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Nº 35 - TOMO 368 - 7 DE AGOSTO DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

34ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Régimen de Seguridad Social. Modificaciones. Proyecto de Ley

- Continúa la discusión particular
- Intervención de varios señores Senadores.

4) Se levanta la sesión

- Por moción del señor Senador Gandini, se resuelve continuar sesionando en el día de mañana a la hora 15.

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 4 de agosto de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, el próximo lunes 7, a la hora 15, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión particular del Proyecto de Ley por el que se introducen modificaciones al Régimen de Seguridad Social.

(Carp. Nº 198/95 - Rep. Nº 76/95 y Anexos I, II, III y IV)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Olascoaga, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Andújar, Batlle y Millor.

3) REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL. Modificaciones. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 20 minutos)

-Continúa la discusión particular del Proyecto de Ley por el que se modifica el Régimen de la Seguridad Social.

En consideración el artículo 162. Han hecho uso de la palabra los señores Senadores Sarthou, Ricaldoni y Posadas Montero.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

En virtud de que los artículos 163 y 164 ya fueron votados, corresponde considerar el artículo 165.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 167, ya que el 166 fue votado.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Muy brevemente deseo expresar que nosotros habíamos pedido el desglose de este artículo por tres razones fundamentales. En primer lugar porque, en realidad, las prestaciones en especie integran el concepto de remuneración y el carácter salarial. Por lo tanto, creo que es justo que sea una asignación computable ya que representa una capacidad de ganancia. Además, el hecho de que se pierda ese ingreso cuando se jubila significa, sin duda, un perjuicio importante para el trabajador.

En segundo término, afecta al Banco de Previsión Social porque implica una disminución muy grande en los ingresos que pueden producirse.

Por último, queremos señalar que -en el marco del excedente de mano de obra que existe hoy, que permite imponer condiciones y frente al despido libre que rige en nuestro país- se están dando situaciones en las que se le plantea al trabajador que el salario en dinero sea sustituido por esta mecánica, debido a que está desgravada, lo que implica un cambio en las condiciones de trabajo. Como se sostuvo en la Comisión, esto importa una alteración unilateral de las condiciones de trabajo que implica el derecho al despido. Sin embargo, como éste último no es solución, en definitiva, el trabajador tiene que aceptar la disminución de la percepción de este 20% y, como consecuencia, el Banco de Previsión Social obtiene menos ingresos.

Por estas razones es que nosotros pedimos el desglose de este artículo que vamos a votar negativamente.

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Señor Presidente: vamos a votar afirmativamente este artículo porque creemos que aquí se incluyen beneficios que normalmente no se asignan al sector trabajador. Además, es bueno que estén exentos de gravámenes para que en el futuro sea una práctica más corriente el hecho de que la alimentación esté contemplada dentro de un beneficio salarial. Por otra parte, es bastante inusual que se les brinde cobertura médica y odontológica -como dice el artículo en su inciso segundo- asistencial o preventiva, integral o complementaria al trabajador, su cónyuge, sus padres e, incluso, a sus hijos cuando son menores de 18 años. Considero que esto significa un avance cualitativo en las prestaciones que puede tener el sector trabajador.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Queremos decir que a lo largo de la discusión más de una vez se ha planteado, por parte del señor Senador Sarthou, que este Proyecto de Ley atiende solamente a las prestaciones de seguridad social. Nosotros hemos manifestado en la Comisión, y lo queremos reiterar hoy, que siempre el límite entre los temas de seguridad social y de derecho al trabajo es muy difuso. Cuando se establece una norma que exonera asignaciones a determinadas prestaciones, de alguna manera, se está aplicando un determinado criterio con relación a la naturaleza de éstas últimas. En ese sentido, queremos manifestar una discrepancia con lo manifestado por el señor Senador Sarthou.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Nosotros también hemos expresado en Comisión nuestro punto de vista contrario a este artículo. En primer lugar, porque hasta el 20% de los salarios puede quedar exento, lo que afecta al ingreso del Banco de Previsión Social.

En segundo lugar, al aportar menos, el trabajador va a recibir una jubilación menor. Además, señor Presidente, al Banco de Previsión Social no le será fácil controlar si el costo de alimentación, el de seguro de vida, odontológico y médico superan o no el 20%. Por lo tanto, esto puede dar lugar a mantener esa especie de cultura de los uruguayos por la cual el Banco de Previsión Social siempre es la víctima. Hacemos los máximos esfuerzos por pagar menos a dicha Institución y para tratar de darle jubilación a cualquiera que tenga problemas, repito, siempre a costa del Banco de Previsión Social.

En virtud de lo expuesto, señor Presidente, vamos a votar negativamente este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 167.

(Se vota:)

-23 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Hemos votado afirmativamente esta disposición en el convencimiento de que si para una determinada actividad el costo de la mano de obra es uno, al disminuir en algo la presión tributaria sobre estas partidas complementarias, seguramente aumentará la cantidad de dinero de prestación que el trabajador llevará frente a la hipótesis contraria, es decir, la de gravar totalmente el importe.

SEÑOR PRESIDENTE. - Los artículos 168 y 169 ya fueron votados.

En consideración el artículo 170.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Habíamos pedido el desglose de este artículo básicamente por su inciso segundo.

De todas maneras, a nuestro juicio se mejoró bastante esta disposición comparada con la redacción original que traía del Poder Ejecutivo. Sin embargo, permanece este inciso segundo por el cual se aplica, solamente en este caso, un mecanismo de piso sobre base ficta. Creemos que, de alguna manera esto se funda en una concepción un tanto anticuada pero que parecería aun sobrevive en el país, la que no tiene fundamento real y a través de la cual se equiparan conceptualmente a las sociedades anónimas como instituciones ricas y, en cierta forma, sospechosas. Al respecto, también se incluye a los directores de esas personas jurídicas como si tuvieran una suerte de identificación con el lucro, la riqueza y algo «non sanctas», a pesar de que la realidad indica que en el Uruguay deben existir miles de sociedades anónimas y de directores para los más variados niveles de actividad.

Repito, es el único caso donde se pone un piso utilizando mecanismos fictos para una remuneración. A nuestro entender, no existe ningún fudamento para ello. Incluso, consideramos que vulnera principios jurídicos básicos, como el de la igualdad ante las cargas públicas y ante la Ley y también ciertas premisas fundamentales de este Proyecto, como el de la primacía de la realidad. Insisto, no encuentro ningún argumento que justifique apartarse de ello y aplicar un mecanismo de cálculo ficto que el propio Proyecto de Ley, en el artículo 154, prevé exclusivamente para los casos en que las remuneraciones sean en especies o inciertas, y ninguno de esos dos casos es el de los directores de las sociedades anónimas.

Por consiguiente, ante la ausencia de un motivo válido para vulnerar todos esos principios básicos, nos oponemos al inciso segundo de este artículo. Asimismo, nos permitiríamos exhortar a los señores Senadores a fin de que reflexionen acerca de la posibilidad de eliminarlo del Proyecto. Concretamente, señor Presidente, solicito que se desglose este artículo y se vote por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 170.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo.

(Se vota:)

-19 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 y 179, pertenecientes al Capítulo IV, «Trabajadores no dependientes».

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 172. (Trabajadores no dependientes que ocupan personal). - Las personas físicas que por sí solas, conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan una actividad lucrativa no dependiente y ocupen personal, y los socios integrantes de las sociedades colectivas, de responsabilidad limitadas, en comandita y de capital e industria, tengan o no la calidad de administradores, que desarrollen actividad de cualquier naturaleza dentro de la empresa, efectuarán su aportación ficta personal, sobre la base del máximo salario abonado por la empresa o la remuneración real de la persona física correspondiente, según cual fuera mayor, sin que pueda ser inferior al equivalente a quince veces el valor de la Base Ficta de Contribución.

ARTICULO 173. (Trabajadores no dependientes que no ocupan personal). - La aportación, así como los beneficios de la seguridad social en el caso de los trabajadores no dependientes, sin personal a su cargo, se ajustará a partir del primer día del mes siguiente al de la vigencia de la presente Ley, a las siguientes categorías de sueldos fictos equivalentes a:

1ª) 11 (once) veces la Base Ficta de Contribución.

2ª) 15 (quince) veces la Base Ficta de Contribución.

3ª) 20 (veinte) veces la Base Ficta de Contribución.

4ª) 25 (veinticinco) veces la Base Ficta de Contribución.

5ª) 30 (treinta) veces la Base Ficta de Contribución.

6ª) 36 (treinta y seis) veces la Base Ficta de Contribución.

7ª) 42 (cuarenta y dos) veces la Base Ficta de Contribución.

8ª) 48 (cuarenta y ocho) veces la Base Ficta de Contribución.

9ª) 54 (cincuenta y cuatro) veces la Base Ficta de Contribución.

10ª) 60 (sesenta) veces la Base Ficta de Contribución.

Las disposiciones de este artículo será aplicable a los afiliados comprendidos en los artículos 60 y 63 de la presente Ley.

ARTICULO 174. (Opción). - La determinación inicial del sueldo ficto de los afiliados comprendidos en el artículo anterior, en caso de ingreso o reingreso, no podrá sobrepasar la tercera categoría. No obstante, aquellos que anteriormente hubieran aportado de acuerdo a una categoría superior, podrán reingresar en la misma.

Los afiliados comprendidos en el artículo 2º de la presente Ley, podrán elegir libremente la categoría de sueldos fictos por la que aportarán, conforme al artículo anterior, pudiendo establecerse un sueldo ficto mayor al previsto para la décima categoría.

ARTICULO 175. (Cambio de categoría). - Cumplido un mínimo de tres años de permanencia en cada categoría, los afiliados comprendidos en los artículos 60 y 63 de la presente Ley podrán optar, antes de su vencimiento o en los años subsiguientes, por la categoría inmediata superior, lo que se hará efectivo a partir del 1º de enero del año inmediato siguiente, siempre que a dicha fecha se encuentre en situación regular de pago.

A los efectos del primer pasaje de categoría se considerará que la afiliación se ha producido el 1º de enero, cuando se haya operado dentro de los primeros seis meses del año y el 1 de enero del año subsiguiente, cuando la misma se haya efectuado dentro del segundo semestre.

En caso de reingreso, el afiliado podrá retomar la categoría que registraba al momento del cese, así como la permanencia que en la misma haya registrado. A los solos efectos del pasaje a la categoría subsiguiente se aplicará además, la presunción que estatuye el inciso anterior.

Los afiliados comprendidos en el artículo 2º de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior.

ARTICULO 176 (Pluriactividad en carácter de trabajador no dependiente). - En caso de ejercerse más de una actividad de las comprendidas en el presente capítulo, corresponderá la aportación por el sueldo ficto mayor.

ARTICULO 177 (Excepción). - Exceptúase del régimen previsto en este capítulo:

a) Las personas que desarrollando una actividad carente de inclusión específica, no acrediten los requisitos de habitualidad, profesionalidad y carácter principal que a los efectos de la subsistencia, establece el artículo 18 de la Ley Nº 12.380, de 12 de febrero de 1957.

b) Quienes desarrollan actividades comprendidas en la Ley Nº 15.852 de diciembre de 1986.

ARTICULO 178. (Empresas unipersonales). - Las contribuciones especiales de seguridad social generadas por las empresas unipersonales se regirán por las siguientes reglas:

1. Su actividad estará gravada por las referidas contribuciones de acuerdo a los sueldos fictos previstos en el presente capítulo, sin perjuicio de las situaciones de hecho en las que sea de aplicación lo indicado en los numerales 4 y 5 de este artículo.

2. No constituye materia gravada a los fines de las contribuciones especiales de seguridad social, las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales, toda vez que conste por escrito claramente delimitadas por obligaciones de las partes y la ausencia de relación de dependencia y que la misma cumpla, además, con las obligaciones tributarias, particularmente con la inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva.

3. Dichos contratos deberán ser registrados ante el Banco de Previsión Social, en la forma que indique la reglamentación.

4. El Banco de Previsión Social podrá formular, de manera fundada, observaciones a dichos contratos, cuando entienda que los mismos implican una clara relación de dependencia encubierta, en cuyo caso la materia gravada estará constituida por las retribuciones percibidas por concepto de servicios prestados. En tales casos, la obligación de pago de las contribuciones especiales de seguridad social existirá a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudieren corresponder.

5. Las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales constituirán materia gravada, en caso de que no exista contrato escrito o de que el mismo no haya sido debidamente registrado, y siempre que la Administración compruebe que la relación contractual ha sido establecida con la finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social.

Se presumirá que no existe finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social cuando se trate de empresas unipersonales formadas por ex-trabajadores de la cocontratante, cuando la relación contractual sea consecuencia de una reestructura de ésta, acordada con su personal.

ARTICULO 179. (Efectos del acogimiento de la pretensión anulatoria). - Siempre que, en vía jurisdiccional se acoja, por razones de legalidad, la pretensión anulatoria pertinente, la Administración deberá reintegrar al contribuyente las sumas indebidamente cobradas por todo concepto, actualizadas por el procedimiento establecido en el Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1975, sin perjuicio de la acción reparatoria patrimonial por los daños y perjuicios producidos al administrado».)

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que se desglose el artículo 178.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, si no se hace uso de la palabra se van a votar los artículos 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 179.

(Se votan:)

-24 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 178.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Brevemente, deseo dejar constancia en el Pleno del planteo que hicimos en la Comisión. Queremos establecer nuestra observación, especialmente, con respecto a la parte final de este artículo.

Al igual que el numeral 2), desarrolla el concepto de la dependencia, que tiene que ser establecida por escrito o que se presume en función de determinados hechos que, prácticamente, están habilitando a que el patrón transforme en ex-trabajadores -como indica la Ley- a sus empleados, lo que puede ser utilizado como una mecánica para modificar la situación laboral de los trabajadores. Es como establecer un instrumento que permita transformar en empresas a quienes son empleados y están ligados por una relación de dependencia. Se estaría creando la presunción, simplemente, por un texto escrito y la idea de reestructura acordada con el personal.

A nuestro juicio, esto es sumamente grave porque se puede derogar, prácticamente, dentro de una empresa la aplicación de las leyes laborales. Los hechos demuestran que, actualmente, la mano de obra en oferta es de tal proporción que las condiciones de trabajo pueden ser impuestas por el empleador bajo amenaza de despido, que también es libre, y supone enfrentar un juicio de dos o tres años. Es decir que el trabajador se encuentra supeditado a la voluntad del empleador, que puede plantearle la opción de constituirse en una empresa unipersonal o de lo contrario, ser despedido. Para ello, basta que invoque que se está llevando a cabo una reestructura, lo que, prácticamente, es imposible de controlar, y puede obtener el consentimiento respectivo. Me parece que aquí se está dando una llave fundamental para transformar los contratos de trabajo -por lo menos con la importancia que tiene la presunción- en empresas unipersonales.

Es cierto que en el numeral 4) del mismo texto se establece una facultad del Banco de Previsión Social para analizar si realmente se trata de una empresa unipersonal; sin embargo, no hay ninguna exigencia en cuanto a que deba tener otros clientes o al capital de giro que se entienda necesario. No es una función de dicha institución; es más diríamos que es una cuestión judicial. Normalmente, para determinar si existe o no un contrato de trabajo, debe hacerse una indagación de las condiciones de hecho y de las pruebas por parte de un Juzgado; es difícil que por la vía administrativa pueda instalarse un contencioso. Entonces, todo el peso recae en el otorgamiento de una presunción que puede ser derogatoria. Si una empresa decide -en algunas ya ha sucedido- transformar a todos sus trabajadores en empresas unipersonales, quedan derogadas las leyes relativas al descanso, al salario vacacional, etcétera, porque pasan a regirse por un ficto. Las aportaciones y las relaciones pasan a ser de empresa a empresa.

Hemos dicho que esto se da solamente en el campo de la seguridad social y no impide que en la relación del Derecho Laboral el trabajador no se vea «atado». Es decir que esto tiene alcance solamente para la materia gravada. El hecho de que esté incluido en un capítulo de materia gravada significa que su fin no es regular las relaciones laborales. Se trata de una ley que regula el Banco de Previsión Social.

Deseaba aclarar esto porque considero que no se limitarían las acciones personales, aunque a los efectos de la mencionada institución podría darse el gravísimo perjuicio de que, de un día para el otro, cesen todos los aportes que se realizan por los trabajadores de determinada empresa. Posteriormente, podría plantearse un procedimiento del organismo para analizar si el cambio es verdadero. La masividad puede hacer dudar de que todo sea auténtico, pero como no existe ningún contralor para establecer los requisitos de la empresa, sería muy difícil evitar que se operen situaciones masivas de transformación de empleados en empresas unipersonales, con el consiguiente perjuicio para el Banco de Previsión Social.

Por todos estos motivos, reiteramos lo que hemos sostenido en la Comisión y vamos a votar negativamente esta disposición aun cuando, a diferencia de otras opiniones que aquí se han vertido, consideramos que esto funciona solamente para el Banco de Previsión Social. Por algo está incluido en el Capítulo de materia gravada y no cambia las relaciones laborales en sí mismas.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Vamos a acompañar esta norma, pero nos parece interesante dejar alguna constancia a favor de la certeza jurídica. Si el país procura dar trabajo a su gente y generar un crecimiento económico, no sólo de ahora sino desde la noche misma del Derecho, señor Presidente, el tema de la certeza jurídica constituye uno de los pilares sobre los cuales se edifica el trabajo de las personas. En consecuencia, me parece razonable que exista una norma de esta naturaleza.

No estoy de acuerdo con los contratos libremente celebrados puedan ser letra muerta y, por lo tanto, siempre revisados. Si en el Uruguay deseamos combatir la desocupación y generar crecimiento, debemos dar certeza jurídica en lo laboral, lo fiscal y en todos los demás terrenos. Me parece correcto que ésta sea la línea de pensamiento. Creo que quienes piensen que en el Uruguay no debe haber este «despido libre» -que no es tal, porque se otorga una indemnización- que no podría manejarse la idea de romper la relación laboral aun con el pago de una indemnización, deberían proponernos un Proyecto de Ley y veríamos qué resuelven las Cámaras.

Considero razonable que en el marco jurídico actualmente existente se den las certezas fiscales del Banco de Previsión Social, que son la contracara de aquella que, en lo laboral, también debemos dar.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Brevemente, deseo dejar constancia de que hemos votado negativamente el artículo 178 -único de este Capítulo- por las mismas razones y argumentos que acaba de desarrollar nuestro compañero de Bancada, el señor Senador Sarthou.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Tanto este artículo como el anterior, que se refería a la posibilidad de reducir los aportes patronales en un 20%, en los hechos constituyen la elevación a la categoría de disposición legal de los Decretos de los días 24 y 25 de enero del corriente año. A través de éstos, de acuerdo con las estimaciones realizadas, dejan de ingresar al Banco de Previsión Social -al menos existe la posibilidad de que así sea- casi U$S 100:000.000 de recaudación, dado que puede haber aproximadamente 50.000 personas que se transformen en empresas unipersonales.

El Frente Amplio decidió votar en contra de estas dos disposiciones y, en cumplimiento de ello, así lo hemos hecho, entendiendo que tienden a incrementar la desfinanciación del Banco de Previsión Social y, seguramente, causarán una situación de crisis a no muy largo plazo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 178 con el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el Título X «Disposiciones Especiales» que comprende los artículos 180 a 190.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 180. (Modificación de las Cartas Orgánicas del Banco de la República Oriental del Uruguay y del Banco Hipotecario del Uruguay).

I) (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay) Agrégase al inciso 3º) del artículo 27 de la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939, en la redacción dada por el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.623, de 4 de enero de 1977, lo siguiente:

«La prohibición de adquisición de acciones de sociedades anónimas no regirá cuando se trate de constituir o participar como socio de una sociedad comercial cuyo objeto social exclusivo sea la administración de Fondos de Ahorro Previsional».

Modifícase el inciso 5º) del artículo 27 de la Ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Tomar parte directa o indirectamente en operaciones comerciales e industriales con las excepciones previstas en esta Ley».

II) (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay) Sustitúyese el numeral 18 del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay por el siguiente:

«18) Adquirir, con autorización del Poder Ejecutivo, acciones o partes del capital de instituciones nacionales o extranjeras de carácter financiero y realizar operaciones comerciales e industriales».

