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Nº 38 - TOMO 369 - 15 DE AGOSTO DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

37ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES HUGO BATALLA Presidente

y   WALTER R. SANTORO Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- Refinanciación de deudores de créditos para adquisición de viviendas por planes del Banco Hipotecario del Uruguay.
- Lo presentan los señores Senadores Garat y Heber.
- Artículo 15 de la Ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994.
- Se interpreta que no están comprendidos en su incompatibilidad los funcionarios públicos con título universitario cuando el contrato se relacione directamente con el ejercicio de la profesión liberal que desempeñan en determinadas circunstancias.
- Lo presentan los señores Senadores Garat, Heber y Andújar.

5) Exposición escrita

- La presenta la señora Senadora Arismendi, relacionada con la Declaración por la ONU del año 1995 como «Año Internacional de la Tolerancia».
- Se resuelve de conformidad con lo solicitado.

6) Solicitudes de licencia

- La formula el señor Senador Storace hasta el día 20 de agosto.
- Concedida.
- La formula el señor Senador Segovia por el día de la fecha por razones de enfermedad.
- Concedida.

7 y 10) Integración del Cuerpo

- Se convoca al señor Víctor Semproni.
- Los señores Economistas Muñoz Blanco, Eduardo Fernández y el Doctor Gonzalo D. Fernández comunican, que por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
- Se convoca al señor Manuel Laguarda.
- Se invita a pasar a Sala al señor Juan Manuel Gutiérrez, quien presta el juramento de rigor, y se lo declara incorporado al Senado.

8) Don Francisco Lavandeira. Nuevo aniversario de su nacimiento

- Manifestaciones del señor Senador Santoro.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Santoro, enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Universidad de la República, a la Intendencia Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones y al Instituto Francisco Lavandeira ubicado en la ciudad de Canelones.

9) «Escuela Horizonte». Adjudicación en el Presupuesto de una partida para cubrir un déficit

- Manifestaciones del señor Senador Heber.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Heber, remitir la versión taquigráfica de sus palabras a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

11) Guerra civil en la ex Yugoslavia

- El señor Senador Garat solicita autorización para realizar una exposición de diez minutos.
- Concedida.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Garat, remitir la versión taquigráfica de su exposición a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Cultura y de Defensa Nacional y a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

12) Ex Senadora Julia Arévalo. Homenaje del Cuerpo al cumplirse diez años de su fallecimiento

- Se resuelve, por moción de las señoras Senadoras Dalmás y Arismendi, incluir este homenaje en primer término del orden del día de la sesión de mañana.

13) Sesión Extraordinaria

- Se resuelve, por moción del señor Senador Pereyra, sesionar el día 22 de agosto para considerar varios Proyectos de Ley.

14) Código Civil. Modificaciones referidas a mayorías de edad. Proyecto de Ley

- Continúa la discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores Senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Regimiento «Blandengues de Artigas». Autorización para salir del país acompañando al Presidente de la República en su visita a la República Argentina. Proyecto de Ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Normas presupuestales deficitarias. Proyecto de Ley

- Continúa la discusión general.
- Manifestaciones de varios señores Senadores.

17) Ejercicio de búsqueda y rescate. SAR. Autorización del ingreso a territorio nacional de Técnicos, aeronaves e integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Proyecto de Ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 11 de agosto de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 15, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión del Proyecto de Ley por el que se sustituyen varios artículos del Código Civil, referente a la mayoría de edad.

(Carp. Nº 117/95 - Rep. Nº 55/95 y Anexo I)

2º) Continúa la discusión general y particular del Proyecto de Ley por el que se establece que los Proyectos de Ley que signifiquen erogaciones para el Tesoro Nacional deberán contar con financiación genuina.

(Carp. Nº 107/95 - Rep. Nº 64/95)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gutiérrez, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Laguarda, Mallo, Michelini, Pereyra, Posadas Montero, Ricaldoni, Sanabria, Sarthou y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Gargano, Millor, Segovia y Storace; y con aviso, el señor Senador Pozzolo.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 8 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 15 de agosto de 1995.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes Proyectos de Ley:

Referente a la donación de órganos y tejidos entre seres humanos, con fines terapéuticos o científicos.

-A la Comisión de Salud Pública.

Por el que se autoriza la salida del país de una Sección de Honor del Regimiento «Blandengues de Artigas» a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, acompañando al Presidente de la República.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

Y por el que se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que se solicita venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Transporte y Obras Pública remite la información que le fuera solicitada por el ex Senador señor Tabaré Hackenbruch relacionada con los peajes en la ruta interbalnearia.

-Oportunamente le fue entregado al señor Tabaré Hackenbruch.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes Proyectos de Ley:

Por el que se concede pensión graciable a la señora Fermina Gularte.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Por el que se aprueba el aumento de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado «Octavo aumento general de recursos».

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de una moneda conmemorativa de los cincuenta años de creación de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación.

-A la Comisión de Hacienda.

Por el que se establecen normas para el financiamiento del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

Los señores Senadores Carlos Garat y Sergio Chiesa presentan, con Exposición de Motivos, un Proyecto de Ley de refinanciación para deudores de créditos para adquisición de viviendas, por planes del Banco Hipotecario del Uruguay.

-A la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Los señores Senadores Carlos Garat, Luis A. Heber y José Andújar presentan, con Exposición de Motivos, un Proyecto de Ley por el que se interpreta que no están comprendidos en la incompatibilidad del artículo 15 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, los funcionarios públicos con título universitario cuando el contrato se relacione directamente con el ejercicio de la profesión liberal que desempeñan en determinadas circunstancias.

-A la Comisión de Presupuesto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131, 132 y 133 del Reglamento del Senado las Comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente, Asuntos Administrativos, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Constitución y Legislación, Hacienda, Ganadería, Agricultura y Pesca, Presupuesto, Transporte y Obras Públicas, Industria y Energía, Asuntos Internacionales y Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, elevan los informes trimestrales.

-Repártanse».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

«EXPOSICION DE MOTIVOS

Hay una situación que está viviendo una importante cantidad de deudores de viviendas al Banco Hipotecario que encierra una preocupante problemática social, que amenaza escapar a todo control y a la que es preciso encontrarle alguna solución rápidamente.

El tema se refiere a la existencia de aproximadamente 40.000 deudores del Banco Hipotecario en su absoluta mayoría adquirentes de viviendas o préstamos sociales, que no pueden pagar sus compromisos, o lo hacen con significativo retraso.

Este hecho que provoca endeudamientos que jamás podrán ser pagados por los que se han retrasado en el pago de sus cuotas, crea además una situación de angustia, por el temor a perder su vivienda, por la circunstancia de haber superado las cuotas a pagar al Banco Hipotecario la capacidad de sus ingresos y por tanto se les hace imposible pagar las mismas y menos aún amortizar lo atrasado.

La UR, unidad de cálculo creada por el Art. 39 de la Ley Nº 13.728, ha ido variando en forma tan creciente por las diferentes etapas económicas y financieras experimentadas desde su creación, que hoy no responde en nada a lo que constituyó en su origen la voluntad del Legislador.

Téngase presente que en el momento de nacer la Ley del Plan Nacional de Viviendas 1 UR = 1 U$S y hoy los valores están de 1 UR = 15 U$S.

En aquel entonces se quiso que se pudieran otorgar viviendas sociales dignas, para que pudieran ser adquiridas en propiedad, por trabajadores que con su ingreso así pudieran amortizarlas.

Hoy ocurre que las condiciones pactadas entre los adquirentes y el Banco Hipotecario han variado en perjuicio de los deudores que no pueden cumplir con sus obligaciones, además de ocurrir otra gran injusticia, como es la de que el pago de cuotas muy encarecidas, por parte de los buenos pagadores, algo más del 50%, es lo que sostiene la solvencia del Banco Hipotecario.

Es preciso abatir el valor de la UR y los intereses que graban las deudas, como medio de hacer posible que se mantengan las condiciones inicialmente pactadas y sobe todo traer tranquilidad a los deudores, para que sepan que van a poder seguir siendo dueños de su techo.

La proyectada refinanciación busca solucionar el grave problema en que están los deudores del Banco Hipotecario, para que puedan seguir pagando su préstamo de vivienda en condiciones accesibles y sobre todo originalmente pactadas, con un valor de la UR que sólo experimente ajustes según la variación real del salario y a los intereses comprometidos en la escritura de otorgamiento, que era el espíritu que primaba en la Ley Nº 13.728.

De igual forma, se trae justicia, para con los buenos y puntuales pagadores, para que lo cobrado con una UR e intereses mayores que lo convenido originalmente sea destinado a la amortización y disminución de plazo de la deuda.

Carlos Garat, Sergio Chiesa. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase una refinanciación para deudores de créditos para adquisición de viviendas, por planes del Banco Hipotecario del Uruguay, que a la sanción de la presente Ley adeuden más de una cuota de sus respectivos préstamos.

Art. 2º. - Las cuotas adeudadas, indicadas en el artículo primero, se transferirán a continuación de la última fijada en el contrato original.

Art. 3º. - Las cuotas transferidas no generarán intereses de mora, ni recargos de especie alguna, quedando cancelados los que se hubieran debitado a las mismas.

Art. 4º. - El valor de la UR, para pagar los préstamos otorgados por el Banco Hipotecario, será calculada para su actualización únicamente por la variación del índice medio del salario real, tomado en su conjunto y suficientemente representativo de los ingresos corrientes de los trabajadores comprendidos en los grandes sectores de la actividad pública y privada, que sean remunerados exclusivamente en dinero.

Art. 5º. - El Banco Hipotecario recalculará todos los préstamos desde su otorgamiento, a los valores de UR, indicados en el artículo cuarto y al tipo de interés pactado originalmente.

Art. 6º. - A los promitentes compradores, buenos pagadores, se les reliquidará su deuda, disponiéndose que lo abonado por encima de lo que corresponda al valor de la UR, e intereses indicados anteriormente, sea considerado para la amortización anticipada de su deuda y por tanto la disminución de cuotas a pagar.

Carlos Garat, Sergio Chiesa. Senadores».

«EXPOSICION DE MOTIVOS

En oportunidad de sancionarse en el Senado el artículo 37 de la Ley Nº 16.127 de fecha 7 de agosto de 1990, conocida como la Ley del Funcionario Público, por el cual se define el contrato de Arrendamiento de obra en la Administración Pública, el entonces Senador De Posadas Montero, en su condición de miembro informante, expresó lo siguiente:

‘Los casos señalados por los señores Senadores Batalla y Singlet abarcarían a los liquidadores del Banco de Seguros, a los tasadores y avaluadores del Banco de Previsión Social, a los rematadores y a los profesionales como por ejemplo Médicos, Abogados, etcétera. Al respecto, debo decir que la norma no pretende abarcarlos y que además, la aclaración en la versión taquigráfica es procedente’. (Diario de Sesiones del Senado del 01/10/93, pág. 152).

En ocasión de sancionarse en el Senado el artículo 15 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994 por el cual se establece la incompatibilidad del funcionario público para celebrar contrato de arrendamiento de obra con la Administración Pública, todos los Senadores intervinientes fueron coincidentes en aclarar también que la incompatibilidad que se crea para celebrar el contrato de arrendamiento de obra definido por el artículo 37 de la Ley Nº 16.127, no se extiende a profesionales liberales, en ejercicio de su profesión, que realizan tareas para el sector público como el caso de Médico, Abogado, Escribano, etc. (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 01/10/93, págs. 151 y siguientes, tomo 357) y además consideraron que las constancias formuladas en ese sentido en el Acta de Sesiones eran suficientes para su correcta interpretación.

Sucede sin embargo, que el Banco de la República Oriental del Uruguay no tiene en cuenta dichas aclaraciones e interpreta el artículo 15 de la Ley Nº 16.462 de un modo diferente. Y es así que con fecha 8 de febrero de 1995 resolvió rescindir los contratos celebrados por las sucursales de dicho Banco con Abogados, Escribanos y Procuradores con calidad de funcionarios públicos en otro organismo del Estado, después con fecha 15 de marzo de 1995, resolvió dejar en suspenso esa resolución por el plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación a los profesionales que se encontraran en esa situación, a los efectos de que en el decurso de ese plazo manifiesten la opción de continuar al servicio del Banco de la República Oriental del Uruguay o su otra función.

Las demás instituciones bancarias oficiales no han puesto en práctica igual criterio interpretativo.

Tampoco otros organismos públicos que tienen contratos celebrados con profesionales liberales con calidad de funcionario público en otro organismo han adoptado una posición igual a la del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Que la interpretación del Banco referido no sólo se aparta de los pronunciamientos parlamentarios mencionados sino que además no contempla adecuadamente el contexto de la disposición actualmente vigente lo cual no lleva a rescindir contratos con profesionales que son funcionarios públicos de otro organismo incluso en los lugares donde no cuenta con funcionarios propios habilitados para realizar el objeto del arrendamiento (inciso final del citado artículo 15).

En suma: el plazo de opción está corriendo y a breve término habrá de configurarse en los hechos una situación distorsionante de la voluntad legislativa doblemente perjudicial, no solo para los profesionales cuya vinculación con el Organismo a título de contrato de arrendamiento de obra es sumamente opinable sino también para el propio Banco que habrá de verse privado del concurso de Técnicos y Especialistas de antiguo arraigo (muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad) y probada capacitación técnica. Ese alejamiento masivo no sólo no es justo por la ruptura intempestiva de las reglas de juego sino que afecta en lo inmediato el requisito de eficacia que se reclama para la gestión del Estado.

Se impone entonces la rápida sanción de una norma interpretativa para salvar las dificultades que habrán de producirse en la práctica. Esta en una tarea perentoria para la presente Legislatura y a ella apunta el Proyecto de Ley que se propone a consideración del Cuerpo.

Carlos Garat, José Andújar, Luis A. Heber. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Interprétase que no están comprendidos en la incompatibilidad del artículo 15 de la Ley Nº 16.462 del 11 de enero de 1994, los funcionarios públicos con título universitario, cuando el contrato se relacione directamente con el ejercicio de la profesión liberal que desempeñan, en los lugares donde el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo.

Carlos Garat, José Andújar, Luis A. Heber. Senadores».

5) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de envío de exposición escrita.

(Se da de la siguiente:)

«De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Senado, la señora Senadora Marina Arismendi solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores relacionada con la declaración por la ONU del año 1995 como ‘Año Internacional de la Tolerancia’.»

(Texto de la exposición escrita)

«Montevideo, 09 de Agosto de 1995

En este año de 1995 declarado por la ONU ‘Año Internacional de la Tolerancia’, se ha conmemorado el 50 aniversario del fin de la 2a. Guerra Mundial que enlutó al mundo con su secuela de destrucción y muerte.

Pero en esta oportunidad, quiero referirme y reflexionar sobre un hecho particularmente despiadado y atroz como lo fue el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de Agosto de 1945 respectivamente.

Sabido es que la historia la escriben los vencedores...

Y este genocidio sí se trató de justificar afirmando que era la vía necesaria para terminar lo antes posible esta guerra lo cierto es que se lanzaron dos bombas nucleares; arrasando con escuelas, hospitales y más de 200.000 civiles; y aun al día de hoy millares de personas sufren directamente las secuelas de ese ataque.

En verdad ni siquiera desde el punto de vista militar existieron ‘causas justificadas’, ya que el grueso del ejército japonés destacado en Europa fue rápidamente aplastado por el ejército de la URSS con el auxilio de fuerzas guerrilleras a partir del 8 de Agosto de 1945. Una vez más apreciamos que primaron los intereses económicos guerreristas de los grandes complejos militares industriales que a posteriori siguieron lucrando ‘GUERRA FRIA’ mediante.

Hoy, a 50 años de este genocidio nos preguntamos ¿la humanidad sacó enseñanzas de lo sucedido?

Comprobamos con angustia que no. En este mundo unipolar de hoy, desaparecida la excusa de la ‘amenaza soviética’ si lanzamos una mirada en derredor, vemos el armamentismo por doquier que hasta pretendió en la Guerra del Golfo mostrarnos el horror de una guerra como si fuera un juego de video, en el cual se demolían ciudades enteras sin víctimas, en forma casi aséptica...

Hoy los medios masivos de ‘comunicación’ nos presentan a diario el drama de la guerra en territorios de la ex-Yugoslavia, ‘como una noticia más’ del día, casi como si se tratara del pronóstico meteorológico.

Y como si esto no bastara, el nuevo gobierno de Francia del Sr. Chirac decide retomar sus ensayos nucleares rompiendo unilateralmente los compromisos asumidos en el Tratado de no proliferación nuclear junto a 177 Estados.

Es entonces que me pregunto a 50 años de una conflagración mundial ¿en qué hemos avanzado como seres humanos? ¿Qué paz hemos obtenido?

¿Podemos definir la paz solamente como la ausencia de guerras?

Si así fuere, bastaría mirar a nuestro alrededor para comprobar tristemente que ni siquiera esta magra definición hemos alcanzado.

Pero la PAZ con mayúsculas, la verdadera, es mucho más que la ausencia de guerras.

No podemos hablar de paz en un mundo donde impera la violencia; y no la de las armas precisamente, sino otra más ruin: la de la injusticia.

No podemos hablar de paz desvinculándola de la justicia y el progreso social.

Del mismo modo que es inconcebible la tierra feraz lejos de agua, es impensable una paz justa al margen del bienestar de los hombres y mujeres, de todos los hombres y mujeres.

Sería tragicómico si no fuera indignante escuchar a muchos panegiristas del neoliberalismo hablar de ‘los logros tecnológicos de fin de siglo’ en favor de la sociedad, más allá por supuesto, de algunos ‘costos sociales necesarios’.

Es grotesco hablar de ‘logros’ cuando las realidades sociales son cada vez más desiguales; cuando como Ciro Alegría vemos que ‘el mundo es ancho y ajeno’.

Podemos sin avergonzarnos hablar de paz cuando 100 personas en el mundo amasan fortunas equivalentes al ingreso de 1.500 millones de habitantes del planeta?

Podemos hacerlo cuando en América Latina y el llamado Tercer Mundo se somete a sus pueblos a la violencia sórdida y cotidiana del cierre de fuentes de trabajo y educación, ‘reconvirtiendo’ a trabajadores en desocupados, a jubilados en menesterosos, a los jóvenes en parias buscando en otras tierras al futuro que la suya les niega?

Estamos convencidos de que no, y es por ello que no cejamos en nuestra lucha por un mundo mejor; a escala humana; sin xenofobia, con una paz con justicia social.

Marina Arismendi. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se accede al envío de la exposición escrita.

(Se vota:)

-13 en 16. Afirmativa.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador Storace solicita licencia hasta el día 20 de agosto».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 10 de agosto de 1995.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

De mi mayor consideración:

Por la presente vengo a solicitar licencia a partir del día 15 de agosto, para concurrir a la 5ta. reunión de asuntos jurídicos del Parlamento Latinoamericano, que se reunirá en su Sede Permanente de San Pablo, hasta el 20 de agosto.

Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Dr. Nicolás Storace Montes. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado a partir del 15 de agosto el suplente respectivo, que lo es el señor Juan Manuel Gutiérrez.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Senador Segovia solicita licencia por el día de la fecha por motivo de enfermedad».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 15 de agosto de 1995.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me conceda licencia por el día de la fecha, por motivo de enfermedad».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 15 de agosto de 1995

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me conceda licencia por el día de la fecha, por motivo de enfermedad.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

Albérico César Segovia. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado por el día de la fecha el suplente respectivo, que lo es el señor Representante Víctor Semproni.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota de desistimiento llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

«El Economista Manuel Núñez Blanco comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 10 de agosto de 1995

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que por esta vez no puedo aceptar la suplencia que se me ofrece en la Cámara de Senadores.

Sin otro particular, saludo a Ud. con la mayor atención.

Ec. Manuel Núñez Blanco».

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

«El señor Eduardo Fernández comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 11 de agosto de 1995

Sr. Presidente del Senado

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Eduardo Fernández, que integra la línea de suplentes del Sr. Senador Don Reinaldo Gargano, se dirige a Ud. a fin de declinar, por esta única vez, el ejercicio de la suplencia prevista a partir del lunes 14 de agosto.

Sin otro particular, saludo a Ud. con la mayor atención.

Eduardo Fernández»

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

«El Doctor Gonzalo Fernández comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 14 de agosto de 1995

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Hugo Batalla

Presente

De mi mayor consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, por esta vez, me veo obligado a declinar la convocatoria efectuada para cubrir la suplencia del Senador Reinaldo Gargano durante el término de su licencia, por impedimentos de orden personal.

Sin otro particular, le saludo con mi mayor consideración.

Gonzalo D. Fernández»

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia queda convocado en sustitución del señor Senador Gargano, el señor Manuel Laguarda, a quien, si estuviera en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Laguarda)

8) DON FRANCISCO LAVANDEIRA. Nuevo aniversario de su nacimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: quisiéramos hacer una referencia, en cierto sentido, de carácter histórico pero que, al mismo tiempo, tiene vigencia actualmente, con relación a la personalidad del Doctor Francisco Lavandeira, ya que el 4 de julio se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento.

Ya en su juventud poseía una personalidad descollante, cumpliendo una actividad de enorme relevancia tanto en la faz revolucionaria como en el periodismo y en la cátedra.

Francisco Lavandeira nació en «Pueblo Arias», departamento de Florida, el 4 de julio de 1848, cuando culminaba la Guerra Grande. En esa época en el Cerrito se había establecido el Gobierno del Presidente Manuel Oribe. Sus padres fueron Sixto Lavandeira, ciudadano argentino de estirpe galaico-portuguesa, y Carolina Muñoz, uruguaya de antigua familia canaria. Cabe señalar que Lavandeira estuvo vinculado a la ciudad de Canelones, ya que allí residió su familia durante mucho tiempo. Aún hoy se mantiene en dicha ciudad, referencias de su biblioteca, siendo además el lugar donde descansan sus restos.

A poco de nacer, su familia se trasladó a la Villa de Guadalupe, en el departamento de Canelones, donde cursó los estudios primarios.

