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N° 36 - TOMO 368 - 8 DE AGOSTO DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

35ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Régimen de la Seguridad Social. Modificaciones. Proyecto de Ley

- Continúa la discusión particular. Intervenciones de varios señores Senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

5) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 7 de agosto de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana martes 8, a la hora 15, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión particular del Proyecto de Ley por el que se introducen modificaciones al Régimen de Seguridad Social.

(Carp. N° 198/95 - Rep. N° 76/95 y Anexos I, II, III y IV)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Olascoaga, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, el señor Senador Andújar.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 15 y 14 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 8 de agosto de 1995.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por el señor Senador Rafael Michelini relacionada con la campaña de recolección de fondos que realizan las Comisiones de Colaboración Policial.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador.

La Cámara de Representantes comunica que fueron electos para integrar la Comisión Permanente que actuará durante el Primero Período Ordinario de la XLIVa. Legislatura, los señores Diputados titulares Daniel Arena, Dimar Larroque, Julio Lara, Gustavo Penadés, Carlos Baráibar, José Bayardi y Felipe Michelini y como suplentes respectivos a los señores Diputados Yamandú Fau, Daniel García Pintos, Juan Carlos Raffo, Jorge Chápper, Jorge Orrico, Enrique Rubio y Ricardo Falero.

-Téngase presente".

4) REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. Modificaciones. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde continuar la discusión particular del Proyecto de Ley por el que se introducen modificaciones al Régimen de Seguridad Social.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Señor Presidente: debo expresar que, en estos momentos, de manera informal, está funcionando una Comisión que, diría, está ajustando la redacción de los artículos que faltan aprobar del Proyecto de Ley que estamos considerando. A los efectos de que todos los señores Senadores puedan tener sobre su mesa un repartido sobre ese trabajo final, propongo que el Senado realice un cuarto intermedio de 15 minutos hasta que los integrantes de la mencionada Comisión puedan ingresar a Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 15 y 30 minutos.

(Es la hora 15 y 15 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizado el cuarto intermedio, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16 y 1 minuto)

-Continúa la discusión particular del Proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: sólo deseo plantear una constancia, por lo cual no voy a solicitar la reconsideración de la norma que voy a mencionar a fin de no hacer perder tiempo al Cuerpo puesto que, además, del resultado de su votación surgió una muy amplia mayoría en favor de la fórmula propuesta por la Comisión. Me estoy refiriendo al artículo 140 que fue aprobado el día viernes en momentos en que no me encontraba en Sala en virtud de que, como había anunciado, debí retirarme a la hora 20 y la sesión continuó hasta las 21. En ese lapso se aprobó este artículo con una muy amplia mayoría.

En la consideración del artículo anterior, al que también hace referencia el 140, se produjo una discusión sobre el fondo de la cuestión a que alude la última norma citada cuando establece la garantía del Estado mencionada en los artículos 122 y 139 de esta iniciativa que, como dice el artículo, sólo será aplicable a las entidades de propiedad estatal. Es decir que las entidades privadas que van a surgir como consecuencia de este Proyecto de Ley y que van a recibir dinero de los ahorristas y de los futuros jubilados, no tendrían la garantía del Estado.

Esta mañana leí la discusión que se produjo en dicha sesión en la cual el señor Senador Posadas Montero comparó esto con la situación en que se encuentran aquellos ahorristas que en nuestro país tienen la opción de elegir la Banca oficial o la privada. Es cierto que no se ha establecido expresamente la garantía del Estado en ese caso, pero debemos reconocer que, en los hechos, ello ha funcionado.

En mi opinión, el asunto tiene mucha entidad e incluso había elaborado una norma sustitutiva con la colaboración y la aprobación de la señor Ministra de Trabajo y Seguridad Social. Visto el resultado de la votación y la amplia mayoría lograda para mantener el texto del artículo 140 en la redacción dada por la Comisión, no voy a solicitar su reconsideración.

Simplemente, quiero dejar constancia de que hubiera preferido mantener para ambos casos, tanto para las entidades oficiales como para las privadas, la garantía del Estado.

En ese sentido, dejo constancia de que, de haber estado presente en Sala, no hubiera votado ese artículo y hubiera propuesto una nueva redacción que estableciera la garantía del Estado también para las entidades privadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la sesión pasada terminamos votando como aditivos tres artículos que establecen el sistema de cobertura mutual y que no son los números 187, 188 y 189.

Por consiguiente corresponde poner en consideración el texto del artículo 187, que ahora pasa a ser el N° 190 y que se refiere al Texto Ordenado.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 190. (Texto Ordenado).- Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un Texto Ordenado sobre las disposiciones vigentes en materia de previsión social, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente Ley".)

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: pienso que estamos frente a una norma que, de alguna manera, es inútil porque el Poder Ejecutivo puede hacerlo sin que una ley le ordene elaborar un Texto Ordenado.

En mi opinión, debe quedar claro que ese Texto Ordenado no tiene jerarquía jurídica de ley. Digo esto a fin de que posteriormente no se generen equívocos legales, como uno que sucedió hace poco en el cual se modificaba un Texto Ordenado mediante una ley en vez de modificarse las propias leyes. Pediría que se aclare que dicho Texto Ordenado debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo y, si se desea que tenga valor legal, se lo debe remitir al Poder Legislativo para que lo apruebe como tal. De otro modo se volvería a incurrir en una heterodoxia jurídica compleja. Debe tenerse en cuenta que por esta norma lo único que se hace es establecer un plazo con respecto a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de dictar un Texto Ordenado. ¿pero esto significa, acaso, que dicho Texto Ordenado tiene valor de ley? Pediría que ello fuera aclarado por el Miembro Informante, a efectos de saber si va a ser votado o no.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- La finalidad que se persigue con este Texto Ordenado es la misma que se busca en otros órdenes y disciplinas jurídicas como, por ejemplo, la impositiva. Esa es la única finalidad y no la de que tenga jerarquía de Ley.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Voy a manifestarme en el mismo sentido que el señor Senador Korzeniak. Recuerdo que cuando se discutió el ajuste fiscal se planteó este tema en virtud de que se realizaban citas del Texto Ordenado que, en realidad, no eran correctas porque, en todo caso, se debía hacer referencia a las disposiciones de las leyes que se habían utilizado y yuxtapuesto en el propio cuerpo del Texto Ordenado. En su momento eso fue comentado.

De todos modos, pienso que debería existir una coordinación legislativa realizada por el Parlamento. El Texto Ordenado, es, evidentemente, un material de utilidad práctica pero, al ser elaborado por el Poder Ejecutivo supone una interpretación jurídica sobre las leyes, que sólo puede ser efectuada por el Legislador. Voy a votar en contra de esta norma porque pienso que debería existir una coordinación legislativa a fin de que el texto que resultara aprobado tuviera el valor de una Ley y que la conexión o derogación tácita de uno u otro texto resulte de una actividad legislativa y no de una delegación al Poder Ejecutivo que, en definitiva, implicaría la delegación de un papel típicamente legislativo. En lo personal, me consta que no es una Ley. Ahora, ¿se trata de una coordinación de texto legales efectuada por el Poder Ejecutivo, en la cual se interpreta que determinado artículo rige en lugar de otro? Eso sólo lo podría decir el Legislador. A nosotros nos resulta muy práctico contar con un texto unificado pero, en realidad, debería tratarse de un texto legislativo unificado más que de uno elaborado por el Poder Ejecutivo. Por esa razón, no vamos a votar esta disposición a pesar de la necesidad de contar con un texto común que vendría a ser como un código en materia de jubilaciones.

SEÑOR MALLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO.- Deseo aclarar que los conceptos vertidos por los señores Senadores Korzeniak y Sarthou son exactos en cuanto esto es, meramente, una compilación de disposiciones. Aunque todos sabemos que la historia de la Ley tiene valor relativo, según la escuela a la que esté afiliado el intérprete, le hubiera hecho el siguiente agregado al artículo: "Las disposiciones compiladas tendrán la calidad jurídica que por su sustancia y procedimiento de elaboración le correspondan". Es decir, que si se compilan y se pone una Ley al lado de un Decreto, éste mantendrá su calidad de tal y no la cambiará por estar en el Texto Ordenado. En definitiva, lo que se establezca en el Texto Ordenado mantiene sus características originales.

SEÑOR SARTHOU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MALLO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Estoy de acuerdo con lo que sostiene el señor Senador Mallo sobre la naturaleza jurídica de la norma. En cuanto a la conformación del Texto Ordenado supone una cierta operación de coordinación y armado de las leyes que, evidentemente, es una facultad que tendría que ser del legislador. Si se tratara, simplemente, de una tarea mecánica, sería entendible; pero hay una sustitución del Legislador porque, inclusive, al considerar que una queda derogada y otra no, se estaría haciendo una operación jurídica que el Poder Ejecutivo no podría llevar a cabo, porque no es de su competencia, por la vía de la redacción del Texto Ordenado, hacer una interpretación jurídica de las leyes.

Repito que creo que el agregado del señor Senador Mallo aclara la naturaleza jurídica del artículo, pero este tema me sigue creando dudas, porque después sucede que hay leyes que se remiten o bien citan el Texto Ordenado, en lugar de citar las disposiciones que fueron compiladas en él. Entiendo que esto crea una verdadera subversión desde el punto de vista jurídico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Mallo

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MALLO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: creo que la intención de este artículo es que exista, con unidad documental, un lugar donde se puedan leer todas las disposiciones vinculadas a la previsión social. Me parece que eso es muy útil; sin embargo, entiendo que quien lo debería hacer es el propio Parlamento, porque está en condiciones de hacerlo. Para ello, debería nombrar una Comisión, en un plazo determinado, ya que cuenta con Técnicos y Abogados entendidos en la materia que podrían redactar el Texto Ordenado y someterlo al Parlamento. Así, la intención se cumpliría de la misma manera.

Me permito señalar que, hace un tiempo, se cometió una desprolijidad técnica cuando se votó la Ley de Ajuste Fiscal, al modificarse artículo de un Texto Ordenado, por esta costumbre que se ha ido imponiendo. En ese sentido, puede ser que el Poder Ejecutivo disponga de más medios electrónicos que el Parlamento, pero no creo que cuente con más cabezas jurídicas, como para poder hacer un Texto Ordenado. En definitiva, los órganos normales del Parlamento no iban a ser los que se dedicaran a esta tarea que, como ya expresé, la podría llevar a cabo una Comisión determinada.

En última instancia, este artículo tiene el sentido de una especie de Código de la Previsión social, como carácter documental. Por lo tanto, ya que se realiza, que se efectúe con un valor jurídico indiscutible.

Agradezco la interrupción que me ha concedido el señor Senador Mallo y estoy de acuerdo con él en cuanto a la naturaleza jurídica del artículo. Sin embargo, me pregunto dónde está la utilidad. Quizás sea en poder encontrar una norma; pero si nos queda la duda de si está bien ubicada o interpretada, en última instancia, la utilidad jurídica sería muy escasa. Por esta razón, creo que se podría establecer que el Poder Legislativo preparará, en un plazo determinado, el Texto Ordenado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Mallo.

SEÑOR MALLO.- Si no estoy equivocado, las comparaciones, en general, no son muy exactas. Algo de eso ocurrió cuando se decidió poner, en un texto único, las modificaciones del Código Civil. Pero, antes de tomar una decisión, la sola circunstancia de incorporar dichas modificaciones al texto, fue objeto de una Ley elaborada por una Comisión del Poder Ejecutivo que, luego, fue aprobada por el Parlamento, con alguna modificación que le pareció oportuna.

No hago una cuestión fundamental de esto; simplemente, quiero decir que hubiera sido mucho más útil que se hubiera establecido, exactamente, lo que parece ser el criterio unánime del Senado, es decir, que esto no cambia la naturaleza y que tiene la finalidad, que señaló el señor Senador Korzeniak, de unificar las disposiciones vigentes en materia de Previsión Social, a los efectos de facilitar su búsqueda.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 187, que para a ser 190.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

En consideración, el artículo 188, que para a ser 191.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 191 (Derogaciones).- Deróganse todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto por la presente Ley".)

-La Mesa hace contar que hay otro artículo que establece una derogación especial, correspondiente al artículo único de la Ley N° 16.673, firmado por el Miembro informante. En ese sentido, preguntamos si podría incluirse como segundo inciso.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Habíamos solicitado que el inciso propuesto fuera el primero, y el que viene de la Comisión el segundo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces el artículo 191 quedaría redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 191. (Derogaciones).- Derógase la Ley N° 16.673, del 13 de diciembre de 1994, sin perjuicio de los derechos adquiridos por quienes se hayan amparado a esta disposición legal.

Deróganse todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto por la presente Ley".

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- De acuerdo con la pesquisa que hicimos, porque recibimos el aditivo de este artículo sin una fundamentación, parece bueno que la opinión pública sepa de qué se trata. Entonces, en virtud de lo que hemos investigado, a través de las disposiciones citadas -como el artículo se refiere a la Ley y no al contenido de la derogación- le pediría a los proponentes que lo aclaren. Aquí se estaría derogando el derecho, establecido por Ley, a gozar del seguro de paro o del subsidio que, durante un año, le permite a los Legisladores que tienen causal jubilatoria cobrar el 85% del sueldo en actividad. En ese sentido, por una Ley votada en esta fecha -que es lo que ahora se pretende derogar- se estableció que la causal jubilatoria recién se configura cuando se termina de cobrar dicho subsidio.

Aclaro que me parece bien la derogación y, si bien no voté la Ley respectiva, entiendo que la opinión pública debe saber de qué se trata.

He escuchado -y solicito una aclaración, en caso de estar equivocado- que, de alguna forma -incluso, la disposición tal como estaba redactada lo daba a entender- se dificultaba la adquisición de la causal por parte de algunas personas, porque no se configuraba en el cese de actividad, sino en el momento del cobro del subsidio. Es decir, trasladaba la fecha de generación de la causal al tiempo final del cobro del subsidio. De esa forma, de pronto, una persona no podría configurar la causal en un tiempo determinado.

Aclaro que, simplemente, estoy razonando en voz alta. Por lo tanto, solicito que se nos explique y fundamente esta disposición.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: hemos intervenido en el tratamiento de esta norma, prácticamente, sólo a través del voto.

Este artículo -que de acuerdo a la última numeración manejada por la Mesa, debería llevar el número 188- establece lo siguiente: "Derógase a partir de la fecha de sanción de la presente Ley, el artículo único de la Ley N° 16.673 del 13 de diciembre de 1994, sin perjuicio de los derechos adquiridos por quienes se hayan amparado a esta disposición legal".

La Ley N° 16.673 interpretó la causal jubilatoria prevista en la Ley N° 15.900 y se dispuso que se considerara configurada cuando el Directorio del Banco de Previsión Social resolviera el otorgamiento de la pasividad. Esto significa que lo que se efectuó por medio de esta disposición -al disponer la derogación a partir de la sanción de la Ley que estamos considerando, es decir, el artículo único de la Ley N° 16.673- es derogar la interpretación que allí se realizó, es decir, la afirmación de que se considerara configurada en el momento en que el Directorio del Banco de Previsión Social resuelva el otorgamiento de la pasividad.

Del caso es señalar que esto tiene que ver con el tema relativo al subsidio que se les paga a quienes desempeñan cargos políticos de confianza, Legisladores, etcétera, cuando cesar en los mismos. Más allá de la referencia precisa que se establece en esta Ley -y que deseo vincular con el contenido del artículo 16 de esta norma que según creo, está suspendido en la actualidad ya que, oportunamente, fue dejado de lado a fin de analizarlo en su momento, en el Senado- cabe señalar la situación particularísima que se va a generar para todos aquellos que, en alguna ocasión, pasan a desempeñar un cargo de carácter político, incluyendo a los Legisladores.

Conocemos ampliamente -y somos conscientes de ello- lo que piensa parte de la opinión pública con respecto a los cargos políticos y a las asignaciones que se les otorga a los Legisladores. En consecuencia, queremos decir lo siguiente.

Esta Ley es de tipo universal; va a comprender toda posibilidad de jubilación. Esto significa que hay una regulación jurídica o legislativa única para todos aquellos que en el país vuelquen sus actividades a alguna labor. Por tanto la universalidad se aplica, en forma total y absoluta, a todos los trabajadores y el régimen es obligatorio para todos los que realizan alguna actividad. Entonces, este régimen es obligatorio, en forma definitiva y absoluta, para todos los que desempeñan algún cargo político.

Corresponde señalar que este es un tema de gran trascendencia y que hace al sistema político del país y a las posibilidades de ingresar en él, en el cumplimiento de tareas fundamentales para la democracia y para el sistema como, por ejemplo, la actividad legislativa. Del caso es señalar que este elemento siempre ha preocupado a la opinión pública y a los propios interesados, a fin de alcanzar algunas soluciones para un cargo que tiene la particularidad de ser totalmente provisorio y que depende, nada menos, en el caso de los Legisladores, de la voluntad de la ciudadanía que se emite en las elecciones nacionales y resulta inapelable.

Cabe preguntarse cómo se encaró ese tema. Oportunamente, en la Constitución de 1830 se hizo a través del pago de dietas. Posteriormente -aproximadamente, en el año 1884- se entendió que se estaba prolongando el cobro de las dietas y se estableció que se pagarían desde el momento en que el Legislador salía de su casa -recordemos que esto tuvo lugar en el año 1884 y había Legisladores de Artigas- hasta que llegaba al Parlamento. Naturalmente, el sistema llevó a que este mecanismo no fuera bien mirado. Fundamentalmente a partir de la Constitución de 1918, se fijó el sueldo para los Legisladores. Entonces, con el transcurso del tiempo, se incurrió en situaciones que ahora se tratan de corregir definitivamente y se comenzó a especular sobre la suerte que corría el Legislador -o ciudadanos que desempeñaban cargos políticos- una vez que ya no ocupaba su cargo.

Cabe destacar que el Legislador tiene un estatuto muy específico, que no solamente tiene que ver con el tema relativo a sus fueros y cuyo alcance se ha recordado en estos días en los medios de prensa. Todos sabemos que los fueros tienen, como única finalidad, habilitar al Legislador a que cumpla debidamente sus funciones, sin tener ningún tipo de apremio; pero esto no los diferencia del común de la gente en lo que hace a todas sus otras obligaciones y derechos.

Con el Transcurso del tiempo, en materia jubilatoria se incurrió en algunas disposiciones que pueden calificarse de excesos, habilitándose soluciones de privilegio -así se llaman- para el legislador, a los efectos de que éste percibiera una jubilación. Incluso, se llegó a posibilitar que, aunque hubiera estado un día desempeñando el cargo, si cesaba en el mismo, tuviera la oportunidad de jubilarse percibiendo un porcentaje importante, que podía llegar al 90% del sueldo en actividad.

Luego, fundamentalmente a través de la Ley N° 15.900, se desanduvo el camino y se exigió, no sólo en el caso de los Legisladores, sino también en el de otros ciudadanos que desempeñan cargos políticos, que se computaran 80 puntos, con 50 años de edad y 30 de servicio. También se estableció 20 años de servicio al vencimiento del término, con tres años de labor, como mínimo.

Posteriormente, se evolucionó -por decirlo de alguna manera- y se llegó a la posibilidad de que el legislador que no tenía causal jubilatoria -es decir, que no tenía los 20 años requeridos- percibiera un subsidio que, primero, fue por tres años -con montepío jubilatorio y computable a los efectos de su jubilación- y luego, a través de una Ley del año 1994, se redujo a uno. Este es el régimen que actualmente está vigente.

Queremos señalar lo siguiente. Creemos que, en principio, está bien que el Legislador tenga la misma regulación que se aplica a todos los habitantes de nuestro país en materia jubilatoria.

Es del caso señalar que se trata de un ciudadano que tiene una condición muy especial, ya que mientras es Legislador no puede percibir ningún emolumento por otro cargo público o similar ni integrar empresas que contratan con el Estado. Es decir que no es un ciudadano con libertad de acción, sino que se encuentra regulado en su actividad y, además, depende de una circunstancia muy precisa, que es la voluntad de la ciudadanía.

Ante esto, debemos preguntarnos si es lógico, adecuado y conveniente que un Legislador reciba un sueldo por el desempeño de su cargo; esa es la primera aproximación. Hay quienes sostienen que no deberían percibir absolutamente nada, por lo cual, naturalmente, únicamente podrían ocupar esos cargos aquellos que tuvieran ingresos muy importantes debido a otra actividad que no colida con la pública. De esta manera, nos encontraríamos ante la situación particularísima de que podrían acceder a esos cargos sólo algunas personas muy privilegiadas económicas y financieramente.

En ese sentido, si el Legislador debe percibir una asignación por el desempeño de su cargo -como ocurre en el presente- se tendría que prever qué sucede cuando éste, después de abandonar todas sus actividades para ingresar en el terreno político y ocupar el cargo de Legislador, no ve renovado su mandato o debe dejar su investidura por razones políticas.

De acuerdo con este Proyecto de Ley, quedaría en la situación general de todos los ciudadanos, pero frente a este cabe cuestionarse si el Legislador es igual a todos los ciudadanos. ¿Su trabajo, su actuación e investidura son iguales, repito, a las del resto de la población?

En ese sentido, creemos que ya que no hay ambiente favorable para realizar estos cambios mediante estas disposiciones legales, habría que conformar algún tipo de estatuto para el Legislador, en el que se prevea lo que ocurre cuando éste deja de percibir su asignación por no desempeñar más el cargo.

Por lo tanto, consideramos que es una situación particularísima, especial y determinada, con una enorme resonancia desde el punto de vista político y de la posibilidad de que funcione el sistema representativo; aunque nuestro régimen no se cataloga como tal porque, de acuerdo con la Constitución de la República vigente, se denomina sistema democrático republicano -ya que está integrado por institutos que se ejercen directamente por la ciudadanía- se debe tener en cuenta que existen organismos, como el Parlamento, en los que la calidad de Representantes tiene vital importancia.

En síntesis, es preciso determinar la situación en que van a quedar en el futuro aquellas personas que accedan a un cargo legislativo; pienso que también podríamos incorporar a los que lleguen a ocupar cargos políticos de cierta relevancia y con determinada calificación. ¿Ellos vana a integrar el sistema común de todos los ciudadanos? Debemos preguntarnos si estas personas son iguales a todos los demás ciudadanos, a pesar de que en determinado momento tienen la investidura de un cargo público. Creemos que no es así.

Reconocemos que pudo existir en el pasado, y también en el presente, cierto exceso -podemos calificarlo de esa manera- en las interpretaciones y legislaciones que se aprobaron a los efectos de habilitar una determinada situación posterior al ejercicio del cargo. Pero de todas maneras, consideramos que no se puede dejar a los Legisladores en la condición de ser regulados únicamente por este sistema. Con inteligencia y capacidad mental adecuada, deberíamos crear un estatuto para el Legislador, en razón de que es fundamental que exista gente que tenga vocación de servir a su país mediante estas actividades, que no se regulan por interés ni con la finalidad de una mejora patrimonial; ellas se rigen por ideales, sentimientos y hasta por instintos, pero jamás por un fin puramente material.

En general, las actividades -aunque sean para sobrevivir- se rigen por razones de interés material, ya que quien se vuelque a un trabajo lo hace para poder subsistir, con la intención de percibir un salario. Sin embargo, al Legislador se lo compensa por una actividad que no tiene el objetivo material de ganar dinero, la finalidad de beneficiarse, enriquecerse y mejorar su situación económica. Si bien puede haber alguien que piense de esa manera, la inmensa mayoría de los ciudadanos que se dedican a esta labor no tienen esa concepción de la tarea legislativa.

Por estas razones, señalamos que en algún momento habrá que determinar un mecanismo para que aquellos que tienen vocación de servicio y quieren incorporarse al sistema político u ocupar cargos representativos, tengan alguna posibilidad de futuro a los efectos de no ser eliminados antes de ingresar.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- A pesar de que como señalaba el señor Senador Gargano, este artículo no viene acompañando de una Exposición de Motivos -por las razones de urgencia conocidas- me gustaría hacer una brevísima historia del tema.

Este asunto parte de una norma que posteriormente fue modificada por la Ley N° 16.195, por la cual se estableció una especia de subsidio o seguro de paro durante tres años -para compararlo con el lenguaje que se usa con el común de los trabajadores- al que sólo podían acceder aquellos funcionarios políticos o Legisladores que, no habiendo sido reelectos, no hubiesen configurado causal jubilatoria. La Ley establece que los titulares de los referidos cargos que no hubiesen configurado causal jubilatoria anticipada al momento de su desvinculación, tendrán derecho a percibir el mismo ingreso.

Debido a una práctica viciosa -si mal no recuerdo, esto ocurrió entre los años 1987 y 1989- hubo Legisladores que tenían causal jubilatoria configurada y que, no obstante ello, cobraban este subsidio; ese era un hecho absolutamente ilegal, aun cuando actuaron amparados en una resolución del Poder Ejecutivo de aquella época.

Cuando comenzó el período 1990-1995, como algunas de esas personas estaban integrando el Senado, tuve oportunidad de colaborar en la redacción de una resolución interna del Cuerpo, que determinó que la interpretación correcta era la que surgía de la propia letra de la Ley. De modo que si la persona había tenido causal jubilatoria configurada, no tenía derecho a cobrar ese subsidio; así lo expresan tanto la Ley original, como la que luego la modificó.

Con posterioridad, se planteó -precisamente, lo hizo la Bancada del Frente Amplio- otra modificación, pero manteniendo las mismas características. Es decir que si se tenía causal jubilatoria, no se podía cobrar este subsidio; además, se fijaba un tope de seis meses para percibirlo, que es el que rige para el seguro de paro común de todos los trabajadores del país. Esta iniciativa no tuvo andamiento y se llegó a una transacción, ya que hubo sectores -incluyendo al Poder Ejecutivo, que no se pronunció por escrito, sino por medio de un mensaje muy explícito del Doctor Lacalle Herrera- que dijeron que si en lugar de seis meses, el plazo se llevaba a un año, sus Legisladores lo iban a votar. Pero, señor Presidente el principio de la Ley madre en esta materia, que establece que si se tiene causal configurada no hay derecho a cobrar el subsidio, pervivía ya que nadie lo había tocado. Sin embargo, se le dio una interpretación -esto fue por medio de la Ley N° 16.673, con respecto a la cual no participamos ni del criterio que la sustentó ni de la votación- por la cual se establecía que la causal se configuraba a partir de la resolución tomada por el Directorio del Banco de Previsión Social.

Esto significaba que si un Legislador no era reelecto y no planteaba su jubilación, la Ley entendía que no se configuraba la causal jubilatoria y, por lo tanto, cobraba el subsidio. En términos francos, así ocurrían los hechos.

Ahora se propone -creo que saludablemente- la derogación de esa interpretación hecha por una ley. Reitero que, a mi juicio, es saludable que esto se proponga porque, en definitiva, la interpretación legislativa estaba violentando a la Ley que decía interpretar.

Tal como he sostenido en muchas oportunidades, considero -y este es un comentario al margen- que el subsidio tendría que otorgarse durante seis meses, al igual que para todos los trabajadores del país, y no por un año. No obstante ello, en la historia que ha hecho el señor Senador Santoro existen algunas prohibiciones laborales que tienen los Legisladores y que, sin embargo, no se aplican al conjunto de los trabajadores. Pero también es cierto que quizás el régimen ideal sería que el cargo fuera de dedicación exclusiva, sin que se pudieran ejercer profesiones liberales, debiendo solamente trabajar como Legisladores; en ese caso, sería justificable que se otorgaran sistema, y no hay que olvidar que ya desde la época napoleónica se propuso este régimen a fin de que los Legisladores se dedicaran solamente a esa actividad.

Repito que me parece saludable que se derogue esa interpretación, que en los hechos no era tal, sino que importaba una modificación a la Ley que establecía originalmente este subsidio o seguro de paro.

SEÑOR MALLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO.- Aclaro que no voy a incursionar en los asuntos de fondo, sino simplemente a realizar una indicación.

En el artículo 190 se habla de la vigencia de la Ley a partir de su promulgación y aquí se hace referencia a la derogación a partir de la fecha de sanción. Con esto estamos ingresando en el cenagoso terreno de qué es sanción y qué es promulgación. Recuerdo que en mis tiempos de estudiante había que leer la obra del Doctor Lagarmilla, en la cual se decía que publicación equivalía a promulgación.

En este sentido, pienso que por lo menos deberíamos emplear los mismos términos, es decir, que donde se expresa "Derógase a partir de la fecha de sanción", debería establecerse "Derógase a partir de la fecha de su promulgación".

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pienso que podría decirse, lisa y llanamente, "Derógase".

SEÑOR MALLO.- También podría expresarse "Derógase la Ley"; en definitiva, esto es lo que sugiero a modo de colaboración.

SEÑOR PRESIDENTE.- A los efectos de que conste en la versión taquigráfica, la Mesa informa que el señor Senador Brezzo, en su condición de Miembro Informante, acepta el planteamiento formulado por el señor Senador Mallo.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Deseo manifestar que compartimos la visión que se ha dado aquí por parte de diversos señores Senadores sobre la necesidad de la derogación de los numerales 1 a 4 del literal c) del artículo 35.

En lo personal, sostenemos que la situación de los docentes es completamente distinta, y por eso en un artículo sustitutivo que hemos presentado establecemos que la derogación debía comprender solamente los cargos políticos y los de los Legisladores.

Me parece que aquí no sólo se plantea el tema del seguro de paro, sino que también está en juego la diferencia en la fijación de los topes, que es de siete Salarios Mínimos Nacionales para cualquier particular, y de quince para los Legisladores. En realidad, se trata de una situación de privilegio que no tiene nada que ver con la naturaleza o el estatuto de la función. De la misma manera, en virtud de esta disposición existe un puntaje preferente para el Legislador en relación al coeficiente que se aplica a los demás.

Días pasados, un Legislador señaló que no veía muy claro el hecho de que se votara esta disposición por una razón de culpa y, al respecto, debo decir que en lo personal no lo hago por complejo de culpa, sino en función de una vocación de igualdad. Me parece que la función del Legislador es importante, pero como ya dije no más que la que cumple un médico en el quirófano o un productor que trabaja en un área esencial para la población.

Creo que al Legislador no se le debe dar una condición de privilegio en el plano jubilatorio, y aclaro que me refiero al sentido etimológico del término privilegio, es decir, en relación a su significado como Ley privada.

Entonces, expreso que compartimos esto porque no se trata sólo de que cuando cesa el cargo deba tener alguna actividad que le permita sustituir la que ya dejó, sino de estos otros aspectos de privilegio, que no tienen una razón justificada y que no ameritan la existencia de una diferencia con los demás ciudadanos del país.

Por nuestra parte, entendemos que hay una solución para esto, la que debería estar dada por la estabilidad en la relación privada o pública que el Legislador tenía antes de resultar electo. De esa manera, cuando cesa en su cargo electivo, en lugar de ampararse a un régimen de seguro de paro, podría seguir desempeñando sus tareas anteriores. Por ejemplo, un empleado de la actividad privada que se convirtiera en Legislador, vería interrumpida su relación laboral; una vez que culminara el ejercicio del cargo legislativo por no haber sido reelecto, podría volver a su actividad anterior. Esta es la situación prevista para otro tipo de cargos. Al respecto, podríamos citar lo que ocurre con los dirigentes sindicales, en algunos países, a quienes se considera interrumpida su situación laboral mientras cumplen el acto de servicio público, porque de algún modo hay un interés de la sociedad en que ello suceda.

Por mi parte, no descarto lo que planteaba el señor Senador Santoro con respecto a la necesidad de un estatuto; sin embargo, creo que no debería configurar una situación de seguro de paro porque propiamente no lo es. No se puede comparar la situación del trabajador despedido, del empleado privado que percibe un seguro de paro, con la del funcionario público que no cuenta con tal beneficio. No hay que olvidar que, en definitiva, los Legisladores somos empleados públicos.

Por consiguiente, si se quiere evita que se produzca una situación en virtud de la cual las personas que no tienen capacidad económica no puedan acceder a cargos legislativos, debería dárseles la posibilidad de mantener sus actividades anteriores y volver a ellas en aquellos casos en que el pueblo no les dé la confirmación en su Banca. En lo personal, hemos elevado a la Mesa un texto sustitutivo en ese sentido, porque entendemos que esto sería lo adecuado. Aceptamos que pueda existir alguna duda con respecto al caso de la actividad pública, pero en lo que tiene que ver con la privada, estoy seguro de que no existe razón alguna que impida mantener suspendida a todos los efectos la relación laboral, la que podrá ser restablecida en el momento de producirse el cese del Legislador en su cargo.

Pienso que esto es mucho más claro y ajustado a la verdadera situación jurídica, ya que aquí no existe despido o cese y, además, no hay que olvidar que ningún funcionario público cuenta con el beneficio del seguro de paro.

Esto es cuanto queríamos señalar, con la característica de que en la derogación incluimos sólo los numerales 1 a 4, y no el 5, que se refiere a la jubilación anticipada para los docentes que, a nuestro juicio, debe mantenerse.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Deseo referirme a una cuestión de procedimiento, ya que de acuerdo con lo que creí entender, esta disposición se iba a incorporar como inciso segundo del artículo que actualmente lleva el número 188, y que pasaría a ser 191.

SEÑOR PRESIDENTE.- Debo aclarar que la derogación especial se aplicaría al inciso primero, según lo señalado por el señor Miembro Informante.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: solicito que el artículo 188 se vote por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa quiere señalar que basta que un señor Senador lo solicite para que se proceda de esa forma.