ARTICULO 181. (Incremento de tasa de aporte personal). - A partir de la vigencia de esta Ley, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) sobre todas las asignaciones computables gravadas por las contribuciones especiales de seguridad social, en actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, incluidas las rurales a que se refiere la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, será de 15% (quince por ciento).

A partir de la misma fecha, los trabajadores rurales comprendidos en la referida Ley deberán aportar a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío.

ARTICULO 182. (Aumento de salarios). - A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales dispuesto en el artículo anterior, a partir de la vigencia de la presente Ley, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío de los trabajadores dependientes de las actividades públicas y privadas amparadas por el Banco de Previsión Social, en el porcentaje necesario a fin que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad a dicha fecha.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales menos los aportes personales a la seguridad social e impuesto a las retribuciones personales.

ARTICULO 183. (Disminución de aporte patronal jubilatorio). - A partir de la vigencia de la presente Ley, disminúyese en dos puntos porcentuales el aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, que se aplicará sobre todas las remuneraciones que constituyan materia gravada a efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

La disminución dispuesta en el inciso anterior no se aplicará al aporte patronal jubilatorio de los organismos estatales, ni al de los empresarios rurales.

ARTICULO 184. (Facultad del Poder Ejecutivo). - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, en la medida en que la evolución de la recaudación y la situación del Tesoro Nacional lo permita.

ARTICULO 185. (Impuesto a las retribuciones personales). - Las retribuciones personales que excedan de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) constituyen materia gravada a los efectos del impuesto a las retribuciones personales.

ARTICULO 186. (Disposición transitoria). - La reglamentación podrá autorizar el cálculo del sueldo básico jubilatorio, tomando en consideración los mejores veinte años con aporte documentado, de aquellos trabajadores de la industria textil que, por haberse producido ceses masivos con anterioridad a la presente, se entienda necesario amparar.

Esta norma ampara a los trabajadores con 50 años cumplidos al 31 de diciembre de 1995 y que no configuraren causal al 31 de diciembre de 1996.

ARTICULO 187. (Texto Ordenado). - Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un Texto Ordenado sobre las disposiciones vigentes en materia de previsión social, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente ley.

ARTICULO 188. (Derogaciones). - Deróganse todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto por la presente Ley.

ARTICULO 189. (Reglamentación). - El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente Ley de conformidad con lo previsto por el artículo 168, numeral 4º de la Constitución de la República, en un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ley.

ARTICULO 190. (Vigencia). - La presente Ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al del cumplimiento de los ciento ochenta días de su promulgación, salvo en aquellas disposiciones en que se haya establecido una fecha de vigencia diferente».)

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: además de elevar al Pleno todo este articulado, en la Comisión se votaron dos propuestas: una vinculada a trabajadores que perdían colectivamente su empleo y otra relacionada con la cuota mutual que, según la redacción propuesta, comprendía tres artículos. Obviamente, esto necesitaba iniciativa del Poder Ejecutivo y fue otorgada para ambas propuestas. Nosotros aspirábamos a que las dos fueran incluidas en este Capítulo y, de no haber inconvenientes, al principio, de forma que la Mesa dispusiera en qué momento se ponen a votación. Además, estas iniciativas contaban con el visto bueno de la Comisión ya que las elevó, de manera informal, el propio Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La iniciativa del Poder Ejecutivo está en poder del Parlamento y ya se ha distribuido a los señores Senadores el repartido correspondiente. Como es natural, el Senado deberá determinar en qué momento se procede a la votación.

En cuanto al artículo referido a los despidos colectivos, será sustitutivo del 186, ya que le da un alcance mayor. Con respecto a las disposiciones vinculadas con la protección mutual para todos los jubilados y pensionistas, serán producto del acuerdo político que se haga sobre el punto.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Como bien señalaba el señor Presidente, ya está en poder de la Mesa el texto sustitutivo del artículo 186, que en la versión del Poder Ejecutivo tenía un alcance distinto. Inclusive, vamos a pedir que la consideración de ese artículo sea postergada en virtud de que el miembro informante está trabajando sobre una nueva modificación.

Hay, también, un aditivo presentado, que tiene que ver con la derogación de una ley promulgada el año pasado que explicaremos en su momento. De todos modos, adelantamos que vamos a solicitar su consideración una vez que se haya terminado con la votación de estas disposiciones.

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Solicito el desglose de los artículos 182, 186 y 187.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Por mi parte, solicito el desglose de los artículos 181, 183 y 184.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, dentro del Título X de Disposiciones Especiales, se ha pedido el desglose de los artículos 181, 182, 183, 184, 186 y 187.

La Mesa entiende, a los efectos de facilitar la discusión, que lo más conveniente es votar artículo por artículo, dado que se han desglosado prácticamente todas las normas de este Capítulo.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Comparto totalmente el criterio de la Mesa dado que iba a plantear, además, el desglose del artículo 180.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Si vamos a analizar artículo por artículo, creo que el tema del seguro mutual debería ser considerado en primer lugar o después del artículo 186, antes de terminar con el análisis de este Título.

SEÑOR PRESIDENTE. - El criterio sustentado por el señor Senador Michelini parece lógico. Si los señores Senadores no tienen objeciones, discutiríamos el tema del seguro mutual en el lugar que correspondería al artículo 187.

En consideración el artículo 180.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 181.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - En la Comisión se analizó la idea que presentaron los representantes del Poder Ejecutivo en el sentido de que en virtud de la entrada en vigencia de un nuevo sistema de ahorro o de capitalización individual, era necesario incrementar los aportes personales a fin de aumentar luego, por esta vía, su jubilación. Por lo tanto, por medio de esta norma se lleva el aporte personal de un 13% a un 15%. Pero, como no se quiere afectar el salario líquido, en el artículo 182 se incrementa el salario nominal a fin de que el líquido quede igual que antes pese al aumento y, en el 183, se rebaja el aporte patronal en dos puntos. De manera que el Estado está recibiendo dos puntos más de aporte personal y, al mismo tiempo, dos puntos menos por el aporte patronal, de forma tal que los asalariados quedarían en las mismas condiciones. Hasta allí, la norma podría ser aceptable o entendible.

Sin embargo, señor Presidente, sucede que el aporte patronal que se va a rebajar es, fundamentalmente, a aquellos que lo están pagando hoy en el sector privado. Por lo tanto, en el caso de los organismos estatales, esta norma les incrementa un 2% el aporte patronal en virtud de que no se rebaja este aporte para las empresas e instituciones estatales. Esto es válido, también, para las Intendencias del interior al igual que para la de Montevideo, que, tal como dije en mi exposición general, está pagando tres puntos más que sus similares del interior; por esta norma debería pagar dos puntos más. Pero no es sólo esto, señor Presidente, las empresas rurales también deberán pagarlo. Además, hay una cantidad de empresas que están exoneradas, como ser colegios privados, instituciones religiosas y culturales, que tienen trabajadores dependientes a quienes se va a incrementar el aporte personal, y no se les puede rebajar el aporte patronal en virtud de que no lo pagan. Entonces, desde este punto de vista, estas empresas se verán obligadas a abonarlo debido a que los trabajadores van a mantener su salario líquido. Además, éste no es un monto menor.

Por mi parte hago un llamado a la reflexión de los señores Senadores porque tengo la sensación de que este tema no fue tratado suficientemente en la Comisión y que las empresas exoneradas por motivos educativos y culturales no tienen conocimiento de este incremento del 2% en el aporte patronal. Hubiera preferido que se eliminaran los artículos 181, 182 y 183 y, desde ese punto de vista, la situación quedaría tal como está y no se generaría este problema para las empresas del Estado, las rurales y aquellas que se encuentran exoneradas. Reitero, formulo esta propuesta como un llamado a la reflexión. Me consta que esta norma fue aprobada en la Comisión y que en el Senado cuenta con el respaldo suficiente, pero tengo la sensación de que el sector rural, algunas instituciones estatales y, fundamentalmente, las empresas exoneradas no están enteradas de estas normas. Incluso, hay algunas empresas pequeñas que se dedican a hacer asistencia social, que seguramente cerrarían, y que al día de hoy no están ni siquiera enteradas de que deberán aportar un 2% más por el trabajo de su personal. Asimismo, no sería extraño que se vieran afectadas por esta medida instituciones culturales que cumplen determinada función en nuestro país.

Reitero, señor Presidente, que planteo estas observaciones haciendo un llamado a la reflexión del Senado.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: voy a hablar -para no volver a hacer uso de la palabra más tarde- de todos estos artículos, que están vinculados entre sí y que refieren al aumento de la tasa de aporte personal, el descuento del aporte patronal, al incremento de los salarios nominales, etcétera.

Creo que a través de estas disposiciones se consagra en los hechos otro mecanismo de desfinanciamiento del Banco de Previsión Social. En la Ley de Ajuste Fiscal se otorgó a la industria manufacturera un descenso de la tasa de aporte patronal del 6% que, si bien tiene una vigencia temporal, dados los fundamentos de la misma y los criterios del Poder Ejecutivo, seguramente persistirá en el tiempo.

Ahora, a través de una norma de este Capítulo, se acuerda rebajar este aporte un 2% más, esta vez con un criterio universal, excluyendo a las empresas rurales que quedan expresamente afuera. Además, existe otro artículo que habilita al Poder Ejecutivo a rebajar el aporte patronal hasta donde lo crea conveniente; si considera útil llevarlo a cero, puede hacerlo. Personalmente, no creo que el sistema de reparto, incluso el que prevé esta Ley, pueda funcionar si este descenso de los aportes patronales se produce incesantemente. Nadie puede calcular a cuánto puede llegar ese descenso.

A su vez, hay otra disposición que refiere al incremento de la tasa de aporte patronal que pagan los trabajadores, es decir, la gente que está en una relación asalariada, de dependencia. Dicho aumento, si entiendo bien, va a nutrir también la cuenta de ahorro individual que se destina al sistema privado o estatal, de modo que también beneficiará el nivel de ahorro al que se ve obligado el personal de dependencia que gane más de $ 5.000 o que se decida por una opción si percibe entre $ 2.500 y $ 5.000.

Como es sabido, a través de esta iniciativa y a partir del momento en que comience a funcionar este mecanismo se otorgará una compensación, aumentando los salarios nominales para que el trabajador no sienta en ese momento el impacto del incremento del aporte personal. Sin embargo, de ningún modo está garantizado que eso continúe en el futuro, porque las disposiciones por las cuales se fijan los salarios son absolutamente arbitrarias y dependen de las pautas que dé el Poder Ejecutivo y de la homologación que se haga de los convenios acordados con los trabajadores. Entonces, lo que se está haciendo, de hecho, es incrementar la tasa de aportes personales, aunque en los primeros cuatro meses eso se vea compensado por un aumento del salario nominal.

Sé que a esta altura prácticamente nadie atiende lo que se expone; sin embargo, quiero referirme a un dato que tengo sobre el nivel en que están fijados los aportes patronales en los países del MERCOSUR.

Hemos escuchado decir frecuentemente a los sectores empresariales que las tasas y la carga que tienen las empresas por aportes patronales son de una enorme magnitud. En una anterior discusión, habíamos planteado que seguramente eran de las menores que existían en la región. El día jueves pasado, en el semanario «Búsqueda» se publicó un trabajo al respecto, en el que se señala que los trabajadores de Uruguay son los que realizan el aporte directo a la seguridad social más alto en la región, contribuyendo al menos con un 17,25% de su salario, seguidos por los argentinos que aportan un 17%. También se expresa que los brasileños son los que pagan menores cargas, ya que aportan entre el 9% y el 11%, según su nivel salarial, mientras que los paraguayos aportan un 9,5% de su ingreso nominal. Esto quiere decir que a través de esta iniciativa se incrementan aun más los aportes personales que se realizan, ya que se los lleva a un 15%. Además, se dice que en Brasil los patronos aportan un 25,8% del salario nominal, en tanto los uruguayos tienen obligaciones por un 20,50%, que puede reducirse en 6 puntos si se trata de actividades manufactureras. Ahora, a través de algunas disposiciones se va a llegar a dos puntos menos, existiendo la posibilidad de que incluso se descienda más. Por otro lado, en el artículo periodístico se señala que los empresarios de Paraguay tienen que aportar sólo un 16,5% de los sueldos nominales, compartiendo con los asalariados de la región la presión total más baja.

He querido brindar estas cifras para desmitificar lo que ha sido un largo tratamiento de este tema, en el sentido de que la competitividad no se ha visto afectada por el aporte patronal, ya que este último se ubica entre los más bajos de la región.

En mi opinión, a través de todas estas disposiciones se está aplicando inversamente el sentido de la justicia, desgravando a los que efectivamente pueden aportar, aumentando la tasa de ganancia de las patronales e incrementado los aportes que se ven obligados a realizar los trabajadores para el sostenimiento del sistema de reparto así como también el que deben hacer a las cuentas privadas de capitalización quienes tienen la fortuna de ganar más de $ 5.000.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Creo que es correcto lo que el señor Senador Couriel señaló en cuanto al diagnóstico, ya que esto supone, en el caso de empresas que estén exoneradas totalmente, un incremento de aproximadamente un 1,8% de su costo laboral. Sin embargo, el destino básico de este aumento de la tasa es la posibilidad de que el propio trabajador ahorre; en realidad, no habría otro mecanismo que permita hacer eso. En cualquier caso, las empresas que hoy están exoneradas del pago de aporte patronal, desde el punto de vista económico, no están soportando ni la mitad del costo de la jubilación de la mano de obra que ocupan, que en realidad es un costo actual. Como es sabido, proveer de la seguridad social al trabajador que una empresa ocupa es parte de su costo, como lo es también el hecho de proveerlo de calzado o máquina de escribir. Por consiguiente, el subsidio sigue siendo muy importante; basta ver los grandes números del Banco de Previsión Social para darse cuenta que el aporte personal hoy debe ser bastante menos de la cuarta parte del total de egresos del Banco de Previsión Social. Así que la comunidad por la asistencia, por el IVA y por el aporte patronal -que en definitiva es un costo más del producto, como lo puede ser el IMESI- es muy importante.

En consecuencia, si bien es cierto que la exoneración del pago de aporte patronal a algunas empresas implica un aumento parcial del costo, este último se encuentra muy por debajo del costo efectivo del trabajador.

Por otro lado, considero que el costo salarial se identifica en función de la organización de la empresa y teniendo en cuenta maquinarias, posibilidad de mercado, fuerza sindical, etcétera; todo esto nos dice qué parte del costo del producto va a la masa salarial. Por lo tanto, en mi opinión, la disminución de los aportes patronales, más tarde o más temprano, terminará bajando el costo del producto -y por ende haciéndolo más competitivo- o beneficiando al trabajador, traduciéndose en un aumento de su salario. Bajamos el producto, con lo cual producimos y competimos más, aumentando el empleo o, antes o después, como parte del costo salarial -dependiendo de la fuerza sindical y de las condiciones del mercado- se termina engrosando el costo salarial.

Incluso, algunas personas desde el otro extremo critican estas medidas porque dicen que tarde o temprano se convierten en salario, argumento que, además, fue hecho en un seminario reciente.

En cualquier caso, en Brasil, nuestro principal socio, las cargas obrero-patronales son menores que en el Uruguay. Diría que si queremos competir y dar trabajo, no sólo tendríamos que igualar a ese país, sino también tener menores costos, a efectos de compensar nuestra distancia para llegar al centro de consumo, que por cierto no es el Uruguay, pues estamos a 2.000 kilómetros de San Pablo, ciudad que tiene 10 veces más población que nuestro país. En consecuencia, todo costo agregado por parte de impuestos no deducibles por las reglas del GATT supone una posibilidad menos de competir y de llegar a los mercados con algo más que no sean simplemente los productos primarios donde la mano de obra agregada es muy poca.

Por consiguiente, vamos a acompañar esta disposición, así como las posteriores, con la esperanza de que el país algún día pueda bajar lo máximo posible la presión sobre el trabajo. Un país que enfrenta el problema de la desocupación no debería gravar el trabajo, como tampoco la inversión productiva.

Adelanto que estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo posible para que, a través del Gobierno y de una reformulación del sistema tributario, se logre bajar todos los impuestos al trabajo y a la inversión productiva a fin de que se puedan aumentar las posibilidades de empleo de la gente.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Me voy a referir a tres puntos a que aludió el señor Senador Atchugarry.

En primer lugar, acepto que hay una cantidad de empresas que hoy están exoneradas del pago de tributos y que no deberían estarlo. Pero resulta que hay otro número de ellas que lo están y que obviamente deben estarlo. Como no tengo la lista de dichas empresas, sólo pretendo dejar planteada la reflexión y solicitar que tratemos este tema en otro momento, en una Ley aparte, puesto que realmente afecta a un gran número de actividades que hoy están exoneradas y que estarían siendo perjudicadas, sin perjuicio de aceptar el argumento de que hay otras que lo están y no deberían estarlo.

En segundo término, en lo que tiene que ver con la rebaja del aporte personal y el no cargar con impuestos al empleo, en realidad no creo que este tema esté directa y estrechamente vinculado con una situación impositiva. Si observamos las encuestas que se hacen, sobre todo en la industria manufacturera y fundamentalmente en las empresas transnacionales, se puede comprobar que éstas no están preocupadas por los impuestos. En realidad, lo que les inquieta es tener mercado, porque en esencia el tema tiene que ver con la tecnología. Entonces, cobra más importancia la formación de recursos humanos, la gestión empresarial y el tipo de tecnología que se utiliza que el costo de la mano de obra. Tan es así que normalmente estas empresas transnacionales están equipadas con muy buena tecnología, pagan muy buenos salarios y precisamente son las que menos se preocupan por el costo de la mano de obra. Por supuesto que esta es una visión general, porque también existen empresas que van a buscar el salario más bajo en alguna isla del sudeste asiático o donde hacen maquila, en México, en la frontera con los Estados Unidos.

En tercera instancia, he escuchado muchas veces que el señor Senador Atchugarry está preocupado porque el aporte personal o los impuestos son más altos en Uruguay que en Brasil, nuestro socio en el MERCOSUR. En el supuesto de que tenga razón, la comparación es válida no estáticamente, sino incluida en la productividad. No se trata de que en el Uruguay se paga una tasa equis y en Brasil una menor; depende de la productividad, que está relacionada con el elemento tecnológico, con la educación y con la gestión empresarial.

Quería dejar sentado estos tres aspectos para la reflexión.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador

SEÑOR ATCHUGARRY. - Debo decir que muchos de los elementos que aporta el señor Senador Couriel son correctos. Sin duda, la productividad y la tecnología hacen a esta cuestión. Aceptemos que esa tecnología está disponible tanto acá como en Brasil y en Argentina; pero nosotros no nos hemos caracterizado por tener la productividad más alta que nuestros vecinos. Además, también debemos aceptar que tenemos un problema de tamaño y de distancia. No dudo que si a una empresa transnacional se le asegura mercado, eso le va a importar mucho más que cualquier otro tema; lo que ocurre es que nuestro mercado es muy chico. Entonces, debemos tratar de ir compensando con algunas medidas la distancia que nos separa de los mercados. Insisto en lo que dije hace un momento: si estoy a cero con Brasil y supongamos que mi tecnología y productividad no son peores que las brasileñas, de todas maneras me encuentro a 2.000 kilómetros de San Pablo, que es donde se consume. Por lo tanto, tengo que dar alguna pequeña ventaja para que las personas no se vayan a San Pablo y se queden produciendo en el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 181 con el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 182.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Quiero dejar constancia de que todos debemos tener bien claro que esto que se llama «aumento de salarios», en realidad, no tiene nada de aumento y debería llamarse «no rebaja de salarios por vía del descuento que se aplica en el artículo anterior».

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 183.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Tengo una duda con referencia a la frase que habla de una disminución de dos puntos porcentuales del aporte patronal. ¿De qué nivel estamos hablando? ¿Del actual, a partir de la última rebaja, o del formal?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Tengo entendido que es a partir del nivel formal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Creo que este tema tiene mucha importancia, por lo que debería quedar claro el entendido bajo el cual el Cuerpo vota este artículo.

