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Nº 32 - TOMO 368 - 2 DE AGOSTO DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

31ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES HUGO BATALLA Presidente
WALTER R. SANTORO Segundo Vicepresidente y el CONTADOR DANILO ASTORI Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y LIC. JORGE MOREIRA PARSONS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 9) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Millor, del 2 al 7 del corriente.
- Concedida.

5) Exposición escrita

- La presenta el señor Senador Bergstein, relacionada con la posibilidad de brindar créditos al sector industrial para el cumplimiento de obligaciones ambientales, para ser remitida al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay.
- Se resuelve de acuerdo con lo solicitado.

6) Instituto Nacional del Menor. Integración de su Directorio. Proyecto de Resolución

- Se resuelve, por moción del señor Senador Sanabria, declararlo urgente y considerarlo de inmediato.

(En sesión secreta)

- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para designar como miembros del INAME al Licenciado Alejandro Bonasso, como Presidente, y al Profesor Julio César Saettone y a la Escribana Beatriz Argimón Cedeira.

7) Federación Uruguaya del Magisterio. Sus cincuenta años

- Se resuelve, por moción de varios señores Senadores, realizar un homenaje.
- Manifestaciones de varios señores Senadores.
- Se resuelve, por moción del señor Senador Pereyra, remitir la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala a la Federación Uruguaya del Magisterio.

8, 10 y 12) Régimen de Seguridad Social. Modificaciones. Proyecto de Ley

- Continúa su consideración.
- Manifestaciones de varios señores Senadores.

11) Sesión del Senado

- Se resuelve, por moción de varios señores Senadores, realizar un cuarto intermedio, a la hora de finalización de esta sesión, hasta la hora 10 de mañana.

13) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 1º de agosto de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 2, a la hora 16, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del Proyecto de Ley por el que se introducen modificaciones al Régimen de Seguridad Social.

(Carp. Nº 198/95 - Rep. Nº 76/95 y Anexos I, II, III y IV)

Jorge Moreira Parsons Secretario - Mario Farachio Secretario".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Atchugarry, Bergstein, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás,Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Heber, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Olascoaga, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Andújar, Batlle, Hierro López y Millor.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 15 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 2 de agosto de 1995

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado un decreto por el que se actualizan los montos de la multa prevista en el artículo 21 de la Ley Nº 13.663, sobre fertilizantes.

-Téngase presente.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite la información que le fuera solicitada por el señor Senador Reinaldo Gargano sobre el cálculo del llamado Indice Medio de Salarios.

-A disposición del señor Senador Reinaldo Gargano.

El señor Senador Albérico César Segovia, de conformidad a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, solicita se curse un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia relacionado con el número de remates judiciales de inmuebles realizados a solicitud del Banco Hipotecario del Uruguay durante los años 1990 y 1994.

-Procédase como se solicita.

El Director Regional para el Cono Sur de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Doctor Gonzalo Sienra Barboza remite nota relacionada con el Proyecto de Ley por el que se crea la Institución "Defensoría del Pueblo".

-Téngase presente.

El Presidente del Parlamento Latinoamericano remite fax relacionado con la IV Conferencia Mundial de la Mujer, a realizarse del 4 al 15 de setiembre en Beijing.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

Se da cuenta de las siguientes inasistencias de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo:

A las sesiones del Senado de los días 5 y 6 de julio faltó con aviso el señor Senador Luis A. Heber y del día 11 de julio faltó con aviso la señora Senadora Susana Dalmás.

A la Comisión de Asuntos Administrativos del día 14 de julio faltó con aviso el señor Senador Luis Eduardo Mallo; del día 12 de julio faltó con aviso la señora Senadora Susana Dalmás y del día 19 de julio faltó con aviso el señor Senador Ignacio Posadas Montero.

A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con la Comisión de Hacienda del día 6 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Alvaro Carbone, Hugo Fernández Faingold, Luis A. Heber, Luis Hierro López y Luis Eduardo Mallo; del día 10 de julio faltaron con aviso la señora Senadora Susana Dalmás y los señores Senadores Jorgen Gandini, Luis A. Heber, Luis Hierro López y Luis Eduardo Mallo; del día 11 de julio faltaron con aviso la señora Senadora Susana Dalmás y los señores Senadores Jorge Batlle, Jorge Gandini, Luis A. Heber y Luis Eduardo Mallo; del día 12 de julio faltó con aviso el señor Senador Luis Eduardo Mallo; del día 13 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Luis Eduardo Mallo y Luis Hierro López; del día 17 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Jorge Batlle y Luis Eduardo Mallo; del día 19 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Luis A. Heber, Luis Hierro López e Ignacio Posadas Montero; del día 20 de julio faltaron con aviso la señora Senadora Susana Dalmás y los señores Senadores Jorge Batlle, Hugo Fernández Faingold, Jorge Gandini, Luis Hierro López e Ignacio Posadas Montero; del día 27 de julio faltó con aviso el señor Senador Luis A. Heber y del día 1º de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Luis A. Heber e Ignacio Posadas Montero.

A la Comisión de Constitución y Legislación del día 6 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Luis Brezzo e Ignacio Posadas Montero; de los días 8 y 17 de julio faltó con aviso el señor Senador José Korzeniak; y de los días 27 y 29 de julio faltó con aviso el señor Senador Luis Eduardo Mallo.

A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del día 13 de julio faltaron con aviso los señores Senadores José Andújar y Nicolás Storace.

A la Comisión de Industria y Energía del día 11 de julio faltó con aviso el señor Senador Américo Ricaldoni.

A la Comisión de Medio Ambiente del día 11 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Jorge Gandini y Luis A. Heber.

Y a la Comisión de Transporte y Obras Públicas del día 12 de julio faltó con aviso la señora Senadora Marina Arismendi y del día 13 de julio faltó con aviso el señor Senador José Andújar.

-Ténganse presente".

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente)

"El señor Senador Millor solicita licencia del 2 al 7 de los corrientes".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de Agosto de 1995

Sr. Presidente del Senado
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, solicito se me conceda licencia por el período comprendido entre miércoles 2 de Agosto al lunes 7 del corriente mes, (inclusive), en virtud de viajar representando al Parlamento Uruguayo, en la Comisión del MERCOSUR en Asunción.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Pablo Millor, Senador."

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consecuencia, queda convocado el señor Nelson Fernández quien, en virtud de haber prestado el juramento correspondiente con anterioridad, queda investido del cargo de Senador. Si se encontrara en Antesala, se lo invita a pasar al Hemiciclo.

5) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de envío de exposición escrita.

(Se da de la siguiente:)

" El señor Senador Bergstein solicita el envío de una exposición escrita al Banco de la República Oriental del Uruguay, sobre la posibilidad de otorgar créditos al sector industrial para el cumplimiento de obligaciones ambientales".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 2 de agosto de 1995

Sr. Presidente del Senado
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

En uso de las facultades reglamentarias vigentes, solicito que el Senado disponga el envío del siguiente texto al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay:

Sin perjuicio de las responsabilidades ambientales de toda la sociedad, el sector industrial tiene, en esta materia, especiales obligaciones referidas principalmente al cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Es un dato de la realidad que el cumplimiento de las mismas y, en especial, la adaptación de sus procesos productivos demandan al sector industrial inversiones ambientales que, a la larga, pueden ser ampliamente rentables pero que, mientras tanto, requieren una especial disponibilidad financiera.

Tampoco es un secreto para nadie los problemas que actualmente atraviesan varios sectores industriales.

Desde otro ángulo, es incuestionable la obligación del Estado de estimular el cumplimiento de las obligaciones ambientales del sector industrial asumiendo, incluso, costos ambientales.

Para ello, y retomando una inquietud que registra antecedentes, nos parece que el Banco de la República podría considerar la implementación de una línea especial de créditos sujeta a las siguientes características:

1.- Destinatario: El sector industrial, con la finalidad de que los industriales hagan las inversiones necesarias para subsanar sus omisiones en materia de exigencia ambientales. El Banco verificará el cumplimiento del destino a darse al préstamo.

2.- Los préstamos que se otorguen con esta finalidad deberían tener una tasa privilegiada de interés, no mayor que la tasa libor por períodos equivalentes. Al fijar una tasa particularmente baja se estimula al industrial a asumir esta obligación: Sería el costo ambiental que asume el Estado; y

3.- Los préstamos que se otorguen no afectarán los créditos normales del cliente, pero por lo demás, su concesión estaría sujeta a los dictados de la ortodoxia bancaria, o sea a las exigencias habituales del Banco para asegurar el cobro del crédito.

Me valgo de la oportunidad para reiterar a Ud. las expresiones de mi más alta consideración y estima.

Nahum Bergstein. Senador"

6) INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR. Integración de su Directorio. Proyecto de Resolución.

SEÑOR SANABRIA. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA. - Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Administrativos aprobó en mayoría las venias para integrar el Directorio del Instituto Nacional del Menor. Por ese motivo solicitaríamos que se pasara a sesión secreta, en el momento en que lo crea oportuno la Presidencia, a los efectos de votar dichas venias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si me permite el Senado, quiero decir que si hay un momento en que el Cuerpo podría pasar a sesión secreta, es ahora. Digo esto porque sería profundamente desagradable que luego de abiertas las barras al público, pasáramos a sesión secreta, ya que parecería una situación provocada.

En consecuencia, si no hubiera inconveniente, votaríamos en este momento el tratamiento como urgente de las venias solicitadas por el señor Senador Sanabria.

Se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a sesión secreta para considerar las venias solicitadas por el señor Senador Sanabria.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 16 y 17 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 16 y 20 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio). - El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar como miembros del Directorio del Instituto Nacional del Menor al Profesor Julio César Saettone, a la Escribana Beatriz Argimón Cedeira y al Licenciado Alejandro Bonasso, en calidad de Presidente.

7) FEDERACION URUGUAYA DEL MAGISTERIO. Sus cincuenta años.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Los señores Senadores firmantes solicitamos que antes de considerarse el orden del día, el Senado dedique un espacio de veinte minutos para adherir a los actos celebratorios de los cincuenta años de vida de la Federación Uruguaya del Magisterio. Firman los señores Senadores Pereyra, Pozzolo, Santoro, Michelini y la señora Senadora Arismendi".

-Obviamente, como se trata de una moción de urgencia, se requiere la mayoría absoluta de votos para su consideración por parte del Senado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Como es sabido, en el día de ayer la Federación Uruguaya del Magisterio celebró sus cincuenta años de vida. Con tal motivo, la Cámara de Representantes realizó un homenaje especial con la asistencia de Maestros y Educadores en general provenientes de todos los puntos del país, así como también con la presencia de las autoridades de la enseñanza media. Lamento que no haya existido un acuerdo para que este acto se realizara en las dos ramas del Poder Legislativo en forma sistemática. En virtud de que no fue así, solicitamos un breve espacio en la sesión de hoy a efectos de enviar nuestra palabra de adhesión y solidaridad a quienes han cumplido no sólo una acción de defensa de intereses gremiales, sino también de los generales de la población, como lo es el prestigio de la Escuela Pública uruguaya.

La creación de la Federación Uruguaya del Magisterio fue precedida de distintos intentos, hasta que los mismos cristalizan en forma definitiva en el año 1945. Por sus cuadros directivos pasaron hombres muy prestigiosos, no sólo de la vida docente, sino también de los ámbitos social, cívico y político de nuestro país. Vale recordar a estos efectos que entre sus primeros militantes se encontraba, por ejemplo el Doctor Amílcar Vasconcellos, quien desarrolló luego una descollante actuación en la vida política del Uruguay; también el siempre recordado Maestro Julio Castro, desaparecido en la época de la dictadura, que pagó con su vida la adhesión a los principios que practicó y defendió durante toda su fecunda existencia. Posteriormente, una pléyade de Maestros prestigiosos le dio fuerza, vida y pujanza a la Federación. Omito nombres para no caer en omisión. Reitero que la acción de la Federación Uruguaya del Magisterio no se detuvo solamente en lo que es común a la vida gremial o sindical, es decir, la defensa de los intereses salariales y otros que, naturalmente, juegan un rol tan importante en la vida de quienes cumplen la trascendente labor de la educación popular. La Federación ha sido baluarte fundamental para asentar y afirmar definitivamente en el Uruguay el prestigio de la Escuela Pública, de cuyos frutos se enorgullece la sociedad uruguaya al haber logrado, para el país entero, un altísimo nivel cultural y de preparación del hombre para la vida.

Señor Presidente, por medio de estas breves palabras adhiero a todos los actos celebratorios de los cincuenta años de esta Institución que honra al país y, particularmente, al Magisterio nacional.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la Señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Brevemente, queremos acompañar el homenaje que en el día de ayer se realizara en la Cámara de Representantes, y lo haremos de manera escueta porque nos sentimos absolutamente representados en las palabras que se volcaron en aquella jornada, en especial, por medio de las manifestaciones de nuestro compañero de Bancada y Maestro, el señor Representante Roque Arregui.

Debemos señalar que con respecto a la historia de la Federación Uruguaya del Magisterio se vertieron elementos muy importantes que en el día de hoy fueron ratificados en las palabras del señor Senador Pereyra.

En esta sesión, quisiera referirme esencialmente al vínculo que siempre existió y existe a nivel de nuestro gremio entre la lucha por las reivindicaciones propias del Magisterio, de la Escuela Pública uruguaya, de la enseñanza en general y del sistema público; y la elaboración y el perfeccionamiento a nivel técnico, que muchas veces se realizó supliendo y superando las propias carencias del sistema a efectos de lograr el desarrollo de Maestros y Técnicos.

También debemos señalar que existe un vínculo muy fuerte que nos une a los trabajadores de la enseñanza primaria a través de las generaciones y que consiste en esa batalla por las reivindicaciones estrictamente sindicales que busca nuclear al magisterio nacional en torno a la defensa de sus conquistas. En el día de ayer se recordaban las distintas etapas por las que pasó la Federación Uruguaya del Magisterio y, a este respecto, tengo que decir que no es casual que aquella FUM hoy se llame FUM-TEP -Federación Uruguaya del Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria- ya que, precisamente, cuando en lo que me es personal me incorporé, recién recibida, a la Federación, ésta incluyó a los trabajadores administrativos y al personal obrero y de servicio. De esa forma, los maestros, trabajadores administrativos y todos aquellos que en cada escuela colaboran permanentemente, también están unidos en la Federación, en el trabajo cotidiano y en la elaboración que en ella se realiza.

Quiero recordar -ya que en el día de ayer se hizo referencia a ilustres y destacadísimos maestros que han aportado al desarrollo de la escuela pública uruguaya- a dos entrañables amigos, compañeros de estudio y de lucha en la Federación. Me refiero a Elena Quinteros y a Gustavo Inzaurralde, ambos desaparecidos, de esa generación que peleó en el Instituto Normal por buscar nuevos locales y la ampliación del ya existente y que también pagó su precio en la defensa de las libertades y de la escuela pública. A su vez, existe una relación estrecha entre esa pelea y la batalla que se libró por la puesta en práctica de las Asambleas Técnico-Docentes y las que llevamos a cabo actualmente, para que esas propuestas sean tenidas en cuenta en algún lugar y no duerman en los cajones las recomendaciones emanadas de las mismas, lo que desalienta al magisterio nacional para seguir trabajando y aportando.

Finalmente, quiero recordar que a fines de 1989 hubo una larga y dura lucha del magisterio nacional y de los trabajadores de la enseñanza en su conjunto -nucleados en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay- que duró cincuenta y tres días, que muchos pensaron que era una batalla perdida, creyendo, en su momento, que luego que el Parlamento no votara el aumento salarial reclamado, la huelga se iba a levantar. Causó asombro en la población -y creo que también en los Legisladores de la época- que la lucha continuara porque, en definitiva, la bandera que se estaba levantando a través de la Federación y de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, era la de la dignidad de nuestra profesión, de la dignidad de nuestro trabajo y la búsqueda de que no se continúe materializando aquello de "tan pobre como Maestro de escuela".

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Queremos alzar nuestra voz para sumarnos también a este homenaje que en primera instancia se realizó en la Cámara de Representantes y que ahora realizamos en el Senado, con motivo de los cincuenta años de la Federación Uruguaya del Magisterio.

Esta Federación fue creada en el año 1945 -o sea, a fines de la Segunda Guerra Mundial- y contó con el señor Carlos Aragón, quien fuera su primer Presidente, además de Enriqueta Compte y Riquet, Isabel Abelenda de Pasos, Diógenes Di Giorgi, Luis Raimundi, Bautista J. López Toledo, Julio Castro y Julio César Marotta, Maestros que participaron en su fundación.

Señor Presidente, la FUM tiene años de lucha y, en ese tiempo, reivindicó los valores más sagrados de nuestra Enseñanza Primaria y de toda la educación de nuestro país. Ha celebrado diferentes congresos luego de su reorganización a la salida de la dictadura, en los años 1986, 1988, 1991 y 1994. Las propias Asambleas Técnico-Docentes han sido un logro a partir de ese esfuerzo sindical, en el sentido de que hubiera mecanismos de participación de los Docentes y, en este caso, de los Maestros, en lo que tiene que ver con la confección del tema de la Educación Primaria.

Quiero expresar estas palabras como adelanto del homenaje verdadero que se debe hacer a la educación uruguaya y a quienes trabajan todos los días en ella con nuestros niños. Me refiero a la propia reforma estructural de la educación, que permitirá poner al Uruguay de cara al Siglo XXI y que, de alguna forma, coadyuvará a generar en este país -si es posible, para siempre- un esfuerzo presupuestal cada vez mayor en el tema de la enseñanza. Debemos homenajear a la educación en lo que significa la lucha de su sindicato y también debemos hacerlo a través de esa reforma estructural, para que en el próximo Presupuesto -desde ya, me obligo a lo que estoy diciendo- se advierta una clara señal de toda la sociedad en el sentido de que existirán recursos financieros que permitirán captar los recursos humanos adecuados.

Entonces, me sumo a la iniciativa presentada en la Cámara de Representantes y a la del Senado en el día de hoy, para homenajear los cincuenta años de lucha del sindicato del Magisterio.

SEÑOR BERGSTEIN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BERGSTEIN. - Señor Presidente: el Partido Colorado se asocia con verdadera alegría a esa demostración efectuada en el día de ayer por la Cámara de Representantes y promovida hoy, en este Cuerpo, por el señor Senador Pereyra y otros señores Senadores.

Digo que nuestro Partido se asocia con alegría porque a través de la trayectoria de la Federación Uruguaya del Magisterio quiere, en realidad, homenajear a lo que sin duda es la columna vertebral del sistema educativo: el Maestro. Toda reforma de la educación y todo propósito que nos permita avanzar hacia un sistema educativo de vanguardia, tal como lo requiere el desarrollo del país, necesariamente pasa por el carril del Maestro. La FUM, organismo que nuclea a los maestros de la escuela pública, toma a su cargo el planteo de sus reivindicaciones gremiales, sin perder de vista que su bandera es la dignificación del Maestro, quien sólo cede en sus reclamos ante el supremo privilegiado: el niño.

Como expresábamos, nos asociamos a esta demostración y creemos que la Federación Uruguaya del Magisterio puede sentirse muy honrada por su trayectoria. Seguramente tendrá conciencia cabal de que cualesquiera sean sus legítimas reivindicaciones, el niño es el principio y el fin del fenómeno educativo. La oportunidad me parece valedera para expresar que en cuanto Partido Colorado tenemos muy claro que, en la medida en que las circunstancias lo permitan, haremos los mayores esfuerzos para que por la vía presupuestal se contribuya a las soluciones, que el problema educativo reclama en nuestro país, soluciones que también es cierto, no pasan sólo por jornadas presupuestales.

Muchas gracias.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: quisiera expresar solamente algunas palabras, porque confirmo todo lo que señalaron los oradores que me precedieron en el uso de la palabra y lo que expresó nuestra compañera, la señora Senadora Arismendi. Tengo una razón personal y especial para hacer algunos comentarios en este momento en que se realiza un homenaje a la Federación Uruguaya del Magisterio. Soy hijo de la Maestra María Celia Tromboti, quien perteneció a la generación de Castro y de gente que se incorporó en el año 1945 a la acción de la FUM. Por ello, viví siempre desde niño todo el hacer del maestro, su lucha contra la adversidad que muchas veces debía enfrentar en el medio, su vocación y su capacidad de superar los obstáculos para construir una educación para el país.

A mi juicio, un país no tiene democracia, futuro, ni lucidez su pueblo, sin una educación sólida. Por eso, es tremendamente importante que detrás de un nivel de actividad como es el de la enseñanza haya existido una Federación que defendió firmemente los principios de una educación pública, laica, obligatoria, gratuita y popular, signos que marcaron todo el quehacer de los maestros.

Quisiera dejar en este momento una palabra de recuerdo para el Maestro desaparecido Julio Castro, figura que sufrió los efectos de la dictadura. Aun cuando era un hombre pacífico y de diálogo lo alcanzó la violencia de la dictadura. Fue un gran docente que, indudablemente, llegó a cargos de dirección pero nunca perdió la condición del maestro de primer grado y su humildad.

Además, quiero hacer mención -tal como conversábamos anteriormente con el señor Senador Gargano- a la figura de Reina Reyes, que ayer no fue destacada. Por ello, queremos rescatar su nombre en función del trabajo docente que desempeñó. Asimismo, escribió y desarrolló sus experiencias en materia docente, que sirvieron para la formación de las nuevas generaciones.

En este momento de homenaje, estamos preocupados por el hecho de que los maestros -al igual que lo han expresado los demás oradores- logren concretar sus aspiraciones presupuestales, que tienen que ver con la asistencia de los niños, la alimentación en las escuelas y los niveles de infraestructura necesaria. En función de que he sido Abogado de ADEMU -integrante y puntal muy fuerte de la FUM- en Montevideo durante muchos años, señalo que sería muy bueno que los maestros pudieran integrar directamente los órganos de dirección de la enseñanza, aspecto que a mi juicio sería muy positivo para la vida del país.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: formulo moción para que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala sea enviada a la Federación Uruguaya del Magisterio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. Modificaciones. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el único punto del orden del día: "Discusión general y particular del Proyecto de Ley por el que se introducen modificaciones al Régimen de Seguridad Social. (Carp. Nº 198/95 - Rep. Nº 76/95 y Anexos III y IV)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 198/95 - Rep. Nº 76/95

Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 5 de junio de 1995.

Señor Presidente de la
Asamblea General
Dr. Hugo Batalla
Presente

De nuestra mayor consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir el adjunto Proyecto por el cual se introducen modificaciones al Régimen de Previsión Social.

Desde que el país volvió a la institucionalidad democrática han sido varios los intentos de reforma del sistema.

Todos ellos han tenido resultados de frustración con instancias de alto desgaste en tiempo y en energías perdidas.

Antes del comienzo del actual período de Gobierno, las autoridades electas convocaron a los partidos políticos con representación parlamentaria, a acordar en una mesa de diálogo, respecto a los principales temas que el país debe resolver en su futuro inmediato. Entre ellos, uno de los de mayor trascendencia por sus repercusiones sociales y económicas, lo constituye el de la seguridad social.

Dentro de ese ámbito de diálogo y para tratar este tema se convocó también a los representantes de las organizaciones empresariales, de trabajadores y de pasivos. Dicha etapa concluyó con la firma de un documento base por los representantes del Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Por el Gobierno del Pueblo y Nuevo Espacio, el 24 de febrero de 1995, en donde se delinearon los aspectos más relevantes de la futura reforma.

En ese sentido se concluyó que:

- "Es necesaria una profunda reforma del Sistema de Previsión Social (jubilaciones y pensiones) para darle seguridad jurídica y económica tanto a activos como a pasivos en un marco de equidad individual y social, garantizando el pago de las pasividades actuales y asegurando a los afiliados y, particularmente a los jóvenes, una jubilación digna".

- "Como consecuencia de la reforma se debe llegar a un sistema de alcance universal, o sea, aplicable a todos los sectores del país, sin perjuicio de las adecuaciones a las especificidades sectoriales" y que "ese alcance debía establecerse expresamente
en la reforma".

- "Todo sistema de previsión social depende, en su evolución, del funcionamiento económico general" y que "la viabilidad financiera del mismo basado total o parcialmente en el reparto, requiere que sus parámetros básicos sean ajustados legalmente cada varios decenios, frente a las modificaciones demográficas".

- "Cualquier reforma requiere corregir algunas fuentes de disfuncionalidades del sistema actual, tales como: i) la extensión del período de años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio (para desalentar el fraude); ii) la compensación con contribuciones especiales por la existencia de servicios bonificados, que permitan el retiro a menor edad o con menos años de trabajo; y iii) evitar la no versión en tiempo y forma de los aportes correspondientes a organismos estatales".

- "Se debe profundizar y acelerar la modernización del Banco de Previsión Social, con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios proporcionados a los afiliados, incluyendo, entre otros, la instrumentación universal de la historia laboral personal, el mejoramiento de la atención a sus usuarios y la administración desconcentrada de los servicios de activos y pasivos".

La Comisión creada al efecto, e integrada por representantes políticos y técnicos del Partido Nacional, Partido Colorado y del Partido Por el Gobierno del Pueblo , en el marco de la coalición de Gobierno, desarrolló los puntos de consenso que constituyen la presente iniciativa que se somete a consideración del Poder Legislativo.

La reforma que se impulsa mediante este Proyecto tiende a restablecer y consolidar un sistema de seguridad social solidario, eficaz y justo para el universo de la población afiliada al Banco de Previsión Social, asegurando al trabajador que su aporte le garantizará un derecho cierto y un retiro digno; al empresario que la carga de sus aportaciones no le restará competitividad productiva al país y a su empresa, que no desestimulará su ímpetu de inversión y renovación ni que originará nuevas restricciones a la generación de nuevos empleos; y a los jubilados y pensionistas que el sistema habrá de tener la solidez económica-financiera que erradique la zozobra de una crisis, que de no hacerse los cambios hoy necesarios, se visualiza como inevitable.

El Proyecto no modifica ningún derecho adquirido de los actuales pasivos, y el principal beneficiario del mismo, es el jubilado actual que continúa manteniendo todos sus derechos, ganando en seguridad dado que el nuevo sistema estará mejor financiado y con un Banco de Previsión Social más fuerte y más sólido desde el punto de vista financiero.

El Proyecto está orientado también a atacar la falta de equidad del sistema actual. El mismo se basa en "años de servicios" y no en "años de aporte". Se pretende restablecer asimismo la justicia dentro del propio sistema, evitando que quien no aporta sea medido en igualdad de condiciones con el que aporta. La normativa vigente, en cuanto admite acreditar servicios sin la aportación correspondiente y limita la base de cálculo para el básico jubilatorio al período de las últimos tres años de actividad, a la vez que se traduce en resultados de manifiesta injusticia, alienta la subdeclaración y aun la evasión total, aspectos que el sistema proyectado corrige sustancialmente.

De esta forma se busca afianzar la verdadera solidaridad intergeneracional entre los trabajadores que aportan y contribuyen a financiar el sistema y los que ya están gozando una pasividad.

La iniciativa a la vez persigue revertir la tendencia negativa que actualmente tiene la relación activo-pasivo. Hace 40 años por cuatro activos existía un pasivo; hoy la relación es de 1,4 activos por cada 1 pasivo, lo que indudablemente genera la pérdida de viabilidad financiera del actual régimen de reparto.

El sistema vigente termina siendo en definitiva un factor desestimulante para los jóvenes puesto que, por las razones apuntadas, les provoca descreimiento y falta de adhesión al mismo. El sistema proyectado está orientado precisamente a revertir esa situación. En efecto, la incorporación de mecanismos tendientes a que exista una mayor correspondencia entre el aporte efectuado durante toda la vida laboral y la asignación de pasividad, aunados a una mayor salud financiera del sistema, constituyen instrumentos idóneos para devolverle certeza y credibilidad al mismo.

En este mismo sentido el nuevo sistema abre un camino promisorio para el país. En muchos países del mundo, los ahorros de los trabajadores destinados a asegurarles un retiro más digno se han convertido en uno de los principales motores de la economía, financiando los grandes proyectos nacionales (principalmente en vivienda) y en títulos públicos garantizados por el Estado, cuyo producido se utiliza para financiar la salud, la seguridad pública y la educación. Además de ser inversiones rentables y seguras que financian y consolidan beneficios vitalicios para el trabajador, permiten que toda la población activa participe en la solución de los problemas nacionales. El trabajador a través de su cuenta de ahorro personal, podrá ver como la misma crece en su propio beneficio y en beneficio de la sociedad toda. Esa será la expresión de una real participación en el progreso del país y de una auténtica solidaridad entre las generaciones.

LOS DIAGNOSTICOS DEL ACTUAL SISTEMA

Con legítimo orgullo, Uruguay ha exhibido al mundo una de las más avanzadas legislaciones sociales. Ya durante el Siglo XIX y, muy especialmente, en las primeras décadas de este siglo, fue construyéndose una muy importante red de protección social, cuya cobertura alcanzó a prácticamente toda la población.

El sistema de seguridad social y, muy especialmente dentro del mismo, los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia (jubilaciones y pensiones), fueron los que recibieron la mayor atención, manifestada en la más temprana cobertura y el mayor desenvolvimiento.

De esa manera el Uruguay construyó en su tiempo un sistema de seguridad social solidario, pero que, con el paso de los años y los cambios operados en la estructura y desarrollo económico del país, fue perdiendo en justicia, en eficacia, en verdadero servicio a la población.

Ya en el año 1963, el Gobierno de la República, en el marco de las actividades de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico (CIDE), manifestó su preocupación por la situación que entonces tenía el sistema de seguridad social. En ese contexto se solicitó asistencia técnica a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

El informe producido mantiene aún hoy, treinta años después, plena vigencia. El mismo destaca, en sus aspectos sustanciales, que "se ha producido en el curso del tiempo una proliferación de leyes, generalmente dictadas sin el concurso de la técnica y sin examinar previamente sus repercusiones a largo plazo en lo social y en lo económico". Pese a que esta comprobación refiere a la legislación sancionada hasta los primeros años de la década del 60, debe tenerse presente que la misma incide sobre la situación actual, en tanto la población pasiva de hoy, en gran medida, generó sus derechos al amparo de esa legislación.

Entre las conclusiones del estudio referido, corresponde mencionar varias que mantienen actualidad. En tal sentido, el informe referido señala que:

i) Existían marcadas carencias y deficiencias en la gestión de los organismos de seguridad social, las que atribuye, fundamentalmente a que las funciones de los mismos "constituyen una mezcla entre funciones directivas y de control y funciones ejecutivas".

ii) "Es deseable que los sectores interesados se cercioren a fondo de las repercusiones que pueden tener los fenómenos y hechos descritos en el desarrollo económico y social del Uruguay, tanto visto del interior del país así como respecto a la posición competidora externa con otros países. En primer lugar, está el elevado costo de la seguridad social que, además del costo de las prestaciones a cargo directo de los patronos, pesa sobre la producción y la economía en general. Para esto deben tenerse en cuenta no solamente los costos directos de cada empresa, sino también costos como los de la seguridad social de los empleados públicos, que tienen que ser soportados por la comunidad entera. Por otro lado, la evasión del pago de cotizaciones por parte de muchos patronos, produce condiciones desiguales de competencia entre las empresas; y la jubilación de personas en plenitud de sus fuerzas, por ejemplo, en la Caja de Industria y Comercio, resulta en una competencia desleal en el mercado de trabajo, además de las consecuencias directas para las empresas cuando pierden sus colaboradores más experimentados, muy a menudo en el máximum de su rendimiento, y además del efecto general en el ambiente laboral de una tendencia de vivir cada vez menos del esfuerzo propio de trabajo y cada vez más de las prestaciones "sociales" cuyo contenido social ha ido sustituyéndose por elementos especulativos".

iii) "Para remediar la situación, ya no basta aplicar remedios paliativos, sino que debe haber un cambio radical de rumbo de la política social y de su ejecución práctica, so pena de un total colapso social, administrativo y financiero de la seguridad social uruguaya. Las reformas deben orientarse principalmente hacia tres direcciones: reforma del régimen legal de prestaciones, reforma en la estructura orgánica y en la administración de las entidades aseguradoras y el saneamiento financiero de la seguridad social".

iv) "La reforma de la estructura legal de los sistemas de jubilaciones y pensiones debe tender hacia la igualdad de derechos y obligaciones, dar a las prestaciones un auténtico contenido social y ajustarlas a las posibilidades económicas del país".

v) "La medida de mayor importancia, en sus efectos sociales y de financiamiento de los sistemas, será la de fijar una edad mínima uniforme para la jubilación convirtiendo la jubilación en verdadera prestación de vejez. Además, la cuantía de la jubilación debería reducirse a un nivel justo en relación con las necesidades disminuidas... Al mismo tiempo, conviene fijar un plazo definitivo para el reconocimiento de tiempos anteriores de servicio, lo cual en combinación con las medidas anteriores y con el establecimiento de cuentas individuales para el futuro, permitiría en un futuro próximo terminar con la práctica de las pruebas testimoniales".

vi) "En los órganos superiores de la entidad o entidades de seguridad social debe haber una clara separación entre el poder directivo, confiado al Directorio, y el Poder Ejecutivo, único responsable de la administración interna, no pudiendo admitirse la constante y directa intervención del primer poder en las funciones ejecutivas. El Directorio debería comprender representantes de los asegurados y patronos".

vii) "Las anteriores medidas fundamentales constituyen una condición sine qua non para emprender con éxito la reforma y los ajustes de los procedimientos administrativos y, en particular, de las tareas básicas: registro e historiales de asegurados, control de patronos y de la recaudación de cotizaciones, la correcta y oportuna tramitación de las prestaciones..."

Tres décadas después del citado informe, el Poder Ejecutivo entiende pertinente destacar aspectos de su contenido todavía plenamente vigentes. Finalmente, el referido estudio de la OIT de 1964, señala que "una gran responsabilidad recae sobre el Gobierno así como sobre el Poder Legislativo, de encontrar soluciones concretas y durables a la crisis institucional, social y financiera de la seguridad social en el Uruguay".

Existen también, a nivel nacional, múltiples estudios sobre la actual situación de la seguridad social y, especialmente, del subsistema de invalidez, vejez y sobrevivencia (jubilaciones y pensiones).

Estos estudios comprenden aspectos financieros, demográficos y de normativa legal vigente, los que someramente, se desarrollan a continuación.

Aspectos financieros

Desde el punto de vista financiero, el Cuadro Nº 1 muestra la evolución de los egresos del BPS, en términos del Producto Bruto Interno, desde 1989 a 1994.

CUADRO Nº 1 EGRESOS DEL BPS EN PORCENTAJE DEL PBI, EN SUS PRINCIPALES PROGRAMAS

Programa 1994 1993 1992 1991 1990 1989
*IVS contributivo 10,89 10,82 9,98 9,24 8,17 7,29
*IVS no contributivo 0,60   0,61 0,58 0,53 0,49 0,45
*Seguro de enfermedad
-Asistencia médica 1,54 1,52 1,23 1,32 1,08 1,07
-Subsidios 0,12 0,12 0,12 0,12   0,12 0,12
*Asignaciones Famil. 0,41 0,45 0,47   0,48 0,53 0,56
*Desempleo 0,33 0,32 0,27 0,25 0,22 0,19
*Gastos de gestión 0,74 0,79 0,53 0,55 0,50 0,54
*Otros 0,30 0,25 0,24 0,21 0,17 0,17
TOTAL 14,95 14,90 13,42 12,71 11,29 10,39

En los últimos seis años, los egresos del BPS crecieron 4,56 puntos del PBI, lo que significa un incremento del 43,89% del total de egresos en términos del producto. Tal como surge del citado cuadro, dicho incremento se explica, fundamentalmente, por el comportamiento del subsistema IVS (jubilaciones y pensiones) el cual incrementó sus egresos en 3,6 puntos del PBI, lo que significa un aumento porcentual del 49,38% en el período considerado.

La evolución de los egresos del BPS, muestra un incremento más significativo aún, si comparamos el año 1994 con 1985, año en el cual los egresos totales alcanzaron al 9,13 % del PBI (63,75% de incremento en términos del PBI) y los egresos del subsistema IVS contributivo se ubicaron en el 6,64% del PBI (64% de incremento en los mismos términos).

La principal explicación de ese explosivo incremento surge de la evolución del índice de revaluación de pasividades en términos reales, el cual se expone en el Cuadro Nº 2.

CUADRO Nº 2. INDICE DE REVALUACION MEDIA EN TERMINOS REALES A DICIEMBRE DE CADA AÑO

(BASE DICIEMBRE/84=100)

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

   100,00
     87,76
  103,90
  112,73
  113,75
  106,16
  110,51
  135,81
  146,24
  153,60
   153,24

Durante largos años el proceso de deterioro del índice de revaluación en relación a la evolución del Indice de Precios al Consumo fue muy marcado. Este último factor fue determinante en afianzar en la conciencia colectiva una valoración negativa de la cobertura de los riesgos IVS.

No obstante, pese al depreciado nivel de las prestaciones, la carga financiera de su mantenimiento implicaba tasas de aportación sumamente elevadas, como consecuencia de que se intentó mantener hasta sus últimas consecuencias un régimen de protección aparentemente amplio y generoso, a costa de la pauperización del nivel de las prestaciones.

Allí radica la causa principal de la reforma constitucional plebiscitada en noviembre de 1989 que tuvo como objetivo básico, poner fin al uso del nivel real de las pasividades como variable de ajuste.

Es evidente que esta manifestación es una respuesta contundente a una crisis de confiabilidad del sistema.

En el Cuadro Nº 2 se puede apreciar claramente el efecto inicial de dicha reforma constitucional en el primer año de su aplicación integral (1991). El mismo se acentuó notoriamente en los años siguientes, como surge de dicho cuadro, en el cual se advierte que el valor del índice de revaluación en términos reales ha crecido un 53% por encima del registrado a diciembre de 1984.

Por su parte, el comportamiento de los ingresos, en relación al PBI, en igual período, es el que surge del siguiente cuadro.

CUADRO Nº 3 INGRESOS DEL BPS, EN TERMINOS DEL PBI

Programa 1994(1) 1993   1992 1991 1990 1989
*Aportes s/salarios(2) 9,75 10,06 10,19 9,64 8,67 7,09
Subsistema IVS 7,82 8,11 8,85 8,57 7,70 6,10
Seg. de Enfermedad 1,56 1,67 1,07 0,85 0,80 0,81
Otros 0,37 0,28 0,27 0,22 0,17 0,19
*IVA afectado(3) 2,32 2,30 1,61 1,55 1,73
*Asistencia(4) 2,89 2,28 1,47 0,96 0,24 2,79

Los ingresos provenientes de gravámenes sobre salarios se incrementaron, entre 1989 y 1994, en 2,66 puntos del PBI, mientras que los provenientes de la comunidad en general (IVA afectado más asistencia financiera), lo hicieron en 2,42 puntos del PBI.

Dicho en otros términos, los niveles de presión tributaria con destino al BPS, tanto sobre el salario (ingresos de base salarial), como sobre la colectividad toda (ingresos vía fiscal), se han ido incrementando de manera constante en el período.

El problema, desde el punto de vista financiero, se manifiesta en el marcado crecimiento de los egresos del sistema y, consecuentemente, en un incremento constante y progresivo de los tributos destinados a financiar aquellos.

Desde esta perspectiva, y como consecuencia de la necesidad de recurrir a crecientes volúmenes de recursos con la finalidad de equilibrar los ingresos con los egresos, se ha hablado, insistentemente en las últimas décadas, de la existencia de una crisis financiera de la seguridad social.

Dichos planteos exceden largamente el ámbito nacional y, casi sin excepción, están presentes en las realidades de muchos países.

Aspectos demográficos

Entre los factores determinantes de la actual situación, aunque no el único, ocupa un lugar importante la realidad demográfica de nuestro país.

En el Uruguay el proceso de descenso de la mortalidad y la natalidad comenzó en forma temprana.

Ya desde la década del 50 la natalidad es baja (21,23 por mil), registrando un comportamiento casi constante a la baja. La declinación acumulativa promedio anual es del 5,45 por mil. Las perspectivas de futuro indican una constante disminución de la tasa de natalidad, la que se estima en el orden de 15,79 por mil en el período 2005-2010.

La disminución de la natalidad afecta de dos maneras diferentes los distintos riesgos cubiertos por la seguridad social. En una primera instancia, la baja de nacimientos disminuye los egresos por todos los conceptos de prestaciones asociadas, tal como lo demuestran las proyecciones relativas al programa de asignaciones familiares. Por otra parte, a medida que el fenómeno continúa, comienza su influencia sobre las edades potencialmente activas, produciendo una disminución del número de trabajadores en actividad y, por ende, de la relación activo/pasivo. Asimismo, al disminuir la participación de los grupos etáreos más jóvenes se produce un envejecimiento de la población en general y de la fuerza de trabajo en particular.

En cuanto a la mortalidad, solamente puede existir un objetivo aceptable: su disminución. Este es uno de los indicadores más importantes para la determinación del avance y grado de bienestar de una sociedad. La forma más sencilla de expresar el punto es a través de la esperanza de vida.

La esperanza de vida es medible a cada edad. Al nacer expresa el número medio de años que, promedialmente, viviría un recién nacido. Si bien los valores no son los mismos que en los países más desarrollados, los datos de la esperanza de vida al nacer en Uruguay (69,2 para el hombre y 75,7 para la mujer) son relativamente elevados y de los mejores dentro del área latinoamericana.

A las edades mínimas jubilatorias, 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, la expectativa o esperanza de vida se ubica, actualmente en 25,3 años para la mujer y en 16,9 años para el hombre. Las proyecciones indican un crecimiento lento pero sostenido de estos valores.

Otro impacto de la demografía radica en la influencia de la migración. Para Uruguay, ya desde mediados de los años 60 el saldo migratorio (inmigrantes menos emigrantes) ha sido negativo. El fenómeno es particularmente perverso si se considera que la población emigrante está compuesta principalmente de hombres y mujeres jóvenes, de los grupos más activos y educados.

