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Nº 48 - TOMO 369 - 26 DE SETIEMBRE DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

47ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación.

2) Asistencia.

3) Asuntos entrados.

4) Proyecto presentado.

- Ley de Creación de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Sustitución.
- Lo presenta el señor Senador Santoro.

5) Solicitud de licencia.

- La formula el señor Senador Andújar desde el 3 de octubre al 1º de noviembre.
- Concedida.

6) Escribano José Francisco Jaso Anchorena. Su fallecimiento.

- Manifestaciones de los señores Senadores Pereyra, Batlle, Mallo y Korzeniak.
- Por moción del señor Senador Pereyra se resuelve enviar la versión taquigráfica de todo lo expresado en Sala a sus familiares.

7 y 9) Operación Unitas XXXVI. Se autoriza a unidades de la Armada Nacional a realizar ejercicios navales combinados con unidades navales, aeronavales y personal de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos de América y del Reino de España. Proyecto de Ley.

- El señor Senador Brezzo solicita se trate como urgente.
- Se vota negativamente.
- El señor Senador Brezzo solicita su reconsideración.
- En consideración. Aprobado.
- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

8 y 10) Fundaciones. Se define su objeto y se reglamenta su funcionamiento. Proyecto de Ley.

(Antecedentes: Ver 18a. S.O. del 16 de mayo de 1995)

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores Senadores.
- Aprobado.
- Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Sesión extraordinaria del día 27 de setiembre.

- Por moción del señor Senador Pozzolo se resuelve suspenderla.

12) Se levanta la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 22 de setiembre de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 26, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión general y particular del Proyecto de Ley por el que se establece la figura jurídica de las Fundaciones y los principios que la van a regir.

(Carp. Nº 105/95 - Rep. Nº 40/95 y Anexos I y II)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás Fernández, Fernández Faingold, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace, Virgili y Zanoniani.

FALTA: con licencia, los señores Senadores Gandini, Millor y Ricaldoni.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 8 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 21 de setiembre de 1995.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes Proyectos de Ley:

Por el que se aprueba el Convenio sobre Restitución de Automotores entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Paraguay.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Por el que se aprueba el Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Países Miembros del MERCOSUR.

- A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Y reiterando los siguientes Proyectos de Ley:

Por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en materia de Salud entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Paraguay.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República y la República de Bolivia.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Y por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado las siguientes resoluciones:

Por la que se designa en el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado, al señor Wilson Elso Goñi -en calidad de Presidente- al Doctor Ariel Moller Días -en calidad de Vicepresidente- y al señor Juan Justo Amado Cedrés -en calidad de Vocal-.

Por la que se designa en el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay a los señores Ingeniero Salomón Noachas -en calidad de Presidente- Escribano Jorge Eduardo Conde Montes de Oca -en calidad de Vicepresidente- Norberto Sanguinetti, Doctor Jorge Eduardo Sacchi Pérez y Doctor Néstor Moreira Graña -en calidad de Miembros-.

Por la que se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a los señores Doctor Mario Carminatti -en calidad de Presidente- Renán Peraza -en calidad de Vicepresidente- Contador Mario Soto Platero, Doctor Ronald Pais Bermúdez, Luis Leglise -en calidad de Miembros-.

Por la que se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland a los señores Economista Eduardo Ache Bianchi -en calidad de Presidente- Emilio Martino Prémoli, Doctor Juan Andrés Mora Pastorino, Contador Pedro Juan Forné Balletto y Felipe Carlos de Haedo Harley -en calidad de Miembros-.

Por la que se designa en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado a los señores Víctor Vaillant Larraya -en calidad de Presidente- Juan Angel Vázquez Lasserra -en calidad de Vicepresidente- Julio César Hernández Pérez, Jorge Ariel Urcelay Moreira y Yamandú Castro Silva -en calidad de Vocales-.

Por la que se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones a los señores Contador Ricardo Juan Lombardo Capdevielle -en calidad de Presidente- Tabaré Viera Duarte -en calidad de Vicepresidente- Doctor César Ausqui Echave, Andrés Alejo Arocena Noceti y Doctor Francisco Gustavo Aparicio Gallinal Nieto -en calidad de Miembros-.

Por la que se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos a los señores Ruben Díaz -en calidad de Presidente- Doctor Augusto Montesdeoca, Cayetano Capeche González, Doctor Pablo Daniel Abdala Schwarz y José Losada -en calidad de Miembros-.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República comunicando las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

Del Ministerio de Salud Pública: relacionadas con las deudas que mantiene dicho Ministerio con el Banco de Previsión Social.

Del Banco de Previsión Social: relacionada con diversos gastos de ese Organismo.

-Ténganse presente.

La Cámara de Representantes remite aprobado un Proyecto de Ley por el que se regula el funcionamiento de las guarderías infantiles.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

El Ministro interino de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dr. Juan A. Gabito Zóboli remite nota por la que invita a participar en la Comisión Nacional Preparatoria para la Cumbre de las Naciones Unidas «Hábitat II».

-A la Comisión de Medio Ambiente.

El señor Senador Walter Santoro presenta con Exposición de Motivos un Proyecto de Ley por el que se sustituye la Ley de Creación de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informados las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informados los siguientes Proyectos de Ley:

Por el que se establecen normas para el financiamiento del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Por el que se autoriza a unidades de la Armada Nacional a realizar ejercicios navales combinados con unidades navales, aeronavales y personal de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos de América y del Reino de España.

-Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión ordinaria que realice el Cuerpo.

La Clínica Educacional del Discapacitado Auditivo remite nota invitando a participar a un representante del Senado en las «Primeras Jornadas Carmelitano-Bonaerenses sobre Educación Especial».

-A la Comisión de Educación y Cultura».

4) PROYECTO PRESENTADO

«EXPOSICION DE MOTIVOS

La actual Comisión Administrativa tiene como antecedentes las denominadas Comisiones del Palacio Legislativo, que con la base de la Construcción del Palacio Legislativo y de su Comisión Administradora, fue creada en sucesivas leyes: la Ley Nº 7.582 de 28 de mayo de 1923, Ley Nº 8.121 de 13 de octubre de 1927, Ley Nº 8.417 de 17 de mayo de 1929 y Ley Nº 9.427 de 28 de agosto de 1934, actualmente vigente y que le da la actual denominación de Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Las atribuciones, facultades y cometidos de la Comisión, son las de las anteriores Comisión del Palacio Legislativo y Comisión de la Biblioteca del Poder Legislativo, es decir, tiene a su cargo todo lo relativo a la conservación, orden y limpieza del edificio, administrar la Biblioteca del Poder Legislativo dictando su reglamento y estableciendo su régimen interno, nombra y remueve al personal de su dependencia, así como reglamenta circunstanciadamente las funciones de cada uno de sus empleados, ejerciendo actualmente el Presidente de la Asamblea General la superintendencia sobre todas sus dependencias.

La Comisión Administrativa tiene a su cargo los siguientes servicios: Asesoría Jurídica, Notarial, Contable, Técnica y Artística; Servicio Médico; Guardería y Orientación Preescolar Biblioteca del Poder Legislativo (Bibliotecólogos, Administrativos, Imprenta y Depósitos); Conservación del Edificio; Conservación Artística; Mecanización Administrativa; Informática Parlamentaria; Oficios; Intendencia; Vigilancia; Servicios; Reprografía y Microfilmación; Locomoción; Protocolo y Relaciones Públicas; Mesa Telefónica; Inventario y todos los servicios administrativos (Secretaría, Personal, Beneficios Sociales, Legajos, Compras, Suministros, Licitaciones y Gastos y Pagos).

Las Asesorías Jurídica, Notarial y Técnica y el Servicio Médico son dependencias afectadas en su actividad a la atención de asuntos, trámites e informes de la Comisión Administrativa y de Cámara de Senadores y de Cámara de Representantes; sólo la Asesoría Contable es dependencia exclusiva de la Comisión Administrativa porque ambas Cámaras cuentan con una contabilidad separada.

Todo lo relativo a la Conservación del Edificio y de las obras de arte y su restauración está a cargo de dependencias de la Comisión Administrativa y el costo de estas obras afecta y aumenta su presupuesto.

Igualmente, la Guardería para los hijos de los funcionarios del Poder Legislativo funciona con fondos extraídos del presupuesto de la Comisión Administrativa, tanto en el pago de los sueldos de las maestras y baby sisters como en el material y servicios de la guardería.

Otra dependencia que tiene un fin común a todo el Poder Legislativo es la de Protocolo y RR.PP. Las Acompañantes de Visitas cumplen una tarea eficiente como guías de los visitantes y trabajos de traductorado para ambas ramas legislativas, estando incluidas en las planillas de la Comisión Administrativa.

El servicio de Vigilancia del Palacio atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, obviamente que su tarea no tiene límites de jurisdicción, o sea que controla sectores del edificio de cualquiera de las Cámaras y de la propia Comisión Administrativa.

La Intendencia o Conserjería no es servicio común, porque en las Cámaras existen funcionarios de Sala y Barra y conserjes, pero en reiteradas oportunidades se recurre al auxilio de este personal de la Comisión para la atención de ascensores.

Por último, la Mesa Telefónica, dependencia común al Poder Legislativo, es atendida por funcionarios incluidos en la planilla presupuestal de la Comisión Administrativa.

Hay servicios triplicados, a saber: Compras, Licitaciones, Suministros, Personal, Legajos, Beneficios Sociales e Imprenta, y servicios duplicados como Tesorería, Cuentas Personales y Liquidaciones.

La estructura de la Comisión Administrativa actualmente regulada por la Ley vigente, no se compadece con la realidad política de conformación del Parlamento, por lo que, se hace necesario modificar la integración del órgano, en el número de sus integrantes y optar por otro sistema de elección, para habilitar la mayor representatividad de sus miembros.

Para ello, se eleva en el proyecto el número de miembros de cuatro a seis y se aplica para su designación el sistema de la representación proporcional, tomando en cuenta, el número de Legisladores que cada lema con representación parlamentaria, tiene en las respectivas Cámaras.

Se jerarquiza la Comisión Administrativa, otorgándole la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica
de los servicios del Poder Legislativo.

Walter R. Santoro. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - La Comisión Administrativa del Poder Legislativo, es un órgano de creación legal que ejerce función administrativa dentro del sistema orgánico del Poder Legislativo.

Art. 2º. - La Comisión Administrativa del Poder Legislativo se compondrá del Presidente de la Asamblea General que la presidirá y seis Legisladores, correspondiendo tres a la Cámara de Senadores y tres a la Cámara de Representantes, elegidos directamente por cada Cámara, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomará en cuenta el número de Legisladores de cada lema con representación parlamentaria.

Los seis miembros de la Comisión Administrativa durarán un año en sus funciones.

Art. 3º. - La Comisión Administrativa tendrá a su cargo la administración de todos los servicios que se deban prestar en el Palacio Legislativo y anexos, para el debido funcionamiento de los sistemas de apoyo a la función legislativa.

Art. 4º. - La Comisión Administrativa ejercerá la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica de los servicios del Poder Legislativo.

Art. 5º. - La Comisión Administrativa formulará y aprobará el proyecto de presupuesto y lo remitirá en su oportunidad al  Senado de la República, para que éste lo incluya en su presupuesto y lo sancione de acuerdo al Art. 108 de la Constitución.

Art. 6º. - La Comisión Administrativa proveerá los empleos necesarios, conforme a la Constitución y a las leyes y destituirá, por cuatro votos conforme, a los empleados, por ineptitud, omisión o delito, en todos los casos con acuerdo de la Cámara de Senadores o en su receso, con el de la Comisión Permanente y en el último pasando el expediente a la justicia.

Art. 7º. - Los actos de la Comisión Administrativa y de su Presidente serán impugnables mediante recurso jerárquico para ante la Asamblea General.

Art. 8º. - La Comisión Administrativa reglamentará el funcionamiento de sus propios servicios y establecerá el estatuto para sus funcionarios con aprobación del señor Senador de la República.

Art. 9º. - Los funcionarios dependientes de la Comisión Administrativa tendrán los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución para todos los funcionarios públicos.

Art. 10. - Derógase la Ley Nº 9.427, de 28 de agosto de 1934.

Walter R. Santoro. Senador».

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador Andújar solicita licencia desde el 3 de octubre al 1º de noviembre del presente año».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 25 de setiembre de 1995.

Cámara de Senadores
Sr. Presidente
Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Cúmpleme por la presente, solicitar licencia de acuerdo a la Ley Nº 16.465, Art. 1º Literal C, en el período comprendido desde el 3 de octubre al 1º de noviembre del presente año.

En el período mencionado realizaré un curso de actualización en Cirugía Urológica, en Institutos de Medicina de Dijon y Lyon, Francia.

Le saluda muy atentamente.

Dr. Jorge Andújar. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

A partir del 3 de octubre queda convocado el señor Julián Olascoaga, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

6) ESCRIBANO JOSE FRANCISCO JASO ANCHORENA. Su fallecimiento.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: quizás, mis palabras distraigan por unos minutos al Cuerpo de la consideración del tema que hemos fijado para tratar en el día de hoy, pero siento el imperativo moral de realizar una breve exposición relativa al fallecimiento del distinguido ciudadano Escribano José Francisco Jaso Anchorena.

El Escribano Jaso, como generalmente se le conocía y se le distinguía entre sus amigos y los medios en los que desarrolló su vida, además de ser un destacado profesional fue un dirigente gremial de larga militancia en el ámbito rural. Su hombría de bien, su talento, su modestia y su sencillez definían a un hombre de esos que aprende a valorar, por encima de las apariencias, la verdadera dignidad del ser humano.

Siendo un hombre de posición económica relativamente desahogada, no lo tentó la comodidad del egoísmo, sino que fue sensible a las inquietudes sociales. Hombre de bien definidas concepciones políticas; militante del Partido Nacional, trabajó en la Agrupación 400 que encabezaba el Doctor Washington Beltrán y, precisamente, fue suplente de éste. Con ese motivo se dio una curiosa circunstancia porque ingresó al Senado el 26 de junio de 1973 para suplir al Doctor Wáshington Beltrán que había solicitado licencia. Iniciada la sesión, aproximadamente las 17 horas, nos enterábamos a medianoche en esta misma Sala que desde el Poder Ejecutivo estaban preparados los decretos con los que se daba un funesto golpe sobre las instituciones democráticas del país.

Se recordará que en la madrugada del 27 de junio, en una improvisada sesión, luego de un largo cuarto intermedio, que presidió el entonces Senador Eduardo Paz Aguirre, todos los Senadores aquí presentes sentimos la obligación de levantar nuestra voz de protesta frente al arrasamiento de las instituciones democráticas.

Fue entonces cuando al cerrarse la sesión, después de señalar su brevísimo pasaje por el Senado y las definiciones que su grupo político en toda circunstancia había dado sobre la defensa de las libertades públicas, el Escribano Jaso terminó diciendo estas palabras: «Pocas horas han pasado pero no por pocas menos duras y dolorosas. En estos momentos, liberados del Reglamento y de todo protocolo, sólo queremos reiterar el juramento de defender las instituciones porque, en definitiva, no hemos sido ungidos por la ciudadanía popular para otra cosa que no sea para la defensa y el servicio de esas instituciones».

Con estas palabras terminaba su alocución el Escribano Jaso, en una definición que por cierto honró durante toda su vida con sus actitudes, cumpliendo con el deber ineludible de todo ciudadano uruguayo que sienta el amor por la libertad y por la defensa cerrada, permanente, pujante y valiente de las instituciones democráticas que han honrado la tradición nacional.

No quería permanecer en silencio, habiendo compartido con él aquella inolvidable sesión y habiéndolo conocido en la vida de relación social y política, en este momento en que el país pierde físicamente a tan distinguido ciudadano.

Formulo moción para que la versión taquigráfica de estas palabras, así como las que se viertan en Sala al respecto, sea trasmitida a los familiares del Escribano Jaso Anchorena.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Desearía que se trasmitiera también a la familia de ese distinguido ciudadano que fue el Escribano Jaso Anchorena, que los integrantes del Partido Colorado compartimos íntegramente, tanto lo que refiere a lo personal como a sus actitudes políticas, las expresiones aquí vertidas por el señor Senador Pereyra. En ese sentido, también formulamos moción para que las fundamentaciones de voto que realicen las distintas Bancadas -si las hubiere- se trasmitan junto a las palabras de dicho señor Senador a la familia del Escribano Jaso Anchorena.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Adhiero totalmente a las palabras expresadas, pero no lo hago impulsado por el profundo afecto que tenía hacia la persona que hoy homenajeamos, afecto que puedo decir se continuaba con una tradición familiar desde don Gregorio Jaso, quien tenía un comercio en Polanco que se visita a veces para observar cómo eran los comercios con rejas, detrás de las cuales se expendía. Doy mi voto afirmativo y acompaño la iniciativa por las condiciones excepcionales que como profesional, ciudadano y persona adornaron al Escribano Jaso Anchorena. Debo decir, si eso significa algo, que personalmente hice mis disposiciones testamentarias con su intervención. Tal es el profundo lazo de amistad, afecto y de alta consideración que he tenido por él.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en nombre de la Bancada del Frente Amplio queremos expresar nuestra adhesión a las palabras ya dichas en Sala, así como nuestra solidaridad a los familiares y a la Bancada del Partido Nacional, organización política a la que perteneció la persona tan importante que se acaba de homenajear.

7) OPERACION UNITAS XXXVI. Se autoriza a unidades de la Armada Nacional a realizar ejercicios navales combinados con unidades navales, aeronavales y personal de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos de América y del Reino de España. Proyecto de Ley.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Formulo moción en el sentido de que se declare urgente la consideración del Proyecto de Ley por el que se autoriza la Operación Unitas XXXVI.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa recuerda al Senado que se requiere mayoría absoluta de votos para que la moción resulte aprobada.

(Se vota:)

-15 en 23. Negativa.

8) FUNDACIONES. Se define su objeto y se reglamenta su funcionamiento. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de Ley por el que se establece la figura jurídica de las Fundaciones y los principios que la van a regir. (Carpeta Nº 105/95 - Repartido Nº 40/95 y Anexo II)».

(Ver 18ª S.O. del 16 de mayo de 1995)

(Antecedentes:)

«CAMARA DE SENADORES
Comisión de Constitución y
Legislación

INFORME

Al Senado:

Se trata de un Proyecto de Ley que el Cuerpo consideró en la pasada Legislatura y aprobó en forma unánime. Razón por la cual son válidas las consideraciones generales efectuadas en el Informe que acompañó al Proyecto en esa oportunidad, cuya copia se adjunta.

En este nuevo pasaje por la Comisión, ésta le introdujo diversas modificaciones puntuales, algunas de ellas recogiendo observaciones efectuadas por el Ministerio de Educación y Cultura en Comisión de Diputados, que a juicio de aquélla perfeccionaron el texto sin alterar su esencia.

Así por ejemplo:

a) Se incorporó al artículo 3º literal d) la posibilidad de que el estatuto contenga condiciones.

b) La redacción del numeral 2 del artículo 8º fue perfeccionada para asegurar aún la transparencia y fidelidad a los fines en el manejo de las Fundaciones.

c) De forma similar, se corrigió el artículo 11, reforzando el impedimento para que pueda utilizarse la figura jurídica como instrumento de beneficio económico.

d) Recogiendo una observación del Ministerio de Educación y Cultura se mejoró la redacción del artículo 12 que, en su versión original, abría un flanco no deseado de responsabilidad potencial (inciso final).

e) En el artículo 13 se acotó la posible capitalización por adquisición de títulos públicos a los nacionales (inciso primero).

f) La designación de liquidadores fue acortada en su número (artículo 16).

g) Se le otorgó a la autoridad de contralor la facultad -con debida causa- de revocar el acto de reconocimiento, competencia que en el texto original era atribuida al Poder Judicial.

h) Fue modificado el artículo 21 para contemplar de una forma más ajustada y coherente la situación de las Fundaciones existentes.

i) Por motivos de índole similar, fue perfeccionada la redacción del inciso primero del artículo 22.

Concluyendo, vuestra Comisión en un todo de acuerdo con el criterio evidenciado por el Senado al aprobar este tema en la anterior Legislatura, cree haber pulido aun más el cuerpo normativo, recomendando su aprobación por el Cuerpo.

Sala de la Comisión, el 4 de mayo de 1995.

Ignacio Posadas Montero (Miembro Informante), José Korzeniak Con Salvedades (artículos 8º y 22 y aditivo que se presentará en Sala), Luis Brezzo, Luis Eduardo Mallo Discorde, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Walter Santoro, Helios Sarthou Con salvedades (artículos 8º y 22 y aditivo que se presentará en Sala). Senadores.

INFORME

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación, recomienda la aprobación del Proyecto sustitutivo adjunto, por el que se crea y reglamenta el instituto de las Fundaciones, en mérito a lo que a continuación se expondrá.

Si bien en su mayoría revisten entidad (y se juzga que todas ellas contribuyen a perfeccionar el texto) las modificaciones introducidas en Comisión no alteraron el espíritu y la estructura del Proyecto original. En consecuencia, continúan siendo válidas las consideraciones contenidas en su exposición de motivos, a las que el presente informe se remite.

Sólo cabe aquí reiterar que el Proyecto, de ser sancionado, llenaría un vacío de nuestra actual legislación, incorporando un instituto socialmente valioso y de tradición secular en otros sistemas jurídicos. Con relación a este punto, también importa subrayar que si bien existen en nuestro medio instituciones bajo el nombre de «Fundación», las mismas tienen la estructura jurídica de asociaciones civiles. Estructura sustancialmente distinta a la de una Fundación y que ni constituyen un instrumento plenamente idóneo para alcanzar el fin perseguido, ni contemplan una de las formas en que comúnmente nace una Fundación (la disposición testamentaria).

Resumiendo este aspecto de fondo, nuestro país carece de un instrumento jurídico que permita, como sucede en otras sociedades, canalizar adecuadamente iniciativas altruistas, beneficiosas para la comunidad.

En el análisis del Proyecto original, vuestra Comisión utilizó el aporte de antecedentes tanto nacionales como extranjeros, destacándose entre los primeros un proyecto análogo remitido por el Poder Ejecutivo en la Legislatura anterior.

De ello y como fruto de las deliberaciones efectuadas, fueron introducidas las siguientes modificaciones:

Capítulo I. - ARTICULO 2º. Se rehizo su redacción, procurando definir con mayor claridad el momento en que se adquiere la personería jurídica, a efectos de evitar dificultades interpretativas, sobre las cuales existe experiencia en nuestro régimen jurídico.

Capítulo II. - ARTICULO 2º. Sin perjuicio de otras alteraciones en aras de perfeccionar el texto jurídicamente, se introdujo aquí el documento privado con firma certificada como instrumento idóneo de constitución. Con ello se pretende un mayor grado de flexibilidad compatible con exigencias mínimas de contralor y certeza a través de la intervención de Escribano público.

Asimismo, y por razones de técnica jurídica, el artículo referido al plazo de reconocimiento (4º, en la actual versión) fue colocado en este Capítulo, modificándose además su redacción para compatibilizar, mejor que el Proyecto original, la conveniencia del control con la de evitar que tal requisito se transforme en un freno o impedimento.

Capítulo III. Fueron modificados:

-el artículo 7º, en materia de quórum para funcionar (mayoría absoluta) e introduciendo la obligación de llevar actas;

-el artículo 8º, dejando a criterio del Juez la valoración de la responsabilidad;

-el artículo 9º, procurando un mejor equilibrio entre la preservación de la naturaleza altruista de las Fundaciones y la posibilidad de que éstas cuenten con los medios de tener quién las dirija con idoneidad y dedicación. La Comisión juzgó que el texto original era excesivamente rígido para tal objetivo;

-el artículo 10, con similar filosofía, eliminando un inciso adicional;

-el artículo 11, sustituyendo el mecanismo administrativo de recurso contra los vetos por otro en vía judicial y más expeditivo.

Finalmente el artículo 12 también fue objeto de cambios de redacción por motivos técnico-jurídicos.

Capítulo IV. - Se efectuó un perfeccionamiento sustancial en el artículo 13.2, que regula uno de los aspectos más importantes del tema: la situación de los bienes dejados por testamento a una Fundación aún no creada. La redacción sustitutiva de la Comisión da para ello una solución de mejor y más clara técnica jurídica.

En el Capítulo relativo a la Reforma de Estatutos y Disolución (IV), fue ajustado el texto del artículo 18 en su parte final.

Finalmente, el Capítulo VI de Disposiciones Generales sufrió cambios en el artículo 21 (limitando las posibilidades de contratación entre las Fundaciones y los fundadores o sus herederos); en el artículo 22 (regulación de las «Fundaciones» existentes) y, lo más importante, en el artículo 23, regulando el caso de las Fundaciones extranjeras en una forma técnica más depurada y práctica.

Respecto del régimen tributario, de conformidad con la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, las Fundaciones serán consideradas de la misma forma que las asociaciones.

Se suman así, a los argumentos esbozados en la exposición de motivos, el hecho de haber sido perfeccionado el instrumento jurídico en forma tal de merecer, a juicio de esta Comisión, el voto favorable del Senado.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 1990.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, José Korzeniak, Américo Ricaldoni, Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

Artículo 1º. - (Objeto). Las Fundaciones son personas jurídicas reconocidas como tales por la autoridad competente que se constituyen mediante el aporte de bienes, derechos o recursos realizados por una o más personas físicas o jurídicas y que persiguen un objeto de bien común, sin propósito de lucro.

CAPITULO II

CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO

Artículo 2º. - (Constitución). Las Fundaciones se constituyen por:

a) acto entre vivos, documentado en instrumento público otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial, o;

b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes, derechos o recursos que se aportan y el o los fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación.

Si en el acto de constitución se estableciera que los estatutos deberán contener alguna disposición expresamente vedada por la Ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Art. 3º. - (Reconocimiento). El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación, a cuyos efectos se presentará

A) El instrumento público referido en el artículo 2º de la presente Ley o el testamento correspondiente.

B) Detalle de los bienes, derechos o recursos aportados.

C) Proyecto de los estatutos que contendrá:

a) Nombre y domicilio de la Fundación.

b) Determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución.

c) Capital inicial, integración y recursos futuros.

d) Plazo y condiciones si estuviere sometido a los mismos.

e) Organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones.

f) Disposiciones para la reforma del estatuto.

g) Fecha de cierre del ejercicio anual.

h) Casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes.

i) Designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.

CAPITULO III

ORGANOS Y ADMINISTRACION

Artículo 4º. - (Consejo de Administración). El gobierno y administración de las Fundaciones estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Art. 5º. - (Integración). Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar con miembros permanentes o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometida a personas físicas o jurídicas o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes, o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan, requiriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en todos los casos y aun cuando existiere disposición estatutaria en contrario, dicha designación será por el término de un año, prorrogable si perdurara la situación que obligó a efectuarla.

Art. 6º. - (Funcionamiento del Consejo). El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que se establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, el quórum para sesionar será de la mayoría absoluta de los componentes y las decisiones serán adoptadas por mayoría de presentes salvo en lo previsto en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.

En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto doble.

Art. 7º. - (Deberes de los miembros del Consejo). Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la Fundación y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad o apartamiento del fin de la institución que adviertan.

En caso de quedar cargos vacantes en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que, por cualquier causa, no se realizare la designación correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el estatuto en el plazo de sesenta días.

Los miembros serán civilmente responsables de todo daño o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración será evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Art. 8º. - (Derechos de los miembros). Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

1) A participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto.

2) A percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir beneficios de cualquier clase de la Fundación.

Si se hubiere previsto el pago de alguna remuneración, el monto total anual de la misma, no podrá superar el cinco por ciento, a valores constantes, de los fondos utilizados por la Fundación en el período anual anterior para cumplir con su objeto.