Aclaro que no tenemos ninguna objeción al respecto y estamos dispuestos a votarlo, pero debe quedar claramente establecido que no se basa en los niveles reales actuales a partir de la última rebaja para la que fue facultado el Poder Ejecutivo por una Ley anterior, sino en los niveles formales inscriptos en la norma legal. Creo que esta debe ser la única interpretación de quienes acompañan esta disposición y, por lo que dijo el señor Miembro Informante, deduzco que es así.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Aclaro que la rebaja de aportes se hizo fundamentalmente para la industria manufacturera y no alcanzó otros sectores de la actividad económica. Desde nuestro punto de vista, el aumento se refiere a la tasa que se debería pagar. De cualquier manera, mientras tanto rigen los 6 puntos de disminución para dicha industria.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Quisiera expresar, sin ironía, que no me parece positivo que a esta altura del debate haya que estar tanteando el terreno para ver cuál es el punto de partida; si se supone que es uno u otro. En ese sentido, si tan acabado era el estudio y terminantes las conclusiones acerca de la perfección de este Proyecto de Ley, creo que al menos eso debería saberse con absoluta certeza y no suponer que el nivel de aportes establecido es el de antes de la rebaja del ajuste fiscal. Digo esto porque me parece de una imprecisión total que en el momento en que estamos discutiendo los últimos artículos de un Proyecto no se sepa con certeza qué es lo que significa la disposición o a partir de dónde se aplica. Esto me hace volver a señalar que no creo que este sea un Proyecto acabadamente estudiado y perfecto en su articulación.

Por otra parte, adviértase que si esa rebaja es del 2% sobre el nivel formal, antes de que se aplicara el 6% para la industria manufacturera, además habría que aplicarle el 6%. Eso tiene que quedar claro para saber el nivel de rebaja que se aplica.

A los efectos de ilustrar al señor Senador Atchugarry, quiero decir que aquí el último número del Semanario «Búsqueda», se señala que los patronos en Brasil pagan un 25,8% de aportes frente a un 20,5% que es lo que aportan los uruguayos. Además, en la industria manufacturera, por la Ley de Ajuste Fiscal, se les va a rebajar un 6% más. Además, por este Proyecto de Ley se les rebajaría un 2%, porque se los engloba con todos los empresarios. En cambio, los trabajadores de nuestro país aportan mucho más al sistema que los brasileños que, según su nivel salarial y de acuerdo con esta publicación especializada que leen casi todos los empresarios uruguayos, aportan entre un 9% y un 11%.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: quizá, otros colegas pudieran ilustrarnos mejor sobre las posibles interpretaciones a dar a este artículo.

A diferencia de lo que decía el señor Senador Gargano, podríamos deducir que a partir de la vigencia de la presente Ley habría que aumentar algún punto a la industria manufacturera que había tenido una rebaja. En este caso se le disminuye un 2%, por lo que le estaríamos incrementando un 4%, ya que por el ajuste fiscal le habíamos disminuido un 6%. A esos efectos, esta posible interpretación da lo mismo, porque en el artículo 184 se estaría facultando al Poder Ejecutivo a que continúe haciendo lo mismo que hasta ahora y, por lo tanto, tener todas las potestades para disminuir el aporte patronal jubilatorio.

Personalmente, me resultó muy entretenido y, desde el punto de vista intelectual, muy disfrutables las explicaciones que dio el señor Senador Atchugarry sobre el tema. Creo que se puede explicar cualquier cosa, pero el problema es cómo vamos a transmitirlo a aquellas personas que se vean afectadas por el resultado de la aplicación de este régimen de las jubilaciones y pensiones. Aclaro que no lo digo con sentido peyorativo; muy por el contrario, me saco el sombrero ante la inteligencia y el nivel con que el señor Senador Atchugarry nos ilustra. Lo expreso con mucha seriedad y sin sarcasmo. Evidentemente, se puede explicar este tema como se puede hacer con cualquier otro, pero luego la realidad le señalará a la gente -más allá de las explicaciones técnicas, políticas, ideológicas o de cualquier índole- que los hechos son completamente distintos a las explicaciones que se le dieron.

Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Sobre el tema y la pregunta planteados, quisiera señalar que hay dos órdenes muy diferentes: uno es la tasa a la que se está obligado, que resulta rebajada en dos puntos porcentuales por este Proyecto de Ley en función del traspaso, y otro a las facultades que acumulativamente la Ley de mejora de la competitividad y la que estamos estudiando -a través del artículo 184- le otorgan al Poder Ejecutivo. La primera Ley las vincula a la industria manufacturera y esta que estamos estudiando -a través de un artículo que creo que ya hemos votado- le otorga, sin distingos de actividad y sin límites, la facultad de disminuir el aporte patronal. En consecuencia, creo que la redacción es clara en el sentido de que, mirando las dos normas, la tasa resulta rebaja «de jure» por imperio de este artículo que estamos considerando. Y hay dos facultades que permanecen vigentes. Una, que el Poder Ejecutivo ya está utilizando -y podrá seguir haciéndolo porque es una facultad que le permite bajar hasta seis puntos y, en consecuencia, podrá hacerlo en más o en menos- más esta otra que no tiene límites.

En cuanto a los resultados de la aplicación de esta disposición y a otras manifestaciones que se han hecho en Sala, debo aclarar que estamos aquí para intentar mejorar las cosas. Personalmente, no tengo fórmulas mágicas y supongo que nadie las tiene. Creo en esto que he dicho y que entiendo es un tema que hay que mirar a mediano y largo plazo. Es verdad que Keynes decía que a largo plazo estaremos todos muertos, pero el tema es que los largos plazos nuestros corresponden a los cortos plazos de nuestros hijos. Tal vez, yo me equivoque en mucho, pero honestamente creo en esto que he expresado.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En el mismo sentido que el señor Senador Atchugarry, tampoco creo que el hecho de que aparezcan en la discusión particular aspectos que puedan suscitar dudas o que a alguien le parezca que vale la pena pulir refleje desdorosamente sobre el Poder Ejecutivo, que elaboró el Proyecto de ley, o sobre la Comisión, que trabajó exhaustivamente. En definitiva, como expresó el señor Senador Atchugarry, para eso estamos. De lo contrario, no habría Plenario y legislaría el Presidente de la República con alguna Comisión del Senado.

Yendo al texto de este artículo, creo que quizá ayudaría un esfuerzo aclaratorio que me permito sugerir; si no hay ambiente, lo dejaría de lado.

Para empezar, propongo eliminar la referencia que dice: «A partir de la vigencia de la presente Ley», porque así es aunque no se diga. El artículo comenzaría con el siguiente texto: «Disminúyese en dos puntos porcentuales el aporte patronal legal al Banco de Previsión Social». Todos sabemos que es jubilatorio; por lo tanto, esa palabra es redundante. En consecuencia, aquí sugeriría poner un punto. A continuación, diría: «Dicha disminución porcentual se aplicará a todas las remuneraciones que constituyan materia gravada», quedando el resto tal como está redactado.

De esta manera obviaríamos aquello que llamó a dudas, por lo menos a algún señor Senador, y que también puede llamar a dudas a quien deba interpretar o aplicar la Ley cuando entre en vigencia.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Sin perjuicio de lo que al respecto quiera decir el señor Miembro Informante, me parecen de recibo las sugerencias que se hacen para mejorar la redacción del artículo, cosa que creo puede hacerse en algunos minutos, por lo cual, podríamos postergar su votación.

Quería agregar que es sabido que no existe un solo factor que afecte la voluntad de contratar personal por parte de las empresas o de aumentar o disminuir las plantillas. Evidentemente, los elementos que contribuyen a ello son muy variados. No hay duda de que uno de los factores tiene que ver con el costo de la seguridad social de los trabajadores. Cuando en el año 1987 formulamos una propuesta desde el Poder Ejecutivo para estimular la contratación de trabajadores jóvenes por la vía de la exoneración de aportes patronales durante un determinado tiempo, habíamos estimado, junto al Profesor Rama -trabajando sobre la base de datos de la Encuesta de Hogares- que allí podríamos haber disminuido en uno o dos puntos porcentuales la tasa de desempleo abierto de Montevideo. Lamentablemente, en aquel momento ese proyecto no tuvo apoyo. Pero es tan cierto que esa idea mantiene su vigencia que actualmente, desde varios sectores políticos, se está replanteando la iniciativa de estimular la contratación de trabajadores nuevos, menores, por la vía de la reducción de los aportes patronales.

Cabe aclarar que apoyamos ese punto de vista. Creemos que es un mecanismo hábil, pero, al mismo tiempo, una prueba fehaciente de que los costos de seguridad social son uno de los elementos importantes -aunque no el único- que tienen que ver con la decisión de contratar, aumentar, mantener o disminuir la plantilla.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo que establece el Reglamento del Senado, correspondería votar, en primer lugar, el texto de este artículo tal como ha sido aprobado en la Comisión, salvo que el señor Miembro Informante acceda a las modificaciones propuestas por el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR BREZZO. - Estoy de acuerdo con los cambios que ha propuesto el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, el artículo 183 quedaría redactado de la siguiente manera: «Disminúyese en dos puntos porcentuales el aporte patronal legal al Banco de Previsión Social. Dicha disminución porcentual se aplicará sobre todas las remuneraciones que constituyan materia gravada a efectos de las contribuciones especiales de seguridad social».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 183 con la redacción que se ha propuesto.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 184.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 184. (Facultad del Poder Ejecutivo). - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, en la medida en que la evolución de la recaudación y la situación del Tesoro Nacional lo permita».)

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: confieso que se me plantean algunas dificultades de entidad con relación a este artículo.

En primer lugar -no sé lo que opinará el señor Senador Mallo, que conoce más que quien habla los temas de índole constitucional- considero que dar este tipo de facultades al Poder Ejecutivo en materia tributaria es de dudosa constitucionalidad.

En segundo término, no me parece muy conveniente en cuanto a que, sin siquiera un informe previo del Banco de Previsión Social o que se hayan brindado algunas explicaciones, el Poder Ejecutivo -aclaro que no tengo susceptibilidades por el hecho de que esté desempeñado por un partido político diferente al que pertenezco- haga una rebaja tributaria sin límites. En términos teóricos, esto puede ser muy peligroso. Es una especie de potencial regalo de despedida de un Gobierno perdidoso al siguiente que puede resultar sumamente riesgoso. En ese sentido, hay ejemplos abundantes en otros países.

Además, el texto no es claro. A mi juicio, no queda establecido si la recaudación o la situación del Tesoro Nacional -que en un momento dado permite y alienta la rebaja- puede llegar a cambiar y si en ese caso el Poder Ejecutivo puede volver a subir a los niveles anteriores o no.

En definitiva, me parece que es más jurídico, constitucional y conveniente que -si como todos deseamos- para mejorar la recaudación del Banco de Previsión Social o la situación general del Tesoro Nacional el Poder Ejecutivo lo fundamente y lo plantee al Parlamento, el que, sin duda, lo va a acompañar. Este tipo de facultades son de aquellas que dieron razón de ser a los Parlamentos. Por lo menos, fue uno de los motivos históricos que dio lugar a su creación.

Reitero que tenemos dificultades para aprobar este artículo y preferiríamos su eliminación de este Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de que la facultad de decisión le pertenece al Senado, la Mesa entiende que no sería deseable un tipo de delegación de tal ambigüedad como la que está contenida en este artículo. Incluso se podría pensar que colide con las normas constitucionales vigentes.

Siempre se ha estimado que se deben establecer pautas -que en este caso serían muy generales- relativas a la evolución de la recaudación y situación del Tesoro Nacional.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Pensamos que este artículo, al establecer esta facultad, en realidad, constituye un factor de evasión legal no fundada, en lo que tiene que ver con los aportes al Banco de Previsión Social.

Si realmente se está planteando en forma insistente la subdeclaración, esto implicaría disminuir los aportes a dicho Banco sin ninguna contrapartida de desarrollo de proyectos de trabajo, lo que se transformaría realmente en una posibilidad de empleo. Con un criterio liberal, se puede entender que el empleador lo va a volcar de alguna manera hacia la actividad de su empresa; pero también puede significar, sencillamente, un beneficio para el patrón, tal como ha sucedido con tantas industrias que dieron quiebra a pesar de que sus propietarios siguieron siendo ricos.

Pensamos que esta es una medida de falta de equidad, puesto que se favorece a una sola de las partes del contrato de trabajo.

Por otro lado, el artículo en cuestión también es inconstitucional. El señor Senador Posadas Montero indicó que tenía dudas. A nuestro juicio, es muy claro que delega la apreciación de las condiciones económicas para establecer si corresponde o no la exoneración. Delega un análisis que debería estar a cargo del Poder Legislativo, para que lo determine por Ley, ya que nadie está obligado sino en función de la existencia de una norma. No se pueden delegar las condiciones que deben apreciar los Legisladores en el momento de resolver cómo se va a realizar y si se va a conceder o no esta disminución del aporte patronal.

Por todas estas razones, no vamos a apoyar este artículo. Asimismo, consideramos que la rebaja de aportes como condición para abrir posibilidades de trabajo para gente joven tiene un carácter peligroso en una época en que existen grandes dificultades para el empleo. Esto puede significar la sustitución de trabajadores maduros, con familia a su cargo, por personas jóvenes. Se dice que se van a realizar los controles necesarios para que esto no suceda, pero nos parece muy difícil teniendo en cuenta que hay pocos inspectores. Asimismo, será muy trabajoso que no se utilice esto para el despido de trabajadores con familia a su cargo. No quisiéramos que se opere una especie de contradicción entre generaciones.

Por lo tanto, nos parece que las medidas deben ser de orden general económico, tendientes a desarrollar las fuentes de trabajo en general. En todo caso, estimamos que la jubilación parcial no crea problemas, puesto que se trata del mismo jubilado que empieza a trabajar y libera una parte del horario para que lo ocupe una persona joven.

Muchas gracias.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Comparto totalmente la posición del señor Senador Posadas Montero. Empleando un eufemismo, dijo que este artículo podría ser de una interpretación dudosa. Es el mismo nivel de eufemismo que existe cuando, algunas veces, se expresa que ciertas señoras son dudosas, cuando en verdad nadie duda de ellas. En consecuencia, estimo que nadie duda de que esta disposición es inconstitucional.

El Doctor Aguirre Ramírez, en la Legislatura pasada, presentó en este Cuerpo un Proyecto de Ley que establecía con mucha precisión normas sobre este punto y que contó con un informe unánime del Instituto de Finanzas de la Facultad de Derecho.

Por su parte, el numeral 4º del artículo 85 de la Constitución, entre las potestades de la Asamblea General, indica: «Establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión y suprimir, modificar o aumentar las existentes».

Admito que, en determinadas circunstancias, el Legislador puede establecer las variables que permitan que el Poder Ejecutivo o Poder administrador tome algunas medidas, constituyendo situaciones muy precisas. De hecho, se trata de ocasiones que, si bien no se dan en forma matemática, por lo menos se aproximan a eso, lo que haría posible que el Poder Ejecutivo decidiera. En ese sentido, son de una vaguedad tal que, en puridad, equivale a decir que el Poder Ejecutivo queda facultado para hacer lo que quiere en materia de monto de aportes patronales.

Por las razones expuestas con respecto a esta redacción, adelanto que no voy a votar este artículo.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: muy brevemente y más allá de que sería factible y bueno que este artículo se postergue para analizar los argumentos que se nos han dado -parece que aquí hay una clara inconstitucionalidad- no quisiera dejar pasar la posibilidad de utilizar la idea de la rebaja de los aportes patronales, hecho que ayudaría al empleo juvenil. Al respecto, se dice que podríamos estar generando mecanismos en los cuales se cambiaría trabajadores jóvenes -que accederían a un trabajo- por jefes de familia que perderían sus fuentes de ingreso. Frente a esto, señalo que la situación actual es absolutamente injusta, ya que nos encontramos con que, de cada cien personas que buscan trabajo, uno o dos jefes de familia no lo encuentran. En contraposición, observamos que, de cada cien jóvenes que buscan trabajo, veinte o treinta no lo encuentran, así como tampoco una de cada tres mujeres jóvenes. Estamos hablando, entonces, del 20% o 25% y, reitero, se trata de una situación absolutamente injusta.

Por lo tanto, considero que hay que tomar medidas para que el país dé igualdad de oportunidad a todos los ciudadanos, incluso, a los más jóvenes que, muchas veces, son jefes o jefas de familia, razón por la cual habrá que apelar, en el futuro, al uso de este u otro instrumento. El Partido al cual represento, el Nuevo Espacio, presentó en la Cámara de Representantes, un Proyecto de Ley vinculado a este tema, aunque también lo hicieron otros sectores. Debemos hacer algo por la situación del empleo juvenil, no sólo por la necesidad de incorporar a los jóvenes al sistema productivo, brindándoles mejores oportunidades, sino porque ellos tienen muchas posibilidades de dar al sistema productivo creatividad, ingenio y trabajo como para hacer que el Uruguay sea más rico.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: si no fuera por las observaciones legales y constitucionales que han hecho los señores Senadores Mallo y Posadas Montero, votaríamos el artículo 184, ya que estamos de acuerdo con su idea de fondo. Nos parece importante hacer esta constancia a fin de que el Poder Ejecutivo, en función de la situación del Tesoro Nacional y de la recaudación, empiece por rebajar sustancialmente el aporte patronal. Más allá de que este artículo pueda ser aprobado o no, nos parece conveniente no perder de vista este hecho ya que la facultad, tal como lo explicitó el señor Senador Posadas Montero, es del Parlamento e, indudablemente, tiene que estar debidamente fundada. Por lo tanto, repito que queremos dejar constancia de que nuestro sector político tiene especial interés en que esto se resuelva lo más rápido posible.

Recuerdo que también hablamos sobre este punto cuando empezaron las conversaciones en el Victoria Plaza, en donde la Lista 15 había presentado una iniciativa -con mayor certeza en ese momento- para bajar y reducir el aporte patronal, propuesta con la cual nuestro sector político estaba totalmente de acuerdo.

Posteriormente, sucesivas negociaciones llevaron a que esto quedara en una facultad, lo que para nosotros es un compromiso -lo quiero dejar como constancia política, sin importar que el artículo sea aprobado o no- en la medida en que tenga éxito y sea factible, en función de la situación del Tesoro Nacional, la idea de la reducción de los aportes productivos y también los de servicios, porque sabemos que ellos también, en su momento, van a repercutir en los costos de la industria y de la producción nacional.

Cuando en el seno de la Comisión recibimos a los representantes de los sectores productivos, se constató que es un clamor nacional la necesidad imperiosa de rebajar costos para poder competir. Esto hace a la competitividad y creemos que es muy importante el compromiso político que el Poder Ejecutivo refleja al mandar este artículo. Aunque quizás no lo votemos -ya que se trata de una facultad que tiene que quedar en manos del Poder Legislativo- debemos decir que la iniciativa nos parece adecuada en su fondo, en su argumentación y en lo que tiene que ver con el compromiso que tiene el Poder Ejecutivo con el Parlamento. Por ello y en la medida en que las cosas funcionen bien, esperamos que las primeras acciones de reducción se realicen respecto de quienes se vean en dificultades de competir.

Reitero que queríamos dejar constancia de esto, porque es un compromiso que adquiere el Herrerismo y también el Poder Ejecutivo al formularlo en este Proyecto de Ley, aunque puedan haber dudas de carácter constitucional y legal.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: quiero señalar que también estamos en contra de este artículo por varias razones.

En primer lugar, parecería que hay un problema de carácter constitucional -en esto no somos especialistas, razón por la cual no podemos pronunciarnos- y una especie de técnica legislativa que no aceptamos: la responsabilidad del Poder Legislativo es, únicamente, responsabilidad del Poder Legislativo. Este caso es algo similar a un cheque en blanco, en el sentido de que el Poder Ejecutivo va a poder disponer cuando lo desee, sin tener en cuenta que se trata de una responsabilidad estricta y directa del Poder Legislativo.

En segundo término, el tema se vincula al financiamiento de la seguridad social. Entonces, desde ese punto de vista y por referirse a un asunto de tanta sensibilidad, en el que normalmente se ha planteado el déficit como uno de sus mayores problemas, darle la potestad de bajar los aportes patronales, sin que el Parlamento lo resuelva no me parece conveniente.

