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Nº 34 - TOMO 368 - 4 DE AGOSTO DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

33a. SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL LICENCIADO HUGO FERNANDEZ FAINGOLD Presidente en ejercicio
y los DOCTORES AMERICO RICALDONI Primer Vicepresidente
y WALTER R. SANTORO Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asunto entrado

4) Señor Presidente del Senado Doctor Hugo Batalla

- Comunica que ocupará interinamente la Presidencia de la República.

5 y 10) Integración del Cuerpo

- Los señores Bluth, Davrieux, Solari, Zerbino, Correa Freitas, Opertti, Bastón y la señora Reta comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
- Se integra al Senado el señor Senador Alvario Bentancur, quien ya ha prestado el juramento de estilo.
- Se convoca al suplente respectivo, señor Néstor Andrade, quien presta el juramento de estilo declarándoselo incorporado al Cuerpo.

6) Sesión del Senado de la fecha

- Aclaración del señor Senador Pereyra.

7) Artículo del diario El Observador

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.

8 y 11) Régimen de Seguridad Social. Modificaciones. Proyecto de Ley

- Consulta del señor Senador Pozzolo acerca del régimen de trabajo.
- Aclaración de la Mesa.
- Continúa la discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores Senadores.

9) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Mallo, por el día de la fecha.
- Concedida.

12) Se levanta la sesión

- Se resuelve, por moción del señor Senador Pozzolo, continuar sesionando el próximo lunes 7 a la hora 15.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 3 de agosto de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana viernes 4, a la hora 14, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión particular del Proyecto de Ley por el que se introducen modificaciones al Régimen de Seguridad Social.

(Carp. Nº 198/95 - Rep. Nº 76/95 y Anexos I, II, III y IV)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andrade, Arismendi, Astori, Atchugarry, Bentancur, Bergstein, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Irurtia, Korzeniak, Michelini, Olascoaga, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Sanabria, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: el señor Presidente Doctor Batalla, en ejercicio de la Presidencia de la República; con licencia, los señores Senadores Andújar, Batlle, Hierro López, Mallo y Millor.

3) ASUNTO ENTRADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número está abierta la sesión.

(Es la hora 14 y 27 minutos)

-Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"Montevideo, 4 de agosto de 1995.

La Cámara de Representantes remite aprobado en nueva forma el Proyecto de Ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de cuarenta y cinco integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América a efectos de participar en los Ejercicios de Búsqueda y Rescate (SAR) entre el 10 y el 25 de setiembre.

-A la Comisión de Defensa Nacional".

4) SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO DOCTOR HUGO BATALLA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota del señor Presidente del Cuerpo, Doctor Batalla, recibida por la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente comunica que ocupará interinamente la Presidencia de la República".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 3 de agosto de 1995.

Señor Vicepresidente de la
Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Comunico a usted que desde el día 4 de agosto hasta el 5 de agosto inclusive asumiré la Presidencia de la República, debiendo asumir la Presidencia del Senado y de la Asamblea General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Constitución, el señor Senador Hugo Fernández Faingold.

Saludo a usted muy atentamente.

Hugo Batalla. Presidente".

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varias notas de desistimiento llegadas a la Mesa.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Elías Bluth, Ariel Davrieux, Alfredo Solari, Ricardo Zerbino, Ruben Correa Freitas, Didier Opertti, Carlos A. Bastón, y la señora Adela Reta, suplentes convocados, comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto".

-Léanse.

(Se leen:)

"Montevideo, 4 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Elías Bluth".

"Montevideo, 4 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a usted, que por esta única vez renuncio a la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular lo saluda atentamente,

Cr. Ariel Davrieux".

"Montevideo, 7 de julio de 1995.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a Usted que por esta única vez renuncio a la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular lo saluda a Usted muy atentamente,

Dr. Alfredo Solari".

"Montevideo, 4 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, renuncio a la convocatoria de que he sido objeto.

Lo saluda atentamente,

Cr. Ricardo Zerbino".

"Montevideo, 4 de agosto de 1995.

Señor Presidente del
Senado de la República
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Dr. Ruben Correa Freitas".

"Montevideo, 4 de agosto de 1995.

Señor Presidente del
Senado de la República
Dr. Hugo Batalla
Presente

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que ante la convocatoria para integrar ese Alto Cuerpo, declino por esta vez incorporarme al Senado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente y demás integrantes del Cuerpo, con mi más alta consideración y estima personal.

Dr. Didier Opertti Badán".

"Montevideo, 4 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración.

Por intermedio de la presente comunico a usted que por esta vez renuncio a la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular saludo atentamente.

Dr. Carlos A. Bastón".

"Montevideo, 4 de agosto de 1995.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, renuncio a la convocatoria de que he sido objeto.

Lo saluda atentamente,

Adela Reta".

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde convocar al suplente respectivo, señor Alvario Bentancur, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encuentra en Antesala, se le invita a ingresar al Hemiciclo.

(Entra a Sala el señor Senador Bentancur)

6) SESION DEL SENADO DE LA FECHA

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en el día de ayer se dio cuenta del acuerdo al que habían arribado los representantes de los distintos partidos políticos, con respecto a continuar trabajando en la tarde de hoy. Quien habla no quiso, de ninguna manera, entorpecer lo que había resuelto la mayoría. Antes de que se adoptara esa decisión, había manifestado a quienes presumiblemente iban a intervenir en esa decisión que, por razones para mí muy importantes, no podría asistir a la sesión de hoy. Como solución, indiqué mi voluntad de continuar trabajando, si era necesario, toda la noche. Sin embargo, no se adoptó este temperamento y, por lo tanto, he debido postergar, hasta donde me ha sido posible, una obligación que, si bien es personal y no debe esgrimirse cuando estamos desempeñando nuestra tarea, se trata de un deber de conciencia que no puedo eludir.

Entonces, desde ya deseo adelantar que sólo podré permanecer en Sala hasta las 19 horas, aproximadamente. Luego deberé retirarme porque, como ya lo he indicado, ello me resulta imperioso.

Por otra parte, deseo indicar que había dado mi opinión para la elaboración del mencionado acuerdo. No obstante, cuando se adoptó la decisión, no fui consultado. Soy consciente de que el Senado no puede modificar su trabajo para atender la situación de una o dos personas.

Muchas gracias.

7) ARTICULO DEL DIARIO "EL OBSERVADOR"

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - He solicitado hacer uso de la palabra, a fin de aclarar, muy brevemente, un asunto relacionado con las sesión realizada en el día de ayer. Se trata de una mera constancia que no tiene el carácter de un planteo de fueros, ni pretende requerir el pronunciamiento del Senado al respecto.

En el día de hoy, en la primera página del diario "El Observador" se expresa lo siguiente: "El tratamiento del proyecto de reforma de la seguridad social que fue aprobado en general ayer en el Senado, con los votos contrarios del Frente Amplio, acentuó las diferencias internas en la coalición de izquierda luego que el Senador socialista José Korzeniak se retirara de Sala cuando hacía uso de la palabra su colega Danilo Astori de Asamblea Uruguay". Reitero que esto figura en la primera página y fue reiterado en la tercera con grandes titulares.

Señor Presidente: siento mucho respeto por todos los periodistas, aun por los empresarios que se han dedicado al periodismo o por los periodistas que han incursionado en el ámbito empresarial. En "El Observador" hay un periodista cuyo nombre, francamente, no conozco y que se ha dedicado a mi persona con una falsedad similar a la que figura en esta edición, lo cual me obliga a efectuar esta constancia.

Deseo aclarar que al señor Senador Astori y a quien habla nos une, además de las coincidencias que derivan por el hecho de pertenecer ambos al Frente Amplio desde sus comienzos, una amistad personal que tiene sus orígenes en las épocas universitarias, ya sea en las etapas felices como en las infelices. Cuando hemos tenido alguna natural discrepancia, como suele suceder, siempre lo hemos debatido con una gran fraternidad. Esto es algo que saben todos los miembros de este Cuerpo. Incluso en los temas más ríspidos siempre mantuvimos esta costumbre. Por lo tanto, lo que se indica en este diario es totalmente falso.

Como se recordará, después que se había votado en general el Proyecto de Ley, en un momento las conversaciones informales me hicieron pensar, sin ninguna duda, que la discusión particular iba a comenzar en el día de hoy -tenía, además, la necesidad de cumplir insoslayablemente con un asunto personal y familiar- razón por la cual me retiré de Sala.

Me parece que la actitud de este periodista responde a la de una persona que tiene un subconsciente demasiado espasmódico. Ya una vez me dedicó una editorial atacándome, porque ante una consulta técnica que fue conocida y publicada -y él la tenía- indiqué que, según el artículo 79 de la Constitución las normas de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no podían ser objeto de referéndum y que las que no lo eran, sí podían serlo. Asimismo, señalé que eso era un dictamen jurídico que no alentaba ningún recurso.

No obstante eso, este periodista publicó una nota atacando. Quiero repetir que ese subconsciente espasmódico que tiene -no creo que se trate de su consciente- hace pocos días le hizo manifestarse más o menos admirado, con eufemismo, sobre las purezas raciales, tema muy bien abordado en el libro de Constantín Virgil Giorgiu "La hora 25". Seguramente, es un gran admirador de la raza aria pura, pero de todas maneras, señor Presidente, considero que no tiene derecho a mentir sobre los hechos ocurridos. Cuando emite su opinión -incluso las que se refieren a esos artículos- únicamente se trata de un problema de opinión. Eso lo respeto; pero este hecho es absolutamente falso.

Todos los que están aquí presentes saben que no me retiro de Sala nunca, ni aun por actitudes de otros partidos que no son el que integro, como es en este caso. De manera que, mi retiro de Sala no tiene nada que ver con ninguna discrepancia que hayamos podido tener con el compañero, tan digno y eminente integrante del Frente Amplio, señor Senador Danilo Astori.

Consideraré necesario hacer esta constancia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia se permite aclarar que en una foto tomada en las últimas horas de la noche de ayer y que publica el mismo diario, hay una cláusula que dice "los ojos del Senador están abiertos".

8) REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. Modificaciones. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Seguidamente, corresponde continuar con la discusión particular del Proyecto de Ley por el que se introducen modificaciones al Régimen de Seguridad Social.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: más allá -esto lo digo, simplemente, en forma anecdótica- de que la intención no fue esa, la semana próxima, sin ninguna duda, tendremos reacciones espasmódicas que van a dar lugar a planteos de fueros.

Quiero consultar a la Mesa sobre cuál es el régimen de sesión en que integra el Senado, es decir, a qué hora finalizará nuestro trabajo. Además, de acuerdo con lo que hemos venido sosteniendo de manera permanente, deseo aclarar que nuestro propósito es terminar con este tema lo más rápido posible. Me gustaría saber si la reunión de hoy está acotada por una hora, de manera de solicitar una prolongación o, de lo contrario, continuar en el día de mañana.

Por lo tanto, repito que quiero saber cuál es el régimen al que va a estar sometida esta sesión del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo a la moción votada en el día de ayer, el Senado se encuentra en sesión extraordinaria según el artículo 24 del Reglamento, y el artículo 27 establece que las sesiones extraordinarias durarán todo el tiempo que fuese necesario según lo disponga la Cámara.

Quiere decir que, en principio, esta sesión finalizará cuando concluya el tratamiento del asunto que está en el orden del día.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito la reconsideración del artículo 16, que fuera discutido en la noche de ayer. En caso de que se apruebe, explicitaremos los motivos de nuestra moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera el artículo 16.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en la noche de ayer este artículo fue interpretado de otra manera por algunos Senadores, entre los que me cuento. En lo que me es personal, no deseo privar a los docentes de los beneficios de la jubilación anticipada, que se puede provocar contra su voluntad.

En la sesión de ayer se dijo -y es rigurosamente exacto- que los docentes a los 25 años de trabajo deben someterse a un examen psiquicofísico. Si por una incapacidad, aunque sea momentánea, no se le renueva por cinco años más su nombramiento, se verá forzado a jubilarse sin haber llenado las condiciones establecidas en el Proyecto de Ley que tenemos a consideración.

En ese sentido, me parece que esta no ha sido la intención de nadie, pero de todas formas surge que si se anula en general la causal de jubilación anticipada, debe tenerse en cuenta que para los trabajadores de la educación -como acostumbra a llamarse a los docentes- puede ocurrir que contra su voluntad deban acogerse a la jubilación anticipadamente. Entonces, es necesario prever los beneficios de manera que no se les retaceen en virtud de las nuevas disposiciones de este texto.

Por las razones expuestas es que habría que salvar esta situación porque considero que es de entera justicia.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - A este tema me había referido en el día de ayer, cuando hice mi fundamentación de voto y manifesté -en el mismo sentido en que lo hizo el señor Senador Pereyra- una propuesta. La misma consiste en sustituir donde dice el artículo 16 "Derógase la causal anticipada establecida en el literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9", por "Derógase la causal anticipada establecida en el literal c, numerales 1), 2), 3) y 4) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9".

Esa sería nuestra propuesta, salvo que surja otra alternativa que contemple mejor este aspecto, respecto al problema por el señor Senador Pereyra.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Hemos conversado este tema con anterioridad con otros señores Senadores en la noche de ayer. Votamos la reconsideración de este artículo, pero lo que ocurre es que sabiendo que hay aditivos que se van a considerar posteriormente y por la obligación, que se debe entender que tenemos, de consultar al dueño de la iniciativa en esta materia, que es el Poder Ejecutivo, solicitamos -después de haber votado la reconsideración, con la mejor buena voluntad de resolver este problema- que se postergue la resolución sobre este punto y se nos dé un tiempo prudencial, de manera de poder realizar las consultas con el fin de ver de qué manera podemos solucionar este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa parece recoger consenso en cuanto a la postergación de este artículo y volveremos a considerarlo en momentos en que se haya concluido las consultas con el Poder Ejecutivo. En ese sentido, dejaríamos para ese entonces la solicitud de palabra del señor Senador Couriel.

Por lo tanto, recogeríamos ese criterio.

En consideración el Capítulo IV, artículos 21, 22 y 23.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 21. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial). El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

a) no menos de dos años de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente Ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

Para los trabajadores que tengan hasta 25 años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad.

b) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

c) Se haya verificado el cese en la misma.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma que los demás periódicos de inactividad compensada. Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el artículo 327, literal a), de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 22. (Condiciones para el mantenimiento del subsidio por incapacidad parcial). - Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, se establecerá el momento en que deberá realizarse el examen definitivo, así como si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos, practicados por servicios del Banco de Previsión Social o por los que éste indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia no justificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos, se constatare el cese de la incapacidad.

ARTICULO 23. - (Incapacidad parcial y edad mínima de jubilación). - Si la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual subsistiera al cumplir el beneficiario la edad mínima requerida para la configuración de la causal común, aquella se considerará como absoluta y permanente para todo trabajo, salvo que el beneficiario opte expresamente por reintegrarse a la actividad.")

-Si no se solicita el desglose de ninguna de las disposiciones, se van a votar los artículos 21, 22 y 23.

(Se votan:)

-23 en 28. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - No acompañamos estas disposiciones, porque rebajan derechos que ya tienen los beneficiarios. Por lo tanto, siguiendo la norma que nos hemos planteado, votamos negativamente estos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Capítulo V, artículos 24 y 25.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"ARTICULO 24. - (Beneficiarios). - Son beneficiarios con derecho a pensión:

a) las personas viudas;

b) los hijos solteros menores de veintiún años de edad y los hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo;

c) los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo;

d) las personas divorciadas.

Las referencias a padres e hijos comprenden el parentesco legítimo, natural o por adopción.

El derecho a pensión de los hijos, se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando éstos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

ARTICULO 25. - (Condiciones del derecho y término de la prestación). - En el caso del viudo, los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo y las personas divorciadas, deberán acreditar conforme a la reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes.

Tratándose de las viudas, tendrán derecho el beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

En el caso de los beneficiarios señalados en el apartado d) del artículo anterior, deberán justificar que gozaban de pensión alimenticia servida por su ex-cónyuge, decretada u homologada judicialmente. En estos casos, el monto de la pensión o la cuota parte si concurriere con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia.

Los hijos adoptivos y los padres adoptantes, en todo caso, deberán probar que han integrado, de hecho, un hogar común con el causante, conviviendo en su morada y constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, siempre que esta situación fuese notoria y preexistente en cinco años por lo menos, a la fecha de configurar la causal pensionaria, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente.

Cuando la causal pensionaria se opere antes que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha. El goce de esta pensión es incompatible con el de la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Tratándose de beneficiarias viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida. Los restantes beneficiarios mencionados en los literales a) y d) del artículo anterior que cumplan con los requisitos establecidos en este inciso, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de los mismos las causales de término de la prestación que se establecen en este artículo.

En el caso que los beneficiarios mencionados en los literales a) y d) del artículo 24 de la presente Ley tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los períodos de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior, no serán de aplicación en los casos que:

a) el beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

b) integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que éstos alcancen la mayoría de edad.

c) integren el núcleo familiar hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

El derecho a pensión se pierde:

a) por contraer matrimonio en el caso del viudo y personas divorciadas.

b) por el cumplimiento de veintiún años de edad en el caso de los hijos solteros.

c) por hallarse el beneficiario al momento del fallecimiento del causante en algunas de las situaciones de desheredación o indignidad previstas en los artículos 842, 899, 900 y 901 del Código Civil.

d) por recuperar su capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad los beneficiarios mencionados en los literales b) y c) del artículo 24 de la presente Ley.

e) por mejorar la fortuna de los beneficiarios.")

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - El artículo 25 establece una discriminación entre el viudo y la viuda. Personalmente, creo que la realidad económica actual no justifica esto, además de no tener en nuestro Derecho mayores bases jurídicas, sobre todo a partir de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Por eso, pienso que el tratamiento debería ser equiparable para los dos, pero como no es un tema fundamental en la estructura de este Proyecto de Ley, si genera polémicas, retiraría la sugerencia.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Este tema se discutió mucho en la Comisión y, por mayoría, se entendió que al margen de lo que plantea el señor Senador Posadas Montero en cuanto al fenómeno de mayor igualdad entre el hombre y la mujer, se debía mantener esta consideración en este punto.

Por lo tanto, pediría que se votara el artículo tal como viene de Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se van a votar los artículos 24 y 25.

(Se votan:)

-22 en 27. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Votamos negativamente, porque no estamos de acuerdo -nos parece grave- con el establecimiento de un tiempo de duración de la pensión. Si bien este punto se corrigió parcialmente al exigir condiciones de incapacidad o la existencia de hijos solteros, de todas maneras deja en pie la pensión temporal de dos y cinco años, lo que entendemos que es una rebaja de los derechos.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - En estos artículos relativos a las pensiones, hay un avance sumamente importante, pues se incorpora al viudo, y otro -también muy destacable- en lo que se refiere a la mujer, porque se quitan muchas de las exclusiones o limitaciones que venían contenidas en el Proyecto de Ley original del Poder Ejecutivo.

El principio que hemos defendido, y del cual modestamente puedo adjudicarme alguna intervención en la gestación de esta transformación que se hizo, es que el derecho pensionario, más que económico, es síquico, y lo hemos tratado de mantener en la medida en que el sistema pensionario no se convierta en un sistema perverso dentro del régimen de previsión social. Podría darse el caso de que alguien, por quedar viuda a los 21, 22 ó 23 años, pesara sobre el conjunto de la sociedad durante cincuenta años, causando un perjuicio económico a todo el aparato previsional. Sin embargo, atemperamos este punto de tal manera, que este Proyecto de Ley tiene muy pocas variaciones con respecto a lo que ha sido tradición en el país. Por eso, puedo decir con énfasis que mejoramos sustancialmente el Proyecto de Ley que venía del Poder Ejecutivo. Asimismo, considero que esta es una muy buena solución, y por eso voté estos artículos absolutamente convencido de que con ellos se crean condiciones que ayudan a la mecánica del Proyecto de Ley, en el sentido de hacer justicia y preservar, en un futuro, económicamente sano el régimen de la previsión social.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Con dolor, decimos que históricamente hemos constatado que en el tema pensionario es donde con mayor intensidad se ha dado el clientelismo político, provocándose situaciones de desequilibrio. Sin embargo, ahora vemos con beneplácito que impera la sensatez, y esperamos que perdure.

Es cierto que este artículo es mejor que lo que originalmente estaba planteado en el Proyecto de Ley remitido al Parlamento, pero también es verdad que tiene algunas restricciones que no son demasiado graves y que no lesionan los derechos. Pensamos que éstas estarán enmarcadas en lo que hace a volver a limitar ciertos derechos, con el afán de devolver un equilibrio financiero y de gestión al Banco de Previsión Social. A modo de ejemplo, podemos decir que en estas disposiciones están excluidas como beneficiarias las hijas solteras mayores de 45 años, y creemos que ello es razonable dentro de este contexto.

Por otro lado, consideramos que se ha hecho una buena incorporación en el tema de las personas viudas que tienen derecho a la pensión. Digo esto, porque puede darse el caso de que haya un hombre que no tenga suficientes ingresos para mantener su familia si desaparece su cónyuge. Entonces, si bien entendemos que en cierta medida esto puede ser restrictivo, estimamos que es superior a la propuesta del Poder Ejecutivo; por eso votamos afirmativamente.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Pensamos que con respecto al Proyecto de Ley que envió el Poder Ejecutivo, la Comisión ha realizado mejoras en estos artículos. Sin embargo, estimamos que trae soluciones absolutamente más desventajosas que las que rigen actualmente para posibles beneficiarios. En consecuencia, como partimos de la base de que los problemas de desequilibrio financiero hay que solucionarlos nutriendo mejor al Banco de Previsión Social y no disminuyendo los derechos de los beneficiarios, hemos votado en contra.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: como dijimos anteriormente, hemos acompañado este artículo para transitar el mismo camino de acuerdo de la Comisión, pero quiero señalar que me parecía bastante más razonable el texto del Poder Ejecutivo. Hasta ahora no hemos obtenido una estimación del costo de esta variación, que en algún centro de estudio se ha planteado que sería del orden de un punto del producto de mediano y largo plazo.

En consecuencia, nos da la impresión de que junto con alguna otra duda que se nos ha planteado, particularmente en relación a cuándo y a quiénes afecta la pérdida del derecho a pensión del viudo o la viuda, tal vez valga la pena revisar la disposición más adelante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a considerar el Capítulo VI, que comprende los artículos 26 al 34.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: vamos a solicitar que se desglosen los artículos 26, 27, 28 y 29.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde, entonces, votar en bloque los artículos que van del 30 al 34.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se votan:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 26. (Sueldo básico jubilatorio). - El sueldo básico jubilatorio será el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 (diez) últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los 20 (veinte) años de mejores asignaciones computables actualizadas, incrementado en un 5% (cinco por ciento).

Si fuera más favorable para el trabajador, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los 20 (veinte) años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computados no alcanza el período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

Para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, en todos los casos, sólo se tomarán en cuenta asignaciones computables mensuales actualizadas hasta un monto de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: a manera de fundamento de voto de estos artículos que no estamos acompañando -me refiero a los que van del 26 al 29- y a los efectos de intervenir una sola vez, quiero decir que no les hemos dado nuestro respaldo por discrepar con las propuestas que contienen en materia de determinación del monto y demás condiciones de las prestaciones, naturalmente, en el marco del sistema de reparto que integra el llamado sistema mixto del presente Proyecto de Ley. En realidad, habríamos preferido parámetros más favorables para los beneficiarios del sistema.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: nosotros no acompañamos el artículo 26, porque hemos sostenido una posición en el sentido de que no vamos a votar artículos que imponen condiciones restrictivas de los derechos de los pasivos, disminuyendo tanto e monto de la jubilación inicial como el sueldo básico jubilatorio. De modo que ese es el fundamento por el cual no acompañaremos tampoco disposiciones que disminuyen los beneficios que, de acuerdo con el sistema legal actual, tendrían los pasivos.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: hemos votado el artículo 26, porque entendemos que realmente provoca un cambio sustancial y una mejora en la situación de los trabajadores que han aportado durante toda su vida. De esta forma, ya no quedan inermes o destinados al resultado del cómputo de los últimos tres años de su vida laboral. Se trata de una mejora considerable en este punto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 27.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 27. (Sueldo básico jubilatorio de los afiliados comprendidos por el artículo 8º). - A los efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio de los afiliados que hubieren ejercido la opción prevista por los incisos primero y segundo o se encontraren comprendidos en el inciso tercero del artículo 8º, se multiplicará por 1,5 (uno con cinco) las asignaciones computables mensuales por las que se efectuó aportes personales al régimen de jubilación por solidaridad intergerencial. El menor monto entre el importe mensual resultante o la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), se tomará como asignación computable de cada mes para la determinación del sueldo básico jubilatorio, aplicándose en lo demás el procedimiento establecido en el artículo anterior.")

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: con respecto a este artículo, diremos que también lo vamos a votar, porque refiere a otro de los puntos importantes de este Proyecto de Ley, establecido por el artículo 8º. Asimismo, aplica un criterio de especial consideración para quienes perciben salarios menores y, a los efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio, se multiplicará por 1,4 las asignaciones computables. Esto mejora sensiblemente la jubilación.

Por último, a los efectos de sentar la posición de la mayoría de la Comisión, tenemos la opinión -y así lo hemos expresado en ella- de que en el caso de aceptar la tesis de aplicar cualquier modificación al sistema de seguridad social, estaríamos cambiando o violando determinado tipo de normas o convenios. De esta forma, ingresaríamos en una situación de congelamiento por cuarenta o cincuenta años en esta materia, porque siempre habrá personas incluidas en el sistema que se inicia y nunca podremos resolver el tema. Evidentemente, el criterio no ha sido compartido por la mayoría de la Comisión ni por todos los países que han aplicado reformas en el sistema de seguridad social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 27.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: nosotros no acompañamos este artículo 27, porque tampoco hicimos lo propio con el 8º que es, por su parte, el de la opción, el que da chance para que determinados sectores de la población puedan tener tasas de reemplazo que, como se dijo en la Comisión, pueden llegar hasta 120% o 200%. En esencia, es una opción que tiende a mostrar que el Proyecto de Ley puede limitar el sistema de reparto de solidaridad intergerencial para dar posibilidades sal de capitalización individual. Es uno de los artículos que, sinceramente, a nuestro entender va a afectar, sin ninguna duda, el sistema de reparto, sin los beneficios correspondientes para el futuro jubilado. Como todos sabemos, la capitalización individual va a dar una tasa de reemplazo mucho menor que la que otorga el sistema de reparto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 28.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 28. (Asignación de jubilación). - La asignación de jubilación será:

a) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1. El 50% (cincuenta por ciento) cuando se computen como mínimo 35 (treinta y cinco) años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 76 de la presente Ley.

2. Se adicionará un 0,5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de 35 (treinta y cinco) años de servicios, al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3. A partir de los 60 (sesenta) años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado causal, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los 60 (sesenta) se adicionará un 2% (dos por ciento), hasta llegar a los 70 (setenta) años de edad, o hasta la configuración de la causal, si esta fuera anterior.

4. Tratándose de actividades bonificadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 de la presente Ley, los porcentajes previstos en los numerales 2 y 3 precedentes se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados.

b) Para la jubilación por incapacidad total, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio;

c) Para la jubilación por edad avanzada el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los 15 (quince) años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).")

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: nosotros vamos a votar en contra este artículo 28, porque reduce los porcentajes para el sueldo básico jubilatorio con respecto a la situación actual.

En la propuesta que presentábamos en el día de ayer, explicitábamos el mantenimiento de las tasas de reemplazo. ¿Por qué proponíamos dicho mantenimiento, sin perjuicio de tratar de entender que debe haber modificaciones en el sistema de solidaridad intergeneracional? Porque hicimos una proyección que demostraba que con una política que facilite el estímulo a la inversión y mejore el empleo productivo, se podía financiar perfectamente el régimen de seguridad social de reparto. Inclusive, en nuestro planteo, reducíamos el gasto por la vía del aumento de las edades, pero nos parecía de extraordinaria importancia el mantenimiento de las tasas de reemplazo que son, sin duda, diferenciales entre hombres y mujeres. Demostraba, asimismo, que el sistema actual de reparto financiado con mejores niveles de empleo, otorga todas las chances para mantener la tasa de reemplazo.

Pongo énfasis en este tema porque, si no entendí mal, en la exposición que realizó quien, en este momento, está presidiendo la sesión, dijo que había posibilidades de diálogo, de negociación; pero que existían dos condiciones: una de ellas, refería a que tenía que existir un sistema mixto, y la otra, a que debían descender las tasas de reemplazo.

Reitero que, por esa razón, pongo énfasis en este tema, ya que hicimos un gran esfuerzo respecto de las proyecciones financieras, que pueden ser discutibles, atendibles, pero que muestran, nítidamente, que hay que hacer cambios en el sistema de solidaridad intergeneracional sin necesidad de modificar las tasas de reemplazo. Nos parece correcto que haya cambios en las edades para acogerse a la jubilación y para el cálculo jubilatorio -que en el sistema vigente toma en cuenta los últimos tres años de actividad- o que haya modificaciones en los topes correspondientes. Sin embargo, pensamos que, de acuerdo con las proyecciones que llevamos adelante, manteniendo las tasas de reemplazo, conseguiríamos un superávit importante en el régimen de solidaridad intergeneracional.

Por estas razones -y un poco al estilo de lo que acaba de manifestar el señor Senador hace un momento, en el sentido de que no estaba dispuesto a votar los elementos de restricción- creemos que, a veces, hay limitaciones en las pensiones o en las jubilaciones por invalidez que, desde nuestro punto de vista, fueron discutidas; sin embargo, no las votamos porque generan restricciones.

En este caso queremos poner todo el énfasis posible, porque hay un descenso en las tasas de reemplazo. A nuestro juicio, este es un punto medular para cualquier posibilidad de futura negociación que se pueda dar en otro ámbito que no sea el Senado de la República y que podría ser, quizás, la Cámara de Representantes.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: simplemente, quiero agregar -porque algunos compañeros ya han expuesto fundamentos suficientes- que este es un artículo en donde queda muy claro que el procedimiento pensado para mejorar los equilibrios, en materia de previsión social, es bajar las jubilaciones de la gente.

Luego de muchos años de esfuerzo, los jubilados lograron que en la Constitución de la República se estableciera un mecanismo para la actualización de sus haberes, equiparándolos a los porcentajes y a los tiempos en que se aumenta los sueldos de los funcionarios públicos. Es sabido que eso llevó muchos años y que fue necesario incorporarlo a la Constitución aunque, técnicamente, se podría discutir si ese era el mejor procedimiento, porque no hubo otro. Siempre se ejerció una especie de mendicidad, por parte de los jubilados, cada vez que se iba a fijar el índice de revaluación de sus pasividades.

En este Proyecto de Ley se baja la jubilación inicial. Se habla de las tasas de reemplazo, según la bárbara jerga moderna, pero la gente lo entiende muy claramente. Lo que se les va a pagar, por jubilación inicial, será menos de lo que perciben por el sistema actual.

Por consiguiente, dado que las actualizaciones posteriores se irán haciendo en los mismos porcentajes, la jubilación que van a cobrar en el futuro también será menor que la que obtendrán según el sistema actual.

Considero que es catastrófico el argumento que se esgrime, en el sentido de que, si no hacemos esto, algún día el Banco de Previsión Social dejará de pagar las jubilaciones. Personalmente, creemos que este no es un argumento serio.

Por esta razón expreso, en un lenguaje bien llano, que no puedo votar un artículo que baja, con respecto al régimen actual, la jubilación inicial de la gente que se retire en el futuro.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: en realidad, este asunto ya ha sido analizado; inclusive, quiero recordar que, en una intervención del señor Senador Couriel, se manejó el tema del corrimiento de las edades.

Quiero aclarar que el criterio del Poder Ejecutivo y el de la mayoría de la Comisión, tuvo en cuenta dos opciones. Una de ellas, implicaba hacer un corrimiento brusco de la edad de retiro de 60 a 65 años -como ha ocurrido en otros lados- que es el nivel, de acuerdo con todos los cálculos actuariales, recomendable para el sistema de jubilaciones. Entonces, se optó por un sistema paulatino dejando abierta la posibilidad de que la gente pudiera retirarse igualmente a los 60 años, aunque cobrando una jubilación menor. Naturalmente, se podrá compartir o no este criterio, pero desde nuestro punto de vista es más considerado. La otra posibilidad consistía, simplemente, en correr la edad de retiro a 65 años.

Sin ánimo de polemizar, quiero decir que, con relación a algunas de las manifestaciones realizadas sobre estos artículos por el señor Senador Couriel, respecto a que se bajen las tareas de reemplazo, esto ocurriría por el criterio que expliqué anteriormente. De cualquier manera, debe admitirse que los cálculos o proyecciones efectuados por el señor Senador Couriel -con los debidos respetos que me merecen sus consideraciones técnicas, así como su idoneidad- son presunciones, porque no hay forma de probar que esas previsiones se vayan a cumplir tal como se plantean. De acuerdo con lo manifestado por los señores Senadores Couriel y Gargano en la sesión de ayer, el pronóstico de la economía del país para el futuro es realmente catastrófico. Realmente, no entiendo cómo pueden atar esas dos moscas por el rabo. De cualquier manera, mantenemos nuestro criterio.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: es correcto lo que señala el señor Senador Brezzo, en el sentido de que las proyecciones son solamente proyecciones. Es decir, se toman determinados supuestos y se decir en función de los resultados que dan dichas proyecciones. De todos modos, eso es, exactamente, lo que hizo el Poder Ejecutivo y lo que manifestó el señor Senador Brezzo cuando efectuó su fundamentación, durante la discusión general del Proyecto de Ley.

¿Qué mensaje le dio el señor Senador Brezzo a los uruguayos y al Senado? Concretamente, les dijo que el sistema está en crisis, que hay que bajar el gasto porque el Poder Ejecutivo hizo un supuesto, que nadie sabe si va a ser correcto o no; tampoco quien habla lo sabe, ya que es una proyección. Precisamente, esta sirve para definir determinadas medidas de política económica o de artículos legales. Como el Poder Ejecutivo hizo una presentación, diciendo que el Producto Bruto Interno llegará al 1.7%, hay que bajar el gasto en la seguridad social. Yo le pregunto al señor Senador Brezzo quién sabe si eso ocurrirá en los próximos años. Indudablemente, nadie puede tener la certeza de que sucederá. Reitero que se trata de un supuesto para proyectar, pero que tiene un objetivo.

Deseo aclarar, con toda franqueza, al señor Senador Brezzo que cuando en el seno de la Comisión observaba a los representantes del Poder Ejecutivo referirse al sistema de reparto, advertía en sus expresiones que la economía no podía crecer y que había que bajar, necesariamente, el gasto. Sin embargo, cuando comenzamos a tratar el sistema de capitalización y a ver dónde se iba a invertir, las caras se modificaban y daba la impresión de que la economía crecería enormemente, aunque eso no servía para el sistema de reparto.

De manera que es correcto decir que estos son supuestos, que los hizo quien habla y pueden ser tan válidos como los que efectuó el Poder Ejecutivo. Desde ese punto de vista, simplemente hicimos un esfuerzo para decirle al país que el tema de la seguridad social -que es importante, relevante- tiene la posibilidad de ser resuelto si, en lugar de poner el énfasis en la reducción del gasto, lo hacemos en el estímulo a la inversión productiva y al empleo. Es obvio que si en este país mejora la situación ocupacional, la seguridad social no tendrá problemas de financiamiento. Si esto ocurre, es absolutamente factible mantener las actuales tasas de reemplazo. Es cierto que estas no son bajas pero, reitero, si podemos mantenerlas, hagámoslo. Concretamente, ese fue el esfuerzo que realizamos. De alguna manera, creo que también cambia el eje de la discusión, porque una cosa es analizar el régimen de la seguridad social imaginándose que el Producto va a crecer un 1,7% en los próximos treinta o cuarenta años y otra es hacerlo pensando en la posibilidad de un país dinámico, que va a crecer y a dar empleo, así como la educación y la salud que, con seguridad, bajarán notoriamente su nivel con ese porcentaje de crecimiento.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: complementando, en lo que a mí respecta, la alusión que acaba de contestar el señor Senador Couriel, quiero señalar que, efectivamente, es cierto que el Poder Ejecutivo o el Gobierno de coalición plantean la hipótesis de un crecimiento del 1,7% al año durante un plazo histórico de un crecimiento del 1,7% al año durante un plazo histórico, y sobre esa base, se proyectan todas las medidas contenidas en esta iniciativa. En el día de ayer señalé -y lo ratifico plenamente- que esta es la demostración más palpable de que quienes integran este Gobierno y quienes apoyan este Proyecto de Ley desde fuera del Gobierno no tienen ninguna confianza en que el modelo económico y social que están aplicando pueda permitir un crecimiento sostenido, superior a ese porcentaje, que representa un estancamiento productivo. Si la población crece un 1% anual, un crecimiento neto de un 0,7% "per cápita" no es crecimiento, sino estancamiento. Entonces, señalamos que no se tiene confianza en el modelo que se está aplicando y se usa una hipótesis para tratar de rebajar las remuneraciones, mostrando una seguridad social insolvente. Esa es la explicación de este tema, aspecto que acaba de señalar, en otros términos, el señor Senador Couriel. Me parece que en eso se basa la distinta manera que tenemos de ver todo lo relativo al modelo económico, a las proyecciones hacia el futuro y al propio sistema de la seguridad social.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: voy a intentar no continuar con este intercambio de palabras, pero no tengo más remedio que aclarar algunos aspectos.

Quisiera señalar que no estoy acostumbrado a interpretar las caras de las personas; si así lo hiciera y sacara conclusiones de ello, no sé dónde podríamos terminar.