Por lo tanto, se va a votar por incisos el artículo 188, que pasa a ser el 191 en el texto definitivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso aditivo propuesto con la firma de varios señores Senadores.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo, que expresa: "Deróganse dotas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto por la presente Ley".

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 189 del repartido que pasa a ser 192, cuyo "nomen juris" es "Reglamentación".

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 192.- (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente Ley de conformidad con lo previsto por el artículo 168, numeral 4° de la Constitución de la República, en un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 190 del Proyecto que pasa a ser 193, último en el texto.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 193. (Vigencia).- La presente Ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al del cumplimiento de los ciento ochenta días de su promulgación, salvo en aquellas disposiciones en que se haya establecido una fecha de vigencia diferente".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

Corresponde pasar a tratar, de inmediato, los artículos que oportunamente fueran desglosados.

En consideración el artículo 16.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 16. (Clasificación de las jubilaciones).- Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

a) Jubilación común.

b) Jubilación por incapacidad total.

c) Jubilación por edad avanzada.

Derógase la causal anticipada establecida en el literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, sin perjuicio de la bonificación que corresponda a los cargos docentes de Institutos de Enseñanza públicos o privados habilitados".)

-Léase el aditivo al inciso final del artículo 16, que ha llegado a la Mesa.

(Se lee:)

"Declárase que se mantienen en vigencia los aspectos salariales a que hacen referencia las normas legales o reglamentarias en relación a la verificación de veinticinco o más años de servicios docentes efectivos. Sin perjuicio de lo antes establecido, el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Ley N° 11.021 de 5 de enero de 1948, sus modificativas y concordantes para docentes de enseñanza primaria y los similares previstos para otros cargos docentes, sólo serán exigibles a partir de que se configure la causal jubilatoria de acuerdo a lo establecido en la presente Ley."

SEÑORA ARISMENDI .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: deseo señalar que cuando el señor Senador Pereyra solicitó la reconsideración del artículo, presentamos una posibilidad de solución del problema, en el sentido de estipular que se deroga la causal anticipada establecida en el literal c), numeral 1), 2), 3) y 4) del artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9; expresamente dejábamos fuera el numeral 5), que refiere a la causal anticipada de los docentes.

Queremos señalar que, desde el momento en que se pide la reconsideración por parte del señor Senador Pereyra, a la fecha, se ha trabajado intensamente en procura de encontrar soluciones a este problema, ya que, al incluir el numeral 5), lo que se hace es incorporar a los docentes a las causales jubilatorias estipuladas en el presente Proyecto de Ley.

En todas las conversaciones que hemos mantenido con los señores Senadores de las distintas Bancadas, hemos percibido una sensibilidad considerable con respecto a la situación que se generaría. En el momento en que se solicitó la reconsideración dialogamos con Senadores representantes de distintos sectores de los partidos políticos quienes demostraron su preocupación por los problemas que implicaba la derogación del numeral 5).

A nuestro juicio, y teniendo en cuenta, a su vez, las consideraciones efectuadas por los representantes de la Federación Uruguaya del Magisterio y de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria -que también nos acompañaron en estos días en las tratativas correspondientes- entendemos que se trata de una situación que, efectivamente -como nos han señalado algunos señores Senadores- se general a partir de una Ley de 1948, en cuyo artículo 2° se estipula, precisamente, los veinticinco años de trabajo. Asimismo, establece la necesidad que existe en la Enseñanza Primaria y Media de concurrir, a los veinticinco años de trabajo, a un examen psicofísico que determina si el docente está en condiciones de seguir ejerciendo su labor. No es causal que ese examen se denomine psicofísico. Estamos hablando acerca de si el docente, luego de veinticinco años de actividad, está en condiciones físicas y psíquicas de seguir trabajando con niños y adolescentes. Sabemos que, a su vez, existe la posibilidad de solicitar cinco años de prórroga y luego otro cinco más. Cabe aclarar que esos cinco años de prórroga se determinan a partir de los Consejos Desconcentrados, a los cuales se podrá acceder o no.

Por lo tanto, esos cinco años de prórroga se pueden negar, en virtud de que el docente no esté en condiciones de continuar atendiendo su tarea de la manera más correcta, efectiva y con el mayor nivel de calidad.

También sabemos -y creo que en esto todos somos conscientes- que en determinados períodos y por distintas circunstancias, los Consejos acceden o no a los cinco años de prórroga. En algunos casos, podemos poner sobre la mesa casos muy concretos y notorios en los que, por razones de mejor servicio, no se han otorgado esos cinco años de prórroga. Se trata de razones de mejor servicio que, en algunos casos, ha representado la mayor cantidad de afluencia de docentes sin trabajo, ya sea a nivel de Enseñanza Primaria como de Secundaria. Cabe recordar que esa situación se planteó luego de la dictadura, ya que debido a la gran cantidad de docente, como consecuencia de la restitución de los que habíamos sido destituidos durante la dictadura así como también por la presencia de maestros y profesores egresados de los Institutos de Formación Docente, aparentemente había un excedente. Digo "aparentemente", porque el excedente no se producía en relación a las necesidades del sistema, sino con respecto a la cantidad de cargos presupuestos existentes -ni las creaciones correspondientes- para ser cubiertos.

Otras razones tienen que ver, simplemente, con la voluntad política de los Consejos.

En consecuencia, un primer problema que se plantea es determinar si es justo o no que el docente, a los veinticinco años de labor, tenga la posibilidad de retirarse o de continuar en actividad. Pensamos que cuando la ley estipula esos veinticinco años, lo hace muy sensatamente y no de una manera caprichosa. Es más; en el día de hoy se me decía que la calidad de vida y la situación del docente en los años 1948 ó 1953 -cuando se estipula esa disposición con una mayor precisión- no es la misma que la actual; por supuesto, que no es igual. Hoy los docentes del último grado del escalafón, con 25 años de trabajo y 20 horas semanales de clase -que es la unidad horaria, tanto en el caso de Secundaria como de Primaria- están ganando $ 2.419.39. Esta cifra, luego del descuento por Montepío y el Impuesto a las Retribuciones Personales -precisamente, ayer se hablaba de los problemas que tenía la gente y de los menesterosos- y sin el 20% que le otorgaba la Ley de 1953, queda en $ 2.276.90.

Tenemos sobre las mesa un artículo aditivo que se ofrece como solución, con cuyo contenido estamos de acuerdo. No creemos que haya sido voluntad de algún señor Senador ni del Poder Ejecutivo que, junto con la derogación de la causal y la estipulación de los 25 años, se derogara también, de un plumazo, el 20% de aumento salarial que conlleva el hecho de cumplir 25 años de trabajo, más el 5% que se daba a los 28 años, sobre el sueldo nominal, aparte del 5% más a los 32 años. Quiere decir que en el momento en que estábamos legislando este régimen de previsión social, se estaba votando implícitamente una rebaja salarial.

Obviamente, no podemos creer -la vida así lo ha demostrado, y nos felicitamos por ello- que al mismo tiempo que se aumentan los años de trabajo y se acrecienta la situación de desamparo que viven los docentes en este momento, se rebaje un 20% su salario. Lo que dice el artículo aditivo es que se mantienen vigentes los aspectos salariales a que hacen referencia las normas legales o reglamentarias con relación a los 25 años o más de servicios. A nuestro juicio, no resuelve el problema inicial por el cual se pidió la reconsideración. Quiere decir que seguimos en lo que algunos señores Senadores llamaban régimen de privilegio.

Todos sabemos que las 20 horas de las que estamos hablando, en la práctica, no son así. Los maestros o profesores de Enseñanza Secundaria, Técnica o Media no trabajan 20 horas semanales, tal como estipula el Estatuto del Docente, y no lo hace de manera caprichosa, sino porque luego de haber realizado estudios se concluyó que 20 horas de docencia directa es el tiempo ideal para la relación docente-alumno. Pero está claro que nadie puede trabajar sólo 20 horas en suplencias o interinatos, en horario nocturno, vendiendo cosméticos o ropa en las ferias, o trasladándose a fin de año a Maldonado y Rocha a realizar trabajos zafrales.

Quiere decir, entonces, que los profesores acumulan horas en la enseñanza pública y privada por encima de los topes, dan clases particulares y hacen todo tipo de trabajos para poder compensar su situación. Es, precisamente, a estos docentes a quienes ahora se les quiere eliminar el privilegio de tener la posibilidad de retirarse a los 25 años de trabajo o pedir una prórroga. En la mayoría de los casos solicitamos prórrogas y peleamos por ellas, pero no por razones salariales, porque todos pueden entender que a esta altura de los acontecimientos -perdóneseme el giro quizá poco digno para la Cámara de Senadores- hay que tener una vocación que vuela para poder seguir trabajando en estas condiciones.

A este respecto, me voy a permitir contar una anécdota. Hasta hace muy pocos meses fui maestra de 6° año y tuve una alumna brillante. Luego de terminar la enseñanza primaria no ingresó en secundaria, ni en UTU ni se puso a estudiar en algún otro lado. Le preguntamos por qué no lo hacía y nos respondió que estaba trabajando en una fiambrería del barrio y ganaba mucho más que yo, lo cual era absolutamente cierto. Más allá de las consideraciones que nos pueda merecer el desarrollo cultural y las necesidades que tiene cada uno para poder abordar nuevos caminos desde el punto de vista educativo es claro que, si bajamos la duración de la carrera docente a tres años, los estudiantes de magisterio se recibirían a los 20 años. En nuestra opinión, esto traerá como consecuencia la acumulación de situaciones en las que tendremos menos docentes formados.

En este sentido, voy a insistir en una argumentación que esgrimí anteriormente. Esto se asemeja a las indicaciones que el Banco Mundial realizó con respecto a la educación en general y en nuestro país. En concreto, dijo que cualquier bachiller estaba en condiciones de dar clases. Por lo tanto, si la carrera dura tres años y se egresa a los 20, teniendo en cuenta la situación laboral, se va a tener que continuar trabajando para configurar causal jubilatoria. Las soluciones que se presentan pueden vincularse con las bonificaciones, pero éstas servirían sólo para los maestros, puesto que los docentes de Enseñanza Media tienen un año de bonificación cada seis de trabajo. Entonces, la situación no es la misma, dado que los maestros apenas llegaríamos a la causal, con las bonificaciones, y a tener un ingreso indigno.

La Federación Uruguaya del Magisterio planteó una propuesta al equipo ministerial correspondiente, señalando las posibilidades de estipular bonificaciones y se nos dijo que no había voluntad ni deseo de instrumentar este beneficio por ley. Las bonificaciones son por decreto; efectivamente, existe una nutrida colección de éstos en los que se han estipulado bonificaciones a los maestros de ciegos, de sordomudos, de discapacitados intelectuales o motrices, irregulares de carácter o de escuelas rurales. Así se han ido solucionando algunos problemas, pero es claro que no se ha resuelto la situación de los docentes de la Enseñanza Media.

Entonces, señor Presidente, a mi entender, este artículo aditivo que se presenta como solución, no es tal, independientemente de que lo vamos a votar. Y lo vamos a hacer porque lo único que hace es resolver un problema creado por una ley de previsión social, aunque estoy segura de que esa no fue la intención. Consiste en que, junto con la rebaja del tope para la situación de retiro de los docentes, se les disminuía el salario en un 20%. Reitero que es evidente que esa no era la intención, y prueba de ello es este artículo aditivo que se presenta en el día de hoy. En este sentido, quiero hacer una aclaración con respecto a algo que se difundió en la prensa en el día de hoy y que generó algunos malos entendidos. Ni la Federación Uruguaya del Magisterio ni la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria piensan que esta es la solución al problema, pero si no hay otra, entienden que con esta, por lo menos, no se les quita el 20% del salario. Sin embargo, no dicen que estén de acuerdo con la derogación del numeral 5 del literal c) del artículo 35 del Acto Institucional N° 9.

Sinceramente, tuvimos la esperanza, en tanto percibimos la sensibilidad que señores Senadores de diversos sectores políticos demostraron ante este tema y en tanto dijeron estar de acuerdo y comprender la situación en que quedaban los docentes, de que la solución no se refiriera al problema que se agregaba, que era el salarial, sino al de fondo, el de causal jubilatoria.

Insisto en lo siguiente: ¿alguien puede pensar que estamos aboliendo un privilegio? Creo que no. Personalmente, no escuché a ningún señor Senador en estos días defender la idea de que esto era un privilegio y que, por lo tanto, había que abolirlo. Todos demostraron preocupación y sensibilidad, pero la solución que se plantea no resuelve para nada el problema, sino que éste se mantiene tal como estaba en el momento en que el señor Senador Pereyra propuso la reconsideración. Lo único que se hace por este medio es, reitero, agregar el perjuicio -a través de algo que ya es muy malo, como lo derogación de la causal configurada a los 25 años y la posibilidad de 5 años más de trabajo- de una rebaja tan importante en un salario miserable, como el de los docentes.

En consecuencia, adelantamos que daremos nuestro voto favorable al artículo aditivo, pero insistiremos en el que nosotros propusimos en primer lugar, a través del cual se derogarían los numerales que van del 1) al 4), quedando en pie el 5), del artículo en cuestión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: creo que hay que dejar constancia de que se dice bien que la sensibilidad de los señores Senadores ha estado demostrada con respecto a este tema, en la medida en que se ha empezado a buscar una solución a partir del momento en que en la propia Comisión se habló de que este artículo 16 afectaba a los docentes. Quizás sea culpa de todos, de muchos o, por lo menos, de quien habla, no haber comprendido en toda su dimensión dada la complejidad del tema, las consecuencia que el asunto traía aparejadas.

Las soluciones, en mi opinión, que estamos proponiendo mediante diversos artículos aditivos, reflejan nuestra voluntad de enviar una señal muy clara ahora y hacia el futuro en el sentido de que las jubilaciones anticipadas que han encubierto otras de privilegio y están vinculadas al Banco de Previsión Social o a otros regímenes que este Parlamento deberá encarar -entre ellos, la Caja Policial y la Militar- sean eliminadas.

Esa sensibilidad se plasmó en algunos aspectos que nos parecen de importancia. En los artículos 60 y 61 modificativos, quienes tienen causal podrán seguir trabajando, si así lo desean, y jubilarse por el régimen actual. Y para los que no configurasen causal a partir de la fecha correspondiente, el inciso final de este artículo 16 contiene algunas cuestiones que consideramos interesantes. La primera es que mantiene los aspectos salariales, correctamente mencionados por la señora Senadora Arismendi: el 20% a los 25 años efectivos de servicio, el 5% a los 28 y el 5% a los 32. La segunda es que mantiene el examen psicofísico a partir de la configuración de la causal jubilatoria, de acuerdo con lo establecido en el presente Ley. Por lo tanto, si unimos esto a lo expresado en el artículo 60, podemos apreciar que en cierta medida se están atendiendo los efectos generados por el artículo 16, que estaríamos votando.

A la vez, se presenta el tema de las bonificaciones, establecidas como régimen general en este Proyecto de Ley y que, luego, se plantean en régimen particular, lo cual estaría atendiendo ya a partir de hoy la situación de los propios docentes y, sobre todo, de los maestros.

Creo que aquí se establece un equilibrio lo más acertado posible para dar la señal de que las jubilaciones anticipadas se derogan. Sin embargo, en el caso de los docentes, a través de las bonificaciones del mantenimiento de los aspectos salariales y de que el examen psicofísico se realiza cuando se configura la causal jubilatoria, y los artículos 60 y 61 -por los cuales al configurarse la causal, el trabajador ya se puede jubilar por el régimen actual aunque continúe trabajando- se quiso generar paliativos que, como bien decía la señora Senadora Arismendi, no se establecieron al derogar estas causales anticipadas.

Puede suceder, señor Presidente, que en alguna rama de la actividad docente, las bonificaciones no sean las que deseamos. Entonces, no veo por qué esta sensibilidad que expresa el Senado -y, seguramente, todo el Parlamento- no pueda llegar también al Poder Ejecutivo para encontrar los carriles a los efectos de que alguna otra rama de la docencia sea también contemplada.

Entiendo que de esta forma queda la constancia necesaria de que estamos modificando y derogando las causales anticipadas, con la fuerza que ello tiene a nivel de la opinión pública en todos los regímenes jubilatorios.

Finalmente, quiero expresar que, a mi juicio, el país merece una reforma importante de la enseñanza -este ha sido el discurso de todos los partidos políticos- la cual, con el transcurso del tiempo -ojalá ello se produzca lo antes posible deberá contener mejoras en los aspectos salariales, que permitan reivindicar la función del docente y del maestro.

Cada uno de los pasos que se dan tiene lugar en su momento y, seguramente, el propio Presupuesto va a significar una instancia en la que el tema salarial esté en el orden del día. Todos sabemos que los maestros y los docentes reciben salarios que aspiramos sean mayores, pero sin duda ese es un aspecto que estará incluido en el propio Presupuesto.

SEÑORA ARISMENDI .- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI .- Señor Presidente: quisiera saber si puede estipular claramente si se considera que los 25 años de trabajo y, luego, los 5 años más de posible continuación en el cargo están comprendidos dentro de las situaciones de privilegio de este país. Es decir, si la situación de los maestros y profesores de la enseñanza media, con estas características que señalábamos, tiene ese carácter. Además, creo que si la sensibilidad es tal, debería ser plasmada en el papel. Sin embargo, ello no sucede. Lo digo con toda sinceridad, porque esa sensibilidad que es real, no se traduce luego, negro sobre blanco, en la propuesta. Si los señores Senadores quieren dar señales claras a la sociedad, ¿por qué lisa y llanamente, de manera muy simple, no se elimina esta situación que, francamente, va a agravar la realidad de los docentes de todo el país?

Solicito que se exprese claramente si realmente se está considerando la situación de los docentes y, en particular, los 25 años de trabajo, o los 30 años, si se quiere, porque -insisto todos los docentes quieren su profesión y aspiran a seguir trabajando. Al mismo tiempo, nos damos cuenta, con sólo ver los recibos vigentes, cuál es la condición en que se retiran. Esta situación va a empeorar si se aprueba el régimen que se ha propuesto. Desde ese punto de vista, el 20% salarial a los 25 años de trabajo, el 5% a los 28 y el 5% a los 32, constituían incentivos para que los docentes permanecieran en la profesión y no para castigarlos. Pregunto, entonces, si al abolir -lo que compartimos- las situaciones de privilegio, se quiere incluir entre ellas la de los docentes en el Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Voy a intentar repetir mi exposición para que los conceptos queden claros. Si no hubiera sensibilidad del Parlamento hacia los docentes, no existiría un régimen de bonificación para esa actividad. Debe entenderse que muchos parlamentarios queremos eliminar para todas las ramas de actividad -entre ellas, la política, la policial y la militar- las causales anticipadas. Si esto no queda claro, lo repito: queremos sacar todas las causales anticipadas. Como el tema de la docencia tiene una sensibilidad especial, se contemplan cinco situaciones en este Proyecto de Ley, para las cuales se aplican las bonificaciones como régimen general y las que hoy están dentro de las facultades del Poder Ejecutivo. Si existiera algún grado de docencia que no estuviera contemplado con la sensibilidad que aquí se expresa, habría que revisarlo.

El artículo 16 plantea dos aspectos. Por un lado, los incentivos del 20% a los 25 años de trabajo, 5% a los 28 años y 5% a los 32 años, no son derogados por este Proyecto de Ley y se mantienen vigentes. Lo que pretende esta disposición es eliminar las causales anticipadas, porque éstas -aclaro que no en el caso de los maestros- encubren situaciones de privilegio. Pero insisto en que la situación salarial de los docentes queda igual y deberemos resolverla en los futuros Presupuestos, porque no podrá solucionarse este problema en una sola de dichas instancias. El propio aditivo que se está presentando preserva el tema salarial.

Se agrega, además, que el test psicofísico se configura cuando se general la causal; por lo tanto, nadie va a quedar desamparado en esta situación. Asimismo, en los artículos 60 y 61, se establece que aquellos que ya tienen causal podrán seguir trabajando, ya que se les va a mantener el régimen vigente.

No se nos puede decir que no está en negro y blanco, en papel, la sensibilidad de aquellos que estamos apoyando este Proyecto de Ley. Quizás se pueda señalar que se aspira en el futuro, para algunas ramas de actividad -inclusive para los maestros- que las bonificaciones sean mejores. Vamos a estudiar este tema, pero quiero tener la fuerza necesaria para que en el momento en que los sistemas jubilatorios cubiertos por otros regímenes sean discutidos en este Parlamento, no existan las causales anticipadas. Mi deseo es que en este país todos seamos iguales ante la Ley, y que si existe algún régimen de actividad que se quiera atender, se establezca una bonificación, tal como ocurre en este Proyecto de Ley con el caso de los maestros, para quienes se contemplan cinco situaciones. Se podrá decir que las bonificaciones no alcanzan; podemos discutirlo, pero no estoy dispuesto a aceptar que se diga que no existe sensibilidad y que no se puso en el papel lo que en el papel estamos poniendo.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Como dijo en su primera intervención la señora Senadora Arismendi, cuando pedimos la reconsideración del artículo 16, teníamos "in mente" procurar mantener a los docentes exactamente en la situación en la que están, con respecto al régimen jubilatorio.

En aquel momento, expresamos que no se había tenido en cuenta la Ley que establece el examen psicofísico para cuando los docentes soliciten continuar en el cargo luego de 25 ó 30 años de trabajo. Señalamos también que se podía dar la situación de que alguien, de acuerdo con el examen -o habiéndose aprovechado tal prueba para desprenderse por otras razones de los servicios de un educador- fuera víctima de una situación de injusticia. Es cierto, entonces, que aspirábamos a que se instrumentara otra solución, pero también es verdad -como lo dijimos en la exposición que formulamos en la discusión general- que si a cada uno de nosotros se nos preguntara si compartimos este Proyecto de Ley desde el principio al final, todos o casi todos diríamos que tenemos discrepancias o diferencias de enfoque en alguna parte de él. Esto es así porque las leyes son, en general -y mucho más ésta , sobre materia tan compleja- frutos de transacciones recíprocas y del consenso necesario para conseguir las mayorías a fin de lograr el objetivo que, en este caso, es la modificación del régimen de previsión social vigente, razón y causa que nadie discute como inspiradores de este Proyecto de Ley y de otras iniciativas que, se dice, van a llegar al Parlamento.

De manera que, por esta razón, decimos que la solución a que se ha llegado en el caso del artículo 16 no es, indudablemente, la que aspirábamos inicialmente, pero es la que se ha podido conseguir que sea aprobada por la mayoría requerida y creemos que significa, igualmente, un progreso importante. Como se ha manifestado, no sólo se contempla la vigencia de los aspectos salariales, sino que se elimina el examen psicofísico, los veinticinco años de trabajo. Esto puede parecer a alguien que no es conveniente, pero ya hemos explicado que dicho examen puede llevar a situaciones injustas y permitir que por determinadas razones se decida la destitución de un docente. Creemos, entonces, que esta preocupación ha sido atendida cuando se establece: "el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Ley N° 11.021, de 5 de enero de 1948" -que es la que establece la periodicidad de estos tests- "sus modificativas y concordantes para docentes de enseñanza primaria y los similares previstos para otros cargos docentes, sólo serán exigibles a partir de que se configure la causal jubilatoria de acuerdo a lo establecido en la presente Ley". Es decir que abarca no sólo a los maestros, sino también a los docentes en general. Es cierto que esto lleva la causal a los 30 años de trabajo, pero puede deducirse que cuando el docente cumpla ese tiempo de labor, habrá configurado la causal jubilatoria correspondiente. Como aquí se ha dicho, además, se mantiene un régimen de bonificaciones especiales para los trabajadores docentes. En consecuencia, creemos que la que analizamos no es la mejor -en eso estamos de acuerdo con lo que aquí se ha dicho- pero significa un progreso importante ya que se eliminan algunas trabas que han dado lugar a que se prescinda, injustamente, de los servicios de excelentes docentes. Tal como lo dijo la señora Senadora Arismendi, los que hemos estado vinculados a la enseñanza sabemos que los docentes esperan los veinticinco años, no para alcanzar la causal jubilatoria, sino para pasar el examen psicofísico a los efectos de poder continuar trabajando. En general, en la inmensa mayoría de los casos sucede así.

De manera que no creo que se generen perjuicios para los docentes porque este artículo, en realidad, establece un progreso y no perjudica, sino que beneficia en general a los docentes. Sin ser el desideratum, vamos a apoyarlo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no tengo dudas de que todos los señores Senadores tienen una sensibilidad especial por los docentes y, en particular, por los maestros. Creo que lo merecen y que ello además se refiere a un aspecto de la historia del Uruguay en el sentido de que la escuela no sólo es una escuela de conocimiento sino también de democracia. Entonces, eso ha determinado que haya por el docente -por lo menos, en el plano teórico y sentimental- una especial consideración. No pongo en duda la sensibilidad de todos los señores Senadores, pero digo que hay un elemento, que es esta posibilidad de jubilación anticipada, que desaparecería en caso de que se apruebe este Proyecto de Ley. Se trata de un derecho, de un beneficio o como se le quiera llamar, que hoy tienen los docentes y que si se aprueba el texto de esta iniciativa, aun con este aditivo, desaparecería. La señora Senadora Arismendi proponía una redacción por la cual esa bonificación de años para poderse jubilar no dejaría de existir. Esto es un hecho objetivo que no tiene que inflamar de enojos a nadie, porque es así. Eso no quiere decir que los señores Legisladores, por otra vías, no pretendan contemplar con sensibilidad a los docentes. ¿Por qué existe esta bonificación y por qué no es posible decir que algún día vamos a llegar a que todos tengan los mismos años para jubilarse y las mismas jubilaciones? Precisamente, por el llamado principio de la igualdad. En este sentido, el viejo Aristóteles ya dijo que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente las cosas desiguales. No es lo mismo un trabajo insalubre que uno que no lo es. Por consiguiente, la igualdad en esos casos consiste en dar un tratamiento especial al trabajo insalubre, que implique ciertas ventajas desde el punto de vista del tiempo con respecto al trabajo que no tiene ese carácter. No es lo mismo el trabajo del menor que el del mayor, porque tiene otras características. Además, el trabajo del menor está contemplado y no se puede emplear el mismo rasero para equipararlos. Reitero que la verdadera igualdad, la igualdad bien entendida, consiste en tratar desigualmente a los desiguales.

Este tema tiene una traducción jurídica muy trabajada, sobre todo en países como Estados Unidos, donde el tema de la igualdad ha sufrido peripecias muy fuertes, en particular, en materia de enseñanza.

En consecuencia, la buena jurisprudencia norteamericana ha estudiado este punto con una especial sensibilidad. En algunos casos, con criterios que fueron muy rechazados, la Corte Suprema norteamericana tuvo una década en la que fue vituperada justamente por todo el mundo, pero luego dictó sentencias tremendamente importantes en materia de igualdad, a partir del principio aristotélico que acabo de señalar.

Por lo tanto, pienso que lo que tenemos que decidir, en definitiva, es si efectivamente entendemos o no que esa calidad específica que tiene el trabajo del maestro y del profesor -quienes además del horario que dedican, como todo trabajador, en una escuela o en un liceo, realizan una tarea especial en sus domicilios- se tiene en cuenta o no cuando se miden los años para la jubilación. Esto no quiere decir que haya Legisladores sensibles y otros que no lo sean; no estoy haciendo esa imputación a nadie.

Por otro lado, quiero manifestar mi total acuerdo con la señora Senadora Arismendi en el sentido de que, efectivamente, la labor docente agrega una cantidad de horas al trabajo formal, registrado, que es la razón absolutamente justa y correcta para que se haga esa bonificación de años. No se traba de una desigualdad, sino de una contribución a la verdadera igualdad. No es lo mismo un trabajador que luego de cinco y ocho horas concluye definitivamente su labor, que aquel que sigue trabajando después de ese horario. Entonces, de alguna manera, esas horas adicionales hay que tomarlas en cuenta. ¿Cómo se hace esto? No se puede obligar a un maestro a que en su casa lleve un control de las horas que va cumpliendo. Por lo tanto, se establece una presunción que, desde el punto de vista jurídico, culmina con la llamada jubilación anticipada. De esta manera se contribuye a la igualdad porque se contempla una situación distinta. Y vuelvo a citar al maestro esta grita que, no obstante sus grandes aciertos tuvo también errores. Por ejemplo, creía que el cerebro era un órgano que servía para enfriar la sangre. Pero, en la materia que estamos tratando esa un fenómeno y sus definiciones todavía siguen siendo válidas. En cuanto al concepto de igualdad, no es casualidad que los jueces, cuando dictan sentencia, lean las definiciones aristotélicas.

En consecuencia, comparto la preocupación muy sensibilizada que expresaba la señora Senadora Arismendi, lo que no supone que los demás miembros del Senado no tengan una gran sensibilidad por este tema. Lo que sucede es que discrepo sobre la manera como se entiende el principio de la igualdad. Empecemos por reconocer que la propia Constitución uruguaya regula este principio en el artículo 8°, donde se establece que esa igualdad no supone el mismo trato para todos. Concretamente, menciona dos principios que permiten que se dicten leyes desiguales; los talentos y las virtudes. ¿Por qué? Porque hay desigualdad en los talentos y en las virtudes; no en otras cosas. No se toman en cuenta otras desigualdades como tener más fuerza, más prestigio personal, una alcurnia mejor o poseer más riqueza, ya que la Constitución no dice que sean criterios que habiliten desigualdades. Pero los talentos y las virtudes permiten establecer soluciones desiguales y así lo dice de manera textual el artículo 8° de la Constitución, cuando regula la igualdad. En ese planteo -que, reconozco, puede ser excesivamente juridicista- hay, debajo de cada norma jurídica, una tesis social, política y económica. Así es el Derecho para quienes no se limitan a un formalismo estricto.

Creemos que no se trata de enfrentar el drama de dividir al Senado entre quienes somos sensibles y quienes no, ante el tema de la enseñanza. Entendemos que la causal de jubilación anticipada no es un privilegio sino que contribuye a la igualdad. Sin embargo, otros creerán que sí lo es y habrá que dejarlo sin efecto.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- A través de los razonamientos que se han hecho en estos días he notado, con sorpresa, mi coincidencia -que nunca pensé que fuera tan amplia- con algunos señores Senadores en la materia específica de esta Ley. Creo que lo que sucede es que estamos tratando temas que no tienen que ver con el verdadero fondo de esta Ley. Se está analizando una ley de reforma jubilatoria -por decirlo de alguna manera- que busca crear una igualdad o una universalidad entre situaciones que no son iguales. Ya lo mencioné hace pocos días y en el día de hoy el señor Senador Korzeniak -con la brillantez que lo caracteriza- le ha dado ese origen aristotélico -reitero que lo mencioné; sin pretender compararme con Aristóteles- al argumentar que no se podía dar el mismo tratamiento a cosas que son desiguales. Sucede que no estamos tratando ningún tema que tenga que ver con la enseñanza. Es más, se debió haber proyectado una ley jubilatoria que pudiera resolver el tema del Banco de Previsión Social y dejar de lago todo lo que tiene que ver con los maestros, los docentes en general y la enseñanza.

Por otro lado, quiero decir que coincido totalmente con lo que señaló la señora Senadora Arismendi. ¿Cuál es el vicio que origina lo que estamos vivienda en estos momentos? Estimo que es el famoso artículo 1° que, personalmente, voté en contra a pesar de haber apoyado en general a esta Ley. Por más que se quieran dar explicaciones muy inteligentes dialécticamente a este artículo -en cuanto a que los casos que son desiguales se van a bonificar- no entiendo que se pueda crear una igualdad con bonificaciones; eso no lo puede entender nadie. No deseo hacer una interpretación legal de este artículo pero cuando estudié, por ejemplo, el caso de los maestros -que ahora está siendo discutido- en el inciso segundo, que establece que el Poder Ejecutivo deberá proyectar y remitir al Poder Legislativo los regímenes aplicables a los demás servicios estatales, dependiendo del Banco de Previsión Social que tengan especificidad, decidí no votarlo. Asimismo, afirmé que estábamos derogando lo que se estaba votando. Espero que en el futuro las derogaciones sean pocas porque, se no, la ley no va a existir como tal con el alcance que quiso darle el Legislador, me temo que se va a volver ineficaz.

Cabe destacar que en su origen las leyes jubilatorias fueron muy buenas ya que las Cajas de Jubilaciones daban superávit, pero las leyes interpretativas posteriores fueron las que hicieron daño a todo el sistema de Previsión Social.

Insisto en que estoy de acuerdo con lo que sostiene la señora Senadora Arismendi porque el tema de la enseñanza tendría que estar aparte y, como otros tantos, debió quedar expresamente fuera de este Proyecto de Ley. ¿Cuando se trate el tema de las Cajas Paraestatales no se considerarán como situaciones especiales o con bonificación? ¿O será que vamos a considerar servicios y aplicaciones de labor de distintos grupos o corporaciones según si son buenos o malos, si brindan un buen servicio al país o si cobran demasiado o muy poco? El Legislador no podrá hacer esto, ni se podrá considerar el tema seriamente.