Creo que es potestad del Poder Legislativo definir si, en un momento determinado, conviene o no que haya aporte patronal. En consecuencia, no aceptamos esta disposición.

Por otra parte, además de que puede afectar a la Seguridad Social y a su financiamiento, el hecho de dejar esta potestad en manos del Poder Ejecutivo y no tratar el asunto en el Parlamento, se plantea como un elemento de mejora de la competitividad. Frente a esto digo, señor Presidente, que dada la situación que vive el Uruguay en el año 1995, se rebajen los impuestos que se rebajen, no mejorará la competitividad ni el empleo. Esto es así porque hay una situación más general donde la demanda desciende, el tipo de cambio está muy atrasado y las tasas de interés activas son extremadamente altas, lo que constituye un problema mucho más importante.

En el largo plazo, cuando haya dinamismo económico y mejoren los niveles de empleo, aumentará la recaudación del Banco de Previsión Social, situación en la que será factible encontrar un mecanismo de rebaja del aporte patronal. Esta tarea fundamental la tendrá que efectivizar el Poder Legislativo.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: es notorio que, a veces, se plantean problemas de índole constitucional que presentan sutilezas, lo que justifica que existan opiniones dispares. Por eso, quiero decir, con claridad y responsabilidad, que no tengo la menor duda de que este artículo es inconstitucional, porque delega atribuciones del Parlamento al Poder Ejecutivo.

En el sistema uruguayo, la delegación de competencias entre Poderes está absolutamente prohibidas. En la Constitución de 1967 se introdujeron tres artículos -dos en el orden nacional y uno en el municipal- que autorizan la delegación de atribuciones dentro de un Poder. Por ejemplo, se autoriza al Poder Ejecutivo a delegar funciones en Consejo de Ministros, así como se faculta a los Ministros para que deleguen funciones; pero aclaro que esto sucede dentro de ese Poder. Asimismo, en los Gobiernos Departamentales se permite a los Intendentes delegar atribuciones a Comisiones Especiales. Sin embargo, la delegación de un Poder a otro es el «abecé» del Derecho Constitucional y los estudiantes que no saben ésto pierden el examen de Constitucional I. Por lo tanto, una atribución que la Constitución de la República le confiere al Poder Legislativo no puede delegarse en favor del Ejecutivo.

Hace mucho tiempo, los ingleses inventaron una figura llamada «ampliación de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo» para esquivar, justamente, los límites sinuosos del hecho de delegar. Pero aquí no existe ningún límite sinuoso y es clarísimo que la fijación de aportes se determina por ley, pues es una contribución al tesoro del Banco de Previsión Social. Esto se dice en el artículo 85 de la Constitución de la República, donde se establecen contribuciones en sentido amplio como son los impuestos, las tasas, los aportes, etcétera. Entonces, si la Ley le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de bajar o eliminar esos aportes, está delegando atribuciones de un Poder a otro y eso va contra un principio del Derecho Constitucional más claro que el agua. Se podrá disimular, mirar para otro lado, invocar algunas razones del Estado moderno por las que, algunas veces, se admitió este tipo de delegaciones; sin embargo, no hay ninguna duda de que aquí existe una flagrante violación de la Constitución.

Por otra parte, quiero expresar que el Derecho Tributario moderno ha encontrado algunas fórmulas que la doctrina está aceptando, por las cuales se establecen límites máximos y mínimos para que, dentro de ellos, el Poder Ejecutivo pueda moverse, atendiendo ciertas urgencias del Estado. Pero aquí esto no sucede pues, incluso, se establece que el Poder Ejecutivo puede terminar eliminando esas contribuciones. Por ello, quiero dejar sentado que, aquí la inconstitucionalidad no es discutible. Obviamente, si el Parlamento quiere votar esta norma, así lo hará; personalmente, no la acompañaría aun cuando se tratara de un artículo que tuviera aspectos saludables, desde el punto de vista de la conveniencia u oportunidad. Reitero que como es tan flagrante la inconstitucionalidad, si acompañara este artículo, me parecería estar violando los elementales conocimientos técnicos que poseo en la materia.

Considero que quien no tiene mucho contacto con el Derecho o quien cree que la Constitución es un documento para hacer declaraciones en las tribunas y no algo de naturaleza jurídica, piensa que esto no tiene importancia. Incluso, esto lo han creído quienes pisotearon la Constitución, asumiendo el poder sin tenerla en cuenta.

Por lo expuesto, y sin atribuir ninguna mala intención a quien redactó este artículo -salvo el gravísimo error de ignorar la Constitución- considero que se trata de una norma flagrantemente inconstitucional.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador

SEÑOR POZZOLO. - Por supuesto, no voy a entrar en una discusión de tipo jurídico, dado que el señor Senador Brezzo ha pedido que se aplazara por un rato el tratamiento de este artículo, a los efectos de estudiar su destino.

Sin embargo, me parece sumamente importante dejar una constancia de tipo político similar a la que realizó, hace pocos minutos, el señor Senador Heber. ¿Cuál es el espíritu de esta disposición? Cuando se afirma, una y otra vez, que esta puede ser una norma que le cause daño al Banco de Previsión Social, creo que no se ha entendido el verdadero sentido y el espíritu de la disposición. Con esta norma se procura que, por la vía de disminución de los aportes en determinadas áreas del sector laboral, se creen fuentes de trabajo, fundamentalmente, para los sectores jóvenes. En caso de que este mecanismo funcione, no se desea restar recursos al Banco de Previsión Social, por el hecho de rebajar los aportes patronales, sino que se pretende arrimar aportes como consecuencia de la creación de nuevas fuentes de ingreso. Acá nadie está pensando en que el Poder Ejecutivo va a elegir una empresa para decirle que no pague. Además, pienso que ese tipo de sospechas y dudas son absolutamente inconducentes. Aquí de lo que se trata es de propiciar una norma, constitucional o no, pero que tiene un espíritu solidario con el país, a fin de promover el desarrollo de la actividad empresarial y para que la misma está más protegida y pueda generar mayores fuentes de ocupación, en defensa de quienes todavía no son trabajadores.

Por lo tanto, vamos a votar el aplazamiento de este artículo y nos vamos a hacer cargo de las observaciones de tipo constitucional que se han hecho, pues las mismas tienen mucho peso. Sin embargo, no podía dejar pasar por alto las otras argumentaciones.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑORA ARISMENDI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Con respecto a las palabras del señor Senador Pozzolo, debo decir que si existe voluntad política en el Parlamento para ir disminuyendo el aporte patronal, seguramente se contarán con los votos necesarios. Por eso, no sería necesario establecer una disposición de carácter inconstitucional, pues -digo esto partiendo de la base de que se cuenta con los votos necesarios- se podría pasar por la instancia parlamentaria que corresponda, cada vez que se desee realizar una rebaja de dichos aportes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Quisiera hacer una sola reflexión en el mismo sentido a que apuntaban las palabras del señor Senador Heber, sin pretender ingresar en la discusión constitucional para la cual, francamente, no me siento habilitado.

Lo que tenemos en nuestra mesa de trabajo es, señor Presidente, un artículo incluido en una iniciativa del Poder Ejecutivo, que muestra su disposición a disminuir o, eventualmente, a eliminar los aportes patronales -aunque aclara que no es posible hacerlo hoy- en la medida en que lo permitan el Tesoro Nacional y la situación de la recaudación de la seguridad social.

El señor Senador Korzeniak hacía referencia a algunas normas modernas o mecanismos que habilitan actualmente a trabajar dentro de ciertos mínimos y máximos. Recuerdo que esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo que, en definitiva, plantea que el máximo es el que hoy se establece como aporte legal -por medio de este Proyecto de Ley, ya se disminuye un 2%, en virtud de las razones expresadas en los artículos anteriores- y que está dispuesto, reitero, a continuar disminuyéndolo o a eliminarlo.

Por lo tanto, el Parlamento puede mostrarse de acuerdo o no con la hipótesis extrema y, en función de ello, votar afirmativa o negativamente la norma. Lo que el Poder Ejecutivo está indicando es que quiere proceder a la disminución y, eventualmente, a la eliminación, en función de dos elementos: la recaudación y la situación de Tesorería. Pero creo que este procedimiento está dentro de ese mecanismo o margen que contemporáneamente se está registrando en la distribución de responsabilidades o, en definitiva, en la declinación de facultades de un Poder con respecto a otro.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra para dejar una constancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Quiero dejar una constancia sobre la apreciación de algún colega cuya opinión, como la de todos -pero la de él especialmente- me merece la mayor consideración.

Los Cuerpos institucionales se manejan por reglas de Derecho, y no por razones de conveniencia. No discuto la posibilidad de que sea encomiable, plausible y benemérita la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo demás, no me agrega absolutamente nada el hecho de que se me diga que eso lo propone el Poder Ejecutivo. Expreso que el controlado y fiscalizado no es el más indicado para decir cómo se lo va a controlar o a fiscalizar. Dicho en un tono más vulgar, diría que no conozco ningún niño que hable mal de los Reyes Magos cuando éstos son generosos. Si se dan todas esas potestades al Poder Ejecutivo, éste las aceptará y las ejercerá bien o mal. Lo que está en duda es la posibilidad institucional de que los Cuerpos se manejen por razones circunstanciales o de mérito; los Cuerpos se manejan por normas de Derecho.

Es cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Retribuyo las apreciaciones formuladas en cuanto al respeto de las opiniones; el señor Senador Mallo sabe que en este caso son mutuas.

A lo que me refiero es a que este artículo equivale a una solicitud del Poder Ejecutivo para llevar a cero el aporte patronal en forma progresiva. Quiere decir que cuando el Parlamento resuelve si le confiere o no la facultad, lo que hace es decidir si lo habilita a llevarlo a cero. Esto se puede hacer mañana de una sola vez, o a partir de reducciones sucesivas en el transcurso del tiempo. De eso se trata esta norma.

Aquí el Poder Ejecutivo manifiesta una filosofía según la cual, eventualmente, está dispuesto a que el aporte patronal -insisto una vez más- sea igual a cero. Entonces, en lugar de plantear al Poder Legislativo cada una de las reducciones, hace esa indicación.

Recién, al margen de la discusión pública, un colega me decía que acotar esto en el tiempo sea quizás una buena forma de salvar algunas de las preocupaciones expresadas en Sala desde el punto de vista constitucional. Yo me refería a algunos de los mecanismos modernos que, según el señor Senador Korzeniak, están siendo acompañados por la doctrina en cuanto a que se acepten mínimos y máximos; en ese sentido, el máximo es el que existe actualmente, y el mínimo es cero.

Hace instantes se señalaba que tal vez esto se pueda acotar en el tiempo, lo que no significa que lo esté defendiendo en términos de conveniencia. En este sentido, puede haber señores Senadores que opinen que no es conveniente que los aportes patronales se eliminen jamás y, en ese caso, deberán votar en forma negativa este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de que se ha hecho una consideración exhaustiva del artículo, el señor Miembro Informante ha admitido su postergación. La Mesa consulta si mantiene su posición.

SEÑOR BREZZO. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la postergación de la consideración del artículo 184.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 185.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 185 (Impuesto a las retribuciones personales). - Las retribuciones personales que excedan de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) constituyen materia gravada a los efectos del impuesto a las retribuciones personales».)

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Este artículo me ha generado alguna duda, y la verdad es que no tuve oportunidad de plantearla en la Comisión. Pido disculpas por ello, pero lo cierto es que me ha surgido ahora al leer el texto nuevamente. Probablemente esté confundido, y por eso consulto al señor Miembro Informante acerca del verdadero sentido de esta norma.

Las retribuciones personales están gravadas por el Impuesto a las Retribuciones Personales desde dos perspectivas: como salarios en actividad y por concepto de pasividad. Esto quiere decir que dicho impuesto grava tanto a los salarios de los activos, como a las pasividades.

Ahora bien; las retribuciones personales de los activos -es decir, en este caso, los salarios en actividad por encima de los $ 15.000- siguen constituyendo materia gravada aunque no lo establezca esta iniciativa. La única novedad que este proyecto tiene que entrañar al respecto es que, conteniendo una franja que está por encima de los $ 15.000 -en la que existe libertad total para elegir un seguro social que el beneficiario podrá seleccionar como desee- se debe establecer que la pasividad que sea superior a ese monto constituye materia gravada. Se me ocurre -y no sé, reitero, si estoy confundido- que ese es el sentido de este artículo: establecer que las pasividades que superan esa cifra constituyen materia gravada por el Impuesto a las Retribuciones Personales.

Si el señor Miembro Informante confirmara esta hipótesis, creo que habría que cambiar la redacción, ya que la actual no es clara en absoluto. Digo esto porque, tal como está, induce a una interpretación incorrecta del artículo.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Creo que tiene razón el señor Senador Astori, por lo que valdría la pena postergar la consideración del artículo y buscar una redacción más clara.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se posterga el tratamiento del artículo 185.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

Queda postergada la consideración del artículo 185.

En consideración el artículo 186.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 186. (Disposición transitoria). - La reglamentación podrá autorizar el cálculo del sueldo básico jubilatorio, tomando en consideración los mejores veinte años con aporte documentado, de aquellos trabajadores de la industria textil que, por haberse producido ceses masivos con anterioridad a la presente, se entienda necesario amparar.

Esta norma ampara a los trabajadores con 50 años cumplidos al 31 de diciembre de 1995 y que no configuraren causal al 31 de diciembre de 1996".)

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Solicito que también se postergue la consideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se posterga la consideración del artículo 186.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

Queda postergada la consideración del artículo 186.

En virtud de lo resuelto anteriormente, se pasan a considerar los artículos aditivos relativos al régimen previsional mutual para los jubilados, de acuerdo con el Mensaje que oportunamente fuera repartido.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 1º. (De la cuota mutual, su generación y condiciones del derecho). Los afiliados pasivos jubilados como trabajadores dependientes en actividades amparadas en el Banco de Previsión Social, tendrán derecho a partir del 1º de enero de 1997, al beneficio de la cuota mutual a cargo del mismo, siempre que sus ingresos totales incluyendo las prestaciones por pasividad o retiro no superen a partir del 1º de enero de 1997 la cantidad de $ 1.050 (pesos uruguayos mil cincuenta) y a partir del 1º de enero de 1998 en adelante la suma de $ 1.250 (pesos uruguayos mil doscientos cincuenta), ambas tomadas a valores de mayo del año 1995. El beneficio aquí establecido se generará y mantendrá a partir de las fechas mencionadas siempre que por lo menos una de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional esté operando y los regímenes tanto de jubilaciones como de financiación previstos por la presente Ley se encuentren vigentes.

Esta prestación es incompatible con ingresos derivados de cualquier actividad remunerada, que en su conjunto superen con las jubilaciones los valores establecidos en el inciso 1º de este artículo.

ARTICULO 2º. (Opción). - Los jubilados del Banco de Previsión Social amparados por el artículo anterior, que sean beneficiarios de la cobertura de salud por otro régimen, podrán optar por el beneficio establecido por la presente Ley en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

ARTICULO 3º. (Régimen de Financiamiento). - A los efectos de la financiación del beneficio previsto en los artículos anteriores, los afiliados pasivos del Banco de Previsión Social contribuirán sobre sus pasividades nominales: con un 3% (tres por ciento) los titulares del beneficio y un 1% (uno por ciento) los restantes pasivos de dicha Institución a partir del 1º de enero de 1997.

ARTICULO 4º. (Incorporación). - Incorpóranse al Proyecto de Ley sobre Régimen de Previsión Social las disposiciones contenidas en los artículos precedentes.

ARTICULO 5º. - Comuníquese, etc.».)

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: estamos totalmente de acuerdo con la necesidad que tienen los afiliados al régimen de previsión social -es decir, los jubilados y pensionistas- de contar con cobertura de salud. En ese sentido, daría la sensación de que esta es una aspiración, no solamente de nuestro sector, sino que abarca al conjunto de los señores Senadores quienes, de una manera u otra, han expresado su intención en forma pública, e inclusive, por medio de este Proyecto de Ley que viene con iniciativa del Poder Ejecutivo.

Entonces, si esto es verdad -y creo que lo es- de lo que se trata es de votar lisa y llanamente una cobertura de salud para los jubilados y pensionistas, y punto. Pero, en este caso, se nos presenta un Proyecto de Ley en el que, en primer lugar, se establece que la cobertura abarcará a los pasivos que fueron trabajadores dependientes. Esto significa que estamos restringiendo el universo sobre el cual vamos a aplicar ese beneficio.

Nos gustaría que el señor Miembro Informante nos informara acerca del número de beneficiarios que abarcaría esta disposición, porque hemos constatado que existen matices y cifras contradictorias. Incluso, entendemos que por la manera en que realiza sus emisiones mes a mes el Banco de Previsión Social, resulta muy difícil discriminar al día de hoy cuáles son los pasivos que eran trabajadores dependientes y cuáles, a pesar de no haber sido dependientes, igualmente están comprendidos en la franja de los que perciben $ 1.050 o $ 1.250. Esta es una primera puntualización.

Reitero que no se sabe con precisión cuál es la cifra de jubilados a los que abarcaría este beneficio, pues en el texto se expresa que comprenderá a aquellos que a partir del 1º de enero de 1997 perciban $ 1.050 y a los que, con fecha 1º de enero de 1998, cobren $ 1.250.

Por otra parte, no entendemos por qué en el artículo 1º se condiciona el otorgamiento de este beneficio -es decir, de la cobertura de salud- a la instalación y funcionamiento de por lo menos una de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional y a la vigencia de los regímenes, tanto de jubilaciones como de financiación previstos en el Proyecto de Ley.

Siento cierta suspicacia -y lo digo con toda franqueza- porque no sé si esto se incluyó en el mismo artículo en virtud de que, en definitiva, se ha caído en la tentación -de la cual se hablaba días atrás- de utilizar la demagogia que, sin duda, es muy riesgosa para los políticos. Digo esto porque se estaría atando un beneficio -que responde a una vieja aspiración de los trabajadores y de los pasivos uruguayos- al funcionamiento de por lo menos una Administradora de Fondo de Ahorro Previsional y a la vigencia de este Proyecto de Ley. De esta manera, con este «enganche», lo que sucede es que una cosa estaría supeditada a la otra, no solamente en cuanto a su aprobación, sino también en lo que hace a su derogación.

Por otro lado, queremos decir que nos llama poderosamente la atención -y por eso pedimos que se nos brinden las cifras correctas- que en el artículo 3º, cuando se habla del régimen de financiamiento, se dice que a esos beneficiarios -es decir, a los que supuestamente queremos dar una cobertura de salud- se les va a descontar un 3% -además de los otros descuentos- mientras que el resto de los pasivos de la Institución aportarán un 1%. Pensamos que esto es realmente injusto porque decimos que brindaremos una cobertura de salud, pero la financiaremos con los bolsillos de los propios jubilados.

Sostenemos -y deseamos de alma que se nos demuestre lo contrario- que en este caso no sólo se va a hacer un financiamiento de esta cobertura sino que, además, se va a recaudar por encima de lo necesario, sobre la base del descuento a los jubilados. Si estamos equivocados, queremos que se nos demuestre con claridad que no es así y, entonces, reiteraremos nuestra afirmación.

Repito: queremos que se nos diga con claridad a cuántos jubilados abarcaría este beneficio y, además, si nuestra suposición de que este 3% de descuento a los pasivos comprendidos en esa cobertura, más el 1% de descuento a los restantes, no solamente lo financiaría sino que también daría ganancias.

Entonces, si esto es así, señor Presidente, preguntamos qué se está intentando hacer con esta iniciativa. ¿Acaso se quiere proteger y dar un beneficio más, atendiendo lo que siempre ha sido un reclamo de los jubilados? Si se lo está queriendo hacer con toda sinceridad, hagámoslo en forma directa; es decir, si todos estamos de acuerdo, votemos una cobertura de salud para los jubilados y pensionistas, y no condicionemos ese beneficio al funcionamiento de las aseguradoras privadas, con el financiamiento planteado en el articulado.