Las consecuencias de una población decreciente son especialmente graves para la seguridad social con un régimen de cobertura de los riesgos IVS ya maduro, que tiene prácticamente la totalidad de la población cubierta.

Sin perjuicio de ello, es previsible que la relación activo/pasivo registre muy leves incrementos hasta el entorno del 2010, como resultado, todavía, del denominado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, cuyos efectos siguen incidiendo en la renovación de la actual población pasiva. Ese incremento ubicará dicha relación, en el mejor de los casos, en el orden de 2 activos por cada pasivo.

A partir de allí, como consecuencia del agotamiento de los efectos de la norma referida y del comportamiento previsto de la población uruguaya, esa relación se determinará en forma constante.

Problemas de la normativa vigente

Los problemas de la normativa vigente en materia de jubilaciones y pensiones han sido analizados, en los últimos años, desde muy variadas perspectivas.

Uno de dichos análisis, fue el realizado por el Instituto de Estadística de la Universidad de la República, elaborado en el marco de un convenio celebrado con el Banco de Previsión Social. El mismo en cuanto a la materia que este proyecto refiere, señala:

"En el proceso de elaboración del modelo se han identificado una serie de problemas considerados esenciales de cuya resolución dependerá el futuro de la seguridad social en el Uruguay...

Estos tienen sus causas, básicamente en las características de la normativa vigente, y en limitaciones de control administrativo. Ambos factores resultan indisolublemente vinculados, en la medida en que, una inadecuada normativa, en muchos casos dificulta o incluso impide un contralor eficiente".

Pueden señalarse también otras debilidades del régimen, tales como:

i) Asignación jubilatoria que varía en tramos de 5 años de edad o de servicios, no estimulando en forma efectiva el mayor número de años de edad o de servicios computados.

ii) Topes mínimos, equivalentes al 85% del salario mínimo nacional, los que han perdido gran parte de su valor real original y pueden considerarse totalmente insuficientes, sobre todo si se hace la comparación con las prestaciones no contributivas de vejez e invalidez. A efectos de ilustrar este proceso se indica que en enero del año 1995, la jubilación mínima al cese alcanzaba a $ 446, mientras que la pensión a la vejez era de $ 840.

iii) Topes máximos, equivalentes a 7 Salarios Mínimos Nacionales, en continuo retroceso real, de acuerdo a la evolución del indicador que le sirve de referencia. La norma vigente no premia con justicia a los afiliados que han cotizado al sistema, en forma ordenada y por importes elevados.

iv) Proliferación de normas de amparo privilegiadas o de cómputo de servicios bonificados, realizadas sin adecuados estudios demográficos y financieros.

v) Régimen pensionario permisivo, que otorga el derecho a la viuda sin limitaciones provenientes de la edad o de la condición económica de la misma.

Todos los estudios mencionados y realizados, tanto a nivel nacional como internacional, son contundentes en cuanto a la crisis del sistema, como también en lo que refiere a la individualización de los factores que la producen.

Cuando los informes se refieren a la "inviabilidad" del sistema previsional, más que significar que el mismo se encuentra totalmente fuera de las posibilidades reales de una sociedad, lo que destacan es el esfuerzo que cada sociedad hace o hará para mantener un determinado sistema, midiéndolo en términos de la carga de contribuciones o impuestos (explícitos o implícitos, como es el caso del impuesto inflacionario). Por otro lado, hay que considerar en qué medida este esfuerzo afecta o afectará el desempeño de la economía como un todo.

El problema de la viabilidad o inviabilidad se presenta, entonces, como una evaluación de los efectos y el impacto en la economía del esfuerzo que la sociedad realiza para financiar un Sistema de Seguridad Social con determinadas características.

Los diagnósticos efectuados sobre el régimen previsional uruguayo son contestes en que el mismo posee un problema financiero serio, y con una tendencia al agravamiento en el corto plazo (período 1995 al 2000), al tiempo que en el largo plazo, las cifras proyectadas permiten prever un crecimiento del gasto total muy difícil de financiar sin provocar grandes distorsiones en el funcionamiento de la economía.

Desde otro ámbito de análisis, el Instituto de Estadística, en el estudio citado, señala que "los resultados obtenidos en el llamado Escenario Base, aquél que, de mantenerse la normativa actual se considera más probable, evidencian que el sistema avanza rápida y progresivamente hacia una situación de crisis irresoluble en la primera década del siglo próximo".

EL MODELO PROPUESTO

Sobre la base del conocimiento acumulado y reflexiones compartidas, producto del trabajo de estos últimos años, el Poder Ejecutivo ha elaborado el presente Proyecto de Ley.

Antecedentes

El modelo propuesto recoge las sugerencias y recomendaciones formuladas en los estudios ya referidos en este Mensaje, además del producido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1994 y algunas reflexiones genéricas de CEPAL.

El informe de OIT de 1994 sugiere, para Uruguay, la creación de un régimen en base a tres niveles , a saber:

a) Nivel básico: financiado directamente mediante recursos públicos, en forma selectiva a quienes no cuenten con otra protección, recogido en las tradicionales pensiones no contributivas a la vejez e invalidez.

b) Nivel intermedio: se recomienda que este nivel intermedio proporcione prestaciones definidas, conforme a los principios del seguro social, con una estructura uniforme de prestaciones y de tasa de cotización. Las prestaciones pagaderas, en el marco de este nivel mínimo, deberían estar vinculadas con un registro de las cotizaciones pagadas. La tasa de prestación debería consistir en un porcentaje del promedio de haberes asegurables, determinado mediante una referencia a todo el período de afiliación. Se estima, en principio, en el citado estudio, que la tasa de reemplazo máxima podría ubicarse en el entorno del 45% del promedio de ingresos. Se recomienda un progresivo incremento de la edad de jubilación, para ambos sexos, a 65 años.

c) Tercer nivel: promoción supervisada de regímenes complementarios.

En síntesis, la OIT indica que "se recomienda tomar en consideración la posibilidad de proceder a una nueva definición de la responsabilidad en materia de protección social, para ir reduciendo progresivamente el papel del Estado como proveedor directo, alentando a la vez a los trabajadores y a sus empleadores para que vayan completando las aportaciones del Estado mediante sus propias disposiciones individuales o colectivas al respecto".

La CEPAL, por su parte, recogiendo la experiencia de los programas de seguridad social en América Latina y el Caribe, ha formulado una propuesta de reforma (5), en los siguientes términos:

"atendiendo a criterios de equidad y solvencia financiera, se propone, en primer lugar, reformar la seguridad social sobre la base de un sistema mixto que combine ambos criterios. Por un lado, un sistema universal de prestaciones básicas, financiado con recursos generales y basado en la solidaridad social; y por otro, un sistema de prestaciones públicas y/o privadas con una equivalencia completa entre lo que se paga y lo que se recibe, basado en la previsión privada. Tal estructura implicaría un avance considerable hacia la equidad, y permitiría obtener mejores prestaciones a aquellos que hicieran un esfuerzo personal.

Finalmente, para reducir el costo de las prestaciones y aumentar su equidad, en dicho informe se recomienda la realización de los siguientes cambios: a) unificar los distintos sistemas de jubilación (pública) para reducir costos (por economías de escala) y disminuir diferenciaciones y desigualdades; b) eliminar la jubilación por antigüedad y sólo mantenerla por edad (o, en casos especiales -incluidas las diferenciaciones por sexo- permitir la anticipada, pero con mayores cotizaciones); c) aumentar y ajustar la edad de retiro a la mayor esperanza de vida pasados los 65 años; d) vincular la pensión (6) a las cotizaciones pagadas durante toda la vida laboral del asegurado y no sólo a las de sus últimos años; e) uniformar las condiciones de adquisición y cálculo de las prestaciones, especialmente las pensiones.

Para minimizar los desincentivos a la contratación de mano de obra, la parte de la cotización que proviene del empleador debería pagarse según el valor agregado de la empresa y no según el monto de su planilla de remuneraciones. Esto no afecta el financiamiento que proviene de las empresas, pero sí corrige el desincentivo a la contratación y redistribuye la contribución desde empresas que hacen uso intensivo de mano de obra y las que hacen uso intensivo de capital."

A nivel comparado pueden identificarse algunos aspectos que parecen marcar el camino transitado por la mayor parte de países con similares problemas, y que se refieren a la crisis de los programas de seguridad social, dificultades para implantación de las reformas, etc. Asimismo casi no existen en el Derecho Comparado, casos de exclusividad o hegemonía del sector estatal o del sector privado como proveedor de protección. En general, los sistemas se asientan sobre una coparticipación de diferentes componentes o niveles, tal como puede visualizarse en el Cuadro Nº 4.

CUADRO Nº 4 PARTICIPACION RELATIVA DE LOS REGIMENES PUBLICO Y PRIVADO EN LA TASA DE REEMPLAZO

TOTAL PUBLICO PRIVADO
R.F. ALEMANIA 75 50 25
FRANCIA 70 50 20
PAISES BAJOS 70 40 30
REINO UNIDO 60 40 20
SUECIA 65-70 55-60 10
SUIZA 60 40 20
Fuente: HORLICK (AISS), 1988:31.

En el Cuadro Nº 5, se presenta, a título de ejemplo, la cuantía de las tasas de reemplazo y el período considerado, a efectos del cálculo de las prestaciones de retiro, en diversos países industrializados.

CUADRO Nº 5 TASAS DE REEMPLAZO Y FORMA DE CALCULO EN PAISES DE OCDE SELECCIONADOS

País Tasa de reemplazo Forma de cálculo
Alemania 50% Toda la vida activa
Australia 40% Forfaitaire
Bélgica 60% Toda la vida activa
Canadá 35% Toda la vida activa
Estados Unidos 41% Ingresos medios
Finlandia 60% Toda la vida activa
Francia 50% Diez mejores años
Japón 47% Toda la vida activa
Luxemburgo 64% Toda la vida activa
Noruega 68% Toda la vida activa
Nueva Zelanda 45% Forfaitaire
Suiza 60% Toda la vida activa

FUENTE: Pestieau en LES REGIMES DE RETRAITE PRIVES ET LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE, OCDE, PARIS, 1992, p.40.

Análisis del articulado

Como primera aproximación al texto del Proyecto es necesario distinguir los distintos segmentos de población alcanzados o no por el nuevo sistema y la adecuación del vigente.

Los actuales pasivos (jubilados y pensionistas) y los trabajadores que configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996, no resultan afectados por el nuevo sistema, ni por la adecuación del vigente.

Para los trabajadores mayores de 40 años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, que no configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996, se establece un régimen de transición que regula el pasaje del sistema actual al nuevo sistema.

Los trabajadores menores de 40 años de edad ingresan inmediatamente al nuevo sistema.

El sistema proyectado será de aplicación universal, comprendiendo, en lo inmediato, a los afiliados activos del Banco de Previsión Social y en una segunda etapa, con las adecuaciones correspondientes, a los afiliados de los restantes servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social (Art. 1º).

Abarcará obligatoriamente a todos los afiliados activos que sean menores de 40 años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley y a todas las personas que, cualquiera sea su edad, ingresen al mercado de trabajo en el desempeño de actividades amparadas por el Banco de Previsión Social (Art. 2º).

El sistema previsional proyectado se basa en un régimen mixto que recibe las contribuciones y otorga las prestaciones en forma combinada, una parte por el régimen de reparto, llamado régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio (Art. 4º).

Se entiende por régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional aquel que establece prestaciones definidas y por el cual los trabajadores activos, con sus aportaciones financian las prestaciones de los pasivos conjuntamente con los aportes patronales, los tributos afectados y la asistencia financiera estatal (Art. 5º).

El régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio supone que los aportes del trabajador se acumulan en una "cuenta personal" durante toda la vida laboral. El importe de la prestación a percibir a partir del cese del trabajador, estará determinado por el monto acumulado (aportes reajustados más su rendimiento) y la expectativa de vida al momento de la configuración de la causal, del cese o de la solicitud de la prestación, según cual fuera posterior. (Art. 6º).

Se prevé además que a partir de los 65 años de edad y siempre que se haya configurado causal jubilatoria común, los afiliados tendrán derecho a percibir las prestaciones correspondientes al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aun cuando no hubieren cesado en la actividad, quedando eximidos de efectuar aportes personales a ese régimen (Art. 6º).

A los efectos de la aplicación de los dos regímenes que componen el sistema mixto, los ingresos individuales que constituyan asignaciones computables se dividen en tres niveles (Art. 7).

El primer nivel (ingresos hasta $ 5.000), dará origen a prestaciones que se financiarán con aportes obreros, patronales y demás tributos a cargo de la comunidad.

Las prestaciones de este primer nivel cubren a la totalidad de los afiliados al Banco de Previsión Social, institución que administrará el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

El segundo nivel (tramos de ingresos superiores a $ 5.000 y hasta $ 15.000, por la parte que exceda la primera cifra) dará origen a una prestación que se financiará exclusivamente con los aportes personales del trabajador (ahorro jubilatorio). Los aportes patronales correspondientes a este segundo nivel, constituyen un recurso del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional (primer nivel).

La administración del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio (segundo nivel) estará a cargo de entidades propiedad de instituciones públicas, incluido el Banco de Previsión Social o de personas u organizaciones de naturaleza privada (Arts. 7º y 91).

El tercer nivel (tramo de ingresos individuales que exceda los $ 15.000) posibilitará que el afiliado libremente opte entre ahorrar o no ahorrar, por el excedente de dicho monto (Art. 7º).

Los referidos niveles se obtendrán por la suma de los ingresos provenientes de todas las actividades que el trabajador desarrolle dentro del campo de aplicación del nuevo sistema, el que tendrá un régimen de afiliación única (Art. 1º).

Dentro del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, los afiliados podrán optar por destinar el 50% de sus aportes personales al régimen de ahorro, conservando el derecho a percibir el 75% del monto de todas las prestaciones correspondientes al régimen de solidaridad intergeneracional. Se establece un mecanismo especial para no afectar el nivel de ahorro de quienes, teniendo ingresos que superan los $ 5.000, no exceden los $ 7.500 (Arts. 8º y 27).

Todos los aportes patronales sobre el total de ingresos salariales y hasta los $ 15.000 y todos los aportes personales hasta $ 5.000 de ingresos salariales, financiarán el régimen de jubilaciones y pensiones administrado por el Banco de Previsión Social. Ello, sin perjuicio de los tributos que se afecten específicamente a este régimen y la asistencia financiera del Gobierno Central al Banco de Previsión Social, de acuerdo al artículo 67 de la Constitución de la República (Art. 14).

Para acceder a las prestaciones del sistema se deberá llenar las siguientes condiciones:

a) Edad de retiro. La edad mínima para acceder al beneficio jubilatorio por la causal común será de 60 años de edad, para ambos sexos (Art.17).

b) Años de cotización o registración. Se exigirá cotización efectiva para los trabajadores no dependientes (Ley Nº 16.190) y registración efectiva en la historia laborar para los dependientes, por un lapso mínimo de 35 años, en los dos casos (Art. 17).

El cálculo del sueldo básico jubilatorio se realizará sobre la base del promedio de los ingresos percibidos en los diez últimos años, actualizados por el Indice Medio de Salarios y siempre que no excediera en más del 5% del promedio de lo percibido en los 20 años de mejores ingresos computables actualizados, o el promedio de los 20 años de mejores ingresos computables actualizados, si fuera más favorable al trabajador (Art. 26).

Para la asignación de jubilación se fijan porcentajes que compensan el mayor número de años de aporte o de registración, en el momento de configurarse la causal y en los años de diferimiento del goce de la pasividad o de edad, después de los 60 años (Art. 28). La asignación de jubilación común se integrará de la siguiente forma: el 50% del sueldo básico jubilatorio al configurar la causal común. A dicho porcentaje se agregará un 0,5% del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de 35 años de registración o cotización, al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5%. A partir de los 60 años de edad, por cada año que se difiera el retiro, se adicionará un 3% del sueldo básico jubilatorio por año, con un máximo del 30%. Si no se ha configurado causal jubilatoria, por cada año de edad que supere los 60, se adicionará un 2%, hasta llegar a los 70 años de edad o hasta la configuración de la causal, si esta fuera anterior.

Los montos mínimos de pasividad, al configurarse la causal común, serán de $ 550 mensuales, actualizables por el Indice Medio de Salarios. Dicho mínimo se incrementará en un 12% anual, por cada año de edad subsiguiente a los 60, con un máximo del 120% (Art. 39). Los máximos de pasividad corresponderán al 82,5% del sueldo básico jubilatorio resultante, con un tope de $ 4.125 a valores de mayo del corriente, actualizables por Indice Medio de Salarios.

Se mantienen los servicios bonificados para aquellas actividades que así lo requieran (Art. 36). Se prevé el establecimiento de edades mínimas, a partir de las cuales se aplicará la bonificación de servicios (Art. 37). El mayor costo financiero, tanto por retiro anticipado como por menos años de aportes, deberá cubrirse con una contribución especial a cargo del empleador (Art. 38).

La causal de incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, que permite percibir una jubilación permanente, es similar a la actual (Art. 18). La incapacidad para el empleo o profesión habitual, da lugar a un subsidio transitorio de tres años (Art. 21).

La jubilación por edad avanzada se configurará con 70 años de edad y 15 años de cotización o registración, siendo incompatible con toda otra jubilación, retiro o subsidio transitorio. La asignación de jubilación de esta causal será del 50% del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% por cada año de cotización o registración que exceda los 15 años mínimos, con un máximo del 64%.

Se deroga expresamente la causal de jubilación anticipada que comprende actualmente a los titulares de los cargos políticos y de particular confianza y de los docentes, sin perjuicio de la bonificación de servicios que corresponda a los cargos docentes.

El Proyecto establece en el Título VI, un proceso de transición al nuevo régimen el que, entre otros fines, persigue introducir un mecanismo de incorporación gradual de los afiliados.

Así, se establece que los afiliados que hayan configurado la causal al 31.12.96, podrán jubilarse por el régimen anterior, sin perjuicio de aplicarles, si les resultare más beneficioso algunas de las disposiciones del régimen de transición.

Los afiliados mayores de 40 años que no optaren por el nuevo sistema, quedan comprendidos en el régimen de transición proyectado.

La edad de retiro de la mujer, se aumenta en forma progresiva a efectos de adecuarla al nuevo régimen, llegando al mínimo de 60 años en el año 2003.

El período de referencia para el cálculo del sueldo básico jubilatorio y la asignación de jubilación, se modificarán progresivamente a efectos de adecuarse a las nuevas condiciones proyectadas en este sistema (10 años a partir del 1º de enero de 1997).

La jubilación mínima (actualmente el 85% del salario mínimo nacional) y la jubilación máxima vigente (7 salarios mínimos nacionales), aumentarán progresivamente hasta llegar, la primera, a niveles similares a los previstos en el nuevo régimen.

De esta forma, se pretende, en un período que se estima prudencial y que se extiende desde el año 1997 al año 2003, habilitar paulatinamente el pasaje al nuevo régimen.

El Título VII introduce importantes modificaciones en la estructura orgánica del Banco de Previsión Social.

Las mismas, pretenden dotarlo de mecanismos jurídico-administrativos que hagan posible el descongestionamiento de funciones que hoy ejerce su máximo órgano de dirección, como forma de contribuir a mejorar su gestión, volviéndolo más eficiente.

De tal suerte, se permite que el Directorio por vía de la desconcentración funcional o de la delegación de atribuciones cuente con instrumentos idóneos para cumplir tal finalidad.

La titularidad de las funciones correspondientes a los órganos desconcentrados que se puedan establecer, se funda en la aptitud técnica y perfil profesional de la persona que cumpla con las mismas, con lo cual se aspira concluir con la práctica tantas veces cuestionada de provisión de cargos con criterios no fundados en las condiciones funcionales o técnicos de quienes las desempeñan.

Desde el punto de vista institucional, el Banco de Previsión Social, también queda habilitado para constituir y organizar, con independencia del Patrimonio del ente y en régimen de derecho privado, actuando solo o en forma conjunta con instituciones financieras del Estado, una entidad administradora de fondos de ahorro previsional.

Uno de los temas de más trascendencia del Proyecto, refiere al Registro de Historia Laboral.

El Banco de Previsión Social queda obligado a mantener al día los registros de historia laboral de sus afiliados activos (Art. 85).

El mecanismo de la historia laboral, pretende constituirse en un instrumento eficiente en manos de la Administración, orientado específicamente a dotar de la certeza necesaria el reconocimiento de servicios, recogiendo con excepcionalidad el principio de la prueba testimonial, solamente cuando se trate de una sola pasividad. A la vez, constituye un método para evitar maniobras fraudulentas que, en definitiva, afectan sustantivamente las finanzas del Banco de Previsión Social.

Es de destacar, que el Art. 76 del Proyecto apuntando a ese fin, establece que los servicios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado Organismo, cuando sean acreditados ante el mismo, mediante prueba documental, tanto en los años de actividad como en el monto computable y en las aportaciones correspondientes. Se faculta la reglamentación para establecer los plazos, forma, condiciones y requisitos referidos a la declaración que deberán realizar los afiliados activos en relación con todos sus servicios anteriores.

En el Título IX, se regula la materia gravada y asignaciones computables.

Corresponde precisar que la incorporación del mismo obedece a la necesidad de proporcionar certeza jurídica al contribuyente, al quedar regida la materia gravada por acto legislativo.

El Proyecto tiende además a reconocer que determinadas prestaciones enumeradas en el Art. 165 no constituyen materia gravada y por consiguiente, asignaciones computables.

Se parte del concepto de que en tales casos, se trata de beneficios que percibe el trabajador orientados a mejorar su calidad de vida y que no tienen naturaleza retributiva.

El régimen de ahorro obligatorio previsto en la Ley comprende a los afiliados activos menores de 40 años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, o a aquellos que teniendo una mayor edad opten por acogerse a este régimen (Arts. 2, 61 y 64).

Las asignaciones gravadas serán aquellas que superen los $ 5.000 y no alcancen los $ 15.000, a valores constantes del mes de mayor de 1995. En forma opcional, el Art. 8º del Proyecto prevé la inclusión de los afiliados con asignaciones computables hasta los $ 5.000, en cuyo caso aportarán al régimen de ahorro por el 50% de sus aportaciones personales.

Las prestaciones previstas en el régimen de ahorro están establecidas en los Arts. 49 al 59 del Proyecto de Ley.

Las causales jubilatorias y pensionarias serán las mismas que rigen en el régimen de solidaridad intergeneracional, aunque la determinación de las mismas tiene características específicas.

Las prestaciones se determinarán en dos formas distintas:

a) Aquellas que se generen con el ahorro acumulado, a la fecha de la configuración de la causal o del retiro efectivo, darán origen a prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y de las respectivas pensiones de sobrevivencia (Art. 53). El importe de la asignación inicial se fijará en base al saldo acumulado en la cuenta individual, a la expectativa de vida del afiliado y a la tasa de interés respectiva (Art. 54). El pago de las prestaciones respectivas será abonado a través de una empresa aseguradora, a elección del interesado, a cuyos efectos la Administradora traspasará los saldos acumulados respectivos (Art. 55)

b) Las prestaciones de jubilación por incapacidad total, del subsidio por incapacidad parcial y las pensiones de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, serán financiadas mediante la contratación con una empresa aseguradora, de un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento (Art. 56). A efectos de que la prima tenga un valor inferior, se prevé que el saldo acumulado en la cuenta individual de ahorro, a la fecha de ocurrencia de los riesgos mencionados, excepto en el caso de incapacidad parcial, sea vertido a la empresa aseguradora (Art. 57). Por otra parte, se establece que el seguro en los casos de incapacidad total o parcial, abonará un importe equivalente al 45% de las asignaciones computables actualizadas, aportadas al Fondo Previsional en los últimos diez años de actividad (Art. 58).

Finalmente, se establece expresamente que las prestaciones del régimen de ahorro se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el Art. 67 de la Constitución.

El Proyecto, en el Art. 91, prevé la formación de entidades receptoras de los ahorros previsionales, que se llamarán Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y se organizarán como Sociedades Anónimas. En forma expresa, se autoriza al BPS y otras entidades públicas y privadas, así como a instituciones sin fines de lucro (sindicatos, asociaciones profesionales, instituciones de Seguridad Social, etc.) a ser propietarias de una de dichas Administradoras.

El capital mínimo, previsto en el Art. 96, deberá ser de 60.000 UR, con lo que se incluye una exigencia de responsabilidad mínima que deberá ser cubierta íntegramente a efectos de iniciar actividades.

En el Art. 93 se establece expresamente que ninguna Administradora organizada por instituciones privadas, podrá iniciar actividades, en lo que refiere a publicidad y recepción de afiliados, hasta que lo haga por lo menos una de las que sean propiedad de instituciones públicas. Entre éstas una deberá ser formada; obligatoriamente, por el BPS actuando conjunta o separadamente con otras instituciones públicas.

El único ingreso que podrán percibir las administradoras de los afiliados, serán las comisiones por acreditación de aportes y en las condiciones que se señalan en los Arts. 102 y 103.

Con el fin de que exista una completa transparencia en el sistema, la información al público y a los afiliados deberá ser completa y veraz (Arts. 97 a 99).

Los principios que rigen la elección de Administradora están inspirados en la mayor libertad. El afiliado puede elegir y puede traspasarse a cualquier Administradora, sin ninguna limitación (Arts. 105 y 108).

Por otra parte, las Administradoras no podrán discriminar o impedir el ingreso de cualquier afiliado al sistema (Art. 106).

En cada Administradora existirá un único Fondo Previsional que recogerá los ahorros de los afiliados comprendidos. Este Fondo estará completamente separado del patrimonio de la Administradora y será inembargable. La propiedad pertenecerá exclusivamente a los afiliados (Arts. 110 y 111).

Los recursos y deducciones del Fondo están explicitados en los Arts. 112 y 113.

La rentabilidad de cada Fondo de Ahorro Previsional, prevista en el Art. 115, no podrá ser inferior a un porcentaje determinado de la rentabilidad promedio del régimen (Art. 116). En caso de que exista una insuficiencia, en un mes determinado, deberá ser cubierta por el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad (Arts. 117 y 118), por la Reserva Especial creada en el Art. 120, o en su defecto por el Estado (Art. 121).

Los ahorros acumulados por los afiliados en las Administradoras, se deberán invertir con criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación. Las colocaciones autorizadas cubren un espectro amplio, entre las que se encuentran: valores emitidos por el Estado uruguayo, por el BHU o por empresas públicas o privadas que coticen en Bolsa; depósitos a plazo en instituciones financieras; valores representativos de inversiones varias con garantía bancaria y colocaciones en instituciones públicas o privadas a efectos de la concesión de préstamos personales (Art. 122).

La custodia de los títulos representativos de las inversiones, según el Art. 125, correrá a cargo de instituciones financieras o de otras expresamente autorizadas por el BCU.

Las Administradoras serán responsables de contratar con una empresa aseguradora un seguro contra el riesgo de invalidez y fallecimiento en actividad de los afiliados, así como de traspasar a las aseguradoras los ahorros acumulados a la fecha del retiro o de la incapacidad o fallecimiento del afiliado (Art. 126).

Las empresas aseguradoras serán responsables de servir las prestaciones emergentes del régimen de ahorro para las causales de jubilación, de pensión o de subsidio transitorio por incapacidad parcial. A los efectos de cubrir suficientemente estas obligaciones deberán formar el capital técnico necesario. (Art. 127).

Con el fin de promocionar el régimen de ahorro previsto en el Proyecto, se establecen una serie de exoneraciones impositivas para los depósitos especiales realizados por las empresas en las cuentas de ahorro (Art. 128), así como para los fondos acumulados por cada afiliado (Art. 130).

Por otra parte se da un tratamiento especial para las comisiones que perciban las Administradoras (Art. 131) y las primas cobradas por las aseguradoras (Art. 132). En especial, se las exonera del IVA y de otros impuestos que se mencionan en el texto de esta iniciativa.

Las Administradoras serán controladas por el Banco Central del Uruguay (Art. 133), al cual se le asignan expresamente una serie de cometidos (Art. 134) y la posibilidad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las normas proyectadas (Art. 135).

Las Administradoras serán liquidadas por el Banco Central del Uruguay, en los casos que se configuren cualquiera de los extremos mencionados en el Art. 137 del Proyecto. El procedimiento de liquidación será similar al que se prevé en la Ley de Intermediación Financiera.

En caso de que se dé esta eventualidad, los afiliados deberán traspasar sus saldos acumulados a otra Administradora dentro del plazo de 90 días posteriores a la resolución pertinente.

El Estado garantizará a los afiliados del régimen de ahorro individual el cumplimiento de la rentabilidad real mínima, siempre que se hubieren agotado los mecanismos previstos en la Ley. La garantía se mantendrá hasta que se produzca el traspaso de los afiliados a una nueva Administradora (Art. 139).

En la misma forma, en el caso de que se produzca la liquidación judicial de una empresa aseguradora, el Estado garantizará el pago puntual de las prestaciones a su cargo.

Estas garantías operarán sin limitaciones, sin perjuicio de las acciones que inicie el Estado contra las Administradoras o empresas aseguradoras que hubieran entrado en cesación de pagos, otorgándoseles a dichos créditos carácter privilegiado (Art. 140).

Con el fin de que el ahorro de los afiliados, no sufra deducciones adicionales, el Banco de Previsión Social y el Banco Central del Uruguay, no podrán percibir retribución alguna de las Administradoras por las actividades que realicen en el marco de esta Ley (Art. 141).

Los trabajadores de las Administradoras estarán comprendidos en el régimen jubilatorio previsto para el BPS (Art. 142).

Se autoriza asimismo al Poder Ejecutivo a realizar una emisión de títulos en UR, que se colocará, en forma exclusiva, en las Administradoras creadas por esta Ley (Art. 143).

Por último, y con el fin de aumentar la capacidad de ahorro de los trabajadores se aumenta la tasa de aportación personal jubilatoria al 15%, al mismo tiempo que se prevé un aumento de las remuneraciones nominales (Arts. 179 y 180).

El Poder Ejecutivo confía en un rápido tratamiento y sanción de la presente iniciativa habida cuenta de que la crisis de nuestro sistema de Seguridad Social constituye uno de los problemas más graves que afecta al funcionamiento de la Sociedad y la economía toda. De ello dependerá la seguridad de las generaciones futuras.

Saludan al Sr. Presidente con su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Alvaro Ramos, Juan A. Moreira, Samuel Lechtensztejn, Raúl Iturria, Lucio Cáceres, Federico Slinger, Ana Lía Piñeyrúa, Carlos Gasparri, Benito Stern, Juan Chiruchi, Alfredo Solari.

TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

BASES DEL SISTEMA

ARTICULO 1. - (Ambito objetivo de aplicación y principio de universalidad).

El sistema previsional que se crea por la presente Ley se basa en el principio de universalidad y comprende en forma inmediata y obligatoria a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, las que tendrán un régimen de afiliación única.

El Poder Ejecutivo, en aplicación de dicho principio, proyectará los regímenes aplicables a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social, de forma tal que, atendiendo a sus formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en los mismos, se adecuen al establecido por esta Ley.

ARTICULO 2. - (Ambito subjetivo de aplicación).

El nuevo sistema previsional comprende obligatoriamente a todas las personas que sean menores de 40 (cuarenta) años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y en ningún caso afectará derecho alguno de quienes gozan hoy de pasividad, han configurado causal jubilatoria o la configuren antes del 31 de diciembre de 1996.

Quedan obligatoriamente comprendidas las personas que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, cualquiera sea su edad, ingresen al mercado de trabajo en el desempeño de actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

ARTICULO 3. - (Contingencias cubiertas).

El sistema previsional cubre los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia.

CAPITULO II

DEFINICIONES

ARTICULO 4. - (Régimen mixto).

El sistema previsional que se crea, se basa en un régimen mixto que recibe las contribuciones y otorga las prestaciones en forma combinada, una parte por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

ARTICULO 5. - (Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional).

A los efectos de esta Ley, se entiende por régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, aquel que establece prestaciones definidas y por el cual los trabajadores activos, con sus aportaciones, financian las prestaciones de los pasivos conjuntamente con los aportes patronales, los tributos afectados y la asistencia financiera estatal.

ARTICULO 6. - (Régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio).

Se entiende por régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aquel en el que la aportación definida de cada afiliado se va acumulando en una cuenta personal con las rentabilidades que ésta genere, a lo largo de la vida laboral del trabajador.

A partir del cese de toda la actividad y siempre que se configure causal de acuerdo con los artículos 17 y 19, se tendrá derecho a percibir una prestación mensual determinada por el monto acumulado de los aportes, sus rentabilidades y la expectativa de vida al momento de la configuración de la causal, del cese o de la solicitud de la prestación, según cuál fuera posterior. Para quienes configuren causal por incapacidad total de acuerdo con el artículo 18, la prestación mensual se determinará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58.

En el caso de incapacidad parcial, los requisitos y demás condiciones del subsidio correspondiente se regularán por lo previsto en el artículo 58.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo, a partir de los 65 años de edad y siempre que se haya configurado causal jubilatoria común, los afiliados tendrán derecho a percibir las prestaciones correspondientes al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aun cuando no hubieren cesado en la actividad, quedando eximidos de efectuar aportes personales a ese régimen.

TITULO II

DE LA INCORPORACION A LOS REGIMENES

CAPITULO UNICO

DE LOS NIVELES DE COBERTURA

ARTICULO 7. - (Delimitación de los niveles).

A los fines de la aplicación de cada régimen, se determinan los siguientes niveles de ingresos individuales de percepción mensual siempre que constituyan asignaciones computables.

a) PRIMER NIVEL. - (Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional).

Este régimen comprende a todos los afiliados por sus asignaciones computables o tramo de las mismas hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), dando origen a prestaciones que se financian mediante aportación patronal, personal y estatal.

b) SEGUNDO NIVEL. - (Régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio).

Este régimen comprende el tramo de asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), dando origen a prestaciones que se financian exclusivamente con aportación personal. Su administración estará a cargo de entidades propiedad de instituciones públicas, incluido el Banco de Previsión Social o de personas u organizaciones de naturaleza privada (artículo 91).

c) TERCER NIVEL. - (Ahorro voluntario).

Por el tramo de asignaciones computables que excedan los $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), el trabajador podrá aportar o no a cualquiera de las entidades administradoras referidas en el inciso anterior.

ARTICULO 8. - (Derecho de opción y situaciones especiales).

Los afiliados activos del Banco de Previsión Social cuyas asignaciones computables se encuentren comprendidas en el primer nivel referido en el artículo anterior, podrán optar por quedar incluidos en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, por sus aportaciones personales correspondientes al 50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables. Por el restante 50% (cincuenta por ciento), dichos afiliados aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Quienes, habiendo realizado la opción antedicha, lleguen a percibir mensualmente asignaciones computables entre $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y $ 7.500 (pesos uruguayos siete mil quinientos), aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, solamente por el 50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil); por sus restantes asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Los afiliados que al inicio de su incorporación a los regímenes, perciban asignaciones computables que superando los $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) no excedan los $ 7.500 (pesos uruguayos siete mil quinientos), aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio únicamente por el 50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Por las demás asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

ARTICULO 9. - (Instrumentación de la opción).

Las distintas formas de ejercicio del derecho de opción previstas por esta Ley, así como las correspondientes comunicaciones al Banco de Previsión Social y otras que sean pertinentes, serán reguladas por la reglamentación.

ARTICULO 10. - (Cobertura general por el régimen de solidaridad intergeneracional).

Independientemente del monto de los ingresos que perciba el trabajador y de los niveles delimitados por esta Ley, todos los afiliados al sistema previsional que cumplan los presupuestos establecidos para adquirir el derecho, serán beneficiarios de las prestaciones del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional a cargo del Banco de Previsión Social.

ARTICULO 11. - (Asignaciones computables).

A los efectos de lo previsto en el artículo 7, se entiende por asignaciones computables aquellos ingresos individuales que, provenientes de actividades comprendidas por el Banco de Previsión Social, constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

El sueldo anual complementario no se tomará en cuenta a los efectos de la delimitación de los niveles prevista en el mencionado artículo, sin perjuicio de constituir asignación computable y materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

ARTICULO 12. - (Referencia a valores constantes).

Las referencias monetarias mencionadas en esta Ley, están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

TITULO III
DEL PRIMER NIVEL
CAPITULO I
DEL REGIMEN DE JUBILACION POR SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

ARTICULO 13. - (Alcance del régimen).

El régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional alcanza obligatoriamente a todos los afiliados activos del Banco de Previsión Social, por las asignaciones computables hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales.

ARTICULO 14. - (Recursos del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional).

El régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional a cargo del Banco de Previsión Social, tendrá los siguientes recursos:

a) los aportes patronales jubilatorios sobre el total de asignaciones computables hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

b) los aportes personales jubilatorios sobre asignaciones computables hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.

c) los tributos que se afecten específicamente a este régimen.

Si fuere necesario, el Gobierno Central asistirá financieramente al Banco de Previsión Social, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución de la República.

CAPITULO II
DE LAS PRESTACIONES POR VEJEZ,
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

ARTICULO 15. - (Clasificación de las prestaciones).

Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo del Banco de Previsión Social, son las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial, las pensiones, el subsidio para expensas funerarias y la pensión a la vejez e invalidez.

CAPITULO III
DE LAS CLASES DE JUBILACION Y CAUSALES

ARTICULO 16. - (Clasificación de las jubilaciones).

Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

a) Jubilación común

b) Jubilación por incapacidad total

c) Jubilación por edad avanzada

Derógase la causal anticipada establecida en el literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9 del 23 de octubre de 1979, sin perjuicio de la bonificación que corresponda a los cargos docentes de Institutos de Enseñanza públicos o privados habilitados.

ARTICULO 17. - (Jubilación común).

Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1. El cumplimiento de 60 (sesenta) años de edad.

2. Un mínimo de 35 (treinta y cinco) años de servicios, con cotización efectiva para los períodos cumplidos en carácter de trabajador no dependiente o con registración en la historia laboral, para los períodos cumplidos en carácter de trabajador dependiente.

Esta causal se configurará, aun cuando los mínimos de edad requeridos, se alcancen con posterioridad a la fecha de cese en la actividad.

ARTICULO 18. - (Jubilación por incapacidad total).

La causal de jubilación por incapacidad total, se configura por la ocurrencia de cualquiera de los siguientes presupuestos:

a) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 76, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

b) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

c) La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida dentro de los dos años siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen 10 años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 76, como mínimo, siempre que el afiliado no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en esta Ley.

Quienes habiéndose incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, no configuren la causal de jubilación por incapacidad total por no reunir los requisitos antes establecidos, podrán acceder a la prestación asistencial no contributiva por invalidez, en las condiciones previstas por el artículo 42.

ARTICULO 19. - (Jubilación por edad avanzada).

La causal de jubilación por edad avanzada se configura por el cumplimiento de 70 años de edad, siempre que se acredite 15 años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 76, se encuentre o no en actividad, a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

ARTICULO 20. - (Servicios bonificados y causales de jubilación común y por edad avanzada).

La bonificación de servicios sólo regirá para las causales de jubilación común y por edad avanzada. En estos casos, cuando se computen servicios bonificados, se adicionará a la edad real y a los años de trabajo registrados, la bonificación que corresponda de conformidad con lo establecido por los artículos 35 y 36.

CAPITULO IV
DEL SUBSIDIO TRANSITORIO POR
INCAPACIDAD PARCIAL

ARTICULO 21. - (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).

El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

a) no menos de dos años de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

b) que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento; y

c) se haya verificado el cese en la misma.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma que los demás períodos de inactividad compensada.

Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el artículo 327, literal a), de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 22. - (Condiciones para el mantenimiento del subsidio por incapacidad parcial).

Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, se establecerá el momento en que deberá realizarse el examen definitivo, así como si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos, practicados por servicios del Banco de Previsión Social o por los que éste indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia no justificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos, se constatare el cese de la incapacidad.

ARTICULO 23. - (Incapacidad parcial y cumplimiento de la edad mínima de jubilación).

Si la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual subsistiera al cumplir el beneficiario la edad mínima requerida para la configuración de la causal común, aquella se considerará como absoluta y permanente para todo trabajo, salvo que el beneficiario opte expresamente por reintegrarse a la actividad.

CAPITULO V
DE LAS PENSIONES DE SOBREVIVENCIA

ARTICULO 24. - (Beneficiarios).

Son beneficiarios con derecho a pensión:

a) las personas viudas;

b) los hijos solteros menores de veintiún años de edad y los hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo;

c) los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo;

d) las personas divorciadas.

Las referencias a padres e hijos comprenden el parentesco legítimo, natural o por adopción.

El derecho a pensión de los hijos, se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando éstos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos en la presente Ley.

ARTICULO 25. - (Condiciones del derecho).

Los beneficiarios mencionados en el artículo anterior, con excepción de los referidos en el literal b), deberán acreditar, conforme a la reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes.

En el caso de los beneficiarios señalados en el apartado d), deberán justificar que gozaban de pensión alimenticia servida por su ex-cónyuge, decretada u homologada judicialmente. En estos casos, el monto de la pensión o la cuota parte, si concurriere con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia.

Los hijos adoptivos y los padres adoptantes, en todo caso, deberán probar que han integrado, de hecho, un hogar común con el causante, conviviendo en su morada y constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, siempre que esta situación fuese notoria y preexistente, en cinco años, por lo menos, a la fecha de configurar la causal pensionaria, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente.

Cuando la causal pensionaria se opere antes que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha. El goce de esta pensión es incompatible con el de la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

En el caso de los beneficiarios mencionados en los literales a) y d), menores de treinta años de edad, a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de dos años, y para el caso que tengan entre treinta y cuarenta años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, se servirá por el término de cinco años, salvo que:

a) el beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

b) integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que éstos alcancen la mayoría de edad.

c) integren el núcleo familiar hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

CAPITULO VI
DE LA DETERMINACION DEL MONTO
Y DEMAS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

ARTICULO 26. - (Sueldo básico jubilatorio).