En lo que tiene que ver con la posición del Poder Ejecutivo, creo que es verdad que se está haciendo alguna proyección, pero ésta se basa en una evolución anterior y en la situación actual. Ello explica la iniciativa que estamos considerando. Si la situación de la economía mejora -como nosotros creemos que va a suceder, aunque no piensan lo mismo quienes se oponen a nuestra propuesta- será el momento de revisar el sistema y tratar de mejorarlo. De esta forma, nadie pretende perjudicar a las personas por el gusto de hacerlo; por el contrario, eftendemos que el Proyecto de Ley contempla criterios generales de la seguridad social y, en el fondo, es una iniciativa notablemente mejor para la gente que se va a jubilar y para la que ya lo está. Esa es nuestra opinión y pensamos que tiene un carácter general, aunque reconocemos que hay discrepancias, pero no deseamos continuar discutiendo sobre este tema.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Pensamos que rebajar el porcentaje de la jubilación no es un hecho económico, sino social. A nuestro juicio, los técnicos económicos han cambiado las palabras con habilidad, por ejemplo, hablando de la disminución de las tasas de reemplazo. Aunque la gente no sabe qué significa esta expresión, debo señalar que consiste en rebajar la jubilación. Disminuir esa remuneración a un 50%, teniendo en cuenta la situación salarial en la que se llega a ella, constituye un acto irreparable desde el punto de vista social, fuera de los aspectos técnicos. Por ello, pensamos que no estamos solamente frente a un problema económico.

Tal vez, una de las razones que motivan nuestra diferencia con el Gobierno es que, a nuestro juicio, este es un hecho político y no técnico y, precisamente, la habilidad consiste en presentarlo como tal. Por eso, discrepamos con las observaciones que dos señores Senadores hicieron, en el día de ayer, a la señora Senadora Arismendi, en oportunidad en que enlazaba esta temática con aspectos que tienen que ver con el fenómeno político. A mi entender, eso restringe la libertad de pensamiento que tienen los miembros del Cuerpo, por lo que interpretamos que también estamos ante un problema político. Se trata de una opción política; no hay una crisis que tenga, como única salida, la rebaja de las jubilaciones. Esta solución no es clara, porque hay recursos que no son utilizados. Si mediante el propio Proyecto de Ley estamos desfinanciando al Banco de Previsión Social, a través de la rebaja de los aportes, que son dados a los patronos, de la aplicación del sistema de las prestaciones en especies y de la transformación de las empresas unipersonales y si, al mismo tiempo, estamos dependiendo de una política económica que, evidentemente, le dio U$S 125:000.000 a la industria, sin la contrapartida de tener que abrir fuentes de trabajo, debemos reconocer que aquí existe una opción política según la cual se presenta un drama; pero no se buscan distintas soluciones. Además, quienes sostenemos una posición política de fondo diferente, pensamos que habría que gobernar en algunos otros aspectos, de otra manera. En este caso, estoy hablando de asuntos como el de la tenencia de la tierra y el pago de U$S 250:000.000 por concepto de deuda externa, que integran los recursos del Estado.

Entonces, señalamos que estos cambios que desembocan en una rebaja de la jubilación de las personas, constituyen un daño social no justificado. Por ello, entendemos que no resulta claro que esta sea la única salida; tan sólo lo es desde una óptica política que implica optar, tal vez, cortando el hilo por lo más delgado, porque habría otras posibles transformaciones en el Estado y en la forma de manejarlo; inclusive, se podría dirigir el Banco de Previsión Social de otra manera. Evidentemente, con todo esto se podría impedir que los trabajadores y los pasivos sufrieran el perjuicio. Por eso, consideramos que este artículo es negativo y tendrá consecuencias muy graves desde el punto de vista de la gente, ya que creará una grave depresión. No sé qué estado espiritual va a tener quien se está por jubilar y sólo le faltan tres o cuatro años para ello, sabiendo que va a cobrar el 50% de lo que gana actualmente. No hay que olvidar que hasta el 31 de diciembre de 1996 se asegura la causal jubilatoria, pero no podemos adelantar qué ocurrirá con esta situación que se está generando. En lo personal, no quiero ni pensar en la desesperación de las personas que se verán afectadas de esa manera.

Cabe destacar que existe un Convenio de la OIT, aprobado por nuestro país, que contempla este tipo de situaciones, con respecto a los derechos adquiridos, que constituye un concepto generalizado en Derecho. En este sentido, nos preguntamos: ¿acaso este Parlamento no votó a favor de derechos adquiridos, cuando se trató el tema del seguro de paro de los Legisladores? ¿No se admitió que como habían ingresado en un régimen, se les debía mantener en él? Entonces, quienes están a tres o cuatro años de jubilarse y ven que se les cambian las reglas de juego y no se les respetan sus derechos adquiridos, sienten que se está violando el Convenio Nº 128, que era lo que protegía ese artículo 30. Dicho Convenio está vigente y se tendría que haber denunciado, ya que ello puede hacerse cada diez años; en caso de no hacerse de esa forma, tienen que regir y, si se infringen, las organizaciones gremiales o sindicales pueden denunciarlo. Aclaro que nunca afirmé que este Proyecto de Ley no pudiera aprobarse; el Parlamento es soberano y también lo es si viola un artículo de un convenio internacional, con las consecuencias que ello implica. Esa consecuencia es, precisamente, que se le pueda denunciar como violatorio de un convenio, aunque por ello no se impide que la norma exista. Deseaba aclarar esto porque en algún momento no fue señalado.

Por lo tanto, es cierto que el Convenio está vigente y tiende a proteger derechos adquiridos; también es cierto que este Proyecto de Ley lo viola y que ésta, como las otras rebajas impuestas a personas que tenían la expectativa de ciertas condiciones para su jubilación -tal el caso de las mujeres, a quienes se les eleva el período de trabajo a 30 años y el de los hombres y las mujeres, a quienes se les impone uno de 35 años- representa una alteración de las reglas de juego que, justamente, protegía el mencionado Convenio Internacional.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: me interesa aclarar que voy a tratar de no reproducir la discusión en general, que ya tuvo lugar; aunque quisiera dejar constancia de lo siguiente.

En primer término, quiero referirme al hecho de si, efectivamente, esta es una mejor manera de laudar el asunto. Pienso que para la persona que tiene 60 años y se quiere jubilar, ésta es una mejor manera de decirle que sólo se puede retirar a los 65 años. No dudo que, tal vez, hubiera sido mejor solución establecer -como se ha hecho en Italia y en otros países- una edad mínima jubilatoria. En realidad, nosotros éramos partidarios de adoptar ese sistema. No obstante, aceptamos y reconocemos que el Proyecto de Ley habilita a que, cinco años antes de cumplir la edad estimada como correspondiente, las personas tengan la libertad de retirarse.

En segundo lugar, no estoy convencido de que este artículo genere, necesariamente, jubilaciones menores. Al respecto, debo decirle al señor Senador Sarthou que si une el artículo 8º con el 27 verá que, a los 65 años, una persona tiene el 67,5% de tasa de reemplazo, pero sobre un monto incrementado en un 50%, de acuerdo con lo que establece el citado artículo 27.

Quiere decir que sobre las prestaciones declaradas al llamado sistema de solidaridad intergeneracional, tendríamos un 67% multiplicado por un coeficiente de 1,5. Si la economía crece a un 5%, como se ha planteado en otra alternativa, seguramente las cuentas de capitalización van a dar rentabilidades por encima de este porcentaje, con lo cual se tendrá una tasa de reemplazo final bastante más importante.

Aquí quiero hacer un simple comentario. En función de algunos estudios, se ha dicho que la cantidad de jubilados disminuye en los próximos 20 años; pero esa misma asesoría del Banco de Previsión Social nos indica que los costos aumentan. Entonces, si creemos a la asesoría para decir que hay una disminución en la cantidad de jubilados, pero al mismo tiempo suben los costos, habría que preguntarse cómo es que bajando las jubilaciones y teniendo en cuenta los mismos supuestos, los costos suben.

Finalizo mi exposición señalando que me gusta la tesis manejada en Sala acerca de los derechos adquiridos. Quiero manifestar que yo, que comencé a trabajar a los 15 años en 1968, aun tendría derecho a la ley despido por diez años, o a poder jubilarme con 80 puntos. Creo, señor Presidente, que esa sola mención me exime de todo comentario.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: me quiero referir a algunas de las expresiones vertidas por el señor Senador Sarthou en la sesión anterior, que hoy también ha reiterado. Respeto mucho la argumentación que le hemos escuchado, pero deseo señalar que, francamente, no la comparto.

En primer lugar, y en lo que tiene que ver con la eventual colisión de este Proyecto de Ley con el Convenio 128 de la OIT, creo que no es ocioso recordar que cuando una ley, real o supuestamente, contradice una norma de Derecho Internacional, la norma legal que se presume colide con aquélla igualmente vale como Derecho interno. Lo que ocurre es que, en caso de probarse efectivamente esa colisión -es decir, la violación por parte de la norma de Derecho interno de la norma de Derecho Internacional- hay una responsabilidad internacional del Estado; pero eso, en modo alguno, quiere decir que la Ley deje de regir en lo interno. La Ley rige, y lo otro es un tema que se planteará o no. Si así sucede, se resolverá con arreglo a lo que el propio Derecho Internacional dispone en materia de solución de controversias, y no de otra manera. Sobre esto, creo que no puede caber la más mínima duda.

En segundo término, deseo expresar que no tengo la suerte de compartir la interpretación que el señor Senador Sarthou da a la norma del Convenio, que presuntamente haría inválidas algunas de las disposiciones de este Proyecto de Ley. Luego de finalizada la sesión de ayer, el señor Senador Sarthou leyó en su momento, y que establece: "La legislación nacional deberá, bajo condiciones prescritas," -es decir, bajo aquellas que legalmente determine el propio país- "prever la conservación de los derechos en curso de adquisición" -subrayo la expresión "en curso de adquisición"- "respecto de las prestaciones contributiva de invalidez, vejez y sobrevivencia".

Ante todo, quiero decir que esta disposición no está haciendo referencia, como acabo de escucharle decir al señor Senador Sarthou, a derechos adquiridos sino -tal lo expresado aquí- a derechos en curso de adquisición que, precisamente, no son derechos adquiridos, sino meras expectativas. En una sesión anterior, el señor Senador Atchugarry muy finamente hacía la distinción -es indiscutible; inclusive, lo subrayaron muchos constitucionalistas de este país- entre el derecho adquirido y la mera expectativa de llegar a adquirir un derecho.

Como decía, en el artículo 30 del Convenio 128 de la OIT se hace mención a los derechos en curso de adquisición, que, por otra parte, nuestra Constitución generalmente no ampara. ¿Qué es lo que se protege aquí? Los derechos en curso de adquisición, es decir, las expectativas. Entonces, me parece que esto hay que leerlo dentro del contexto del Convenio y de la Constitución con arreglo a métodos interpretativos pacíficamente admitidos dentro y fuera del país.

El Proyecto de Ley que está a consideración del Senado, en modo alguno, afecta la conservación de derechos adquiridos y ni siquiera de las expectativas. El derecho a la jubilación, a la pensión y a los subsidios en general se mantiene. Inclusive, no puede ser de recibo la afirmación de que estos derechos se deterioran en una forma o en otra porque, precisamente, el objetivo de esta iniciativa es hacer viable la seguridad social del país en el corto, mediano y largo plazo, puesto que todos los sectores políticos representados en este Cuerpo sabemos que si al sistema vigente no se le introducen profundas modificaciones, será simplemente letra muerta en un trozo de papel, y no otra cosa.

Repito que los derechos se están conservando y no perdiendo. Digo más; inclusive en lo que tiene que ver con la posibilidad de sostener que algunos derechos se debilitan atenúan o postergan, bastaría con leer otros artículos de este Convenio 128 para ver de qué manera se consagran hipótesis en las cuales un Estado parte puede, por determinadas razones, postergar o modificar hacia abajo las prestaciones. Podría citar varios artículos; pero, para no alargar esta intervención, digo que eso es efectivamente así.

En resumen, bajo ningún concepto me parece que se puede sostener que estamos violando alguna norma internacional suscripta por el país. No es así. Los derechos se están conservando con este Proyecto de Ley; si ello no fuera así -que lo es- y se planteara una controversia de carácter internacional, el problema tendría que ser discutido por otras vías. Una vez aprobada una Ley, seguiría teniendo ese rango, más allá de lo que se suponga equivocadamente -lo digo con todo respeto- que expresa este Convenio.

Era cuanto deseaba señalar.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: en primer lugar, deseo aclarar que los casos de reducción están previstos expresamente. Tal es la situación del jubilado que tiene una mejor fortuna; pero este no es el caso, puesto que aquí se habla de una reducción genérica de beneficios que se tendrían si no se modifica el sistema.

Creo que sí hay un derecho en curso de adquisición. ¿Qué ocurre con aquel que ingresa al sistema? Este caso se manejó recientemente porque en el propio Parlamento se entendió que una disposición de seguridad social era aplicable porque el derecho había nacido antes de la modificación de la norma. Cuando una persona ingresa al sistema y tiene reconocida una determinada edad, ello quiere decir que este derecho está en curso porque está corriendo la edad para generar el derecho. La expresión "en curso de adquisición" significa que ese derecho que está naciendo en curso de adquisición, se remarca. Es justamente esto lo que quiere decir el artículo 30.

Quiere decir que genera el derecho adquirido una vez concluido el plazo establecido, porque ingresó a su patrimonio como una facultad, un poder o un derecho reconocido. Entonces, ello no se contradice con el derecho adquirido. Se sigue en curso de adquisición y, cuando se completa el ciclo, se tiene un derecho adquirido.

Por otra parte, nunca dije que la ley no pudiera dictarse; de ninguna manera el Parlamento -que es soberano- está impedido de dictar una ley, y esta no va a dejar de tener su plena validez. Nadie ha sostenido que es nula, sino que se dictó en contradicción con un convenio no denunciado por el país. Además, esto comporta una responsabilidad frente a la Organización Internacional del Trabajo. Pero repito que para otra tesis -como la sostenida por el Doctor Barbagelata en el Simposio de la Academia Iberoamericana- además de eso se entraría en una contradicción, porque la norma internacional no es igual a la ley interna, ya que es de supralegalidad.

Quiero aclarar que la tesis que sostiene el elemento de la responsabilidad internacional no es la única que existe. Por otro lado, hay quienes afirman que las normas del convenio tienen una jerarquía superior. Los señores Senadores Ricaldoni -que es un jurista muy estudioso- y Korzeniak -que es un constitucionalista- saben que por virtud del artículo 72 de la Constitución ingresan derechos que no están previstos expresamente. La tesis del Profesor Barbagelata es que algunos convenios internacionales ingresan con el rasgo de supralegalidad por medio del mencionado artículo; este es el caso, por ejemplo, de la libertad sindical, etcétera.

Reitero que nunca dije que la Ley no tuviera validez, sino que estaba en contra del Derecho Internacional, desencadenando las responsabilidades que corresponden -como bien señalaba el señor Senador Ricaldoni- cuando se infringe un Convenio Internacional.

Por otra parte, quiero decir que la filosofía de la OIT es la de tomar siempre la norma más favorable entre el Derecho interno y el Derecho Internacional. El numeral 8 del artículo 19 de la Constitución de la OIT justamente establece el principio de la norma más favorable cuando hay confrontaciones entre el Derecho interno y el externo. Claro está que ello se refiere, generalmente, a los casos en que en el país existe una mejor norma interna que la contenida en el convenio en cuestión. Pero si aplicamos dicho artículo en esas situaciones, también tenemos que hacerlo a la inversa. Es decir que si este principio rige cuando la norma del país es más favorable que la del convenio, también debe aplicarse cuando ocurre lo contrario, o sea, cuando las disposiciones del convenio son mejores que la legislación interna. Concretamente, el mencionado numeral establece que en ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o una recomendación, o la ratificación de un convenio por cualquier Estado miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuran en el convenio o recomendación. Esto se ha entendido en forma bilateral. Cuando el convenio es más favorable que la ley, predomina sobre ella; en cambio, cuando el convenio es inferior en materia de reconocimiento de derechos que la ley interna, rige esta última.

Reitero que esto lo establece la Constitución de la OIT, y en ella me basé para sostener que la mujer o el hombre que tienen el derecho en curso de adquisición en edad o servicios podrían plantear, a través de su organización, un cuestionamiento, en tanto el país no denunció el Convenio.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Muy brevemente, se hizo referencia a que por este Proyecto de Ley las tasas de reemplazo podrían ser más altas en el caso de las opciones. Esto último es cierto, pero también lo es el hecho de que las opciones pueden generar un gran desfinanciamiento del Banco de Previsión Social. Entonces, tomemos en cuenta las dos cosas para poder evaluar con objetividad el fenómeno de las opciones.

Por otro lado, las tasas de reemplazo del Proyecto de Ley, en el caso de las mujeres, son más negativas que en la actualidad, salvo para aquellas que tienen 70 años y más de 46 años de trabajo. En esta iniciativa, en todas las otras edades y años de servicio, las tasas de reemplazo en las mujeres son más bajas. Por su parte, para los hombres que tengan 40, 41, 42, 43 ó 44 años de trabajo, cualquiera sea su edad, las tasas de reemplazo son más bajas en el Proyecto de Ley que en la actualidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 28.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Ratifico todo lo que he dicho; una simple cuenta demostrará que en las opciones de los artículos 8º y 27, las tasas de reemplazo sobre los montos imponibles que van al sistema intergeneracional, para un hombre de 65 años y con 40 años de servicio, significan el 97% de los montos imponibles declarados. En consecuencia, la tasa de retorno final de ambos componentes podrá ser menor, igual o mucho mayor que la actual en función de los rendimientos esperados. Además, si pensamos que la economía va a crecer en un 5%, son esperables retornos muy altos, que pueden llegar a un 9%, 10% u 11%, como los que está obteniendo Chile en la actualidad. Naturalmente, si la economía no crece, la tasa de reemplazo será menor.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Simplemente, quiero decir que en el régimen común, como hemos dicho, las tasas de reemplazo para mujeres son mucho más bajas que para los hombres.

En el caso de las opciones, es cierto que ellas permiten tasas de reemplazo más altas, pero por este régimen se puede generar un gran desfinanciamiento en la previsión social. Si la economía crece al 5% o al 4% -como establece en las proyecciones- es factible que las rentabilidades sean más altas. En el mundo, el sistema de capitalización muestra rentabilidades de alrededor de un 8% y, por lo tanto, las tasas de reemplazo por el sistema de capitalización están entre un 30% y un 40%, lo que es infinitamente más bajo que en el sistema de repartos.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 29.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 29. (Monto del subsidio transitorio por incapacidad parcial). - El monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio, calculado de acuerdo al artículo 26 de la presente Ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

Corresponde pasar a considerar el Capítulo VII, artículos 35 al 38.

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Solicitamos el desglose de los artículos 36 y 38.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que también se desglose el artículo 37.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Quiero solicitar que se postergue la consideración del artículo 36, que está integrado a otro que también está postergado y que tiene que ver con el caso de los docentes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no hay objeciones, en función de su vinculación con el artículo 16, quedaría postergada la consideración del artículo 36.

En consecuencia, se pasa a considerar el artículo 35.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 35. (Clasificación de los servicios). - Los servicios se clasifican en ordinarios y bonificados.

Servicios ordinarios son aquellos que corresponden al tiempo de trabajo registrado en la historia laboral.

Servicios bonificados son aquellos para cuyo cómputo se adiciona tiempo suplementario ficto a la edad real y al período de trabajo registrado en la historia laboral.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 35.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 37.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 37. (Reconocimiento de servicios bonificados). - Los servicios bonificados serán reconocidos como tales, cuando el afiliado tenga en ellos una actuación mínima de diez años.

La bonificación de servicios será revisada por el Poder Ejecutivo al menos cada cinco años, realizándose todas las investigaciones, estudios o pericias que permitan determinar que se da adecuado cumplimiento a las condiciones exigidas en el artículo anterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer edades mínimas, a partir de las cuales se aplicará la bonificación de servicios, en los casos de actividades que así lo justifiquen.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Hemos votado afirmativamente el artículo 37, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque reproduce un adecuado mecanismo de bonificación que existe actualmente y, en segundo término, porque mejora sustancialmente la norma vigente. Esto se produjo en la discusión de la Comisión al eliminar la palabra "final" de la última frase del inciso primero que se refiere a que el afiliado debe tener una actuación mínima de diez años, pero no como actividad final. Esto solucionó algunos problemas que se habían generado a raíz de la disposición que hoy rige. Por esa razón, lo hemos apoyado.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: brevemente deseo expresar que no hemos votado el artículo 37 porque, a nuestro juicio, implica una delegación al Poder Ejecutivo en aspectos que debieran corresponder a la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 38.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 38. (Contribución especial por servicios bonificados). - Los empleadores que ocupen trabajadores en actividades bonificadas deberán abonar una contribución especial a su cargo, la que será determinada por el Poder Ejecutivo, en base a la bonificación prevista para la actividad, propendiendo a la equivalencia entre ingresos por aportaciones y egresos por prestaciones en el largo plazo. La referida contribución especial que no será aplicable a las instituciones mencionadas por el artículo 69 de la Constitución de la República, no podrá superar el 100% (cien por ciento) de la suma de las tasas de los aportes personales y patronales.

La contribución especial prevista en el inciso anterior, correspondiente a las asignaciones computables comprendidas en el tramo entre $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), deberá verterse a la cuenta de ahorro jubilatorio del trabajador.")

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el artículo 38 establece la contribución especial por servicios bonificados diciendo que los empleadores que ocupen trabajadores en actividades bonificadas deberán abonar una contribución especial a su cargo, la que será determinada por el Poder Ejecutivo, en base a la bonificación prevista para la actividad. El artículo continúa diciendo que la referida contribución especial -aquí debería haber una coma- que no será aplicable a las instituciones mencionadas por el artículo 69 de la Constitución de la República, no podrá superar el 100% (cien por ciento) de la suma de las tasas de los aportes personales y patronales. Al respecto quiero decir que el artículo 69 de la Constitución de la República establece que las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales como subvención por sus servicios, lo que está muy bien, porque eso las ayuda a trabajar y a prestar un servicio complementario a la comunidad.

Ahora bien; la exoneración por la contribución a servicios bonificados determina que sea el conjunto de la sociedad el que determine una contribución especial para bonificar los servicios. No me parece que sea de justicia que estas instituciones tengan la bonificación, ya que cuando el Estado presta el servicio, tiene que pagarla para que el Banco de Previsión Social pueda solventar esa actividad bonificada, pero cuando lo presta una institución privada, esta no lo hace. Quisiera saber si esta interpretación es correcta porque si es así, creo que no es justo que el Estado tenga que abonarla y la institución privada no.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Esto se discutió en la Comisión y quedó claro que las instituciones privadas también deben pagarla.

SEÑOR GARGANO. - Entonces, ¿para qué se pone que no será aplicable a las instituciones privadas?

SEÑOR ATCHUGARRY. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Creo que este artículo fue presentado por el señor Senador Batlle y, según mi interpretación, se hizo para esclarecer que, del mismo modo que estas instituciones no son objeto del aporte patronal, tampoco lo serían de esta nueva contribución especial que, en términos económicos -aunque pueda tener otra acepción jurídica- es un verdadero adicional a la contribución patronal. Es decir que se trata de una mayor contribución patronal que justifica el mayor costo que tienen estos funcionarios, debido a que se retiran antes.

Personalmente, acompaño este artículo sin olvidar que algunas de estas instituciones generan altos ingresos a sus propietarios y otras no. Sin embargo, si escribiéramos en este artículo algo diferente, seguramente prosperarán demandas ante la Corte por inconstitucionalidad. Además, me parece que gravarlas a todas no es una buena solución porque hay muchas instituciones de este tipo que no tienen un espíritu de lucro. Creo que si queremos gravar a aquellos propietarios que sí hacen un lucro con estas actividades -y no sólo a propósito de la seguridad social sino con respecto a todos los beneficios impuestos- podríamos establecer una especie de impuesto o de otras que también están exoneradas de todo. En esta situación, la sociedad quiere -y así lo expresa el artículo de la Constitución- subsidiar una actividad para que tenga un costo de adquisición más bajo o nulo para el público. Sin embargo, cuando el costo es tan elevado que genera una renta, vería con buenos ojos que cuando tratemos el Presupuesto -en el que pretendemos revisar los tributos- el Poder Ejecutivo nos enviara una iniciativa que dijera que la renta que puedan obtener los propietarios de las empresas exoneradas quedará gravada por un impuesto personal. De esta forma, la empresa continuaría exonerada, ya que es bueno que lo siga estando.

Por esa razón apoyo el artículo que, insisto, no es de mi autoría por lo que no puedo asegurar que estos sean los argumentos -que seguramente serían mejor que los míos- que daría el señor Senador Batlle.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Quiero dejar claro que soy partidario de aplicar con justicia el artículo 69 de la Constitución. Me parece que es muy bueno porque alienta -como decía el señor Senador Atchugarry- a una enorme cantidad de instituciones culturales y de enseñanza sin fines de lucro a que presten una ayuda -no medible cuantitativamente- al Estado en lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades educativas y culturales. Personalmente, siempre he votado este tipo de disposiciones que facilitan esa actividad, pero en este caso me parece que no es de justicia que no haya distinción con las que tienen objetivamente finalidad de lucro, las que van a obtener un beneficio que no tiene justificación.

Por lo tanto, si esta disposición está redactada de esta manera no se aclara que es para las instituciones sin fines de lucro, no la puedo votar.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: si bien comparto los fundamentos expuestos por el señor Senador Gargano, así como su preocupación, lo que quiero transmitir al Cuerpo es que hasta ahora, la bonificación que se percibía en algunos casos, la terminaba pagando el Estado y, en definitiva, todos. Por lo tanto, este artículo mejora sustancialmente la situación actual.

Con respecto a las actividades de docencia en instituciones privadas, hasta ahora no había un instrumento idóneo y adecuado para separar aquéllas que generan renta de las que lo están haciendo sin fines de lucro, incluso con un fin social; es más, sabemos de muchos colegios ubicados en la periferia de la ciudad de Montevideo y otros de capitales del interior que tienen un cometido social muy importante. En consecuencia, no parecía conveniente que aquellas que están generando rentas se incluyeran en este mecanismo, ya que, repito, a primera vista generan la misma interpretación que ha hecho el señor Senador Gargano. Por esa razón se intentó encontrar otros mecanismos más idóneos que hicieran que este tipo de institutos que generan lucro, devolvieran a la sociedad lo que de alguna forma ésta les está brindando.

Este artículo mejora sustancialmente la situación actual y, además, existe un compromiso en el sentido de que no se dé este tipo de situaciones. Por ello muchos de nosotros intentamos que por medio del Presupuesto, o de alguna otra norma, se logre que estas instituciones contribuyan con algún aporte.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Mientras escuchaba las expresiones de alguno de los colegas, estaba tratando de hacer memoria porque, si mal no recuerdo -no me atrevo a afirmarlo categóricamente- en la penúltima Rendición de Cuentas del período anterior al Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento la iniciativa de un aporte patronal para las instituciones de enseñanza y culturales, lo que finalmente no tuvo andamiento. De todos modos, dejando de lado este aspecto, deseo hacer algunas consideraciones sobre el planteo que efectuó el señor Senador Gargano.

En primer lugar, si bien entiendo que este es un tema que da lugar a discusión, la argumentación expuesta en el entendido de que se produce una injusticia comparando las instituciones de enseñanza del Estado con las privadas, no me parece demasiado convincente porque, en este caso, es el Estado el que resuelve que determinada actividad debe ser bonificada y así lo impone y lo costea. En el caso de los privados, lo impone obligándolas a que ellas mismas lo costeen. Entonces, reitero que ese argumento no tiene gran fortaleza.

En segundo término, aquí existe un inconveniente, con el cual reiteradamente se encuentran los señores Legisladores y es que tal como está redactado el texto de la Constitución no permite discriminar. El señor Senador Gargano decía que debía legislarse de alguna manera para distinguir cuando hay fin de lucro y cuando no lo hay. En realidad, en la práctica nunca existe fin de lucro, y más allá de que pueda haber una situación donde se produzca algún tipo de lucro destinado a alguien, las instituciones están concebidas sin ese cometido. No existe un criterio objetivo sobre cuya base se pueda legislar tal como está redactado el artículo de la Constitución, que es genérico para todos. El único sostén posible se da -al respecto existe jurisprudencia tanto a nivel de la Dirección General Impositiva como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo- cuando la institución cultural o de enseñanza está constituida como sociedad anónima. En este caso existe jurisprudencia que, a mi juicio, es excesiva en algunos casos porque la institución que no tenga fines de lucro y por otros motivos haya optado por la forma jurídica de sociedad anónima, de acuerdo con la normativa establecida, ya sea por la Dirección General Impositiva o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está sometida actualmente a gravámenes. Asimismo, para todas aquellas que se hayan constituido como asociaciones civiles, independientemente de que en los hechos den o no lucro -me atrevo a decir que en la realidad son muy pocas las que tienen ese fin porque por lo general se trata de institutos culturales especializados en computación, lenguas, etcétera- no existe forma jurídica de poder discernir y discriminar, para legislar y resolver en qué casos se impone la obligación y en cuáles no.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Comprendo el razonamiento realizado por el señor Senador Posadas Montero, pero leyendo el artículo constitucional, observo que la exoneración es respecto a impuestos nacionales y municipales para aquellas instituciones que se dedican a la enseñanza o a la actividad cultural. Por lo tanto, la discusión que deberíamos tener es si el aporte es o no un impuesto; a mi juicio, no es tal, sino una obligación de tipo general de seguridad social. Es entonces un tema distinto porque no se trata de un impuesto que abarque genéricamente a determinada rama de una actividad.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Respecto a este artículo, deseo hacer un planteo que desarrollaré por escrito porque se trata de una breve modificación en la redacción. Si bien es un tema menor, no podemos subestimar todo aquello que contribuya a clarificar el sentido de la disposición.

Tal como fue votado en la Comisión, en la segunda parte del primer párrafo de este artículo 38 se expresa que la referida contribución especial, que no será aplicable a las instituciones mencionadas por el artículo 69 de la Constitución de la República, no podrá superar el 100%. Esta redacción me motiva dos comentarios. El primero de ellos es que la aplicación del principio en el sentido de que la contribución no es aplicable a las instituciones privadas, debe merecer una frase aparte y no ser objeto de una referencia incidental. En realidad, lo que quiere significar esta frase es lo que ya venía en el Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo en el sentido de que esta contribución especial que va a fijar dicho Poder tiene un límite que en ningún caso superará el 100%. En consecuencia, propondría una modificación al texto del artículo, que en este momento estoy redactando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Agradeceríamos al señor Senador Bergstein que haga llegar su propuesta a la Mesa. Mientras tanto podríamos agregar la coma que solicitó el señor Senador Gargano y que iría a continuación de la expresión "la referida contribución especial".

Si no hay objeción, la Mesa propone postergar la consideración de este artículo 38 y pasar a considerar el Capítulo VIII, que incluye los artículos 39, 40 y 41.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Solicito que se voten por separado.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 39.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 39. (Mínimo de jubilación y subsidio transitorio). - El monto mínimo de la asignación de jubilación común, cuando el beneficiario tenga 60 (sesenta) años de edad, será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) mensuales, el que se incrementará en un 12% (doce por ciento) anual por cada año de edad subsiguiente, con un máximo de 120% (ciento veinte por ciento).

El monto mínimo de la asignación de jubilación por incapacidad total, de la jubilación por edad avanzada y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será de $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) mensuales.

Para los afiliados comprendidos en el artículo 8º, la asignación de jubilación mínima será el 75% (setenta y cinco por ciento) de los mínimos previstos en los incisos anteriores, según corresponda.

En el caso de percibirse más de una pasividad o subsidio transitorio por incapacidad parcial, a cargo del Banco de Previsión social, los mínimos mencionados en los incisos anteriores, se aplicarán a la suma de todas las pasividades o subsidios.

Los mínimos establecidos en este artículo se aplicarán a quienes ingresen al goce de las prestaciones a partir del 1º de enero del año 2003, rigiendo hasta esa fecha lo dispuesto en el artículo 74 de la presente Ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 40.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 40. (Máximo de jubilación y subsidio). - La asignación de jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada y la del subsidio transitorio por incapacidad parcial otorgadas de acuerdo al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, no podrá exceder de $ 4.125 (pesos uruguayos cuatro mil ciento veinticinco) sin perjuicio de la prestación que pueda corresponder de acuerdo al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 41.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 41. (Monto del subsidio para expensas funerarias). - El monto del subsidio para expensas funerarias, a que refiere el artículo 46 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, será de $ 2.300 (pesos uruguayos dos mil trescientos).")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

Pasamos al Capítulo IX, "De la prestación asistencial no contributiva", que comprende solamente el artículo 42.

En consideración el artículo 42.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 42. (Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez). - Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga 70 años de edad o, en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado.

Quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen inferiores al monto de esta prestación o beneficio, recibirán únicamente la diferencia entre ambos importes.

Los extranjeros o ciudadanos legales para poder acceder al beneficio, deberán tener, por lo menos, quince años de residencia continuada en el país.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 43, 44, 45, 46, 47 y 48, pertenecientes al Capítulo I, del Título IV, "Del segundo nivel".

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 43. (Alcance del régimen). - El régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio alcanza a los afiliados activos del Banco de Previsión Social en las siguientes situaciones:

a) Por el tramo de las asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

b) Por las asignaciones computables o tramo de las mismas, hasta los $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales, siempre que hubieren realizado la opción prevista en el artículo 8º de la presente Ley.

c) En los casos previstos por el inciso 3º del artículo 8º de la presente Ley.

ARTICULO 44. (Recursos del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). - Las cuentas de ahorro individual a cargo de las entidades administrativas, tendrán los siguientes recursos:

a) Los aportes personales jubilatorios de los trabajadores dependientes y no dependientes, sobre las asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

b) Los aportes personales jubilatorios de quienes hayan hecho la opción de acuerdo al artículo 8º de la presente Ley y de quienes estén comprendidos en el inciso 3º del citado artículo.

c) La contribución patronal especial por servicios bonificados prevista en el artículo 38 de la presente Ley.

d) Los depósitos voluntarios que realice el afiliado.

e) Los depósitos convenidos que realice cualquier persona física o jurídica a nombre del afiliado.

f) Las sanciones pecuniarias por infracciones tributarias, sobre los aportes destinados a este régimen (artículo 93 del Código Tributario).

g) La rentabilidad mensual del fondo de ahorro provisional que corresponda a la participación de la cuenta de ahorro individual en el total del mismo, al comienzo del mes de referencia, sin perjuicio de las transferencias desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y desde la Reserva Especial.

ARTICULO 45. (Recaudación de los aportes obligatorios). - Los aportes mencionados en el artículo anterior, literales a), b) y c), son contribuciones especiales de seguridad social y serán recaudados, en forma nominada, por el Banco de Previsión Social, sujetos a los mismos procedimientos y oportunidades que los demás tributos que recauda.

La recaudación de las sanciones pecuniarias establecidas en el literal f) del artículo 44 de la presente Ley se distribuirá en las cuentas de ahorro individual, en lo pertinente.

Dentro del plazo que establecerá la reglamentación, con un máximo de hasta 15 (quince) días hábiles después de vencido el mes de recaudación, el Banco de Previsión Social deberá hacer el cierre y la versión de los aportes obligatorios a cada entidad administradora y deberá remitir a la misma la relación de los afiliados comprendidos, los sueldos de aportación y los importes individuales depositados.

ARTICULO 46. (Acreditación de los aportes). - Los aportes y los montos por sanciones pecuniarias correspondientes a infracciones tributarias, transferidos por el Banco de Previsión Social con destino a cada entidad administradora, según lo establecido en el artículo anterior, serán acreditados en las respectivas cuentas de ahorro individual dentro del plazo de 48 horas.

ARTICULO 47. (Depósitos voluntarios). - El afiliado, cualquiera sea su nivel de ingresos, podrá efectuar, directamente en la entidad administradora, depósitos voluntarios con el fin de incrementar el ahorro acumulado en su cuenta personal.

ARTICULO 48. (Depósitos convenidos). - Los depósitos convenidos consisten en importes de carácter único o periódico, que cualquier persona física o jurídica convenga con el afiliado depositar en la respectiva cuenta de ahorro personal. Estos depósitos tendrán la misma finalidad que la descrita en el artículo anterior y podrán ingresarse a la Administradora en forma similar.

Los depósitos convenidos deberán realizarse mediante contrato por escrito, que será remitido a la entidad administradora en la que se encuentra incorporado el afiliado, con una anticipación de treinta días a la fecha en que deba efectuarse el único o primer depósito.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a los fines de su consideración tributaria, a determinar topes máximos al monto o porcentaje de estos depósitos.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 26. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Hemos votado negativamente porque aquí se establecen los alcances del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio en todas sus disposiciones. Concretamente, quiero hacer énfasis en los artículos 47 y 48 a los que me referí en ocasión de la discusión en general del Proyecto de Ley. A mi juicio, estas dos normas dejan una puerta abierta a la evasión de aporte patronal al Banco de Previsión Social. Tal como lo estructura el Proyecto, el trabajador dependiente que gane más de $ 5.000 -como así también el que perciba ingresos entre $ 2.500 y $ 5.000 y opte por ese sistema- debe contribuir obligatoriamente a un régimen de ahorro individual, a una cuenta de capitalización, ya sea estatal o privada. El patrono tiene que seguir haciendo la contribución patronal al Banco de Previsión Social.

Obsérvese que al establecerse el depósito voluntario, es posible que un empleador -que, como lo dije ayer, muchas veces evade en connivencia con el trabajador dependiente, al ejercer sobre esta la presión natural que siente un empleado de parte de un empleador- establezca un sueldo menor en la planilla y el resto lo pague directamente en la mano. Entonces, me planteo el siguiente esquema: un trabajador que gana $ 9.000 puede ser tentado por el patrono a realizar un convenio por el que se declare en la planilla que gana tan sólo $ 6.000. En ese caso, el dependiente realiza una contribución al sistema de ahorro individual por $ 1.000 y recibe en la mano el excedente entre los $ 6.000 y los $ 9.000. De esta forma el empleador se ve liberado de hacer el aporte patronal, y esto es muy fácil de lograr tal como están estructuradas estas disposiciones.