3) A solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 16 la actuación de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la Fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Art. 9º. - (Cese y remoción de los Consejeros). Los Consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecidas por el fundador.

Salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración, podrá, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, remover de su cargo a un Consejero, cuando éste cometa actos violatorios de la ley, o del estatuto, cuando sobrevenga alguna causal de incompatibilidad o cuando se desentienda de los asuntos de la Fundación pese a las advertencias que le realice el Consejo. Todo ello sin perjuicio del afectado a ejercer su defensa.

Art. 10. - (Derecho de veto). Los estatutos podrán conferir a uno o más Consejeros, sean permanentes o a término, el derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los Consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada podrán ocurrir ante la autoridad competente cuando el resultado de la oposición resulte contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte del objeto de la Fundación.

Art. 11. - (Prohibiciones). Los miembros del Consejo de Administración no podrán, con la Fundación de la que son Consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años, por sí ni por interpuesta persona, contratar o mantener relación comercial, profesional o laboral alguna que les provoque un beneficio económico para su persona.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del Consejero y a sus familiares ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas a las que se encuentre vinculado o lo haya estado en los últimos cinco años.

En caso de mediar disposición estatutaria en contrario, la misma será válida, pero en caso de aplicarse la misma, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 2) del artículo 8º de la presente Ley.

CAPITULO IV

PATRIMONIO DE LA FUNDACION

Artículo 12. - (Aportes).

12.1.- (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetas a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

12.2.- (Aportes realizados por disposición testamentaria). - En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria, se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador, si se trata de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la Fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste, de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el reconocimiento referido.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la Fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento requerido.

12.3. - (Intervención del Ministerio Público).- En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una Fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación y podrá solicitar al Tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

12.4.- (Plazo para el reconocimiento). - En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a Fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 17.

12.5.- (Responsabilidad). - Si se diera la situación prevista en el inciso segundo del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a Fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en el artículo 842 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación.

Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación cuando los albaceas, herederos o legatarios demuestren que han intentado cumplir con sus obligaciones respecto a la entrega de los bienes y que la misma les ha resultado imposible.

Art. 13.- (Patrimonio insuficiente). - Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la Fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la misma, podrá proceder conforme lo dispuesto en el artículo 16, o intentar la capitalización de la Fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública nacional, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la presente Ley.

Art. 14. - (Acumulación de capital). - La mayor parte de los recursos anuales de la Fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto, y sólo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución y que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capitales. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la autorización de la autoridad administrativa de contralor.

CAPITULO V

REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCION DE LA FUNDACION

Artículo 15. - (Reforma de estatutos). - Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su reconocimiento de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de diez días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estatutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la Fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 13 de la presente Ley.

Art. 16. - (Disolución de la Fundación).

16.1.- (Resolución). La disolución de la Fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de disposición estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse alguna de las causales previstas en el numeral siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática, la disolución será declarada por el Tribunal competente, a instancia del fundador, de algún miembro del Consejo de Administración, del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

16.2.- (Causales de disolución). Son causales de disolución de las Fundaciones:

a) La finalización del plazo establecido por el fundador si es que existe previsión al respecto;

b) cuando por cualquier causa deviniera imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentra impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c) si resulta manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, y sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la Fundación y de lo previsto en el artículo 13 de esta Ley;

d) por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el Tribunal competente;

e) las establecidas como tales por el fundador.

16.3.- (Liquidación). Resuelta la disolución de la Fundación, y salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración designará un máximo de tres liquidadores de entre sus miembros.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del numeral 1 del presente artículo, y en aquellos casos en que los consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el Tribunal procederá a la designación de los mismos.

Art. 17. - (Destino de los bienes). El remanente que resulte de la liquidación de la Fundación, tendrá el destino establecido por el fundador en los estatutos y en caso de que el mismo resulte imposible o que no exista previsión al respecto, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá la situación, destinando los bienes a una persona jurídica de derecho público o privado, sin fines de lucro, que desarrolle en el país una actividad similar o afín con el objeto de la fundación.

CAPITULO VI
REGIMEN DE CONTRALOR

Artículo 18. -

18.1.- (Autoridad administrativa y contralor). El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las Fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

18.2.- (Contabilidad). Las Fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

La reglamentación establecerá la forma en que la misma será controlada por la autoridad administrativa de contralor.

18.3. - (Memoria anual). El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la Fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos.

Art. 19. - (Atribuciones de la autoridad de contralor). Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente Ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

1) Solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en el artículo 18.1. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la Fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor.

2) A percibir e intimar a las autoridades de la Fundación cuando constate cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la ley o en los estatutos.

3) Promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En casos graves, en los que peligre el patrimonio de la Fundación en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para el que la institución fue creada o cuando se constate que la Fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra los responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes y la intervención de la Fundación ante el Tribunal competente.

4) Podrá asimismo, en los casos en que refiere el inciso anterior revocar el acto de reconocimiento de la personalidad jurídica.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20. - (Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). Todo negocio entre la Fundación y sus fundadores o sus herederos, ascendientes o descendientes, colaterales hasta el segundo grado, salvo las donaciones que de éstos recibiera la Fundación, deberá ser comunicada previamente a la autoridad administrativa de contralor que podrá ejercer sus atribuciones cuando dicho negocio sea ilegal o constituya una desnaturalización del objeto de la Fundación.

Toda resolución del Consejo de Administración que directa o indirectamente, beneficie al fundador o a sus herederos, estará sometida al régimen previsto en el inciso anterior.

Art. 21. - (Protección del nombre). Queda prohibida la utilización de la expresión «Fundación» en el nombre o publicidad de toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente Ley.

Las personas jurídicas que a la fecha de vigencia de esta Ley utilicen el nombre de «Fundación» y no se ajusten a lo establecido en aquélla, dispondrán de un plazo de un año para cumplir con las disposiciones legales. De no hacerlo, al vencimiento del plazo les será aplicado lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.

Art. 22. - (Fundaciones extranjeras). Las Fundaciones constituidas en el extranjero, sólo podrán actuar en la República cuando cumplan con el objeto y los principios establecidos en la presente Ley y obtengan el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, las Fundaciones extranjeras que actúen en el país dispondrán de un plazo de un año para regular su situación.

Art. 23. - (Plazo para el reconocimiento). El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de esta Ley.

Si vencido el plazo referido en el inciso anterior, el Ministerio de Educación y Cultura no se hubiera pronunciado, se entenderá aceptada la solicitud y se procederá a la inscripción en el Registro correspondiente.

Art. 24. - (Registro de Fundaciones). El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro actualizado y público, en que figurará cada una de las Fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida de la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente.

Sala de la Comisión, el 4 de mayo de 1995.

Ignacio Posadas Montero (Miembro Informante), José Korzeniak con salvedades (artículo 8º y 22 y aditivo que se presentará en Sala), Luis Brezzo, Luis Eduardo Mallo (discorde), Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Walter Santoro y Helios Sarthou con salvedades (artículo 8º y 22 y aditivo que presentará en Sala). Senadores.

DISPOSICIONES CITADAS

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Artículo 317. Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el Diario Oficial.

Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.

Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por la mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.

Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la Ley.

CODIGO CIVIL

804 - 817 842. Son indignos y como tales, no pueden adquirir por testamento (artículo 1012):

1º El condenado en juicio por crimen o tentativa de homicidio contra la persona de cuya herencia se trata, contra el cónyuge y contra los descencientes de ella.

Si alguno de los herederos forzosos incurre en esta causa de indignidad, pierde también su legítima.

2º El heredero varón y mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del difunto, no la denuncia dentro de sesenta días a la justicia, cuando ésta no ha procedido ya de oficio sobre ella.

Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, hermano o mujer del heredero, cesará en éste la obligación de denunciar.

3º El que voluntariamente acusó o denunció al difunto de un delito capital.

4º El pariente que, sabiendo ser heredero presuntivo del difunto y hallándose éste demente y abandonado, no cuida de recogerle o hacerle recoger en un establecimiento público.

5º El que para heredar estorbó, por fuerza o fraude, que el difunto hiciera testamento, o revocara el ya hecho, o sustrajo éste o forzó al difunto para testar.

Las causas de indignidad, expresadas en este artículo, comprenden también a los legatarios.

B.: Indignidad.
J.: Indignidad.

974 - 987 1012. Lo dispuesto en el Capítulo II del Título anterior sobre incapacidad o indignidad para recibir
por testamento, tiene lugar respectivamente en las herencias intestadas.

PARTE SEGUNDA
DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS
CONTRATOS

B.: Contratos
TITULO I
DE LAS DONACIONES

Capítulo I

De la naturaleza de la donación y de sus diferentes especies

1574 - 1587 1613. La donación entre vivos es un contrato por el cual el donante, ejerciendo un acto de
liberalidad, se desprende desde luego e irrevocablemente del objeto donado en favor del donatario que lo acepta.

N.C.: 2182 Inc. 2.
B.: Donación.
J.: Donación.

1575 - 1588 1614. Las donaciones hechas para después de la muerte del donante quedan sujetas a las reglas
establecidas para las últimas voluntades.

B.: Donación.
J.: Donación.

1576 - 1589 1615. La donación entre vivos puede ser simple, onerosa y remuneratoria.
Se requiere en la donación onerosa que el modo o gravamen impuesto al donatario y apreciable en dinero no sea equivalente al valor del objeto donado.

B.: Donación.

1577 - 1590 1616. Puede donar entre vivos toda persona que la ley no haya declarado inhábil.

Son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes, salvo en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben. (Artículos 831 y 1656, inciso 2º).

N.C.: 271 Nº 2, 412 Nº 5, 1657, 2056.
J.: Autorización judicial; Donación.

1578 - 1591 1617. Toda persona legalmente capaz de recibir por testamento, lo es en iguales términos y con  las
mismas limitaciones para recibir por donación. (Artículos 834 y siguientes).

1579 - 1592 1618. La capacidad del donante debe ser juzgada respecto al momento en que se hizo la  donación,
salvo los casos indicados en el artículo 1268.
La capacidad del donatario será juzgada respecto al momento de aceptar la donación. Si ésta fuese condicional, esto es, bajo una condición suspensiva, se atenderá además al tiempo en que la condición se cumpliere.

Capítulo II

Del modo de hacerse las donaciones

1580 - 1593 1619. No valdrá la donación entre vivos de cualquier clase de bienes inmuebles, si no es otorgada
por escritura pública. (Artículo 1664).

En las donaciones de bienes muebles se observará lo dispuesto en el Título Del modo de probar las obligaciones.

N.C.: 1560.
J.: Donación.

1581 - 1594 1620. Mientras la donación no ha sido aceptada y se ha hecho conocer la aceptación al donante,
podrá éste revocarla a su arbitrio.

N.D.: 1264, 1265.

1582 - 1595 1621. Las donaciones de que habla el inciso 1º del artículo 1619 deben ser aceptadas por el donatario
en la misma escritura. Si estuviere ausente, por otra escritura de aceptación que se hará saber en forma auténtica al donante.

N.D.: 1265; N.E.: 1646.

1583 - 1596 1622. El donatario debe aceptar por sí mismo o por medio de quien tenga su poder especial para el
caso, o poder general para la administración de sus bienes.

N.C.: 2054, 2056.

1584 - 1597 1623. Los que tienen facultad para aceptar herencias y mandas hechas a individuos que están sujetos
a la patria potestad, tutela o curaduría, a los pobres (artículo 1058) y a cualquiera persona jurídica, podrán también aceptar en su nombre respectivamente las donaciones que se les hicieren.

N.C.: 21, 400.

1585 - 1598 1624. La mujer casada no puede aceptar donaciones sino en la forma prevenida en el artículo 1054,
inciso 1º.

L.: Derechos Civiles de la Mujer.

Capítulo III
De los límites y efectos de la donación

1586 - 1599 1625. Nadie puede hacer donación de todos sus bienes, aunque la limite a los presentes.

Pero si el donante se reservase lo suficiente para su congrua manutención, a título de alimentos, usufructo u otro semejante, será válida la donación.

En todos los casos será nula respecto de los bienes futuros. (Artículos 913, 1283 y 1651).

N.A.: 2332; N.D.: 1671.

En los bienes presentes se comprenden todas las cosas o valores, con relación a los cuales el donante puede conferir desde luego un derecho cierto.

B.: Donación; Usufructo.

1587 - 1600 1626. Prohíbese donar entre vivos más de aquello de que pudiera disponerse libremente por última
voluntad. (Artículo 887).

Se podrá donar la propiedad a una persona y el usufructo a otra u otras, con las limitaciones prescriptas por regla general en el Capítulo I, Título III del Libro Segundo.

J.: Donación.

1588 - 1601 1627. En caso de que el donante se haya reservado la facultad de disponer a su arbitrio de alguna
cosa comprendida en la donación o de una cantidad fija sobre los bienes donados, si muere sin disponer de dicha cosa o cantidad, pertenecerá a sus herederos, sean cuales fueren las cláusulas en contrario.

J.: Donación.

1589 - 1602 1628. Podrá pactarse la reversión en favor de sólo el donante para cualquier caso y circunstancias;
pero no en favor de otra persona sino en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina este Código para la sustitución testamentaria. El derecho de reversión nunca se presume.

N.C.: 858.
J.: Donación.

1590 - 1603 1629. El donante no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas si no lo hubiese estipulado.
(Artículo 1952).

Con todo, si se ha impuesto al donatario un gravamen pecuniario o apreciable en dinero, tendrá siempre derecho para que se le reintegre lo que haya invertido en cubrirlo, con los intereses corrientes que no resultaren compensados por los frutos de la cosa donada.

 

1591 - 1604 1630. El donante reconvenido para el cumplimiento de la donación goza del beneficio de
competencia. (Artículo 1495).

Capítulo IV
De la rescisión, revocación y reducción
de las donaciones

1592 - 1605 1631. No se resuelve la donación entre vivos por que después de ella le hayan nacido al donante uno
o más hijos legítimos, a no ser que esta condición resolutoria se haya expresado en la escritura de donación.

1593 - 1606 1632. La donación onerosa es rescindible cuando el donatario estuviere en mora de cumplir las
obligaciones que se le han impuesto. En este caso, tendrá derecho el donante, o para que se obligue al donatario al cumplimiento, o para que se rescinda la donación.

Ejercitándose la acción rescisoria, será considerado el donatario como poseedor de mala fe para la restitución de las cosas donadas y los frutos, siempre que, sin causa grave, hubiese dejado de cumplir la carga impuesta.

Pero se abonará al donatario lo que haya invertido en el desempeño de su obligación y de que se aprovechare el donante.


1594 - 1607 1633. La acción rescisoria concedida por el artículo anterior terminará en cuatro años desde el día en
que el donatario haya sido constituido en mora de cumplir la obligación impuesta.

En lo demás que no se oponga a lo dispuesto en este artículo y el anterior, se observarán las reglas ya dadas sobre la condición resolutoria.

N.C.: 1336, 1427 y ss.

1595 - 1608 1634. La donación simple puede ser revocada a instancia del donante por causa de ingratitud, en los
casos siguientes:

1º Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, honra o bienes del donante.

2º Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar al procedimiento de oficio, aunque lo pruebe, a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su mujer o hijos constituidos bajo su potestad.

Ni la donación onerosa ni la remuneratoria se pueden revocar por causa de ingratitud.

N.E.: 1649.

1596 - 1609 1635. La acción revocatoria por ingratitud se prescribe por un año contado desde que pudo el
donante conocer el hecho ofensivo

1597 - 1610 1636. No se transmitirá esta acción a los herederos del donante si éste, pudiendo, no la hubiere
dejado intentada

Tampoco podrá ejercitarse contra el heredero del donatario, a no ser que, a la muerte de este, se hallare intentada contra él.


1598 - 1611 1637. También cesa la acción revocatoria cuando ha mediado remisión expresa o tácita de la ofensa.
La ejecución voluntaria de la donación por parte del donante o sus herederos en una época en que tenían ya conocimiento de la ofensa, importará remisión tácita de ella.

1599 - 1612 1638. La revocación por ingratitud será sin perjuicio de las enajenaciones hechas por el donatario y
de los derechos reales que hubiere constituido sobre la cosa donada antes de interponerse la demanda revocatoria.

En caso de revocación, será condenado el donatario a la restitución del valor de las cosas enajenadas con arreglo al tiempo de la demanda; y si las entregase en especie, pero gravadas, a la indemnización del donante por el menos valor de ellas.

Además, será condenado a la devolución de los frutos, desde el día de la demanda.


1600 - 1613 1639. Las donaciones que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1626 tengan el carácter de
inoficiosas,  hecho el cálculo general de los bienes del donante al tiempo de su muerte (889) podrán reducirse en cuanto al exceso, a instancia de los herederos forzosos ya sea que estos hayan aceptado la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario.

Para la reducción de las donaciones se estará a lo dispuesto en los artículos 889 y 890 y en el Capítulo V, Título VI del Libro Tercero.

N.C.: 1100, 1108, 1112.

J.: Reducción de donaciones.
B.: Donación.

1601 - 1614 1640. Si las donaciones no cupieren todas en la porción disponible, se suprimirán o reducirán las más
recientes por el orden posterior de la fecha de su otorgamiento en lo que resultare exceso.

La insolvencia del donatario ocurrida en vida del donante gravará proporcionalmente a los otros donatarios y al heredero. (Artículo 1112).

En este caso no entrarán en el cálculo general de bienes (889) el valor de la donación hecha al insolvente, sin perjuicio de que si viniere después a mejor fortuna sea obligado a reintegrar a los otros donatarios y al heredero de lo que les hizo perder el estado de insolvencia.

B.: Donación.

1602 - 1615 1641. La donación onerosa que impone al donatario un gravamen pecuniario o apreciable en dinero,
sólo es reducible hasta concurrencia de la liberalidad contenida en ella.

Las donaciones remuneratorias siguen la regla de las simples.


1603 - 1616 1642. La reducción no obstará para que las donaciones tengan efecto durante la vida del que las hizo
y pertenezcan los frutos al donatario.

N.C.: 733.

1604 - 1617 1643. Se extinguirá en todos casos la acción de reducción por el transcurso de cuatro años, contados
desde que se abrió la sucesión del donante.

N.C.: 1037.

Capítulo V
De las donaciones por causa de matrimonio

SECCION I
Disposiciones generales

1605 - 1618 1644. Donaciones por causa de matrimonio son las que se hacen en consideración a este y antes de
celebrarse, en favor de los esposos o uno de ellos

1606 - 1619 1645. En cuanto no se halle especialmente determinado en este capítulo, las donaciones por causa de
matrimonio se sujetarán a las reglas generales de las donaciones.

1607 - 1620 1646. Las donaciones por causa de matrimonio no pueden ser atacadas ni anuladas por falta de
aceptación expresa.

N.D.: 1621.

1608 - 1621 1647. En toda donación por causa de matrimonio se subentiende la condición de celebrarse este.

N.C.: 1424.

1609 - 1622 1648. En el caso de declararse nulo el matrimonio, subsistirán las donaciones hechas en favor del
cónyuge o cónyuges que procedieron de buena fe.

Si uno solo de los cónyuges procedió de mala fe, las donaciones que le hubieren sido hechas recaerán en sus hijos.

Cuando fue común a ambos cónyuges la mala fe, quedarán sin efecto las donaciones.

N.C.: 208, 211; N.D.: 179.

1610 - 1623 1649. Las donaciones por causa de matrimonio no podrán ser revocadas por ingratitud.

N.D.: 1634.

1611 - 1624 1650. Estas donaciones podrán hacerse con la condición de que el donatario pague las deudas del
donante sin determinarlas, o con otras condiciones dependientes de la voluntad de este; y en tal caso tendrá aquel opción para cumplir la condición y el pago de las deudas o para renunciar la donación.

N.C.: 1294; N. A.: 1789, 1837, 1887, 1894, 1933, 2080, 2234, 2237, 2251, 2258, 2268, 2358.

SECCION II

De las donaciones por causa de matrimonio hechas
para después de la muerte del donante

1612 - 1625 1651. Los principios establecidos en los artículos 1285 y 1625 admiten excepción respecto de las
donaciones por causa de matrimonio, las cuales pueden hacerse del todo o parte de los bienes que el donante dejare a su muerte.

En todos los casos el donante ha de ser capaz de hacer donación con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo I de este Título.

N. C.: 179, 1648.

B.: Donación por causa de matrimonio.

1613 - 1626 1652. El donante no podrá revocar esta clase de donaciones, ni enajenar a título gratuito los objetos
comprendidos en ellas, si no es en pequeños valores para recompensa de servicios o por otras justas consideraciones.

En cuanto a disponer de dichos bienes por título oneroso, conservará la facultad de hacerlo, sean cuales fueren las cláusulas o estipulaciones en contrario.


1614 - 1627 1653. Las donaciones de que se trata subsistirán aun en el caso de que el donante sobreviva al
donatario, siempre que éste dejare hijos o descendientes del matrimonio en cuya consideración hubieren sido otorgadas.

Si no hubiere dejado hijos o descendientes o éstos fuesen de otro matrimonio posterior, el donante podrá revocar la donación por acto entre vivos o por testamento.


1615 - 1628 1654. Lo dispuesto en el primer inciso del artículo anterior se entenderá para el caso de que el
donante no hubiere excluido expresamente a los hijos o descendientes del donatario.

En todos los casos, el donatario que sobrevive al donante podrá disponer libremente de los bienes donados.


1616 - 1629 1655. El derecho de acrecer, regulado por lo que se determina en el Capítulo II, Título VI del Libro
III, en cuanto no se oponga a las disposiciones de la presente Sección, tiene lugar entre los esposos a quienes se hubiere donado conjuntamente alguna cosa.

N.C.: 1044, 1953.

SECCION III

De las donaciones matrimoniales de un esposo a otro

1617 - 1630 1656. Los esposos pueden hacerse donaciones recíprocamente, o uno de ellos al otro, antes de
contraer matrimonio, de los bienes presentes o de los que dejaren a la muerte.

En caso de ser alguno de ellos menor de edad (artículos 831 y 1616), les bastará que concurran al otorgamiento la persona o personas de cuyo consentimiento necesita el menor para contraer matrimonio; debiendo observarse lo dispuesto en el Capítulo I, Título VII. De la sociedad conyugal.

N.C.: 106, 107, 179, 1648, 1956.

1618 - 1631 1657. Toda donación de un cónyuge a otro, durante el matrimonio, será nula.

No se comprende en esta regla los regalos módicos que los casados acostumbran a hacerse en ocasiones de regocijo para la familia.

N.C.: 179.
B.: Contratación entre cónyuges.

1619 - 1632 1658. Lo dispuesto en el artículo 1653 se aplica a las donaciones matrimoniales o entre esposos, si
son de los bienes que el donante dejare al morir.

1620 - 1633 1659. Las donaciones entre esposos (artículo 1656) no pueden exceder de la medida fijada en el
artículo 887

1621 - 1634 1660. Se tendrá por simulada y por consiguiente nula la donación hecha durante el matrimonio, por
uno de los cónyuges a los hijos que el otro cónyuge tenga de diverso matrimonio o a las personas de quienes éste sea heredero presuntivo al tiempo de la donación.

«CAMARA DE SENADORES
Comisión de Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

Artículo 1º. - (Objeto). Las Fundaciones son personas jurídicas reconocidas como tales por la autoridad competente que se constituyen mediante el aporte de bienes, derechos o recursos realizados por una o más personas físicas o jurídicas y que persiguen un objeto de bien común, sin propósito de lucro.

CAPITULO II

CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO

Artículo 2º. - (Constitución). Las Fundaciones se constituyen por:

a) acto entre vivos, documentado en instrumento público otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial, o;

b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes, derechos o recursos que se aportan y el o los fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación.

Si en el acto de constitución se estableciera que los estatutos deberán contener alguna disposición expresamente vedada por la Ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Art. 3º. - (Reconocimiento). El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación, a cuyos efectos se presentará:

A) El instrumento público referido en el artículo 2º de la presente Ley o el testamento correspondiente.

B) Detalle de los bienes, derechos o recursos aportados.

C) Proyecto de los estatutos que contendrá:

a) Nombre y domicilio de la Fundación.

b) Determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución.

c) Capital inicial, integración y recursos futuros.

d) Plazo y condiciones si estuviere sometido a los mismos.

e) Organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones.

f) Disposiciones para la reforma del estatuto.

g) Fecha de cierre del ejercicio anual.

h) Casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes.

i) Designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.

CAPITULO III

ORGANOS Y ADMINISTRACION

Artículo 4º. - (Consejo de Administración). El gobierno y administración de las Fundaciones estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Art. 5º. - (Integración). Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar con miembros permanentes o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometida a personas físicas o jurídicas o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes, o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan, requiriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en todos los casos y aun cuando existiere disposición estatutaria en contrario, dicha designación será por el término de un año, prorrogable si perdurara la situación que obligó a efectuarla.

Art. 6º. - (Funcionamiento del Consejo). El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que se establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, el quórum para sesionar será de la mayoría absoluta de los componentes y las decisiones serán adoptadas por mayoría de presentes salvo en lo previsto en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.

En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto doble.

Art. 7º. - (Deberes de los miembros del Consejo). Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la Fundación y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad o apartamiento del fin de la institución que adviertan.

En caso de quedar cargos vacantes en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que, por cualquier causa, no se realizare la designación correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el estatuto en el plazo de sesenta días.

Los miembros serán civilmente responsables de todo daño o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración será evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Art. 8º. - (Derechos de los miembros). Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

1) A participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto.

2) A percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir beneficios de cualquier clase de la Fundación.

Si se hubiere previsto el pago de alguna remuneración, el monto total anual de la misma, no podrá superar el cinco por ciento, a valores constantes, de los fondos utilizados por la Fundación en el período anual anterior para cumplir con su objeto.

3) A solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 16 la actuación de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la Fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Art. 9º. - (Cese y remoción de los Consejeros). Los Consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecidas por el fundador.

Salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración, podrá, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, remover de su cargo a un Consejero, cuando éste cometa actos violatorios de la ley, o del estatuto, cuando sobrevenga alguna causal de incompatibilidad o cuando se desentienda de los asuntos de la Fundación pese a las advertencias que le realice el Consejo. Todo ello sin perjuicio del afectado a ejercer su defensa.

Art. 10. - (Derecho de veto). Los estatutos podrán conferir a uno o más Consejeros, sean permanentes o a término, el derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los Consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada podrán ocurrir ante la autoridad competente cuando el resultado de la oposición resulte contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte del objeto de la Fundación.

Art. 11. - (Prohibiciones). Los miembros del Consejo de Administración no podrán, con la Fundación de la que son Consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años, por sí ni por interpuesta persona, contratar o mantener relación comercial, profesional o laboral alguna que les provoque un beneficio económico para su persona.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del Consejero y a sus familiares ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas a las que se encuentre vinculado o lo haya estado en los últimos cinco años.

En caso de mediar disposición estatutaria en contrario, la misma será válida, pero en caso de aplicarse la misma, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 2) del artículo 8º de la presente Ley.

CAPITULO IV

PATRIMONIO DE LA FUNDACION

Artículo 12. - (Aportes).

12.1.- (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetas a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

12.2.- (Aportes realizados por disposición testamentaria). -

En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria, se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador, si se trata de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la Fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste, de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el reconocimiento referido.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la Fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento requerido.

12.3. - (Intervención del Ministerio Público).- En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una Fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación y podrá solicitar al Tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

12.4.- (Plazo para el reconocimiento). - En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a Fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 17.

12.5.- (Responsabilidad). - Si se diera la situación prevista en el inciso segundo del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a Fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en el artículo 842 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación.

Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación cuando los albaceas, herederos o legatarios demuestren que han intentado cumplir con sus obligaciones respecto a la entrega de los bienes y que la misma les ha resultado imposible.

