículo 7º

1. Una persona empleada en el territorio de una de las Partes Contratantes, estará con respecto a ese empleo, sujeta a la legislación solamente de esa Parte Contratante, salvo que se disponga lo contrario en este artículo.

2. Si una persona empleada en el territorio de una Parte Contratante es enviada por su empleador al territorio de la otra Parte Contratante a prestar servicios para la misma empresa, continuará sujeto a la legislación de la primera Parte hasta la finalización de los veinticuatro meses calendario acordados por las autoridades competentes de las Partes Contratantes.

3. El personal de tripulación de las empresas de transporte aéreo que cumplen tareas en los territorios de ambas Partes Contratantes y que deberían de otro modo estar cubiertos por la legislación de ambas Partes Contratantes estarán, con relación a esos servicios, sujetos solamente a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio tiene su sede principal la empresa.

4. Una persona empleada como oficial o miembro de la tripulación de un navío que navega bajo bandera de una de las Partes Contratantes y que estaría de lo contrario amparada por la legislación de ambas Partes Contratantes, estará sujeto solamente a la legislación de la Parte Contratante bajo cuya bandera navegue el navío.

5. a) Este Convenio no afectará las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, o de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963.

b) Los nacionales de una de las Partes Contratantes que estén empleados por el Gobierno de esa Parte Contratante pero que no están exceptuados de la legislación de la otra Parte Contratante en virtud de lo dispuesto en las Convenciones mencionadas en el subparágrafo a), estarán sujetos solamente a la legislación de la Primera Parte Contratante.

6) Las Autoridades Competentes de las dos Partes Contratantes pueden, de común acuerdo, establecer una excepción a las disposiciones de este artículo, disponiendo que cualquier persona afectada quedará sujeta a la legislación de una de las Partes Contratantes.

TITULO III
DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Artículo 8º

1. Una persona que tiene derecho a una prestación bajo la legislación de ambas Partes Contratantes, así como los miembros de su familia, estarán autorizados a recibir prestaciones médicas del mismo modo que bajo la legislación de la Parte en cuyo territorio, son residentes. Las prestaciones se proverán a cargo de la Institución competente del país de residencia del beneficiario.

2. Un beneficio que esté recibiendo una prestación solamente bajo la legislación de una Parte Contratante, así como los miembros de su familia, tienen derecho a recibir prestaciones médicas iguales a los que brinda la Institución de su lugar de residencia. La institución aseguradora competente deberá reembolsar los costos de las prestaciones brindadas bajo este artículo a la institución aseguradora del lugar de residencia de acuerdo a las disposiciones del texto del Acuerdo Administrativo a que se refiere el artículo 12.

3. Las autoridades competentes de ambas Partes Contratantes acordarán la fecha de entrada en vigencia del parágrafo 2 de este artículo.

CAPITULO II
VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

Artículo 9º

1. Si una persona está facultada para percibir una prestación sin recurrir a las disposiciones de los parágrafos 2 y 3 del presente artículo, el monto de la prestación se determina de acuerdo con la legislación de cada una de las Partes Contratantes.

2. En caso de no existir derechos a prestación alguna sobre la base de los períodos de seguro de una de las Partes Contratantes, los períodos de seguro de la otra Parte Contratante se totalizarán para la adquisición del derecho a la prestación por vejez, sobrevivencia o invalidez a condición que dichos períodos no se superpongan.

3. La prestación pagadera por cada una de las Partes Contratantes se determinará del modo siguiente:

a) en primer lugar la institución competente calcula el monto de la prestación que hubiera sido otorgada (suma teórica) de haber sido cumplidos todos los períodos de seguro bajo su propia legislación;

b) sobre la base de la suma así calculada la institución competente determinará el beneficio parcial de acuerdo con el promedio entre la duración de los períodos de seguro cumplidos bajo su propia legislación y la duración de los períodos que se han totalizado.

4. Para determinar el monto de la prestación, la institución competente toma en cuenta el salario o contribuciones que se han pagado de acuerdo con su legislación.

5. En caso que los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación griega no lleguen a los trescientos días y a condición que no exista derecho a prestación alguna sin aplicar el parágrafo 2 del presente artículo, no se pagará prestación alguna de acuerdo con la legislación griega.

6. A los fines de este artículo, un (1) mes de seguro es igual a veinticinco (25) días de seguro.

CAPITULO III
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 10

1. El derecho a prestaciones debidas a accidentes de trabajo será determinado de acuerdo a la legislación aplicada al trabajador a la fecha de producirse el accidente, según lo previsto en el artículo 7º.