Por decisión de su padre, pasó a seguir estudios superiores en Buenos Aires, donde se graduó de Abogado, a la edad de 22 años. Desde un comienzo, se distinguió por su predilección por los temas hacendísticos y de la economía en general.

Lavandeira regresó al país en la época del Gobierno del General Lorenzo Batlle.

En 1870, intervino en la campaña revolucionaria conocida como La Revolución de las Lanzas, que fuera conducida por Timoteo Aparicio. En esas filas revolucionarias, Lavandeira comparece y actúa en plena juventud, comenzando a marcarse allí, su predilección por una de las actividades que desarrollara con mayor relevancia: el periodismo. Es así que comienza a editar el periódico llamado «La Revolución».

Desde allí contestó a Carlos María Ramírez quien, en un opúsculo llamado «La guerra civil y los partidos», renegaba de los partidos y de las tradiciones. Decía Lavandeira: «Destruirlos no» -refiriéndose a los Partidos Políticos- «Transformarlos por la educación. Creer que esto es irrealizable es condenarse a sostener que los partidos orientales escapan a la Ley de Perfectibilidad que rige a toda la naturaleza humana».

Cuando concluye la revolución, con ciudadanos del fuste de Agustín de Vedia y Juan José de Herrera, fundan el Club Nacional, centro político que recogía también las ideas relativas al principio que, en ese momento, estaba en su plena expresión en el país.

En la inauguración en Montevideo en junio de 1872 dice: «Nuestro ideal no está en el pasado sino en el porvenir. No es por consiguiente con la tradición de los viejos odios y de los viejos errores que vamos a concurrir dignamente a la gran obra de la regeneración de la patria. Tomemos por divisa los grandes principios de la Libertad y la Democracia moderna y por la vía invariable las grandes aspiraciones y los intereses colectivos del pueblo, de este pueblo generoso que por tanto tiempo ha sido el juguete de las fracciones y de los traficantes políticos. Al efecto, hago moción para que en lugar de dar a este Club la denominación del Club del Pueblo, aspiraciones del pueblo oriental». Cabe señalar que Lavandeira era un principista, pero con un gran sentido del realismo, del ser, del momento político que se vivía.

Poco después, revalida su título de Abogado y en mayo de 1873 dio su primera clase en el aula de Economía Política, cátedra que había inaugurado Carlos de Castro.

Decía Lavandeira en su clase inaugural: «Nos hemos dado nuevas Instituciones, nos hemos puesto si no al frente, en primera línea del movimiento político de la humanidad; a pesar de nuestras revoluciones, de nuestros desastres, hemos permanecido fieles al pensamiento liberal de 1810. Pero la paz de la sociedad conserva, a pesar de todo, los marcados rasgos de la Colonia; la ignorancia de sus masas, la realidad embrionaria de su industria y el baldío y el despoblado en sus vastas planicies, el comercio interior convertido en un muro del comercio exterior, la circulación lenta y trabada por la distancia, por la inseguridad y por el estado naciente del crédito, la evolución económica incompleta en el mercado interno convertido por la fuerza de las cosas, en una simple factoría de los grandes talleres del mundo. ¡Ah está el problema del presente! La constitución de la tierra, de la industria, de la propiedad, el hombre del interior que hay que reformar para ponerlo en armonía con la avanzada organización política que hemos adoptado. Tal es en su más simple expresión el problema a cuya solución debemos contribuir, la jornada del pionero que debe hacer, desmontando y preparando la tierra bárbara de la Colonia, a fin de que llegue a ser un día la magnífica morada de la civilización y de la libertad. La economía política tiene ahí su misión, su gran misión que llenar: iluminar con sus doctrinas la carrera del Legislador, del hombre de Estado, del administrador; servir al hombre de empresa y de fatiga, describiéndole el mecanismo de la sociedad, las leyes generales de la industria y el puesto que le corresponde en la gran mutualidad de la sociedad; formar, en sí, la conciencia del pueblo sobre los grandes intereses que lo afectan y de los que él debe disponer como único dueño y soberano».

Paralelamente a la cátedra que desempeñaba Lavandeira, era redactor del diario «La Democracia». También colaboró en la Revista Mercantil, periódico emitido por los comerciantes del exterior. Lavandeira muere a raíz de los sucesos que tuvieron lugar en enero de 1875, en un hecho que la historia ha registrado y que mantiene con todos sus rasgos en la condición de defensor de la libertad del sufragio. Este episodio ocurrió el 10 de enero de dicho año; así lo recoge la historia y así lo mantiene y lo guarda en la mejor conciencia de la ciudadanía uruguaya.

Es del caso señalar que el pasado 5 de agosto, en la ciudad de Canelones, el Instituto lavandeira, sociedad civil que lleva el nombre de este ciudadano, realizó un acto académico en el que se tuvo oportunidad de escuchar expresiones del Profesor Reyes Abadie y del Doctor José Claudio Williman en relación con las ideas políticas del Doctor Lavandeira. El acto fue de enorme significación por la trascendencia, la profundidad y la amplitud de las formulaciones que se realizaron en las exposiciones de los dos conferencistas. Entonces, teniendo en cuenta que la ciudad de Canelones guarda un especial recuerdo de este ciudadano que supo vivir allí, que fue a su escuela y cuyos restos están depositados en el cementerio de dicha ciudad, quisimos hacer referencia en esta oportunidad a Francisco Lavandeira, recordando su nacimiento y facetas fundamentales de su personalidad.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Universidad de la República, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Canelones y al Instituto Francisco Lavandeira, ubicado también en esa ciudad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

9) «ESCUELA HORIZONTE». Adjudicación en el Presupuesto de una partida para cubrir su déficit.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - En el día de hoy, queremos traer a la atención del Senado de la República una invitación que fue cursada a varios señores Legisladores por parte de las autoridades de la Escuela Horizonte. En este sentido, consideramos que fue muy importante haber estado en dicha escuela junto a otros compañeros, entre los cuales se encontraba el señor Senador Cid.

Realmente lo que vimos, señor Presidente, nos conmovió y, en ese sentido, destaco especialmente la ayuda y el trabajo que realiza la Escuela Horizonte. Creo que es la única en su ramo, sobre todo por los enfermos que atiende; y aunque la Escuela Roosevelt se ocupa de una problemática similar, por lo que tengo entendido, no trata a chicos con tantas dificultades como la primera.

Al visitar esta Escuela y ver el esfuerzo de sus funcionarios -todos ellos con sueldos, por cierto, muy bajos, pues apenas superan los $ 1.000, y con un horario de dedicación total- uno se da cuenta de la necesidad que tienen de que el Estado ayude a esta clase de instituciones. En ese sentido preguntando a las autoridades y a la Dirección de la Escuela Horizonte, resultó que ellos cuentan apenas con aproximadamente U$S 600 por mes para su funcionamiento por concepto de contribución y asistencia de parte del Estado. Debo confesar que me parece una barbaridad que se esté destinando tan poco a una escuela que hace tanto por nuestra sociedad, pues hay que tener en cuenta que ayuda a niños que, si bien deben contribuir con algo a la escuela, provienen de hogares de muy baja extracción social. Además, se los va a buscar y se los lleva a su casa en microómnibus donados por instituciones alemanas; y con una contribución de U$S 600 mensuales creo que ni siquiera les alcanza para pagar el combustible necesario para dicho transporte.

Cuando estamos en vísperas de que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto, creo que es necesario levantar nuestra voz y decir que la Escuela Horizonte trabaja con aproximadamente U$S 4.000 de déficit mensual y que el Estado contribuye con apenas U$S 600. Considero importante que antes de que se remita el referido Proyecto de Ley solicitemos al Poder Ejecutivo que incremente -y, si es posible, que hasta la triplique- la suma que actualmente se vierte a fin de, por lo menos, llegar a cubrir la mitad de su déficit. No cumpliríamos con nuestro deber si solamente nos quedáramos con ver y reconocer el esfuerzo de los Profesores y de quienes están trabajando con esta clase de chicos que realmente precisan y mucho la ayuda de la sociedad. Creo que debemos hacer algo, como es hablar antes de que se presente el Proyecto de Ley de Presupuesto, y pedir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -a quien van dirigidas nuestras palabras- que lleve dicha cifra por lo menos a U$S 2.000 mensuales, que representan apenas dos sueldos jerárquicos de los miles que paga la Administración Pública. Me parece que es hasta indecoroso que el Estado únicamente brinde a la Escuela Horizonte una contribución de U$S 600 por mes. Creemos que el Senado hará suyo este pedido.

Esperamos no tener que tratar este tema nuevamente en la Comisión de Presupuesto porque, seguramente, las autoridades del Poder Ejecutivo, sensibles frente a este tema, van a fijar una contribución de U$S 2.000; incluso, si se hacen algunas cuentas, también podría llegarse a los U$S 4.000 para cubrir el déficit de la mencionada Escuela Horizonte.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Encontrándose en Antesala el suplente del señor Senador Storace, señor Juan Manuel Gutiérrez, se le invita a pasar a Sala a efectos de prestar el juramento de estilo.

(Entra a Sala el señor Gutiérrez)

-Se invita a los señores Senadores, funcionarios y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Gutiérrez ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR GUTIERREZ. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR GUTIERREZ.- ¿Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

11) GUERRA CIVIL EN LA EX YUGOSLAVIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Ha llegado a la Mesa una moción de orden presentada por el señor Senador Garat quien solicita que el Senado lo autorice a realizar una exposición de 10 minutos sobre la guerra civil en la ex Yugoslavia en la sesión de hoy.

La Mesa debe aclarar que las exposiciones podrían ser de más de 10 minutos y que, de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento, esta autorización para tratar el tema en la sesión de hoy requiere una mayoría de dos tercios.

Léase.

(Se lee:)

«Solicito al Senado me autorice a realizar una exposición de diez minutos sobre la guerra civil en la ex-Yugoslavia en la sesión de hoy».

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: la Bancada legislativa de mi sector político me ha encargado que la representante en estas reflexiones ante el inmenso drama, que a todos nos conmueve, que viven los Estados Balcánicos de la ex Yugoslavia, lo que nos lleva a concluir lo difícil y empinado que resulta el camino de la paz y el respeto entre los hombres.

Desde que se conoce la existencia del hombre en la Tierra, éste siempre se ha visto enfrentado a sus semejantes. La envidia, la ambición, el deseo de poder y la venganza están presentes desde que la Biblia nos habla de la muerte que Caín diera a su hermano Abel y, desde entonces, el castigo y la presencia del Mal pesan sobre la humanidad. Es así que desde su origen el hombre opta por la confrontación desafiando el mandato supremo de amor entre hermanos y paz entre ellos. Esta confrontación fue adquiriendo manifestaciones crecientes a medida que las comunidades iban progresando en organización y cultura. El principio de arrebatarle al prójimo, haciendo al hombre esclavo del hombre, provocando sufrimiento, discriminando a pueblos enteros, logrando que minorías dominasen y explotasen a las mayorías humanas, ha sido la constante a través de los siglos.

Sería prácticamente imposible encontrar algún tiempo de la humanidad en que la agresión del hombre al hombre no haya existido. Nuestra América nació signada por ese destino, desde el descubrimiento, cuando fue esclavizada y sometida brutalmente la población indígena por la española, siguiendo por el exterminio de la avanzada civilización azteca y más tarde, por la conquista despiadada que concluye con la matanza y destrucción de la cultura incaica. También nuestro país conoció la persecución y el exterminio étnico de los indígenas. América del Norte asistió en su marcha y conquista del Oeste, al apartamiento y desposesión de los derechos originales de los indígenas. El pueblo judío, por su parte, ha conocido el odio, la persecución, la diápora y el holocausto a través de su historia milenaria. Pero el siglo donde la maldad humana ha alcanzado niveles inimaginables es el que nos ha tocado vivir, con el agravante o la falta de atenuante, que es el tiempo en el que se han logrado mayores avances en el conocimiento, la cultura y la tecnología. Sólo la revitalización del mal original del hombre ha podido crear ese clima generalizado de desprecio de algunos por los derechos de otros, sin respetar su raza, origen o religión.

Este siglo XX ha conocido el inicio del genocidio del pueblo armenio, y más tarde, la sangrienta represión comunista-stalinista, con el exterminio de quienes sólo eran culpables de pensar diferente. Finalmente, como cumbre de maldad indiscriptible, la persecución del pueblo judío y su aniquilamiento frío, irracional, por la aplicación de la solución final que condujo al holocausto que permanecerá vivo como aquello de «Nunca más debe ocurrir». Luego de pasado el drama que angustió al mundo con el ascenso al poder de la Alemania del nazismo, que marcó con la guerra demencial, iniciada contra otras naciones europeas, la entronización del imperio del mal en una poderosa, culta y avanzada nación europea que mostró las dimensiones gigantescas a las que puede llegar la maldad del hombre, su ambición de poder y la falta de frenos morales para destruir a sus semejantes, con la finalidad única de lograr satisfacer ambiciones, vino la paz. Esta paz fue anhelada por el mundo entero y si en algo se puede simbolizar es en esa institución internacional de las Naciones Unidas, que está cumpliendo 50 años de existencia, pero que no obstante llega a ello sin haber concretado las esperanzas de la inmensa mayoría de los hombres. La paz no se ha logrado y todos experimentamos un sentimiento de frustración e inseguridad crecientes que ha permanecido por décadas amenazando a la humanidad, mostrando siempre el rostro maligno del hombre y la muerte en el mundo. Todos los días se recuerda algún hecho tráfico que nos ha involucrado y que también nos hace tener presente que las semillas del mal siguen vivas y que la angustia de una tragedia global sigue pendiente. Según se proclama por doquier, esta es una época de libertad del hombre, de vivir, de trabajar, disponer de lo propio, creer y practicar la religión que se desee, del respeto por las etnias y sus costumbres. A diario se dice esto, junto a la salvaguardia de los derechos humanos y respeto a la preservación del medio ambiente. No obstante ello, en el mundo han sido, y son mayoría, las naciones gobernadas por regímenes despóticos que no respetan los derechos naturales del hombre.

Se puede decir que el siglo XX ha estado marcado por un permanente discurrir en ese eterno enfrentamiento del hombre con el hombre, signado por explicaciones que nunca acaban de convencer. Son los años de las fosas colectivas, donde se ha perdido hasta el derecho humano de morir con dignidad. Ahora, como símbolo e imagen de esa barbarie, se está viviendo el conflicto étnico de confrontación de poder, entre los pueblos que constituyen la ex Yugoslavia. Esta nación surgió luego de la Primera Guerra Mundial, como un Estado artificial, de laboratorio diplomático, sin un grupo-nación que fuera dominante, constituida por pueblos que tenían poco en común, como Eslovenia y Croacia, que habían sido parte del Imperio Austro-Húngaro y los que habían pertenecido al Imperio Turco durante siglos. Los croatas son católicos; los servios, cristianos ortodoxos, pero también hay muchos musulmanes en Bosnia y Kosovo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, producido el reparto de Europa, Yugoslavia es ferréamente conducida por el héroe nacional Mariscal Tito quien, si bien era de ideología marxista, se opuso a caer en los designios imperialistas del comunismo ruso, unificando a su país y llevándolo al grupo de países no alineados. Muerto Tito en 1980, reaparecen las tendencias separatistas lo que, unido a una situación económica desmejorada, desemboca en la cruel guerra étnico-religiosa de poder iniciada cuando en 1991 Yugoslavia se desintegró. Primero se separó Eslovenia y, después, Croacia declaró su independencia. El ejército yugoslavo, que tenía mandos serbios, atacó las regiones independentistas, comenzando una cruenta lucha fraticida, la que se intensificó en 1992, cuando Bosnia-Herzegovina declaró su independencia. Desde entonces, millares de víctimas inocentes, la matanza de población civil, la venganza y el odio y la destrucción sistemática de un país es lo que ve el mundo, ante la parálisis de las naciones libres para terminar con dicha barbarie.

Los acontecimientos que vienen sucediendo en la ex-Yugoslavia desde 1991, en que Serbia comenzó por atacar y anexar los territorios de las repúblicas dispuestas a independizarse con el fin de dominarlas, apostando acertadamente a la inacción de las potencias occidentales y, especialmente, de los Estados Unidos, han permitido el desarrollo de una guerra de locura criminal, inaudita, en la que se han olvidado los valores fundamentales de la humanidad y que nos retrotraen a las escenas dantescas del pasado de barbarie nazi, de purificación étnica, de campos de concentración, de bombardeos indiscriminados contra civiles, de destrucción y avasallamiento de comunidades enteras. Nuevamente los supremos valores humanos de los que depende la supervivencia democrática libre del mundo moderno, están siendo atacados ahora en ex-Yugoslavia y, como antes, frente a la mirada indiferente, cómplice y egoísta de los Estados poderosos que podrían detener la barbarie.

Nuevamente, como sucedió en 1938, en Munich, ante el peligro del avance del nacionalsocialismo, hoy la ONU y los Gobiernos europeos buscan no comprometerse sosteniendo que las partes involucradas tienen que negociar entre ellas. Se ha dicho que era como pedirles a las víctimas de la GESTAPO y de los ejércitos nazis que negociaran esperanzadas con sus opresores. El mundo libre y democrático de los respetos de los derechos fundamentales de hombre no puede permanecer insensible ante el drama que viven las Repúblicas, etnias y religiones de la ex Yugoslavia. De nuevo aparecen en la humanidad los temores de una conflagración generalizada que destruya todo lo que se ha soñado de progreso y paz en el mundo. Es preciso que los hombres y las naciones que amamos y respetamos a nuestros semejantes, que practicamos la no intervención en los derechos y decisiones de otros Estados y naciones, nos organicemos y hagamos oír nuestra voz multitudinaria defendiendo la paz y el respeto a los hombres en el mundo como base única de sobrevivencia y desarrollo dignos. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas tiene que actuar enérgicamente exigiendo la paz en Yugoslavia, que es la paz para todos los hombres del mundo.

El Doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera ha dicho recientemente que el hombre de cualquier pertenencia étnica, religiosa o política, debe clamar por sus derechos en todas partes y la solidaridad internacional en su defensa debe ser dinámica, permanente y efectiva para que ningún factor en el mundo se atreva a nuevas campañas de limpieza étnica. Fieles a este pensamiento que compartimos íntegramente, decimos que el Uruguay debe tener, como ya lo ha tenido antes, una voz fuerte en el concierto internacional defendiendo estos principios. El Parlamento uruguayo debe expresarse claramente también en este sentido, interpretando el sentir pacífico y humanitario de la nación que representa. El Gobierno uruguayo, en la próxima reunión plenaria de la ONU, en su cincuenta aniversario, por medio de los representantes acreditados, debe tomar una posición protagonista para lograr esa anhelada paz, que es nuestro profundo deseo de orientales.

Por último, en el fondo de nuestro corazón nos gustaría que el Parlamento entero se expresara condenando estos hechos y reafirmando los principios de paz y solidaridad humana. Entendemos claramente que es muy difícil tomar una resolución en ese sentido. Por tal razón, voy a solicitar al Plenario que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Comisión de Asuntos Internacionales para que ésta, si lo cree conveniente, elabore un pronunciamiento sobre este tema. De la misma manera, voy a solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras pase a consideración de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Educación y Cultura y de Defensa Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - El pase de la versión taquigráfica a la Comisión de Asuntos Internacionales es de oficio y, por lo tanto, no necesita votación del Senado. El resto del trámite solicitado podría enviarse también -salvo mejor opinión del señor Senador Garat- a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) EX SENADORA JULIA AREVALO. Homenaje del Cuerpo al cumplirse diez años de su fallecimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ha llegado a la Mesa una moción de orden firmada por las señoras Senadoras Dalmás y Arismendi en la que se solicita que el Senado trate, como primer punto del orden del día de la sesión de mañana, un homenaje a la ex señora Senadora Julia Arévalo, con motivo de cumplirse 10 años de su fallecimiento el día 18 del corriente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee:)

El señor Senador Pereyra solicita que el Senado realice una sesión extraordinaria el día martes 22 del corriente, a efectos de considerar los siguientes Proyectos de Ley: Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del MERCOSUR y Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Mi intención es trasmitir una resolución de la Comisión de Asuntos Internacionales, quien solicita que los dos Proyectos que se han leído figuren en el orden del día de una sesión extraordinaria que se convocaría para el próximo martes 22.

En cuanto al tercer asunto que figura al pie de la nota, quiero decir que está siendo tratado por la Cámara de Representantes, por lo que se pide que se retire del ámbito de la Comisión del Senado. En este sentido, solicitaría a la Mesa que le dé lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el tercer punto de la moción formulada por el señor Senador Pereyra.

(Se lee:)

«Acuerdo con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa en materia de promoción y protección recíproca de inversiones y su Protocolo».

-Se va a votar la moción de orden con la inclusión de los dos primeros puntos en el orden del día de la sesión extraordinaria que se convocará para el próximo martes 22 de agosto y el retiro del tercer punto mencionado, del ámbito de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) CODIGO CIVIL. Modificaciones referidas a mayorías de edad. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de Ley por el que se sustituyen varios artículos del Código Civil, referentes a la mayoría de edad. (Carp. Nº 117/95 - Rep. Nº 55/95 y Anexo I)».

(Antecedentes: ver 36a. S.O.)

-La Mesa aclara que han sido votados los artículos 1º y 2º en el texto de los artículos 106 y 107 del Código Civil. Ha quedado en suspenso la modificación del artículo 109 -sobre el que está planteado un texto sustitutivo- y se han aprobado los artículos 3º y 4º. Quiere decir que sólo queda pendiente, dentro del artículo 2º, el texto del artículo 109.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - La Comisión trató, en la sesión del jueves pasado y en la de hoy, este tema tomando en cuenta las diversas consideraciones vertidas en Sala, a raíz de un planteo del señor Senador Sarthou.

El informe verbal que estoy efectuando al Plenario, ha sido votado por todos los miembros de la Comisión, menos el señor Senador Sarthou, quien -supongo- luego explicará sus discrepancias con respecto a este tema.