En cuanto al otro tema que se ha tratado con insistencia y que nadie defiende, tengo el honor de ser el único en este Parlamento que lo hace. Se trata de las Caja de Retiros Militares y Policiales y es necesario aclarar una vez más, que no se tratan de Cajas de Jubilaciones, sino de Retiros, originados por un sistema especial de trabajo, de dedicación y de acatamiento a un sistema legal. He notado que existe una especie de esquema en cuanto a decir frases que son lindas de escuchar. Algunas personas se deleitan escuchándose a sí mismas -y no es mi caso, porque no digo cosas que puedan deleitarme- y a veces dicen frases que creen que van a pasar a la historia. No hay leyes en el mundo que puedan tener muchos años de duración porque los hechos sociales y económicos van cambiando tanto la naturaleza del hombre y de la vida, que nadie puede decir frases terminantes. Como muy bien decía el señor Senador Korzeniak -sin querer hacer referencia a nadie- no hay ningún lugar del mundo donde se hayan encontrado sistemas de asistencia social que sean igualitarios para todos y no pueden serlo, porque el punto de partida es diferente para todos. Pero sí es tarea del Parlamento hacer una ley de seguridad social que ofrezca la mayor seguridad financiera y económica a un instituto que tiene el deber de dar asistencia social a la mayoría de la gente que por otro medios no la puede procurar.

Esta breve intervención fue para reconocer, en función de lo que he escuchado, que estuve muy bien en no votar el artículo 1°.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Naturalmente, comparto las exposiciones realizadas por los señores Senadores Arismendi y Korzeniak. Pero si todos estamos contestes en que el numeral 5 del literal c) del artículo correspondiente del Acto Institucional N° 9 recoge una situación especial, definida como tal por razones técnicas, atendiendo a la profesión que se desarrolla -aspecto no cuestionado hasta el presente- me pregunto por qué no votamos una disposición que diga expresamente: deróganse los numerales 1, 2, 3 y 4 y excluimos el 5. De otra forma, estamos calificando de la misma manera a todas las situaciones allí planteadas.

Comparto que hay que derogar todas las situaciones de privilegio existentes, pero si se incluye esta a la que estamos haciendo referencia como una más, se la está calificando, también, como de privilegio. Este parece ser un razonamiento incuestionable desde el punto de vista lógico-formal; no hay manera de demostrar lo contrario.

Repito que si se incluye esta causal, se la calificará de la misma manera que a las otras cuatro. Se me ocurre que hay razones técnicas, de profesión, que han hecho que no haya sido incluida arbitrariamente, sino luego de que el tema fuera bien pasado y aplicado con mucho rigor durante décadas por los Entes de la enseñanza. Entonces. ¿por qué incluir esta causal jubilatoria y tener un debate tan prolongado cuando, aparentemente, todos estamos de acuerdo con no hacerlo? Creo que si aprobamos la norma incluyendo este numeral 5 del literal c) -artículo N° 35 del Acto Institucional N° 9- aunque le hagamos algunas salvedad o incorporemos algún aditivo, estaremos calificándola de la misma manera que a las otras y no quiero incurrir en eso porque me parece técnicamente un error y una injusticia desde el punto de vista social.

Realmente he escuchado con mucha atención todo el debate y entiendo que la solución es muy sencilla y que podemos articularla. Hay un artículo sustitutivo que, justamente, plantea este aspecto y creo que votándolo se solucionan los problemas generados. Es decir, eliminamos aquellas causales que entendemos son injustas y dejamos esta que nos parece legítimas.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Quiero hacer uso de la palabra brevemente porque ya se han tocado la mayoría de los puntos. El primer aspecto al que me quiero referir es a que la eliminación de una causal de jubilación anticipada debe tener una fundamentación. Cuando votamos la derogación de los numerales 1 a 4 del literal c) -Administración N° 35 del Acto Institucional N° 9- lo hicimos en el entendido de que no existe una justificación para que los Legisladores tengan un trato especial. Sin embargo, la propia legislación de este país, en reiteradas oportunidades, como por ejemplo, en la Ley N° 11.021, en el Acto Institucional N° 9 y, después, en el Decreto Reglamentario del año 1984, ha demostrado que hay una particularidad en esta actividad. ¿Por qué a los maestros de las escuelas de sordomudos o de alumnos con irregularidades se les da un aumento del 40%? A mi modo de ver, esto resuelve un problema salarial; manteniendo esta norma no tratamos el tema de fondo que está detrás del hecho de que se consideren como especiales estas actividades. ¿Por qué al maestro a los 25 años de trabajo se le otorga por ley un 20%? Porque efectivamente se entiende que es una tarea recargada y debe ser recompensada; a mi juicio, es, a las claras, una labor que justifica el cese anticipado. Asimismo, entendemos que el propio régimen que ha seguido nuestro país demuestra que hay razones que llevan a pensar que en este caso -además, de lo expuesto por la señora Senadora Arismendi y quienes me han precedido en el uso de la palabra- exista una realidad que no ha sido destruida. No se puede manifestar que hay que eliminar las causales anticipadas porque sí. Creo que hay que hacerlo en el caso de que constituyen un privilegio indebido. En la situación planteada de los docentes, las condiciones de trabajo determinan que no sea así; por algo se entiende que deben mantener la remuneración. Lo que sucede es que el aumento de los salarios no resuelve el problema del cese de actividad, contenido en ese numeral 5 del inciso c), que es el que nosotros queremos mantener. Se trata de dos temas totalmente distintos.

El otro aspecto al que me quiero referir es a que, una cosa es decirle a alguien que ha cumplido 30 años de servicios, que debe trabajar 5 más, y otra es -al no establecer esta causal anticipada- aumentarle en 10 años a quien ha trabajado en su ramo durante 25 para configurar causal de jubilación. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, pasar de 30 a 40 años de edad, porque ello no se mencionó. Sin embargo, aquí se opera un aumento desproporcionado y desigual con respecto al que se da para otros casos, en la medida en que se va a aumentar en 10 años el tiempo necesario para poder retirarse. Por lo tanto, entendemos que esto cambia gravemente las condiciones. No quería reiterarlo, pero debo mencionar nuevamente el artículo 30 del Convenio Internacional N° 128 de la OIT, que refiere al ejemplo típico en que a una persona que está en condiciones de jubilarse, de pronto se le dice que debe trabajar 10 años más. La supresión de la causal anticipada en este caso supone eso y, repito, tiene una gran diferencia con el que debía retirarse a los 30 años de actividad y se lo aumentan a 35, porque aquí estamos hablando de 10 años. Consideramos que esto es profundamente injusto.

Por otra parte, se nos dice que está prevista la bonificación, pero tendríamos que legislar sobre ella, porque no podemos permitir que quede delegada al Poder Ejecutivo. Tenemos una situación de hecho, representada por la circunstancia que acabamos de señalar, y sí sería un hecho grave no establecer la causal anticipada para el caso de la gente que tiene 25 años de servicio, por las razones propias de la actividad. Entonces, repito, no podemos resolver que delegaremos esta tarea en el Poder Ejecutivo, considerando que, de acuerdo con el artículo 36 de este Proyecto de Ley, tiene la capacidad para hacerlo sin límites hacia abajo.

En definitiva, se habla en el artículo 36 de una bonificación menor, pero no sabemos a cuánto ascendería, ya que ello lo va a establecer el Poder Ejecutivo. Además, ¿hasta dónde es constitucional dejar librado a ese Poder la gradación de esa bonificación? Entonces, tampoco existe en la mecánica del artículo una cierta garantía que indique que a través de la bonificación se pueda corregir el efecto que significa la supresión de la causal anticipada del numeral 5. Por lo tanto, tenemos que legislar nosotros y, si hay voluntad en ese sentido, establecerlo en la Ley, es decir, indicar un sistema que permita, de alguna manera, mantener las condiciones que ha tenido hasta el momento el docente -que no es ningún elemento gratuito, sino el resultado de las actividades y características que aquí se han expuesto- y no delegarlas a una acción ulterior del Poder Ejecutivo, porque de la forma en que está redactado el artículo no se establecen otras posibilidades de protección.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Simplemente quería señalar un actor de este debate enriquecedor, que ha estado ausente en el análisis y que nos parece que no es despreciable, obviamente porque es el destino final del ejercicio de la docencia. Me refiero concretamente, al alumno, que tiene una heterogeneidad absoluta muy notoria. Tenemos, por ejemplo, el alumno rural; en este caso, la maestra debe enseñar a grupos conformados por estudiantes que están cursando simultáneamente distintos grados, desde el primero hasta el sexto. Esto exige un esfuerzo sistemático, metodológico, de tensión, y atención diferentes por parte del docente. Además, hago mención al alumno de la escuela que está sobrecargada de estudiantes, donde la posibilidad de aprendizaje se hace mucho más difícil, así como también el gobierno de esa clase numerosa. Pero, fundamentalmente, me quiero referir al alumno que está contemplado en esta legislación cuando se hace mención a los institutos privados de enseñanza. Más precisamente aludo a los que están específicamente señalados, es decir, al grupo de alumnos discapacitados que, por supuesto, también reciben enseñanza por parte del cuerpo docente y están sometidos a esta modificación de la ley que va a provocar que una maestra tenga que convivir con alumnos en situaciones de crisis físicas o dolorosas, que van desde la ceguera hasta la incapacidad motriz o desde el autismo a la incontinencia esfinteriana. A eso estamos sometiendo a esto maestros al determinar -lo digo con dolor- la eliminación de las situaciones de privilegio.

Quiero mencionar, señor Presidente: que no considero que un maestro que está sometido a estas exigencias docentes, en un ámbito de la vida que tiene este espectro de funciones tan amplio, se encuentre en una situación de privilegio. Y no me parece, además, un criterio sano para un órgano legislativo que nosotros, con la excusa de poder dirimir conflictos de intereses o de grupos de privilegio, tengamos que anular lo que son causales justas para la jubilación. Cuando en 1948 el Legislador determinó este criterio, y lo ratificó en el año 1953, se vivían en el país situaciones muy distintas.

Sin embargo, se tuvo la previsión de amparar la actividad docente con un criterio científico en lo que hace al método. Actualmente sabemos, señor Presidente, que ni los salarios ni las condiciones de vida de la mujer en nuestro Uruguay son las mismas que en la época en que los Legisladores -1948 y 1953- ampararon estas situaciones. Hoy la maestra tiene que trabajar en doble horario, asigna deberes que nunca podrá corregir, no se puede actualizar ni hacer cursos de perfeccionamiento y luego de ocho horas de trabajo, debe atender su hogar. La situación es tremendamente complicada, por lo que la docencia le implica como ejercicio de responsabilidad. Por lo tanto, me resisto a calificar a esta causal como una situación de privilegio.

Con estas aclaraciones -no voy a extenderme más en mi razonamiento- señalo que comparto lo que han dicho todos los compañeros de nuestra bancada y pido una reflexión a este Cuerpo. Quisiera que se tengan en cuenta otras situaciones que no han sido analizadas aquí para flexibilizar este artículo 16, que realmente nos parece muy malo como mensaje político.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado un aditivo a la Mesa, que ya ha sido repartido y está en poder de todos los señores Senadores. De acuerdo con lo que establece el Reglamento corresponde, en primer lugar, votar el artículo tal como viene de la Comisión.

La Mesa desea consultar al señor Miembro Informante si al texto del artículo 16, incluido en el repartido, se agregaría -sin ninguna modificación de su redacción actual- el inciso final presentado como aditivo por el señor Miembro Informante y los señores Senadores Pozzolo y Michelini.

SEÑOR BREZZO.- Hay algunas modificaciones sobre las que podría hablar el señor Senador Ricaldoni, pero aclaro que se trata solamente de ajuste de redacción.

SEÑOR RICALDONI.- Efectivamente, hay dos modificaciones de detalle que, a mi juicio, aclaran el texto. El ejemplar correspondiente está en poder de la Secretaría y creo que sería útil que se leyera. Además, me parece que sería bueno que durante la lectura la Secretaría marcara cuáles son las diferencias. Simplemente, sirven para entender mejor lo que se pretende.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el aditivo, inciso final del artículo 16.

(Se lee:)

"ADITIVO INCISO FINAL - ARTICULO 16.- Declárase que se mantienen en vigencia los aspectos salariales a que hacen referencia las normas legales o reglamentarias en relación a la verificación de 25 o más años de servicios docentes efectivos. Sin perjuicio de lo antes establecido, el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Ley N° 11.021, de 5 de enero de 1948, sus modificativas y concordantes para docentes de enseñanza primaria y los procedimiento similares previstos para otros cargos docentes, sólo serán aplicables a partir de que se configure la causal jubilatoria de acuerdo a lo establecido en la presente ley".

-Firman esta propuesta los señores Senadores Brezzo, Pozzolo y michelini.

La Presidencia cree que correspondería decir "Declárase" y no "Declárese".

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: no vamos a hacer referencia a este aditivo de inciso final, sino al segundo inciso del artículo 16 que comienza diciendo: "Derógase la causal anticipada establecida en el literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979". Resulta que la Ley N° 15.900, de 21 de octubre de 1987, en el segundo inciso del artículo 5° sustituyó algunos numerales, expresando: "Sustitúyense los numerales 2) a 4) del literal C) del artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, por el siguiente texto". A continuación figura el texto correspondiente.

Por lo tanto, considero que en el artículo habría que establecer: "Derógase la causal anticipada establecida en el literal C) del artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, con la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 15.900". De otra forma, se estaría derogando algo que ya no existe.

SEÑOR PRESIDENTE.- Parece lógico, señor Senador. ¿El señor Miembro Informante comparte esta aclaración?

SEÑOR BREZZO.- Sí. señor Presidente.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- En el mismo sentido que el señor Senador Santoro, señalo que en el texto propuesto por nosotros hacíamos referencia justamente a las normas posteriores. Por lo tanto estamos de acuerdo con lo expresado porque en esta redacción no se incluyen las modificaciones que el mismo sufrió. En la norma sustitutiva habíamos realizado los cambios correspondientes de acuerdo con las leyes posteriores al artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9.

SEÑORA ARISMENDI .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quisiera plantear una propuesta. Sé que el tratamiento de estos temas y del Proyecto de Ley en general ha insumido mucho tiempo, pero voy a solicitar que se haga una votación nominal.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa debe aclarar que, de acuerdo con el artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Senadores, para modificar el texto original se requieren 26 votos conformes, en la medida en que inicialmente fue votado por 25 senadores de los 29 presentes.

El artículo 102 del Reglamento establece en su inciso tercero: "Acordada la reconsideración, se reabrirá la discusión de inmediato y para que la resolución pueda ser anulada o modificada, se requerirá la conformidad de un número mayor que el que la sancionó o más de la mitad de los votos del total de componentes del Cuerpo, según corresponda".

En este caso se entiende que, en la medida en que hubo una mayoría superior a la mitad de los componentes, se requieren por lo menos 26 votos para la reconsideración, salvo que el Senado no comparte la interpretación de la Mesa, en cuyo caso puede cuestionarse su actitud.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- En definitiva, ¿no vamos a votar un artículo aditivo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Existe una modificación señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Según tengo entendido, hay modificaciones de redacción. ¿El señor Senador Ricaldoni insiste en ellas?

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa considera que la solución sería proponer un nuevo artículo que, obviamente, no estaría sometido a las mayorías especiales que deberían superar la alta votación obtenida inicialmente para el artículo 16.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: la interpretación de la Mesa sobre las mayorías que se requieren para una reconsideración, sin duda, surge de la letra del Reglamento. Sin embargo, haciendo un poco de memoria -y no mucha, porque lo recuerdo perfectamente- no siempre fue ése el criterio en la Legislatura anterior cuando se planteó el tema; veo que, además, se asiente a esta puntualización desde la Mesa.

El otro punto que deseaba plantear tiene que ver con lo que decía el señor Senador Posadas Montero. Reconozco que es opinable si introducir un inciso más a un artículo votado es modificarlo o no. Con un criterio liberal, me inclino a sostener que no se trata de reconsiderar un artículo y de votarlo de otra manera, sino que sería agregar un inciso más a una disposición que ya tiene otros.

Señalo al señor Senador Posadas Montero que no pretendemos modificar nada de lo que consta en el Proyecto de Ley y, además, le aclaro que no soy el responsable del aditivo, sino simplemente de un par de modificaciones en la redacción para, a mi juicio, hacerlo más claro. Reitero que este aditivo no es de mi paternidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estaba observando cuáles son las mayorías requeridas para una votación nominal, porque creo que no hay nada establecido al respecto. Por consiguiente, basta con que un señor Senador lo pida.

Además, estamos frente a una moción de orden que no admite discusión, tal como dispone el artículo 68, literal b), numeral 6, del Reglamento. Por lo tanto, la moción de la señora Senadora Arismendi debe ser votada y será el Senado el que determine el procedimiento a seguir.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Seguramente el señor Presidente ha leído el artículo reglamentario pertinente. Sin embargo, sabiendo perfectamente que los precedentes parlamentarios no son obligatorios porque así lo dispone el Reglamento, quiero recordar que durante todo el Período pasado y el medio año que llevo de éste, jamás se votó que se procediera a una votación nominal. En la práctica, bastaba con que lo pidiera un señor Senador para que la Mesa inmediatamente procediera a tomar la votación nominal.

Aclaro que no pongo en duda la lectura que del artículo reglamentario ha hecho el señor Presidente, pero a esta altura de los acontecimientos y a fin de darle un fundamento jurídico, me pregunto si estamos frente a una norma que guarda la debida relación con la realidad, debido a que nunca ha sido aplicada desde que estoy en el Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa no tiene conocimiento de que en el Senado se haya planteado nunca la votación nominal fuera de los casos en que corresponde. Además, entiende que -salvo que se cuestione la actitud de la Mesa- lo procedente es votar para que se vote en forma nominal.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- En virtud de las modificaciones introducidas por los señores Senadores Ricaldoni y Santoro, debemos revisar con precisión la redacción de esta norma. Por lo tanto, solicitamos su postergación. Mientras tanto podemos seguir votando otras normas, sin discutir el tema de la votación nominal, que no es el que nos ocupa, porque de lo que se trata es de que el artículo quede correctamente redactado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada en el sentido de postergar la consideración del artículo 16.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde considerar el siguiente artículo desglosado, que es el 36 y refiere a los servicios bonificados.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Este artículo está vinculado al 16, que fue aplazado, por lo que también solicito su postergación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada en el sentido de postergar la consideración del artículo 36.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- ¿El artículo 53, fue votado o desglosado?

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese artículo fue votado negativamente, 0 en 29. Se aprobó una redacción sustitutiva por 21 votos en 29 presentes.

El texto del artículo 53 aprobado es el siguiente: "Las prestaciones de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan, se financiarán con el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual que tenga el afiliado en la entidad administradora, al momento de cese en todas las actividades comprendidas por el Banco de Previsión Social, con causal jubilatoria configurada o permaneciendo en actividad, siempre que tenga un mínimo de 65 años de edad (artículo 6°, in fine) o desde la fecha de la solicitud, si fuera posterior".

En consideración el siguiente artículo desglosado, que es el número 54, que tiene una fórmula sustitutiva.

"ARTICULO 54 (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada).- La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida del afiliado y a la tasa de interés respectiva".)

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Hay una modificación en el artículo sustitutivo que mejora el texto que viene de la Comisión; consiste, simplemente, en un agregado luego de la palabra "aseguradora", que le da más precisión a la norma. Aclaro que esta modificación no introduce cambios sustanciales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 54 sustitutivo.

(Se lee:)

"ARTICULO 54 (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada).- La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida del afiliado fijada en la forma establecida por el artículo 6° de la presente Ley y a la tasa de interés respectiva".

-Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 54 con el texto sustitutivo.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

En consideración del artículo 60.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 60 (Regulación).- Los afiliados activos del Banco de Previsión Social que, al 31 de diciembre de 1996, tengan configurada causal jubilatoria por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por el régimen vigente a la fecha de sanción de la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo 62 de la presente Ley.

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las prestaciones en curso de pago a ala fecha de su vigencia":)

-La Mesa debe aclarar que en el inciso primero debe sustituirse el término "sanción" por "promulgación", a efectos de ajustar este texto con artículos posteriores. Además, se ha presentado un inciso segundo.

Léase el texto del inciso segundo propuesto por los señores Senadores Brezzo, Pozzolo y Michelini.

(Se lee:)

"Los docentes de los institutos de enseñanza pública y privados habilitados que computen no menos de 25 (veinticinco ) años de actividad docente efectiva al 31 de diciembre de 1996, se regirán por el régimen vigente para esa actividad a la fecha de sanción de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 62".

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: quisiera saber qué es lo que cambia o modifica este inciso segundo propuesto. Hago esta pregunta porque el inciso primero es una disposición de carácter general que comprende a todos los que al 31 de diciembre de 1996 tengan causal configurada y, evidentemente, también incluye a los docentes.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Esta norma fue motivo de un largo estudio en la Comisión, pero, francamente, en este momento no recuerdo la razón de su incorporación. De todos modos, es obvio que algún motivo existe. Tal vez algún otro integrante de la Comisión lo tenga presente. Por lo tanto, creo que lo más conveniente es postergarlo a fin de responder la pregunta planteada por el señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se posterga la consideración del artículo 60.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Corresponde pasar a considerar el artículo 61.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Me parece que los artículos 60, 61 y 62 están encadenados. Por lo tanto, si se postergó el artículo 60 habría que hacer lo mismo con los demás.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo 62 ya fue votado.

SEÑOR ASTORI.- Entonces, que se postergue el 61.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Creo que en el artículo 61 únicamente se incorpora una referencia al inciso segundo del artículo anterior que es el que está en discusión y, además, está aplazado. Por lo tanto, tal como lo indica el señor Senador Astori, al aplazar el artículo 60, no habrá más remedio que hacer lo propio con el 61.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a vota si se aplaza la consideración del artículo 61.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 65.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 65 (Prestaciones).- Las prestaciones serán las indicadas en los artículos 15 y 16 de la presente Ley":)

-Este artículo hace referencia al artículo 16 que ha sido aplazado.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Este artículo originalmente fue postergado por un pedido nuestro que obedecía, a su vez, a su vinculación con el artículo 16. Sin embargo, releyendo su texto, reparo que se refiere solamente a definiciones, por lo que se puede votar sin problema. De cualquier manera, si el Senado decide postergar su consideración, no haría cuestión.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Desde el punto de vista práctico, creo que lo que dice el señor Senador Astori es exacto. En cambio, en el plano teórico -aunque creo que no va a suceder- podría eliminarse el artículo 16 y, en ese caso, el artículo 65 quedaría con un texto que habría que corregir.

Es un artículo cuya consideración no va a dar trabajo, ya que es puramente declarativo, como lo acaba de señalar el señor Senador Astori.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Como es prácticamente seguro que se va a votar una fórmula del artículo 16, me parece práctico que votemos ahora el artículo 65.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la postergación del artículo 65.

(Se vota:)

-13 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 65 tal como viene de Comisión.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 84.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 84 (Gastos globales de funcionamiento).- Los egresos totales del Banco de Previsión Social por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones no podrán superar el 4% (cuatro por ciento) a partir del 1° de enero de 1997".)

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- En el día de ayer se hicieron comentarios sobre este artículo que nos parecen absolutamente razonables. Por ese motivo, adelanto que lo votaremos negativamente.

SEÑORA ARISMENDI .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- En el texto venido del Poder Ejecutivo se expresaba que los gastos globales de funcionamiento e inversiones de los servicios comprendidos en el sistema no podrían superar el 6% de la totalidad de los egresos. Por su parte, en el artículo aprobado por la Comisión se señala que dichos gastos no podrán superar el 4%, porque se calcula sobre el total de los egresos que, al día de hoy, más allá de las proyecciones, no podríamos estipular a cuánto ascienden. Nos estamos refiriendo al presupuesto del Banco de Previsión Social, incluido en el artículo 221 de la Constitución; por lo tanto, estamos topeando, de hecho, sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones de ese organismo. Creo que sólo un año ese porcentaje fue aproximadamente de un 4%, partiendo de la base de una masa global de egresos que era mucho mayor, y que al día de hoy es mayor a la que va a quedar cuando se apruebe este Proyecto.

Entonces, ese 4%, naturalmente, es de menos y, por lo tanto, acá estamos estipulando -más allá de la constitucionalidad, o no, que esto pueda tener- una reducción que va a afectar, sin duda, a la masa salarial del Banco de Previsión Social.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Deseo recordar a los señores Senadores que cuando se discutió este artículo propuse una redacción diferente a la actual, que hice llegar por escrito a la Mesa. En ese sentido, propondría que se leyera.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: recordamos haber dicho que, a nuestro juicio, este artículo debía eliminarse por cuanto queda la instancia presupuestal, en la que se van a fijar los egresos del Banco de Previsión Social. Creo que la Comisión ha entendido, de alguna manera, no porque quien habla lo haya dicho, sino porque lo habrá meditado, que este artículo está de más. Entonces, si al parecer, estamos de acuerdo con que este artículo no debe ir porque es materia presupuestal y porque, además, otros señores Senadores opinan que no debemos entrar a fijar el monto o el porcentaje de los egresos, creo que la discusión está de más.

SEÑOR POZZOLO.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Presenté esa propuesta porque entendía que el contenido del artículo 84 no era riguroso. Pero debo declarar que comparto lo expresado por el señor Senador Pereyra en el sentido de no votar este artículo, ya por razones de fondo y no de redacción. Entonces, sin perjuicio de que presenté una propuesta para mejorar el texto del artículo -en caso de que resultara votado afirmativamente- acompaño la idea de no incluirlo. Además, este artículo me parece completamente inútil y puede ser modificado por cada Ley de Presupuesto. A mi juicio se trata, simplemente, de una especie de declaración. Resumiendo, creo que lo mejor es no incluirlo en este Proyecto de Ley.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Si me permite, deseo dejar una constancia.

En el curso de la discusión se plantearon algunos argumentos constitucionales y otros referidos a la mejor forma de establecer, en todo caso, un tope aun con sentido programático. Cuando iniciamos la revisión de las propuestas de redacción, incluida la del señor Senador Astori, llegamos a la conclusión que sería más apropiado para el texto -tal como lo señalaba el señor Senador Pereyra- omitirlo o votarlo negativamente.

De todas maneras, tanto en la versión taquigráfica del Senado como en la de la Comisión, ha quedado constancia de la intención, por un lado, del Poder Ejecutivo y por otro, del señor Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social, en el sentido de acotar reducir sustancialmente el gasto como proporción tanto de los egresos totales de dicha institución, como en relación con los gastos del año 1994.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 84, "Gastos globales de funcionamiento del Banco de Previsión Social".

(Se vota:)

-1 en 27. Negativa.

En consideración el artículo 91.

Ha llegado a la Mesa un artículo sustitutivo, presentado por los señores Senadores Brezzo, Pozzolo y Michelini.

Léase.

(Se lee:)

"ARTICULO 91 (Protección al Trabajador).- El despido de un trabajador, producido como consecuencia de haber éste observado la información referida en el artículo 89 de la presente Ley, dará lugar a una única indemnización especial igual al triple de la correspondiente a la indemnización tarifada por despido común y a la imposición de sanciones administrativas de conformidad con lo dispuesto por el inciso tercero de este artículo.

El despido acaecido dentro de los ciento ochenta días de efectuada la observación se presumirá, salvo prueba en contrario, verificado por el motivo referido en el inciso anterior.

Los magistrados que impongan la indemnización especial prevista por el inciso primero, comunicarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la sentencia correspondiente pasada en autoridad de cosa juzgada, a efectos de que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social proceda a aplicar al empleador sanciones pecuniarias cuyo monto no será menor de UR 50, ni mayor de UR 500.

En caso en que no exista controversia judicial, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, tendrá competencia para sancionar a los empleadores infractores con multas que se fijarán en los montos establecidos en el inciso anterior."

-En consideración.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Simplemente, deseo indicar que en el último inciso no debería decir "En caso en que no exista", sino "En caso de que no exista".

Por otra parte, quisiera preguntarle a los señores Senadores que han propuesto este artículo sustitutivo dónde se plantearía esta observación -que, en realidad, sería una objeción- puesto que puede ser en la esfera interna de la empresa, ante los poderes públicos o en otros lugares distintos.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RICALDONI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Eso está previsto en el artículo anterior, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI.- Gracias, señor Senador. Me dicen "sottovoce" que la referencia figura en el artículo anterior, es decir, en el 90. Sin embargo, allí tampoco se indica dónde se plantea la observación.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RICALDONI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Surge de la economía del ítem de los artículo 89 y 90, donde primero se habla de la acción del Banco informando y luego, de la posibilidad del informado a observar. Se entiende claramente que remite la observación a quien le informó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI.- Me ha convencido la explicación del señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: con respecto a esta modificación, deseo dejar constancia nuevamente de que el sistema de denuncia del trabajador contraria al empleador -en el caso de que este último haya hecho una declaración de años de servicios que no es la correcta- enfrenta a ambos y la única solución para esto es crear la reinstalación del primero. Esta situación no se establece en la Ley. Por ese motivo, habíamos propuesto que se operara la reinstalación por un procedimiento rápido, es decir, por medio de la acción de amparo ya que es la única forma de reparar las consecuencias y crearle al patrono una cierta presión para que sea exacto al declarar los años de servicio. Esta situación puede dar lugar a un juicio laboral posterior que dure más de dos años, o a un control de inspección. Lamentablemente, esto no se va a poder realizar en virtud del número de inspectores que existe. Además, debemos recordar que no se controlan fenómenos más graves como, por ejemplo, la seguridad en la construcción; entonces, ¿quién puede pensar que se van a poder controlar estos casos? Inclusive, la propia Asociación de Inspectores ha denunciado en el Parlamento la carencia de medios. Por lo tanto, la inspección no es una solución, ni tampoco lo es la sanción administrativa, y el juicio laboral puede durar dos años y medio.

En consecuencia, esta norma es una especie de reparación de texto manuscrito pero, en la realidad de los hechos, va a significar que el trabajador va a tener que optar por admitir la información errónea o fraudulenta que dé el patrono con respecto a los años de servicio y conservar el empleo. Pensamos que esta disposición no va a solucionar esa situación. Lo único que podría contribuir a mejorarla sería que el patrono supiera que si no declara los años con exactitud, igualmente tendrá que mantener al trabajador en la empresa y continuar con el desarrollo de estos pleitos.

Evidentemente, no es un recurso laboral que el trabajador tenga que continuar el pleito una vez que esté despedido de la empresa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 91 sustitutivo.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: solicito que se rectifique la votación de este artículo. Pensamos que el texto enviado por el Poder Ejecutivo era más claro y conciso porque, como acotaba el señor Senador Korzeniak, sentaba la base de que los empleadores no podrán despedir al trabajador como consecuencia de haber observado la información. Se trata de un principio que, hasta el momento, no ha sido establecido.

Entonces, como no ha sido posible aprobar el texto enviado por el Poder Ejecutivo, solicitamos que se rectifique la votación de esta disposición sustitutiva, a fin de poder acompañarla con nuestro voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal como lo ha solicitado el señor Senador Gargano, se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Señor Presidente: votamos a favor este texto que es sustancialmente igual al que, en su momento, habíamos presentado. Celebramos que se haya recogido esta inquietud que planteamos en Sala, puliéndose un mecanismo de protección a los trabajadores que es bastante más efectivo y equilibrado de lo que originalmente se había propuesto.

Por ese motivo, votamos con particular satisfacción a favor de esta iniciativa que oportunamente presentáramos en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 92.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 92. (Entidades receptoras de los ahorros).- Los aportes destinados al régimen de jubilación por ahorro individual serán administrados por personas jurídicas de derecho privado, organizadas mediante la modalidad de sociedades anónimas, denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), en adelante también Administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y controles previstos en la presente Ley.

El Banco de Previsión Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado, actuando conjunta o separadamente podrán formar Administradoras, de las cuales serán propietarios.

Asimismo, las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, las cooperativas, las asociaciones civiles, las asociaciones de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otra persona de derecho público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social, podrán formar Administradoras.

A los efectos de este artículo también quedan habilitadas a formar Administradoras las instituciones de intermediación financiera privadas mencionadas por el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, concordantes y modificativos".)

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Solicitamos que este artículo se vote por incisos y desde ya adelantamos que no vamos a votar el inciso tercero. Al mismo tiempo, proponemos que en el artículo 93 se incluya un texto que habilite al Poder Ejecutivo a autorizar actividades de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, en función de los criterios establecidos en el informe del Banco Central del Uruguay, es decir, relativos a solvencia y capacidad técnica. De esta manera, creemos que se mejora el texto de esa disposición, ya que no incluye una enumeración de posibles organizadoras de estos organismos, pero deja habilitado al Poder Ejecutivo a que permita, eventualmente, en una situación clara, la actuación de este tipo de instituciones.

En consecuencia solicitamos, entonces, que se vote por incisos el artículo 92.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Debo manifestar que sobre esta solución que mencionaba el señor Miembro Informante, pudimos trabajar en forma conjunta, partir de la objeción que oportunamente planteáramos en torno al inciso tercero, sobre cuyo fundamento no me voy a extender ahora, porque sería reiterativo.

Creemos que de esta forma, se evitan flancos que pueden ser riesgosos y se refuerzan y aclaran las competencias del Poder Ejecutivo de una manera que me parece prudente para el manejo de estas organizaciones.

Otro punto que habíamos planteado en su momento hacía referencia a la inclusión, dentro de las distintas opciones posibles, a los fondos complementarios. De eliminarse el inciso tercero, no sería necesario hacer una mención expresa a dichos fondos complementarios, ya que estaría dentro de las distintas personas jurídicas que pueden aspirar a formar una Administradora de Fondos de Pensión, estando ello sujeto a la autorización del Poder Ejecutivo, como en todos los demás casos, de acuerdo con la fórmula que se plantea en la nueva redacción del artículo 93.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Como es notorio, no vamos a votar este artículo que integra uno de los pilares fundamentales del Proyecto de Ley y que hemos criticado, ya que desde nuestro punto de vista, nos ha parecido que no es saludable ni para el país, ni para los interesados.