2. La compensación para un accidente de trabajo superviniente se establecerá por una institución competente considerando la reducción de su capacidad de trabajo causado por dicho ulterior accidente y de acuerdo con la legislación que la mencionada institución debe aplicar.

3. En caso que, según la legislación de una de las Partes Contratantes accidentes anteriores o enfermedades laborales se tengan en cuenta para determinar el grado de incapacidad, la institución aseguradora competente tomará en cuenta para el mismo propósito accidentes o enfermedades laborales anteriores debidos a labores realizadas en el territorio de la otra Parte Contratante, de igual modo que si la legislación de la primera Parte Contratante hubiera sido aplicable.

Artículo 11

1. Las prestaciones relacionadas con una enfermedad profesional se determinarán de acuerdo a la legislación de la Parte Contratante, cuya legislación era aplicable cuando el beneficiario desempeñaba el trabajo que implicaba el riesgo de enfermedad profesional, aun si la enfermedad fuera detectada en el territorio de la otra Parte Contratante.

2. En caso que el beneficiario, cuando haya trabajado en dicha actividad en los territorios de ambas Partes Contratantes, le será aplicable la legislación de la Parte en cuyo territorio el trabajador haya ejercido su actividad más recientemente.

TITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 12

1. Las Autoridades Competentes de las dos Partes Contratantes deberán:

a) suscribir Acuerdos Administrativos para la implementación de este Convenio;

b) se comunicarán recíprocamente la información relacionada con las medidas tomadas para la aplicación de este Convenio; y

c) se comunicarán recíprocamente, tan pronto como sea posible, información relacionada con las modificaciones en sus respectivas legislaciones que puedan afectar la aplicación del presente Convenio.

2. Para la aplicación del presente Convenio los Organismos de Enlace son: a) El Instituto de Seguridad Social (IKA) para Grecia; b) El Banco de Previsión Social (Asesoría Letrada del Directorio - Convenios Internacionales), para Uruguay.

Artículo 13

1. Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes, designarán una Comisión Mixta que, cuando sea necesario, tendrá a su cargo la supervisión de la aplicación del presente Convenio, proponiendo las modificaciones necesarias y las normas complementarias al Convenio así como cualquier otra función que pudiera otorgársele de común acuerdo entre las Partes.

2. La Comisión Mixta estará integrada por el mismo número de representantes de cada país y establecerá su propia organización y procedimientos de trabajo.

Artículo 14

Las Autoridades Competentes y los Organismos de Enlace de las Partes Contratantes, en el ámbito de sus respectivos cometidos, se prestarán ayuda a fin de implementar este Convenio. Esta colaboración estará exenta de costos, sujeto a las excepciones que se establezcan en el Acuerdo Administrativo.

Artículo 15

Salvo disposición en contrario de la legislación nacional de una Parte Contratante, la información sobre un individuo que se transmita relacionada con la aplicación del Convenio a esa Parte Contratante por la otra Parte Contratante, será usada exclusivamente a los fines de la implementación del Convenio. Dicha información recibida por una Parte Contratante estará regulada por la legislación nacional de esa Parte Contratante para la protección de la privacidad y secreto de la información personal.

Artículo 16

1. Cuando la legislación de una Parte Contratante disponga que cualquier documentación que deba ser presentada ante la Autoridad Competente o una institución de la Parte Contratante estará exenta, total o parcialmente, de tasas o impuestos, incluyendo tasas consulares y administrativas, la exención se aplicará asimismo a los correspondientes documentos que deban presentarse ante la Autoridad Competente o una institución de la otra Parte Contratante en aplicación de este Convenio.

2. Los documentos y certificados que se presenten relacionados con este Convenio estarán exentos de requisitos de autenticación por parte de las autoridades diplomáticas o consulares.

3. Las copias de documentos que sean certificadas como copias exactas y verdaderas por una institución de una Parte Contratante serán aceptadas como copias verdaderas y exactas por cualquier institución de la otra Parte Contratante, sin otra certificación. La Institución de cada Parte Contratante, será quien juzgue finalmente el valor probatorio de los elementos presentados, cualquiera sea su procedencia.

Artículo 17

Las Autoridades Competentes y las Instituciones de las Partes Contratantes se comunicarán directamente entre sí y con cualquier persona dondequiera que ésta resida, cuando sea necesario para la aplicación de este Convenio. La correspondencia será en idioma inglés.