La Comisión estuvo planteándose, en una primera etapa, la conveniencia o no de introducir alguna norma nueva en este Proyecto que supliera no sólo lo que varios de nosotros denominamos en la sesión anterior un vacío legal del proyecto -lo que es absolutamente exacto- sino también un vacío legal que figura en el propio Código Civil desde el momento de su entrada en vigencia, hace ya bastantes años.

Finalmente, señor Presidente, llegamos a la conclusión de que era conveniente proponerle al Senado un agregado que figura en un Repartido anexo que fue ideado por el señor Senador Mallo, quien también es miembro de la Comisión. Como los señores Senadores saben, se trata de buscar o no -por eso se postergó la votación de la nueva redacción del artículo 109- una solución a la situación que hoy en día, con el Código Civil vigente y con este Proyecto de Ley, en caso de ser aprobado, se le crea a los hijos naturales no reconocidos cuando desean casarse antes de adquirir la mayoría de edad: deben realizar determinado tipo de procedimientos que básicamente quedan librados a lo que son interpretaciones de la Magistratura, en base o no -confieso que no lo sé- a doctrinas admitidas en la materia.

Reitero que en la sesión del jueves pasado y en la de hoy, confirmando el punto de vista preliminar anterior, la Comisión -repito que con la muy respetable discrepancia del señor Senador Sarthou, quien seguramente luego se expresará en ese sentido- aconsejó al Senado votar lo que quedó en suspenso de Proyecto, tal como figura en el mismo, pero agregando un inciso que iría entre el primero y el segundo -pasando a ser el segundo y éste el tercero- que diría lo siguiente: «A falta de dichos padres, se aplicará lo dispuesto en el artículo 107». O sea que si el hijo natural no es reconocido como tal, cuando se haga ese trámite, repito, llenando el vacío del Código Civil y el «heredado» -entre comillas- por el Proyecto de Ley, tendrá que ser asistido por un tutor o curador especial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 308 del Código Civil.

Creo, señor Presidente, que esto explica suficientemente que no hemos estado desencaminados cuando el otro día decidimos no intentar resolver en el Pleno el tema planteado por el señor Senador Sarthou; por otra parte, es una solución absolutamente satisfactoria a la cuestión planteada en la sesión anterior.

Asimismo, deseo expresar que la mayoría de la Comisión no piensa que el hijo natural no reconocido tenga que abocarse previamente a la investigación de quiénes son sus familiares naturales, ya que ello significaría una demora, un entorpecimiento, por la vía de la autorización correspondiente, a la solución judicial de situaciones que muchas veces -creo que es innecesario poner ejemplos- requieren decisiones habilitantes al matrimonio, que no puede demorar lo que todos sabemos que, desgraciadamente, demoran, y gestiones destinadas a esta indagación. De modo que en este caso nos ha parecido que hay que favorecer la regularización de situaciones de hecho con carácter previo a la habilitación para contraer matrimonio. Repito que pensamos que esto explica suficientemente el punto de vista de la Comisión, sin perjuicio de lo cual, quizá -no se trata de intimación alguna- sería muy útil para la historia fidedigna de la sanción de este Proyecto de Ley que el autor de esta fórmula que satisfizo a todos -inclusive, a quien no la acompaña- es decir, el señor Senador Mallo, dé alguna explicación al respecto.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: como se recordará, en la sesión anterior se había planteado el problema suscitado con el artículo 109, en la medida en que éste preveía, en el caso de los hijos naturales menores de 18 años, la posibilidad de completar el consentimiento para celebrar matrimonio, sólo a través de la intervención de los padres. Como lo ha explicado muy bien el señor Senador Ricaldoni, la disposición no resolvía la situación de quienes carecieran de padres o teniéndolos, estos hubieran perdido la patria potestad -circunstancia que se asimila a la falta de padres- pero sí de los hijos legítimos, respecto a quienes se prevé la instancia de completar por parte de los padres el consentimiento para el matrimonio o, si estos no existieren, por el ascendiente más próximo y, en última instancia, por un curador o tutor nombrado por el Estado. En su momento nos quedamos pensando si esto no era una omisión del Legislador o si, en realidad, había existido la voluntad de aplicar este tratamiento disímil, en virtud de que imperaba una filosofía distinta para tratar a los hijos legítimos y a los hijos naturales.

En realidad, el principio de protección para los hijos legítimos menores de 18 años es el fundamento o la «ratio legis» de que cuando estos van a tomar una decisión trascendente, no sólo desde el punto de vista de su vida afectiva, sino también de sus responsabilidades, se complete su consentimiento con sus mayores, esto es, sus padres, sus ascendientes o, en última instancia, con el representante judicial. Esto que parece lógico es aplicable tanto a los hijos legítimos como a los naturales; es muy difícil admitir un tratamiento disímil para ambas situaciones.

Al examinar el texto del informe de la Comisión Redactora -que data nada menos que de 1867, y que estaba integrada por Manuel Herrera y Obes, Antonio Rodríguez Caballero, Joaquín Requena y Tristán Narvaja- pudimos comprobar que si bien no está tratado este tema, sí aparece un juicio con respecto a la investigación de la paternidad, lo cual de alguna manera demuestra que no ha habido una omisión en este sentido, sino que se trataba de un concepto distinto acerca de los hijos legítimos y los hijos naturales. ¿Por qué decimos esto? Porque al referirse a la investigación de la filiación natural, esta Comisión -repito, integrada por prestigiosas personalidades, pero respondiendo a un texto del 31 de diciembre de 1867, es decir, de casi 130 años- explicaba lo siguiente con respecto a la negativa de la investigación de la paternidad: «Para cerrar la puerta a una muchedumbre de pleitos escandalosos que un sabio jurisconsulto español ha llamado justamente ‘oprobio de la justicia y desolación de la sociedad’, el proyecto exige que el reconocimiento del hijo natural se haga, precisamente, por escritura pública entre vivos o por testamento, y proclamando el principio prohibitivo de la indagación de la paternidad, menos en el caso de rapto, admite la indagación de la maternidad con ciertas precauciones». O sea que hay una voluntad expresa de considerar que, desde el punto de vista social, es negativa, e inclusive se prohíbe, la acción de investigación de la paternidad, y el reconocimiento de los hijos naturales se admite cuando se hace por testamento o por escritura pública. Uno se explica, entonces, que no se haya cometido una omisión, sino que de lo que se trata es de que la indagación o intervención de ascendientes más allá de los padres implicaba ese concepto de «oprobio social» manejado por la Comisión en un tiempo histórico en el que, indudablemente, las costumbres generaban estas consecuencias.

Este artículo se mantuvo prácticamente igual, ya que sólo tuvo una modificación que se encargó al Doctor Serapio del Castillo en 1912. En ese momento se incluyó la disposición que hoy figura en el artículo 109 en cuanto a que el hecho de haber perdido la patria potestad equivale a la falta de los padres. Esto se incorpora del artículo 21 de la Ley sobre protección de menores de la época y, repito, es la única modificación que sufre este artículo. O sea que desde 1867 ha venido con este texto.

Ahora bien, frente a la evolución de los conceptos sociales y de lo que significa la identidad que se ha venido planteando en cuanto a todos los derechos de los hijos naturales y de los hijos legítimos, esto aparece como una omisión evidentemente anormal; pero creemos que en la mecánica de lo planteado en su momento en la Comisión, armoniza con la intención de no indagar o no habilitar la posibilidad de realizar la investigación de la paternidad natural.

Entonces, basándonos en la idea de que la «ratio legis» es la misma, es decir, que evidentemente el principio fundamental es integrar una falta de madurez eventual a la participación de quienes tienen afecto por el menor, para completar su decisión con las garantías necesarias, por la trascendencia del acto que se va a realizar, creemos que no existe ninguna diferencia tanto para el hijo legítimo, como para el natural. Además, de alguna manera esto que pasó fue el resultado de una etapa histórica en la que se estaba pensando con estas características. Sin embargo, cuando hoy, en 1995, tenemos que encarar ese tema, parece lógico restablecer una igualdad, a los efectos de la integración del consentimiento de los padres y ascendientes, manteniendo una absoluta igualdad entre los hijos naturales y los legítimos.

La Comisión, que a mi entender actuó correctamente, buscó una solución que tengo que reconocer es buena desde el punto de vista pragmático, ya que tiende a evitar que permanezca esta situación por la cual -tal como está el Código Civil y de acuerdo con la interpretación normal, señalada en Comisión por el señor Senador Mallo- por ejemplo, el hijo natural de 14 años se podría casar libremente, porque no tiene padres ni la posibilidad de integrarse a los ascendientes, a un curador o a un tutor. Frente a esta interpretación, la Comisión estimó conveniente introducir el elemento de protección representado por el tutor y por el curador.

En verdad, en lo que respecta a la reparación de la falta de consentimiento o al tratamiento disímil injusto -porque de otro modo significaría considerar que como es hijo natural, no importa lo que suceda con su vida- el Legislador pretendió proteger al hijo natural. Entiendo que la solución aprobada por la mayoría de la Comisión trata de evitar esa situación por la vía de la designación de un tutor o un curador. De esta manera, el hijo natural va a tener la misma asistencia que el hijo legítimo. Sin embargo, no hemos acompañado esa solución, aunque reconocemos que es un esfuerzo positivo, porque si bien resuelve el problema desde el punto de vista práctico, nos parece muy difícil que podamos sostener y mantener la idea de una diferencia, aunque sea atenuada -me refiero a la posibilidad, por ejemplo, de que los abuelos del hijo natural no puedan intervenir y sí lo puedan hacer los del hijo legítimo- ya que se consagraría cierta injusticia y se lesionarían determinados principios. En otras palabras, tenemos que considerar que hijo natural e hijo legítimo, con respecto a esta temática, tienen la misma condición. De modo que, sin perjuicio de reconocer que la solución es pragmática, nos parece que no es conveniente que en la época en que vivimos estemos consagrando un tratamiento diferencial.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARTHOU. - Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Pido disculpas al señor Senador Sarthou porque tal vez voy a repetir un intercambio mucho menos formal que tuvimos en la Comisión de Constitución y Legislación. Sin embargo, deseo destacar que tiene que quedar claro que un aspecto importante es saber quiénes son los familiares de una persona, en este caso, familiares naturales, es decir, la indagación de paternidad, filiación y demás. Este es un tema distinto del que trata este Proyecto de Ley, ya que la preocupación principal en el Derecho uruguayo es resolver la situación de los menores más desposeídos, como lo son los hijos naturales no reconocidos. Si es necesario llevar adelante todo un proceso para saber quiénes son sus ascendientes, pueden suceder varias cosas; una de ellas es la cantidad de tiempo que todos sabemos lleva indagar la filiación, especialmente la filiación natural, y ni que hablar cuando se trata de menores de edad. Aun con la mayor celeridad con que trabajen los Tribunales, de acuerdo con las normas procesales vigentes, el tema nunca va a terminar de dilucidarse en menos de dos años. El menor natural no reconocido no está pidiendo autorización para cesarse dentro de dos años, sino lo antes posible.

Otro de los aspectos en el que discrepo con el señor Senador Sarthou -aunque naturalmente respeto su posición- radica en el hecho de que, además de las razones de tiempo, al cabo de todo ese largo trámite puede ocurrir, por ejemplo, que la justicia no haga lugar o no pueda determinar quién es la familia natural, por lo que habrán transcurrido un año y medio o dos inútilmente, o bien que al final de ese proceso, se descubra que esa familia natural, que tendría que dar el consentimiento, se oponga o se lave las manos como hizo Poncio Pilatos, con lo cual también se habría perdido el tiempo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Santoro)

-Aquí, de lo que se trata, no es de saber quién es la familia natural de determinada persona, porque para eso ya existen normas que estarán o no adecuadas a la realidad jurídica, social y científica actual del mundo, pero que requieren también poner en movimiento determinados procedimientos que lleven a ese destino. Pero, ¿por qué obligar a ese menor que no es reconocido, a hacer un trámite muchísimo más difícil que el que se exige para un hijo legítimo o para un hijo natural reconocido? Sin duda, esto es así. El hijo menor de edad, natural reconocido, o el legítimo, sabe a quién recurrir o, por lo menos, debería saberlo. Quizás ignore dónde está su familia, pero sí sabe quiénes son. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, se ignora la procedencia de los ascendientes.

Entonces, reitero, si el menor de edad se quiere casar lo antes posible, sea por la razón que fuere, y debe realizar este trámite, creo que esta iniciativa va en la dirección que mencionaba alguien recordando a Aristóteles; la verdadera igualdad está en tratar a las situaciones desiguales en forma desigual.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Creo que aquí hay un error, ya que este Proyecto de Ley no prevé que se tenga que indagar la paternidad natural; inclusive, no tiene por qué haber necesariamente una relación de parentesco natural con el abuelo del niño, es decir, con alguien que tuvo un hijo legítimo y ese hijo, a su vez, es padre de un hijo natural. De manera que esta iniciativa se busca necesariamente la indagación de la paternidad natural. Además, perfectamente puede ser un caso en el que si no se ha reconocido al hijo, se aplicará la hipótesis de que no existe un padre y, en consecuencia, intervendrá el curador.

Por lo tanto, no se pretende que se tramite ninguna filiación natural. Asimismo, hay muchísimos casos de hijos legítimos que tienen hijos naturales, razón por la cual el abuelo, es abuelo del hijo natural de su hijo legítimo. Estas son situaciones en las cuales corrientemente podrá operar el consentimiento del abuelo, es decir, no son necesariamente todas líneas sucesivas de hijos naturales.

En conclusión, por razones prácticas me parece que no se puede negar ese principio de igualdad que considero fundamental. Sobre todo tratándose de un Proyecto de Ley mediante el cual estamos bajando la mayoría de edad, es decir, una iniciativa destinada a los jóvenes -que son los que más han abatido esas diferencias- cuesta admitir y conservar una concepción que viene desde 1867, en lo que respecta al análisis de una temática en la que cada vez más tendremos que lograr que hijos legítimos y naturales sean iguales. Cabe destacar que la sociedad misma ha abandonado muchísimos de los prejuicios que en otra época tuvo en ese sentido. Insisto en que de ninguna manera creo que esto implique un trámite de filiación, sino que intervendrá el familiar que esté reconocido. Como dije, es muy frecuente la posibilidad de que alguien tenga un hijo legítimo que, a su vez, sea padre de un hijo natural, por lo que aquél será su abuelo y no deberá acreditar ninguna relación concreta para poder ejercitar ese derecho a intervenir en el consentimiento.

Comprendemos que puede ser una solución pragmática. En la hipótesis de que el abuelo u otro ascendiente no puedan intervenir, sin duda lo hará el curador. En la iniciativa presentada nosotros repetimos la fórmula de los hijos legítimos, estableciendo en el inciso segundo lo mismo para los naturales no reconocidos, es decir, el derecho a intervención lo tienen primero los padres, luego los ascendientes más próximos y, si no existe esa posibilidad porque no fue reconocido o no se ubica a sus familiares, intervendrá el curador o tutor. En realidad, no creamos esa diferenciación de tratamiento jurídico que nos parece inconveniente como principio a esta altura de la vida social, donde cada vez más importará no acentuar esas diferencias en el momento de ejercitar determinados derechos.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Me satisface que el señor Senador Sarthou haya dicho que la solución que proponemos al Senado es buena y pragmática. Lógicamente, como él está inclinado a regir su pensamiento bajo el imperio de la simetría de las academias, puede encontrar ciertas dificultades y prefiere que se salven los principios aunque no se apruebe la ley. Entiendo que el Derecho no es matemática jurídica ni la Ley debe redactarse con un criterio legalista extremo; el Derecho debe acercarse a la vida y no ignorarla o darle la espalda.

El señor Senador Sarthou manifiesta que se da un tratamiento desigual; es posible que sea así. En tren de «colar el mosquito», le pregunto qué sucede con los hijos naturales declarados no reconocidos. Entonces, a la luz de las simetrías de las academias, necesitaríamos tener un pensamiento aguzado como una «espalda toledana» para cortar un cabello en el aire. Eso no me parece que sea posible ni que sea muestra de visión. El Senado no es sustancialmente una academia, sino un Cuerpo político que debe colaborar a conducir una sociedad a sus fines.

Reconozco que este Proyecto de Ley tiene sus imperfecciones. Ahora bien; preguntaría para qué lado cae la desigualdad, porque en realidad le trabamos más el casamiento a un hijo legítimo que a uno natural reconocido. No sé bajo qué onda ha sido elaborado este Proyecto de Ley, porque siempre le aparece una quinta pata al gato. Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes y luego en el Senado se invocó la responsabilidad extendiéndola a los padres por los daños que causaran los hijos. Eso se suprimió y ahora se plantea esto. El señor Senador Sarthou, en un mundo simétrico tendría razón, pero lo que pasa es que no estamos en un mundo simétrico y, además, nosotros no tenemos una especial devoción por la simetría.

En consecuencia, opino que el Senado debe aprobar este Proyecto de Ley tal como viene redactado.

SEÑOR SARTHOU. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MALLO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - A nuestro juicio, ser minoría no significa impedir que se apruebe un Proyecto de Ley determinado; al señor Senador Mallo, incluso, le ha tocado ser minoría en varias oportunidades. De lo que se trata es de ejercitar una legítima disidencia aunque exista una mayoría con votos suficientes como para sancionar un Proyecto de Ley. Uno debe actuar en función de su leal saber y entender y no sumarse a la decisión de la mayoría si no se está convencido de esos principios.

Por otro lado, creo que la simetría en este caso de filiación natural y legítima es muy importante; nos parece que forma parte de la igualdad. Personalmente, no creo que sea un problema académico. Aquí, muchas veces tratamos temas en forma académica, pero este es un asunto muy vinculado a la vida y a la realidad; se trata de la situación de los hijos naturales y la relación con su familia. En consecuencia, no me estoy encerrando con un «academismo», sino que simplemente planteo que no es bueno que el Código Civil mantenga el criterio que data del año 1867.

Me parece que esta solución -que dije es práctica porque de todas maneras le da al menor un curador o tutor- sienta un principio que quebranta la idea de igualdad. Advierto que esa idea de igualdad nunca es un problema académico, sino que es un tema esencial que figura en el artículo 8º de la Constitución, en cuanto a que en igualdad de condiciones y de circunstancias, los hombres deben ser tratados en la misma forma. Aquí no hay nada que justifique que haya un tratamiento distinto.

En cuanto a que se diera un proceso que pudiera perturbar socialmente la indagación, decimos que ello sería exacto si se entendiera que estamos promoviendo acciones de investigación, lo que no es correcto. Simplemente, estamos diciendo que un abuelo de un hijo natural tiene el mismo derecho a intervenir que el de un nieto legítimo. Precisamente, ese es el principio de igualdad que tratamos de propugnar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede continuar el señor Senador Mallo.

SEÑOR MALLO. - Sabe bien el señor Senador Sarthou que de ninguna manera le reprocho su opinión disidente. En realidad, es un buen ejemplo de lo que debe ser el Senado; cada uno piensa con su cabeza y expresa lo que siente. Además, no debe olvidar el señor Senador que en la sesión anterior estuve de acuerdo con que se postergara la discusión de este artículo para escuchar su opinión. A su vez, todos saben que tengo vocación de minoría porque creo que el mundo, la evolución de la sociedad, de la cultura y de la civilización, le debe mucho más a las minorías que a las mayorías. Las minorías son el fermento que después convencen y hacen evolucionar a las mayorías.

Por otro lado, entiendo que esto sí es académico porque no tengo conocimiento de ningún caso en que se hayan presentado hijos naturales reconocidos menores de edad que tuvieran dificultades. En cuanto al ejemplo que plantea el señor Senador Sarthou acerca de que los abuelos quieran intervenir, debo decir que pueden hacerlo porque siempre el Juez accederá a escucharlos, al igual que lo hará con el tutor o el curador. Si el señor Senador Sarthou es enemigo del matrimonio, debo decirle que lo único que hacemos es desproteger a los hijos naturales porque les facilitamos el matrimonio. Entonces, colocamos una traba más para los hijos legítimos exigiéndoles la autorización de los ascendientes. Además, creo que el problema es académico porque en uno de los artículos siguientes se dice que se entenderá como que faltan los padres cuando no se sepa el lugar donde se encuentran o no puedan ser ubicados. Entonces, no se necesita demostrar la paternidad porque tendría que recurrirse a la prueba en contrario, esto es, que alguien justificara que sabe dónde están. Incluso, creo que en la realidad los casos no se han planteado. Se trata de un problema filosófico y aclaro que no me parece mal que de vez en cuando se planteen temas de principios, pero no se debe exagerar, porque si no llegamos a aquello de «que se hunda el mundo, pero que se salven los principios». Personalmente, prefiero que alguno de esos principios quede chamuscado y de una vez por todas aprobemos este Proyecto de Ley que la sociedad quiere. El señor Senador Sarthou manifiesta que la sociedad ya ha homologado la igualdad. Señalo que, de haber tenido tiempo, hubiera traído una lista de personas célebres que eran hijos naturales.

Por lo tanto, debo señalar que el Senado puede votar con absoluta tranquilidad este Proyecto de Ley tal como viene de Comisión, con el que estaremos dando respuesta a una aspiración de un sector social y que, como el señor Senador Gandini explicaba en la sesión anterior, constituye un paso, una vía, una meta o una dirección hacia donde debemos conducir a la juventud.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: como los señores Senadores podrán advertir mediante el repartido, hemos votado la solución que propuso la mayoría de la Comisión.

En este caso, no hemos tenido el honor de compartir -como me lo recuerda el señor Senador Couriel- la discordia del compañero, señor Senador Sarthou. Precisamente, él planteó una discusión -con una inspiración absolutamente sensata y bien intencionada, como lo reconoció la mayoría de la Comisión- en términos técnicos y académicos. Me parece que es bueno que eso ocurra, sobre todo en el ámbito de la Comisión de Constitución y Legislación que, como se supone, maneja con buen sentido los criterios jurídicos.