Art. 13.- (Patrimonio insuficiente). - Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la Fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la misma, podrá proceder conforme lo dispuesto en el artículo 16, o intentar la capitalización de la Fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública nacional, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la presente Ley.

Art. 14. - (Acumulación de capital). - El 75% de los recursos anuales de la Fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto, y sólo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución y que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capitales. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la autorización de la autoridad administrativa de contralor.

CAPITULO V

REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCION DE LA FUNDACION

Artículo 15. - (Reforma de estatutos). - Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su reconocimiento de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de diez días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estatutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la Fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 13 de la presente Ley.

Art. 16. - (Disolución de la Fundación).

16.1.- (Resolución). La disolución de la Fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de disposición estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse alguna de las causales previstas en el numeral siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática, la disolución será declarada por el Tribunal competente, a instancia del fundador, de algún miembro del Consejo de Administración, del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

16.2.- (Causales de disolución). Son causales de disolución de las Fundaciones:

a) La finalización del plazo establecido por el fundador si es que existe previsión al respecto;

b) cuando por cualquier causa deviniera imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentra impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c) si resulta manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, y sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la Fundación y de lo previsto en el artículo 13 de esta Ley;

d) por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el Tribunal competente;

e) las establecidas como tales por el fundador.

16.3.- (Liquidación). Resuelta la disolución de la Fundación, y salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración designará un máximo de tres liquidadores de entre sus miembros.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del numeral 1 del presente artículo, y en aquellos casos en que los consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el Tribunal procederá a la designación de los mismos.

Art. 17. - (Destino de los bienes). Los estatutos podrán establecer que el remanente que resulte de la liquidación se destine a otra entidad o entidades sin fines de lucro que desarrollen en el país actividades similares o afines a la de la Fundación disuelta.

En ausencia de tal previsión o si la misma fuera de cumplimiento imposible, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá la situación destinando el remanente como lo indica el inciso anterior.

CAPITULO VI

REGIMEN DE CONTRALOR

Artículo 18. -

18.1.- (Autoridad administrativa de contralor). El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las Fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

18.2.- (Contabilidad). Las Fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

La reglamentación establecerá la forma en que la misma será controlada por la autoridad administrativa de contralor.

18.3. - (Memoria anual). El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la Fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos.

Art. 19. - (Atribuciones de la autoridad de contralor). Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente Ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

1) Solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en los artículos 18.1. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la Fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor.

2) A percibir e intimar a las autoridades de la Fundación cuando constate cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la Ley o en los estatutos.

3) Promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la Ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En casos graves, en los que peligre el patrimonio de la Fundación en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para el que la institución fue creada o cuando se constate que la Fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra los responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes y la intervención de la Fundación ante el tribunal competente.

4) Podrá asimismo, en los casos en que refiere el inciso anterior revocar el acto de reconocimiento de la personalidad jurídica.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20. - (Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). Todo negocio entre la Fundación y sus fundadores o sus herederos, ascendientes o descendientes, colaterales hasta el segundo grado, salvo las donaciones que de éstos recibiera la Fundación, deberá ser comunicada previamente a la autoridad administrativa de contralor que podrá ejercer sus atribuciones cuando dicho negocio sea ilegal o constituya una desnaturalización del objeto de la Fundación.

Toda resolución del Consejo de Administración que directa o indirectamente, beneficie al fundador o a sus herederos, estará sometida al régimen previsto en el inciso anterior.

Art. 21. - (Protección del nombre). Queda prohibida la utilización de la expresión «Fundación» en el nombre o publicidad de toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente Ley.

Las personas jurídicas que a la fecha de vigencia de esta Ley utilicen el nombre de «Fundación» y no se ajusten a lo establecido en aquélla, dispondrán de un plazo de un año para cumplir con las disposiciones legales. De no hacerlo, al vencimiento del plazo les será aplicado lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.

Art. 22. - (Fundaciones extranjeras). Las Fundaciones constituidas en el extranjero, sólo podrán actuar en la República cuando cumplan con el objeto y los principios establecidos en la presente Ley y obtengan el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, las Fundaciones extranjeras que actúen en el país dispondrán de un plazo de un año para regular su situación.

Art. 23. - (Plazo para el reconocimiento). El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de esta Ley.

El plazo podrá suspenderse, por única vez, si a juicio del Ministerio de Educación y Cultura fuera necesario demandar información adicional, reanudándose cuando se haya presentado la misma.

Si vencido el plazo referido en el inciso primero, el Ministerio de Educación y Cultura no se hubiera pronunciado, se entenderá aceptada la solicitud y se procederá a la inscripción en el Registro correspondiente.

Art. 24. - (Registros de Fundaciones). El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro actualizado y público, en que figurará cada una de las Fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida de la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente.

Sala de la Comisión, el 7 de setiembre de 1995.

Ignacio Posadas Montero (Miembro Informante Verbal), Luis Brezzo, José Korzeniak (Con algunas salvedades que expondrá en Sala), Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Walter Santoro, Helios Sarthou (Con salvedades). Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el Proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Como los señores Senadores recordarán, luego de agotada en el Senado la etapa de la discusión general, este Proyecto volvió a la Comisión a pedido del señor Senador Michelini, quien hizo llegar a ésta, por escrito, algunas inquietudes concretas para que fueran consideradas específicamente.

Por ese motivo, creo que no cabe reiterar aquí los conceptos más generales del informe ni, en su caso, reiterar la discusión general.

Señalo, asimismo, que con posterioridad a recibir por segunda vez el Proyecto en la Comisión, el señor Ministro de Educación y Cultura manifestó su interés en visitarnos. Así se hizo y en esa oportunidad el señor Ministro expresó, en primer lugar, su apoyo al proyecto y luego formuló algunas sugerencias puntuales que, en ciertos casos, coincidían con los aspectos que el señor Senador Michelini hizo llegar a la Comisión.

En resumen, en esta segunda etapa la Comisión centró su análisis en esos nuevos elementos que por los dos caminos que señalé le fueron presentados, y es a ellos, específicamente, que me referiré -reitero- habiendo sido los aspectos generales ya debatidos por el Cuerpo.

La primera sugerencia que se nos planteó en esta etapa estaba referida a que, de alguna manera, se estableciera en el Proyecto de Ley la obligatoriedad de que el patrimonio de las Fundaciones fuera adecuado a sus fines. Este tema es materia del artículo 3º. Tanto el señor Senador Michelini como el señor Ministro eran coincidentes en cuanto a este punto, aunque sus propuestas tenían que ver con modificaciones a diferentes artículos del Proyecto de Ley, con redacciones similares. En éstas se hablaba básicamente del patrimonio inicial que posibilitara razonablemente el desarrollo de los fines.

Señalo, señor Presidente, que este no es un tema que estuviera ausente en el Proyecto de Ley original; es una de las causales de disolución que está prevista en el artículo 16 y, además, está dentro de la materia sobre la cual el Estado puede ejercer potestades de contralor, tema al que se refiere el artículo 20 del Proyecto de Ley. En definitiva, este punto fue discutido por la Comisión y, en primer lugar, primó el criterio de que los fines de una Fundación teóricamente son ilimitados; pueden abarcar, sin fines de lucro, todo aquello que alcance la imaginación. En consecuencia, es imposible determinar un criterio de proporcionalidad, ya que no hay manera de imaginar toda la gama de fines sociales de bien común que puedan llevar a una o a varias personas a establecer una Fundación; no existe una forma de precisar cuál pueda ser un patrimonio suficiente o necesario a tales fines.

Por otro lado, desde un punto de vista más práctico, el hecho de exigir este tipo de condiciones en la Ley, lo que está haciendo es imponer, al o a los interesados en establecer una Fundación, una carga prácticamente imposible. De hecho, en el sistema jurídico imperfecto de hoy en día existen experiencias en ese sentido en las cuales, en algunos casos de solicitudes de autorización de Fundaciones, las autoridades han exigido que prueben que el patrimonio que se afecta va a ser suficiente. Consideramos que al aceptar este tipo de sugerencias se está imponiendo al interesado -que, en definitiva, desea llevar adelante una obra de bien común- la prueba de algo que es absolutamente imposible de evacuar. ¿Cómo puede una persona demostrar que, para desarrollar un determinado fin, mil dólares le resultan insuficientes y, por el contrario, se necesitan U$S 1.500, U$S 2.000 o U$S 20.000? En definitiva, esta situación constituye una traba a una actividad que se considera beneficiosa para la sociedad.

Finalmente, y también dentro de este tema, primó en la Comisión el criterio de que siempre se legisla en función de tutelar determinados bienes, de que el legislador debe ser. De alguna manera, si no parco, por lo menos prudente, en el ejercicio de sus factultades legislativas, ejerciéndolas cuando hay un bien a tutelar, y en este caso no parece haberlo. Es decir, si se diera la hipótesis de que para determinado fin el capital que se afecta resultara luego insuficiente, no habría daño a la sociedad, no existiendo un bien jurídico a tutelar y sin advertirse, en consecuencia, la necesidad de imponer un tipo de norma de esa naturaleza. En definitiva, esta sugerencia tal como venía -reitero que no es un tema que fuera ajeno al proyecto- con un carácter positivo pero con la carga de la prueba, no fue recogida por la Comisión.

En segundo lugar, se sugirió imponer en la Ley un porcentaje de los recursos que la Fundación deba destinar a su objeto. En este caso, también había coincidencia entre las dos fuentes de inquietud, no tanto por parte del señor Ministro de Educación y Cultura, sino de algún funcionario del Ministerio y el señor Senador Michelini. Si bien el proyecto elevado originalmente por la Comisión contenía una inquietud sobre este punto, se expresaba de manera conceptual, es decir, que las Fundaciones deberían destinar la mayor parte de sus recursos a su objeto. La diferencia está dada en que se desea que esto no sea simplemente conceptual, sino que se estipule un porcentaje determinado en el Proyecto de Ley. Contrario a esto, existen algunos argumentos.

En primer lugar, cuando estamos legislando, en definitiva, sobre una actividad volitiva de una o varias personas que podrían haber volcado su patrimonio a otros fines -se lo podrían haber gastado o malversado- parecería que no tiene sentido imponer a ese acto libre de destinar sus recursos a una obra de bien común, un porcentaje determinado.

En segundo término, aquí no parece haber un bien jurídico a tutelar que deba necesariamente excitar la actividad del Legislador, por lo que no parece ser materia de Ley.

En tercer lugar, se argumentó en la Comisión que el porcentaje que se sugería determinaría -y es una posición que comparto- la descapitalización de las Fundaciones. Normalmente, el capital de las Fundaciones, por su propia naturaleza, no se destina a inversiones con grandes índices de lucro; no se especula con esto, sino que generalmente se invierte en las colocaciones más seguras posibles, que son las de tasas de rentabilidad más baja. Entonces, si por Ley los recursos provenientes de esas inversiones deben ser gastados anualmente, inevitablemente va a suceder la descapitalización de las Fundaciones. Sin perjuicio de ello y contrario a estas líneas de argumento, la Comisión decidió recibir esta sugerencia de cambiar la obligatoriedad conceptual por una numérica.

La tercera sugerencia que se había hecho llegar a la Comisión refería a que se impusiera en la Ley la obligatoriedad a las Fundaciones de que divulgaran públicamente sus fines y actividades de manera suficiente, tal como expresaba textualmente la sugerencia. Este tema fue discutido y se llegó a la conclusión de que se trataba de una disposición redundante y de escasa efectividad. En este caso tampoco tiene sentido, en el contexto mencionado de alguien que quiere realizar una obra de bien común, imponerle su divulgación con carácter de «suficiente», pues es algo prácticamente imposible de medir.Entonces, ante la resistencia de legislar con normas que después no tengan efectividad y que carezcan de una motivación suficiente, esta sugerencia no fue recibida por la Comisión.

También se nos había hecho llegar una inquietud con respecto al tema de la responsabilidad de los administradores. En su análisis, vimos que era un tema que estaba suficientemente previsto en el artículo 7º del texto elevado por la Comisión y no pareció haber méritos suficientes para mejorar esa redacción cuyo alcance era satisfactorio.

Por parte del Ministerio se recibió también una sugerencia de modificación parcial del artículo 17 del Proyecto de Ley, que es el que se refiere al destino de los bienes en caso de disolución de las Fundaciones. Había ahí ciertas diferencias y un interés de parte de los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura en cuanto a que en la decisión de la adjudicación de esos bienes, tuviera un papel más protagónico. La sugerencia planteada no contemplaba -a diferencia de lo que sucedía en el proyecto original- el respeto a la voluntad del fundador, principio rector en la materia, ya que es alguien que resuelve libremente crear la Fundación y tiene derecho, dentro de ese acto de liberalidad, a determinar qué sucederá con esos bienes, que originalmente son de él, en el caso de que por algún motivo la Fundación dejara de existir. En definitiva, se llegó a una redacción transaccional entre la sugerencia del Ministerio y la posición original de la Comisión.

No voy a insumir tiempo del Senado con algunas sugerencias menores referidas a modificaciones de la redacción.

Por otra parte, se planteó un tema de mayor envergadura, que ya había sido discutido en el seno de la Comisión y en el que encontramos nuevamente sugerencias coincidentes de parte del Ministerio de Educación y Cultura y del señor Senador Michelini. En ambos casos, se hallaban en contra de la posición de la Comisión, la que lo le otorga facultades de intervención al órgano de contralor. Este tema se ha discutido en otros ámbitos y recordarán, entre otros el señor Senador Astori, que constituyó materia de debate al tratarse normas sobre el Banco Central. Inclusive, dio lugar a dificultades de aplicación práctica. Hubo una resistencia, a nuestro juicio con fundamento, a lo que en su momento eran las facultades de intervención del Banco Central, situación análoga a la que aquí se plantea.

En síntesis, la argumentación que se hace en contra de la posición de la Comisión, que no otorga facultades al Ministerio para intervenir, acorde a las soluciones que en el Banco Central se tomaron, se basa en lo siguiente: por qué razón se le permite lo más, que es la disolución de la Fundación, y no lo que aparece como menos, que es la intervención. En este sentido, la posición de la Comisión, creo que por unanimidad -si no es así los señores Senadores que integran la misma me corregirán- es la de que en términos jurídicos no estamos ante un más y un menos, sino ante situaciones de naturaleza jurídica diferente. Quien puede autorizar, puede cancelar la personería, pero no es de igual naturaleza la intervención de la Fundación. Por estos motivos, la Comisión prefirió guardar la redacción original que en su momento había elevado al Plenario.

La última sugerencia recibida, que me parece también era coincidente en ambas fuentes, fue la de que el proyecto incluyera exoneraciones tributarias, dada la naturaleza de bien público de estas instituciones. Se planteó una argumentación -creo que todos la compartimos- en el sentido de que para que el instrumento pueda ser más efectivo, no sólo se requiere un marco legal -esto es lo que aquí se está intentando- sino que debe estar acompañado -como sucede en otros países- de alicientes tributarios para aquellas personas que quieran desprenderse de todo o parte de sus bienes para una finalidad de bien común. Sin discrepar con ninguna de las argumentaciones -pienso que ninguno de los integrantes de la Comisión estaba en una actitud de discrepancia- la Comisión no podría acceder a la solicitud de introducir en el texto un artículo estableciendo exoneraciones tributarias, por la sencilla razón de que nos está impedido constitucionalmente, ya que es materia de competencia privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no se trataba de la voluntad de la Comisión, sino del constreñimiento a la norma constitucional.

En síntesis, esas fueron las sugerencias recibidas, la discusión a que dieron objeto y las resoluciones de la Comisión en cada uno de los casos. Al mismo tiempo, cuando estas fueron aceptadas, se incorporaron al proyecto que nuevamente la Comisión de Constitución y Legislación eleva a consideración del Cuerpo. Creo que a esta altura no habría ningún otro elemento a aportar, razón por la cual quedaría a disposición de los señores Senadores en el transcurso del debate para, en la medida de mis posibilidades, evacuar las consultas que se puedan realizar.

9) OPERACION UNITAS XXXVI. Se autoriza a unidades de la Armada Nacional a realizar ejercicios navales combinados con unidades navales, aeronavales y personal de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos de América y del Reino de España. Proyecto de Ley.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Solicito que se rectifique la votación de la moción oportunamente formulada por el que habla, para que se trate en forma urgente el Proyecto de Ley relacionado con la Operación Unitas XXXVI.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente la moción formulada en el sentido antes indicado.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue solicitada: «Operación Unitas XXXVI. - Proyecto de Ley por el que se autoriza a unidades de la Armada a realizar ejercicios navales combinados con unidades navales, aeronavales y personal de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos de América y del Reino de España. (Carp. Nº 293/95 - Rep. Nº 106/95).»

(Antecedentes:)

«Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 29 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General
Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse al señor Presidente de ese alto Cuerpo, a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley por el que se autoriza a la Armada Nacional a participar en la Operación Unitas XXXVI conjuntamente con unidades navales, aeronavales y personal de la República Argentina, República Federativa del Brasil, Canadá, de los Estados Unidos de América y del Reino de España.

En la precitada Operación Unitas la Armada Nacional participará en tres Fases: la fase 7 se cumplirá en aguas jurisdiccionales de la República Argentina entre el 9 y el 27 de octubre de 1995, participando las Armadas de la República Argentina, República Federativa del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y del Reino de España, actuando como observadores las Armadas de las Repúblicas del Perú y de Sud Africa.

Las unidades de la Armada Nacional participantes serán: una Fragata, una Aeronave B-200 T y una Aeronave S-2G.

La fase 8 se realizará entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 1995, en aguas jurisdiccionales uruguayas ingresando a las mismas las siguientes unidades extranjeras: - Armada Argentina Fragata (FF) Tipo MEKO 360; Armada Brasilera 2 Fragatas; Armada de Canadá un Destructor y una Aeronave de Patrulla Marítima; Armada de España una Fragata; Armada de los Estados Unidos de América Destructor USS Cte. DE GRASSE (DD 974), Destructor USS FAHRION (FFG 22), Destructor COPELAND (FFG 25), Submarino TREPANG (SSN 674), Destacamento de Contraminado, Destacamento de Buzos de Contraminado, Destacamento de COAST GUARD, 2 Aeronaves P3-C, Helicóptero SH 60B embarcado, Helicóptero SH 2G embarcado.

Por la Armada de nuestro país participarán las Unidades ROU 01 «ROU URUGUAY», ROU 02 «ARTIGAS», ROU 03 «MONTEVIDEO», ROU 10 «COLONIA», ROU 11 «RIO NEGRO», ROU 12 «PAYSANDU», ROU 14 «SALTO», ROU 21 «SIRIUS», ROU 24 «PEDRO CAMPBELL», ROU 31 «TEMERARIO», ROU 32 «VALIENTE», ROU 33 «FORTUNA», ROU 34 «AUDAZ», GRUPO DE BUCEO, Prefectura Nacional Naval, Aeronave B-200T, Aeronave S-2G, Helicóptero W-60, Aeronave CESSNA.

Participarán asimismo pro primera vez quince aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), en el marco de un ejercicio de GAA del tipo «EXTEP 10 MOD» (ataque a baja altura - modificado para que la altura de vuelo sea no menor de 500 pies); se realizarán ejercicios en un área de operaciones del Litoral Oeste, entre los kilómetros 90 y 140 del Río Uruguay, operándose en aguas e islas de jurisdicción nacional en ejercicios que involucran Control de Tráfico de Personal y Mercaderías Peligrosas, Patrulla y Vigilancia Fluvial.

Las unidades de las Armadas extranjeras visitarán el Puerto de Montevideo entre el 28 y el 31 de octubre del corriente con excepción del submarino TREPANG (SSN 674( de la Armada de los Estados Unidos de América, que se mantendrá en el mar realizando ejercicios anti-submarinos con los P3-C y unidades aeronavales propias y luego se reposicionará para ir a la Fase Brasil.

La fase 9 se cumplirá en aguas jurisdiccionales de la República Federativa del Brasil entre el 3 y el 18 de noviembre de 1995, participando las Armadas de la República Argentina, República Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América.

Las unidades nacionales intervinientes serán: una Fragata, una Aeronave B-200 T y una Aeronave S-2G.

En atención a lo presentemente expuesto, el Poder Ejecutivo solicita a ese Cuerpo Legislativo las autorizaciones que disponen los numerales 11 y 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, encareciendo la aprobación del Proyecto de Ley que se acompaña.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Hugo Batalla VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Didier Opertti, Raúl Iturria, Alvaro Ramos.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase a las unidades de la Armada Nacional ROU 01 «ROU URUGUAY», ROU 02 «ARTIGAS», ROU 03 «MONTEVIDEO», ROU 10 «COLONIA», ROU 11 «RIO NEGRO», ROU 12 «PAYSANDU», ROU 14 «SALTO», ROU 21 «SIRIUS», ROU 24 «PEDRO CAMPBELL», ROU 31 «TEMERARIO», ROU 32 «VALIENTE», ROU 33 «FORTUNA», ROU 34 «AUDAZ», dos (2) Fragatas, Grupo de Buceo, Prefectura Nacional Naval, Aeronave B-200T, Aeronave S-2G, Helicóptero W-60, Aeronave CESSNA a participar conjuntamente con unidades de la República Argentina, República Federativa del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y Reino de España, en los ejercicios navales de la Operación Unitas XXXVI.

Art. 2º. - Autorízase a las unidades de la Armada Nacional participantes de la precitada Operación Unitas a partir del Puerto de Montevideo, entre el 9 y el 27 de octubre del corriente y entre el 3 y el 18 de noviembre de 1995 a efectos de participar en maniobras conjuntas con los países intervinientes en aguas jurisdiccionales de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, respectivamente.

Art. 3º. - Autorízase el ingreso a aguas jurisdiccionales de nuestro país desde el 28 de octubre al 2 de noviembre de 1995, con visita al Puerto de Montevideo entre el 25 y el 31 de octubre del corriente, de las unidades pertenecientes a la República Argentina, República Federativa del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y Reino de España, participantes de la Operación Unitas XXXVI.

Art. 4º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

Didier Opertti, Raúl Iturria, Alvaro Ramos.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase a las unidades de la Armada Nacional ROU 01 «ROU Uruguay», ROU 02 «Artigas», ROU 03 «Montevideo», ROU 10 «Colonia», ROU 11 «Río Negro», ROU 12 «Paysandú», ROU 14 «Salto», ROU 21 «Sirius», ROU 24 «Pedro Campbell», ROU 31 «Temerario», ROU 32 «Valiente», ROU 33 «Fortuna», ROU 34 «Audaz», dos fragatas, Grupo de Buceo, Prefectura Nacional Naval, aeronave B-200T, aeronave S-2G, helicóptero W-60, aeronave Cessna, a participar conjuntamente con unidades de la República Argentina, República Federativa del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y Reino de España, en los ejercicios navales de la Operación Unitas XXXVI.

Art. 2º. - Autorízase a las unidades de la Armada Nacional, participantes de la precitada Operación Unitas, a zarpar del puerto de Montevideo el 9 de octubre de 1995, retornando el 27 del mismo mes, y el 3 de noviembre del corriente año, regresando el 18 del mismo mes, a efectos de intervenir en maniobras conjuntas con los países participantes, en aguas jurisdiccionales de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, respectivamente.

Art. 3º. - Autorízase el ingreso y permanencia en aguas jurisdiccionales de nuestro país, desde el 28 de octubre al 2 de noviembre de 1995, con visita al puerto de Montevideo entre el 25 y el 31 de octubre del corriente año, de las unidades pertenecientes a la República Argentina, República Federativa del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y Reino de España, participantes de la Operación Unitas XXXVI.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de setiembre de 1995.

Guillermo Stirling Presidente
Martín García Nin Secretario»

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el Proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Hace 36 años que estas operaciones se vienen realizando en aguas jurisdiccionales brasileñas, uruguayas y argentinas, con participación de las Armadas de los tres países junto con la de los Estados Unidos de América. En esta ocasión , se agregan las Armadas de Canadá y España, participando como observadores unidades de la República del Perú y de Sudáfrica.

Quiero señalar que se trata de operaciones que tradicionalmente sirven para que nuestros Oficiales de la Armada y nuestros barcos participen junto a otros barcos mejor equipados y con otras técnicas. Este hecho representa un acontecimiento de suma utilidad para su entrenamiento y formación. Por lo tanto, solicito la autorización del Senado para que se realice esta operación.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Por trigésimasexta vez se realizan operaciones Unitas, y los argumentos de nuestra agrupación político parlamentaria, no por reiterados dejan de seguir siendo válidos para no votar favorablemente la participación en las mismas de unidades navales de Bandera nacional.

Queremos aclarar firmemente que no se trata de objeciones de tipo técnico profesional. Muy por el contrario; tal vez podrían ser de tipo económico. Sí son válidas valoraciones político doctrinarias, miradas desde el punto de vista de una Armada menor como la nuestra, con la adecuación a sus medios y a sus propias finalidades, cuando se la vincula con la presencia en la operación de unidades de la Armada de los Estados Unidos de América, de conocido poder hegemónico en América Latina y el Caribe.

Doctrinariamente, tendríamos que disponer de mayores y mejores definiciones en lo que hace a las actualmente llamadas «bombas estúpidas de antaño» y las «inteligentes» de ahora, de doctrinas de «disuación creíbles», incluso de «diseños globales» de difícil manejo para los parámetros latinoamericanos.

Sin duda, nuestra Armada Nacional está llamada a una presencia continua en áreas de interés, acciones de soberanía, salvaguarda de la vida humana en el mar e inteligencia oportuna. Sin embargo, se debe observar atentamente la tendencia regionalizadora.

A la presencia de fuerzas navales de los Estados Unidos, ciertamente tradicionales en estas operaciones, se agregan, con la misma tradición, unidades de Brasil y Argentina, así como ahora de Canadá y de España y, en carácter de observadores, de Perú y Sudáfrica, lo que significa un manifiesto aumento de unidades con un paralelamente relevante interés por las mismas operaciones.

Los viejos roles de defensa y de seguridad nacional parecen sustituirse doctrinariamente por los de «seguridad colectiva», los de «disuación creíble», los de «suficiencia defensiva» y los de «construcción de confianza mutua» que son los que se esgrimen hoy y que no parecen ajenos a estas operaciones. Tienen un padrón de referencia dominante no militar y poco promisorio para el propio Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR.

Esta vez, las operaciones incluyen 50 kilómetros de recorrido en aguas del Río Uruguay, canales e islas, con la presencia de una fuerza naval reconocidamente hegemónica en el continente y poco relacionable con el documento suscrito por el Estado Mayor del Ejército Uruguayo en el Simposio Nº 6 de Estudios Estratégicos de Buenos Aires llevado a cabo en Buenos Aires, en el contexto del propio MERCOSUR. En este se convino que las Fuerzas Armadas latinoamericanas tienen como misión principal aquella establecida por su propia Constitución, es decir, la preservación de la integridad territorial, de la soberanía y, por supuesto, de los intereses nacionales.

Por lo expuesto, damos nuestra opinión desfavorable al proyecto que se ha presentado.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Como en otras ocasiones, daré mi voto afirmativo a este proyecto, considerando que es sumamente útil para la República y da a nuestras Fuerzas Armadas acceso al manejo de una tecnología. Confieso que tengo cierta autoridad para decirlo, porque en el año 1947, cuando los Estados Unidos plantearon la uniformidad de equipos militares en América -creo que esto fue denominado proyecto Truman- junto a la juventud del Herrerismo, la del Nacionalismo Independiente y lo que eran en ese momento las juventudes de la Democracia Social -que respondían al liderazgo del Doctor Carlos Quijano- hicimos un manifiesto oponiéndonos absolutamente a este Proyecto de Ley.

En su momento, también nos opusimos al TIAR. Creo que este planteo es totalmente distinto, que no afecta sino que afirma la soberanía nacional y le da la oportunidad a las Fuerzas Armadas de lograr un perfeccionamiento, así como un acceso a la tecnología.