Creo que es una autopista para la evasión y puede transformarse en una ilusión el que se establezca que el aporte patronal debe ir al Banco de Previsión Social, con lo que la previsión nuestra acerca del descenso de ingresos de esta institución puede llegar a límites inimaginables.

En consecuencia, creo que deberían eliminarse estos dos artículos, ya que no traen ningún beneficio para el sistema que el Gobierno y quienes apoyan este Proyecto de Ley pretenden establecer.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - No voy a reiterar conceptos, pero quisiera recordar que oportunamente objetamos que se denominara a este régimen como jubilación. Sostuvimos que es un régimen de contratos de carácter privado combinados y que, por lo tanto, no tiene nada que ver con las jubilaciones ni el seguro social, que es lo que establece la Constitución de la República. El "nomen jure" del instituto no define su estructura. En realidad, esta es la contratación privada y entonces, repito, no es jubilación y no puede considerarse comprendida en el artículo 86.

Por lo tanto, entendemos que es susceptible de un trámite de plebiscito porque por el mero hecho de darle este nombre no se transforma, insisto, en jubilación o beneficio jubilatorio, dado que tiene características de contratación privada.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Quisiera fundar el voto en la misma medida en que se realizó la votación de este Capítulo. No me voy a referir a ningún aspecto específico, sino simplemente, quiero decir que hemos votado negativamente el Capítulo por el tipo de trayectoria de discusión y resolución que hasta ahora viene teniendo este tema. A nuestro juicio, se trata de un aspecto crucial del debate que el país está llevando a cabo en materia de seguridad social y creemos que esta es una de las novedades fundamentales que presenta el Proyecto de Ley que en la tarde de hoy está considerando el Senado.

Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que en el Uruguay no hay acuerdo posible en materia de seguridad social que no incluya un régimen de ahorro individual obligatorio en el marco de un sistema mixto. Así como decimos esto, también pensamos que no es posible ningún acuerdo que no incluya un sistema de reparto y solidaridad intergeneracional.

Entonces, señor Presidente, en este fundamento de voto nos sentimos obligados a decir que aun cuando hemos votado negativamente este Capítulo por el contenido del Proyecto de Ley en su conjunto, lo hacemos sin perjuicio de reconocer que ese acuerdo por el que deseamos seguir trabajando -según el fundamento de voto que hicimos cuando se aprobó en general este Proyecto de Ley- debe incluir un componente de este tipo. No encontramos absolutamente ninguna contradicción entre este voto negativo y nuestra convicción, simplemente porque en nuestro pensamiento el contenido de esta reforma también tendría que cambiar en otros aspectos y no sólo en este al que nos estamos refiriendo.

De todas maneras, señor Presidente, no quería dejar pasar por alto esta oportunidad para señalar estas convicciones que tenemos y reafirmar lo que dijimos en el día de ayer, en cuanto a que seguiremos trabajando en el trayecto que aún falta recorrer por parte de este Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Capítulo II "De las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia", que comprende el artículo 49.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 49. (Clasificación de las prestaciones). - Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, con cargo a las cuentas de ahorro individual, son las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial y las pensiones de sobrevivencia".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 23. Afirmativa.

En consideración el Capítulo III, "De las condiciones de acceso a las prestaciones", que contiene los artículos 50, 51 y 52.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 50. (Condiciones del derecho jubilatorio). - El acceso a las prestaciones de jubilación de régimen de ahorro individual obligatorio, se regirá por los mismos requisitos aplicables al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, de acuerdo a lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 de la presente Ley.

ARTICULO 51. (Derecho del afiliado incapacitado sin causal). - En el caso que el afiliado se haya incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo y no tenga derecho a las prestaciones a que hace referencia el artículo 18 de la presente Ley, la entidad administradora procederá, a opción del afiliado, a reintegrarle los fondos acumulados en la cuenta de ahorro individual o a transferir los mismos a una empresa aseguradora, a efectos de la constitución de un capital para la obtención de una prestación mensual.

ARTICULO 52. (Condiciones del derecho pensionario). - Las pensiones de sobrevivencia del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio se regirán por lo dispuesto en los artículos 24, 25, 31, 32, 33 y 34 de la presente Ley.

El sueldo básico de pensión será el equivalente a la prestación mensual que estuviere percibiendo, por este régimen, el afiliado jubilado o la que le hubiese correspondido al afiliado activo a la fecha de su fallecimiento, con un mínimo equivalente a la jubilación por incapacidad total conforme al artículo 58 de la presente Ley.")

-Oportunamente, el señor Senador Michelini había solicitado el desglose del artículo 52. Corresponde, entonces, votar los artículos 50 y 51 en primera instancia.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 50 y 51.

(Se vota:)

-17 en 24. Afirmativa.

SEÑOR POZZOLO. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 52, cuyo desglose había sido solicitado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Este artículo recibió una votación de 17 en 25. Quiero dejar constancia, si mis matemáticas no andan mal, de que no se alcanzan los dos tercios de votos y, en mi opinión, por ser aplicable el artículo 64 de la Constitución de la República con el carácter general del que ayer hablábamos, es una disposición que presenta un vicio formal.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Quería confirmar que con el señor Senador Korzeniak si esta observación que hacía era con respecto al artículo 52. Por supuesto, no coincidimos con su interpretación. Pero deseábamos saber si era esta disposición la que, a su juicio, necesita los dos tercios para ser aprobada.

Además, nos gustaría que el señor Senador señalara cuáles son los fundamentos por los que llega a la conclusión de que este artículo precisa dos tercios de votos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero decir, rápidamente, que este artículo es aplicable a todas las personas que se incluyen en la hipótesis genérica prevista por esta norma. Por consiguiente, abarca a los funcionarios y ex funcionarios -porque se habla de pensiones- en los Entes Autónomos o Gobiernos Departamentales. Al respecto, el artículo 64 de la Constitución de la República establece que las normas aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales, de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, necesitan dos tercios de votos. Este punto fue largamente debatido en la sesión anterior.

SEÑOR HEBER. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER. - Por supuesto, no coincidimos con el análisis del señor Senador Korzeniak, pero desearíamos saber si es el único de los artículos hasta ahora votados que, según su opinión, requiere dos tercios de votos. Esta sería, simplemente, una forma de llevar un control acerca de cuál es su opinión con respecto a los artículos que hemos votado.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador para contestar una alusión.

SEÑOR KORZENIAK. - En realidad, voy a contestar una pregunta y no una alusión.

Creo que ya quedó explicitada nuestra opinión. Hasta ahora no me había dado cuenta de que se hubieran votado artículos que no contaran con los dos tercios de votos; de pronto, se me pasó alguno. En general, casi todos tuvieron dos tercios de votos o más. En este caso, dos tercios de votos serían 18, y sentí claramente que la votación fue de 17 votos afirmativos. Obviamente, todos los artículos necesitan dos tercios de votos.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Deseo expresar algo que podría ser una mezcla de inquietud y constancia. Si llegara a prosperar la tesis del señor Senador Korzeniak -que, personalmente, no comparto- y se votara por dos tercios de votos -es decir, el porcentaje requerido- uno de los artículos finales que dispone la derogación de toda la normativa que se oponga a esta Ley, se produciría un absoluto vacío legal en la materia aplicable a los funcionarios.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Antes que nada, señor Presidente, empezamos por confesar nuestra absoluta ignorancia técnica en este tema. Pero en base a lo que se discutió ayer, a lo que expuso el señor Senador Korzeniak y a lo que contestaron quienes conocen de este asunto, quiero dejar la constancia política de que rechazamos de plano el criterio que, desde el día de ayer, viene sosteniendo el señor Senador Korzeniak, para esta Ley en general y para este artículo en particular. A nuestro juicio, está muy claro que los artículos votados por mayoría, en la medida en que no se basen realmente en la exigencia constitucional de una mayoría especial, tendrán validez, y ninguno de nosotros podrá irse de aquí con la amenaza o con la duda de que hemos votado una disposición que no sabemos si va a regir.

Señor Presidente: quiero decir que sin rebuscamiento constitucional ni político, sostenemos que nos sentimos perfectamente habilitados, en la medida en que seamos mayoría, para establecer aquí las soluciones legislativas que consideremos beneficiosas para el país.

SEÑOR VIRGILI. - Solicito que se rectifique la votación del artículo 52.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 52.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Hemos visto varios sillones vacíos y nos cuesta creer que pueda haber treinta señores Senadores en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Observamos que algunos señores Senadores desean que se rectifique nuevamente la votación, por lo que les solicitamos que ocupen sus bancas a tales efectos.

Se va a rectificar nuevamente la votación del artículo 52.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: quisiera plantear dos constancias.

En primer lugar, si se interpreta que se requiere determinado quórum, me parece que el mecanismo correcto sería cuestionar a la Mesa cuando establece que una votación es afirmativa.

En segundo término, me permito señalar que el planteo que formulamos en el día de ayer no ha sido resuelto y se sigue insistiendo en que las normas jubilatorias integrarían el estatuto del funcionario. En ese sentido, me veo obligado a realizar algunos comentarios. El artículo 59 de la Constitución enumera una serie de aspectos para incluir en el estatuto y que, naturalmente, no integra el jubilatorio. Además, el artículo 64 de la Constitución exige dos tercios de votos porque las normas estatutarias a las cuales hace referencia son las que regulan la situación funcional entre el Ente que tiene descentralización por servicios o territorial y sus funcionarios. Por esa razón es que nuestra Carta Magna reclama una mayoría tan particular, caracterizada por el hecho de que no se puede establecer cualquier clase de normas, sino sólo aquellas que por su generalidad deban ser aplicadas, porque está interviniendo en un área reservada a organismos que tienen concentración por servicios o territorial y que pueden dictar las normas que regulan la situación de sus funcionarios.

Señor Presidente: claramente no podría sostenerse la tesis contraria porque si se dice que esto es materia del estatuto, sería competencia, por ejemplo, de la Intendencia de Cerro Largo, y es evidente que ésta no puede disponer de Rentas Generales así como tampoco de las actividades del Banco de Previsión Social. Creo que esa interpretación no es la que surge claramente que se estableciera la tesis de que es materia estatutaria y que, entonces, UTE o ANTEL podrían decidir la edad en que se jubilarían sus funcionarios, el momento de su jubilación y disponer que Rentas Generales o el Banco de Previsión Social lo pague. Me pregunto, señor Presidente, ¿dónde queda la autonomía del Banco de Previsión Social y el imperio de los poderes propios del Estado central?

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Voy a ahorrarme buena parte de lo que pensaba decir frente al brillante fundamento de voto expuesto por el señor Senador Atchugarry.

Voy a agregar que acompañé el pedido de reconsideración de la votación de esta norma, no porque comparta la tesis expuesta por el señor Senador Korzeniak, sino porque es tradición de este Cuerpo acceder a esta clase de pedidos. Digo esto porque no deseo que se interprete que esta rectificación de votación respalda la tesis expuesta en su momento por el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Capítulo IV, que comprende los artículos 53 al 59, inclusive.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 53. (Financiamiento de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan). - Las prestaciones de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan, se financiarán con el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual que tenga el afiliado en la entidad administradora, al momento de configurarse la causal por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, con cese en la actividad o permaneciendo en la misma siempre que tenga un mínimo de 65 años de edad (artículo 6º, in fine) o desde la fecha de la solicitud, si fuere posterior.

"ARTICULO 54. (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada). La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida del afiliado y a la tasa de interés respectiva.

"ARTICULO 55. (Pago de las prestaciones). - Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán abonadas por una empresa aseguradora, ajustándose a las siguientes condiciones:

a) El contrato en el que se estipule el pago mensual de dicha prestación será realizado por el afiliado con una empresa aseguradora, a su elección, conforme a los procedimientos que establezcan las normas reglamentarias. La entidad administradora, una vez notificada por el afiliado, quedará obligada a traspasar a la empresa aseguradora los fondos de la cuenta de ahorro individual.

b) A partir de la celebración de dicho contrato, la empresa aseguradora será la única responsable y obligada al pago de la prestación correspondiente al beneficiario hasta su fallecimiento y partir de éste, al pago de las eventuales pensiones de sobrevivencia.

ARTICULO 56. (Financiamiento de la jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad). - Las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, serán financiadas por cada entidad administradora, mediante la contratación, con una empresa aseguradora, de un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento.

El seguro colectivo contratado no exime a la entidad administradora de las responsabilidades y obligaciones emergentes de la cobertura de los riesgos mencionados en el inciso primero de este artículo.

El Banco Central del Uruguay fijará las pautas mínimas a que deberá ajustarse dicho contrato de seguro.

ARTICULO 57. (Afectación del capital acumulado). - A los efectos del seguro contratado para la cobertura de los riesgos mencionados en el artículo anterior, el capital acumulado en la cuenta de ahorro del afiliado en la entidad administradora, a la fecha en que se produzca la incapacidad total, el fallecimiento en actividad o el fallecimiento en el goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será vertido en la empresa aseguradora imputándose como pago parcial de la prima del seguro colectivo mencionado en el artículo anterior.

ARTICULO 58. (Determinación de la jubilación por incapacidad total y del subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La empresa aseguradora pagará una jubilación por incapacidad total o un subsidio transitorio por incapacidad parcial, igual al 45% (cuarenta y cinco por ciento) del promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 26, sobre las que se aportó al Fondo Previsional en los últimos diez años de actividad, o período efectivo menor de aportación.

ARTICULO 59. (Regulación de las prestaciones). - Las prestaciones mencionadas en el presente capítulo se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.")

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Solicito el desglose del artículo 57.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Solicito el desglose y, además, la postergación de la consideración del artículo 53 porque estamos trabajando en la elaboración de una redacción sustitutiva.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito, también, el desglose del artículo 54.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se ha solicitado el desglose de los artículo 53 -y su postergación hasta que se presente una redacción sustitutiva- 54 y 57.

Entonces, si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 55, 56, 58 y 59.

(Se votan:)

-21 en 28. Afirmativa.

Como se solicitó la postergación del artículo 53, a continuación, se trataría el artículo 54.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Como recordará el señor Presidente, cuando comparecieron en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda los representantes del PIT-CNT, al analizar esta norma, argumentaron que en el caso de pago de la renta por parte de la empresa aseguradora se iba a tomar en cuenta una serie de elementos para su determinación, entre los cuales figuraba la expectativa de vida del afiliado. De esta forma, se otorgaba a dicha empresa un marco de libertad para fijar esa expectativa de vida, en virtud de que no se establecía que la misma fuera establecida de acuerdo con mecanismos actuariales o estadísticos que tuvieran el carácter de universalidad y fueran obligatorios para todos. Me consta, señor Presidente, que se ha argumentado que en el artículo 6º se hace referencia al mecanismo actuarial para la fijación de dicha expectativa de vida, pero debemos tener en cuenta que esa es una disposición general y la que estamos analizando es una norma particular. En una interpretación que acostumbran realizar los juristas, sería posible afirmar que, por ejemplo, este caso específico estaría regido por la disposición del artículo 54 que se refiere a la expectativa de vida del afiliado que, concretamente, va a percibir la renta y no del universo de personas al cual se va a aplicar.

Entonces, pediría que se introdujera la misma redacción que tiene el artículo 6º a fin de impedir que se otorgue un margen de libertad a la empresa aseguradora para que, de acuerdo al mecanismo que ella fije -como por ejemplo exámenes médicos- se establezca que la expectativa de vida de determinada persona, en lugar de ser de 20 años, sea de 35, con lo cual la renta se reduciría ostensiblemente en un 40% o 60%.

Aclaro que no soy partidario del Proyecto pero entiendo que aquí hay una puerta abierta para manipular la renta por parte de una empresa y, entonces, el contribuyente que aporta se encontraría en una situación de menor capacidad de defensa frente a un empresario de esta magnitud, por lo cual habría que recurrir a un juicio para determinar si se ha aplicado correctamente la Ley. Pienso que no costaría nada modificar la redacción de esta norma, aunque aclaro que no voy a acompañarla con mi voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor Senador Pozzolo informa a la Mesa que se está elaborando una redacción sustitutiva del tenor de la señalada por el señor Senador Gargano, a quien agradezco su observación en virtud de que recuerdo que en Comisión se planteó la necesidad de modificar el texto de esta norma en ese sentido.

SEÑOR POZZOLO. - Incorporamos el tema del señor Senador Gargano a la Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 57.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Simplemente, deseo plantear algo que no requiere nada más que la comprensión de la Mesa y del Cuerpo. En este artículo, luego de "subsidio transitorio por capacidad parcial" aparece una coma que entiendo debería eliminarse.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no hay objeciones, así se hará.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: he votado negativamente este artículo por todas las razones que en su momento manifestamos en Comisión. Creemos que en alguna oportunidad habrá que reverlo. Esta es una de las pocas disposiciones de este Proyecto que estamos votando negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa está a la espera de los textos de los artículos 53 y 54. Mientras tanto, se pasa a considerar el Capítulo Unico del Título V, que incluye los artículos 60 a 62.

(Los textos de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:)

"ARTICULO 60. (Regulación). - Los afiliados activos del Banco de Previsión Social que, al 31 de diciembre de 1996, tengan configurada causal jubilatoria por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por el régimen vigente a la fecha de sanción de la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo 62 de la presente Ley.

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las prestaciones en curso de pago a la fecha de su vigencia.

ARTICULO 61. (Opción por el nuevo régimen). - Los afiliados comprendidos en el inciso primero del artículo anterior, podrán optar, ante el Banco de Previsión Social, por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes al de la vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 62. (Aplicación del régimen más beneficioso). - Al efectuarse por el Banco de Previsión Social la liquidación de la pasividad correspondiente a los afiliados comprendidos en el artículo 60 de la presente y que no hubieren realizado la opción del artículo anterior, se aplicará de oficio el régimen más conveniente al afiliado. A tal efecto se considerará:

A) En forma integral el Régimen General de Pasividades vigente a la fecha de sanción de la presente Ley.

B) El referido Régimen General de Pasividades con excepción del sueldo básico de jubilación, mínimo y máximo de jubilación que serán los que resulten de la aplicación de los artículos 70, 74 y 75 de la presente Ley, respectivamente, tomándose las fechas en ellos indicadas o referidas con respecto al cese en la actividad.

C) Para aquellos afiliados activos que a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre del año 2002 se amparen a la jubilación con 65 o más años de edad, el régimen de transición establecido en el Título VI en los artículos 65, 68, 70, 71, 72, 73 de la presente Ley y las asignaciones de jubilación mínimas y máximas fijadas para el año 2003 en los artículos 74 y 75 de la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero de este artículo.

A los efectos de la determinación del sueldo básico jubilatorio de los afiliados comprendidos en este literal, no se tomarán en cuenta las fechas de configuración de causal establecidas en el artículo 70 de la presente Ley".)

-Según informa Secretaría, se encuentran en la Mesa, y han sido repartidos, dos artículos aditivos: uno que pasaría a ser el inciso segundo del artículo 60 y el otro, una modificación del artículo 61.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - En principio, solicito que este Capítulo sea votado artículo por artículo, y que se trata de tres disposiciones, y estaríamos pidiendo el desglose de dos.

Por otro lado, si bien estamos intentando buscar una solución alternativa en lo que respecta al tema de los docentes, debo decir que he estado revisando las redacciones y considero que no son incompatibles con lo que pretendemos. Por lo tanto, aspiro a que estas dos redacciones se incluyan en este Capítulo Unico. La propuesta fue presentada por varios señores Senadores, entre los cuales se encuentra el Miembro Informante. Ahora, pediría que en el artículo 60, después de la palabra "computen", se agregara "no menos de 25 años", quedando el resto del texto tal como está. En el artículo 61 -así me ahorro realizar luego la fundamentación de voto- estaríamos colocando la palabra "segundo", en la medida en que refiere directamente al artículo 60.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si la Mesa ha entendido bien, el señor Senador Michelini solicita que en el artículo aditivo, que sería el inciso segundo del artículo 60 -y que fue repartido en el día de ayer- se exprese que "Los docentes de los institutos de enseñanza pública y privada habilitados que computen no menos de 25 años de actividad docente efectiva al 31 de diciembre de 1996, se regirán por el régimen vigente para esa actividad a la fecha de sanción de la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 62. Cabe señalar que el señor Miembro Informante ha expresado a la Mesa su conformidad con esta modificación.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Sin perjuicio de que compartimos lo que ha expresado el señor Senador Michelini -creemos que la propuesta no obsta a la búsqueda de una solución para el tema de los docentes diferente a la incluida en el Proyecto- vamos a solicitar que no se voten estos artículos ahora, a efectos de hacerlo luego, junto a los que habrán de venir en poco tiempo más, también referidos a este asunto.

Por otro lado, coincido también con el señor Senador Michelini en lo que respecta a su solicitud de que este Capítulo Unico se vote por artículos.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - No me niego a que se siga el criterio señalado. Entonces, si se posterga la votación de los artículos 60 y 61, estaríamos votando sólo el 62. Si más tarde se encuentran soluciones mejores que las que están planteadas, al final de la sesión se realizaría la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, se posterga la votación de los artículos 60 y 61, que pasarían a ser votados en forma conjunta con los artículos 16 y 36.

En consideración el artículo 62.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

Corresponde ingresar ahora al Título VI, Capítulo I.

En consideración los artículos 63 y 64.

(Los textos de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"ARTICULO 63. (Ambito de aplicación). - Los afiliados al Banco de Previsión Social que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cuenten con 40 (cuarenta) o más años de edad cumplidos, y no configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996, por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por las disposiciones de este Título, salvo que realicen la opción prevista en el artículo siguiente.

ARTICULO 64. (Opción). - Los afiliados comprendidos en el artículo anterior podrán optar por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes a la vigencia de la presente Ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

Ahora, ingresamos en el Capítulo II, que abarca los artículos 65 a 78. La Mesa consulta a los señores Senadores si desean solicitar el desglose de algunas de estas disposiciones.

SEÑOR ASTORI. - Solicito el desglose de los artículos 66 en adelante.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa considera que lo más práctico sería votar artículo por artículo.

En consideración el artículo 65.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 65. (Prestaciones). - Las prestaciones serán las indicadas en los artículos 15 y 16 de la presente Ley".)

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Una de las disposiciones a que alude el artículo 65 ha sido postergada en su consideración; me refiero al artículo 16. Por consiguiente, pienso que deberíamos postergar también el tratamiento del artículo 65.

No creo que sea muy ortodoxo votar un artículo que aluda a otro que no ha sido considerado aún, y pienso que no convendría proceder de esta manera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores Senadores no tienen inconveniente, queda postergada la consideración de este artículo hasta tanto el Senado no se haya expedido sobre el artículo 16.

Si no entendí mal, el señor Senador Astori solicitaba el desglose de los artículos 66 y siguientes, lo que significa votar artículo por artículo la totalidad del capítulo.

Señor Senador, si me disculpa, no quiero discutir el procedimiento, sino simplemente pasar a la consideración de los artículos.

En consideración el artículo 66.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 66. (Causal de jubilación común). - Para configurar causal de jubilación común, se requiere un mínimo de treinta y cinco años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley y el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Para el hombre, el cumplimiento de 60 (sesenta) años de edad.

2. Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) 56 (cincuenta y seis) años a partir del 1º de enero de 1997;

b) 57 (cincuenta y siete) años a partir del 1º de enero de 1998;

c) 58 (cincuenta y ocho) años a partir del 1º de enero del 2000.

d) 59 (cincuenta y nueve) años a partir del 1º de enero del 2001.

A partir del 1º de enero del año 2003 la edad mínima de jubilación de la mujer, por la causal común, será de 60 (sesenta) años.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 67.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 67. (Causal de jubilación por edad avanzada). - Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

A) Un mínimo de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley de:

a) 11 (once) años de servicios a partir del 1º de enero de 1997;

b) 12 (doce) años de servicios a partir del 1º de enero de 1998;

c) 13 (trece) años de servicios a partir del 1º de enero del 2000;

d) 14 (catorce) años de servicios a partir del 1º de enero del 2001.

A partir del 1º de enero del año 2003 se requerirá u mínimo de 15 años de servicios.

B) El cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Para el hombre, el cumplimiento de 70 (setenta) años de edad.

2. Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) 66 (sesenta y seis) años a partir del 1º de enero de 1997;

b) 67 (sesenta y siete) años a partir del 1º de enero de 1998;

c) 68 (sesenta y ocho) años a partir del 1º de enero del 2000; y

d) 69 (sesenta y nueve) años a partir del 1º de enero del 2001.

A partir del 1º de enero del año 2003, se requerirá, para la mujer, un mínimo de 70 (sesenta) años de edad para configurar la causal por edad avanzada.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 68.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 68. (Jubilación por incapacidad total). - La causal jubilatoria por incapacidad total se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Ley, salvo en lo que hace a los períodos mínimos indicados en los literales a) y c) del mismo, los que se entenderán referidos a años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 69.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 69. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial). - El subsidio transitorio por incapacidad parcial se regirá por las disposiciones establecidas en los artículos 21, 22 y 23 de la presente Ley. Para el caso de la mujer, a efectos de la aplicación del artículo 23 de la presente ley, se tomarán en cuenta las fechas y edades mínimas previstas en el artículo 66 de la presente Ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 70.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 70. (Sueldo básico jubilatorio). - El sueldo básico jubilatorio se determinará:

a) Para quienes configuren causal a partir del 1º de enero del año 1997, por el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los diez últimos años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley.

b) Para quienes configuren causal en los años siguientes y hasta que se disponga de un período de 20 (veinte) años registrados en la historia laboral, por el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 (diez) últimos años de servicios, siempre que tal promedio no exceda en un 5% (cinco por ciento) el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas del período registrado, si éste fuere menor de 20 (veinte) y mayor de 10 (diez) años. Si excediere se aplicará este último promedio con el referido incremento.

Si fuera más favorable para el trabajador, el sueldo básico de jubilación será el promedio mensual de las asignaciones computables del período registrado en la historia laboral, si éste fuere menor de 20 (veinte) y mayor de 10 (diez) años.

c) Cuando se disponga de un período de 20 (veinte) años registrados en la historia laboral, se aplicará lo dispuesto en los tres primeros incisos del artículo 26 de la presente Ley.

d) Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computados no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los apartados anteriores de este artículo, se tomará el promedio de asignaciones computables actualizadas correspondiente al período o períodos de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley, o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará en la forma indicada en el artículo 26 de la presente Ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 71.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 71. (Asignación de jubilación común). - La asignación de jubilación común será la que resulte de la aplicación del artículo 28 de la presente Ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 72.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 72. (Asignación de jubilación por edad avanzada). - La asignación de jubilación por edad avanzada se regirá por lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley, no pudiendo superar la que resultaría de lo dispuesto en el literal e) del artículo 53 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 62 de la Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 73.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 73. (Asignación de jubilación por incapacidad total y subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La asignación de jubilación por incapacidad total y el monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial serán equivalentes al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico establecido de acuerdo al artículo 70 de la presente Ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 74.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 74. (Monto mínimo de jubilación). - El monto mínimo de la asignación de jubilación común, para quienes ingresen en el goce de la pasividad a partir del 1º de enero de 1997 será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta).

El referido monto mínimo, será incrementado en un 4% (cuatro por ciento) anual a partir del 1º de enero del año 1999, por cada año de edad que exceda los sesenta al ingresar al goce de la pasividad. Dicho porcentaje será del 8% (ocho por ciento) a partir del 1º de enero del año 2001 y 12% (doce por ciento) a partir del 1º de enero del año 2003, con un máximo del 120% (ciento veinte por ciento).

El monto mínimo de la asignación mensual de jubilación por incapacidad total, de la jubilación por edad avanzada y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) a partir del 1º de enero de 1997, $ 680 (pesos uruguayos seiscientos ochenta) a partir del 1º de enero de 1999, $ 810 (pesos uruguayos ochocientos diez) a partir del 1º de enero del año 2001 y $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) a partir del 1º de enero del año 2003.

Cuando se acumule más de una pasividad o subsidio, servidos por el Banco de Previsión Social, el mínimo resultante de acuerdo a los incisos anteriores de este artículo será igualmente aplicable a la suma de todas las pasividades o subsidios que perciba el titular o beneficiario".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 75.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 75 (Máximo de jubilación y subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La asignación máxima de jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada y la del subsidio transitorio por incapacidad parcial para quienes ingresen al goce de la pasividad o subsidio, a partir del 1º de enero de 1997, será de $ 4.300 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos), el que se elevará en $ 300 (pesos uruguayos trescientos) por año para quienes lo hagan en los 6 (seis) años siguientes.

Para quienes ingresen al goce de la pasividad o subsidio a partir del 1º de enero del año 2003, el monto máximo de la prestación será de $ 6.100 (pesos uruguayos seis mil cien).

Cuando se acumule más de una pasividad o subsidio, servidos por el Banco de Previsión Social, o en los casos de las asignaciones de pasividad que, a la fecha de sanción de la presente Ley, tengan un monto máximo establecido en 15 (quince) veces el importe del Salario Mínimo Nacional mensual el máximo será el vigente al 1º de mayo de 1995, el que se ajustará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 76.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 76. (Reconocimiento de servicios). - Los servicios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado organismo cuando sean acreditados ante el mismo mediante prueba documental tanto en los años de actividad, como en el monto computable y en el caso de los no dependientes las aportaciones correspondientes.

La reglamentación podrá admitir otros medios de prueba, a los efectos de acreditar servicios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la historia laboral, solamente cuando se trate de una única pasividad.

Los trabajadores dependientes no deberán probar la aportación, ni serán responsables por la misma.

Los afiliados activos deberán efectuar, en los plazos, forma, condiciones y requisitos que la reglamentación a dictar establezca, una declaración detallada de todos sus servicios anteriores. Vencidos los plazos establecidos por dicha reglamentación no se admitirá la denuncia de servicios anteriores.

Los servicios posteriores a la implementación efectiva de la historia laboral, sólo se reconocerán en tanto estén registrados en la misma".)

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Consideramos, señor Presidente, que este artículo puede ser de grave repercusión para todos los que tengan que jubilarse en el país, y que significará, además, el riesgo de que muchos trabajadores no vayan a poder justificar los años de servicio establecidos por Ley. La mecánica de esta disposición implica que se van a poder denunciar en la historia laboral los años que el patrono designe. En cuanto a los años anteriores a la formación de la historia laboral, se necesitará prueba documental. Creemos que esto puede ser de suma gravedad, conociendo lo que es la historia de este país, el trabajo clandestino, el que se produce en actividades zafrales, el doméstico, el rural, etcétera. Entonces, la prueba documental de los años de trabajo va a ser de tremenda dificultad.

Por lo tanto, esto significará que mucha gente no se podrá jubilar en el país. Esto es ahorro en jubilaciones, pero a costa del derecho de la gente que ha trabajado.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Ricaldoni)

-La solución que se adopta en el inciso segundo, se refiere a que se van a poder admitir otros medios, delegándolo a lo que establezca la reglamentación. Para el caso de una única pasividad -que es un fenómeno arbitrario- sin duda esto puede ser muy perjudicial.

Repito que, a nuestro juicio, esta disposición puede tener grave repercusión en el desconocimiento del derecho. Oportunamente, vamos a referirnos al sistema de la historia laboral, que también tiene efectos importantes.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Comparto totalmente el razonamiento que hacía el señor Senador Sarthou sobre este artículo. Voy a limitarme a agregar que en el penúltimo inciso se delega en la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo, la fijación de los plazos para permitir que una persona pueda denunciar servicios anteriores. Esto puede significar una verdadera expropiación a alguien que tuvo la posibilidad de aportar durante varios años con el derecho adquirido, o la mera expectativa -como lo quieran llamar los señores Senadores- de jubilarse y que pierde dichos aportes porque el artículo no le permite determinados medios de prueba ni aun después de un cierto plazo que fijará el Poder Ejecutivo, el cual no está establecido en la Ley, por lo que hay una delegación en este caso. Esta persona no va a poder denunciar servicios anteriores, aunque sean reales o no haya habido ninguna mala fe de ella ni haya intentado ningún arreglo con su mala conciencia, con el propietario o con el patrono. Aun en ese caso la persona es castigada -este término es absolutamente aplicable- por esta disposición.

Pensamos, señor Presidente, que esta norma es de una profunda injusticia y que la existencia de declaración de servicios falsos -que también la hay- se combate atacando dicha declaración y no poniendo una especie de expropiación del derecho de las personas, cuando hayan procedido de total buena fe y no dentro de un plazo de una determinada Ley. Esta no va a ser entendida por el común de la población, porque el tema de las normas jubilatorias es muy complejo y de alguna manera quedaría determinada la pérdida de ciertos derechos. Por consiguiente, nos parece una disposición profundamente injusta; se trata de una exacción antijurídica de derechos de una persona que aportó. Pensamos que si contribuyó correctamente y trabajó de buena fe, no se le puede decir que eso no servirá para su jubilación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 77.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 77. (Pensión a la vejez e invalidez). - Las modificaciones al beneficio de la pensión a la vejez e invalidez previsto por el artículo 42 de la presente Ley, serán de aplicación a partir del 1º de enero de 1997".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 78.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 78. (Régimen pensionario). - Las modificaciones establecidas en el Título III al régimen de pensiones, entrarán en vigencia a partir de los diez días siguientes a la de la fecha de publicación de la presente Ley.

El régimen pensionario aplicable en cada caso, será el vigente a la fecha de configuración de la respectiva causal de pensión".)

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Tengo una preocupación puramente técnica, y desearía que nadie pensara que intento obstaculizar la marcha de la discusión.

Cuando se habla de la publicación, normalmente las referencias se hacen al Diario Oficial. En este caso no está mencionado; entonces ¿quiere decir que se refiere a la publicación en cualquier periódico, diario o semanario? ¿O en el Diario Oficial` Es una interrogante que formulo a los señores Senadores miembros de la Comisión.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - En nuestra opinión, efectivamente se refiere a la publicación en el Diario Oficial.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 78.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra, para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Quiero expresar que hemos votado afirmativamente este artículo debido a que, simplemente, pone la fecha de vigencia del régimen pensionario, que hemos votado con anterioridad.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Por Secretaría, se me señala que estaríamos en condiciones de volver hacia atrás y considerar los artículos 38, 53 y 54.

Léase el artículo 38, sustitutivo.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 38. (Contribución especial por servicios bonificados). - Los empleadores que ocupen trabajadores en actividades bonificadas deberán abonar una contribución especial a su cargo, la que será determinada por el Poder Ejecutivo, en base a la bonificación prevista para la actividad, propendiendo a la equivalencia entre ingresos por aportaciones y egresos por prestaciones en el largo plazo.

La referida contribución especial no podrá superar el 100% (cien por ciento) de la suma de las tasas de los aportes personales y patronales.

La contribución especial, correspondiente a las asignaciones computables comprendidas en el tramo entre $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil y $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), deberá verterse en la cuenta de ahorro jubilatorio del trabajador".)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 53, tal como viene de Comisión.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 53. (Financiamiento de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan). - Las prestaciones de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan, se financiarán con el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual que tenga el afiliado en la entidad administradora, al momento de configurarse la causal por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, con cese en la actividad o permaneciendo en la misma siempre que tenga un mínimo de 65 años de edad (artículo 6º, in fine) o desde la fecha de la solicitud, si fuere posterior".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

Léase el artículo 53, sustitutivo.

(Se lee:)

"ARTICULO 53. - Las prestaciones de jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ella se derivan, se financiarán con el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual que tenga el afiliado en la entidad administradora, al momento del cese en todas las actividades comprendidas por el Banco de Previsión Social, con causal jubilatoria configurada o permaneciendo en actividad siempre que tenga un mínimo de 65 años de edad (artículo 6º, in fine) o desde la fecha de la solicitud, si fuera posterior".)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

Léase el artículo 54, sustitutivo.

(Se lee:)

"ARTICULO 54 (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada). - La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida fijada en el artículo 6º de la presente Ley y a la tasa de interés respectiva").

-En consideración.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: vamos a votar en contra de este artículo; de todas maneras, con ánimo de intentar que la redacción mejore, creo que debería decir: "fijada en la forma establecida en el artículo 6º" y no: "fijada en el artículo 6º".

SEÑOR POZZOLO. - Apoyado.

SEÑOR KORZENIAK. - Ahora me voy a referir a la parte que no me gusta de la disposición. Creo que éste es un artículo que, como tuve oportunidad de citar en otro debate, tiene una redacción que los juristas italianos llaman argumental, porque tiene por objeto entusiasmar, cuando en realidad es un artículo que tiene muchos problemas. Uno de ellos fue corregido cuando se eliminó, primero en el artículo 6º y, ahora, con la relevante actuación del señor Senador Pozzolo, también se arregló en el que estamos considerando, en cuanto a que las empresas no pudieran fijar en cada afiliado la expectativa de vida, porque ésta era una solución admisible en la renta vitalicia común aislada, pero no en un sistema de seguridad.

Sin embargo, no se han corregido otras cosas, y por eso digo que el artículo tiene un carácter argumental. En primer lugar dice que la jubilación se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual. Se supone que se le va a cobrar alguna comisión a la persona. Entonces, se puede decir que esa comisión se va descontando y cuando dice "saldo acumulado", ya estaría cubierta, en el momento en que se fije ese indicador tan importante de lo que la persona haya ido depositando y ahorrado. Pero al margen de que esas comisiones tienen características muy especiales -están más adelante y se fijan libremente- en este artículo no se les menciona y no se dice que es el saldo acumulado, menos las comisiones. Yo interpreto que es así y, sin embargo, no se dice. Ahí estaría la parte argumental.

Por otra parte, repito que no me convence el argumento que se me podría hacer, especificando que en el saldo acumulado ya están descontadas las comisiones, porque entonces no tendría sentido agregar al final, después del tema de la expectativa de vida, la tasa de interés respectiva, porque eso también se fue tomando en cuenta para fijar dicho saldo.

En consecuencia, creo que estas cuentas personales, abiertas en entidades que pueden ser privadas o públicas, son malas y dañosas para el sistema de previsión social. Además, entiendo que la redacción de este artículo tiende, de alguna manera querida o impensada, a ocultar a la persona que en la fijación de eso va a haber una comisión que, repito, en su momento vamos a analizar, porque se estableció que se fija libremente, a diferencia, incluso, de las comisiones que cobran los Bancos, en la cuales existen ciertos límites fijados por el Banco Central.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Si me permite, señor Presidente, deseo hacer un breve comentario con respecto al procedimiento a seguir.