De cualquier manera, ante la duda -que, a mi juicio, es verosímil y razonable- respecto a las dos soluciones que fueron manejadas en la Comisión, creo que contribuiríamos mayormente a mejorar la situación del hijo natural -que, pese a la igualdad proclamada en la Constitución de la República, aún no está suficientemente mejorada- facilitándole su matrimonio, desde el punto de vista de la tramitación, el día que quiera casarse. Esa mayor facilidad que le estamos dando con respecto al hijo legítimo que, cuando no están sus padres, tiene que recurrir a sus abuelos o bisabuelos -porque se habla de ascendientes-, representa una manera de contribuir a mejorar la situación del hijo natural.

Además, cabe destacar que no se cercena -como se señaló en el seno de la Comisión, en el curso de una deliberación que, repito, tuvo un muy alto nivel y lo sigue teniendo, salvo la intervención tan sencilla de quien habla-, de ninguna manera, la posibilidad de ese hijo natural, casado o no, de hacer la investigación de paternidad y, en consecuencia, la de ascendencia.

Al margen de estos aspectos teóricos cuyo balance no me resultaba totalmente claro, quiero decir que pesó bastante en mi opinión un relato práctico que efectuó quien en este momento está presidiendo el Pleno, es decir, el señor Senador Santoro. Creo oportuno recordar que ha tenido una intensa vida profesional en otros momentos -cuando la vida política no le insumía tanto tiempo como ahora-, la que también se advierte en materia de Derecho Civil, como ocurre cuando se ejerce en el interior. En ese sentido, reconozco mi escasa actuación en materia de Derecho Civil, puesto que siempre me dediqué al Derecho Público cuando intentaba ser un abogado en serio; incluso, lo procuraba con un éxito muy relativo.

Como decía, la experiencia que nos aportó el señor Senador Santoro -que la relató- refiere a que, en la práctica, cuando un hijo natural se va a casar y no está en condiciones de proporcionar el nombre de sus padres, de sus abuelos o de quien sea, el Juez le designa un curador para solucionar el problema práctico del consentimiento. Si el Juez sabe o si hay un abuelo que, aunque formalmente no figure como tal, quiere participar en ese consentimiento, es muy difícil que el Magistrado tenga un corazón muy duro como para que le niegue designarle como curador a esa persona.

Por las razones prácticas que he expuesto, en ese balance académico y de principios, a mi juicio honestamente discutible, nos pareció oportuno acompañar la resolución de la mayoría.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: brevemente, quiero hacer algunas aclaraciones que quizá, puedan ser de utilidad para ilustrar a los señores Senadores que no integran la Comisión de Constitución y Legislación y que, además, no están obligados a tener una formación jurídica.

En primer lugar, deseo indicar que la Comisión no innovó en absoluto, en la parte del Proyecto de Ley que viene a consideración del Pleno, en materia del status general, de fondo, de los hijos naturales. Reitero que, al respecto, no se introdujo ningún cambio. Como recordarán los señores Senadores, la materia que enfrenta esta norma, es la modificación referida a mayorías de edad, que se reduce de 21 a 18 años. A raíz de ello, surgió un problema, no porque el Proyecto de Ley venido de Comisión o la iniciativa de los señores Senadores que lo presentaron, modificara el régimen del Código Civil, sino en virtud de que los integrantes de la Comisión -en cierto modo, por la propuesta del señor Senador Sarthou- volvieron a poner sus ojos en una materia que ya existía en dicho texto legal. Precisamente, el Código Civil ya había soslayado algunas situaciones en materia de autorización para el matrimonio, como es el caso de los hijos naturales reconocidos, cuyos padres no vivieran o no tuvieran la patria potestad, así como también el de los no reconocidos.

Reitero que no se está innovando el fondo del tema en materia del status de los hijos naturales, ni creo que por este Proyecto de Ley se esté subrayando o agudizando una asimetría en su principio. Pienso que la Comisión, con prudencia, se circunscribió al asunto que tenía a su estudio, dando una solución para una de las hipótesis que, en definitiva, es la misma que el Código preveía para los hijos legítimos, integrando, de alguna manera, un vacío que dicho texto tenía, ahí sí, en forma simétrica.

Asimismo, es importante tener presente lo que mencionaba el señor Senador Mallo. Todo parecía indicar -aunque, evidentemente, la experiencia de los señores integrantes de la Comisión no es universal-, luego de más de cien años de vigencia de la norma, que no deben ser muchos los casos que se hayan planteado dentro de este vacío que contenía el Código Civil. Por lo tanto, aunque no es sinónimo de menor valor, el tema es -como señalaba el señor Senador Mallo- mucho más académico que práctico.

Espero que mis comentarios den tranquilidad a los señores Senadores que no integran la Comisión de Constitución y Legislación y que, reitero, no están obligados a tener una formación jurídica.

Muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: quisiera saber si ha llegado a la mesa un texto sustitutivo presentado por quien habla. Si fuera así, solicitaría que se le dé lectura, porque no se ha repartido.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Léase el texto propuesto por el señor Senador Sarthou, para que quede constancia en la versión taquigráfica.

(Se lee:)

«A falta de dichos padres, será necesario el consentimiento expreso del ascendiente o ascendientes en grado más próximo, y a falta de estos será necesario el consentimiento expreso de su tutor o curador.»

-Léase el texto sustitutivo del artículo 109 del Código civil, que fuera oportunamente desglosado del artículo 2º del Proyecto de Ley de la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se lee:)

«ARTICULO 109. - Los hijos naturales reconocidos que no hayan cumplido la edad de dieciocho años, según el artículo 106, están obligados a obtener el consentimiento del padre o madre que los haya reconocido con las formalidades legales; y de los dos si ambos los han reconocido y viven, siendo de aplicación para este último caso lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106.

A falta de dichos padres se aplicará lo dispuesto en el artículo 107.

A los efectos de este artículo y de los anteriores se entenderá faltar el padre y la madre si han perdido la patria potestad pero no si les ha sido simplemente limitada, salvo resolución expresa.»

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el Proyecto de Ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: deseo señalar que la confrontación de la legislación con la práctica, nunca es un elemento para invalidar una norma. Si así fuera con respecto a muchas de las disposiciones que se aprueban, si analizáramos la repercusión que tienen los datos prácticos, esto daría lugar, sin duda, a una situación muy difícil de definir. Considero que cuando hablamos de un tema de índole jurídica, lo que debe interesarnos es la razón de ser de las normas.

Por otra parte, quiero indicar que si no se han producido casos prácticos es porque, de alguna manera -como lo señalaba el señor Senador Korzeniak-, el juez buscó soluciones pragmáticas fuera de la Ley. De todas maneras, sigue siendo cierto que un abuelo de un hijo natural va a tener distinto rol que si se tratara de un hijo legítimo. No me parece justo y, por ese motivo, hemos propuesto esa solución diferente.

(Texto del Proyecto de Ley aprobado:)

«Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 280 del Código Civil por el siguiente:

‘ARTICULO 280. - La patria potestad se acaba:

1º) Por la muerte de los padres o de los hijos.

2º) Por la mayor edad de los hijos, sin perjuicio de lo dispuesto en el título Del Matrimonio.

Se fija la mayor edad en los dieciocho años cumplidos.

3º) Por el matrimonio legítimo de los hijos.

Los menores que contrajeran matrimonio con anterioridad a los dieciocho años (inciso primero del artículo 91) requerirán autorización judicial para realizar los actos a que refieren los artículos 309 y 310 hasta que hayan cumplido dicha edad’.

Artículo 2º. - Sustitúyense los artículos 106, 107 y 109 del Código Civil, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.350, de 29 de marzo de 1975, por los siguientes:

‘ARTICULO 106. - Los hijos legítimos, que no hayan cumplido dieciocho años de edad, necesitan para casarse el consentimiento expreso de sus padres y a falta de ambos el del ascendiente o ascendientes en grado más próximo.

En igualdad de votos contrarios, preferirá el favorable al matrimonio.

ARTICULO 107. - A falta de dichos padres o ascendientes, será necesario al que no haya cumplido dieciocho años el consentimiento expreso de su tutor o curador especial (artículo 308).

ARTICULO 109. - Los hijos naturales reconocidos que no hayan cumplido la edad de dieciocho años, según el artículo 106, están obligados a obtener el consentimiento del padre o madre que los haya reconocido con las formalidades legales; y de los dos si ambos lo han reconocido y viven, siendo de aplicación para este último caso lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106.

A falta de dichos padres se aplicará lo dispuesto en el artículo 107.

A los efectos de este artículo y de los anteriores se entenderá faltar el padre y la madre si han perdido la patria potestad pero no si les ha sido simplemente limitada, salvo resolución expresa’.

Artículo 3º. - Las disposiciones de los artículos anteriores no modifican el derecho de los menores de veintiún años a recibir alimentos, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

Artículo 4º. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 121 del Código Civil, por el siguiente:

‘Se comprende también la educación cuando el alimentario es menor de veintiún años’.»

15) REGIMIENTO «BLANDENGUES DE ARTIGAS». Autorización para salir del país acompañando al Presidente de la República en su visita a la República Argentina. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

«Se declare urgente y se trate de inmediato el Proyecto de Ley por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Regimiento ‘Blandengues de Artigas’ acompañando al Presidente de la República en su visita a la República Argentina.»

-Se va a votar si se declara urgente y se considera de inmediato el Proyecto de Ley.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se pasa a considerar el Proyecto de Ley por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Regimiento «Blandengues de Artigas» acompañando al Presidente de la República en su visita a la República Argentina.

(Antecedentes:)

«Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio del Interior

Montevideo, 9 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la Asamblea General

Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley al amparo de lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, por el que se autoriza a una Sección de Honor del Regimiento ‘Blandengues de Artigas’ de Caballería Nro. 1, compuesta por un señor Oficial y veintiún Personal Subalterno, incluyendo un Trompa, a concurrir a la República Argentina, ciudad de Buenos Aires, en oportunidad de acompañar al señor Presidente de la República, a efectos de brindar honores en la Ceremonia de ofrenda floral en el monumento al General José G. Artigas y en la recepción que se ofrecerá al Presidente de la República Argentina en nuestra Embajada.

Con tal motivo se solicita al señor Presidente la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor Presidente con la más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Raúl Iturria, Carlos Pérez del Castillo, Didier Opertti Badán.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase a una Sección de Honor del Regimiento «Blandengues de Artigas», de Caballería Nro. 1, compuesta por un señor Oficial y veintiún Personal Subalterno, incluyendo un Trompa, a concurrir a la República Argentina, ciudad de Buenos Aires, en oportunidad de acompañar al señor Presidente de la República, a efectos de brindar honores en la Ceremonia de ofrenda floral en el monumento al General José G. Artigas y en la recepción que se ofrecerá al Presidente de la República Argentina en la Embajada de la República Oriental del Uruguay, desde el 28 al 29 de agosto de 1995.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

Raúl Iturria, Carlos Pérez del Castillo, Didier Opertti Badán.»

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Léase el Proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

«ARTICULO 1º. - Autorízase a una Sección de Honor del Regimiento ‘Blandengues de Artigas’, de Caballería Nº 1, compuesta por un señor Oficial y veintiún Personal Subalterno, incluyendo un Trompa, a concurrir a la República Argentina, ciudad de Buenos Aires, en oportunidad de acompañar al señor Presidente de la República, a efectos de brindar honores en la Ceremonia de ofrenda floral en el monumento al General José G. Artigas y en la recepción que se ofrecerá al Presidente de la República Argentina en la Embajada de la República Oriental del Uruguay, desde el 28 al 29 de agosto de 1995.»

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el Proyecto de Ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado, por ser igual al considerado)

16) NORMAS PRESUPUESTALES DEFICITARIAS. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de Ley por el que se establece que los Proyectos de Ley que signifiquen erogaciones para el Tesoro Nacional deberán contar con financiación genuina. (Carp. Nº 107/95 - Rep. Nº 64/95)».

(Antecedentes Ver 36a. S.O.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Continúa la discusión general.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: deseo que nos situemos, no en el mismo clima, sino en el estado de situación en que se encontraba la discusión respecto de este Proyecto de Ley.

Como se recordará, nuestra Bancada -particularmente, nuestro compañero el señor Senador Gargano- había manifestado, fundamentalmente, dos aspectos que comparto íntegramente.

En primer lugar, este artículo -que hace una interpretación constitucional- se estableció con un objetivo político. Se trata de una norma que tendía a crear la impresión o a demostrar, para ser exactos, de una manera no directa, que los déficit que puedan tener las cuentas estatales, en el fondo, son responsabilidad del Parlamento. Esa fue la primera parte de la exposición que realizó nuestro compañero, el señor Senador Gargano. Posteriormente, leyó -y lo entregó a la Mesa- un artículo aditivo en el cual se decía que si el Parlamento quería votar esta interpretación constitucional -aun cuando algunos la consideren innecesaria, en tanto otros la ven como una tergiversación de ciertos términos constitucionales, tal como se desprende de la exposición del señor Senador Sarthou- entonces, también tendríamos que aprobar un artículo segundo en el que se indicara que cuando el Poder Ejecutivo en estas oportunidades -es decir, cuando se trate de leyes de contenido económico-financiero, para hacer una referencia fácil expositivamente a las normas presupuestales y de Rendición de Cuentas- violenta la Constitución de la República, señalemos cuáles son las consecuencias.

Como se recordará, en el Proyecto de Ley que presentamos, la consecuencia era considerar que era una violación constitucional y que eso ingresaba en las previsiones del artículo 93, que establece las causales del juicio político. Una de esas causales es la violación de la Constitución de la República. Cabe indicar que esa causal ha tenido una interpretación muy variada en nuestro Derecho.

Desde ya adelanto que vamos a hacer una exposición siguiendo ese mismo orden de razonamiento.

En primer lugar, la manera como está planteado este tema interpretativo y muchas otras manifestaciones que se han hecho desde el Poder Ejecutivo -ya sea por sus representantes o por sus legisladores- siempre parecen partir de un supuesto que nosotros no compartimos -ya que se puede dar en algunos casos, pero en otros no- según el cual el Poder Ejecutivo, el señor Presidente y los Ministros son capaces, inteligentes, ahorrativos, austeros y muy preparados, en tanto que los miembros del Parlamento, aunque puedan ser inteligentes y preparados, son más dispendiosos y tienen más tendencia a la falta de austeridad republicana y una preparación más propensa a la demagogia. Pienso que esta especie de dicotomía es falsa. Puede ser exacto que el Parlamento actúe mal y gaste más de lo necesario, pero también puede ser cierto que lo haga el Poder Ejecutivo. Puede haber problemas, en algún caso -ojalá que nunca suceda- en cuanto a medir los grados de capacidad y austeridad.

Considero que no se pueden hacer generalizaciones. Incluso, cuando se habla de los bloqueos políticos se dice, por ejemplo, que el Parlamento no aprueba los Proyectos de Ley que envía el Poder Ejecutivo, pero también podemos pensar en un bloqueo cuando aquél aprueba determinado proyecto que luego es vetado por este último. En este caso, reitero, también debemos hablar de un bloqueo si no se consiguen los tres quintos de votos de presentes.

Rechazo -sin afirmar lo contrario- que haya una especie de presunción en cuanto a que el Parlamento sea dispendioso y que el Poder Ejecutivo sea austero.

En segundo término, debo indicar que algunas de las manifestaciones no se refirieron a esa dicotomía Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, sino a otra: Partido Nacional -y en algunos casos se dijo exclusivamente, sector herrerista, confieso que no sé si fue un giro gramatical producto de la exposición o si fue explícitamente pensado- Frente Amplio.

Esta expresión se repitió, porque en una de las exposiciones noté que «sector herrerista» figuraba cuatro veces. Además, se hicieron imputaciones a la izquierda y al Frente Amplio. En algunos casos iban dirigidas al señor Senador Gargano, a quien se le preguntó más de una vez si era él mismo el que había defendido tal o cual proyecto o si era un hermano mellizo. Confieso que el tono era sumamente cordial, pero indudablemente había una especie de insinuación de que la izquierda o la bancada del Frente Amplio tiende a presentar artículos aditivos violando la Constitución y en asuntos en los que la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo. Inclusive, se hizo referencia a dos de ellos, presentados por el señor Senador Sarthou, quien ya en Comisión había planteado el tema de los recursos con que se iban a cubrir; pero en ese ámbito no tuvieron receptividad.

Ante este hecho, y aprovechando la ventaja de que así terminó la sesión, en estos días me he tomado el trabajo de estudiar artículos aditivos presentados por distinguidísimos miembros del Partido Nacional y del Partido Colorado en asuntos de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo -que no contaron con ésta- y en otros que implicaban gastos para el país, sin indicar los recursos con que serían cubiertos. Podría leer algunos, pero voy a hacer referencia, por ejemplo, a uno que me gusta muy poco porque se trata de una regularización de cargos públicos -tema con el cual tengo cierta obsesión puesto que mediante ella se generaban gastos- firmado por Senadores colorados y blancos, sobre quienes no tengo ningún inconveniente en decir que son estupendos Legisladores y grandes personas. Este artículo aditivo figura en un Diario de Sesiones de 1987, y está firmado por los entonces Senadores Ortiz, Cersósimo y Rondán. Asimismo, hay muchos del Doctor García Costa, que obviamente es integrante del Partido Nacional; tengo en mi poder otro presentado por Juan Raúl Ferreira, Manuel Flores Silva y Alberto Zumarán; y otro firmado por el señor Rodríguez Camusso, hoy perteneciente al Partido Nacional. Cabe señalar que algunos fueron mencionados explícitamente; inclusive, uno de ellos genera una particular indignación al señor Senador Posadas Montero. Como es sabido, siempre discrepo con él, por lo menos siempre que se trata de algo relacionado con política social o económica, pero debo decir que le tengo mucho respeto por su inteligencia y porque estudió Derecho, y estos dos aspectos no siempre van unidos. Además, es un hombre trabajador y sabe apreciar la labor de los demás. Aclaro que esto no es un simple elogio, ya que combato constantemente sus soluciones. Por otra parte, en algunas circunstancias difíciles para el país, he tenido conversaciones con él que lo han revelado como un hombre muy conservador pero que en el fondo tiene un corazón partidario en lo institucional de la democracia. Creo que esto es importante porque no tiene amistad con la democracia sólo en los momentos de felicidad. Digo esto para que nadie piense que estoy tratando de agredirlo, aunque si tengo que hacerlo desde el punto de vista político, lo haré; y no tengo inconveniente en que se planteen una o varias cuestiones de fueros.

Como decía, una de las cosas que pone particularmente excitado al distinguido señor Senador Posadas Montero es el tema de la regularización de los funcionarios del Parque de Vacaciones de la UTE. Inclusive, por lo general me mira duramente porque he peleado mucho por eso. Sin embargo, quiero recordar que quien presentó ese proyecto fue un señor Senador a quien todos debemos un enorme respeto, un extraordinario Senador que tuvo este Cuerpo, que perteneció a lo que hoy es la coalición de Gobierno y que en ese momento no existía. Me refiero al involvidable señor Senador Cigliuti. El fue quien redactó el Proyecto, lo fundamentó, lo presentó y tuvo alegados muy duros por ello. Estoy seguro que más de un Senador lo recordará. Nuestro sector se plegó porque le pareció justo; por otra parte, había informes jurídicos y otros de Profesores de la Facultad de Derecho. En ese sentido, hubo una sentencia -creo que era Civil 4º- que decía que aunque no se declararan, ya eran funcionarios. Finalmente, votamos este Proyecto y el señor Senador Cigliuti tuvo problemas de salud en el momento en que esta iniciativa estuvo en marcha, por lo que trabajamos muchos para sacarla adelante.

Reitero que este aditivo fue presentado por un señor Senador del Partido Colorado, de quien tengo un extraordinario recuerdo. Puedo decir que lo visité en momentos difíciles, durante sus últimos meses de vida, y quedé bastante asombrado por la manera humilde en que un político tan destacado y de tantos años recibía a las personas. De manera que digo esto con un emocionado recuerdo hacia el señor Senador Cigliuti.

Fue él quien presentó ese Proyecto y no el Frente Amplio, aunque después este sector no sólo lo apoyó sino que lo impulsó en todo lo que pudo. Personalmente, conseguí todo el material necesario para hacerlo.

De modo que, si el Parlamento tiene pecado de haber aprobado normas sin indicar los recursos genuinos -tal como dice el Proyecto pretendida o realmente interpretativo- no se puede responsabilizar por este tema a la izquierda que pretendemos representar, ni a la derecha -que, en general y con excepciones, es representada por los partidos tradicionales- ni al centro, que como por allí me acotan, también existe.

Ahora bien: me pregunto, señor Presidente, si a veces el Poder Ejecutivo no remite normas de una inconstitucionalidad más flagrante que el Océano Pacífico en las Rendiciones de Cuentas. ¿O no es cierto que el Poder Ejecutivo ha introducido hasta reformas al Código Penal o leyes aduaneras? ¿Cuántas veces ha sido modificado el Código Aduanero por iniciativa del Poder Ejecutivo? ¿Eso no es violatorio de la Constitución que tiene un artículo más que expresa -que no admite distintas interpretaciones- que no se incluirán en los Presupuestos ni en las Rendiciones de cuentas normas que no tengan ese contenido o que se refieran a su interpretación o ejecución? Entonces, ¿el Poder Ejecutivo no está violando la Constitución? ¿Vamos a remitirnos a la Carta sólo para los casos que se dan dentro del Parlamento? Creo que eso está mal. Diría más, si nos ponemos a hacer números, son muchas más las inconstitucionalidades que vienen del Poder Ejecutivo. Debo decir que como funcionario público del Banco de la República y del Banco Central más de una vez participé en la redacción de normas que no tenían absolutamente nada que ver ni con un Presupuesto ni con una Rendición de Cuentas, que iban de dichos Bancos al Poder Ejecutivo. Inclusive, algunas de esas disposiciones eran solicitadas por ese Poder para enviarlas al Parlamento. ¿Eso no se tiene en cuenta? ¿O en esos casos la inconstitucionalidad es menos importante porque no compromete el patrimonio económico? Antes éramos los marxistas los que teníamos esa concepción y reducíamos todo a cuestiones económicas. Ahora es otra doctrina la idólatra del mercado. Entonces, esa inconstitucionalidad no interesa, no importa. ¿Por qué? Porque no se tocan los aspectos económicos. Creo que sí, que son inconstitucionalidades tan importantes como las otras. Y digo que son muy frecuentes y que destacadísimas figuras del foro nacional, de los partidos, catedráticos, ¿cuántas veces han expresado -estoy hablando de los partidos tradicionales o del nuestro- que si no aprobamos ahora la iniciativa se generan muchos problemas? Muchas veces.