En la tarde de hoy, en la Comisión de Constitución y Legislación, el señor Senador Batlle nos decía que los parámetros del año 1931 no son los del 1995. Los parámetros de la soberanía no residen en estos aspectos, sino que radican en la defensa del orden jurídico y en la aplicación en el territorio de la República de las leyes nacionales por los Jueces nacionales, los de la Constitución, que son los únicos, que debemos admitir. Ahí están el nudo y la esencia de la defensa de la soberanía.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Vamos a votar afirmativamente, como siempre lo hemos hecho, porque consideramos que lo peor que le podría pasar a una pequeña nación como la nuestra es optar por una política de aislamiento.

En todos los órdenes de la vida, optar por una política de aislamiento es casi asumir una actitud suicida. En esta materia, en nada cedemos soberanía a nadie cuando pro trigésima sexta vez participamos de ejercicios en conjunto con Fuerzas Armadas de otras naciones. Por el contrario, sí perderíamos soberanía al no participar de ninguna de estas operaciones, ya que con nuestros pocos medios quedaríamos en inferioridad de condiciones frente a los demás y no tendríamos -como estas ocasiones nos la brindan- oportunidad de estar preparados para las contingencias que puedan existir. Aunque no nos habiliten para un enfrentamiento exitoso de ninguna naturaleza, por lo menos nos mantienen alertas para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y morales.

Además para una nación como la nuestra, que se enorgullece de participar desde hace tantos años a través de nuestras Fuerzas Armadas, en actividades para consolidar la paz en representación de las Naciones Unidas, esta acción en común significa también una forma que está encuadrada dentro de un régimen jurídico internacional, que es el más grande escudo y la mayor garantía que puede tener una nación menor como la nuestra. Por encima de las técnicas, estas circunstancias abonan también la necesidad de que en este tipo de actividades siempre esté presente el Uruguay, en las distintas formas que, como en este caso, se adquieren a través de la presencia de nuestras Fuerzas Armadas.

Por todo lo mencionado, además de lo dicho por los señores Legisladores preopinantes, señalo que voy a dar mi voto favorable para el Proyecto de Ley de la Operación Unitas XXXVI.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR BATLLE. - Solicito que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 1º. - Autorízase a las unidades de la Armada Nacional ROU 01 «ROU Uruguay», ROU 02 «Artigas», ROU 03 «Montevideo», ROU 10 «Colonia», ROU 11 «Río Negro», ROU 12 «Paysandú», ROU 14 «Salto», ROU 21 «Sirius», ROU 24 «Pedro Campbell», ROU 31 «Temerario», ROU 32 «Valiente», ROU 33 «Fortuna», ROU 34 «Audaz», dos fragatas, Grupo de Buceo, Prefectura Nacional Naval, aeronave B-200T, aeronave S-2G, helicóptero W-60, aeronave Cessna, a participar conjuntamente con unidades de la República Argentina, República Federativa del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y Reino de España, en los ejercicios navales de la Operación Unitas XXXVI».)

- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 2º. - Autorízase a las unidades de la Armada Nacional, participantes de la precitada Operación Unitas, a zarpar del puerto de Montevideo el 9 de octubre de 1995, retornando el 27 del mismo mes, y el 3 de noviembre del corriente año, regresando el 18 del mismo mes, a efectos de intervenir en maniobras conjuntas con los países participantes, en aguas jurisdiccionales de las Repúblicas Argentina y Federativa del Brasil, respectivamente».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 3º. - Autorízase el ingreso y permanencia en aguas jurisdiccionales de nuestro país, desde el 28 de octubre al 2 de noviembre de 1995, con visita al puerto de Montevideo entre el 25 y el 31 de octubre del corriente año, de las unidades pertenecientes a la República Argentina, República Federativa del Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y Reino de España, participantes de la Operación Unitas XXXVI».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado el Proyecto de Ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador

SEÑOR GARGANO. - No soy un especialista en este tipo de temas y la fundamentación de nuestra postura ya la dio el señor Senador Segovia. Sin embargo, advierto que en la Exposición de Motivos, al analizarse las actividades a desarrollar, por primera vez se plantea la realización de ejercicios dentro de lo que podría llamarse el territorio nacional interno, es decir, el Río Uruguay. Se hace referencia a ejercicios que involucran control del tráfico de personal y mercaderías peligrosas, patrullaje y vigilancia fluvial.

Evidentemente, esto está dentro de la nueva concepción militar de carácter estratégico, en la que se plantea como objetivo de las fuerzas nacionales no sólo la función de defensa, sino también el desarrollo de actividades en el plano continental que dicen relación con tareas de control de sustancias peligrosas. Todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Esto está dentro de la nueva concepción estratégica de los Estados Unidos de América pero, según tengo entendido, todavía no es doctrina de las Fuerzas Armadas Nacionales. Creo que se debate en ellas la incorporación de esto.

Quería dejar esta constancia, porque considero que este tema tendremos que discutirlo más adelante.

10) FUNDACIONES. Se define su objeto y se reglamenta su funcionamiento. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión general del Proyecto de Ley por el que se establece la figura jurídica de las Fundaciones y los principios que la van a regir.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: quisiera plantear una inquietud sobre una cuestión de orden.

Si no me equivoco, este Proyecto de Ley ya se había discutido en general. Digo esto, porque hay que tomar una decisión en el sentido de retomar la discusión general -que, personalmente, considero que no tiene sentido- o si ingresamos a la discusión particular. Por lo tanto, creo que habría que zanjar esa cuestión desde el inicio.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - En lo que refiere a la Presidencia, debo decir que no puede evacuar formalmente la consulta formulada por el señor Miembro Informante.

Según tengo entendido -pues no estuve presente en la totalidad de las sesiones en las que se discutió este tema- el asunto volvió a Comisión sin que se discutiera en general. Precisamente, una moción de orden motivó el regreso del expediente a Comisión.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: efectivamente, si la memoria no me falla, el asunto volvió a Comisión antes de que se votara en general. De manera que, en forma breve, vamos a indicar cuál es nuestra posición en esta materia.

Adelanto que vamos a votar favorablemente en general este Proyecto de Ley, que ha tenido una serie de alternativas de procedimiento parlamentario y al cual se le han mejorado muchas de las soluciones planteadas en el texto original. Fundamentalmente, se han tenido presentes algunas sugerencias en materia de contralores para evitar lo que suele ser una prevención -a veces, muy fundada y otras, no tanto- respecto al funcionamiento de las Fundaciones, sobre todo cuando se piensa en la posibilidad de que una entidad de esta naturaleza desvirtúe sus fines o sea utilizada con objetivos espurios que no son los que corresponden específicamente a dichas Fundaciones.

En este sentido, compartimos en líneas generales que hay un vacío legal en nuestro país. Decimos esto porque si bien la palabra «Fundaciones» ha sido utilizada junto con el vocablo «asociaciones» en algunas disposiciones aisladas, de cualquier manera y siguiendo una orientación bastante generalizada en el Derecho comparado, es bueno tener un cuerpo orgánico de normas que regulen un tipo de entidad que, en los hechos, funcionan y que es muy deseable que así ocurra.

Reitero que vamos a dar nuestro voto favorable en general a este Proyecto de Ley.

Asimismo, en el curso de este debate presentaremos a la Mesa ciertas propuestas para incorporar algún inciso o aditivo. Concretamente, me voy a referir a tres puntos que revisten importancia, porque consideramos que sería conveniente que el proyecto se mejorara en esos aspectos.

El primer punto al que haremos referencia -que, inclusive, es un asunto que no tuvo debate en la Comisión y lo hemos conversado con algunos compañeros de nuestra Bancada- no tiene una trascendencia de fondo, pues no incluye ninguna innovación, sino que se trata de una propuesta gramatical en el artículo 1º y que se limita a recoger dos aspectos: una inspiración en el Derecho comparado -concretamente, en la ley española sobre Fundaciones- y la idea de utilizar la terminología de nuestra Constitución. El artículo 1º de la Carta Magna hace una especie de definición de las Fundaciones y refiere a que no deberán tener fines de lucro; evidentemente, es lo que corresponde a este tipo de entidades. En el texto del proyecto que tenemos a la vista se utiliza una expresión que es correcta, que responde a la misma idea y que es común cuando refiere a los fines, aunque no es utilizada en la Constitución uruguaya que habla del «interés general». En una propuesta que entregaremos a la Mesa, preferimos hacer una enumeración no taxativa de los fines posibles, porque luego se agrega una frase genérica referida a que las Fundaciones no deberán tener fines de lucro, por lo que en lugar de hablar de «bien común», preferimos hacerlo del «interés general». Reitero que esto no constituye una innovación con respecto al artículo 1º del proyecto, sino que procura adaptarse más al lenguaje de nuestro texto constitucional.

El segundo punto responde a una sugerencia que fue hecha inicialmente por el señor Ministro de Educación y Cultura en ocasión de su comparecencia en la Comisión que estudió este tema. Pensamos que sigue siendo útil una propuesta que luego fue conversada formalmente, en la que el señor Ministro no insistió demasiado, pero que sí lo hizo cuando asistió por primera vez al seno de la Comisión. Uno de los artículos del proyecto refiere al capital de la Fundación. A este respecto, el señor Ministro sugería que se incluyera una frase por la que, sin fijar montos, estableciera el criterio de que el capital debe ser adecuado para el cumplimiento de los fines que se propone la Fundación. Advierto que haremos llegar a la Mesa un aditivo en ese mismo sentido.

El tercer punto que voy a mencionar -a efectos de adelantar nuestra propuesta de modificación o de adición a este proyecto- se refiere a detalles a los que otorgamos alguna importancia. Se trata de un tema en el que la discusión fue bastante extensa y diría que intensa desde el punto de vista técnico. En una disposición del proyecto, y como regla general, se propone que cuando los interesados se presentan con todos los elementos necesarios a pedir el reconocimiento de la personería jurídica de una Fundación -es decir que se le inscriba en el registro correspondiente del Ministerio de Educación y Cultura- se establece que, vencido un determinado plazo, si no hay pronunciamiento ni pedido de nuevos elementos, se produce una especie de reconocimiento tácito para tratar de agilitar el celo de la Administración en cuanto a no permanecer pasiva cuando hay solicitudes de los administrados.

El tema se discutió desde muchos puntos de vista. Hay quienes sostienen que esta no es una solución estrictamente adecuada a lo que establece la Constitución porque considera que cuando ésta prevé los pronunciamientos tácitos frente a los administrados, la solución que da -mediante su artículo 318 respecto a una petición o recurso- es que hay que entender que la Administración dijo que no. Desde el punto de vista constitucional, no vemos ninguna falla a esa solución porque la Carta Magna también sostiene hipótesis por las cuales el transcurso de un plazo produce consecuencias positivas. A vía de ejemplo, cabe citar lo que ocurre cuando se solicita una venia -como me acota el señor Senador Batlle- o cuando no se levanta un veto y, entonces, quedan aprobadas las observaciones que haya formulado el Poder Ejecutivo.

De manera que desde el punto de vista constitucional, y admitiendo que pudiera haber alguna reserva, nuestra opinión técnica es que en este caso no hay inconstitucionalidad. Sin embargo, en el seno de la Comisión se discutió este tema y el señor Ministro de Educación y Cultura -como decíamos anteriormente- presentó cierto reparo a la solución de la aprobación tácita. En esa oportunidad, se plantearon algunos ejemplos prácticos, como cuando una persona presenta una solicitud para obtener la personería jurídica, pero un funcionario cualquiera la guarda en un cajón, el Ministro ni se entera y, entonces, el reconocimiento queda otorgado por el simple transcurso del plazo previsto. Sin embargo, esta posición no se consideró justa y se barajaron diversas soluciones. Queremos decir que nuestra posición fue la siguiente: no nos resultaba totalmente convincente -repito que digo esto sin reparos de orden constitucional- que en una solución similar a ésta -declaro que no lo conocíamos y que lo averiguamos en el curso de la discusión- que ya está establecida en gran parte para las sociedades anónimas, no se aplicara a otras entidades, sean ellas sociedades civiles o cooperativas. No nos parecía justo en ese aspecto, ya que no se establecía una igualdad.

De manera que nuestra intención es apoyar el artículo siempre que se le añada un inciso por el cual las cooperativas u otras sociedades sin fines de lucro gocen de la misma prerrogativa de procedimiento, que consiste en que si transcurre el lapso sin obtener una contestación, se consideren reconocidas. Esta es la solución propuesta en el proyecto para las Fundaciones.

También vamos a presentar una propuesta por vía de aditivo en relación con los controles, que están regulados con más profundidad que en el proyecto original y que, en general, están a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, lo que es perfectamente lógico. Sin embargo, cuando se trate de aspectos vinculados a la contabilidad de la Fundación, como el Ministerio referido no tiene una División especializada en ese tema, propondremos la solución de que en esa hipótesis sea la Inspección General de Hacienda la que ejerza los controles.

Con esto dejamos expuesto nuestro apoyo al Proyecto de Ley en su conjunto, así como algunas salvedades en relación con determinados artículos que ameritarán algunas enmiendas o aditivos que vamos a proponer a la Mesa.

Muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: vamos a acompañar en general este proyecto por las razones ya mencionadas por el señor Senador Korzeniak.

Este campo de gran trascendencia está librado a la falta de regulación y existen opiniones doctrinarias que han atacado duramente a las Fundaciones basándose en casos concretos. En ese sentido, los Doctores Vaz Ferreira y Risso Abadie han sido muy estrictos en el juicio negativo sobre ellas. Por lo tanto, era imperativo legislar, y por esta razón hemos resuelto votar en general el proyecto, aunque hemos tenido la necesidad de formular diversas preocupaciones traducidas en salvedades que tienen que ver con características específicas de las Fundaciones.

En primer lugar, aquí falta el elemento personal que existe en todas las sociedades y, especialmente, en las asociaciones sin ánimo de lucro. Este elemento tiene mucha importancia en la medida en que es perfectamente admisible que diversas personas que se congreguen con determinado objetivo sin ánimo de lucro; son responsables y ejercen la autorregulación porque tienen un funcionamiento democrático. En cambio, en las Fundaciones, el fin es realizar el bien común o el interés general, pero se trata de un capital en funcionamiento; no existen personas que estén definiendo sus cometidos, sino que hay un fundador, que puede estar vivo, pero que en general no prosigue actuando durante la marcha de la Fundación. Esta se regula en virtud de las decisiones que los administradores cumplen, pero no tiene el elemento democrático de funcionamiento mediante asambleas y consejos directivos que tipifíca a las asociaciones civiles sin ánimo de lucro.

La misma presencia del capital afectado a un fin crea necesariamente de contralor que deben ser intensos, porque no es natural que el capital exista y se desarrolle para un objetivo de bien común; por la lógica de la vida económica, su propósito es reproducirse y aumentar. Entonces, es imperativo que cuando en una organización de este tipo -sin autorregulación ni contralor de funcionamiento democrático- aparece un capital afectado a un fin, tienen que operar contralores porque hay una atipicidad en esta forma de organización, que no congrega personas sino simplemente aspectos económicos.

Por otra parte, queremos decir que este tema se basa en una casuística muy extensa. Si se observa, por ejemplo, el funcionamiento de pequeñas Fundaciones que tratan de difundir la obra y el pensamiento de una persona ilustre, se puede notar que tienen características muy especiales porque no están dotadas de un patrimonio importante; además, la falta de ánimo de lucro, la contribución al bien común y el desarrollo del pensamiento de una persona determinada son perfectamente compatibles con su finalidad.

Sin embargo, existen otras Fundaciones de formidable capital, de muchos millones de dólares, que han sido objeto de juicios en nuestra jurisprudencia a raíz de disputas con los herederos y por no quedar en claro que la inversión de capital estaba realmente afectada al bien común. Incluso, en algún caso se ha denunciado que durante 15 años no se había hecho ningún acto de bien común ni de interés general, por lo que los bienes estaban operando en beneficio de quienes administraban o hacían la gestión, es decir, de los integrantes del Consejo de Administración.

Esta dificultad práctica de tener que crear normas para regular situaciones tan distintas genera ópticas completamente contrarias en algunos casos. Esto amerita cierta cautela en cuanto a los elementos de control. De pronto, al observar una pequeña Fundación claramente identificada por su carencia de capital y su objetivo de bien común, parece suficiente una norma. Sin embargo, si tomamos como ejemplo a una de gran envergadura -inclusive, puede tratarse de una Fundación extranjera por medio de la cual pueden introducirse capitales de importancia con determinados objetivos- los contralores deben ser distintos.

Cuando se legisla debe actuarse con el máximo rigor, y no es posible elaborar una legislación específica según las distintas naturalezas de las Fundaciones; en esto radican la dificultad y la contradicción de opiniones. Por ejemplo, tengo en mi poder publicaciones del Doctor Vaz Ferreira, quien en este mismo Senado se refirió en forma muy negativa a las Fundaciones; en especial hizo mención al elemento de contralor contemplado en el artículo 23, al que voy a referirme más adelante.

También puedo citar al Doctor Risso Abadie, quien en su libro «Fundaciones. Un análisis crítico» expresa: «Pensamos que el control sobre estas asociaciones debe ser cada día más estricto y más incisivo. En especial tendrá que ser un control agresivo cuando los promotores se presenten ostentando como único cometido hacer el bien común, ayudar a los pobres, a los enfermos, en fin, cuando lo usen como escudo de ocultamiento de otros posibles fines.

Estos cometidos tan vagos que no tiene efecto vinculante para con ninguna institución pública o privada de ayuda a los pobres, a los enfermos o trate de hacer el bien común, que no tienen obligaciones sino consigo mismos, son de por sí desconfiables».

Estas opiniones negativas obligan a una especial atención en los textos a aplicar. En ese sentido, uno de los aspectos fundamentales para nosotros es el cumplimiento de los fines. En la medida en que se trata de una organización de capital aplicada a un fin, deben ser fundamentales los principios ligados a ese objetivo. Es decir que los fines deben poder cumplirse y no ser simplemente una enunciación, para evitar así que funcionen como un mecanismo meramente económico.

Tengo conocimiento de la existencia de alguna Fundación -en virtud del secreto profesional, no corresponde individualizarla- que recibe ayuda del exterior, la que se distribuye entre determinados jefes de sección, que son familiares del principal.

Es cierto que lo patológico no puede originar un juicio general, pero es evidente que hay que estar atento a ese tipo de situaciones. Repito que para mí es fundamental controlar que efectivamente se cumplan esos fines.

Coincido con el señor Senador Korzeniak en cuanto a que sería útil aludir, como lo hace la legislación española, a fines de carácter general. De alguna manera está en la tradición de nuestro pensamiento constitucional hablar más que del bien común, del interés general. Entonces, a los efectos de no modificar el artículo, somos partidarios de agregar al inciso primero un párrafo en el que se diga que los fines tendrían que ser de interés general, y de algún modo ejemplificar, como lo hace la ley española, agregando al final la expresión «y otros de carácter análogo», a los efectos de puntualizar algunas pautas sobre el sentido del bien común, puesto que de lo contrario esa idea puede llenarse con cualquier contenido.

En segundo término, creemos que es muy importante el tema remuneración, porque en la medida en que una Fundación establezca sustanciales retribuciones a su Consejo de Administración, se estaría quebrando el principio de inexistencia de ánimo de lucro. Asimismo, puede dar lugar a una administración que, en lugar de servir a los objetivos del bien común, tienda al desarrollo económico que permita incrementar las remuneraciones. Es por esta razón que no éramos partidarios de fijar un porcentaje, puesto que de alguna manera podría significar el desarrollo de la actividad de modo de proveer los fondos necesarios únicamente para generar mayores utilidades. Es cierto que si se limita el porcentaje el tema aparece como menos grave; pero también esto depende del monto de los valores económicos en juego en la Fundación.

Como se recordará, en la Comisión se barajó la posibilidad de poner un tope para la remuneración de los miembros. Aquí se estableció un porcentaje, y nosotros agregábamos como aditivo un límite individual mensual de un número determinado de Unidades Reajustables. La idea era asegurar la retribución, pero con un tope que pensábamos era útil incorporar.

En tercer lugar, nos parece importante establecer un régimen de contralor. Sin duda, el Ministerio de Educación y Cultura ha tenido dificultades para efectuar un contralor eficaz en el campo financiero cuando se trata de Fundaciones de enorme volumen económico, puesto que carece de especialización en ese sentido. Es por esta razón que en algunos casos el Doctor Risso Abadie planteaba la necesidad de que interviniera la Inspección General de Hacienda, tal vez vía auditoría anuales o, como establece la legislación española, con autidorías anuales, externas y sorpresivas.

O sea que la preocupación en cuanto a la autenticidad en este tipo de organización, que tiene características muy típicas, es algo que ya se ha planteado en la legislación comparada.

Concretamente, en lo que tiene que ver con el contralor que debe realizar el Ministerio de Educación y Cultura, entendíamos que era necesario establecer la fórmula primitiva por la que se aportaba una solución que no implicaba la aprobación ficta, habida cuenta de que ésta impide que se haga el verdadero control activo del estatuto. Así, por el mero transcurso del tiempo puede producirse la incorporación de normas estatutarias que no estén de acuerdo con el fin.

En caso de no encontrarse una solución en la materia, adelantamos que estamos dispuestos a avenirnos al planteamiento hecho por el señor Senador Korzeniak en el sentido de identificar a todas las asociaciones; puesto que la idea no es crear un privilegio para las Fundaciones, no hablaríamos exclusivamente de las asociaciones que tienen un régimen de aprobación ficta ni estableceríamos procedimientos distintos para las que tienen un carácter civil o carecen de ánimo de lucro.

Por otra parte, queremos advertir que tenemos por delante un problema relacionado con el aspecto impositivo, al cual no vamos a entrar ahora en forma detallada. No obstante, bueno es señalar que no debe existir un beneficio específico en este orden para estas Fundaciones. También esto ha sido controvertido y se ha dicho que si todas son de bien común, deberían estar comprendidas por el régimen establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República y el artículo 134 de la Ley que lo reglamentó.

Dejo planteado el tema en el sentido de que hay importantes opiniones en cuanto a que no debería existir al menos la exoneración de los aportes patronales jubilatorios. Por el momento, es cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: adelanto que no voy a ser extenso en este punto. Creo que muchas de las objeciones formuladas aquí encontrarían solución según las concepciones generales con las cuales nos movemos.

Entiendo que el principio esencial de la Constitución es el de la libertad. Estamos frente a una Constitución netamente jusnaturalista no taxativa respecto a los derechos del individuo que enumera. Por el artículo 72 abre toda la gama de los derechos inherentes a la personalidad humana, entre los cuales está el de dedicarse y constituir una fundación.

Me manifesté discorde con el proyecto anterior y acompaño este porque parte de la realidad. En aquel se decía y fundaba que no existía un régimen jurídico en materia de fundaciones, cosa que no es cierta, porque sí lo había: era el Decreto-Ley Nº 15.089. Inclusive, el artículo 40 del viejo Código de Procedimiento Civil de 1878 admitía la existencia de fundaciones de una manera incidental. Concretamente, se decía que la competencia estaba determinada por el domicilio de las fundaciones; se empleaba la expresión concreta «fundaciones».

Por otra parte, debemos señalar que la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia unánime, determinó que la persona jurídica de las fundaciones no emerge del acto administrativo que las establece sino de la propia naturaleza, de la esencia de la organización; en definitiva, de su función económica y social y no del acto administrativo. En consecuencia, todo lo que se le trabe tiene que ser a texto expreso, puesto que el principio, reitero, es el de la libertad.

Discrepo con algún artículo concreto que estimo se aparta de este principio. Inclusive, no estoy de acuerdo con algo dicho por el señor Miembro Informante cuando admite la posibilidad de que por decisión administrativa se cancele la personería de la fundación. Con relación a la intervención se ha expresado que es admisible la necesidad del procedimiento judicial. Personalmente, entiendo que se trata de dos cosas distintas y, por ende, pueden apreciarse con criterios diferentes. La cancelación de la personería jurídica es una especie de muerte civil, o sea que es una pena. Claro que lo que vamos a votar se convertirá en ley y podrá derogar a otra ley. El Código Penal establece que la inhabilitación para el ejercicio de una profesión, de una industria o de cualquier formación académica es una pena. Aquí, al cancelar la personería jurídica, por vía administrativa estamos decretando la muerte civil de una entidad.

Entonces, cuando se debata ese artículo voy a proponer un agregado en el cual se establezca -como se hace en lo que tiene que ver con la intervención- la necesidad de una resolución judicial, del tribunal pertinente, tal el término que con exactitud emplea el Proyecto. Junto con los señores Senadores Santoro y Storace vamos a presentar un último artículo que ya fue anunciado en la Comisión, referido a la derogación del Decreto-Ley Nº 15.089 en lo que tiene que ver con las Fundaciones. No se trata de una derogación total porque esta norma se aplica también a las asociaciones civiles y consideramos que no debemos entrar en esa materia. Hemos efectuado la compulsa de las disposiciones de la Ley y cuya derogación pensamos que debe hacerse en materia de Fundaciones y, reitero, están todas contenidas en el Proyecto que presentamos. Somos partidarios de la derogación expresa y no de la tácita que abre una vía a la controversia y a la discusión.

Esto es cuanto quería manifestar en la discusión general; en los artículos concretos presentaremos algunas propuestas.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Creo que reglamentariamente, como Miembro Informante, tengo derecho a un período de tiempo para hacer uso de la palabra al final de la discusión general. Si ningún otro señor Senador desea realizar algún comentario, haría uso de ese derecho.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: como no integro la Comisión de Constitución y Legislación que ha analizado este Proyecto, quiero simplemente hacer uso de la palabra para dejar en claro que vamos a dar el voto favorable por considerar que se trata de una norma útil y necesaria a nuestra legislación positiva. Entiendo que esta solución legislativa viene a llenar un vacío que hacía falta que fuera resuelto por medio de un Proyecto de Ley como el que estamos considerando y que vamos, seguramente, a aprobar.

Desde nuestro punto de vista, el capital no es en sí mismo un concepto satánico. Es más; consideramos que es necesario y, además, cuando no se reproduce pierde su destino, su razón de ser y su objetivo. Pueden ser malas las personas que lo utilicen inadecuadamente -así como a cualquier otra potestad de la vida- pero, opinar que el capital en sí mismo no es bueno, pensamos que es un profundo error no ya de ideología materialista, sino más bien de una concepción religiosa. En este sentido, que la Fundación cuente con mucho capital supone que hubo una persona o institución que legalmente lo logró a través de una acción eficaz y provechosa. Por medio de esta Ley lo va a destinar a una organización de bien común o de interés general. Cabe destacar que ambas expresiones son indefinidas y si se prefiere establecer la disposición de la Constitución, no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, opinamos que un capital importante que cuente con la posibilidad de organizarse a través de un sistema de esta naturaleza, en muchas partes del mundo ha dado lugar a la existencia de organizaciones que realmente han aportado beneficios de interés general. Digo esto no solamente referido a lo que puedan ser donaciones y contribuciones dirigidas al área de la educación, de la salud, o de la ayuda individual o colectiva a grupos humanos, sino también a lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación y a los aportes al mejoramiento tecnológico de muchas actividades.

Por otro lado, me parece conveniente la idea del señor Senador Sarthou en cuanto a limitar las remuneraciones en una determinada cantidad. Pienso que esta forma resulta mejor que la de referirlas a un porcentaje.