Si mal no recuerdo, es de estilo que cuando se leen propuestas de modificación o aditivos de artículos, se sepa su autoría.

Por otra parte, debo indicar que no alcanzo a comprender el sentido de la modificación propuesta y, entonces, no sé a quién dirigirme para que me lo explique.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Lo único que hace este artículo, de acuerdo con la modificación que propusimos, es adaptarse al artículo 6º que habíamos votado y que había sido modificado. En el fondo, recoge la sugerencia que efectuó el señor Senador Gargano.

Teniendo en cuenta que el artículo aditivo no quedó muy bien redactado, pediría que se leyera.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - De acuerdo, señor Senador.

Léase el artículo 54.

(Se lee:)

"ARTICULO 54 (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada). - La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida fijada en la forma establecida en el artículo 6º de la presente ley y a la tasa de interés respectiva".

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En primer lugar, debo indicar que me da la impresión de que si la modificación sugerida pretendía -si entendí bien y tal como lo indicó el señor Senador Korzeniak- disponer que las tablas sean uniformes en todos los casos, no cumple su objetivo. En mi concepto, el artículo 6º no especifica que las tablas deban ser uniformes.

En segundo término, deseo expresar que no comparto la inquietud del señor Senador Korzeniak en el sentido de que, por ley, deba imponerse a las compañías aseguradoras una uniformidad de tablas. Si se hace esto, probablemente se obtendrán tablas excesivamente conservadoras que terminarán perjudicando a los afiliados. Obviamente, cuando se legisla se busca promediar hacia abajo y no asumir riesgos. Sin embargo, si se deja al mercado en libertad habrá competencia y, como sucede actualmente con los seguros de vida, probablemente haya quien ofrezca condiciones mejores. Entonces, en lugar de estar beneficiando a los futuros jubilados estaríamos perjudicándolos.

Quizás, se haya partido de una presunción -que surge frecuentemente cuando se legisla- disminutoria de la capacidad de la gente. Además, estamos pensando en jubilados que van a tener determinada capacidad económica de ingresos. No veo por qué debemos presumir que son menor inteligentes que nosotros y no van a ser capaces de elegir distintas opciones en este mercado, tal como se hace actualmente en el mercado de seguros. Felizmente, en nuestro país todavía no se nos ocurrió imponer, por ley, las tablas en materia de seguros de vida. No encuentro ningún motivo por el cual debamos apartarnos de ese criterio prudente.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para responder a una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Brevemente, quiero indicar que tengo una enorme confianza y siento gran satisfacción por el nivel de inteligencia de todo nuestro pueblo.

Deseo aclarar que mi presunción es otra, o sea, que una empresa que invierte quiere ganar lo más posible, lo cual es legítimo. Para ello, a cada afiliado se le fijará -aparentemente, sería esto a lo que hacía referencia el señor Senador Posadas Montero- una expectativa de vida de 50 años, por lo cual cobrarían una jubilación menor, sobre todo, tratándose de un indicador tan flexible y variable. La gente, por más inteligente que sea, después de que estuvo aportando, ya no tiene la oportunidad de elegir otra entidad o aseguradora que le estime una expectativa de vida más favorable para sus intereses. En este caso, considero que no hay opción.

Entonces, se trata de saber si es verdad -lo cual me parecería totalmente fuera de lugar- que se quiere que cada empresa, en cada caso fije la expectativa de vida de una persona mediante un análisis individual o, por el contrario, lo que se desa es que se confeccionen tablas generales aplicables en todos los casos. Si se desea esto último -tal como parece haber sido la voluntad del artículo 6º- entonces, me parece que lo mejor es la adaptación del texto.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Según entiendo, es razonable que las empresas aseguradoras compitan en función de la rentabilidad que ellas obtienen. El asunto es saber si el artículo debería especificar que todo ello se hará en función de la edad de la persona, porque es lo que permite establecer la tabla. No me refiero a la expectativa de vida porque, en última instancia, lo que interesa es saber la constitución del núcleo familiar. Si el seguro es individual, como empresa aseguradora me interesaría no sólo la edad sino también la constitución del núcleo, a fin de determinar qué tipo de pensiones tengo la posibilidad de pagar. Si se trata de un seguro social o grupal, sólo debe interesarnos que en la disposición se establezca que la prestación se calcula en función de la edad en el momento de empezar a recibirla. Asimismo, se deberá tener en cuenta el índice de rentabilidad que fije cada compañía de seguros. Entonces, creo que estaría sobrando la frase "según el interés".

Considero que deberíamos hacer referencia a la edad de la persona en el momento de solicitarlo, en los términos del artículo 6º que, a mi juicio, es bastante claro. Incluso, estimo que no sería necesario agregar ningún tipo de distinciones. La idea sería que cada compañía haga una oferta para las personas que, por ejemplo, tienen 66 años, con independencia de si se trata de fumadores o no y de si tienen una esposa más joven o no y, por lo tanto, con mayor o menor expectativa de vida.

En consecuencia, sugiero que precisemos la redacción de este artículo, a fin de dejar claramente establecido que estamos en presencia de un seguro social; ésta es la diferencia crucial.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Solicito que se postergue nuevamente este artículo 54 porque, a mi juicio, corresponde redactar nuevamente el aditivo que se ha propuesto. A esos efectos, trabajaremos en los próximos minutos junto con el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si el Cuerpo está de acuerdo con lo propuesto por el señor Senador Fernández Faingold, se posterga el artículo 54.

Corresponde pasar a analizar los artículos 79 a 85.

En consideración el artículo 79.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 79. (Cometidos. Modificación). - Sustitúyense los numerales 4º y 6º del artículo 4º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, por los siguientes:

"4º) Proponer al Poder Ejecutivo, la fijación del monto de las prestaciones a su cargo y ajustar en forma provisoria o definitiva, según el caso, las asignaciones de jubilación y pensión a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución de la República".

"6º) Llevar el registro de historia y los demás registros y cuentas de sus afiliados activos, pasivos y contribuyentes, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones pertinentes".

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Deseo saber cuáles son los artículos desglosados.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Infórmese por Secretaría.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - El artículo 84 ha sido desglosado, en virtud de que el señor Senador Posadas Montero presentó un texto sustitutivo.

SEÑOR ASTORI. - ¿El artículo 80 también se desglosó? Concretamente, me refiero al Capítulo I del Título VII.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Nadie lo ha solicitado señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Entonces, si estoy a tiempo, quisiera solicitar que se desglosen los artículos 80 y 81. Tengo entendido que ya se pidió lo mismo con respecto al artículo 84.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Deseo plantear una sugerencia de redacción con respecto al último inciso del artículo 79, en el sentido de que dijera: "Llevar el registro de las historias laborales", ya que, obviamente, el Banco de Previsión Social no va a llevar un registro de historia universal.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si el señor Miembro Informante está de acuerdo, no habría inconveniente.

SEÑOR BREZZO. - Estoy de acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque lo artículos 79, 82, 83 y 85.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 80.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 80. (Cometidos. Incorporación). - Agrégase al artículo 4º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, el siguiente numeral:

"15) Constituir y organizar, con independencia del patrimonio del Ente y en régimen de derecho privado, actuando solo o en forma conjunta con instituciones financieras del Estado, una entidad administradora de fondos de ahorro previsional".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 81.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 81. (Cometidos. Sustitución). - Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, en la redacción dada por el artículo 548 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 9º (Competencias del Directorio del Banco de Previsión Social). - Las competencias del Directorio del Banco de Previsión Social serán las siguientes:

1) Efectuar el planeamiento estratégico de la Institución y el control general de la gestión y dirigir el servicio a su cargo con las más amplias facultades de administración y disposición.

2) Atribuir, mediante la modalidad de desconcentración, las materias propias de su competencia, incluidas las correspondientes a Activos y Pasivos entre otras, a los diversos órganos que conformen la estructura del Banco, sin perjuicio de su derecho de evocación sobre los asuntos que, a su juicio, así lo justifiquen.

Dicha atribución, podrá ser ejercida en las oportunidades y condiciones que se determinen por el propio Directorio.

3) Designar y cesar al Gerente General y a los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, debiendo contar para ello con cuatro votos conformes.

4) El Directorio del Banco de Previsión Social a través de su Presidente o de la Gerencia General en su caso ejercerá sobre los órganos desconcentrados que existieren, la coordinación de los respectivos servicios y la superintendencia directiva, correctiva y funcional de las competencias no desconcentradas.

5) Aprobar o rechazar las prestaciones a cargo del Organismo.

6) Destituir a sus funcionarios por ineptitud, omisión o delito, por resolución fundada y previo sumario administrativo. Para la destitución se requerirán cuatro votos conformes.

7) Dictar, cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones internas necesarias para el funcionamiento del servicio.

8) Aprobar el Reglamento General y el Estatuto del Funcionario del Banco de acuerdo al artículo 63 de la Constitución de la República.

9) Proyectar su presupuesto de sueldos, gastos e inversiones, conforme con lo dispuesto por el artículo 221 de la Constitución de la República.

10) Designar al personal del Banco de Previsión Social, y aprobar los ascensos según lo establezcan las normas del Estatuto del Funcionario.

11) Elevar y publicar el balance anual y divulgar la memoria de gestión.

12) Recibir inmuebles en pago de sus créditos en cuyo caso el valor que se les asigne no podrá ser superior a la tasación que practique la Dirección General del Catastro Nacional.

Tales inmuebles podrá transferirlos, mediante acuerdo, al Banco Hipotecario del Uruguay o a los Gobiernos Departamentales.

El Banco de Previsión Social podrá asimismo recibir en pago de sus créditos bienes muebles, los que serán aceptados por el valor que les asigne un cuerpo de tres tasadores, uno designado por el Directorio del Ente, otro por el deudor proponente y el tercero por los dos anteriores de común acuerdo. En caso de que el deudor no designe su tasador, o que no exista acuerdo para nominar el tercer perito, el Directorio del Banco, queda facultado para aceptar la tasación que formule el perito por él designado.

13) Integrar Comisiones Asesoras Honorarias cuyas competencias serán fijadas por la reglamentación respectiva.

14) Designar al Secretario General con cargo de particular confianza.

15) Delegar, por resolución fundada, en la Gerencia General y en los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, las atribuciones que estime convenientes".)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: mediante este artículo, modificando la Ley correspondiente, se fijan las competencias del Directorio del Banco de Previsión Social. A este respecto, simplemente quiero subrayar uno de los aspectos que me parece de enorme trascendencia y significación. Me refiero a que, por esta disposición, prácticamente se convierte a los miembros representantes de los agentes económicos y sociales que integran el Directorio del Banco de Previsión Social, en meros espectadores de la gestión de los directores políticos. Es decir, pasarían a ser directores de segunda clase, ya que el numeral 3) de este artículo dice "Designar y cesar al Gerente General y a los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, debiendo contar para ello con cuatro votos conformes". Disculpen la franqueza pero, en mi opinión, esto refleja un arreglo político entre los directores políticos y reparto entre ellos, mientras que los directores sociales presenciarían este juego.

SEÑOR SANTORO. - El señor Senador está manifestando una presunción.

SEÑOR GARGANO. - No; no se trata de una presunción, pues a pesar de que no se dice expresamente, es la más clara y previsible consecuencia.

Pienso que los directores son todos iguales, que todos tienen la misma competencia y, por lo tanto, si se quiere señalar que no es esto lo que va a ocurrir, entonces, que la redacción de este numeral diga: "cinco o seis votos conformes". De este modo, garantizaríamos a los directores sociales la posibilidad de incidir en la marcha del Banco de Previsión Social.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Lamentablemente, señor Presidente, en el momento en que iba a fundamentar el voto contrario al artículo 80, mi gesto fue excesivamente tímido y no pudo ser advertido por la Mesa.

Quisiera decir que el artículo 80, aparte de su conveniencia u oportunidad, en nuestra opinión, es una disposición inconstitucional. Digo esto, porque la Constitución de la República, salvo leyes especiales muy caracterizadas -y muy discutidas en el sentido de si tiene que haber una ley específica para cada caso, o si puede estar comprendido en una Ley general- no autoriza la aplicación del régimen de derecho privado en la actuación de los Entes Autónomos. Este tema ha sido discutido muchas veces en el Parlamento, e inclusive recuerdo que el anterior Presidente del Cuerpo había presentado, junto con otros miembros del Partido Nacional, un Proyecto de Ley Constitucional que autorizara esa característica, en una campaña electoral. Entiendo, en primer lugar, que no sirve y, en segundo término, que parte de la base de un desconocimiento total de las diferencias entre el Derecho Público y el Privado. Como más de una vez se ha dicho en esta Sala, estas diferencias son muy difíciles de determinar, ya que existen más de 106 criterios para distinguir una rama de la otra. Por otro lado, también se cree que el Derecho Público es de carácter lento cuando, en realidad, su origen fue, precisamente, para agilizar la actividad estatal. Esta es la razón por la cual lo impugnaban Kelsen y Duguit, los dos opositores más fuertes del Derecho Público.

Mi voto contrario, entonces, a esta disposición, no sólo se basa en motivos de conveniencia y oportunidad -es decir, en su carácter no saludable para el país- sino también en que es inconstitucional.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si no me equivoco, debido a que el señor Senador está expresando un fundamento de voto, no puede conceder una interrupción.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI. - Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Pido disculpas a los señores Senadores pero, a veces, por el afán de ser breves nos excedemos en la brevedad de algunas fundamentaciones y planteos.

Deseo señalar que, además de otras cosas, en este artículo 81 hay una disposición -más precisamente, en el numeral 9)- que dice: "Proyectar su presupuesto de sueldos, gastos e inversiones, conforme con lo dispuesto por el artículo 221 de la Constitución de la República". Actualmente, el procedimiento que se utiliza es que el Banco de Previsión Social proyecte su presupuesto conforme al artículo 220 de la Constitución, por lo que es el Poder Legislativo el que lo aprueba. Me pregunto, entonces, si se puede hacer una modificación de esta naturaleza.

Además, me gustaría saber en qué se fundamenta el beneficio que acarreará para dicha institución que el presupuesto sea aprobado por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Legislativo. En verdad, no conozco los fundamentos de esta disposición, ni si encaja dentro de la arquitectura legal que prevé la Constitución de la República ya que en el artículo 221 se hace referencia a los presupuestos de los entes industriales o comerciales del Estado. El Banco de Previsión Social no es un ente industrial ni un Banco que se dedique a la actividad comercial, es decir, a prestar dinero y recibir depósitos.

De modo que si existe una flagrancia de inconstitucionalidad, ésta es absoluta y total. Pero, además, insisto en que no sé el motivo por el cual se ha incorporado esta disposición, aunque puedo presumir que se debe a una razón de practicidad.

Muchas gracias por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar la señora Senadora.

SEÑOR SARTHOU. - ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ARISMENDI. - Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - A modo de fundamento de voto, deseo ratificar lo expresado por el señor Senador Korzeniak con referencia al artículo 221, en el sentido de que en realidad es una situación prevista por el artículo 188, que no permite que el Estado pueda participar en empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa, bajo las condiciones que se convengan previamente. Más adelante dicha disposición dice que la Ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación. Considero que el artículo 188 de la Constitución de la República es profundamente restrictivo, dado que aun en empresas formadas por aportes -que es casi la hipótesis del inciso tercero de esta norma- se exige la autorización en cada caso para la intervención del Ente. En tal sentido, conformo y ratifico lo señalado por el señor Senador Korzeniak con respecto al artículo 80. En lo relativo al artículo 81, pensamos que poderes importantes, como son los de destitución de funcionarios y la designación de Gerentes y titulares de los órganos desconcentrados, están reservados solamente para cuatro votos. Si bien ello no tiene un signo político, es evidente que está creando un quórum que puede lograrse sin necesidad del apoyo de los representantes de activos, pasivos y empresas. Como señalaba el señor Senador Gargano este es un aspecto perjudicial para la representación de los intereses de los afiliados al Banco de Previsión Social.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Brevemente, quisiera referirme a las preguntas formuladas por el señor Senador Gargano, aunque posiblemente la contestación no sea efectiva.

Del caso es señalar que originariamente, en la Constitución de 1966, se concibió el Banco de Previsión Social con la característica de Banco. En esa oportunidad, se motivó una muy ardua y larga discusión en relación con la naturaleza de esta institución. No se determinó en puridad si se trataba de un Banco o de otro tipo de organismo. Posteriormente, cuando se redactó la Ley Nº 15.800 -en la cual tuvimos alguna participación, ya que fuimos quienes propusimos esta iniciativa- se estableció que el Banco de Previsión Social se regiría por el artículo 221 de la Constitución de la República, es decir, como si fuera un Banco. Luego, a raíz de una intervención del Legislador, Doctor Ríos -que era un ciudadano que tenía mucha capacitación en materia jubilatoria- se modificó esta norma pasando a regularse el presupuesto del Banco por el artículo 220 de la Constitución de la República. Con el Proyecto de Ley que estamos considerando, se vuelve a la idea original y creemos que está bien que sea así, debido a la nueva conformación -me refiero a las actuaciones que tendrá como administrador- de la institución. Por tal razón, pensamos que al incorporarlo al artículo 221 de la Constitución, se da mayor contextura, capacitación, libertad y se le habilita a modificar, en forma más apropiada, su presupuesto, a los efectos de cumplir debidamente con sus funciones.

Naturalmente, tenemos la certeza de que esta no es la respuesta que estaba esperando el señor Senador Gargano, pero decimos que históricamente el Banco de Previsión Social se creó para que fuera un Banco y se regulara por el artículo 221 de la Constitución. Existe una publicación de la Facultad de Derecho -en la cual creo que intervino el señor Senador Korzeniak- donde el Doctor Plá Rodríguez hace referencia a la naturaleza del Banco de Previsión Social y a la posibilidad de que su presupuesto sea regido por el artículo 221 de nuestra Carta Magna.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - No tengo muy en claro si se está haciendo el fundamento de voto del artículo 80 o si, en cambio, estamos discutiendo el artículo 81.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Estamos discutiendo el artículo 81.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Mi confusión se debe a que escuché objeciones de los señores Senadores Korzeniak y Sarthou acerca de la posible participación de un Ente Autónomo en actividades privadas. Si ese tema ha culminado, me referiré exclusivamente a la inquietud planteada por el señor Senador Gargano, con respecto a que el Banco se pase a regir por el artículo 221, en lugar de por el 220 de la Constitución.

Esta redacción fue planteada por quien habla en la Comisión. Coincido con las argumentaciones realizadas por el señor Senador Santoro, en el sentido de que esto es perfectamente constitucional. Entiendo que el Constituyente de 1966 si llamaba a algo "Banco", sabía a qué se refería, ya que sería una enorme presunción de ignorancia poner el nombre de "Banco" a una institución que se concebía de una manera diferente. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, entiendo que no es inconstitucional.

Además, creo que el texto actual de la norma es mejor por dos motivos. En primer lugar, porque hay una intervención mucho más activa del Tribunal de Cuentas y, en segundo término, porque el mecanismo le da mayores facultades al Poder Ejecutivo. Estimo que ello es bueno para el Banco en las actuales condiciones y lo será aún más con las nuevas actividades que tendrá que encarar.

Finalmente, deseo manifestar que más adelante hay un artículo -no recuerdo si fue iniciativa del Poder Ejecutivo o se introdujo en la Comisión- que establece topes para el porcentaje de gastos del Banco de Previsión Social y eso está previsto, exclusivamente, en el artículo 221 de la Constitución.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - En realidad quisiera hacer un comentario alusivo al artículo 80, porque "ex post facto" se planteó su eventual inconstitucionalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Para ello, señor Senador, debería solicitarse la reconsideración del artículo 80.

SEÑOR BERGSTEIN. - Sucede que quería dejar constancia de mi discrepancia sobre este punto, pero dejo librado esto a la decisión de la Presidencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede proseguir, el señor Senador Bergstein, pero la Mesa lo exhorta a que sea breve.

SEÑOR BERGSTEIN. - Simplemente, quiero manifestar que en una primera lectura, me parece que el artículo 188 de la Constitución de la República se refiere a hipótesis ajenas a la del artículo 80 del Proyecto de Ley. La mencionada norma constitucional habla de la participación del Estado en actividades industriales, etcétera, de empresas formadas por diversos tipos de aportes. En cambio, el artículo 80 del Proyecto de ley se refiere a constituir y organizar con independencia del patrimonio del Ente. A mi entender, una cosa es "constituir y organizar" y otra diferente es "participar" en una actividad de otros. Por lo tanto, se trataría de dos hipótesis distintas.

En cuanto al argumento de que la ley exige una autorización en cada caso, siempre se refiere a la participación, pero aun si esto fuera participación, precisamente estaríamos hablando de uno de estos casos. Entonces, no observo ningún tipo de inconstitucionalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 81.

(Se vota:)

-19 en 25. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: este artículo se parece a una novela, por su extensión, por lo que solamente voy a hacer una referencia relativa a la forma en que se faculta -no en lo abstracto, pero sí en la práctica- a los miembros políticos del Directorio a designar y cesar al Gerente General. Con ello se establecen varios elementos: el primero ya fue señalado por el señor Senador Gargano; el segundo, es que se declara que este cargo no es de carrera administrativa, lo que cambia radicalmente lo que en general se venía aplicando en el Banco de Previsión Social; y, el último aspecto, es que este cargo no existía.

Este Proyecto de Ley aún no ha sido aprobado, pero la parte política del Directorio del Banco de Previsión Social ya nombró a una señora para que ocupe el cargo de Gerente General. Quizás se trate de una persona de alta capacidad -personalmente no la conozco- pero ha sido enviada a capacitarse a España sobre este tema y fue designada con un sueldo muy elevado. Con mucha franqueza, quiero manifestar que a pesar de que esta disposición aún no ha sido aprobada, ya fue puesta en vigencia por medio de un nombramiento político, cuando las normas legales y estatutarias vigentes todavía no autorizan al Directorio del Banco de Previsión Social a nombrar sin concurso, llamado o méritos, a un Gerente General. Simplemente, quería destacar esa circunstancia histórica que, con mucha razón, creó disconformidad dentro de esta Institución.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: no participo de la tesis que presume como mejor fuente para la designación de jerarcas a organizaciones gremiales o sindicales que al poder Ejecutivo con la venia del Senado de mi país, y esto lo hago extensivo a este Poder Ejecutivo y al anterior. Creo que estamos cayendo, quizás sin quererlo, en ir aceptando por la vía de comentarios que se deslizan, que determinadas personas ya tienen una tacha por el hecho de venir designadas de esa forma. Reitero que lo digo expresamente con relación a este Poder Ejecutivo -que no es el de mi Partido- y a los anteriores; con relación, además, a este Senado -en el cual no tenemos mayoría- y a los anteriores. No tengo por qué -y de hecho no lo pienso- presumir que las personas designadas por el Poder Ejecutivo, con anuencia de este Senado, son de inferior calidad o motivos de sospecha "per sé" o se comparan en desventaja con quienes tienen otra fuente de legitimidad en sus designaciones.

Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: he pedido la palabra por dos o tres motivos. Por razones de brevedad, me voy a remitir a lo expresado por el señor Senador Santoro a propósito de la aplicación del artículo 221, ya que me representa plenamente.

Señalo que la aplicación de esta mecánica tiene el precedente del Banco Central del Uruguay, que ha sido laudado por la anterior Legislatura en igual sentido, y hasta tiene idéntico origen en la misma época de la reforma de la Constitución.

Por lo demás, todos los informes han sido claros en el sentido de que en su actual funcionamiento, el Banco de Previsión Social no estaría en condiciones de aplicar esta o cualquier otra Ley; en consecuencia, se aspira a buscar ese cambio, y ello se aplica también, señor Presidente, para el resto de las disposiciones.

Por otra parte, quiero manifestar que es totalmente falso que la persona que está actualmente en la Gerencia General del Banco de Previsión Social, y que cuenta más de treinta años de labor en la función pública, haya sido designada en base a un acuerdo político.

(Dialogados entre los señores Senadores Atchugarry y Korzeniak)

-Si me permite el señor Senador Korzeniak, voy a continuar.

Insisto: es absolutamente falsa la afirmación de que esta persona haya sido designada en función de un acuerdo político, porque la señora Gerente General pertenece desde siempre a la Lista 15 y sus correligionarios se enteraron de su nombramiento luego de haber hecho efectivo. No fue, de manera alguna, objeto de negociación por parte de mi sector político.

Es cuanto queríamos expresar, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Señor Senador: de acuerdo con el Reglamento del Senado, no corresponde otorgar la palabra para contestar una alusión hecha en una fundamentación de voto. En todo caso, la Presidencia habrá de analizar después el contenido de algunas fundamentaciones de voto por cuanto pudo haber existido alguna alusión política que, reglamentariamente también, tampoco corresponde realizar.

En consideración el artículo 84.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 84. (Gastos globales de funcionamiento). - Los egresos totales del Banco de Previsión Social por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones no podrán superar el 4% (cuatro por ciento) a partir del 1º de enero de 1997".)

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: hice una propuesta de modificación, con ánimo de perfeccionar un poco la redacción. Confieso que no tengo una gran esperanza en cuanto a su utilidad práctica, si bien no dudo de las buenas intenciones de este tipo de artículos, que buscan fijar topes en los gastos. En todo caso -y es así que se hace en todas las actividades- ello no se estipula en función de los egresos, ya que de ese modo se llevaría a los administradores a aumentar el techo de egresos porque, a su vez, aumenta su porcentaje de gastos. Si se quiere poner en práctica esta iniciativa, habría que hacerlo en función de parámetros ya conocidos, como por ejemplo los gastos a valores constantes de 1994 y no de algo móvil, teniendo en cuenta, además, las tendencias de la seguridad social a que los egresos globales crezcan, lo que derrota la intención de disminuir el rubro de Gastos. Es simplemente con la finalidad de hacer más efectivo aquello que se procura y que propuse como texto en el artículo sustitutivo.

Finalmente, señalo que si el porcentaje que plantea el artículo sustitutivo de 40% de reducción, a valores constantes sobre lo gastado en 1994, parece elevado -a mi juicio lo es- está incluido allí porque respeta las proporciones que contiene el Proyecto de Ley que viene de la Comisión. Creo que una rebaja de ese calibre va a ser de muy difícil realización en la práctica. Pero de hecho, si hoy los gastos del Banco de Previsión Social están en el eje, aproximadamente del 7% y se pretende reducirlos al 4%, lo que se está buscando imponer en una rebaja del 40%, como dije anteriormente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el artículo 84 me merece la siguiente reflexión. Parece evidente, por todo el contexto del Proyecto de Ley, que las obligaciones del Banco de Previsión Social van a crecer en cuanto a funcionamiento. Vale decir que tendrá que ocuparse de todos los temas que actualmente atiende y, además, por ejemplo, de administrar los fondos que serán destinados a las cuentas de ahorro individual de las empresas privadas, porque deberá retener el dinero y verterlo. Entonces, no me explico cómo se fija un tope que tiende a la baja del presupuesto, siendo que si aumentan las obligaciones. Esto parece evidente. Creo, además, que los mecanismos que se puedan utilizar quedarán muy constreñidos para cualquier tipo de actividad que se desempeñe.

En mi opinión, es absolutamente contradictorio plantear que existan más obligaciones y, como consecuencia, un menor presupuesto. Seguramente, luego se va a decir que funciona mal, porque no hay recursos suficientes para manejarse, considerando que están topeados a un límite inferior al que existe actualmente. Incluso, en el Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, el artículo 84 reza "Los gastos globales de funcionamiento e inversiones de los servicios globales de funcionamiento e inversiones de los servicios comprendidos en el sistema no podrán superar el 6% de la totalidad de los egresos". Como se puede apreciar, la redacción no se corresponde exactamente, porque dice "en el sistema" y no "en el Banco de Previsión Social". Sin embargo, parecería que es el mismo criterio.

Simplemente, quería formular esa observación e insistir en que no parece congruente que para más obligaciones haya un menor presupuesto.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: cada vez que leo este artículo me invaden las dudas. Esta es otra de las normas que no he votado favorablemente en la Comisión.

Ya había planteado a algunos señores Senadores que los egresos totales del Banco de Previsión Social -tal cual aquí se hace referencia- por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones no podrán superar el 4%, a partir del 1º de enero de 1997. Creo que habría que encontrar una redacción adecuada a esta disposición. Inclusive, me animaría a plantear la postergación de este tema porque, a mi juicio, el 4% es una rebaja muy importante, sobre todo cuando el Banco de Previsión Social estará afectado a la transformación quizás más grande de su historia. Me parece que actualmente rige el 7% y, por lo tanto, estaríamos procediendo a una reducción importante en menos de un año y medio. A ello se agrega el hecho de que, de no poder cumplir con esta disposición, lo estaríamos forzando a no observar la Ley. Se ha expresado que el Presidente del Banco de Previsión Social dijo que era posible cumplir con esta disposición. Personalmente, pienso que deberíamos ser menos optimistas e intentar generar recursos suficientes para que la institución, en la etapa presente, pueda superar esta circunstancia.

Debo agregar un detalle más: si se dijera "de la totalidad de los egresos" -y empleando ahora el fundamento expuesto por el señor Senador Gargano- se me plantea una contradicción. Si el Banco de Previsión Social cobra todo y luego registra egresos de dinero que se destinan a las administradoras de ahorro de pensiones, la propia y las públicas o privadas -más allá de que todas se rijan por el Derecho Privado- hay que preguntarse qué estamos tomando por egresos. ¿Sólo hay que preguntarse qué estamos tomando por egresos. ¿Sólo las prestaciones a los jubilados, pensionistas y activos? ¿O estaríamos considerando también los egresos vinculados a las administradoras de fondos de pensiones?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: coincido en la redacción original venida de la Comisión pero si se quiere seguir en ese camino, debería establecer a qué se refiere ese 4%.

Comparto la preocupación del señor Senador Michelini; es otro motivo por el cual, como maestrito, prefiero mi texto sustitutivo.

En cuanto a la preocupación de que el término egresos pudiera incluir lo que en el nuevo régimen percibiría el Banco de Previsión Social para verter a las administradoras privadas, a mi entender no habría problemas. Es decir que esta inquietud no tendría asidero práctico. Se trata claramente de una transferencia y no de un egreso.

Reitero que no vería problemas en cuanto a este último punto, aunque sí comparto la primera inquietud.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: quiero referirme a las preocupaciones que se vienen formulando sobre el contenido y el alcance de este artículo.

Observo que hay aquí una disposición de carácter netamente presupuestal que debería formar parte de la Ley de Presupuesto. ¿Qué pasaría si en cada ley que aprobamos referida a los distintos organismos del Estado estableciéramos qué porcentaje de sus egresos puede gastar en sueldos, gastos, etcétera? Si así lo hiciéramos, estaríamos invadiendo lo que es el presupuesto, ya que el procedimiento que se debe seguir en este caso está establecido por la Constitución de la República.

Esta es una preocupación más sobre el alcance de este artículo que quería expresar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI. - Comparto el objetivo de que el Banco de Previsión Social vaya ordenando sus propias cuentas y, en su totalidad, tenga menores gastos de funcionamiento. Comparado con otros sistemas de seguridad social, estos gastos se ubican muy por debajo del 4% de todos los egresos. Parecería lógico, entonces, que intentáramos ser eficientes y eficaces en los gastos globales del propio funcionamiento del Banco.

Por otra parte, me da la impresión de que la redacción es muy engorrosa y que el esfuerzo de transformación que se le está pidiendo al Banco de Previsión Social es muy importante. En este caso deberíamos ser más gradualistas o, por el contrario, darle un año más para llegar a la meta del 4%. Otra opción sería establecer un porcentaje un poco mayor.

En definitiva, creo que este artículo se podría postergar a fin de darle una redacción mejor, si así lo consideran conveniente los señores Senadores.

SEÑOR POZZOLO. - Apoyado.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: quiero señalar algunos aspectos.

En primer lugar, es obvio que hay un problema de redacción. En ese sentido, debo recordar que la redacción final terminó siendo trasmitida verbalmente por el Contador Davrieux, aunque no se tomó nota de la parte final del artículo. Sin duda, faltaría la expresión "la totalidad de sus egresos".

Por otro lado, deseo manifestar que el presupuesto operativo del Banco de Previsión Social en un bueno tiempo estuvo en el orden del 4%, aproximadamente, del total de los egresos. Si consideramos que los egresos han aumentado de 10 puntos del Producto Bruto Interno a 15, concluimos que ese porcentaje -si se hubiera mantenido incambiado- si hubiera aumentado en función del Producto Bruto Interno, hubiera incrementado un 50% en esos términos.

Coincido en que actualmente esa cantidad está por encima del 4%; según nos enteramos a mediados del año pasado, el Banco de Previsión Social duplicó su costo operativo. Por lo tanto, no me parece mal que se dé una señal de apoyo a lo que han expresado sus propios Directores en Sala, en cuanto a que no se podía reducir los costos en forma inmediata, aunque pensaba que sí era necesario hacerlo. Incluso, el señor Presidente del Banco señaló que en España el costo operativo era del 1% y que el 6% le parecería excesivo.

No sé si es válida esta discusión, porque estamos ante un problema de orden programático y, en última instancia, se trata de un apoyo o instrucción para hacerlo en esos términos. En definitiva, cada presupuesto será aprobado por el Ente y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la disposición tiene una razón de ser, porque en el Acto Institucional Nº 9 se establece un porcentaje que en las leyes de Rendición de Cuentas se modificó al 7% -creo que la cifra original era del 8%- aunque, naturalmente, el nivel de egresos era mucho más bajo que el actual.

En consecuencia, voy a votar esta disposición tal como está -salvada esa omisión de redacción- porque me parece que es una señal clara de que se desea que ese porcentaje se vaya reduciendo. En última instancia, esta norma podrá ser superada, eventualmente, por lo que resuelva el Poder Ejecutivo y el Directorio del Ente, en función de la autonomía que le estamos otorgando por el artículo 221.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Señor Presidente: luego de escuchar las manifestaciones de los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, solicito que se postergue la votación de este artículo a fin de ajustar su redacción y determinar en función de qué se calculan los porcentajes de los topes.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: creo que el espíritu del artículo que venía en el proyecto original se refería efectivamente a la totalidad de los egresos y no al gasto de 1994. En ese sentido, tiene razón el señor Senador Posadas Montero. Sin embargo, señalo que, como decía el señor Senador Atchugarry, los egresos del año 1995 serán superiores a los de 1994, los de 1996 lo serán respecto de los de 1995 y lo mismo sucederá con los de 1997.

Por lo tanto, considero que no está mal que una norma de carácter programático, en la medida en que pueda ser modificada por una Ley de Presupuesto, establezca el 4% de egresos -que van a ser mayores- es decir que se va a producir un descenso. En definitiva, esto no sería tan importante como sí lo es el hecho de que se incluya la redacción sustitutiva del señor Senador Posadas Montero. Digo esto porque si efectivamente redujéramos un 40% de lo gastado en valores constantes, por iguales conceptos, en el Ejercicio 1994, muy probablemente la reducción sería mayor e iría del 7% al 4%, ya que los egresos serán superiores.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señalé la cifra del 40%, que es muy elevada, porque es aproximada a la caída actual del 7% al 4%. Creo que es muy alto el ahorro y, a mi entender, de ejecución imposible.

De alguna manera, me parece que es más importante la mecánica que el porcentaje. Ninguna empresa que quiera controlar sus gastos lo hace en función de los egresos, porque eso llevaría al administrador a aumentarlos y a hacer lo propio con los gastos de que dispone. Reitero que lo que me parece importante es la mecánica. Por supuesto que sería discutible el porcentaje a reducir.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Exactamente en ese sentido estaba haciendo mi intervención. Si se aprobara el artículo sustitutivo con la cifra del 40% -es decir, la que refiere a lo gastado en valores constantes por iguales conceptos en el Ejercicio 1994- probablemente estaríamos haciendo una reducción no del 7% al 4%, sino del 7% al 2,5% o al 3%. Le aclaro al señor Senador que no estoy haciendo los cálculos, por lo que no estoy discutiendo la cifra.

En cuanto a la mecánica, señor Presidente, tenemos dos opciones. Una es la de mejorar la redacción -que, indudablemente, requiere el agregado a que todos hemos hecho referencia y que o es tan complejo si lo incluyéramos al final del artículo- y, la otra, es buscar una redacción distinta.

Quiero señalar que en cuanto a la filosofía e, inclusive, a la cifra del 4%, el señor Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social manifestó su opinión favorable.

Sin embargo, si me permite el señor Presidente -no quiero abundar más en lo que ya se ha dicho- creo que a este artículo, respondiendo a la prudencia que sugiere el señor Senador Michelini y reconociendo que tenemos una aceptación por parte del Banco de Previsión Social -mejor dicho, del Presidente de su Directorio- en cuanto a la mecánica para la reducción como un artículo programático, podríamos hacerle modificaciones sin entrar en una redacción que quizás me hubiera gustado más.

Esta disposición podría decir lo siguiente: "Los egresos totales del Banco de Previsión Social por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones no podrán superar lo gastado a valores constantes por iguales conceptos en el Ejercicio 1994". Con relación a los egresos, esto representa un descenso, que no sé de cuánto será. En definitiva, una opción sería señalar en la filosofía del artículo sustitutivo: "A partir del 1º de enero de 1997 el Banco de Previsión Social reducirá sus egresos por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones, de forma que no supere lo gastado a valores constantes por iguales conceptos en el Ejercicio 1994". Esto sería así sin imponer una reducción frente a ese nivel de gastos. No obstante, sí supone una disminución frente al total de egresos, porque ese total va a aumentar. Entiendo que esto no es fácil porque no contamos con datos suficientes. Asimismo, pienso que la otra opción que podemos manejar sería la de tomar la mecánica que propone el Poder Ejecutivo y que el texto expresara lo siguiente: "Los egresos totales del Banco de Previsión Social por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones no podrán superar el 5%" -atendiendo a lo que manifestaba el señor Senador Michelini- "del total de egresos a partir del 1º de enero de
1997".