Voy a hacer una tercera afirmación. Hubo un episodio que no voy a relatar en su totalidad porque contiene algunos aspectos que de cómicos podrían convertirse en trágicos. El Poder Ejecutivo más de una vez envía un Proyecto de Ley -miles de veces- diciendo que los fondos para financiar la iniciativa se extraerán de Rentas Generales. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo dice que provendrán de Rentas Generales, es genuino, pero si lo dice el Parlamento, no. ¿Y cuál es la razón constitucional, legal, reglamentaria o de sentido común para que así sea? Creo que hay que ignorar mucho la Constitución para creer que si el Poder Ejecutivo dice «Rentas Generales», vale, y si lo dice otro Organo, entonces no vale. Lo que el Poder Ejecutivo puede decir es, en ambos casos, que los recursos genuinos, si es que quiere introducir el término «genuinos», no se compadecen con la expresión «Rentas Generales». La Constitución así lo establece. En la primera parte de su artículo 86 se hace referencia a las leyes de presupuesto, y no a otras. Y dice que toda otra ley que signifique gastos -recuerdo que el Poder Ejecutivo nos envía iniciativas que van desde las que crean Juzgados, y a veces lo hacen muy bien, hasta las que significan gastos por otras razones, como las destinadas a obras no previstas presupuestalmente- deberá indicar los recursos con que serán cubiertos.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Debo confesar que ya el otro día me había sentido un poco sorprendido por la reacción del señor Senador Gargano, y veo que sus colegas del Partido Socialista siguen en la misma línea.

Lo que estamos tratando en un Proyecto de Ley objetivo que busca obtener determinados resultados y que creemos es beneficioso. Ante eso, ningún sector aquí representado, ya sea del Frente Amplio, como del Partido Colorado o del Partido Nacional, reaccionó ante este proyecto del modo en que lo hizo el citado señor Senador, como si fuera una especie de agravio personal en función de lo cual busca atacar a otros, al Poder Ejecutivo o a quien presentó aditivos.

Aquí no se está diciendo que Juan es bueno y Pedro es malo, sino que se está proponiendo una solución buena para el país y que proviene, precisamente -y esto sí nosotros lo subrayamos- de un sector de la oposición. Me parece que no deja de ser algo inusual y particularmente positivo. Al respecto, destacamos que queremos dar al Poder Ejecutivo instrumentos en esa materia. Que esto no será la panacea universal, que solucione todos los problemas que pueda tener el Estado uruguayo en materia económica, puede ser; pero tampoco lo dice. Busca ir al encuentro de un problema que es real, del cual he dicho -y lo repito hoy- todos los sectores hemos participado en uno u otro momento.

De manera que no se trata de decir si el señor Senador Batlle presentó más o menos aditivos que quien habla, si estaba o no. Si se escarba en ese sentido, puedo recordar un aditivo que, en mi época de Senador bisoño, los entonces Senadores Cassina y Cigliuti me convencieron que presentara en relación a una norma vinculada con el SODRE. Me agarraron una vez, pero no me agarran más. Quiere decir que si escarban un poco, debe haber algún aditivo que personalmente haya presentado. Digo esto porque no sostengo que yo soy el bueno y los reto a ustedes que son malos. No. Lo digo y lo subrayo: todos tenemos aquí parte de responsabilidad y creo que todos estamos mirando hacia adelante. Entonces, ¿para qué se formulan excusas y se plantean contraataques? Veamos si el Proyecto de Ley es bueno o no para el país. Creo que sí lo es. ¿Es significativo que sea la oposición quien ofrece su aporte al Poder Ejecutivo? Creo que sí. ¿Es un arma importante para el Ministro de Economía y Finanzas, para cuando venga al Parlamento dentro de unas semanas para tratar el tema del Presupuesto? Creo que lo es. Entonces, reconozcámoslo y hagamos algo bueno para el país. ¿Por qué tenemos que tomar las cosas como si fueran un ataque? No veo que los demás señores Senadores y sectores lo tomen como que se los está atacando a ellos y salgan a decir que hay otro que es peor y a comparar al Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. No se trata de eso. Insisto una vez más: como todo otro Proyecto de Ley, hay que analizarlo. Si es bueno para el país, entonces votémoslo. No va más lejos que eso.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Solicité la palabra porque creí que la luz encendida indicaba que el tiempo del orador había expirado e iba a pedir que se prorrogara.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Señor Senador: el señor Senador Korzeniak está haciendo uso de la palabra en la discusión general y cuenta con media hora prorrogable por media hora más. A veces se comete algún error, pero ya fue corregido por la Mesa.

Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Agradezco las intenciones de someterse al aburrimiento de escucharme que varios señores Senadores han expresado.

Efectivamente, el señor Senador Posadas Montero me había dicho ya a nivel informal que todos hemos sido malos en esto. Creo que todos podemos ser responsables y que no existen imputaciones a ninguna persona ni bancada. Si esa es una verdad y queda bien establecida, entonces la recojo y me llena de satisfacción; pero los señores Senadores deben recordar que en la sesión pasada se había creado un clima que hoy sugerí -y creo que todos lo han entendido- no lo reiterásemos, donde mi compañero de partido, el señor Senador Gargano, era objeto de alusiones constantes y directas. Asimismo, lo fue mi compañero de Bancada, el señor Senador Sarthou, cuando se hizo referencia a aditivos que específicamente había presentado. Entonces, eso creaba la impresión de que un poco subliminalmente se estaba generando la idea de que la izquierda -incluso ya se dijo en algún momento- responde siempre a presiones corporativas. Muy bien; si se dijo eso, me parece que lo natural es poner las cosas en su lugar.

Ahora ha quedado muy claro según manifestaciones del distinguido señor Senador Posadas Montero, que todos somos responsables: los miembros del Poder Ejecutivo y los Senadores de los cuatro lemas aquí representados.

(Ocupa la Presidencia el Doctor Hugo Batalla)

-Voy a abordar ahora directamente, señor Presidente, el artículo único al que atribuí, repito, una intención política, la de generar la idea de que era el Parlamento el culpable del déficit fiscal de que tanto se había hablado. Incluso, en la época en la que esta iniciativa se presentó, la actual discusión estaba casi en su auge.

Entonces, en primer lugar quiero decir -y lo hago sin ninguna clase de rubores epistemológicos, utilizando una frase que he copiado al señor Senador Fernández Faingold- que cuando uno a veces dice que un artículo tiene tal o cual objetivo, le responden -y el otro día me lo dijeron, aunque no me plantearon una cuestión de fueros- que el Reglamento prohíbe atribuir intenciones. Alguien me lo dijo y con cierto enojo. Quiero explicar con mucha claridad que cuando uno encuentra un artículo que no surge totalmente claro o justificado en su sentido -aclaro esto porque es una situación no muy conocida en general en el ambiente no avezado en materia jurídica- es nuestra obligación buscar la intención o el espíritu de la norma. Así lo ordena el Código Civil -no lo permite, lo ordena- en normas que en general no se conocen.

La gente sabe, por ejemplo, cuál es la edad para votar, pero no tiene conocimiento de que exista una lista de artículos en el Título Preliminar del Código Civil que mandatan al intérprete acerca de cómo deben ser leídas esas disposiciones, cuándo debe atenerse a la letra, cuándo puede ir a su espíritu o intención y cuándo no. A este respecto suele haber una confusión bastante generalizada.

Según el conocimiento estándar, la gente cree que cuando la letra es clara no se puede ir a la intención; sin embargo, no es así. El Código Civil establece que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal para consultar su espíritu. Quiere decir que no se trata de ir al espíritu de la norma cuando la letra no es clara sino cuando uno no la entiende.

Días atrás no comprendía por qué se ligaba un tema a otro en un mismo artículo, y no quiero mencionar el caso para no renovar la discusión. Sin embargo, tenía todo el derecho del mundo -más aun, el mandato del Código Civil- a buscar el sentido de ello.

Ahora pregunto: ¿qué artículo se está interpretando? Pido disculpas a los señores redactores, pero quiero señalar que lo habitual, lo ortodoxo, lo que manda la técnica de formulación legislativa es que cuando una ley interpreta a la Constitución, diga qué norma o normas está interpretando. Puedo colegir que se está interpretando el inciso segundo del artículo 86 -que mencioné hace poco-, que establece que toda otra ley que signifique gastos deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Además, esta disposición se refiere a una serie de temas de previsión social y de sueldos, que serían de iniciativa exclusiva -aunque el término empleado es «privativa», técnicamente debería decirse «exclusiva»- del Poder Ejecutivo.

También podría colegir o deducir que este texto tiene que ver con el artículo 133 de la Constitución de la República, que es el que habla de otros casos de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, o que está interpretando los artículos 214 y 215 de la Constitución, que están relacionados con el contenido de los Presupuestos y las Rendiciones de Cuentas. Puedo entenderlo, pero no está dicho.

Cuando un artículo es interpretativo, lo menos que puede hacer es decir: «Interprétase tal artículo de la Constitución en el siguiente sentido», indicándose éste.

Me consta que quienes redactaron este artículo son muy avezados en Derecho. Por eso, me parece que lo que acá se quiere decir, en materia económica, es «pórtense bien», para usar una terminología popular; esto es lo que se está indicando a través del Proyecto de Ley y lo que, en lo personal, interpreto. Además, me parece -lo digo con toda sinceridad- que la lectura del inciso segundo del artículo 86, del 133 y del 214 de la Constitución de la República es más clara que la de esta norma que pretende interpretarlos.

Es verdad lo que señaló el señor Senador Sarthou acerca de que se incorpora una expresión equívoca como la de «financiación genuina», que nuestra Carta no utiliza en ningún momento. Admito que las interpretaciones de una norma sobre otra no son mecánicas sino que, naturalmente, pueden agregar palabras; pero, ¿quién no sabe que «financiación genuina» es una expresión equívoca?

Voy a reiterar un ejemplo que ya planteé. El Poder Ejecutivo llama «financiación genuina» al pago a través de Rentas Generales. ¿Es genuino eso? Cuando Rentas Generales tiene mucho dinero, pero debe mucho, tiene que pagar los sueldos a fin de mes y no le va a alcanzar, ¿es genuino decir -supongamos que se da esa hipótesis- que algo se financiará con cargo a Rentas Generales? Esa es una expresión más equívoca que la que establece la propia Constitución.

SEÑOR LAGUARDA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAGUARDA. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Agradezco a los señores Senadores y al señor Presidente.

Creo que la demostración más acabada de cuándo hay «financiación genuina» y cuándo no la hay, y de si la invocación de la expresión «Rentas Generales» significa no cumplir con el artículo 86 de la Constitución de la República -recuerdo que esta disposición señala que se indicarán los recursos con que serán cubiertos los gastos-, radica en un episodio que voy a relatar a continuación. Hoy ya lo anuncié, y ahora no voy a dar todos los detalles salvo que se plantee una cuestión de fueros.

En una sesión de la Comisión de Constitución y Legislación, en oportunidad de analizarse un proyecto -que todos recordarán- sobre funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo estaba representado por el distinguido colega, Profesor de Derecho Administrativo, Doctor Durán Martínez, Prosecretario del ex Presidente Lacalle Herrera. Se estaba estudiando una serie de disposiciones que establecían el cese de algunos de esos funcionarios y ciertas reglas vinculadas a los incentivos para ello. Seguramente, varios miembros de la mencionada Comisión lo recordarán. Uno de los artículos decía -reitero que eso no figuraba en ninguna Ley de Presupuesto ni de Rendición de Cuentas, sino que, como menciona el inciso segundo del artículo 86, en otra ley que significaba gastos- que los gastos -creo que se refería exactamente a los incentivos- se pagarían con cargo a Rentas Generales.

Quien habla pidió especial atención al señor Abogado y Prosecretario de la Presidencia, Doctor Durán Martínez, y le solicitó que diera una contestación en nombre del Poder Ejecutivo; sinceramente, no recuerdo si hizo alguna consulta o nos respondió en el mismo momento. Le pregunté si, en el concepto del Poder Ejecutivo, cuando un órgano público indicaba la expresión «Rentas Generales», se estaba cumpliendo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 86. Delante de todo el Senado afirmo que el señor representante del Poder Ejecutivo me respondió: «Sí, se está cumpliendo con lo que dispone ese artículo».

A continuación, hay un aspecto anecdótico que tiene que ver con alguien que estaba sentado a mi lado y que expresó textualmente: «Le pusiste una cáscara de banana al representante del Poder Ejecutivo». Esa frase no figura en la versión taquigráfica, pero de todas maneras tengo que contarlo. El Doctor Durán Martínez no es un novato en Derecho; conoce perfectamente el artículo 86, el concepto de «financiación genuina» y era, además, el Prosecretario de la Presidencia. Tenemos que admitir, pues, que se trata de una frase bastante compleja.

Quisiera dejar planteada la siguiente pregunta: la alusión a «Rentas Generales», ¿basta para que se entienda que se indicaron los recursos, que es lo que pide la Constitución de la República? Si no alcanza -como parece que se quiere decir acá- hay que indicar algo más tangible, aunque cualquiera que conozca de esto sabe que los recursos no siempre lo son. A veces un crédito, que está catalogado como un activo inmaterial en el Código Civil y el Código de Comercio, es un recurso genuino.

La segunda pregunta que me planteo es si cuando es el Poder Ejecutivo el que invoca a «Rentas Generales», se transforma en genuino aquel recurso que no lo es cuando el que hace esa referencia es otro órgano del Estado. Es evidente que el tema no es del todo sencillo, y también es cierto que la palabra «genuino» agrega algo que la Constitución no señala. Podrá ser o no una interpretación correcta, pero siempre que se explique qué se quiere decir. Aclaro que al hacer esta exposición, no estamos reaccionando en absoluto contra la solución constitucional; por el contrario, nos parece que ella es sana.

En todo caso, cuando se pretenden plantear gastos, se deberán indicar los recursos -esto más allá de que puedan ser justos o injustos- y, además, el contenido de los Presupuestos y Rendiciones de Cuentas se tendrá que ajustar a lo que establece la Constitución. Si esto es lo que se pretende decir aquí, y ello va dirigido tanto al Poder Legislativo, como al Poder Ejecutivo o a cualquier otro órgano del Estado, estoy totalmente de acuerdo pero, reitero, deseo saber si esa es realmente la intención y si existe disposición en cuanto a sostener lo que establece el aditivo que hemos propuesto. En todo caso, habría que señalar algo parecido en el sentido de que también se trata de una violación constitucional cuando no se procede de esa misma manera por parte del Poder Ejecutivo.

Lo que sucede -y esto consta en la fórmula que tiene la Mesa en su poder- es que la violación de la Constitución por parte del señor Presidente de la República acarrea una posible consecuencia, que es el juicio político. Por esa razón, cuando se comete esta trasgresión por parte del Poder Ejecutivo o de los señores Ministros, se configura -esta es una interpretación discutible, como lo es también lo de la financiación genuina- una violación, y habrá que ver si ella amerita un juicio político. En muchas oportunidades se ha discutido si cualquier violación constitucional puede dar lugar a un juicio de esta naturaleza, o si sólo aquellas que tienen un contenido penal justifican que éste se produzca, tesis que generalmente predomina. Seguramente, los señores Senadores recordarán que esta jurisprudencia parlamentaria fue sentada hace muchos años a partir de un viaje que realizó el señor Consejero Haedo a Buenos Aires antes de obtener la autorización parlamentaria correspondiente. En ese momento se discutió si había que iniciar un juicio político, llegándose a la conclusión de que si bien se había violado la Constitución, como no existía un contenido penal, no ameritaba una instancia del artículo 93 de la Constitución, que refiere a la violación de la Constitución u otros delitos graves. En base a esta última expresión, algunos autores sostienen que lo anterior también constituiría delito.

De todos modos, este es un tema discutible. He escuchado señalar a algunos señores Senadores que si alguien viola la Constitución desde el Poder Ejecutivo en un tema electoral o algo similar, habría que entablar un juicio político, aunque no exista un contenido típicamente penal. Reitero que esto es tan discutible como la expresión «financiamiento genuino».

Antes de culminar mi exposición -no deseo cansar a los señores Senadores con precedentes-, reitero que deseamos saber cuál es la intención, porque si no la conocemos de antemano se nos estará introduciendo en una escaramuza de procedimiento bastante compleja. Concretamente, queremos saber si se va a votar -aunque sea con otra redacción- el otro artículo interpretativo, que establece que tampoco el Poder Ejecutivo podrá incurrir en violaciones de la Constitución en materia de contenido. Además, por razones técnicas creo que habría que citar los artículos 86, 133, 214 y 215 porque, a mi entender, en esta redacción que se propone existe una carencia técnica muy importante, ya que no se indica qué normas se están interpretando, aunque quizás se puedan deducir.

En consecuencia, termino mi exposición planteando una interrogante a efectos de saber cuál es la actitud que vamos a adoptar. En concreto, queremos saber si los señores Senadores están o no dispuestos a votar este artículo, cuya redacción se podrá mejorar. Debemos tener en cuenta que la potestad conferida por el artículo 85 numeral 20 no es otra que la de interpretar la Constitución. Entonces, en la redacción se podría declarar que los artículos que he mencionado implican que ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, pueden votar normas que no tengan recursos genuinos, ni hacer gastos en ningún tipo de rubros que no estén expresamente autorizados en las leyes respectivas. En estas condiciones, nosotros estaríamos de acuerdo porque nos parece algo sano. De todos modos, es algo que deseamos saber con certeza porque desde la sesión anterior estamos discutiendo este punto.

Por otro lado, aclaro que las palabras pronunciadas por el señor Senador Posadas Montero me produjeron la satisfacción y la tranquilidad de una constancia que proviene de un miembro del Herrerismo o de la coalición del Gobierno -como él lo prefiera-, en el sentido de que esto no iba dirigido a ninguno de los sectores, reconociendo que todos pueden tener responsabilidades en esta materia. Igualmente, quiero saber si eso supone que también se está sosteniendo que las violaciones de estas normas no vienen solamente del Parlamento sino también del Poder Ejecutivo. Si es así, vamos a decirlo y con mucho gusto votaremos estos textos, indicando las normas interpretadas, de acuerdo con la técnica legislativa común.

Dentro de esta hipótesis, en lo personal - también lo he consultado con otros compañeros y están de acuerdo- no tengo ningún problema en apoyar esta iniciativa, considerándola muy saludable.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - No deseo referirme al clima de la discusión del día de hoy, comparándola con la que se produjo hace unos días, y que mencionó en varias oportunidades el señor Senador Korzeniak. Es más; no lo voy a hacer porque descuento que el clima de esa sesión anterior no se debió a quien habla, que hoy también está presente.

De todos modos, persiste en el planteo del señor Senador Korzeniak, esa suerte de «quid pro quo» -no quiero decir complejo, porque es una palabra muy dura- de por qué el Poder Legislativo sí y el Poder Ejecutivo no. También ha planteado que debemos introducir a este último Poder cuando se trata este tema.

En primer lugar, no existe esa intención discriminatoria o comparación adversa hacia un Poder con relación a otro. Lo que sucede es que en la economía de la Constitución -con esto no pretendo dar clases de Derecho Constitucional al señor Senador Korzeniak-, tanto aquí como en todos los países del mundo donde existe un Poder Legislativo, el tema de la autorización de los gastos pasa por este último y no por el Ejecutivo. Se trata de una diferencia sustancial y, en todo caso, al Poder Ejecutivo se le vigilará, controlando cómo gasta lo que se le autorizó. Reitero que el tema de la autorización del gasto es una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

En consecuencia, al decir que también se va a fiscalizar al Poder Ejecutivo cuando envía proyectos que autorizan gastos, estamos frente a algo que sencillamente no entra dentro del esquema de la Constitución, porque la responsabilidad última está en este ámbito. En todo caso, el Poder Ejecutivo podrá mandar todas las iniciativas que desee y el tema radicará en si el Parlamento las vota o no.

Concretamente ese es el tema-materia de este Proyecto de Ley; en lo sustancial, y por eso no es viable hace resta comparación. En definitiva, la responsabilidad en materia de gastos radica -desde la época de la Carta Magna- en el Poder Legislativo, no porque se considere que es peor que el otro sino porque sencillamente es de su competencia exclusiva.

Yendo a la parte técnica, que es la otra línea de objeciones que ha planteado el señor Senador Korzeniak, quiero decir que a mi entender no es correcto que toda disposición interpretativa necesariamente deba citar las normas de la Constitución que interpreta y, además, no existe obligación jurídica al respecto.

Seguidamente, me voy a referir a un aspecto en el cual creo que el proyecto sustitutivo que presenté -y que ha sido distribuido- mejora el texto original. De todas maneras, creo que la posibilidad de interpretar las normas en materia de gastos es perfectamente viable, entre otras cosas, por algún desarrollo que el propio señor Senador Korzeniak hacía en cuanto a la imprecisión del término «recursos» que la Constitución utiliza, aunque no calificado con el adjetivo genuino, sino en forma lisa y llana. Como sucede con mucha frecuencia, la práctica va arrojando luz sobre los textos.

Todos sabemos que la práctica del Uruguay le ha dado luz al término «recursos», a veces en el sentido que mencionaba el señor Senador Korzeniak, ya que formalmente hablamos de ellos cuando en la práctica no están.

Por lo tanto, creo que allí existe un amplio campo interpretativo. Además, coincido con el señor Senador Korzeniak en que podemos realizar una interpretación para llegar a la finalidad que pretendemos. Entonces, más o mejor que hablar de recursos genuinos, que pretende ser un avance sobre el término «recursos» porque, en definitiva, la inflación lo es y se utiliza como tal -y vaya si tenemos experiencia en este tema en el Uruguay- prefiero una redacción en la línea de la que presenté, en la que el énfasis está puesto en la creación o aumento del déficit, porque me parece mucho más importante.