En lo que tiene que ver con el contralor, el señor Miembro Informante -que debe tener suficiente información con respecto a esta materia ya que fue Ministro del ramo- nos podrá decir si considera que es adecuado o no que la Inspección General de Hacienda ejerza el control. En lo personal, considero que es mejor que sí lo haga ya que en el capítulo referido al contralor, artículo 18/2 inciso segundo, se establece la necesidad de que las Fundaciones lleven una contabilidad. A este respecto, tengo la impresión de que el Ministerio de Educación y Cultura es un Ministerio «ómnibus» porque allí están desde las Fiscalías, el Correo, la Imprenta Nacional, la educación, la cultura, el SODRE, etcétera, por lo que considero que la Inspección General de Hacienda se encuentra en mejores condiciones para efectuar un contralor. Pienso que el Ministerio de Educación y Cultura no está en condiciones de controlar, es más, no creo que el Estado controle nada adecuadamente. Sin embargo, reitero, opino que la Inspección General de Hacienda puede realizar un control menos malo que el Ministerio.

Con respecto a lo manifestado por el señor Senador Korzeniak en cuanto a la aprobación ficta, deseo expresar que no tenemos inconveniente en extenderla a otras asociaciones civiles. Posiblemente no haya trabas en incorporarla como una disposición agregada al artículo que trata del tema. Naturalmente, señor Presidente, reconozco que no es buena práctica legislar en Sala, pero debido a que la Bancada que integro es muy exigua me resulta imposible integrar todas las Comisiones, si bien me esfuerzo con el disgusto de muchos señores Senadores que dicen que desordeno los trabajos.

En el inciso cuarto del artículo 19 se produce algo muy grave, donde la única potestad que tiene el que ejerce el contralor es la de revocar el acto de reconocimiento. A mi juicio, no se debe legislar de esta forma ya que no entiendo por qué debe ir a la revocación del acto de reconocimiento de la personalidad jurídica cuando se dan las circunstancias del inciso anterior. Me pregunto por qué no se puede, en primer lugar, suspender el funcionamiento y luego establecer el procedimiento que señaló el señor Senador Mallo para la revocación. Entonces, si la única potestad que tiene quien ejerce el control es revocar el acto, pienso que estamos yendo en una sola etapa a lo general, cuando puede existir un paso intermedio que dé lugar a que se subsanen los casos graves establecidos en el inciso tercero. Quizás resultaría mejor establecer la suspensión del funcionamiento y si se desea ejercer el derecho de revocación, que el mismo se sustancie donde corresponda.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Comparto con el señor Senador Batlle que en materia de sanciones existe una especie de ortodoxia, que es la regulación gradual. De cualquier manera, quiero señalar que -aunque no sé si está bien aclarado- la idea del artículo es exactamente esa, es decir, a partir de lo que establece el numeral 2, en donde la autoridad de contralor apercibe e intima a las autoridades de la Fundación cuando constate cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la Ley o estatutos.

Probablemente no esté muy bien aclarado que luego de esa intimación debería suspender en lugar de revocar. De cualquier manera, la idea esencial es la que antes mencioné.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - El tema consiste en que se apercibe e intima, y luego se promueve ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entiendan convenientes para evitar o corregir toda infracción a la ley. Sin embargo, en la redacción no se establece la oportunidad para que quien ejerce el contralor suspenda el funcionamiento, sino que se va directamente a la revocación. Me pregunto, entonces, si hay que esperar que los tribunales se expidan, tal como expresa el numeral 3 o si se puede hacer independientemente de que esto suceda.

Concretamente, pienso que en alguna parte del texto habría que establecer este escalón de la suspensión antes de que se aplique el numeral 4 del artículo 19, que habla de la revocación del acto de reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que ello implica prácticamente la extinción de las Fundaciones con todas las consecuencias que ello trae aparejado.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Dado que los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra han sintetizado, de alguna forma, la idea que se tiene con respecto a las Fundaciones -y prácticamente ya empezaremos a analizar algunos aspectos puntuales del articulado- adelanto que me voy a referir al tema muy brevemente.

En principio, deseo dejar constancia de que creo que es bueno que existan Fundaciones, así como que se regule la situación de aquellos que quieren dedicar su esfuerzo y patrimonio a hacer el bien común. También me parece conveniente que como contrapartida de esa acción se obtengan facilidades y exoneraciones.

Sin duda, entonces, surge la necesidad, tanto del Estado como de la comunidad, de que aquellos que están llevando adelante estas acciones para el bien común a través de sus Fundaciones y cuentan con la facilidad de su patrimonio, sean controlados para evitar cualquier tipo de irregularidades por parte de quienes, a veces, actúan de mala fe. Estimo que, en este caso, los controles jerarquizan a la propia Fundación, evitan el desprestigio de estas entidades, refuerzan sus cometidos y objetivos y, al mismo tiempo, harán que estas organizaciones encuentren un mayor eco en la población. Por este motivo, entiendo que un marco legal que contenga estos controles, tal como lo fueron recogiendo estos proyectos frente a las iniciativas anteriores, va en beneficio de la aceptación por parte del conjunto de la sociedad, así como de otros donantes y de aquellos que, viendo el buen uso que se hace de estas Fundaciones, se arriesgan a que parte de su patrimonio conforme otras nuevas.

Debo señalar que en el artículo 14 se generan algunos controles, tal como lo habíamos solicitado a través de un memorándum que se presentó luego de un trabajo colectivo realizado con asesores que están trabajando en el Nuevo Espacio. Sin embargo, todavía quedan algunas objeciones, una de ellas planteada por el señor Senador Mallo y en la que ahora insiste el señor Senador Batlle, relativas al numeral 4 del artículo 19, ya que parece lógico que en la revocación existiera un pronunciamiento del propio Poder Judicial.

Respecto al artículo 17, he visto con agrado que a través de la propia Comisión y del trabajo del señor Senador Posadas Montero, se generó la redacción de un numeral 2 en el que se recoge una inquietud de quien habla.

De esta manera, se ha ido mejorando un Proyecto de Ley que tiene un nivel aceptable, aunque por supuesto no es un Proyecto de cada uno de nosotros, sino un trabajo colectivo que permite que las Fundaciones tengan un marco legal adecuado.

La objeción más importante -que creo es compartida por la gran mayoría de los señores Senadores- tiene que ver con el hecho de que al régimen propuesto le falta un elemento esencial, como son los estímulos que el Estado puede dar para que esta causa que persigue un bien común se vea fortalecida.

Obviamente, los controles son para evitar que este instrumento no sea mal utilizado, pero el deseo de todos es que esta herramienta sea viable y se generalice. Pensamos que a partir de este tipo de organizaciones se puedan generar iniciativas muy importantes a nivel educativo, de salud, de discapacitados. Pero esto también se puede lograr a través de otros mecanismos, que quizás diez o quince años atrás, en el mundo y en nuestro país, no se veían como elementos fundamentales y que hoy, a raíz de lo que se ha avanzado en temas como la ecología, la fauna y la flora, permiten que Fundaciones de este tipo eviten, por ejemplo, que una determinada especie se extinga.

Son todas estas situaciones, las que posibilitan que la gente, en el uso de su libertad y de su voluntad, vuelque su propio patrimonio, en aquellas Fundaciones que se dedican a ciertas áreas en las que el Estado tendría cierta dificultad y no podría identificarlas o regularlas. Sin duda que si tratara de hacerlo, no lo haría de la mejor forma posible. Muchas veces las Fundaciones tienen un papel de vanguardia en identificar problemas que los Estados y aún el conjunto de la sociedad no han detectado y, sin embargo, grupos pequeños en algunas localidades o regiones lo han podido hacer.

Por esta razón, pensamos que estos casos ameritan el estímulo fiscal y la exoneración de impuestos, más allá de lo tenues que puedan ser. En ese sentido, algún señor Legislador hizo referencia a que el señor Ministro de Economía y Finanzas estaba analizando la posibilidad de crear estímulos y exoneraciones impositivas porque, reitero, más allá de lo leves que puedan ser, alentarán y permitirán que la Ley sea viable y cumpla con el objetivo deseado.

Quizás la crítica más grande que pueda hacerse al trabajo de la Comisión y al propio Senado, aún reconociendo que en definitiva logró un Proyecto consensuado que luego será aprobado, es que se ha hecho muy poco por trasmitir al Poder Ejecutivo -más allá de que se necesita su iniciativa- la idea de que este marco legal va a funcionar en la medida que tenga estímulos impositivos importantes. Muchas veces, señor Presidente, estas Fundaciones hacen un bien común que ni siquiera el Estado -con tres o diez veces más de los fondos que les dedica a sus Fundaciones- podría realizar, porque es necesario tener vocación y poder expresar la realidad que se persigue. A través de esos estímulos podemos lograr que personas y empresas colaboren en forma importante, estimuladas por esta exoneración fiscal, para que ese bien común pueda tener el fin que buscamos.

Estamos hablando de objetivos que constituyen un bien común, que están regulados por las normas a que hemos aludido y que son controlados para que no se haga un mal uso de ellos. Además, deseo señalar que hubiera querido ser más exigente para evitar que ese tipo de estímulos que existe en cualquier parte del mundo, si se establecieran en el Uruguay, tuvieran un marco legal acorde y adecuado a fin de cumplir los objetivos. Entonces, señor Presidente, a la Ley le queda esta asignatura pendiente. De nada vale intentar ayudar a una Fundación que tenga por objetivo auxiliar a niños discapacitados, eliminar la pobreza, procurar la conservación de la flora o de la fauna, becar uruguayos que puedan instruirse en otras partes del mundo y tantas otras metas tan loables, si los estímulos fiscales no existen, si no bregamos por ellos y si no intentamos, por medio de este mecanismo, que la sociedad, como en todas partes del mundo, desempeñe tareas que los Estados a veces no pueden realizar.

Desde ya adelanto que vamos a votar este Proyecto en general y que, en ocasión de la discusión particular, plantearemos algunas objeciones. Me alegra que se vayan a realizar los controles pertinentes; pero advierto a los señores Senadores que si no existen los estímulos fiscales correspondientes, este Proyecto de Ley no va a tener la potencialidad ni la energía que todos aspiramos darle.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más oradores inscriptos y de acuerdo con el artículo 70 del Reglamento, tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: quizás se podrían ordenar de la siguiente manera los comentarios realizados por los señores Senadores. Por un lado, están aquellos que tienen un carácter general y que hacen a la esencia del Proyecto -diría que, básicamente, la intervención del señor Senador Sarthou se inscribe en este grupo- y, por otro, se han efectuado exposiciones más puntuales; en tal sentido, podemos mencionar las de los señores Senadores Korzeniak y Batlle, que tienen que ver con artículos específicos, por lo que quizás sea más propio analizarlos en la discusión particular, a efectos de evitar las repeticiones.

Con respecto a los comentarios efectuados por el señor Senador Michelini -y que se inscriben en líneas más generales- acerca de la conveniencia o necesidad, a su juicio, de que existan estímulos de tipo fiscal, por un lado, quisiera tranquilizarlo e indicarle que no es exactamente justa su apreciación en el sentido de que la Comisión hubiera hecho poco para trasmitir tal inquietud al Poder Ejecutivo. En realidad dicha inquietud fue comunicada a los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura y al Director de la Dirección General Impositiva. Además -lo señalaba el señor Senador Gargano y quizás sea bueno recordarlo- ya hay algunas disposiciones en nuestra legislación vigente que conceden exoneraciones a donaciones efectuadas -si no me equivoco- en beneficio de la enseñanza pública y también de ciertas actividades como, por ejemplo, la asistencia a niños discapacitados. Es cierto que se trata de un espectro limitado, pero no podemos ir más allá de eso.

Quisiera concentrarme muy rápidamente sobre la que, a mi juicio, constituye la parte medular de la intervención del señor Senador Sarthou. Aclaro que a pesar de mantener con él una discrepancia muy radical, lo haré con el mayor de los respetos. Creo percibir que subyace, o informa un poco su posición sobre este Proyecto de Ley, una especie de desconfianza básica por el ser humano a un nivel que, confieso, no alcanzo a comprender ni puedo compartir.

Concretamente, no alcanzo a comprender por qué el posible pasaje de un patrimonio -hablemos de patrimonios por si la palabra «capital» tiene connotaciones- de una persona física o jurídica que lo utiliza con una finalidad de lucro, a una entidad que lo va a usar sin fines de lucro, debe ser «per se» motivo de alerta, aun de sospecha, y objeto de grandes controles. Si no sentimos esa especie de temor cuando ese patrimonio, repito, estaba en manos de una persona -que lo utilizaba para su bien personal- o de una empresa -que lo usaba con fines de lucro- entonces, ¿por qué cuando pasa a algo que es más altruista, automáticamente, tiene que generarnos una desconfianza y hacer que nos descarguemos, de alguna manera, sobre las espaldas de esa entidad a fin de controlar ese patrimonio que, hasta ayer, era usufructuado por su propietario en la forma que quería y a ninguno de nosotros se nos ocurría intervenir en su vida? Parecería que en el momento en que resuelve destinarlo con un fin altruista, deberíamos sentir toda serie de temores y de sospechas.

En los mismos lineamientos, me pregunto porqué actividades con fines de lucro -como por ejemplo, las que realizan las sociedades anónimas- deben ser objeto de menores controles que aquellas que se van a hacer sin finalidad de lucro. ¿Cuál es el razonamiento por el cual debemos tener una especie de prevención o sospecha frente a un Fundación y no, por ejemplo, ante una sociedad anónima? ¿A quién se estaría amenazando con esto? ¿Dónde está el potencial de daño? Supongamos, inclusive, que se destina un determinado patrimonio a una Fundación para cierto fin y luego ocurre que por un mal manejo el dinero se pierde. ¿Dónde está el daño? En todo caso, será un desperdicio, pero ese mismo dinero lo podría haber perdido quien lo tuviera antes de donarlo.

Reitero lo que dije anteriormente: se legisla por un motivo, es decir, para tutelar determinados bienes y valores. No alcanzo a darme cuenta que en este caso haya valores o bienes amenazados que requieran una intervención o tutela especial de parte del Estado a través de la Ley. Recordemos que actualmente no hay controles y no parece que estuviéramos viviendo en una suerte de «campo orégano» de tergiversación de fines, más allá de alguna querella judicial que ha dado lugar a algún informe. En ese sentido, se citó el caso del Doctor Vaz Ferreira que, en realidad, no fue acompañado con mayor calor por nadie y que, además, tenía un sustrato de una disputa económica, muy legítima, entre quienes pretendían el dinero de la Fundación y ésta que lo deseaba retener. Más allá de eso, no hay evidencia de una suerte de tergiversación generalizada en el país.

En líneas generales, considero que legislar por la patología no es buen sistema.

En definitiva, ¿cuál podría ser el único bien a tutelar en este campo? Ciertamente, no es función de los Legisladores determinar si a los ojos de una persona ese bien común está bien o mal porque, en última instancia, el patrimonio es de esa persona y lo destina a lo que quiere. Tampoco parece ser función de los Legisladores resolver si lo que va a emplear esa persona para cumplir un determinado fin de bien común es poco, mucho, bueno, regular o si debe emplear un porcentaje mayor o menor.

Pienso que el único bien a precaver sería la recaudación tributaria del Estado, en el caso de que se estuviera abriendo un camino para perjudicar a la sociedad por la vía de retacear al Estado los aportes tributarios que se deben hacer. Con relación a este tema que es lo único que, de alguna manera, podría obligarnos a ser precavidos -y ahí sí creo que tenemos una obligación que cumplir- considero que debemos recordar algunos aspectos. En primer lugar, el tema se planteó en la discusión anterior de esta iniciativa e incluso se pidió a la Dirección General Impositiva un informe para ver cuál era la realidad al día de hoy con esta clase de instituciones. Entonces, la referida Dirección informó que no había ningún indicio de evasión por este camino y que todos los casos eran perfectamente conocidos, al punto de que presentó una lista de las Fundaciones existentes y opinó que allí no había un canal de evasión, ni riesgo mayor en la materia.

Por otro lado, creo que debemos tener presente la realidad: independientemente de la opinión que nos merezca la estructura tributaria del Uruguay, debemos recordar que, sustancialmente, está basada en impuestos indirectos. La mayor precaución para que las Fundaciones no se transformen en instrumentos de evasión tributaria, se presenta en los países en los cuales el grueso de la tributación reposa sobre los tributos directos. En nuestro país no tenemos el impuesto a la renta personal y, por lo tanto, elucubrar de qué forma se pueden evadir impuestos utilizando este instrumento, parecería que no está de acuerdo con nuestra realidad tributaria.

Con relación a otro de los aspectos mencionados por el señor Senador Sarthou, que se encuentran dentro de un mismo contexto filosófico o anímico filosófico, recuerdo que él manifestaba -y espero no tergiversar sus palabras- que la Fundación, a diferencia de las asociaciones civiles, al no ser una agrupación de personas que persigue determinado objetivo sino el destino de una masa de dinero que busca cumplir determinada finalidad son, de alguna forma, menos democráticas. Entonces, parecería que hay menos personas en juego y que eso le daría un carácter menos democrático, lo que aconsejaría una mayor presencia controladora del Estado. Me permito discrepar con ese razonamiento.

En primer lugar, no estoy muy convencido de que la democracia deba ser una condición en el funcionamiento de una Fundación. La democracia es esencial para muchas cosas y conveniente para otras, pero no para todas -entre otros aspectos, el funcionamiento de mi familia hasta el día de hoy no es democrático y no creo que sea bueno que lo fuera- y pienso que con las Fundaciones sucede algo similar. Además, no creo que la democracia sea sinónimo de único mecanismo de contralor, porque se ejercen contralores en esquemas que no son democráticos. Por lo tanto, pienso que allí hay una prevención que quizás no tenga un fundamento cabal.

De la misma manera -y espero no tergiversar el pensamiento del señor Senador Sarthou, en cuyo caso le pido que me corrija- se sostuvo el concepto de que el capital destinado a un fin altruista es algo antinatural porque el lucro es de su propia naturaleza. Por lo tanto, si aparece una situación donde el capital no se destina al lucro sino a una finalidad de bien común o altruista, estaríamos frente a una situación que no sería natural y, en consecuencia, debe llamar la atención y ser motivo de controles.

Me permito discrepar con esa opinión porque no existe ninguna evidencia de que eso sea así. En definitiva, todos quienes estamos aquí sentados hacemos un esfuerzo en mayor o menor medida por tener capital, y no lo hacemos con fines espurios, porque en la gran mayoría de los casos perseguimos objetivos altruistas como es el mantenimiento de nuestra familia. No veo que exista una contradicción necesaria entre capital y lucro, como si fueran elementos antinaturales que exijan mayores contralores cuando un capital se destina a fines no lucrativos. Pienso que se trata de un hecho que se presenta todos los días, ya que el mayor patrimonio o capital que existe en nuestro país es el del Estado, y se supone que lo utiliza para fines no lucrativos. No veo que ese razonamiento tenga fundamento.

En la misma línea que lo anterior está el argumento de que remunerar a los Directores de una entidad que va a perseguir un fin de bien común o de interés general, tiene un tinte antinatural. De alguna manera se sostiene que un Director remunerado no se casa con una finalidad altruista. Entonces, me pregunto qué sucede con nosotros que estamos todos sentados en este ámbito percibiendo una remuneración. ¿Dejamos por eso de cumplir una finalidad que es de bien común? ¿Nuestra actividad, por el hecho de que somos remunerados, es motivo de sospecha? De nuevo me parece que ahí no hay un verdadero fundamento.

Por otro lado, este tema fue discutido en la Comisión y decantado en un inciso del artículo 8º -adelanto que contra mi opinión- donde se acotó en determinado porcentaje la remuneración. Pienso que ello es un grave error porque, cuanto mayor valor tenga el objetivo y más altruista sea, es mejor que quienes vayan a ocuparse de ese tema tan importante estén debidamente remunerados. Es el mismo razonamiento que he hecho en el Senado cuando se han planteado temas vinculados a aspectos económicos de los Legisladores. Me parece que la mentalidad que se ubica en una línea de pensamiento donde todo eso no es bien visto, cae en un gravísimo error.

Por último, y relacionado con el planteo de que pudieran establecerse controles de la Inspección General de Hacienda partiendo de la premisa de que el Ministerio de Educación y Cultura no lo haría en forma eficiente, confieso que tengo discrepancias con ese punto de vista, aunque no digo que sea una argumentación carente absolutamente de fundamento. La Inspección General de Hacienda es un organismo que cumple otra finalidad, como es la de colaborar para que la actividad comercial, cuando intervienen personas jurídicas, tenga un determinado grado de transparencia y de buen orden, a fin de proteger a los accionistas o socios de sociedades comerciales y, en algún caso, de amparar también a los mecanismos de ahorro público que pueden verse afectados si se utilizan a las sociedades anónimas como instrumento. Se trata de objetivos muy diferentes a aquellos comprendidos en este Proyecto de Ley.

Aquí habría tres campos de control posible o potencial. El primero es el tributario, que no es de competencia de la Inspección General de Hacienda, sino de la Dirección General Impositiva. El segundo de ellos tiene que ver con el cumplimiento de sus fines y la verificación de si, efectivamente, una Fundación constituida para cumplir un fin altruista actúa en ese campo o ha tergiversado su actividad lo que, evidentemente, no es materia de la Inspección General de Hacienda que no tiene condiciones ni está preparada para realizar esa clase de controles, que deben ser llevados a cabo por el Ministerio de Educación y Cultura. Adelanto, además, que el establecer un doble régimen de control -en algunos casos, sería el Ministerio de Educación y Cultura y en otros, la Inspección General de Hacienda, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas- según la larga experiencia que se tiene en el país, inevitablemente desemboca en trabas, duplicaciones y «torturas» que deberán soportar los administrados en varias oficinas. La argumentación de que el Ministerio de Educación y Cultura va a ser ineficiente en materia de controles, no creo que sea válida para querer «torturar» a los administrados, sobreponiéndoles otro mecanismo de control. Si el Estado es ineficiente, el problema debe solucionarlo la dependencia correspondiente, pero ello no debe ser motivo para seguir martirizando a la gente.

El último elemento a destacar es el control contable que surge como consecuencia de algunos aspectos que se han incluido en este Proyecto de Ley. Entiendo que no se trata de una materia de tal complejidad que no la pueda instrumentar, con gran rapidez, el Ministerio de Educación y Cultura. No creo que hacer el análisis de una memoria anual, de un balance y demás, sea un tema tan esotérico que esté fuera del alcance de dicha Cartera. Por lo tanto, confieso que no me seduce demasiado la solución de añadir controles por parte de la Inspección General de Hacienda.

Por último, creo -la mayoría de los miembros de la Comisión están de acuerdo en ello- que los distintos mecanismos de control que han sido incluidos en este Proyecto de Ley son suficientes. Entiendo que allí existen instrumentos hábiles para ejercer un control suficiente, razonable y adecuado para este tipo de actividades. Es más; en mi opinión -creo que el señor Senador Mallo la comparte- muchos elementos que fuimos incorporando en esta iniciativa pueden resultar excesivos y parecen incurrir -como también señalaba el señor Senador Mallo- en el campo de la libertad de las personas. Pienso que, en este tema, se manifestarán algunas de las discrepancias que se van a plantear y que yo comparto. Pero, en definitiva, en aras de transar con posiciones un tanto diferentes como las que se mencionaron aquí, fuimos incorporando alguno de estos elementos a lo largo del articulado, en el que figuran controles más que suficientes. Ahora bien; ninguno de nosotros puede establecer lo que sucederá en el futuro. Quizás, dentro de algunos años, esto llegue a proliferar de tal manera -cosa que dudo enormemente- que requiera algún retoque; pienso que siempre estaremos a tiempo para efectuarlo. De todos modos, debemos cuidar de no matar a la criatura en el momento en que estamos tratando que nazca.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En realidad, creo que el tema de fondo no radica en que aquí no reconozcamos el contenido humano de los actos de los hombres. Como dije anteriormente, este es un patrimonio dedicado a un fin. Entonces, si bien en la idea originaria de una fundación puede haber un impulso humano por parte de quien la establece, también puede existir la finalidad de lograr ciertos objetivos económicos subyacentes. Indudablemente, en nuestro país, en los casos en que existe gran capital, los autores y técnicos que han estudiado este punto han demostrado que existen irregularidades. En la página 31 del libro del Doctor Daniel Risso se dice que, respecto de este tema, se desprende un collar de irregularidades en la obtención de franquicias tributarias; en el ocultamiento, a la Inspección de Hacienda, del cumplimiento de los estatutos y en la no comunicación a los beneficiarios de sus derechos. Asimismo, allí se expresa que se demostró que determinada personería jurídica había sido otorgada con una solicitud de pronto despacho del Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social. Al mismo tiempo, se dice que la exoneración fiscal, a nivel nacional, había sido tramitada con suma urgencia. En suma, el Doctor Risso realiza una serie de denuncias que también formula el Doctor Vaz Ferreira. Son casos concretos, referidos a fundaciones que cuentan con gran capital y esto, evidentemente, está presente en la realidad y en la jurisprudencia de nuestro país. En cuanto al aspecto filosófico, el capital, por razones definidas, tiende a su acrecentamiento. Esta es una de sus finalidades; precisamente, el capitalismo existe por el surgimiento de la plusvalía y de la acumulación capitalista. Entonces, es excepcional el hecho de que alguien que posea capital tenga la preocupación de destinarlo a un fin humanitario determinado. Además, ese capital luego se independiza y es administrado por empleados de la organización. Con esto no quiero decir que tenga desconfianza en el ser humano, sino que es atípico y anormal que un contingente de capital tenga por objetivo el hecho de generar un bien común; de otro modo, no existiría el régimen capitalista que, como dije anteriormente, se rige por la acumulación. La excepcionalidad anecdótica puede darse, pero también existen estos otros casos de anormalidad en el funcionamiento de las Fundaciones, que se han planteado en nuestro país y que fueron denunciados por prestigiosos técnicos, tanto en el Senado como en distintas publicaciones. Con esto no quiero decir que estemos negando la libertad; simplemente, aumentamos los controles y aquí viene el segundo aspecto a que quería referirme. ¿Por qué decimos que la democracia de una asociación y el funcionamiento democrático dan garantías? Porque ellos son los que han coincidido en elaborar el bien común y se controlan a sí mismos. El mecanismo de autorregulación y de autocontrol, a través de la denuncia y del funcionamiento, lo vemos todos los días en las sociedades. En cambio, en las Fundaciones existen empleados ejecutores y no el mecanismo de formación de opinión. A su vez, si los administradores reciben remuneración, también están atados a una realidad. Por eso queríamos acotar que la remuneración debe ser razonable y no debe depender de cómo se maneja la institución y cómo se aplican los fines, porque eso está condicionando a los hombres.

De manera que admitimos el elemento humano en el campo de las relaciones espontáneas de los hombres, pero pensamos que quienes manejan capital tienen objetivos de acrecentamiento, porque el capital, por sí mismo, tiene ese fin.

Queríamos hacer esta aclaración para señalar que no se trata de una agresividad contra quien suministró el capital, sino de una vigilancia objetiva. Tememos, también, que en este tipo de Fundaciones en que los responsables no aparecen identificados, puedan constituirse capitales que vienen del extranjero y que puedan tener un origen espurio. De esta forma, se constituyen Fundaciones que contratan personas que van a tener un salario y que pueden servir de instrumento para blanquear capitales ilícitos. Esto no se da en las sociedades, porque allí la gente tiene que identificarse y, de alguna manera, es responsable de la marcha de las mismas. Sin embargo, en los casos que mencionábamos, hay personas que tienen un rol dependiente, ya que no son propietarios del capital y no responden como tales; simplemente, son agentes de un capital que no tiene identificación de los propietarios, por lo menos, en el funcionamiento de las Fundaciones. Especialmente porque en el régimen de esta Ley no se efectúa ningún control sobre el origen del capital.