SEÑOR MICHELINI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: sugiero que este artículo sea aplazado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Sólo deseo expresar que la iniciativa que venía del Poder Ejecutivo refería a un 6% sobre los egresos y que en la Comisión se redujo esa cifra al 4%. Si mal no recuerdo, esto se hizo a iniciativa del señor Senador Batlle. Mi preocupación o mi intención no se centra tanto en el hecho de fijar el escalón de caída, entre otros aspectos porque, reitero, tengo muy poca fe en estas cosas y sí me importa la mecánica. Ahora bien, si se propone mantener los egresos por gastos de funcionamiento, sueldos e inversiones a valores constantes en los niveles de 1994, no se estaría cumpliendo con esa propuesta del señor Senador Batlle en la Comisión, que fue apoyada por los demás integrantes. Dicha iniciativa consistía en provocar una fuerte reducción del gasto del Banco de Previsión Social, porque una rebaja del 6% al 4% implica, por parte de la Comisión, del Senado y, en definitiva, del Parlamento, la decisión de realizar una fortísima disminución.

Esta es una de las raíces de mi escepticismo en cuanto a la utilidad práctica de esta medida. Esa es la señal que se quiere enviar, pero si pasamos ahora a decir que se mantenga a valores constantes del año 1994, no estamos trasmitiendo la misma idea.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Puede continuar el señor Senador Fernández Faingold.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señor Presidente: mi intención era poner sobre la mesa dos opciones, que creo tenemos, con el artículo y con el aditivo.

Por lo demás, me parece correcta la propuesta de postergar esta norma a efectos de encontrar una redacción razonable.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR ASTORI. - Quisiera saber si hay una lista de oradores.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Sí, señor Senador, existe una lista de oradores y usted tendrá la palabra a continuación del señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: deseo comenzar exponiendo el tema sobre el cual manifestó su preocupación el señor Senador Carlos Julio Pereyra, destacando el contenido presupuestal de esta disposición que estamos considerando.

En principio, quiero decir que no voy a incurrir en la ingenuidad de señalar que no tengo el derecho, como cualquier ciudadano, de hacer juicios sobre personas que desempeñan cargos, como el de Presidente de la República, de Ministro e, inclusive, el nuestro, entre otros. Obviamente, esos juicios los emite la ciudadanía, al igual que todos nosotros. No obstante, quiero destacar que no tengo prejuicios contra un Poder del Estado en particular y aprovecho este momento para aclararlo. No tengo prejuicios contra el Poder Ejecutivo ni contra el Judicial y tampoco contra el Legislativo. Más aún, pienso con sólido fundamento que el Poder Ejecutivo en el próximo período estará a cargo de la fuerza política que integro. Sin embargo, cuando una norma no me convence, no tomo en cuenta esa esperanza o esa seguridad.

Sobre esta disposición quiero decir que efectivamente tiene contenido presupuestal. Un artículo que siempre es invocado en su segunda parte para marcar que las iniciativas son privativas del Poder Ejecutivo en materia de cómputo jubilatorio, es el 86 de la Constitución, que en su primera parte dice que las autorizaciones para gastar se establecen en las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.

En lo personal, no se me oculta que con un poco de bizantinismo se puede decir que aquí no se está autorizando a gastar, sino que se está fijando el máximo. Esta sería una manera de buscarle otra alternativa -reconozco que de una forma no incorrecta desde el punto de vista técnico- a este artículo 86, como muchas veces ha hecho el Parlamento y el Poder Ejecutivo en relación a su segunda parte. Sin embargo, repito que el inciso primero del artículo 86 dice que la autorización para los gastos debe hacerse en las leyes de presupuesto.

Por otra parte, señor Presidente, previniéndome de alguna argumentación vinculada al hecho de que no se estaría autorizando expresamente los gastos, sino simplemente fijando un límite -lo que en general se hace en todos los Presupuestos- quiero decir que el artículo 221 de la Constitución -dentro del cual esta misma ley- que es el que establece que se hará el Presupuesto, en el último de sus incisos dice: "La Ley fijará" -solicito atención a los señores Senadores, no ya a mí, sino a la Constitución, que es algo bastante interesante de leer de vez en cuando- "previo informe de los referidos Entes y del Tribunal de cuentas y la opinión del Poder Ejecutivo emitida con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los porcentajes que cada Ente podrá destinar a sueldos y gastos de dirección y de administración".

Creo que este artículo se refiere precisamente a eso y, por lo que sé, del Ente se conoce sólo la opinión de su Presidente. Además, según tengo entendido, esta norma que estamos considerando y aun las redacciones alternativas que se han planteado aquí, por lo menos en el campo de las disciplinas jurídicas, no tienen absolutamente nada de programáticas. El hecho de que en el Presupuesto se pueda cambiar no está, reitero, vinculado con el carácter programático, ya que se trata de una norma plena. Por su parte, una disposición programáticamente técnica fija un tema y no lo resuelve, sino que encomienda a otra autoridad su resolución; a esto sí se le llama norma programática, porque al no traer la solución, no se puede aplicar de inmediato. La que estamos tratando es una disposición de aplicación inmediata.

Por otro lado, señor Presidente, por lo que sé -aclaro que no integré la Comisión correspondiente- el Tribunal de Cuentas no se ha expedido sobre ese artículo. Es posible que algún miembro de ese Tribunal haya sido consultado personalmente o por teléfono por la Comisión, pero reitero que ese organismo no se pronunció sobre el punto.

De manera que, al margen de una discusión en la que no me considero un experto acerca de cuál debe ser el monto de los gastos globales de funcionamiento -que es el nombre que se le puso a este artículo en el Banco de Previsión Social- digo que se trata de una disposición claramente contraria a lo que establece la Constitución, ya sea en la primera parte del artículo 86, como en el último inciso del 221, teniendo en cuenta la hipótesis de la Ley que coloca el presupuesto de este Banco en el procedimiento fijado en el artículo 221. Cuando se redactó este artículo 221 -el señor Senador Santoro, que tiene una gran memoria de la historia jurídica del país y además, la ha vivido intensamente, lo recordará- la intención era, precisamente, que en el caso de los Entes Autónomos comerciales e industriales, que elaboran sus presupuestos por medio de un procedimiento que no necesariamente requiere de la consideración por parte del Parlamento, existiera la posibilidad de que en gastos de dirección, sueldos y administración, la Ley, con las reservas suficientes, pudiera fijar normas generales para evitar que estas instituciones se convirtieran, como se decía, en verdaderas republiquetas.

Repito que el artículo 221 dice: "La Ley fijará, previo informe de los referidos Entes y del Tribunal de Cuentas y la opinión del Poder Ejecutivo", etcétera. En este sentido, supongo que se tiene la opinión del Poder Ejecutivo, por lo menos, de manera informal; no conozco que haya un Mensaje formal -que a veces se nos exige a nosotros- sobre este nuevo artículo. Creo que si el Poder Ejecutivo dice que está de acuerdo, no habría problemas. Repito que para que se ajustara a la Constitución debería conocerse la opinión del Tribunal de Cuentas y la del Ente, no la del Presidente de éste. En ese caso, una ley que no sea la de Presupuesto podría fijar un porcentaje, tal como establece la Constitución.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: quiero referirme a este tema porque la discusión en la Comisión se inició a partir de un planteo nuestro que estaba referido al texto original del Poder Ejecutivo que, como todos podemos comprobar, hablaba simplemente de gastos de funcionamiento. Esta expresión es sumamente ambigua y así lo señalamos en Comisión. Precisamente, a partir de este planteo se generó una redacción que viene con errores evidentes. Por supuesto que estos errores responden a malentendidos y, quizá, a un trabajo desordenado que nosotros mismos hemos hecho. Esta no es la redacción que propuso el Contador Davrieux, a la que recuerdo perfectamente y voy a plantear aquí.

Simplemente, quiero decir que no me opongo a que se postergue el tratamiento de este artículo si es que la idea es buscar una mejor confección de su texto. Aprovecho para decir que no comparto el porcentaje del 4% por las razones que ya han sido expuestas en el Cuerpo y por las que hemos presentado en Comisión. En todo caso, recordando los conceptos que planteamos en Comisión y los que ha sugerido el Contador Davrieux, me parece que la redacción -sin perjuicio de lo cual volveremos al tema cuando se retome este artículo- debería ser la siguiente: "A partir del 1º de enero de 1997 el presupuesto anual del Banco de Previsión Social por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones, o podrá superar el tanto por ciento de sus egresos totales anuales". Repito que esta debe ser la redacción que debería tener esta disposición.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: por vía de una interrupción, que en su momento me concedió el señor Senador Michelini, agregué a sus preocupaciones, expresadas inicialmente, la de que me parecía que el contenido de este artículo era materia presupuestal y, por lo tanto, correspondería que fuera incluida en el presupuesto que se está elaborando. Se me ha contestado -creo que con bastante lógica- que al final de cuentas esta es una Ley y la ley presupuestal otra posterior. Por lo tanto, esta ley presupuestal podría modificar el porcentaje que hoy estamos fijando, argumento que estimo totalmente lógico. Ahora bien, lo que no considero lógico es que la Comisión, por un lado, nos aconseje cambiar el procedimiento -que hasta hoy estaba incluido dentro del artículo 220 de la Constitución- relativo a la elaboración del presupuesto en el caso del Banco de Previsión Social, para incluirlo dentro del contenido del artículo 221. Entonces, esto me parece contradictorio porque, en definitiva, no tengo claro qué es lo que se pretende cuando se transfiere la elaboración del presupuesto para el Banco de Previsión Social del procedimiento del artículo 220 al del 221. En este sentido, considero que, precisamente, se está eliminando la participación del Parlamento y dejando esto en manos del Poder Ejecutivo y del Banco de Previsión Social.

De acuerdo con la interpretación que ha dado el señor Senador Posadas Montero se entendería que, por la propia condición de Banco, la institución tiene índole comercial. Por lo tanto, caería dentro de las disposiciones del artículo 221 que establece cuál es el procedimiento para elaborar el presupuesto de los Servicios Descentralizados y de los Entes Autónomos de carácter industrial o comercial.

Aparte de esto, también me llama la atención el trabajo de la Comisión ya que cuando el Poder Ejecutivo fija en 6% el monto de los egresos, aquella lo lleva al 4%. O sea que el Poder Ejecutivo fija un 6%, pero el Presidente del Banco de Previsión Social dice que le alcanza con el 4%. En todo caso, eso se dilucidará en el momento de elaborar el presupuesto, ya que hemos concedido esa facultad por medio de un artículo que fue votado.

Finalizo diciendo, pues, que considero absolutamente innecesario incluir este artículo por cuanto en la instancia presupuestal el Poder Ejecutivo y el Ente se entenderán a los efectos de fijar lo que aquí está reflejado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Correspondería pasar a votar la moción formulada, en primer lugar, por el señor Senador Michelini y, posteriormente, por el señor Senador Bergstein, en el sentido de postergar la consideración de este artículo.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mallo solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, agosto 3 de 1995.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Por razones personales, solicito licencia por la sesión a realizarse en el día de mañana.

Sin otro particular, saludo a Ud. y demás integrantes del Cuerpo atentamente.

Dr. Luis Eduardo Mallo. Senador".

-Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Corresponde convocar al suplente respectivo, que lo es el señor Senador Néstor Andrade a quien, en caso de encontrarse en Antesala, se invita a pasar al recinto.

(Ingresa a Sala el señor Andrade)

-Se invita a los señores senadores y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Néstor Andrade: ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR ANDRADE. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR ANDRADE. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

11) REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. Modificaciones. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Continúa la discusión particular del Proyecto de Reforma de la Seguridad Social.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra, para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: mi interés es el de fundar el voto sobre uno de los capítulos que acabamos de votar. Sin embargo, antes de hacerlo, de manera muy cordial y respetuosa, deseo felicitar al señor Senador Korzeniak por el optimismo que manifestó hace unos momentos. De la misma manera, señor Presidente, de forma cordial y respetuosa, quisiera llamarle la atención porque considero que cuando el optimismo se exagera puede convertirse en delirio, y esto no resulta bueno para la salud.

En cuanto al capítulo que terminamos de aprobar, es bueno destacar que contiene el artículo 85, que no venía en el mensaje original del Poder Ejecutivo. A lo largo de todas las sesiones que efectuó la Comisión y durante todo el trámite que en esta Sala ha tenido este Proyecto de Ley, hemos escuchado, desde distintas Bancadas, a diferentes compañeros del Senado referirse a un mal crónico que tienen tanto el sistema político como el jubilatorio. Al respecto, se ha hablado con insistencia sobre el clientelismo político y también de la irresponsabilidad parlamentaria de haber votado en el pasado sistemas que, más allá de su buena inspiración, fueron generando paulatinamente esta profunda crisis que hoy tiene este sistema y que estamos convocados a resolver.

Señor Presidente: considero -y creo que lo digo con la propiedad que me dan 33 o 34 años de actuación parlamentaria- que estos vicios, defectos y errores que es necesario asumir, son comunes a todos porque ninguno de los que pertenecemos a las distintas organizaciones políticas que actúan en el país podemos, de algún modo o de otro, afirmar que estamos ajenos de haber cometido deslices que hoy, con toda limpieza asumimos y además intentamos corregir.

El artículo 85 que propusimos en Comisión pretende, lisa y llanamente, que en el futuro, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro y viceversa, desaparezca todo tipo de tráfico o clientelismo en la tramitación del derecho a jubilarse que cada ciudadano tiene, sin que exista ninguna intervención que pueda favorecerlo en este plano.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Fernández Faingold)

-Este es, señor Presidente, el fundamento que muy rápidamente hacemos respecto de una norma que, honestamente creemos, le da más brillo a una buena Ley que esperamos se cumpla. Para ello será imprescindible la complementación que brinde la gestión del Banco de Previsión Social porque si este organismo no la aplica ni la instrumenta debidamente, habrá sido solamente progreso manuscrito. Confiamos en que las nuevas autoridades del Banco así lo entiendan y ejecuten.

(Suena el timbre indicador del tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa solicita al señor Senador Pozzolo que redondee su pensamiento.

SEÑOR POZZOLO. - Decía, señor Presidente, que nos da tranquilidad el hecho de saber que administrativamente el Banco de Previsión Social está en curso de una profunda transformación con las nuevas autoridades que rigen hoy su destino. Anhelamos a que en los plazos que el propio artículo establece, se instrumente la saludable medida que se incluye en este Proyecto de Ley.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: deseo aclarar que la situación reglamentaria que se me plantea me resulta compleja porque no me encontraba en Sala en el momento en que se votó y pensé que el señor Senador Pozzolo había solicitado la palabra.

SEÑOR POZZOLO. - Solicité la palabra para fundar el voto.

SEÑOR KORZENIAK. - Gracias por la aclaración, señor Senador.

En mi opinión, se trata de un artículo sano siempre que comprenda a los Directores. Si se me aclara que lo que aquí se dice en cuanto al alejamiento de las tramitaciones irregulares comprende también a los Directores -que considero no constituye en absoluto una falta de respeto- declaro que apoyo con mucho gusto este artículo.

De ninguna manera quisiera votar una disposición que parece descargar en los funcionarios -y me parece muy bien que lo haga- una prohibición de hacer trámites que no son regulares ante el Banco. En el artículo se hace referencia a los funcionarios del Banco de Previsión Social, cualquiera sea su jerarquía. Esta expresión -y espero que los miembros de la Comisión puedan confirmarlo- comprende, técnicamente, incluso a los más altos funcionarios que son los jerarcas. De ser así, aunque no estuve presente en la votación, me declaro partidario de la disposición en este sentido. Me confundía el hecho de que en otra parte del artículo se habla de funcionario administrativos. Como puedo observar que los miembros de la Comisión asienten a mi consulta, estimo que la norma alcanza a todos los funcionarios, desde los más altos, que son los miembros del Directorio, hasta los de escala jerárquica menor.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Cuando redactamos este artículo solicitamos asesoramiento jurídico y lo primero que exigimos fue eso a lo que se refería el señor Senador Korzeniak. Es decir que también quedaran comprendidos por la norma los Directores que, al ser funcionarios del organismo, como se habla de cualquier jerarquía, implícitamente son abarcados por esta disposición.

SEÑOR KORZENIAK. - Téngame por votado, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración los artículos 86 al 91.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 86. (Historia laboral). - El Banco de Previsión Social está obligado a mantener al día los registros de historia laboral de sus afiliados activos (artículo 7º de la Ley Nº 16.190, de 20 de junio de 1991).

Dichos registros serán realizados de acuerdo a las siguientes normas:

a) Se registrará, como mínimo, tiempo de servicios, asignaciones computables y aportes pertinentes por cada empresa, declarados por el sujeto pasivo (artículo 86) o el interesado (artículo 87), en su caso, así como lo que resulte de las actuaciones inspectivas efectuadas por la institución.

b) En el caso de trabajadores no dependientes sólo se registrarán aquellos servicios y asignaciones computables por los que se haya cotizado.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fecha a partir de la cual entrará a regir la historia laboral, pudiendo establecerse una fecha anterior a la de esta Ley, de acuerdo a la información de que disponga o pueda disponer el Banco de Previsión Social.

ARTICULO 87. (Formación del registro de historia laboral). - Todos los sujetos pasivos de contribuciones especiales de seguridad social, están obligados a presentar una declaración, en los plazos y forma que indique la reglamentación, con la información necesaria a efectos de la formación del registro de historia laboral.

Dicha declaración, deberá presentarse se hayan o no efectuado los aportes correspondientes.

En caso de que el sujeto pasivo no haya efectuado los correspondientes aportes y presente esta declaración, la multa por mora prevista en el artículo 94 del Código Tributario será del 10% (diez por ciento) del importe del tributo no pagado en plazo.

La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada por el Banco de Previsión Social con una multa de una a cincuenta Unidades Reajustables por cada afiliado comprendido en la infracción.

ARTICULO 88. (Derecho de iniciativa del trabajador). - En caso de incumplimiento de la obligación prevista en el artículo anterior, los trabajadores, individual o colectivamente, podrán suplir a su empleador en el cumplimiento de dicha obligación.

El Banco de Previsión Social deberá comprobar la veracidad de la información suministrada.

ARTICULO 89. (Información al trabajador). - La información a remitir al trabajador por el Banco de Previsión Social de acuerdo al artículo 7º de la Ley Nº 16.190, de 20 de junio de 1991 será la que surja del registro de historia laboral, la que será notificada en debida forma, sin perjuicio del derecho del trabajador de solicitar, en cualquier momento, dicha información.

El Banco de Previsión Social, previa solicitud de sus afiliados activos, podrá transferir electrónicamente la información sobre su historia laboral a instituciones de intermediación financiera o de crédito.

ARTICULO 90. (Observación de la información). - El afiliado dispondrá de un plazo de 180 (ciento ochenta) días para observar la información, a partir de que la misma le haya sido notificada en forma fehaciente.

La no observación de dicha información por parte del afiliado en el plazo indicado, determinará su aceptación de la información registrada.

La resolución que recaiga sobre la observación constituye un acto administrativo recurrible con lo dispuesto por el artículo 4º y siguientes de la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987.

ARTICULO 91. (Protección al trabajador). - Si se produce el despido del trabajador dentro de los 180 (ciento ochenta) días siguientes al haber formulado observaciones aceptadas por el Banco de Previsión Social, en el caso de que el mismo haya dado origen a un litigio judicial, el Magistrado actuante comunicará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la sentencia resultante a los efectos de que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social aplique las sanciones pecuniarias correspondientes, las que podrán oscilar entre UR 50 (cincuenta Unidades Reajustables) a UR 500 (quinientas Unidades Reajustables).

En caso en que no exista controversia judicial, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, tendrá competencia para sancionar a los empleadores infractores con multas que se fijarán en los montos establecidos en el inciso anterior".)

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Señor Presidente: solicito que se efectúe el desglose del artículo 90 del Capítulo II.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito el desglose del artículo 88.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 86.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 87.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Brevemente, quiero dejar constancia de nuestro voto afirmativo. Hemos hecho esto pensando en las características positivas que tienen estos dos artículos porque instauran y reglamentan la historia laboral. Pensamos que será un aporte inestimable a la futura buena gestión del Banco de Previsión Social y también entendemos que hay que dar un plazo para que se integren a ella todas las informaciones necesarias para luego determinar cuándo puede empezar a regir.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde considerar el artículo 88.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - En realidad, no sé cómo se puede calificar este artículo desde el punto de vista del Derecho. Seguramente, mis compañeros podrán hacerlo muy bien, pero en lo que me es personal, creo que cuando se habla del derecho de iniciativa del trabajador y que éste, individual y colectivamente, podrá suplir a su empleador en el cumplimiento de esta obligación, en el mejor de los casos y para ser sumamente delicada en mi afirmación, me parece que es inaplicable e inviable. Se trata de una declaración de buenas intenciones que no tiene nada que ver con la realidad. No puedo imaginarme a trabajadores que corran el riesgo de perder su fuente de trabajo a raíz de que no se hayan hecho las declaraciones pertinentes o no se haya cumplido con las obligaciones por parte de los empleadores pretendiendo suplir a éstos denunciando el hecho o tratando de modificar u obligar al cumplimiento de esas obligaciones Teniendo en cuenta el marco laboral de este país, con la situación actual, creo que la mejor calificación que podemos hacer es que ello es inviable.

En otros casos, creo que se trata de un planteo que podrá tener muy buenas intenciones, pero deberíamos ser absolutamente conscientes de que en la práctica va a funcionar como una restricción para las posibilidades reales de la obligación al cumplimiento de las obligaciones o, simplemente, quedará en el texto de la mejor historia de las intenciones del Legislador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Estimo que debemos considerar que el artículo 88 es un plus, es un derecho más de los que rigen siempre en este tipo de situaciones. En primer lugar, la Ley establece como principio la obligación de todos los sujetos pasivos de presentar la declaración. En segundo término, el Banco de Previsión Social posee todos los mecanismos normales para detectar cualquier tipo de irregularidad u omisión. Lo que hace esta disposición es introducir una novedad que es el derecho de iniciativa del trabajador. Más adelante habremos de ver cómo va a funcionar en la práctica. No debemos olvidar que otras disposiciones prevén severas sanciones para el caso de que por ese derecho de iniciativa el trabajador se vea expuesto a algún tipo de represalia. Quiero decir que, a nuestro juicio, no puede merecer objeción el que se haya agregado una vía adicional a las que son habituales para evitar cualquier tipo de omisiones en la materia.

Muchas gracias.

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Señor Presidente: vamos a votar afirmativamente este artículo porque en nuestra vida sindical -que ha sido bastante extensa- reiteradamente hemos podido comprobar que, en muchas ocasiones, los trabajadores han sido literalmente estafados, porque se le han efectuado descuentos para el Banco de Previsión Social que nunca se vertieron. Recordamos las denuncias del grupo de trabajadores de la empresa ONDA que efectuaron previo a la clausura, en el sentido de que los descuentos sistemáticos nunca habían sido aportados y que no disponían de mecanismos para canalizar esas denuncias. Asimismo, las diez instituciones mutuales que cerraron en 1985 pasaron por los mismos inconvenientes. Entre ellas podemos citar a la Asociación de Empleados Civiles de la Nación o Uruguay-España.

Me parece que el artículo 88 otorga una garantía adicional con la que deben contar los trabajadores en el control de la aportación efectiva al Banco de Previsión Social.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

Corresponde considerar el artículo 89.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En realidad, quisiera referirme en conjunto a los artículos 89 y 90 porque existen aspectos de redacción que creo que convendría dejar aclarados para la historia fidedigna, evitando inconvenientes.

El inciso segundo del artículo 89 prevé la información por vía electrónica, lo cual me parece bien teniendo en cuenta la época en que vivimos. El primer inciso del artículo 90 habla de la notificación en forma fehaciente. En el lenguaje común de nuestro país -por lo menos hasta el día de hoy- la notificación fehaciente no contempla a la electrónica y si no recuerdo mal, no está definido en ningún lado a texto expreso y de manera jurídica. La forma normal en que se comprende el término "notificación fehaciente" no abarca la transferencia de información por vía electrónica. Pienso que a los efectos de evitar inconvenientes en la aplicación práctica del texto legal, en algún lado debería quedar la constancia de que la transmisión electrónica de la información se considera fehaciente a los efectos del artículo 90.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Si bien no creo que sea un problema de mucha importancia, considero que lo que está previendo el artículo 89 en su segunda parte, es que, a solicitud de un afiliado, se pueda transferir su historia laboral a instituciones de intermediación financiera o de crédito.

A su vez, el artículo 90 se refiere a algo diferente porque aunque tiene un plazo muy largo, su contenido hace más factible -si existen irregularidades- de que la persona pierda algún derecho. Precisamente, el plazo de que habla esta disposición es el que tiene el afiliado para verificar si la observación es o no correcta. Entonces, no podemos hablar de que ha sido notificado en forma fehaciente, sino que se trata simplemente de la información que se brinda al afiliado, por lo que no veo ningún inconveniente en que se sigan los mecanismos habituales que ya están admitidos, como ser el telegrama colacionado, cedulón administrativo, etcétera. En realidad, pienso que el 80% o el 90% de los afiliados de este país -entre los cuales me cuento- no tienen en su casa elementos electrónicos como para que se les pueda hacer llegar una notificación. En consecuencia, no me parece muy atinada esta propuesta y quizás habría que dejarlo tal como está. Tal vez se pueda admitir que se ponga expresamente lo del telegrama colacionado porque muchas veces los Jueces lo discuten, pero decir que se puede notificar electrónicamente a los afiliados cuando más del 80% o 90% de ellos no tiene esos elementos, no me parece adecuado.

El artículo 89 refiere a una relación entre dos instituciones que obviamente disponen de medios electrónicos, es decir, entre el Banco de Previsión Social y las empresas de que se trate. Sin embargo, el párrafo final del artículo 90 refiere a algo diferente porque habla de una comunicación al afiliado, quien tendrá un plazo determinado dentro del cual, si no formula observaciones, estará admitiendo tácitamente que la historia es la correcta.

Reitero que hago hincapié en esto sin darle una mayor importancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 89.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 90.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: en realidad, vinculaba esta disposición con el artículo 88, pero no hablé en ese momento porque también entiendo que está vinculado con el 91.

A mi juicio, la historia laboral es un factor importante y nos preocupa la forma en que se ha organizado. Sobre este aspecto, volvemos a insistir en que si combinamos esta disposición con el artículo 76, que exige la prueba documental de los servicios anteriores, puede resultar una fórmula muy dramática para mucha ente que, aun con veinticinco años de actividad, sólo consigue probar dieciocho o veinte. Esto es así porque va a ser muy difícil que pueda registrar con exactitud todo su tiempo de trabajo y, en consecuencia, por esta vía, muchas personas se verán impedidas de lograr su jubilación. Especialmente, se verán afectados aquellos que han realizado tareas zafrales, temporales o domésticas, es decir, muchísimas personas que no sólo no tienen pruebas documentales del pasado, sino que tampoco van a poder enfrentar a sus patrones. Esto hay que tenerlo muy claro y es el aspecto más objetable.

Por otro lado, cuando en el artículo 90 se establece un plazo para la observación, el trabajador deberá presentarla en tiempo y forma, porque si no lo hace la información se tendrá por válida. Al mismo tiempo, esto va a suponer una conflictividad con el patrono porque si este último informó mal y el trabajador lo desmiente presentando su problema al Banco de Previsión Social, esta institución va a controlar al empleador y, seguramente, ese obrero no demorará cinco minutos en ser despedido. Frente a esto, la persona tendrá que optar por callarse la boca y así conservar el empleo.

Toda esta problemática ya la habíamos planteado anteriormente y, en parte, se corrigió algo que, a nuestro entender, era incorrecto. Me refiero al hecho de sostener que el resultado era inalterable. Digo esto porque esa corrección es positiva a pesar de que continúa siendo un sistema inconveniente, ya que el trabajador tendrá que contar con la asistencia de un abogado a efectos de recurrir un acto administrativo que en nuestro país demora tres años. Quiere decir que si bien como mecánica se corrige el carácter de que esto sea inalterable -sin perjuicio, en realidad de que no sé qué alcance se le va a dar cuando se dice que fue aceptado- después que finaliza el acto administrativo, esa situación de reconocimiento a que lo forzó su estado de subordinación quedará firme. Aquí se encara al trabajador como una persona con autonomía sicológica y de consentimiento. Sin embargo, hace mucho que la doctrina y la jurisprudencia consideran que el estado de subordinación no proporciona libertad para poder enfrentar al patrono, discutir y hacerle un pleito ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A esto debemos sumar que tampoco le alcanzarán los recursos para plantear la acción que prevé el artículo 90.

Quiere decir, entonces, que se corrigió un aspecto que era muy negativo y que es peor que el Acto Institucional Nº 9, que permitía denunciar servicios hasta el momento de jubilarse, lo que en realidad es lo más lógico. Además, existe tal desinformación en los trabajadores que, sin duda, no se van a enterar que deben presentarse a plantear su recurso. Puede ocurrir que mucha gente quede con la definición de los años de servicio que se le asignaron por el patrono porque no se enteró que tenía que hacer este procedimiento, que supone hasta una intervención jurídica.

Por lo tanto, nos parece que la historia laboral es positiva, pero no creemos que tenga andamiento si está fundada en una acción de denuncia contra el patrono. Damos a esto gran importancia porque a veces estamos discutiendo si se establecen 30 ó 35 años de actividad y, de pronto, ni siquiera va a poder reconocer 7, 8 o más años de toda su vida laboral.

Aparte de todo lo dicho, que nos parece sumamente trascendente, pensamos -y de esta forma ahorro una futura intervención- que en el artículo 91 corregido la modificación es mucho más negativa. Sé que no se va a discutir ahora, pero está muy vinculado. Allí se prevé el caso de que el patrono despida al empleado -que es, en realidad, lo que se está previendo, porque lo más factible es que quien quiera defender los años de servicio sea despedido- y trata de protegerlo sobre la base de que haya juicio. Si éste no es iniciado por el empleado -muchas veces sucede- no hay protección. Asimismo, si promueve la causa, tendrá que esperar dos años y medio para que finalice el juicio y el Juez comunicará la inspección para que lo sancione. Esta es una mecánica que no va a crear inquietud en el patrono porque además de tener que esperar que finalice el juicio laboral, se deberá hacer un trámite ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que posteriormente lo sancionará por haber brindado una versión falsa. Creo que esta es una situación que, prácticamente, supondrá la impunidad del patrono, sobre todo debido a este tortuoso mecanismo que se ha planteado.

Por nuestra parte, habíamos propuesto algo diferente en Comisión que no fue recogido a pesar de ser lo más lógico. El trabajados despedido a causa de haber dado una información rectificadora del empleador, debe tener la reinstalación, la que podría instrumentarse a través de un procedimiento rápido como el que ofrece la Ley Nº 16.011 en materia procesal, como analogía. De esta forma, repito, se logra la restitución del trabajador y la defensa de su derecho a discrepar sin sufrir el despido.

Este artículo no sólo tiene el inconveniente que he planteado, sino que además termina en una multa; la parte sancionatoria no mantiene el empleo; y elimina el despido triple, a pesar de que tampoco era una solución. Pienso que es mucho menos eficaz la sanción estatal, en virtud del extenso trámite que se debe realizar. Es por este motivo que creemos necesario repensar esto porque la realidad va a determinar que si se pretende hacer justicia con los servicios del trabajador, habrá que dictar una ley que corrija este aspecto.

De lo contrario, va a suceder que la gente más humilde, la que menos acceso tiene a la defensa, evidentemente va a ser muy perjudicada y, a su vez, no se va a enterar de que en el día de mañana no se va a poder jubilar. Cuando quiera acordar, se encontrará en una situación como ésta y que no presentó el recurso correspondiente. A nuestro juicio, éste es un tema clave porque nadie se va a jubilar si no cuenta con los años suficientes. Si lo que estamos discutiendo es el número de años, peor es la existencia de este mecanismo de pérdida de reconocimiento de años por vía de defectos en el funcionamiento del reconocimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 90.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 90 (Observación de la información). - El afiliado dispondrá de un plazo de 180 (ciento ochenta) días para observar la información, a partir de que la misma le haya sido notificada en forma fehaciente.

La no observación de dicha información por parte del afiliado en el plazo indicado, determinará su aceptación de la información registrada.

La resolución que recaiga sobre la observación constituye un acto administrativo recurrible con lo dispuesto por el artículo 4º y siguientes de la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 91.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 91 (Protección al trabajador). - Si se produce el despido del trabajador dentro de los 180 (ciento ochenta) días siguientes a haber formulado observaciones aceptadas por el Banco de Previsión Social, en el caso de que el mismo haya dado origen a un litigio judicial, el Magistrado actuante comunicará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la sentencia resultante a los efectos de que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social aplique las sanciones pecuniarias correspondientes, las que podrán oscilar entre UR 50 (Unidades Reajustables cincuenta) a UR 500 (Unidades Reajustables quinientas).

En caso en que no exista controversia judicial, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, tendrá competencia para sancionar a los empleadores infractores con multas que se fijarán en los montos establecidos en el inciso anterior".)

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Comparto la preocupación del Poder Ejecutivo en el sentido de proteger al trabajador, aunque no en la medida en que lo ha planteado el señor Senador Sarthou, que considera que el único instrumento realmente idóneo para asegurar en la práctica dicha protección es obligar al empleador a retomar en su puesto al trabajador despedido. Pienso que esto va a funcionar menos que el mecanismo de la indemnización o las multas. Creo que hasta incongruente con la imagen -llamémosla para simplificarlo- perversa del empleador. Si actuó de esta forma para despedirlo, fácil será que busque otro mecanismo para prescindir de sus servicios si lo obligan a retomarlo en sus funciones. Francamente, en la práctica, no comparto el hecho de que ese sea un procedimiento idóneo. Reitero que me parece importante la preocupación porque haya mecanismos de protección al trabajador y, en ese sentido, creo que la modificación que se hizo al Proyecto de Ley en Comisión con las mejores intenciones, no es suficiente. Por estas razones es que quien habla planteó un artículo aditivo.

Considero que no sólo da una protección reducida el artículo sustitutivo proyectado en Comisión, sino que desde el punto de vista estrictamente jurídico adolece de defectos por estar mal estructurado. Normalmente, se describe primero la conducta para después decir qué es lo que sucede y luego establecer el procedimiento. Esta disposición contiene el procedimiento sin la enunciación inicial. Inclusive, una lectura del inciso segundo podría llamar a dudas en cuanto a si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene o no la obligación de aplicar la multa. A mi juicio, por este lado también se estaría diluyendo la protección al trabajador y, por último -también mirado desde el punto de vista jurídico- el unir automáticamente la sentencia de indemnización con la multa sin tener en cuenta que aquella puede ser apelada, creará una serie de dificultades.

Me consta que uno de los motivos por los cuales se modificó en Comisión la redacción que venía del Poder Ejecutivo -participé de esa inquietud- era tratar de evitar lo que se llama "la industria del despido". Por ello, participé de esa idea y se introdujo la noción de multa, en el sentido de que si el resultado de la acción iba exclusivamente para el trabajador, podía dar lugar a la denominada industria del despido. A mi juicio, se pasó al otro extremo, haciendo que la sanción sea solamente la multa y en una opinión muy personal creo que no sólo debemos precaver dicha industria sino también la situación del trabajador despedido. Me parece que debe existir un equilibrio en cuanto a una indemnización que de alguna manera resarza al empleado contra un despido injusto y el reforzamiento de la sanción por la vía de la multa para evitar el procedimiento anterior.

Por estos motivos, presenté un artículo sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo sustitutivo presentado por el señor Senador Posadas Montero.

(Se lee:)

"ARTICULO 91. (Protección al trabajador). - El despido de un trabajador como consecuencia de haber éste observado la información referida en el artículo 89 dará lugar a una indemnización especial del doble del despido común que legalmente correspondiere y a la imposición por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de una multa no menor de UR 50, ni mayor de UR 500.

El despido acaecido dentro de los 180 días de efectuada la observación se presumirá, salvo prueba en contrario, efectuado por el motivo referido en el inciso anterior.

Los Magistrados que impongan la indemnización especial prevista en el inciso anterior, comunicarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la sentencia correspondiente pasada en autoridad de cosa juzgada, a efectos de que éste proceda a aplicar la sanción pecuniaria establecida".

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Tomo en cuenta los esfuerzos realizados por el señor Senador Posadas Montero en el sentido de tratar de buscar un doble mecanismo de seguridad, pero creo que el objetivo que persigue, por lo menos el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo en este aspecto, es actuar preventivamente, señalando una pena muy dura para el caso de comprobarse efectivamente que el empleador, cuando le era observada la información por el dependiente, lo despedía, supiera que iba a tener una sanción que correspondía al triple de la indemnización normal.

No creo, señor Presidente, que esto pueda transformarse en la industria del despido, por las siguientes razones. Si se comprueba que la información es falsa, el que ha cometido ese acto casi delictual es el empleador y no tenemos que vacilar ni un instante en aplicar la sanción más dura. Reitero que la culpa no la tiene el trabajador. Se supone que va a poder obtener la indemnización triple de lo normal en el caso de que se compruebe judicialmente o a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se ha violado la disposición legal. Pienso que se puede agregar al Proyecto que viene del Poder Ejecutivo la multa, pero no eliminar la indemnización estimada en el triple de la normal. No conozco mucho los procedimientos, pero tengo entendido que los empresarios tienen inspecciones. Seguramente, los mecanismos de información que se van a proyectar van a eliminar una gran parte de ese trabajo inspectivo. Reitero que no sé si este procedimiento será así o si se mantendrán las inspecciones. Previendo que no los haya, me parece que la propuesta del Poder Ejecutivo es mucho mejor que las otras dos sustitutivas, tanto la del Proyecto aprobado en Comisión como la que propuso el señor Senador Posadas Montero.