Sin embargo, ante la posibilidad de que esta norma sea aprobada -lo que es bastante probable- quisiéramos que se nos aclararan algunos aspectos. En primer lugar, me gustaría saber por qué se establece que esa persona jurídica de derecho privado -entidad receptora de ahorros- tiene que estar organizada mediante la modalidad de sociedad anónima. En segundo término, de existir una respuesta -que supongo debe haber- me interesaría que se me informara por qué se trata de sociedades anónimas a las cuales no se les exige que las acciones deban ser nominativas, puesto que en el Uruguay, inclusive a los bancos, se les obliga a que tengan la modalidad de sociedad anónima pero con acciones nominativas. Por tratarse de una actividad delicada de la que el Banco Central del Uruguay también será controlador -digo esto al margen de los problemas de constitucionalidad que puedan surgir porque, de pronto, es exacto que es el Banco de Previsión Social el que tendría que llevar a cabo ese control- y, además, bajo la forma de sociedad anónima con acciones que no son nominativas, podría generarse un grado de inseguridad muchísimo mayor, lo cual es notorio.

La tesis a favor de la sociedad anónima con acciones nominativas para los bancos surgió, precisamente, para dar mayor seguridad al sistema bancario. De acuerdo con una lógica casi elemental daría la impresión de que si en el futuro se crea un sistema financiero o de Administradoras de Fondos, sería más confiable si se sabe quiénes son -no en la forma, sino en la realidad- los dueños de una empresa. Este es un tema general que muchas veces preocupa al país en situaciones especiales a las cuales, en más de una oportunidad, no hemos estado ajenos.

Estas son las dos preguntas que quería plantear.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- En ocasión de estudiar el tema se entendió que este modelo de funcionamiento y de organización comercial de las Administradoras, era el más adecuado. Se podrán encontrar argumentos a favor y en contra, pero no creemos que sea el momento de discutirlo, pues hemos dedicado mucho tiempo a preparar y a analizar este Proyecto de Ley. Por otra parte, el Mensaje del Poder Ejecutivo y la posición de la Comisión se han inclinado a favor de este texto.

En consecuencia, solicito que se pase a votar este artículo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera que el señor Miembro Informante me aclarara si mi interpretación de su propuesta es correcta y, además, aspiro a que quede constancia de ella en la versión taquigráfica.

Si no me equivoco, se plantea votar por incisos el artículo 92, no votar el tercer o y aprobar el artículo 93 con una modificación por la cual el Poder Ejecutivo autorizaría las actividades de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. Se dice -de no ser así que se me corrija- que, en definitiva, estas actividades referidas en este inciso, no porque figuren en este artículo estaban autorizadas, sino que estaría reguladas por todas las normas y requisitos de los 25 ó 30 artículos que siguen de aquí en adelante. Una de dichas condiciones es la de un capital importante, que no todo el mundo lo tiene.

Concretamente, deseo saber si de eliminarse este inciso una cooperativa, o una asociación civil, profesional o de trabajadores, reuniendo todos los requisitos exigidos en este Título -y, por supuesto, con la autorización correspondiente del Poder Ejecutivo- tendría vedada la posibilidad de solicitar esa autorización.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- De ninguna manera estaría vedadas sus posibilidades, ya que el artículo 93 establece los procedimientos para hacer el trámite y solicitar la autorización ante el Poder Ejecutivo. De manera que los casos que plantea el señor Senador Michelini pueden estar habilitados para hacer la solicitud correspondiente, por lo que el Poder Ejecutivo las autorizará o no, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho artículo.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quisiera decir con total amabilidad y fraternidad al señor Miembro Informante que cuando intervine hace unos instantes hice dos preguntas concretas. A ese respecto, el señor Senador Brezzo entendió que correspondía pasar a votar cuando, en realidad, mi intención no era polemizar. Simplemente, formulé dos preguntas y pedí que se me respondieran. Sin embargo, inmediatamente otro señor Senador planteó una interrogante y se le dio una explicación.

Desearía, entonces, como forma de contribuir a que el diálogo siga de manera más o menos igualitaria, que cuando se planteen preguntas, se respondan, salvo que se resuelva lo contrario. Digo esto a los efectos de que sepamos a qué atenernos, porque no queremos incomodar al Cuerpo haciendo preguntas que pueden molestar y que no van a ser contestadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- El señor Senador Korzeniak plantea dos interrogantes; una relativa al porqué de las sociedades anónimas y otra al motivo por el cual no se habla de acciones nominativas.

Con relación al primer punto, personalmente creo que se he seguido el camino normal en nuestro Derecho, en el sentido de darle preferencia a cierta forma jurídica para negocios, cuando van más allá de determinado volumen y pasan de ser estrictamente personales. Otras opciones, como podría ser una sociedad de responsabilidad limitada o las personales, claramente son no aptas para este tipo de negocios. A su vez, las cooperativas que están en el ramo financiero estaría incluidas por el último inciso de este artículo.

Reitero dentro de la forma jurídica que tiene nuestra legislación se ha tomado por el camino que siempre se sigue cuando estamos ante actividades de determinada envergadura que no se adaptan a la forma más personal de sociedades comerciales.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la segunda observación en cuanto a por qué no establecer en la ley que las acciones sean nominativas siguiendo el criterio utilizado para los bancos, debo decir que la comparto y creo que es de fácil solución. Al respecto, bastaría con intercalar la palabra "nominativas" después de "sociedades anónimas". En general, entiendo que el hecho de que la legislación en materia de sociedades anónimas en el Uruguay conserve las acciones al portador es un mérito, a diferencia de otras legislaciones que se han apartado de eso. No necesariamente por ello debe ser de aplicación universal. Siendo tan afín al tema financiero, comparo que se deba seguir el mismo criterio de la Ley de Intermediaciones Financieras.

Con respecto a la inquietud planteada por el señor Senador Michelini -que si no entendí mal, era para que constara en la versión taquigráfica y no se llamara a confusión- quizá pudiera complementarse explicando por qué en este artículo aparecen menciones a texto expreso, como por ejemplo la de los bancos públicos y las de las entidades privadas de intermediación financiera, y por qué no la otra variedad de personas jurídicas de Derecho Privado. Esto es así porque en el caso de los bancos públicos sí se requiere una norma expresa, al igual que en el de las entidades de intermediación financiera; de lo contrario, estaría impedidas por mérito a la legislación sobre esa materia. En los demás casos no es necesario decir nada, ya que simplemente quedarán sometidos a la autorización del Poder Ejecutivo, aunque efectivamente puede presentarse cualquier otra entidad privada que cumpla con los requisitos formales y de fondo, tal como señalaba el señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR BREZZO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Señor Presidente: anteriormente ya me he referido al caso de las sociedades anónimas. De todas formas el señor Senador Posadas Montero ha ampliado la respuesta a solicitud del señor Senador Korzeniak.

En cuando a que sean nominativas, debo decir que representamos la posición del Poder Ejecutivo y en tal sentido estamos defendiendo una postura que no sólo es el fruto del análisis a nivel parlamentario, sino también en la órbita del Gobierno, en la que se ha entendido que el criterio debe ser que se trate de acciones al portador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD.- Quiero agradecer a los señores Senadores preopinantes que en buena parte hayan adelantado lo que iba a decir.

Estoy totalmente de acuerdo con las razones por las que se seleccionó la modalidad de sociedades anónimas y, por otro lado, coincido -pese a que originalmente no se pensó así- en introducir efectivamente el concepto de acciones nominativas. En tal sentido, en los próximos minutos realizaremos algunas consultas.

Quisiera reiterar algo en la misma dirección que señalaba el señor Senador Michelini, esto es, para que conste en la versión taquigráfica. La autorización del artículo 93 se refiere a toda suerte de organizaciones. Todos somos conscientes de la intención que tendrían muchos de los fondos complementarios en estos momentos en funcionamiento, de estudiarla posibilidad de constituir asociaciones de este tipo. Inclusive, hemos recibido la consulta de algunas organizaciones gremiales y sindicales, a fin de convertirse en instituciones administradoras de fondos. En definitiva, nos pareció que la redacción que tenía el inciso tercero del artículo era excesivamente restrictiva e, interpretando el sentir del Cuerpo, hemos propuestos eliminarla y sustituirla por un nuevo texto en el que efectivamente se recoge la posibilidad de que la iniciativa surja de cualquiera de esas organizaciones. Por ejemplo, si el propio Fondo que existe en el Palacio Legislativo en el día de mañana decidiera transformarse en una Administradora de esta naturaleza, tendría que presentarse cumpliendo con los requisitos que plantea esta Ley, solicitar autorización y de acuerdo con lo que establece el artículo 93, en caso de efectivamente cumplirlos, podría establecer una Administradora de Fondos.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Con relación a la propuesta del señor miembro informante de suprimir el inciso tercero, debo decir que estoy un poco confundido por las fundamentaciones. En el día de ayer escuché una extensa argumentación del señor Senador Posadas Montero en el sentido de excluir a estas instituciones que están mencionadas en el inciso tercero porque entendía que no era conveniente que accedieran a operar en un campo tan "especial", con "tanta responsabilidad" y en el que se exige cierto "profesionalismo". De esa forma, los que efectivamente "saben" de esto serían quienes estarían involucrados en el negocio.

Personalmente, no comparto la opinión del señor miembro informante en cuanto a que si se la elimina del Proyecto igual están incluidas, porque lo que sobre no daña.

SEÑOR BATLLE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Al establecer este inciso tal como está, quiere decir que todo aquello que no esté comprendido aquí no puede constituir una Administradora de fondos privados. Creo que habría que hacer como los Escribanos que hablan de un poder general y luego establecen puntualmente cuáles son todos los elementos que lo componen. Al quitar esto, eliminamos una referencia taxativa que determinaría que lo que no está incluido aquí no podría ser.

Por esa razón voy a votar la supresión de este inciso, a fin de agrandar el panorama y no para achicarlo, porque si no tendríamos que decir en este inciso "y cualquier otra forma".

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Creo que va por un camino errado el razonamiento del señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Desde hace mucho tiempo, señor Senador.

(Hilaridad)

SEÑOR GARGANO.- Creo que el razonamiento del señor Senador Batlle va por un camino errado. En realidad, se equivoca algunas veces y otras no, pero en este caso concreto sí ocurre eso.

(Hilaridad)

-El artículo es nominativo, pero tiene una especificidad, ya que menciona a las entidades -que describe- que tengan por objeto atender a la seguridad social; es decir que no se refiere a cualquiera. De modo que al eliminar ese inciso, en virtud de lo que establecen los dos primero incisos, las entidades de intermediación financiera serán las únicas que puedan crear sociedades de esta naturaleza. Digo esto como mecanismo interpretativo y para que quede la debida constancia en la versión taquigráfica, porque es obvio que quien habla no va a votar esta disposición.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra para ocuparme del asunto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: deseo hacer dos puntualizaciones.

En primer lugar, quiero señalar que el régimen de seguro social que, a nuestro juicio, no respeta lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución de la República -no vamos a insistir al respecto- aparece totalmente desvirtuado cuando los ahorros se destinan al circuito comercial. No hay nada más contradictorio con las prestaciones de vejez que insertarlas en la actividad comercial de las sociedades anónimas. Reitero que esto nada tiene que ver con el seguro social. Decimos esto, rechazando la privatización aun dentro del Banco de Previsión Social, porque representaría una alteración del régimen solidario. Esto es peor, pues implica exponer al juego de la Bolsa y de la actividad de la sociedad anónima los montos que deben garantizarse 25, 30 ó 35 años después.

En segundo término, deseamos indicar que tenemos serias dudas con respecto al artículo 188 de la Constitución de la República, ya que los incisos finales de dicha norma habilita a los Entes Autónomos a comerciar y establecen claramente que para intervenir el Estado en capitales privados, en sociedades o empresas formadas por aportes obreros se requiere que esa participación se autorizará en cada caso por la Ley. Hay quienes entienden que esto está en desuso, pero la voluntad del Constituyente ha sido que el Estado no interviniera en un proyecto de comercialización o de comerciar sin que en cada caso fueran examinados los alcances de la operación y sus características, no pudiendo.

Creemos que el hecho de que se dé una facultad para establecer la mecánica de intervención por medio de una sociedad anónima, no respeta la intencionalidad de esta disposición que requeriría que el objetivo comercial indicado fuera planteado en el Parlamento y aprobado por una ley en cada caso, según lo que establece el artículo 188 de la Constitución.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Señor Presidente: deseo recordar que habíamos formulado una moción concreta -recogiendo la inquietud del señor Senador Korzeniak- en el sentido de que se incluyera la palabra "nominativas" luego de la expresión "sociedades anónimas". Al respecto, creo que habría que escuchar la opinión del señor miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BREZZO.- Señor Presidente: luego de efectuar las consultas correspondientes, hemos resuelto apoyar el criterio del señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: en realidad, deseo consultar si la referencia a las "acciones nominativas" no debería hacerse en el inciso primero.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pienso que está de más aclarar lo que son las sociedades anónimas nominativas.

SEÑOR RICALDONI.- De todos modos, creo que la redacción debería expresar algo similar a lo que señalaba el señor Senador Couriel, es decir, "organizadas mediante la modalidad de sociedades anónimas, cuyas acciones serán nominativas".

SEÑOR POSADAS MONTERO.- No soy un experto en la materia pero, en lo que a mí respecta, me es indiferente que se establezca "sociedades anónimas nominativas" -que todo el mundo las conoce- o "sociedades anónimas, con acciones nominativas".

SEÑOR RICALDONI.- Entonces, que se ponga a consideración como disponga el señor Senador Posadas Montero.

(Hilaridad)

-En definitiva, sugeriría que la redacción quedara de la siguiente manera: "sociedades anónimas cuyas acciones serán nominativas".

De todos modos, reitero, estoy a lo que decidan el señor Senador Posadas Montero o el señor miembro informante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BREZZO.- Señor Presidente: quiero señalar que compartimos la propuesta del señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 92, con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el inciso primero con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso tercero.

(Se vota:)

-5 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso cuarto, que pasa a ser tercero.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Señor Presidente: solicito que se reconsidere el artículo 93.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 93.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 93 (Autorización).- Corresponde al Poder Ejecutivo con informe previo del Banco Central del Uruguay, la facultad de autorizar el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional":)

-Léase la fórmula sustitutiva.

(Se lee:)

"Corresponde al Poder Ejecutivo, con informe previo del Banco Central del Uruguay, autorizar la actividad de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, en función de la solvencia y capacidad técnica de los proponentes, así como de la oportunidad por la realidad del mercado".

SEÑOR MALLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO.- Señor Presidente: deseo hacer una consulta, pues me da la impresión de que la modificación que se propone pertenece más a la literatura. Digo esto porque qué quiere decir que se autorice en función de la solvencia si no tienen responsabilidad.

SEÑOR COURIEL.- Se refiere a la realidad del mercado.

SEÑOR MALLO.- De todos modos, si se pide que una persona compruebe su solvencia, es porque será el garante o el aval de una operación.

Por lo tanto, creo que este artículo tendría sentido si se estableciera la responsabilidad patrimonial de los proponentes por las obligaciones de la Administradora. De lo contrario, reitero, esa propuesta pertenece al ámbito de la literatura.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE.- Señor Presidente: pienso que un informe previo a la autorización del funcionamiento de una Administradora de fondos debe referir específicamente a la solvencia y capacidad técnica, y me parece bien que ello se incluya en la Ley; es necesario que se exijan las mencionadas solvencia y capacidad técnica. Sin embargo, creo que estamos ante la concreción de una actividad nueva, de orden financiero, que requiere confianza de los particulares que van a incorporarse a ella. Por este motivo, reitero, se debe exigir al Banco Central el establecimiento de niveles de solvencia y capacidad técnica.

Adelanto que no estoy muy de acuerdo con lo que se expresa luego de la coma final, es decir, "así como de oportunidad por la realidad del mercado". Digo esto porque se determinaría una especie de potestad del Poder Ejecutivo que va más allá de la solvencia y capacidad técnica para establecer quién puede estar operando y quien no. Puede existir una Administradora de Fondos cuyos titulares se presenten y exhiban las referidas condiciones y, aunque el mercado las acepte como mejores en cuanto a competencia, "el príncipe", en este caso el titular del Banco Central, puede determinar que la misma no participe en función de un criterio de oportunidad de mercado. Pienso que este decisión debe ser dictada por el mercado y no por el señor Presidente del Banco Central.

Entiendo las razones por las cuales se exige solvencia y capacidad, pero no comprendo por qué se otorga la potestad al Director de la oficina pertinente de informar al señor Presidente del Banco Central que no es conveniente que el mercado reciba a una organización que exhibe solvencia y capacidad técnica.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Creo haber entendido lo que manifestó el señor Senador Mallo en cuanto al contenido y fundamento de su inquietud, y él me corregirá si ello no es así. Pienso que el problema se puede solucionar con un pequeñísimo cambio de redacción que sustituya la palabra "proponentes" por "solicitantes". Reconozco que no analicé la disposición en la forma en que lo hizo el señor Senador y admito que la interpretación por él realizada puede ser más correcta desde el punto de vista idiomático. Al hablar de proponentes, no se hace mención a la persona que proponen que dicha persona jurídica sea aceptada o autorizada. Por lo tanto, este problema se puede solucionar porque no estaba en el ánimo de los redactores establecer que cuando se habla de solvencia, ésta se refiera a quienes piden la aprobación de la persona jurídica. Por consiguiente, estimo que solucionaríamos la inquietud planteada por el señor Senador Mallo al sustituir la palabra "proponentes" por "solicitantes".

El aspecto mencionado por el señor Senador Batlle, relativo a la posibilidad de dar determinadas facultades para juzgar la oportunidad en función de la realidad del mercado, entiendo que se refiere al Poder Ejecutivo y no al Banco Central. Admito que todo esto es discutible, y en el fondo es el mecanismo que se ha seguido en el Uruguay, aunque no recuerdo si esto ocurrió en función de una norma expresa o autorización tácita en materia de bancos. En este ámbito el Poder Ejecutivo, en los hechos, ejerce ese tipo de facultades y puede o no otorgar una autorización si considerara que la plaza está suficientemente atendida o, aun más, sobre atendida.

Sin perjuicio de admitir que los argumentos esgrimidos por el señor Senador Batlle son de peso, preferiría -en una actividad que para nosotros es nueva- que el Poder Ejecutivo pudiera adoptar determinados criterios mediante el mecanismo de análisis del mercado. Como bien sabe el señor Senador Gargano, los mercados siempre terminan corrigiéndose, y ella es una de sus virtudes; pero como ello no siempre ocurre sin dolor, pienso que es conveniente tomar precauciones frente a una actividad nueva.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Deseo intervenir en esta discusión exclusivamente para brindar una información que estimo puede ser útil. Efectivamente, está previsto en forma legal que se puede negar la instalación de bancos por razones de oportunidad y conveniencia, entre las cuales se encuentra la relacionada con el mercado. Esto se establece en la Ley de Intermediación Financiera y se planteó como consecuencia de que un grupo financiero europeo -que últimamente ha cobrado renombre otra vez- pidió la instalación de un banco, presentando todos los requisitos legales exigidos. En ese momento se discutió si la negativa debía estar basada en razones de legalidad o si podía fundarse también en criterios de oportunidad o conveniencia. Este problema fue solucionado por la referida Ley, que dice expresamente que la negativa puede basarse en razones de legalidad o de oportunidad. La solución de que sea el mercado en que determine si se dan los extremos exigidos y no se otorgue esta facultad al Poder Ejecutivo o al Banco Central a través del informe, no sé cómo podría materializarse. No veo de qué forma se expresaría el mercado -salvo que fuera el Mercado Modelo- para manifestar si está o no de acuerdo. Creo que esta voluntad debe ser exteriorizada por un órgano del Estado, porque lo que ocurre en el mercado es siempre una interpretación.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- El mercado es invisible en cuanto a las manos pero tiene voz.

SEÑOR KORZENIAK.- Tiene voz y voto, e incluso aquí mismo.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Adelanto que estamos dispuestos a aceptar la modificación propuesta por el señor Senador Posadas Montero,, en el sentido de sustituir la palabra "proponentes" por "solicitantes" a los efectos de lograr una mejor redacción. Sin embargo, consideramos conveniente mantener la parte final: "así como de oportunidad por la realidad del mercado" Entendemos que es bueno que por Poder Ejecutivo previo informe del Banco Central, pueda ir regulando todo el sistema en forma racional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 93, reconsiderado, con la modificación planteada por el señor Senador Posadas Montero y aceptada por el señor Miembro Informante.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 94, que oportunamente fuera postergado.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 94 (Requisitos para iniciar actividades).- El Poder Ejecutivo fijará la fecha a partir de la cual las Administradoras autorizadas a funcionar podrán comenzar a realizar publicidad y a captar afiliados, de acuerdo a las previsiones de la presente Ley. Una de dichas Administradoras deberá, obligatoriamente, constituirse por el Banco de Previsión Social, solo o conjuntamente con otra u otras de las entidades mencionadas en el inciso segundo del artículo 92 de la presente ley. Una de dichas Administradoras deberá, obligatoriamente, constituirse por el Banco de Previsión Social, solo o conjuntamente con otra u otras de las entidades mencionadas en el inciso segundo del artículo 92 de la presente Ley.

Ninguna Administradora podrá comenzar a funcionar, realizar publicidad o captar afiliados antes que se encuentre en funcionamiento operativo por lo menos una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, perteneciente al sector público".)

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- En la discusión particular habíamos manifestado algunas objeciones en cuanto a la segunda frase del inciso primero, y por ello no las voy a reiterar aquí. A los efectos de facilitar la votación del artículo, sugeriría que se dividiera el primer inciso en dos. Ello nos permitiría no votar lo que por ahora es la última frase del inciso primero -descontamos que cuenta con mayoría- y sí hacerlo respecto del resto del artículo.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO.- Estamos de acuerdo con la propuesta del señor Senador Posadas Montero en el sentido de convertir el primer inciso en dos.

Por otra parte, deseo sugerir la corrección de la redacción del actual segundo inciso. Donde dice "Ninguna Administradora podrá comenzar a funcionar", etcétera, deberíamos expresar  "Ninguna Administradora de propiedad del sector privado podrá comenzar a funcionar", etcétera.

SEÑOR BATLLE.- Debería decir "Ninguna Administradora privada".

SEÑOR BREZZO.- No, porque privadas son todas.

Entonces, el texto definitivo sería el siguiente: "Ninguna Administradora de propiedad del sector privado podrá comenzar a funcionar", etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 94 en incisos. El primero de ellos diría: "El Poder Ejecutivo fijará la fecha a partir de la cual las Administradoras autorizadas a funcionar podrán comenzar a realizar publicidad y a captar afiliados, de acuerdo a las previsiones de la presente Ley".

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

Se va a votar el inciso segundo, que es el siguiente: "Una de dichas Administradoras deberá, obligatoriamente, constituirse por el Banco de Previsión Social, solo o conjuntamente con otra u otras de las entidades mencionadas en el inciso segundo del artículo 92 de la presente Ley".

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

Se va a votar el tercer y último inciso del artículo 94, con la modificación aceptada por el Miembro Informante, señor Senador Brezzo.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- En la discusión particular formulamos comentarios críticos sobre este inciso sobre el cual mantenemos nuestra opinión en el sentido de que nos parece inconveniente. Sin embargo, a los efectos de no obstaculizar el tratamiento del Proyecto de Ley, hemos acompañado a la mayoría.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el literal e) del artículo 123, oportunamente desglosado.

Léase el literal e).

(Se lee:)

"ARTICULO 123 - Lieral e).- Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos garantizados por entidades financieras autorizadas a funcionar en el país, a través de la emisión de certificados de depósito, hasta el 20% (veinte por ciento)".

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Simplemente quiero decir que esta no es la redacción que presenté, pero la mejora. Por otra parte, las inversiones inmobiliarias y forestales no son sectores sino ramas; de todas maneras, me parece que la redacción es igualmente útil.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

Corresponde ahora reconsiderar el artículo 128, "Responsabilidades y obligaciones de las empresas aseguradoras". Según expresa el señor Miembro Informante, existe al respecto una fórmula sustitutiva.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración del artículo.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BREZZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Personalmente, propondría que se votara el artículo 128 tal como viene de la Comisión -el cual votaremos negativamente- y, posteriormente, correspondería poner a votación el artículo 128 con el literal c), que es, a mi juicio, el procedimiento más claro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el señor Miembro Informante entiende que el texto que corresponde es otro, no existe ninguna razón para votar negativamente éste, sino que se vota el texto sustitutivo que fue admitido por el señor Miembro Informante. Si no hay objeciones por parte del Senado, así se hará por razones de economía de tiempo.

Léase el literal c) del artículo 128.

(Se lee:)

«ARTICULO 128 - Literal c). - Formar el capital técnico necesario para cubrir las prestaciones mencionadas en los literales a) y b) de este artículo, conforme a las instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay y a lo dispuesto por el Capítulo IV del Título VIII en lo pertinente».

-Correspondería entonces, votar el artículo 128 con el texto del repartido más el literal c) que se acaba de leer.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Antes de que lo diga el señor Senador Mallo, el correcto orden jurídico es a la inversa aunque en la práctica suele ser de otra manera, primero se incluye la Ley y luego las instrucciones del Banco Central.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que es correcto y corresponde modificarlo a los efectos de ser respetuosos con la jerarquía institucional.

Se va a votar el texto tal como está en el repartido, con la sustitución del literal c), por el que fue leído, incluidas las aclaraciones planteadas por el señor Senador Posadas Montero.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

Se pasa al artículo 134, «Control de las Administradoras», que fue oportunamente postergado.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 134. (Control de las Administradoras). - El Banco Central del Uruguay ejercerá el control de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con las competencias establecidas en la presente Ley, sin perjuicio de las normas de organización de la seguridad social que dicte el Banco de Previsión Social de acuerdo al artículo 195 de la Constitución de la República.

Las potestades que la Constitución acuerda a los Cuerpos Legislativos o a sus integrantes no podrán ser restringidas sea cualquiera la circunstancia que se invoque, en todo lo referente a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, sean de carácter público o privado».)

-En consideración.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Deseamos dejar constancia que nosotros entendemos que, frente a la hipótesis en que se coloca el Proyecto de Ley, en el sentido de que esto es seguridad social -por nuestra parte no pensamos así- quien debía actuar era el Banco de Previsión Social, de acuerdo con lo que establece el artículo 195 de la Constitución, que dice que organizará la seguridad social. Además, este control sería importante porque permitiría la intervención de los representantes de los activos, pasivos y empresas a través de su participación en el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, nuestra opinión es que existe infracción en cuanto al rol que debería cumplir el Banco y sus representantes en el contralor del funcionamiento del sistema, calificado éste en los términos en que la economía del Proyecto de Ley entiende que se trata de seguridad social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 134 con el texto que viene en el Repartido.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

Corresponde pasar a considerar el artículo 143, para el cual existe una fórmula sustitutiva.

-Léase.

(Se lee:)

«ARTICULO 143. (Afiliación previsional de las AFAP). - Los trabajadores de todas las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, así como los trabajadores del Banco de Previsión Social estarán afiliados a esta Institución, en lo que refiere al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

En cuanto al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, los referidos trabajadores podrán elegir libremente la Administradora a la cual afiliarse. (Firman los señores Senadores Brezzo, Michelini y Pozzolo).»

-Evidentemente, hay aquí una admisión del señor Miembro Informante hacia el texto sustitutivo, por lo cual no corresponde votar el que viene de la Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 143 con el texto sustitutivo previsto.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

Corresponde ahora pasar a considerar el artículo 184, «Facultad del Poder Ejecutivo».

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 184. (Facultad del Poder Ejecutivo). - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, en la medida en que la evolución de la recaudación y la situación del Tesoro Nacional lo permita.»)

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Quiero trasmitir al Senado que acordamos no votar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 184.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

En consideración el artículo 185, que también se resolvió postergar oportunamente.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 185. (Impuesto a las retribuciones personales). - Las retribuciones personales que excedan de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) constituyen materia gravada a los efectos del impuesto a las retribuciones personales.»)

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Este artículo fue postergado a pedido del señor Senador Astori y habíamos quedado en aclarar el tema. Es necesario incluir esta disposición porque hay un criterio por el cual se relacionan la materia gravada y la impositiva desde el punto de vista del impuesto a los sueldos. De manera que debe votarse tal como viene.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 185, tal como viene en el Repartido.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

Léase el artículo 186 sustitutivo.

(Se lee:)

«El sueldo básico jubilatorio de los trabajadores de industrias en las que, con anterioridad a la fecha de sanción de la presente Ley se hayan producido despidos colectivos como consecuencia del cierre o clausura total de las actividades de la empresa, se podrá calcular tomando en cuenta el promedio mensual de los veinte mejores años de asignaciones computables actualizadas, con aportes documentados.

Lo previsto por el inciso anterior, será de aplicación siempre que dichos trabajadores tuvieren cincuenta o más años de edad al 31 de diciembre de 1995 y no hubieren configurado causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996.

La actualización de las asignaciones computables se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad de acuerdo al Indice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, del 17 de diciembre de 1968. (Firman los señores senadores Michelini, Brezzo y Pozzolo)».

-En consideración.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Junto con otros señores Senadores hemos elevado un texto aditivo a este artículo 186 que complementa esta medida con el planteo de una causal anticipada.

SEÑOR PRESIDENTE. - De todas maneras, corresponde votar en primer lugar el artículo sustitutivo que cuenta con la firma del señor Miembro Informante.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el texto aditivo propuesto por varios señores Senadores.

(Se lee:)

«Los trabajadores que hayan cumplido 30 años de servicio como mínimo y más de 55 años de edad el hombre y de 50 la mujer, tendrán derecho a percibir la jubilación común en caso de haber cesado en la actividad en forma forzosa por cierre o clausura de empresas en que trabajaban, con un mínimo de 10 años de servicio en las mismas, todo lo cual deberá ser debidamente probado. (Firman los señores Senadores Arismendi, Dalmás, Couriel, Gargano, Korzeniak, Sarthou, Astori, Cid y Segovia).»

-En consideración.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Entiendo que este artículo busca solución definitiva a decisiones que en la Legislatura pasada debimos adoptar, forzados por algunas circunstancias como por ejemplo, el cierre de la empresa «Campomar» y de varias otras, que dejaban desocupadas a personas mayores de cincuenta años de edad y, por lo tanto, no requeridas en el mercado de trabajo.

Si no interpreto mal -y en ese sentido se dirige mi consulta a los proponentes de este aditivo- se pretende dar fuerza legal y, en consecuencia, carácter permanente, a disposiciones que votamos en la Legislatura pasada frente a la quiebra de empresas.

SEÑOR SARTHOU. - Así es, señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Entonces, por esta vía, nos evitaríamos votar estas normas frente a cada circunstancia similar.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - El espíritu de este texto aditivo es exactamente el que ha mencionado el señor Senador Pereyra e implica generalizar una resolución adoptada frente al caso concreto del cierre de la empresa «Campomar» y que en un momento en que se produce el cierre de muchas fábricas -de las áreas textiles, frigorífica, etcétera- configura una situación muy repetida.

Esta disposición establece que aquellos trabajadores que hayan cumplido una larga actividad en la empresa que implique treinta años o más de trabajo y superen los cincuenta años de edad en el caso de la mujer y los cincuenta y cinco años para el hombre, accedan a la jubilación, teniendo en cuenta que su reinserción en el mercado laboral será muy difícil o prácticamente imposible y no tienen posibilidad de jubilarse. Frente a esta alternativa, el artículo que se ha votado tiende a solucionar la determinación del sueldo básico -lo cual es positivo- pero deja sin resolver la situación de estos trabajadores, que deberán esperar tres o cuatro años para alcanzar el límite de edad y así poder jubilarse. En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social recibimos, junto con el señor Senador Gandini, la visita de una delegación de trabajadores que se encontraban en esta situación y que preguntaban por qué tenían diferencia con otros casos en los que se había dictado una ley que habilitaba a jubilarse por esta vía.

Por este motivo, parece justo -como decía el señor Senador Pereyra- generalizar esa posibilidad, siempre y cuando se adjunte la prueba de la situación concreta que documente que se trata de empresas cerradas, que los trabajadores han desarrollado su actividad durante los años necesarios y que cumplieron funciones en dicha empresa durante un mínimo de diez años en forma continua, no teniendo la edad -aunque sí superando un límite básico- para acceder a la jubilación. De esta manera la situación se equilibra, impidiendo el acceso a trabajadores de edades muy inferiores.

Reitero que la situación a que aludió el señor Senador Pereyra es realmente la que nos motivó a presentar este aditivo.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Cuando en Comisión presentamos este aditivo con otro texto, a iniciativa del señor Representante Atchugarry, lo hicimos a efectos de contemplar la situación de los obreros pertenecientes a organizaciones fundamentalmente textiles, a los que se había ayudado a resolver su situación frente al cierre de la empresa como, por ejemplo, se procedió frente al caso concreto de «Campomar», pero a los que no se les resolvía el aspecto jubilatorio. Entonces, nos pareció que teníamos que incorporar a esta Ley un artículo como el que se acaba de votar, con las limitaciones de edad y tiempo trabajado, para que no se transformara en una obligación financiera que pudiera ir mucho más allá de lo que está estimado y calculado a través del aditivo de esta modificación del artículo 186. Este texto que hemos votado afirmativamente resuelve el problema de esos operarios, sobre todo porque se trata de funcionarios que en su mayoría tienen cincuenta años de edad y que adquieren el derecho a la jubilación antes de las fechas aquí señaladas mediante un régimen especial de computación de los veinte mejores años de servicio, ya que de pronto en los últimos dos o tres años no tuvieron actividad y, por lo tanto, no percibieron ingresos. De esta manera, acceden a una jubilación adecuada a lo que efectivamente han trabajado.