Reitero que no se trata de agredir a las personas que poseen capital, sino de defender y crear las condiciones para que realmente se pueda cumplir el fin estipulado. Es mucho más probable que pueda funcionar correctamente un conjunto de bienes con un fin claramente delimitado de bien común y de escaso monto que un gran capital que, evidentemente, tiene los riesgos que se han planteado en nuestro Derecho Positivo, a través de distintos técnicos. No queremos que se reiteren en el país situaciones atípicas e inmorales en el funcionamiento y de incumplimiento de los fines generales o de bien común. Sin duda tenemos pensamientos distintos con el señor Senador Posadas Montero sobre el vínculo entre el capital y el interés general o bien común.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR HEBER. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Simplemente, queríamos proponer que se votara por artículos, desglosando los artículos 8º y 22, que merecen observaciones por parte de algunos señores Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado puede determinar libremente el régimen de discusión y votación.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Quizás, el trámite se facilitaría si votáramos por capítulos, salvo cuando algún señor Senador pida el tratamiento particular de determinado artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que el señor Senador señala es de orden; siempre que un Legislador pide el desglose de una votación, así se procede, exista o no votación especial al respecto.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Simplemente, deseo señalar que he presentado varios aditivos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Oportunamente se dará cuenta de los artículos aditivos que, naturalmente, constarán en actas, aun cuando su votación resulte negativa.

Si no se hace uso de la palabra, corresponde votar la moción presentada, en el sentido de votar por capítulos, salvo los artículos 8º, 22 y aquellos que los señores Senadores deseen desglosar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el Capítulo I que comprende, únicamente, el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 1º. - (Objeto). Las Fundaciones son personas jurídicas reconocidas como tales por la autoridad competente que se constituyen mediante el aporte de bienes, derechos o recursos realizados por una o más personas físicas o jurídicas y que persiguen un objeto de bien común, sin propósito de lucro.»)

-Respecto de este artículo, se ha propuesto un aditivo.

Léase.

(Se lee:)

«Las Fundaciones deberán perseguir fines de interés general, de asistencia social, cívico, educativo, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente o de fomento de la economía o de la investigación o cualesquiera otro de naturaleza análoga.»

SEÑOR PRESIDENTE. - Este es un inciso aditivo del artículo 1º y, por consiguiente, requiere la aprobación del señor Miembro Informante. De esa forma y de conformidad con éste, se votará primero el artículo que viene de Comisión y, en función del resultado, se votaría posteriormente el aditivo.

Tiene la palabra el señor Miembro Informante, señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Creo recordar que el señor Senador Korzeniak -lamentablemente, no se encuentra en este momento en Sala- con relación a este artículo había realizado dos comentarios. En primer lugar, se refirió a la conveniencia que, a su entender, tenía el sustituir el concepto de bien común por el de interés general y, en segundo término, sugirió establecer un inciso aditivo y no taxativo, como el que se dio lectura por Secretaría.

Con respecto al primer aspecto, si bien no es ontológicamente lo mismo, a los efectos de no introducirnos en una discusión filosófica sobre la diferencia entre bien común e interés general, no tengo inconveniente en aceptar la modificación propuesta y no hago cuestión sobre el punto. Si los señores Senadores piensan que la expresión «interés general» es un término más utilizado en nuestro Derecho. De todos modos, creo que este aspecto no va a dar lugar, ya sea en un caso o en otro, a dificultades de aplicación práctica del texto legal. En consecuencia, si el sentir mayoritario del Cuerpo es hacer esa sustitución, no me opongo a la misma.

En cuanto al inciso aditivo, con toda franqueza, debo señalar que el mismo me rechina, porque no es de buena técnica legislativa, no añade absolutamente nada y es una enumeración que carece de sentido. Además, incluyendo el concepto de bien común o de interés general y sin propósito de lucro, el texto es suficientemente claro, sin necesidad de añadir esa lista no taxativa que, en todo caso, si algún efecto va a tener, seguramente será el de dificultar la interpretación.

Por lo tanto, en términos de truco, «se quiere y se pasa».

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiere decir, entonces, que se votaría el texto tal como viene en el repartido, con la modificación de «bien común» por «interés general».

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En realidad, el artículo aditivo es el artículo 2º, numeral uno, de la ley española. Nosotros hemos reproducido, exactamente, el cuadro de fines que establece dicha ley, porque entendíamos que ayudaba a la autoridad de contralor a precisar, en mejor forma, cuál era el sentido del término bien común y de interés general, el realizar una enumeración, aludiendo también a todos los fines análogos. Hemos seguido esta línea que nos parecía esclarecedora y que, de algún modo, desarrollaba el concepto de interés general facilitando el contralor que debía realizar la autoridad administrativa que va a autorizar la Fundación.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa reitera que, de acuerdo al planteo del señor Miembro Informante, reglamentariamente corresponde votar el artículo 1º, con el texto que viene de Comisión y con la modificación sugerida, en el sentido de sustituir «bien común» por «interés general».

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente, voy a referirme a un tema de carácter procesal. A mi entender, estamos ingresando en una discusión particular muy peligrosa, por la circunstancia de que las disposiciones informadas por la Comisión y por el Miembro Informante, son analizadas conjuntamente con los aditivos. Esto representa incursionar en un procedimiento muy complicado -se ha presentado un conjunto de aditivos- que impedirá que este Proyecto de Ley pueda ser debidamente votado.

Por lo expuesto, considero que se debe dar cuenta de los aditivos, pero habría que poner a votación, en primer lugar, la disposición informada por la Comisión, salvo que el señor Miembro Informante acepte alguna modificación que se proponga al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ese es el procedimiento que estamos siguiendo, señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Sin embargo, se ha discutido un aditivo sin haber votado el artículo correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que sucede es que la Mesa entiende que esta es la mejor forma para que los señores Senadores estén informados sobre el texto de cada uno de los artículos. De todos modos, en el momento de la votación se va a proceder tal como lo señala el señor Senador Santoro.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - En realidad, estos textos que estamos considerando no son aditivos, sino modificaciones. Entonces, teniendo en cuenta tanto las sugerencias del señor Senador Sarthou, como las inquietudes procesales del señor Senador Santoro -que también son legítimas- a mi entender, a lo largo de la discusión particular de este Proyecto de Ley, se pueden ir discutiendo las modificaciones propuestas por el señor Senador Sarthou, en la medida en que son sugerencias de modificaciones de los artículos que han venido informados.

Por lo tanto, creo que estos textos no son técnicamente aditivos, sino modificaciones que se proponen, se discuten cuando se analiza el artículo y, posteriormente, se vota en primer lugar la disposición que viene de la Comisión.

Con respecto al primer inciso, que supongo va a ser votado por unanimidad -sustituyendo «bien común» por «interés general» de modo de ser coherentes con la Constitución- en la tercera línea del comparativo, después de la palabra «competente» habría que colocar una coma porque, de lo contrario, se modifica el sentido de la redacción y de lo que se quiere expresar.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En realidad, hemos presentado un aditivo porque si bien la primera parte implica una modificación, el segundo inciso es aditivo y no modificativo, porque desarrolla el concepto de interés general. La modificación consiste en sustituir bien común por interés general, pero el inciso segundo, reitero, es aditivo. Además, todos los aditivos están relacionados con el tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - A los efectos de clarificar la discusión, creo que lo deseable es que el Senado y cada uno de los señores Senadores tenga, en la discusión de los artículos, todos los antecedentes y modificaciones que se han planteado al respecto.

La Mesa está de acuerdo en que en el texto planteado por el señor Senador Sarthou hay modificaciones al inciso primero y un inciso aditivo. Por esta razón, se ha consultado al señor Miembro Informante, quien ha dado su posición y la Mesa, en aplicación estricta del Reglamento, pone a votación, en primer lugar, el artículo tal como ha sido aprobado en Comisión. Creo que esto es absolutamente claro; en todo caso, podrá discutirse si el inciso segundo debe ser puesto a votación en forma independiente, lo que obviamente puede ser una decisión polémica.

En definitiva, la Presidencia entiende que, en la medida en que el señor Miembro Informante ha establecido su posición, el texto que resulte de la votación será incompatible con el que se ha planteado como inciso segundo. Esa es la posición de la Mesa y la que, salvo posición contraria del Senado, se aplicará en cada uno de los artículos siguientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto del artículo 1º, con las modificaciones planteadas.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se cuestiona la actitud de la Mesa, el inciso aditivo no se va a poner a votación, salvo que eventualmente el señor Senador postulante lo plantee como un artículo aditivo, en cuyo caso se pondrá a votación en función del derecho de cada uno de los integrantes de este Cuerpo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Mi intención no es cuestionar el procedimiento de la Mesa, sino razonar en voz alta a los efectos de convencer al señor Presidente de que si bien el aditivo puede ser no compartido por el señor Miembro Informante, no tenemos una opinión expresa por parte de la Comisión sobre el texto que se propone sumar a lo ya dicho en el artículo que hemos votado. Este aditivo no es contradictorio sino que continúa el desarrollo de una idea, por lo tanto me parece que deberíamos votarlo. En ese sentido, el Presidente no puede interpretar que se rechaza expresamente por sólo votar afirmativamente la parte primera. Entonces, a los que estamos de acuerdo con dicha parte, nos obligaría a votarla negativamente si no nos votan la otra.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que hay una única garantía para todo el Cuerpo y es que el Presidente aplique estrictamente el Reglamento. Por lo tanto, si se plantea un artículo, en algunos aspectos modificativo y en otros, aditivo del artículo 1º, la Presidencia no tiene otro camino más que establecer lo que es el artículo 1º en función de la opinión del señor Miembro Informante. Por otro lado, si el señor Senador Sarthou aspira a que ese aditivo se transforme en derecho positivo o, por lo menos, sea aprobado por la Cámara, le basta con establecer que se trata de un artículo aditivo -en este caso, segundo- que especificaría el alcance del concepto de bien común e interés general. Si el señor Senador Sarthou lo hace, naturalmente el artículo se pondrá a votación porque la Mesa no pretende cercenar el derecho de ninguno de los señores Senadores, simplemente desea aplicar el Reglamento en la forma que lo entiende.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Voy a tratar de contribuir en el sentido de que no nos enredemos en una cuestión de procedimiento. Sin ninguna duda, el inciso que presentó el señor Senador Sarthou sería aditivo al artículo 1º de este Proyecto de Ley. Así debe haber sido presentado a la Mesa, justamente como aditivo al artículo 1º. Asimismo, no era en absoluto incompatible con el artículo 1º, es más, se trataba de una ejemplificación de cuáles son esos fines para el bien común o de interés general. Ocurrió que en el curso de la conversación el tema de interés general, en lugar de bien común, se incluyó por aceptación expresa del señor Miembro Informante en el inciso, tal como venía de la Comisión. Por esta razón en la discusión quedó, se entendió, que con eso ya estaba contemplado esto que, sin ninguna duda, era un aditivo. Aún sigue siendo un aditivo al artículo 1º que viene de la Comisión y que no es incompatible en absoluto porque expresa que esos fines de interés general o de bien común serán de tal tipo, precede una enumeración que no es taxativa porque concluye diciendo: «u otros similares».

Con ánimo de colaborar, e interpretando lo que quiere decir el señor Senador Sarthou, me permito aclarar que se trata de que después de votar el artículo 1º tal como vino de la Comisión, con los cambios aceptados por el señor Miembro Informante, se vote en el sentido de si se está de acuerdo o no con añadir el nuevo inciso que desarrolla lo que ya se aprobó en el artículo 1º. Este ha sido el relato histórico y fiel de lo que ha sucedido y es mi propuesta de colaboración procedimental con el tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa se permite discrepar con el criterio planteado por el señor Senador Korzeniak en el sentido de que se trata de un inciso aditivo y en la medida en que ha habido una opinión clara del señor Miembro Informante, no puede votarse. Obviamente, si el señor Senador Sarthou desea plantearlo como artículo aditivo, tendrá que ser votado y en ese caso, la decisión será del Senado y no de la Presidencia.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: vamos a votar este Proyecto de Ley en las condiciones que lo establece nuestra propia firma, aprobándolo tal como vino de Comisión. Compartimos la posición de la Mesa y no creemos que sea una buena práctica parlamentaria el hecho de que se planteen en Sala, por integrantes de la Comisión, aditivos que no se propusieron en ese ámbito cuando este Proyecto de Ley fue discutido largamente. Entonces, si en cada artículo de un Proyecto de Ley de esta extensión se van a plantear artículos aditivos que no fueron discutidos en Comisión, nos parece que el trabajo parlamentario no podrá avanzar de manera fecunda. Por tanto, más allá de respetar el derecho natural que tiene cada señor Senador para plantear las iniciativas que le parezcan oportunas en Sala, nosotros nos vamos a ceñir fundamentalmente al texto que aprobamos en Comisión y apoyamos el procedimiento que ha indicado el señor Presidente.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - En mi ignorancia pregunto a la Mesa qué artículos del Reglamento se están aplicando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para mejor aclaración de los señores Senadores léanse los artículos del Reglamento que estamos utilizando.

(Se leen:) «Artículo 74. - En la discusión particular, pueden proponerse artículos en sustitución de los del proyecto o como adicionales a ellos. Del mismo modo pueden proponerse enmiendas a esos artículos ya sean aditivas, supresivas o sustitutivas.

Artículo 75. - Los artículos o enmiendas propuestos entrarán en discusión conjuntamente con el artículo del proyecto si son sustitutivos de éste, y, después de haberse votado, si son artículos aditivos.

Artículo 76. - Si la votación de un artículo resultase afirmativa quedarán desechados los que se hubiesen propuesto en sustitución; mas si resultase negativa, se procederá a votar éstos por el mismo orden en que se hubiesen presentado.

Artículo 77. - Los artículos en que se hubiesen propuesto enmiendas, se votarán primeramente sin ellas. Si fuesen aprobados, se considerarán desechadas las enmiendas; pero si no lo fuesen, se votarán luego con ellas, por su orden.»

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Entonces, señor Presidente, la cosa es clarísima: el artículo 1º votado establece que las Fundaciones son personas jurídicas reconocidas, cuyo objeto es el interés general sin propósito de lucro. Lo que propone el señor Senador Sarthou es un inciso 2º aditivo, de acuerdo al Reglamento que acabamos de dar lectura, en donde define cuál es el interés general de las Fundaciones. Personalmente, no lo voy a votar porque no creo en esas cosas como las que plantean, por ejemplo, los Escribanos cuando ponen, luego de : «poder general», cosas que corresponden a dicho poder y después, por las dudas de que se hayan olvidado dicen, además, «otras parecidas». Como la realidad supera la imaginación, siempre hay alguna forma de poder general que no está comprendida en la expresión que se incluye en el poder.

Entonces, desde el punto de vista reglamentario me parece que la cosa es clarísima: en primer lugar, esto no sustituye al artículo 1º, sino que le agrega un inciso 2º. En segundo término, lo ponemos a votación y con esto se termina la discusión que nos hace perder tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ratifica su posición, pero en la medida en que no quiere que el Senado se enfrasque más todavía en una discusión reglamentaria procedimental, no tiene inconveniente, si no hubiera objeciones, en que se ponga a votación como inciso segundo, lo que en concepto de la Mesa, ratifico, debió ser, en el caso de que resulte aprobado, el artículo 2º, y no el inciso segundo, por cuanto creo que debemos respetar la opinión del señor Miembro Informante en la materia.

Obviamente, no quiero seguir discutiendo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Creo que debemos tener en cuenta que estamos en el primer año de esta Legislatura y quiero saber si el día que me toque informar un Proyecto voy a tener la potestad soberana de decir: «Este señor Miembro Informante dice que este artículo no se trata.»

Entiendo que de este Reglamento no surge ninguna potestad soberana del señor Miembro Informante. Creo que lo que de él surge es que primero hay que votar el artículo como se propone y, si la votación resulta negativa, proponer entonces el sustitutivo. Naturalmente, como no he leído el Reglamento, señor Presidente, quizá me esté equivocando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor Senador; yo creo que está equivocado.

SEÑOR BATLLE. - Pero dígame qué artículo del Reglamento dice que el señor Miembro Informante tiene potestad de decir cuál es el artículo que se vota.

SEÑOR PRESIDENTE. - Cuál es el artículo, no, sino cuál es su contenido, lo cual es diferente.

SEÑOR BATLLE. - Le pido que lea el artículo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se lo acabo de leer, señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - No, señor Presidente; el que acaba de leer no habla del señor Miembro Informante.

SEÑOR PRESIDENTE. - No vamos a seguir discutiendo sobre el tema. La Mesa ratifica su posición porque cree que es la única que ofrece garantías al Senado de que la discusión se hace, por lo menos, en forma armónica. Pero, obviamente, ese es un tema que en definitiva no se va a resolver hoy ni tampoco sentará precedente.

Entonces, en función de que se ha señalado por parte de muchos señores Senadores un cuestionamiento informal al criterio sostenido por la Mesa, vamos a votar como inciso segundo el texto planteado por el señor Senador Sarthou en cuanto a la determinación de los criterios de interés general.

Léase el aditivo propuesto.

(Se lee:)

«Las Fundaciones deberán perseguir fines de interés general: de asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, o de fomento de la economía o de la investigación o cualesquiera otros de naturaleza análoga.»

-Se va a votar.

(Se vota:)

-8 en 28. Negativa.

En discusión el Capítulo II, que comprende los artículos 2º y 3º.

(Los textos de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

«Artículo 2º. - (Constitución). Las Fundaciones se constituyen por:

a) acto entre vivos, documentado en instrumento público otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial, o;

b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes, derechos o recursos que se aportan y el o los
fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación.

Si en el acto de constitución se estableciera que los estatutos deberán contener alguna disposición expresamente vedada por la ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Artículo 3º. - (Reconocimiento). El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación, a cuyos efectos se presentará:

A) El instrumento público referido en el artículo 2º de la presente Ley o el testamento correspondiente.

B) Detalle de los bienes, derechos o recursos aportados.

C) Proyecto de los estatutos que contendrá:

a) Nombre y domicilio de la Fundación.

b) Determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución.

c) Capital inicial, integración y recursos futuros.

d) Plazo y condiciones si estuviere sometido a los mismos.

e) Organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones.

f) Disposiciones para la reforma del estatuto.

g) Fecha de cierre del ejercicio anual.

h) Casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes.

i) Designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.»)

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: como sucede tantas veces, a pesar de haber manejado este Proyecto durante mucho tiempo, en una última lectura me surge una propuesta de modificación para el literal a), tanto del artículo 2º como del 3º. Ambos hablan del tipo de documento en el cual debe instrumentarse la Fundación y se refiere en ambos casos exclusivamente al instrumento del documento público, que me parece una limitación a la cual no veo justificación suficiente. Sugeriría establecer la opción también de un documento privado con firma certificada. En concreto, propondría la siguiente redacción para el literal a) del artículo 2º: «acto entre vivos, documentado en documento público o privado con firma certificada otorgada por el o los fundadores», etcétera. Con relación al literal a) del artículo 3º, plantearía un texto que dijera: «El instrumento público o privado referido en el artículo 2º de la presente Ley», etcétera.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Me gustaría que el señor Miembro Informante explicara la diferencia existente en la materia. Entiendo que instrumento público es una escritura pública de cuya fe da el Escribano con respecto a todo el contenido del documento y que cuando certifica una firma hace sólo eso, no certifica el contenido del instrumento. Pregunto si es esa la diferencia, porque entonces es claro que tiene importancia que sea un instrumento público o privado con la firma certificada. Lo que hago es consultar, porque seguramente en esta materia los Abogados conocen más que yo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Nuestra legislación estipula los casos en que exige instrumento público. Yo no soy Escribano y esta es materia notarial más que jurídica, pero sustancialmente se refiere a transferencia de inmuebles y constitución de derechos reales. En los demás casos no se exige. Reitero volviendo a analizar el texto, no veo por qué el documento de constitución deba necesariamente ser extendido en un documento público. Creo que basta la certificación de fecha y firma -por eso habla de instrumento privado con firma certificada- y así como una sociedad anónima y un testamento, necesariamente no se constituyen en un instrumento público, no veo que el resto requiera de la solemnidad de un instrumento público.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: metiéndome en la actividad notarial, creo que el principio que maneja el señor Senador Posadas Montero es correcto. Los Escribanos llevan dos cosas: el Protocolo, donde se hacen las escrituras públicas y el Registro de Protocolizaciones, donde al incorporar el documento, la fecha de éste queda comprobada. Entonces, habitualmente, las leyes establecen «Documento de fecha comprobada» porque, de lo contrario, la sola certificación de la firma no da certeza a la fecha. De modo que como fórmula jurídica sugeriría: «Documento público o privado de fecha comprobada y firma certificada». Por lo tanto, a mi juicio, eso cubriría las garantías mínimas y se acerca a lo que se hace habitualmente en cualquier sociedad y también puede realizarse en documento privado de fecha comprobada y firma certificada.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Deseo plantear una pequeña variante a lo que manifiesta el señor Senador Korzeniak. El instrumento público hace plena fe del hecho de haberse otorgado y de su fecha. El instrumento privado, si están certificadas las firmas, hace fe de la autenticidad de éstas. En cuanto a la fecha cierta, la obtiene por la incorporación al Registro de Protocolizaciones. Entonces, yo diría: «o por instrumento privado debidamente protocolizado».

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Acepta la sugerencia, señor Senador Posadas Montero?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Sí, señor Presidente; estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, en la medida en que está protocolizado, requiere certificación de firmas.

Quedaría, entonces, establecido el texto de los artículos 2º y 3º tal como están, con el agregado «documentado en instrumento público o privado debidamente protocolizado», para los casos del inciso a) del artículo 2º y del inciso a) del artículo 3º.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - No escuché bien cómo quedaría la redacción definitiva, aunque tengo claro el concepto del literal a) del artículo 2º. Pero entonces tenemos dos opciones. Si mantenemos la coma y la «o» al final del literal, hay que eliminar el punto y coma. De lo contrario, podemos colocar el punto y coma después de la palabra «especial», y eliminar la «o». Lo cierto es que tal como está, no puede quedar.

SEÑOR PRESIDENTE. - A los efectos de clarificar debidamente el texto de lo que se va a votar, léase la parte en cuestión.

(Se lee:)

«Las Fundaciones se constituyen por: a) acto entre vivos, documentados en instrumento público o privado debidamente protocolizado otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial, o».

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Concretamente, propongo que después del término «especial» se ponga un punto y coma y se suprima la «o».

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Quiero aclarar que en esta actividad fermental también sucede que al señor Miembro Informante en el momento de la discusión le surgen apreciaciones que no se hicieron en la Comisión, lo que demuestra que el debate es válido y sirve para aportar nuevos elementos.

Por otra parte, deseo destacar que hablar de instrumento público supone un contralor notarial de las condiciones del surgimiento de la Fundación. En cambio, en el documento privado protocolizado no hay contralor técnico ni jurídico de las condiciones. Quiere decir que aquí hay un cambio cualitativo, porque se constata la certeza de la fecha, pero el contenido queda librado a la voluntad de las partes. Entonces, resulta importante cambiar de instrumento público a instrumento privado protocolizado, puesto que en el primero va a haber un contralor en cuanto a que la Fundación se otorgue con las debidas garantías; en cambio, en el segundo caso no se tiene la misma seguridad con respecto a los contenidos. Aclaro que no me estoy pronunciando en forma terminante, sino que simplemente estoy diciendo que son distintos los alcances jurídicos: en el caso del instrumento público se van a controlar debidamente las características de la Fundación, pero tratándose de un instrumento privado protocolizado la situación puede no ser tal.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - No soy Escribano y nunca he sido muy afecto a los temas notariales, pero me da la impresión de que desde el punto de vista jurídico este asunto no es como dice el señor Senador Sarthou.

En el documento público el Escribano no realiza ningún contralor fáctico; simplemente recoge lo que se le dice y da fe de ello. Por otra parte, no veo que sea materia de un Escribano hacer un control cuando va a haber un organismo a esos efectos. El instrumento público, de alguna manera, está justificado en los países donde todavía existe -hoy día son una minoría en el mundo- el requisito de solemnidad y de publicidad especial, que no parece ser el caso. Por lo tanto, la opción de redacción que se propuso me parece que es suficiente, y reitero que no veo motivos para hacer obligatorio el instrumento público, más allá de que haría las delicias de los Escribanos.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - El rol de fedatario del Escribano consiste en identificar el contrato e introducir en el texto los rasgos técnicos de ese contrato. Normalmente, este profesional realiza un contralor del contenido y no solamente de formalidad acerca de si el contrato puede ser hecho de una forma o de otra. Estoy convencido de que en ese aspecto lleva a cabo un control técnico; no va a establecer un contrato violando las condiciones propias del documento de que se trate. Por eso señalaba que es muy distinto un contrato privado, donde la firma se protocoliza, que un documento público elaborado por un Escribano que controla la corrección de la ubicación del contrato en el marco jurídico del sistema. Por lo menos, esto siempre lo entendí así.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Quiero decir que vamos a acompañar la redacción original propuesta por la Comisión porque estimamos que si regulamos por una ley que en esta materia va a resultar muy precisa, es fundamental que exista un contralor técnico a cargo de un Escribano público a los efectos de que las normas que estamos estableciendo puedan ser debidamente observadas desde el punto de vista técnico por quien está habilitado para hacerlo. Por este motivo creemos que es conveniente y adecuado que en la redacción original se establezca que debe tratarse de un instrumento público.

Por otra parte, participamos de las palabras que en esta materia el señor Senador Sarthou pronunció con mayor precisión que nosotros puesto que maneja mejor la materia, pero tal como hemos discutido en la Comisión y en el seno de este Cuerpo, sobre contralores, especificaciones y determinaciones hasta del punto de vista literal, creemos que cuando se constituye una Fundación mediante una ley que resulta muy precisa, el control de lo que se va a establecer en el documento debe estar a cargo de un Escribano público.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Improvisando o recordando malamente después de las decenas de años que estudié el punto en la Facultad de Derecho, quería decir que fácticamente el Escribano realiza un contralor, pero de orden accesorio, porque el contenido del instrumento público sólo da fe del hecho de haberse firmado en determinada fecha. Si las partes insisten en algo dubitativo, el Escribano no tiene otra alternativa que poner lo que éstas manifiestan. Las escrituras dicen que comparecen y expresan, y el Escribano por vía de un asesoramiento lo puede indicar, lo que no obsta que también lo pueda hacer cuando le lleven el documento protocolizado. Este lo examinará y dirá que lo protocoliza, pero que tiene tales defectos. No creo que el punto amerite más discusión.

SEÑOR ZANONIANI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ZANONIANI. - En el mismo sentido, quiero decir que el Escribano, ya se trata de un documento público o privado, recoge la voluntad de las partes. En el caso del documento privado, naturalmente existe un contralor técnico, porque esa es la función del Escribano: recoger lo que manifiesta la voluntad de las partes y dar su apreciación técnica de lo que puede hacerse o no. Quiere decir que, en definitiva, la discusión sobre este asunto carece de sentido.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Voy a realizar dos comentarios enfocando el tema desde otra óptica, lo que quizás facilite un poco la discusión.

En primer lugar, el Escribano no ejercería un control técnico; tan es así que no incurriría en responsabilidad alguna si lo dejara de hacer o lo hiciera incorrectamente. Esto demuestra que esa no es su función.

En segundo término, este artículo contempla otra posibilidad de construcción de Fundaciones, que es por disposición testamentaria, la más común en la experiencia internacional, y aquí no existe un instrumento público. Entonces, ¿por qué lo hay en el caso de un acto entre vivos y no por disposición testamentaria? Creo que no tiene sentido.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Esta discusión parece muy interesante, pero creo que nos estamos empantanando en un asunto que no tiene razón de ser. Los Escribanos están, entonces vamos a darles el trabajo y la contribución por el timbre a la Caja Notarial y sigamos adelante.

Por otra parte, de acuerdo con lo que dice el artículo correspondiente del Reglamento de la Cámara, primero hay que votar el texto tal como viene de la Comisión. Si esta votación sale negativa, se ponen a votación las redacciones sustitutivas, y en caso contrario no se considera ningún texto sustitutivo.