Asimismo, creo que podría incorporarse la multa por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en unidades reajustables que se viertan al Estado. El Proyecto de la Comisión elimina totalmente el beneficio que obtiene el trabajador al ser despedido por objetar la información y sólo se establece una multa que no va a beneficiar al trabajador sino al Banco de Previsión Social.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra, para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Analizando nuevamente el texto propuesto, como tantas veces sucede en materia jurídica, me he dado cuenta de que tiene una carencia si lo comparamos con el Proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que de alguna manera recoge la iniciativa proveniente de la Comisión.

Me estoy refiriendo a la presunción cuando el despido se produce dentro de los 180 días, para lo cual propondría introducir un inciso adicional entre el primero y el segundo del texto que he propuesto, que dijera: "El despido acaecido dentro de los 180 días de efectuada la observación se presumirá, salvo prueba en contrario, efectuado por el motivo referido en el inciso anterior".

A mi juicio, existía una carencia en esta disposición y con esto, de alguna manera, se perfecciona el deseo de protección al trabajador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Solicitaríamos al señor Senador Posadas Montero que hiciera llegar a la Mesa lo que sería el inciso segundo de su artículo sustitutivo.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Personalmente, me inclinaría a mantener el texto aprobado por la Comisión. En la versión original del Poder Ejecutivo se hablaba de una indemnización del triple de la que realmente corresponde y en la propuesta del señor Senador Posadas se expresa que es el doble de la que legalmente correspondiere. Entonces, me pregunto cuál es la que legalmente correspondiere. ¿Se sumaría a la hipótesis del despido abusivo o se refiere al despido común? Conociendo la realidad de lo que representan las reclamaciones laborales en la esfera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la de la Justicia Laboral, me animaría a predecir que se produciría una superposición que iría mucho más allá de lo que está en la mente del Legislador. Creo, sí, que el despido como consecuencia de la omisión en la historia laboral configura una hipótesis de despido abusivo que dentro de la normativa actual ya está muy severamente castigada. Entonces, a ese despido abusivo le estamos agregando la multa como surge en el texto aprobado por la Comisión.

En lo personal, me inclinaría por mantener el proyecto tal como fue aprobado en la Comisión.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra, para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Quiero señalar el artículo 91 aprobado en la Comisión en una presunción "juris et de jure", es decir, no admite prueba en contrario porque da por sentado que el despido se produce dentro de 180 días. Desearía saber si esto fue una inadvertencia o una voluntad. Digo esto porque la diferencia con la propuesta que hace el señor Senador Posadas Montero- la va a apelar, con lo cual tiene dos años y medio más de juicio. Es de hacer notar que en todos estos casos el trabajador debe tener un abogado. Entonces, se comprenderá por qué digo que es mucho más razonable la reinstalación del despedido al trabajo, ya que si una ley la establece, el patrón debe cumplirla. No solamente hablamos de la reinstalación material, sino que nos referimos también a la jurídica, en el sentido de que queda a la orden y se genera el salario, lo cual representa un elemento que sí actúa preventivamente. Digo esto porque el patrono sabe que si viola -digámoslo así- el reconocimiento correcto de los años de servicio, tendrá que reinstalar al trabajador. Si no lo hace en forma material, deberá comenzar a pagar el salario por un procedimiento rápido, establecido en la Ley Nº 16.011, ya que si demora dos años y medio, el trabajador tampoco tiene protección. Esto tiene mucha importancia porque en cada uruguayo que trabaja hoy debe haber un posible pleito por los años de servicio. Por lo que observamos, no estamos hablando de casos aislados, sino de todos aquellos que quieran jubilarse que, de pronto, van a tener problemas con algunos años de servicio.

En consecuencia, someter al trabajador a tres juicios que pueden durar siete años, me parece que no es una solución desde el punto de vista práctico, aunque reconozco los aspectos parciales favorables que tienen ambas propuestas.

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Con referencia al artículo 91 a partir de su texto en el proyecto del Poder Ejecutivo y en el sustitutivo presentado, queremos señalar que no se trata, de ninguna forma, de una protección total al trabajador. Conocemos las dificultades que esto puede generar y sabemos que enmarcado en esta situación de transformación del sistema de seguridad social pueden multiplicarse las situaciones que estén comprendidas en el artículo 91. En ese sentido, creemos que no es una protección totalmente adecuada pero, sí, una forma de protección legal al trabajador frente al desempleo provocado por la denuncia o la no aceptación de determinada información, por lo cual vamos a apoyar esta disposición.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Debo decir que, realmente, esta discusión me ha generado dudas con respecto a las dos redacciones propuestas. Por eso, creo que valdría la pena postergar la votación del artículo 91, a los efectos de procurar un texto que conjugue los dos criterios.

Quiero señalar que me resulta difícil no habilitar una indemnización muy fuerte, equivalente al triple, como figura en el proyecto del Poder Ejecutivo en los casos de despido por esta causa. Al mismo tiempo, encuentro también la dificultad de que la protección por 180 días, una vez provocada la denuncia, pueda generar tensión en la relación laboral.

Reitero que desearía pensar un poco una nueva redacción y proponerla a la mesa en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores Senadores no tienen inconveniente, quedaría postergado el artículo 91.

Corresponde pasar ahora al Capítulo I del Título VIII, que se refiere a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. Este Capítulo comprende desde el artículo 92 al 105. La Presidencia tiene una solicitud de desglose de los artículos 91, 94 y 98.

En consideración los artículos 93, 95, 96, 97 y 99 al 105.

(Los textos de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"ARTICULO 93. (Autorización). - Corresponde al Poder Ejecutivo con informe previo del Banco Central del Uruguay, la facultad de autorizar el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

ARTICULO 95. (Objeto). - Las Administradoras tendrán como objeto exclusivo, la administración de un único Fondo de Ahorro Previsional, debiendo llevar su propia contabilidad completamente separada de la del respectivo Fondo.

ARTICULO 96. (Denominación). - La denominación social de las Administradoras deberá incluir la frase "Administradora de Fondos de Ahorro Previsional" o la sigla "AFAP" quedando prohibido incluir menciones que pudieran inducir a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de la entidad.

ARTICULO 97. (Capital mínimo). - El capital mínimo necesario para la constitución de una Administradora será de 60.000 UR (Unidades Reajustables sesenta mil) de las previstas en el artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el cual deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo en el momento de su autorización.

Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones indicadas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el plazo máximo de dos años contados desde la fecha de la resolución que autorice la existencia de la sociedad.

Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro Previsional, el patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser menor al importe mencionado en el inciso primero de este artículo, o al 2% (dos por ciento) del valor del mencionado Fondo, si este fuere mayor.

Si el patrimonio se redujere por cualquier causa, debajo del mínimo exigido, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres meses contados desde el momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder Ejecutivo, con la opinión previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar la autorización para funcionar y dispondrá la liquidación de la Administradora.

ARTICULO 99. (Información al público). - Las Administradoras deberán mantener en sus oficinas, en un lugar claramente visible para el público, como mínimo, la siguiente información escrita y actualizada:

1. Antecedentes de la institución, indicando el nombre y apellido de sus directores, administradores, gerentes y síndicos.

2. Balance general del último ejercicio, estados de resultados y de distribución de utilidades, si lo hubiere.

3. Valor del Fondo de Ahorro Previsional, del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial.

4. Régimen e importe de las comisiones vigentes.

5. Composición de la Cartera de inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y nombre de las entidades depositarias de los títulos y de los depósitos, así como de las empresas aseguradoras, en donde se hubiera contratado el seguro de los riesgos de invalidez y de fallecimiento en actividad.

Esta información deberá ser actualizada mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, o en ocasión de cualquier acontecimiento que pueda alterar en forma significativa el contenido de la información a disposición del público.

ARTICULO 100. (Información al afiliado). - La Administración deberá enviar periódicamente, al menos cada 6 (seis) meses, al domicilio de cada uno de sus afiliados, la siguiente información mínima referente a la composición del saldo de su cuenta de ahorro individual:

1. Saldo de la cuenta respectiva en Unidades Reajustables al inicio del período.

2. Tipo de movimiento, fecha e importe en Unidades Reajustables. Cuando el movimiento se refiera a los débitos se deberá discriminar en su importe el costo de la comisión, la prima del seguro por invalidez y fallecimiento y otros conceptos autorizados. A tal efecto las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para tal discriminación.

3. Saldo de la respectiva cuenta en Unidades Reajustables, al final del período.

4. Valor de la Unidad Reajustable al momento de cada movimiento.

5. Rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional.

6. Rentabilidad promedio del régimen y comisión promedio del régimen.

Esta comunicación podrá librarse como mínimo una vez al año, a los afiliados que no registren movimientos por aportes en su cuenta durante el último período que deba ser informado.

La reglamentación podrá disponer el aumento de la frecuencia de la información al afiliado.

El afiliado que lo solicite expresamente ante la Administradora respectiva, podrá obtener información de su cuenta personal en cualquier momento.

ARTICULO 101. (Contabilidad separada). - La Administradora deberá llevar contabilidad separada del Fondo de Ahorro Previsional, en donde se registrarán todos los movimientos relativos a los ingresos y a los egresos.

El Banco Central del Uruguay diseñará el plan de cuentas único a utilizar por las Administradoras y éstas deberán ceñirse a esas normas en todas sus informaciones contables.

ARTICULO 102. (Comisiones). - Las Administradoras tendrán derecho a una retribución de parte de sus afiliados, mediante el cobro de comisiones que serán debitadas de las respectivas cuentas de ahorro individual. Las comisiones serán el único ingreso de la Administradora, a cargo de los afiliados.

El importe de las comisiones será establecido libremente por cada Administradora y su aplicación será uniforme para todos sus afiliados.

ARTICULO 103. (Régimen de comisiones). - El régimen de comisiones que cada Administradora fije se ajustará a los siguientes lineamientos:

1. Sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones: la acreditación de los aportes obligatorios y la acreditación de los depósitos voluntarios y convenidos.

2. La comisión por acreditación de los aportes obligatorios y de los depósitos voluntarios o convenidos, sólo podrá establecerse como una suma fija por operación, como un porcentaje del aporte que le dio origen o como una combinación de ambos.

ARTICULO 104. (Bonificación de las comisiones). - Las Administradoras que así lo estimen conveniente podrán introducir esquemas de bonificación a las comisiones establecidas en el artículo anterior, los que no deberán contener discriminaciones para los afiliados que se encuentren comprendidos en una misma categoría. La definición de estas categorías de afiliados sólo podrá ser efectuada en atención a la cantidad de meses que registren aportes en la correspondiente Administradora. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento para la determinación de las respectivas categorías.

El importe de la bonificación deberá establecerse como una quita sobre el esquema de comisiones vigente, debiendo ser aplicado en forma simultánea al cobro de las respectivas comisiones. El importe bonificado quedará acreditado en la respectiva cuenta de ahorro individual del afiliado.

ARTICULO 105. (Inhabilitaciones). - Para los cargos de directores, administradores, gerentes y síndicos de una Administradora, regirán las inhabilitaciones mencionadas en el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 92.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 92. (Entidades receptoras de los ahorros). - Los aportes destinados al régimen de jubilación por ahorro individual serán administrados por personas jurídicas de derecho privado, organizadas mediante la modalidad de sociedades anónimas, denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), en adelante también Administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y controles previstos en la presente Ley.

El Banco de Previsión Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado, actuando conjunta o separadamente podrán formar administradoras, de las cuales serán propietarios.

Asimismo, las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, las cooperativas, las asociaciones civiles, las asociaciones de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otra persona de derecho público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social, podrán formar Administradoras.

A los efectos de este artículo también quedan habilitadas a formar Administradoras las instituciones de intermediación financiera privadas mencionadas por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, concordantes y modificativos".)

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En primer lugar, queremos expresar algo que ya manifestamos en Comisión donde votamos en contra del inciso tercero, porque consideramos que, en la práctica, abre una gama ilimitada de posibles administradoras de fondos de previsión, en virtud de que habilita una serie de instituciones o entidades -que mi juicio no tienen afinidad ni capacidad- para ejercer una actividad tan delicada como es la administración de fondos.

Señalo que el término "asociaciones civiles" permite, en teoría, que hasta los clubes se constituyan en administradoras de fondos de previsión. En mi opinión, las asociaciones profesionales, las cooperativas y, mucho menos, las asociaciones civiles, son entidades que no tienen el objeto o la capacidad para ejercer una administración financiera y, con mayor razón, en un tema tan delicado. No hay ningún fundamento para hacerlo, ya que se puede llegar a amenazar el funcionamiento de este sistema de jubilación por ahorro personal, dado que bastaría con que se llegara al fracaso estrepitoso de alguna de estas entidades para que se produjera un ataque frontal a todo el esquema que se está tratando de construir.

Por esos motivos, voy a solicitar la consideración por incisos, a fin de votar en contra del inciso tercero y respetuosamente me permitiría hacer un llamado a la reflexión a los señores Senadores, ya que creo que es una materia que, si se elimina del Proyecto de Ley, no lo desmerece en absoluto, al tiempo que si se la mantiene, puede constituirse en algo peligroso -por lo menos, en teoría- para el funcionamiento de todo el sistema.

En segundo término, me voy a referir al hecho de que probablemente en forma inadvertida, no se incluyó dentro de las instituciones que potencialmente pueden solicitar autorización para convertirse en administradoras, a las de fondos complementarios ya existentes lo cual, unido a lo anterior, lo tornaría un poco absurdo. Es decir que se va a abrir el espectro a una gran cantidad de instituciones que no tienen nada que ver con este tema, dejándose afuera a aquellas que hoy están cumpliendo esa actividad.

En relación con este tema, propongo que se incorpore una cláusula al final del último inciso del artículo 92 -que figura en la hoja que se distribuyó junto con otros dos artículos sustitutivos- que expresamente habilite la autorización de esas sociedades administradoras que hoy día existen. Si no me equivoco, hasta el propio Palacio Legislativo tiene un mecanismo de esa naturaleza que, de no estar contemplado en este Proyecto de Ley, tendría que dejar de funcionar al aprobarse esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - A efectos de que conste en la versión taquigráfica, se va a dar lectura al agregado propuesto para el inciso cuarto, a iniciativa del señor Senador Posadas Montero, que figura en el repartido que obra en poder de los señores Senadores.

(Se lee:)

"A los efectos de este artículo, también quedan habilitadas a formar administradoras, las instituciones de intermediación financiera privadas mencionadas por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, concordantes y modificativos, y las sociedades administradoras de fondos complementarios de previsión social creadas por el Decreto-Ley Nº 15.611, de 10 de agosto de 1984, que estuvieren en funcionamiento a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley".

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Con respecto a este inciso tercero, voy a proponer dos clases de modificaciones.

Empezaré por la más sencilla, ya que es simplemente de texto. La norma dice así: "Asimismo, las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, las cooperativas, las asociaciones civiles, las asociaciones de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otra persona de derecho público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social"; sin embargo, las mencionadas con anterioridad a las personas de derecho público no estatal, no revisten ese carácter. En consecuencia, lo más razonable sería eliminar la expresión "cualquier otra" y decir: "y las personas de derecho público no estatal" y luego el artículo continuaría tal como está. De esta forma, se evitarían confusiones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el señor Senador Atchugarry me permite, me parece que, sin perjuicio del destino final que tenga este artículo, la modificación sugerida es de recibo, por lo que deberíamos incorporarla.

Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: no entendí si la propuesta que formula el señor Senador Atchugarry consiste en que se elimine del texto la expresión "y cualquier otra persona de derecho público no estatal", en virtud de que no hay ninguna de esa naturaleza mencionada con anterioridad o bien se excluya, solamente, la palabra "otra".

Considero que el supuesto que ameritaría esa corrección no es exacto. Allí se menciona a las cooperativas y, por ejemplo, CONAPROLE es una cooperativa y también una persona pública no estatal. De manera que creo que el supuesto de que con anterioridad no se menciona a ninguna persona de derecho público no estatal, no es correcto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY. - No es así, señor Presidente. Con esta redacción se sugiere que todas las entidades mencionadas con anterioridad son personas de derecho público no estatal, ya que se emplea la expresión "y cualquier otra".

Con la nueva redacción, al decir "y las personas de derecho público no estatal que tengan por objeto principal atender a la seguridad social", no se excluye a nadie; es una fórmula neutra.

En cambio, según la expresión actual, se dice que todas las demás son personas de derecho público no estatal y, en el futuro, alguien podría interpretarlo de otra manera.

A continuación, voy a expresar una duda que tengo con respecto al término "asociaciones civiles", ya que este es amplísimo y no se percibe, claramente, cuál es la utilidad o su sentido. Obsérvese que, además, no está caracterizado por ninguna nota, puesto que no son asociaciones civiles que se dediquen a algo en particular, sino que se incluye a todas. La referencia a que tengan por objeto principal atender a la seguridad social está, obviamente, relacionada a las personas de derecho público no estatal. Digo esto porque es notorio que las asociaciones profesionales no tienen ese objeto y, sin embargo, están habilitadas por esta norma. Pediría que directamente se elimine esta mención a asociaciones civiles.

Con relación a las restantes, es decir, a las asociaciones de trabajadores, de profesionales y a las cooperativas, me pregunto si estamos pensando que están autorizadas para hacerlo respecto de sus afiliados o para todas las personas. En este último caso, no veo por qué se autoriza a las cooperativas y no se hace lo mismo con las sociedades de responsabilidad limitada. Francamente, no alcanzo a comprender cuál es el criterio empleado. Si analizamos las cooperativas financieras, de ahorro y crédito, de consumo o cualquier otra, vemos que la base de su funcionamiento es que operan para sus afiliados, al punto de que, incluso si una persona quiere efectuar un depósito en una cooperativa de ahorro y crédito, hay que hacer una ficción y convertirla en socia. Entonces, no me parece razonable que no se habilite a las sociedades de responsabilidad limitada, a las de capital e industria o a cualquier otra, pero sí se permita que las cooperativas actúen con terceros, ya que debería decirse que es con respecto a sus afiliados.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Creo que el pecado original de este inciso -por decirlo de alguna manera- es la concepción de que lo que van a realizar las instituciones administradoras es una tarea de previsión social y, quizás por esa razón, se piensa en las cooperativas y en que sólo son para sus afiliados. A mi entender, eso no tiene absolutamente nada que ver.

No estamos pensando en organizaciones de seguridad social con fines elevados, sino en instrumentos idóneos y seguros de administración financiera. Es algo totalmente diferente; por eso, creo que aquí subyace una concepción equivocada. Acá, el criterio es, si no igual, todavía mayor a las instituciones bancarias.

Además, tal como lo señalaré más adelante, cuando se considere otro artículo, pienso que es un profundo error la concepción de que el Banco de Previsión Social pueda llevar en forma correcta, eficiente y segura, una Administradora de Fondos de Pensión. A mi juicio, esto constituye una gravísima equivocación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Sin duda, alguno de los elementos que ha señalado el señor Senador Posadas Montero son atendibles. Sin embargo, creo que se debe respetar el espíritu del Proyecto, que lo que quiere indicar es que si los Escribanos desean que la administración de sus fondos la realice la Caja Notarial o la Asociación de Notarios o que si los bancarios prefieren que la haga AEBU, no habría ningún inconveniente, en términos de autogestión. Por eso, consulté a la Comisión sobre si aceptaría la eliminación de la expresión "las asociaciones civiles", que no parece tener una nota particular con nada y también la circunscripción de la actividad de todas estas asociaciones a sus propios asociados. Insisto en que, de otro modo, no logro entender por qué una cooperativa y una asociación profesional están aptas y no lo está, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra sociedad comercial. En consecuencia, creo que este no es un problema de forma.

Lo que procura el Proyecto es buscar formas mutuales -si se me permite la expresión- que han existido en el país en otros ámbitos; algunas de ellas funcionaron bien y otras no. Sin embargo, pienso que vale la pena probar qué sucederá en este sentido. De todos modos, me gustaría que la Comisión estudiara, en algún momento, las dos modificaciones relacionadas con este inciso.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa solicita al señor Senador Atchugarry que, en la medida de lo posible, imagine un pequeño texto que recoja la sugerencia que acaba de hacer a efectos de someterla, eventualmente, a votación.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: estamos considerando un artículo sobre las entidades receptoras de los ahorros. Además, se ha solicitado que su votación se realice por incisos. Seguramente, algunos de los cambios de redacción podrían analizarse en cada inciso. Tal como expresan algunos señores Senadores, parecería que en razón de que en este artículo 92 se habilita a determinadas instituciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones, de por sí ya estarían actuando libremente. No es así, señor Presidente. Tiene que haber un informe previo del Banco Central, una autorización del Poder Ejecutivo y, además, hay 40 artículos que regulan cada uno de los pasos de la Administradora de Ahorros de Fondos de Pensiones.

Entonces, pienso que lo que se establece en el artículo 92 es el universo de las entidades que pueden solicita desempeñar esta tarea. El hecho de restringir, haciendo que una cooperativa esté constituida por sus propios asociados, es el mejor mecanismo porque evitaría que, más tarde, eso no esté autofinanciado, en la medida en que tiene un universo más chico y no sale a "competir" al mercado, va a tener que cobrar comisiones muy altas para la gestión de esos fondos. Además, como no están cautivos, dado que esos trabajadores podrían ir a otros lugares, no veo por qué, si se autoriza a una Administradora, ella tiene que estar circunscripta a sus propios trabajadores -si fueran ellos los que la fundaran- o empleadores fundacionales.

En el artículo 92 se indica el universo de aquellos que pueden desempeñar esta tarea. Luego, existen más de 40 artículos que regulan, en forma detallada, el modo como se desarrollará esto. Personalmente, me parece que está bien; si se quiere poner a las sociedades de responsabilidad limitada, no tengo ningún inconveniente; en este momento, no imagino si alguna de las 40 disposiciones a que he aludido podrían inhibirlas.

En definitiva, si existe un Banco Central que informa previamente, un Poder Ejecutivo que autoriza y más de 40 normas que regulan, en forma detallada, el funcionamiento de estas entidades, no veo por qué se debe limitar ahora el universo. En mi opinión, no existe ningún fundamento para ello.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Gracias, señor Presidente.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BREZZO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Implícitamente, parecemos estar de acuerdo con el agregado que propone el señor Senador Posadas Montero al inciso cuarto del artículo 92. Sin embargo, debo decir que tengo algunas dudas relacionadas con el inciso tercero.

En principio, coincido con lo planteado por el señor Senador Atchugarry respecto a las personas de derecho público no estatal; en mi opinión, podría buscarse una redacción que fuera más clara.

La consulta que deseo formular al señor Miembro Informante, tiene que ver con la forma en que se ha venido desarrollando la discusión en Sala. En este inciso tercero se dice que, asimismo, las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, las cooperativas, etcétera, podrán formar Administradoras. Entonces, pregunto qué quiere decir esto. ¿Que ellas no pueden ser Administradoras, pero sí pueden formar una Administradora? ¿O que ellas mismas pueden convertirse en Administradoras? No sé si se entiende claramente lo que quiero decir. De acuerdo con la letra del inciso, no me cabe ninguna duda de que lo que se quiere decir es que las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, las cooperativas y las asociaciones civiles pueden formar Administradoras, lo que no significa que la asociación civil sea ella misma una Administradora. Quisiera saber si es éste el sentido porque, en ese caso, estaría de acuerdo. A su vez, otras dudas planteadas en Sala recientemente se desvanecerían considerablemente en tanto y cuanto -suponiendo que la correcta interpretación del artículo sea la que he expuesto- habría que acudir a formas jurídicas y a controles que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica que tienen, en sí mismas, las entidades aludidas en el inciso tercero.

Pido disculpas al señor Senador Brezzo por la extensión de mi intervención; sin embargo, creo que este es un punto que tiene mucha importancia y no quisiera que pasara desapercibido en esta discusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Brezzo.

SEÑOR BREZZO. - En principio, en relación con lo que acaba de exponer el señor Senador Ricaldoni, creo que del texto surge que se habilita a todo este tipo de instituciones a formar Administradoras, sometidas a los criterios y controles establecidos en el Proyecto.

Por otro lado, queremos decir que compartimos la modificación de redacción propuesta por el señor Senador Atchugarry, así como también el criterio de suprimir las asociaciones civiles porque nos parece realmente un término exageradamente amplio.

Por último -y aquí expreso también la opinión del Poder Ejecutivo y de la mayoría de la Comisión- cabe señalar que la inclusión de las Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social fue analizada en el momento en que se redactó este artículo, habiéndose considerado adecuado no incluirlas.

En consecuencia, no vamos a votar el agregado propuesto al inciso 4º del artículo 92.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Diría que aquí está el corazón de este Proyecto de Ley, así como el componente individual a que aludió el señor Presidente en la exposición que realizara en el día de ayer. Y es precisamente aquí donde radican nuestras diferencias, que son importantes.

No voy a cansar a los señores Senadores reproduciendo nuestra argumentación, pero sí quiero mencionar -para que conste en la versión taquigráfica- que no compartimos esta transferencia coactiva que hace el sistema de ahorro privado, en el cual la seguridad social en el Banco de Previsión Social, por efecto de la Ley, se traslada a sociedades anónimas regidas por el Derecho Privado. Esta disposición subraya el carácter de privatización y de sociedades anónimas, que es lo que fortalece mi posición en cuanto a que esto no tiene nada que ver con el seguro social previsto en el artículo 67 de la Constitución. En realidad, se trata de contratos privados -no voy a desarrollar la fundamentación que ya efectué- por lo que esta norma no respeta -por eso es inconstitucional- y viola el artículo 67 de la Carta.

En cuanto a la coactividad, quiero decir que a mi juicio viola los artículos 32, 36 y 39 de la Constitución de la República, imponiendo contratos privados y la obligación de intervenir en una sociedad anónima con estatutos "sui generis", regida por el Derecho Privado, así como la realización de seguros comerciales con empresas de esa índole, que serán autorizadas como aseguradoras.

Nos parece que esto también escapa al campo de la seguridad social. Una cosa es aportar al Estado, a un sistema solidario de fondos estatales, y otra muy distinta es que eso se traspase por la Ley a la especulación comercial.

El segundo aspecto que quería considerar se refiere a la reforma del sistema que, por esta vía, se transforma en capitalista porque, en definitiva, facilita la utilización de los aportes a la seguridad social -que deberían estar reservados para afrontar las prestaciones a la vejez- en el ámbito de la especulación. A nuestro juicio, esto es contradictorio con toda idea de seguridad social, ya que la seguridad de las prestaciones de vejez es un elemento clave, en la medida en que el seguro social no sólo tiene carácter económico, sino también sicológico. Todos debemos llegar a la vejez sabiendo que tenemos segura una subsistencia para la etapa en que declinan las energías. Pero esto no es lo que se pretende hacer; de alguna manera, se está colocando todo esto en la incertidumbre de la actividad comercial. Cualquiera sea la gestión, buena o mala, no se puede tener la certeza que demandan las prestaciones de vejez en un régimen que sea de seguro social, tal como establece el artículo 67.

En tercera instancia, deseamos señalar las más graves inseguridades que aparecen en este Proyecto de Ley a partir del Título VIII. La primera de ellas es que los fondos se desplazan hacia Administradoras que son sociedades anónimas, donde el dueño de los fondos, el titular de la cuenta personal, no es en realidad propietario de su capital. Quiere decir que se lo coloca en un contrato privado que restringe su derecho de propiedad, puesto que no puede retirar sus fondos ni reubicarlos, salvo que sea en otra Administradora. Además, se le quita la posibilidad de intervenir en la sociedad; solamente tiene la rentabilidad -si es que la hay- pero no tiene características de socio. Se me podrá decir que por ley se está en condiciones de modificar las sociedades anónimas, creando una modalidad de socio en esas condiciones. Eso estaría bien si se tratara de un acto voluntario, si se diera a la persona la opción de entrar en ese régimen; pero eso no ocurre en este caso, cuando se le retiran coactivamente los fondos que tenía en el Banco de Previsión Social con un determinado destino para pasarlos, sin su consentimiento, a una sociedad comercial de las autorizadas. O sea que ni siquiera se da la opción de elegir libremente, ya que necesariamente debe tratarse de una Administradora autorizada. A mi entender, estos aspectos van a crear inseguridad.

Por otra parte, la única defensa que se tiene puede ser la de cambiar de Administradora. Pero esto no termina aquí, porque ni siquiera será esta Administradora la que va a pagar la jubilación o la prestación a los 25 o a los 30 años. Ese dinero tiene que pasar a otra compañía comercial, o aseguradora, y los aportes que estaban destinados a la seguridad social van a iniciar otro ciclo de negociación en una empresa aseguradora -que también será impuesta- de la cual se va a recibir la prestación de vejez.

Sin duda, esto siembra inseguridad en la operación, aunque en el Proyecto de Ley se haga referencia a los posibles controles. En realidad, los controles establecidos no son del Banco de Previsión Social, por lo que se da otra inconstitucionalidad.

Reitero que no vamos a reproducir el debate, pero sí vamos a reiterar algo que dijimos en el día de ayer. El artículo 195 de la Constitución expresa que el Banco de Previsión Social organiza la seguridad social, y si esto sigue siendo seguridad social -tal como dice el Proyecto- aunque a mi entender no es así- necesariamente tendría que haber sido dicho Banco el que rigiera la mecánica de control de las Administradoras, y no el Banco Central. Por lo tanto, aquí hay una ausencia de control, puesto que al no ser ejercido por el Banco de Previsión Social, tampoco se opera sobre aquellos fondos que antes sí tenían la garantía de la supervisión por parte de los representantes de activos, pasivos y empresarios. Aquí sólo se podrá controlar cómo marchan las sociedades anónimas, que se rigen por el Derecho Privado. El BPS tendrá las acciones de la Administradora que pueda organizar. Este texto dice que serán organizadas, pero se refiere a sociedades absolutamente independientes de quien las organiza.

Entonces, no existe ese control ni tampoco el del Banco de Previsión Social, aunque sí el del Banco Central. En este sentido -como ya hemos dicho otras veces- podemos señalar la experiencia que tiene el país sobre lo controles operados por el Banco Central, que no han sido acertados. Una cosa es que este riesgo lo corra quien es rico, pero si lo corre quien cifra la posibilidad de completar sus ingresos durante la vejez, evidentemente la situación se torna muy crítica.

Creo que también la experiencia internacional en la materia es muy negativa. Basta citar lo que sucedió en la vecina orilla, donde recientemente quebraron dos administradoras de seguros por operar en forma riesgosa con el Banco Extrader, que se fundió. Es notorio que esto está pasando también en los Estados Unidos; ayer se mencionó en una exposición el caso de los famosos "bonos basura", emitidos en lugar de capitales por aseguradoras que especularon con ellos.

En algún momento de esta sesión nos vamos a referir a la exposición que realizara el señor Senador Fernández Faingold, porque me parece que aportó elementos conceptuales importantes. En realidad, discrepo con su posición, pero creo que ayer se refirió no solamente al tema de la alarma sobre la crisis de la seguridad social.

Como ya manifesté en la Comisión, se ha prohijado a este Proyecto con la idea de que si no se convierte en Ley, la seguridad social se hunde. En este sentido, el señor Senador Fernández Faingold dijo que había una filosofía distinta, aludiendo a una síntesis del componente colectivo y del individual. Reitero que más adelante nos vamos a referir a ello, porque nos parece que tiene importancia, aunque tenemos muy fundadas discrepancias.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Voy a hacer algunas consideraciones sobre el artículo 92, que aparece vinculado a una serie de disposiciones que le siguen y que regulan las entidades receptoras de los ahorros, lo que constituye una de las principales innovaciones de nuestro sistema y, a nuestro juicio, una de las peores de este Proyecto.

Se trata de un cambio radical en la concepción de la previsión social en el país. Como bien se ha dicho aquí, no todos los cambios sirven. Algunos son buenos y progresistas, por otros son regresivos en mi concepto, este es el más regresivo de todos los que están incluidos en este Proyecto de Ley.

Quiero decir que esta norma toca un punto clave en materia de previsión social, que tiene que ver con la formación de las sociedades modernas, posteriores al Estado individualista, en el que el hombre era el lobo del hombre. A finales del siglo XIX se comprendió -como decía el señor Presidente en el día de ayer- que el individualismo llevado a sus extremos no era bueno, y que el Estado se había creado para cumplir fines sociales que mejoraran la condición...

SEÑOR PRESIDENTE. - Ruego a los señores Senadores que hagan silencio, a los efectos de escuchar la exposición en curso.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Por esta razón decía, señor Presidente, que el nudo de la filosofía de este Proyecto está en la creación de las entidades Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. Expreso esto porque revela que los autores de esta iniciativa no están de acuerdo en el que el sistema de las jubilaciones y pensiones -para no emplear esa bárbara jerga, y procurar que se entienda bien- tenga como base fundamental el principio de la solidaridad, que comprende muchos aspectos.

Ya desde 1920, cuando comenzaba a formarse la teoría del Estado social democrático, benefactor, o como se le quiera llamar, esto se sistematizó por mucha gente, no ya de izquierda, centro o derecha sino, simplemente, civilizada. Me refiero, por ejemplo, al Decano de Burdeos, a quien admiro mucho, el señor Georges Burdeau, quien habló de la solidaridad social y explicó qué era y cómo se remontaba a la composición biológica del ser humano. Mencionó la solidaridad orgánica, la mecánica y cómo todas ellas confluían; expresó que el hombre, como ser gregario, tiende a producir ciertos resultados en algunos ámbitos en los cuales la idolatría por el mercado se convierte en una herejía humana.

Estoy dispuesto a enfrentar un debate ideológico acerca de la importancia que tiene el mercado; no ignoro su necesidad ni su trascendencia, pero considero que la idolatría del mercado es una herejía contra la propia condición humana. Creo que en esta disposición hay una manifestación de esa idolatría del mercado, creado por un capitalismo regresivo, que vuelve al Estado juez y gendarme de los siglos XVII y XVIII, y que considera que todo aquello que hace al margen de sus fines primarios, como se decía antes...

SEÑOR PRESIDENTE. - Pediría nuevamente a los señores Senadores que hagan silencio a fin de escuchar la exposición del señor Senador Korzeniak. Se hace difícil, incluso para la Mesa, comprender las palabras vertidas.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - No tengo la aspiración de que me escuchen; sólo deseo que, por lo menos, se me deje exponer. No me gusta escucharme a mí mismo, pero de todas maneras necesito un mínimo de silencio.

Estaba diciendo que estamos frente a la parte más regresiva del Proyecto que, de aplicarse, va a generar el más grave daño a los jubilados de este país y a las personas que se retiren en el futuro; repito que esto va a afectar no sólo a quienes configuren causal antes de diciembre de 1996, sino a los actuales jubilados. Si tuviera que elegir cuál fue la finalidad principal de todo esto, escogería la creación de estas entidades, que van a ser privadas en su gran mayoría y que no sé por qué razón tienen siempre forma de sociedad anónima. Es más; hasta tienen ventajas sobre los bancos.

En ese sentido, cabe recordar que los bancos también son sociedades anónimas, pero la ley dice que sus acciones deben ser nominativas. Sin embargo, no he visto que esto se prevea en este Proyecto; quizás haya sido pensado, pero por alguna razón no se incluyó, y ni siquiera se aplica la legislación sobre los bancos.

Me gustaría, señor Presidente, que se reflexionara con calma -y no con el embalaje por la creación de estas entidades con forma de sociedad anónima- acerca del negocio redondo que esto va a significar para algunos. Voy a decirlo con todas las palabras: uno de los negocios más importantes en el mundo moderno es el bancario. En el sistema uruguayo, el banquero tiene que hacer esfuerzos para instalar un banco. Por ejemplo, debe conseguir una autorización del Poder Ejecutivo -lo establece la Constitución de la República- y, además, la opinión del Banco Central, tal como establece la ley. Esta autorización puede ser negada no sólo por razones de legalidad, sino de conveniencia, o porque la plaza está saturada.

En este Proyecto no se tomó ese texto, ya que fue redactado con bastante prolijidad en las normas que regulan el Banco Central, y que no son sólo las comprendidas en la llamada Carta Orgánica. Además cuando logra esa autorización, tiene que gastar mucho dinero en el alquiler de una casa, la contratación de empleados y asesores, etcétera. Por otra parte debe conseguir los clientes y lograr que éstos depositen dinero en las cuentas de ese banco, porque la actividad del banquero, a diferencia de la de otros comerciantes o industriales, se basa en el dinero que colocan sus ahorristas. A esto debemos agregar que puede tener una cartera de ahorristas muy grande, pero si se trata de personas a las que no les sobra el dinero, no colocarán en sus cajas de ahorros o en sus cuentas corrientes todos los meses.

Las sociedades anónimas a que refiere el Proyecto también deben conseguir sus clientes -porque no se va a obligar a las personas a depositar sus ahorros en determinada AFAP- pero posteriormente no tendrán ningún otro trabajo ni deberán conseguir que el cliente deposite allí sus ahorros, ya que lo deberá hacer obligatoriamente. Tampoco tendrá que gastar en la recaudación, ya que el Banco de Previsión Social se encargará de ello y, después, transferirá los fondos a estas entidades.

No deja de llamar la atención lo redondo que va a ser el negocio de estas entidades. Es cierto que se les exige una garantía importante; incluso hay normas bastante estrictas, que prevén una integración de capital de 60.000 Unidades Reajustables antes de empezar a funcionar. De todos modos, creo que debería hablarse de una integración en efectivo, para evitar los vales de favor, que suelen existir como activos en este tipo de operaciones; convendría que esto se aclarara debidamente.

Además, según el Proyecto, estas entidades van a fijar comisiones libremente. Esto es muy curioso porque el Banco Central, que es la institución que las va a controlar, no puede impedirles que cobren comisiones que estén muy por encima de un promedio razonable, lo que sí puede hacer con los bancos por medio de una simple circular, como ha ocurrido más de una vez, impidiendo de esta forma la actividad excesivamente avariciosa de algunos de ellos.