Nuestra propuesta en este sentido es que, lisa y llanamente -tal como lo han planteado las organizaciones de jubilados y el movimiento de trabajadores- se vote una cobertura de salud para los jubilados, si esa es la voluntad del Poder Ejecutivo y del Parlamento.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: quiero aclarar que una cosa es la voluntad o el deseo de otorgar algún tipo de beneficio a los jubilados, y otra es la posibilidad que puede tener el país de hacerlo efectivo, teniendo en cuenta las condiciones de su economía y del sistema de seguridad social.

Nos pareció que esta era una forma de otorgar una cobertura de salud a los jubilados de menores ingresos. Si se considera que eso está mal, sería bueno que se dijera. Ahora bien; me parece que algo nunca puede estar mal, simplemente, porque no se le da a más gente; entiendo que ese no es un argumento realmente auténtico.

Es más; en este caso estamos cubriendo a la parte más desamparada y de menores ingresos, aunque desearíamos comprender a todos e, inclusive, dar otro tipo de beneficios. Por ejemplo, tengo en mi poder una propuesta en el sentido de que se conceda a los pasivos el beneficio del aguinaldo. Esto significa que proponer es muy fácil, pero el tema es encontrar la forma de lograr el financiamiento correspondiente. En definitiva, nos parece que estas cosas no pueden ser planteadas de esta manera.

Desde nuestro punto de vista, creemos que se avanza por un camino muy importante al dar una prestación a los jubilados de menores ingresos. Ojalá que ese número de personas cubiertas por este beneficio sea cada vez mayor.

Además, cabe aclarar que no existe ánimo alguno de que por esta vía se obtengan mayores recursos para darles otros destinos dentro de la seguridad social. Presumir eso nos parece que es, de alguna manera, desconsiderar a quienes en este Proyecto de Ley defendemos una prestación de la seguridad social para estos jubilados.

Creo que con estas palabras está suficientemente explicado el tema, puesto que ya que se ha discutido en la Comisión y se entendió que en esta instancia se podía llegar a concretar este beneficio. Las conquistas y los avances sociales, así como las prestaciones, muchas veces no se pueden lograr repentinamente y para todos. Se trata de atender primero las situaciones más urgentes -esa es la idea- y este es el fondo de la concepción de nuestra propuesta.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Señor Presidente: deseo insistir en la pregunta que había formulado, ya que las cifras pueden ilustrarnos acerca del sentido de esta disposición. El señor Senador Brezzo utilizó la expresión «estamos dando» y al respecto me pregunto quiénes somos los que «estamos dando». En realidad, son los jubilados quienes van a aportar de su bolsillo para cubrir esa prestación con el 3% y el 1% que se les va a descontar. Ciertamente, nosotros no estamos dando nada. Reitero que los que están dando o van a dar son ellos los jubilados; por lo que se utilizó una persona verbal equivocada.

Por otra parte, no pregunto -y no lo hago por un problema de consideración política- si el universo es chico o grande. Si fuera pequeño lo voy a votar; y si es grande lo haré aún con más razón. Lo que deseo saber -y creo que se me podrá responder porque al respecto se habrán hecho los cálculos correspondientes- es a cuántos jubilados abarcará esta disposición, a efectos de conocer si esos porcentajes de descuento de 3% y 1% que se proponen financian o no lo que se invierte en otorgar el beneficio. Asimismo, quisiera que se me dijera si además de financiar ese gasto no están aportando al sistema, y aclaro nuevamente que me estoy refiriendo a los jubilados y no a nosotros.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Reconozco que hubo un error de tiempo verbal en mis expresiones; los que aportan son, efectivamente, los jubilados. Nosotros no estamos dando nada. Simplemente, quise decir que somos quienes votamos y hacemos una propuesta en ese sentido. Obviamente, no somos los Senadores quienes estamos aportando a ese Fondo.

En realidad, señor Presidente, lo que quiero decir es que, de alguna manera, hay que financiar ese tipo de beneficios, y la forma que nos ha parecido más adecuada a quienes defendemos esta iniciativa es, precisamente, la que estamos considerando. Al respecto, podrán encontrarse otras concepciones; inclusive, en la Comisión hemos escuchado criterios mediante los cuales se pretende que todo se financie con recursos del Tesoro Nacional. A nuestro juicio, se trata de una concepción poco pensada.

Por otra parte, creemos que esto funciona a través de este tipo de aportes y siguiendo el modelo que proponemos. Si se piensa que está mal, pues que se vote en contra; nosotros sostenemos que está bien y, en virtud de ello, vamos a pronunciarnos favorablemente. Entendemos que de esta forma, estamos estableciendo un sistema de cierta solidaridad, ya que la gente que tiene pasividades mayores estaría ayudando a quienes perciben menos.

En cuanto al número, según nuestra estimación, los jubilados que se beneficiarían serían alrededor de 110.000 ó 120.000. De todas maneras, cuando comience a funcionar el sistema se verá en la práctica si es así.

Adelanto a la señora Senadora Arismendi que este tipo de financiamiento está apuntando a la prestación de la cuota mutual de los jubilados. En caso de que lo recaudado dé para más, obviamente, debería revisarse y ampliarse este criterio.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en ocasión de llevarse a cabo la discusión general me referí a este punto y efectué algunas preguntas en cuanto al número total de beneficiarios que cubriría el sistema propuesto.

Al respecto, quiero afirmar que nadie está en una tesitura de negar cobertura asistencial; por el contrario, hemos presentado proyectos de ley relativos a la necesidad, precisamente, de otorgar a los jubilados el beneficio de una asistencia médica, que muchos de ellos tuvieron cuando se encontraban en actividad por medio del sistema que el propio Banco de Previsión Social establece y que perdieron en el momento de jubilarse.

Cuando intervenimos en la discusión general formulamos algunas observaciones con respecto al Proyecto. La primera de ellas tenía que ver con el hecho de que se trata de una iniciativa que está vinculada a la existencia de un cambio sustancial en la seguridad social, es decir, con la implantación de las cuentas privadas de capitalización. Cuando se dice que el beneficio aquí establecido se generará -es decir, compensará a operar- y mantendrá -o sea, persistirá o no en el tiempo- a partir de las fechas mencionadas siempre que por lo menos una de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional esté operando y los regímenes, tanto de jubilaciones como de financiación previstos para la presente Ley, se encuentren vigentes.

¿Que quiere decir esto? Es importante que quede registrado en la versión taquigráfica que si mañana, por ejemplo, se plantea un recurso de referéndum contra la parte objetable, es decir, las cuentas de capitalización privadas y en virtud del resultado éstas caen, el sistema de cobertura asistencial también caerá. Si bien un aspecto no tiene nada que ver con el otro, ambos se enlazan, precisamente, con el objetivo de que en el futuro, a quienes estamos convenidos de que hay que interponer un recurso de referéndum, se nos diga que estamos atentando contra el seguro de salud de los más desposeídos, sin tomar en cuenta que justamente esos desposeídos se verán afectados si cae la Ley. De eso se trata el razonamiento que inspira esta disposición.

Asimismo, se ha agregado lo que plantea la señora Senadora Arismendi. En ese sentido, nos preguntamos cuáles son las jubilaciones que se han obtenido de parte de trabajadores dependientes que, por otra parte, habría que depurar. Al respecto, tengo en mi poder un cálculo que me fue suministrado por señores Senadores de nuestra Bancada. En él se establece que quienes perciben hasta $ 1.050 de jubilación serían alrededor de 31.000 ó 32.000 jubilados; esta cifra hay que depurarla, ya que hay que tener en cuenta a quienes no tienen la condición de jubilados a través de una relación de dependencia. Habría que ver cuántos son porque, en realidad, no lo sabemos. En primer lugar, tendríamos que ver si estos números son ciertos; como mis datos son oficiosos, no tengo la certeza de que lo sean.

Quienes ganan hasta $ 1.250 integran el tramo que recibirán el beneficio a partir del 1º de enero de 1998, es decir, dentro de dos años y medio. En esa fecha, el número de beneficiarios subiría por encima de los 100.000. Naturalmente, hay que realizar los cálculos sobre las bases que se tienen que, por cierto, son muy endebles. No hay duda de que todo el tiempo en que rija el beneficio de salud para el primer tramo -o sea, para 30.000 ó 32.000 jubilados- la contribución de ellos con el 3% y de los demás pasivos con el 1%, será extraordinariamente superavitaria con relación al egreso; es decir, va a sobrar dinero. De acuerdo con uno de los datos que poseo, existen 351.000 jubilaciones, de modo que al aportar cada uno de ellos el 1% se está logrando una suma de $ 85:000.000 anuales que, por su parte, tendría un costo de alrededor de $ 60:000.000 o $ 62:000.000 por año. Obviamente, hay un excedente; en lugar de haber pérdida, hay ganancia, porque el 3% y el 1% comienzan a regir a partir del 1º de enero de 1997, según establece la disposición legal. Al respecto, creo que el principio de conceder a los jubilados -especialmente a quienes carecen de recursos- un beneficio de este tipo, es una actitud loable que, como ya he dicho, compartimos. En ese sentido, vuelvo a recordar que en estos últimos diez años, en más de una oportunidad, hemos tratado de llevar adelante iniciativas de esta naturaleza que, lamentablemente, nunca pudieron consagrarse.

En definitiva, pienso que este beneficio no puede otorgarse en base a una redistribución de ingresos entre los propios jubilados. Sencillamente, pienso que se trata de una enormidad que el financiamiento se obtenga de esa forma.

Como agregado a esta argumentación, quiero decir que se castiga de nuevo a los jubilados al hacerles aportar un 1% más. Cuando se votó la Ley de Ajuste Fiscal y se estableció el incremento del Impuesto a las Retribuciones Personales preguntamos -y en aquel momento no tuvimos respuesta- si el cálculo del Indice Medio de Salarios, por el cual se ajustan las jubilaciones, no se vería afectado por la caída que sufriera el salario en virtud del mencionado gravamen.

Recuerdo, inclusive, que las propias organizaciones de jubilados no nos pudieron dar una respuesta en ese momento, porque no lo sabían; pero tampoco se nos dio una respuesta clara por parte de los asesores del Gobierno. Planteamos un pedido de informes, cuya contestación tenemos en nuestro poder luego de haber transcurrido tres meses -y no atribuyo responsabilidad por esta tardanza a los funcionarios involucrados- desde el momento en que lo formulamos. En efecto, lo que se nos dice en la respuesta es que la aplicación del impuesto a los sueldos afecta el Indice Medio de Salarios, porque se calcula sobre la retribución líquida y no sobre la bruta. Por lo tanto, al afectarlo hace caer el proceso de ajuste de las jubilaciones.

Repito que castigamos a los jubilados en determinados tramos, porque le incrementamos el Impuesto a las Retribuciones Personales, pero también lo hacemos porque, a través del mecanismo de cálculo del Indice Medio de Salarios, sus jubilaciones caen en una proporción similar. No he calculado cuánto significa esto, porque hay que tener en cuenta la masa salarial y efectuar un conjunto de operaciones que, como soy simplemente un aficionado y no un especialista en los números, no he podido hacer. Ahora, para financiar algo muy loable, volvemos a aplicar un impuesto a los propios jubilados.

Me parece que, tal como está estructurado esto, no es de justicia votarlo, puesto que traba el ejercicio de la democracia. ¿Por qué? Porque liga este beneficio a la posibilidad de que el pueblo pueda pronunciarse, o no, sobre las bondades, o no, de algunos capítulos de esta Ley, lo cual no me parece bueno. Por el contrario, entiendo que esto es muy malo.

Por otra parte, considero que no está nada bien que se financie con una redistribución del ingreso que afecta a los jubilados. Hay otras fuentes de recursos. Por ejemplo, se podría haber agudizado la imaginación y haber dispuesto que todo aquel cuyos ingresos en el país se constatara que superan los 30 Salarios Mínimos Nacionales por año contribuyera para que los jubilados más carenciados pudieran recibir su pasividad. Sin embargo, se optó por otro mecanismo.

Creo que la disposición se comenta por sí sola. Personalmente no voy a acompañarla porque no me parece que ayude a que efectivamente podamos atender a un sector tan importante, ya que el procedimiento es malo y las condiciones políticas y jurídicas que se han articulado son aún más negativas.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: se han planteado algunas preguntas sobre estos tres artículos del Proyecto de Ley -en particular, en torno a la primera disposición puesta a discusión- que refieren a la generación y a las condiciones de derecho a la cuota mutual establecidas en la propuesta que en su momento elevamos y que posteriormente fue recogida por el Poder Ejecutivo en su totalidad.

Pienso que nos hubiéramos ahorrado algunas de las inquietudes remitiéndonos a la versión taquigráfica de las sesiones de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda, puesto que allí están contestadas esas interrogantes.

¿Cuántos son los jubilados de menores recursos a quienes comprende este seguro de salud? Hasta mayo de este año son 103.116 y se calcula que para cuando comiencen a regir estas disposiciones, es decir a partir del 1º de enero de 1997, la cifra va a oscilar entre 110.000 y 120.000. Repito que estamos hablando de jubilados de menores recursos; no se trata de las personas que tiene más dinero, sino de la gente más carenciada.

Se dice que aquí están incluidos los dependientes y los no dependientes, y que el artículo discrimina. Es cierto, porque la disposición discrimina hacia el futuro; pero hacerlo hacia el pasado resulta muy difícil ya que no hay forma de discriminar y, por lo tanto, todos quedarán comprendidos en la causal de dependencia, según la información que quien habla posee.

¿Por qué, en una primera instancia, los no dependientes no recibirán este beneficio? Porque debemos tener en cuenta los fictos de los patrones, sector que no nos parece sea el de los más carenciados ¿Qué pretendemos? Hacer llegar, repito, este seguro de salud a los más carenciados. Sería magnífico poder contemplar a todos; pero se trata de no olvidar, de atender y dar una mano a quienes más necesitan, para que puedan salir adelante.

Reitero que estamos hablando de más de 110.000 personas y de que en el futuro se empezará a discriminar a los no dependientes. En principio, este seguro de salud se implementa con estos tramos y ojalá luego -si la experiencia nos da la razón- podamos incorporar otras franjas de jubilados.

Se dice que con esto se va a ahorrar. De la versión taquigráfica de las sesiones de la Comisión surge que los integrantes del Gobierno han señalado que en el primer año habrá un pequeño superávit de U$S 4:000.000 y que en el segundo Rentas Generales tendrá que contribuir con un monto que oscila entre U$S 15:000.000 y U$S 20:000.000 anuales. Al mirar las cifras nos damos cuenta de algunas razones. Por ejemplo, quienes están dispuestos a otorgar el beneficio en la medida en que esté financiado. Nosotros determinamos una financiación primaria para un sector de ingresos conformado por alrededor de 40.000 jubilados, pero luego nos pareció injusto que sólo ellos se vieran contemplados por este beneficio. Ocurre que cuando llegamos al segundo tramo, es decir, el de 110.000 jubilados, nos encontramos con que no había financiación y que la única forma de cubrir esta erogación era, según el Poder Ejecutivo, que el propio Proyecto de Ley equilibrara sus cuentas -dando así muestras de sensibilidad al conjunto de la población- para que la sangría, el déficit descomunal que viene avanzando año a año se corte y el beneficio pueda pagarse. Es obvio que cuando se plantea este tipo de propuestas hay equilibrios que se tienen que mantener porque si no los respetáramos el beneficio sería inviable.

Se ha manejado la hipótesis de un plebiscito; si ello ocurre, estaremos a lo que resulte de la decisión soberana. No obstante, quien habla cree que es bueno que hoy, lo antes posible -y lo que hemos logrado lo antes posible es el 1º de enero de 1997, es decir, seis, siete u ocho meses después de implementada la Ley- se comience a dar este tipo de beneficio a la gente más carenciada, la más humilde, la que menos tiene y a la que siempre debemos recordar. No podemos pasar por alto que en el año 1998 agregamos otra franja. Me decía el señor Colotuzzo -no pretendo decir que esté de acuerdo con estos artículos- que en 1950, junto a José D'Elía, se comenzó a reivindicar el seguro mutual para los trabajadores, cosa que en principio se logró sólo en algunas ramas. De la noche a la mañana no se implementó el seguro mutual para todos los trabajadores; repito que se comenzó por algunas ramas de la actividad y ello causó sudor, esfuerzo y muchos jornales. Nos decía el señor Colotuzzo que lograr determinados beneficios lleva décadas y no un minuto o un año, y que el hecho de incluir la cobertura de la cuota mutual para los sectores de menores recursos, más allá del modo en que la estamos implementando -repito que no estoy involucrando en esto al representante de los jubilados- en el Directorio del Banco de Previsión Social es un avance sustancial.

¿Cuántas leyes se han criticado en este Parlamento, a veces por pedir más, y luego la propia Ley fue mucho más allá de lo que uno pensaba? ¿Cuánto se criticó la Ley de Vivienda del año 1968 -presentada por Senadores ilustres- porque pedía más recursos, y más adelante, a lo largo de los años, vimos que la misma generó un desarrollo humano y social maravilloso?

Creo que en este caso existe una buena implementación. Se me podrá preguntar por qué se unen estos artículos. El propio contador Davrieux lo explicitó -y consta en la versión taquigráfica- que los tres artículos constituyen en todo; de lo contrario, no lo compartiría el Poder Ejecutivo. Creemos que esta propuesta debe contar, en primer lugar, con iniciativa del Poder Ejecutivo -por eso no está incorporada al Proyecto original- y, en segundo término, con los votos del Parlamento. No se puede negar que para que se apruebe este beneficio es necesario contar con una mayoría. Ojalá se hubiera implementado antes; todos nos deberíamos cuestionar en ese sentido. Quizás -como dijo el señor Senador Gargano- nos faltó imaginación para llevarlo a cabo antes o para lograr un mejor proyecto. De todas formas, creo que se garantiza el seguro mutual a aquellos sectores más carenciados. Además, es una señal para la sociedad, en el sentido de que cuando se elabora un Proyecto de Seguridad Social donde se ajustan algunas normas no se pierde la sensibilidad que sí se perdió en otros países con iniciativas de esta naturaleza.

No pretendo contestar las distintas inquietudes que han planteado algunos señores Senadores. Pienso que aquí se inaugura el seguro mutual para los jubilados que, dentro de 7 ó 10 años, se va a ampliar para muchos, aunque habrá que buscar una financiación que esté acorde al beneficio que se dé. En ese sentido, todos tendremos que actuar con responsabilidad y con sensibilidad.

Por supuesto que cada uno es libre de votar el Proyecto. En lo personal, me siento muy orgulloso de que esta iniciativa contenga, entre otras cosas, este carácter de sensibilidad para los sectores más carenciados de la población. Además, quiero destacar que su implementación requirió una gran imaginación para lograr las mayorías que se necesitan para sacar adelante este Proyecto de Ley.

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Quiero hablar como Presidente de la Comisión de Salud Pública, pero no en su representación, ya que este tema no ha sido tratado en ese ámbito.

Percibimos que se ha tratado un problema muy trascendente en la asistencia médica del país. Nuestra Comisión, que está integrada por los dos únicos médicos que hay en el Senado, ni siquiera ha sido notificada de estos artículos que van a contemplar la asistencia mutual de 100.000 jubilados.

Hemos dedicado muchos años al tema de la salud, como gremialistas, como médicos, como gente identificada con los sectores más desprotegidos y creemos que a pesar de no ser los mejor formados tenemos algún conocimiento del tema. De cualquier manera, pensamos que estas disposiciones deben ser votadas en forma afirmativa, ya que van a permitir que 100.000 jubilados -los de menores ingresos- cubran su asistencia médica -este aspecto lo comentaremos más adelante- en el ámbito del mutualismo.

Quiero señalar que lo que se está tratando en el día de hoy, que seguramente va a ser aprobado por el Senado y que contó con el visto bueno del señor Ministro de Salud Pública, Doctor Alfredo Solari -del cual tengo la mejor de las impresiones como técnico en el área de la salud- es interpretado como un beneficio que se va a otorgar al sector de los jubilados. Si partimos de la base de que estamos aceptando que se va a otorgar un beneficio a 100.000 jubilados por el hecho de salir de un ámbito asistencial público -nos referimos al sector que está comprendido por debajo de los 2,5 Salarios Mínimos Nacionales, y que accede al carné de pobre, en el área del Ministerio de Salud Pública- tácitamente estamos admitiendo que el Ministerio de Salud Pública tiene carencias notorias para brindar asistencia médica en el país.