El sueldo básico jubilatorio será el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 (diez) últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los 20 (veinte) años de mejores asignaciones computables actualizadas, incrementado en un 5% (cinco por ciento).

Si fuera más favorable para el trabajador, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los 20 (veinte) años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computados no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

Para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, en todos los casos, sólo se tomarán en cuenta asignaciones computables mensuales actualizadas hasta un monto de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

ARTICULO 27. - (Sueldo básico jubilatorio de los afiliados comprendidos por el artículo 8).

A los efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio de los afiliados comprendidos por el artículo 8, se multiplicará por 1,5 (uno con cinco) las asignaciones computables mensuales por las que se efectuó aportes personales al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional. El menor monto entre el importe mensual resultante o la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), se tomará como asignación computable de cada mes para la determinación del sueldo básico jubilatorio, aplicándose en lo demás el procedimiento establecido en el artículo anterior.

ARTICULO 28. - (Asignación de jubilación).

La asignación de jubilación será:

a) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1. El 50% (cincuenta por ciento) cuando se computen como mínimo 35 (treinta y cinco) años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 76.

2. Se adicionará un 0.5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de 35 (treinta y cinco) años de servicio, al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3. A partir de los 60 (sesenta) años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado causal, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo del 30% (treinta por ciento). Si no hubiera configurado causal, por cada año de edad que se supere los 60 (sesenta), se adicionará un 2% (dos por ciento), hasta llegar a los 70 (setenta) años de edad, o hasta la configuración de la causal, si ésta fuera anterior.

4. Tratándose de actividades bonificadas (artículo 35), los porcentajes previstos en los numerales 2 y 3 precedentes se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados.

b) Para la jubilación por incapacidad total, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio;

c) Para la jubilación por edad avanzada el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los 15 (quince) años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

ARTICULO 29. - (Monto del subsidio transitorio por incapacidad parcial).

El monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio, calculado de acuerdo al artículo 26.

ARTICULO 30. - (Sueldo básico de pensión).

El sueldo básico de pensión se determinará de la siguiente manera:

a) Si el causante estuviere en actividad a la fecha del fallecimiento, el sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiera correspondido, a la fecha de fallecimiento, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad total.

b) Si el causante estuviere ya jubilado o percibiendo el subsidio transitorio por incapacidad parcial, el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad o de subsidio.

ARTICULO 31. - (Asignación de pensión).

La asignación de pensión será:

a) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante.

b) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo, o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del básico de pensión.

c) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del básico de pensión.

d) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del básico de pensión.

e) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si sólo una de las dos categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

ARTICULO 32. - (Distribución de la asignación de pensión).

En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

a) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran con grupo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

b) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

El remanente, se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

c) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales. En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del artículo 25 inciso segundo, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

ARTICULO 33. - (Reliquidación entre copartícipes de pensión).

Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

ARTICULO 34. - (Liquidación individual).

En cualquier caso de concurrencia de beneficiarios de pensión se liquidará por separado la parte proporcional que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 24.

CAPITULO VII
CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS

ARTICULO 35. - (Clasificación de los servicios).

Los servicios se clasifican en ordinarios y bonificados.

Servicios ordinarios son aquellos que corresponden al tiempo de trabajo registrado en la historia laboral.

Servicios bonificados son aquéllos para cuyo cómputo se adiciona tiempo suplementario ficto a la edad real y al período de trabajo registrado en la historia laboral.

ARTICULO 36. - (Servicios bonificados).

El Poder Ejecutivo, mediante reglamentación, determinará los servicios que serán bonificados ajustándose a los siguientes criterios:

A) Serán bonificados en la proporción de hasta dos años por cada uno, los servicios prestados en actividades cuyo desempeño imponga inevitablemente un riesgo de vida cierto o afecte la integridad física o mental del afiliado, cuando este riesgo resulte a la vez actual, grave y permanente, según índices estadísticos de mortalidad o morbolidad.

B) Serán bonificados en menor proporción:

1) Los servicios prestados en actividades que presenten niveles de inferior riesgo.

2) Los servicios prestados en actividades que, por su naturaleza y características, impongan indistintamente al trabajador un alto grado de esfuerzo de su sistema neuromotor, habilidad artesanal, precisión sensorial o exigencia psíquica, que haga imposible un rendimiento normal y regular más allá de cierta edad, cuando este carácter sea determinado mediante pericias técnicas y estudios estadístico-ocupacionales.

3) Los servicios prestados en actividades docentes en institutos de enseñanza, públicos o privados habilitados.

ARTICULO 37. - (Reconocimiento de servicios bonificados).

Los servicios bonificados serán reconocidos como tales, cuando el afiliado tenga en ellos una actuación mínima final de diez años.

La bonificación de servicios será revisada por el Poder Ejecutivo al menos cada cinco años, realizándose todas las investigaciones, estudios o pericias que permitan determinar que se da adecuado cumplimiento a las condiciones exigidas en el artículo anterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer edades mínimas, a partir de las cuales se aplicará la bonificación de servicios, en los casos de actividades que así lo justifiquen.

ARTICULO 38. - (Contribución especial por servicios bonificados).

Los empleadores que ocupen trabajadores en actividades bonificadas deberán abonar una contribución especial a su cargo, la que será determinada por el Poder Ejecutivo, en base a la bonificación prevista para la actividad, propendiendo a la equivalencia entre ingresos por aportaciones y egresos por prestaciones en el largo plazo. La referida contribución especial no podrá superar el 100% (cien por ciento) de la suma de las tasas de los aportes personales y patronales.

La contribución especial prevista en el inciso anterior, correspondiente a las asignaciones computables comprendidas en el tramo entre $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), deberá verterse a la cuenta de ahorro jubilatorio del trabajador.

CAPITULO VIII
REGULACION DE LAS PRESTACIONES

ARTICULO 39. - (Mínimo de jubilación y subsidio transitorio).

El monto mínimo de la asignación de jubilación común, cuando el beneficiario tenga 60 (sesenta) años de edad, será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) mensuales, el que se incrementará en un 12% (doce por ciento) anual por cada año de edad subsiguiente, con un máximo del 120% (ciento veinte por ciento).

El monto mínimo de la asignación de jubilación por incapacidad total, de la jubilación por edad avanzada y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será de $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) mensuales.

Para los afiliados comprendidos en el artículo 8º, la asignación de jubilación mínima será el 75% (setenta y cinco por ciento) de los mínimos previstos en los incisos anteriores, según corresponda.

En el caso de percibirse más de una pasividad o subsidio transitorio por incapacidad parcial, a cargo del Banco de Previsión Social, los mínimos mencionados en los incisos anteriores, se aplicarán a la suma de todas las pasividades o subsidios.

Los mínimos establecidos en este artículo se aplicarán a quienes ingresen al goce de las prestaciones a partir del 1º de enero del año 2003, rigiendo hasta esa fecha lo dispuesto en el artículo 74.

ARTICULO 40. - (Máximo de jubilación y subsidio).

La asignación de jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada y la del subsidio transitorio por incapacidad parcial otorgadas de acuerdo al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, no podrán exceder de $ 4.125 (pesos uruguayos cuatro mil ciento veinticinco), sin perjuicio de la prestación que pueda corresponder de acuerdo al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

ARTICULO 41. - (Monto del subsidio para expensas funerarias).

El monto del subsidio para expensas funerarias, a que se refiere el artículo 46 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, será de $ 2.300 (pesos uruguayos dos mil trescientos).

CAPITULO IX
DE LA PRESTACION ASISTENCIAL
NO CONTRIBUTIVA

ARTICULO 42. - (Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez).

Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga 70 años de edad, o en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado.

Quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen inferiores al monto de esta prestación o beneficio, recibirán únicamente la diferencia entre ambos importes.

Los extranjeros o ciudadanos legales, para poder acceder al beneficio, deberán tener, por lo menos, quince años de residencia continuada en el país.

TITULO IV
DEL SEGUNDO NIVEL

CAPITULO I

DEL REGIMEN DE JUBILACION POR
AHORRO INDIVIDUAL OBLIGATORIO

ARTICULO 43. - (Alcance del régimen).

El régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio alcanza a los afiliados activos del Banco de Previsión Social en las siguientes situaciones:

a) Por el tramo de las asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

b) Por las asignaciones computables o tramo de las mismas, hasta los $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales, siempre que hubieren realizado la opción prevista en el artículo 8º.

c) En los casos previstos por el inciso 3º del artículo 8º.

ARTICULO 44. - (Recursos del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio).

Las cuentas de ahorro individual a cargo de las entidades administradoras, tendrán los siguientes recursos:

a) Los aportes personales jubilatorios de los trabajadores dependientes y no dependientes, sobre las asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

b) Los aportes personales jubilatorios de quienes hayan hecho la opción de acuerdo al artículo 8º y de quienes estén comprendidos en el inciso 3º del mismo artículo.

c) La contribución patronal especial por servicios bonificados prevista en el artículo 38.

d) Los depósitos voluntarios que realice el afiliado.

e) Los depósitos convenidos que realice cualquier persona física o jurídica a nombre del afiliado.

f) Las sanciones pecuniarias por infracciones tributarias, sobre los aportes destinados a este régimen (Art. 93 del Código Tributario).

g) La rentabilidad mensual del fondo de ahorro previsional que corresponda a la participación de la cuenta de ahorro individual en el total del mismo, al comienzo del mes de referencia, sin perjuicio de las transferencias desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y desde la Reserva Especial.

ARTICULO 45. - (Recaudación de los aportes obligatorios).

Los aportes mencionados en el artículo anterior, literales a), b) y c), son contribuciones especiales de seguridad social y serán recaudados, en forma nominada, por el Banco de Previsión Social, sujetos a los mismos procedimientos y oportunidades que los demás tributos que recauda.

La recaudación de las sanciones pecuniarias (literal f) artículo 44) se distribuirá en las cuentas de ahorro individual, en lo pertinente.

Dentro del plazo que establecerá la reglamentación, con un máximo de hasta 10 días hábiles después de vencido el mes de recaudación, el Banco de Previsión Social deberá hacer el cierra y la versión de los aportes obligatorios a cada entidad administradora y deberá remitir a la misma la relación de los afiliados comprendidos, los sueldos de aportación y los importes individuales depositados.

ARTICULO 46. - (Acreditación de los aportes).

Los aportes y los montos por sanciones pecuniarias correspondientes a infracciones tributarias, transferidos por el Banco de Previsión Social con destino a cada entidad administradora, según lo establecido en el artículo anterior, serán acreditados en las respectivas cuentas de ahorro individual dentro del plazo de 48 horas.

ARTICULO 47. - (Depósitos voluntarios).

El afiliado, cualquiera sea su nivel de ingresos, podrá efectuar, directamente en la entidad administradora, depósitos voluntarios con el fin de incrementar el ahorro acumulado en su cuenta personal.

ARTICULO 48. - (Depósitos convenidos).

Los depósitos convenidos consisten en importes de carácter único o periódico, que cualquier persona física o jurídica convenga con el afiliado depositar en la respectiva cuenta de ahorro personal. Estos depósitos tendrán la misma finalidad que la descrita en el artículo anterior y podrán ingresarse a la Administradora en forma similar.

Los depósitos convenidos deberán realizarse mediante contrato por escrito, que será remitido a la entidad administradora en la que se encuentre incorporado el afiliado, con una anticipación de treinta días a la fecha en que deba efectuarse el único o primer depósito.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a los fines de su consideración tributaria, a determinar topes máximos al monto o porcentaje de estos depósitos.

CAPITULO II
DE LAS PRESTACIONES POR VEJEZ,
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

ARTICULO 49. - (Clasificación de las prestaciones).

Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, con cargo a las cuentas de ahorro individual, son las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial y las pensiones de sobrevivencia.

CAPITULO III
DE LAS CONDICIONES DE ACCESO
A LAS PRESTACIONES

ARTICULO 50.- (Condiciones del derecho jubilatorio).

El acceso a las prestaciones de jubilación del régimen de ahorro individual obligatorio, se regirá por los mismos requisitos aplicables al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional (artículos 17, 18 y 19).

ARTICULO 51. - (Derecho del afiliado incapacitado sin causal).

En el caso que el afiliado se haya incapacitado en forma absoluta y permanente por todo trabajo y no tenga derecho a las prestaciones a que hace referencia el artículo 18, la entidad administradora procederá, a opción del afiliado, a reintegrarle los fondos acumulados en la cuenta de ahorro individual o a transferir los mismos a una empresa aseguradora, a efectos de la constitución de un capital para la obtención de una prestación mensual.

ARTICULO 52. - (Condiciones del derecho pensionario).

Las pensiones de sobrevivencia del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio se regirán por lo dispuesto en los artículos 24, 25, 31, 32, 33 y 34.

El sueldo básico de pensión será el equivalente a la prestación mensual que estuviere percibiendo, por este régimen, el afiliado jubilado o la que le hubiese correspondido al afiliado activo a la fecha de su fallecimiento, con un mínimo equivalente a la jubilación por incapacidad total conforme al artículo 56.

CAPITULO IV
DEL FINANCIAMIENTO, DETERMINACION Y
DEMAS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

ARTICULO 53. - (Financiamiento de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan).

Las prestaciones de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan, se financiarán con el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual que tenga el afiliado en la entidad administradora, al momento de configurarse la causal por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, con cese en la actividad o permaneciendo en la misma siempre que tenga un mínimo de 65 años de edad (artículo 6º, in fine) o desde la fecha de la solicitud, si fuere posterior.

ARTICULO 54. - (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada).

La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida del afiliado y a la tasa de interés respectiva.

ARTICULO 55. - (Pago de las prestaciones).

Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán abonadas por una empresa aseguradora, ajustándose a las siguientes condiciones:

a) El contrato en el que se estipule el pago mensual de dicha prestación será realizado por el afiliado con una empresa aseguradora, a su elección, conforme a los procedimientos que establezcan las normas reglamentarias. La entidad administradora, una vez notificada por el afiliado, quedará obligada a traspasar a la empresa aseguradora los fondos de la cuenta de ahorro individual.

b) A partir de la celebración de dicho contrato, la empresa aseguradora será la única responsable y obligada al pago de la prestación correspondiente al beneficiario hasta su fallecimiento y a partir de éste, al pago de las eventuales pensiones de sobrevivencia.

ARTICULO 56. - (Financiamiento de la jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad).

Las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, serán financiadas por cada entidad administradora, mediante la contratación, con una empresa aseguradora, de un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento.

El seguro colectivo contratado no exime a la entidad administradora de las responsabilidades y obligaciones emergentes de la cobertura de los riesgos mencionados en el inciso primero de este artículo.

El Banco Central del Uruguay fijará las pautas mínimas a que deberá ajustarse dicho contrato de seguro.

ARTICULO 57. - (Afectación del capital acumulado).

A los efectos del seguro contratado para la cobertura de los riesgos mencionados en el artículo anterior, el capital acumulado en la cuenta de ahorro del afiliado en la entidad administradora, a la fecha en que se produzca la incapacidad total, el fallecimiento en actividad o el fallecimiento en el goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será vertido en la empresa aseguradora imputándose como pago parcial de la prima del seguro colectivo mencionado en el artículo anterior.

ARTICULO 58. - (Determinación de la jubilación por incapacidad total y del subsidio transitorio por incapacidad parcial).

La empresa aseguradora pagará una jubilación por incapacidad total o un subsidio transitorio por incapacidad parcial, igual al 45% (cuarenta y cinco por ciento) del promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas (artículo 26, inciso final), sobre las que se aportó al Fondo Previsional en los últimos diez años de actividad, o período efectivo menor de aportación.

ARTICULO 59. - (Regulación de las prestaciones).

Las prestaciones mencionadas en el presente capítulo se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

TITULO V
DEL REGIMEN APLICABLE A LOS AFILIADOS
CON CAUSAL JUBILATORIA

CAPITULO UNICO
ARTICULO 60. (Regulación).

Los afiliados activos del Banco de Previsión Social que, al 31 de diciembre de 1996, tengan configurada causal jubilatoria por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por el régimen vigente a la fecha de sanción de la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo 62.

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las prestaciones en curso de pago a la fecha de su vigencia.

ARTICULO 61. - (Opción por el nuevo régimen).

Los afiliados comprendidos en el inciso primero del artículo anterior, podrán optar, ante el Banco de Previsión Social, por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes al de la vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 62. - (Aplicación del régimen más beneficioso).

Al efectuarse por el Banco de Previsión Social la liquidación de la pasividad correspondiente a los afiliados comprendidos en el artículo 60 y que no hubieren realizado la opción del artículo anterior, se aplicará de oficio el régimen más conveniente al afiliado. A tal efecto se considerará:

A) En forma integral el Régimen General de Pasividades vigente a la fecha de sanción de la presente Ley;

B) El referido Régimen General de Pasividades con excepción del sueldo básico de jubilación, mínimo y máximo de jubilación, que serán los que resulten de la aplicación de los artículos 70, 74 y 75, respectivamente, tomándose las fechas en ellos indicadas o referidas con respecto al cese en la actividad.

TITULO VI
DEL REGIMEN DE TRANSICION

CAPITULO I
ALCANCE DEL REGIMEN

ARTICULO 63. - (Ambito de aplicación).

Los afiliados al Banco de Previsión Social que, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, cuenten con 40 (cuarenta) o más años de edad cumplidos, y no configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996, por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por las disposiciones de este Título, salvo que realicen la opción prevista en el artículo siguiente.

ARTICULO 64. - (Opción).

Los afiliados comprendidos en el artículo anterior podrán optar por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes a la vigencia de la presente Ley.

CAPITULO II
DE LAS PRESTACIONES

ARTICULO 65. - (Prestaciones).

Las prestaciones serán las iniciadas en los artículos 15 y 16.

ARTICULO 66. - (Causal de jubilación común).

Para configurar causal de jubilación común, se requiere un mínimo de treinta y cinco años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 y el cumplimiento de una edad mínima de acuerdo al siguiente detalle:

1. Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

2. Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) 56 (cincuenta y seis) años a partir del 1º de enero de 1997;

b) 57 (cincuenta y siete) años a partir del 1º de enero de 1998;

c) 58 (cincuenta y ocho) años a partir del 1º de enero del 2000; y

d) 59 (cincuenta y nueve) años a partir del 1º de enero del 2001.

A partir del 1º de enero del año 2003 la edad mínima de jubilación de la mujer, por la causal común, será de 60 (sesenta) años.

ARTICULO 67. - (Causal de jubilación por edad avanzada).

Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

A) Un mínimo de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de:

a) 11 (once) años de servicios a partir del 1º de enero de 1997;

b) 12 (doce) años de servicios a partir del 1º de enero de 1998;

c) 13 (trece) años de servicios a partir del 1º de enero del 2001.

A partir del 1º de enero del año 2003 se requerirá un mínimo de 15 años de servicios.

B) El cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Para el hombre, el cumplimiento de 70 (setenta) años de edad.

2. Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) 66 (sesenta y seis) años a partir del 1º de enero de 1997;

b) 67 (sesenta y siete) años a partir del 1º de enero de 1998;

c) 68 (sesenta y ocho) años a partir del 1º de enero del 2000; y

d) 69 (sesenta y nueve) años a partir del 1º de enero del 2001.

A partir del 1º de enero del año 2003, se requerirá, para la mujer, un mínimo de 70 (setenta) años de edad para configurar la causal por edad avanzada.

ARTICULO 68. - (Jubilación por incapacidad total).

La causal jubilatoria por incapacidad total se regirá por lo dispuesto en el artículo 18, salvo en lo que hace a los períodos mínimos indicados en los literales a) y c) del mismo, lo que se entenderán referidos a años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76.

ARTICULO 69. - (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).

El subsidio transitorio por incapacidad parcial se regirá por las disposiciones establecidas en los artículos 21, 22 y 23. Para el caso de la mujer, a efectos de la aplicación del artículo 23, se tomarán en cuenta las fechas y edades mínimas previstas en el artículo 66.

ARTICULO 70. - (Sueldo básico jubilatorio).

El sueldo básico jubilatorio se determinará:

a) Para quienes configuren causal a partir del 1º de enero del año 1997, por el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los diez últimos años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76.

b) Para quienes configuren causal en los años siguientes y hasta que se disponga de un período de 20 (veinte) años registrados en la historia laboral, por el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 (diez) últimos años de servicios, siempre que tal promedio no exceda en un 5% (cinco por ciento) el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas del período registrado, si éste fuere menor de 20 (veinte) y mayor de 10 (diez) años. Si excediere se aplicará este último promedio con el referido incremento.

Si fuera más favorable para el trabajador, el sueldo básico de jubilación será el promedio mensual de las asignaciones computables del período registrado en la historia laboral, si éste fuere menor de 20 (veinte) y mayor de 10 (diez) años.

c) Cuando se disponga de un período de 20 (veinte) años registrados en la historia laboral, se aplicará lo dispuesto en el artículo 26.

d) Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computados no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los apartados anteriores de este artículo, se tomará el promedio de asignaciones computables actualizadas correspondiente al período o períodos de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76, o período efectivamente registrados.

La actualización se hará en la forma indicada en el artículo 26.

ARTICULO 71. - (Asignación de jubilación común).

La asignación de jubilación común será la que resulte de la aplicación del artículo 28.

ARTICULO 72. - (Asignación de jubilación por edad avanzada).

La asignación de jubilación por edad avanzada se regirá por lo dispuesto en el artículo 28, no pudiendo superar la que resultaría de lo dispuesto en el literal e) del artículo 53 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 62 de la Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

ARTICULO 73. - (Asignación de jubilación por incapacidad total y subsidio transitorio por incapacidad parcial).

La asignación de jubilación por incapacidad total y el monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial serán equivalentes al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico establecido de acuerdo al artículo 70.

ARTICULO 74. - (Monto mínimo de jubilación).

El monto mínimo de la asignación de jubilación común, para quienes ingresen en el goce de la pasividad a partir del 1º de enero de 1997 será de $ 550 (quinientos cincuenta pesos uruguayos).

El referido monto mínimo, será incrementado en un 4% (cuatro por ciento) anual a partir del 1 de enero del año 1999, por cada año de edad que exceda los sesenta al ingresar al goce de la pasividad. Dicho porcentaje será del 8% (ocho por ciento) a partir del 1º de enero del año 2001 y 12% (doce por ciento) a partir del 1º de enero del año 2003, con un máximo del 120% (ciento veinte por ciento).

El monto mínimo de la asignación mensual de jubilación por incapacidad total, de la jubilación por edad avanzada y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será de $ 550 (quinientos cincuenta pesos uruguayos) a partir del 1º de enero de 1997, $ 680 (seiscientos ochenta pesos uruguayos) a partir del 1º de enero de 1999, $ 810 (ochocientos diez pesos uruguayos) a partir del 1º de enero del año 2001 y $ 950 a partir del 1º de enero del año 2003.

Cuando se acumule más de una pasividad o subsidio, servidos por el Banco de Previsión Social, el mínimo resultante de acuerdo a los incisos anteriores de este artículo será igualmente aplicable a la suma de todas las pasividades o subsidios que perciba el titular o beneficiario.

ARTICULO 75. - (Máximo de jubilación y subsidio transitorio por incapacidad parcial).

La asignación de jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada y la del subsidio transitorio por incapacidad parcial para quienes ingresen al goce de la pasividad o subsidio, a partir del 1º de enero de 1997, será de $ 4.300 (cuatro mil trescientos pesos uruguayos), el que se elevará en $ 300 (trescientos pesos uruguayos) por año para quienes lo hagan en los 6 (seis) años siguientes.

Para quienes ingresen al goce de la pasividad o subsidio a partir del 1 de enero del año 2003, el monto máximo de la prestación será de $ 6.100 (seis mil cien pesos uruguayos).

Cuando se acumule más de una pasividad o subsidio, servidos por el Banco de Previsión Social, o en los casos de las asignaciones de pasividad que, a la fecha de sanción de la presente Ley, tengan un monto máximo establecido en 15 (quince) veces el importe del Salario Mínimo Nacional mensual el máximo será el vigente al 1º de mayo de 1995, el que se ajustará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12.

ARTICULO 76.- (Reconocimiento de servicios).

Los servicios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado organismo cuando sean acreditados ante el mismo mediante prueba documental tanto en los años de actividad, como en el monto computable y en las aportaciones correspondientes.

La reglamentación podrá admitir otros medios de prueba, a los efectos de acreditar servicios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la historia labora, solamente cuando se trate de una única pasividad.

Los trabajadores dependientes no deberán probar la aportación, ni serán responsables por la misma.

Los afiliados activos deberán efectuar, en los plazos, forma, condiciones y requisitos que la reglamentación a dictar establezca, una declaración detallada de todos sus servicios anteriores. Vencidos los plazos establecidos por dicha reglamentación no se admitirá la denuncia de servicios anteriores.

Los servicios posteriores a la implementación efectiva de la historia laboral, sólo se reconocerán en tanto estén registrados en la misma.

ARTICULO 77. - (Pensión a la vejez e invalidez).

Las modificaciones al beneficio de la pensión a la vejez e invalidez previsto por el artículo 42, serán de aplicación a partir
del 1º de enero de 1997.

ARTICULO 78. - (Régimen pensionario).

Las modificaciones establecidas al régimen de pensiones en el Título III, entrarán en vigencia a partir de los diez días siguientes al de la fecha de publicación de esta Ley.

El régimen pensionario aplicable en cada caso, será el vigente a la fecha de configuración de la respectiva causal de pensión.

TITULO VII

DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL Y
DEL REGISTRO DE HISTORIA LABORAL

CAPITULO I
DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL

ARTICULO 79. - (Cometidos. Modificación).

Sustitúyense los numerales 4º y 6º del artículo 4º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, por los siguientes:

"4º) Proponer al Poder Ejecutivo, la fijación del monto de las prestaciones a su cargo y ajustar en forma provisoria o definitiva, según el caso, las asignaciones de jubilación y pensión a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución de la República.

6º) Llevar el registro de historia laboral y los demás registros y cuentas de sus afiliados activos, pasivos y contribuyentes, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones pertinentes".

ARTICULO 80. - (Cometidos. Incorporación).

Agrégase al artículo 4º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, el siguiente numeral:

"15) Constituir y organizar, con independencia del patrimonio del Ente y en régimen de derecho privado, actuando solo o en forma conjunta con instituciones financieras del Estado, una entidad administradora de fondos de ahorro previsional".

ARTICULO 81. - (Cometidos. Sustitución).

Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, en la redacción dada por el artículo 548 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 9º. - (Competencias del Directorio del Banco de Previsión Social).

Las competencias del Directorio del Banco de Previsión Social serán las siguientes:

1) Efectuar el planeamiento estratégico de la Institución y el control general de la gestión y dirigir el servicio a su cargo con las más amplias facultades de administración y disposición.

2) Atribuir, mediante la modalidad de desconcentración, las materias propias de su competencia, incluidas las correspondientes a Activos y Pasivos entre otras, a los diversos órganos que conformen la estructura del Banco, sin perjuicio de su derecho de avocación sobre los asuntos que, a su juicio, así lo justifiquen.

Dicha atribución, podrá ser ejercida en las oportunidades y condiciones que se determinen por el propio Directorio.

3) Designar y cesar al Gerente General y a los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, debiendo contar para ello con cuatro votos conformes.

4) El Directorio del Banco de Previsión Social a través de la Gerencia General ejercerá sobre los órganos desconcentrados que existieren, la coordinación de los respectivos servicios y la superintendencia directiva, correctiva y funcional de las competencias no desconcentradas.

5) Aprobar o rechazar las prestaciones a cargo del Organismo.

6) Destituir a sus funcionarios por ineptitud, omisión o delito, por resolución fundada y previo sumario administrativo. Para la destitución se requerirán cuatro votos conformes.

7) Dictar, cumplir, y hacer cumplir las reglamentaciones internas necesarias para el funcionamiento del servicio.

8) Aprobar el Reglamento General y el Estatuto del Funcionario del Banco de acuerdo al artículo 63 de la Constitución de la República.

9) Proyectar su presupuesto de conformidad con el artículo 220 de la Constitución de la República.

10) Designar al personal del Banco de Previsión Social, y aprobar los ascensos según lo establezcan las normas del Estatuto del Funcionario.

11) Elevar y publicar el balance anual y divulgar la memoria de gestión.

12) Recibir inmuebles en pago de sus créditos en cuyo caso el valor que se les asigne no podrá ser superior a la tasación que practique la Dirección General del Catastro Nacional.

Tales inmuebles podrá transferirlos, mediante acuerdo, al Banco Hipotecario del Uruguay o a los Gobiernos Departamentales.

El Banco de Previsión Social podrá asimismo recibir en pago de sus créditos bienes muebles, los que serán aceptados por el valor que les asigne un cuerpo de tres tasadores, uno designado por el Directorio del Ente, otro por el deudor proponente y el tercero por los dos anteriores de común acuerdo. En caso de que el deudor no designe su tasador, o que no exista acuerdo para nominar el tercer perito, el Directorio del Banco, queda facultado para aceptar la tasación que formule el perito por él designado.

13) Integrar Comisiones Asesoras Honorarias cuyas competencias serán fijadas por la reglamentación respectiva.

14) Designar al Secretario General con cargo de particular confianza.

15) Delegar, por resolución fundada, en la Gerencia General y en los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, las atribuciones que estime convenientes".

ARTICULO 82. - (Titularidad de funciones).

La titularidad de las funciones de Gerente General, órganos desconcentrados que existieren y Asesoría Tributaria y Recaudación será provista de conformidad con lo previsto por el numeral 3º del artículo 9º de la Ley Nº 15.800, de 17 de enero de 1986, en la redacción dada por el artículo 81, debiendo recaer en personas de reconocida solvencia y acreditados méritos en administración, previa evaluación de su idoneidad técnica.

ARTICULO 83. - (Emisión de cheques).

En los cheques emitidos por el Banco de Previsión Social, destinados al pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, podrá sustituirse la firma autógrafa por signos o contraseñas impuestos o impresos mecánica o electrónicamente.

ARTICULO 84. - (Gastos globales de funcionamiento).

Los gastos globales de funcionamiento e inversiones de los servicios comprendidos en el sistema no podrán superar el 6% (seis por ciento) de la totalidad de los egresos.

CAPITULO II
DEL REGISTRO DE HISTORIA LABORAL

ARTICULO 85. - (Historia laboral).

El Banco de Previsión Social está obligado a mantener al día los registros de historia laboral de sus afiliados activos (artículo 7º de la Ley Nº 16.190, de 20 de junio de 1991).

Dichos registros serán realizados de acuerdo a las siguientes normas:

a) Se registrará, como mínimo, tiempo de servicios, asignaciones computables y aportes pertinentes por cada empresa, declarados por el sujeto pasivo (artículo 86) o el interesado (artículo 87), en su caso, así como lo que resulte de las actuaciones inspectivas efectuadas por la institución.

b) En el caso de trabajadores no dependientes sólo se registrarán aquellos servicios y asignaciones computables por los que se haya cotizado.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fecha a partir de la cual entrará a regir la historia laboral, pudiendo establecerse una fecha anterior a la de esta ley, de acuerdo a la información de que disponga o pueda disponer el Banco de Previsión Social.

ARTICULO 86. - (Formación del registro de historia laboral).

Todos los sujetos pasivos de contribuciones especiales de seguridad social están obligados a presentar una declaración, en los plazos y forma que indique la reglamentación, con la información necesaria a efectos de la formación del registro de historia laboral.

Dicha declaración, deberá presentarse se hayan o no efectuado los aportes correspondientes.

En caso que el sujeto pasivo no haya efectuado los correspondientes aportes y presente esta declaración, la multa por mora prevista en el artículo 94 del Código Tributario será del 10% (diez por ciento) del importe del tributo no pagado en plazo.

La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada por el Banco de Previsión Social con una multa de una a cincuenta Unidades Reajustables por cada afiliado comprendido en la infracción.

ARTICULO 87. - (Derecho de iniciativa del trabajador).

En caso de incumplimiento de la obligación prevista en el artículo anterior, los trabajadores, individual o colectivamente, podrán suplir a su empleador en el cumplimiento de dicha obligación.

El Banco de Previsión Social deberá comprobar la veracidad de la información suministrada.

ARTICULO 88. - (Información al trabajador).

La información a remitir al trabajador por el Banco de Previsión Social de acuerdo al artículo 7º de la Ley Nº 16.190, de 20 de junio de 1991 será la que surja del registro de historia laboral, la que será notificada en debida forma, sin perjuicio del derecho del trabajador de solicitar, en cualquier momento, dicha información.

El Banco de Previsión Social, previa solicitud de sus afiliados activos, podrá transferir electrónicamente la información sobre su historia laboral a instituciones de intermediación financiera o de crédito.

ARTICULO 89. - (Observación de la información).

El afiliado dispondrá de un plazo de 180 (ciento ochenta) días para observar la información, a partir de que la misma le haya sido notificada en forma fehaciente.

La no observación de dicha información por parte del afiliado en el plazo indicado, determinará la inalterabilidad de la información registrada.

La resolución que recaiga sobre la observación constituye un acto administrativo recurrible de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º y siguientes de la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987.

ARTICULO 90. - (Protección al trabajador).

Los empleadores no podrán despedir al trabajador como consecuencia de haber observado la información que le fuera comunicada por el Banco de Previsión Social. El despido acaecido dentro de los ciento ochenta días de efectuada la observación, se presumirá, salvo prueba en contrario, efectuado a causa o en razón de la misma, debiendo abonar el empleador, en dicho caso, una indemnización por despido igual al triple de la que legalmente correspondiere.

TITULO VIII
DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL
DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

CAPITULO I
DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS
DE AHORRO PREVISIONAL

ARTICULO 91. - (Entidades receptoras de los ahorros).

Los aportes destinados al régimen de jubilación por ahorro individual serán administrados por personas jurídicas de derecho privado, organizadas mediante la modalidad de sociedades anónimas, denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), en adelante también Administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y controles previstos en esta ley.

El Banco de Previsión Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado, actuando conjunta o separadamente podrán formar Administradoras, de las cuales serán propietarios.

Asimismo, las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, las cooperativas, las asociaciones civiles, las asociaciones de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otra persona de derecho público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social, podrán formar Administradoras.

A los efectos de este artículo también quedan habilitadas a formar Administradoras las instituciones de intermediación financiera privadas mencionadas por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, concordantes y modificativos.

ARTICULO 92. - (Autorización).

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional serán autorizadas a funcionar por resolución del Poder Ejecutivo, la que deberá adoptarse con la opinión previa del Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 93. - (Requisitos para iniciar actividades).

El Poder Ejecutivo fijará la fecha a partir de la cual las Administradoras autorizadas a funcionar podrán comenzar a realizar publicidad y a captar afiliados, de acuerdo a las previsiones de esta Ley. Una de dichas Administradoras deberá, obligatoriamente, constituirse por el Banco de Previsión Social, solo o conjuntamente con otra u otras de las entidades mencionadas en el inciso segundo del artículo 91.

ARTICULO 94. - (Objeto).

Las Administradoras tendrán como objeto exclusivo, la administración de un único Fondo de Ahorro Previsional, debiendo llevar su propia contabilidad completamente separada de la del respectivo Fondo.

ARTICULO 95. - (Denominación).

La denominación social de las Administradoras deberá incluir la frase "Administradora de Fondos de Ahorro Previsional" o la sigla "AFAP" quedando prohibido mencionar en la misma:

a) Nombres de personas físicas.

b) Nombres o siglas de personas jurídicas existentes o que hubieren existido en el lapso de diez años anteriores a la vigencia de la presente Ley.

c) Nombre de entidades extranjeras que actúen en ramas financieras, aseguradoras, de administración de fondos u otras similares.

d) Nombres de fantasía que pudieran inducir a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de la entidad.

ARTICULO 96. - (Capital mínimo).

El capital mínimo necesario para la constitución de una Administradora será de 60.000 U.R. (sesenta mil unidades reajustables de las previstas en el artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968), el cual deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo en el momento de su autorización.

Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones indicadas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el plazo máximo de dos años contados desde la fecha de la resolución que autorice la existencia de la sociedad.

Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro Previsional, el patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser menor al importe mencionado en el inciso primero de este artículo, o al 2% (dos por ciento) del valor del mencionado Fondo, si este fuere mayor.

Si el patrimonio se redujere por cualquier causa, debajo del mínimo exigido, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres meses contados desde el momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder Ejecutivo, con la opinión previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar la autorización para funcionar y dispondrá la liquidación de la Administradora.

ARTICULO 97. - (Publicidad).

Las Administradoras sólo podrán realizar publicidad a partir de la fecha de la resolución que autorice su funcionamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93. La publicidad deberá ser veraz y no inducir a equívocos o confusiones.

ARTICULO 98. - (Información al público).

Las Administradoras deberán mantener en sus oficinas, en un lugar claramente visible para el público, como mínimo, la siguiente información escrita y actualizada:

1. Antecedentes de la institución, indicando el nombre y apellido de sus directores, administradores, gerentes y síndicos.

2. Balance general del último ejercicio, estados de resultados y de distribución de utilidades, si lo hubiere.

3. Valor del Fondo de Ahorro Previsional, del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial.

4. Régimen e importe de las comisiones vigentes.

5. Composición de la cartera de inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y nombre de las entidades depositarias de los títulos y de los depósitos, así como de las empresas aseguradoras, en donde se hubiera contratado el seguro de los riesgos de invalidez y de fallecimiento en actividad.

Esta información deberá ser actualizada mensualmente, dentro de los primeros 10 (diez) días de cada mes, o en ocasión de cualquier acontecimiento que pueda alterar en forma significativa el contenido de la información a disposición del público.

ARTICULO 99. - (Información al afiliado).

La Administradora deberá enviar periódicamente, al menos cada 6 (seis) meses, al domicilio de cada uno de sus afiliados, la siguiente información mínima referente a la composición del saldo de su cuenta de ahorro individual:

1. Saldo de la cuenta respectiva en Unidades Reajustables al inicio del período.

2. Tipo de movimiento, fecha e importe en Unidades Reajustables. Cuando el movimiento se refiera a los débitos se deberá discriminar en su importe el costo de la comisión, la prima del seguro por invalidez y fallecimiento y otros conceptos autorizados. A tal efecto las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para tal discriminación.

3. Saldo de la respectiva cuenta en Unidades Reajustables, al final del período.

4. Valor de la Unidad Reajustable al momento de cada movimiento.

5. Rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional.

6. Rentabilidad promedio del régimen y comisión promedio del régimen.

Esta comunicación podrá librarse como mínimo una vez al año, a los afiliados que no registren movimientos por aportes en su cuenta durante el último período que deba ser informado.

La reglamentación podrá disponer el aumento de la frecuencia de la información al afiliado.

El afiliado que lo solicite expresamente ante la Administradora respectiva, podrá obtener información de su cuenta personal en cualquier momento.

ARTICULO 100. - (Contabilidad separada).

La Administradora deberá llevar contabilidad separada del Fondo de Ahorro Previsional, en donde se registrarán todos los movimientos relativos a los ingresos y egresos.

El Banco Central del Uruguay diseñará el plan de cuentas único a utilizar por las Administradoras y éstas deberán ceñirse a esas normas en todas sus informaciones contables.

ARTICULO 101. - (Comisiones).

Las Administradoras tendrán derecho a una retribución de parte de sus afiliados, mediante el cobro de comisiones que serán debitadas de las respectivas cuentas de ahorro individual. Las comisiones serán el único ingreso de la Administradora, a cargo de los afiliados.

El importe de las comisiones será establecido libremente por cada Administradora y su aplicación será uniforme para todos sus afiliados.

ARTICULO 102. - (Régimen de comisiones).

El régimen de comisiones que cada Administradora fije se ajustará a los siguientes lineamientos:

1. Sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones: la acreditación de los aportes obligatorios y la acreditación de los depósitos voluntarios y convenidos.

2. La comisión por acreditación de los aportes obligatorios y de los depósitos voluntarios o convenidos, sólo podrá establecerse como una suma fija por operación, como un porcentaje del aporte que le dio origen o como una combinación de ambos.

ARTICULO 103. - (Bonificación de las comisiones).

Las Administradoras que así lo estimen conveniente podrán introducir esquemas de bonificación a las comisiones establecidas en el artículo anterior, los que no deberán contener discriminaciones para los afiliados que se encuentren comprendidos en una misma categoría. La definición de estas categorías de afiliados sólo podrá ser efectuada en atención a la cantidad de meses que registren aportes en la correspondiente Administradora. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento para la determinación de las respectivas categorías.

El importe de la bonificación deberá establecerse como una quita sobre el esquema de comisiones vigente, debiendo ser aplicado en forma simultánea al cobro de las respectivas comisiones. El importe bonificado quedará acreditado en la respectiva cuenta de ahorro individual del afiliado.

ARTICULO 104. - (Inhabilitaciones).

Para los cargos de directores, administradores, gerentes y síndicos de una Administradora, regirán las inhabilitaciones mencionadas en el Art. 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el Art. 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

CAPITULO II

DE LA AFILIACION

ARTICULO 105. - (Elección de la Administradora).

Todo afiliado que se incorpore al régimen de ahorro deberá elegir libremente una Administradora.

La opción se realizará directamente ante la misma, la cual hará llegar al Banco de Previsión Social una copia de la solicitud de incorporación en un plazo de cinco días hábiles. El mismo procedimiento corresponderá cuando el afiliado cambie de Administradora.

La libertad de elección de Administradora no podrá ser afectada por ningún mecanismo ni acuerdo, quedando prohibido condicionar el otorgamiento de beneficios o premios, a la afiliación o cambio del trabajador a una determinada Administradora.