Creemos que este artículo 186, con la redacción que se ha votado, prácticamente resuelve los problemas planteados puntualmente en estas ramas de la actividad. No estamos en condiciones de votar el texto aditivo que se presenta porque el mismo extiende estas posibilidades a áreas en las que no podemos saber cuál será la consecuencia financiera definitiva para el Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto aditivo propuesto.

(Se vota:)

-9 en 28. Negativa.

Restarían por considerarse cuatro artículos, que son el 16, 36, 60 y 61.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Tengo entendido que han llegado a la Mesa diversos artículos presentados por distintos señores Senadores, sumados a los que acaba de hacer referencia el señor Presidente. Me gustaría saber si se van a considerar a posteriori. Planteo esta inquietud porque deseo acercarle un artículo a la Mesa, y no quisiera quedar fuera del trámite.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo que es reglamentario, terminada la discusión del Proyecto, se pueden presentar artículos aditivos que quizás puedan ser incluidos en el lugar que corresponda y no al final.

Por lo tanto, pasaríamos a considerar el artículo 16.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Propongo que este aditivo se vote como artículo 17, aceptando desde ya lo que había solicitado la señora Senadora Arismendi, en cuanto a que la votación sea nominal.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Si no entendía mal, el artículo 16 ya está votado.

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor Senador. Lo que ocurre es que cuenta con una votación muy alta y la reconsideración implicaría un número de votos que quizás no se alcance. Sin embargo, si lo votamos como aditivo, no juegan las mayorías de la reconsideración.

Reitero que el artículo 16 fue reconsiderado, pero al resultar la votación inferior a la obtenida en su momento, queda el texto del artículo 16 que había sido aprobado. Por consiguiente, habría que agregar un artículo aditivo que figure con el número 17 y, obviamente, correr la numeración de los siguientes.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Aceptando el criterio propuesto por la Mesa y dejando para más adelante la discusión sobre la interpretación del artículo 104 del Reglamento, vamos a acompañar este inciso final como artículo 17, con el fin de no entorpecer el mecanismo planteado. De todas maneras, habrá que dejar constancia de cuál es la interpretación que el Senado tiene sobre el artículo 104.

SEÑOR PRESIDENTE. - Las interpretaciones que pueda realizar la Mesa o el Senado no causan estado. Esto quiere decir que hoy puede sostenerse una determinada interpretación y mañana otra. Quizás sea necesario, en su momento, aclarar el texto del reglamento que, evidentemente, resulta confuso.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Entonces, se pasaría a votar la última parte del artículo 16 en forma independiente. Quisiera que esto quedara claro porque tenemos un texto sustitutivo en el que hacemos la derogación de los numerales 1 a 4 del inciso c) y no nos consta que haya sido votado.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo 16 fue aprobado oportunamente y su votación resultó 25 en 29. Posteriormente fue reconsiderado y en la medida en que la reconsideración pone nuevamente en discusión el tema, se requiere una nueva votación. En consecuencia, para que quede firme un nuevo texto en la interpretación que da la Mesa, tendría que contar con más votos de los que tuvo en su momento. El tema es opinable y puede discutirse si se requiere simplemente la mayoría absoluta del total de componentes. Sin embargo, lo que resulta claro es que este artículo debe ser votado nuevamente. Incluso puede darse la posibilidad de que sea votado en forma negativa, lo que modificaría el texto ya aprobado.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - No analizo el problema de la reconsideración. Lo que planteo es que se dice que se aprobó este artículo tal como está, con una votación de 25 en 25.

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor Senador, inicialmente fue aprobado por 21 en 29 y al pedirse la rectificación, la votación fue de 25 en 29.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Mi inquietud consiste en saber si lo que vamos a hacer ahora es votar el artículo 16 y posteriormente el aditivo que estaba propuesto como artículo 17.

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo 16 ya ha sido votado y reconsiderado. En la aprobación inicial tuvo una altísima votación que hace muy difícil que a través de la reconsideración se modifique su texto puesto que se requieren más de 25 votos.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Entonces, señor Presidente, si no entiendo mal, el artículo 16 fue votado, luego se pidió su reconsideración y se debatió sobre el punto. Por lo tanto, ahora se debe votar y puede suceder la hipótesis que mencionaba el señor Presidente en cuanto a que seamos tan convincentes que logremos variar la votación y resulte negativa. Esto puede relacionarse con la votación anterior y si en la interpretación que el señor Presidente hacía el número de votos es inferior, quedaría lo que se votó antes de la reconsideración. No obstante ello, todavía no lo votamos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Si se ha llegado a un acuerdo sobre el procedimiento, mi intervención no tiene sentido.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - No debemos olvidar que existe una alternativa propuesta a este texto y que está en poder de la Mesa. Considero que debe ser leída para después disponer si se efectúa la votación nominal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase por Secretaría el artículo 16 propuesto.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - «Deróganse los numerales 1 a 4 del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9 del 23 de octubre 1979. El artículo 5° y concordantes de la Ley N° 15.900 y el artículo único de la Ley N° 16.195, de 16 de julio de 1991, así como todas las normas concordantes y modificativas de los textos que se derogan por esta iniciativa. Los empleados de los organismos paraestatales o de la actividad privada que resulten electos como Legisladores, tendrán derecho al cesar en su cargo electivo, a reintegrarse a los cargos que desempeñaban con anterioridad a su elección, quedando suspendida en todos sus efectos la relación laboral privada durante la gestión del cargo referido. (Firman los señores Senadores Sarthou, Gargano, Korzeniak, Couriel, Astori, Cid, Segovia y las señoras Senadoras Dalmás y Arismendi)».

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, procederíamos a votar el texto del artículo 16 tal como vino en el repartido.

SEÑORA ARISMENDI. - No olvidemos que solicité que se votara nominalmente.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Tengo entendido que si un señor Senador solicita votación nominal, se pasa a votar en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Eso es lo que en su momento expresé cuando por Secretaría se me leyó el Reglamento. Pero resulta que éste no es el mismo en la Cámara de Representantes que en la de Senadores. En este último caso se exige la votación del Senado, en cuanto se trata de uno de los temas que no requiere discusión.

En la Cámara de Representantes este tema requiere votación, pero también contar con un tercio de votos.

Se va a votar si este artículo se vota en forma nominal.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR OLASCOAGA. - Afirmativa.

SEÑORA ARISMENDI. - Negativa.

SEÑOR ASTORI. - Negativa.

SEÑOR BATLLE. - Afirmativa.

SEÑOR BREZZO. - Afirmativa.

SEÑOR CID. - Negativa.

SEÑOR COURIEL. - Negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - No deseamos fundar el voto para extender la duración de la sesión, sino porque no hablamos, en su momento, sobre los docentes, esperando el momento oportuno para hacerlo.

Quiero decir que no votamos negativamente este artículo porque no estemos de acuerdo con eliminar las causales anticipadas relativas a los cargos políticos, sino porque se elimina la de los docentes. Creemos que en la sociedad uruguaya, uno de los temas más relevantes tiene que ver con la educación, con los docentes, con los maestros y este es un artículo que, a mi entender, va a afectar a todo ese sector.

Desde este punto de vista, señor Presidente, digo que ojalá nos pusiéramos todos de acuerdo con respecto a que en este país hay que privilegiar la educación. Si esto significa privilegiar a los maestros, a los docentes, bienvenido sea, porque este es el tema clave del futuro del Uruguay. Por esta razón es que votamos en contra este artículo y no porque no estemos de acuerdo en eliminar las jubilaciones anticipadas de los cargos políticos. Lo hacemos porque afecta a un sector de la actividad social del país que creo que realmente debemos privilegiar.

SEÑOR CHIESA. - Afirmativa.

SEÑORA DALMAS. - Negativa.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Afirmativa.

SEÑOR GANDINI. - Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Negativa.

SEÑOR HEBER. - Afirmativa.

SEÑOR HIERRO LOPEZ. - Afirmativa.

SEÑOR IRURTIA. - Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo reiterar lo que acaba de afirmar el señor Senador Couriel, a efectos de que mañana no aparezca la noticia de que estamos votando negativamente la eliminación de los privilegios de los cargos políticos. No es así, a lo que nos oponemos es que se le saque a los maestros un derecho que tienen y que es muy justo.

SEÑOR MALLO. - Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI. - Afirmativa.

SEÑOR MILLOR. - Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - El motivo que nos llevó a pedir la reconsideración de este artículo fue el deseo, precisamente, de salvaguardar los derechos de los docentes que se pierden totalmente con el inciso segundo de este artículo. Cuando a primera hora de esta tarde, se discutió una fórmula elaborada por los miembros de la Comisión, con el aporte de la señora Ministra, sus asesores y algunos interesados en el tema, dijimos que si bien no nos conformaba plenamente -porque nuestra idea era la que expresé hace unos instantes- aparecía como una mejora sustancial. De alguna manera, al eliminar el examen psicofísico establecido por la Ley de 1948, se quitaba una posibilidad de arbitrariedades y, al mismo tiempo, se aseguraban -por otras disposiciones del Proyecto- las bonificaciones correspondientes, incluyendo no sólo a los maestros en este artículo sustitutivo, sino también -así lo interpreté y no se dijo otra cosa- a todos los funcionarios docentes.

Por lo tanto, ante la imposibilidad de lograr el objetivo mayor que nos proponíamos y teniendo en cuenta la respuesta que hubo de parte de todos los sectores para encontrar una fórmula de transacción -como lo ha sido todo este Proyecto- hemos aceptado el artículo y vamos a votar, afirmativamente, el artículo 117 que se ha presentado.

Por lo que acabo de manifestar, no aparezco en contradicción al votar afirmativamente este inciso.

SEÑOR GARAT. - Afirmativa.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Afirmativa.

SEÑOR SANABRIA. - Afirmativa.

SEÑOR SANTORO. - Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Ratifico lo que han dicho los demás señores Senadores de nuestro sector político; pero, además, quiero señalar algo que no se ha expresado. Si bien nosotros votamos en contra de este artículo, el mismo texto, derogando las causas de privilegio de los políticos, está en la propuesta alternativa que hemos elevado que, aunque no cuente con los votos necesarios, incluye los numerales 1 al 4 del artículo 35 del Acto Institucional N° 9 -con las modificaciones que ha tenido- lo que implica derogar solamente las causales políticas y no el numeral 5, referente a los docentes. De esta manera, estamos manifestando nuestra voluntad, contenida en ese sustitutivo, y pedimos que quede en la versión taquigráfica.

Por otra parte, quiero decir que la derogación del numeral 5 penaliza a los docentes ya que, al contrario de lo que ha sucedido con todos los trabajadores, se les duplica el tiempo de extensión del servicio. En general, se ha extendido de 30 a 35 los años de servicio; en cambio, los maestros que necesitaban 25 años, ahora precisarán 35. No se trata de proteger, sino de penalizar y castigar, en particular, al sector docente.

SEÑOR SEGOVIA. - Negativa.

SEÑOR STORACE. - Afirmativa.

SEÑOR VIRGILI. - Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Afirmativa.

Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - Han sufragado 31 señores Senadores: 22 lo han hecho por la afirmativa y 9 por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - La votación ha resultado: 22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Solicito que se rectifique la votación, sin que ello signifique que se haga nuevamente en forma nominal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-26 en 29. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Brevemente, porque este proceso ha sido largamente debatido, queremos señalar que, una vez más, hemos tenido que decidir entre el camino que se prefiere y el posible. El que hubiéramos preferido no es posible y el que lo es -que acabamos de acompañar-, a nuestro juicio, además de los aspectos positivos que tiene y que ya han sido señalados, no origina daños irreversibles a quienes -compartiendo los juicios de tantos señores Senadores que han hecho uso de la palabra en esta sesión- desarrollan una labor fundamental para el país, como son los docentes.

Con este fundamento de voto, además, queremos recordar el esfuerzo hecho para recoger y destacar decisiones que, en alguna medida, les den seguridad. Precisamente, la disposición que se acaba de votar no va a originar consecuencias negativas significativas, en lo que tiene que ver con las condiciones de retiro. Al respecto, está la norma que ahora se va a votar como un texto aditivo, que sería el artículo 17.

Por lo expuesto, al efectuarse la rectificación de la votación, hemos dado nuestro voto afirmativo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que el texto sustitutivo del artículo 16 es incompatible con el aprobado. Por consiguiente, se va a votar el artículo 17 que oportunamente se hizo llegar a la Mesa y que obra en poder de los señores Senadores.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - La Mesa dio una interpretación al Reglamento, en el sentido de que se necesitaban más votos que en el anterior. Se presentó el artículo 16, que tenía un segundo inciso y como se pensaba que no se iba a contar con los votos necesarios, se iba a presentar como artículo 17. Ahora, se cuenta con los votos requeridos y el artículo 16 podría ir como inciso final.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia estima que esa es una interpretación personal, que no sabe si la comparte el Senado. Más que ponernos a discutir qué corresponde reglamentariamente, la Mesa considera que se debería votar como aditivo este articulo 17 y, si se superan los 25 votos, aparecería como inciso final del artículo 16.

SEÑOR ASTORI. - Comparto íntegramente el criterio de la Mesa.

SEÑOR BATLLE. - Apoyado.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Solicitaría que la Presidencia me informara acerca del resultado de la votación del artículo 16.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se acaba de informar que la votación fue de 26 en 29.

SEÑOR COURIEL. - Mi sensación es la siguiente. Una vez votado el artículo en forma nominal, se pidió la rectificación. Entonces, algunos miembros del Senado levantaron la mano para que se rectificara la votación. Eso fue lo que entendí y le aseguro a la Presidencia que somos varios señores Senadores -por lo menos de la Bancada del Frente Amplio- los que no aceptamos el procedimiento seguido.

Por lo tanto, pediría que se rectifique nuevamente la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa informa que las rectificaciones de votos no requieren una votación previa. Simplemente, se levanta la mano. Lo que sucedió, en este caso, fue que una votación nominal se rectificó mediante el mecanismo normal de votación.

Se va a rectificar la votación del artículo 16.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

Se va a votar el artículo aditivo que pasa a ser el 17 y al que ya se dio lectura.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 17.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Di mi voto afirmativo, porque esta norma ratifica los aumentos establecidos; sin embargo, en nada corrige la eliminación de la causal de jubilación de los docentes establecidos en el numeral 5° que hoy queda derogado. Es decir, que los docentes en general van a afrontar el problema de la extensión de años. Asimismo, este procedimiento de la Ley N° 11.021 comenzará luego de que venza el plazo de 35 años establecido en esta Ley. Lo que en el régimen anterior estaba ratificado por los leyes, a partir de los 25 años, se extiende para ser aplicado luego de los 35 años. De manera que este aspecto no se modifica y solamente se defiende lo que tiene que ver con el aspecto salarial del 20% y 40%, en los casos de los docentes que trabajan en escuelas especiales o en lo relativo a quienes cumplieron los 25 años de labor.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 36.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 36. (Servicios bonificados). - El Poder Ejecutivo, mediante reglamentación, determinará los servicios que serán bonificados ajustándose a los siguientes criterios:

A) Serán bonificados en la proporción de hasta dos años por cada uno, los servicios prestados en actividades cuyo desempeño imponga inevitablemente un riesgo de vida cierto o afecte la integridad física o mental del afiliado, cuando este riesgo resulte a la vez actual, grave y permanente, según índices estadísticos de mortalidad o morbilidad.

B) Serán bonificados en menor proporción:

1) Los servicios prestados en actividades que presenten niveles de inferior riesgo.

2) Los servicios prestados en actividades que, por su naturaleza y características, impongan indistintamente al trabajador un alto grado de esfuerzo de su sistema neuromotor, habilidad artesanal, precisión sensorial o exigencia psíquica, que haga imposible un rendimiento normal y regular más allá de cierta edad, cuando este carácter sea determinado mediante pericias técnicas y estudios estadísticos ocupacionales.

3) Los servicios prestados en actividades docentes en institutos de enseñanza, públicos o privados habilitados».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 36.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 60 y 61.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 60. Inciso 2°. - Los docentes de los institutos de enseñanza pública y privados habilitados que computen no menos de 25 (veinticinco) años de actividad docente efectiva al 31 de diciembre de 1996, se regirán por el régimen vigente para esa actividad a la fecha de sanción de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 62.

ARTICULO 61. (Opción por el nuevo régimen). - Los afiliados comprendidos en los incisos primero y segundo del artículo anterior, podrán optar, ante el Banco de Previsión Social, por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes al de la vigencia de la presente Ley».)

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - El artículo 60 tiene un segundo inciso, presentado por los señores Senadores Pozzolo, Brezzo y quien habla, que se refiere a los docentes. Esta norma se basa en el hecho de que aquellos que configuren la causal al 31 de diciembre de 1996, podrán jubilarse por el régimen vigente o por el futuro, ya que el Banco de Previsión Social acepta la configuración de la causal cuando efectivamente ocurre el cese. Lo que sucede es que muchos docentes quieren seguir trabajando, razón por la cual se les hace el test correspondiente y se les autoriza a continuar en actividad. Sin embargo, luego del 31 de diciembre de 1996, estas personas no estarían configurando la causal por el régimen vigente, lo que haría que muchos docentes, hoy técnicamente capaces, optaran por el sistema actual y se apartaran de la docencia, aunque ellos y el sistema educativo no lo quieran. Por lo tanto, el inciso segundo habilitaría a que aquellos que tengan causal -la misma permanece- puedan seguir trabajando.

En el artículo 61, lo único que cambia es que se agrega -se trataría de un sustitutivo completo- la palabra «segundo».

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - En el inciso primero del artículo 60 del Proyecto aprobado por la Comisión, en lugar de «sanción» debe decirse «promulgación». La misma corrección debe hacerse en el inciso propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Eso ya se ha corregido, señor Senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 60 venido de la Comisión, con la sustitución de la palabra «sanción» por «promulgación».

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 61, que había sido postergado.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

ARTICULO 61. (Opción por el nuevo régimen). - Los afiliados comprendidos en el inciso primero del artículo anterior, podrán optar, ante el Banco de Previsión Social, por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes al de la vigencia de la presente Ley».)

-Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee:)

«ARTICULO 61. (Opción por el nuevo régimen). - Los afiliados comprendidos en los incisos primero y segundo del artículo anterior, podrán optar, ante el Banco de Previsión Social, por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes al de la vigencia de la presente Ley.»

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 61 con el agregado aceptado por el señor miembro informante.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

Corresponde proceder a examinar otros artículos aditivos llegados a la Mesa.

Léase el primero de ellos.

(Se lee:)

«Reconocimiento en caso de exilio o privación de libertad. Los trabajadores de la actividad privada que hubieran sido despedidos por las causales del Art. 1° de la Ley N° 15.783, de motivos políticos, ideológicos o gremiales, dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a computar como años de servicio a los efectos de la jubilación o la reforma de cédula en su caso los años en que hubieren estado privados de libertad o en el exilio en el período y por las causas referidas debiendo acreditar fehacientemente las circunstancias a que se refiere el presente artículo.»

-La Mesa informa que este artículo fue firmado por las señoras Senadoras Arismendi y Dalmás y los señores Senadores Segovia, Astori, Cid, Korzeniak, Gargano, Sarthou y Couriel.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: con este artículo se trata de contemplar una situación injusta planteada durante el gobierno de facto, en virtud de la diferencia de tratamiento que han tenido los empleados públicos que fueron afectados por destituciones debidas a razones de índole ideológica, gremial o política. Estos sí tuvieron la posibilidad, por medio de la Ley N° 15.783, de que se reconocieran sus servicios en los períodos en que habían sido afectados en sus derechos por detención o exilio.

Sin embargo, lo que se logró para los funcionarios públicos nunca se extendió a los trabajadores privados que padecieron una situación similar, quienes no tuvieron la posibilidad de ver reconocidos sus derechos ni de percibir absolutamente nada. Este artículo no los repone ni protege en la misma forma en que lo hizo la Ley N° 15.783 para con los funcionarios públicos. Sin embargo, hace lo más indispensable, es decir, plantea que quienes han sido afectados puedan reconocer los servicios de los períodos en los que estuvieron privados de libertad, fuera del país o impedidos de trabajar como consecuencia del gobierno de facto, lo que ya fue contemplado en la Ley N° 15.783 para los funcionarios públicos.

Cabe señalar que se plantean dos limitaciones, con respecto a lo que fue establecido para los funcionarios públicos. No se incluye la hipótesis de mera arbitrariedad, ya que podría ser una apertura muy laxa en cuanto a la admisión de casos de este tipo. Solamente se remite a la prueba de la existencia de situaciones de persecución ideológica, gremial o política, así como a los casos de exilio o de detención motivados por ella. O sea que se refiere exclusivamente a esas hipótesis. Asimismo, se exige la prueba fehaciente de esas situaciones para poder tener derecho al beneficio.

Nos parece que es una disposición que repara la injusticia de haber omitido toda norma protectora para los dirigentes que fueron despedidos durante el gobierno de facto y los trabajadores de la actividad privada, que en ningún momento fueron considerados.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BREZZO. - Deseo plantear la siguiente moción de orden.

Nos quedan una serie de aditivos por considerar y sentimos que no estamos en condiciones de analizarlo debidamente luego de haber tratado un Proyecto de Ley tan extenso y complejo. Por lo tanto, queríamos proponer que dichos textos sean enviados a la Cámara de Representantes como un agregado para ser estudiados allí, dando así por terminado el trámite en el Senado con la aprobación del Proyecto de Ley con las modificaciones que se han realizado.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En el mejor de los casos, la sugerencia del señor Senador Brezzo es una «invitación al vals» en la Cámara de Representantes y, casi con certeza, implica que el Proyecto vuelva al Senado con algunos de esos aditivos.

En consecuencia, sugeriría a los señores Senadores que piensen seriamente en esto. Personalmente, no acompaño la moción propuesta; una vez me basta y me sobra.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: entendemos que la propuesta del señor Senador Brezzo -Miembro Informante de este Proyecto de Ley- en lo que tiene que ver con los artículos aditivos que han sido presentados, ha sido planteada a los solos efectos de que dichas disposiciones pasen a la Cámara de Representantes en la versión taquigráfica, pero no integrando el Proyecto de Ley. Cuando el señor Presidente del Senado diga las sacramentales palabras «Queda sancionado el Proyecto de Ley y se comunicará a la Cámara de Representantes», no estarán comprendidos en él los artículos aditivos. Estos figurarán en la versión taquigráfica de la sesión como disposiciones presentadas, pero reitero que no integrarán el Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia así lo entendió, señor Senador. De ninguna manera era compatible con el proceso de gestación de la voluntad legislativa el hecho de que los artículos aditivos formaran parte del Proyecto de Ley.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - La aclaración del señor Senador Santoro me parece muy oportuna; es en ese sentido que he planteado la moción.

En cuanto a la «invitación al vals» que señalaba el señor Senador Posadas Montero, pienso que es verdad, pero lo es tanto votemos o no en el Senado estos artículos aditivos. De todas maneras, tendrán que ser estudiados en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, mantengo la moción formulada.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Creo que los Senadores que hemos propuesto algunos aditivos tenemos derecho a que la Cámara se pronuncie sobre ellos. ¿Puede el Plenario decidir que no trata dichos artículos, que sólo constará en la versión taquigráfica o que los «tira para afuera»? Me parece que eso es improcedente, porque nos están coartando la posibilidad de que podamos expresarnos en torno a ellos y manifestar nuestra voluntad. Repito que, a mi juicio, eso no es procedente.

Además, los Senadores que hemos asistido a este intenso trabajo durante dos semanas hemos aceptado todas las postergaciones y los mecanismos de cambios de voto que se han dado, muchos de ellos no con buenas intenciones políticas. Nos quedamos tranquilamente en nuestras Bancadas escuchando la discusión, a veces, sin el quórum necesario, lo que nos parecía muy correcto. No se trata ya de una cuestión reglamentaria -aunque pienso que debe ser reglamentario proceder a votarlos- sino de mera cortesía con quienes hemos propuesto los aditivos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Si no me equivoco, estamos en una Sesión extraordinaria que prosiguió luego de un cuarto intermedio. Por consiguiente, no hay hora de finalización.

Por otra parte, se han presentado a la Mesa de manera formal algunos aditivos. No existe ninguna razón reglamentaria que justifique que se diga que no se van a tratar. Aquí no rige aquella regla que se estableció para los Presupuestos -que tiene cierta lógica- que señala que los aditivos deben ser presentados 48 horas antes ante la Comisión para que puedan ser considerados en el Senado.

Estos artículos fueron presentados a la Mesa para que sean tratados y votados a favor o en contra.

Las palabras sacramentales a que hacía referencia el señor Senador Santoro, en el sentido de que este Proyecto de Ley queda sancionado -en realidad, debería decirse «aprobado»- por esta Cámara, deben pronunciarse una vez que se termine la discusión en esta Sesión. Si los señores Senadores entienden que ya estamos cansados y no podemos continuar, podremos seguir cuando se quiera; por nuestra parte, estamos dispuestos a permanecer en Sala el tiempo que sea necesario.

Reitero que esos aditivos que fueron presentados deben discutirse y votarse a favor o en contra. Una vez que hayamos terminado, se pronunciarán las palabras sacramentales. Pero, señor Presidente, me parece que por un problema de cansancio no se puede decir que vamos a dar por terminada la consideración de esta iniciativa, remitiendo a la Cámara de Representantes los aditivos junto con el Proyecto -como una especie de anexo- a fin de que no se enojen quienes los propusieron.

Una vez más, señor Presidente, insisto en que lo que debemos hacer es discutir estos textos aditivos y someterlos a votación.

SEÑOR HEBER. - ¡Vamos a votarlos, señor Senador!

SEÑOR KORZENIAK. - Precisamente, estoy haciendo uso de la palabra porque lo que se pretendía era pasarnos por encima y no analizar estos artículos aditivos. De otro modo, no estaría hablando y no habríamos perdido todo este tiempo.

Sabemos que la mayoría de este Senado va a rechazar estos artículos, pero entiendo que debemos proceder a considerarlos y a votarlos.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Quiero aclarar que nunca vi que se aplicara una mecánica de esta clase, con excepción de lo que viví en la Cámara de Representantes pero cuando se trataban proyectos para cuya consideración había un plazo constitucional y no alcanzaba el tiempo; entonces, ocurría que los artículos no podían ser tratados.

Ahora, se han presentado algunos aditivos y se dice que no pueden ser considerados; sin embargo, cuando se elevaron otros textos de esta naturaleza, se los consideró. De esta forma, me parece que se pretende crear una desigualdad en el derecho democrático al pronunciamiento del Senado, admitiendo el tratamiento de algunos artículos aditivos, pero no el de éstos, por haber sido presentados al final de la discusión de este Proyecto de Ley. Estimo que esa es una violación hasta de los fueros de los Legisladores que han presentado dichos artículos.

Tenemos derecho a que se voten -aunque el resultado sea negativo- nuestros artículos aditivos; tenemos derecho a que se sometan a consideración y a que se resuelva sobre ellos. De lo contrario, se estaría violando la Constitución, el Reglamento y hasta el funcionamiento democrático.

Queremos que esto quede perfectamente establecido. No sabemos dónde figura la disposición que autoriza a enviar los artículos aditivos a la otra Cámara junto con la versión taquigráfica cuando, en los otros casos, se respetó escrupulosamente el derecho a que fueran considerados y votados.

SEÑOR BATLLE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BATLLE. - Señor Presidente: se está intentando transformar la moción planteada por el señor Senador Brezzo en un acto político antidemocrático que pretende violar los fueros de los señores Senadores. No hay tal cosa. En todo caso, señor Presidente, diría que quienes no han tenido consideración para con este problema han sido, precisamente, los señores Senadores del Frente Amplio, quienes recién hace pocas horas se pusieron de acuerdo para presentar un proyecto alternativo sobre un tema que hace nueve meses estamos tratando.

Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en que se traten todos los aditivos, pero lamentablemente no podremos participar de la discusión, no ya porque carezcamos del tiempo necesario, sino porque no disponemos de la información que nos habilite para discutir -nueve meses después- temas que se presentan a último momento, por más razonables o mejores que ellos sean.

En materia de cuestiones políticas, señor Presidente, si vamos a ingresar en ese terreno, comenzaremos por decir que, al contrario de lo expresado por el señor Senador Korzeniak, no creemos que haya desconsideración. Además, este es un sistema parlamentario en el cual funcionan dos Cámaras. En este momento no estamos en condiciones de considerar nuevos aditivos de fondo sobre el tema; podemos, sí, estudiar cuestiones de redacción, pero no de fondo. Por ese motivo, el señor Senador Brezzo había habilitado ese mecanismo que, además, se va a reiterar de cualquier manera.

Dado que se entiende que esta es una especie de moción mordaza -y mordazas no han habido, porque hace nueve meses que estamos discutiendo este tema- prefiero que estos textos aditivos se pongan a consideración y sean votados.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - A pesar de que en los asuntos de orden no se pueden hacer alusiones, la Mesa prefiere manejarse con amplitud y darle la palabra al señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero señalar que el Frente Amplio recién ahora presenta un proyecto porque parte del supuesto -aclaro que no lo digo con ironía- de que el artículo 86 de la Constitución establece que todo lo que tiene que ver con cómputos y causales jubilatorias -es decir, una ley jubilatoria en sus partes fundamentales- es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, tal como sabe el señor Senador Batlle. De manera que aunque en el Frente Amplio teníamos muchas ideas -al igual que en el Partido Colorado y en el Partido Nacional- sobre el tema de la previsión social, mientras no hubiera una iniciativa formal presentada al Parlamento de acuerdo con la Constitución, no estábamos habilitados para presentar un proyecto, como efectivamente vamos a hacer.

Por otro lado, quiero decir que esa alusión política es tan antirreglamentaria como esta contestación. Pediría que sea borrada de la versión taquigráfica al igual que mi contestación; sin embargo, si se mantienen las palabras del señor Senador Batlle, deberán naturalmente mantenerse las que está exponiendo quien habla, y que tienen que ver con el conocimiento del inciso segundo del artículo 86 de la Constitución, del que surge claramente la explicación de por qué ahora el Frente Amplio propone un proyecto de ley de reforma en materia jubilatoria.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: sin compartir las expresiones expuestas desde uno y otro lado ni los argumentos manejados por los señores Senadores del Frente Amplio, y sin el deseo de enzarzarnos en una discusión política estéril, creemos que en lo fundamental asiste razón al planteo de los señores Senadores del Frente Amplio y estamos dispuestos a votar ahora esos artículos aditivos.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Quiero decir que algunos de los aditivos presentados a la Mesa fueron incluidos en un proyecto que fue presentado a la Comisión, por lo que el señor Senador Batlle está mal informado.

En ese sentido, la Comisión tuvo una actitud más deferente que la que está teniendo en este momento el Senado, puesto que sí consideró el proyecto de ley en el cual figuraban estos aditivos. De manera que no estamos presentando en el Plenario algo que no fue planteado en la Comisión. Quiero aclarar esto porque el proyecto de ley fue discutido en la Comisión y estos aditivos que hemos presentado pertenecen a dicha iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Naturalmente, sin participar de la discusión y sin perjuicio de reconocer que el Senado es soberano, la Mesa debe manifestar que ambos artículos aditivos presentados por los señores Senadores del Frente Amplio constituyen materia de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, violan el artículo 86 de la Constitución. En la medida en que no cuentan con dicha iniciativa, adolecen de un defecto formal en su consideración en el Parlamento. De todos modos, la palabra la tiene el propio Parlamento, y no la Mesa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que refiere al reconocimiento en caso de exilio o privación de libertad.

(Se vota:)

-10 en 27. Negativa.

Léase el artículo aditivo presentado por el señor Senador Sarthou.

(Se lee:)

«Retribución extraordinaria de fin de año. Restablécese la retribución extraordinaria de fin de año para los jubilados y pensionistas la que se fija en dos Salarios Mínimos Nacionales que se pagarán dentro de los diez días anteriores al 25 de diciembre de cada año».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-5 en 29. Negativa.

Queda aprobado el Proyecto de Ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del Proyecto de Ley aprobado:)

«PROYECTO DE LEY

TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
BASES DEL SISTEMA

Artículo 1° (Ambito objetivo de aplicación y principio de universalidad). - El sistema previsional que se crea por la presente Ley se basa en el principio de universalidad y comprende en forma inmediata y obligatoria a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

El Poder Ejecutivo, en aplicación de dicho principio y antes del 1° de enero de 1997, deberá proyectar y remitir al Poder Legislativo los regímenes aplicables a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social, de forma tal que, atendiendo a sus formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en los mismos, se adecuen al régimen establecido por la presente Ley.

El Poder Ejecutivo designará una Comisión que, en consulta con las Instituciones mencionadas en el inciso anterior, elabore los proyectos respectivos.

Art. 2° (Ambito subjetivo de aplicación). - El nuevo sistema previsional comprende obligatoriamente a todas las personas que sean menores de 40 años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, en ningún caso afectará derecho alguno de quienes gozan hoy de pasividad, han configurado causal jubilatoria o la configuren antes del 31 de diciembre de 1996.

Quedan obligatoriamente comprendidas las personas que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, cualquiera sea su edad, ingresen al mercado de trabajo en el desempeño de actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

Art. 3° (Contingencias cubiertas). - El sistema previsional al que refiere la presente Ley, cubre los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia.

CAPITULO II
DEFINICIONES

Artículo 4° (Régimen mixto). - El sistema previsional que se crea, se basa en un régimen mixto que recibe las contribuciones y otorga las prestaciones en forma combinada, una parte por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

Art. 5° (Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). - A los efectos de la presente Ley, se entiende por régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, aquel que establece prestaciones definidas y por el cual los trabajadores activos, con sus aportaciones, financian las prestaciones de los pasivos juntamente con los aportes patronales, los tributos afectados y la asistencia financiera estatal.