Esto no nos sorprende, porque lo hemos denunciado reiteradamente. Luego de diversos estudios, demostramos que el área de la salud pública es muy ineficaz, y ello está vinculado a la menor incidencia del gasto de salud que el área pública destina a ese sector.

Al aceptar que las fallas del sector público son notorias -ya que se va a premiar a este sector de jubilados con una asistencia de mejor calificación- quiero hacer una aclaración en el sentido de que el área pública asiste aproximadamente a la mitad de la población más desprotegida del país. Cuando se habla de que estamos haciendo un esfuerzo de solidaridad para dar cobertura a 100.000 afiliados, olvidamos que hay alrededor de 1:000.'000 de ciudadanos, de los sectores más desprotegidos, que cobran menos de 2,5 Salarios Mínimos Nacionales; son los que tienen carné de pobre, los que viven en los cantegriles y los que han quedado sin cobertura de DISSE, luego de vencido el Seguro de Desempleo, y quienes no van a tener más remedio que seguir asistiéndose en Salud Pública o en el Hospital de Clínicas.

Por lo tanto, creo que este no es un concepto solidario. Pienso que esta gente no va a tener otra alternativa que quedar rehén de una situación económica que la va a obligar a seguir asistiéndose en el área pública.

Estimo que aquí están en juego aspectos filosóficos muy de fondo que hacen a lo que entendemos por solidaridad. Hemos denunciado reiteradamente que el sistema asistencial en el país es una mesa con dos patas: una larga y una corta; es una mesa en la cual hay un sector eficiente, que invierte aproximadamente el doble que el Ministerio de Salud Pública, y un área pública totalmente carenciada. Eso lleva a que la salud tenga dos calidades diferentes.

Desde el punto de vista de la solidaridad, este fenómeno nos conmueve profundamente, porque percibimos en los hospitales la miseria, la falta de alimentos para los enfermos, la carencia de sábanas y medicamentos. Hoy estamos hablando de que tenemos un Hospital de Clínicas que precisa un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para reciclarse totalmente, ya que las carencias -que han sido reiteradas en los presupuestos- han llevado a que este centro asistencial sea una estructura no funcional. El préstamo que está tramitando el Gobierno a través de la Facultad de Medicina alcanza la suma de U$S 80:000.000.

En este aspecto, quiero decir que mantuve reiteradas conversaciones con el señor Colotuzzo, en las cuales esbozamos un plan de trabajo para el Hospital de Clínicas, hoy deteriorado, con el esfuerzo del Estado y del sector de jubilados, se le inyectara una suma de dinero que permitiera su remodelación, otorgando la posibilidad de que este núcleo de pasivos tuviera en ese Hospital una asistencia decorosa con los mejores técnicos del país.

De acuerdo con algunas manifestaciones del Contador Davrieux, hemos comprobado que lo que se va a destinar a salud, con este modelo asistencial que hoy estamos considerando, está en el entorno de los U$S 42:000.000, lo que representa la mitad de lo que va a insumir la remodelación completa del Hospital de Clínicas.

Quería hacer estas manifestaciones, porque me parece que no se está analizando integralmente el tema cuando se hacen cálculos en el sentido de que alrededor de 100.000 jubilados tendrán una cobertura médica financiada.

Además, el financiamiento que el sector de jubilados está dispuesto a hacer -por medio del 3% de sus jubilaciones- por partes iguales junto con el Gobierno significa U$S 20:000.000. Si tenemos en cuenta que esos U$S 40:000.000 pueden servir para remodelar la mitad del Hospital de Clínicas, al aceptar la alternativa que se propone, estaremos dando una mala solución.

Por otro lado, existen algunos elementos adicionales. Por ejemplo, ¿cómo se realiza el financiamiento? El sector de menores ingresos, es decir, el que percibe menos de $ 1.050, va a aportar el 3% de sus asignaciones mensuales para financiar el gasto de salud? Eso significa U$S 10:500.000 anuales. Por su parte, el resto de los jubilados va a aportar otros U$S 10:000.000.

Debo decir que no he leído las versiones taquigráficas de la Comisión, pero me pregunto si no se estudió este tema o no se hizo un modelo de simulación donde un jubilado que percibe $ 1.050 tiene que acceder a la mutualista, sacar un ticket médico y retirar, en promedio, dos medicamentos, lo que significa alrededor de $ 155, o sea, el 10% de la asignación de ese jubilado. En definitiva, ese pasivo al que teóricamente se le da una cobertura médica, en la práctica no va a poder acceder a la mutualista, porque el precio del ticket le va a imponer severas restricciones.

Además, existe una contrapartida de esta situación. ¿Qué le va a significar a las instituciones mutuales tener que asistir a 100.000 personas que tiene más de 60 años de edad? En este sentido, hay que tener en claro las cifras que el propio Ministerio de Salud Pública ha brindado que señalan que el 20% del consumo de las instituciones de asistencia médica colectiva son generados por este sector.

Quiero recordar -el señor Senador Posadas Montero me lo hacía notar- la situación que se dio en 1995, cuando cerraron siete instituciones de asistencia médica colectiva. Las mismas habían tomado un perfil poblacional que implicaba que el paciente anciano, al no poder cambiar de mutualista, quedaba de rehén de una institución determinada. Las mutualistas que van perdiendo competitividad quedan con una masa poblacional envejecida y un número congelado de funcionarios, lo que lleva a un desbalance entre los gastos y los ingresos que se perciben por la cuota mutual. Por esa razón fue que cerraron siete instituciones mutuales. Como consecuencia, hubo que generar una capacidad de asistencia para esa masa de población que quedó sin cobertura médica. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, con sensibilidad -el Ministro Solari fue quien lo hizo- decidió que esa gente fuera admitida por el resto de las instituciones mutuales. Esto generó que el financiamiento se hiciera con un surplus adicional, recargado en las cuotas.

Si hablamos de solidaridad, también debemos tener en cuenta que existen 1:500.000 afiliados al sistema mutual que van a tener que financiar por mayores costos la asistencia mutual de este sector de jubilados.

Entonces, cuando se dice que sería magnífico que este beneficio fuera para todos, debemos pensar en aquellos que quedan en el área pública porque no tienen otro remedio.

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CID. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Los datos que aporta el señor Senador Cid ayudan a que el Senado tenga más elementos a la hora de aprobar o rechazar esta iniciativa. Sin embargo, me pregunto si es justo que un trabajador -porque estamos hablando de jubilados, es decir, de trabajadores- aporte durante toda su vida activa a la mutualista -que a través de DISSE la puede cambiar- para que cuando se jubile -que es el momento en que más la necesita- no la tenga.

Es cierto que este sistema va a implicar un mayor costo; pero si sirve para replantear todo el tema de la salud, en la medida en que disponemos de un año ¡bienvenido sea!

Reitero mi interrogante en cuanto a si es justo que alguien financie a la mutualista cuando está relativamente sano o en las mejores condiciones para que cuando se jubila ésta le cierre las puertas en la cara. Entonces, la variable de ajuste no pueden ser los jubilados, y mucho menos los de menores recursos. Además, en la medida en que se encuentran en DISSE, tendrían la posibilidad de no estar cautivos en una mutualista.

Por otro lado, sé lo que cuestan los medicamentos y la cuota mutual. Una persona que está trabajando -y la jubilación tiene que ver con el trabajo- de alguna forma está pagando sus medicamentos, aunque el aumento de precio los hace de más difícil acceso, pero creo que los niveles de asistencia en la mutualista son mejores, inclusive, si se da el caso de una operación. Existe una serie de bondades, aunque pueda haber algún defecto.

A partir de ahora me comprometo a replantear este tema en la Comisión de Salud Pública y encontrar soluciones globales. Lo que no quiero es que el jubilado quede atrapado, porque cuando termina su vida activa no tiene una mutualista y si la tiene, por medio de un esfuerzo de su familia, no la puede cambiar. Estimo que por medio de DISSE tiene derecho a una mutualista y a no quedar cautivo en la misma.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID. - El señor Senador Michelini, con extraordinaria sensibilidad, ha planteado este tema que es muy importante para el país.

De acuerdo con el razonamiento expuesto, sigo pensando que en este modelo asistencial que tiene el país hay una gran iniquidad, porque existen dos niveles de asistencia: el de los pobres y el de aquellos que pueden pagar la cuota mutual -y no hablo de los ricos- que, en promedio, alcanza a los U$S 42. También es cierto que puede haber habido una contribución a través de DISSE al área de la asistencia médica mutual, que se pierde al acceder a la jubilación.

Asimismo, debemos reconocer -como me lo hacía notar el señor Senador Couriel- que no todos los empleados ni todos los trabajadores -y me refiero al área pública- tienen cobertura asistencial a través de DISSE. Entonces, lo que hay que procurar son modelos de equidad donde la asistencia pública sea competitiva con el área privada. Esos U$S 42:000.000 anuales deberían ser vertidos a las estructuras asistenciales públicas para elevar su nivel.

Por otro lado -y lo digo con el máximo respeto- el señor Senador Sarthou presentará un proyecto en el que pretenderá ampliar la cobertura a los pensionistas. En una rápida estimación, se puede calcular que tendrá un costo de U$S 250:000.000 al año. Esta suma es, aproximadamente, la que invierte el Ministerio de Salud Pública en la asistencia médica del país. Por lo tanto, estaríamos duplicando la asignación del área pública, permitiéndole alcanzar un nivel de competitividad con el área privada.

Pienso que este tema se ha estudiado y se ha propuesto con sensibilidad, tratando de darle una solución que a mi modo de ver no es buena, porque no es solidaria, es despareja, no atiende a los problemas de fondo y va a seguir insistiendo con un concepto que cada día se extiende más y es que aquél que se asiste en el área pública porque no tiene otra posibilidad está anhelante y angustiado por tratar de salir de esa estructura asistencial, porque sabe que en el momento que necesite recurrir al hospital, éste le va a proporcionar una mala cobertura. Con esta resolución que hoy adoptamos estamos ratificando y consolidando el concepto de que el área pública es insuficiente.

Señor Presidente: quiero que nuestros hospitales, que brindan sus servicios a los sectores más desprotegidos de la población, tengan un nivel de calidad asistencial adecuado. Entendí necesario expresar todas estas razones aquí, en el Plenario, y si bien no lo digo con molestia, sí pensando en que este tema se manejó en forma un tanto desprolija, ya que hubiese sido conveniente haber citado a la Comisión de Salud Pública a fin de habilitar otro ámbito de discusión.

A pesar de todas estas objeciones, señor Presidente, personalmente me siento muy motivado a votar este artículo que da cobertura a cierto sector de la población.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - En principio, señor Presidente, nosotros pensamos que no son los más carenciados quienes dependen del Banco de Previsión Social, porque también lo son los pensionistas y este Proyecto de Ley toma en cuenta solamente a los jubilados. Incluso, a nuestro juicio, los pensionistas están en peor situación que estos últimos. Por consiguiente, consideramos que la solución tiene que ser global y es muy relativo el hecho de empezar a distinguir entre más o menos carenciados. El jubilado que gana $ 1.200 evidentemente vive con su familia, porque con ese ingreso a ningún hombre le alcanza para vivir. En realidad, también es carenciado el que percibe $ 1.500 o $ 2.000. ¿Dónde establecemos el tope de los más o menos carenciados en un nivel de ingresos de ese tipo y con el sistema y costo de vida actual? Creo que ese es un elemento que está teñido de relatividad.

Tal como decía el señor Senador Cid, no van a poder pagar ni los «tickets» de los medicamentos. Se podrá argumentar que peor es dejar la situación tal como está; lo que sucede es que nosotros pensamos que debería tratarse de una situación global que implicara recursos. A mi entender, los de Salud Pública con muy inferiores a los que establecía el señor Senador Cid. Entonces, esta aplicación parcial deja situaciones muy angustiosas sin resolver y no se puede decir que atienda a los más carenciados.

Por otro lado, me parece que el señor Senador Michelini trae a colación, erróneamente, los casos que planteó como ejemplo, en los que, inclusive, citó al señor Colotuzzo. He vivido la formación de todos los sectores de salud y no existía ninguna idea de discriminación; era para todos los comprendidos en cada rama. Cuando los militares dictan la Ley Nº 14.407, lo hacen porque había 17 seguros de salud sectoriales. Insisto, cada seguro sectorial atendía a todos; el CHAMSEC cubría a todos los trabajadores de la construcción porque el sentido sindical era solidario y no restrictivo. Fueron creciendo porque eran demandas de los trabajadores que se enfrentaban con la patronal, buscaban soluciones e instalaron las tripartitas. Repito, ese no debe ser un ejemplo para señalar que estaba regido por un criterio parcializado desde el inicio.

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARTHOU. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Lo que dice el señor Senador Sarthou es correcto; eran ramas de actividad. Lo que quise expresar -y si no quedó claro lo ratifico- es que no se trataba de todos los trabajadores sino que, como ya dije, abarcaba a cada rama de actividad y en cada una de ellas, sí, a todos los trabajadores. Ellos lucharon por su rama de actividad y no dijeron a la patronal que si no se tomaba en cuenta a todos los empleados privados no se atendería a ninguno. En un primer momento, el seguro comenzó siendo para una rama de actividad, luego se fueron agregando otras, hasta que se globalizó. Ahora sucede algo similar; comenzamos con los sectores más carenciados y no para todos. Debemos observar cómo funciona este mecanismo y cómo se financia. Personalmente, creo que se va a ir ampliando en la medida en que existan los recursos y se utilice la imaginación para buscar la financiación adecuada.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - No es exacto lo que dice el señor Senador porque había una decisión general de la CNT y se fueron realizando según los factores de resistencia; la idea era generalizarlo y luego se propagó en todos los gremios. Entonces, si bien se fueron concretando de a poco, nunca se pensó que, como objetivo, debía ser parcializado. Siempre se pensó que el principio de la salud debía abarcar a todos los trabajadores.

Por consiguiente, lo único que se puede responder a nuestro planteo es lo relativo a los recursos necesarios. A nuestro entender, habría que discutir si es verdad que no los hay o si los recursos de la comunidad se vierten en buena forma. Cuando decimos que no hay que rebajar los aportes patronales estamos poniendo un ejemplo de ello. La ley de ajuste fiscal le dio U$S 135:000.000 a la industria manufacturera y se habla de continuar rebajando. Habría que ver de qué manera generamos los recursos con otra política económica que cree fuentes de trabajo. Personalmente, no sé qué disminución de recursos implicará en el Banco de Previsión Social este sistema de transformar en empresas unipersonales que van a aportar por un ficto. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que no hay más recursos? ¿Con qué criterio nos manejamos? ¿Es con un criterio fotográfico de cómo está encarado el tema en la actualidad?

El señor Senador Cid hablaba de aspectos que tienen que ver con la Salud Pública, que es uno de los temas que el país aún no ha resuelto. Como Senador de este país, cuando veo por televisión la cara de una niña que pide dólares para operarse con el fin de poder seguir viviendo, siento que no estoy cumpliendo con mi deber. En esos casos, me pregunto qué tendría que hacer, como Senador, para que ello no sucediera. Se trata de un drama que estoy seguro lo sienten todos los que están en este Cuerpo. ¿Cuánto tendríamos que volcar de la comunidad al Fondo Nacional de Recursos para no tener que ver eso? Dentro de cincuenta años, alguien pensará «que barbaridad, tenían que vivir de la caridad para hacerse una operación al corazón». Sin embargo, es honesto reconocer que ante un planteamiento que efectué al Director del Fondo Nacional de Recursos éste respondió muy bien. Lo que sucede es que no podemos basarnos en soluciones individuales, sino que debemos ir al tema de fondo, esto es, el de la salud global.

Por lo expuesto, cuando observamos una solución parcializada como ésta, notamos que se prolonga el desamparo en vez de buscar la solución total. Ha quedado claro, entonces, que no habrá recursos en la medida en que se mantenga el «statu quo». La solución consistiría en pensar que ese gasto debe ser prioritario.

Recuerdo que los otros días el señor Ministro de Salud Pública anunció que dentro de tres años se hundirá el sistema mutual. Como abogado de la FUS viví todo lo que fue la desfinanciación de las mutualistas. Fue un terrible proceso, pero no debemos olvidar que el mutualismo le dio un apoyo increíble al Estado ya que le permitió no volcar ciertos recursos en un rubro que constituye uno de sus deberes, como es atender la Salud Pública. Lamentablemente, ahora deberá hacerlo porque, repito, el mutualismo está en crisis.

Estas son razones que nos llevan a pensar que es relativa la afirmación de que peor es nada. En cierta forma, esto nos retrasa y crea una sensación de discriminación entre los propios pasivos que aparece como injusta ya que no alcanzo a comprender qué diferencia tiene quien gana $ 1.050 con quien percibe $ 1.500. Podrá argumentarse que siempre hay que establecer un límite pero, a mi juicio, ello es muy relativo porque el concepto de carenciado no puede depender de ese monto.

Por otra parte, cuando presentamos el texto sustitutivo no ha sido por una concepción personal, sino que recoge lo planteado por la Organización Nacional de Jubilados cuando concurrió a la Comisión.

El planteo no es tan absurdo porque implica seguir aportando igual que en DISSE. Esa es una fuente importante, ya que los trabajadores aportan el 3% a DISSE y tienen cobertura. El texto que presenté con la compañera Senadora Arismendi y otros Senadores para promover la solución que había propuesto la Organización Nacional de Jubilados se basa, justamente, en mantener la aportación del 3%. Actualmente, con el salario tan deteriorado, no sé qué tan grandes pueden ser las diferencias.

Existía una financiación y se proponía la transferencia de partidas de Salud Pública que, lógicamente, implicaría la asistencia del Gobierno, pero lo que estamos manejando es el bien fundamental que el Estado debe prestar. Creo que, antes que la salud no hay nada en los cometidos de cualquier Estado democrático. ¿Cómo podemos decir que no vamos a dar la asistencia financiera necesaria para completar la cobertura del 3% que seguirán aportando los jubilados? Me parece que es algo muy difícil. Se nos podría decir que es quimérico plantearlo. No lo creemos así. Hay posibilidades de aportación y se ha planteado un proyecto. Creemos que eso es mucho más justo que una solución parcial que, evidentemente, no va a buscar los caminos de solución global del tema.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Desde la primera vez que tuve noticias de este Proyecto me llamó la atención que se estableciera una vinculación -que todavía sigo sin entender o, por lo menos, no le encuentro una explicación lógica- entre un beneficio que aquí se otorga y el funcionamiento de, al menos, una de las Administradores de Fondos de Ahorro Previsional.

Podría plantear muchas tesis o hipótesis acerca de por qué se ligan estas dos cuestiones, pero en un razonamiento con sentido común no existiría ninguna explicación. ¿Por qué para que esto funcione tiene que estar en marcha por lo menos una de las Administradoras del Fondo de Ahorro Previsional? ¿Qué quiere decir esto? ¿Queremos mostrar que nuestro objetivo principal, al proyectar esto, es que existan estas entidades? Me parece un disparate, pero quizá es así. De pronto los que lo entienden de esta manera, piensan que estoy disparatando al sostener esa tesis.

¿Significa que es tan exitoso un sistema que tenga operando empresas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, que son las que van a permitir solventar la salud para 47.000 ó 100.000 personas? Eso se cae por su propia base, porque basta que una esté funcionando. No creo que se tenga una confianza tan grande en la eficacia de un sistema que utilice estas empresas, como para que baste que una de ellas esté operando para que se dé un beneficio.

Me sigo planteando cantidad de hipótesis. Una de ellas es decir que vamos a «dar» el beneficio. El verbo «dar» se ha usado muchas veces y significa que se va a consagrar el beneficio pero, a cambio de ello, quienes lo plantean deben tener en cuenta que tendrán que aceptar la existencia de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. Esto es un toma y daca de soluciones, que algunas veces puede ser muy grueso y otras, constituir el fruto de negociaciones políticas perfectamente legítimas, que se dan cuando hay recíprocas concesiones entre distintas personas o sectores.