El afiliado deberá incorporarse a una única Administradora aunque el mismo prestare servicios para varios empleadores o realizare simultáneamente tareas como trabajador dependiente y no dependiente.

ARTICULO 106. - (Obligación de incorporación de afiliados).

Las Administradoras deberán aceptar la incorporación de todo afiliado efectuada conforme a las normas de esta Ley y no podrán realizar discriminación alguna entre los mismos, salvo las expresamente contempladas en la presente Ley.

ARTICULO 107. - (Asignación de Administradora).

Si el afiliado no realizare la elección de Administradora, la asignación de la misma será efectuada por el Banco de Previsión Social, en forma proporcional a los afiliados incluidos en cada una de ellas a la fecha de incorporación.

ARTICULO 108. - (Derecho de traspaso a otra Administradora).

Todo afiliado que cumpla las normas del artículo siguiente tiene derecho a cambiar de Administradora, para lo cual deberá notificar fehacientemente a aquélla en la que se encuentre incorporado. El cambio tendrá efecto a partir del segundo mes siguiente al de la solicitud y estará sujeto a lo que dispongan las normas reglamentarias.

ARTICULO 109. - (Condiciones para el traspaso).

El derecho a traspaso por parte del afiliado se limitará a dos veces por año calendario y se podrá realizar siempre que se registren, al menos 6 (seis) meses de aportes en la entidad que se abandona.

CAPITULO III

DEL FONDO DE AHORRO

PREVISIONAL

ARTICULO 110. - (Naturaleza del Fondo de Ahorro Previsional).

El Fondo de Ahorro Previsional definido en esta Ley es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora. El mismo estará constituido por las disponibilidades transitorias y las inversiones realizadas y estará destinado únicamente a financiar las prestaciones, indicadas en el artículo 49.

La propiedad del Fondo de Ahorro Previsional será de los afiliados al mismo y estará sujeta a las limitaciones y destinos establecidos en esta ley.

ARTICULO 111. - (Inembargabilidad del patrimonio).

Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Ahorro Previsional serán inembargables.

En caso de que la Administradora entre en liquidación judicial, el Fondo de Ahorro Previsional será administrado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138.

ARTICULO 112. - (Recursos del Fondo de Ahorro Previsional).

El Fondo de Ahorro Previsional de cada Administradora se integrará con los siguientes recursos:

a) Los importes destinados al régimen de ahorro según los literales a) al f) del artículo 44.

b) Los fondos acumulados por los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso desde otra Administradora.

c) La rentabilidad correspondiente a las inversiones efectuadas de acuerdo con las disposiciones del artículo 122.

d) Las transferencias de fondos provenientes de la Reserva Especial, en las condiciones fijadas en el artículo 121.

e) Las transferencias del Estado realizadas en las condiciones establecidas en el artículo 121.

ARTICULO 113. - (Deducciones del Fondo de Ahorro Previsional).

El Fondo de Ahorro Previsional de cada administradora admitirá las siguientes deducciones:

a) Las sumas correspondientes al pago de las comisiones de los afiliados a la Administradora.

b) El pago de la prima del seguro de invalidez y fallecimiento a una empresa aseguradora autorizada a girar en el ramo de seguros de vida, en adelante empresa aseguradora, de acuerdo al artículo 56.

c) La transferencia de fondos a las empresas aseguradoras para el pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 53.

d) La transferencia de los fondos correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso hacia otra Administradora.

e) la comisión de custodia establecida según el artículo 125.

ARTICULO 114. - (Participación en la copropiedad del Fondo de Ahorro Previsional).

La participación de cada uno de los afiliados en la copropiedad del Fondo de Ahorro Previsional, se determinará mensualmente como el cociente entre el saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor total del mencionado Fondo. Dicha participación es inembargable.

ARTICULO 115. - (Rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional).

La rentabilidad nominal anual del Fondo de Ahorro Previsional, es el porcentaje de variación, durante los últimos 12 (doce) meses del valor de la Unidad Reajustable, acumulada a la rentabilidad real de dicho Fondo.

La rentabilidad real mensual del Fondo de Ahorro Previsional, es el porcentaje de variación mensual experimentado por el mismo, medido en Unidades Reajustables, excluyendo los ingresos por aportes y traspasos entre Administradoras, así como los traspasos desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y las deducciones mencionadas en el artículo 113. La rentabilidad real anual se calculará por la acumulación de las rentabilidades reales mensuales.

El cálculo de estos índices y todos los que de ellos se deriven se realizarán mensualmente.

ARTICULO 116. - (Rentabilidad del régimen).

La rentabilidad nominal y real promedio del régimen se determinará calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de cada Fondo de Ahorro Previsional, según el mecanismo que fijen las normas reglamentarias.

La Administradoras serán responsables de que la rentabilidad real del respectivo Fondo de Ahorro Previsional, no sea inferior a la rentabilidad real mínima anual del régimen, la que se determinará en forma mensual.

La rentabilidad real mínima anual promedio anual del régimen es la menor entre el 2% (dos por ciento) y la rentabilidad real promedio del régimen menos 2 (dos) puntos porcentuales.

Los requisitos de rentabilidad mínima no serán de aplicación a las Administradoras que cuenten con menos de 12 (doce) meses de funcionamiento.

ARTICULO 117. - (Fondo de Fluctuación de Rentabilidad).

En cada Administradora, como parte del Fondo de Ahorro Previsional, habrá un Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, con el objeto de garantizar la rentabilidad real mínima a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 118. - (Integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad).

El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad se integrará en forma mensual y siempre que la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuese positiva. El mismo se integrará con todo exceso de la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional sobre la rentabilidad promedio del régimen, incrementada en un 2% (dos por ciento). El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad estará expresado en Unidades Reajustables.

ARTICULO 119. - (Aplicación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad).

El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad tendrá los siguientes destinos:

a) Cubrir la diferencia entre la rentabilidad real mínima del régimen definida en el artículo 116 y la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional, en caso de que ésta fuera menor.

b) Acreditar obligatoriamente en las cuentas de ahorro individual de los afiliados, los fondos acumulados que superen por más de un año el 5% (cinco por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

c) Incrementar, en la oportunidad que la Administradora así lo estime conveniente, la rentabilidad incorporada en las cuentas de ahorro individual en un mes determinado, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:

1. Luego de la afectación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, el saldo de éste represente como mínimo el 3% (tres por ciento) del importe del Fondo de Ahorro Previsional.

2. No se podrá, en un mes dado, disminuir más del 10% (diez por ciento) del correspondiente Fondo de Fluctuación de Rentabilidad.

d) Imputar al Fondo de Ahorro Previsional el saldo total del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, a la fecha de liquidación o disolución de la Administradora.

ARTICULO 120. - (Reserva Especial).

Las Administradoras deberán integrar y mantener en todo momento, una reserva equivalente por lo menos el 2% (dos por ciento) del Fondo de Ahorro Previsional respectivo, deducidas las inversiones en valores emitidos por el Estado uruguayo, que se denominará Reserva Especial. Dicha Reserva, no podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del capital mínimo fijado en el artículo 96 y tendrá por objeto responder a los requisitos de rentabilidad real mínima a que se refiere el artículo siguiente.

El cálculo de la Reserva Especial mínima se efectuará en forma mensual, teniendo en cuenta el valor del Fondo de Ahorro Previsional y la composición de sus inversiones al fin del mes anterior.

La Reserva Especial deberá ser invertida en los mismos instrumentos autorizados para el Fondo de Ahorro Previsional y con iguales limitaciones. Los bienes y derechos que la componen serán inembargables.

Todo déficit de la Reserva Especial, no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo siguiente, se regirá por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto fijen las normas reglamentarias.

ARTICULO 121. - (Garantías de la rentabilidad mínima).

Cuando la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuere, en un mes dado, inferior a la rentabilidad real mínima del régimen y esta diferencia no pudiere ser cubierta por el respectivo Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, la Administradora deberá aplicar los recursos de la Reserva Especial a tal efecto. Si no lo hiciera, el Banco Central del Uruguay la intimará a hacerlo en un plazo de diez días, a partir de la notificación respectiva. Si aplicados totalmente los recursos de la Reserva Especial, no se pudiere completar la deficiencia de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional, el Estado completará la diferencia, la que deberá ser reintegrada dentro del plazo que en cada caso fije el Poder Ejecutivo.

La Administradora que no hubiere cubierto la rentabilidad mínima del régimen o recompuesto la Reserva Especial dentro de los quince días siguientes al de su afectación, se disolverá de pleno derecho, debiendo liquidarse según lo establecen los artículos 137 y 138.

CAPITULO IV

DE LAS INVERSIONES

ARTICULO 122. - (Inversiones permitidas)

El Fondo de Ahorro Previsional se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad de plazos, de acuerdo con sus finalidades y respetando los límites fijados por esta ley y las normas reglamentarias.

Las Administradoras podrán invertir los recursos del Fondo de Ahorro Previsional en:

a) Valores emitidos por el Estado uruguayo, hasta el 60% (sesenta por ciento) del total del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

b) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento).

c) Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera que se realicen en las instituciones de intermediación financiera instaladas en el país, autorizadas a captar depósitos, hasta el 30% (treinta por ciento).

d) Valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas que coticen en algún mercado formal, con aprobación previa del Banco Central del Uruguay hasta el 25% (veinticinco por ciento).

e) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales o forestales, garantizados por entidades financieras autorizadas a funcionar en el país, a través de la emisión de certificados de depósito, hasta el 20% (veinte por ciento).

f) Colocaciones en instituciones públicas o privadas, garantizadas por las mismas, a efectos de que éstas concedan préstamos personales a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social, hasta dos años de plazo y tasa de interés no inferior a la evolución del Indice Medio de Salarios en los últimos doce meses, más cinco puntos porcentuales. El máximo del préstamo en estas condiciones no podrá superar los seis salarios de actividad o pasividad. El importe a prestar no excederá del 15% (quince por ciento) del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Las inversiones mencionadas en el literal a) podrán alcanzar hasta el 100% (cien por ciento) en el primer año de vigencia del régimen de ahorro, reduciéndose en diez puntos porcentuales por año, hasta llegar al 60% (sesenta por ciento) mencionado.

La suma de las inversiones mencionadas en los literales b), c), d), e) y f) no podrán exceder del 20% (veinte por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional en el primer año, incrementándose en diez puntos porcentuales anuales, hasta un máximo del 70% (setenta por ciento).

La suma de las inversiones mencionadas en los literales d), e) y f), no podrán exceder del 30% (treinta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

ARTICULO 123. - (Prohibiciones).

El Fondo de Ahorro Previsional no podrá ser invertido en los siguientes valores:

a) Valores emitidos por otras Administradoras que se creen de acuerdo con esta Ley.

b) Valores emitidos por empresas aseguradoras.

c) Valores emitidos por sociedades constituidas en el extranjero, con excepción de las empresas de intermediación financiera autorizadas a girar en el país.

d) Valores emitidos por las sociedades financieras de inversión.

e) Valores emitidos por empresas vinculadas a la respectiva Administradora, ya sea directamente o por su integración a un conjunto económico.

f) Acciones escriturales, preferidas y de goce, definidas por la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

En ningún caso las Administradoras podrán realizar operaciones de caución, ni operaciones financieras que requieran constitución de prendas o garantías sobre el activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Las prohibiciones indicadas en el presente artículo serán controladas y reglamentadas por el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 124. - (Disponibilidad transitoria).

El activo del Fondo de Ahorro Previsional, en cuanto no sea inmediatamente aplicado según lo establecido por el artículo 122, será depositado en entidades de intermediación financiera, en cuentas identificadas como integrantes del mencionado Fondo.

De dichas cuentas sólo podrán efectuarse retiros destinados a la realización de inversiones para el Fondo de Ahorro Previsional y al pago de las comisiones y transferencias autorizadas por el artículo 113.

Las cuentas serán mantenidas en instituciones autorizadas a realizar operaciones de intermediación financiera en el país, de acuerdo a los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

La suma de las disponibilidades transitorias y de las inversiones permanentes mencionadas en los literales c) y e) del artículo 122 no podrán exceder, en una sola institución financiera, el 15% (quince por ciento) del valor total del Fondo de Ahorro Previsional.

ARTICULO 125. - (Custodia de los títulos).

Los títulos representativos de las inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y de la Reserva Especial deberán mantenerse en una sola institución de intermediación financiera autorizada a captar depósitos u otras instituciones que el Banco Central del Uruguay autorice.

En forma mensual, el Banco Central del Uruguay informará al depositario el monto mínimo que cada Administradora deberá mantener en custodia. La entidad depositaria será responsable de este control y deberá comunicar al Banco Central del Uruguay las insuficiencias que se verifiquen.

Las comisiones de custodia serán libremente fijadas entre las partes y comunicadas al Banco Central del Uruguay.

CAPITULO V

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
DE LAS ADMINISTRADORAS Y EMPRESAS ASEGURADORAS

ARTICULO 126. - (Responsabilidades y obligaciones de las Administradoras).

Las Administradoras serán responsables y estarán obligadas a:

a) Traspasar a las empresas aseguradoras los saldos acumulados en las cuentas de ahorro individual, a efectos del pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 49, con excepción del subsidio transitorio por incapacidad parcial.

b) Contratar con una empresa aseguradora un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, en las condiciones del artículo 56, considerando como pago parcial de la misma, el capital acumulado en la cuenta de ahorro de los afiliados, a la fecha en que se produzca la incapacidad, el fallecimiento en actividad o el fallecimiento en goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial.

c) Traspasar a la empresa aseguradora correspondiente el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, cuando se den las condiciones establecidas en el artículo 57.

ARTICULO 127. - (Responsabilidades y obligaciones de las empresas aseguradoras).

Las empresas aseguradoras, siempre que realicen operaciones establecidas en la presente Ley, estarán obligadas a:

a) Servir en forma mensual las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, de acuerdo a las condiciones mencionadas en el artículo 55.

b) Servir en forma mensual las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y las pensiones por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, por la parte sujeta al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio y siempre que los afiliados hubieran estado incluidos en la póliza de seguro de vida colectivo mencionado en el artículo 56. En caso de que el afiliado no hubiera estado incluido en la póliza respectiva, la responsabilidad de su pago será de la Administradora.

c) Formar el capital técnico necesario para cubrir las prestaciones mencionadas en los literales a) y b) de este artículo, conforme a las instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay.

CAPITULO VI

REGIMEN IMPOSITIVO

ARTICULO 128. - (Tratamiento de los depósitos convenidos).

Los depósitos convenidos que se realicen de acuerdo al artículo 48, serán deducibles de la renta bruta para liquidar los impuestos establecidos en los Títulos 4 (IRIC) Y 8 (IRA) del "T.O.1991".

Dichos depósitos también se podrán deducir como Rubro de Deducción Condicionada, del impuesto definido en el Título 7 (IMAGRO) del "T.O.1991", no rigiendo a estos efectos el tope máximo del 20% (veinte por ciento) del ingreso neto total.

ARTICULO 129. - (Remuneraciones no gravadas).

Las remuneraciones abonadas a los trabajadores por las cuales no corresponda cotizar aportes patronales jubilatorios, de acuerdo a la limitación del literal a) del artículo 14, serán deducibles de la renta bruta para liquidar los impuestos establecidos en los Títulos 4 (IRIC) y 8 (IRA) del "T.O.1991", exclusivamente por la parte proporcional de los aportes de seguridad social no jubilatorios e impuesto a las retribuciones personales respecto del total de los mismos, incluyendo los aportes jubilatorios.

ARTICULO 130. - (Tratamiento de los fondos acumulados).

Los fondos acumulados en las cuentas individuales de ahorro no serán computadas a efectos de la liquidación del impuesto al patrimonio de las personas físicas.

ARTICULO 131. - (Tratamiento de las AFAP).

Las comisiones percibidas por las Administradoras de acuerdo al artículo 101, estarán exoneradas del impuesto al valor agregado (Título 10 del "T.O.1991").

Las AFAP quedarán incluidas en el régimen establecido en el Título 4 (IRIC) del "T.O.1991" y no serán gravadas con el impuesto a las comisiones regulado en el Título 17 del "T.O.1991".

La constitución de sociedades anónimas con el objeto exclusivo de administrar Fondos de Ahorro Previsional, así como los aumentos de capital de las mismas, estarán exonerados de todo tributo.

ARTICULO 132. - (Tratamiento de las empresas aseguradoras).

Las empresas aseguradoras que realicen operaciones incluidas en esta Ley, estarán exoneradas del impuesto a los ingresos (Título 6 del "T.O.1991"), por el cobro de las primas del seguro de invalidez y fallecimiento contratado según el artículo 56.

Asimismo, las citadas empresas quedarán exoneradas del IVA sobre las primas que cobren por el seguro citado en el inciso anterior.

CAPITULO VII

DEL CONTROL

ARTICULO 133. - (Control de las Administradoras).

El Banco Central del Uruguay ejercerá el control de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con los cometidos establecidos en la presente Ley.

ARTICULO 134. - (Cometidos del Banco Central del Uruguay).

Son cometidos del Banco Central del Uruguay:

a) Ejercer las funciones que esta Ley asigna a la autoridad de control.

b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en esta Ley, y que sean necesarios para su correcta aplicación.

c) Fiscalizar el procedimiento de afiliación previsto en los artículos 105 y 106 y los traspasos que decidan los afiliados de acuerdo a los artículos 108 y 109.

d) Llevar un registro de las Administradoras autorizadas de acuerdo con esta Ley.

e) Controlar los planes de publicidad y promoción que presenten las Administradoras conforme al artículo 97.

f) Verificar, mediante inspecciones, cuya frecuencia mínima será reglamentada, la exactitud y veracidad de la información que las Administradoras deben brindar conforme a lo establecido en los artículos 98 y 99.

g) Fiscalizar el cumplimiento del régimen de comisiones fijado por cada Administradora.

h) Fiscalizar las inversiones de los recursos de los Fondos de Ahorro Previsional y de la Reserva Especial, así como la adecuada custodia de los títulos representativos de las mismas.

i) Determinar la rentabilidad y comisión promedio del régimen de ahorro individual y fiscalizar la rentabilidad obtenida por cada Administradora.

j) Fiscalizar la constitución, el mantenimiento y la aplicación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial.

k) Controlar la contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las Administradoras, en la forma establecida en el artículo 56 y establecer las normas que regulen el contrato respectivo, así como las que regulen el pago de las prestaciones de jubilación común y de las pensiones de sobrevivencia que de ella se deriven, según el artículo 55.

l) Imponer a las Administradoras las sanciones previstas cuando no cumplan con las disposiciones legales, conforme al procedimiento establecido en el artículo 135.

ll) Labrar acta de toda inspección que realice en una Administradora o ante un tercero con quién aquélla opere.

m) Publicar, en forma trimestral, una memoria que contendrá la información global y estadística que fije la reglamentación, referida a la evolución del régimen de ahorro individual, las autorizaciones otorgadas para funcionar como Administradoras, las revocaciones, las sanciones aplicadas y la indicación, referida a cada Administradora, de capital social, nómina de directores, representantes, gerentes y síndicos, número de afiliados incorporados a cada una, esquema de comisiones, valor del Fondo de Ahorro Previsional, de la Reserva Especial, composición de las inversiones de cada Fondo, rentabilidad nominal y real y toda otra información que establezcan las normas reglamentarias.

n) Controlar las responsabilidades y obligaciones de las Administradoras y de las empresas aseguradoras, de acuerdo a los artículos 126 y 127.

ñ) Recibir las denuncias de los afiliados o de terceros, sobre la actuación de las instituciones incluidas en esta Ley, debiendo tramitar y notificar de sus resultados, a los denunciantes, en un plazo de 15 días hábiles.

ARTICULO 135. - (Sanciones aplicables).

Las Administradoras y las empresas aseguradoras, comprendidas en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio establecido en esta Ley y que infrinjan las normas aplicables a las mismas, serán pasibles, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder, de las sanciones establecidas en el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

ARTICULO 136. - (Recursos afectados al Banco Central del Uruguay).

A efectos de la aplicación de esta Ley, el Banco Central del Uruguay podrá incorporar funcionarios de otros organismos públicos, en régimen de comisión o contratar personal técnico, para tareas específicamente determinadas.

CAPITULO VIII

DE LA LIQUIDACION DE LAS

ADMINISTRADORAS

ARTICULO 137. - (Liquidación de una Administradora).

El Banco Central del Uruguay procederá a la liquidación de una AFAP cuando se verifique cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El patrimonio de la Administradora se redujere a un importe inferior a los mínimos establecidos en el artículo 96 y no se hubieren reintegrado totalmente dentro de los plazos establecidos.

b) Se verifique, dentro de un año calendario, déficit de la Reserva Especial en más de dos oportunidades. A los fines de este cómputo no se tendrá en cuenta la generación de déficit como consecuencia del proceso establecido por el inciso segundo del artículo 121.

c) No hubiere cubierto la rentabilidad mínima establecida o recompuesto la Reserva Especial afectada dentro de los plazos fijados en el artículo 121.

d) El Banco Central del Uruguay hubiera verificado cualquier otro hecho de los que tengan previsto como sanción tal consecuencia.

e) Hubiera entrado la Administradora en estado de cesación de pagos, cualquiera sea la causa y la naturaleza de las obligaciones que afecte.

El Estado concurrirá como acreedor en el proceso de liquidación de una Administradora, por los pagos que hubiere realizado en virtud del cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el artículo 121.

ARTICULO 138. - (Procedimiento de liquidación).

La liquidación de las Administradoras se efectuará por el procedimiento establecido en el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Los afiliados deberán traspasar sus cuentas personales y la cuota parte del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad a otra Administradora, a su elección, en el plazo de 90 (noventa) días posteriores al inicio de la liquidación de la Administradora. En caso de no haberlo hecho, el Banco Central del Uruguay destinará a los afiliados pendientes de traspaso a las Administradoras existentes, en forma proporcional al número de afiliados de cada una.

CAPITULO IX

GARANTIAS DEL ESTADO

ARTICULO 139. - (Garantías).

El Estado garantizará a los afiliados del régimen de ahorro individual obligatorio:

a) El cumplimiento de la rentabilidad real mínima, sobre los fondos que los afiliados mantuvieran invertidos, cuando una Administradora, agotados los mecanismos previstos en esta Ley, no pudiera cumplir con la mencionada obligación. Esta garantía se mantendrá vigente durante el período en el cual los afiliados se traspasen a una nueva Administradora de acuerdo con lo establecido en la Ley.

b) El pago de las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, en caso de liquidación judicial de una empresa aseguradora y siempre que se hubiera realizado un convenio de acuerdo al artículo 55.

c) El pago de las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, en caso de liquidación judicial de una empresa aseguradora que hubiere hecho el seguro colectivo de vida mencionado en el artículo 56, y siempre que las disponibilidades financieras de la Administradora imposibilitaran hacerse cargo de dichas obligaciones.

ARTICULO 140. - (Naturaleza de los créditos).

En los casos en que la garantía estatal hubiera operado, el Estado concurrirá en la liquidación judicial de la Administradora o de las empresas aseguradoras por los montos pagados, a lo que se agregará el valor actuarial del capital o reservas técnicas de las prestaciones futuras, en cuanto éstas fueren responsabilidad de aquéllas. El Estado será acreedor privilegiado de la misma clase que le corresponde como acreedor de tributos impagos.

Los créditos de las Administradoras contra una empresa aseguradora, que se originen en el contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, gozarán del privilegio de la primera clase de créditos personales (artículo 1732 del Código de Comercio).

CAPITULO X

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 141. - (Prohibición del cobro de comisiones).

El Banco de Previsión Social y el Banco Central del Uruguay no podrán percibir retribución alguna de las Administradoras, empresas aseguradoras, empresas contribuyentes o de los afiliados, por las actividades que realicen en el marco de esta Ley.

ARTICULO 142. - (Afiliación previsional de las AFAP).

Los trabajadores de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional estarán afiliados al Banco de Previsión Social.

ARTICULO 143. - (Emisión de títulos reajustables).

Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir títulos en Unidades Reajustables hasta la suma de UR 30.000.000 (treinta millones de Unidades Reajustables).

Dichos títulos no podrán tener un plazo superior a veinte años y su tasa de interés será, como mínimo, del 2% (dos por ciento) anual.

Su adquisición podrá ser realizada exclusivamente por las AFAP, las que sólo podrán enajenar dichos títulos a otras Administradoras.

La emisión autorizada por este artículo, no está comprendida en los topes previstos en el artículo 1º de la Ley Nº 16.454, de 22 de diciembre de 1993.

TITULO IX

DE LA MATERIA GRAVADA Y
ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 144. - (Ambito de aplicación).

Las disposiciones de este Título comprenden a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

En oportunidad de que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º de esta Ley, se proyectará las adecuaciones de este Título en relación a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social. Hasta tanto entren en vigencia dichas disposiciones se aplicarán las normas legales y reglamentarias en vigor a la sanción de la presente Ley.

ARTICULO 145. - (Principio de congruencia).

Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones de pasividad constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período, gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable sólo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

ARTICULO 146. - (Principio de primacía de la remuneración real).

Las contribuciones especiales de seguridad social destinadas al Banco de Previsión Social se aplicarán sobre las remuneraciones realmente percibidas por los sujetos pasivos de dichos tributos, con la sola excepción de aquellos casos en los que la materia gravada y las asignaciones computables se rijan por remuneraciones fictas.

ARTICULO 147. - (Principio de actividad. Hecho generador).

Las contribuciones especiales de seguridad social destinadas al Banco de Previsión Social, se generarán por el desarrollo de actividad personal remunerada de cualquier naturaleza, comprendida en el ámbito de afiliación del citado Banco y de las referidas instituciones.

ARTICULO 148. - (Principio de verdad material).

La administración tributaria del Banco de Previsión Social se ajustará a la verdad material de los hechos.

ARTICULO 149. - (Principio de economía procesal).

La administración tributaria del Banco de Previsión Social, deberá asegurar la celeridad, simplicidad y economía de los procedimientos administrativos a su cargo, así como evitar la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos innecesarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento y los derechos de los administrados.

ARTICULO 150. - (Principio del debido proceso).

La administración tributaria del Banco de Previsión Social, garantizará a los interesados en sus procedimientos administrativos todos los derechos y garantías del debido proceso, de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República y demás normas de derecho positivo.

CAPITULO II
MATERIA GRAVADA

ARTICULO 151. - (Concepto general).

A los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social recaudadas por el Banco de Previsión Social, constituye materia gravada todo ingreso que, en forma regular y permanente, sea en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, perciba el trabajador dependiente o no dependiente, en concepto de retribución y con motivo de su actividad personal, dentro del respectivo ámbito de afiliación.

ARTICULO 152. - (Concepto de excepción).

Cuando el ingreso referido en el artículo anterior se perciba, en todo o en parte, mediante asignaciones en especie o cuya cuantía real sea incierta, el monto a gravar será establecido fíctamente por el Poder Ejecutivo, en función de la naturaleza o modalidad de las actividades o formas de retribución, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.

ARTICULO 153. - (Base Ficta de Contribución).

En los casos previstos en el artículo anterior, la materia gravada se determinará por la Base Ficta de Contribución, la cual será equivalente a una Unidad Reajustable (artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968). A tales efectos el valor de la Unidad Reajustable será el vigente en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

CAPITULO III
SITUACIONES ESPECIALES

ARTICULO 154. - (Propinas).

Las propinas percibidas por los trabajadores dependientes, estarán gravadas entre un mínimo equivalente a tres veces el valor de la Base Ficta de Contribución y un máximo de veinte veces el valor de dicha Base. El Poder Ejecutivo, atendiendo a las características de cada actividad, determinará el monto gravado correspondiente.

Los montos correspondientes a propinas de los funcionarios profesionales de los Casinos del Estado y Municipales, se regirán por lo dispuesto por la Ley Nº 16.568, de 28 de agosto de 1994.

ARTICULO 155. - (Viáticos).

Los viáticos, cualesquiera fuese su denominación, estarán gravados por lo realmente percibido en los siguientes porcentajes: un 50% (cincuenta por ciento) sobre las partidas destinadas a su utilización dentro del país y un 25% (veinticinco por ciento) las partidas destinadas a su utilización fuera del país.

Quedan exceptuadas las sumas que las empresas reintegren a sus trabajadores por concepto de gastos de locomoción, alimentación y alojamiento, ocasionados en el cumplimiento de tareas encomendadas por aquéllas, cuando las mismas estén sujetas a rendición de cuentas y escrituración contable o se pruebe fehaciente e inequívocamente su calidad indemnizatoria, a juicio de la Administración.

ARTICULO 156. - (Gratificaciones).

Constituirán materia gravada las gratificaciones, cuando tengan los caracteres de regularidad y permanencia.

Quedan exceptuadas las partidas que las empresas otorguen a sus trabajadores en forma discrecional o con motivos específicos no vinculados a la prestación se servicios propia de la relación o contrato de trabajo.

ARTICULO 157. - (Quebrantos).

Constituirán materia gravada los quebrantos de caja y similares que efectivamente perciba el trabajador.

ARTICULO 158. - (Subsidios por períodos de inactividad compensada).

Los subsidios correspondientes a períodos de inactividad compensada constituirán materia gravada.

ARTICULO 159. - (Retribuciones de profesionales universitarios).

Las remuneraciones de los profesionales universitarios se regirán, a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social, por las siguientes reglas:

1. Constituirán materia gravada las retribuciones a los profesionales universitarios, cuando exista una clara relación de dependencia laboral, no siendo relevante, a esos efectos, la mera circunstancia de percibir honorarios en forma regular y permanente. La Administración deberá probar la existencia de tales caracteres, mediante el análisis de todas las pautas y elementos de hecho que permitan establecer la existencia de clara relación de dependencia.

2. Se presumirá que no existe clara relación de dependencia cuando el profesional universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

ARTICULO 160. - (Retribuciones de profesionales universitarios derivados de contrato de arrendamiento de servicios profesionales u obra).

No constituyen materia gravada las retribuciones percibidas por profesionales universitarios en virtud de contratos de arrendamiento de servicios profesionales o de obra, toda vez que conste por escrito claramente delimitadas las obligaciones de las partes y la ausencia de relación de dependencia, siempre que el profesional universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

ARTICULO 161. - (Aportes personales).

Los aportes personales cuando son a cargo de la empresa constituirán materia gravada.

ARTICULO 162. - (Prestaciones de vivienda).

Las prestaciones de vivienda, en dinero o en especie, constituyen materia gravada. El monto gravado será el equivalente a diez Bases Fictas de Contribución.

Las prestaciones de vivienda, en dinero o en especie, para los trabajadores rurales, se gravarán en la forma y condiciones que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes.

ARTICULO 163. - (Gastos de representación).

Los gastos de representación que perciban los titulares de los cargos a que se refiere el artículo 35, literal c), numerales 1 a 4 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, constituirán materia gravada.

ARTICULO 164. - (Alimentos).

Las prestaciones de alimentación en dinero o en especie, excepto las mencionadas en el apartado 1 del artículo 165, constituyen materia gravada, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 155.

Las prestaciones de alimentación, en dinero o en especie, para los trabajadores rurales, se gravarán en la forma y condiciones que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes para dicho sector de actividad.

ARTICULO 165. - (Prestaciones exentas).

Las prestaciones que se indican a continuación, no constituyen materia gravada ni asignaciones computables:

1. Las prestaciones de alimentación otorgadas en especie, por el propio empleador o a través de terceros, en los días efectivamente trabajados.

2. El pago de cobertura médica complementaria u odontológica para el trabajador, así como la cobertura médica u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria, para padres, hijos o cónyuge del mismo, en el caso en que dicho pago sea tomado de cargo de la empresa.

3. El costo de los seguros de vida, cuando el pago de los mismos haya sido asumido por el empleador.

4. La provisión de ropa de trabajo y de las herramientas necesarias para el desarrollo de las tareas asignadas al trabajador.

La suma de las prestaciones exentas referidas precedentemente no podrán superar el 20% (veinte por ciento) de la retribución que el trabajador recibe en efectivo por conceptos que constituyan materia gravada. En el caso en que se supere dicho porcentaje, el excedente estará gravado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 151.

ARTICULO 166. - (Cooperativistas).

Los cooperativistas aportarán sobre las remuneraciones realmente percibidas, no pudiendo ser el monto gravado inferior a la retribución que corresponda al cargo que desempeñen, según laudos, convenios colectivos y otras formas de establecer colectivamente niveles salariales, aplicables al giro único o principal de la empresa.

Los Directores de sociedades cooperativas no tributarán al sistema.

ARTICULO 167. - (Industria de la construcción y empresas transportistas).

La regulación de las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción y empresas transportistas continuarán rigiéndose por las normas legales y reglamentarias específicas de la actividad, aplicables a la fecha de vigencia de la presente Ley.

ARTICULO 168. - (Directores, Administradores y Síndicos de sociedades anónimas).

La tributación por los Directores, Administradores y Síndicos de sociedades anónimas, se efectuará sobre las remuneraciones que realmente perciban, cualquiera sea la denominación (dietas, viáticos, etc.) o naturaleza del importe abonado.

No obstante, cuando las remuneraciones del ejercicio por todo concepto, sean inferiores al equivalente a 30 (treinta) veces el valor de la Base Ficta de Contribución por cada mes del ejercicio anual o de los meses en los cuales ejerció el cargo, se estará a esta última cifra, que constituirá materia gravada.

Cuando las remuneraciones de los Directores, Administradores y Síndicos provengan de resoluciones adoptadas por las respectivas Asambleas de la sociedad, existan o no previsiones estatutarias que dispongan la manera de remuneración, la obligación tributaria se generará simultáneamente al acto de aprobación de la Asamblea. En tal caso se aplicarán, si correspondiere, las bases y mínimos dispuestos en el párrafo precedente. Se exceptúan los casos en que la Asamblea siguiendo previsiones estatutarias fije remuneraciones a devengarse durante el siguiente ejercicio, en cuyo caso, a medida que vayan generándose los créditos, deberá irse aportando, sin perjuicio de la complementación final por la aplicación de las previsiones dispuestas, si correspondiere. Tratándose de situaciones en que los Directores, Administradores y Síndicos han venido recibiendo remuneraciones periódicamente que constituyen materia gravada en cada oportunidad, al aprobar el Balance anual, con o sin determinación de remuneración complementaria, deberá complementarse la aportación, si correspondiere, por aplicación de las bases y montos mínimos, dispuestos precedentemente. En caso de participar una misma persona en la integración de varias sociedades anónimas, se deberá aportar por los Directores, Administradores y Síndicos, en cada una de las sociedades, aplicando los parámetros expresados, con prescindencia de los horarios o de la dedicación que cada cargo exija.

ARTICULO 169. - (Exención Directores, Administradores y Síndicos de sociedades anónimas).

Están exentos los Directores, Administradores y Síndicos:

a) Que no perciban remuneración de clase alguna, debiéndose probar dicho extremo, mediante certificado notarial o contable.

b) Radicados en el extranjero, extremo que debe ser probado fehacientemente.

c) De sociedades anónimas propietarias de inmuebles destinados a casa-habitación de los mismos y siempre que la sociedad no tenga otra actividad.

CAPITULO IV
TRABAJADORES NO DEPENDIENTES

ARTICULO 170. - (Trabajadores no dependientes que ocupan personal).

Las personas físicas que por sí solas, conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan una actividad lucrativa no dependiente y ocupen personal, y los socios integrantes de las sociedades colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita y de capital e industria, tengan o no la calidad de administradores, que desarrollen actividad de cualquier naturaleza dentro de la empresa, efectuarán su aportación ficta patronal, sobre la base del máximo salario abonado por la empresa o la remuneración real de la persona física correspondiente, según cual fuera mayor, sin que pueda ser inferior al equivalente a 15 (quince) veces el valor de la Base Ficta de Contribución.

ARTICULO 171. - (Trabajadores no dependientes que no ocupan personal).

La aportación, así como los beneficios de la seguridad social en el caso de los trabajadores no dependientes, sin personal a su cargo, se ajustará a partir del primer día del mes siguiente al de la vigencia de la presente Ley, a las siguientes categorías de sueldos fictos equivalentes a:

1a.) 11 (once) veces la Base Ficta de Contribución.

2a.) 15 (quince) veces la Base Ficta de Contribución.

3a.) 20 (veinte) veces la Base Ficta de Contribución.

4a.) 25 (veinticinco) veces la Base Ficta de Contribución.

5a.) 30 (treinta) veces la Base Ficta de Contribución.

6a.) 36 (treinta y seis) veces la Base Ficta de Contribución.

7a.) 42 (cuarenta y dos) veces la Base Ficta de Contribución.

8a.) 48 (cuarenta y ocho) veces la Base Ficta de Contribución.

9a.) 54 (cincuenta y cuatro) veces la Base Ficta de Contribución.

10a.) 60 (sesenta) veces la Base Ficta de Contribución.

Las disposiciones de este artículo serán aplicables a los afiliados comprendidos en los artículos 60 y 63.

ARTICULO 172. - (Opción).

La determinación inicial del sueldo ficto de los afiliados comprendidos en el artículo anterior, en caso de ingreso o reingreso, no podrá sobrepasar la tercera categoría. No obstante, aquellos que anteriormente hubieran aportado de acuerdo a una categoría superior, podrán reingresar en la misma.

Los afiliados comprendidos en el artículo 2°, podrán elegir libremente la categoría de sueldos fictos por la que aportarán, conforme al artículo anterior, pudiendo establecerse un sueldo ficto mayor al previsto para la décima categoría.

ARTICULO 173. - (Cambio de categoría).

Cumplido un mínimo de tres años de permanencia en cada categoría, los afiliados comprendidos en los artículos 60 y 63 podrán optar, antes de su vencimiento o en los años subsiguientes, por la categoría inmediata superior, lo que se efectivizará a partir del 1° de enero del año inmediato siguiente, siempre que a dicha fecha se encuentre en situación regular de pago.

A los efectos del primer pasaje de categoría se considerará que la afiliación se ha producido el 1° de enero cuando se haya operado dentro de los primeros seis meses del año y el 1° de enero del año subsiguiente, cuando la misma se haya efectuado dentro del segundo semestre.

En caso de reingreso, el afiliado podrá retomar la categoría que registraba al momento del cese, así como la permanencia que en la misma haya registrado. A los solos efectos del pasaje a la categoría subsiguiente se aplicará además, la presunción que estatuye el inciso anterior.

Los afiliados comprendidos en el artículo 2°, se regirán por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior.

ARTICULO 174. - (Pluriactividad en carácter de trabajador no dependiente).

En caso de ejercerse más de una actividad de las comprendidas en el presente capítulo, corresponderá la aportación por el sueldo ficto mayor.

ARTICULO 175. - (Excepción).

Exceptúase del régimen previsto en este capítulo:

a) Las personas que desarrollando una actividad carente de inclusión específica, no acrediten los requisitos de habitualidad, profesionalidad y carácter principal que a los efectos de la subsistencia, establece el artículo 18 de la Ley N° 12.380, de 12 de febrero de 1957.

b) Quienes desarrollan actividades comprendidas en la Ley N° 15.852 de diciembre de 1986.

ARTICULO 176. - (Empresas unipersonales).

Las contribuciones especiales de seguridad social generadas por las empresas unipersonales se regirán por las siguientes reglas:

1. Su actividad estará gravada por las referidas contribuciones de acuerdo a los sueldos fictos previstos en el presente capítulo, sin perjuicio de las situaciones de hecho en las que sea de aplicación lo indicado en los numerales 4 y 5.

2. No constituyen materia gravada a los fines de las contribuciones especiales de seguridad social, las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales, toda vez que conste por escrito claramente delimitadas las obligaciones de las partes y la ausencia de relación de dependencia y que la misma cumpla, además, con las obligaciones tributarias, particularmente con la inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva.

3. Dichos contratos deberán ser registrados ante el Banco de Previsión Social, en la forma que indique la reglamentación.

4. El Banco de Previsión Social podrá formular, de manera fundada, observaciones a dichos contratos, cuando entienda que los mismos implican una clara relación de dependencia encubierta, en cuyo caso la materia gravada estará constituida por las retribuciones percibidas por concepto de servicios prestados. En tales casos, la obligación de pago de las contribuciones especiales de seguridad social existirá a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudieren corresponder.

5. Las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales constituirán materia gravada, en caso de que no exista contrato escrito o de que el mismo no haya sido debidamente registrado, y siempre que la Administración compruebe que la relación contractual ha sido establecida con la finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social.

Se presumirá que no existe finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social cuando se trate de empresas unipersonales formadas por ex trabajadores de la co-contratante, cuando la relación contractual sea consecuencia
de una reestructura de ésta, acordada con su personal.

ARTICULO 177. - (Efectos del acogimiento de la pretensión anulatoria).

Siempre que, en vía jurisdiccional se acoja, por razones de legalidad, la pretensión anulatoria pertinente, la Administración deberá reintegrar al contribuyente las sumas indebidamente cobradas por todo concepto, actualizadas por el procedimiento establecido por el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1975, sin perjuicio de la acción reparatoria patrimonial por los daños y perjuicios producidos al administrado.

TITULO X
DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTICULO 178. - (Modificación de las Cartas Orgánicas del Banco de la República Oriental del Uruguay y del Banco Hipotecario del Uruguay).

I) (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay)

Agrégase al inciso 3°) del artículo 27 de la Ley N° 9.808, de 2 de enero de 1939, en la redacción dada por el artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.623, de 4 de enero de 1977, lo siguiente:

«La prohibición de adquisición de acciones de sociedades anónimas no regirá cuando se trate de constituir o participar como socio de una sociedad comercial cuyo objeto social exclusivo sea la administración de Fondos de Ahorro Previsional».

Modifícase el inciso 5°) del artículo 27 de la Ley N° 9.808, de 2 de enero de 1939, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Tomar parte directa o indirectamente en operaciones comerciales e industriales con las excepciones previstas en esta Ley».