Art. 6° (Régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). - Se entiende por régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aquel en el que la aportación definida de cada afiliado se va acumulando en una cuenta personal con las rentabilidades que ésta genere, a lo largo de la vida laboral del trabajador.

A partir del cese de toda la actividad y siempre que se configure causal de acuerdo con los artículos 18 y 20 de la presente Ley, se tendrá derecho a percibir una prestación mensual determinada por el monto acumulado de los aportes, sus rentabilidades y, de acuerdo a tablas generales de la expectativa de vida al momento de la configuración de la causal, del cese o de la solicitud de la prestación, según cual fuera posterior. Para quienes configuren causal por incapacidad total de acuerdo con el artículo 19 de la presente Ley, la prestación mensual se determinará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la presente Ley.

En el caso de incapacidad parcial, los requisitos y demás condiciones del subsidio correspondiente se regularán por lo previsto en el artículo 59 de la presente Ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo, a partir de los 65 años de edad y siempre que se haya configurado causal jubilatoria común, los afiliados tendrán derecho a percibir las prestaciones correspondientes al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aun cuando no hubieren cesado en la actividad, quedando eximidos de efectuar aportes personales a ese régimen.

TITULO II
DE LA INCORPORACION A LOS REGIMENES

CAPITULO UNICO
DE LOS NIVELES DE COBERTURA

Artículo 7° (Delimitación de los niveles). - A los fines de la aplicación de cada régimen, se determinan los siguientes niveles de ingresos individuales de percepción mensual siempre que constituyan asignaciones computables.

A) PRIMER NIVEL. (Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). - Este régimen comprende a todos los afiliados por sus asignaciones computables o tramo de las mismas hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), dando origen a prestaciones que se financian mediante aportación patronal, personal y estatal.

B) SEGUNDO NIVEL. (Régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). - Este régimen comprende el tramo de asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), dando origen a prestaciones que se financian exclusivamente con aportación personal. Su administración estará a cargo de entidades propiedad de instituciones públicas, incluido el Banco de Previsión Social o de personas u organizaciones de naturaleza privada (artículo 92 de la presente Ley).

C) TERCER NIVEL. (Ahorro voluntario). - Por el tramo de asignaciones computables que excedan de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), el trabajador podrá aportar o no a cualesquiera de las entidades administradoras referidas en el inciso anterior.

Art. 8° (Derecho de opción y situaciones especiales). - Los afiliados activos del Banco de Previsión Social cuyas asignaciones computables se encuentren comprendidas en el primer nivel referido en el artículo anterior, podrán optar por quedar incluidos en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio por sus aportaciones personales correspondientes al 50% (cincuenta por ciento), de sus asignaciones computables. Por el restante 50% (cincuenta por ciento), dichos afiliados aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Quienes, habiendo realizado la opción antedicha, lleguen a percibir mensualmente asignaciones computables entre $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y $ 7.500 (pesos uruguayos siete mil quinientos), aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, solamente por el 50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), por sus restantes asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Los afiliados que al inicio de su incorporación a los regímenes, perciban asignaciones computables que superando los $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) no excedan los $ 7.500 (pesos uruguayos siete mil quinientos), aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio únicamente por el 50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Por las demás asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Art. 9°. (Instrumentación de la opción). - Las distintas formas de ejercicio del derecho de opción previstas por esta Ley, así como las correspondientes comunicaciones al Banco de Previsión Social y otras que sean pertinentes, serán reguladas por la reglamentación.

Art. 10. (Cobertura general por el régimen de solidaridad intergeneracional). - Independientemente del monto de los ingresos que perciba el trabajador y de los niveles delimitados por la presente Ley, todos los afiliados al sistema previsional que cumplan los presupuestos establecidos para adquirir el derecho, serán beneficiarios de las prestaciones del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional a cargo del Banco de Previsión Social.

Art. 11. (Asignaciones computables). - A los efectos de lo previsto en el artículo 7° de la presente Ley, se entiende por asignaciones computables aquellos ingresos individuales que, provenientes de actividades comprendidas por el Banco de Previsión Social, constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

El sueldo anual complementario no se tomará en cuenta a los efectos de la delimitación de los niveles previstos en el mencionado artículo, sin perjuicio de constituir asignación computable y materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

Art. 12. (Referencia a valores constantes). - Las referencias monetarias mencionadas en la presente Ley, están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

TITULO III
DEL PRIMER NIVEL

CAPITULO I
DEL REGIMEN DE JUBILACION POR SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

Artículo 13. (Alcance del régimen). - El régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional alcanza obligatoriamente a todos los afiliados activos del Banco de Previsión Social, por las asignaciones computables hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales.

Art. 14. (Recursos del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). - El régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional a cargo del Banco de Previsión Social, tendrá los siguientes recursos:

A) Los aportes patronales jubilatorios sobre el total de asignaciones computables hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

B) Los aportes personales jubilatorios sobre asignaciones computables hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente Ley.

C) Los tributos que se afecten específicamente a este régimen.

Si fuere necesario, el Gobierno Central asistirá financieramente al Banco de Previsión Social, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución de la República.

CAPITULO II
DE LAS PRESTACIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

Artículo 15. (Clasificación de las prestaciones). - Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo del Banco de Previsión Social, son las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial, las pensiones, el subsidio para expensas funerarias y la pensión a la vejez e invalidez.

CAPITULO III
DE LAS CLASES DE JUBILACION Y CAUSALES

Artículo 16. (Clasificación de las jubilaciones). - Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

A) Jubilación común.

B) Jubilación por incapacidad total.

C) Jubilación por edad avanzada.

Derógase la causal anticipada establecida en el literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, sin perjuicio de la bonificación que corresponda a los cargos docentes de institutos de enseñanza públicos o privados habilitados.

Art. 17. - Declárase que se mantienen en vigencia los aspectos salariales a que hacen referencia las normas legales o reglamentarias en relación a la verificación de veinticinco o más años de servicios docentes efectivos. Sin perjuicio de lo antes establecido, el procedimiento previsto en el artículo 2° de la Ley N° 11.021, de 5 de enero de 1948, sus modificativas y concordantes para docentes de enseñanza primaria y los procedimientos previstos para otros cargos docentes, sólo serán aplicables a partir de que se configure la causal jubilatoria de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

Art. 18. (Jubilación común). - Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Al cumplir 60 (sesenta) años de edad.

2) Un mínimo de 35 (treinta y cinco) años de servicios, con cotización efectiva para los períodos cumplidos en carácter de trabajador no dependiente o con registración en la historia laboral, para los períodos cumplidos en carácter de trabajador dependiente.

Esta causal se configurará, aun cuando los mínimos de edad requeridos, se alcancen con posterioridad a la fecha de cese en la actividad.

Art. 19. (Jubilación por incapacidad total). - La causal de jubilación por incapacidad total, se configura por la ocurrencia de cualesquiera de los siguientes presupuestos:

A) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 77 de la presente Ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

Para los trabajadores que tengan hasta 25 años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad.

B) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

C) La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida dentro de los dos años siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del período de inactivación compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen 10 años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 77 de la presente Ley, como mínimo, siempre que el afiliado no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la presente Ley.

Quienes habiéndose incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, no configuren la causal de jubilación por incapacidad total, por no reunir los requisitos antes establecidos, podrán acceder a la prestación asistencial no contributiva por invalidez, en las condiciones previstas por el artículo 43 de la presente Ley.

Art. 20 (Jubilación por edad avanzada). - La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir 70 (setenta) años, siempre que se acrediten 15 (quince) años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 77 de la presente Ley, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

Art. 21. (Servicios bonificados y causales de jubilación común y por edad avanzada). - La bonificación de servicios sólo regirá para las causales de jubilación común y por edad avanzada. En estos casos, cuando se computen servicios bonificados, se adicionará a la edad real y a los años de trabajo registrados, la bonificación que corresponda de conformidad con lo establecido por los artículos 36 y 37 de la presente Ley.

CAPITULO IV
DEL SUBSIDIO TRANSITORIO POR INCAPACIDAD PARCIAL

Artículo 22. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial). - El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

A) No menos de dos años de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la presente Ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

Para los trabajadores que tengan hasta 25 años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad.

B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

C) Se haya verificado el cese en la misma.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma que los demás períodos de inactividad compensada si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el artículo 327, literal a), de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Art. 23. (Condiciones para el mantenimiento del subsidio por incapacidad parcial). - Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, se establecerá el momento en que deberá realizarse el examen definitivo, así como si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos, practicados por servicios del Banco de Previsión Social o por los que éste indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia no justificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos, se constatare el cese de la incapacidad.

Art. 24. (Incapacidad parcial y edad mínima de jubilación). - Si la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual subsistiera al cumplir el beneficiario la edad mínima requerida para la configuración de la causal común, aquélla se considerará como absoluta y permanente para todo trabajo, salvo que el beneficiario opte expresamente por reintegrarse a la actividad.

CAPITULO V
DE LAS PENSIONES DE SOBREVIVENCIA

Artículo 25. (Beneficiarios). - Son beneficiarios con derecho a pensión:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros menores de veintiún años de edad y los hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo;

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo;

D) Las personas divorciadas.

Las referencias a padres e hijos comprenden el parentesco legítimo, natural o por adopción.

El derecho a pensión de los hijos, se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando éstos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Art. 26. (Condiciones del derecho y término de la prestación). - En el caso del viudo, los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo y las personas divorciadas, deberán acreditar conforme a la reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes.

Tratándose de las viudas, tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

En el caso de los beneficiarios señalados en el apartado d) del artículo anterior, deberán justificar que gozaban de pensión alimenticia servida por su ex cónyuge, decretada u homologada judicialmente. En estos casos, el monto de la pensión o la cuota parte, si concurriere con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia.

Los hijos adoptivos y los padres adoptantes, en todo caso, deberán probar que han integrado, de hecho, un hogar común con el causante, conviviendo en su morada y constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, siempre que esta situación fuese notoria y preexistente en cinco años por lo menos, a la fecha de configurar la causal pensionaria, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente.

Cuando la causal pensionaria se opere antes que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha. El goce de esta pensión es incompatible con el de la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Tratándose de beneficiarias viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida. Los restantes beneficiarios mencionados en los literales a) y d) del artículo anterior que cumplan con los requisitos establecidos en este inciso, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de los mismos las causales de término de la prestación que se establecen en este artículo.

En el caso que los beneficiarios mencionados en los literales a) y d) del artículo 25 de la presente Ley tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los períodos de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior, no serán de aplicación en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que éstos alcancen la mayoría de edad.

C) Integren el núcleo familiar hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio en el caso del viudo y personas divorciadas.

B) Por el cumplimiento de veintiún años de edad en el caso de los hijos solteros.

C) Por hallarse el beneficiario al momento del fallecimiento del causante en algunas de las situaciones de desheredación o indignidad previstas en los artículos 842, 899, 900 y 901 del Código Civil.

D) Por recuperar su capacidad antes de los cuarenta y cinco años

de edad los beneficiarios mencionados en los literales b) y c) del artículo 25 de la presente Ley.

E) Por mejorar la fortuna de los beneficiarios.

CAPITULO VI
DE LA DETERMINACION DEL MONTO Y DEMAS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 27. - (Sueldo básico jubilatorio). - El sueldo básico jubilatorio será el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 (diez) últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los 20 (veinte) años de mejores asignaciones computables actualizadas, incrementado en un 5% (cinco por ciento).

Si fuera más favorable para el trabajador, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los 20 (veinte) años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computados no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

Para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, en todos los casos, sólo se tomarán en cuenta asignaciones computables mensuales actualizadas hasta un monto de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Art. 28. (Sueldo básico jubilatorio de los afiliados comprendidos por el artículo 8°). - A los efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio de los afiliados que hubieren ejercido la opción prevista por los incisos primero y segundo o se encontraren comprendidos en el inciso tercero del artículo 8° de la presente ley, se multiplicará por 1,5 (uno con cinco) las asignaciones computables mensuales por las que se efectuó aportes personales al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional. El menor monto entre el importe mensual resultante o la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), se tomará como asignación computable de cada mes para la determinación del sueldo básico jubilatorio, aplicándose en lo demás el procedimiento establecido en el artículo anterior.

Art. 29. (Asignación de jubilación). - La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se computen como mínimo 35 (treinta y cinco) años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente Ley.

2) Se adicionará un 0,5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de 35 (treinta y cinco) años de servicios, al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3) A partir de los 60 (sesenta) años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado causal, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los 60 (sesenta) se adicionará un 2% (dos por ciento), hasta llegar a los 70 (setenta) años de edad, o hasta la configuración de la causal, si ésta fuera anterior.

4) Tratándose de actividades bonificadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la presente Ley, los porcentajes previstos en los numerales 2 y 3 precedentes se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados.

B) Para la jubilación por incapacidad total, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los 15 (quince) años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Art. 30. (Monto del subsidio transitorio por incapacidad parcial). - El monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio, calculado de acuerdo al artículo 27 de la presente Ley.

Art. 31. (Sueldo básico de pensión). - El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad total.

Si el causante estuviere ya jubilado o percibiendo el subsidio transitorio por incapacidad parcial, el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad o de subsidio.

Art. 32. (Asignación de pensión). - La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta por ciento) del básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante.

B) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si sólo una de las dos categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

Art. 33. (Distribución de la asignación de pensión). - En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

A) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran con grupo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciada, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a lo del resto de los beneficiarios.

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

El remanente, se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del inciso tercero del artículo 26 de la presente Ley, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

Art. 34. (Reliquidación entre copartícipes de pensión). - Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Art. 35. (Liquidación individual). - En cualquier caso de concurrencia de beneficiarios de pensión se liquidará por separado la parte proporcional que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 25 de la presente Ley.

CAPITULO VII
CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS

Artículo 36. (Clasificación de los servicios). - Los servicios se clasifican en ordinarios y bonificados.

Servicios ordinarios son aquellos que corresponden al tiempo de trabajo registrado en la historia laboral.

Servicios bonificados son aquéllos para cuyo cómputo se adiciona tiempo suplementario ficto a la edad real y al período de trabajo registrado en la historia laboral.

Art. 37. (Servicios bonificados). - El Poder Ejecutivo, mediante reglamentación, determinará los servicios que serán bonificados ajustándose a los siguientes criterios:

A) Serán bonificados en la proporción de hasta dos años por cada uno, los servicios prestados en actividades cuyo desempeño imponga inevitablemente un riesgo de vida cierto o afecte la integridad física o mental del afiliado, cuando este riesgo resulte a la vez actual, grave y permanente, según índices estadísticos de mortalidad o morbilidad.

B) Serán bonificados en menor proporción:

1) Los servicios prestados en actividades que presenten niveles de inferior riesgo.

2) Los servicios prestados en actividades que, por su naturaleza y características, impongan indistintamente al trabajador un alto grado de esfuerzo de su sistema neuromotor, habilidad artesanal, precisión sensorial o exigencia psíquica, que haga imposible un rendimiento normal y regular más allá de cierta edad, cuando este carácter sea determinado mediante pericias técnicas y estudios estadísticos ocupaciones.

3) Los servicios prestados en actividades docentes en institutos de enseñanza, públicos o privados habilitados.

Artículo 38. (Reconocimiento de servicios bonificados). - Los servicios bonificados serán reconocidos como tales, cuando el afiliado tenga en ellos una actuación mínima de diez años.

La bonificación de servicios será revisada por el Poder Ejecutivo al menos cada cinco años, realizándose todas las investigaciones, estudios o pericias que permitan determinar que se da adecuado cumplimiento a las condiciones exigidas en el artículo anterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer edades mínimas, a partir de las cuales se aplicará la bonificación de servicios, en los casos de actividades que así lo justifiquen.

Art. 39. (Contribución especial por servicios bonificados). - Los empleadores que ocupen trabajadores en actividades bonificadas deberán abonar una contribución especial a su cargo, la que será determinada por el Poder Ejecutivo, en base a la bonificación prevista para la actividad, propendiendo a la equivalencia entre ingresos por aportaciones y egresos por prestaciones en el largo plazo.

La referida contribución especial no podrá superar el 100% (cien por ciento) de la suma de las tasas de los aportes personales y patronales.

La contribución especial no será aplicable a las instituciones mencionadas por el artículo 69 de la Constitución de la República.

La contribución especial correspondiente a las asignaciones computables comprendidas en el tramo entre $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), deberá verterse en la cuenta de ahorro jubilatorio del trabajador.

CAPITULO VIII
REGULACION DE LAS PRESTACIONES

Artículo 40. (Mínimo de jubilación y subsidio transitorio). - El monto mínimo de la asignación de jubilación común, cuando el beneficiario tenga 60 (sesenta) años de edad, será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) mensuales, el que se incrementará en un 12% (doce por ciento) anual por cada año de edad subsiguiente, con un máximo del 120% (ciento veinte por ciento).

El monto mínimo de la asignación de jubilación por incapacidad total, de la jubilación por edad avanzada y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será de $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) mensuales.

Para los afiliados comprendidos en el artículo 8°, la asignación de jubilación mínima será el 75% (setenta y cinco por ciento) de los mínimos previstos en los incisos anteriores, según corresponda.

En el caso de percibirse más de una pasividad o subsidio transitorio por incapacidad parcial, a cargo del Banco de Previsión Social, los mínimos mencionados en los incisos anteriores, se aplicarán a la suma de todas las pasividades o subsidios.

Los mínimos establecidos en este artículo se aplicarán a quienes ingresen al goce de las prestaciones a partir del 1° de enero del año 2003, rigiendo hasta esa fecha lo dispuesto en el artículo 75 de la presente Ley.

Art. 41. (Máximo de jubilación y subsidio). - La asignación de jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada y la del subsidio transitorio por incapacidad parcial otorgadas de acuerdo al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, no podrá exceder de $ 4.125 (pesos uruguayos cuatro mil ciento veinticinco), sin perjuicio de la prestación que pueda corresponder de acuerdo al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

Art. 42 (Monto del subsidio para expensas funerarias). - El monto del subsidio para expensas funerarias, a que refiere el artículo 46 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, será de $ 2.300 (pesos uruguayos dos mil trescientos).

CAPITULO IX
DE LA PRESTACION ASISTENCIAL NO CONTRIBUTIVA

Artículo 43. (Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez). - Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga 70 años de edad o, en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado.

Quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen inferiores al monto de esta prestación o beneficio, recibirán únicamente la diferencia entre ambos importes.

Los extranjeros o ciudades legales para poder acceder al beneficio, deberán tener, por lo menos, quince años de residencia continuada en el país.

TITULO IV
DEL SEGUNDO NIVEL

CAPITULO I
DEL REGIMEN DE JUBILACION POR AHORRO INDIVIDUAL OBLIGATORIO

Artículo 44. (Alcance del régimen). - El régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio alcanza a los afiliados activos del Banco de Previsión Social en las siguientes situaciones:

A) Por el tramo de las asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

B) Por las asignaciones computables o tramo de las mismas, hasta los $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales, siempre que hubieren realizado la opción prevista en el artículo 8° de la presente Ley.

C) En los casos previstos por el inciso 3° del artículo 8° de la presente Ley.

Art. 45. (Recursos del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). - Las cuentas de ahorro individual a cargo de las entidades administradoras, tendrán los siguientes recursos:

A) Los aportes personales jubilatorios de los trabajadores dependientes y no dependientes, sobre las asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

B) Los aportes personales jubilatorios de quienes hayan hecho la opción de acuerdo al artículo 8° de la presente Ley y de quienes estén comprendidos en el inciso 3° del citado artículo.

C) La contribución patronal especial por servicios bonificados prevista en el artículo 39 de la presente Ley.

D) Los depósitos voluntarios que realice el afiliado.

E) Los depósitos convenidos que realice cualquier persona física o jurídica a nombre del afiliado.

F) Las sanciones pecuniarias por infracciones tributarias, sobre los aportes destinados a este régimen (artículo 93 del Código Tributario).

G) La rentabilidad mensual del fondo de ahorro previsional que corresponda a la participación de la cuenta de ahorro individual en el total del mismo, al comienzo del mes de referencia, sin perjuicio de las transferencias desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y desde la Reserva Especial.

Art. 46. (Recaudación de los aportes obligatorios). - Los aportes mencionados en el artículo anterior, literales A), B) y C), son contribuciones especiales de seguridad social y serán recaudados, en forma nominada, por el Banco de Previsión Social, sujetos a los mismos procedimientos y oportunidades que los demás tributos que recauda.

La recaudación de las sanciones pecuniarias establecidas en el literal F) del artículo 45 de la presente Ley se distribuirá en las cuentas de ahorro individual, en lo pertinente.

Dentro del plazo que establecerá la reglamentación, con un máximo de hasta 15 (quince) días hábiles después de vencido el mes de recaudación, el Banco de Previsión Social deberá hacer el cierre y la versión de los aportes obligatorios a cada entidad administradora y deberá remitir a la misma la relación de los afiliados comprendidos, los sueldos de aportación y los importes individuales depositados.

Art. 47. (Acreditación de los aportes). - Los aportes y los montos por sanciones pecuniarias correspondientes a infracciones tributarias, transferidos por el Banco de Previsión Social con destino a cada entidad administradora, según lo establecido en el artículo anterior, serán acreditados en las respectivas cuentas de ahorro individual dentro del plazo de 48 horas.

Art. 48. (Depósitos voluntarios). - El afiliado, cualquiera sea su nivel de ingresos, podrá efectuar, directamente en la entidad administradora, depósitos voluntarios con el fin de incrementar el ahorro acumulado en su cuenta personal.

Art. 49. (Depósitos convenidos). - Los depósitos convenidos consisten en importes de carácter único o periódico, que cualquier persona física o jurídica convenga con el afiliado depositar en la respectiva cuenta de ahorro personal. Estos depósitos tendrán la misma finalidad que la descripta en el artículo anterior y podrán ingresarse a la Administradora en forma similar.

Los depósitos convenidos deberán realizarse mediante contrato por escrito, que será remitido a la entidad administradora en la que se encuentra incorporado el afiliado, con una anticipación de treinta días a la fecha en que deba efectuarse el único o primer depósito.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a los fines de su consideración tributaria, a determinar topes máximos al monto o porcentaje de estos depósitos.

CAPITULO II
DE LAS PRESTACIONES POR VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

Artículo 50. (Clasificación de las prestaciones). - Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, con cargo a las cuentas de ahorro individual, son las jubilaciones, el subsidio por incapacidad parcial y las pensiones de sobrevivencia.

CAPITULO III
DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS PRESTACIONES

Artículo 51. (Condiciones del derecho jubilatorio). - El acceso a las prestaciones de jubilación del régimen de ahorro individual obligatorio, se regirá por los mismos requisitos aplicables al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional de acuerdo a lo establecido en los artículos 18, 19 y 20 de la presente Ley.

Art. 52. (Derecho del afiliado incapacitado sin causal). - En el caso que el afiliado se haya incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo y no tenga derecho a las prestaciones a que hace referencia el artículo 19 de la presente Ley, la entidad administradora procederá, a opción del afiliado, a reintegrarle los fondos acumulados en la cuenta de ahorro individual o a transferir los mismos a una empresa aseguradora, a efectos de la constitución de un capital para la obtención de una prestación mensual.

Art. 53. (Condiciones del derecho pensionario). - Las pensiones de sobrevivencia del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio se regirán por lo dispuesto en los artículos 25, 26, 32, 33, 34 y 35 de la presente Ley.

El sueldo básico de pensión será el equivalente a la prestación mensual que estuviere percibiendo, por este régimen, el afiliado jubilado o la que le hubiese correspondido al afiliado activo a la fecha de su fallecimiento, con un mínimo equivalente a la jubilación por incapacidad total conforme al artículo 59 de la presente Ley.

CAPITULO IV
DEL FINANCIAMIENTO, DETERMINACION Y DEMAS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 54. (Financiamiento de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan). - Las prestaciones de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan, se financiarán con el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual que tenga el afiliado en la entidad administradora, al momento del cese en todas las actividades comprendidas por el Banco de Previsión Social, con causal jubilatoria configurada o permaneciendo en actividad siempre que tenga un mínimo de sesenta y cinco años de edad (artículo 6°, «in fine» de la presente Ley) o desde la fecha de la solicitud, si fuere posterior.

Art. 55. (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada). - La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida del afiliado fijada en la forma establecida por el artículo 6° de la presente Ley y a la tasa de interés respectiva.

Art. 56. (Pago de las prestaciones). - Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán abonadas por una empresa aseguradora, ajustándose a las siguientes condiciones:

A) El contrato en el que se estipule el pago mensual de dicha prestación será realizado por el afiliado con una empresa aseguradora, a su elección, conforme a los procedimientos que establezcan las normas reglamentarias. La entidad administradora, una vez notificada por el afiliado, quedará obligada a traspasar a la empresa aseguradora los fondos de la cuenta de ahorro individual.

B) A partir de la celebración de dicho contrato, la empresa aseguradora será la única responsable y obligada al pago de la prestación correspondiente al beneficiario hasta su fallecimiento y a partir de éste, al pago de las eventuales pensiones de sobrevivencia.

Art. 57. (Financiamiento de la jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad). - Las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, serán financiadas por cada entidad administradora, mediante la contratación, con una empresa aseguradora, de un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento.

El seguro colectivo contratado no exime a la entidad administradora de las responsabilidades y obligaciones emergentes de la cobertura de los riesgos mencionados en el inciso primero de este artículo.

El Banco Central del Uruguay fijará las pautas mínimas a que deberá ajustarse dicho contrato de seguro.

Art. 58. (Afectación del capital acumulado). - A los efectos del seguro contratado para la cobertura de los riesgos mencionados en el artículo anterior, el capital acumulado en la cuenta de ahorro del afiliado en la entidad administradora, a la fecha en que se produzca la incapacidad total, el fallecimiento en actividad o el fallecimiento en el goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será vertido en la empresa aseguradora imputándose como pago parcial de la prima del seguro colectivo mencionado en el artículo anterior.

Art. 59. (Determinación de la jubilación por incapacidad total y del subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La empresa aseguradora pagará una jubilación por incapacidad total o un subsidio transitorio por incapacidad parcial, igual al 45% (cuarenta y cinco por ciento) del promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 27 de la presente Ley, sobre las que se aportó al Fondo Previsional en los últimos diez años de actividad, o período efectivo menor de aportación.

Art. 60. (Regulación de las prestaciones). - Las prestaciones mencionadas en el presente capítulo se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

TITULO V
DEL REGIMEN APLICABLE A LOSAFILIADOS CON CAUSAL JUBILATORIA

CAPITULO UNICO

Artículo 61. (Regulación). - Los afiliados activos del Banco de Previsión Social que, al 31 de diciembre de 1996, tengan configurada causal jubilatoria por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por el régimen vigente a la fecha de promulgación de la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo 63 (Aplicación del régimen más beneficioso).

Los docentes de los institutos de enseñanza pública y privados habilitados que computen no menos de 25 (veinticinco) años de actividad docente efectiva al 31 de diciembre de 1996, se regirán por el régimen vigente para esa actividad a la fecha de promulgación de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 63 (Aplicación del régimen más beneficioso).

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las prestaciones en curso de pago a la fecha de su vigencia.

Art. 62. (Opción por el nuevo régimen). - Los afiliados comprendidos en los incisos primero y segundo del artículo anterior, podrán optar, ante el Banco de Previsión Social, por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes al de la vigencia de la presente Ley.

Art. 63. (Aplicación del régimen más beneficioso). - Al efectuarse por el Banco de Previsión Social la liquidación de la pasividad correspondiente a los afiliados comprendidos en el artículo 61 de la presente y que no hubieren realizado la opción del artículo anterior, se aplicará de oficio el régimen más conveniente al afiliado. A tal efecto se considerará:

A) En forma integral el Régimen General de Pasividades vigente a la fecha de sanción de la presente Ley.

B) El referido Régimen General de Pasividades con excepción del sueldo básico de jubilación, mínimo y máximo de jubilación, que serán los que resulten de la aplicación de los artículos 71, 75 y 76 de la presente Ley, respectivamente, tomándose las fechas en ellos indicadas o referidas con respecto al cese en la actividad.

C) Para aquellos afiliados activos que a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre del año 2002 se amparen a la jubilación con 65 o más años de edad, el régimen de transición establecido en el Título VI en los artículos 66, 69, 71, 72, 73, 74 de la presente Ley y las asignaciones de jubilación mínimas y máximas fijadas para el año 2003 en los artículos 75 y 75 de la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero de este último artículo.

A los efectos de la determinación del sueldo básico jubilatorio de los afiliados comprendidos en este literal, no se tomarán en cuenta las fechas de configuración de causal establecidas en el artículo 71 de la presente Ley.

TITULO VI
DEL REGIMEN DE TRANSICION

CAPITULO I
ALCANCE DEL REGIMEN

Artículo 64. (Ambito de aplicación). - Los afiliados al Banco de Previsión Social que, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, cuenten con 40 (cuarenta) o más años de edad cumplidos, y no configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996, por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por las disposiciones de este Título, salvo que realicen la opción prevista en el artículo siguiente.

Art. 65 (Opción). - Los afiliados comprendidos en el artículo anterior podrán optar por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes a la vigencia de la presente Ley.

CAPITULO II
DE LAS PRESTACIONES

Artículo 66. (Prestaciones). - Las prestaciones serán las indicadas en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.

Art. 67. (Causal de jubilación común). - Para configurar causal de jubilación común, se requiere un mínimo de treinta y cinco años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente Ley y el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

2. Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) 56 (cincuenta y seis) años a partir del 1° de enero de 1997;

b) 57 (cincuenta y siete) años a partir del 1° de enero de 1998;

c) 58 (cincuenta y ocho) años a partir del 1° de enero del 2000; y

d) 59 (cincuenta y nueve) años a partir del 1° de enero del 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003 la edad mínima de jubilación de la mujer, por la causal común, será de 60 (sesenta) años.

Art. 68. (Causal de jubilación por edad avanzada). - Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

A) Un mínimo de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente Ley de:

a) 11 (once) años de servicios a partir del 1° de enero de 1997;

b) 12 (doce) años de servicios a partir del 1° de enero de 1998;

c) 13 (trece) años de servicios a partir del 1° de enero del 2000;

d) 14 (catorce) años de servicios a partir del 1° de enero del 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003 se requerirá un mínimo de 15 años de servicios.

B) El cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1) Para el hombre, el cumplimiento de 70 (setenta) años de edad.

2) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) 66 (sesenta y seis) años a partir del 1° de enero de 1997.

b) 67 (sesenta y siete) años a partir del 1° de enero de 1998.

c) 68 (sesenta y ocho) años a partir del 1° de enero del 2000.

d) 69 (sesenta y nueve) años a partir del 1° de enero del 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003, se requerirá, para la mujer, un mínimo de 70 (setenta) años de edad para configurar la causal por edad avanzada.

Art. 69. (Jubilación por incapacidad total). - La causal jubilatoria por incapacidad total se regirá por lo dispuesto en el artículo 19 de la presente Ley, salvo en lo que hace a los períodos mínimos indicados en los literales a) y c) del mismo, los que se entenderán referidos a años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente Ley.

Art. 70. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial). - El subsidio transitorio por incapacidad parcial se regirá por las disposiciones establecidas en los artículos 22, 23 y 24 de la presente Ley. Para el caso de la mujer, a efectos de la aplicación del artículo 24 de la presente Ley, se tomarán en cuenta las fechas y edades mínimas previstas en el artículo 67 de la presente Ley.

Art. 71. (Sueldo básico jubilatorio). - El sueldo básico jubilatorio se determinará:

A) Para quienes configuren causal a partir del 1° de enero del año 1997, por el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los diez últimos años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente Ley.

B) Para quienes configuren causal en los años siguientes y hasta que se disponga de un período de 20 (veinte) años registrados en la historia laboral, por el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 (diez) últimos años de servicios, siempre que tal promedio no exceda en un 5% (cinco por ciento) el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas del período registrado, si éste fuere menor de 20 (veinte) y mayor de 10 (diez) años. Si excediere se aplicará este último promedio con el referido incremento.

Si fuera más favorable para el trabajador, el sueldo básico de jubilación será el promedio mensual de las asignaciones computables del período registrado en la historia laboral, si éste fuere menor de 20 (veinte) y mayor de 10 (diez) años.

C) Cuando se disponga de un período de 20 (veinte) años registrados en la historia laboral, se aplicará lo dispuesto en los tres primeros incisos del artículo 27 de la presente Ley.

D) Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computados no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los apartados anteriores de este artículo, se tomará el promedio de asignaciones computables actualizadas correspondiente al período o períodos de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente Ley, o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará en la forma indicada en el artículo 27 de la presente Ley.

Art. 72. (Asignación de jubilación común). - La asignación de jubilación común será la que resulte de la aplicación del artículo 29 de la presente Ley.

Art. 73. (Asignación de jubilación por edad avanzada). - La asignación de jubilación por edad avanzada se regirá por lo dispuesto en el artículo 29 de la presente Ley, no pudiendo superar lo que resultaría de lo dispuesto en el literal e) del artículo 53 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 62 de la Ley Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1983.

Art. 74. (Asignación de jubilación por incapacidad total y subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La asignación de jubilación por incapacidad total y el monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial serán equivalentes al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico establecido de acuerdo al artículo 71 de la presente Ley.

Art. 75. (Monto mínimo de jubilación). - El monto mínimo de la asignación de jubilación común, para quienes ingresen en el goce de la pasividad a partir del 1° de enero de 1997 será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta).