Por lo tanto, pido que se pase a votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - En este caso, el propio Miembro Informante es quien formula la modificación.

SEÑOR BATLLE. - Pero, no surge de ningún artículo del Reglamento que el señor Miembro Informante tenga la potestad de modificar el proyecto que la Comisión eleva a la consideración del Senado. Por lo tanto, como no tiene ninguna potestad reglamentaria, lo que está proponiendo es una sustitución. Entonces, propongo ceñirnos al Reglamento, tal como dijo el señor Senador Santoro, que se ponga a votación el artículo tal como viene de Comisión y en caso de que salga negativo votaremos el sustitutivo que propone el señor Miembro Informante. De esa manera, podremos culminar esta discusión, si no estaremos hasta mañana con los Escribanos públicos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, esto es tal cual dice el señor Senador, pero esta situación no es igual a la anterior.

De cualquier manera, se va a votar el artículo con la redacción que viene de la Comisión, es decir, sin la «o» ni la expresión «instrumento privado».

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

Léanse los aditivos al artículo 3º que han sido presentados.

(Se leen:)

«Se agrega al literal c) del literal C) del artículo 3º: `Dicho capital deberá ser adecuado y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales' y como inciso j) del mismo artículo: `Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios'.»

SEÑOR PRESIDENTE. - El criterio de la Mesa sigue siendo el mismo, pero no quiere enfrascar al Senado en una discusión similar a la que ya ocurrió y que nos llevó cerca de una hora. Creo que corresponde votar los aditivos, sin que eso implique una rectificación de la actitud de la Mesa.

SEÑOR BATLLE. - ¿Qué artículo se está votando?

SEÑOR PRESIDENTE. - Ninguno, señor Senador.

Según su criterio, se están votando los aditivos al artículo 3º.

Reitero que la Mesa entiende que no corresponde votarlos en función del criterio que sostuvo oportunamente.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Quisiera dejar dos constancias.

En primer lugar, debo decir que se trata de una modificación ya que el criterio que trae el artículo es de determinadas exigencias y este aditivo lo modifica. La vez anterior estábamos ante una suerte de ejemplificación que no hacía ningún cambio al contenido, pero aquí sí lo hay.

En segundo término, debo decir que como Miembro Informante no comparto la propuesta del inciso.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa comparte el criterio del señor Miembro Informante y es lo que sostuvo en su oportunidad.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Voy a aceptar que se trata de un artículo sustitutivo, porque creo que tiene razón el señor Senador Posadas Montero, por lo que no correspondería votarlo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Agradezco que el señor Senador también comparta el criterio de la Mesa. Es decir que, salvo que el Senado cuestione la actitud de la Mesa, no corresponde la votación de los aditivos propuestos.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que se lean en carácter de sustitutivos a los efectos de que queden en la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Naturalmente, ambos van a quedar en la versión taquigráfica como aditivos formulados al artículo 3º que no se consideran compatibles con el texto del artículo ya aprobado por el Senado.

SEÑOR SARTHOU. - Deseo que se lean como sustitutivos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Exactamente, así se hará.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Quiero hacer una apreciación formal general, para luego no insistir más en el tema.

Creo que las leyes -y en este caso aun los proyectos- también tienen que demostrar cuidado formal y entiendo que, desde el punto de vista, este proyecto está muy desprolijo y no ha sido objeto de una -como solemos llamar- peinada final como en otros casos hemos hecho y estamos haciendo. Me da la impresión de que se han utilizado diversos criterios en los distintos artículos que son bastante incoherentes. Los quiero señalar de una sola vez: en el artículo 2º se usan literales con letra minúscula, en el artículo 3º con mayúscula y luego nuevamente con letra minúscula. A su vez, en el artículo 12 hay números con punto y -llamémosle así- decimales, y en los artículos 16 y 18 ocurre lo mismo. Por lo tanto, considero impresentable desde el punto de vista formal un proyecto aprobado en estos términos. Discúlpenme, pero en estas leyes también me preocupan estos aspectos, razón por la cual pienso que habría que cuidarlos. Por eso, a veces, insisto que, además de considerar los elementos sustanciales deberíamos cuidar éstos que, inclusive, hacen a la comunicación y a la interpretación sobre estos contenidos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Está en uso de su legítimo derecho si desea pedir lo que entienda que corresponda para subsanar una omisión o irregularidad en el proyecto.

SEÑOR ASTORI. - Termino señalando que esta es una opción de la que se puede hacer uso y otra es disponer de un pequeño período de tiempo -que evidentemente no se utilizó hasta ahora- y realizar una presentación formal como se debe, lo que no se puede hacer ahora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Obviamente, la Mesa carece de facultades para sugerir un procedimiento de esa naturaleza.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Creo que habitualmente -hace algunos años de esto- se autorizaba a la Mesa a hacer determinado tipo de correcciones. Por ejemplo, podríamos determinar que en el artículo 3º los literales A), B) y C) fueran en minúscula y que, en lugar de a), b), c), d), e), f), g), h) e i), pusiéramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta forma se resuelve la primera objeción que manifiesta el señor Senador Astori. Luego, donde dice 12.1 a 12.5 podemos volver directamente a las letras minúsculas y seguir los mismos criterios en los artículos 16 y 18. Así resolvemos esos problemas. Creo que el Cuerpo puede autorizar a la Mesa a que haga ese tipo de correcciones que no son de fondo, sino simplemente de forma y que unifican todo el texto. No sé si el señor Senador Astori plantea la necesidad de realizar alguna otra corrección. Además, creo que eso no amerita ni siquiera votación.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BATLLE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Solicito una interrupción, porque ya hice uso de la palabra.

Mi intención era ir un poco más allá de lo que expresa el señor Senador Batlle. Pienso que en el caso de los artículos 12, 16 y 18 -en esto consulto al señor Miembro Informante- en realidad, se integran en artículos únicos materias que deben ser objeto de artículos separados que, incluso, tienen «nomen juris». No sé por qué se pone 12.1, 12.2 y 12.3 cuando se trata de típicos artículos separados que, reitero, tienen hasta «nomen juris». Lo mismo sucede con el artículo 16.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como los señores Senadores comprenderán, es evidente que no está dentro de las facultades normales de la Mesa establecer un ajuste.

SEÑOR ASTORI. - Si el Cuerpo está de acuerdo, sugiero perder un día más y seguir este tema en otra sesión. De esta forma, en poco tiempo, podríamos dejar el texto más prolijo.

Concretamente, creo que las materias de los artículos 12, 16 y 18 deberían separarse.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Solicito que sigamos considerando el Proyecto de Ley y votemos todo, encomendando al señor Senador Astori que efectúe las correcciones de números y luego las haga llegar a la Mesa. El señor Presidente podrá dar cuenta de ellas y las aprobaremos globalmente. Lo que hay que hacer es cambiar la numeración de los artículos. Creo que la corrección es tan sencilla que, anotándolo, podemos votar todo el Proyecto de Ley en este momento y luego modificar los números y las letras.

Creo que podemos continuar la votación del Proyecto de Ley tal como viene de la Comisión y luego analizar los cambios de número, que no hacen al fondo de la cuestión pero acreditan que somos más prolijos, coherentes y ordenados en la presentación formal de la Ley.

No se modifica en nada el Proyecto de Ley si los artículos 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13 y 14 pasan a ser los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente. Creo que es muy simple.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el Capítulo III, que comprende los artículos 4º a 11.

-En consideración.

(Los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

«Artículo 4º. - (Consejo de Administración). El gobierno y administración de las Fundaciones estará a cargo de un
Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros, que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Artículo 5º. - (Integración). Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar con miembros permanentes y/o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometida a personas físicas o jurídicas o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes, o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan, requiriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en todos los casos y aun cuando existiere disposición estatutaria en contrario, dicha designación será por el término de un año, prorrogable si perdurara la situación que obligó a efectuarla.

Artículo 6º. - (Funcionamiento del Consejo). El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, el quórum para sesionar será de la mayoría absoluta de los componentes y las decisiones serán adoptadas por mayoría de presentes, salvo lo previsto en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.

En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto doble.

Artículo 7º. - (Deberes de los miembros del Consejo). Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la Fundación y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad o apartamiento del fin de la institución que adviertan.

En caso de quedar cargos vacantes en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que por cualquier causa no se realizare la designación correspondiente de acuerdo a lo previsto en el estatuto en el plazo de 60 días.

Los miembros serán civilmente responsables de todo daño o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración será evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Artículo 8º. - (Derechos de los miembros). Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

1) A participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto.

2) A percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir beneficios de cualquier clase de la Fundación.

Si se hubiere previsto el pago de alguna remuneración, el monto total anual de la misma, no podrá superar el cinco por ciento a valores constantes de los fondos utilizados por la Fundación en el período anual anterior para cumplir con su objeto.

3) A solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 16 la actuación de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la Fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Artículo 9º. - (Cese y remoción de los Consejeros). Los Consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecidas por el fundador.

Salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración podrá, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, remover de su cargo a un Consejero, cuando éste cometa actos violatorios de la Ley o del estatuto, cuando sobrevenga alguna causal de incompatibilidad o cuando se desentienda de los asuntos de la Fundación pese a las advertencias que le realice el Consejo. Todo ello sin perjuicio del afectado a ejercer su defensa.

Artículo 10. - (Derecho de veto). Los estatutos podrán conferir a uno o más Consejeros, sean permanentes o a término, el derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los Consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada, podrán ocurrir ante la autoridad competente cuando el resultado de la oposición resulte contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte del objeto de la Fundación.

Artículo 11. - (Prohibiciones). Los miembros del Consejo de Administración no podrán, con la Fundación de la que son Consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años, por sí ni por interpuesta persona, contratar o mantener relación comercial, profesional o laboral alguna que les provoque un beneficio económico para su persona.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del Consejero y a sus familiares ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas a las que se encuentre vinculado o lo haya estado en los últimos cinco años.

En caso de mediar disposición estatutaria en contrario, la misma será válida, pero en caso de aplicarse la misma, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 2 del artículo 8º de la presente Ley».)

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - El haber resuelto votar por capítulos no suprime la discusión de los artículos. Entonces, como se pasa directamente a la votación, se está salteando la posibilidad de hacer alguna precisión con respecto a los artículos a los que se han redactado aditivos. Pregunto si antes de la votación no se puede hacer uso de la palabra para referirse al capítulo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Naturalmente, la votación siempre está precedida de una discusión si hay oradores inscriptos. Los artículos aditivos se van a leer, luego se discutirá globalmente el capítulo y se votará como el Senado entienda conveniente. Se aprobó la votación por capítulos, pero basta que alguien solicite el desglose de una norma, para que así se haga.

Léase el aditivo propuesto, como inciso tercero, para el inciso segundo del artículo 8º.

(Se lee:)

«En ningún caso la remuneración de cada miembro podrá superar por todo concepto el importe de 100 Unidades Reajustables mensuales».

-Léase el aditivo propuesto, como inciso tercero, al artículo 9º.

(Se lee:)

«Los miembros del Consejo de Administración responderán frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por lo realizado negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se opusieran expresamente al acuerdo determinante de la misma o no hubiesen participado de su adopción. La acción de responsabilidad se entablará en nombre de la Fundación y ante la jurisdicción ordinaria por el propio órgano de gobierno de la Fundación, previo acuerdo motivado del mismo y en cuya adopción no participará el miembro afectado sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Educación y Cultura establecidas en esta Ley».

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Consideramos que, en general, el Derecho Comparado -especialmente la ley argentina y la española, que es más reciente- plantea la gratuidad de la actuación de los miembros del Consejo de Administración.

Hemos estado de acuerdo en no adoptar ese principio de gratuidad, pero nos parece que es necesario agregar un tope o límite a la remuneración -en algún momento lo conversamos en la Comisión, pero no se concretó ninguna cifra- porque si bien no adoptamos el criterio de gratuidad, el monto no debía ser un porcentaje sobre la globalidad de los fondos, ya que eso podría determinar una conducción que beneficiara a quienes perciben la remuneración y no cumpliera con los objetivos de bien común que debe tener la Fundación. Ese es el motivo del aditivo al artículo 8º.

En cuanto al aditivo que presentamos al artículo 9º, entendemos que no se ha regulado la responsabilidad civil de quienes violen los deberes, porque en el artículo 9º solamente se prevé la remoción y no las responsabilidades civiles que pueden emerger. Esta disposición también proviene del Derecho Comparado, concretamente del artículo 13.4 de la legislación española.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Ya he dado mi fundamentación contraria a esas soluciones en la discusión general.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra y no se solicita el desglose de ningún artículo, se va a votar el Capítulo III íntegramente.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que se desglosen los artículos 8º y 9º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar en Capítulo III, excepto los artículos 8° y 9°.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el artículo 8º con el texto que viene de la Comisión.

(Se vota:)

-14 en 22. Afirmativa.

Obviamente, queda desechado el inciso tercero aditivo.

Se va a votar el artículo 9º con el texto que viene de la Comisión.

(Se vota:)

-15 en 22. Afirmativa.

Queda desechado el inciso tercero.

Se pasa a considerar el Capítulo IV, que comprende los artículos 12 a 14.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 12. - (Aportes)

Artículo 12.1. - (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetos a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en especie, las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

12.2. - (Aportes realizados por disposición testamentaria). En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador si se trata de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la Fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el referido reconocimiento.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la Fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento referido.

12.3. - (Intervención del Ministerio Público). En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una Fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación y podrá solicitar al tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

12.4. - (Plazo para el reconocimiento). En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a Fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 17.

12.5. - (Responsabilidad). Si se diera la situación prevista en el inciso segundo del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a Fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no; quedarán comprendidos en lo previsto en el artículo 842 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o las responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación.

Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación cuando los albaceas, herederos o legatarios demuestren que han intentado cumplir con sus obligaciones respecto a la entrega de los bienes y que la misma les ha resultado imposible.

Artículo 13. - (Patrimonio insuficiente). Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la Fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la misma, podrá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 16 o intentar la capitalización de la Fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública nacional, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la presente Ley.

Artículo 14. - (Acumulación de capital). La mayor parte de los recursos anuales de la Fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto, y sólo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución y que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capital. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la autorización de la autoridad administrativa de contralor».)

-En este Capítulo nos encontramos con el problema señalado por el señor Senador Astori, en cuanto a la numeración en subrubros del artículo 12.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Creo que el criterio que sugería el señor Senador Batlle es el más práctico. Estoy preparando una propuesta que luego haré llegar a la Mesa y, entre tanto, el Cuerpo puede seguir votando. Dicha propuesta se utilizará si se entiende conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase un artículo sustitutivo llegado a la Mesa para este Capítulo.

(Se lee:)

«SUSTITUTO DEL ARTICULO 14. - El 75% (setenta y cinco por ciento) de los recursos anuales de la Fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto y el resto, deducidos los gastos de administración, se destinará a incrementar el capital de la Fundación».

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - El motivo de este artículo sustitutivo es que el 75% de los recursos deberían destinarse al cumplimiento de su objeto, pero en el texto que viene de la Comisión se establece la posibilidad de que eso no suceda. Si se determina una obra coincidente con el objeto de la institución, puede llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años. Esto resta efectividad al principio de aplicación de esos fondos al bien común, porque en cualquier momento puede plantearse una obra y prolongarse durante diez años el eventual incumplimiento del 75%.

Evidentemente, la modificación es sustitutiva, porque no admitimos esta excepción. Por lo tanto, establecemos que el 75% deberá destinarse siempre, y que los excedentes de ese porcentaje tendrán que incrementar el capital.

Concretamente, esa es la razón de su carácter sustitutivo.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: deseamos aclarar que también tenemos una redacción sustitutiva y que consiste en volver al texto original de la Comisión -es decir, el que vino al Pleno en la oportunidad anterior- en el que, en lugar de hablar, del 75% de los recursos hace referencia a la mayor parte de éstos.

Cabe precisar que ya hicimos la fundamentación respectiva acerca de por qué no amerita y no es conveniente estipular un porcentaje fijo.

De todas maneras, tenemos la misma concepción democrática del señor Senador Batlle con respecto a los Miembros Informantes. Por lo tanto, correspondería votar en primer término el artículo que viene de la Comisión; si éste no resultara aprobado, debería votarse, en orden, la propuesta sustitutiva del señor Senador Sarthou y, posteriormente, el que presentamos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - En realidad, la Presidencia no entiende por qué el señor Miembro Informante excluye a la Mesa de la concepción democrática del señor Senador Batlle, ya que coincidimos con ella.

SEÑOR BATLLE. - Porque el Reglamento así lo establece.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Por consiguiente, correspondería excluir el artículo 14 de la votación del Capítulo.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 12 y 13 del Capítulo IV.

(Se votan:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 con el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-6 en 23. Negativa.

Léase la propuesta sustitutiva.

(Se lee:)

«El 75% de los recursos anuales de la Fundación deberá destinarse en el referido Ejercicio al cumplimiento de su objeto, y el resto, deducidos los gastos de administración, se destinará a incrementar el capital de la Fundación. (Firma:) Helios Sarthou. Senador».

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto sustitutivo del artículo 14, propuesto por el señor Senador Sarthou.

(Se vota:)

-11 en 23. Negativa.

Léase el texto del Proyecto original, que es el que plantea el señor Miembro Informante.

(Se lee:)

«La mayor parte de los recursos anuales de la Fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto, y sólo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución y que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capital. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la autorización de la autoridad administrativa de contralor».

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 24. Afirmativa.

SEÑORA ARISMENDI. - Solicito que se reconsidere el artículo 14.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reabre la discusión del artículo 14.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 con el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

Naturalmente, las otras propuestas son incompatibles.

Por consiguiente, queda aprobado el Capítulo IV, restando únicamente la modificación de la numeración de los incisos comprendidos en el artículo 12, una vez que el señor Senador Astori la haya concretado.

Se pasa a considerar el Capítulo V, «Reforma de Estatutos y Disolución de la Fundación», que comprende los artículos 15 a 17.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

«Artículo 15. - (Reforma de estatutos). Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su reconocimiento de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de 10 días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estatutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 13 de la presente Ley.

Artículo 16. - (Disolución de la Fundación).

16.1. - (Resolución). La disolución de la Fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de relación estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse alguna de las causales previstas en el numeral siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática, la disolución será declarada por el tribunal competente, a instancias del fundador, de algún miembro del Consejo de Administración, del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

16.2. - (Causales de disolución). Son causales de disolución de las Fundaciones:

a) La finalización del plazo establecido por el fundador si es que existe previsión al respecto;

b) cuando por cualquier causa deviniera imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentre impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c) si resulta manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, y sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la Fundación y de lo previsto en el artículo 13 de esta Ley;

d) por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el tribunal competente;

e) las establecidas como tales por el fundador.

16.3. - (Liquidación). Resuelta la disolución de la Fundación, los miembros del Consejo de Administración quedarán investidos de la calidad de liquidadores.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del numeral 1 del presente artículo, y en aquellos casos en que los consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el tribunal procederá a la designación de los mismos.

Artículo 17. - (Destino de los bienes). El remanente que resulte de la liquidación de la Fundación, tendrá el destino establecido por el fundador en los estatutos y en caso de que el mismo resulte imposible o que no exista previsión al respecto, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá la situación, destinando los bienes a una persona jurídica de derecho público o privado, sin fines de lucro, que desarrolle en el país una actividad similar o afín con el objeto de la Fundación».)

-En consideración.

Cabe aclarar que en este caso se plantea el mismo problema de numeración que con respecto al artículo 12. Por lo tanto, el señor Senador Astori propondrá las soluciones sustitutivas en cuanto a la numeración.

SEÑOR ASTORI. - Por supuesto que lo haremos junto con el señor Miembro Informante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 15, 16 y 17.

(Se votan:)

-23 en 25. Afirmativa.

Se pasa a considerar el Capítulo VI, «Régimen de Contralor».

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 18. -

18.1. - (Autoridad administrativa de contralor). El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las Fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

18.2. - (Contabilidad). Las Fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

18.3. - (Memoria anual). El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la Fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos.

Artículo 19. - (Atribuciones de la autoridad de contralor). Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente Ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

1) Solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en el artículo 18.1. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la Fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor.

2) Apercibir e intimar a las autoridades de la Fundación cuando constate cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la Ley o en los estatutos.

3) Promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la Ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En casos graves, en que peligre el patrimonio de la Fundación, en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para que la institución fue creada o cuando se constate que la Fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra los responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes, la intervención de la Fundación e incluso la cancelación de la personalidad jurídica ante el tribunal competente».)

-En consideración.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: en mi breve exposición inicial había preguntado al señor Miembro Informante -en el mismo sentido que lo había planteado el señor Senador Mallo- qué opinión tenía con respecto al numeral 4 para establecer un grado intermedio entre la revocación y el apercibimiento, es decir, la suspensión. En virtud de que el señor Miembro Informante no hizo referencia a este tema, quisiera conocer su opinión para saber cuál será el sentido de mi voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: desde el punto de vista jurídico me parece que la idea que maneja el señor Senador Batlle no puede tener cabida. Digo esto porque, desde la óptica jurídica, no es posible que exista la hipótesis de la suspensión de una personería jurídica, ya que no sólo deja un grado de indefinición con respecto a la persona en sí, sino aun de su patrimonio. Esto es particularmente grave en este tipo de figuras que, en definitiva, constituyen un patrimonio afectado a un fin.

A nuestro juicio, consideramos que no puede darse la hipótesis de que quede en suspenso la personería jurídica. Pensamos que la única hipótesis intermedia viable desde el punto de vista jurídico es la intervención. Esto quiere decir que la personería jurídica, la titularidad de sus bienes y demás continúan, pero intervenidas. Precisamente, es en este punto donde se planteó la discusión en el sentido de si ese aspecto puede ser o no una facultad de tipo administrativo o si, por el contrario, es resorte exclusivo del Poder Judicial. Fue allí donde la Comisión -aun después de haber escuchado las opiniones en otro sentido del señor Senador Michelini y de funcionarios del Ministerio correspondiente- consideró que era jurídicamente correcto quedarse con la solución de que la intervención debe ser solicitada necesariamente al Poder Judicial. Como decía, ese es un tema que también se planteó cuando se discutieron las potestades del Banco Central en materia de posibilidades de sanción a las entidades financieras. Como recordará el señor Senador Batlle, planteamos este tema en el seno de la Comisión de Hacienda cuando se estudió el Proyecto de Ley relativo al mercado de valores.

En resumidas cuentas, considero que la hipótesis de una suspensión es jurídicamente imposible o, al menos, inconveniente porque deja en el limbo jurídico a una persona jurídica y a un patrimonio. Entonces, creemos que el grado intermedio es el de la intervención que, precisamente, está contemplado en el numeral anterior.

SEÑOR BATLLE. - Me doy por satisfecho y con costas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el aditivo propuesto para el Capítulo VI.

(Se lee:)

«A los efectos de lo establecido en este numeral la autoridad de contralor será la Inspección General de Hacienda».

La Mesa entiende que el artículo aditivo propuesto es incompatible con el texto aprobado en Comisión. Por consiguiente, se votará el artículo tal como viene de Comisión.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: no pretendo hacer una exhortación porque no tengo derecho a ello. Lo que estamos votando en este momento se refiere a los contralores, que están a cargo, como es notorio, del Ministerio de Educación y Cultura. Pero hay un artículo específico que se refiere a la contabilidad que deben llevar las Fundaciones. Entonces, sin perjuicio de los controles que realiza el Ministerio referido hemos propuesto un aditivo que no es incompatible, que dice que únicamente en ese aspecto de la contabilidad el contralor corresponderá a la Inspección General de Hacienda. Pienso que es razonable que no se considere incompatible, más allá de que se pueda votar a favor o en contra. Me parece que colaboraríamos con el buen funcionamiento del Senado si lo votáramos, independientemente del resultado de la votación. Reconozco que las dos soluciones no condicen e, incluso, ellas se han discutido. Si bien no pongo en duda la aplicación reglamentaria que realiza la Mesa, me parece lo más aconsejable desde el punto de vista de una flexibilidad razonable y verosímil que se vote el aditivo, aun cuando se apruebe todo el Capítulo tal como viene de Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ratifica el criterio del señor Senador Korzeniak, pero a los efectos de no enfrascarnos en una discusión reglamentaria, pondrá a votación el texto del Capítulo VI tal como viene de Comisión. Luego el Senado será libre de votar afirmativa o negativamente este aditivo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: me afilio a la tesis expuesta por el señor Senador Posadas Montero cuando señala que no es conveniente que existan dos tipos de contralor diferente. En este caso, estamos incorporando un segundo contralor.

El artículo aditivo propuesto es sustitutivo del artículo 18.2 que pasará a ser 24 ó 25, porque en el inciso final de dicho artículo se dice «La reglamentación establecerá la forma en que la misma sea controlada por la autoridad administrativa de contralor». Estimo que el artículo se refiere a la contabilidad y que la autoridad administrativa de contralor es la que se fija en el artículo 18, que pasará a ser 21, es decir, el Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, se trata de un artículo sustitutivo que tendrá el número 21, 22 ó 23, y que hoy tiene el número 18.2. Aquí se modifica la parte final, porque si la contabilidad la va a llevar la Inspección General de Hacienda, la reglamentación no puede decir que la contabilidad será controlada por la autoridad administrativa que, como se establece en el artículo anterior, es el Ministerio de Educación y Cultura. Aquí estamos hablando de artículos y no de incisos, porque de acuerdo con lo que hemos aceptado respecto a la modificación que nos proporcionará el señor Senador Astori, diría que se trata de un artículo sustitutivo. Se trata del artículo 18.2, que pasará a ser 24, y que dirá: «Las Fundaciones llevarán su contabilidad sobre la base de un informe...». Dicha contabilidad será controlada por la Inspección General de Hacienda. Además, pienso que deberíamos eliminar la parte final, que habla de la reglamentación. Independientemente del voto de cada uno de los señores Senadores, me parece que es un artículo aditivo del 18.2, que pasará a ser 21, 22 ó 23.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa comparte el criterio del señor Senador Batlle, pero no deseaba enfrascar al Senado en una discusión de tipo procedimental, cuando ya había sostenido lo mismo y se había votado en forma distinta.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pienso que el tema es aún más serio que lo que plantea el señor Senador Batlle, ya que se trata de algo más que de un mero artículo sustitutivo, porque trastoca toda la estructura del contralor establecido en este Capítulo, que gira en torno a una autoridad que ejerce estas facultades y posee las atribuciones del Juez, por ejemplo, en materia de sanciones. Si introducimos un segundo órgano de contralor deberíamos cambiar la estructura del Capítulo, a lo cual me opongo.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - No pensaba referirme específicamente a ese punto, sino a un aditivo que presenté, relativo al numeral 4º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el señor Senador Mallo no tiene inconveniente, deberíamos primero terminar con el punto que estaba en tratamiento.

SEÑOR MALLO. - Pienso que es necesario terminar con este punto.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - La aclaración que deseo formular contempla las preocupaciones expresadas por el señor Senador Batlle y, en parte, por el señor Senador Posadas Montero. El aditivo establece que a los solos efectos de este artículo se entiende por autoridad de contralor administrativa la Inspección General de Hacienda. Es decir que no se trastoca el carácter de entidad controladora del Ministerio de Educación y Cultura. Si mal no recuerdo, ese es el texto redactado que comienza diciendo: «A los efectos de este artículo...» Por lo tanto, estaba contemplado perfectamente lo que aquí se ha señalado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que realmente se trata de un artículo sustitutivo, que cambia el criterio, y que la eventual acción de la Inspección General de Hacienda estaría prevista dentro del contralor del propio Ministerio de Educación y Cultura, que podría establecer los mecanismos técnicos competentes para la inspección que pudiera realizar en cualquiera de sus Fundaciones.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Pienso que deberíamos agregar al numeral 4º del artículo la misma garantía que se establece para la intervención; respecto al acto ilícito se debería decir: «Si resultara establecida judicialmente la ilicitud de las conductas incriminadas». En atención a una conducta de este carácter, la revocación, por tratarse de una pena según lo establecido por el Código Penal respecto a la inhabilitación, debería ser un Tribunal el que la declare.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - No tengo inconveniente en que ello sea así.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería votar el Capítulo VI, que comprende los artículos 18 y 19, con el agregado al numeral 4º del artículo 19 del planteo formulado por el señor Senador Mallo.