Me permitiría rechazar todas estas hipótesis. Realmente, ninguna colma mi menguado sentido de la lógica. Creo que acá existe cierta semejanza con algo que constaba en la Ley de Empresas Públicas o ley para negociar algunas empresas públicas. Como todos recordarán el caso más notorio y el que generó mayor oposición fue el de ANTEL. Es un Organismo que hoy día se ufana -creo que con buenas razones- de contar con los medios más sofisticados, tales como los teléfonos móviles, distintos tipos de cables, etcétera. En algún momento se dijo: «O vendemos el 51% de esta empresa o no vamos a tener ninguno de los adelantos que existen en el mundo». Ahora los tenemos; la empresa no se vendió y dio más de U$S 90:000.000 de ganancias. Me parece que la mitad de esa deba y sobraba para cubrir la asistencia necesaria. He oído que las ganancias ascendieron a unos U$S 94:000.000, pero no recuerdo si el cálculo se basó en el llamado año civil o en un período especial de un balance más largo que se hizo.

Recuerdo que en la Ley -de la que felizmente fueron derogados los cinco artículos más importantes por un Plebiscito- había un artículo que establecía que el producto de la venta de estas empresas públicas se iba a destinar a mejorar la salud y a hacer escuelas. También recuerdo haberme preguntado: ¿Para qué estará puesto este artículo? Lo está para que los que quieren que haya más escuelas y mejore la salud voten la Ley, la acepten y no la impugnen. Creo que el pueblo fue muy sabio, porque le permitió al país no sólo conservar el patrimonio de ANTEL y otras empresas que hubieran «marchado» si la Ley no hubiera sido impugnada, sino tener un ingreso de fondos muy grande. El Tesoro Nacional se ha nutrido. Como es sabido, una parte muy importante de las ganancias de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados va a parar al Tesoro Nacional, a la cuenta del Gobierno Central que, en general, es manejada por el Gobierno Nacional, principalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas con la aquiescencia del Presidente de la República y, particularmente, de algunos Ministros, no siempre de todos. Había que vender esas empresas para poder tener más escuelas y mejorar el sector de la salud. Confieso que aquí veo una especie de reproducción en pequeño de esto. Este es un artículo de una Ley y, seguramente, tiene una inspiración humana al decir que se buscaría la manera de asistir en lo que respecta a la salud a un grupo de gente. Pero, a mi juicio, allí había algo mucho más grave. Existía un desprendimiento de parte del patrimonio nacional, una renuncia a ganancias que se sabía que esas empresas daban. El Estado no sólo se desprendía de ese patrimonio, sino también de las ganancias que en el futuro darían las mencionadas empresas y ¡vaya si las siguen dando! «Mutatis mutandi» se me aparece esta ligazón tan indispensable, tan insoslayable, entre el beneficio aquí establecido y el hecho de que por lo menos una de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional esté operando y que tanto los regímenes de jubilaciones como de financiación previstos por la presente Ley se encuentren vigentes. ¿Qué quiere decir esto?

Esto significa que si un día todo el Parlamento, todo el país, el 85% o el 90% del pueblo afirma en un plebiscito que este sistema de financiación no le agrada y que prefiere otro y todos los partidos políticos se ponen de acuerdo en cambiarlo, cesa este beneficio en forma automática. Entonces, me pregunto por qué existe una ligazón tan importante. ¿Qué es lo que se quiere decir? Me parece que no se quiere este beneficio o, en caso contrario, se impone al beneficiario que acepte todo lo que figura en la Ley.

En lo personal, tengo que interpretarlo así. No me atrevo a usar la palabra chantaje, aunque sé que todos dicen que no me atrevo pero igual la digo; no obstante, lo reitero, no me atrevo a utilizarla. Quiero decir, concretamente, que la traducción lógica de esto es que si se desea que los jubilados que ganan muy poco obtengan un beneficio, hay que votar la Ley, y si no se desea aprobarla, no habrá beneficios para estos jubilados. Para mí esto es así y tengo que manifestarlo.

En consecuencia, señor Presidente, mi respuesta es muy sencilla: no voto la Ley y tampoco el beneficio porque, en definitiva, no será muy serio. Como explicaba mi compañero de Bancada el señor Senador Cid, este beneficio consistiría en que tuviéramos una salud pública mínimamente correcta a fin de que estas personas que tienen derecho constitucional fueran asistidas gratuitamente. Recuerdo que es nuestra Carta Magna la que les otorga este derecho a la asistencia gratuita, en virtud de que son indigentes. Sí; pienso que quienes ganan $ 1.000 son indigentes. En cambio, aquí se pretende cobrarles poco, pero cobrarles al fin, lo que no está de acuerdo con la Constitución. Me consta que algunos afirman que ando invocando permanentemente la Constitución y debo constatar que, humildemente, trato de protegerla. En este caso, ella afirma que los indigentes tienen derecho a la asistencia gratuita por parte del Estado y éste no la brinda porque, en algunos casos, el servicio que presta es una desgracia. Esto he podido comprobarlo personalmente a raíz de testimonios muy dolorosos como el de una pariente llegada del interior con su cadera fracturada, quien para lograr la operación en la asistencia pública debió esperar dos meses y medio. Al respecto, quiero decir que tuve que contactarme con jerarcas de la administración de la salud para solicitarles que apuraran el trámite, cosa que no acostumbro a hacer. En esta oportunidad me vi en la necesidad de actuar de esa manera a fin de que hicieran algo, pero parece que no se podía y en definitiva esta operación que estaba diagnosticada desde un primer momento, debió esperar durante dos meses y medio. Felizmente la señora se encuentra bien. Pero, reitero, eso no es asistir sino una falta de asistencia. Estas personas son indigentes y todavía se les va a cobrar.

Creo, señor Presidente, que por más que se diga que se trata sólo de un 1% debemos tener en cuenta qué significa contar con una jubilación de $ 1.050 o de $ 1.500. Se está estableciendo un impuesto más, que desde el punto de vista político es emblemático. En este Proyecto de Ley se dispone que para dar asistencia mutual a estas personas no se puede extraer recursos de otro lado -recientemente el señor Senador Gargano me decía que equivale a $ 90:000.000 anuales- lo que me parece una inhumanidad.

Por otro lado y tal como se explicó, todo esto deteriora el aumento porcentual de las jubilaciones, que la Constitución establece debe ser equivalente al de los funcionarios públicos. Reitero, esto lo dice la Constitución guste o no guste. Casi todo el mundo apoyó ese agregado al artículo 67 de la Constitución y posteriormente, se le ha buscado la vuelta para disminuir su alcance de alguna forma. Crear un impuesto a las jubilaciones es una manera de lograr que el aumento no sea equivalente al de los funcionarios públicos. Voy a hacer una alusión política aunque la persona en cuestión no se encuentra presente en este momento, y aclaro que es un comentario elogioso. El Doctor Jorge Batlle soportó un costo político fuerte, pero dijo que a él ese artículo no le gustaba. Muchos no se animaron a decirlo a fin de no pagar ese costo político grande y después han tratado de ingeniárselas poniéndole un impuesto a las jubilaciones y, de alguna manera, violentando esa norma o incluir aquí a los propios beneficiarios que ganan esa cantidad. Con toda claridad quiero decir que quienes propusieron esto lo hicieron con la intención de resolver un problema que afecta a un grupo de gente que por sus ingresos se encuentra en una situación muy angustiosa, pero la solución es, en mi opinión, poco sincera, adolece de fallas constitucionales y, además, desde el punto de vista de la justicia, no me convence.

En líneas generales, esas son las razones por las cuales voy a votar en contra.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: voy a ser breve porque creo que a esta altura del debate lo más importante es acelerar la aprobación de esta iniciativa.

En primer lugar, pienso que no es malo lo que Uruguay ha hecho, con particularidades muy propias, por medio del sistema mutual con respecto a la autogestión y a la cogestión. Es un fenómeno raro en el mundo y que vale la pena destacar. Naturalmente, tiene problemas. En algunos lugares es posible que falte competencia y se haya constituido un oligopolio; en otros, seguramente, existen entidades con dificultades económicas. Pero, también es cierto que ha sido un mecanismo casi autóctono -aclaro que no lo es en sus raíces pero sí en su desarrollo- de un sistema no sólo mutual y cogestionario sino también prepago, por más que en los últimos años hayan surgido algunas dificultades que hayan disminuido este último carácter. En lo personal, pienso que no es malo dar la señal de que, en última instancia, el ideal consiste en que todos lleguemos a una igualdad en el tratamiento de la salud. En ese sentido, si existe un sistema que funciona, que se ha abierto camino entre la gente porque la propia gente lo ha construido. ¿qué razón tenemos para no votarlo?

En segundo término, quiero decir que estamos traspasando un grupo etáreo significativamente costoso y que, tal como decía el señor Senador Sarthou siempre se han buscado grupos heterogéneos en cuanto a las edades y los riesgos, lo que puede generar alguna dificultad financiera a las prestaciones del servicio.

En tercer lugar, todavía quedan importantes grupos de funcionarios que no están incluidos en este mecanismo como son, básicamente, los de la Administración Central, de la ANEP y de los organismos del artículo 220 de la Constitución. Sería muy bueno avanzar en ese sentido.

Por último, señor Presidente, adhiero a mi propia convocatoria en el sentido de ser breve a fin de votar esta iniciativa.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Señor Presidente: ya se ha dicho casi todo sobre este tema, por lo cual sólo me resta plantear algunas reflexiones que no implican ningún razonamiento muy profundo. Simplemente, deseo dejar sentada la opinión de mi sector.

Sinceramente, debo señalar que al comienzo del tratamiento de este Proyecto de Ley -recuerdo que ya lo dije en el Senado- me pareció que realmente se innovaba y se introducía una mejora sensible de orden social al procurar encontrar una solución para un grupo -no es más que eso- de jubilados, a fin de que puedan estar afiliados a las mutualistas.

Debo reconocer que después de escuchar a la señora Senadora Arismendi y al señor Senador Sarthou, comprendo que es un poco equívoco un Proyecto de Ley de esta naturaleza reconociendo el derecho sólo de un grupo de gente, cuando se deben respetar a todos por igual, me refiero a aquellos que padecen necesidades.

Luego de oír lo expresado por el señor Senador Cid, debo decir que quedé convencido de que a este artículo no hay que votarlo. Su razonamiento de tipo moral y social me convenció; no reflexiono sobre el hecho de que al final de su exposición, haya señalado que va a votar esta disposición. Supongo que él tendrá una serie de argumentos a favor del artículo, que no expresó.

A su vez, debo decir que me llegaron muy profundamente los argumentos brindados por el señor Senador Korzeniak, y quizás éste sea el «pero» que suele encontrarse en lo que respecta a algunas cuestiones. Si vamos a hacer una concesión de orden social altamente importante a un sector carenciado de la población, como son los jubilados, me pregunto por qué les vamos a cobrar, es decir, por qué vamos a rebajar sus ingresos. ¿Y por qué vamos a hacer descender aun más la pasividad a quienes otorgamos ese beneficio, y menos a quienes por poco más se encuentran más allá de ese límite colocado en forma arbitraria aunque realista porque, en definitiva, se debe tener en cuenta para lo que puede alcanzar el dinero realmente?

Todos los argumentos brindados crean, realmente, dificultades. Si las analizamos, llegamos a la idea de que se está considerando un Proyecto de Ley que no debería ser tratado en este momento. Esta iniciativa se refiere también a la salud pública del país, que es tan importante, o tal vez más, que la seguridad social.

Recuerdo que hace aproximadamente diez años, a inspiración de Wilson Ferreira Aldunate, los entonces Legisladores del Partido Nacional presentamos un Proyecto de Ley, que debe encontrarse ahora archivado, si es que no ha sido quemado.

SEÑOR CID. - Eso está todo documentado, señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Eso es muy satisfactorio porque este Proyecto tendía a crear un seguro nacional de salud, que podía ser modificable. Por otra parte, no discriminaba en franjas a la población estableciendo que las personas que poseyeran hasta determinada cantidad de ingreso podían acceder a tal o cual tipo de servicio de salud. Se debe reconocer que la salud pública constituye un grave problema y una gran responsabilidad para quienes el pueblo ha dado la oportunidad de integrar el Parlamento. Entonces, debemos ver si somos capaces o no de crear un sistema de salud que funcione realmente. Tal como han dicho algunos señores Senadores, aquí estamos decretando públicamente que la salud pública no sirve para nada, que a los más desgraciados, a los que tienen menores recursos, les tenemos que otorgar un beneficio especial para que no se asistan en salud pública, porque no son tratados como seres humanos o, por lo menos, con la debida atención. Que el Parlamento diga esto es terrible, de una gran responsabilidad, ya que se gastan, anualmente, más de U$S 200:000.000 en salud pública.

Quien habla es un hombre del interior, no se puede referir a Montevideo, porque no conoce mucho, pero sabe que en los otros departamentos del país todavía se presta una atención adecuada en Salud Pública, de forma tal que muchas personas, especialmente los empleados públicos -que son los que, en general, están peor remunerados- han dejado de pertenecer a las sociedades médicas, debido al alto costo que ello implica, pasando a atenderse en dependencias de Salud Pública, con general satisfacción de su parte. Esto les permite disponer de los ingresos que perciben, de acuerdo con sus prioridades.

También es cierto que en muchos hospitales del interior del Uruguay se atienden a pacientes de mutualistas privadas con plena satisfacción. Entonces, me pregunto qué vamos a hacer con los jubilados del interior del país. ¿Los vamos a enviar a Montevideo o vamos a continuar atendiéndolos como hasta ahora? ¿Y todavía les vamos a cobrar para que continúen atendiéndose del mismo modo, como lo han hecho hasta este momento? En fin; esta cuestión genera muchas dudas.

Además, según algunos técnicos, esto puede destruir o desfinanciar a muchos sistemas mutuales. Tal como aquí se ha dicho, la edad avanzada determina un mayor costo en la atención de la salud; también es sabido que los jubilados que están esperando que los atiendan en una institución privada, quieren que se les brinde todo aquello que no se les da en Salud Pública, por ejemplo, medicamentos suficientes. Hoy en día, salud pública no carece de buenos médicos, de equipos ni de hospitales más o menos bien instalados, por más que se hagan notar los casos del Hospital de Clínicas y del Instituto de Traumatología.

Reitero que estos elementos hacen surgir ciertas dudas sobre lo limitado de esta iniciativa que, en principio, aprobamos como una conquista social. Creo también que, prácticamente, estamos haciendo lo mismo que el avestruz: escondiendo la cabeza. Sabemos que la situación en Salud Pública es mala, que gastamos más de U$S 200:000.000 anuales en esta área -lo que constituye un importante porcentaje del Producto Bruto Interno- pero dejamos que las cosas sigan tal como están; de a poco, vamos resolviendo algunos aspectos, esperando que mejoren las cosas. Cuando alguna mutualista privada se desfinancie, entonces veremos si la podemos ayudar un poco con fondos de Rentas Generales o le permitimos que no pague al Banco de Previsión Social; en materia económica, cuando faltan los recursos la noria siempre da vuelta por el mismo lado.

Debo decir que si bien, en principio, creo que es bueno, me parecería mucho más beneficioso que se hiciera llegar rápidamente un proyecto de ley en el que se tratara el tema de la salud, brindándose una cobertura nacional con criterio de universalidad, sin privilegios ni gente con dificultades para atender su salud. Por supuesto que siempre existe la posibilidad, para quienes cuentan con recursos suficientes, de elegir el especialista o el lugar donde desean ser internados en caso de una intervención quirúrgica. Sin embargo, un Parlamento de ninguna manera puede desconocer que el derecho a una salud eficiente, total y universal, lo tienen todos los ciudadanos del país, y en esto todos estamos de acuerdo.

SEÑOR HEBER. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARAT. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Señor Presidente: estimo que esta iniciativa está siendo muy bien discutida por el Senado de la República y que se ha reflexionado de manera importante. Hay algunas opiniones que son de recibo y otras que no lo son como, por ejemplo, la del señor Senador Korzeniak. No deseo agraviar a quien ha sido el impulsor de estos artículos, que lo ha hecho con la mejor de las intenciones y tratando de buscar beneficios de carácter social. Sin embargo, tenemos la duda -y a ello se dirigió la reflexión que el Senado realizó en el día de hoy- de si efectivamente se puede lograr dicho beneficio.

Recuerdo que cuando quien habla fue electo Legislador por Rivera, la Intendencia Municipal de dicho departamento -a cargo del señor Martín Padern- había otorgado a algunos de sus funcionarios el beneficio del pago de la cuota mutual. Quizá con la misma intención del señor Senador Michelini, propuse que se hiciera extensivo a todos los funcionarios, porque el régimen proyectado era optativo y la Intendencia le pagaba la mutualista a algunos, pero no a todos. La respuesta fue simple y sencilla; se nos dijo que el funcionario obrero no tenía capacidad para sustentar los costos extra que implicaba la atención mutual, es decir, órdenes y tickets de medicamentos que, con su sueldo, no podía solventar. Este razonamiento fue de recibo; me pareció inteligente que el señor Intendente hiciera optativo el sistema y que el obrero tuviera la posibilidad de afrontar los costos que significa la cuota mutual, si contaba con alguna entrada extra de dinero proveniente de otro trabajo.

Por estas razones, debo manifestar que con respecto a estos artículos siento el mismo temor.

Frente a esta iniciativa -que no discuto en su intención, y que votamos junto con el señor Senador Posadas Montero para facilitar que fuera consultada al Poder Ejecutivo, el que, si estaba de acuerdo, enviaría un Mensaje, lo que así sucedió- nos queda la duda de si no estamos ocasionando un mal a los jubilados que se encuentran en esta franja. A quienes actualmente no tienen capacidad de pago les quitaremos el 3% de aportes, pero de todos modos no tendrán la posibilidad de usar la mutualista, aunque el Estado se las pague, porque no cuentan con recursos suficientes para abonar los tickets u órdenes para médico o para cualquier servicio y terminarán atendiéndose en instituciones dependientes del Ministerio de Salud Pública. Me pregunto cómo serán admitidos, porque no sé si será suficiente con que tengan carné de asistencia. De todos modos, ¿lo tendrán? Digo esto porque si el Estado abona su cuota mutual, supongo que les dará de baja en cuanto a lo que es la atención que brinda el Ministerio de Salud Pública.

Todos estos aspectos configuran dudas que nos hemos planteado. De todas maneras, entendemos y compartimos la buena intención que impulsan estos artículos, pero temo que estemos haciendo un mal mayor a quienes en definitiva queremos ayudar. Me pregunto si, justamente, no estaremos rebajando la jubilación a un sector que no cuenta con capacidad de pago para sostener los costos de la atención mutual.

Se nos dice que debemos proyectar un sistema nacional de salud, y creo que por ese camino estamos encarando mejor el tema que mediante estos artículos. Por otro lado, el señor Senador Atchugarry manifiesta que tendríamos que pagar la cuota mutual a los funcionarios de la Administración Central para que, en definitiva, también cuenten con este derecho.

(Suena el timbre indicador de tiempo.)

-Termino en breve, señor Presidente.

Por todo esto parecería claro que existe una voluntad, de parte de los interesados, de ingresar al sistema privado; en definitiva, lo que planteamos es la privatización de la Salud Pública. No me parece mal que así se haga, porque no debemos temerle a este término. Lo que se pretende es que todos los funcionarios de la Administración Central del Estado, e incluso, si se puede, todos los jubilados del país, pasen a la asistencia privada.

Creo que todo esto debemos enmarcarlo en un Proyecto de ley que abarque todo lo que tiene que ver con la salud pública de nuestro país, previendo también lo que haremos con respecto a los hospitales y realizando una globalización que va mucho más allá de estos tres artículos propuestos.