El referido monto mínimo, será incrementado en un 4% (cuatro por ciento) anual a partir del 1° de enero del año 1999, por cada año de edad que exceda los sesenta al ingresar al goce de la pasividad. Dicho porcentaje será del 8% (ocho por ciento) a partir del 1° de enero del año 2001 y 12% (doce por ciento) a partir del 1° de enero del año 2003, con un máximo del 120% (ciento veinte por ciento).

El monto mínimo de la asignación mensual de jubilación por incapacidad total, de la jubilación por edad avanzada y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) a partir del 1° de enero de 1997, $ 680 (pesos uruguayos seiscientos ochenta) a partir del 1° de enero de 1999, $ 810 (pesos uruguayos ochocientos diez) a partir del 1° de enero del año 2001 y $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) a partir del 1° de enero del año 2003.

Cuando se acumule más de una pasividad o subsidio, servidos por el Banco de Previsión Social, el mínimo resultante de acuerdo a los incisos anteriores de este artículo será igualmente aplicable a la suma de todas las pasividades o subsidios que perciba el titular o beneficiario.

Art. 76. (Máximo de jubilación y subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La asignación máxima de jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada y la del subsidio transitorio por incapacidad parcial para quienes ingresen al goce de la pasividad o subsidio, a partir del 1° de enero de 1997, será de $ 4.300 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos), el que se elevará en $ 300 (pesos uruguayos trescientos) por año para quienes lo hagan en los 6 (seis) años siguientes.

Para quienes ingresen al goce de la pasividad o subsidio a partir del 1° de enero del año 2003, el monto máximo de la prestación será de $ 6.100 (pesos uruguayos seis mil cien).

Cuando se acumule más de una pasividad o subsidio, servidos por el Banco de Previsión Social, o en los casos de las asignaciones de pasividad que, a la fecha de sanción de la presente Ley, tengan un monto máximo establecido en 15 (quince) veces el importe del Salario Mínimo Nacional mensual el máximo será el vigente al 1° de mayo de 1995, el que se ajustará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.

Art. 77. (Reconocimiento de servicios). - Los servicios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado organismo cuando sean acreditados ante el mismo mediante prueba documental tanto en los años de actividad, como en el monto computable y en el caso de los no dependientes las aportaciones correspondientes.

La reglamentación podrá admitir otros medios de prueba, a los efectos de acreditar servicios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la historia laboral, solamente cuando se trate de una única pasividad.

Los trabajadores dependientes no deberán probar la aportación, ni serán responsables por la misma.

Los afiliados activos deberán efectuar, en los plazos, forma, condiciones y requisitos que la reglamentación a dictar establezca, una declaración detallada de todos sus servicios anteriores. Vencidos los plazos establecidos por dicha reglamentación no se admitirá la denuncia de servicios anteriores.

Los servicios posteriores a la implementación efectiva de la historia laboral, sólo se reconocerán en tanto estén registrados en la misma.

Art. 78. (Pensión a la vejez e invalidez). - Las modificaciones al beneficio de la pensión a la vejez e invalidez previsto por el artículo 43 de la presente Ley serán de aplicación a partir del 1° de enero de 1997.

Art. 79. (Régimen pensionario). - Las modificaciones establecidas en el Título III al régimen de pensiones, entrarán en vigencia a partir de los diez días siguientes al de la fecha de publicación de la presente Ley.

El régimen pensionario aplicable en cada caso, será el vigente a la fecha de configuración de la respectiva causal de pensión.

TITULO VII
DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL Y DEL REGISTRO DE HISTORIA LABORAL

CAPITULO I
DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL

Artículo 80. (Cometidos. Modificación). - Sustitúyense los numerales 4° y 6° del artículo 4° de la Ley N° 15.800, de 17 de enero de 1986, por los siguientes:

«4°) Proponer al Poder Ejecutivo, la fijación del monto de las prestaciones a su cargo y ajustar en forma provisoria o definitiva, según el caso, las asignaciones de jubilación y pensión a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución de la República».

«6°) Llevar el registro de historias laborales y los demás registros y cuentas de sus afiliados activos, pasivos y contribuyentes, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones pertinentes».

Art. 81. (Cometidos. Incorporación). - Agrégase al artículo 4° de la Ley N° 15.800, de 17 de enero de 1986, el siguiente numeral:

«15) Constituir y organizar, con independencia del patrimonio del Ente y en régimen de derecho privado, actuando solo o en forma conjunta con instituciones financieras del Estado, una entidad administradora de fondos de ahorro previsional».

Art. 82. (Cometidos. Sustitución). - Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 15.800, de 17 de enero de 1986, en la redacción dada por el artículo 548 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

«ARTICULO 9°. (Competencias del Directorio del Banco de Previsión Social). Las competencias del Directorio del Banco de Previsión Social serán las siguientes:

1) Efectuar el planeamiento estratégico de la Institución y el control general de la gestión y dirigir el servicio a su cargo con las más amplias dificultades de administración y disposición.

2) Atribuir, mediante la modalidad de desconcentración, las materias propias de su competencia, incluidas las correspondientes a Activos y Pasivos entre otras, a los diversos órganos que conformen la estructura del Banco, sin perjuicio de su derecho de avocación sobre los asuntos que, a su juicio, así lo justifiquen.

Dicha atribución, podrá ser ejercida en las oportunidades y condiciones que se determinen por el propio Directorio.

3) Designar y cesar al Gerente General y a los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, debiendo contar para ello con cuatro votos conformes.

4) El Directorio del Banco de Previsión Social a través de su Presidente o de la Gerencia General en su caso ejercerá sobre los órganos desconcentrados que existieren, la coordinación de los respectivos servicios y la superintendencia directiva, correctiva y funcional de las competencias no desconcentradas.

5) Aprobar o rechazar las prestaciones a cargo del Organismo.

6) Destituir a sus funcionarios por ineptitud, omisión o delito, por resolución fundada y previo sumario administrativo. Para la destitución se requerirán cuatro votos conformes.

7) Dictar, cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones internas necesarias para el funcionamiento del servicio.

8) Aprobar el Reglamento General y el Estatuto del Funcionario del Banco de acuerdo al artículo 63 de la Constitución de la República.

9) Proyectar su presupuesto de sueldos, gastos e inversiones, conforme con lo dispuesto por el artículo 221 de la Constitución de la República.

10) Designar al personal del Banco de Previsión Social, y aprobar los ascensos según lo establezcan las normas del Estatuto del Funcionario.

11) Elevar y publicar el balance anual y divulgar la memoria de gestión.

12) Recibir inmuebles en pago de sus créditos en cuyo caso el valor que se les asigne no podrá ser superior a la tasación que practique la Dirección General del Catastro Nacional.

Tales inmuebles podrá transferirlos, mediante acuerdo, al Banco Hipotecario del Uruguay o a los Gobiernos Departamentales.

El Banco de Previsión Social podrá asimismo recibir en pago de sus créditos bienes muebles, los que serán aceptados por el valor que les asigne un cuerpo de tres tasadores, uno designado por el Directorio del Ente, otro por el deudor proponente y el tercero por los dos anteriores de común acuerdo. En caso de que el deudor no designe su tasador, o que no exista acuerdo para nominar el tercer perito, el Directorio del Banco, queda facultado para aceptar la tasación que formule el perito por él designado.

13) Integrar Comisiones Asesoras Honorarias cuyas competencias serán fijadas por la reglamentación respectiva.

14) Designar al Secretario General con cargo de particular confianza.

15) Delegar, por resolución fundada, en la Gerencia General y en los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, las atribuciones que estime convenientes.

Art. 83. (Titularidad de funciones). - La titularidad de las funciones de Gerente General, órganos desconcentrados que existieren y Asesoría Tributaria y Recaudación será provista de conformidad con lo previsto por el numeral 3° del artículo 9° de la Ley N° 15.800, de 17 de enero de 1986, en la redacción dada por el artículo 82 de la presente Ley, debiendo recaer en personas de reconocida solvencia y acreditados méritos en administración, previa evaluación de su idoneidad técnica.

Art. 84. (Emisión de cheques). - En los cheques emitidos por el Banco de Previsión Social, destinados al pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, podrá sustituirse la firma autógrafa por signos o contraseñas impuestos o impresos mecánica o electrónicamente.

Art. 85. - Los funcionarios del Banco de Previsión Social, cualquiera sea su jerarquía, no podrán realizar, al margen de su relación funcional, gestiones de ningún tipo, directas o indirectas, que tengan por finalidad diligenciar con o sin ánimo de lucro, pasividades de terceras personas afiliadas a dicha Institución, así como trámites administrativos con idéntico propósito so pena de configurar falta administrativa grave pasible de destitución, previo sumario administrativo.

Las personas físicas o jurídicas que con fines de lucro realicen gestiones vinculadas al otorgamiento de pasividades, serán sancionadas por el Banco de Previsión Social por cada infracción, con multas que se determinarán entre un mínimo de UR 10 (Unidades Reajustables diez) y un máximo de UR 100 (Unidades Reajustables cien) sin perjuicio de las acciones penales que puedan corresponder.

El Banco de Previsión Social reglamentará lo dispuesto en este artículo dentro de los noventa días siguientes a la promulgación de la presente Ley.

CAPITULO II
DEL REGISTRO DE HISTORIA LABORAL

Artículo 86. (Historia laboral). - El Banco de Previsión Social está obligado a mantener al día los registros de historia laboral de sus afiliados activos (artículo 7° de la Ley N° 16.190, de 20 de junio de 1991).

Dichos registros serán realizados de acuerdo a las siguientes normas:

A) Se registrará, como mínimo, tiempo de servicios, asignaciones computables y aportes pertinentes por cada empresa, declarados por el sujeto pasivo (artículo 87 de la presente Ley) o el interesado (artículo 88 de la presente Ley), en su caso, así como lo que resulte de las actuaciones inspectivas efectuadas por la Institución.

B) En el caso de trabajadores no dependientes sólo se registrarán aquellos servicios y asignaciones computables por los que se haya cotizado.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fecha a partir de la cual entrará a regir la historia laboral, pudiendo establecerse una fecha anterior a la de esta Ley, de acuerdo a la información de que disponga o pueda disponer el Banco de Previsión Social.

Art. 87. (Formación del registro de historia laboral). - Todos los sujetos pasivos de contribuciones especiales de seguridad social están obligados a presentar una declaración, en los plazos y forma que indique la reglamentación, con la información necesaria a efectos de la formación del registro de historia laboral.

Dicha declaración, deberá presentarse se hayan o no efectuado los aportes correspondientes.

En caso que el sujeto pasivo no haya efectuado los correspondientes aportes y presente esta declaración, la multa por mora prevista en el artículo 94 del Código Tributario será del 10% (diez por ciento) del importe del tributo no pagado en plazo.

La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada por el Banco de Previsión Social con una multa de una a cincuenta Unidades Reajustables por cada afiliado comprendido en la infracción.

Art. 88. (Derecho de iniciativa del trabajador). - En caso de incumplimiento de la obligación prevista en el artículo anterior, los trabajadores, individual o colectivamente, podrán suplir a su empleador en el cumplimiento de dicha obligación.

El Banco de Previsión Social deberá comprobar la veracidad de la información suministrada.

Art. 89. (Información al trabajador). - La información a remitir al trabajador por el Banco de Previsión Social de acuerdo al artículo 7° de la Ley N° 16.190, de 20 de junio de 1991 será la que surja del registro de historia laboral, la que será notificada en debida forma, sin perjuicio del derecho del trabajador de solicitar, en cualquier momento, dicha información.

El Banco de Previsión Social, previa solicitud de sus afiliados activos, podrá transferir electrónicamente la información sobre su historia laboral a instituciones de intermediación financiera o de crédito.

Art. 90. (Observación de la información). - El afiliado dispondrá de un plazo de 180 (ciento ochenta) días para observar la información, a partir de que la misma le haya sido notificada en forma fehaciente.

La no observación de dicha información por parte del afiliado en el plazo indicado, determinará su aceptación de la información registrada.

La resolución que recaiga sobre la observación constituye un acto administrativo recurrible con lo dispuesto por el artículo 4° y siguientes de la Ley N° 15.869, de 22 de junio de 1987.

Art. 91. (Protección al trabajador). - El despido de un trabajador, producido como consecuencia de haber éste observado la información referida en el artículo 89 de la presente Ley, dará lugar a una única indemnización especial igual al triple de la correspondiente a la indemnización tarifada por despido común y a la imposición de sanciones administrativas de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero de este artículo.

El despido acaecido dentro de los ciento ochenta días de efectuada la observación se presumirá, salvo prueba en contrario verificado por el motivo referido en el inciso anterior.

Los Magistrados que impongan la indemnización especial prevista por el inciso primero, comunicarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la sentencia correspondiente basada en autoridad de cosa juzgada, a efectos de que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social proceda a aplicar al empleador sanciones pecuniarias cuyo monto no será menor de UR 50 (Unidades Reajustables cincuenta), ni mayor de UR 500 (Unidades Reajustables quinientas).

En caso de que no exista controversia judicial, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, tendrá competencia para sancionar a los empleadores infractores con multas que se fijarán en los montos establecidos en el inciso anterior.

TITULO VIII
DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

CAPITULO I
DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

Artículo 92. (Entidades receptoras de los ahorros). - Los aportes destinados al régimen de jubilación por ahorro individual serán administrados por personas jurídicas de derecho privado, organizadas mediante la modalidad de sociedades anónimas, cuyas acciones serán nominativas, denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), en adelante también Administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y controles previstos en la presente Ley.

El Banco de Previsión Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado, actuando conjunta o separadamente podrán formar Administradoras, de las cuales serán propietarios.

A los efectos de este artículo también quedan habilitadas a formar Administradoras las instituciones de intermediación financiera privadas mencionadas por el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, concordantes y modificativos.

Art. 93. (Autorización). - Corresponde al Poder Ejecutivo con informe previo del Banco Central del Uruguay, autorizar la actividad de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional en función de la solvencia y capacidad técnica de los solicitantes, así como de oportunidad por la realidad del mercado.

Art. 94. (Requisitos para iniciar actividades). - El Poder Ejecutivo fijará la fecha a partir de la cual las Administradoras autorizadas a funcionar podrán comenzar a realizar publicidad y a captar afiliados, de acuerdo a las previsiones de la presente Ley.

Una de dichas Administradoras deberá, obligatoriamente, constituirse por el Banco de Previsión Social, solo o juntamente con otra u otras de las entidades mencionadas en el inciso segundo del artículo 92 de la presente Ley.

Ninguna Administradora de propiedad del sector privado podrá comenzar a funcionar, realizar publicidad o captar afiliados antes que se encuentre en funcionamiento operativo por lo menos una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, perteneciente al sector público.

Art. 95. (Objeto). - Las Administradoras tendrán como objeto exclusivo, la administración de un único Fondo de Ahorro Previsional, debiendo llevar su propia contabilidad completamente separada de la del respectivo Fondo.

Art. 96. (Denominación). - La denominación social de las Administradoras deberá incluir la frase «Administradora de Fondos de Ahorro Previsional» o la sigla «AFAP» quedando prohibido incluir menciones que pudieran incluir a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de la entidad.

Art. 97. (Capital mínimo). - El capital mínimo necesario para la constitución de una Administradora será de 60.000 UR (Unidades Reajustables sesenta mil) de las previstas en el artículo 38 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el cual deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo en el momento de su autorización.

Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones indicadas en la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el plazo máximo de dos años contados desde la fecha de la resolución que autorice la existencia de la sociedad.

Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro Previsional, el patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser menor al importe mencionado en el inciso primero de este artículo, o al 2% (dos por ciento) del valor del mencionado Fondo, si este fuere mayor.

Si el patrimonio se redujere por cualquier causa, debajo del mínimo exigido, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres meses contados desde el momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder Ejecutivo, con la opinión previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar la autorización para funcionar y dispondrá de la Administradora.

Art. 98. (Publicidad). - Las Administradoras sólo podrán realizar publicidad a partir de la fecha de la resolución que autorice su funcionamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 de la presente Ley. La publicidad deberá ser veraz y no inducir a equívocos o confusiones.

Art. 99. (Información al público). - Las Administradoras deberán mantener en sus oficinas, en un lugar claramente visible para el público, como mínimo, la siguiente información escrita y actualizada:

1) Antecedentes de la institución, indicando el nombre y apellido de sus directores, administradores, gerentes y síndicos.

2) Balance general del último ejercicio, estados de resultados y de distribución de utilidades, si lo hubiere.

3) Valor del Fondo de Ahorro Previsional, del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial.

4) Régimen e importe de las comisiones vigentes.

5) Composición de la Cartera de inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y nombre de las entidades depositarias de los títulos y de los depósitos, así como de las empresas aseguradoras, en donde se hubiera contratado el seguro de los riesgos de invalidez y de fallecimiento en actividad.

Esta información deberá ser actualizada mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, o en ocasión de cualquier acontecimiento que pueda alterar en forma significativa el contenido de la información a disposición del público.

Art. 100. (Información al afiliado). - La Administradora deberá enviar periódicamente, al menos cada seis (6) meses, al domicilio de cada uno de sus afiliados, la siguiente información mínima referente a la composición del saldo de su cuenta de ahorro individual:

1) Saldo de la cuenta respectiva en Unidades Reajustables al inicio del período.

2) Tipo de movimiento, fecha e importe en Unidades Reajustables. Cuando el movimiento se refiera a los débitos se deberá discriminar en su importe el costo de la comisión, la prima del seguro por invalidez y fallecimiento y otros conceptos autorizados. A tal efecto las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para tal discriminación.

3) Saldo de la respectiva cuenta en Unidades Reajustables, al final del período.

4) Valor de la Unidad Reajustable al momento de cada movimiento.

5) Rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional.

6) Rentabilidad promedio del régimen y comisión promedio del régimen.

Esta comunicación podrá librarse como mínimo una vez al año, a los afiliados que no registren movimientos por aportes en su cuenta durante el último período que deba ser informado.

La reglamentación podrá disponer el aumento de la frecuencia de la información al afiliado.

El afiliado que lo solicite expresamente ante la Administradora respectiva, podrá obtener información de su cuenta personal en cualquier momento.

Art. 101. (Contabilidad separada). - La Administradora deberá llevar contabilidad separada del Fondo de Ahorro Previsional, en donde se registrarán todos los movimientos relativos a los ingresos y a los egresos.

El Banco Central del Uruguay diseñará el plan de cuentas único a utilizar por las Administradoras y éstas deberán ceñirse a esas normas en todas sus informaciones contables.

Art. 102. (Comisiones). - Las Administradoras tendrán derecho a una retribución de parte de sus afiliados, mediante el cobro de comisiones que serán debitadas de las respectivas cuentas de ahorro individual. Las comisiones serán el único ingreso de la Administradora, a cargo de los afiliados.

El importe de las comisiones será establecido libremente por cada Administradora y su aplicación será uniforme para todos sus afiliados.

Art. 103. (Régimen de comisiones). - El régimen de comisiones que cada Administradora fije se ajustará a los siguientes lineamientos:

1) Sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones: la acreditación de los aportes obligatorios y la acreditación de los depósitos voluntarios y convenidos.

2) La comisión por acreditación de los aportes obligatorios y de los depósitos voluntarios o convenidos, sólo podrá establecerse como una suma fija por operación, como un porcentaje del aporte que le dio origen o como una combinación de ambos.

Art. 104. (Bonificación de las comisiones). - Las Administradoras que así lo estimen conveniente podrán introducir esquemas de bonificación a las comisiones establecidas en el artículo anterior, los que no deberán contener discriminaciones para los afiliados que se encuentren comprendidos en una misma categoría. La definición de estas categorías de afiliados sólo podrá ser efectuada en atención a la cantidad de meses que registren aportes en la correspondiente Administradora. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento para la determinación de las respectivas categorías.

El importe de la bonificación deberá establecerse como una quita sobre el esquema de comisiones vigente, debiendo ser aplicado en forma simultánea al cobro de las respectivas comisiones. El importe bonificado quedará acreditado en la respectiva cuenta de ahorro individual del afiliado.

Art. 105. (Inhabilitaciones). - Para los cargos de directores, administradores, gerentes y síndicos de una Administradora, regirán las inhabilitaciones mencionadas en el artículo 23 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

CAPITULO II
DE LA AFILIACION

Artículo 106. (Elección de la Administradora). - Todo afiliado que se incorpore al régimen de ahorro deberá elegir libremente una Administradora.

La opción se realizará directamente ante la misma, la cual hará llegar al Banco de Previsión Social una copia de la solicitud de incorporación en un plazo de cinco días hábiles. El mismo procedimiento corresponderá cuando el afiliado cambie de Administradora.

La libertad de elección de Administradora no podrá ser afectada por ningún mecanismo ni acuerdo, quedando prohibido condicionar el otorgamiento de beneficios o premios, a la afiliación o cambio del trabajador a una determinada Administradora.

El afiliado deberá incorporarse a una única Administradora aunque el mismo prestare servicios para varios empleadores o realizare simultáneamente tareas como trabajador dependiente y no dependiente.

Art. 107. (Obligación de incorporación de afiliados). - Las Administradoras deberán aceptar la incorporación de todo afiliado efectuada conforme a las normas de esta Ley y no podrán realizar discriminación alguna entre los mismos, salvo las expresamente contempladas en la presente Ley.

Art. 108. (Asignación de Administradora). - Si el afiliado no realizare la elección de Administradora, la asignación de la misma será efectuada por el Banco de Previsión Social, en forma proporcional a los afiliados incluidos en cada una de ellas a la fecha de incorporación.

Art. 109. (Derecho de traspaso a otra Administradora). - Todo afiliado que cumpla las normas del artículo siguiente tiene derecho a cambiar de Administradora, para lo cual deberá notificar fehacientemente a aquélla en la que se encuentre incorporado. El cambio tendrá efecto a partir del segundo mes siguiente al de la solicitud y estará sujeto a lo que dispongan las normas reglamentarias.

Art. 110. (Condiciones para el traspaso). - El derecho a traspaso por parte del afiliado se limitará a dos veces por año calendario y se podrá realizar siempre que se registren, al menos, seis meses de aportes en la entidad que se abandona.

CAPITULO III
DEL FONDO DE AHORRO PREVISIONAL

Artículo 111. (Naturaleza del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional definido en esta Ley es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora. El mismo estará constituido por las disponibilidades transitorias y las inversiones realizadas y estará destinado únicamente a financiar las prestaciones indicadas en el artículo 50 de la presente Ley.

La propiedad del Fondo de Ahorro Previsional será de los afiliados al mismo y estará sujeta a las limitaciones y destinos establecidos en la presente Ley.

Art. 112. (Inembargabilidad del patrimonio). - Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Ahorro Previsional serán inembargables.

En caso de que la Administradora entre en liquidación judicial, el Fondo de Ahorro Previsional será administrado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la presente Ley.

Art. 113. (Recursos del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional de cada Administradora se integrará con los siguientes recursos:

A) Los importes destinados al régimen de ahorro según los literales a) al f) del artículo 45 de la presente Ley.

B) Los fondos acumulados por los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso desde otra Administradora.

C) La rentabilidad correspondiente a las inversiones efectuadas de acuerdo con las disposiciones del artículo 123 de la presente Ley.

D) Las transferencias de fondos provenientes de la Reserva Especial, en las condiciones fijadas en el artículo 122 de la presente Ley.

E) Las transferencias del Estado realizadas en las condiciones establecidas en el artículo 122 de la presente Ley.

Art. 114. (Deducciones del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional de cada Administradora admitirá las siguientes deducciones:

A) Las sumas correspondientes al pago de las comisiones de los afiliados a la Administradora.

B) El pago de la prima del seguro de invalidez y fallecimiento a una empresa aseguradora autorizada a girar en el ramo de seguros de vida, en adelante, empresa aseguradora, de acuerdo al artículo 57 de la presente Ley.

C) La transferencia de fondos a las empresas aseguradoras para el pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 54 de la presente Ley.

D) La transferencia de los fondos correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso hacia otra Administradora.

E) La comisión de custodia establecida según el artículo 126 de la presente Ley.

Art. 115. (Participación en la copropiedad del Fondo de Ahorro Previsional). - La participación de cada uno de los afiliados en la copropiedad del Fondo de Ahorro Previsional, se determinará mensualmente como el cociente entre el saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor total del mencionado Fondo. Dicha participación es inembargable.

Art. 116. (Tasas de Rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional). - La tasa de rentabilidad nominal anual del Fondo de Ahorro Previsional, es el porcentaje de variación, durante los últimos doce meses del valor de la Unidad Reajustable, acumulada a la tasa de rentabilidad real de dicho Fondo.

La tasa de rentabilidad real mensual del Fondo de Ahorro Previsional, es el porcentaje de variación mensual experimentado por el mismo, medido en Unidades Reajustables, excluyendo los ingresos por aportes y traspasos entre Administradoras, así como los traspasos desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y las deducciones mencionadas en el artículo 114 de la presente Ley. La tasa de rentabilidad real anual se calculará por la acumulación de las tasas de rentabilidad reales mensuales.

El cálculo de estas tasas y de todos los índices que de ellas se deriven se realizarán mensualmente.

Art. 117. (Rentabilidad del régimen). - Las tasas de rentabilidad nominal y real promedio del régimen se determinará calculando el promedio ponderado de la tasa de rentabilidad de cada Fondo de Ahorro Previsional, según el mecanismo que fijen las normas reglamentarias.

Las Administradoras serán responsables de que la tasa de rentabilidad real del respectivo Fondo de Ahorro Previsional, no sea inferior a la tasa de rentabilidad real mínima anual del régimen, la que se determinará en forma mensual.

La tasa de rentabilidad real mínima anual promedio del régimen es la menor entre el 2% (dos por ciento) anual y la tasa de rentabilidad real promedio del régimen menos 2 (dos) puntos porcentuales.

Los requisitos de rentabilidad mínima no serán de aplicación a las Administradoras que cuenten con menos de doce meses de funcionamiento.

Art. 118. (Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - En cada Administradora, como parte del Fondo de Ahorro Previsional, habrá un Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, con el objeto de garantizar la tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo anterior.

Art. 119. (Integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad se integrará en forma mensual y siempre que la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuese positiva. El mismo se integrará con el producido de todo exceso de la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional sobre la tasa de rentabilidad promedio del régimen, incrementada en 2 puntos porcentuales. El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad estará expresado en Unidades Reajustables.

Art. 120. (Aplicación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad tendrá los siguientes destinos:

A) Cubrir la diferencia entre la tasa de rentabilidad real mínima del régimen definida en el artículo 117 de la presente Ley y la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional, en caso de que ésta fuera menor.

B) Acreditar obligatoriamente en las cuentas de ahorro individual de los afiliados, los fondos acumulados que superen por más de un año el 5% (cinco por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

C) Incrementar, en la oportunidad que la Administradora así lo estime conveniente, la rentabilidad incorporada en las cuentas de ahorro individual en un mes determinado, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:

1. Luego de la afectación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, el saldo de éste represente como mínimo el 3% (tres por ciento) del importe del Fondo de Ahorro Previsional.

2. No se podrá, en un mes dado, disminuir más del 10% (diez por ciento) del correspondiente Fondo de Fluctuación de Rentabilidad.

D) Imputar al Fondo de Ahorro Previsional el saldo total del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, a la fecha de liquidación de la Administradora.

Art. 121. (Reserva Especial). - Las Administradoras deberán integrar y mantener en todo momento, una reserva equivalente por lo menos al 2% (dos por ciento) del Fondo de Ahorro Previsional respectivo, deducidas las inversiones en valores emitidos por el Estado uruguayo, que se denominará Reserva Especial. Dicha Reserva, no podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del capital mínimo fijado en el artículo 97 de la presente Ley y tendrá por objeto responder a los requisitos de tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo siguiente.

El cálculo de la Reserva Especial mínima se efectuará en forma mensual, teniendo en cuenta el valor del Fondo de Ahorro Previsional y la composición de sus inversiones al fin del mes anterior.

La Reserva Especial deberá ser invertida en los mismos instrumentos autorizados para el Fondo de Ahorro Previsional y con iguales limitaciones. Los bienes y derechos que la componen serán inembargables.

Todo déficit de la Reserva Especial, no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo siguiente, se regirá por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto fijen las normas reglamentarias.

Art. 122. (Garantías de la rentabilidad mínima). - Cuando la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuere, en un mes dado, inferior a la tasa de rentabilidad real mínima del régimen y esta diferencia no pudiere ser cubierta con el respectivo Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, la Administradora deberá aplicar los recursos de la Reserva Especial a tal efecto. Si no lo hiciera, el Banco Central del Uruguay la intimará a hacerlo en un plazo de diez días, a partir de la notificación respectiva. Si aplicados totalmente los recursos de la Reserva Especial, no se pudiere completar la deficiencia de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional, el Estado completará la diferencia, la que deberá ser reintegrada dentro del plazo que en cada caso fije el Poder Ejecutivo.

La Administradora que no hubiere cubierto la rentabilidad mínima del régimen o recompuesto la Reserva Especial dentro de los quince días siguientes al de su afectación, se disolverá de pleno derecho, debiendo liquidarse según lo establecen los artículos 138 y 139 de la presente Ley.

CAPITULO IV

DE LAS INVERSIONES

Artículo 123. (Inversiones permitidas). - El Fondo de Ahorro Previsional se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad de plazos, de acuerdo con sus finalidades y respetando los límites fijados por esta Ley y las normas reglamentarias.

Las Administradoras podrán invertir los recursos del Fondo de Ahorro Previsional en:

A) Valores emitidos por el Estado Uruguayo, hasta el 60% (sesenta por ciento) del total del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

B) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento).

C) Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera que se realicen en las instituciones de intermediación financiera instaladas en el país, autorizadas a captar depósitos, hasta el 30% (treinta por ciento).

D) Valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas que coticen en algún mercado formal, con autorización del Banco Central del Uruguay, hasta el 25% (veinticinco por ciento).

E) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales, u otros sectores productivos garantizadas por entidades financieras autorizadas a funcionar en el país, a través de la emisión de certificados de depósito, hasta el 20% (veinte por ciento).

F) Colocaciones en instituciones públicas o privadas, garantizadas por las mismas, a efectos de que éstas concedan préstamos personales a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social, hasta dos años de plazo y tasa de interés no inferior a la evolución del Indice Medio de Salarios en los últimos doce meses, más cinco puntos porcentuales. El máximo del préstamo en estas condiciones no podrá superar los seis salarios de actividad o pasividad. El importe a prestar no excederá del 15% (quince por ciento) del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Las inversiones mencionadas en el literal a) podrán alcanzar hasta el 100% (cien por ciento) en el primer año de vigencia del régimen de ahorro, reduciéndose entre cinco y diez puntos porcentuales por año, hasta llegar al 60% (sesenta por ciento) mencionado.

La suma de las inversiones mencionadas en los literales b), c), d), e) y f) no podrá exceder del 20% (veinte por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional en el primer año, incrementándose entre cinco y diez puntos porcentuales anuales, hasta un máximo del 70% (setenta por ciento).

La suma de las inversiones mencionadas en los literales d), e) y f), no podrá exceder del 30% (treinta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

Art. 124. (Prohibiciones). - El Fondo de Ahorro Previsional no podrá ser invertido en los siguientes valores:

A) Valores emitidos por otras Administradoras que se creen de acuerdo con la presente Ley.

B) Valores emitidos por empresas aseguradoras.

C) Valores emitidos por sociedades constituidas en el extranjero, con excepción de las empresas de intermediación financiera autorizadas a girar en el país.

D) Valores emitidos por las sociedades financieras de inversión.

E) Valores emitidos por empresas vinculadas a la respectiva Administradora, ya sea directamente o por su integración a un conjunto económico.

F) Acciones escriturales, preferidas y de goce, definidas por la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

En ningún caso las Administradoras podrán realizar operaciones de caución, ni operaciones financieras que requieran constitución de prendas o garantías sobre el activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Una vez reglamentadas por el Poder Ejecutivo, las prohibiciones indicadas en el presente artículo serán controladas por el Banco Central del Uruguay.

Art. 125. (Disponibilidad transitoria). - El activo del Fondo de Ahorro Previsional, en cuanto no sea inmediatamente aplicado según lo establecido por el artículo 123 de la presente Ley, será depositado en entidades de intermediación financiera, en cuentas identificadas como integrantes del mencionado Fondo.

De dichas cuentas sólo podrán efectuarse retiros destinados a la realización de inversiones para el Fondo de Ahorro Previsional y al pago de las comisiones y transferencias autorizadas por el artículo 114 de la presente Ley.

Las cuentas serán mantenidas en instituciones autorizadas a realizar operaciones de intermediación financiera en el país, de acuerdo a los artículos 1° y 2° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

La suma de las disponibilidades transitorias y de las inversiones permanentes mencionadas en los literales c) y e) del artículo 123 de la presente Ley no podrá exceder, en una sola institución financiera, el 15% (quince por ciento) del valor total del Fondo de Ahorro Previsional.

Art. 126. (Custodia de los títulos). - Los títulos representativos de las inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y de la Reserva Especial deberán mantenerse en una sola institución de intermediación financiera autorizada a captar depósitos u otras instituciones que el Banco Central del Uruguay autorice.

En forma mensual, el Banco Central del Uruguay informará al depositario el monto mínimo que cada Administradora deberá mantener en custodia. La entidad depositaria será responsable de este control y deberá comunicar al Banco Central del Uruguay las insuficiencias que se verifiquen.

Las comisiones de custodia serán libremente fijadas entre las partes y comunicadas al Banco Central del Uruguay.