II) (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay)

Sustitúyese el numeral 18 del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay por el siguiente:

«18) Adquirir, con autorización del Poder Ejecutivo, acciones o partes del capital de instituciones nacionales o extranjeras de carácter financiero y realizar operaciones comerciales e industriales».

ARTICULO 179. - (Incremento de tasa de aporte personal).

A partir de la vigencia de esta Ley, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) sobre todas las asignaciones computables gravadas por las contribuciones especiales de seguridad social, en actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, incluidas las rurales a que se refiere la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, será de 15% (quince por ciento).

A partir de la misma fecha, los trabajadores rurales comprendidos en la referida Ley deberán aportar a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío.

ARTICULO 180. - (Aumento de salarios).

A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales dispuesto en el artículo anterior, a partir de la vigencia de esta Ley, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío de los trabajadores dependientes de las actividades públicas y privadas amparadas por el Banco de Previsión Social, en el porcentaje necesario a fin que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad a dicha fecha.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales menos los aportes personales a la seguridad social e impuesto a las retribuciones personales.

ARTICULO 181. - (Disminución de aporte patronal jubilatorio).

A partir de la vigencia de esta Ley, disminúyese en dos puntos porcentuales el aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, que se aplicará sobre todas las remuneraciones que constituyan materia gravada a efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

La disminución dispuesta en el inciso anterior no se aplicará al aporte patronal jubilatorio de los organismos estatales, ni al de los empresarios rurales.

ARTICULO 182. - (Facultad del Poder Ejecutivo).

Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, en la medida en que la evolución de la recaudación y la situación del Tesoro Nacional lo permita.

ARTICULO 183. - (Impuesto a las retribuciones personales).

Las retribuciones personales que excedan de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) constituyen materia gravada a los efectos del impuesto a las retribuciones personales.

ARTICULO 184. - (Texto Ordenado).

Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un Texto Ordenado sobre las disposiciones vigentes en materia de previsión social, en un plazo de doce meses.

ARTICULO 185. - (Derogaciones).

Deróganse todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto por la presente Ley.

ARTICULO 186. - (Reglamentación).

El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente Ley de conformidad con lo previsto por el artículo 168, numeral 4° de la Constitución de la República, en un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de promulgación de esta Ley.

ARTICULO 187. - (Vigencia).

Esta Ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de cumplimiento de los ciento ochenta días de su promulgación, salvo en aquellas disposiciones en que se haya establecido una fecha de vigencia diferente.

Didier Opertti, Alvaro Ramos, Juan A. Moreira, Samuel Lichtensztejn, Raúl Iturria, Lucio Cáceres, Federico Slinger, Ana Lía Piñeyrúa, Carlos Gasparri, Benito Stern, Juan Chiruchi, Alfredo Solari.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos Laborales
y Seguridad Social integrada

PROYECTO SUSTITUTIVO

TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

BASES DEL SISTEMA

Artículo 1° (Ambito objetivo de aplicación y principio de universalidad). - El sistema previsional que se crea por la presente Ley se basa en el principio de universalidad y comprende en forma inmediata y obligatoria a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

El Poder Ejecutivo, en aplicación de dicho principio y antes del 1° de enero de 1997, deberá proyectar y remitir al Poder Legislativo los regímenes aplicables a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social, de forma tal que, atendiendo a sus formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en los mismos, se adecuen al régimen establecido por la presente Ley.

El Poder Ejecutivo designará una Comisión que, en consulta con las Instituciones mencionadas en el inciso anterior, elabore los proyectos respectivos.

Art. 2° (Ambito subjetivo de aplicación). - El nuevo sistema previsional comprende obligatoriamente a todas las personas que sean menores de 40 años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, en ningún caso afectará derecho alguno de quienes gozan hoy de pasividad, han configurado causal jubilatoria o la configuren antes del 31 de diciembre de 1996.

Quedan obligatoriamente comprendidas las personas que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, cualquiera sea su edad, ingresen al mercado de trabajo en el desempeño de actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

Art. 3° (Contingencias cubiertas). - El sistema previsional al que refiere la presente Ley, cubre los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia.

CAPITULO II

DEFINICIONES

Artículo 4° (Régimen mixto). - El sistema previsional que se crea, se basa en un régimen mixto que recibe las contribuciones y otorga las prestaciones en forma combinada, una parte por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

Art. 5° (Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). - A los efectos de la presente Ley, se entiende por régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, aquel que establece prestaciones definidas y por el cual los trabajadores activos, con sus aportaciones, financian las prestaciones de los pasivos juntamente con los aportes patronales, los tributos afectados y la asistencia financiera estatal.

Art. 6° (Régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). - Se entiende por régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aquel en el que la aportación definida de cada afiliado se va acumulando en una cuenta personal con las rentabilidades que esta genere, a lo largo de la vida laboral del trabajador.

A partir del cese de toda la actividad y siempre que se configure causal de acuerdo con los artículos 17 y 19 de la presente Ley, se tendrá derecho a percibir una prestación mensual determinada por el monto acumulado de los aportes, sus rentabilidades y, de acuerdo a tablas generales de la expectativa de vida al momento de la configuración de la causal, del cese o de la solicitud de la prestación, según cual fuera posterior. Para quienes configuren causal por incapacidad total de acuerdo con el artículo 18 de la presente Ley, la prestación mensual se determinará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de la presente Ley.

En el caso de incapacidad parcial, los requisitos y demás condiciones del subsidio correspondiente se regularán por lo previsto en el artículo 58.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo, a partir de los 65 años de edad y siempre que se haya configurado causal jubilatoria común, los afiliados tendrán derecho a percibir las prestaciones correspondientes al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aun cuando no hubieren cesado en la actividad, quedando eximidos de efectuar aportes personales a ese régimen.

TITULO II

DE LA INCORPORACION A
LOS REGIMENES

CAPITULO UNICO

DE LOS NIVELES DE COBERTURA

Artículo 7° (Delimitación de los niveles). - A los fines de la aplicación de cada régimen, se determinan los siguientes niveles de ingresos individuales de percepción mensual siempre que constituyan asignaciones computables.

a) PRIMER NIVEL. (Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). - Este régimen comprende a todos los afiliados por sus asignaciones computables o tramo de las mismas hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), dando origen a prestaciones que se financian mediante aportación patronal, personal y estatal.

b) SEGUNDO NIVEL. (Régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). - Este régimen comprende el tramo de asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), dando origen a prestaciones que se financian exclusivamente con aportación personal. Su administración estará a cargo de entidades propiedad de instituciones públicas, incluido el Banco de Previsión Social o de personas u organizaciones de naturaleza privada (artículo 92).

c) TERCER NIVEL. (Ahorro voluntario). - Por el tramo de asignaciones computables que excedan de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), el trabajador podrá aportar o no a cualesquiera de las entidades administradoras referidas en el inciso anterior.

Art. 8° (Derecho de opción y situaciones especiales). - Los afiliados activos del Banco de Previsión Social cuyas asignaciones computables se encuentren comprendidas en el primer nivel referido en el artículo anterior, podrán optar por quedar incluidos en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio por sus aportaciones personales correspondientes al 50% (cincuenta por ciento), de sus asignaciones computables. Por el restante 50% (cincuenta por ciento), dichos afiliados aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Quienes, habiendo realizado la opción antedicha, lleguen a percibir mensualmente asignaciones computables entre $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y $ 7.500 (pesos uruguayos siete mil quinientos), aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, solamente por el 50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil); por sus restantes asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Los afiliados que al inicio de su incorporación a los regímenes, perciban asignaciones computables que superando los $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) no excedan los $ 7.500 (pesos uruguayos siete mil quinientos), aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio únicamente por el 50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Por las demás asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Art. 9°. (Instrumentación de la opción). - Las distintas formas de ejercicio del derecho de opción previstas por esta Ley, así como las correspondientes comunicaciones al Banco de Previsión Social y otras que sean pertinentes, serán reguladas por la reglamentación.

Art. 10. (Cobertura general por el régimen de solidaridad intergeneracional). - Independientemente del monto de los ingresos que perciba el trabajador y de los niveles delimitados por la presente Ley, todos los afiliados al sistema previsional que cumplan los presupuestos establecidos para adquirir el derecho, serán beneficiarios de las prestaciones del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional a cargo del Banco de Previsión Social.

Art. 11. (Asignaciones computables). - A los efectos de lo previsto en el artículo 7°, se entiende por asignaciones computables aquellos ingresos individuales que, provenientes de actividades comprendidas por el Banco de Previsión Social, constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

El sueldo anual complementario no se tomará en cuenta a los efectos de la delimitación de los niveles prevista en el mencionado artículo, sin perjuicio de constituir asignación computable y materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

Art. 12. (Referencia a valores constantes). - Las referencias monetarias mencionadas en la presente Ley, están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

TITULO III

DEL PRIMER NIVEL

CAPITULO I

DEL REGIMEN DE JUBILACION POR
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

Artículo 13. (Alcance del régimen). - El régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional alcanza obligatoriamente a todos los afiliados activos del Banco de Previsión Social, por las asignaciones computables hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales.

Art. 14. (Recursos del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional). - El régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional a cargo del Banco de Previsión Social, tendrá los siguientes recursos:

a) Los aportes patronales jubilatorios sobre el total de asignaciones computables hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

b) Los aportes personales jubilatorios sobre asignaciones computables hasta $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente Ley.

c) Los tributos que se afecten específicamente a este régimen.

Si fuere necesario, el Gobierno Central asistirá financieramente al Banco de Previsión Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución de la República.

CAPITULO II

DE LAS PRESTACIONES POR VEJEZ,
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

Artículo 15. (Clasificación de las prestaciones). - Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo del Banco de Previsión Social, son las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial, las pensiones, el subsidio para expensas funerarias y la pensión a la vejez e invalidez.

CAPITULO III

DE LAS CLASES DE JUBILACION
Y CAUSALES

Artículo 16. (Clasificación de las jubilaciones). - Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

a) Jubilación común.

b) Jubilación por incapacidad total.

c) Jubilación por edad avanzada.

Derógase la causal anticipada establecida en el literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, sin perjuicio de la bonificación que corresponda a los cargos docentes de Institutos de Enseñanza públicos o privados habilitados.

Art. 17. (Jubilación común). - Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Al cumplir 60 (sesenta) años de edad.

2) Un mínimo de 35 (treinta y cinco) años de servicio, con cotización efectiva para los períodos cumplidos en carácter de trabajador no dependiente o con registración en la historia laboral, para los períodos cumplidos en carácter de trabajador dependiente.

Esta causal se configurará, aun cuando los mínimos de edad requeridos, se alcancen con posterioridad a la fecha de cese en la actividad.

Art. 18. (Jubilación por incapacidad total). - La causal de jubilación por incapacidad total, se configura por la ocurrencia de cualesquiera de los siguientes presupuestos:

a) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 76 de la presente Ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

Para los trabajadores que tengan hasta 25 años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad.

b) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

c) La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida dentro de los dos años siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen 10 años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 76 de la presente Ley, como mínimo, siempre que el afiliado no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la presente Ley.

Quienes habiéndose incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, no configuren la causal de jubilación por incapacidad total, por no reunir los requisitos antes establecidos, podrán acceder a la prestación asistencial no contributiva por invalidez, en las condiciones previstas por el artículo 42 de la presente Ley.

Art. 19. (Jubilación por edad avanzada). - La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir 70 (setenta) años, siempre que se acrediten 15 (quince) años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 76 de la presente Ley, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

Art. 20. (Servicios bonificados y causales de jubilación común y por edad avanzada). - La bonificación de servicios solo regirá para las causales de jubilación común y por edad avanzada. En estos casos, cuando se computen servicios bonificados, se adicionará a la edad real y a los años de trabajo registrados, la bonificación que corresponda de conformidad con lo establecido por los artículos 35 y 36 de la presente Ley.

CAPITULO IV

DEL SUBSIDIO TRANSITORIO POR
INCAPACIDAD PARCIAL

Artículo 21. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial). - El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

a) No menos de dos años de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente Ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

Para los trabajadores que tengan hasta 25 años de edad solo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad.

b) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

c) Se haya verificado el cese en la misma.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma que los demás períodos de inactividad compensada si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el artículo 327, literal a), de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Art. 22. (Condiciones para el mantenimiento del subsidio por incapacidad parcial). - Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, se establecerá el momento en que deberá realizarse el examen definitivo, así como si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos, practicados por servicios del Banco de Previsión Social o por los que este indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia no justificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos, se constatare el cese de la incapacidad.

Art. 23. (Incapacidad parcial y edad mínima de jubilación). - Si la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual subsistiera al cumplir el beneficiario la edad mínima requerida para la configuración de la causal común, aquélla se considerará como absoluta y permanente para todo trabajo, salvo que el beneficiario opte expresamente por reintegrarse a la actividad.

CAPITULO V

DE LAS PENSIONES DE SOBREVIVENCIA

Artículo 24. (Beneficiarios). - Son beneficiarios con derecho a pensión:

a) las personas viudas;

b) los hijos solteros menores de veintiún años de edad y los hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo;

c) los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo;

d) las personas divorciadas.

Las referencias a padres e hijos comprenden el parentesco legítimo, natural o por adopción.

El derecho a pensión de los hijos, se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando estos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Art. 25. (Condiciones del derecho y término de la prestación). - En el caso del viudo, los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo y las personas divorciadas, deberán acreditar conforme a la reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes.

Tratándose de las viudas, tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

En el caso de los beneficiarios señalados en el apartado d) del artículo anterior, deberán justificar que gozaban de pensión alimenticia servida por su ex cónyuge, decretada u homologada judicialmente. En estos casos, el monto de la pensión o la cuota parte, si concurriere con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia.

Los hijos adoptivos y los padres adoptantes, en todo caso, deberán probar que han integrado, de hecho, un hogar común con el causante, conviviendo con su morada y constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, siempre que esta situación fuere notoria y preexistente en cinco años por lo menos, a la fecha de configurar la causal pensionaria, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente.

Cuando la causal pensionaria se opere antes que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha. El goce de esta pensión es incompatible con el de la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Tratándose de beneficiarias viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida. Los restantes beneficiarios mencionados en los literales a) y d) del artículo anterior que cumplan con los requisitos establecidos en este inciso, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de los mismos las causales de término de la prestación que se establecen en este artículo.

En el caso que los beneficiarios mencionados en los literales a) y d) del artículo 24 de la presente Ley tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los períodos de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior, no serán de aplicación en los casos que:

a) el beneficiario estuviere total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

b) integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que estos alcancen la mayoría de edad.

c) integren el núcleo familiar hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

El derecho a pensión se pierde:

a) por contraer matrimonio en el caso del viudo y personas divorciadas.

b) por el cumplimiento de veintiún años de edad en el caso de los hijos solteros.

c) por hallarse el beneficiario al momento del fallecimiento del causante en algunas de las situaciones de desheredación o
indignidad previstas en los artículos 842, 899, 900 y 901 del Código Civil.

d) por recuperar su capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad los beneficiarios mencionados en los literales b) y c) del artículo 24 de la presente Ley.

e) por mejorar la fortuna de los beneficiarios.

CAPITULO VI

DE LA DETERMINACION DEL MONTO
Y DEMAS CONDICIONES DE LAS
PRESTACIONES

Artículo 26. - (Sueldo básico jubilatorio). - El sueldo básico jubilatorio será el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 (diez) últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los 20 (veinte) años de mejores asignaciones computables actualizadas, incrementado en un 5% (cinco por ciento).

Si fuera más favorable para el trabajador, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los 20 (veinte) años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computados no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

Para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, en todos los casos, solo se tomarán en cuenta asignaciones computables mensuales actualizadas hasta un monto de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Art. 27. (Sueldo básico jubilatorio de los afiliados comprendidos por el artículo 8°). - A los efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio de los afiliados que hubieren ejercido la opción prevista por los incisos primero y segundo o se encontraren comprendidos en el inciso tercero del artículo 8°, se multiplicará por 1,5 (uno con cinco) las asignaciones computables mensuales por las que se efectuaron aportes personales al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional. El menor monto entre el importe mensual resultante o la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil), se tomará como asignación computable de cada mes la determinación del sueldo básico jubilatorio, aplicándose en lo demás el procedimiento establecido en el artículo anterior.

Art. 28. (Asignación de jubilación). - La asignación de jubilación será:

a) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1. El 50% (cincuenta por ciento) cuando se computen como mínimo 35 (treinta y cinco) años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 76 de la presente Ley.

2. Se adicionará un 0,5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de 35 (treinta y cinco) años de servicios, al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3. A partir de los 60 (sesenta) años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado causal, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los 60 (sesenta) se adicionará un 2% (dos por ciento), hasta llegar a los 70 (setenta) años de edad, o hasta la configuración de la causal, si esta fuera anterior.

4. Tratándose de actividades bonificadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 de la presente Ley, los porcentajes previstos en los numerales 2 y 3 precedentes se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados.

b) Para la jubilación por incapacidad total, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

c) Para la jubilación por edad avanzada el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los 15 (quince) años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Art. 29. (Monto del subsidio transitorio por incapacidad parcial). - El monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio, calculado de acuerdo al artículo 26 de la presente Ley.

Art. 30. (Sueldo básico de pensión). - El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de su fallecimiento, con un mínimo equivalente a la asignación de jubilación por incapacidad total.

Si el causante estuviere ya jubilado o percibiendo el subsidio transitorio por incapacidad parcial, el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad o de subsidio.

Art. 31. (Asignación de pensión). - La asignación de pensión será:

a) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante.

b) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo, o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del básico de pensión.

c) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del básico de pensión.

d) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o divorciados, o padre del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del básico de pensión.

e) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si solo una de las dos categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

Art. 32. (Distribución de la asignación de pensión). - En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

a) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran con grupo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

b) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

El remanente, se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

c) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del inciso segundo del artículo 25 de la presente Ley, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

Art. 33. (Reliquidación entre copartícipes de pensión). - Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Art. 34. (Liquidación individual). - En cualquier caso de concurrencia de beneficiarios de pensión se liquidará por separado la parte proporcional que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 24 de la presente Ley.

CAPITULO VII

CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS

Artículo 35. (Clasificación de los servicios). - Los servicios se clasifican en ordinarios y bonificados.

Servicios ordinarios son aquellos que corresponden al tiempo de trabajo registrado en la historia laboral.

Servicios bonificados son aquellos para cuyo cómputo se adiciona tiempo suplementario ficto a la edad real y al período de trabajo registrado en la historia laboral.

Art. 36. (Servicios bonificados). - El Poder Ejecutivo, mediante reglamentación, determinará los servicios que serán bonificados ajustándose a los siguientes criterios:

A) Serán bonificados en la proporción de hasta dos años por cada uno, los servicios prestados en actividades cuyo desempeño imponga inevitablemente un riesgo de vida cierto o afecte la integridad física o mental del afiliado, cuando este riesgo resulte a la vez actual, grave y permanente, según índices estadísticos de mortalidad o morbilidad.

B) Serán bonificados en menor proporción:

1) Los servicios prestados en actividades que presenten niveles de inferior riesgo.

2) Los servicios prestados en actividades que, por su naturaleza y características, impongan indistintamente al trabajador un alto grado de esfuerzo de su sistema neuromotor, habilidad artesanal, precisión sensorial o exigencia psíquica, que haga imposible un rendimiento normal y regular más allá de cierta edad, cuando este carácter sea determinado mediante pericias técnicas y estudios estadísticos ocupacionales.

3) Los servicios prestados en actividades docentes en institutos de enseñanza, públicos o privados habilitados.

Art. 37. (Reconocimiento de servicios bonificados). - Los servicios bonificados serán reconocidos como tales, cuando el afiliado tenga en ellos una actuación mínima de diez años.

La bonificación de servicios será revisada por el Poder Ejecutivo al menos cada cinco años, realizándose todas las investigaciones, estudios o pericias que permitan determinar que se da adecuado cumplimiento a las condiciones exigidas en el artículo anterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer edades mínimas, a partir de las cuales se aplicará la bonificación de servicios, en los casos de actividades que así lo justifiquen.

Art. 38. (Contribución especial por servicios bonificados). - Los empleadores que ocupen trabajadores en actividades bonificadas deberán abonar una contribución especial a su cargo, la que será determinada por el Poder Ejecutivo, en base a la bonificación prevista para la actividad, propendiendo a la equivalencia entre ingresos por aportaciones y egresos por prestaciones en el largo plazo. La referida contribución especial que no será aplicable a las instituciones mencionadas por el artículo 69 de la Constitución de la República, no podrá superar el 100% (cien por ciento) de la suma de las tasas de los aportes personales y patronales.

La contribución especial prevista en el inciso anterior, correspondiente a las asignaciones computables comprendidas en el tramo entre $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil), deberá verterse a la cuenta de ahorro jubilatorio del trabajador.

CAPITULO VIII

REGULACION DE LAS PRESTACIONES

Artículo 39. (Mínimo de jubilación y subsidio transitorio). - El monto mínimo de la asignación de jubilación común, cuando el beneficiario tenga 60 (sesenta) años de edad, será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) mensuales, el que se incrementará en un 12% (doce por ciento) anual por cada año de edad subsiguiente, con un máximo del 120% (ciento veinte por ciento).

El monto mínimo de la asignación de jubilación por incapacidad total, de la jubilación por edad avanzada y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será de $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) mensuales.

Para los afiliados comprendidos en el artículo 8°, la asignación de jubilación mínima será el 75% (setenta y cinco por ciento) de los mínimos previstos en los incisos anteriores, según corresponda.

En el caso de percibirse más de una pasividad o subsidio transitorio por incapacidad parcial, a cargo del Banco de Previsión Social, los mínimos mencionados en los incisos anteriores, se aplicarán a la suma de todas las pasividades o subsidios.

Los mínimos establecidos en este artículo se aplicarán a quienes ingresen al goce de las prestaciones a partir del 1° de enero del año 2003, rigiendo hasta esa fecha lo dispuesto en el artículo 74 de la presente Ley.

Art. 40. (Máximo de jubilación y subsidio). - La asignación de jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada y la del subsidio transitorio por incapacidad parcial otorgadas de acuerdo al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, no podrá exceder de $ 4.125 (pesos uruguayos cuatro mil ciento veinticinco), sin perjuicio de la prestación que pueda corresponder de acuerdo al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

Art. 41. (Monto del subsidio para expensas funerarias). - El monto del subsidio para expensas funerarias, a que refiere el artículo 46 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, será de $ 2.300 (pesos uruguayos dos mil trescientos).

CAPITULO IX

DE LA PRESTACION ASISTENCIAL NO
CONTRIBUTIVA

Artículo 42. (Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez). - Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga 70 años de edad o, en cualquier edad, esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado.

Quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen inferiores al monto de esta prestación o beneficio, recibirán únicamente la diferencia entre ambos importes.

Los extranjeros o ciudadanos legales para poder acceder al beneficio, deberán tener, por lo menos, quince años de residencia continuada en el país.

TITULO IV

DEL SEGUNDO NIVEL

CAPITULO I

DEL REGIMEN DE JUBILACION POR
AHORRO INDIVIDUAL OBLIGATORIO

Artículo 43. (Alcance del régimen). - El régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio alcanza a los afiliados activos del Banco de Previsión Social en las siguientes situaciones:

a) Por el tramo de las asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) y hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

b) Por las asignaciones computables o tramo de las mismas, hasta los $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) mensuales, siempre que hubieren realizado la opción prevista en el artículo 8° de la presente Ley.

c) En los casos previstos por el inciso 3° del artículo 8° de la presente Ley.

Art. 44. (Recursos del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio). - Las cuentas de ahorro individual a cargo de las entidades administradoras, tendrán los siguientes recursos:

a) Los aportes personales jubilatorios de los trabajadores dependientes y no dependientes, sobre las asignaciones computables superiores a $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) hasta $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil) mensuales.

b) Los aportes personales jubilatorios de quienes hayan hecho la opción de acuerdo al artículo 8° de la presente Ley y de quienes estén comprendidos en el inciso 3° del citado artículo.

c) La contribución patronal especial por servicios bonificados prevista en el artículo 38 de la presente Ley.

d) Los depósitos voluntarios que realice el afiliado.

e) Los depósitos convenidos que realice cualquier persona física o jurídica a nombre del afiliado.

f) Las sanciones pecuniarias por infracciones tributarias, sobre los aportes destinados a este régimen (artículo 93 del Código Tributario).

g) La rentabilidad mensual del fondo de ahorro previsional que corresponda a la participación de la cuenta de ahorro individual en el total del mismo, al comienzo del mes de referencia, sin perjuicio de las transferencias desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y desde la Reserva Especial.

Art. 45. (Recaudación de los aportes obligatorios). - Los aportes mencionados en el artículo anterior, literales a), b) y c), son contribuciones especiales de seguridad social y serán recaudados, en forma nominada, por el Banco de Previsión Social, sujetos a los mismos procedimientos y oportunidades que los demás tributos que recauda.

La recaudación de las sanciones pecuniarias establecidas en el literal f) del artículo 44 de la presente Ley se distribuirá en las cuentas de ahorro individual, en lo pertinente.

Dentro del plazo que establecerá la reglamentación, con un máximo de hasta 15 (quince) días hábiles después de vencido el mes de recaudación, el Banco de Previsión Social deberá hacer el cierre y la versión de los aportes obligatorios a cada entidad administradora y deberá remitir a la misma la relación de los afiliados comprendidos, los sueldos de aportación y los importantes individuales depositados.

Art. 46. (Acreditación de los aportes). - Los aportes y los montos por sanciones pecuniarias correspondientes a infracciones tributarias, transferidos por el Banco de Previsión Social con destino a cada entidad administradora, según lo establecido en el artículo anterior, serán acreditados en las respectivas cuentas de ahorro individual dentro del plazo de 48 horas.

Art. 47. (Depósitos voluntarios). - El afiliado, cualquiera sea su nivel de ingresos, podrá efectuar, directamente en la entidad administradora, depósitos voluntarios con el fin de incrementar el ahorro acumulado en su cuenta personal.

Art. 48. (Depósitos convenidos). - Los depósitos convenidos consisten en importes de carácter único o periódico, que cualquier persona física o jurídica convenga con el afiliado depositar en la respectiva cuenta de ahorro personal. Estos depósitos tendrán la misma finalidad que la descrita en el artículo anterior y podrán ingresarse a la Administradora en forma similar.

Los depósitos convenidos deberán realizarse mediante contrato por escrito, que será remitido a la entidad administradora en la que se encuentra incorporado el afiliado, con una anticipación de treinta días a la fecha en que deba efectuarse el único o primer depósito.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a los fines de su consideración tributaria, a determinar topes máximos al monto o porcentaje de estos depósitos.

CAPITULO II

DE LAS PRESTACIONES POR VEJEZ,
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

Artículo 49. (Clasificación de las prestaciones). - Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, con cargo a las cuentas de ahorro individual, son las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial y las personas de sobrevivencia.

CAPITULO III

DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS
PRESTACIONES

Artículo 50. (Condiciones del derecho jubilatorio). - El acceso a las prestaciones de jubilación del régimen de ahorro individual obligatorio, se regirá por los mismos requisitos aplicables al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional de acuerdo a lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 de la presente Ley.

Art. 51. (Derecho del afiliado incapacitado sin causal). - En el caso que el afiliado se haya incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo y no tenga derecho a las prestaciones a que hace referencia el artículo 18 de la presente Ley, la entidad administradora procederá, a opción del afiliado, a reintegrarle los fondos acumulados en la cuenta de ahorro individual o a transferir los mismos a una empresa aseguradora, a efectos de la constitución de un capital para la obtención de una prestación mensual.

Art. 52. (Condiciones del derecho pensionario). - Las pensiones de sobrevivencia del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio se regirán por lo dispuesto en los artículos 24, 25, 31, 32, 33 y 34 de la presente Ley.

El sueldo básico de pensión será el equivalente a la prestación mensual que estuviere percibiendo, por este régimen, el afiliado jubilado o la que le hubiese correspondido al afiliado activo a la fecha de su fallecimiento, con un mínimo equivalente a la jubilación por incapacidad total conforme al artículo 58 de la presente Ley.

CAPITULO IV

DEL FINANCIAMIENTO,
DETERMINACION DEMAS CONDICIONES
DE LAS PRESTACIONES

Artículo 53. (Financiamiento de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan). - Las prestaciones de la jubilación común, de la jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se derivan, se financiarán con el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual que tenga el afiliado en la entidad administradora, al momento de configurarse la causal por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, con cese en la actividad o permaneciendo en la misma siempre que tenga un mínimo de 65 años de edad (artículo 6°, in fine) o desde la fecha de la solicitud, si fuere posterior.

Art. 54. (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada). - La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada se determinará en base al saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida del afiliado y a la tasa de interés respectiva.

Art. 55. (Pago de las prestaciones). - Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán abonadas por una empresa aseguradora, ajustándose a las siguientes condiciones:

a) El contrato en el que se estipule el pago mensual de dicha prestación será realizado por el afiliado con una empresa aseguradora, a su elección, conforme a los procedimientos que establezcan las normas reglamentarias. La entidad administradora, una vez notificada por el afiliado, quedará obligada a traspasar a la empresa aseguradora los fondos de la cuenta de ahorro individual.

b) A partir de la celebración de dicho contrato, la empresa aseguradora será la única responsable y obligada al pago de la prestación correspondiente al beneficiario hasta su fallecimiento y a partir de este, al pago de las eventuales pensiones de sobrevivencia.

Art. 56. (Financiamiento de la jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad). - Las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, serán financiadas por cada entidad administradora, mediante la contratación, con una empresa aseguradora, de un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento.

El seguro colectivo contratado no exime a la entidad administradora de las responsabilidades y obligaciones emergentes de la cobertura de los riesgos mencionados en el inciso primero de este artículo.

El Banco Central del Uruguay fijará las pautas mínimas a que deberá ajustarse dicho contrato de seguro.

Art. 57. (Afectación del capital acumulado). - A los efectos del seguro contratado para la cobertura de los riesgos mencionados en el artículo anterior, el capital acumulado en la cuenta de ahorro del afiliado en la entidad administradora, a la fecha en que se produzca la incapacidad total, el fallecimiento en actividad o el fallecimiento en el goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será vertido en la empresa aseguradora imputándose como pago parcial de la prima del seguro colectivo mencionado en el artículo anterior.

Art. 58. (Determinación de la jubilación por incapacidad total y del subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La empresa aseguradora pagará una jubilación por incapacidad total o un subsidio transitorio por incapacidad parcial, igual al 45% (cuarenta y cinco por ciento) del promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 26, sobre las que se aportó al Fondo Previsional en los últimos diez años de actividad, o período efectivo menor de aportación.

Art. 59. (Regulación de las prestaciones). - Las prestaciones mencionadas en el presente capítulo se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

TITULO V

DEL REGIMEN APLICABLE A LOS
AFILIADOS CON CAUSAL
JUBILATORIA

CAPITULO UNICO

Artículo 60. (Regulación). - Los afiliados activos del Banco de Previsión Social que, al 31 de diciembre de 1996, tengan configurada causal jubilatoria por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por el régimen vigente a la fecha de sanción de la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo 62 de la presente Ley.

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las prestaciones en curso de pago a la fecha de su vigencia.

Art. 61. (Opción por el nuevo régimen). - Los afiliados comprendidos en el inciso primero del artículo anterior, podrán optar, ante el Banco de Previsión Social, por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes al de la vigencia de la presente Ley.

Art. 62. (Aplicación del régimen más beneficioso). - Al efectuarse por el Banco de Previsión Social la liquidación de la pasividad correspondiente a los afiliados comprendidos en el artículo 60 de la presente y que no hubieren realizado la opción del artículo anterior, se aplicará de oficio el régimen más conveniente al afiliado. A tal efecto se considerará:

A) En forma integral el Régimen de Pasividades vigente a la fecha de sanción de la presente Ley.

B) El referido Régimen General de Pasividades con excepción del sueldo básico de jubilación, mínimo y máximo de jubilación, que serán los que resulten de la aplicación de los artículos 70, 74 y 75 de la presente Ley, respectivamente, tomándose las fechas en ellos indicadas o referidas con respecto al cese en la actividad.

C) Para aquellos afiliados activos que a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre del año 2002 se amparen a la jubilación con 65 o más años de edad, el régimen de transición establecido en el Título VI en los artículos 65, 68, 70, 71, 72, 73 de la presente Ley y las asignaciones de jubilación mínimas y máximas fijadas para el año 2003 en los artículos 74 y 75 de la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero de este último artículo.

A los efectos de la determinación del sueldo básico jubilatorio de los afiliados comprendidos en este literal, no se tomarán en cuenta las fechas de configuración de causal establecidas en el artículo 70 de la presente Ley.

TITULO VI

DEL REGIMEN DE TRANSICION

CAPITULO I

ALCANCE DEL REGIMEN

Artículo 63. (Ambito de aplicación). - Los afiliados al Banco de Previsión Social que, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, cuenten con 40 (cuarenta) o más años de edad cumplidos, y no configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996, por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por las disposiciones de este Título, salvo que realicen la opción prevista en el artículo siguiente.

Art. 64. (Opción). - Los afiliados comprendidos en el artículo anterior podrán optar por el régimen establecido en los Títulos I a IV, dentro del plazo de 180 (ciento ochenta) días siguientes a la vigencia de la presente Ley.

CAPITULO II

DE LAS PRESTACIONES

Artículo 65. (Prestaciones). - Las prestaciones serán las indicadas en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.

Art. 66. (Causal de jubilación común). - Para configurar causal de jubilación común, se requiere un mínimo de treinta y cinco años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley y el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

2. Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) 56 (cincuenta y seis) años a partir del 1° de enero de 1997;

b) 57 (cincuenta y siete) años a partir del 1° de enero de 1998;

c) 58 (cincuenta y ocho) años a partir del 1° de enero de 2000; y

d) 59 (cincuenta y nueve) años a partir del 1° de enero de 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003 la edad mínima de jubilación de la mujer, por la causal común, será de 60 (sesenta) años.

Art. 67. (Causal de jubilación por edad avanzada). - Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

A) Un mínimo de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley de:

a) 11 (once) años de servicios a partir del 1° de enero de 1997;

b) 12 (doce) años de servicios a partir del 1° de enero de 1998;

c) 13 (trece) años de servicios a partir del 1° de enero de 2000;

d) 14 (catorce) años de servicios a partir del 1° de enero de 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003 se requerirá un mínimo de 15 años de servicios.

B) El cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Para el hombre, el cumplimiento de 70 (setenta) años de edad.

2. Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) 66 (sesenta y seis) años a partir del 1° de enero de 1997;

b) 67 (sesenta y siete) años a partir del 1° de enero de 1998;

c) 68 (sesenta y ocho) años a partir del 1° de enero de 2000; y

d) 69 (sesenta y nueve) años a partir del 1° de enero de 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003, se requerirá, para la mujer, un mínimo de 70 (setenta) años de edad para configurar la causal por edad avanzada.

Art. 68. (Jubilación por incapacidad total). - La causal jubilatoria por incapacidad total se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Ley, salvo en lo que hace a los períodos mínimos indicados en los literales a) y c) del mismo, los que se entenderán referidos a años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley.

Art. 69. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial). - El subsidio transitorio por incapacidad parcial se regirá por las disposiciones establecidas en los artículos 21, 22 y 23 de la presente Ley. Para el caso de la mujer, a efectos de la aplicación del artículo 23 de la presente Ley, se tomarán en cuenta las fechas y edades mínimas previstas en el artículo 66 de la presente Ley.

Art. 70. (Sueldo básico jubilatorio). - El sueldo básico jubilatorio se determinará:

a) Para quienes configuren causal a partir del 1° de enero del año 1997, por el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los diez últimos años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley.

b) Para quienes configuren causal en los años siguientes y hasta que se disponga de un período de 20 (veinte) años registrados en la historia laboral, por el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 (diez) últimos años de servicios, siempre que tal promedio no exceda en un 5% (cinco por ciento) el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas del período registrado, si este fuere menor de 20 (veinte) y mayor de 10 (diez) años. Si excediere se aplicará este último promedio con el referido incremento.

Si fuera más favorable para el trabajador, el sueldo básico de jubilación será el promedio mensual de las asignaciones computables del período registrado en la historia laboral, si este fuere menor de 20 (veinte) y mayor de 10 (diez) años.

c) Cuando se disponga de un período de 20 (veinte) años registrados en la historia laboral, se aplicará lo dispuesto en los tres primeros incisos del artículo 26 de la presente Ley.

d) Tratándose de jubilación por incapacidad total y de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computables no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los apartados anteriores de este artículo, se tomará el promedio de asignaciones computables actualizadas correspondiente al período o períodos de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la presente Ley, o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará en la forma indicada en el artículo 26 de la presente Ley.

Art. 71. (Asignación de jubilación común). - La asignación de jubilación común será la que resulte de la aplicación del artículo 28 de la presente Ley.

Art. 72. (Asignación de jubilación por edad avanzada). - La asignación de jubilación por edad avanzada se regirá por lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley, no pudiendo superar la que resultaría de lo dispuesto en el literal e) del artículo 53 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 62 de la Ley Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1983.

Art. 73. (Asignación de jubilación por incapacidad total y subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La asignación de jubilación por incapacidad total y el monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial serán equivalentes al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico establecido de acuerdo el artículo 70 de la presente Ley.

Art. 74. (Monto mínimo de jubilación). - El monto mínimo de la asignación de jubilación común, para quienes ingresen en el goce de la pasividad a partir del 1° de enero de 1997 será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta).

El referido monto mínimo, será incrementado en un 4% (cuatro por ciento) anual a partir del 1° de enero del año 1999, por cada año de edad que exceda los sesenta al ingresar al goce de la pasividad. Dicho porcentaje será del 8% (ocho por ciento) a partir del 1° de enero del año 2003, con un máximo del 120% (ciento veinte por ciento).

El monto mínimo de la asignación mensual de jubilación por incapacidad total, de la jubilación por edad avanzada y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, será de $ 550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta) a partir del 1° de enero de 1997, $ 680 (pesos uruguayos seiscientos ochenta) a partir del 1° de enero de 1999, $ 810 (pesos uruguayos ochocientos diez) a partir del 1° de enero del año 2001 y $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta) a partir del 1° de enero del año 2003.

Cuando se acumule más de una pasividad o subsidio, servidos por el Banco de Previsión Social, el mínimo resultante de acuerdo a los incisos anteriores de este artículo será igualmente aplicable a la suma de todas las pasividades o subsidios que perciba el titular o beneficiario.

Art. 75. (Máximo de jubilación y subsidio transitorio por incapacidad parcial). - La asignación máxima de jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada y la del subsidio transitorio por incapacidad parcial para quienes ingresen al goce de la pasividad o subsidio, a partir del 1° de enero de 1997, será de $ 4.300 (pesos uruguayos cuatro mil trescientos) por año para quienes lo hagan en los 6 (seis) años siguientes.

Para quienes ingresen al goce de la pasividad o subsidio a partir del 1° de enero del año 2003, el monto máximo de la prestación será de $ 6.100 (pesos uruguayos seis mil cien).

Cuando se acumule más de una pasividad o subsidio, servidos por el Banco de Previsión Social, o en los casos de las asignaciones de pasividad que, a la fecha de la sanción de la presente Ley, tengan un monto máximo establecido en 15 (quince) veces el importe del Salario Mínimo Nacional mensual el máximo será el vigente al 1° de mayo de 1995, el que se ajustará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.

Art. 76. (Reconocimiento de servicios). - Los servicios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado organismo cuando sean acreditados ante el mismo mediante prueba documental tanto en los años de actividad, como en el monto computable y en el caso de los no dependientes las aportaciones correspondientes.

La reglamentación podrá admitir otros medios de prueba, a los efectos de acreditar servicios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la historia laboral, solamente cuando se trate de una única pasividad.

Los trabajadores dependientes no deberán probar la aportación, ni serán responsables por la misma.

Los afiliados activos deberán efectuar, en los plazos, forma, condiciones y requisitos que la reglamentación a dictar establezca, una declaración detallada de todos sus servicios anteriores. Vencidos los plazos establecidos por dicha reglamentación no se admitirá la denuncia de servicios anteriores.

Los servicios posteriores a la implementación efectiva de la historia laboral, solo se reconocerán en tanto estén registrados en la misma.

Art. 77. (Pensión a la vejez e invalidez). - Las modificaciones al beneficio de la pensión a la vejez e invalidez previsto por el artículo 42 de la presente Ley serán de aplicación a partir del 1° de enero de 1997.

Art. 78. (Régimen pensionario). - Las modificaciones establecidas en el Título III al régimen de pensiones, entrarán en vigencia a partir de los diez días siguientes al de la fecha de publicación de la presente Ley.

El régimen pensionario aplicable en cada caso, será el vigente a la fecha de configuración de la respectiva causal de pensión.

TITULO VII

DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL Y DEL
REGISTRO DE HISTORIA LABORAL

CAPITULO I

DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL

Artículo 79. (Cometidos. Modificación). - Sustitúyense los numerales 4° y 6° del artículo 4° de la Ley N° 15.800, de 17 de enero de 1986, por los siguientes:

«4°) Proponer al Poder Ejecutivo, la fijación del monto de las prestaciones a su cargo y ajustar en forma provisoria o definitiva, según el caso, las asignaciones de jubilación y pensión a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución de la República».

«6°) Llevar el registro de historia y los demás registros y cuentas de sus afiliados activos, pasivos y contribuyentes, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones pertinentes».

Art. 80. (Cometidos. Incorporación). - Agrégase al artículo 4° de la Ley N° 15.800, de 17 de enero de 1986, el siguiente numeral:

«15) Constituir y organizar, con independencia del patrimonio del Ente y en régimen de derecho privado, actuando solo o en forma conjunta con instituciones financieras del Estado, una entidad administradora de fondos de ahorro previsional».