Estimo que todas estas dudas planteadas son razonables y es por eso que no acompañaremos con nuestro voto las disposiciones presentadas. No tenemos la certeza de estar brindando un beneficio, por lo cual preferimos abstenernos o no votar lo que de alguna manera puede llevar a algo que significaría una carga en lugar de una asistencia, aunque sabemos que esta no es la intención de quienes presentan esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT. - Gracias, señor Presidente, pero ya he finalizado mi exposición.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Deseo anunciar que votaremos afirmativamente esta iniciativa que extiende un beneficio equivalente al de DISSE a una cantidad de aproximadamente 110.000 ó 120.000 jubilados. Una de las razones por las cuales lo hacemos es que creemos que para que los beneficios sociales que apruebe y organice nuestra sociedad sean equitativos deben basarse en criterios de focalización y selectividad. Estimamos que la pretensión de universalidad hace mucho tiempo que en el mundo significa, en definitiva, recortar beneficios para todos. A nosotros no nos duelen prendas en concentrar beneficios en aquellos sectores de la población que más los necesitan, por lo que defenderemos la focalización y la selectividad como criterios de asignación de recursos en políticas sociales y en debates que aspiramos sean públicos y que no cuenten con ningún tipo de enfrentamientos o rencores.

En síntesis, pienso que la sociedad debe plantearse si los pocos recursos que tiene los va a utilizar con pretensiones de universalidad -que termina no siendo tal- o si, por el contrario, los destinará, con sabiduría, a mejorar la equidad y a generar oportunidades para los sectores que naturalmente no las tienen.

No considero que sea éste el momento para discutir en el Senado el enfrentamiento entre el criterio de focalización y selectividad y el de universalidad, como fundamentos técnicos de asignación de recursos en el área de política social. Simplemente deseo dejar sentado que votaremos esta iniciativa inscribiendo los razonamientos que nos llevan a ello dentro de los criterios de focalización y selectividad.

Por otra parte, debo aclarar que la pretensión de esta iniciativa es que se establezca la continuidad entre lo que se tiene durante la actividad y lo que se tendrá en la pasividad, en el caso de aquellos jubilados de menores recursos. Se aduce que un jubilado que percibe $ 1.050 no puede pagar el costo de tickets y órdenes. Si esto fuera cierto, tampoco podría haberlos pagado como activo, el mes anterior, cuando tenía el recibo de DISSE y ganaba sólo un poco más. Todos conocemos las tasas de reemplazo que hay a la fecha, y la diferencia de ingresos entre pasivo y activo no nos parece el factor decisivo para no poder acceder a estos beneficios.

Por otro lado, si algún ciudadano del interior de la República considera que el servicio que obtiene en las policlínicas y hospitales públicos es de mejor calidad, puede optar por ellos y no tiene por qué sentirse obligado a acogerse a este beneficio. En este caso, pagará el 1% en lugar del 3%.

Se ha dicho también que se produciría un desequilibrio que las instituciones como consecuencia del ingreso de altos consumidores de servicios que, de alguna forma, distorsionaría la demanda de prestaciones y alteraría los costos. Pero no estamos hablando de 100.000 ó 110.000 ancianos que no disponían de este beneficio el mes anterior; simplemente, estamos tratando de darle continuidad -por lo menos a una buena parte de ellos- a trabajadores activos que tenían el recibo de DISSE y que lo pierden al pasar a la situación de jubilados. Por lo tanto, habiendo podido elegir trabajadores que empiezan a percibir la prestación no contributiva de la pensión a la vejez -que en alguna circunstancia, sean de menores ingresos- optamos por quienes tenían un beneficio y lo pierden. Por eso, señor Presidente, decimos que esta es la aplicación del principio de focalización y selectividad, para mantener un beneficio a algunos trabajadores.

También se ha hecho una referencia sobre lo público y lo privado. Creo que el espacio de lo público en el Uruguay incluye al Ministerio de Salud Pública y a las instituciones de asistencia médica colectiva organizadas en la modalidad del prepago. Estas instituciones son públicas, aunque no estatales, y administradas en régimen de derecho privado y son una contribución uruguaya a los valores democráticos de la cultura.

Cuando decimos que en este Proyecto de Ley estamos intentando introducir una nueva forma de pensar las políticas sociales, expresamos que, a nuestro juicio, las mutualistas y las modalidades que los ciudadanos del interior han ideado para atender a los ancianos, constituyen sin lugar a dudas, un sistema que enriquece la oferta en el espacio de lo público. Por lo tanto, debemos dedicarnos al perfeccionamiento de esta suerte de oferta. No podemos caer en la tentación de decir que si apoyamos el modelo mutual estamos desatendiendo el modelo de asistencia pública. ¿Cuántos de los trabajadores del Hospital de Clínicas que pueden elegir entre atenderse en ese centro o en una mutualista- a lo que tienen derecho por ser funcionarios de la Universidad de la República- optan por hacerlo en el lugar en que están trabajando?

¿Por qué nos negamos a darle opciones a la gente? ¿Por qué a un trabajador que tiene la opción de atenderse en una mutualista de su elección, en Montevideo o en aquellos lugares del interior donde existen, debemos obligarlo a que lo haga en la asistencia médica pública estatal?

Nosotros apostamos a una nueva forma de organizar este régimen y para ello estamos dispuestos a invertir recursos adicionales situados en el orden de los U$S 15:000.000 o U$S 20:000.000, en la expectativa de que el sistema de seguridad social o la reforma previsional que estamos planteando a futuro recaude más. Es decir que pretendemos extender los beneficios y, además, reducir el desfinanciamiento, lo que, entre paréntesis, constituye la razón por la cual decimos que su permanencia está atada a que el sistema se reforme. Si esto no ocurre, no vamos a poder sostener este beneficio.

El Reglamento de esta Cámara prohibe atribuir malas intenciones, y el chantaje constituye una de ellas. Me siento agraviado porque se utilice esa expresión en lo que puede constituir una legítima diferencia de opinión y, como tal, estoy dispuesto a rebatirla, pero no como atribución de malas intenciones.

El señor Ministro Solari, en su visita a la Comisión, manifestó que está trabajando con las instituciones del sistema mutual y con las estatales para que el 8% del Producto Bruto Interno que el país gasta en salud sea mejor utilizado. En ese sentido, nos ha dicho que pretende darle al sistema uruguayo de salud una nueva configuración, que aspiramos permita un mejor empleo de aquello que está en el ámbito de lo público, como lo que depende del Ministerio de Salud Pública, de ASSE y también del sistema mutual. Deseamos que todo esto sea racionalmente reprogramado dentro del espacio público y que también se abran posibilidades para la iniciativa privada que muchos de nosotros, quizás, preferimos no usar pero igualmente deben integrar la lógica opción de los ciudadanos. Ese sistema deberá organizarse sobre la base de prestaciones mínimas e igualar oportunidades, que es el verdadero concepto de la equidad. Si apoyar estos principios y discutirlos en el Parlamento significa modificar lo que estamos aprobando, lo haremos, pero mientras tanto tengo la conciencia muy tranquila de que este Proyecto de ley sirve, ya que dará la oportunidad a 110.000 ciudadanos de este país, en el momento en que se jubilen, de continuar beneficiándose con una prestación de salud de la que ahora disponen, sobre la que tienen control y un algo grado de libertad.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Sin duda, este articulado, que viene con iniciativa del Poder Ejecutivo, tiene objetivos que todos podemos compartir.

La posibilidad de que los jubilados tengan una cuota mutual es un reclamo correcto de ese sector que todos deseamos resolver de una u otra manera.

Este articulado nos genera una enorme cantidad de dudas. Es cierto que no siempre se puede universalizar. Evidentemente, el país tiene una deuda en materia de salud, que debería ser resuelta por un sistema nacional. Sin embargo, muchas veces se vuelve imprescindible priorizar algunos sectores con respecto a otros. Pero en este caso, se crea el beneficio por franjas; por un lado, quienes perciban hasta $ 1.050 al 1º de enero de 1997 y por otro, quienes reciban hasta $ 1.250 a partir del 1º de enero de 1998.

Se ha dicho que abarca solamente a los trabajadores dependientes para evitar que también sean comprendidos los patronos, que pueden -tal vez no sea así- tener menores necesidades de ingresos. Sin embargo, tampoco están incluidos los trabajadores independientes, que seguramente en una proporción muy importante deben percibir jubilaciones mínimas. A estas personas les vamos a cobrar un 1% y no les vamos a conceder la cuota mutual.

También se ha mencionado que los trabajadores que perciben este beneficio por medio de DISSE, cuando se jubilan, dejan de tenerlo; sin embargo, este no es el caso de los jubilados estatales, que nunca lo tuvieron.

Se ha dicho que en la prioridad podrían estar los pensionistas. Aunque el objetivo sea tratar de resolver el problema de un sector de la población, se plantea la duda de a quién realmente se está beneficiando y a quién no.

En segundo lugar, se plantea una situación muy difícil. Quien habla lo vive muy de cerca, ya que tiene una madre de 85 años y, como todos saben, a esa edad se requieren muchos medicamentos, para lo cual es necesario comprar tickets. Por supuesto que la jubilación de mi madre no le alcanza para pagar la cuota mutual ni los tickets que requiere mensualmente para adquirir sus medicamentos.

En ese sentido, surge otra duda acerca del mecanismo y la forma de resolver un problema real. Concretamente, me refiero a la financiación, en torno a la cual debemos distinguir dos aspectos. El primero, es qué se le quiere dar a los sectores más carenciados. Es necesario estudiar este tema. Al respecto, recuerdo que un amigo me comentaba que su señora es jubilada por la Ley Madre y gana menos de $ 1.050, por lo cual le van a conceder el beneficio de DISSE, siendo que no lo necesitaba. Puede haber muchos casos de este tipo.

El segundo aspecto es que tampoco nos convence sacarle el 1% a todos los jubilados.

Por otra parte, este Proyecto de Ley indica que el beneficio aquí establecido se generará y mantendrá a partir de la fecha mencionada, siempre que por lo menos una de las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales esté operando y los regímenes -tanto de jubilaciones como de financiación previstos por la presente Ley- se encuentren vigentes. Me pregunto a qué se refiere cuando habla de regímenes de jubilación y financiación previstos. ¿Qué sucede si cambia la Ley? ¿Entonces qué aspectos de la Ley quedarían vigentes y cuáles no? ¿Qué parte valdría del régimen de financiación y cuál no? Es tan ambiguo y general que, en un momento determinado, se podría interpretar que la cuota mutual no rige más porque cambiaron los regímenes de financiación y de jubilación vigentes.

Se ha preguntado por qué aparecen las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales. Cuando se trató el tema de las inversiones de los Fondos de Ahorros en Comisión, le preguntamos a los representantes del Poder Ejecutivo dónde pensaban invertir, dónde estaban los sueños, qué país se estaban imaginando. Concretamente, quisimos saber cuál sería el destino de esas inversiones. Asimismo, preguntamos por qué se le daba hasta el 30% a Títulos del Banco Hipotecario del Uruguay; si pensaban hacer viviendas y si éstas tenían más predominio que otros sectores. Aunque no tengo a la vista la versión taquigráfica correspondiente, recuerdo la respuesta que nos dio el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Contador Davrieux, por quien siento un profundo respeto, a pesar de tener ciertas discrepancias con él. Contestó que, primero, querían dar a Títulos del Estado hasta el 60%, preguntamos por qué «a Títulos del Estado». Nos indicó que por esa vía se podrían financiar los déficit de la seguridad social del sistema de reparto. Por otra parte, también manifestó que se daba hasta el 30% a Títulos hipotecarios provenientes del Banco Hipotecario, porque éste tenía dos tipos de descalce: recibe en una moneda y presta en otra; recibe dinero a corto plazo y presta a largo plazo. Entonces, si se le otorgaban Fondos Previsionales, se resolvían estos dos descalces que se transforman en problemas financieros para la Institución. Esa fue la respuesta. En esa ocasión -reitero que siento un profundo respeto por el Contador Davrieux- reflexioné acerca de la visión de país que tenían los representantes del Poder Ejecutivo; estos eran los sueños del futuro país. Cuando pensamos en ahorros previsionales, también lo hacemos en el mediano plazo y en las inversiones. Los sueños parecen ser resolver el déficit fiscal y también el problema financiero del Banco Hipotecario.

Quizás en este sentido pueda encontrarse la respuesta de la vinculación de «las Administradoras de Fondos que estén operando».

Por otra parte, debo indicar que hago mías muchas de las expresiones del señor Senador Cid, quien hizo referencia a lo que es el sistema de salud y a los requerimientos de esta Ley relacionados con los del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para atender la situación del Hospital de Clínicas.

Me pregunto por las necesidades de la población. Tengo en mi poder un cuadro que surge del trabajo de la Encuesta de Hogares, en el que figura la proporción de la población urbana con derechos adquiridos para el cuidado de la salud pública, según grandes áreas y grupos de edades para el año 1992. Entre los derechos adquiridos para el cuidado de la salud figuran las instituciones de asistencia médica colectiva, por afiliación individual o por DISSE, el Ministerio de Salud Pública, otros públicos y privados y también quien no dispone de ningún mecanismo de resguardo para atender su salud. Entre las personas mayores de 60 años, aparece un 3,4% y de 14 a 19 años, figuran un 10,6%, o sea tres veces más. De 20 a 24 años, totalizan un 10.7%.

Al ver esto, comienzo a preocuparme. Está bien atender a los jubilados; pero si observamos el conjunto de la sociedad nos daremos cuenta de que los que más requieren tener cubierta su salud son los niños y los jóvenes. En este último caso, me refiero a las franjas comprendidas entre 14 y 19 años y 20 a 24. Estos son los que no tienen ninguna cobertura para resolver su problemática.

Con respecto a los vinculados al Ministerio de Salud Pública, los mayores de 60 años, constituyen un 25%, pero los menores hasta 13 años totalizan un 42.9%; de 14 a 19 años, son el 39,4% y de 20 a 24 son el 26,2%. Por lo tanto, el número de personas jóvenes que se asisten en Salud Pública es mucho más que el de los mayores de 60 años.

Reitero que me parece bien estudiar y analizar este tema y, por supuesto, dar una solución a los jubilados. No discuto el objetivo sino el medio que se utiliza. De pronto, nos preguntamos si estos 100.000 jubilados más no tienen ninguna cobertura mutual. ¿Se atienden todos en Salud Pública? Si así fuese, ¿las mutualistas privadas están en condiciones de recibirlos? Soy socio del Sindicato Médico del Uruguay que fue un ejemplo hace décadas atrás. En la Legislatura pasada, en la Cámara de Representantes, realicé un agradecimiento público a esta Institución por la forma en que atendió a mi esposa en situaciones muy difíciles. Pero también sabemos cuántas carencias, dificultades y problemas existen en las mutualistas privadas. En este sentido, me pregunto si podrán las mutualistas privadas recibir a 100.000 jubilados más o si será necesario, de pronto, otorgar más recursos para que puedan atenderse mejor en el propio Ministerio de Salud Pública. Digo esto porque, sin ninguna duda, las carencias en este Ministerio son extremadamente importantes.

Asimismo, me surge la duda en el sentido de si, de aprobarse esta iniciativa, no nos quedaremos con capacidad ociosa en el Ministerio de Salud Pública. Me refiero a si, en los hechos, no estaremos trasladando a usuarios que están mal atendidos en un sector a otro, el del mutualismo, donde quizá estén en la misma situación, ya que no está en condiciones de recibirlos.

Formulo este planteo a modo de interrogante e insisto en que no lo estoy afirmando; simplemente, manifiesto una preocupación que me obliga a pensar y a reflexionar sobre un tema que hay que resolver, porque debe otorgarse cobertura a los jubilados. Ese es su reclamo y pretendemos contemplarlo. Por eso me pregunto si no será necesario estudiar con mayor profundidad de lo que lo estamos haciendo mediante ese articulado que viene del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º de este proyecto aditivo que pasa a ser 187 del definitivo.

(Se vota:)

-22 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - No obstante el hecho de que este es un Proyecto de Ley dentro de otro y de que tiene tres artículos, vaya este breve fundamento de voto al servicio de los tres.

Creo que hemos tenido una discusión muy rica en el Senado, en la que los distintos colegas que han intervenido han aportado elementos de juicio de mucho peso. En consecuencia, simplemente quiero dejar constancia de nuestro voto afirmativo, tal como lo adelantó el señor Senador Cid, que fue uno de los que aportó elementos de juicio muy sólidos a esta discusión.

Estamos convencidos de que en el marco de un panorama sumamente conflictivo para la salud, del cual se han señalado componentes inocultables, que no son de ayer, sino que se arrastran en el país desde hace mucho tiempo y sin perjuicio de que, como lo ha propuesto tantas veces el Frente Amplio, pensamos que algún día en Uruguay tendrá que tener un servicio de salud serio y muy bien estudiado, con alcance universal, para toda la población.

A nosotros nos parece que esta medida que se está incluyendo en este Proyecto de Ley está inspirada en el hecho de poner a disposición de los más desamparados una herramienta o una posibilidad más. Y esa gente, que es la que no tiene nada en vida -si es que se puede llamar vida a lo que viven- necesita, por más críticas que podamos hacer a todo lo que está vinculado el tema que estamos discutiendo, todas las herramientas que se le puedan dar, precisamente porque es la que menos tiene para defenderse.

En la convicción de que éste es un instrumento adicional al servicio de esos desamparados, como aquellos sujetos a los que refieren estas iniciativas que estamos considerando, es que nosotros hemos dado nuestro voto afirmativo, lo cual no significa desconocer ni dejar de compartir muchas afirmaciones críticas que aquí se han hecho y mucho de los objetivos de mediano y largo plazo que se propusieron. En mi humilde opinión, este país tiene que darse cuenta de que en éste, como en tantos otros problemas, el análisis crítico de la situación que tenemos no puede llevarnos a dejar de efectuar propuestas que por parciales que sean mejoren un poco la problemática existente. El Uruguay tiene una abundante cantidad de ejemplos en los que por llegar a una supuesta perfección, que vive postergando, ha renunciado a herramientas -sin duda parciales y con problemas- útiles en relación a aquellos a cuyo servicio se disponen.

Por todo lo expuesto, es que hemos votado afirmativamente esta propuesta.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay es una institución seria y me voy a permitir leer las líneas de la propuesta en torno al tema de salud de los jubilados. Dice así: «Extender los alcances de la cobertura de salud que el Banco de Previsión Social brinda a los Trabajadores activos, a los Jubilados y Pensionistas dependientes del citado organismo. El financiamiento provendrá de un aporte equivalente al 3% de sus haberes. La diferencia no financiada se compensará a través de transferencias de las partidas presupuestales del Ministerio de Salud Pública hasta un monto igual al costo de la actual atención a Jubilados y Pensionistas que no tienen cobertura. Si fueren necesarios más recursos éstos deberán surgir de medidas de racionalización administrativa de la atención de la Salud Pública y Privada».

Esto se recogió en el texto sustitutivo que hemos presentado a la Mesa y que figuraba en nuestro Proyecto de Ley.

Por otro lado, quiero señalar cuáles son los verdaderos gastos en Salud. En el Ministerio de Salud Pública se gastan entre U$S 170:000.000 y U$S 179:000.000; en el Ministerio del Interior U$S 20:000.000; en el Ministerio de Defensa Nacional U$S 25:000.000; en la Universidad de la República U$S 30:000.000 y en Intendencias de Montevideo y el interior, así como en ANCAP U$S 50:000.000, lo que totaliza la suma de U$S 305:000.000.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º del proyecto aditivo que pasa a ser el 188 del definitivo.

(Se vota:)

-22 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º del proyecto aditivo que pasa a ser el 189 del definitivo.

(Se vota:)

-22 en 30. Afirmativa.

La Mesa aclara que se presentaron algunos artículos sustitutivos, pero al entenderse que son incompatibles con el texto aprobado, simplemente se transcribirán y se dejará constancia de ellos en la versión taquigráfica.

SEÑOR GANDINI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GANDINI. - Debido a que nuestro sector tiene compromisos políticos que había contraído con anterioridad, formulamos moción en el sentido de que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 15.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería, además, dejar sin efecto la sesión de la mañana, dado simplemente que se sesionaría por una hora y dejaríamos sin efecto las Comisiones que coincidan en el horario de la tarde.

Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gandini.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

4) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 horas.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 14 minutos, presidiendo el doctor Hugo Batalla y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Hierro López, Irurtia, Mallo, Michelini, Olascoaga, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.)

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Don Carlos E. Moreira Director del Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.