Por último -porque ahora veo que la luz se enciende correctamente- además de las consideraciones de orden jurídico que se puedan hacer aquí, ya sea para debilitar este proyecto o para fortalecerlo, esta iniciativa -lo dije el otro día y ahora quiero subrayarlo- presenta un neto contenido político -y tal carácter no es de despreciar- que tiene que ver con la señal que daría el Parlamento hacia afuera en cuanto a una conversación a una disciplina fiscal hacia el futuro y con el compromiso que significaría para cada uno de los Senadores aquí presentes, votar esto hoy y enfrentar el Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas que vendrán. Reitero que todo esto no es de despreciar.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Luego de la intervención del señor Senador Posadas Montero quedan muy pocas cosas que contestar, salvo dos o tres puntualizaciones que creo importante hacer. Digo esto porque podría quedar en el ambiente que en la discusión que tuvimos la semana pasada, quien habla parecería que hubiera sido uno de los provocadores de un clima especial, según las manifestaciones que se han hecho en el día de hoy. Quiero decir, sinceramente, que en el trámite de la Comisión en ningún momento se planteó este tipo de discusión. Al respecto, en el debate que mantuvimos con el señor Senador Gargano -lástima que no está presente aquí para analizar el punto de otra manera- nunca se planteó que este fuera un tema de «marketing» político, tal como se dijo. En tal sentido, se ha expresado que no existe una intención de disciplina fiscal ni de dar un mensaje hacia afuera, sino que los herreristas en coalición pretenden laudar una discusión que viene desde la época electoral y, por lo tanto, se trata de un proyecto de «marketing» político que no aporta nada. Esto es lo que rechazamos en su momento y contestamos con datos acerca de la necesidad de buscar la interpretación de la Constitución. No tenemos formación jurídica y no vamos a discutir con el señor Senador Korzeniak sobre los alcances o si existe oscuridad en los artículos 133, 214 y 215, porque no somos expertos en la materia y, además, creemos que ese no es el punto. Lo cierto es, señor Presidente, que la práctica que hemos observado en el Parlamento -y así lo dijimos cuando hicimos uso de la palabra como miembros informantes, en primera instancia- ha sido la de aumentar sistemáticamente los gastos sin buscar la financiación. En este sentido, hemos presentado pruebas y no lo hemos hecho para acusar a ningún sector. Al respecto, los señores Senadores recordarán que contesté a una acusación de «marketing» político, sacando luz algunos «pecadillos» que se habían cometido a lo largo de la Legislatura. Sin embargo, escuchando ahora el señor Senador Korzeniak, observamos que insiste nuevamente en que el tema se trae aquí porque también es parte de una discusión política. Debo decir que lamento que el señor Senador Korzeniak no haya leído el informe ni la Exposición de Motivos.

SEÑOR KORZENIAK. - No es así, señor Senador, los he leído.

SEÑOR HEBER. - Entonces, el señor Senador sabe perfectamente -así figura en la Exposición de Motivos y en el informe- que se trata de un proyecto del año 1993 presentado por el Poder Ejecutivo -es decir, antes del año electoral, en el que se planteó una discusión de ese tipo- cuando para nada se advertía que el equilibrio no se pudiera mantener y queríamos asegurarlo, sobre todo, de cara a un año electoral. Es en esa ocasión que el Poder Ejecutivo envía este proyecto que, casualmente, fue rechazado, puesto que no existió voluntad política para tratarlo. Nuevamente traemos esta iniciativa a Sala, pero ahora en carácter de opositores, y no aceptamos que se diga que este proyecto es simplemente parte de una discusión política, cuando la misma fue presentada por el Poder Ejecutivo y nuestro sector político, a fin de que el Parlamento la sancionara, dando ese mensaje un año antes de las elecciones nacionales. Esto no se hizo y luego surgieron una cantidad de proyectos por parte del Parlamento -voy a ahorrar al Senado una discusión sobre este tema- que aumentaron notoriamente el gasto. No voy a referirme a estas iniciativas ahora, pues ya está en camino la Rendición de Cuentas, en cuya discusión en la Comisión de Presupuesto tendremos tiempo para su análisis.

Además, se nos acusó -creo que con carácter político- de armar un carnaval electoral. No negamos que quizá lo hubo, pero simplemente decimos que la primera que salió fue la murga opositora. Repito que este tema lo discutiremos en su momento.

Nuevamente queremos decir que en 1993 el Poder Ejecutivo y nuestro sector político planteamos esto y en esa oportunidad no había discusión electoral ni la posibilidad -que se dio luego- de acusaciones mutuas entre sectores políticos. Hoy volvemos con un Proyecto de Ley para dar una señal y con ello no estamos haciendo acusaciones a un sector político. Si las hubo en la sesión pasada fue en respuesta a una acusación que no aceptamos, cuando se nos dijo que esta iniciativa no tenía buena intención, sino que era simplemente de «marketing» político.

Por todo esto, quisimos aclarar cuál era nuestra posición.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Creo que aquí se está tratando el tema en un clima amable.

Por su parte, el señor Senador Posadas Montero dice que este proyecto tiene un contenido político -eso fue lo que dije- y que ello no es malo. Personalmente, estimo -creo que tengo todo el derecho de hacerlo- que quiere realizar una interpretación de normas que son claras y que, en todo caso, sus oscuridades son menores que éstas. En tal sentido, los señores Senadores recordarán que el déficit fiscal -es lo que se está manejando aquí- motivó una discusión entre los partidos tradicionales que duró aproximadamente seis meses, acerca de si existía o no.

Por otra parte -se puede considerar una ironía o un sarcasmo, aunque no lo es- creo que hay una coalición de Gobierno formada por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces, no puedo entender que un sector del Partido Nacional exprese que presentan esta iniciativa como oposición, a menos que la referencia haya sido con respecto al año que se presentó, lo cual no puede ser porque en esa oportunidad eran Gobierno. Reitero que digo esto con honestidad y termino con la aclaración. El señor Senador Posadas Montero dice que aquí de lo que se trata es de los Parlamentos en todo el mundo autorizan los gastos. Pero es bueno decir que también en todo el mundo el Poder Legislativo tiene derecho a controlar cómo gasta el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el Parlamento aprueba mal las leyes, es tan feo como cuando el Poder Ejecutivo gasta mal lo que aquél le autorizó. Por lo tanto, si estamos en tren de interpretar, vamos a interpretar las dos cosas y prometo colaborar modestamente hasta con la redacción. Digo más, señor Presidente, el proyecto sustitutivo -vean que no estamos haciendo un bombardeo- dice: «que signifique gasto para el Tesoro Nacional». ¿Cuál es el concepto de Tesoro Nacional? Creo que ese la cuenta central del Estado y no es, por ejemplo, el patrimonio de los Entes Autónomos. Entonces, ¿quiere decir que se pueden aprobar proyectos que signifiquen gastos para los Entes Autónomos. Entonces, ¿quiere decir que se pueden aprobar proyectos que signifiquen gastos para los Entes Autónomos y los Municipios y eso no violaría la Constitución porque no está incluido en el Tesoro Nacional? Entiendo que el proyecto tiene una carencia en ese sentido. Si se quiere hacer una interpretación, debemos hacerla bien completa y comprender al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Desde ya adelantamos que estamos dispuestos a votarlo, pero siempre y cuando se haga una interpretación correcta. No nos han respondido y sacamos la conclusión de que, por lo menos, el Partido Nacional -que es el que ha hablado hasta ahora- no está dispuesto a votar el aditivo que hemos presentado u otro parecido. Si se quiere se puede eliminar la expresión un poco dramática del juicio político, pero se debe decir concretamente que también está prohibido que el Poder Ejecutivo gaste al margen de lo que establecen las leyes que autorizan esos gastos. En caso de que se apoye este aditivo no habría ningún problema y estaríamos en condiciones de votar el proyecto. Sin embargo tengo la impresión de que la respuesta a las alusiones significan que no van a votarlo. El señor Senador Heber me hace un gesto que parece demostrar que lo van a estudiar, pero creo que es una escaramuza.

Por otra parte, voy a pedir que se lea y termino mi intervención porque pienso que estoy abusando del tiempo.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: soy uno de los firmantes del Proyecto en Comisión pero no de sus fundamentos. El señor Senador Heber -que no deseo aludirlo pero así lo expresó- dijo que tienen que hablar aquellos que han firmado el Proyecto y la Exposición de Motivos, aquellos que han firmado en discordancia, que no lo han firmado o que lo han hecho en minoría y aquellos que hemos firmado el Proyecto de Ley pero no los fundamentos.

Quiero expresar a este Cuerpo, señor Presidente, que la Exposición de Motivos tiene una referencia jurídica que si bien es compartible no hace a los efectos de este tema que, como bien decía el señor Senador Posadas Montero, es político. Personalmente, me animo a decir que si se tratara de un tema jurídico, este proyecto no sirve para nada porque si el Parlamento viola la Constitución también lo va a hacer con la Ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos votando? ¿pretendemos que los Legisladores cumplan una norma de menor jerarquía? Creo que no tiene sentido. El artículo 215 de la Constitución dice: «El Poder Ejecutivo se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por incisos, programas, objetivos de los mismos, escalafones y números de funcionarios y recursos; no pudiendo efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos». Incluso, el artículo único que hemos propuesto -y que he firmado- se refiere a que se pueden incrementar los gastos del Estado en la medida en que tengan una financiación genuina. Si bien estaríamos amparados por el artículo 86, lo tendríamos terminantemente prohibido por el artículo 215. De todas formas, reitero que el tema no es jurídico sino político. Como decía el señor Senador Posadas Montero -que centró la discusión- aquí hay una enorme crítica al sistema político porque ¿quiénes han violado la Constitución? Lo hemos hecho los Legisladores y, sobre todo, los que han generado la mayoría que en este caso han sido los de los partidos tradicionales, más allá de que la violación de la Constitución nos corresponde a todos por igual.

Digo que esto es político porque configura una toma de conciencia del Parlamento hacia el futuro y no me genera ninguna violencia ya que en ningún sentido se trata de rendir examen. Estos se rinden, señor Presidente, en tiempo electoral y los partidos expresan a la ciudadanía lo que entienden que corresponde. Sinceramente, en la campaña electoral el Nuevo Espacio tuvo una actitud de demagógica, no generando falsas expectativas y promesas, por lo que no me preocupa este artículo. Además creo que sería bueno que quienes han administrado al país en los últimos cinco años nos dijeran que hemos tenido un superávit fiscal en determinados años pero que en el último no lo pudieron tener. Es más, podrían decirnos que preveían que no lo íbamos a tener por lo que se quiso que se votara esta norma, pero no se tuvo suerte. Se podrá decir que el carnaval electoral ha afectado la votación de muchas normas por parte del Poder Legislativo o que la seguridad social incrementó los gastos, pero eso ya se sabía desde el año 1993 y se podría haber tenido una contención del gasto.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo no es sólo el Ministerio de Economía y Finanzas. Incluso, desde esta misma Cartera hubo críticas a sectores de la Administración Pública, no sólo a algunos Entes sino también a otros Ministerios que estaban aumentando los gastos pasando por encima de la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo tanto, me parece muy loable que se diga que por la experiencia que tenemos sabemos que el gasto, en tiempos electorales, aumenta. Una parte de la responsabilidad corresponde al Poder Legislativo y queremos corregirla por medio de este artículo único. Reitero que voté el proyecto en Comisión pero no hice lo mismo con la Exposición de Motivos porque hace una referencia jurídica, pero entiendo que se trata de un tema político. El problema es cómo va a actuar el Parlamento hacia el futuro. Los recursos son escasos, cuesta recaudarlos y la gente paga muchos impuestos por lo que, en mi opinión, no se puede gastar en forma facilista o demagógica sin tener un claro sentido social y sin estar autorizados por la propia Constitución de la República. Por otra parte, me parece bien la incorporación que ha hecho el señor Senador Gargano -habíamos quedado en discutir- pero tampoco es jurídica sino política. Lo que dice el señor Senador Gargano, que ahora no está en Sala, es que si se trasgreden disposiciones constitucionales o legales va a actuar el artículo 93 de la Constitución, lo que es obvio. Dicho de otra manera, si el Poder Ejecutivo incurre en gastos que no están autorizados o toma actitudes que contravienen las disposiciones constitucionales o legales, este Parlamento no puede estar omiso y debe actuar en consecuencia. Esto significa llamar a responsabilidades. Incluso, aspiro a que cuando se nombren personas que no corresponde, el Herrerismo nos acompañe a llamar a responsabilidad al Ministro correspondiente, lo que le haría muy bien al sistema político.

SEÑOR LAGUARDA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LAGUARDA. - Quisiera aclararle al señor Senador Michelini que no es que el señor Senador Gargano no se encuentre en Sala sino que está de licencia y por ello está su suplente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: es correcto lo que expresa el señor Senador Laguarda pero expresé que el señor Senador Gargano no se encontraba presente y por ello no podía reafirmar la voluntad que teníamos de votar este artículo aditivo. Obviamente, dicho señor Senador está de licencia por motivos que ya fueron expuestos.

Queremos expresar que si aquí hay un cambio de conducta es bueno para el país. Al respecto, pensamos que si los artículos 1º y 2º presentados por el señor Senador Gargano se convierten en Ley, habría una simbología o señal política en el sentido de que estamos asumiendo compromisos acerca de que en un futuro nuestro país actuará de otra forma. No pretendo, señor Presidente, quedar excluido del sistema político y muchas veces haré votado iniciativas que contravienen algunas de las normas constitucionales. Sin embargo, el Nuevo Espacio ha hecho esfuerzos para generar una dinámica distinta a la que venía imperando en el país que era que más allá de la Constitución se podía seguir gastando porque, de alguna forma, eso se iba a pagar. Ahora, esto lo estamos pagando todos a través de importantes impuestos y de una situación de falta de empleo que se viene configurando en algún guarismo que primero comenzó a alarmar a nivel de los jóvenes y que actualmente afecta a los adultos. El empleo está afectado por la falta de inversión y ésta última por los niveles impositivos y los requerimientos que el Estado pide para financiar muchos de los proyectos que el Poder Ejecutivo ha propuesto y el Parlamento ha votado sin la financiación adecuada.

Si miramos esto como una crítica al sistema político me parece que está bien. Asimismo, considero que es bueno que comience por parte de quien ha administrado los recursos públicos durante los últimos cinco años en la administración nacionalista y que firme el Proyecto de Ley el ex Ministro Posadas Montero. Además, considero importante que él nos diga que se escapó el déficit fiscal y por ello no pudo contener el gasto en los términos necesarios pues hubo una ecuación, un superávit, un equilibrio fiscal en los años no electorales, pero en los electorales se vio sobrepasado. Es por eso que quieren comenzar con algunas normas de este tipo a implementar una conducta fiscal adecuada que el país debe tener, acorde a los momentos de necesidad que se viven. Por encima de todo, dicha conducta debe ser de respeto a las normas constitucionales, pues la Carta Magna siempre ampara a las minorías. Todo este desajuste fiscal y esta crítica que se le hace al sistema político -con la que concuerdo- ha sido en beneficio de las mayorías, de aquellos que aprueban el gasto sin financiación y que terminan generando una dilapidación de los recursos públicos que, en mi opinión, no corresponde. Sobre todo, en tiempos electorales se generan conductas de clientelismo político que hemos combatido y seguiremos haciéndolo.

Por lo expuesto, vamos a apoyar el proyecto tal cual viene de la Comisión. Sin embargo, quiero manifestar que no me convence el uso de la palabra «déficit» porque, aunque en este caso sea consolidado, se presta a errores o malas interpretaciones. Un Legislador puede decir que con esta financiación ese déficit no va a ser tal, a pesar de lo cual, todos sabemos que con esa financiación el déficit seguirá o se incrementará. A pesar de ello, allí entraremos en una discusión acerca de quién puede tener razón. Por eso, me gustaría más que el texto dijera que no se puede incrementar los gastos del Estado sin la correspondiente financiación genuina. Hay gastos y los mismos deben estar financiados adecuadamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Batlle.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: muy brevemente quisiera decir que me parece que es de recibo la idea de mantener un presupuesto equilibrado con gastos balanceados. Esto es absolutamente necesario y debería ser una práctica de todos aquellos que, de una forma u otra -como, por ejemplo, los Legisladores, los integrantes del Poder Ejecutivo, de los Entes Autónomos o los Gobiernos Departamentales- manejan la cosa pública. Por ello, pienso lo que aquí se trata de hacer no es malo, sino que, al contrario, es una buena señal que simplemente tiene esos efectos. Más allá de ello, lo que se precisa es una conducta por parte de quienes manejan la cosa pública a todos los niveles para que por vía directa o indirecta, no se produzcan estas situaciones tan perjudiciales para el país en su conjunto. Digo esto porque los desórdenes en materia económica a poco tiempo de establecerse o exhibirse, generan frustraciones, falta de trabajo y decrecimiento, es decir, todos o buena parte de los males que padecen estas sociedades.

Considero que lo más importante de todo esto es aprovechar esta coyuntura pues estamos ante una reforma de la Constitución. Entonces, hacia allí deberíamos canalizar los esfuerzos que están realizando los cuatro partidos políticos a través de normas de carácter y jerarquía constitucional más precisas que las que tenemos. Por eso, me parece que hoy alcanzaría con votar este artículo sin discusión y modificación como señal de lo que queremos expresar y sin que tenga ninguna connotación de carácter político para nadie. Estimo que aquí no podemos estar haciendo evaluaciones acerca de quién es más o menos responsable con respecto a los innumerables gastos sin financiación que a lo largo de los años hemos percibido quienes hemos estado vinculados a la vida política. En muchos casos, se trató de cosas muy justas y necesarias que luego repercutieron negativamente sobre toda la sociedad. Entonces, si solamente nos referimos a este punto, podremos salir de esta maraña en la cual estamos entrando lentamente y en la que teminaremos discutiendo acerca de las limitaciones que se le deben imponer al Poder Ejecutivo, a los Entes Autónomos y los Gobiernos Departamentales. Todo esto nos llevaría a que el tema tuviera que pasar nuevamente a Comisión para ver si está la acota, modifica o amplía. Para evitar esto, podemos decir que vamos a dar un mensaje que es el que este artículo que ha llegado de la Comisión quiere establecer, en el sentido de que el Parlamento le dice al país y a sí mismo que no desea contribuir al aumento del déficit ni a generar gastos que no tengan financiación. Pienso que, más allá de que se emplee o no la palabra «genuina», lo que aquí se procura es dar una idea o señal acerca de la conducta que todos estamos dispuestos a asumir, no como referencia concreta a la Rendición de Cuentas ni al Presupuesto General de Gastos, sino a toda la situación del país. Luego, en el ámbito político, cada uno se moverá para explicar y sostener sus razones, manifestando en cada caso por qué ha creído conveniente llevar adelante o no esta propuesta de gastos. Pero esta propuesta es simplemente eso y a ello debe quedar reducida. De lo contrario vamos a improvisar en Sala y comenzaremos a modificar el artículo propuesto cuando ya hay una nueva redacción sugerida por el propio generador de la idea, el señor Senador Posadas Montero, además de otras normas aditivas presentadas. Entonces, no estaríamos en condiciones ni siquiera de votar porque deberíamos volver a estudiar el tema dado que sólo se ha informado sobre él con este alcance y con esta limitación.

Mi intervención es muy breve porque no pretende tener otro sentido que el de manifestar qué es lo que estoy sintiendo como Senador cuando voto este artículo. Estoy sintiendo que el Parlamento le dice al país que no quiere votar gastos sin recursos, y nada más. De lo contrario, deberíamos pasar nuevamente este asunto a Comisión para analizar otros aspectos que se han incorporado pero, me parece que si hay un acuerdo que está muy próximo entre los partidos políticos este tema podría ser incorporado a las disposiciones constitucionales a fin de que tenga esa jerarquía y no la de una Ley interpretativa que puede ser modificada en el futuro por otra Ley.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR LAGUARDA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAGUARDA. - Señor Presidente: en un real equilibrio de Poderes en una democracia constitucional, el Ejecutivo y el Legislativo son responsables ante la sociedad por el gasto público. El Poder Legislativo lo es autorizando gastos, lo que se ha invocado en la Carta Magna. Es muy claro en los precursores del pensamiento democrático del Siglo XVIII en Inglaterra y Estados Unidos, cuando planteaban que impuestos sin representación es tiranía. Por su parte, el Poder Ejecutivo debe administrarlos y gastar aquello que se le ha autorizado. De manera que en este punto existe una responsabilidad de ambos Poderes frente a la sociedad.

El texto que estamos considerando, a mi juicio, parcializa y unilateraliza esta situación. Digo esto porque se refiere sólo al Poder Legislativo y deja implícita la sensación de que este Poder es dispendioso. En lo personal, no puedo atribuirle a este texto menos que un sentido de interpretación y apreciar que junto con el mensaje explícito hay otro implícito, un paramensaje de sentido político que, en mi opinión, apunta a lo siguiente: que a la hora de estar ante el próximo Presupuesto Nacional, el Parlamento debe constreñir o reprimir su tendencia dispendiosa. Ahora bien tratemos de disipar estos equívocos. Si se desea aclarar situaciones de nuestro ordenamiento jurídico, aún redundantes porque normas hay de sobra en esta dirección, si se quiere otra disposición más que ratifique estos criterios, debemos elaborar una norma equilibrada que involucre a los Poderes Legislativo y Ejecutivo en lo que les corresponda.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: tengo la sensación de que este parece un tema menor. Los señores Senadores Posadas Montero y Batlle han dicho que quieren dar una señal política. No sabemos exactamente a quién quieren darles esa señal política, pero probablemente sea a los agentes económicos, al sistema financiero o a los medios de comunicación.

SEÑOR BATLLE. - ¡Al país, señor Senador!

SEÑOR COURIEL. - Ahora vamos a ver si efectivamente es al país, señor Senador Batlle.