Art. 81. (Cometidos. Sustitución). - Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 15.800, de 17 de enero de 1986, en la redacción dada por el artículo 548 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

«ARTICULO 9°. (Competencias del Directorio del Banco de Previsión Social). Las competencias del Directorio del Banco de Previsión Social serán las siguientes:

1) Efectuar el planeamiento estratégico de la Institución y el control general de la gestión y dirigir el servicio a su cargo con las más amplias facultades de administración y disposición.

2) Atribuir, mediante la modalidad de desconcentración, las materias propias de su competencia, incluidas las correspondientes a Activos y Pasivos entre otras, a los diversos órganos que conformen la estructura del Banco, sin perjuicio de su derecho de avocación sobre los asuntos que, a su juicio, así lo justifiquen.

Dicha atribución, podrá ser ejercida en las oportunidades y condiciones que se determinen por el propio Directorio.

3) Designar y cesar al Gerente General y a los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, debiendo contar para ello con cuatro votos conformes.

4) El Directorio del Banco de Previsión Social a través de su Presidente o de la Gerencia General en su caso ejercerá sobre los órganos desconcentrados que existieren, la coordinación de los respectivos servicios y la superintendencia directiva, correctiva y funcional de las competencias no desconcentradas.

5) Aprobar o rechazar las prestaciones a cargo del Organismo.

6) Destituir a sus funcionarios por ineptitud, omisión o delito, por resolución fundada y previo sumario administrativo. Para la destitución se requerirán cuatro votos conformes.

7) Dictar, cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones internas necesarias para el funcionamiento del servicio.

8) Aprobar el Reglamento General y el Estatuto del Funcionario del Banco de acuerdo al artículo 63 de la Constitución de la República.

9) Proyectar su presupuesto de saldos, gastos e inversiones, conforme con lo dispuesto por el artículo 221 de la Constitución de la República.

10) Designar al personal del Banco de Previsión Social, y aprobar los ascensos según lo establezcan las normas del Estatuto del Funcionario.

11) Elevar y publicar el balance anual y divulgar la memoria de gestión.

12) Recibir inmuebles en pago de sus créditos en cuyo caso el valor que se les asigne no podrá ser superior a la tasación que practique la Dirección General del Catastro Nacional.

Tales inmuebles podrá transferirlos, mediante acuerdo, al Banco Hipotecario del Uruguay o a los Gobiernos Departamentales.

El Banco de Previsión Social podrá asimismo recibir en pago de sus créditos bienes muebles, los que serán aceptados por el valor que les asigne un cuerpo de tres tasadores, uno designado por el Directorio del Ente, otro por el deudor proponente y el tercero por los dos anteriores de común acuerdo. En caso de que el deudor no designe su tasador, o que no exista acuerdo para nominar el tercer perito, el Directorio del Banco queda facultado para aceptar la tasación que formule el perito por él designado.

13) Integrar Comisiones Asesoras Honorarias cuyas competencias serán fijadas por la reglamentación respectiva.

14) Designar al Secretario General con cargo de particular confianza.

15) Delegar, por resolución fundada, en la Gerencia General y en los titulares de los órganos desconcentrados que existieren, las atribuciones que estime convenientes.

Art. 82. (Titularidad de funciones). - La titularidad de las funciones de Gerente General, órganos desconcentrados que existieren y Asesoría Tributaria y Recaudación será provista de conformidad con lo previsto por el numeral 3° del artículo 9° de la Ley N° 15.800, de 17 de enero de 1986, en la redacción dada por el artículo 81 de la presente Ley, debiendo recaer en personas de reconocida solvencia y acreditados méritos en administración, previa evaluación de su idoneidad técnica.

Art. 83. (Emisión de cheques). - En los cheques emitidos por el Banco de Previsión Social, destinados al pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios, podrá sustituirse la firma autógrafa por signos o contraseñas o impresos mecánica o electrónicamente.

Art. 84. (Gastos globales de funcionamiento). - Los egresos totales del Banco de Previsión Social por concepto de sueldos, gastos de funcionamiento e inversiones no podrán superar el 4% (cuatro por ciento) a partir del 1° de enero de 1997.

Art. 85. - Los funcionarios del Banco de Previsión Social, cualquiera sea su jerarquía, no podrán realizar, al margen de su relación funcional, gestiones de ningún tipo, directas o indirectas, que tengan por finalidad diligenciar con o sin ánimo de lucro, pasividades de terceras personas afiliadas a dicha Institución, así como trámites administrativos con idéntico propósito so pena de configurar falta administrativa grave pasible de destitución, previo sumario administrativo.

Las personas físicas o jurídicas que con fines de lucro realicen gestiones vinculadas al otorgamiento de pasividades, serán sancionadas por el Banco de Previsión Social por cada infracción, con multas que se determinarán entre un mínimo de UR 10 (unidades reajustables diez) y un máximo de UR 100 (unidades reajustables cien) sin perjuicio de las acciones penales que puedan corresponder.

El Banco de Previsión Social reglamentará lo dispuesto en este artículo dentro de los noventa días siguientes a la promulgación de la presente Ley.

CAPITULO II

DEL REGISTRO DE HISTORIA
LABORAL

Artículo 86. (Historia laboral). - El Banco de Previsión Social está obligado a mantener al día los registros de historia laboral de sus afiliados activos (artículo 7° de la Ley N° 16.190, de 20 de junio de 1991).

Dichos registros serán realizados de acuerdo a las siguientes normas:

a. Se registrará, como mínimo, tiempo de servicios, asignaciones computables y aportes pertinentes por cada empresa, declarados por el sujeto pasivo (artículo 86) o el interesado (artículo 87), en su caso, así como lo que resulte de las actuaciones inspectivas efectuadas por la Institución.

b. En el caso de trabajadores no dependientes sólo se registrarán aquellos servicios y asignaciones computables por los que se haya cotizado.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fecha a partir de la cual entrará a regir la historia laboral, pudiendo establecerse una fecha anterior a la de esta Ley, de acuerdo a la información de que disponga o pueda disponer el Banco de Previsión Social.

Art. 87. (Formación del registro de historia laboral). - Todos los sujetos pasivos de contribuciones especiales de seguridad social están obligados a presentar una declaración, en los plazos y forma que indique la reglamentación, con la información necesaria a efectos de la formación del registro de historia laboral.

Dicha declaración, deberá presentarse se hayan o no efectuado los aportes correspondientes.

En caso que el sujeto pasivo no haya efectuado los correspondientes aportes y presente esta declaración, la multa por mora prevista en el artículo 94 del Código Tributario será del 10% (diez por ciento) del importe del tributo no pagado en plazo.

La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada por el Banco de Previsión Social con una multa de una a cincuenta unidades reajustables por cada afiliado comprendido en la infracción.

Art. 88. (Derecho de iniciativa del trabajador). - En caso de incumplimiento de la obligación prevista en el artículo anterior, los trabajadores, individual o colectivamente, podrán suplir a su empleador en el cumplimiento de dicha obligación.

El Banco de Previsión Social deberá comprobar la veracidad de la información suministrada.

Art. 89. (Información al trabajador). - La información a remitir al trabajador por el Banco de Previsión Social de acuerdo al artículo 7° de la Ley N° 16.190, de 20 de junio de 1991 será la que surja del registro de historia laboral, la que será notificada en debida forma, sin perjuicio del derecho del trabajador de solicitar, en cualquier momento, dicha información.

El Banco de Previsión Social, previa solicitud de sus afiliados activos, podrá transferir electrónicamente la información sobre su historia laboral a instituciones de intermediación financiera o de crédito.

Art. 90. (Observación de la información). - El afiliado dispondrá de un plazo de 180 (ciento ochenta) días para observar la información, a partir de que la misma le haya sido notificada en forma fehaciente.

La no observación de dicha información por parte del afiliado en el plazo indicado, determinará su aceptación de la información registrada.

La resolución que recaiga sobre la observación constituye un acto administrativo recurrible con lo dispuesto por el artículo 4° y siguientes de la Ley N° 15.869, de 22 de junio de 1987.

Art. 91. (Protección al trabajador). - Si se produce el despido del trabajador dentro de los 180 (ciento ochenta) días siguientes a haber formulado observaciones aceptadas por el Banco de Previsión Social, en el caso de que el mismo haya dado origen a un litigio judicial, el Magistrado actuante comunicará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aplique las sanciones pecuniarias correspondientes, las que podrán oscilar entre UR 50 (unidades reajustables cincuenta) a UR 500 (unidades reajustables quinientas).

En caso en que no exista controversia judicial, la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, tendrá competencia para sancionar a los empleadores infractores con multas que se fijarán en los montos establecidos en el inciso anterior.

TITULO VIII

DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE
LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

CAPITULO I

DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS
DE AHORRO PREVISIONAL

Artículo 92. (Entidades receptoras de los ahorros). - Los aportes destinados al régimen de jubilación por ahorro individual serán administrados por personas jurídicas de derecho privado, organizadas mediante la modalidad de sociedades anónimas, denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), en adelante también Administradoras, las que estarán sujetas a los requisitos, normas y controles previstos en la presente Ley.

El Banco de Previsión Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado, actuando conjunta o separadamente podrán formar Administradoras, de las cuales serán
propietarios.

Asimismo, las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores, las cooperativas, las asociaciones civiles, las asociaciones de profesionales que ejerzan libremente su profesión y cualquier otra persona de derecho público no estatal que tenga por objeto principal atender a la seguridad social, podrán formar Administradoras.

A los efectos de este artículo también quedan habilitadas a formar Administradoras las instituciones de intermediación financiera privadas mencionadas por el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, concordantes y modificativas.

Art. 93. (Autorización). - Corresponde al Poder Ejecutivo con informe previo del Banco Central del Uruguay, la facultad de autorizar el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

Art. 94. (Requisitos para iniciar actividades). - El Poder Ejecutivo fijará la fecha a partir de la cual las Administradoras autorizadas a funcionar podrán comenzar a realizar publicidad y a captar afiliados, de acuerdo a las previsiones de la presente Ley. Una de dichas Administradoras deberá, obligatoriamente, constituirse por el Banco de Previsión Social, sólo o juntamente con otra u otras de las entidades mencionadas en el inciso segundo del artículo 92 de la presente Ley.

Ninguna Administradora podrá comenzar a funcionar, realizar publicidad o captar afiliados antes que se encuentre en funcionamiento operativo por lo menos una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, perteneciente al sector público.

Art. 95. (Objeto). - Las Administradoras tendrán como objeto exclusivo, la administración de un único Fondo de Ahorro Previsional, debiendo llevar su propia contabilidad completamente separada de la del respectivo Fondo.

Art. 96. (Denominación). - La denominación social de las Administradoras deberá incluir la frase «Administradora de Fondos de Ahorro Previsional» o la sigla «AFAP» quedando prohibido incluir menciones que pudieran inducir a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de la entidad.

Art. 97. (Capital mínimo). - El capital mínimo necesario para la constitución de una Administradora será de 60.000 UR (Unidades Reajustables sesenta mil) de las previstas en el artículo 38 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el cual deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo en el momento de su autorización.

Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones indicadas en la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el plazo máximo de dos años contados desde la fecha de la resolución que autorice la existencia de la sociedad.

Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro Previsional, el patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser menor al importe mencionado en el inciso primero de este artículo o al 2% (dos por ciento) del valor del mencionado Fondo, si éste fuere mayor.

Si el patrimonio se redujere por cualquier causa, debajo del mínimo exigido, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres meses contados desde el momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o notificación previa por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder Ejecutivo, con la opinión previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar la autorización para funcionar y dispondrá la liquidación de la Administradora.

Art. 98. (Publicidad). - Las Administradoras sólo podrán realizar publicidad a partir de la fecha de la resolución que autorice su funcionamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 de la presente Ley. La publicidad deberá ser veraz y no inducir a equívocos o confusiones.

Art. 99. (Información al público). - Las Administradoras deberán mantener en sus oficinas, en un lugar claramente visible para el público, como mínimo, la siguiente información escrita y actualizada:

1. Antecedentes de la institución, indicando el nombre y apellido de sus directores, administradores, gerentes y síndicos.

2. Balance general del último ejercicio, estados de resultados y de distribución de utilidades, si lo hubiere.

3. Valor del Fondo de Ahorro Previsional, del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial.

4. Régimen e importe de las comisiones vigentes.

5. Composición de la cartera de inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y nombre de las entidades depositarias de los títulos y de los depósitos, así como de las empresas aseguradoras, en donde se hubiera contratado el seguro de los riesgos de invalidez y de fallecimiento en actividad.

Esta información deberá ser actualizada mensualmente, dentro de los primeros 10 (diez) días de cada mes, o en ocasión de cualquier acontecimiento que pueda alterar en forma significativa el contenido de la información a disposición del público.

Art. 100. (Información al afiliado). - La Administradora deberá enviar periódicamente, al menos cada 6 (seis) meses, al domicilio de cada uno de sus afiliados, la siguiente información mínima referente a la composición del saldo de su cuenta de ahorro individual:

1. Saldo de la cuenta respectiva en Unidades Reajustables al inicio del período.

2. Tipo de movimiento, fecha e importe en Unidades Reajustables. Cuando el movimiento se refiera a los débitos se deberá discriminar en su importe el costo de la comisión, la prima del seguro por invalidez y fallecimiento y otros conceptos autorizados. A tal efecto las normas reglamentarias establecerán los procedimientos para tal discriminación.

3. Saldo de la respectiva cuenta en Unidades Reajustables, al final del período.

4. Valor de la Unidad Reajustable al momento de cada movimiento.

5. Rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional.

6. Rentabilidad promedio del régimen y comisión promedio del régimen.

Esta comunicación podrá librarse como mínimo una vez al año, a los afiliados que no registren movimientos por aportes en su cuenta durante el último período que deba ser informado.

La reglamentación podrá disponer el aumento de la frecuencia de la información al afiliado.

El afiliado que lo solicite expresamente ante la Administradora respectiva, podrá obtener información de su cuenta personal en cualquier momento.

Art. 101. (Contabilidad separada). - La Administradora deberá llevar contabilidad separada del Fondo de Ahorro Previsional, en donde se registrarán todos los movimientos relativos a los ingresos y a los egresos.

El Banco Central del Uruguay diseñará el plan de cuentas único a utilizar por las Administradoras y éstas deberán ceñirse a esas normas en todas sus informaciones contables.

Art. 102. (Comisiones). - Las Administradoras tendrán derecho a una retribución de parte de sus afiliados, mediante el cobro de comisiones que serán debitadas de las respectivas cuentas de ahorro individual. Las comisiones serán el único ingreso de la Administradora, a cargo de los afiliados.

El importe de las comisiones será establecido libremente por cada Administradora y su aplicación será uniforme para todos sus afiliados.

Art. 103. (Régimen de comisiones). - El régimen de comisiones que cada Administradora fije se ajustará a los siguientes lineamientos:

1. Sólo podrán estar sujetos al cobro de comisiones: la acreditación de los aportes obligatorios y la acreditación de los depósitos voluntarios y convenidos.

2. La comisión por acreditación de los aportes obligatorios y de los depósitos voluntarios o convenidos, sólo podrá establecerse como una suma fija por operación, como un porcentaje del aporte que le dio origen o como una combinación de ambos.

Art. 104. (Bonificación de las comisiones). - Las Administradoras que así lo estimen conveniente podrán introducir esquemas de bonificación a las comisiones establecidas en el artículo anterior, los que no deberán contener discriminaciones para los afiliados que se encuentren comprendidos en una misma categoría. La definición de estas categorías de afiliados sólo podrá ser efectuada en atención a la cantidad de meses que registren aportes a la correspondiente Administradora. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento para la determinación de las respectivas categorías.

El importe de la bonificación deberá establecerse como una quita sobre el esquema de comisiones vigente, debiendo ser aplicado en forma simultánea al cobro de las respectivas comisiones. El importe bonificado quedará acreditado en la respectiva cuenta de ahorro individual del afiliado.

Art. 105. (Inhabilitaciones). - Para los cargos de directores, administradores, gerentes y síndicos de una Administradora, regirán las inhabilitaciones mencionadas en el artículo 23 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

CAPITULO II

DE LA AFILIACION

Artículo 106. (Elección de la Administradora). - Todo afiliado que se incorpore al régimen de ahorro deberá elegir libremente una Administradora.

La opción se realizará directamente ante la misma, la cual hará llegar al Banco de Previsión Social una copia de la solicitud de incorporación en un plazo de cinco días hábiles. El mismo procedimiento corresponderá cuando el afiliado cambie de Administradora.

La libertad de elección de Administradora no podrá ser afectada por ningún mecanismo ni acuerdo, quedando prohibido condicionar el otorgamiento de beneficios o premios, a la afiliación o cambio del trabajador a una determinada Administradora.

El afiliado deberá incorporarse a una única Administradora aunque el mismo prestare servicios para varios empleadores o realizare simultáneamente tareas como trabajador dependiente y no dependiente.

Art. 107. (Obligación de incorporación de afiliados). - Las Administradoras deberán aceptar la incorporación de todo afiliado efectuada conforme a las normas de esta Ley y no podrán realizar discriminación alguna entre los mismos, salvo las expresamente contempladas en la presente Ley.

Art. 108. (Asignación de Administradora). - Si el afiliado no realizare la elección de Administradora, la asignación de la misma será efectuada por el Banco de Previsión Social, en forma proporcional a los afiliados incluidos en cada una de ellas a la fecha de incorporación.

Art. 109. (Derecho de traspaso a otra Administradora). - Todo afiliado que cumpla las normas del artículo siguiente tiene derecho a cambiar de Administradora, para lo cual deberá notificar fehacientemente a aquélla en la que se encuentre incorporado. El cambio tendrá efecto a partir del segundo mes siguiente al de la solicitud y estará sujeto a lo que dispongan las normas reglamentarias.

Art. 110. (Condiciones para el traspaso). - El derecho a traspaso por parte del afiliado se limitará a dos veces por año calendario y se podrá realizar siempre que se registren, al menos, seis meses de aportes en la entidad que se abandona.

CAPITULO III

DEL FONDO DE AHORRO
PREVISIONAL

Artículo 111. (Naturaleza del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional definido en esta Ley es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora. El mismo estará constituido por las disponibilidades transitorias y las inversiones realizadas y estará destinado únicamente a financiar las prestaciones indicadas en el artículo 49 de la presente Ley.

La propiedad del Fondo de Ahorro Previsional será de los afiliados al mismo y estará sujeta a las limitaciones y destinos establecidos en la presente Ley.

Art. 112. (Inembargabilidad del patrimonio). - Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Ahorro Previsional serán inembargables.

En caso de que la Administradora entre en liquidación judicial, el Fondo de Ahorro Previsional será administrado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 de la presente Ley.

Art. 113. (Recursos del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional de cada Administradora se integrará con los siguientes recursos:

a) los importes destinados al régimen de ahorro según los literales a) al f) del artículo 44 de la presente Ley.

b) Los fondos acumulados por los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso desde otra Administradora.

c) La rentabilidad correspondiente a las inversiones efectuadas de acuerdo con las disposiciones del artículo 123 de la presente Ley.

d) Las transferencias de fondos provenientes de la Reserva Especial, en las condiciones fijadas en el artículo 122 de la presente Ley.

e) Las transferencias del Estado realizadas en las condiciones establecidas en el artículo 122 de la presente Ley.

Art. 114. (Deducciones del Fondo de Ahorro Previsional). - El Fondo de Ahorro Previsional de cada Administradora admitirá las siguientes deducciones:

a) Las sumas correspondientes al pago de las comisiones de los afiliados a la Administradora.

b) El pago de la prima del seguro de invalidez y fallecimiento a una empresa aseguradora autorizada a girar en el ramo de seguros de vida, en adelante, empresa aseguradora, de acuerdo al artículo 56 de la presente Ley.

c) La transferencia de fondos a las empresas aseguradoras para el pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 53 de la presente Ley.

d) La transferencia de los fondos correspondientes a los afiliados que hayan ejercido la opción de traspaso hacia otra Administradora.

e) La comisión de custodia establecida según el artículo 26 de la presente Ley.

Art. 115. (Participación en la copropiedad del Fondo de Ahorro Previsional). - La participación de cada uno de los afiliados en la copropiedad del Fondo de Ahorro Previsional, se determinará mensualmente como el cociente entre el saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor total del mencionado Fondo. Dicha participación es inembargable.

Art. 116. (Tasas de Rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional). - La tasa de rentabilidad nominal anual del Fondo de Ahorro Previsional, es el porcentaje de variación, durante los últimos doce meses del valor de la Unidad Reajustable, acumulada a la tasa de rentabilidad real de dicho Fondo.

La tasa de rentabilidad real mensual del Fondo de Ahorro Previsional, es el porcentaje de variación mensual experimentado por el mismo, medido en Unidades Reajustables, excluyendo los ingresos por aportes y traspasos entre Administradoras, así como los traspasos desde y hacia el Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y las deducciones mencionadas en el artículo 114 de la presente Ley. La tasa de rentabilidad real anual se calculará por la acumulación de las tasas de rentabilidad reales mensuales.

El cálculo de estas tasas y de todos los índices que de ellas se deriven se realizarán mensualmente.

Art. 117. (Rentabilidad del régimen). - Las tasas de rentabilidad nominal y real promedio del régimen se determinará calculando el promedio ponderado de la tasa de rentabilidad de cada Fondo de Ahorro Previsional, según el mecanismo que fijen las normas reglamentarias.

Las Administradoras serán responsables de que la tasa de rentabilidad real del respectivo Fondo de Ahorro Previsional, no sea inferior a la tasa de rentabilidad real mínima anual del régimen, la que se determinará en forma mensual.

La tasa de rentabilidad real mínima anual promedio del régimen es la menor entre el 2% (dos por ciento) anual y la tasa de rentabilidad real promedio del régimen menos 2 (dos) puntos porcentuales.

Los requisitos de rentabilidad mínima no serán de aplicación a las Administradoras que cuenten con menos de doce meses de funcionamiento.

Art. 118. (Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - En cada Administradora, como parte del Fondo de Ahorro Previsional, habrá un Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, con el objeto de garantizar la tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo anterior.

Art. 119. (Integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad se integrará en forma mensual y siempre que la rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuese positiva. El mismo se integrará con el producido de todo exceso de la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional sobre la tasa de rentabilidad promedio del régimen, incrementada en 2 puntos porcentuales. El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad estará expresado en Unidades Reajustables.

Art. 120. (Aplicación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad). - El Fondo de Fluctuación de Rentabilidad tendrá los siguientes destinos:

a) Cubrir la diferencia entre la tasa de rentabilidad real mínima del régimen definida en el artículo 117 de la presente Ley y la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional, en caso de que esta fuera menor.

b) Acreditar obligatoriamente en las cuentas de ahorro individual de los afiliados, los fondos acumulados que superen por más de un año el 5% (cinco por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

c) Incrementar, en la oportunidad que la Administradora así lo estime conveniente, la rentabilidad incorporada en las cuentas de ahorro individual en un mes determinado, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones:

1. Luego de la afectación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, el saldo de éste represente como mínimo el 3% (tres por ciento) del importe del Fondo de Ahorro Previsional.

2. No se podrá, en un mes dado, disminuir más del 10% (diez por ciento) del correspondiente Fondo de Fluctuación de Rentabilidad.

d) Imputar al Fondo de Ahorro Previsional el saldo total del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, a la fecha de liquidación o disolución de la Administradora.

Art. 121. (Reserva Especial). - Las Administradoras deberán integrar y mantener en todo momento, una reserva equivalente por lo menos al 2% (dos por ciento) del Fondo de Ahorro Previsional respectivo, deducidas las inversiones en valores emitidos por el Estado uruguayo, que se denominará Reserva Especial. Dicha Reserva, no podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del capital mínimo fijado en el artículo 97 de la presente Ley y tendrá por objeto responder a los requisitos de tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo siguiente.

El cálculo de la Reserva Especial mínima se efectuará en forma mensual, teniendo en cuenta el valor del Fondo de Ahorro Previsional y la composición de sus inversiones al fin del mes anterior.

La Reserva Especial deberá ser invertida en los mismos instrumentos autorizados para el Fondo de Ahorro Previsional y con iguales limitaciones. Los bienes y derechos que la componen serán inembargables.

Todo déficit de la Reserva Especial, no originado en el proceso de aplicación establecido en el artículo siguiente, se regirá por las normas y plazos de integración, penalidades y reclamos que a tal efecto fijen las normas reglamentarias.

Art. 122. (Garantías de la rentabilidad mínima). - Cuando la tasa de rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuere, en un mes dado, inferior a la tasa de rentabilidad real mínima del régimen y esta diferencia no pudiere ser cubierta con el respectivo Fondo de Fluctuación de Rentabilidad, la Administradora deberá aplicar los recursos de la Reserva Especial a tal efecto. Si no lo hiciera, el Banco Central del Uruguay la intimará a hacerlo en un plazo de diez días, a partir de la notificación respectiva. Si aplicados totalmente los recursos de la Reserva Especial, no se pudiere completar la deficiencia de rentabilidad del fondo de Ahorro Previsional, el Estado completará la diferencia, la que deberá ser reintegrada dentro del plazo que en cada caso fije el Poder Ejecutivo.

La Administradora que no hubiere cubierto la rentabilidad mínima del régimen o recompuesto la Reserva Especial dentro de los quince días siguientes al de su afectación, se disolverá de pleno derecho, debiendo liquidarse según lo establecen los artículos 138 y 139 de la presente Ley.

CAPITULO IV

DE LAS INVERSIONES

Artículo 123. (Inversiones permitidas). - El Fondo de Ahorro Previsional se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad de plazos, de acuerdo con sus finalidades y respetando los límites fijados por esta Ley y las normas reglamentarias.

Las Administradoras podrán invertir los recursos del Fondo de Ahorro Previsional en:

a) Valores emitidos por el Estado uruguayo, hasta el 60% (sesenta por ciento) del total del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

b) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento).

c) Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera que se realicen en las instituciones de intermediación financiera instaladas en el país, autorizadas a captar depósitos, hasta el 30% (treinta por ciento).

d) Valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas que coticen en algún mercado formal, con autorización del Banco Central del Uruguay, hasta el 25% (veinticinco por ciento).

e) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales o forestales, garantizados por entidades financieras autorizadas a funcionar en el país, a través de la emisión de certificados de depósito, hasta el 20% (veinte por ciento).

f) Colocaciones en instituciones públicas o privadas, garantizadas por las mismas, a efectos de que estas concedan préstamos personales a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social, hasta dos años de plazo y tasa de interés no inferior a la evolución del Indice Medio de Salarios en los últimos doce meses, más cinco puntos porcentuales. El máximo del préstamo en estas condiciones no podrá superar los seis salarios de actividad o pasividad. El importe a prestar no excederá del 15% (quince por ciento) del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Las inversiones mencionadas en el literal a) podrán alcanzar hasta el 100% (cien por ciento) en el primer año de vigencia del régimen de ahorro, reduciéndose entre cinco y diez puntos porcentuales por año, hasta llegar al 60% (sesenta por ciento) mencionado.

La suma de las inversiones mencionadas en los literales b), c), d), e) y f) no podrá exceder del 20% (veinte por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional en el primer año, incrementándose entre cinco y diez puntos porcentuales anuales, hasta un máximo del 70% (setenta por ciento).

La suma de las inversiones mencionadas en los literales d), e) y f), no podrá exceder del 30% (treinta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

Art. 124. (Prohibiciones). - El Fondo de Ahorro Previsional no podrá ser invertido en los siguientes valores:

a) Valores emitidos por otras Administradoras que se creen de acuerdo con la presente Ley.

b) Valores emitidos por empresas aseguradoras.

c) Valores emitidos por sociedades constituidas en el extranjero, con excepción de las empresas de intermediación financiera autorizadas a girar en el país.

d) Valores emitidos por las sociedades financieras de inversión.

e) Valores emitidos por empresas vinculadas a la respectiva Administradora, ya sea directamente o por su integración a un conjunto económico.

f) Acciones escriturales, preferidas y de goce, definidas por la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

En ningún caso las Administradoras podrán realizar operaciones de caución, ni operaciones financieras que requieran constitución de prendas o garantías sobre el activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Una vez reglamentadas por el Poder Ejecutivo, las prohibiciones indicadas en el presente artículo serán controladas por el Banco Central del Uruguay.

Art. 125. (Disponibilidad transitoria). - El activo del Fondo de Ahorro Previsional, en cuanto no sea inmediatamente aplicado según lo establecido por el artículo 123 de la presente Ley, será depositado en entidades de intermediación financiera, en cuentas identificadas como integrantes del mencionado Fondo.

De dichas cuentas sólo podrán efectuarse retiros destinados a la realización de inversiones para el Fondo de Ahorro Previsional y al pago de las comisiones y transferencias autorizadas por el artículo 114 de la presente Ley.

Las cuentas serán mantenidas en instituciones autorizadas a realizar operaciones de intermediación financiera en el país, de acuerdo a los artículos 1° y 2° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

La suma de las disponibilidades transitorias y de las inversiones permanentes mencionadas en los literales c) y e) del artículo 123 de la presente Ley no podrá exceder, en una sola institución financiera, el 15% (quince por ciento) del valor total del Fondo de Ahorro Previsional.

Art. 126. (Custodia de los títulos). - Los títulos representativos de las inversiones del Fondo de Ahorro Previsional y de la Reserva Especial deberán mantenerse en una sola institución de intermediación financiera autorizada a captar depósitos u otras instituciones que el Banco Central del Uruguay autorice.

En forma mensual, el Banco Central del Uruguay informará al depositario el monto mínimo que cada Administradora deberá mantener en custodia. La entidad depositaria será responsable de este control y deberá comunicar al Banco Central del Uruguay las insuficiencias que se verifiquen.

Las comisiones de custodia serán libremente fijadas entre las partes y comunicadas al Banco Central del Uruguay.

CAPITULO V

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
DE LAS ADMINISTRADORAS Y EMPRESAS
ASEGURADORAS

Artículo 127. (Responsabilidades y obligaciones de las Administradoras). - Las Administradoras serán responsables y estarán obligadas a:

a) Traspasar a las empresas aseguradoras los saldos acumulados en las cuentas de ahorro individual, a efectos del pago de las prestaciones mencionadas en el artículo 49 de la presente Ley, con excepción del subsidio transitorio por incapacidad parcial.

b) Contratar con una empresa aseguradora un seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, en las condiciones del artículo 56 de la presente Ley, considerando como pago parcial de la misma, el capital acumulado en la cuenta de ahorro de los afiliados, a la fecha en que se produzca la incapacidad, el fallecimiento en actividad o el fallecimiento en goce del subsidio transitorio por incapacidad parcial.

c) Traspasar a la empresa aseguradora correspondiente el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, cuando se den las condiciones establecidas en el artículo 57 de la presente Ley.

Art. 128. (Responsabilidades y obligaciones de las Empresas Aseguradoras). - Las Empresas Aseguradoras, siempre que realicen operaciones establecidas en la presente Ley, estarán obligadas a:

a) Servir en forma mensual las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, de acuerdo a las condiciones mencionadas en el artículo 55 de la presente Ley.

b) Servir en forma mensual las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y las pensiones por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, por la parte sujeta al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio y siempre que los afiliados hubieran estado incluidos en la póliza de seguro de vida colectivo mencionado en el artículo 56 de la presente Ley. En caso de que el afiliado no hubiera estado incluido en la póliza respectiva, la responsabilidad de su pago será de la Administradora.

c) Formar el capital técnico necesario para cubrir las prestaciones mencionadas en los literales a) y b) de este artículo, conforme a las instrucciones que imparta el Banco Central del Uruguay.

CAPITULO VI

REGIMEN IMPOSITIVO

Artículo 129. (Tratamiento de los depósitos convenidos). - Los depósitos convenidos que se realicen de acuerdo al artículo 48 de la presente Ley, serán deducibles de la renta bruta para liquidar los impuestos establecidos en el Título 4, Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) y Título 8, Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) del Texto Ordenado 1991.

Dichos depósitos también se podrán deducir como Rubro de Deducción Condicionada, del impuesto definido en el Título 7 Impuesto a las Actividades Agropecuarias (IMAGRO) del Texto Ordenado 1991, no rigiendo a estos efectos el tope máximo del 20% (veinte por ciento) del ingreso neto total.

Art. 130. (Remuneraciones no gravadas). - Las remuneraciones abonadas a los trabajadores por las cuales no corresponda cotizar aportes patronales jubilatorios, de acuerdo a la limitación del literal a) del artículo 14, serán deducibles de la renta bruta para liquidar a los impuestos establecidos en el Título 4, Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) y Título 8, Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA) del Texto Ordenado 1991, exclusivamente por la parte proporcional de los aportes de seguridad social no jubilatorios e impuesto a las retribuciones personales respecto del total de los mismos, incluyendo los aportes jubilatorios.

Art. 131. (Tratamiento de los fondos acumulados). - Los fondos acumulados en las cuentas invidualidades de ahorro no serán computadas a efectos de la liquidación del impuesto al patrimonio de las personas físicas.

Art. 132. (Tratamiento de las AFAP). - Las comisiones percibidas por las Administradoras de acuerdo al artículo 102 de la presente Ley, estarán exoneradas del impuesto al valor agregado (IVA) del Título 10 del Texto Ordenado 1991.

Las AFAP quedarán incluidas en el régimen establecido en el Título 4, Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC) del Texto Ordenado 1991 y no serán gravadas con el Impuesto a las Comisiones (COM), regulado en el Título 17 del Texto Ordenado 1991.

La constitución de Sociedades Anónimas con el objeto exclusivo de administrar Fondos de Ahorro Previsional, así como los aumentos de capital de las mismas, estarán exonerados de todo tributo.

Art. 133. (Tratamiento de las empresas aseguradoras). - Las empresas aseguradoras que realicen operaciones incluidas en la presente Ley, estarán exoneradas del impuesto a los ingresos (Título 6, Impuesto a los ingresos de las compañías de seguros del Texto Ordenado 1991), por el cobro de las primas del seguro de invalidez y fallecimiento contratado según el artículo 56 de la presente Ley.

Asimismo, las citadas empresas quedarán exoneradas del IVA sobre las primas que cobren por el seguro citado en el inciso anterior.

CAPITULO VII

DEL CONTROL

Artículo 134. (Control de las Administradoras). - El Banco Central del Uruguay ejercerá el control de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, de acuerdo con las competencias establecidas en la presente Ley, sin perjuicio de las normas de organización de la seguridad social que dicte el Banco de Previsión Social de acuerdo al artículo 195 de la Constitución de la República.

Las potestades que la Constitución acuerda a los Cuerpos Legislativos o a sus integrantes no podrán ser restringidas sea cualquiera la circunstancia que se invoque, en todo lo referente a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, sean de carácter público o privado.

Art. 135. (Poderes Jurídicos del Banco Central del Uruguay). - Son poderes jurídicos del Banco Central del Uruguay:

a) Ejercer las funciones que la presente Ley asigna a la autoridad de control.

b) Dictar las resoluciones de carácter general y particular en los casos previstos en la presente Ley, y que sean necesarios para su correcta aplicación.

c) Fiscalizar el procedimiento de afiliación previsto en los artículos 106 y 107 de la presente Ley y los traspasos que decidan los afiliados de acuerdo a los artículos 109 y 110 de la presente Ley.

d) Llevar un registro de las Administradoras autorizadas de acuerdo con la presente Ley.

e) Controlar se cumpla lo establecido en el artículo 98 de la presente Ley.

f) Verificar, mediante inspecciones, cuya frecuencia mínima será reglamentada, la exactitud y veracidad de la información que las Administradoras deban brindar conforme a lo establecido en los artículos 99 y 100 de la presente Ley.

g) Fiscalizar el cumplimiento del régimen de comisiones fijados por cada Administradora.

h) Fiscalizar las inversiones de los recursos de los Fondos de Ahorro Previsional y de la Reserva Especial, así como las adecuada custodia de los títulos representativos de las mismas.

i) Determinar la rentabilidad y comisión promedio del régimen de ahorro individual y fiscalizar la rentabilidad obtenida por cada Administradora.

j) Fiscalizar la constitución, el mantenimiento y la aplicación del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad y de la Reserva Especial.

k) Controlar la contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las Administradoras, en la forma establecida en el artículo 56 de la presente Ley y establecer las normas que regulen el contrato respectivo, así como las que regulen el pago de las prestaciones de jubilación común y de las pensiones de sobrevivencia que de ella se deriven, según el artículo 55 de la presente Ley.

l) Imponer a las Administradoras las sanciones previstas cuando no cumplan con las disposiciones legales, conforme a lo establecido en el artículo 136 de la presente Ley.

ll) Labrar acta de toda inspección que realice en una Administradora o ante un tercero con quien aquella opere.

m) Publicar, en forma trimestral, una memoria que contendrá la información global y estadística que fije la reglamentación, referida a la evolución del régimen de ahorro individual, las autorizaciones otorgadas para funcionar como Administradoras, las revocaciones, las sanciones aplicadas y la indicación referida a cada Administradora, de capital social, nómina de directores, representantes, gerentes y síndicos, número de afiliados incorporados a cada una, esquema de comisiones, valor del Fondo de Ahorro Previsional, de la Reserva Especial, composición de las inversiones de cada Fondo, rentabilidad nominal y real y toda otra información que establezcan las normas reglamentarias.

n) Controlar las responsabilidades y obligaciones de las Administradoras y de las empresas aseguradoras, de acuerdo a los artículos 127 y 128 de la presente Ley.

ñ) Recibir las denuncias de los afiliados o de terceros, sobre la actuación de las instituciones incluidas en esta Ley, debiendo tramitar y notificar de sus resultados, a los denunciantes, en un plazo de quince días hábiles.

Art. 136. (Sanciones aplicables). - Las Administradoras y las Empresas Aseguradoras, comprendidas en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio establecido en esta Ley y que infrinjan las normas aplicables a las mismas, serán pasibles, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder, de las sanciones establecidas en el artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

CAPITULO VIII

DE LA LIQUIDACION DE LAS
ADMINISTRADORAS

Artículo 137. (Liquidación de una Administradora). - El Banco Central del Uruguay procederá a la liquidación de una AFAP cuando se verifique cualquiera de los siguientes supuestos:

a) El patrimonio de una Administradora se redujere a un importe inferior a los mínimos establecidos en el artículo 97 de la presente Ley y no se hubieren reintegrado totalmente dentro de los plazos establecidos.

b) Se verifique, dentro un año calendario, déficit de la Reserva Especial en más de dos oportunidades. A los fines de este cómputo no se tendrá en cuenta la generación de déficit como consecuencia del proceso establecido por el inciso segundo del artículo 122 de la presente Ley.

c) No hubiere cubierto la rentabilidad mínima establecida o recompuesto la Reserva Especial afectada dentro de los plazos fijados en el artículo 122 de la presente Ley.

d) Hubiera entrado la Administradora en estado de cesación de pagos, cualquiera sea la acusa y la naturaleza de las obligaciones que afecte.

El Estado concurrirá como acreedor en el proceso de liquidación de una Administradora, por los pagos que hubiere realizado en virtud del cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el artículo 122 de la presente Ley.

Art. 138. (Procedimiento de liquidación). - La liquidación de las Administradoras se efectuará por el procedimiento establecido en el artículo 41 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el artículo 4° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Los afiliados deberán traspasar sus cuentas personales y la cuota parte del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad a otra Administradora, a su elección, en el plazo de noventa días posteriores al inicio de la liquidación de la Administradora. En caso de no haberlo hecho, el Banco Central del Uruguay destinará a los afiliados pendientes de traspaso a las Administradoras existentes, en forma proporcional al número de afiliados de cada una.

CAPITULO IX

GARANTIAS DEL ESTADO

Artículo 139. (Garantías). - El Estado garantizará a los afiliados del régimen de ahorro individual obligatorio:

a) El cumplimiento de la rentabilidad real mínima, sobre los fondos que los afiliados mantuvieran invertidos, cuando una Administradora, agotados los mecanismos previstos en esta Ley, no pudiera cumplir con la mencionada obligación.

Esta garantía se mantendrá vigente durante el período en el cual los afiliados se traspasen a una nueva Administradora de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

b) El pago de las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, en caso de liquidación judicial de una empresa aseguradora.

c) El pago de las prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, en caso de liquidación judicial de la empresa aseguradora que hubiere hecho el seguro colectivo de vida mencionado en el artículo 56 de la presente Ley, y siempre que las disponibilidades financieras de la Administradora imposibilitaran hacerse cargo de dichas obligaciones.

Art. 140. - La garantía del Estado, a que refieren los artículos 122 y 139 de la presente Ley, sólo será aplicable a las entidades de propiedad estatal, sin perjuicio de la responsabilidad en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

Art. 141. (Naturaleza de los créditos). - En los casos en que la garantía estatal hubiera operado, el Estado concurrirá en la liquidación judicial de las Administradoras o de las empresas aseguradoras por los montos pagados, a lo que se agregará el valor de las reservas técnicas de las prestaciones futuras, en cuanto estas fueren responsabilidad de aquellas. El Estado será acreedor privilegiado de la misma clase que le corresponde como acreedor de tributos impagos.

Los créditos de las Administradoras contra una empresa aseguradora, que se originen en el contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, gozarán del privilegio de la primera clase de créditos personales (artículo 1732 del Código de Comercio).

CAPITULO X

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 142. (Prohibición del cobro de Comisiones). - El Banco de Previsión Social y el Banco Central del Uruguay no podrán recibir retribución alguna de las Administradoras, empresas aseguradoras, empresas contribuyentes o de los afiliados, por las actividades que realicen en el marco de la presente Ley.

Art. 143. (Afiliación previsional de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional). - Los trabajadores de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y los del Banco de Previsión Social estarán afiliados a este último.

Art. 144. (Emisión de títulos reajustables). - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir títulos en Unidades Reajustables hasta la suma de UR 30:000.000 (Unidades Reajustables treinta millones).