Sin embargo, en este caso no pueden hacerlo ya que es ilegal que se establezca en una circular del Banco Central. En realidad, me llama la atención. Concretamente, el artículo 102 señala que el importe de las comisiones será establecido libremente por cada Administradora. ¿Por qué libremente? ¿Quiere decir que no va a haber ningún límite posible? Los idólatras del mercado tienen el límite de que si ponen comisiones muy altas la gente se va a ir a afiliar a otra entidad administradora y no a esa. Pero, como pueden fijarlo libremente, ponen el cebo de una comisión baja y después que están afiliados, cuando ya han pasado uno a dos años, la suben. Confieso que no conozco que exista otra norma legal en nuestro país parecida a esta. Quizás me equivoco por omisión o ignorancia pero, reitero, no conozco libertad tan grande para fijar comisiones, como la que se ha establecido en este Proyecto de Ley.

A mi juicio -lo digo muy convencido y espero que no sea con vehemencia- esto es lo más dañino que se le puede hacer a la Seguridad Social en el Uruguay. Creo que se persigue el objetivo de activar o crear un mercado de capitales financieros. Lo digo porque esto es una actividad financiera y no muchos empleados van a trabajar en estas entidades porque ni siquiera tienen que preocuparse por recaudar o convencer mucho a la gente para que ahorre. Después que lo captan como afiliado de la entidad, obligatoriamente, tendrá que efectuar el aporte sin otra posibilidad. El Banco de Previsión Social trabaja, lo consigue y después se lo lleva.

Señor Presidente: me parece que si aprobáramos esto estaríamos cometiendo un agravio al sistema de previsión social uruguayo. A mi juicio, estas entidades van a hacer fracasar estrepitosamente al Banco de Previsión Social. Tal como ha sucedido cuando se ha creado una actividad privada para competir con la de un Organismo que con todos sus defectos ya ha funcionado en este país, el desliz ha sido hacia esa actividad privada. Esta es una privatización parcial; si se quiere, se le puede llamar sistema mixto. Ello implica la privatización del régimen de previsión social, o algo parecido, tal como lo hacían otras medidas. Aquí no se produce la venta de una empresa pública, pero se autoriza la creación de una cantidad de empresas privadas que le van a sacar ingresos a afiliados que actualmente los están volcando al Banco de Previsión Social.

Me parece que es una contradicción bastante brusca decir, por un lado, que el problema del Banco de Previsión Social y de nuestro sistema es que en el futuro habrá un gran déficit y, por otro, crear un instrumento que le va a hacer, precisamente, una sangría a la Institución. Esa sangría consiste en que, en principio, se va a alentar con esta Ley a que la gente, en lugar de estar afiliada al Banco de Previsión Social, lo esté en estas entidades.

Espero que si esto llega a aprobarse -para desgracia del país- haya controles muy fuertes con respecto a las entidades que estén en condiciones de mostrar un capital real o presunto, como suele hacerse a veces. Me parece que esto va a generar problemas muy serios para los jubilados futuros y para los actuales. Con respecto a estos últimos y con causal jubilatoria hasta diciembre de 1996, la Ley establece que permanecen en el actual sistema. No obstante ello, si estas entidades debilitan al Banco de Previsión Social y si, simultáneamente, el Estado se propone reducir el aporte a dicha Institución, los actuales jubilados también van a tener problemas y no va a ser a muy largo plazo.

Por estas razones, no vamos a votar ninguno de los artículos que se refieren a las posibilidades de actuación de estas entidades.

Muchas gracias.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Hemos estado conversando con algunos señores Senadores que nos han transmitido las dificultades que tienen para que podamos cumplir con el objetivo que nos habíamos fijado, en el sentido de finalizar el trabajo en el día de hoy, incluso, extendiendo el horario de la sesión. Advierto que ello no es posible por lógicas razones que nos han indicado dichos señores Senadores.

Por lo tanto, señor Presidente, me veo forzado a formular una moción de orden, en el sentido de que a las 21 horas el Cuerpo pase a cuarto intermedio hasta el día lunes a las 14 horas, en el entendido -por lo menos esta es nuestra voluntad- de que en esa ocasión, sin perjuicio de la hora en que debamos finalizar, concluyamos con la votación de este Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pozzolo.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: solicito que se postergue el artículo 92, en el que hemos estado trabajando, en virtud de que vamos a presentar una redacción sustitutiva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda postergado el artículo 92.

A continuación, corresponde considerar el artículo 94 que ya había sido desglosado a solicitud del señor Senador Posadas Montero.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 94. (Entidades receptoras de los ahorros). - Los aportes destinados al régimen de jubilación por ahorro individual serán administrados por personas jurídicas de Derecho Privado, organizadas mediante la modalidad de sociedades anónimas, denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), en adelante también Administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y controles previstos en la presente Ley.

El Banco de Previsión Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado, actuando conjunta o separadamente podrán formar Administradoras, de las cuales serán propietarios.

Asimismo, las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, las cooperativas, las asociaciones civiles, las asociaciones de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otra persona de Derecho Público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social, podrán formar Administradoras.

A los efectos de este artículo también quedan habilitadas a formar Administradoras las instituciones de intermediación financiera privadas mencionadas por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, concordantes y modificativos".)

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Deseo hacer dos comentarios con respecto a este artículo.

El primero de ellos, se refiere al inciso inicial. Ya adelanté mi opinión contraria a la obligatoriedad de que el Banco de Previsión Social se constituya en una Administradora de Fondos de Pensión. En este caso, me animan los mismos motivos que me llevaban a opinar en contra de que las instituciones sin solvencia, por lo menos técnica y sin afinidad con el tema, fueran administradoras. A mi juicio, lo mismo va a suceder con el Banco de Previsión Social. No es un comentario derogatorio para la Institución, puesto que esta fue concebida para otros fines y funciona de una manera distinta de como debe hacerlo una Administradora de Fondos de Pensiones. En este caso, no va a ser con dinero del Estado; en realidad no se sabría muy bien a quién pertenecía. Pienso que el Banco, en este momento o en un futuro muy próximo, no va a contar con las condiciones necesarias para cumplir este papel. Estimo que será muy negativo obligarlo, por ley, a que lo haga y forzar a determinadas personas -este es un artículo que está más adelante- a que se afilien a esa Administradora de Fondos de Pensión.

No pretendo convencer a quienes han tenido, tradicionalmente, posiciones ideológicas distintas. Este no es un tema de liberalismo o no liberalismo. Es evidente que también me opongo a lo que podría concebirse como una especie de liberalismo a ultranza en el sentido de que se abran las puertas y entre cualquiera. En realidad, en el mismo criterio que me lleva a estar en contra de esas instituciones -como por ejemplo, las asociaciones civiles- y del Banco de Previsión Social, puesto que no está ni va a estar capacitado para cumplir esta tarea. Me parece que si, además de imponer su existencia por Ley, vamos a obligar a los propios funcionarios del Banco de Previsión Social a que deban estar afiliados a esas Administradoras de Fondos de Pensión y no a las que ellos prefieran, es un grave error.

Por otra parte, también tengo una objeción con respecto al inciso segundo, porque prevé que no puede entrar a funcionar ninguna Administradora hasta que exista, por lo menos, una estatal. Sin embargo, la mecánica de la ley es que una vez aprobado comience a andar, al mismo tiempo, el sistema de ahorro obligatorio y aun el derecho al ahorro libre. Ante esto me pregunto: ¿Qué sucede si el Estado se demora -es muy probable que así ocurra- en poner en funcionamiento la primera Administradora estatal? ¿Qué pasaría con el ahorro obligatorio que, según la ley, debe ir a una Administradora que, como es obvio, no va a existir, porque las propias Administradoras privadas no la van a dejar funcionar y la del Estado no va a estar en marcha? Entonces, existe una falla de engranaje entre...

(Dialogados)

-No entendí y puede ser que en este caso me favorezca la ignorancia.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Con mucho gusto le concedo una interrupción para quebrar su aburrimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Entiendo que de esta forma ponemos una nota de animación en el Senado.

Señalo que comparto lo expresado por el señor Senador Posadas Montero en la última parte de su exposición. Este es uno de los notorios atributos "perfectos" que tiene el Proyecto de Ley desde el punto de vista técnico. Nada más y nada menos se olvidaron de este detalle, es decir, que mientras no empiece a funcionar el sistema de la entidad estatal, no se sabe qué sucederá con el resto de los fondos. Hay un plazo en el cual se debe realizar la transferencia de esos fondos a una entidad privada, pero a pesar de ello éste no existe. En ese sentido, observamos que este mecanismo no está bien proyectado. Creo que ese fue el contenido de las palabras del señor Senador Posadas Montero en cuanto que existe un desfase que parece no haber sido previsto, a pesar de que transcurrieron seis meses para su estudio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR HEBER. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Despuntado el vicio del señor Senador Gargano, concedo una interrupción al señor Senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER. - Como recordarán los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con la de Hacienda, este artículo fue muy debatido en ese ámbito. A ese respecto, planteamos como vía de solución la posibilidad de establecer un plazo breve -inclusive el Contador Davrieux estuvo de acuerdo- porque de alguna manera se obligaba al Estado a constituir la correspondiente Administradora. En ese momento, el señor Senador Mallo -que hoy no está presente- elaboró una tesis de recibo en función que la Ley no debía obligarlo que nuestra influencia y compromiso político tenía que condicionar. Además, se daba por sobreentendido el acuerdo y que, por lo tanto, como teníamos hombres de confianza en los organismos, deberíamos hacer cumplir esto de manera que funcionara lo establecido por la Ley.

Si bien comprendo que se trata de un argumento de recibo, me gustaría indicar un plazo a la obligatoriedad que el Estado debe cumplir, porque es una garantía para todos en función de que de esta manera se viabilice la Ley.

Me pregunto si cabe la posibilidad de que no exista ninguna empresa estatal, y me responden que es imposible. Pero puede suceder, de modo que no tendríamos funcionando a plenitud el sistema.

Por lo expuesto, solicito que se postergue este tema, a los efectos de conversar y encontrar una solución que sea satisfactoria para todos, con el fin de que nos brinde las garantías del caso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En mi opinión la mejor solución sería eliminar la obligatoriedad de una Administradora pública. Si no hubiera mayoría para esta alternativa, el otro camino sería el establecimiento de un plazo, tal como planteaba el señor Senador Heber. Por otro lado, podría vincularse el ahorro obligatorio con la existencia de más de una Administradora porque, de lo contrario, se condiciona a los afiliados a dirigirse a la única que existe. Me parece que estos son los dos caminos posibles. Prefiero eliminar la obligatoriedad.

Por consiguiente, me permitiría mocionar -y pido disculpas porque esto lo debería haber hecho en Comisión- para que la última frase del inciso primero -que expresa "Una de dichas Administradoras deberá obligatoriamente"- se separe como un inciso independiente. Esto lo propongo en el intento de facilitar la votación del Proyecto de Ley, porque, aun estando en contra, separándolo por incisos me posibilita votar a conciencia la primera parte y no votar la segunda, sin obstruir, de este modo, la votación de todo el inciso.

En concreto, mi moción es eliminar la obligatoriedad y, de no ser aprobada, establecer un plazo vinculado a la puesta en práctica del ahorro obligatorio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el Senado no se opone, procederíamos a postergar el artículo, a los efectos de incorporar algunas de las sugerencias planteadas.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Estoy de acuerdo en que se postergue el tratamiento de este artículo pero, antes de que se levante la sesión, solicito que se distribuyan los que han sido desglosados, con el fin de que cada uno de nosotros tenga conocimiento de ello.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará en cuanto la Secretaría nos proporcione la lista de todos los artículos postergados hasta este momento.

Si no se hace uso de la palabra, correspondería votar el artículo 98.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

En consideración el Capítulo II del Título VIII, que comprende los artículos 106 a 110.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 106. (Elección de la Administradora). - Todo afiliado que se incorpore al régimen de ahorro deberá elegir libremente una Administradora.

La opción se realizará directamente ante la misma, la cual hará llegar al Banco de Previsión Social una copia de la solicitud de incorporación en un plazo de cinco días hábiles. El mismo procedimiento corresponderá cuando el afiliado cambie de Administradora.

La libertad de elección de Administradora no podrá ser afectada por ningún mecanismo ni acuerdo, quedando prohibido condicionar el otorgamiento de beneficios o premios, a la afiliación o cambio del trabajador a una determinada Administradora.

El afiliado deberá incorporarse a una única Administradora aunque el mismo prestare servicios para varios empleadores o realizarse simultáneamente tareas como trabajador dependiente no dependiente.

ARTICULO 107. (Obligación de incorporación de afiliados). - Las Administradoras deberán aceptar la incorporación de todo afiliado efectuada conforme a las normas de esta Ley y no podrán realizar discriminación alguna entre los mismos, salvo las expresamente contempladas en la presente Ley.

ARTICULO 108. (Asignación de Administradora). - Si el afiliado no realizare la elección de Administradora, la asignación de la misma será efectuada por el Banco de Previsión Social, en forma proporcional a los afiliados incluidos en cada una de ellas a la fecha de incorporación.

ARTICULO 109. (Derecho de traspaso a otra Administradora). - Todo afiliado que cumpla las normas del artículo siguiente tiene derecho a cambiar de Administradora, para lo cual deberá notificar fehacientemente a aquella en la que se encuentre incorporado. El cambio tendrá efecto a partir del segundo mes siguiente al de la solicitud y estará sujeto a lo que dispongan las normas reglamentarias.

ARTICULO 110. (Condiciones para el traspaso). - El derecho a traspaso por parte del afiliado se limitará a dos veces por año calendario y se podrá realizar siempre que se registren, al menos, seis meses de aportes en la entidad que se abandona".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque los artículos 106 a 110.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el Capítulo III, que comprende los artículos 111 a 122.

(El texto de los artículos cuyas lecturas se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 111. (Naturaleza del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional definido en esta Ley es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora. El mismo estará constituido por las disponibilidades transitorias y las inversiones realizadas y estará destinado únicamente a financiar las prestaciones indicadas en el artículo 49 de la presente Ley.

La propiedad del Fondo de Ahorro Previsional será de los afiliados al mismo y estará sujeta a las limitaciones y destinos establecidos en la presente Ley.

ARTICULO 112. (Inembargabilidad del patrimonio). - Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Ahorro Previsional serán inembargables.

En caso de que la Administradora entre en liquidación judicial, el Fondo de Ahorro Previsional será administrado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la presente Ley.

ARTICULO 113. (Recursos del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional de cada Administradora se integrará con los siguientes recursos:

a) Los importes destinados al régimen de ahorro según los literales a) al f) del artículo 44 de la presente Ley.

b) Los fondos acumulados por los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso desde otra Administradora.

c) La rentabilidad correspondiente a las inversiones efectuadas de acuerdo con las disposiciones del artículo 123 de la presente Ley.

d) Las transferencias de fondos provenientes de la Reserva Especial, en las condiciones fijadas en el artículo 122 de la presente Ley.

e) Las transferencias del Estado realizadas en las condiciones establecidas en el artículo 122 de la presente Ley.

ARTICULO 114. (Deducciones del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional de cada Administradora admitirá las siguientes deducciones:

a) Las sumas correspondientes al pago de las comisiones de los afiliados a la Administradora.

b) El pago de la prima del seguro de invalidez y fallecimiento a una empresa aseguradora autorizada a girar en el ramo de seguros de vida, en adelante empresa aseguradora, de acuerdo al artículo 56 de la presente Ley.

c) La transferencia de fondos a las empresas aseguradoras para el pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 53 de la presente Ley.

d) La transferencia de los fondos correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso hacia otra Administradora.

e) La comisión de custodia establecida según el artículo 126 de la presente Ley.

ARTICULO 115. - (Participación en la copropiedad del Fondo de Ahorro Previsional). - La participación de cada uno de los afiliados en la copropiedad del Fondo de Ahorro Previsional, se determinará mensualmente como el cociente entre el saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor total del mencionado Fondo. Dicha participación es inembargable.

ARTICULO 116. (Tasas de Rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional). - La tasa de rentabilidad nominal anual del Fondo de Ahorro Previsional, es el porcentaje de variación, durante los últimos doce meses del valor de la Unidad Reajustable, acumulada a la tasa de rentabilidad real de dicho Fondo.

La tasa de rentabilidad real mensual del Fondo de Ahorro Previsional, es el porcentaje de variación mensual experimentado por el mismo, medido en Unidades Reajustables, excluyendo los ingresos por aportes y traspasos entre Administradoras, así como los traspasos desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y las deducciones mencionadas en el artículo 114 de la presente Ley. La tasa de rentabilidad real anual se calculará por la acumulación de las tasas de rentabilidad reales mensuales.

El cálculo de estas tasas y de todos los índices que de ellas se deriven se realizarán mensualmente.

ARTICULO 117. (Rentabilidad del régimen). - Las tasas de rentabilidad nominal y real promedio del régimen se determinará calculando el promedio ponderado de la tasa de rentabilidad de cada Fondo de Ahorro Previsional, según el mecanismo que fijen las normas reglamentarias.

Las Administradoras serán responsables de que la tasa de rentabilidad real del respectivo Fondo de Ahorro Previsional, no sea inferior a la tasa de rentabilidad real mínima anual del régimen, la que se determinará en forma mensual.

La tasa de rentabilidad real mínima anual promedio del régimen es la menor entre el 2% (dos por ciento) anual y la tasa de rentabilidad real promedio del régimen menos 2 (dos) puntos porcentuales.

Los requisitos de rentabilidad mínima no serán de aplicación a las Administradoras que cuenten con menos de doce meses de funcionamiento.

ARTICULO 118. (Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - En cada Administradora, como parte del Fondo de Ahorro Previsional, habrá un Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, con el objeto de garantizar la tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo anterior.

ARTICULO 119. (Integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad se integrará en forma mensual y siempre que la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuese positiva. El mismo se integrará con el producido de todo exceso de la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional sobre la tasa de rentabilidad promedio del régimen, incrementada en 2 puntos porcentuales. El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad estará expresado en Unidades Reajustables.

ARTICULO 120. (Aplicación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad tendrá los siguientes destinos:

a) Cubrir la diferencia entre la tasa de rentabilidad real mínima del régimen definida en el artículo 117 de la presente Ley y la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional, en caso de que esta fuera menor.

b) Acreditar obligatoriamente en las cuentas de ahorro individual de los afiliados, los fondos acumulados que superen por más de un año el 5% (cinco por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

c) Incrementar, en la oportunidad que la Administradora así lo estime conveniente, la rentabilidad incorporada en las cuentas de ahorro individual en un mes determinado, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:

1. Luego de la afectación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, el saldo de este represente como mínimo el 3% (tres por ciento) del importe del Fondo de Ahorro Previsional.

2. No se podrá, en un mes dado, disminuir más del 10% (diez por ciento) del correspondiente Fondo de Fluctuación de Rentabilidad.

d) Imputar al Fondo de Ahorro Previsional el saldo total del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, a la fecha de liquidación o disolución de la Administradora.

ARTICULO 121. (Reserva Especial). - Las Administradoras deberán integrar y mantener en todo momento, una reserva equivalente por lo menos al 2% (dos por ciento) del Fondo de Ahorro Previsional respectivo, deducidas las inversiones en valores emitidos por el Estado uruguayo, que se denominará Reserva Especial. Dicha Reserva, no podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del capital mínimo fijado en el artículo 97 de la presente Ley y tendrá por objeto responder a los requisitos de una tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo siguiente.

El cálculo de la Reserva Especial mínima se efectuará en forma mensual, teniendo en cuenta el valor del Fondo de Ahorro Previsional y la composición de sus inversiones al fin del mes anterior.

La Reserva Especial deberá ser invertida en los mismos instrumentos autorizados para el Fondo de Ahorro Previsional y con iguales limitaciones. Los bienes y derechos que la componen serán inembargables.

Todo déficit de la Reserva Especial, no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo siguiente, se regirá por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto fijen las normas reglamentarias.

ARTICULO 122. (Garantías de la rentabilidad mínima). - Cuando la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuere, en un mes dado, inferior a la tasa de rentabilidad real mínima del régimen y esta diferencia no pudiere ser cubierta con el respectivo Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, la Administración deberá aplicar los recursos de la Reserva Especial a tal efecto. Si no lo hiciera, en un plazo de diez días, a partir de la notificación respectiva. Si aplicados totalmente los recursos de la Reserva Especial, no se pudiere completar la deficiencia de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional, el Estado completará la diferencia, la que deberá ser reintegrada dentro del plazo que en cada caso fije el Poder Ejecutivo.

La Administradora que no hubiere cubierto la rentabilidad mínima del régimen o recompuesto la Reserva Especial dentro de los quince días siguientes al de su afectación, se disolverá de pleno derecho, debiendo liquidarse según lo establecen los artículos 138 y 139 de la presente Ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el Capítulo IV, integrado por los artículos 123 a 126.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 123. (Inversiones permitidas). - El Fondo de Ahorro Previsional se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad de plazos, de acuerdo con sus finalidades y respetando los límites fijados por esta Ley y las normas reglamentarias.

Las Administradoras podrán invertir los recursos del Fondo de Ahorro Previsional en:

a) Valores emitidos por el Estado uruguayo, hasta el 60% (sesenta por ciento) del total del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

b) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento).

c) Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera que se realicen en las instituciones de intermediación financiera instaladas en el país, autorizadas a captar depósitos, hasta el 30% (treinta por ciento).

d) Valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas que coticen en algún mercado formal, con autorización del Banco Central del Uruguay, hasta el 25% (veinticinco por ciento).

e) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales o forestales, garantizados por entidades financieras autorizadas a funcionar en el país, a través de la emisión de certificados de depósito, hasta el 20% (veinte pro ciento).

f) Colocaciones en instituciones públicas o privadas, garantizadas por las mismas, a efectos de que estas concedan préstamos personales a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social, hasta dos años de plazo y tasa de interés no inferior a la evolución del Indice Medio de Salarios en los últimos doce meses, más cinco puntos porcentuales. El máximo del préstamo en estas condiciones no podrá superar los seis salarios de actividad o pasividad. El importe a prestar no excederá del 15% (quince por ciento) del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Las inversiones mencionadas en el literal a) podrán alcanzar hasta el 100% (cien por ciento) en el primer año de vigencia del régimen de ahorro, reduciéndose entre cinco y diez puntos porcentuales por año, hasta llegar al 60% (sesenta por ciento) mencionado.

La suma de las inversiones mencionadas en los literales b), c), d), e) y f) no podrá exceder del 20% (veinte por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional en el primer año, incrementándose entre cinco y diez puntos porcentuales anuales, hasta un máximo del 70% (setenta por ciento).

La suma de las inversiones mencionadas en los literales d), e) y f), no podrá exceder del 30% (treinta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

ARTICULO 124. (Prohibiciones). - El Fondo de Ahorro Previsional no podrá ser invertido en los siguientes valores:

a) Valores emitidos por otras Administradoras que se creen de acuerdo con la presente Ley.

b) Valores emitidos por empresas aseguradoras.

c) Valores emitidos por sociedades constituidas en el extranjero, con excepción de las empresas de intermediación financiera autorizadas a girar en el país.

d) Valores emitidos por las sociedades financieras de inversión.

e) Valores emitidos por empresas vinculadas a la respectiva Administradora, ya sea directamente o por su integración a un conjunto económico.

f) Acciones escriturales, preferidas y de goce, definidas por la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

En ningún caso las Administradoras podrán realizar operaciones de caución, ni operaciones financieras que requieran constitución de prendas o garantías sobre el activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Una vez reglamentadas por el Poder Ejecutivo, las prohibiciones indicadas en el presente artículo serán controladas por el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 125. (Disponibilidad transitoria). - El activo del Fondo de Ahorro Previsional, en cuanto no sea inmediatamente aplicado según lo establecido por el artículo 123 de la presente Ley, será depositado en entidades de intermediación financiera, en cuentas identificadas como integrantes del mencionado Fondo.

De dichas cuentas sólo podrán efectuarse retiros destinados a la realización de inversiones para el Fondo de Ahorro Previsional y al pago de las comisiones y transferencias autorizadas por el artículo 114 de la presente Ley.

Las cuentas serán mantenidas en instituciones autorizadas a realizar operaciones de intermediación financiera en el país, de acuerdo a los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

La suma de las disponibilidades transitorias y de las inversiones permanentes mencionadas en los literales c) y e) del artículo 123 de la presente Ley no podrá exceder, en una sola institución financiera, el 15% (quince por ciento) del valor total del Fondo de Ahorro Previsional.

ARTICULO 126. (Custodia de los títulos). - Los títulos representativos de las inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y de la Reserva Especial deberán mantenerse en una sola institución de intermediación financiera autorizada a captar depósitos u otras instituciones que el Banco Central del Uruguay autorice.

En forma mensual, el Banco Central del Uruguay informará al depositario el monto mínimo que cada Administradora deberá mantener en custodia. La entidad depositaria será responsable de este control y deberá comunicar al Banco Central del Uruguay las insuficiencias que se verifiquen.

Las comisiones de custodia serán libremente fijadas entre las partes y comunicadas al Banco Central del Uruguay".)

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Solicito el desglose del artículo 123, relativo a las inversiones.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, pasamos a considerar los artículos 124 a 126.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 123.

Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL. - Señor Presidente: deseo señalar que no estamos votando estos artículos vinculados a los mecanismos de ahorro individual, pero quien habla planteó en la Comisión el inciso e) de esta disposición, relativo a "Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales o forestales, garantizados por entidades financieras autorizadas a funcionar en el país, a través de la emisión de certificados de depósito, hasta el 20% (veinte por ciento)". Creo que la norma está mal redactada y debería ser más amplia, dando la oportunidad, hasta ese 20%, de poder ser invertido en los distintos sectores de la actividad económica, sin explicitar. No veo qué sentido existe para que esto se pueda realizar en la forestación y no en la actividad citrícola, o en valores inmobiliarios y no en otros.

Simplemente, deseo mejorar el texto, en la medida de lo posible -aunque adelanto que no lo vamos a votar- aludiendo a los valores representativos de los distintos sectores de la actividad económica.

SEÑOR SANTORO. - Si no se va a votar la disposición, señor Senador, no proponga modificaciones.

SEÑOR COURIEL. - Lo hago de buena gente que soy.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BREZZO. - Deseo expresar que estamos de acuerdo con la modificación que propone el señor Senador Couriel y estamos dispuestos a votar el artículo en esas condiciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por lo tanto, sería necesario que se redactara un texto sustitutivo del inciso e), por lo que sería conveniente postergar esta disposición a tales efectos.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Propongo que se vote el artículo 123, dejando en suspenso el inciso e), hasta que tengamos una redacción sustitutiva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 123 sin el inciso e), que queda postergado.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

En consideración el Capítulo V, que comprende los artículos 127 y 128.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 127. (Responsabilidades y obligaciones de las Administradoras). - Las Administradoras serán responsables y estarán obligadas a:

a) Traspasar a las empresas aseguradoras los saldos acumulados en las cuentas de ahorro individual, a efectos del pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 49 de la presente Ley, con excepción del subsidio transitorio por incapacidad parcial.

b) Contratar con una empresa aseguradora un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, en las condiciones del artículo 56 de la presente Ley, considerando como pago parcial de la misma, el capital acumulado en la cuenta de ahorro de los afiliados, a la fecha en que se produzca la incapacidad, el fallecimiento en actividad o el fallecimiento en goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial.

c) Traspasar a la empresa aseguradora correspondiente el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, cuando se den las condiciones establecidas en el artículo 57 de la presente Ley.

ARTICULO 128. (Responsabilidades y obligaciones de las empresas aseguradoras). - Las empresas aseguradoras, siempre que realicen operaciones establecidas en la presente Ley, estarán obligadas a:

a) Servir en forma mensual las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, de acuerdo a las condiciones mencionadas en el artículo 55 de la presente Ley.

b) Servir en forma mensual las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y las pensiones por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, por la parte sujeta al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio y siempre que los afiliados hubieran estado incluidos en la póliza de seguro de vida colectivo mencionado en el artículo 56 de la presente Ley. En caso de que el afiliado no hubiera estado incluido en la póliza respectiva, la responsabilidad de su pago será de la Administradora.

c) Formar el capital técnico necesario para cubrir las prestaciones mencionadas en los literales a) y b) de este artículo, conforme a las instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el Capítulo VI, que comprende los artículos 129 a 133.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 129. (Tratamiento de los depósitos convenidos). - Los depósitos convenidos que se realicen de acuerdo al artículo 48 de la presente Ley, serán deducibles de la renta bruta para liquidar los impuestos establecidos en el Título 4, Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) y Título 8, Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) del Texto Ordenado 1991.

Dichos depósitos también se podrán deducir como Rubro de Deducción Condicionada, del impuesto definido en el Título 7 Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO) del Texto Ordenado 1991, no rigiendo a estos efectos el tope máximo del 20% (veinte por ciento) del ingreso neto total.

ARTICULO 130. (Remuneraciones no gravadas). - Las remuneraciones abonadas a los trabajadores por las cuales no corresponda cotizar aportes patronales jubilatorios, de acuerdo a la limitación del literal a) del artículo 14, serán deducibles de la renta bruta para liquidar los impuestos establecidos en el Título 4 Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) y Título 8, Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) del Texto Ordenado 1991, exclusivamente por la parte proporcional de los aportes de seguridad social no jubilatorios e impuesto a las retribuciones personales respecto del total de los mismos, incluyendo los aportes jubilatorios.

ARTICULO 131. (Tratamiento de los fondos acumulados). - Los fondos acumulados en las cuentas individuales de ahorro no serán computadas a efectos de la liquidación del impuesto al patrimonio de las personas físicas.

ARTICULO 132. (Tratamiento de las AFAP). - Las comisiones percibidas por las Administradoras de acuerdo al artículo 102 de la presente Ley, estarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del Título 10 del Texto Ordenado 1991.

Las AFAP quedarán incluidas en el régimen establecido en el Título 4, Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) del Texto Ordenado 1991 y no serán gravadas con el Impuesto a las Comisiones (COM), regulado en el Título 17 del Texto Ordenado 1991.

La constitución de sociedades anónimas con el objeto exclusivo de administrar Fondos de Ahorro Previsional, así como los aumentos de capital de las mismas, estarán exonerados de todo tributo.

ARTICULO 133. (Tratamiento de las empresas aseguradoras). - Las empresas aseguradoras que realicen operaciones incluidas en la presente Ley, estarán exoneradas del impuesto a los ingresos (Título 6, Impuesto a los ingresos de las compañías de seguros del Texto Ordenado 1991), por el cobro de las primas del seguro de invalidez y fallecimiento contratado según el artículo 56 de la presente Ley.

Asimismo, las citadas empresas quedarán exoneradas del IVA sobre las primas que cobren por el seguro citado en el inciso anterior".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el Capítulo VII, que comprende los artículos 134 a 136.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 134. (Control de las Administradoras). - El Banco Central del Uruguay ejercerá el control de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con las competencias establecidas en la presente Ley, sin perjuicio de las normas de organización de la seguridad social que dicte el Banco de Previsión Social de acuerdo al artículo 195 de la Constitución de la República.

Las potestades que la Constitución acuerda a los Cuerpos Legislativos o a sus integrantes no podrán ser restringidas sea cualquiera la circunstancia que se invoque, en todo lo referente a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, sean de carácter público o privado.

ARTICULO 135. (Poderes Jurídicos del Banco Central del Uruguay). - Son poderes jurídicos del Banco Central del Uruguay:

a) Ejercer las funciones que la presente Ley asigna a la autoridad de control.

b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en la presente Ley, y que sean necesarios para su correcta aplicación.

c) Fiscalizar el procedimiento de afiliación previsto en los artículos 106 y 107 de la presente Ley y los traspasos que decidan los afiliados de acuerdo a los artículos 109 y 110 de la presente Ley.

d) Llevar un registro de las Administradoras autorizadas de acuerdo con la presente Ley.

e) Controlar se cumpla lo establecido en el artículo 98 de la presente Ley.

f) Verificar, mediante inspecciones, cuya frecuencia mínima será reglamentada, la exactitud y veracidad de la información que las Administradoras deben brindar conforme a lo establecido en los artículos 99 y 100 de la presente Ley.

g) Fiscalizar el cumplimiento del régimen de comisiones fijado por cada Administradora.

h) Fiscalizar las inversiones de los recursos de los Fondos de Ahorro Previsional y de la Reserva Especial, así como la adecuada custodia de los títulos representativos de las mismas.

i) Determinar la rentabilidad y comisión promedio del régimen de ahorro individual y fiscalizar la rentabilidad obtenida por cada Administradora.

j) Fiscalizar la constitución, el mantenimiento y la aplicación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial.

k) Controlar la contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las Administradoras, en la forma establecida en el artículo 56 de la presente Ley y establecer las normas que regulen el contrato respectivo, así como las que regulen el pago de las prestaciones de jubilación común y de las pensiones de sobrevivencia que de ella se deriven, según el artículo 55 de la presente Ley.

l) Imponer a las Administradoras las sanciones previstas cuando no cumplan con las disposiciones legales conforme a lo establecido en el artículo 136 de la presente Ley.

ll) Labrar acta de toda inspección que realice en una Administradora o ante un tercero con quien aquella opere.

m) Publicar, en forma trimestral, una memoria que contendrá la información global y estadística que fije la reglamentación, referida a la evolución del régimen de ahorro individual, las autorizaciones otorgadas para funcionar como Administradoras, y las revocaciones, las sanciones aplicadas y la indicación referida a cada Administradora, de capital social, nómina de directores, representantes, gerentes y síndicos, número de afiliados incorporados a cada una, esquema de comisiones, valor del Fondo de Ahorro Previsional, de la Reserva Especial, rentabilidad nominal y real y toda otra información que establezcan las normas reglamentarias.

n) Controlar las responsabilidades y obligaciones de las Administradoras y de las empresas aseguradoras, de acuerdo a los artículos 127 y 128 de la presente Ley.

ñ) Recibir las denuncias de los afiliados o de terceros, sobre la actuación de las instituciones incluidas en esta Ley, debiendo tramitar y notificar de sus resultados, a los denunciantes, en un plazo de quince días hábiles.

ARTICULO 136. (Sanciones aplicables). - Las Administradoras y las empresas aseguradoras, comprendidas en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio establecido en esta Ley y que infrinjan las normas aplicables a las mismas, serán pasibles, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder, de las sanciones establecidas en el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.")

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Solicito que se desglose el artículo 134.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, corresponde considerar los artículos 135 y 136.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 134.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Tengo una duda con relación al inciso segundo. Si no recuerdo mal, este inciso ha sido introducido a sugerencia del señor Senador Mallo. Si así fuera, pediría al señor Miembro Informante que me lo ratifique o corrija. Sugeriría la postergación de este inciso porque tengo algunas salvedades y no me gustaría manifestarlas en ausencia del señor Senador Mallo, en caso de que efectivamente hubiera sido el autor material de la disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sugiero que sigamos con respecto a este artículo el mismo procedimiento que llevamos a cabo en relación al inciso e) del artículo 123, dejando postergado el inciso segundo del artículo 134 y sometiendo a consideración del Cuerpo su inciso primero.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: si bien la pregunta va dirigida al señor Miembro Informante, resulta claro que esta propuesta fue formulada por el señor Senador Mallo, quien hizo mucho hincapié en ella. Más allá del trámite que dé la Mesa a esta disposición, me parece que el Cuerpo tiene que recordar de dónde surgió esta iniciativa.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - En función de que no creo que adelantemos mucho votando uno de los dos incisos del artículo 134, propongo la postergación total de esta norma.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda postergado, pues, el artículo 134.

En consideración el Capítulo VIII, que comprende los artículos 137 y 138.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 137. (Liquidación de una Administradora). - El Banco Central del Uruguay procederá a la liquidación de una AFAP cuando se verifique cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El patrimonio de la Administradora se redujere a un importe inferior a los mínimos establecidos en el artículo 97 de la presente Ley y no se hubieren reintegrado totalmente dentro de los plazos establecidos.

b) Se verifique, dentro de un año calendario, déficit de la Reserva Especial en más de dos oportunidades. A los fines de este cómputo no se tendrá en cuenta la generación de déficit como consecuencia del proceso establecido por el inciso segundo del artículo 122 de la presente Ley.

c) No hubiere cubierto la rentabilidad mínima establecida o recompuesto la Reserva Especial afectada dentro de los plazos fijados en el artículo 122 de la presente Ley.

d) Hubiera entrado la Administradora en estado de cesación de pagos, cualquiera sea la causa y la naturaleza de las obligaciones que afecte.

El Estado concurrirá como acreedor en el proceso de liquidación de una Administradora, por los pagos que hubiere realizado en virtud del cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el artículo 122 de la presente Ley.

ARTICULO 138. (Procedimiento de liquidación). - La liquidación de las Administradoras se efectuará por el procedimiento establecido en el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Los afiliados deberán traspasar sus cuentas personales y la cuota parte del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad a otra Administradora, a su elección, en el plazo de noventa días posteriores al inicio de la liquidación de la Administradora. En caso de no haberlo hecho, el Banco Central del Uruguay destinará a los afiliados pendientes de traspaso a las Administradoras existentes, en forma proporcional al número de afiliados de cada una.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el Capítulo IX, que comprende los artículos 139 a 141.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 139. (Garantías). - El Estado garantizará a los afiliados del régimen de ahorro individual obligatorio:

a) El cumplimiento de la rentabilidad real mínima, sobre los fondos que los afiliados mantuvieran invertidos, cuando una Administradora, agotados los mecanismos previstos en esta Ley, no pudieran cumplir con la mencionada obligación.

Esta garantía se mantendrá vigente durante el período en el cual los afiliados se traspasen a una nueva Administradora de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

b) El pago de las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, en caso de liquidación judicial de una empresa aseguradora.

c) El pago de las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, en caso de liquidación judicial de la empresa aseguradora que hubiere hecho el seguro colectivo de vida mencionado en el artículo 56 de la presente Ley, y siempre que las disponibilidades financieras de la Administradora imposibilitan hacerse cargo de dichas obligaciones.

ARTICULO 140. - La garantía del Estado, a que refieren los artículos 122 y 139 de la presente Ley, sólo será aplicable a las entidades de propiedad estatal, sin perjuicio de la responsabilidad consagrada en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

ARTICULO 141. (Naturaleza de los créditos). - En los casos en que la garantía estatal hubiera operado, el Estado concurrirá en la liquidación judicial de las Administradoras o de las empresas aseguradoras por los montos pagados, a los que se agregará el valor de las reservas técnicas de las prestaciones futuras, en cuanto éstas fueren responsabilidad de aquéllas. El Estado será acreedor privilegiado de la misma clase que le corresponde como acreedor de tributos impagos.