Artículo 18

Una solicitud por escrito cumplimentada por una Institución de una Parte Contratante protegerá los derechos del solicitante ante la legislación de la otra Parte Contratante, si el peticionante solicita que sea considerada como presentada bajo la legislación de la otra Parte Contratante.

Artículo 19

1. Cualquier reclamación por escrito contra una resolución de una Institución de una Parte Contratante tendrá validez ante las Instituciones de ambas Partes Contratantes. La reclamación deberá cumplimentarse de acuerdo con los procedimientos y legislación de la Parte Contratante cuya decisión esté impugnando.

2. Todo recurso, nota o reclamación por escrito que, bajo la legislación de una de las Partes Contratantes, deba ser presentado dentro de un período establecido por una Institución de esa Parte Contratante, pero el cual en cambio es presentado dentro del mismo período en una Institución de la otra Parte Contratante, será considerado como presentado en tiempo.

Artículo 20

En todos los casos en que se aplica lo previsto en el artículo 19, las institución ante la cual se ha presentado reclamo, nota o recurso por escrito indicará la fecha de recepción en el documento y lo transmitirá sin demora al Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante.

Artículo 21

1. Los pagos en virtud del presente Convenio se podrán realizar en la moneda legal del Estado Contratante que realiza los pagos.

2. En caso que se aprueben disposiciones restringiendo la transferencia de moneda en cualquiera de las Partes Contratantes, de inmediato ambas Partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar los derechos derivados de este Convenio.

Artículo 22

Las autoridades competentes de ambas Partes Contratantes resolverán mediante consulta cualquier discrepancia relativa a la aplicación o interpretación de este Convenio.

Artículo 23

El presente Convenio podrá ser modificado en el futuro por medio de acuerdos complementarios los cuales, a partir de su entrada en vigencia se considerarán como partes integrantes de este Convenio.

TITULO V
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 24

1. Este Acuerdo se aplica a todos los posibles casos de seguro que tuvieron lugar antes de su entrada en vigencia.

2. No se pagarán beneficios en base a este Acuerdo, relativos a períodos anteriores a la entrada en vigencia. No obstante, los períodos de seguro transcurridos antes de la mencionada entrada en vigencia, se tendrán en cuenta para determinar los beneficios.

3. La aplicación del presente Convenio no derivará en reducción alguna del monto de cualquier prestación cuyo derecho hubiera sido establecido previo a su entrada en vigencia.

4. Las prestaciones acordadas antes de la entrada en vigencia no podrán ser reliquidadas en virtud de las disposiciones del presente Convenio, no obstante el pago de las prestaciones suspendidas serán reanudadas por la entrada en vigencia del presente Convenio.

5. Las disposiciones del Título III se aplicarán solamente a las prestaciones por las cuales se presenta una solicitud después de la entrada en vigencia del presente Convenio.

Artículo 25

1. Este Convenio tendrá vigencia y efecto hasta la finalización de un año calendario siguiente, al año en que una de las Partes Contratantes notifique por escrito la denuncia del mismo a la otra Parte Contratante.

2. Si este Convenio cesara, los derechos en curso de adquisición o pagos de prestaciones adquiridas a su amparo serán mantenidas. Las Partes Contratantes acordarán las disposiciones que garanticen los derechos en curso de adquisición.

Artículo 26

Este Convenio entrará en vigencia el primer día del tercer mes siguiente al mes en el que cada Gobierno haya recibido del otro Gobierno comunicación escrita de que se ha dado cumplimiento a todos los extremos y requisitos legales y constitucionales para la entrada en vigencia de este Convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Convenio. Hecho en Atenas, Grecia, el día quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en duplicado en versión griega y española, en dos textos igualmente auténticos.

(Lucen firmas)
Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay.
Por el Gobierno de la
República Helénica.

 

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Internacionales

INFORME

Al Senado:

Viene a consideración del Cuerpo, para su aprobación, un Proyecto de Ley que aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre nuestro Gobierno y el de la República Helénica, suscrito en Atenas, Grecia, el día 15 de abril de 1994.

1.- Consideraciones previas.

El Convenio se inscribe en la mutua voluntad de regular las relaciones entre los dos Estados en el área de la Seguridad Social.

2.- Análisis del Convenio

a) Terminología

El artículo 1º establece los criterios terminológicos aplicables al mismo. Se entenderá que Grecia se refiere al territorio de la República Helénica y que Uruguay se refiere al territorio de la República Oriental del Uruguay.