Creo que en este tema hay aspectos de carácter jurídico, político, económico y otros que, probablemente, más que económicos son de naturaleza ideológica. Voy a hacer un esfuerzo a fin de sintetizar estos campos.

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, comparto en gran medida el informe presentado por el señor Senador Sarthou así como también las expresiones vertidas por el señor Senador Korzeniak, ambos Profesores de la Facultad de Derecho con experiencia y capacidad en estos temas. A continuación voy a plantear algunas interrogantes. En el Proyecto en el cual se expresa la posibilidad de hablar de recursos genuinos, dice el señor Senador Sarthou, si se agrega la expresión «genuino» más que de una interpretación de la Constitución se trata de una modificación de la misma, ya que se le está incorporando una palabra que en la Constitución no figura. Se trata de una expresión ambigua porque «genuino» podría ser la tributación, o el aumento de tarifas de las empresas públicas para que sus excedentes pasen a financiar los déficit de rentas generales o, en un momento determinado, la posibilidad de recibir financiamiento externo en muy buenas condiciones tanto de organismos estatales o privados del campo internacional, o incluso la colocación de bonos que acaba de hacer nuestro Gobierno en marcos a un costo inferior al que lograron Argentina y Brasil. Todos estos son recursos, pero cuáles serían genuinos y cuáles no. Desde ese punto de vista, prefiero que la constitución se mantenga tal como está y diga que en toda otra ley no se pueden hacer gastos sin especificar los recursos, sin ninguna clase de agregados.

El señor Senador Posadas Montero presenta un sustitutivo a su propia propuesta, donde dice que el Poder Legislativo no puede aprobar Proyectos de Ley que signifiquen crear o aumentar el déficit consolidado del Estado. ¿Qué es lo que puede sucedernos? Que en un momento determinado cuando estemos por aprobar un gasto, se nos diga que no se puede porque va a aumentar el déficit consolidado del Estado. ¿Y de qué depende ese déficit consolidado del Estado? ¿Quién podrá decirnos a cuánto asciende ese déficit consolidado del Estado? Por ejemplo, podría suceder que en un momento determinado nadie sabe a cuanto asciende y la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un problema de carácter monetario y restringe los medios de pago y aumenta las tasas de interés, lo que significa un impacto sobre la tasa Libor y sobre el resto de las tasas del mercado financiero internacional, con lo cual aumentarán los gastos del Banco Central. Evidentemente, con las deudas que tiene dicho Banco van a aumentar sus gastos lo que, tal vez, implicará un aumento de su déficit. Señor Presidente, no podemos establecer en una ley el término «déficit» ya que genera una incertidumbre muy grande. Actualmente, en buena medida, se están financiando los déficit con recursos provenientes de las empresas públicas en cantidades muy importantes porque para aumentar las tarifas se requiere sólo una decisión del Poder Ejecutivo al tiempo que para incrementar los impuestos se requiere la aprobación del Poder Legislativo. Entonces, los Poderes Ejecutivos de Uruguay y de América Latina encontraron el mecanismo de financiar a Rentas Generales aumentando las tarifas, al punto de que algunos países, al igual que nosotros, lo hacen incrementando el precio del combustible. De esta manera, un excedente que tienen las empresas públicas se vierte a Rentas Generales, lo que también define la forma en que se financia un déficit y, por consiguiente, si determinado gasto lo tendrá.

Muchas veces los recursos dependen del crecimiento de la economía. Si mal no recuerdo, cuando el señor Senador Posadas Montero era Ministro de Economía y Finanzas -lo digo por la fecha- el Partido Nacional proyectó para 1992, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 1%, que era lo que el Poder Ejecutivo imaginaba iba a crecer el país porque, en ese momento, nadie sabía que la rebaja de las tasas de interés en el mercado financiero internacional iba a significar una brutal entrada de capitales en la inmensa mayoría de los países de América Latina. En esa oportunidad, ingresaron U$S 60.000:000.000 y una parte de esa suma llegó a nuestro país, desde Argentina y de otras regiones cercanas. Entonces, la entrada de capitales provocó un crecimiento que no fue del 1% sino del 7.5% que facilitó la situación del IVA, del IMESI, y provocó un aumento de los recursos fiscales.

Por lo tanto, establece el término déficit genera una gran incertidumbre y significa que muchas veces no sabremos cuál es la capital de recaudación y de gestión de cobro que puede tener el Estado.

Puede significar que en un momento determinado el déficit y la obtención de recursos dependa de la credibilidad de los agentes económicos, y de las señales a que se hacía referencia. De manera que, desde este punto de vista, no podemos hablar de que sea genuino, pero tampoco de déficit.

El segundo aspecto tiene que ver con el por qué de esta Ley. Acepto que quieran dar una señal de carácter político pero, en el fondo, ¿cuál es esa señal? Es la de decir que el déficit fiscal es malo y lo tenemos que combatir. Este pensamiento está en la ideología predominante, en los medios de comunicación y en los organismos financieros internacionales: el déficit fiscal es el culpable del desempleo, de la pobreza, de la inflación y de la deuda externa. Todo esto, según lo entiendo, es ideología y no economía. ¿Por qué lo digo? Tomemos lo más conocido -y esto lo he escuchado decir muchas veces a los señores Senadores- que el déficit fiscal genera una emisión de medios de pago y, por lo tanto, una inflación. En definitiva, el déficit fiscal sería sinónimo de inflación, por la vía de expansión de medios de pago para financiar ese déficit del Estado. Así es como se estudia en algunas Facultades de nuestro país, y no podemos negar que hay corrientes de pensamiento que afirman esto. Personalmente entiendo que algo es válido cuando tiene aplicación en la realidad; de lo contrario, no lo es. Debemos tener en cuenta que Europa, en este año, tiene un déficit fiscal promedio de 6,5% del producto y una inflación del 3%; quiere decir que el déficit fiscal es más del doble de la propia inflación. Si bien ellos no se cuestionan esta situación, los organismos financieros sí se lo hacen notar. Pero los gobiernos de Europa, en este caso, soberanamente dicen que van a fijar un límite al déficit fiscal sobre el producto a fin de que no supere el 3%. Obsérvese que no dicen cero ni tampoco superávit, como muchas veces nos llega a la región latinoamericana y que en varias oportunidades lo hemos escuchado en la Argentina y también en el Uruguay en el gobierno pasado. No dicen superávit, simplemente hablan de déficit de 3 puntos del producto. Admito que se trata de economías distintas, más desarrolladas, pero las tesis son similares y las teorías que se aplican son relativamente cercanas. Repito que Europa se fijó como límite el 3%.

Por otra parte, hace más de diez años que Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 4% a 5% del producto y su inflación está por debajo de esas cifras. Se puede decir que es el país que genera las monedas de reserva y que se cuida en la expansión de medios de pago porque está financiando con entradas de capitales, lo que es cierto, pero se trata de una política que proviene de 1979, del Gobierno de Carter. Sin embargo es verdad que el déficit fiscal y la inflación no se compadecen. No hay más que leer las revistas y diarios del mundo desarrollado, y en especial de los Estados Unidos, para ver la controversia que tiene con los europeos, que lo responsabilizan en el sentido de que el déficit fiscal y de balanza comercial modifican su política económica. A esto responden diciendo que no es así porque el déficit fiscal no les genera los problemas que les atribuyen Europa Occidental y Japón. De manera que existe una brutal polémica sobre estos temas. Entonces, en el mundo desarrollado, no necesariamente el déficit fiscal es el mal de todos los males ni mucho menos, porque detrás de esto, en el caso de Estados Unidos, tienen los problemas de la deuda interna y externa, de los gastos militares y, en Europa, los sociales, como el seguro de desempleo, etcétera. Evidentemente, no son temas menores y, por ello, en el mundo desarrollado no aparece con tanta nitidez que el déficit fiscal sea el responsable de todo lo malo.

En el caso del Uruguay podríamos mostrar números que reflejen el vínculo entre el déficit fiscal y la inflación. Tengo en mi poder datos de déficit consolidado del sector público, concernientes al período que va desde el año 1978 a 1994. Me voy a referir a lapsos cortos para demostrar lo que quiero explicitar. En 1978, cuando el déficit fiscal era 1.3%, la inflación ascendía al 44.5%; en 1979 se obtiene un superávit del 0.3% y aquí hubiéramos supuesto que la inflación iba a bajar y, sin embargo, subió a 66.8%; en 1980, el superávit fiscal subió al 1.1% del producto y la inflación se mantuvo en 63.5%; en 1981 y 1982 los déficit fiscales se incrementaron considerablemente y la inflación, en vez de subir, bajó a 39% y 19%, por el problema de «la tablita» y porque el motivo de la inflación era la política cambiaria y no el déficit fiscal. Por lo tanto, cuando había superávit fiscal, la inflación era alta y cuando empezó a haber déficit, ésta bajó. De manera que el vínculo entre déficit e inflación no existió y, si ello es así, la teoría no es válida aunque esté en los libros de texto.

Después de este período diría que es muy difícil encontrar correlaciones, porque van y vienen, aunque después me voy a referir al período anterior del Doctor Sanguinetti. En 1989, año electoral, el déficit fiscal fue del 6.4% y la inflación del 80%. Aclaro que los porcentajes de inflación a que me estoy refiriendo corresponden a promedios anuales. En 1990 el déficit fiscal bajó a 2.4%, correspondiente al esfuerzo de ajuste fiscal de Partido Nacional, y la inflación, en vez de bajar, subió al 112%; en 1991 hubo un superávit fiscal del 0.8% del producto y la inflación bajó a 102%, y se mantuvo en 3 dígitos; en 1993 volvió a haber un superávit fiscal del 0.5% del producto y la inflación se ubicó en un 68.5%; cabe destacar que bajó porque comenzó el período de la política de atraso cambiario. Más adelante, el déficit subió: en 1993 se ubica en 1.6% del producto y la inflación descendió al 54%; en 1994 hubo un 2.9% de déficit fiscal sobre el producto y la inflación volvió a bajar. Quiere decir que la correlación es la inversas en el mundo de lo real, lo cual está demostrando que la tesis que dice que resolviendo el déficit fiscal se arregla la inflación no es correcta para el caso del Uruguay. Por supuesto, es muy posible que en otros países la causa básica de la inflación sea el déficit, pero los estudios -y el primero que me tocó hacer fue en 1967 a raíz de la elaboración de un libro y en base a trabajos que había hecho la CIDE, Comisión de Inversión y Desarrollo Económico- comenzaron a demostrar que el déficit fiscal no era causas de los procesos inflacionarios que tenía el Uruguay. Después de esto, cualquier señor Legislador me podrá decir que estoy hablando de déficit fiscal y, sin embargo, no es lo que importa, sino cómo se financia. Pues bien, aceptemos que esto último es lo que importa. Pero, ¿qué es lo que ocurrió y lo que ocurre? Si el déficit se financia con ahorro interno, mediante títulos e letras o bonos del tesoro, y no se emitió absolutamente nada para resolverlo, entonces no tendría por qué haber déficit. Tampoco tendría por qué existir si se hubiera financiado con préstamos internacionales. Esto es lo que básicamente ocurrió en el primer período de la presidencia del Doctor Sanguinetti, donde el déficit fiscal era alto, pero se financió, fundamentalmente, con ahorro interno o externo, por lo que la inflación se ubicó en cifras relativamente elevadas. Por lo tanto, ésta no es la causa, pero deseo encarar directamente la que normalmente explicitan los partidos de la coalición y algunos señores Senadores. ¿Qué ocurre si se financia con emisión? ¿Necesariamente se produce inflación? Personalmente, recuerdo haber realizado algunos estudios en la década del 60 sobre este tema, cuando decíamos que el elemento clave de la inflación era el tipo de cambio o la política cambiaria. En aquel momento, los organismos financieros internacionales afirmaban que debía llevarse a cabo una maxidevaluación para tener un «colchón», de forma que durante uno, dos o tres años no fuera necesario modificar la política cambiaria. Asimismo, decían que debía resolverse el tema del déficit fiscal, porque de esa forma se solucionaba el problema de la inflación. En realidad, con esas maxidevaluaciones se producía una brutal inflación; en los países en que esto se aplicó recuerdo el caso de Argentina y de Uruguay, a fines de la década 60, lo que ocurrió fue, precisamente, eso.

Por otro lado, se dice que si se cuenta con una base monetaria muy pequeña -porque hay muchos dólares en plaza-, dicha base corresponde al 3% del producto y el déficit fiscal alcanza el mismo porcentaje, será necesario emitir tres puntos del producto, o sea, el doble de la emisión actual; por lo tanto, la inflación será del 100%. ¡Cuántas veces hemos oído esto! Sin embargo, tampoco es cierto. En primer lugar, porque en el caso del Uruguay, se deja nada más ni nada menos que una moneda que se utiliza como medio de pago y no se cuantifica en ese 3% de la base monetaria. Estamos hablando de los dólares y no hay que olvidar que cuando se compra un campo, un auto, una casa o un producto de consumo duradero, se paga con esa moneda. Precisamente, esos dólares hay que tomarlos en cuenta en la base monetaria para ver qué déficit fiscal generaría un incremento de la emisión, porque ésta no sólo se hace en moneda nacional, sino en proporción a la cantidad de moneda que está circulando. Normalmente, todos estamos acostumbrados a tener algunos dólares en el bolsillo para realizar operaciones como las que mencioné. Técnicamente, en vez de usarse un M1 o un M2, habría que usar un tipo de M3 que tiene la moneda nacional y los dólares que circulan en plaza.

Por su parte, señor Presidente, en un momento determinado se pueden expandir los medios de pago, lo que ocurrió y aún ocurre en el Uruguay.

¿Cuál es nuestra preocupación? Concretamente, lo que nos preocupa es que entran capitales y el Gobierno, para que no caiga el tipo de cambio, compra moneda extranjera para tratar de mantener o fijar un tipo de cambio a cierto nivel. Desde hace unos años se está buscando la meta de no sobrepasar el 2% mensual. Ahora bien; se están comprando reservas, dólares y, obviamente, al realizar esta operación se está emitiendo y volcando medios a la plaza. Entonces, ¿qué ocurrió en los años 1992, 1993 y 1994? Se produjo una brutal expansión de consumo en el país, a tasas inusitadas; en 1992 fue del 14.5%, en 1993, del 9% y un porcentaje similar en 1994. Los niveles de consumo eran altísimos y por eso, en ocasión de discutirse la reforma de la seguridad social dije que el país, en vez de aprovechar las entradas de capital para invertir, simplemente las consume. Sin duda, en la tesis ortodoxa, la expansión de estos medios de pago y del consumo, produce una especie de «recalentamiento» de la economía lo que provoca una inflación brutal, precisamente, porque se incrementó la demanda con la expansión de los medios de pago. Si observamos las cifras nos daremos cuenta de que en el año 1992, cuando empieza este incremento del consumo, la inflación bajó del 102% al 68%; en 1993, pasó del 68% al 54% y en 1994 llegó al 44,7%, con una gran expansión de consumo y también de medios de pago, ya que se produjo un ingreso de capitales. En efecto, el crecimiento está muy vinculado a la entrada de capitales y al consumo de bienes. Quizás esto sea así porque lo que explica la inflación es la demanda y no el déficit del Estado. Existen algunos problemas tales como los costos y las expectativas. Precisamente, en los costos hay elementos muy importantes. Por ejemplo, en el Uruguay, la evolución del tipo de cambio es muy relevante en lo que tiene que ver con la inflación y con las expectativas. En España, en un momento determinado, hubo una brutal devaluación de la peseta que no se reflejó en inflación, porque se trata de un país con diferentes características que el nuestro. En realidad, resulta muy difícil generalizar en el tema de la inflación. Al respecto, podemos decir que es improbable que las inflaciones de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia o de Perú estén relacionadas entre sí. Reitero que se trata de casos específicos y hay que analizarlos individualmente. Al respecto, podemos decir que si un industrial, en un momento determinado, aumenta sus precios, no es porque tiene una gran demanda debido a que existe un déficit fiscal que generó la expansión de medios de pago. Normalmente, si el tipo de cambio está subiendo al igual que los costos de las materias primas y de los equipos; si la tasa de interés está a determinado nivel y suben los costos financieros; si las tarifas aumentan y por lo tanto también lo hacen los combustibles y la energía, y los salarios están indexados de acuerdo con estos precios, el industrial piensa que debe aumentar los precios y fijar un margen sobre esos costos. Generalmente, dicho margen se fija en función de las expectativas. Si cree que la inflación va a disminuir, pondrá un margen menor pero si, por el contrario, entiende que la inflación seguirá siendo alta, obviamente, fijará un margen más elevado. A mi juicio, esto no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Cuántas veces ocurrió en el país que un problema de sequía o de lluvias afectó la oferta de papas o de rubros de la misma naturaleza -que tienen bastante vinculación con la canasta básica de alimentos- y no se pudo importar de inmediato estos productos; ello provocó una oferta inferior a la demanda y, en consecuencia, los precios subieron. Por ejemplo, si en un momento determinado, por el Plan Real, los brasileños deciden comprar ganado en pie uruguayo, seguramente subirá el precio de ese ganado y, por lo tanto, también se incrementará el de la carne, lo que llevará a un aumento del costo de vida. Asimismo, si sube el precio del petróleo en el mercado internacional -dicho sea de paso, esa fue la causa por la cual la inflación en 1990 pasó de un promedio de 80% o 90%, al 129%-" ello tendrá mucho que ver con un aumento en las tarifas de los combustibles. Al respecto, en aquel momento, quizás por inexperiencia, se dijo que si ese aumento se producía, ello repercutiría en los precios. En realidad, parece que lo que aquí interesa es que no haya déficit y si aumentan las tarifas, se piensa que ello no produce inflación. No obstante, así ocurrió; se dio una imagen con un brutal aumento de tarifas en el mes de setiembre de 1990, lo que generó una expectativa en toda la actividad económica, por lo cual todo el mundo aumentó sus precios inmediatamente como consecuencia de esa señal política que daba el Poder Ejecutivo de aquel momento. En definitiva, todo esto depende siempre de las expectativas.

En lo personal, digo que el tema de fondo es dar la señal de que en el país el Poder Legislativo no va a generar gastos, cuando la oportunidad lo requiera, porque no hay que olvidar que en el Presupuesto la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo, salvo en lo que tiene que ver con los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, como el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, ANEP y la Universidad de la República, por ejemplo, que pueden presentar sus propios Presupuestos y ser votados por el Parlamento. Como dije, salvo en esos casos, es evidente que lo que se quiere mostrar es que el déficit del Estado es la causa de la inflación. Desde mi punto de vista, de acuerdo con el análisis que estoy realizando, eso no es correcto. Más aún; el déficit fiscal se plantea como el mal de todos los males y no sólo con respecto a la inflación. Aclaro que no soy partidario de que el déficit fiscal sea alto ni mucho menos y en el transcurso de la sesión me referiré a ese punto. En realidad, pienso que el déficit fiscal debe ser razonable, en función de determinados objetivos, atendiendo también la estabilidad económica. Hubo un período en el que el déficit fiscal no se consideraba relacionado con la inflación, sino que era el elemento por el cual se generaba la deuda externa en la década del 80.

Los organismos internacionales decían que el hecho de que el país por encima de sus posibilidades, de que la demanda interna exceda los recursos disponibles o haya exceso de inversión sobre ahorro, era la causa por la que el déficit fiscal incrementaba la demanda interna, generaba un déficit en la balanza comercial y también constituía la razón de ser de la deuda externa. Por lo tanto, todas las medidas estaban dirigidas a atacar el déficit fiscal.

Recuerdo que en 1984, junto al General Seregni, participamos de una reunión celebrada en Olivos con el entonces Presidente de la República Argentina, el Doctor Raúl Alfonsín, en la que también se encontraba presente, entre otras personas, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, nuestro gran amigo el Doctor Dante Caputto, quien nos decía que luego de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se permitía a la Argentina tener una inflación del 80% o el 90%. Y agregaba: «Estamos felices». ¿Por qué? Porque en ese caso, el tema no era la inflación; lo que importaba era que hubiera un superávit en la balanza comercial para asegurar el pago de los intereses de la deuda externa. Así, todo lo que tendiera a rebajar el gasto del sector público para que, a su vez, bajaran las importaciones, y a aumentar las exportaciones -allí sí había política cambiaria para impulsar esto- era lo que importaba, repito, a los efectos de tener un superávit en la balanza comercial que garantizara la transferencia neta de recursos.

Esto no tenía nada que ver con la inflación; es más; al Fondo Monetario Internacional no le importó absolutamente nada que la inflación en ese momento en la Argentina se ubicara o no en un determinado nivel ya que, reitero, su preocupación era el superávit en la balanza comercial.

Si el tema de la deuda se encara como si el punto principal fuese el déficit fiscal se está olvidando, nada más ni nada menos, que el aumento de tasas de interés que viene de 1979 por la política norteamericana, el deterioro de los términos de intercambio en la década del ochenta en América Latina -es decir, la peor en términos de intercambio en los últimos 150 años- la fuga de capitales que hubo, en particular, en la Argentina, en el Uruguay, en Venezuela y en México, el corte del financiamiento externo que hubo a partir de 1982, la compra de Carteras que hizo el Banco Central a las instituciones bancarias uruguayas en 1982 y 1983, que es el tema principal en lo que tiene que ver con su déficit. Pregunto qué tenía que ver el déficit fiscal con la compra de Carteras.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede proseguir el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - En 1984, cuando me encontraba en México, tuve que investigar cuáles eran las causas de la deuda en Centroamérica, porque se insistía en que ello tenía que ver con el déficit fiscal. En lugar de encontrar déficit fiscal, vi caída de los precios internacionales del café, del azúcar y del algodón, es decir, de los productos de exportación, y suba del precio del petróleo, que era un producto de importación. Precisamente, ahí teníamos el déficit en la balanza comercial; también había déficit en cuenta corriente, debido al aumento de las tasas de interés. Repito que no encontré déficit fiscal. Estos eran los elementos claves de Centroamérica en ese momento.