Dichos títulos no podrán tener un plazo superior a veinte años y su tasa de interés será, como mínimo, del 2% (dos por ciento) anual.

Su adquisición podrá ser realizada exclusivamente por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, las que sólo podrán enajenar dichos títulos a otras Administradoras.

La emisión autorizada por este artículo, no está comprendida en los topes previstos en el artículo 1° de la Ley N° 16.454, de 22 de diciembre de 1993.

TITULO IX

DE LA MATERIA GRAVADA Y
ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 145. (Ambito de aplicación). - Las disposiciones de este Título comprenden a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

En oportunidad de que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° de la presente Ley, se proyectará las adecuaciones de este Título en relación a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social. Hasta tanto entren en vigencia dichas disposiciones se aplicarán las normas legales y reglamentarias en vigor a la sanción de la presente Ley.

Art. 146. (Principio de congruencia). - Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones de pasividad constituyen materia gravada por las contribuciones especiales de seguridad social.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período, gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable sólo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Art. 147. (Principio de primacía de la remuneración real). - Las contribuciones especiales de seguridad social destinadas al Banco de Previsión Social se aplicarán sobre las remuneraciones realmente percibidas por los sujetos pasivos de dichos tributos, con la sola excepción de aquellos casos en los que la materia gravada y las asignaciones computables se rijan por remuneraciones fictas.

Art. 148. (Principio de actividad. Hecho generador). - Las contribuciones especiales de seguridad social destinadas al Banco de Previsión Social, se generarán por el desarrollo de actividad personal remunerada de cualquier naturaleza, comprendida en el ámbito de afiliación del citado Banco.

Art. 149. (Principio de verdad material). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social se ajustará a la verdad material de los hechos.

Art. 150. (Principio de economía procesal). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social, deberá asegurar la celeridad, simplicidad y economía de los procedimientos administrativos a su cargo, así como evitar la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos innecesarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento y los derechos de los administrados.

Art. 151. (Principio del debido proceso). - La administración tributaria del Banco de Previsión Social, garantizará a los interesados en sus procedimientos administrativos todos los derechos y garantías del debido proceso, de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República y demás normas de derecho positivo.

Art. 152. (Prescripción). - El Banco de Previsión Social podrá declarar de oficio la prescripción del derecho al cobro de los tributos, sanciones e intereses cuando se configuren los supuestos previstos por el artículo 38 del Decreto-Ley N° 14.306, de 29 de noviembre de 1974.

Dicha declaración deberá ser realizada por el Banco de Previsión Social cuando se configuren los mismos supuestos constitutivos de la prescripción en caso de ser invocada en vía administrativa por el contribuyente y el Banco de Previsión Social quedará obligado a expedir en ambos casos los certificados que así lo acrediten.

CAPITULO II

MATERIA GRAVADA

Artículo 153. (Concepto general). - A los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social recaudadas por el Banco de Previsión Social, constituye materia gravada todo ingreso que, en forma regular y permanente, sea en dinero o en especie, susceptible de apreciación pecuniaria, perciba el trabajador dependiente o no dependiente, en concepto de retribución y con motivo de su actividad personal, dentro del respectivo ámbito de afiliación.

Art. 154. (Concepto de excepción). - Cuando el ingreso referido en el artículo anterior se perciba, en todo o en parte, mediante asignaciones en especie o cuya cuantía real sea incierta, el monto a gravar será establecido fictamente por el Poder Ejecutivo, en función de la naturaleza o modalidad de las actividades o formas de retribución, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.

Art. 155. (Base Ficta de Contribución). - En los casos previstos en el artículo anterior, la materia gravada se determinará por la Base Ficta de Contribución, la cual será equivalente a una Unidad Reajustable (artículo 38 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968). A tales efectos el valor de la Unidad Reajustable será el vigente en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

CAPITULO III

SITUACIONES ESPECIALES

Artículo 156. (Propinas). - Las propinas percibidas por los trabajadores dependientes, estarán gravadas entre un mínimo equivalente a tres veces el valor de la Base Ficta de Contribución y un máximo de veinte veces el valor de dicha Base. El Poder Ejecutivo, atendiendo a las características de cada actividad, determinará el monto gravado correspondiente.

Los montos correspondientes a propinas de los funcionarios profesionales de los Casinos del Estado y Municipales, se regirán por lo dispuesto por la Ley N° 16.568, de 28 de agosto de 1994.

Art. 157. (Viáticos). - Los viáticos, cualesquiera fuese su denominación, estarán gravados por lo realmente percibido en los siguientes porcentajes: un 50% (cincuenta por ciento) sobre las partidas destinadas a su utilización dentro del país y un 25% (veinticinco por ciento) las partidas destinadas a su utilización fuera del país.

Quedan exceptuadas las sumas que las empresas reintegren a sus trabajadores por concepto de gastos de locomoción, alimentación y alojamiento, ocasionados en el cumplimiento de tareas encomendadas por aquellas, cuando las mismas estén sujetas a rendición de cuentas y escrituración contable o se pruebe fehaciente e inequívocamente su calidad indemnizatoria, a juicio de la Administración.

Art. 158. (Gratificaciones). - Constituirán materia gravada las gratificaciones, cuando tengan los caracteres de regularidad y permanencia.

Quedan exceptuadas las partidas que las empresas otorguen a sus trabajadores en forma discrecional o con motivos específicos no vinculados a la prestación de servicios propia de la relación o contrato de trabajo.

Art. 159. (Quebrantos). - Constituirán materia gravada los quebrantos de caja y similares que efectivamente perciba el trabajador.

Art. 160. (Subsidios por períodos de inactividad compensada). - Los subsidios correspondientes a períodos de inactividad compensada constituirán materia gravada.

Los complementos que las empresas otorguen a los subsidios correspondientes a períodos de inactividad compensada, no estarán gravados ni constituirán asignación computable, no pudiendo la suma de ambos exceder la remuneración habitual del trabajador.

Art. 161. (Retribuciones de profesionales universitarios). - Las remuneraciones de los profesionales universitarios se regirán, a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social, por las siguientes reglas:

1. Constituirán materia gravada las retribuciones a los profesionales universitarios, cuando exista una relación de dependencia laboral, no siendo relevante, a esos efectos, la mera circunstancia de percibir honorarios en forma regular y permanente. La Administración deberá probar la existencia de tales caracteres, mediante el análisis de todas las pautas y elementos de hecho que permitan establecer la existencia de relación de dependencia.

2. Se presumirá que no existe relación de dependencia cuando el profesional universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Art. 162. (Retribuciones de profesionales universitarios derivados de contratos de arrendamiento de servicios profesionales u obra). - No constituyen materia gravada las retribuciones percibidas por profesionales universitarios en virtud de contratos de arrendamiento de servicios profesionales o de obra, toda vez que conste por escrito la delimitación de las obligaciones por las partes, así como la ausencia de relación de dependencia siempre que el profesional universitario cumpla con las obligaciones impositivas y efectúe los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Art. 163. (Aportes personales). - Los aportes personales cuando los toma a su cargo la empresa constituirán materia gravada.

Art. 164. (Prestaciones de vivienda). - Las prestaciones de vivienda, en dinero o en especie, constituyen materia gravada. El monto gravado será el equivalente a diez Bases Fictas de Contribución.

Las prestaciones de vivienda, en dinero o en especie, para los trabajadores rurales, se gravarán en la forma y condiciones que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes.

Art. 165. (Gastos de representación). - Los gastos de representación que perciban los titulares de los cargos a que refiere el artículo 35, literal c), numerales 1 a 4 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979, se regirán por lo dispuesto en el artículo 157 de la presente Ley.

Art. 166. (Alimentos). - Las prestaciones de alimentación, en dinero o en especie, para los trabajadores rurales, se gravarán en la forma y condiciones que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes para dicho sector de actividad.

Art. 167 (Prestaciones exentas). - Las prestaciones que se indican a continuación no constituyen materia gravada ni asignación computable:

1) La alimentación de los trabajadores en los días trabajados, sea que se provea en especie o que su pago efectivo lo asuma el empleador.

2) El pago total o parcial, debidamente documentado, de cobertura médica u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria, otorgados al trabajador, su cónyuge, sus padres -cuando se encuentren a su cargo- hijos menores de 18 años, o mayores de 18 y menores de 25 mientras se encuentren cursando estudios terciarios e hijos incapaces, sin límite de edad.

3) El costo de los seguros de vida y de accidente personal del trabajador, cuando el pago de los mismos haya sido asumido total o parcialmente por el empleador.

La suma de las prestaciones exentas referidas precedentemente no podrán superar el 20% (veinte por ciento) de la retribución que el trabajador recibe en efectivo por conceptos que constituyan materia gravada. En el caso en que se supere dicho porcentaje, el excedente estará gravado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 de la presente Ley.

La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias para el desarrollo de la tarea asignada al trabajador no constituirá materia gravada ni asignación computable.

Art. 168. (Cooperativistas). - Los cooperativistas aportarán sobre las remuneraciones realmente percibidas, no pudiendo ser el monto gravado inferior a la retribución que corresponda al cargo que desempeñen, según laudos, convenios colectivos u otras formas de establecer colectivamente niveles salariales, aplicables al giro único o principal de la empresa.

Art. 169. (Industria de la construcción y empresas transportistas). - La regulación de las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción y empresas transportistas continuarán rigiéndose por las normas legales y reglamentarias específicas de la actividad, aplicables a la fecha de vigencia de la presente Ley.

Art. 170. (Directores, Administradores y Síndicos de sociedades anónimas). - Las remuneraciones de los Directores, Administradores y Síndicos de Sociedades Anónimas constituyen materia gravada por los montos efectivamente percibidos como consecuencia del ejercicio de dichos cargos, cualquiera sea la denominación de aquellos.

No obstante cuando las remuneraciones del ejercicio por todo concepto, sean inferiores al equivalente a treinta veces el valor de la Base Ficta de Contribución por cada mes del ejercicio anual o de los meses en los cuales ejerció el cargo, se estará a esta última cifra, que constituirá la materia gravada.

Art. 171. (Exención Directores, Administradores y Síndicos de sociedades anónimas). - Están exentos los Directores, Administradores y Síndicos:

a) Que no perciban remuneración de clase alguna, debiéndose probar dicho extremo, mediante certificado notarial o contable.

b) Radicados en el extranjero, extremo que debe ser probado fehacientemente.

c) De sociedades anónimas propietarias de inmuebles destinados a casa-habitación de los mismos y siempre que la sociedad no tenga otra actividad.

CAPITULO IV

TRABAJADORES NO DEPENDIENTES

Artículo 172. (Trabajadores no dependientes que ocupan personal). - Las personas físicas que por sí solas, conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan una actividad lucrativa no dependiente y ocupen personal, y los socios integrantes de las sociedades colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita y de capital e industria, tengan o no la calidad de administradores, que desarrollen actividad de cualquier naturaleza dentro de la empresa, efectuarán su aportación ficta patronal, sobre la base del máximo salario abonado por la empresa o la remuneración real de la persona física correspondiente, según cual fuera mayor, sin que pueda ser inferior al equivalente a quince veces el valor de la Base Ficta de Contribución.

Art. 173. (Trabajadores no dependientes que no ocupan personal). - La aportación, así como los beneficios de la seguridad social en el caso de los trabajadores no dependientes, sin personal a su cargo, se ajustará a partir del primer día del mes siguiente al de la vigencia de la presente Ley, a las siguientes categorías de sueldos fictos equivalentes a:

1°) 11 (once) veces la Base Ficta de Contribución.

2°) 15 (quince) veces la Base Ficta de Contribución.

3°) 20 (veinte) veces la Base Ficta de Contribución.

4°) 25 (veinticinco) veces la Base Ficta de Contribución.

5°) 30 (treinta) veces la Base Ficta de Contribución.

6°) 36 (treinta y seis) veces la Base Ficta de Contribución.

7°) 42 (cuarenta y dos) veces la Base Ficta de Contribución.

8°) 48 (cuarenta y ocho) veces la Base Ficta de Contribución.

9°) 54 (cincuenta y cuatro) veces la Base Ficta de Contribución.

10°) 60 (sesenta) veces la Base Ficta de Contribución.

Las disposiciones de este artículo serán aplicables a los afiliados comprendidos en los artículos 60 y 63 de la presente Ley.

Art. 174. (Opción). - La determinación inicial del sueldo ficto de los afiliados comprendidos en el artículo anterior, en caso de ingreso o reingreso, no podrá sobrepasar la tercera categoría. No obstante, aquellos que anteriormente hubieran aportado de acuerdo a una categoría superior, podrán reingresar en la misma.

Los afiliados comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley, podrán elegir libremente la categoría de sueldos fictos por la que aportarán, conforme al artículo anterior, pudiendo establecerse un sueldo ficto mayor al previsto para la décima categoría.

Art. 175. (Cambio de categoría). - Cumplido un mínimo de tres años de permanencia en cada categoría, los afiliados comprendidos en los artículos 60 y 63 de la presente Ley podrán optar, antes de su vencimiento o en los años subsiguientes, por la categoría inmediata superior, lo que se hará efectivo a partir del 1° de enero del año inmediato siguiente, siempre que a dicha fecha se encuentre en situación regular de pago.

A los efectos del primer pasaje de categoría se considerará que la afiliación se ha producido el 1° de enero, cuando se haya operado dentro de los primeros seis meses del año y el 1° de enero del año subsiguiente, cuando la misma se haya efectuado dentro del segundo semestre.

En caso de reingreso, el afiliado podrá retomar la categoría que registraba al momento del cese, así como la permanencia que en la misma haya registrado. A los solos efectos del pasaje a la categoría subsiguiente se aplicará además, la presunción que estatuye el inciso anterior.

Los afiliados comprendidos en el artículo 2° de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior.

Art. 176. (Pluriactividad en carácter de trabajador no dependiente). - En caso de ejercerse más de una actividad de las comprendidas en el presente capítulo, corresponderá la aportación por el sueldo ficto mayor.

Art. 177. (Excepción). - Exceptúase del régimen previsto en este capítulo:

a) Las personas que desarrollando una actividad carente de inclusión específica, no acrediten los requisitos de habitualidad, profesionalidad y carácter principal que a los efectos de la subsistencia, establece el artículo 18 de la Ley N° 12.380, de 12 de febrero de 1957.

b) Quienes desarrollen actividades comprendidas en la Ley N° 15.852, de diciembre de 1986.

Art. 178. (Empresas unipersonales). - Las contribuciones especiales de seguridad social generadas por las empresas unipersonales se regirán por las siguientes reglas:

1. Su actividad está gravada por las referidas contribuciones de acuerdo a los sueldos fictos previstos en el presente capítulo, sin perjuicio de las situaciones de hecho en las que sea de aplicación lo indicado en los numerales 4 y 5 de este artículo.

2. No constituyen materia gravada a los fines de las contribuciones especiales de seguridad social, las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales, toda vez que conste por escrito claramente delimitadas por obligaciones de las partes y la ausencia de relación de dependencia y que la misma cumpla, además, con las obligaciones tributarias, particularmente con la inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva.

3. Dichos contratos deberán ser registrados ante el Banco de Previsión Social, en la forma que indique la reglamentación.

4. El Banco de Previsión Social podrá formular, de manera fundada, observaciones a dichos contratos, cuando entienda que los mismos implican una clara relación de dependencia encubierta, en cuyo caso la materia gravada estará constituida por las retribuciones percibidas por concepto de servicios prestados. En tales casos, la obligación de pago de las contribuciones especiales de seguridad social existirá a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudieren corresponder.

5. Las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales constituirán materia gravada, en caso de que no exista contrato escrito o de que el mismo no haya sido debidamente registrado, y siempre que la Administración compruebe que la relación contractual ha sido establecida con la finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social.

Se presumirá que no existe finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social cuando se trate de empresas unipersonales formadas por ex trabajadores de la co-contratante, cuando la relación contractual sea consecuencia de una reestructura de esta, acordada con su personal.

Art. 179. (Efectos del acogimiento de la prestación anulatoria). - Siempre que, en vía jurisdiccional se acoja, por razones de legalidad, la pretensión anulatoria pertinente, la Administración deberá reintegrar al contribuyente las sumas indebidamente cobradas por todo concepto, actualizadas por el procedimiento establecido por el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1975, sin perjuicio de la acción reparatoria patrimonial por los daños y perjuicios producidos al administrado.

TITULO X

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 180. (Modificación de las Cartas Orgánicas del Banco de la República Oriental del Uruguay y del Banco Hipotecario del Uruguay). -

1. (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay). Agrégase al inciso 3°) del artículo 27 de la Ley N° 9.808, de 2 de enero de 1939, en la redacción dada por el artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.623, de 4 de enero de 1977, lo siguiente:

«La prohibición de adquisición de acciones de sociedades anónimas no regirá cuando se trate de constituir o participar como socio de una sociedad comercial cuyo objeto social exclusivo sea la administración de fondos de Ahorro Previsional.»

Modifícase el inciso 5°) del artículo 27 de la Ley N° 9.808, de 2 de enero de 1939, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Tomar parte directa o indirectamente en operaciones comerciales e industriales con las excepciones previstas en esta Ley.»

2) (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay). Sustitúyese el numeral 18 del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay por el siguiente:

«18) Adquirir, con autorización del Poder Ejecutivo, acciones o partes del capital de instituciones nacionales o extranjeras de carácter financiero y realizar operaciones comerciales e industriales.»

Art. 181. (Incremento de tasa de aporte personal). - A partir de la vigencia de esta Ley, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) sobe todas las asignaciones computables gravadas por las contribuciones especiales de seguridad social, en actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, incluidas las rurales a que se refiere la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, será de 15% (quince por ciento).

A partir de la misma fecha, los trabajadores rurales comprendidos en la referida Ley deberán aportar a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío.

Art. 182. (Aumento de salarios). - A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales dispuesto en el artículo anterior, a partir de la vigencia de la presente Ley, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío de los trabajadores dependientes de las actividades públicas y privadas amparadas por el Banco de Previsión Social, en el porcentaje necesario a fin que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad a dicha fecha.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales menos los aportes personales a la seguridad social e impuesto a las retribuciones personales.

Art. 183. (Disminución de aporte patronal jubilatorio). - A partir de la vigencia de la presente Ley, disminúyese en dos puntos porcentuales el aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, que se aplicará sobre todas las remuneraciones que constituyan materia gravada a efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

La disminución dispuesta en el inciso anterior no se aplicará al aporte patronal jubilatorio de los organismos estatales, ni al de los empresarios rurales.

Art. 184. (Facultad del Poder Ejecutivo). - Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, en la medida en que la evolución de la recaudación y la situación del Tesoro Nacional lo permita.

Art. 185. (Impuesto a las retribuciones personales). - Las retribuciones personales que excedan de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) constituyen materia gravada a los efectos del impuesto a las retribuciones personales.

Art. 186. (Disposición transitoria). - La reglamentación podrá autorizar el cálculo del sueldo básico jubilatorio, tomando en consideración los mejores veinte años con aporte documentado, de aquellos trabajadores de la industria textil que, por haberse producido ceses masivos con anterioridad a la presente, se entienda necesario amparar.

Esta norma ampara a los trabajadores con 50 años cumplidos al 31 de diciembre de 1995 y que no configuraren causal al 31 de diciembre de 1996.

Art. 187. (Texto Ordenado). - Cométese al Poder Ejecutivo la realización de un Texto Ordenado sobre las disposiciones vigentes en materia de previsión social, en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente Ley.

Art. 188. (Derogaciones). - Deróganse todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto por la presente Ley.

Art. 189. (Reglamentación). - El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente Ley de conformidad con lo previsto por el artículo 168, numeral 4° de la Constitución de la República, en un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ley.

Art. 190. (Vigencia). - La presente Ley entrará en vigencia el primer día del mes riguiente al del cumplimiento de los ciento ochenta días de su promulgación, salvo en aquellas disposiciones en que se haya establecido una fecha de vigencia diferente.

Sala de la Comisión, a 28 de julio de 1995.

Luis Brezzo (Miembro Informante), Danilo Astori (Discorde por motivos a expresar en Sala), Susana Dalmás (Discorde por motivos a expresar en Sala), Jorge Batlle, Jorge Gandini, Alberto Couriel (Discorde por motivos a expresar en Sala), Luis A. Heber (Con salvedades a expresar en Sala), Luis A. Heber (Con salvedades a expresar en Sala), Hugo Fernández Faingold, Rafael Michelini, Luis Hierro López, Luis B. Pozzolo, Luis Eduardo Mallo, Helios Sarthou (Discorde), Ignacio Posadas Montero (Con salvedades a expresar en Sala). Senadores.

Carp. N° 198/95  - Rep. N° 76/95 Anexo III

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social
integrada

INFORME EN MAYORIA

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con la de Hacienda recomienda la aprobación del Proyecto de Ley que establece modificaciones al régimen de Previsión Social (según Mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 5 de junio de 1995, con los ajustes determinados por las Comisiones mencionadas).

En términos generales corresponde hacer algunos comentarios. El Proyecto no modifica ningún derecho adquirido de los actuales pasivos y está orientado a atacar la falta de equidad del sistema actual. Se basa esencialmente en años de servicio y no en años de aportes, evitando que se mida de igual forma a quienes aportan y a quienes no lo hacen.

Se incorpora el principio de universalidad en materia de Previsión Social y establece un compromiso del Poder Ejecutivo de remitir antes del 31 de diciembre de 1996 los proyectos que adecuen a las Cajas Bancarias, Notarial, de Profesionales Universitarios, Militar y Policial a lo establecido en este Proyecto para el Banco de Previsión Social.

Elimina además el criterio de cálculo de la pasividad sobre la base de los últimos tres años de actividad, apuntando así a salvar el fomento a la evasión que implica este sistema. En el Proyecto se propone tomar como base para el sueldo básico jubilatorio, un promedio de los últimos diez años o de los veinte mejores años de actividad. Este procedimiento protege más al trabajador porque no siempre los tres últimos años son los mejores en materia de ingresos, permitiéndole calcular su pasividad tomando los años de mejor rendimiento.

El nuevo sistema abre la perspectiva de financiamiento de grandes emprendimientos nacionales como por ejemplo viviendas, salud, seguridad pública y educación, mediante el ahorro nacional.

Una de las finalidades evidentes de esta reforma es la de llevar la jubilación a ser una verdadera prestación para quienes han llegado a una etapa de su vida en la que merecen descansar y vivir dignamente. Y en este sentido el aumento de la edad mínima hecho paulatinamente se corresponde con los aumentos de expectativa de vida producidos en el país en los últimos cincuenta años.

El Proyecto como se dice anteriormente no afecta ni en sí mismo ni por la adecuación del sistema vigente a los jubilados y a los pensionistas actuales ni a los que configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996.

Los trabajadores mayores de cuarenta años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley tendrían un régimen de transición que regula el pasaje del sistema actual al nuevo.

Los trabajadores menores de cuarenta años de edad ingresan directamente al nuevo sistema.

La reforma proyectada propone un régimen mixto en forma combinada, una parte por el régimen de reparto y otra por el régimen de ahorro individual obligatorio.

A los efectos de la aplicación de este modelo los ingresos individuales que constituyen asignaciones computables se dividen en tres niveles: el primer nivel, ingresos hasta $ 5.000; el segundo más de $ 5.000 y hasta $ 15.000 y el tercero más de $ 15.000.

Las prestaciones del primer nivel cubren a la totalidad de los afiliados del BPS y se financian con aportes obreros, patronales y demás tributos a cargo de la comunidad.

Las del segundo nivel se financian exclusivamente con los aportes patronales del trabajador, mientras que los aportes patronales correspondientes se vuelcan a financiar el régimen de solidaridad intergeneracional (primer nivel).

El tercer nivel permitirá que el afiliado libremente opte entre ahorrar o no hacerlo, exclusivamente por el excedente de $ 15.000.

Es decir, que todos los aportes patronales sobre el total de los ingresos salariales hasta $ 15.000 y todos los aportes personales por hasta $ 5.000 de ingresos financiarán el régimen de solidaridad intergeneracional.

El sistema es redistributivo porque establece un nivel más alto de jubilación mínima y asegura una jubilación porcentualmente más alta respecto a los sueldos de actividad en el tramo inferior de los ingresos.

Para acceder a la jubilación se deberá cumplir dos condiciones: edad mínima de sesenta años para ambos sexos y cotización efectiva por un lapso mínimo de treinta y cinco años. El régimen prevé un sistema de bonificaciones para quienes se jubilen más allá de los sesenta años de edad y treinta y cinco años de servicio.

La edad de retiro de la mujer se aumenta en forma progresiva llegando al mínimo de sesenta años recién en el año 2003. La jubilación mínima y la máxima vigentes aumentarán progresivamente haciendo que se habilite paulatinamente el pasaje al nuevo régimen.

Se proponen también muy fuertes modificaciones en la estructura orgánica del Banco de Previsión Social; se le habilita además para constituir y organizar con independencia de su patrimonio una entidad administradora de fondos de ahorro previsional.

Se establece expresamente la prohibición para los funcionarios del BPS de realizar gestiones de ningún tipo directas o indirectas que tengan por finalidad diligenciar con o sin ánimo de lucro pasividades de personas afiliadas a dicha institución, bajo pena de destitución.

Uno de los puntos realmente trascendentes y novedosos del Proyecto es la creación del Registro de Historia Laboral. Este permitirá dar tanto a la Administración como al trabajador certeza en el reconocimiento de servicios, evitando maniobras fraudulentas que perjudican gravemente las finanzas del BPS y en consecuencia la seguridad de los pasivos.

Se ha decidido también incorporar al Proyecto la regulación de la materia gravada y asignaciones computables, como forma de proporcionar certeza jurídica al contribuyente, la que hoy -con el régimen actual- está muy lejos de disfrutar.

Las causales jubilatorias y pensionarias para el régimen de ahorro obligatorio serán las mismas que para el régimen de solidaridad intergeneracional, estableciéndose además expresamente que se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución.

Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) se organizarán como sociedades anónimas, estableciéndose expresamente en el Proyecto que ninguna de ellas de propiedad de instituciones privadas podrá iniciar actividades hasta que lo haga por lo menos una de las que sean propiedad de instituciones públicas. Una de estas deberá formarla obligatoriamente el BPS, conjunta o separadamente con otras instituciones públicas. De esta manera se deja un modelo abierto que permite al trabajador ahorrar en una institución de propiedad pública o privada tal como se ofrece hoy en nuestro país en materia bancaria y también recientemente en el campo de los seguros.

Las Administradoras estarán severamente controladas por el Banco Central del Uruguay al que se le asignan una serie de cometidos y la posibilidad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las normas proyectadas.

Se crea por primera vez en nuestro régimen jubilatorio el pago de la cuota mutual para los jubilados de menores ingresos lo que significa un avance sustancial en materia de legislación social.

Otro cambio de gran importancia del Proyecto es la eliminación virtual de los topes máximos para los menores de cuarenta años de edad y el aumento de más del cincuenta por ciento para quienes teniendo sesenta y cinco años y causal jubilatoria no podían retirarse por sufrir una merma muy fuerte de sus ingresos.

En resumen el sistema propuesto elimina los más graves defectos del sistema actual que desalientan el aporte, fomentan la evasión y permiten una situación de clara injusticia, perjudicando a aquellos trabajadores que aportaron durante toda su vida laboral premiando a quienes no lo hicieron hasta los últimos tres años previos a su retiro.

Vuelve a incorporar un concepto básico de cualquier sistema jubilatorio bien pensado: proteger al trabajador al final de su vida laboral otorgándole la solidaridad del resto de la sociedad y permitiéndole además por primera vez ahorrar en una cuenta individual a los efectos de recibir una mejora de la prestación que le otorga el sistema de reparto.

Abre la perspectiva de volcar al país una importantísima masa de ahorro que podrá destinarse a mejorar la calidad de vida de los uruguayos lo que hasta la fecha sólo puede financiarse mediante préstamos externos.

Se trata en consecuencia de un proyecto profundamente analizado, y elaborado apuntando a provocar un cambio trascendental no solamente en el sistema de seguridad social, sino también en la economía del país.

Luis Brezzo (Miembro Informante), Jorge Batlle, Hugo Fernández Faingold, Jorge Gandini, Luis A. Heber (Con salvedades a expresar en Sala), Luis Hierro López, Luis Eduardo Mallo, Rafael Michelini, Luis B. Pozzolo. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social
integrada

INFORME EN MINORIA

1. Nuestra discordia con el Proyecto del Poder Ejecutivo (en adelante denominado el Proyecto) importa el ajuste a la voluntad política del Frente Amplio y del Encuentro Progresista así como del sector a que pertenecemos, el Movimiento de Participación Popular. Ni el Frente Amplio ni el Encuentro Progresista suscribieron las bases de reforma de la previsión social acordadas interpartidariamente el 24 de febrero de 1995 en las que se inspira el Proyecto en curso de discusión en el Senado. El Frente Amplio en su Plenario como en la Mesa Política ha resuelto el rechazo del actual Proyecto, en curso de aprobación.

Nuestra discordia significa en primer término rechazar en el Proyecto su filosofía y el cambio de los ejes fundamentales de la seguridad social en el país, que han caracterizado nuestra historia social y la política de la comunidad frente a la contingencia en lo que va del siglo XX uruguayo.

El Proyecto con su sistema mixto y con la inclusión del llamado segundo nivel por el que se privatizan obligatoriamente ciertas franjas del ahorro o aportación, elimina el principio de solidaridad y de atención social del riesgo, en vigencia a través de los Actos Institucionales Nos. 9 y 13.

Abre una brecha filosófica importante, derogando para el segundo nivel la concepción colectiva e intergeneracional de enfrentamiento del riesgo o contingencia, por medio de la cobertura solidaria, entre todos basada en la idea de la mutualidad y la colaboración propia del seguro social.

Sustituye la interpretación humanista y antropocéntrica de la solidaridad entre los hombres, por la propiedad individual del aporte y el enfrentamiento de la contingencia con la idea individualista del ahorro privado, mediante la persecución del lucro individual y la capitalización personal.

El Proyecto también sustituye el principio de suficiencia de las prestaciones en la organización del primer nivel, por la vía de la restricción de beneficios inspirados en la reducción del costo de la seguridad social.

Si bien mantiene un primer nivel en el campo de la llamada solidaridad intergeneracional no es posible saber exactamente la magnitud del segundo nivel privatizador, en tanto es imposible prever el nivel de incorporaciones de la franja voluntaria de 2.500 a 5.000 pesos uruguayos que se ofrece por el artículo 8° del Proyecto.

El cambio de sistema que implica el Proyecto se introduce acatando los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional que desde la Carta de Intención de 1992 nos ha impuesto condicionalidades en razón de nuestra calidad de deudores de la deuda externa y como política de sus préstamos al igual que el BID, una determinada concepción de la seguridad social que preceptúa el ahorro en las prestaciones y el apartamiento del Estado para pasar a niveles de privatización.

El Proyecto no deja de reflejar en el segundo nivel la plena ideología neoliberal y así como se postula el desplazamiento del Estado en la actividad económica y la privatización de las empresas públicas, el Proyecto es el comienzo de la desvinculación también del Estado en el enfrentamiento del riesgo de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Está claro que en un país que se caracterizó por una temprana implantación de la legislación laboral y la seguridad social protectoras, era difícil pasar total y bruscamente a un régimen sustitutivo del seguro social o la seguridad social a la fórmula de la vieja asistencia estatal a los necesitados.

Pero es dable pensar que más adelante pueda profundizarse el sistema privatizador, reduciendo las prestaciones de vejez solamente a pensiones para los más desamparados librando a los demás a la lucha en el mercado de trabajo, y en lo que pueda ahorrar individualmente porque esa es en definitiva la concepción del liberalismo económico respecto de la protección contra el riesgo.

Contrariamente a lo que sostiene la exposición de motivos que afirma que el Proyecto establece un régimen solidario y justo, consideramos que bajo una óptica meramente economicista opta por el mantenimiento del «statu quo» y de una política económica y tributaria que lleva en definitiva a ocultar las verdaderas soluciones justas e igualitarias.

Resulta inaceptable que al analizar las dificultades de la seguridad social en el momento actual en la Exposición de Motivos del Proyecto, prácticamente sólo se centra el análisis en los factores demográficos, en la sobredimensión del fraude y de la evasión. Para nada se revelan otros aspectos de trascendente importancia. Así por ejemplo una política económica -que en realidad es la peor evasión- de apertura al mundo y a los países del MERCOSUR, que ha anulado prácticamente la actividad industrial del país con la consecuente privación de recursos para la seguridad social. Deterioro de la recaudación consecuencia de la desocupación y de la inexistencia de la reconversión industrial anunciada. Para nada se habla de la degradación del salario que a través de la supuesta liberalización desde 1991 ha reducido gravemente las aportaciones ante la acción depreciadora de las suministradoras de mano de obra y de la reserva inactiva que aporta la desocupación al mercado de trabajo. Y no se revela adecuadamente la desproporcionada asistencia financiera a las Cajas Militar y Policial.

Resulta inexplicable que no se releven debidamente aspectos autocríticos como la gestión histórica partidista que ha pesado negativamente en la marcha del Banco de Previsión Social. De igual manera que no se le acuerde la jerarquía desfinanciadora que tienen la política seguida por los ejecutivos de este Gobierno y del anterior, que legaliza el Proyecto al posibilitar la no aportación en un 20% de las partidas en especie. Asimismo la eliminación del aporte sobre los rubros salariales provocada por la facultad que se otorga a la patronal para transformar los contratos de trabajo en empresas unipersonales que aportarán por fictos.

Está de más señalar nuestras diferencias con el Proyecto al no asumir una estructura tributaria de impuestos directos, al seguir una política de desgravación de aportes patronales que tuvo una expresión en los seis puntos de la Ley de Ajuste Fiscal y que se agrava con la autorización para llevar a cero las aportaciones patronales en el artículo 182 del Proyecto.

Tampoco tiene explicación los incumplimientos del propio Estado en el pago de los aportes retenidos a los funcionarios públicos ni la desviación de los fondos de vivienda de los jubilados del 87 al 92, ni tiene explicación por qué a los altos empleados se les exime de toda aportación al eliminar los aportes por encima de 15.000 pesos.

Todas estas causas militan para nosotros con prioridad a la afectación de los beneficios del sistema intergeneracional de reparto y al cambio privatizador que incorpora el Proyecto.

2. El régimen que se mantiene dentro del Banco de Previsión Social, el llamado primer nivel de jubilación por solidaridad intergeneracional, se encara por el Proyecto con un criterio restrictivo de rebaja de prestaciones y reducción de beneficios siguiendo la política de disminución del gasto público.

Esto se percibe fundamentalmente en la rebaja de la jubilación de arranque que pasa a ser de 50% y se proyecta en los distintos niveles de edad y servicios con diferencias apreciables respecto del actual sistema en vigencia.

También se amplía el período de cálculo del sueldo básico jubilatorio en condiciones que habrán de ser de grave perjuicio para los futuros jubilados. El promedio de 10 años y la limitación derivada del período de 20 años, provocará un grave peso de tipo retroactivo sobre las jubilaciones que sin duda habrán de permitir ahorros pero a costo del monto de las jubilaciones a otorgar.

Pero sin duda una de las innovaciones de mayor perjuicio futuro es el régimen adoptado para reconocimiento de los servicios. Los artículos 76, 89 y 90 del Proyecto establecen un régimen para la formación de la historia laboral que es de enorme perjuicio para el trabajador, no obstante ser la historia laboral un mecanismo acertado. En efecto, objetamos como lo hicimos en la Comisión, que el trabajador deba denunciar a su patrono cuando éste comunica en forma no ajustada a la verdad los servicios cumplidos. La situación hoy del empleo hace que el trabajador tenga que optar entre soportar el perjuicio de los servicios para mantener el empleo o denunciar al patrono y perder el reconocimiento de servicios.

La protección establecida por la ley frente al despido represivo consistente en el pago de una triple indemnización atendiendo a la duración de un juicio laboral no inferior a dos años y medio y al significado que tiene hoy la pérdida del empleo resulta absolutamente ineficaz. Debería haberse establecido la reinstalación en el cargo por un procedimiento rápido del tipo de la Ley N° 16.011.

El reconocimiento de los servicios en el Proyecto está gravado por el carácter inalterable del resultado de la historia laboral pues establece -modificando el régimen vigente en que el reconocimiento de servicios se puede realizar hasta el momento de la jubilación- que si el trabajador no denuncia al patrono o no recurre, nunca más podrá hacer reconocer sus servicios.

De iguales características restrictivas es el carácter temporal de la pensión, salvo las excepciones de incapacitación o de menores en tanto de 30 a 40 la pensión es temporal por 5 años y abajo de 30 de 2 años.

Se ha sostenido que para los ya jubilados y para los que tienen causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996 el nuevo régimen no tiene ninguna incidencia.

Es exacto en el sentido de que no se van a modificar los expedientes jubilatorios o la existencia de la causal configurada pero está claro también que la modificación privatizadora de los ahorros puede ser de insospechables consecuencias desfinanciadoras, susceptibles de comprometer la seguridad social. Dicho sea esto sin perjuicio de los costos adicionales propios de toda instancia de transición. Por lo tanto reputamos no exacta la afirmación de que el Proyecto no tenga posibilidades de afectación de la situación de los ya jubilados o los que en el futuro continúen en el régimen de solidaridad intergeneracional.

El texto del artículo 30 del Convenio 128 de OIT expresa: «La legislación nacional deberá, bajo condiciones prescriptas, prever la conservación de los derechos en curso de adquisición respecto de las prestaciones contributivas de invalidez, vejez y sobrevivientes.»

No puede caber duda que las modificaciones, especialmente las de trascendencia como son las del aumento de edad jubilatoria de la mujer y los años de servicio, quedan comprendidas en la precedente disposición del Convenio de OIT.

La protección debe funcionar porque el Convenio N° 128 es Ley interna según resulta de lo dictado por la Ley N° 14.117 y habilitaría para las reclamaciones pertinentes emergentes del incumplimiento del Convenio Internacional.

Párrafo aparte merece la inclusión parcial de la cobertura de enfermedad incorporada por iniciativa del Ejecutivo en las últimas instancias del trabajo de la Comisión.

En sede de la Comisión la Organización Nacional de Jubilados promovió la protección general a todos los jubilados con la financiación del 3% y la transferencia de partidas de salud pública que hoy se aplican a los pasivos sin cobertura mutual.

El otorgamiento parcial recién a partir del 1.1.97 a quienes perciben sólo dos salarios mínimos nacionales de jubilación, importa una situación injusta que no podemos compartir. Por otra parte el aumento de dos puntos en el porcentaje de aportes personales para todos los trabajadores, la atribución de un aporte de un 1% a todos los jubilados a los que no se les va a dar cobertura de enfermedad y el deber de asistencia financiera impuesta por el artículo 67 de la Constitución, debería haber habilitado la solución generalizada y justa peticionada por el movimiento de jubilados y trabajadores.

El Proyecto contiene una de las pocas disposiciones innovadoras aceptables que es la eliminación de las causales de privilegio de los Legisladores y puestos políticos de confianza. No nos fue posible votarla porque se incluía también la derogación de la causal de los docentes, pero procuraremos en el Plenario la división en incisos para la votación.

No tenemos duda en cuanto a que la rebaja de derechos establecida en este primer nivel va a determinar la permanencia en los puestos de trabajo de los pasivos que no tengan condiciones de salud que lo imposibiliten.

Especialmente incidirá en esto el fijar en el 50% el monto de las jubilaciones iniciales. Esto desmiente terminantemente que el Proyecto pueda cumplir una función de liberación de puestos de trabajo para los jóvenes. La exposición de motivos del Proyecto destaca el rasgo negativo de la emigración de los jóvenes. Esta situación no se va a alterar si las disminuciones de los derechos jubilatorios aferran a los titulares por razones de necesidad en los puestos de trabajo.

3. El régimen del llamado segundo nivel de ahorro privado obligatorio merece al informante observaciones de juridicidad y de conveniencia desde el punto de vista del derecho fundamental a la seguridad social.

3.1 En orden a la juridicidad del llamado segundo nivel no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 67 de la Constitución de la República conforme al cual el amparo frente al riesgo o contingencia de vejez debe ser atendido por un sistema de jubilación o seguro social.

Como lo señala Alberto Briceño Ruiz, experto del Comité Permanente Interamericano de la Seguridad Social y Catedrático de UNAM: «La seguridad social es el conjunto de instituciones, principios, normas y disposiciones que protege a todos los elementos de la sociedad contra cualquier contingencia que pudiera sufrir y permitir la elevación humana en los aspectos psico-físicos, moral, económico, social y cultural» («Derecho Mexicano de los Seguros Sociales», Edición Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, pág. 15).

La jubilación y la prevención social, esta última como complejo jurídico regulador, es una modalidad de la seguridad social o un seguro social que se caracteriza por el riesgo o contingencia que cubre. A diferencia de los seguros sociales que generalmente cubren una contingencia eventual, la contingencia de la jubilación de vejez y sobrevivencia es cierta aunque indeterminada en el tiempo.

Tiene todos los caracteres propios del seguro social tales como responsabilidad tripartita, solidaridad en la atención del riesgo con el fondo común y estatal y criterio social para la cobertura.

Los actos Institucionales Nos. 9 y 13 en vigencia incluyen la prestación jubilatoria en el marco de la seguridad social.

El llamado segundo nivel de ahorro privado obligatorio no es ni seguridad social ni seguro social ni jubilación.

La calificación del artículo 4° del Proyecto como régimen mixto es una expresión reveladora y de definición de la inconstitucionalidad parcial del Proyecto, en lo que hace al nivel aludido, porque el artículo 67 de la Constitución no habilita un régimen mixto sino un régimen de seguro social y jubilatorio.

El hecho de que a este segundo nivel se le haya denominado como jubilatorio es irrelevante, pues la naturaleza de un instituto de derecho no la determina el «nomen juris» que se le aplica sino los caracteres emergentes de la estructura jurídica.