Se establece además qué es lo que deberá entenderse por Legislación, autoridad competente, institución competente, organismo de enlace, período de seguro, miembro de la familia, lugar de residencia, etc.

b) Ambito de aplicación

Los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º se refieren a la aplicación del Convenio, estableciéndose que con relación a Grecia se aplicará la legislación general sobre Seguridad Social para personas empleadas y equiparadas, detallándose las categorías y los tipos de prestaciones. Para Uruguay será de aplicación la legislación sobre sistemas de Seguridad Social aplicada por organismos oficiales y paraestatales relativos a: incapacidad, vejez y muerte; maternidad , enfermedad y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Se establece que el presente convenio será de aplicación a la legislación futura que en la materia, modifique o complemente la legislación actual.

Será de aplicación a todas las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de una o ambas Partes Contratantes.

No podrá haber extinción, suspensión, reducción o modificación que se funde en el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte Contratante.

Se establecen criterios para los beneficiarios que residan en un tercer Estado y para el régimen de admisibilidad al seguro voluntario para el caso de que bajo la legislación Griega se condicione la mencionada admisión.

c) Legislación aplicable.

El artículo 8º establece la legislación aplicable para las personas empleadas en una de las Partes Contratantes, indicando los criterios a seguir en cada caso y estableciendo un plazo de veinticuatro meses prorrogable por otros veinticuatro para el caso de una persona empleada por una Parte Contratante y enviada a la otra Parte Contratante. La legislación aplicable será, por ese período, la de la primera Parte Contratante.

Se regula también las situaciones del personal de tripulación de las empresas de transporte aéreo y el de los oficiales o miembros de la tripulación marítima que navega bajo bandera de una de las Partes Contratantes.

Se declara que las Autoridades Competentes podrán establecer excepciones a las disposiciones de este artículo.

3.- Disposiciones Especiales

a) Enfermedad y Maternidad

El artículo 8º, primero del Capítulo I del Título III establece que si una persona tiene derecho a una prestación bajo la legislación de ambas Partes Contratantes, así como los miembros de su familia, estarán autorizados a recibir las mismas prestaciones médicas del mismo modo que mediante la legislación de la Parte en cuyo territorio son residentes.

Se regula también la forma del reembolso entre las Aseguradoras.

b) Vejez, Invalidez y Sobrevivencia.

El artículo 9º establece procedimientos para la determinación de los montos de las prestaciones, como así también la oportunidad de establecer la existencia de los derechos a determinadas prestaciones.

c) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El principio general establecido por el articulo 10 es que la legislación aplicable será la del lugar de producido el accidente, según lo previsto en el artículo 7º.

Si una de las Partes Contratantes establece en su legislación que se tomarán en cuenta los accidentes o enfermedades profesionales anteriores, la aseguradora competente tomará estos hechos en cuenta.

4.- Disposiciones Varias y Disposiciones Finales y Transitorias.

Las disposiciones varias están incluidas a partir del artículo 12 hasta el 23 inclusive y establecen los procedimientos y regulan el funcionamiento bilateral de los Organismos (Autoridades Competentes, el Instituto de Seguridad Social -IKA y el Banco de Previsión Social - BPS) como así también los criterios de documentación, probatorios, etc.

Las disposiciones finales y transitorias establecen criterios para determinar la aplicación del Convenio en determinados casos especiales, tales como los beneficios relativos a períodos anteriores a la entrada en vigencia, la prohibición de reliquidación de prestaciones acordadas antes de la entrada en vigencia del Convenio, etc.

Por lo expuesto y en atención a los fines que se persiguen en el ámbito de la seguridad social, esta Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del Proyecto de Ley remitido el 28 de abril de 1995 por el Poder Ejecutivo por el cual se aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y la República Helénica , suscrito en Atenas, Grecia, el día 15 de abril de 1994.

Sala de Comisión, 14 de setiembre de 1995.

Rafael Michelini (Miembro Informante), Alberto Couriel, Sergio Chiesa, Nelson Fernández, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra, Américo Ricaldoni. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el Proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: esta es una ratificación que pide el Poder Ejecutivo sobre un Convenio que firmó el 15 de abril de 1994 con la República Helénica en Atenas, Grecia.

Los artículos del 2º al 6º vinculan sobre la Seguridad Social a las personas empleadas y equiparadas, de tal forma que los organismos oficiales y paraestatales -en este caso de nuestra República- van a hacer sus aportes en lo que tiene que ver con la incapacidad, vejez, muerte, maternidad, enfermedad por accidentes de trabajo y profesionales de uruguayos que trabajen en aquel país. Así también, se hará recíproco para los ciudadanos griegos que presten funciones en el territorio uruguayo.