Los créditos de las Administradoras contra una empresa aseguradora, que se originen en el contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, gozarán del privilegio de la primera clase de créditos personales (artículo 1732 del Código de Comercio).")

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que se desglose el artículo 139.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Si se desglosa el artículo 139, sería conveniente hacer lo propio con el 140, en función de que ambas disposiciones están vinculadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene razón el señor Senador Bergstein, por lo que quedan desglosados los artículos 139 y 140.

En consideración el artículo 141.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 139.

Tiene la palabra el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: anteriormente, habíamos planteado las dificultades que veíamos con respecto a la suerte de las prestaciones de vejez, en virtud de su funcionamiento en el circuito comercial. En alguna oportunidad, se ha señalado que existe la garantía del Estado. Hemos hablado acerca de este punto en la Comisión y continuamos sin tenerlo claro, porque lo que sí aparece bien definida es la garantía de la rentabilidad real mínima. No obstante, la garantía de las prestaciones de jubilación común y por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que figuran en el inciso b) del artículo 139, aluden al hecho de que la garantía se aplica en caso de liquidación judicial de una empresa aseguradora. Al respecto, observé y señalé en la Comisión que la liquidación judicial no cubre todas las posibilidades, porque lo normal -tal como expresamos en varias ocasiones- es que las sociedades anónimas liquiden sin intervención de la Justicia. Por lo tanto, en caso de liquidación de una empresa, no se va a saber que esto se opera en la vía judicial y todo va a depender del control que el Banco Central hace de la marcha de la sociedad. Evidentemente, si se prevé una garantía del Estado, aquí aparece limitada a los casos en que haya liquidación judicial.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Dr. Walter R. Santoro)

-Entonces, cualquier caso en que las prestaciones estén en riesgo y haya una liquidación no judicial, por este artículo 139 el Estado no ofrece garantías. Esto lo planteamos en este sentido y en cuanto a que aquí se alude a empresas aseguradoras, pero no se resuelve la garantía del Estado cuando los dineros están en la Administradora. Tampoco encuentro la norma que permita solucionar este tema, porque el artículo que se refiere a la liquidación de las Administradoras por el Banco Central del Uruguay habla también de lo que tiene que ver con la garantía de rentabilidad mínima, pero no de lo más importante, que son las prestaciones de jubilación. Hay que tener en cuenta que este inciso b) comprende la prestación de jubilación común por edad avanzada y las pensiones de sobrevivencia. Por lo tanto, el dinero que esté en la Administradora no aparece garantizado por el Estado. Podrá suceder que este intervenga en la liquidación, pero lo que importa es la garantía. Porque en el caso de un desfalco de una Administradora, se podrá liquidar, pero el Estado debe dar su respaldo y no aparece.

Aparentemente, lo único que ha preocupado de este artículo es la hipótesis de que los fondos estén en una empresa aseguradora, y todo el tiempo que transcurra hasta que se cumpla la causal, estarían en la Administradora y no en la aseguradora. Es decir que esta los va a recibir en el momento en que deba cumplirse el tiempo que genera la causal. Entonces, en el período más difícil y más extenso, no aparece la garantía del Estado. Nos parece que este aspecto es importante porque no ha quedado aclarado en el texto luego de los planteamientos que se formularon en la Comisión. Sí aparece la rentabilidad real mínima. En una intervención que realicé con respecto a este tema, el Contador Ariel Davrieux intentó explicar que esto ya estaba previsto en el inciso a), pero de este no surge esta garantía, pues hace referencia solamente a la rentabilidad real mínima, que es otra temática. El inciso b), por su parte, se refiere a las prestaciones mismas de jubilación, que es lo más importante.

Queríamos señalar esto porque nos parece que constituye una falla importante en prestaciones que deben contar con una seguridad.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: mis palabras están orientadas en la misma dirección del señor Senador Sarthou. Personalmente, observo ambos elementos. Por un lado, que la garantía, en el inciso a), está dada exclusivamente sobre la rentabilidad real mínima, y no sobre los fondos que administra la empresa, lo que parece un vacío muy importante. Estoy razonando en voz alta. Se supone que si hay una liquidación judicial en la garantía o el depósito de las 60.000 Unidades Reajustables, ella puede servir como un mecanismo de compensación para quienes depositaron esos fondos. Pero puede ocurrir que dicha suma represente aproximadamente la quincuagésima parte de los fondos allí depositados, porque no he apreciado en el Proyecto de Ley un mecanismo por el cual, a medida que crezcan los fondos, se establezcan las garantías exigidas por el Banco Central del Uruguay, de depósitos fijos o de encajes a esas empresas financieras. De modo que pueden quebrar, hacer un "agujero" de U$S 40:000.000 y luego responder con U$S 1:000.000. Es más, si existiera la garantía del Estado, lo que estaríamos haciendo es, quizá, cubrir los riesgos de una empresa financiera privada. Y hago hincapié en que tiene que ser privada. Quiere decir que si sucede lo que ocurrió con los Bancos Pan de Azúcar, Comercial o de Italia, nuevamente una gran masa de recursos del Estado estará destinada a evitar que la gente pierda sus ahorros. Esta es una de las "bondades" que tiene el mecanismo del ahorro privado individual con destino a la seguridad social. Y lo que está ocurriendo aquí es, ni más ni menos, que lo que ha acontecido históricamente en otros países de América Latina. Nada más ni nada menos que eso: estas Administradoras de Fondos pulverizan los ahorros de los asalariados después de haber realizado brillantes negocios, y, en última instancia, porque el Estado siempre está allí, se aprueban disposiciones legales a través de las cuales se auxilia al capital privado, que ha actuado "sin conocer adecuadamente las leyes del mercado, que, como se sabe, son tan claras y transparentes siempre".

Muchas gracias.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: estribando en el último comentario del señor Senador Gargano, que hace el panegírico de las leyes del mercado que, en la medida en que tienen vigencia práctica, como lo sostienen algunos economistas liberales, lo comparto. Precisamente, porque hay que respetar las leyes del mercado, no hay que proporcionar a los empresarios mecanismos para eludirlas. Y en esto seguimos en la más absoluta sintonía con el señor Senador Gargano. Personalmente, soy contrario a que haya una garantía del Estado. Eso lo que provoca -no es novedad y existe una amplia experiencia en el mundo- es la irresponsabilidad del empresario, por un lado, y del ahorrista o afiliado, en este caso, por otro. Si en definitiva el Estado va a pagar, no se tomará el trabajo de averiguar qué oferta del mercado es seria y cuál no, orientándose finalmente hacia aquella que lo atraiga por el largo de las polleras de las vendedoras o por algún otro motivo artificial, con lo que se alientan situaciones riesgosas.

Sin embargo, creo que aquí hay algunas diferencias importantes con algunas de las situaciones mencionadas. En primer lugar, si efectivamente el panorama de empresas privadas que sean Administradoras de Fondos de Pensión fuera del riesgo aquí descripto, como va a existir una opción estatal, no habrá problemas en la realidad del mercado. Todos quienes participen de la tesis de los señores Senadores preopinantes, irán a la Administradora pública teóricamente felices de la vida. Entonces, ese riesgo no existe porque, en definitiva, será una elección libre entre lo privado y lo público; si elige lo privado, la opción se realizará entre las distintas opciones, sin que eso se distorsione por la vía de garantías del Estado expresas en la Ley o dadas después de que se producen las dificultades.

Creo que, además, es muy importante tener presente que la responsabilidad del Legislador no se limita a los afiliados que, teóricamente, correrían un riesgo. Aquí hay una responsabilidad general de los intereses de la sociedad. Por la vía del otorgamiento de garantías, puede ser que se tutele los intereses de esos afiliados de futuro que en estas visiones apocalípticas que escuchamos siempre, vayan a parar a una Administradora privada, que después quiebra porque el empresario era incompetente o deshonesto y entonces opera la garantía del Estado. Tal vez en ese caso, el afiliado termine siendo salvado de su situación pero, en definitiva, castigando al resto de la sociedad, que es la que va a aportar su dinero para rescatarlo. Con esto quiero decir que nuestra responsabilidad no es sólo hacia los potenciales afiliados en pinturas calamitosas de futuro, sino hacia la sociedad en su conjunto. Precisamente, creo que le hacemos a esta el peor servicio, estableciendo garantías que la sociedad tendrá que pagar, porque van a generar irresponsabilidades que ponen en peligro el sistema. Por lo tanto, señor Presidente, somos contrarios al establecimiento de garantías estatales en estos casos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 139.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 140.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 140. La garantía del Estado, a que refieren los artículos 122 y 139 de la presente Ley, sólo será aplicable a las entidades de propiedad estatal, sin perjuicio de la responsabilidad consagrada en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: vemos con satisfacción la aprobación de este artículo por los comentarios del señor Senador Posadas Montero que, para ahorrar tiempo al Cuerpo, hago míos.

Además, quiero señalar que en la historia del país es bastante razonable que se adopte esta decisión cuando los propios depósitos bancarios, por la Ley de Intermediación Financiera aprobada en la Legislatura anterior, tampoco cuentan expresamente con la garantía del estado.

Entonces, hubiera sido una inconsecuencia que el Estado garantizara algo, más allá de lo que es propietario; es natural que así lo haga y será parte de las ventajas comparativas que se tendrán para tratar de obtener clientes en el mercado y la garantía del Estado.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Corresponde pasar ahora al Capítulo X del Título VIII, que comprende los artículos 142 al 144.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: hemos hecho llegar a la Mesa la solicitud de desglose del artículo 143 por motivos que ya adelanté anteriormente y no me voy a extender en explicitarlos.

Con respecto a esta disposición, partimos de la premisa de que el Banco de Previsión Social no es una institución idónea para cumplir la función administradora de fondos de pensión. Creo que se le hace un flaquísimo favor a los trabajadores de todas las Administradoras y del propio Banco de Previsión Social al obligarlos a que estén afiliados a este último.

SEÑOR ATCHUGARRY. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Señor Presidente: creo que en este caso hay un problema de texto porque, en realidad, la intención de su contenido es esclarecer que estos trabajadores -concretamente los del Banco de Previsión Social, que fue la incorporación que realizamos- están comprendidos dentro de las actividades regidas por el Banco de Previsión Social, en términos de la afiliación al régimen de solidaridad intergeneracional; no se quiso hacer referencia a las Administradoras de Fondos. Esto se hizo así, para que quedara claro -incluso se lo preguntamos a la delegación de funcionarios que asistió a la reunión de la Comisión- y para que en el futuro no se interpretara que pasarían a estar afiliados, por ejemplo, a la Caja Bancaria. Es más; los trabajadores manifestaron que estaban de acuerdo y que, por supuesto, no iban a estar afiliados a una Caja distinta que no fuera la de su propio Banco de Previsión Social.

Concretamente, ese es el sentido de la norma, más allá de que, quizá, el título del artículo pueda generar alguna confusión. Reitero que la intención clara y recta de la disposición es establecer que los trabajadores, tanto de las Administradoras como del propio Banco de Previsión Social, están comprendidos en las actividades reguladas por esta institución en el área de las prestaciones por el régimen de solidaridad intergeneracional. Por supuesto que luego cada uno tendrá la libertad de optar por la Administradora de Fondos que estime conveniente. Tal vez sería oportuno mejorar la redacción de la norma.

Quisiera saber si el señor Senador Posadas Montero -que gentilmente me concedió la interrupción- una vez corregida la redacción, estaría de acuerdo en estos términos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede continuar el señor Senador Posadas Montero.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En realidad, agradezco la aclaración del señor Senador Atchugarry porque la redacción, pero sobre todo la ubicación del artículo en el Proyecto de Ley, me había llamado a equívoco. Quizá tendríamos que hacer un esfuerzo en los dos frentes, es decir, no sólo pulir su redacción, sino también reubicar el artículo en un Título donde corresponde que, precisamente, no es en el que está incluido actualmente.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: voy a acompañar con mi voto la decisión de que se postergue la consideración de este artículo hasta que se le dé una redacción e, inclusive, se lo pueda incluir en otro Título.

Parece lógico que todas las personas que accedan a una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional -ya sea la que organizó el Banco de Previsión Social u otras- estén comprendidas en el Banco de Previsión Social en lo que hace al sistema de solidaridad intergeneracional. Asimismo, es obvio que cualquiera de esas personas -incluso alguna que trabaje en el Banco de Previsión Social- cuyos ingresos superen los $ 5.000 tendrán la libertad de optar por una Administradora en particular, porque consideran que les va a dar más beneficios.

Por lo tanto, creo que debería postergarse la votación de esta norma para darle una nueva redacción e incluirla en otro Título.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la postergación del artículo 143.

SEÑOR MICHELINI. - Si me permite, señor Presidente, quiero recordar que las postergaciones de los artículos no se están sometiendo a votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - De acuerdo con lo que establece el Reglamento, hay que votarlas, señor Senador. Lo que se hacía anteriormente era antirreglamentario.

(Hilaridad)

-Por lo tanto, se va a votar la postergación del artículo 143.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 142 y 144.

(Los textos de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"ARTICULO 142. (Prohibición del cobro de Comisiones). - El Banco de Previsión Social y el Banco Central del Uruguay no podrán percibir retribución alguna de las Administradoras, empresas aseguradoras, empresas contribuyentes o de los afiliados, por las actividades que realicen en el marco de la presente Ley.

ARTICULO 144. (Emisión de títulos reajustables). - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir títulos en Unidades Reajustables hasta la suma de UR 30:000.000 (Unidades Reajustables treinta millones).

Dichos títulos no podrán tener un plazo superior a veinte años y su tasa de interés será, como mínimo, del 2% (dos por ciento) anual.

Su adquisición podrá ser realizada exclusivamente por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), las que sólo podrán enajenar dichos títulos a otras Administradoras.

La emisión autorizada por este artículo, no está comprendida en los topes previstos en el artículo 1º de la Ley Nº 16.454, de 22 de diciembre de 1993.")

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 142 y 144.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

Corresponde pasar ahora al Capítulo I del Título IX, que comprende desde el artículo 145 al 152.

En consideración los artículos 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 y 152.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 145. (Ambito de aplicación). - Las disposiciones de este Título comprenden a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

En oportunidad de que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º de la presente Ley, se proyectará las adecuaciones de este Título en relación a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social. Hasta tanto entren en vigencia dichas disposiciones se aplicarán las normas legales y reglamentarias en vigor a la sanción de la presente Ley.

ARTICULO 146. (Principio de congruencia). - Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones de pasividad constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período, gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable sólo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

ARTICULO 147. (Principio de primacía de la remuneración real). - Las contribuciones especiales de seguridad social destinadas al Banco de Previsión Social se aplicarán sobre las remuneraciones realmente percibidas por los sujetos pasivos de dichos tributos, con la sola excepción de aquellos casos en los que la materia gravada y las asignaciones computables se rijan por remuneraciones fictas.

ARTICULO 148. (Principio de actividad. Hecho generador). - Las contribuciones especiales de seguridad social destinadas al Banco de Previsión Social, se generarán por el desarrollo de actividad personal remunerada de cualquier naturaleza, comprendida en el ámbito de afiliación del citado Banco.

ARTICULO 149. (Principio de verdad material). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social se ajustará a la verdad material de los hechos.

ARTICULO 150. (Principio de economía procesal). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social, deberá asegurar la celeridad, simplicidad y economía de los procedimientos administrativos a su cargo, así como evitar la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos innecesarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento y los derechos de los administrados.

ARTICULO 151. (Principio del debido proceso). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social, garantizará a los interesados en sus procedimientos administrativos todos los derechos y garantías del debido proceso, de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República y demás normas de Derecho Positivo.

ARTICULO 152. (Prescripción). - El Banco de Previsión Social podrá declarar de oficio la prescripción del derecho al cobro de los tributos, sanciones e intereses cuando se configuren los supuestos previstos por el artículo 38 del Decreto-Ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974.

Dicha declaración deberá ser realizada por el Banco de Previsión Social cuando se configuren los mismos supuestos constitutivos de la prescripción en caso de ser invocada en vía administrativa por el contribuyente y el Banco de Previsión Social quedará obligado a expedir en ambos casos los certificados que así lo acrediten.")

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 145 a 152.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: solicito que se reconsidere el Capítulo I del Título IX, que comprende los artículos 145 a 152.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Se va a votar si se accede a lo solicitado.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración nuevamente el Capítulo I del Título IX, que comprende los artículos 145 a 152.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: solicito el desglose de los artículos 147, 148, 149, 150 y 151.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 145.

(Se vota:)

-23 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 146.

(Se vota:)

-23 en 27. Afirmativa.

SEÑOR COURIEL. - Si me permite, señor Presidente, solicitaría que se votaran en bloque los artículos cuyo desglose solicitó el señor Senador Sarthou.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - La Mesa debe recordar que estamos votando artículo por artículo, a raíz de la propuesta del señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU. - En realidad, no tendría inconveniente en que se votaran en bloque, porque son correlativos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 147, 148, 149, 150 y 151.

(Se votan:)

-26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que se rectifique la votación de los artículos anteriormente indicados.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar nuevamente los artículos 147, 148, 149, 150 y 151.

(Se votan:)

-25 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 152.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido disculpas al Cuerpo, pero quiero señalar que no alcanzo a comprender qué se quiere decir con la expresión "El Banco de Previsión Social podrá declarar de oficio la prescripción del derecho al cobro de los
tributos."

SEÑOR ATCHUGARRY. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY. - Se nos ha explicado -y es la razón de este artículo que, creo, presentó el señor Senador Mallo, que luego recibió aportes de colaboradores del Poder Ejecutivo- que la interpretación del Banco de Previsión Social sería que sólo se puede hacer lugar a la prescripción del Código Tributario por vía judicial. Por lo tanto, no se puede declarar de oficio ni por vía administrativa. Es decir que la palabra "podrá" se utiliza para permitirle al Banco ir contra una interpretación que no es la misma de la Dirección General Impositiva, que aplica el mismo Código. Como cada organismo tiene derecho a hacer su interpretación, se quiere aclarar que cuando el Banco verifica que hay una prescripción, la puede hacer valer. Asimismo, cuando el administrado la reclama, no se lo obliga a ir a juicio en ese término. Además, hay un problema práctico porque, en la medida en que no se declara, no se da el certificado.

SEÑOR BERGSTEIN. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - En apoyo a lo expresado por el señor Senador Atchugarry, debo manifestar que, en general, la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sostiene que la prescripción puede oponerse como una defensa en juicio y no como una acción. Por ello, esta disposición, por lo menos en el ámbito del Banco de Previsión Social, cobra gran importancia. Asimismo, este tema se está planteando repetidamente en relación a gravámenes municipales, en los que se dejan vencer los plazos de prescripción pero que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, no pueden ser objeto de una acción declarativa de prescripción. Por eso, pienso que esa disposición establece un cambio importante en el ámbito del Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Para terminar mi exposición quisiera dejar sentada una duda con respecto a si "de oficio" significaría excluir la necesidad de la intervención judicial. Asimismo, desearía saber si aun cuando el interesado no solicite la prescripción, se está autorizando al Banco de Previsión Social a decir que todos los créditos anteriores a tal año están prescritos.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Por mi parte, también tengo dudas respecto al tema porque el hecho de que se configure la prescripción, surge del análisis de un conjunto de elementos, como el transcurso del tiempo y la deuda debidamente acreditada. ¿Pero quién es el que va a valorar si esos elementos están dados? ¿Será el propio Banco de Previsión Social el que lo haga? Además, como dice el señor Senador Korzeniak, ¿se hará de oficio, sin que lo pida el interesado? Personalmente, cuando se habla de prescripción, entiendo que se habla de lo que estudiamos en el Código Civil o en la Ley correspondiente. Sin embargo, no sé qué procedimientos emplea la Dirección General Impositiva o cómo hace actualmente el Banco de Previsión Social y pienso que convendría saberlo pues, de pronto, estaríamos reiterando una norma que ya está en funcionamiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Se va a votar el artículo 152.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 153 a 155 del Capítulo II del Título IX.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 153. (Concepto general). - A los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social recaudadas por el Banco de Previsión Social, constituye materia gravada todo ingreso que, en forma regular y permanente, sea en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, perciba el trabajador dependiente o no dependiente, en concepto de retribución y con motivo de su actividad personal, dentro del respectivo ámbito de afiliación.

ARTICULO 154. (Concepto de excepción). - Cuando el ingreso referido en el artículo anterior se perciba, en todo o en parte, mediante asignaciones en especie o cuya cuantía real sea incierta, el monto a gravar será establecido fictamente por el Poder Ejecutivo, en función de la naturaleza o modalidad de las actividades o formas de retribución, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.

ARTICULO 155. (Base Ficta de Contribución). - En los casos previstos en el artículo anterior, la materia gravada se determinará por la Base Ficta de Contribución, la cual será equivalente a una Unidad Reajustable (artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968). A tales efectos el valor de la Unidad Reajustable será el vigente en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.")

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 153 a 155.

(Se votan:)

-26 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 156 a 171 del Capítulo III del Título IX.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 156. (Propinas). - Las propinas percibidas por los trabajadores dependientes, estarán gravadas entre un mínimo equivalente a tres veces el valor de la Base Ficta de Contribución y un máximo de veinte veces el valor de dicha Base. El Poder Ejecutivo, atendiendo a las características de cada actividad, determinará el monto gravado correspondiente.

Los montos correspondientes a propinas de los funcionarios profesionales de los Casinos del Estado y Municipales, se regirán por lo dispuesto por la Ley Nº 16.568, de 28 de agosto de 1994.

ARTICULO 157. (Viáticos). - Los viáticos, cualquiera fuere su denominación, estarán gravados por lo realmente percibido en los siguientes porcentajes: un 50% (cincuenta por ciento) sobre las partidas destinadas a su utilización dentro del país y un 25% (veinticinco por ciento) las partidas destinadas a su utilización fuera del país.

Quedan exceptuadas las sumas que las empresas reintegren a sus trabajadores por concepto de gastos de locomoción, alimentación y alojamiento, ocasionados en el cumplimiento de tareas encomendadas por aquellas, cuando las mismas estén sujetas a rendición de cuentas y escrituración contable o se pruebe fehaciente e inequívocamente su calidad indemnizatoria, a juicio de la Administración.

ARTICULO 158. (Gratificaciones). - Constituirán materia gravada las gratificaciones, cuando tengan los caracteres de regularidad y permanencia.

Quedan exceptuadas las partidas que las empresas otorguen a sus trabajadores en forma discrecional o con motivos específicos no vinculados a la prestación de servicios propia de la relación o contrato de trabajo.

ARTICULO 159. (Quebrantos). - Constituirán materia gravada los quebrantos de caja y similares que efectivamente perciba el trabajador.

ARTICULO 160. (Subsidios por períodos de inactividad compensada). - Los subsidios correspondientes a períodos de inactividad compensada constituirán materia gravada.

Los complementos que las empresas otorguen a los subsidios correspondientes a períodos de inactividad compensada, no estarán gravados ni constituirán asignación computable, no pudiendo la suma de ambos exceder la remuneración habitual del trabajador.

ARTICULO 161. (Retribuciones de profesionales universitarios). - Las remuneraciones de los profesionales universitarios se regirán, a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social, por las siguientes reglas:

1. Constituirán materia gravada las retribuciones a los profesionales universitarios, cuando exista una relación de dependencia laboral, no siendo relevante, a esos efectos, la mera circunstancia de percibir honorarios en forma regular y permanente. La Administración deberá probar la existencia de tales caracteres, mediante el análisis de todas las pautas y elementos de hecho que permitan establecer la existencia de relación de dependencia.

2. Se presumirá que no existe relación de dependencia cuando el profesional universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

ARTICULO 162. (Retribuciones de profesionales universitarios derivados de contrato de arrendamientos de servicios profesionales u obra). - No constituyen materia gravada las retribuciones percibidas por profesionales universitarios en virtud de contratos de arrendamiento de servicios profesionales o de obra, toda vez que conste por escrito la delimitación de las obligaciones de las partes, así como la ausencia de relación de dependencia siempre que el profesional universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

ARTICULO 163. (Aportes personales). - Los aportes personales cuando los toma a su cargo la empresa constituirán materia gravada.

ARTICULO 164. (Prestaciones de vivienda). - Las prestaciones de vivienda, en dinero o en especie, constituyen materia gravada. El monto gravado será el equivalente a diez Bases Fictas de Contribución.

Las prestaciones de vivienda, en dinero o en especie, para los trabajadores rurales, se gravarán en la forma y condiciones que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes.

ARTICULO 165. (Gastos de representación). - Los gastos de representación que perciban los titulares de los cargos a que refiere el artículo 35, literal c), numerales 1 a 4 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, se regirán por lo dispuesto en el artículo 157 de la presente Ley.

ARTICULO 166. (Alimentos). - Las prestaciones de alimentación, en dinero o en especie, para los trabajadores rurales, se gravarán en la forma y condiciones que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes para dicho sector de actividad.

ARTICULO 167. (Prestaciones exentas). - Las prestaciones que se indican a continuación no constituyen materia gravada ni asignación computable.

1) La alimentación de los trabajadores en los días trabajados, sea que se provea en especie o que su pago efectivo lo asuma el empleador.

2) El pago total o parcial, debidamente documentado, de cobertura médica u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria, otorgados al trabajador, su cónyuge, sus padres -cuando se encuentren a su cargo- hijos menores de 18 años, o mayores de 18 y menores de 25 mientras se encuentren cursando estudios terciarios e hijos incapaces, sin límite de edad.

3) El costo de los seguros de vida y de accidente personal del trabajador, cuando el pago de los mismos haya sido asumido total o parcialmente por el empleador.

La suma de las prestaciones exentas referidas precedentemente no podrán superar el 20% (veinte por ciento) de la retribución que el trabajador recibe en efectivo por conceptos que constituyen materia gravada. En el caso en que se supere dicho porcentaje, el excedente estará gravado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 de la presente Ley.

La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias para el desarrollo de la tarea asignada al trabajador no constituirá materia gravada ni asignación computable.

ARTICULO 168. (Cooperativistas). - Los cooperativistas aportarán sobre las remuneraciones realmente percibidas, no pudiendo ser el monto gravado inferior a la retribución que corresponda al cargo que desempeñen, según laudos, convenios colectivos u otras formas de establecer colectivamente niveles salariales, aplicables al giro único o principal de la empresa.

ARTICULO 169. (Industria de la construcción y empresas transportistas). - La regulación de las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción y empresas transportistas continuarán rigiéndose por las normas legales y reglamentarias específicas de la actividad, aplicables a la fecha de vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 170. (Directores, Administradores y Síndicos de Sociedades Anónimas). - Las remuneraciones de los Directores, Administradores y Síndicos de Sociedades Anónimas constituye materia gravada por los montos efectivamente percibidos como consecuencia del ejercicio de dichos cargos, cualquiera sea la denominación de aquellos.

No obstante, cuando las remuneraciones del ejercicio por todo concepto, sean inferiores al equivalente a treinta veces el valor de la Base ficta de Contribución por cada mes del ejercicio anual o de los meses en los cuales ejerció el cargo, se estará a esta última cifra, que constituirá la materia gravada.

ARTICULO 171. (Exención Directores, Administradores y Síndicos de Sociedades Anónimas). - Están exentos los Directores, Administradores y Síndicos:

a) Que no perciban remuneración de clase alguna, debiéndose probar dicho extremo, mediante certificado notarial o contable.

b) Radicados en el extranjero, extremo que debe ser probado fehacientemente.

c) De sociedades anónimas propietarias de inmuebles destinados a casa-habitación de los mismos y siempre que la sociedad no tenga otra actividad".)

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Solicito que se desglosen los artículos 161, 162, 165 y 167.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Oportunamente, habíamos hecho llegar a la Mesa una lista con los artículos que queríamos que fueran desglosados, en la que se encontraba el 170.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Se van a votar los artículos 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 166, 168, 169 y 171 del Capítulo III del Título IX.

(Se votan:)

-24 en 29. Afirmativa.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Con respecto al artículo 161 queríamos señalar que, de alguna manera -esto lo sostuvimos en Comisión- el hecho de que constituya materia gravada debe ser definido en función de la existencia o no de la relación de dependencia. Si bien el texto del artículo dice que la Administración deberá probar la existencia de los caracteres que indican la relación de dependencia, esta norma establece que se presumirá que no existe dicha relación cuando se cumpla con las obligaciones impositivas y se efectúen los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Pienso que al incorporar una presunción se cambia el concepto de la materia gravada, de la relación de dependencia y de la existencia de contrato de trabajo, en el caso de los profesionales universitarios. Hay que tener en cuenta que toda la jurisprudencia considera que la calidad de profesional dependiente y de contrato de trabajo deriva de la existencia de servicios personales, de la subordinación y de la remuneración. El aspecto formal del pago no es un elemento definitorio y, por lo tanto, el establecimiento de la presunción altera lo que ha sido el normal entendimiento de la jurisprudencia.

Por lo expuesto, objetamos la disposición con la incorporación realizada.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: al leer este artículo me han surgido algunas interrogantes. Vamos a ubicarnos en la situación de los profesionales que trabajan en una entidad estatal. Todos sabemos que algunos, de acuerdo con su profesión liberal, también desarrollan actividades fuera del marco de esa relación de dependencia. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Aportan hasta $ 5.000 al Banco de Previsión Social con el sueldo que perciben de la Administración Pública y por el excedente a una cuenta de ahorro privada y, además, a la Caja de Profesionales Universitarios? Formulo esta pregunta porque, quizá, carezco de elementos para poder juzgar.

SEÑOR SARTHOU. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - De algún modo es cierto el planteo que realiza el señor Senador Gargano, porque la disposición no es clara, no identifica a qué tipo de relación se refiere. Sin embargo, yo me inclinaba a considerar lo vinculado a la relación laboral, por la terminología que se maneja en el Proyecto de Ley, puesto que se habla de "cuando exista una relación de dependencia laboral". Por supuesto, podría entenderse que la relación funcional también lo es; pero parecería que cuando se hace mención a la relación laboral, la idea general es referirse más a la actividad privada que a la pública. Generalmente, en este último caso se habla de relación funcional y no de relación de dependencia laboral. De todos modos, creo que al no explicitarse bien esto puede dar lugar a dudas.

Insisto en que yo había partido del sobreentendido de que la idea era referirse a la relación de dependencia laboral, porque si se trata de la relación funcional, difícilmente esto se configuraría como una situación de hecho, en tanto que existen otros controles sobre el vínculo funcional. Aquí estamos frente al típico caso de un profesional que trabaja en una empresa y que desarrolla, además, su actividad profesional prestando asesoramiento. Eso siempre ha quedado delimitado por la investigación que el propio Juzgado hace de los hechos y no por una determinación formal, que muchas veces se utiliza por parte de los empleadores como un elemento de simulación. Me refiero a hacer anotar al profesional para, de algún modo, eludir el contrato de trabajo.

Es cuanto deseaba señalar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Entiendo la explicación dada por el señor Senador Sarthou, pero aquí viene la otra parte de la cuestión: ¿cuánta gente va a perder la relación de dependencia formal que tenía hasta ahora y que la hacía aportar al Banco de Previsión Social? Este es otro elemento sobre el cual nadie tiene una estimación precisa.

Tal como dijimos en la discusión general, este es uno de los caminos para reducir, en forma muy importante, los ingresos del Banco, porque no olvidemos que también son importantes los sueldos de los profesionales universitarios. Supongo que en adelante tendrán una especie de contrato verbal con la empresa o por acto funcional, cobrarán sus honorarios y aportarán exclusivamente a la Caja de Profesionales Universitarios pero no al Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 161.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

Corresponde pasar ahora al artículo 162, que refiere a las retribuciones de profesionales universitarios derivadas de contrato de arrendamientos de servicios profesionales u obra.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: creemos que es importante dejar constancia en la versión taquigráfica de esta temática que ya planteamos en la Comisión. Adelanto que a los efectos de evitar demoras, trataré de ser breve.

En este artículo 162 también se incurre en un cambio de fondo, al establecer que se exija el escrito, la solemnidad, para comprobar la existencia o no de un contrato de arrendamiento de servicios profesionales o de obra. Nunca se ha sostenido que la existencia o no de una relación de dependencia debe estar sujeta a lo que se diga en un escrito. El principio de irrenunciabilidad -que protege a toda persona en relación de dependencia, sea o no profesional- no permite que por un texto escrito se diga que dicha relación existe; esto es, en primer lugar, por la irrenunciabilidad en sí misma, que caracteriza a la relación laboral la que, como es sabido, impide la validez de un consentimiento definiendo una situación y, en segundo término, porque el principio de realidad establecido aquí -para el que di mi voto- obligaría a examinar los hechos y no a definirlos simplemente por un elemento formal como lo es un escrito, que no cuenta con la conformidad del profesional dependiente cuando lo suscribe.

Iguales consideraciones nos merece la formalidad de los aportes que, reitero, es uno de los elementos con el que muchas veces se trata de disimular la relación de dependencia. Ocurre que se obliga a los profesionales a pagar los timbres correspondientes, a pesar de que no tienen una actividad libre, para demostrar que son independientes, cuando en realidad no lo son.

Estas son las observaciones que nos merece el artículo 162, que creemos va en contra del principio de la verdad material que votamos en el artículo 149 y que dice que la administración tributaria del Banco de Previsión Social se ajustará a la verdad material de los hechos. El texto de esta disposición entra en contradicción con el del artículo 162 que define el tema por vía de un reconocimiento por escrito que el empleador impondrá al profesional.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: confieso que tengo una serie de reservas respecto al texto de este artículo 162.

En primer lugar, me parece que sobra, porque con lo establecido en el artículo 161 queda clara la intención del Proyecto de Ley en cuanto a la situación de los profesionales universitarios. Creo que aquí se introduce un elemento que frecuentemente va a entrar en colisión con lo que se expresó en la disposición anterior, en tanto que se habla de la obligatoriedad de hacer constar por escrito la delimitación de las obligaciones de las partes, así como la ausencia de la relación de dependencia. ¿Qué significa esto? Que si un abogado, un médico, un odontólogo, un ingeniero agrónomo o cualquier profesional universitario, no tiene por escrito alguna constancia -que no se sabe muy bien en qué debe consistir, porque aquí se hace una referencia muy genérica a la delimitación de las obligaciones de las partes y a la ausencia de la relación de dependencia- en el momento de ser requerido en sus servicios, se vea inducido a inventar o crear un documento en el que se diga qué obligación tiene frente a quien lo contrata, y viceversa, haciendo, además, una referencia adicional a la ausencia de relación de dependencia que, a mi juicio, tampoco es conveniente.

En consecuencia, creo que aunque fuera reiterativo, este artículo dejaría de chocar con el 161, por las dificultades que tiene implícitas, si se eliminara la siguiente expresión: "toda vez que conste por escrito la delimitación de las obligaciones de las partes, así como la ausencia de relación de dependencia".

Si se le quitaran esas expresiones, no agregaría nada a lo anterior y no crearía estas dificultades evidentes en la actividad profesional. En segundo lugar, repito, se evita lo que creo es una bastante clara contradicción con lo que dice el artículo anterior. En ese sentido propongo que se suprima de este artículo lo que mencioné anteriormente.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Este tema se discutió en la Comisión y el texto que proponía el Poder Ejecutivo fue alterado a sugerencia -si la memoria no me falla- del señor Senador Astori, buscando una redacción más pulida, que nosotros compartimos. Estamos hablando de situaciones contractuales que son a término y es muy común, a nivel de profesionales universitarios, que las condiciones de esas contrataciones se efectúen por escrito. Con esto se busca evitar -creo que ello se logra con la redacción propuesta por el señor Senador Astori- situaciones que a veces generaban dudas, sobre todo, en cuanto a las contrataciones del Estado, las que muchas veces terminaban siendo más onerosas.

Por lo expuesto, apoyo el texto redactado en la Comisión y propuesto al Cuerpo.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Quiero señalar que las aclaraciones que hemos hecho tienen que ver con el tema de orden contributivo para el Estado. Estas normas regulan la relación administrado - Banco de Previsión Social y no definen el campo del derecho del trabajo, es decir, la relación del profesional trabajador con el empleador. Esto se sigue rigiendo por los principios que hoy mencionaba. Lo que se plantea en este caso es una innovación en la seguridad social, pero creo que cualquier profesional, independientemente de los aspectos que tienen que ver con lo contributivo o tributario, podrá iniciar igualmente sus acciones. La exigencia del contrato escrito no corresponde porque estamos hablando del Banco de Previsión Social y de la seguridad social.

Deseaba hacer esta aclaración porque, de lo contrario, implicaría cambiar las relaciones de trabajo que no están incluidas en este Proyecto de Ley.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Nos encontramos a un minuto y medio de la hora en que se acordó finalizar la sesión. Se previó comenzar la reunión del lunes a la 14 horas, en función de que queda una gran cantidad de artículos por considerar. En ese sentido, propongo que el Senado sea convocado para las 16 horas -porque seguramente en la misma tarde se concluirá con este trabajo- a los efectos de no perturbar la labor que tenemos por la mañana, que termina aproximadamente a las 13 y 30 horas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - El señor Senador Gargano sugiere que el cuarto intermedio oportunamente votado hasta el próximo lunes comience, en lugar de las 14 horas, a las 16 horas. Transfiero la propuesta a los señores Senadores que hicieron la moción original.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Propongo una modificación, en el sentido de que la sesión comience a las 15 horas.

SEÑOR GARGANO. - No tengo inconveniente, señor Presidente.

12) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Se va a votar la moción formulada, por la que el Senado pasa a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 15 horas.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el día lunes a las 15 horas.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 21, presidiendo el Doctor Walter R. Santoro y estando presentes los señores Senadores Andrade, Arismendi, Astori, Atchugarry, Bentancur, Bergstein, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Gargano, Heber, Irurtia, Korzeniak, Michelini, Olascoaga, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili).

Lic. FERNANDEZ FAINGOLD Presidente en ejercicio

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora Gral. del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.