Al Brasil le sucedió algo parecido a principios de 1980, porque subieron las tasas de interés y el precio del petróleo, y cayó el precio del café. No recuerdo bien, pero admito que el Brasil pudo haber tenido un problema de déficit fiscal. Entonces ¿qué sucedió? Que vinieron los acuerdos con los organismos financieros internacionales para poder renegociar la deuda y la idea principal era rebajar a la mitad el déficit fiscal. Si un país tenía 12% de déficit, se le pedía que lo bajara a 6% en un año; si tenía 6%, que lo llevara a 3%; si tenía 3%, que lo bajara a 1,5%, etcétera. Sinceramente, digo que nunca vi en libro de texto alguno por qué en un año había que bajar a la mitad el déficit fiscal. De todos modos, el tema era el déficit fiscal.

Por supuesto, que bajar en un año un déficit de 12% a un 6%, de 6% a 3% o de 3% a 1,5%, significaba bajar considerablemente las inversiones públicas -podemos estar hablando, inclusive, de gastos sociales- las remuneraciones y el gasto social en general, con lo cual, lamentablemente, los países latinoamericanos pagamos en exclusividad -este es otro tema que sé no tiene nada que ver con el que estamos considerando- los costos de la deuda en la década de los ochenta.

Digo más: creo que el tema del déficit fiscal, que ha sido atacado permanentemente a nivel internacional -no sólo se trata del caso del Uruguay y por eso entiendo que está estrechamente vinculado a lo ideológico- es parte de un ataque más general al Estado. El que está jaqueado en el mundo hoy es el Estado. Esta es una corriente predominante en los organismos financieros internacionales y, sobre todo, en los medios de comunicación. Todos sabemos que hay una tendencia a limitar al Estado como productor y a privatizarlo. Algunas cosas pueden ser correctas y otras no; pero hay un aspecto ideológico que es el importante. Se dice que al Estado acumulador, porque le saca fondos al sector privado; no al Estado orientador, porque afecta al mercado y éste es el que está en condiciones de poder asignar en forma óptima los recursos.

Me preguntaba cuando estábamos considerando la reforma al sistema de la seguridad social quién hace la protección social para asegurar grados de igualdad en un proceso democrático. Por ejemplo, en el Japón el gasto del Estado es muy bajo, porque la protección al trabajador y a su familia está a cargo de la empresa en la que el obrero trabaja, prácticamente, de por vida; en los Estados Unidos, básicamente la tarea es encarada por la comunidad y en un porcentaje menor por el Estado, y en Europa la protección social corresponde al Estado. Entonces, el Uruguay es pionero en la materia, porque en Europa se comienza a hablar del estado del bienestar después de la Guerra Mundial, y nosotros vivimos esta experiencia en las tres primeras décadas de este siglo.

No estamos hablando de un tema menor. Asumir la protección social significa gastos, y también que el Estado apoye la investigación e incorpore ciencia, tecnología e innovaciones en las empresas. Hay que ayudar a las empresas a innovar y a tener creatividad; pero repito que eso significa gastos. Uno podría preguntarse cuál es el límite del gasto del Estado, cosa que tampoco se puede demostrar con nitidez en los libros de texto. Podría decirse que es un disparate que el gasto llegara al 90% del Producto Bruto Interno, puesto que hay que recaudar y para ello debe haber producción material, agricultura, industria, construcción, servicios, etcétera. Hay que recaudar de algún lado; tiene que existir alguna proporción.

Tengo en mi poder el último informe del Banco Mundial correspondiente al año 1994, que incluye cifras de 1992. De acuerdo con los datos manejados aquí, el Uruguay tenía en ese año un 28,7 de gastos sobre el Producto Bruto Interno; Portugal, 44,3; Irlanda, 47; Nueva Zelandia, 38; Israel, 45; España, 34; el Reino Unido; 39; Italia, 51; los Países Bajos, 52,8; Bélgica, 50; Finlandia, 39; Francia, 45; Austria, 39; Noruega, 46; Dinamarca, 42 y Suecia, 47. De manera que existe una enorme cantidad de países en los cuales hubo un estado de bienestar y donde el gasto es prácticamente el doble que el del Uruguay. Frente a esto nos preguntamos cuál es el límite o el paradigma de este gasto, para poder determinar qué hacer con una situación de esta naturaleza. Por supuesto, no propongo imitar a Italia, país que en este momento tiene sus problemas, así como también un déficit superior al 10% de su Producto Bruto Interno. Tampoco trato de copiar a otros países; tal vez en otras épocas Suecia podría haber sido un paradigma para un Estado como el uruguayo.

Durante la discusión del tema de la seguridad social, he escuchado en Sala que en Suecia se habla sobre el Uruguay -lo cual es cierto- en términos terribles, dogmáticos e ignorantes, que desconocen la forma total y absoluta la realidad de nuestro país, en los que se responsabiliza desde la década del sesenta al Estado y a sus gastos de todo lo que sucede nos sucede. En ese sentido, el nivel de interpretación del Uruguay es sectorio y menor. Este tema fue difundido porque para nosotros, los uruguayos, un país con cierto grado de provincialismo, tenía trascendencia el hecho de que en Suecia se nos mencionara. En realidad, lo que ocurre es que en Suecia los neoliberales aprovechan la situación para dar una interpretación absolutamente equivocada del caso del Uruguay.

Hace unos días me llamó un amigo que vive en Costa Rica y me comentaba que allí permanentemente se está poniendo el ejemplo del Uruguay. De manera que nuestro país constituye un mal ejemplo en el mundo por la intervención del Estado. Por supuesto, considero que al Estado hay que transformarlo -no tengo ninguna duda sobre ello- aunque su gasto no debe ser cualquiera, sino que tiene que ser razonable y debemos analizarlo. Pero no acepto la posición ideológica de que necesariamente es el responsable de todo y que, por lo tanto, debemos reducir sus gastos.

Por otra parte, si observo el caso de Chile, del que tanto se habla, con un fuerte crecimiento en la mayor parte de la década del ochenta, el gasto del Estado era del 33%. Sin embargo, el gasto del Estado no era considerado un problema, a pesar de que estamos hablando de un 33%. Tampoco quiero cualquier déficit fiscal, sino que éste debe ser razonable. Podrá ser del 1%, el 2% o el 3%, pero debemos estudiarlo.

No me parece sano políticamente -como se presenta aquí- que se dé prioridad o se centralice y se tome como piedra angular de la política económica, el hecho de atender el déficit del Estado. El tema de fondo tiene que ver con el estado de bienestar, al que hace unos instantes mencionaba a nuestro país como pionero. Pero incorporaría algo más, porque tiene mucho que ver con la ideología que en este momento está viviendo el mundo: John K. Galbraith, Economista norteamericano, asesor de Kennedy y Embajador en la India durante su Gobierno, decía que de alguna manera se pasó de una especie de capitalismo salvaje a una especie de capitalismo más civilizado y de estado de bienestar por la existencia del mundo socialista. En la época de los años cincuenta y sesenta había una competencia con el mundo socialista que obligó a Europa Occidental a efectivizar este estado de bienestar que hoy continúa existiendo y tanto se discute en el mundo desarrollado.

También creo que además de esta problemática económica e ideológica, hay una problemática política; pienso que es así. En el día de hoy los señores Senadores Korzeniak y Posadas Montero, llegaron a la conclusión de que todos los partidos políticos son responsables de que el Poder Ejecutivo haga gastos de más, así como de que el Poder Legislativo autorice gastos que no debería. Frente a esto, estimo que una de las cosas que no son menores en este tema, es cómo gasta el Estado. Hace unos días, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el señor Juan Berchesi, dijo claramente que no existe ninguna reforma de la seguridad social que pueda funcionar si no hay un cambio en su gestión; de manera que lo que debemos modificar es la gestión. Agregó que en esto éramos todos responsables, después de lo cual se mostró muy contento.

Me pregunto, ¿a quiénes se refería cuando hablaba de todos? Hasta donde yo sé, el Frente Amplio nunca dirigió el Banco de Previsión Social, institución que tiene problemas de gestión desde hace por lo menos cuarenta años. La responsabilidad cabría más a aquellos directorios políticos del «tres por dos», que hacían política de clientelismo, ya sea con el ingreso y remuneraciones de los funcionarios o con las jubilaciones y pensiones que otorgaban en ese entonces. Esto demuestra que la responsabilidad no es de todos.

Ahora vemos que el presupuesto no alcanza, por las viejas rentas que se obtenían ya no se logran y que, por lo tanto, debemos reducir el gasto del Estado, razón por la cual considero que es imprescindible eliminar, cambiar y transformar la política de clientelismo. Pero, repito, esto no es responsabilidad de todos, sino de una parte del sistema político. ¡Ojalá podamos modificar la cultura de hacerle pagar siempre al Banco de Previsión social la existencia de problemas en nuestro país! Muchas veces, planteé el caso en el cual si una institución tiene dificultades, lo que se hace es jubilar a una parte de su personal, de manera que pague parte el Banco de Previsión Social, pero sin tener presente el tema de los recursos. Lo mismo ocurre cuando una empresa está en problemas; se autoriza a que no haga sus aportes por un tiempo.

Como se constata siempre, hay una especie de cultura de afectar a la seguridad social, así como a muchas empresas del Estado. Si bien queremos mejorar en cuanto a competitividad, recargamos a las empresas del Estado en el área de seguridad social dos puntos más de aporte patronal. Después decimos que las empresas del Estado son ineficientes, cuando nosotros mismos -aunque yo no lo voté- incrementamos en dos puntos el aporte patronal, el que después será trasladado al costo de las tarifas. Esto es así porque, de alguna manera, hay una cultura que dice que si afectamos al Estado no importa, porque todo lo que éste hace es vicioso, mientras que todo lo que hace el sector privado, es virtuoso.

En lo que me es personal, el mundo no es tan blanco ni tan negro, sino que es más gris. A modo de autocrítica, quiero decir que tal vez en la década del sesenta sostenía equivocadamente lo contrario. Realizo esta autocrítica con mucho gusto; claro que sí. En ese momento me imaginaba que había un Estado que funcionaba en forma ideal, como muchas veces acá se considera al sector privado. Obviamente el Estado no funciona para nada en forma ideal, así como tampoco lo hace el sector privado porque, si no fuera así, no tendríamos los problemas existentes en la industria pesquera, en la frigorífica y en tantas ramas de la actividad económica, donde la responsabilidad del empresario no es menor.

Por lo tanto, considero que el problema es también político y, por ello, se planteó la discusión.

En ese sentido, se pretende dar una señal y creo que es así, porque lo que está detrás es la ideología de que todo lo que el Estado realiza es malo. En otras palabras, se nos dice que paremos el Estado, así como a todas aquellas instituciones que le dan fuerza. Desde ese punto de vista la señal sería muy positiva para el sector privado, pues los agentes financieros pueden pensar que el Poder Legislativo dio demostración de ello, cuando en realidad debería discutir y estudiar esta situación.

Hoy escuchaba por la radio a un Representante del Partido Nacional que decía que hace cuatro meses que integra el Parlamento y quiere debatir los problemas existentes, por ejemplo, el empleo juvenil y el desempleo en general, temas que no son menores. Probablemente, junto con la reforma educativa, sean dificultades más importantes para el futuro del Uruguay que el propio déficit del Estado, que tiene que ser tratado de manera absolutamente razonable y no con esta fuerza y el énfasis que se le está dando en este momento.

Señor Presidente: durante mis vacaciones leí un libro de otro Economista norteamericano, Albert Hirschman, que hace referencia a lo que él denomina el pensamiento reaccionario en términos históricos. Dice que éste, en el Siglo XVIII estuvo en contra de la defensa de los ciudadanos que obtenían libertades y derechos civiles; en el Siglo XIX se opuso a la defensa del ciudadano o en cuanto a sus derechos políticos, ya que estuvo en contra del sufragio universal, así como también lo hizo en el Siglo XX al oponerse a los derechos sociales y económicos de los ciudadanos que se han venido consiguiendo a través del estado del bienestar. Repito que el pensamiento reaccionario también estuvo en contra del estado del bienestar. Estoy utilizando la expresión «reaccionario» porque es, exactamente, el título del libro al que hice referencia. Además, lo interesante del libro es que los argumentos son relativamente similares cuando ataca los derechos civiles, políticos o sociales de los ciudadanos.

Creo que de alguna manera, hay preocupación por el gasto del Estado que tenemos que transformar. ¿Qué en muchos lados hay que bajarlo? Claro que sí. ¿Cómo vamos a estar a favor de que todavía, en agosto de 1995, no sepamos cuántos fueron los ingresos de funcionarios públicos en el año 1994? Sin embargo, no lo sabemos porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas todavía no dio esa información, así como tampoco lo hicieron las Intendencias. Al parecer, van a ser más de 15.000. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo, señor Presidente, en votar una indemnización para el retiro o la jubilación de funcionarios públicos que sobraban, y después incorporar la misma cantidad de gente?

Entonces, por supuesto que tenemos que transformar al Estado, pero también tenemos que tener en cuenta que hay gastos -que podríamos denominar «despilfarro»- que tienen que ver con motivaciones políticas. Por lo tanto, desde este punto de vista, siento que también es bueno que hagamos una discusión de esta temática, aunque la podemos postergar para cuando realicemos una reforma del Estado.

Por otra parte, creo que el Estado es básico, por lo menos para una cosa: para que exista igualdad; porque en el mercado no la hay y el Estado es fundamental para esto. Si el Estado es fundamental para la igualdad, lo es también para la democracia, porque para que haya realmente consolidación de la democracia, los elementos de igualdad y de justicia son centrales junto -sin duda alguna- con la libertad. Pero para que el Estado haga esto, en el fondo depende de saber de qué Estado estamos hablando, de su naturaleza, de su representatividad y de qué grado de autonomía relativa. Digo esto, porque una cosa era el Estado de las décadas del 10 y del 20, que tenía cierto grado de autonomía relativa y con una determinada ideología, y otra es la de esta década que estamos viviendo. Esto, sin ninguna duda, es base de otra discusión y no lo voy a plantear en este momento. Sin embargo, vale la pena que, cuando hablamos del Estado sepamos de cuál estamos hablando, es decir, de su representatividad, de si es fruto de la relación de fuerzas y de su relativo grado de autonomía. Debemos saber todo esto para poder entender, realmente, qué es lo que hay detrás de un Proyecto de Ley que, sin ninguna duda, es mucho menor a todo el planteo que he realizado.

SEÑOR GARAT. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Quería hacer una pregunta porque, en realidad, mi capacidad no me permite seguir el elevado vuelo intelectual del señor Senador Couriel y a esta altura del debate no sé de qué temas estamos hablando. Tampoco sé qué Proyecto de Ley estamos analizando y estoy totalmente confundido. Sin embargo, quiero volver al Proyecto de Ley, humilde en su concepción filosófica, que hemos firmado y que está a consideración. En este sentido, lo que no me quedó claro de las muchas ideas que expuso el señor Senador Couriel -por lo que le pido que me las aclare- es si él es partidario del déficit fiscal y de que el Parlamento lo vote, teniendo en cuenta la aclaración que ha hecho y que he comprendido sobre el alcance de dicho déficit. En este Proyecto que estamos analizando el señor Senador Couriel, ¿es partidario de que se permita votar presupuestos o gastos con déficit, sin financiación o hay déficit buenos y malos que hasta cierto nivel pueden ser útiles y otros no? Porque, en definitiva, lo que queremos proponer es, como se ha dicho, una conducta, no política, sino aquella que lleve adelante una administración del país en la que todos tenemos responsabilidades. Conducta que quizás, con una idea conservadora, podría ser aquella que dice que conducir un país o una empresa pública es un poco llevar adelante la administración que vive en permanente déficit, me gustaría que me explicaran cómo se puede vivir en esa situación y desarrollarse sin pagar esos déficit.

Entonces, la pregunta concreta que quiero hacer es si el señor Senador Couriel es partidario o no de que haya déficit y de que el Parlamento vote leyes sin recursos. En definitiva, de eso trata el Proyecto de Ley que estamos analizando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: creo que tenemos un proyecto con media sanción de la Cámara de Representantes y con algunas modificaciones por lo que solicito que se trate como urgente, puesto que estamos a siete minutos de terminar la sesión y que, además, se prorrogue la hora al solo efecto de considerarlo.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con la moción formulada por el señor Senador Batlle, correspondería votar el carácter de urgente para el Proyecto de Ley que está a consideración, así como también la prórroga de la hora, solicitada al solo efecto de considerar esta urgencia. Esto significa que en la sesión de mañana continuaríamos con la consideración de este Proyecto para lo cual ya está inscrito el señor Senador Sarthou.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se prorroga la hora de finalización de la sesión a los únicos efectos de considerar la moción de urgencia.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar si se considera como urgente el Proyecto de Ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de técnicos y aeronaves integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, que cuenta con modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: quiero señalar que sólo me resta dar una respuesta, que es muy sencilla, a las preocupaciones manifestadas por el señor Senador Garat.

En primer lugar, debo indicar que en mi exposición un tanto larga -como bien lo señaló el señor Senador Garat- he tratado de demostrar que el déficit fiscal no es el responsable de todos los males.

En segundo término, deseo precisar que el déficit fiscal poco tiene que ver con las causales de inflación en el caso del Uruguay, al menos en los últimos treinta años.

Por otra parte, es dable significar que se lo ha usado ideológicamente para decir que era la causa de la deuda, del sub-empleo y de la pobreza; en ese sentido, he realizado esfuerzos para demostrar que eso no es así.

Asimismo, hay que tener en cuenta que si soy partidario de que haya o no déficit fiscal, depende de la circunstancia y del momento que ello ocurra. Al respecto, se debe actuar de una manera razonable, si consideramos, por ejemplo, lo que sucedió en Europa, que se fijó un límite de tres puntos del Producto Bruto Interno y, no obstante, vive. Entonces, ¿qué es lo razonable para el Uruguay? ¿Acaso ese límite deberá ser de tres puntos, dos puntos y medio o dos? De todos modos, no me asusta que haya déficit fiscal, porque esa situación necesariamente no va a traer los males que se supone están detrás de dicho déficit.

Sin embargo, el señor Senador Garat ha expresado algo que es correcto. Precisamente, él manifestaba que si había un déficit, algún día habría que pagarlo; y tiene razón. Para citar un caso, si me ubico en el año 1995 y digo que mi inquietud central es el déficit fiscal, mi análisis al respecto significará despreocupación de lo productivo, del empleo o de otras variables que, a mi juicio, son fundamentales. Entonces, si me situó en 1995, le diré que mi preocupación, con tres puntos del déficit fiscal -que fue el de 1994, y por otros motivos en los que no me voy a extender en este momento- no me asusta, no me inquieta y, por el contrario, trataría de bajarlo con el crecimiento del Producto Bruto Interno.

Por esas razones, debo aclarar que en la propuesta que presenté sobre seguridad social, señalaba que este tema implicaba un problema económico, institucional y legal. Es más; decía que el gasto hay que atenderlo, por lo que es posible que haya llegado el momento de elevar las edades de retiro en el Uruguay, pero los recursos los debo obtener proporcionando empleo.

En consecuencia, el tema central es cómo estimular la inversión productiva para generar empleo, así como también la implementación de políticas específicas en ese sentido. Digo esto, porque con un mayor índice de empleo se puede financiar la seguridad social e, incluso, da superávit. Esas son mis proyecciones que responden, a mi entender, que responden, a mi entender, a un tema vital para el Uruguay. De manera que cuando la economía se reactive, crezca productivamente y dé empleo, no habrá más déficit fiscal. Reitero que esto será posible porque, como ese crecimiento me da superávit, habrá ingresos suficientes para atender la problemática de gasto social, que también debe tener límite; por supuesto que tiene que haberlo. Por esa razón, incluí las cifras internacionales, sin pretender llegar a las de Suecia ni mucho menos; pero, insisto, no me asustan los datos actuales de nuestro país. Sin embargo, ésta ha sido una Nación que tenía una variable central y vital en el modelo económico que se instauró en 1974 -puedo estar en contra y tener diferencias con sus características- que defiendo, ya que en esa fecha se empezaron a incrementar brutalmente las exportaciones -hecho que el país pudo constatar y comprender que era capaz de vender productos manufacturados- pero me atemoriza cuando advierto que la política que se está aplicando hace tres o cuatro años está afectando las exportaciones de productos manufacturados. No tenga ninguna duda el señor Senador Garat que me preocupa mucho más esa situación que el déficit fiscal, porque en ella radica el futuro del Uruguay, el crecimiento y la chance de mejorar la capacidad de empleo, que tanto inquieta a los señores Senadores.

Es cuanto quería manifestar.

17) EJERCITO DE BUSQUEDA Y RESCATE. SAR. Autorización del ingreso a territorio nacional de técnicos, aeronaves e integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el Proyecto de Ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de técnicos, aeronaves e integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América para realizar ejercicios de búsqueda y rescate. (Carp. Nº 208/95 - Rep. Nº 69/95 Anexo I).

(Antecedentes:)

«La Cámara de Representantes, en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Autorízase el ingreso al territorio nacional de cuarenta y cinco integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América y de dos aeronaves Hércules C-130, a efectos de participar en los Ejercicios de Búsqueda y Rescate (SAR), los que se realizarán entre los días 10 y 25 de setiembre de 1995, lapso en el cual se autoriza la presencia de los mencionados efectivos extranjeros en nuestro país.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de agosto de 1995.

Guillermo Stirling

Presidente

Martín García Nin

Secretario»

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el Proyecto.

(Se lee)

-La Mesa quiere aclarar que se trata de un Proyecto de Ley venido de la Cámara de Representantes, al que se le han introducido modificaciones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan dichas modificaciones.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el Proyecto de Ley que se comunicará al Poder Ejecutivo).

(No se publica el texto del Proyecto de Ley aprobado por ser igual al considerado).

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 1 minuto, presidiendo el Doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gutiérrez, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Laguarda, Pereyra, Posadas Montero, Ricaldoni, Sanabria, Sarthou y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente0

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sr. Carlos E. Moreira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.