CAPITULO V
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS Y EMPRESAS ASEGURADORAS

Artículo 127. (Responsabilidades y obligaciones de las Administradoras). - Las Administradoras serán responsables y estarán obligadas a:

A) Traspasar a las empresas aseguradoras los saldos acumulados en las cuentas de ahorro individual, a efectos del pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 50 de la presente Ley, con excepción del subsidio transitorio por incapacidad parcial.

B) Contratar con una empresa aseguradora un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, en las condiciones del artículo 57 de la presente Ley, considerando como pago parcial de la misma, el capital acumulado en la cuenta de ahorro de los afiliados, a la fecha en que se produzca la incapacidad, el fallecimiento en actividad o el fallecimiento en goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial.

C) Traspasar a la empresa aseguradora correspondiente el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, cuando se den las condiciones establecidas en el artículo 58 de la presente Ley.

Art. 128. (Responsabilidades y obligaciones de las Empresas Aseguradoras). - Las Empresas Aseguradoras, siempre que realicen operaciones establecidas en la presente Ley, estarán obligadas a:

A) Servir en forma mensual las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, de acuerdo a las condiciones mencionadas en el artículo 56 de la presente Ley.

B) Servir en forma mensual las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y las pensiones por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, por la parte sujeta al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio y siempre que los afiliados hubieran estado incluidos en la póliza de seguro de vida colectivo mencionado en el artículo 57 de la presente Ley. En caso de que el afiliado no hubiera estado incluido en la póliza respectiva, la responsabilidad de su pago será de la Administradora.

C) Formar el capital técnico necesario para cubrir las prestaciones mencionadas en los literales a) y b) de este artículo, y a lo dispuesto por el Capítulo IV del Título VIII de la presente Ley, conforme a las instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay en lo pertinente.

CAPITULO VI
REGIMEN IMPOSITIVO

Artículo 129. (Tratamiento de los depósitos convenidos). - Los depósitos convenidos que se realicen de acuerdo al artículo 49 de la presente Ley, serán deducibles de la renta bruta para liquidar los impuestos establecidos en el Título 4, Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) y Título 8, Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) del Texto Ordenado 1991.

Dichos depósitos también se podrán deducir como Rubro de Deducción Condicionada, del impuesto definido en el Título 7 Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO) del texto Ordenado 1991, no rigiendo a estos efectos el tope máximo del 20% (veinte por ciento) del ingreso neto total.

Art. 130. (Remuneraciones no gravadas). - Las remuneraciones abonadas a los trabajadores por las cuales no corresponda cotizar aportes patronales jubilatorios, de acuerdo a la limitación del literal a) del artículo 14 de la presente Ley, serán deducibles de la renta bruta para liquidar los impuestos establecidos en el Título 4, Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) y Título 8, Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) del Texto Ordenado 1991, exclusivamente por la parte proporcional de los aportes de seguridad social no jubilatorios e impuesto a las retribuciones personales respecto del total de los mismos, incluyendo los aportes jubilatorios.

Art. 131. (Tratamiento de los fondos acumulados). - Los fondos acumulados en las cuentas individuales de ahorro no serán computadas a efectos de la liquidación del impuesto al patrimonio de las personas físicas.

Art. 132. (Tratamiento de las AFAP). - Las comisiones percibidas por las Administradoras de acuerdo al artículo 102 de la presente Ley, estarán exoneradas del impuesto al valor agregado (IVA) del Título 10 del Texto Ordenado 1991.

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional quedarán incluidas en el régimen establecido en el Título 4, Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) del Texto Ordenado 1991 y no serán gravadas con el Impuesto a las Comisiones (COM), regulado en el Título 17 del Texto Ordenado 1991.

La constitución de Sociedades Anónimas con el objeto de administrar Fondos de Ahorro Previsional, así como los aumentos de capital de las mismas, estarán exonerados de todo tributo.

Art. 133. (Tratamiento de las empresas aseguradoras). - Las empresas aseguradoras que realicen operaciones incluidas en la presente Ley, estarán exoneradas del impuesto a los ingresos (Título 6, Impuesto a los ingresos de las compañías de seguros del Texto Ordenado 1991), por el cobro de las primas del seguro de invalidez y fallecimiento contratado según el artículo 57 de la presente Ley.

Asimismo, las citadas empresas quedarán exoneradas del IVA sobre las primas que cobren por el seguro citado en el inciso anterior.

CAPITULO VII
DEL CONTROL

Artículo 134. (Control de las Administradoras). - El Banco Central del Uruguay ejercerá el control de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con las competencias establecidas en la presente Ley, sin perjuicio de las normas de organización de la seguridad social que dicte el Banco de Previsión Social de acuerdo al artículo 195 de la Constitución de la República.

Las potestades que la Constitución acuerda a los Cuerpos Legislativos o a sus integrantes no podrán ser restringidas sea cualquiera la circunstancia que se invoque, en todo lo referente a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, sean de carácter público o privado.

Art. 135. (Poderes Jurídicos del Banco Central del Uruguay). - Son poderes jurídicos del Banco Central del Uruguay:

A) Ejercer las funciones que la presente Ley asigna a la autoridad de control.

B) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en la presente Ley, y que sean necesarios para su correcta aplicación.

C) Fiscalizar el procedimiento de afiliación previsto en los artículos 106 y 107 de la presente Ley y los traspasos que decidan los afiliados de acuerdo a los artículos 109 y 110 de la presente Ley.

D) Llevar un registro de las Administradoras autorizadas de acuerdo con la presente Ley.

E) Controlar se cumpla lo establecido en el artículo 98 de la presente Ley.

F) Verificar, mediante inspecciones, cuya frecuencia mínima será reglamentada, la exactitud y veracidad de la información que las Administradoras deben brindar conforme a lo establecido en los artículos 99 y 100 de la presente Ley.

G) Fiscalizar el cumplimiento del régimen de comisiones fijado por cada Administradora.

H) Fiscalizar las inversiones de los recursos de los Fondos de Ahorro Previsional y de la Reserva Especial, así como la adecuada custodia de los títulos representativos de las mismas.

I) Determinar la rentabilidad y comisión promedio del régimen de ahorro individual y fiscalizar la rentabilidad obtenida por cada Administradora.

J) Fiscalizar la constitución, el mantenimiento y la aplicación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial.

K) Controlar la contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las Administradoras, en la forma establecida en el artículo 57 de la presente Ley y establecer las normas que regulen el contrato respectivo, así como las que regulen el pago de las prestaciones de jubilación común y de las pensiones de sobrevivencia que de ella se deriven, según el artículo 56 de la presente Ley.

L) Imponer a las Administradoras las sanciones previstas cuando no cumplan con las disposiciones legales, conforme a lo establecido en el artículo 136 de la presente Ley.

LL) Labrar acta de toda inspección que realice en una Administradora o ante un tercero con quien aquélla opere.

M) Publicar, en forma trimestral, una memoria que contendrá la información global y estadística que fije la reglamentación, referida a la evolución del régimen de ahorro individual, las autorizaciones otorgadas para funcionar como Administradoras, las revocaciones, las sanciones aplicadas y la indicación referida a cada Administradora, de capital social, nómina de directores, representantes, gerentes y síndicos, número de afiliados incorporados a cada una, esquema de comisiones, valor del Fondo de Ahorro Previsional, de la Reserva Especial, composición de las inversiones de cada Fondo, rentabilidad nominal y real y toda otra información que establezcan las normas reglamentarias.

N) Controlar las responsabilidades y obligaciones de las Administradoras y de las empresas aseguradoras, de acuerdo a los artículos 127 y 128 de la presente Ley.

Ñ) Recibir las denuncias de los afiliados o de terceros, sobre la actuación de las instituciones incluidas en esta Ley, debiendo tramitar y notificar de sus resultados, a los denunciantes, en un plazo de quince días hábiles.

Art. 136. (Sanciones aplicables). - Las Administradoras y las Empresas Aseguradoras, comprendidas en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio establecido en esta Ley y que infrinjan las normas aplicables a las mismas, serán pasibles, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder, de las sanciones establecidas en el artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

CAPITULO VIII
DE LA LIQUIDACION DE LAS ADMINISTRADORAS

Artículo 137. (Liquidación de una Administradora). - El Banco Central del Uruguay procederá a desarrollar la liquidación de una AFAP cuando se verifique cualquiera de los siguientes supuestos:

A) El patrimonio de la Administradora se redujere a un importe inferior a los mínimos establecidos en el artículo 97 de la presente Ley y no se hubieren reintegrado totalmente dentro de los plazos establecidos.

B) Se verifique, dentro de un año calendario, déficit de la Reserva Especial en más de dos oportunidades. A los fines de este cómputo no se tendrá en cuenta la generación de déficit como consecuencia del proceso establecido por el inciso segundo del artículo 122 de la presente Ley.

C) No hubiere cubierto la rentabilidad mínima establecida o recompuesto la Reserva Especial afectada dentro de los plazos fijados en el artículo 122 de la presente Ley.

D) Hubiera entrado la Administradora en estado de cesación de pagos, cualquiera sea la causa y la naturaleza de las obligaciones que afecte.

El Estado concurrirá como acreedor en el proceso de liquidación de una Administradora, por los pagos que hubiere realizado en virtud del cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el artículo 122 de la presente Ley.

Art. 138. (Procedimiento de liquidación). - La liquidación de las Administradoras se efectuará por el procedimiento establecido en el artículo 41 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el artículo 4° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Los afiliados deberán traspasar sus cuentas personales y la cuota parte del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad a otra Administradora, a su elección, en el plazo de noventa días posteriores al inicio de la liquidación de la Administradora. En caso de no haberlo hecho, el Banco Central del Uruguay destinará a los afiliados pendientes de traspaso a las Administradoras existentes, en forma proporcional al número de afiliados de cada una.

CAPITULO IX
GARANTIAS DEL ESTADO

Artículo 139. (Garantías). - El Estado garantizará a los afiliados del régimen de ahorro individual obligatorio:

A) El cumplimiento de la rentabilidad real mínima, sobre los fondos que los afiliados mantuvieran invertidos, cuando una Administradora, agotados los mecanismos previstos en esta Ley, no pudiera cumplir con la mencionada obligación.

Esta garantía se mantendrá vigente durante el período en el cual los afiliados se traspasen a una nueva Administradora de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

B) El pago de las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, en caso de liquidación judicial de una empresa aseguradora.

C) El pago de las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, en caso de liquidación judicial de la empresa aseguradora que hubiere hecho el seguro colectivo de vida mencionado en el artículo 56 de la presente Ley, y siempre que las disponibilidades financieras de la Administradora imposibilitaran hacerse cargo de dichas obligaciones.

Art. 140. - La garantía del Estado, a que refieren los artículos 122 y 139 de la presente Ley, sólo será aplicable a las entidades de propiedad estatal, sin perjuicio de la responsabilidad consagrada en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

Art. 141. (Naturaleza de los créditos). - En los casos en que la garantía estatal hubiera operado, el Estado concurrirá en la liquidación judicial de las Administradoras o de las empresas aseguradoras por los montos pagados, a lo que se agregará el valor de las reservas técnicas de las prestaciones futuras, en cuanto éstas fueren responsabilidad de aquéllas. El Estado será acreedor privilegiado de la misma clase que le corresponde como acreedor de tributos impagos.

Los créditos de las Administradoras contra una empresa aseguradora, que se originen en el contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, gozarán del privilegio de la primera clase de créditos personales (artículo 1732 del Código de Comercio).

CAPITULO X
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 142. (Prohibición del cobro de Comisiones). - El Banco de Previsión Social y el Banco Central del Uruguay no podrán percibir retribución alguna de las Administradoras, empresas aseguradoras, empresas contribuyentes o de los afiliados, por las actividades que realicen en el marco de la presente Ley.

Art. 143. (Afiliación previsional de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional). - Los trabajadores de todas las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional así como los trabajadores del Banco de Previsión Social estarán afiliados a esta institución, en lo que refiere al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

En cuanto al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, los referidos trabajadores podrán elegir libremente a la Administradora a la cual afiliarse.

Art. 144. (Emisión de títulos reajustables). - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir títulos en Unidades Reajustables hasta la suma de UR 30:000.000 (Unidades Reajustables treinta millones).

Dichos títulos no podrán tener un plazo superior a veinte años y su tasa de interés será, como mínimo, del 2% (dos por ciento) anual.

Su adquisición podrá ser realizada exclusivamente por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, las que sólo podrán enajenar dichos títulos a otras Administradoras.

La emisión autorizada por este artículo, no está comprendida en los topes previstos en el artículo 1° de la Ley N° 16.454, de 22 de diciembre de 1993.

TITULO IX
DE LA MATERIA GRAVADA Y ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 145. (Ambito de aplicación). - Las disposiciones de este Título comprenden a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

En oportunidad de que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° de la presente Ley, se proyectará las adecuaciones de este Título en relación a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social. Hasta tanto entren en vigencia dichas disposiciones se aplicarán las normas legales y reglamentarias en vigor a la sanción de la presente Ley.

Art. 146. (Principio de congruencia). - Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones de pasividad constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período, gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable sólo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Art. 147. (Principio de primacía de la remuneración real). - Las contribuciones especiales de seguridad social destinadas al Banco de Previsión Social se aplicarán sobre las remuneraciones realmente percibidas por los sujetos pasivos de dichos tributos, con la sola excepción de aquellos casos en los que la materia gravada y las asignaciones computables se rijan por remuneraciones fictas.

Art. 148. (Principio de actividad. Hecho generador). - Las contribuciones especiales de seguridad social destinadas al Banco de Previsión Social, se generarán por el desarrollo de actividad personal remunerada de cualquier naturaleza, comprendida en el ámbito de afiliación del citado Banco.

Art. 149. (Principio de verdad material). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social se ajustará a la verdad material de los hechos.

Art. 150. (Principio de economía procesal). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social, deberá asegurar la celeridad, simplicidad y economía de los procedimientos administrativos a su cargo, así como evitar la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos innecesarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento y los derechos de los administrados.

Art. 151. (Principio del debido proceso). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social, garantizará a los interesados en sus procedimientos administrativos todos los derechos y garantías del debido proceso, de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República y demás normas de derecho positivo.

Art. 152. (Prescripción). - El Banco de Previsión Social podrá declarar de oficio la prescripción del derecho al cobro de los tributos, sanciones e intereses cuando se configuren los supuestos previstos por el artículo 38 del Decreto-Ley N° 14.306, de 29 de noviembre de 1974.

Dicha aclaración deberá ser realizada por el Banco de Previsión Social cuando se configuren los mismos supuestos constitutivos de la prescripción en caso de ser invocada en vía administrativa por el contribuyente y el Banco de Previsión Social quedará obligado a expedir en ambos casos los certificados que así lo acrediten.

CAPITULO II
MATERIA GRAVADA

Artículo 153. (Concepto general). - A los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social recaudadas por el Banco de Previsión Social, constituye materia gravada todo ingreso que, en forma regular y permanente, sea en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, perciba el trabajador dependiente o no dependiente, en concepto de retribución y con motivo de su actividad personal, dentro del respectivo ámbito de afiliación.

Art. 154. (Concepto de excepción). - Cuando el ingreso referido en el artículo anterior se perciba, en todo o en parte, mediante asignaciones en especie o cuya cuantía real sea incierta, el monto a gravar será establecido fictamente por el Poder Ejecutivo, en función de la naturaleza o modalidad de las actividades o formas de retribución, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.

Art. 155. (Base Ficta de Contribución). - En los casos previstos en el artículo anterior, la materia gravada se determinará por la Base Ficta de Contribución, la cual será equivalente a una Unidad Reajustable (artículo 38 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968). A tales efectos el valor de la Unidad Reajustable será el vigente en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

CAPITULO III
SITUACIONES ESPECIALES

Artículo 156. (Propinas). - Las propinas percibidas por los trabajadores dependientes, estarán gravadas entre un mínimo equivalente a tres veces el valor de la Base Ficta de Contribución y un máximo de veinte veces el valor de dicha Base. El Poder Ejecutivo, atendiendo a las características de cada actividad, determinará el monto gravado correspondiente.

Los montos correspondientes a propinas de los funcionarios profesionales de los Casinos del Estado y Municipales, se regirán por lo dispuesto por la Ley N° 16.568, de 28 de agosto de 1994.

Art. 157. (Viáticos). - Los viáticos, cualesquiera fuese su denominación, estarán gravados por lo realmente percibido en los siguientes porcentajes: un 50% (cincuenta por ciento) sobre las partidas destinadas a su utilización dentro del país y un 25% (veinticinco por ciento) las partidas destinadas a su utilización fuera del país.

Quedan exceptuadas las sumas que las empresas reintegren a sus trabajadores por concepto de gastos de locomoción, alimentación y alojamiento, ocasionados en el cumplimiento de tareas encomendadas por aquéllas, cuando las mismas estén sujetas a rendición de cuentas y escrituración contable o se pruebe fehaciente e inequívocamente su calidad indemnizatoria, a juicio de la Administración.

Art. 158. (Gratificaciones). - Constituirán materia gravada las gratificaciones, cuando tengan los caracteres de regularidad y permanencia.

Quedan exceptuadas las partidas que las empresas otorguen a sus trabajadores en forma discrecional o con motivos específicos no vinculados a la prestación de servicios propia de la relación o contrato de trabajo.

Art. 159. (Quebrantos). - Constituirán materia gravada los quebrantos de caja y similares que efectivamente perciba el trabajador.

Art. 160. (Subsidio por períodos de inactividad compensada). - Los subsidios correspondientes a períodos de inactividad compensada constituirán materia gravada.

Los complementos que las empresas otorguen a los subsidios correspondientes a períodos de inactividad compensada, no estarán gravados ni constituirán asignación computable, no pudiendo la suma de ambos exceder la remuneración habitual del trabajador.

Art. 161. (Retribuciones de profesionales universitarios). - Las remuneraciones de los profesionales universitarios se regirán, a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social, por las siguientes reglas:

1) Constituirán materia gravada las retribuciones a los profesionales universitarios, cuando exista una relación de dependencia laboral, no siendo relevante, a esos efectos, la mera circunstancia de percibir honorarios en forma regular y permanente. La Administración deberá probar la existencia de tales caracteres, mediante el análisis de todas las pautas y elementos de hecho que permitan establecer la existencia de relación de dependencia.

2) Se presumirá que no existe relación de dependencia cuando el profesional universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Art. 162. (Retribuciones de profesionales universitarios derivados de contrato de arrendamientos de servicios profesionales u obra). - No constituyen materia gravada las retribuciones percibidas por profesionales universitarios en virtud de contratos de arrendamiento de servicios profesionales o de obra, toda vez que conste por escrito la delimitación de las obligaciones de las partes, así como la ausencia de relación de dependencia siempre que el profesional universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Art. 163. (Aportes personales). - Los aportes personales cuando los toma a su cargo la empresa constituirán materia gravada.

Art. 164. (Prestaciones de vivienda). - Las prestaciones de vivienda, en dinero o en especie, constituyen materia gravada. El monto gravado será el equivalente a diez Bases Fictas de Contribución.

Las prestaciones de vivienda, en dinero o en especie, para los trabajadores rurales, se gravarán en la forma y condiciones que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes.

Art. 165. (Gastos de representación). - Los gastos de representación que perciban los titulares de los cargos a que refiere el artículo 35, literal c), numerales 1 a 4 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, se regirán por lo dispuesto en el artículo 157 de la presente Ley.

Art. 166. (Alimentos). - Las prestaciones de alimentación, en dinero o en especie, para los trabajadores rurales, se gravarán en la forma y condiciones que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes para dicho sector de actividad.

Art. 167. (Prestaciones exentas). - Las prestaciones que se indican a continuación no constituyen materia gravada ni asignación computable.

1) La alimentación de los trabajadores en los días trabajados, sea que se provea en especie o que su pago efectivo lo asuma el empleador.

2) El pago total o parcial, debidamente documentado, de cobertura médica u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria, otorgados al trabajador, su cónyuge, sus padres -cuando se encuentren a su cargo- hijos menores de 18 años, o mayores de 18 y menores de 25 mientras se encuentren cursando estudios terciarios e hijos incapaces, sin límite de edad.

3) El costo de los seguros de vida y de accidente personal del trabajador, cuando el pago de los mismos haya sido asumido total o parcialmente por el empleador.

La suma de las prestaciones exentas referidas precedentemente no podrán superar el 20% (veinte por ciento) de la retribución que el trabajador recibe en efectivo por conceptos que constituyan materia gravada. En el caso en que se supere dicho porcentaje, el excedente estará gravado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 de la presente Ley.

La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias para el desarrollo de la tarea asignada al trabajador no constituirá materia gravada ni asignación computable.

Art. 168. (Cooperativistas). - Los cooperativistas aportarán sobre las remuneraciones realmente percibidas, no pudiendo ser el monto gravado inferior a la retribución que corresponda al cargo que desempeñen, según laudos, convenios colectivos u otras formas de establecer colectivamente niveles salariales, aplicables al giro único o principal de la empresa.

Art. 169. (Industria de la construcción y empresas transportistas). - La regulación de las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción y empresas transportistas continuarán rigiéndose por las normas legales y reglamentarias específicas de la actividad, aplicables a la fecha de vigencia de la presente Ley.

Art. 170. (Directores, Administradores y Síndicos de sociedades anónimas). - Las remuneraciones de los Directores, Administradores y Síndicos de sociedades anónimas constituye materia gravada por los montos efectivamente percibidos como consecuencia del ejercicio de dichos cargos, cualquiera sea la denominación de aquéllos.

No obstante cuando las remuneraciones del ejercicio por todo concepto, sean inferiores al equivalente a treinta veces el valor de la Base Ficta de Contribución por cada mes del ejercicio anual o de los meses en los cuales ejerció el cargo, se estará a esta última cifra, que constituirá la materia gravada.

Art. 171. (Exención Directores, Administradores y Síndicos de sociedades anónimas). - Están exentos los Directores, Administradores y Síndicos:

A) Que no perciban remuneración de clase alguna, debiéndose probar dicho extremo, mediante certificado notarial o contable.

B) Radicados en el extranjero, extremo que debe ser probado fehacientemente.

C) De sociedades anónimas propietarias de inmuebles destinados a casa-habitación de los mismos y siempre que la sociedad no tenga otra actividad.

CAPITULO IV
TRABAJADORES NO DEPENDIENTES

Artículo 172. (Trabajadores no dependientes que ocupan personal). - Las personas físicas que por sí solas, conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan una actividad lucrativa no dependiente y ocupen personal, y los socios integrantes de las sociedades colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita y de capital e industria, tengan o no la calidad de administradores, que desarrollen actividad de cualquier naturaleza dentro de la empresa, efectuarán su aportación ficta patronal, sobre la base del máximo salario abonado por la empresa o la remuneración real de la persona física correspondiente, según cual fuera mayor, sin que pueda ser inferior al equivalente a quince veces el valor de la Base Ficta de Contribución.

Art. 173. (Trabajadores no dependientes que no ocupan personal). - La aportación, así como los beneficios de la seguridad social en el caso de los trabajadores no dependientes, sin personal a su cargo, se ajustará a partir del primer día del mes siguiente al de la vigencia de la presente Ley, a las siguientes categorías de sueldos fictos equivalentes a:

1°) 11 (once) veces la Base Ficta de Contribución.

2°) 15 (quince) veces la Base Ficta de Contribución.

3°) 20 (veinte) veces la Base Ficta de Contribución.

4°) 25 (veinticinco) veces la Base Ficta de Contribución.

5°) 30 (treinta) veces la Base Ficta de Contribución.

6°) 36 (treinta y seis) veces la Base Ficta de Contribución.

7°) 42 (cuarenta y dos) veces la Base Ficta de Contribución.

8°) 48 (cuarenta y ocho) veces la Base Ficta de Contribución.

9°) 54 (cincuenta y cuatro) veces la Base Ficta de Contribución.

10°) 60 (sesenta) veces la Base Ficta de Contribución.

Las disposiciones de este artículo serán aplicables a los afiliados comprendidos en los artículos 61 y 64 de la presente Ley.

Art. 174. (Opción). - La determinación inicial del sueldo ficto de los afiliados comprendidos en el artículo anterior, en caso de ingreso o reingreso, no podrá sobrepasar la tercera categoría. No obstante, aquellos que anteriormente hubieran aportado de acuerdo a una categoría superior, podrán reingresar en la misma.

Los afiliados comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley, podrán elegir libremente la categoría de sueldos fictos por la que aportarán, conforme al artículo anterior, pudiendo establecerse un sueldo ficto mayor al previsto para la décima categoría.

Art. 175. (Cambio de categoría). - Cumplido un mínimo de tres años de permanencia en cada categoría, los afiliados comprendidos en los artículos 61 y 64 de la presente Ley podrán optar, antes de su vencimiento o en los años subsiguientes, por la categoría inmediata superior, lo que se hará efectivo a partir del 1° de enero del año inmediato siguiente, siempre que a dicha fecha se encuentre en situación regular de pago.

A los efectos del primer pasaje de categoría se considerará que la afiliación se ha producido el 1° de enero, cuando se haya operado dentro de los primeros seis meses del año y el 1° de enero del año subsiguiente, cuando la misma se haya efectuado dentro del segundo semestre.

En caso de reingreso, el afiliado podrá retomar la categoría que registraba al momento del cese, así como la permanencia que en la misma haya registrado. A los solos efectos del pasaje a la categoría subsiguiente se aplicará además, la presunción que estatuye el inciso anterior.

Los afiliados comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior.

Art. 176. (Pluriactividad en carácter de trabajador no dependiente). - En caso de ejercerse más de una actividad de las comprendidas en el presente capítulo, corresponderá la aportación por el sueldo ficto mayor.

Art. 177. (Excepción). - Exceptúase del régimen previsto en este capítulo:

A) Las personas que desarrollando una actividad carente de inclusión específica, no acrediten los requisitos de habitualidad, profesionalidad y carácter principal que a los efectos de la subsistencia, establece el artículo 18 de la Ley N° 12.380, de 12 de febrero de 1957.

B) Quienes desarrollan actividades comprendidas en la Ley N° 15.852 de 24 de diciembre de 1986.

Art. 178. (Empresas unipersonales). - Las contribuciones especiales de seguridad social generadas por las empresas unipersonales se regirán por las siguientes reglas:

1) Su actividad estará gravada por las referidas contribuciones de acuerdo a los sueldos fictos previstos en el presente capítulo, sin perjuicio de las situaciones de hecho en las que sea de aplicación lo indicado en los numerales 4 y 5 de este artículo.

2) No constituyen materia gravada a los fines de las contribuciones especiales de seguridad social, las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales, toda vez que conste por escrito claramente delimitadas por obligaciones de las partes y la ausencia de relación de dependencia y que la misma cumpla, además con las obligaciones tributarias, particularmente con la inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva.

3) Dichos contratos deberán ser registrados ante el Banco de Previsión Social, en la forma que indique la reglamentación.

4) El Banco de Previsión Social podrá formular, de manera fundada, observaciones a dichos contratos, cuando entienda que los mismos implican una clara relación de dependencia encubierta, en cuyo caso la materia gravada estará constituida por las retribuciones percibidas por concepto de servicios prestados. En tales casos, la obligación de pago de las contribuciones especiales de seguridad social existirá a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudieren corresponder.

5) Las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales constituirán materia gravada, en caso de que no exista contrato escrito o de que el mismo no haya sido debidamente registrado, y siempre que la Administración compruebe que la relación contractual ha sido establecida con la finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social.

Se presumirá que no existe finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social cuando se trate de empresas unipersonales formadas por ex trabajadores de la co-contratante, cuando la relación contractual sea consecuencia de una reestructura de ésta, acordada con su personal.

Art. 179. (Efectos del acogimiento de la pretensión anulatoria). - Siempre que, en vía jurisdiccional se acoja, por razones de legalidad, la pretensión anulatoria pertinente, la Administración deberá reintegrar al contribuyente las sumas indebidamente cobradas por todo concepto, actualizadas por el procedimiento establecido por el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1975, sin perjuicio de la acción reparatoria patrimonial por los daños y perjuicios producidos al administrado.

TITULO X
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 180. (Modificación de las Cartas Orgánicas del Banco de la República Oriental del Uruguay y del Banco Hipotecario del Uruguay). -

1) (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay). Agrégase al inciso 3°) del artículo 27 de la Ley N° 9.808, de 2 de enero de 1939, en la redacción dada por el artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.623, de 4 de enero de 1977, lo siguiente:

«La prohibición de adquisición de acciones de sociedades anónimas no regirá cuando se trate de constituir o participar como socio de una sociedad comercial cuyo objeto social exclusivo sea la administración de fondos de ahorro previsional.»

Modifícase el inciso 5°) del artículo 27 de la Ley N° 9.808, de 2 de enero de 1939, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Tomar parte directa o indirectamente en operaciones comerciales e industriales con las excepciones previstas en esta Ley.»

2) (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay). Sustitúyese el numeral 18 del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay por el siguiente:

«18) Adquirir, con autorización del Poder Ejecutivo, acciones o partes del capital de instituciones nacionales o extranjeras de carácter financiero y realizar operaciones comerciales e industriales.»

Art. 181. (Incremento de tasa de aporte personal). - A partir de la vigencia de esta Ley, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) sobre todas las asignaciones computables gravadas por las contribuciones especiales de seguridad social, en actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, incluidas las rurales a que se refiere la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, será de 15% (quince por ciento).

A partir de la misma fecha, los trabajadores rurales comprendidos en la referida ley deberán aportar a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío.

Art. 182. (Aumento de salarios). - A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales dispuesto en el artículo anterior, a partir de la vigencia de la presente Ley, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío de los trabajadores dependientes de las actividades públicas y privadas amparadas por el Banco de Previsión Social, en el porcentaje necesario a fin que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad a dicha fecha.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales menos los aportes personales a la seguridad social e impuesto a las retribuciones personales.

Art. 183. (Disminución de aporte patronal jubilatorio). - Disminúyese en dos puntos porcentuales el aporte patronal legal al Banco de Previsión Social. Dicha disminución se aplicará sobre todas las remuneraciones que constituyan materia gravada a efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

La disminución dispuesta en el inciso anterior no se aplicará al aporte patronal jubilatorio de los organismos estatales, ni al de los empresarios rurales.

Art. 184. (Impuesto a las retribuciones personales). - Las retribuciones personales que excedan de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) constituyen materia gravada a los efectos del impuesto a las retribuciones personales.

Art. 185. (Disposición transitoria). - El sueldo básico jubilatorio de los trabajadores de industrias en las que, con anterioridad a la fecha de sanción de la presente Ley se hayan producido despidos colectivos como consecuencia del cierre o clausura total de las actividades de la empresa, se podrá calcular tomando en cuenta el promedio mensual de los veinte mejores años de asignaciones computables actualizadas con aportes documentados.

Lo previsto en el inciso anterior, será de aplicación siempre que dichos trabajadores tuvieren cincuenta o más años de edad al 31 de diciembre de 1995 y no hubieren configurado causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996.

La actualización de las asignaciones computables se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad de acuerdo al Indice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Art. 186. (De la cuota mutual, su generación y condiciones del derecho). - Los afiliados pasivos jubilados como trabajadores dependientes en actividades amparadas en el Banco de Previsión Social, tendrán derecho a partir del 1° de enero de 1997, al beneficio de la cuota mutual a cargo del mismo, siempre que sus ingresos totales incluyendo las prestaciones por pasividad o retiro no superen a partir del 1° de enero de 1997 la cantidad de $ 1.050 (pesos uruguayos mil cincuenta) y a partir del 1° de enero de 1998 en adelante la suma de $ 1.250 (pesos uruguayos mil doscientos cincuenta), ambas tomadas a valores de mayo del año 1995. El beneficio aquí establecido se generará y mantendrá a partir de las fechas mencionadas siempre que por lo menos una de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional esté operando y los regímenes tanto de jubilaciones como de financiación previstos por la presente Ley se encuentren vigentes.

Esta prestación es incompatible con ingresos derivados de cualquier actividad remunerada, que en su conjunto superen con las jubilaciones los valores establecidos en el inciso 1° de este artículo.

Art. 187. (Opción). - Los jubilados del Banco de Previsión Social amparados por el artículo anterior, que sean beneficiarios de la cobertura de salud por otro régimen, podrán optar por el beneficio establecido por la presente Ley en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 188. (Régimen de Financiamiento). - A los efectos de la financiación del beneficio previsto en los artículos anteriores, los afiliados pasivos del Banco de Previsión Social contribuirán sobre sus pasividades nominales: con un 3% (tres por ciento) los titulares del beneficio y con un 1° (uno por ciento), los restantes pasivos de dicha Institución a partir del 1° de enero de 1997.

Art. 189. (Texto Ordenado). - Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un Texto Ordenado sobre las disposiciones vigentes en materia de previsión social, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente Ley.

Art. 190. (Derogaciones). - Derógase la Ley N° 16.673, de 13 de diciembre de 1994, sin perjuicio de los derechos adquiridos por quienes se hayan amparado a esta disposición legal.

Deróganse todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto por la presente ley.

Art. 191. (Reglamentación). - El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente Ley de conformidad con lo previsto por el artículo 168, numeral 4° de la Constitución de la República, en un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ley.

Art. 192. (Vigencia). - La presente Ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al del cumplimiento de los ciento ochenta días de su promulgación, salvo en aquellas disposiciones en que se haya establecido una fecha de vigencia diferente.»

5) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la Sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 32 minutos, presidiendo el Doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Olascoaga, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili).

Dr. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Freddy A. Massimino Sub Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.