Léase el numeral 4º del artículo 19.

(Se lee:)

«Podrá, asimismo, en los casos en que refiere el inciso anterior, revocar el acto de reconocimiento de la personalidad jurídica, si resultara establecida judicialmente la ilicitud de las conductas incriminadas».

-Se van a votar los artículos 18 y 19.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el Capítulo VII, «Disposiciones Generales», que comprende los artículos 20 al 24 y un aditivo -que llevaría el número 25- propuesto por varios señores Senadores.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 20. - (Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). Todo negocio entre la Fundación y sus fundadores o sus herederos, ascendientes o descendientes, colaterales hasta el segundo grado, salvo las donaciones que de éstos recibiera la Fundación, deberá ser comunicada previamente a la autoridad administrativa de contralor que podrá ejercer sus atribuciones cuando dicho negocio sea ilegal o constituya una desnaturalización del objeto de la Fundación.

Toda resolución del Consejo de Administración que directa o indirectamente, beneficie al fundador o a sus herederos, estará sometida al régimen previsto en el inciso anterior.

Artículo 21. - (Protección del nombre). Queda prohibida la utilización de la expresión «Fundación» en el nombre o publicidad de toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente Ley.

Las personas jurídicas que a la fecha de vigencia de esta Ley utilicen el nombre de «Fundación» y no se ajusten a lo establecido en aquélla, dispondrán de un plazo de un año para cumplir con las disposiciones legales. De no hacerlo, al vencimiento del plazo les será aplicado lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.

Artículo 22. - (Fundaciones extranjeras). Las Fundaciones constituidas en el extranjero, sólo podrán actuar en la República cuando cumplan con el objeto y los principios establecidos en la presente Ley y obtengan el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, las Fundaciones extranjeras que actúen en el país dispondrán de un plazo de un año para regular su situación.

Artículo 23. - (Plazo para el reconocimiento). El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de esta Ley.

El plazo podrá suspenderse, por única vez, si a juicio del Ministerio de Educación y Cultura fuera necesario demandar información adicional, reanudándose cuando se haya presentado la misma.

Si vencido el plazo referido en el inciso primero, el Ministerio de Educación y Cultura no se hubiera pronunciado, se entenderá aceptada la solicitud y se procederá a la inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 24. - (Registro de Fundaciones). El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro actualizado y público en el que figurará cada una de las Fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida de la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente».)

-Léase el artículo sustitutivo presentado por el señor Senador Sarthou.

(Se lee:)

«La aceptación tácita de solicitud de reconocimiento establecida en el inciso anterior será aplicable a los trámites de reconocimiento de la personería jurídica de las cooperativas y de otras sociedades sin fines de lucro».

-Léase el artículo aditivo presentado por los señores Senadores Mallo, Santoro y Storace.

(Se lee:)

«Quedan derogadas las disposiciones de la Ley Nº 15.089 en lo aplicable a Fundaciones».

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante, señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Con relación a la segunda propuesta, debo decir que si bien se operaría una derogación tácita, no tengo inconveniente en incluir una referencia a la derogación parcial de esa Ley, si es que ello ayuda a la claridad del texto.

Como se recordará, en Comisión se debatió en forma exhaustiva la posibilidad de hacer extensiva a otras solicitudes de reconocimiento de personería jurídica el mecanismo del reconocimiento tácito. Si bien el procedimiento en sí merece todo mi apoyo, le veo algunas objeciones. La primera es de índole de técnica jurídica bastante elemental, en el sentido de que me temo que estemos incluyendo en una Ley sobre Fundaciones una disposición aplicable a otras posibilidades. Creo que basta con las leyes de presupuesto para enloquecer a la gente que tenga que hacer la interpretación y la aplicación de las leyes, como para que encima, repito, incorporemos en leyes específicas normas aplicables a otros casos.

La segunda objeción radica en que estaríamos estableciendo una solución parcial y poco equilibrada, porque diríamos que sí a las Fundaciones, a las cooperativas y a las asociaciones civiles, dejando de lado a las limitadas y a las anónimas. No le veo mayor justificación a esto.

Seguramente, los señores Senadores que hayan tenido oportunidad y la paciencia necesaria de leer el Proyecto de Presupuesto recordarán que allí figura una serie de disposiciones en materia de Inspección de Hacienda, cooperativas, etcétera. Entonces, no vaya a ser que ahora nos estemos saliendo del terreno para que después en el Presupuesto venga algo que termine enredando aún más la solución legislativa.

Por lo expuesto es que lamento no poder acompañar esa iniciativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: voy a no tener el honor de compartir la exposición del señor Senador Posadas Montero. En primer lugar, porque, como es notorio, en la Comisión -ya lo expliqué hoy- no señalé oposición al mecanismo genérico de que cuando los organismos del Estado tardan en decidir eso se interprete por parte de los particulares como que han resuelto favorablemente. Creo que es una norma saludable en general, que si bien se ha discutido en Derecho comparado, se ha optado por ella.

En segundo término, porque consagrar el tema exclusivamente para las fundaciones -este fue un argumento que manejamos en el seno de la Comisión- podría hacer pensar que nuestra intención era privilegiar a las personas que estaban tramitando el reconocimiento de una fundación, a diferencia de otras a las que no dábamos un derecho similar. A raíz de esto, y mediante aportes provenientes, principalmente, del señor Senador Posadas Montero, se nos demostró que los estatutos de las sociedades anónimas quedan aprobados tácitamente si transcurre el plazo previsto en la Ley sin que haya pronunciamiento expreso. También se nos leyó una norma positiva que señala que con la aprobación del estatuto o con la constancia de que transcurrió el plazo sin que haya pronunciamiento, se inscribe la sociedad anónima. Por lo tanto, no es exacto que en este aditivo nosotros estemos proponiendo un régimen de aprobación tácita del estatuto para las Fundaciones, cooperativas y otras asociaciones sin fines de lucro, dejando a otras fuera. No es así; nada menos que las sociedades anónimas quedan amparadas por ese régimen por otras normas que, repito, no las conocía o, mejor dicho, me habían pasado inadvertidas.

En definitiva, lo que quedaría pendiente de contestar es el argumento de la ortodoxia de formulación gramatical del Derecho. Es decir, si en una Ley que se refiere a las Fundaciones estamos incluyendo normas para otras entidades. De un lado tenemos un valor formal que a mí, habitualmente, me gusta respetar. Estoy hablando de que las leyes se limiten específicamente al objeto principal que tratan. Ahora bien, del otro lado tenemos un valor muy importante que es el principio de la igualdad. Conozco problemas de muchas sociedades, entre ellas las cooperativas -adelanto que no son las únicas- cuya reinvindicación consiste en que se les reconozca la personería jurídica y han transcurrido años sin que ello suceda. A veces están dando vueltas dos años sin que se les haya pedido nuevos elementos; simplemente se les pone una plancha administrativa para no concederles personería jurídica, con lo cual tienen vedada la posibilidad de hacer trámites, por ejemplo, en el Banco Hipotecario cuando se trataba de cooperativas de vivienda, o en otros lados.

Entonces, entre esos dos valores atendibles, esto es, el de que una Ley no debe contener disposiciones referidas a otros temas que el principal de aquella, y el valor de no establecer una diferenciación, digamos, que repugna al principio de la igualdad, nosotros hemos propuesto este aditivo que lo consideramos razonable, equitativo y, sobre todo, de gran justicia. En consecuencia, pedimos al Senado que lo apruebe junto con la norma que tiende a dar más eficiencia al funcionamiento estatal, que es la de la aprobación tácita.

Es cuanto deseaba señalar.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Dije hace unos momentos que esta Ley debía interpretarse por el principio general de la libertad. En consecuencia, considero que todos pueden dedicarse a la actividad, con mucha más razón las cooperativas, puesto que la Constitución regula el derecho de asociación con una gran amplitud. Creo, pues, que las organizaciones a que ha hecho referencia el señor Senador Korzeniak pueden recurrir de esa denegatoria ficta y obtener el reconocimiento de su plena capacidad para actuar.

SEÑOR KORZENIAK. - De pronto eso ocurre luego de transcurrido un par de años.

SEÑOR MALLO. - Para quienes consideran que la Ley no es declarativa sino, como se votó, se propuso y creo que sostiene el señor Senador Korzeniak, de reconocimiento, se plantea el problema que él reclama en nombre de la libertad cuando, en realidad, no adhiere al criterio general de la libertad.

Por lo expuesto es que comparto la posición sustentada por el señor Miembro Informante.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: he manifestado que soy partidario de que tanto las cooperativas como las asociaciones civiles reciban el mismo tratamiento que le estamos dando a las Fundaciones. En ese sentido, el compromiso que todos hemos asumido públicamente -inclusive, el propio Miembro Informante, en cierto modo, ha dejado constancia de su opinión favorable respecto al tema- nos permite cumplir con lo manifestado por el señor Senador Astori en cuanto a que la Ley debe tener un orden, estar bien planteada y referirse a un tema, en este caso el de las Fundaciones. Por lo tanto, basta con que todos nos comprometamos a incorporar en la Ley de Presupuesto, entre todas esas normas relativas a las cooperativas, este aditivo que se ha planteado. De pronto, mediante los Legisladores de nuestra Bancada en la Cámara de Representantes podremos incorporar esta disposición y mantener lo que el señor Senador Astori con tanta claridad dice respecto al buen orden, no solamente de los numerales, sino del texto general de la Ley. Por lo tanto, y sin perjuicio de comprometernos desde ya a llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza -si no se hace a nivel de la Cámara de Representantes lo haremos en el propio Senado cuando se considere el Presupuesto- decimos que vamos a votar esta disposición tal como viene en el Proyecto de Ley.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Nosotros consideramos que establecer una serie de elementos esenciales para que exista la Fundación y después abrir la posibilidad de que el solo transcurso del tiempo, por el traspapelamiento de un expediente o por cualquier circunstancia casual o vencimiento del plazo, pueda determinarse la aprobación anulando toda la necesidad de contralor por parte del Estado en cuanto a las condiciones planteadas por la Ley, es una contradicción muy importante. A nuestro juicio, el Estado debe hacer la prestación de actividad pública a los administrados y por ese motivo estaba de acuerdo con la fórmula sustitutiva planteada por el Ministerio de Educación y Cultura que establecía que al vencimiento del plazo se daba cuenta de las razones por las cuales no se había aprobado, pero de ninguna manera se admitía la Fundación sin el contralor sobre los textos que se habían presentado como estatutos.

En consecuencia, consideramos que esta denegatoria ficta es grave, siendo además unilateral ya que sólo comprende a las Fundaciones. Por este motivo nos parece que es una peor solución. Por otro lado, teniendo en cuenta el sentido etimológico de privilegio, es sin lugar a dudas una ley privada ya que es un mecanismo que se prevé para este tipo de Fundaciones. Por ello acompañaba -para el caso de que no tuviéramos fortuna en dejar sin efecto esta norma- la disposición propuesta por el Ministerio de Educación y Cultura. Advirtiendo que existe una posición adversa a admitir ahora este aditivo que para nosotros es imperativo -porque el otro queda a lo que pueda suceder- creemos que se genera una desigualdad que nos parece injusta, más allá de las consideraciones jurídicas en cuanto a que la denegatoria ficta es una omisión del Estado que no debemos permitir en un régimen democrático en el cual el ciudadano tiene derecho a que los agentes del Estado se pronuncien y luego poder recurrir.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Con respecto a este punto, quiero expresar que comparto la posición que inicialmente sostuvo el señor Senador Korzeniak. Si no recuerdo mal, también aludió a la postura del Ministerio de Educación y Cultura en cuanto a que esta Cartera no era partidaria del establecimiento de la aprobación ficta dado que sentaba un principio de desigualdad. Incorporada la norma, si le vamos a otorgar la aprobación ficta al trámite de una Fundación, creo que deberíamos hacer lo mismo con otras asociaciones civiles sin fines de lucro y con las cooperativas. Al respecto, debo decir que voy a votar esa disposición en ese sentido.

Con el mayor de los respetos, quiero señalar que hace casi 11 años que estoy en este Senado y de compromisos acerca de votar normas que contengan procedimientos favorables para entidades tales como las cooperativas, debo decir que posiblemente haya escuchado unas 300. La ortodoxia legal me importa mucho pero más aun me interesa la igualdad.

Por lo expuesto, si no se vota la incorporación de las cooperativas no apoyaré la disposición que está a consideración.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Quisiera hacer alguna breve aclaración a raíz de las intervenciones más recientes.

En primer lugar, no debe pensarse que la aprobación ficta de alguna manera está eliminando la posibilidad de contralor que tiene el Estado; a partir de la aprobación mantiene todas las potestades de contralor.

En segundo término, tampoco debe entenderse que este mecanismo causa estado en forma eterna, ya que si en el día de mañana hay motivos suficientes, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de revocar esa decisión. En consecuencia, queda claro que no estamos ante una solución que elimine los controles o evite rectificar un daño si es que el mismo se produce.

SEÑOR ZANONIANI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ZANONIANI. - No voy a reiterar conceptos ya vertidos por el señor Miembro Informante en cuanto a la aprobación ficta, pero sí quiero puntualizar y recalcar la necesidad de tener en cuenta no sólo la prolijidad a la que hacía mención el señor Senador Astori, sino también el tecnicismo jurídico. Si la Ley trata sobre Fundaciones sólo debe referirse a esa materia y no introducir elementos ajenos.

Entiendo que los argumentos manejados por el señor Senador Korzeniak y compartidos por el señor Senador Gargano, en cuanto a la igualdad, son de peso, pero no debemos dejar de tener en cuenta que hacer realidad dicho principio está al alcance, precisamente, de todos los Legisladores. Un proyecto que establezca ese mismo beneficio para las cooperativas y para las asociaciones civiles puede aprobarse rápidamente en el Parlamento ya que parecería haber un espíritu favorable para ello. Inclusive, personalmente sería partidario de no introducirlo como norma en el Presupuesto porque en esa ocasión suele haber mucha confusión, justamente, porque hay muchas normas que no son materia presupuestal.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - El inciso planteado por el señor Senador Sarthou es un aditivo y si no se lo considera así debe votarse luego del artículo 23 a fin de que quienes estimamos que debe darse un tratamiento igualitario a través de la Ley, podamos manifestarnos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Precisamente, esa es la solución correcta, señor Senador. El aditivo planteado por el señor Senador Sarthou será votado como artículo independiente y el Senado tendrá la absoluta libertad para decidir en contra o a favor.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo VII que comprende los artículos 20 a 24 del texto proveniente de Comisión, a los que le agregaríamos el aditivo propuesto por los señores Senadores Posadas Montero, Storace y Mallo, el que llevaría el número 25.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Si no entendí mal, el paquete de artículos aprobados incluye el aditivo propuesto, entre otros, por el señor Senador Mallo, al que previamente se le dio lectura.

Quiero decir que a los fundamentos que he dado para no votar los artículos correspondientes porque no incorporaban a otras asociaciones civiles y a las cooperativas -aunque, según se ha dicho, ello va a ser aprobado después- debo agregar que estimo que es una pésima manera de legislar el introducir aditivos como éste que eliminan una serie de sanciones y controles que estaban establecidas en un Decreto-Ley de los que fueron ratificados al iniciarse el proceso democrático.

Ninguno de los aquí presentes sabemos exactamente qué dicen esas disposiciones porque este tema fue planteado en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiero recordarle al señor Senador que se había realizado un largo fundamento con respecto al alcance del artículo 25.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: en el aditivo propuesto por el señor Senador Sarthou, además de la numeración, habría que corregir la redacción y donde dice «inciso anterior» establecer «artículo anterior».

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor Senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo propuesto por el señor Senador Sarthou con las correcciones necesarias.

(Se vota:)

-10 en 27. Negativa.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Luego de haber votado negativamente, debo decir que comparto la idea de que se incorpore una disposición de esta naturaleza al Presupuesto General de Gastos en las normas que tienen que ver con las cooperativas, para lo cual hay manifiesta posición mayoritaria de los señores integrantes del Senado.

Por otro lado, antes de finalizar la sesión, deberíamos avalar las soluciones ordinales que ha propuesto el señor Senador Astori. Por lo tanto, hago moción en el sentido de que se autorice a la Mesa a recoger el trabajo mencionado y se proceda a la numeración y modificación de mayúsculas y literales.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que corresponde la votación de la moción planteada por el señor Senador Batlle y, en el caso de aprobarse, naturalmente se actuará con la conformidad de la Comisión a los efectos de evitar cualquier problema.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - En el momento en que se estudie la Ley de Presupuesto plantearemos que este artículo, que no se votó afirmativamente, tenga posibilidad de aprobarse en esa instancia. Incluso, por el trámite que requiere esa Ley, quizás se apruebe antes de lo pensado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permiten, deseo fundamentar el voto, señalando que comparto las palabras expresadas por los señores Senadores Batlle y Michelini en lo que tiene que ver con lo que puede haber sido nuestro voto en este último punto planteado.

Queda aprobado el Proyecto de Ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del Proyecto de Ley aprobado:)

«CAPITULO I

Artículo 1º. (Objeto). - Las Fundaciones son personas jurídicas reconocidas como tales por la autoridad competente que se constituyen mediante el aporte de bienes, derechos o recursos realizados por una o más personas físicas o jurídicas y que persiguen un objeto de interés general, sin propósito de lucro.

CAPITULO II

Constitución y reconocimiento

Artículo 2º. (Constitución). - Las Fundaciones se constituyen por:

a) acto entre vivos, documentado en instrumento público otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial;

b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes, derechos o recursos que se aportan y el o los fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación.

Si en el acto de constitución se estableciera que los estatutos deberán contener alguna disposición expresamente vedada por la Ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Art. 3º. (Reconocimiento). - El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación, a cuyos efectos se presentará:

a) El instrumento público referido en el artículo 2º de la presente Ley o el testamento correspondiente.

b) Detalle de los bienes, derechos o recursos aportados.

c) Proyecto de los estatutos que contendrá:

i) nombre y domicilio de la Fundación;

ii) determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución;

iii) capital inicial, integración y recursos futuros;

iv) plazo y condiciones si estuviere sometido a los mismos;

v) organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones;

vi) disposiciones para la reforma del estatuto;

vii) fecha de cierre del ejercicio anual;

viii) casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes;

ix) designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.

CAPITULO III

Organos y administración

Artículo 4º. (Consejo de Administración). - El gobierno y administración de las Fundaciones estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Art. 5º. (Integración). - Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar con miembros permanentes o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometida a personas físicas o jurídicas o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes, o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan, requiriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en todos los casos y aun cuando existiere disposición estatutaria en contrario, dicha designación será por el término de un año, prorrogable si perdurara la situación que obligó a efectuarla.

Art. 6º. (Funcionamiento del Consejo). - El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que se establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, el quórum para sesionar será de la mayoría absoluta de los componentes y las decisiones serán adoptadas por mayoría de presentes salvo en lo previsto en los artículos 19 y 20 de la presente Ley.

En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto doble.

Art. 7º. (Deberes de los miembros del Consejo). - Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la Fundación y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad o apartamiento del fin de la institución que adviertan.

En caso de quedar cargos vacantes en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que, por cualquier causa, no se realizare la designación correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el estatuto en el plazo de sesenta días.

Los miembros serán civilmente responsables de todo daño o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración será evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Art. 8º. (Derechos de los miembros). - Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

a) a participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto;

b) a percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir beneficios de cualquier clase de la Fundación. Si se hubiere previsto el pago de alguna remuneración, el monto total anual de la misma, no podrá superar el cinco por ciento, a valores constantes, de los fondos utilizados por la Fundación en el período anual anterior para cumplir con su objeto;

c) a solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 20 la actuación de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la Fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Art. 9º. (Cese y remoción de los Consejeros). - Los Consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecidas por el fundador.

Salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración, podrá, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, remover de su cargo a un Consejero, cuando éste cometa actos violatorios de la Ley, o del estatuto, cuando sobrevenga alguna causal de incompatibilidad o cuando se desentienda de los asuntos de la Fundación pese a las advertencias que le realice el Consejo. Todo ello sin perjuicio del afectado a ejercer su defensa.

Art. 10. (Derecho de veto). - Los estatutos podrán conferir a uno o más Consejeros, sean permanentes o a término, el derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los Consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada podrán ocurrir ante la autoridad competente cuando el resultado de la oposición resulte contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte del objeto de la Fundación.

Art. 11. (Prohibiciones). - Los miembros del Consejo de Administración no podrán, con la Fundación de la que son Consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años, por sí ni por interpuesta persona, contratar o mantener relación comercial, profesional o laboral alguna que les provoque un beneficio económico para su persona.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del Consejero y a sus familiares ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas a las que se encuentre vinculado o lo haya estado en los últimos cinco años.

En caso de mediar disposición estatutaria en contrario, la misma será válida, pero en caso de aplicarse la misma, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el literal b) del artículo 8º de la presente Ley.

CAPITULO IV

Patrimonio de la Fundación

Artículo 12. (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetas a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

Art. 13. (Aportes realizados por disposición testamentaria). - En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria, se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador, si se trata de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la Fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste, de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el reconocimiento referido.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la Fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento requerido.

Art. 14. (Intervención del Ministerio Público).- En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una Fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación y podrá solicitar al Tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

Art. 15. (Plazo para el reconocimiento). - En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a Fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 23 de la presente Ley.

Art. 16. (Responsabilidad). - Si se diera la situación prevista en el inciso segundo del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a Fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en el artículo 842 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación.

Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación cuando los albaceas, herederos o legatarios demuestren que han intentado cumplir con sus obligaciones respecto a la entrega de los bienes y que la misma les ha resultado imposible.

Art. 17. (Patrimonio insuficiente). - Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la Fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la misma, podrá proceder conforme lo dispuesto en el artículo 20 o intentar la capitalización de la Fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública nacional, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo a lo previsto en los artículos 20 y 22 de la presente Ley.

Art. 18. (Acumulación de capital). - La mayor parte de los recursos anuales de la Fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto, y sólo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución y que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capitales. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la autorización de la autoridad administrativa de contralor.

CAPITULO V

Reforma de estatutos y disolución
de la Fundación

Artículo 19. (Reforma de estatutos). - Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su reconocimiento de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de diez días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estatutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la Fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 17 de la presente Ley.

Art. 20. (Disolución de la Fundación). - La disolución de la Fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de disposición estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse alguna de las causales previstas en el artículo siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática, la disolución será declarada por el tribunal competente, a instancia del fundador, de algún miembro del Consejo de Administración, del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

Art. 21. (Causales de disolución). - Son causales de disolución de las Fundaciones:

a) la finalización del plazo establecido por el fundador si es que existe previsión al respecto;

b) cuando por cualquier causa deviniera imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentra impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c) si resulta manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, y sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la Fundación y de lo previsto en el artículo 17 de la presente Ley;

d) por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el tribunal competente;

e) las establecidas como tales por el fundador.

Art. 22. (Liquidación). - Resuelta la disolución de la Fundación, y salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración designará un máximo de tres liquidadores de entre sus miembros.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del artículo 20 de la presente Ley, y en aquellos casos en que los Consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el tribunal procederá a la designación de los mismos.

Art. 23. (Destino de los bienes). - Los estatutos podrán establecer que el remanente que resulte de la liquidación se destine a otra entidad o entidades sin fines de lucro que desarrollen en el país actividades similares o afines a la de la Fundación disuelta.

En ausencia de tal previsión o si la misma fuera de cumplimiento imposible, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá la situación destinando el remanente como lo indica el inciso anterior.

CAPITULO VI

Régimen de contralor

Artículo 24. (Autoridad administrativa de contralor). - El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las Fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

Art. 25. (Contabilidad). - Las Fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

La reglamentación establecerá la forma en que la misma será controlada por la autoridad administrativa de contralor.

Art. 26. (Memoria anual). - El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la Fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos.

Art. 27. (Atribuciones de la autoridad de contralor). - Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente Ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

a) solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en el artículo 24 de la presente Ley. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la Fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor;

b) a percibir e intimar a las autoridades de la Fundación cuando constate cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la Ley o en los estatutos.

c) promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la Ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En casos graves, en los que peligre el patrimonio de la Fundación en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para el que la institución fue creada o cuando se constate que la Fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra los responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes y la intervención de la Fundación ante el tribunal competente;

d) podrá asimismo, en los casos en que refiere el inciso anterior, revocar el acto de reconocimiento de la personalidad jurídica, si resultara establecida judicialmente la ilicitud de las conductas incriminadas.

CAPITULO VII

Disposiciones generales

Artículo 28. (Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). - Todo negocio entre la Fundación y sus fundadores o sus herederos, ascendientes o descendientes, colaterales hasta el segundo grado, salvo las donaciones que de éstos recibiera la Fundación, deberá ser comunicada previamente a la autoridad administrativa de contralor que podrá ejercer sus atribuciones cuando dicho negocio sea ilegal o constituya una desnaturalización del objeto de la Fundación.

Toda resolución del Consejo de Administración que directa o indirectamente, beneficie al fundador o a sus herederos, estará sometida al régimen previsto en el inciso anterior.

Art. 29. (Protección del nombre). - Queda prohibida la utilización de la expresión «Fundación» en el nombre o publicidad de toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente Ley.

Las personas jurídicas que a la fecha de vigencia de esta Ley utilicen el nombre de «Fundación» y no se ajusten a lo establecido en aquélla, dispondrán de un plazo de un año para cumplir con las disposiciones legales. De no hacerlo, al vencimiento del plazo les será aplicado lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.

Art. 30. (Fundaciones extranjeras). - Las Fundaciones constituidas en el extranjero, sólo podrán actuar en la República, cuando cumplan con el objeto y los principios establecidos en la presente Ley y obtengan el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, las Fundaciones extranjeras que actúen en el país, dispondrán de un plazo de un año para regular su situación.

Art. 31. (Plazo para el reconocimiento). - El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de esta Ley.

El plazo podrá suspenderse, por única vez, si a juicio del Ministerio de Educación y Cultura fuera necesario demandar información adicional, reanudándose cuando se haya presentado la misma.

Si vencido el plazo referido en el inciso primero, el Ministerio de Educación y Cultura no se hubiera pronunciado, se entenderá aceptada la solicitud y se procederá a la inscripción en el Registro correspondiente.

Art. 32. (Registro de Fundaciones). - El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro actualizado y público, en que figurará cada una de las Fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida de la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente.

Art. 33. - Quedan derogadas las disposiciones de la Ley Nº 15.089, de 12 de diciembre de 1980, en lo aplicable a Fundaciones».

11) SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 27 DE SETIEMBRE

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - En función de que este punto ha quedado terminado en el día de hoy y que, además, no está listo otro asunto que diera lugar a una sesión extraordinaria para el día de mañana, voy a solicitar que dicha reunión sea suspendida para permitir que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda pueda terminar el trabajo referido a la Rendición de Cuentas, cuyo plazo constitucional vence el día 6 de octubre. Por lo tanto, sería indispensable votarlo en los próximos días.

Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pozzolo.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 58 minutos, presidiendo el Doctor Batalla y estando presentes los señores Senadores: Arismendi, Astori, Batlle, Bentancur, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Garat, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Posadas Montero, Pozzolo, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Carlos Efraín Moreira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.