En el artículo 8º se dice que tienen derecho a recibir las mismas prestaciones médicas en ambos países y se regula la forma del reembolso entre las Aseguradoras.

El artículo 9º determina los montos de las prestaciones y en el 7º se establece para las Partes Contratantes la legislación que se tomará en cuenta en accidentes y enfermedades profesionales anteriores.

Más adelante, desde el artículo 12 hasta el 23, inclusive, se establece el procedimiento, se regula el funcionamiento bilateral de los organismos, Banco de Previsión Social para nuestro país e Instituto de Seguridad Social para el caso griego. Se habla también de las disposiciones finales y transitorias que indican criterios para determinar la aplicación del Convenio en algunos casos especiales, tales como beneficios relativos a períodos anteriores a la entrada en vigencia, la previsión de reliquidación de prestaciones acordadas antes de este Convenio, etcétera.

La Comisión de Asuntos Internacionales comparte la aprobación de este Proyecto que traemos informado favorablemente, en el sentido de aprobar un Convenio que ya fue suscrito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio sobre Seguridad Social entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Helénica, suscrito en Atenas, Grecia, el día 15 de abril de 1994".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el Proyecto de Ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado, por ser igual al considerado)

18) FERMINA GULARTE BAUTISTA. Pensión graciable.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de continuar con el orden del día, se va a dar cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Fermina Gularte Bautista. Ha sido de 26 votos en 28, por lo que ha resultado: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTÍCULO 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

.25 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado en general y en particular el Proyecto de Ley, que será comunicado al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado, por ser igual al considerado)

19) OSE. Enajenación de un inmueble perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el octavo punto del orden del día: "Proyecto de Ley por el que se autoriza la enajenación por título compraventa y modo tradición del patrimonio del Estado, Ministerio de Defensa Nacional al de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado un inmueble ubicado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Artigas. (Carp. Nº 259/95 - Rep. Nº 101/95)".

(Antecedentes:)

"Carp., Nº 259/95
Rep. Nº 101/95

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.

Montevideo, 15 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a consideración de ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley por el cual se enajena del patrimonio del Ministerio de Defensa Nacional y se transfiere por título compraventa y modo tradición a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), el inmueble empadronado con el número 10112, antes 3953 (parte) ubicado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Artigas, ciudad de Artigas que según plano del Ing. Agr. Sergio K. Calfani Zuniga de junio de 1994, inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Artigas con el Nº 241 de fecha 17 de junio de 1994, manzana 537 consta de una superficie de 220 metros.

Dicho bien se entrega en calidad de pago por obras realizadas por OSE en el Regimiento de Caballería Nº 10.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Raúl Iturria, Juan Chiruchi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase la enajenación por título compraventa y modo tradición del patrimonio del Estado-Ministerio de Defensa Nacional al de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado del inmueble empadronado con el número 10112, antes 3953 (parte), ubicado en la 1ra. Sección Judicial del Departamento de Artigas, ciudad de Artigas, que según plano del Ing. Agr. Sergio K. Calfani Zuniga de junio de 1994, inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Artigas con el Nº 241 de fecha 17 de junio de 1994, manzana 537 consta de una superficie de 220 metros destinándose la totalidad del producido de la misma al pago de las obras realizadas por OSE en el Regimiento de Caballería Nº 10.

Art. 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Raúl Iturria, Juan Chiruchi.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Constitución
y Legislación

INFORME

Al Senado:

Por el Proyecto de Ley se autoriza la enajenación a título compraventa y modo tradición del Patrimonio del Estado-Ministerio de Defensa Nacional al patrimonio de las obras Sanitarias del Estado, del inmueble empadronado con el número 10112, antes 3953 (parte) ubicado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Artigas, ciudad de Artigas , con una superficie de 220 metros, como pago de las obras realizadas por OSE en el Regimiento de Caballería Nº 10.

Las obras realizadas por OSE, estuvieron constituidas por ampliación de la red de agua potable, para servicio de las casas de señores Oficiales del Regimiento.

La Dirección Nacional de Catastro estimó el valor venal del terreno en $ 9.790 (nueve mil setecientos noventa pesos) equivalente a UR 169 (ciento sesenta y nueve Unidades Reajustables), 2015, con un valor de la UR de $57,86 (cincuenta y siete pesos con ochenta y seis centésimos).

La titulación del bien no merece ninguna observación.

El Proyecto, al disponer que se autorice la enajenación del predio en cuestión, por título compra venta y modo tradición, se afilia a la tesis tradicional, que se comparte, que postula la individualidad del patrimonio de cada persona pública estatal; por lo que para pasar un bien privado del Estado o bienes fiscales según la terminología empleada en el inciso segundo del artículo 477 del Código Civil, a un Ente estatal, es necesario proceder a la correspondiente traslación del dominio, mediante los procedimientos contractuales comunes.

Sala de la Comisión, 7 de setiembre de 1995.

Walter Santoro (Miembro Informante), Luis Brezzo, José Korzeniak, Luis Eduardo Mallo, Ignacio Posadas Montero, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Helios Sarthou. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el Proyecto.-

(Se lee)

.En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO.- Por este Proyecto de Ley se procede a autorizar la enajenación, por título compraventa y modo tradición del patrimonio del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, al patrimonio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, de un inmueble -Padrón Nº 10.112 y con una superficie de 220 metros -ubicado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Artigas. Esta enajenación cuya autorización se solicita, es necesario realizarla a los efectos de pagar a OSE las obras efectuadas en el Regimiento de Caballería Nº 10 , integrante de nuestras Fuerzas Armadas. Las obras que llevó a cabo la OSE estuvieron constituidas por el abastecimiento y la instalación de agua en las fincas que ocupan los Oficiales de dicho Regimiento de Caballería, en la citada localidad. Por su parte, la Dirección General del Catastro Nacional estableció un valor venal de $ 9.790, que eran equivalentes en ese momento a 169 Unidades Reajustables, cuando éstas costaban $ 57,86.

Por otra parte, queremos indicar que la titulación está en orden, que el precio es el adecuado y que el abastecimiento de agua se está cumpliendo. Al mismo tiempo, deseamos señalar que la enajenación cuya autorización se solicita es una forma de compraventa que se ha practicado en otras circunstancias a fin de abonar determinados servicios.

En ese aspecto, cabe resaltar que el Proyecto de Ley que sometemos a consideración del Senado, opta por la tesis tradicional, en el sentido de que no existe un solo patrimonio del Estado, sino más de uno, de acuerdo con las distintas personas jurídicas que están en condiciones de cumplir actividades de carácter público. Reitero que en esta iniciativa se opta por la tesis tradicional. Digo esto porque, como se recordará, en una oportunidad, a raíz de una tesis elaborada por el Doctor Aparicio Méndez, por la cual se interpretaba que había sólo un patrimonio del Estado, lo que había que hacer en circunstancias como ésta, era desafectar determinado inmueble de la utilización que se le estaba dando por determinado servicio, afectándolo al cumplimiento de otro.

En cambio, como dije, en el Proyecto de Ley optamos por la tesis tradicional que, por otra parte, es la que se ha manejado desde siempre a nivel del Parlamento. Entonces, en el entendido de que existen varios patrimonios, se solicita esta autorización para realizar la correspondiente enajenación a los fines que ya explicamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR ASTORI.- Formulo moción para que se suprima la lectura del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

En consideración en artículo 1°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 1º.- Autorízase la enajenación por título compraventa y modo tradición del patrimonio del Estado-Ministerio de Defensa Nacional al de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado del inmueble empadronado con el número 10112, antes 3953 (parte), ubicado en la 1ra. Sección Judicial del Departamento de Artigas, ciudad de Artigas, que según plano del Ing. Agr. Sergio K. Calfani Zuniga de junio de 1994, inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Artigas con el Nº 241 de fecha 17 de junio de 1994, manzana 537 consta de una superficie de 220 metros destinándose la totalidad del producido de la misma al pago de las obras realizadas por OSE en el Regimiento de Caballería Nº 10.)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el Proyecto de Ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado, por ser igual al considerado).

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Señor Presidente: se ha agotado la consideración del orden del día; consultaría a la Mesa en el sentido de si para la reunión de mañana ya esta establecido el orden del día correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En virtud de que el día viernes vence el plazo para votar la Rendición de Cuentas, mañana tendríamos los siguientes puntos para considerar: Rendición de Cuentas, Proyecto de Ley relativo al mercado de valores y el referido a alcoholes.

Entendemos que correspondería tratar en primer lugar la Rendición de Cuentas en función de que el viernes vence el plazo.

No habiendo más asuntos para considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 18 y 26 minutos, presidiendo el Doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Michelini, Olascoaga, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storache y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.