El llamado régimen mixto incluye la transferencia obligatoria de los aportes entre 5.000 y 15.000 pesos para cuentas personales de propiedad individual de los titulares para atención de las necesidades exclusivamente particulares del titular, excluyendo toda idea de responsabilidad tripartita, toda idea de enfrentamiento de la contingencia en forma social así como toda unificación de los aportes con los de otros afiliados.

Esto implica la negación absoluta de la idea de seguridad social, seguro social o jubilación. Es un régimen de seguro privado en que el riesgo se atiende con el aporte personal, retornando a las fórmulas de encaramiento de la contingencia bajo la responsabilidad y el «alleas» personal, propios de las etapas primigenias de la atención de los riesgos sociales.

La observación del informante es entonces de inconstitucionalidad parcial del Proyecto en el contenido de este segundo nivel por incumplimiento del artículo 67 de la Constitución de la República.

3.2 Pero a juicio del informante, la antijuridicidad no se agota en la violación de esa norma de la Carta sino también de otras disposiciones constitucionales por la forma en que se ha estructurado este régimen de ahorro privado.

El segundo nivel implica la transferencia coactiva de los ahorros entre 5.000 y 15.000 pesos los que pasan a colocarse en sociedades anónimas a autorizar por el Poder Ejecutivo, obligando al titular a aceptar que se especule con esos aportes y que en una fecha determinada se pasen a una aseguradora, obligando también al titular a realizar dos contratos de seguro comercial. Consideramos que esta sucesiva imposición que la Ley crea al particular titular de los aportes viola diversas disposiciones constitucionales.

La libertad contractual es una libertad, es un derecho, pero no una obligación. La forma en como está organizado el segundo nivel privatiza los aportes obligando a que se pongan en actividad comercial especulativa en alguna sociedad anónima de las autorizadas lo que viola el derecho de propiedad del artículo 32 de la Constitución. Viola el derecho de asociación pues impone la calidad de socio «sui géneris» de la sociedad anónima administradora con un régimen especial que fija la Ley pero que no excluye la calidad de contrato privado entre el aportante y la Administradora. Viola también la libertad de comerciar del artículo 36 de la Constitución al imponer al titular de los aportes privatizados el tener que comerciar en el marco de la actuación de la Administradora con todos los riesgos de la actividad privada que ello implica.

Como lo sostiene Jiménez de Aréchaga analizando el artículo 36 de la Constitución de la República (entonces artículo 35): «Dentro de nuestro régimen constitucional sería inconcebible que el Poder Público exigiera a un habitante del Estado que se dedicara a una actividad determinada, le impidiera elegir una actividad lícita determinada o le prohibiera cambiar una actividad por otra», («La Constitución Nacional», pág. 339).

Una cosa es que los aportes se hayan incorporado al fondo estatal y otra cosa muy distinta es que se obligue a retirarlos por Ley, que se obligue a entregarlos a una sociedad anónima, como socios con estatuto especial y que se impongan contratos de seguros de carácter privado.

Consideramos que el hecho que se establezcan controles por la Ley una situación de regulación específica dentro de la sociedad anónima financiadora no cambia la inconstitucionalidad de imponer por Ley contratación privada a particulares.

Esto no se legitima por el artículo 67 de la Constitución que sólo autoriza el funcionamiento de los aportes bajo régimen de jubilación o seguro social, pero no bajo la imposición de contratación privada.

La denominación de jubilación no corrige la naturaleza jurídica verdadera del operativo jurídico de este nivel.

No cabe duda que existe una combinación de contratos privados de renta vitalicia y seguros comerciales.

El contrato comienza con una renta vitalicia de acuerdo al texto claro del artículo 2182 del Código Civil que define ese contrato como: «un contrato alegatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero».

La diferencia es que la financiadora que recibe los aportes no será la que paga la renta vitalicia -mal llamada jubilación- sino que los aportes serán transferidos a una aseguradora, que bajo la modalidad de seguro devolverá el capital aportado a los efectos de la renta.

Se podrá decir que no hay tipicidad absoluta en el contrato de renta vitalicia aunque sí en los seguros comerciales pero lo que no cabe duda es que es una contratación privada impuesta a un particular que sin duda viola las referidas disposiciones constitucionales.

Que la intencionalidad de la Ley sea sustituir el funcionamiento de un seguro social no corrige a nuestro juicio la antijuridicidad del sistema.

Creemos que puede ser conmocionante en el plano jurídico admitir que fuera de la auténtica seguridad social se utilice una mecánica coactiva para el otorgamiento de contratos privados en favor de empresas comerciales.

No cambia la naturaleza de contratación privada a que se aludió ni la calidad de renta vitalicia y de seguros comerciales el hecho de que se apliquen a esos contratos las fechas similares a lo que podría ser edad o plazo en materia jubilatoria porque no hay normas fijas en cuanto a esas circunstancias que sean incompatibles con los contratos privados mencionados.

3.3 En el orden de la conveniencia aludida el funcionamiento del segundo nivel crea grave inseguridad y riesgo para los aportes traspasados a las cuentas personales en las sociedades anónimas.

Si algo debe tipificar la seguridad social es la certeza de las prestaciones a servir cuando se cumplan los condicionamientos correspondientes.

La colocación de los aportes en las sociedades anónimas administradoras somete a la especulación comercial la suerte de la restitución de los fondos. El riesgo está contemplado al punto de que se menciona la liquidación posible de las aseguradoras y de las administradoras.

Esta es una condición absolutamente inaceptable para la seguridad de las prestaciones, especialmente cuando se trata de largos períodos en que la especulación comercial puede sufrir variadas alternativas.

En realidad esto no lo corrige la garantía del Estado pues ésta está prevista solamente para el caso de liquidación judicial de las aseguradoras. Anotamos reiteradamente en la Comisión que la liquidación judicial no es la única ni es la más frecuente de las formas de liquidación por lo que la garantía real del Estado aparece como sumamente limitada.

Pero además el contrato de seguro depende de la transferencia de los fondos de la Administradora y en caso de mal funcionamiento de ésta puede operarse la imposibilidad del contrato de seguro.

No aparece tampoco la garantía mientras los fondos están en poder de la Administradora.

Todas estas circunstancias comprometen la seguridad de los aportes.

Todo lo expresado no se corrige por los controles que establece la Ley pues las características de las prestaciones jubilatorias -o de éstas que pretenden actuar en sustitución- no puede estar dependiendo de los controles sobre la actividad comercial privada.

Es por ello que el artículo 67 garantiza un régimen de seguro social estatal.

Se agrega a todo lo expresado la exclusión del Banco de Previsión Social en todo el contralor del funcionamiento del segundo nivel. Aquí existe una nueva inconstitucionalidad en tanto el artículo 195 de la Constitución establece que el Banco de Previsión Social es quien debe organizar la seguridad social. Y si como pretende el Proyecto este segundo tramo sería de seguridad social, el Banco de Previsión Social aparece totalmente sustituido por el Banco Central.

Esto implica también desde el punto de vista de los representantes de activos y pasivos y de empresas, que los mismos quedan excluidos del contralor de este segundo tramo, en cuanto los aportes se incorporen a administradoras no creadas por el Banco de Previsión Social.

El hecho de que el Banco de Previsión Social pueda crear administradoras no excluye tampoco que las mismas por voluntad del Proyecto sean regidas enteramente por el derecho privado.

La experiencia del derecho comparado demuestra también un campo de inconveniencias en el alto costo de administración que van a tener que pagar los titulares de los aportes por la gestión de administradoras y aseguradoras.

4. Con respecto a la materia gravada en forma abreviada pues ya hicimos los planteos correspondientes en los debates de la Comisión, consideramos que se afecta la capacidad financiera del Banco de Previsión Social por diversas disposiciones incluidas en este título del Proyecto.

De algún modo aparecen las fuentes de desfinanciación contenidas en este título como claramente contradictorias con las reiteradas afirmaciones de lucha contra la evasión y con el fortalecimiento de la capacidad económica del Banco de Previsión Social.

En tal sentido observamos que la legalización virtual del decreto que declara hasta el 20% de las partidas en especie como no gravadas y no computables, habrá de restar importantes recursos al Banco de Previsión Social, al mismo tiempo que habrá de perjudicar a los trabajadores con la disminución de su pasividad.

Asimismo también la legalización virtual de los decretos del Ejecutivo de enero de 1995 admitiendo la posibilidad de que los trabajadores puedan ser transformados en empresas unipersonales con la sola invocación de una reestructura y la voluntad del trabajador, importa también un camino de desfinanciación autorizado y además un grave perjuicio en el plano de los trabajadores.

El definir para los profesionales universitarios y también para las presuntas empresas unipersonales un nivel de presunción de inexistencia de relación de dependencia en base a constancias escritas, registro y pago de aportes, importa la alteración del criterio que siempre se ha seguido de la prueba de la materialidad de la relación de dependencia.

Es cierto que se otorga facultades al Banco de Previsión Social para hacer caer la presunción aludida cuando entendiere que ello es procedente, pero esta protección es relativa atendiendo a las dificultades de un tema que en definitiva es más de competencia judicial que administrativa.

Reviste gravedad según ya se anotó la facultad de exoneración que en este título se otorga al Ejecutivo respecto de los aportes patronales.

Cabe aclarar como se hizo constar en Comisión que la temática de materia gravada tiene que ver solamente con el campo de la seguridad social y de la previsión social que se refiere el Proyecto, regulando solamente las relaciones entre administrado y Banco de Previsión Social.

Por todas las razones expuestas y los demás fundamentos que se verterán en Sala votamos discorde el Proyecto de Modificaciones al régimen de previsión social.

Sala de la Comisión, a 28 de julio de 1995.

Helios Sarthou. Senador.

Carp. N° 198/95 - Rep. N° 76/95 Anexo IV

Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Montevideo, 28 de julio de 1995

Señor Presidente de la
Asamblea General
Doctor Hugo Batalla

De nuestra mayor consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de remitir el adjunto Proyecto de Ley por el cual se incorpora el beneficio de la cuota mutual a los afiliados pasivos jubilados como trabajadores dependientes en actividades amparadas en el Banco de Previsión Social, en las condiciones establecidas por esta iniciativa.

El Proyecto de referencia se remite de conformidad a lo previsto por el artículo 86 de la Constitución de la República y apunta a contemplar una aspiración de larga data y, a la vez, favorecer aquellos trabajadores que habiéndose incorporado al beneficio de la pasividad perciben menores ingresos, por lo que la prestación que se crea por este Proyecto está imbuida de un fuerte contenido social habida cuenta de quiénes son los beneficiarios.

El Proyecto en su artículo 1° establece el pago de la cuota mutual a todos aquellos jubilados como trabajadores dependientes en actividades amparadas en el Banco de Previsión Social a partir del 1° de enero de 1997, siempre que sus ingresos totales, incluyendo las prestaciones por pasividad o retiro, no superen, a partir de dicha fecha, la cantidad de $ 1.050 (pesos uruguayos mil cincuenta) y a partir del 1° de enero de 1998 en adelante la suma de $ 1.250 (pesos uruguayos mil doscientos cincuenta), ambas cantidades tomadas a valores de mayo del año 1995.

La iniciativa establece, a su vez señor Presidente, que el mencionado beneficio se generará y mantendrá a partir de las fechas precedentemente mencionadas siempre que por lo menos una de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional a que hace referencia el Título VIII del Proyecto de Ley sobre Reforma del Régimen de Previsión Social, remitido al Poder Legislativo con fecha 5 de junio de 1995, esté operando y los regímenes tanto de jubilaciones como de financiación previstos por dicho Proyecto de Ley, se encuentren vigentes.

Es necesario señalar además que el Proyecto establece el derecho de opción de los jubilados del Banco de Previsión Social que sean beneficiarios de la cobertura de salud por otro régimen, por el beneficio previsto en este Proyecto en la forma y condiciones que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Finalmente, el artículo 3° de este Proyecto regula el régimen de financiamiento estableciendo que la financiación del beneficio creado se realizará a través de la contribución de los afiliados pasivos del Banco de Previsión Social de la siguiente forma: a) con un 3% (tres por ciento) los titulares del beneficio y b) con un 1% (uno por ciento) los restantes pasivos de dicha Institución, a partir del 1° de enero de 1997.

El Poder Ejecutivo, mediante la presente iniciativa intenta, señor Presidente, complementar el Proyecto de reforma del Régimen Previsional oportunamente remitido a la Asamblea General, por lo que confía en la incorporación del presente articulado en las disposiciones del Proyecto a estudio del Poder Legislativo.

Saludan al señor Presidente con su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Samuel Lichtensztejn, Juan Luis Storace, Lucio Cáceres, Carlos Gasparri, Alfredo Solari, Alvaro Ramos, Benito Stern, Washington Bado, Luis Mosca, Ana Lía Piñeyrúa, Federico Slinger.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - (De la cuota mutual, su generación y condiciones del derecho). - Los afiliados pasivos jubilados como trabajadores dependientes en actividades amparadas en el Banco de Previsión Social, tendrán derecho a partir del 1° de enero de 1977, al beneficio de la cuota mutual a cargo del mismo, siempre que sus ingresos totales incluyendo las prestaciones por pasividad o retiro no superen a partir del 1° de enero de 1997 la cantidad de $ 1.050 (pesos uruguayos mil cincuenta) y a partir del 1° de enero de 1998 en adelante la suma de $ 1.250 (pesos uruguayos mil doscientos cincuenta), ambas tomadas a valores de mayo del año 1995. El beneficio aquí establecido se generará y mantendrá a partir de las fechas mencionadas siempre que por lo menos una de las Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional esté operando y los regímenes tanto de jubilaciones como de financiación previstos por la presente Ley se encuentren vigentes.

Esta prestación es incompatible con ingresos derivados de cualquier actividad remunerada, que en su conjunto superen con las jubilaciones los valores establecidos en el inciso 1° de este artículo.

Art. 2°. - (Opción).- Los jubilados del Banco de Previsión Social amparados por el artículo anterior, que sean beneficiarios de la cobertura de salud por otro régimen, podrán optar por el beneficio establecido por la presente Ley en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 3°. - (Régimen de Financiamiento). A los efectos de la financiación del beneficio previsto en los artículos anteriores, los afiliados pasivos del Banco de Previsión Social contribuirán sobre sus pasividades nominales con un 3% (tres por ciento) los titulares del beneficio y con un 1% (uno por ciento), los restantes pasivos de dicha Institución a partir del 1° de enero de 1997.

Art. 4°. - (Incorporación). Incorpóranse al Proyecto de Ley sobre Régimen de Previsión Social las disposiciones contenidas en los artículos precedentes.

Art. 5°. - Comuníquese, etc.

Samuel Lichtensztejn, Juan Luis Storace, Lucio Cáceres, Carlos Gasparri, Alfredo Solari, Luis Mosca, Alvaro Ramos, Benito Stern, Washington Bado, Federico Slinger, Ana Lía Piñeyrúa».

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el Proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Brezzo.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: quiero expresar el enorme honor y la carga de responsabilidad que siento al informar un proyecto de ley de esta importancia. En mi opinión, esta iniciativa no solamente producirá en el país mejoras en lo que tiene que ver con su economía, con el futuro y la seguridad de los jubilados actuales, así como en lo que respecta a la gente que se va a jubilar, sino que además traerá un profundo cambio que inclusive alcanzará a algunas características culturales que el país viene arrastrando.

A lo largo de este siglo existió en el país una gran preocupación por el tema de la seguridad social. El nuestro ha sido un país de avanzada en la legislación social, y a partir de los últimos años del siglo XIX y, especialmente, en la primera década del actual, se ha ido construyendo una red de protección social cumpliendo, básicamente, con el principio de universalidad objetiva. También el Uruguay ha intentando crear mecanismos de protección dirigidos a todos los habitantes de la República sometidos a los diversos riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia.

Esta problemática ha recibido a nivel nacional, de los partidos políticos y de la sociedad, la mayor atención y una muy temprana cobertura, si la comparamos con otros países de América y del mundo. Este sistema se ha establecido sobre bases solidarias y de reparto, donde las generaciones de activos contribuyen a las prestaciones de los pasivos. Este es el modelo del sistema de seguridad social.

En lo que tiene que ver con su estructura de desarrollo y también con la justicia que el propio sistema había evidenciado en sus primeras etapas, podemos decir que con el tiempo lo ha ido perdiendo. Las carencias, las dificultades y la comprobación de que el sistema no era tan solidario como teóricamente se creía, comenzaron a surgir a partir del año 1963. En ese entonces, el Gobierno expresó su preocupación acerca de lo que se podía entender como el comienzo de la crisis en el sistema de seguridad social. Diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo, realizaron diversos estudios que concluyeron en que el sistema de seguridad social uruguayo debía cambiar. Sin embargo, por circunstancias que también caracterizan a nuestro mundo político, los bloqueos, la falta de acuerdos y las presiones de los grupos de interés, nunca hicieron posible una aprobación integral de reforma de la seguridad social.

Después de haber diagnosticado hace treinta años la crisis, llegamos a la época actual donde, en nuestra opinión, ya nadie discute que el sistema está en crisis y que es necesario establecer soluciones profundas que permitan avanzar hacia el futuro.

Como factores que fundamentan esta crisis encontramos diversos aspectos que se han identificado casi en forma unánime. Estos son de índole financiera referidos, concretamente, a los egresos del Banco de Previsión Social en relación con el Producto Bruto Interno. En ese sentido, es absolutamente vertiginosa la forma en que dichos egresos han ido creciendo en forma sistemática. En los últimos seis años, los egresos del Banco de Previsión Social aumentaron un 4,56 puntos del Producto Bruto Interno, lo que significa un crecimiento de más del 43% del total de egresos en términos de Producto y, en términos reales, representa más de un 70%. Este incremento se explica por el comportamiento del sistema IVS, jubilaciones y pensiones, el cual aumentó sus egresos en 3,6 del Producto Bruto Interno, lo que significa un 49% en el período considerado.

La evolución de los egresos del Banco de Previsión Social todavía muestra un incremento mucho más significativo si lo comparamos con los años 1984 y 1985. En este período, los egresos totales del Banco alcanzaron a 9,13 del Producto Bruto Interno. Actualmente, esta cifra llega a 15 puntos del mismo Producto Bruto Interno. Esto muestra un incremento del 61%.

Evidentemente, la situación planteada con relación a los egresos y al Producto Bruto Interno constituye una de las razones fundamentales que obliga a establecer una modificación sustancial en el régimen de seguridad social vigente en el país. Hay que agregar, además, un elemento importante. Me refiero al deterioro del índice de revaluación en relación a la evolución del Indice de Precios al Consumo. Este último factor fue determinante en el sentido de afianzar en la conciencia colectiva una valoración negativa en la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia. Enfocado desde otro punto de vista, al día de hoy los gastos del Banco de Previsión Social significan 15 puntos de IVA: 7 puntos establecidos por ley y 8 que vienen del Tesoro Nacional hacia dicha Institución. Si de alguna manera pudiera trasmitirse a todos los uruguayos cuando pagan una factura que tiene 23% de IVA, que hay un 15% correspondiente a este impuesto y un 8% que es un aporte al Banco de Previsión Social -sin contar el 7% que establece la Ley- quizás sería mucho más convincente que lo que se pudiera decir al respecto.

También existen aspectos demográficos que son de vital importancia. El Uruguay es un país privilegiado en función de los índices estadísticos que se han manejado en relación a la expectativa de vida. Hay un marcado descenso del índice de mortalidad y de natalidad desde hace bastante tiempo, y esta situación continúa. Desde el año 1950 la natalidad es baja, estando comprendida entre 21 por mil y 23 por mil, registrándose un comportamiento casi constante en cuanto a la baja. La baja de nacimientos disminuye los egresos por todo concepto de prestaciones asociadas como lo demuestran las diversas proyecciones realizadas por el Banco de Previsión Social. En el mismo sentido, este fenómeno continúa e influye sobre las edades potencialmente activas. Existe una disminución del colectivo de activos, lo que impide que el Banco de Previsión Social pueda tener mejores ingresos contributivos por parte de la población activa.

Otra circunstancia que se ha dado en nuestro país fue el considerable aumento que ha tenido la expectativa de vida medible a cada edad. Por ejemplo, dicha expectativa expresa el número medio de años que promedialmente viviría un recién nacido. En el Uruguay ha sufrido una transformación y una importante evolución, al punto tal que si bien los valores que aquí se manejan no son los mismos que los que se dan en otros países desarrollados, los datos de esperanza de vida al nacer son más que elocuentes: 69,2 para el hombre y 75,7 para la mujer. Si lo comparamos con otros países de América Latina, el Uruguay está ubicado dentro de los mejores con respecto a este rubro. Tomando en cuenta las causales de configuración de jubilación por el régimen del Acto Institucional N° 9, que establece 55 años para la mujer con 30 años de servicio y 60 años para el hombre, este impacto demográfico indica que la expectativa de vida para una mujer de 55 años una vez jubilada se ubica en 25,3 años, mientras que para el hombre en 16,9. No hay ningún elemento que haga pensar que en el Uruguay esta tendencia disminuya.

Desde nuestro punto de vista no puede mantenerse el sistema actual de seguridad social sin prestar atención a este fenómeno que lo está transformando. Los datos estadísticos indican que la relación activo-pasivo se irá incrementando levemente en el tiempo a partir del año 2010 como consecuencia de las derivaciones del Acto Institucional N° 9, cuyos efectos siguen incidiendo en la renovación actual de la población activa. Ese incremento se ubicará, en el mejor de los casos, en el orden de dos activos por cada pasivo. Esto significa que todavía estamos muy lejos de encontrar el equilibrio.

De todas maneras, hay que tener en cuenta -y es fundamental- que ninguna reforma, ningún proyecto de ley serio y responsable profundamente pensado en la seguridad social, puede encararse por un período de gobierno.

Los modelos de seguridad social deben estudiarse en tiempos biológicos. Las transformaciones también deben encararse de esa manera para no provocar conmociones profundas en la sociedad.

Este Proyecto de Ley apunta a introducir modificaciones sustanciales y previsiones a largo plazo, lo que es una forma seria y responsable de medir la incidencia y las consecuencias de un proyecto en el ámbito de la seguridad social.

Otro orden de problemas que es preciso mencionar es la proliferación de leyes, decretos y reglamentos que ha hecho que todo el sistema de seguridad social esté contenido en un conjunto de disposiciones dispersas que han contribuido a arrojar incertidumbre, falta de certeza y de seguridad. Muchas veces éstas son contradictorias entre sí a partir del dictado de una especie de leyes encadenadas o en cascada, en las que normas sancionadas en determinado momento contemplaban las situaciones y las presiones de grupos de interés. Posteriormente ello concluyó en una selva de disposiciones legales y reglamentarias que hacían y hacen absolutamente incomprensible todo el sistema de seguridad social.

La mayor parte de las disposiciones fueron incluidas en leyes que, a partir de la N° 9.940 y la 12.156 para las Cajas Civil y de Industria y Comercio, más todas las otras disposiciones reglamentarias de esas leyes madres se incorporaban al sistema jubilatorio.

A ello se agregan otras debilidades importantísimas del sistema, como el hecho de que la asignación jubilatoria quedaba en tramos de cinco años de edad o de servicios no estimulados en forma efectiva en mayor número de edad o de años de servicios computados.

Los topes mínimos de asignación de jubilación equivalentes al 85% del Salario Mínimo Nacional han ido perdiendo su valor real original y hoy pueden considerarse totalmente insuficientes, sobre todo si se los compara con las prestaciones no contributivas de vejez e invalidez. No es posible admitir en la actualidad que el mínimo de la asignación de jubilación esté fijado en el 85% del Salario Mínimo Nacional -que está en algo más de $ 500- cuando el trabajador a lo largo de toda su vida activa realizó aportes, tiene años registrados de servicios y cumplió rigurosamente sus obligaciones con el Banco de Previsión Social. Sin embargo, si efectuamos las comparaciones correspondientes, observamos que una prestación asistencial no contributiva, como es la pensión a la vejez, a veces, es mayor que la de los beneficiarios mencionados anteriormente. Esto indica otra de las injusticias y de las patologías que tiene nuestro sistema de seguridad social.

En lo que tiene que ver con el tema de los topes máximos, equivalentes a siete Salarios Mínimos Nacionales, podemos decir que están en continuo retroceso real de acuerdo con la evolución del indicador que le sirve de referencia. Por lo tanto, se trata de una norma injusta, ya que no contempla adecuadamente a los afiliados que han cotizado al sistema en forma ordenada y por importes elevados. Es decir que este tope situado hoy en $ 4.025 también es un elemento de injusticia debido a que en muchas ocasiones el contribuyente ha aportado muy por encima de ese tope establecido por la legislación actual. Entonces, los aportes en estos casos no fueron tales, sino que fueron impuestos, ya que quien ha pagado sintió que esto era una especie de despojo que le hacía el sistema de seguridad social por medio del Banco de Previsión Social, no para contribuir a una prestación en su vejez, en su retiro, sino simplemente como un impuesto para poder financiar la situación actual.

Teniendo en cuenta todo esto y en función de las necesidades de reformar un sistema en crisis, agudizado a su vez por factores implícitos al funcionamiento del propio sistema, queremos señalar que éste genera sus debilidades. Por ejemplo, esto sucede con la subdeclaración o la inexistencia de la declaración que ha contribuido a un desfinanciamiento muy grave del Banco de Previsión Social, lo cual ha significado que el Estado deba asistir financieramente a dicha Institución, debido a su carencia de recursos. En ese sentido, traemos a colación lo que mencionamos hace un rato sobre el tema de los puntos del IVA.

Estamos en condiciones de afirmar que con los procedimientos que tiene el sistema se incita y se provoca a la evasión. Es decir que con el modelo de funcionamiento del sistema actual, por más que se persiga y se realicen inspecciones es imposible lograr disminuir la evasión, ya que este es un mensaje introducido en el sistema.

La carencia de recursos, entre otras razones, está evidenciada en el hecho de que la subdeclaración, la no declaración real o parcial de los ingresos del trabajador o, directamente, la inexistencia de declaración ha contribuido a un desfinanciamiento muy grave del Banco de Previsión Social.

Esta Institución no cuenta con un sistema orgánico estructurado sobre la base de un registro que arroje certeza jurídica tanto al afiliado como a ella misma. Esta es una de las bases fundamentales sobre las cuales se estructura el registro de historia laboral que propone el Proyecto de Ley.

El aspecto financiero, el demográfico, la proliferación de normas legales y reglamentarias, los síntomas clarísimos de evasión y la necesidad socioeconómica de introducir cambios absolutamente necesarios -en esto coinciden prácticamente todas las colectividades políticas- hacen que el Proyecto de Seguridad Social sea imprescindible.

En base a todas estas consideraciones, señalaremos cuál es el modelo propuesto dentro de las distintas alternativas que ofrece el Derecho Comparado. El Proyecto que se somete a estudio está realizado y confeccionado sobre la base de sugerencias e informes aportados por la Organización Internacional del Trabajo, en 1994, así como por la CEPAL. En ese sentido el informe de la OIT sugiere la creación de un sistema de seguridad social tomando en cuenta tres niveles: uno básico, financiado directamente por el régimen clásico de financiamiento tripartito; uno intermedio, que recomienda se elabore sobe la base de prestaciones definidas, conforme a los principios que establecen una estructura uniforme de prestaciones y tasas de cotización; y uno abierto al ingreso o no de regímenes complementarios y supervisados por el Estado. Por su parte, la CEPAL, recogiendo la experiencia de los programas de seguridad social de América Latina y el Caribe, ha formulado una propuesta que en sus elementos sustanciales expresa que deben atenderse criterios de equidad y solvencia financiera, y plantea reformar la seguridad social sobre la base de un sistema mixto que combine ambos criterios: por un lado, un sistema universal de prestaciones básicas, financiado por los recursos generales y basado en la solidaridad social y, por otro, un sistema de prestaciones públicas y/o privadas, con una equivalencia completa entre lo que se paga y lo que se recibe, basado en la previsión privada.

Tomando en cuenta estos antecedentes, el Proyecto que está a estudio del Senado se elaboró en base a estos modelos y recomendaciones que conforman un sistema que se ha dado en llamar «mixto». Ha recibido esta denominación porque se le pueden dar dos interpretaciones. Podemos decir que es mixto porque se trata de un sistema de reparto y ahorro y, también, porque en él participan el Estado y el sector privado.

En nuestra opinión, el régimen que se proyecta es mucho más solidario que el actual. El 90% de la masa salarial del país va a quedar incorporada en el régimen de reparto de solidaridad intergeneracional. Hasta ahora, el tema de la solidaridad intergeneracional era más bien una concepción doctrinaria y filosófica, por medio de la cual se intentaba fijar el régimen de reparto vigente en el país; pero, en la práctica, no había solidaridad, sino que existía una profunda injusticia. El sistema actual está fundado en un financiamiento en el que los activos contribuyen a las prestaciones de los pasivos contemporáneos. La solidaridad como tal se entendía implícita en el sistema, pero no estaba declarada en forma expresa en ningún proyecto o norma legislativa. Sin embargo, el Proyecto elaborado menciona expresamente el régimen de solidaridad intergeneracional, lo cual significa la consagración, a nivel legal, de una concepción doctrinaria y filosófica que, de tal forma, adquiere la jerarquía de la Ley.

El artículo 8° es uno de los elementos más novedosos que tiene este Proyecto de Ley y lo hace más solidario al consagrar un criterio mucho más justo y una retribución mayor. En virtud de esta norma, a todas las personas que perciban un ingreso de hasta $ 5.000 se les da la posibilidad de que, por el 50% de sus aportaciones personales, puedan aportar una parte al régimen de reparto y, otra, al de ahorro. A vía de ejemplo, esto significa que si una persona gana $ 4.000 -partiendo de la base que en el Proyecto de Ley se establece un porcentaje de aportación del 15% del total de las retribuciones- podrá optar para que el 15% de la mitad de lo que aporta, es decir $ 300, se destine a su ahorro individual. Cuando esta persona se retire tendrá derecho a una prestación por el sistema de reparto y a otra por el de ahorro.

Cabe aclarar que en este caso la jubilación se calculará sobre un sueldo básico que será una vez y media del sueldo declarado para el sistema de reparto. A efectos de ejemplificar, digamos que una vez y media de los $ 2.000 son $ 3.000, que corresponden al 75% de los $ 4.000 de sueldo. Esto significa que el sueldo básico de jubilación se va a calcular sobre el 75% de lo que la persona aportó.

Naturalmente, existen casos más complicados, pero con este ejemplo tratamos de aportar una mayor claridad a la interpretación del artículo 8°. Reitero que, a nuestro juicio, esta norma constituye un elemento revolucionario, novedoso, fuertemente redistributivo y de mayor justicia.

Cabe agregar que esta disposición tiene otro componente sumamente interesante, porque trata de seguir la evolución del trabajador en su vida activa en cuanto a las oscilaciones que hayan experimentado sus ingresos. Por lo tanto, aquel trabajador que haya tenido ingresos variables o que a lo largo del tiempo hayan sufrido modificaciones que excedan la franja de $ 5.000, y hasta $ 7.500, tienen la misma opción de ahorro por el 50%. Entonces, el efectivo de la jubilación -este es un elemento muy importante- contando los dos componentes, puede llegar a ser de hasta el 125% del sueldo y no el 60%, 70% o 75%. Es decir que se alcanza un beneficio mucho mayor.

La base de esta idea es premiar a la persona que aportó efectivamente al Banco de Previsión Social y entendía que podía estar comprendido en una cuenta personal. En realidad, es un premio a la constancia y a la disciplina en el cumplimiento de sus obligaciones de aportes. Además, con respecto a esa persona que tiene bajos ingresos y que permanece activa, el Poder Ejecutivo -siempre y cuando el Parlamento vote este Proyecto de Ley- no debe perpetuar la obligación aunque haya sido víctima de las oscilaciones de sus ingresos y no atender a la rectitud o a la disciplina que ha tenido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por esa razón, se produce el fenómeno que señalábamos anteriormente.

Decíamos que este es uno de los componentes más importantes del Proyecto de Ley, lo que determina que el sistema sea más fuertemente solidario, distributivo y esté orientado hacia quienes tienen menor nivel de ingreso.

Además del contenido de este artículo 8° -que esperamos haber explicado someramente con el ejemplo que citábamos- se incorpora otro elemento sustancial. Concretamente, nos referimos a la posibilidad de que los jubilados que al 1° de enero de 1997, tomando los valores de 1995, tengan pasividades de hasta $ 1.050 -es decir, dos Salarios Mínimos Nacionales- y que a partir del 1° de enero de 1998 perciban haberes de hasta $ 1.250 se harán acreedores del derecho a la cuota mutual. Es decir que se traslada el modelo de DISSE, que tienen los trabajadores activos, a los pasivos. Se podrá decir -y esto se trató en la Comisión que estudió este tema- que este elemento no es suficiente y que no alcanza a la mayor cantidad de pasivos, pero debemos recordar que el beneficio de la asistencia mutual alcanzará a los de más bajos ingresos, a la gente más desamparada y que tiene más dificultades. Por supuesto quisiéramos que este elemento que se incorpora fuera más amplio; de todos modos, constituye un paso trascendente hacia un modelo de sociedad, de economía y de país que se preocupa, que atiende y trata de auxiliar, dentro de sus posibilidades, a la gente más desamparada.

Reitero que, sin duda, este es uno de los grandes avances, con relación al régimen actual, del Proyecto de Ley que estamos considerando. Por primera vez, los pasivos van a tener la posibilidad de percibir la cuota mutual a cargo del Banco de Previsión Social. La incorporación de este beneficio con los matices que señalábamos -no queremos insistir al respecto, porque ya lo hemos discutido en la Comisión y, probablemente, se hará lo propio en el Pleno del Senado- es profundamente trascendente.

Además del beneficio de la cuota mutual, cabe aclarar que se agrega otra innovación sustantiva en el Proyecto de Ley -que fueron denunciadas en el momento que se realizó el diagnóstico referido a los topes de las jubilaciones- ya que, en los hechos, significa adelantar el período de transición a partir, no del 1° de enero de 1997 -porque todo el sistema comenzaría a funcionar a partir de esa fecha- sino de la fecha de entrada en vigencia de la Ley. Concretamente, dicha solución establece que todos aquellos trabajadores que con 65 años de edad configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996 tendrán derecho a percibir una pasividad con un tope que pasará de $ 4.000 a $ 6.100.

Desde nuestro punto de vista, esto significa atender una situación potencialmente injusta, que está reteniendo en actividad a una cantidad de trabajadores que quisieran retirarse y que no lo hacen porque recibirían una prestación inferior a la de sus haberes, debido al tope de $ 4.000 que citábamos anteriormente. Como decíamos, este Proyecto de Ley lo aumenta en más de un 50%, ya que lo lleva de $ 4.000 a $ 6.100.

Reitero que este es otro de los elementos de justicia distributiva de esta norma, porque tiende a ampliar, justamente, esta base de prestación o de atención preferencial a trabajadores de ingresos menores.

Cabe indicar que se aumentan los mínimos jubilatorios, de manera que el desfase entre la asignación mínima de jubilación y la pensión a la vejez no se mantenga.

Entonces, a partir de esa fecha, el mínimo de asignación de jubilación queda fijado en $ 1.100, y comenzará a incrementarse paulatinamente.

A lo ya señalado, debemos agregar otro componente que implica una fuerte innovación en el Proyecto de Ley y refiere al cómputo del sueldo básico de jubilación. En el régimen actual, el cómputo del sueldo básico de jubilación se realizaba tomando en cuenta las asignaciones computables actualizadas de los últimos tres años de actividad. Según este Proyecto de Ley, dicho cómputo se calculará en función de los últimos diez años de actividad o los veinte mejores años más el 50%. Esto permitirá atender las oscilaciones del salario a lo largo de la vida activa del trabajador y, asimismo, hará posible una mayor justicia porque va a beneficiar a la persona que aportó durante toda su trayectoria laboral. Además, debemos aclarar -aunque no es necesario que se lo explique al Senado porque todos los señores Senadores lo saben- que no siempre los últimos tres años de vida activa son los mejores del trabajador, debido a diversas circunstancias. Por ejemplo, puede ocurrir que cuando el trabajador es más joven tiene más de un empleo y en consecuencia aporta por más de uno o que por determinadas coyunturas a lo largo de su vida laboral, en determinados años, recibe mayores ingresos. Sin embargo, se puede dar la circunstancia de que en los últimos tres años no se dé esa situación. Actualmente, el sistema no contempla los ejemplos que citábamos, ya que solamente toma en cuenta los últimos tres años. En este caso, el trabajador va a tener -el Banco de Previsión Social lo va a realizar de oficio- el mejor cálculo en base a estos criterios que hemos señalado, entre los 10 últimos años o los 20 mejores.

Otro elemento que queremos mencionar es que el Proyecto incorpora otra modificación en beneficio del trabajador, como es el hecho de que el cálculo del sueldo básico de jubilación se actualiza hasta el mes anterior a la fecha en que perciba su jubilación. ¿Qué sucede en el régimen actual? Una persona que, por ejemplo, tiene 30 años de servicio y 57 de edad y pierde su trabajo, no configura causal jubilatoria y, con esa edad, se le congela el cálculo del sueldo básico; por lo tanto, el cálculo se hace hasta los 57 años. No debemos olvidar que, en nuestro país, esto ocurre con bastante frecuencia; se trata de gente que trabaja durante toda su vida y que, al final en los últimos tres o cuatro años, se queda sin trabajo. Según el régimen jubilatorio actual, todo fue inútil; en cambio, en el proyecto que estamos considerando, estas situaciones no se toman de esa manera. Digo esto porque, además de emplearse el criterio por el que se realiza el cálculo a partir de los mejores 20 años o de los últimos 10, el promedio jubilatorio y el sueldo se actualizan, pero no a la fecha del cese, sino al mes anterior a aquel en que comience a percibir la pasividad. Aclaro que ni siquiera se toma la misma fecha en que se inicia la gestión, sino que se actualiza al mes anterior al que comienza a percibir la pasividad.

Este es otro de los aspectos innovadores que tienden a considerar situaciones absolutamente injustas que genera el sistema actual, para erradicarlas y terminar con ellas. Todos los valores establecidos en cifras que hemos manejado son a mayo de 1995 y se reajustan por el procedimiento del artículo 67 de la Constitución de la República.

Otros elementos importantes del proyecto -que tiene muchos, porque implica un cambio muy profundo del sistema de seguridad social del Uruguay- son el Registro de la Historia Laboral y la reorganización del Banco de Previsión Social, de forma que sea el instituto regulador de las pasividades. Como se ha dicho a lo largo de las discusiones en la Comisión, por mejor que sea un régimen de previsión social, si el organismo que administra el sistema no funciona correctamente, no es posible pensar en una reforma seria e integral.

En este sentido, se confieren mecanismos importantes al Banco de Previsión Social, a fin de que pueda mejorar su gestión desde el punto de vista institucional. A través de su Directorio, el Ente podrá descongestionar su gestión mediante técnicas de desconcentración y delegación de atribuciones, lo que le permitirá aumentar su eficiencia introduciendo técnicas de administración por objetivos o de planeamiento estratégico propias de las modernas administraciones. Esto significará que el propio Banco de Previsión Social podrá mejorar su gestión y transformarse en un auténtico administrador de los intereses de los jubilados.

Hemos escuchado que algunas organizaciones o personas que se oponen a este Proyecto de Ley argumentan que la solución consiste en una mejor administración del Banco de Previsión Social, sin necesidad de cambiar el modelo de seguridad social actual. Cabe destacar que la mejor administración también es introducida por esta iniciativa, porque entendimos que ello debía figurar en el Proyecto; pero también pensamos que, en el fondo, la solución a la crisis de la seguridad social no pasa por administrar mejor el Banco de Previsión Social, sino por corregir la estructura de dicho sistema.

En lo que tiene que ver con el segundo nivel, se abre la posibilidad de que todas aquellas personas cuyas retribuciones se ubiquen entre $ 5.000 y $ 15.000, a valores del mes de mayo, ingresen por el sistema de ahorro. Esta es una innovación que cuenta con todas las garantías necesarias para que quienes perciban esos ingresos puedan tener la más absoluta seguridad de que van a obtener una jubilación que no sólo será digna sino que, además, les ofrecerán confiabilidad.

El sistema de ahorro del segundo nivel, administrado por las denominadas administradoras de Fondos de Ahorro Previsional tiene una serie de garantías en el Proyecto, lo que permite establecer esa confiabilidad. En primer lugar, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, organizadas bajo la modalidad de sociedades anónimas, no podrán iniciar actividades hasta tanto no lo haga por lo menos una de las que sean propiedad de instituciones públicas. Es decir que primero debe aparecer la que es propiedad del Estado, y recién posteriormente podrán surgir las otras; no habrá ningún funcionamiento de entidades privadas sin que comiencen a operar las públicas.

A su vez, el Proyecto da importantes señales en la medida en que establece determinadas normas que permiten la modificación de las Cartas Orgánicas de los Bancos de la República, Hipotecario y de Seguros del Estado. Mediante dicha modificación, estas instituciones estatales que conforman el sistema de intermediación pública, tendrán la posibilidad de constituir Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. ¡Qué mejor que estas administradoras propiedad de organismos y entes del Estado -como puede ser el propio Banco de Previsión Social- compitan con otras administradoras organizadas por entidades privadas! Claro que todo ello debe hacerse bajo un control severo. Para esto, se debe cumplir con las garantías mínimas específicas que se le asignan al Banco Central como órgano rector en lo que tiene que ver con el control de las Administradoras, sin perjuicio de las facultades del propio Banco de Previsión Social en materia de organización de la seguridad social, de acuerdo con el artículo 195 de la Constitución.

Estas Administradoras cuentan con una serie de mecanismos que permiten dar seguridad a quienes les destinen sus ahorros. Los fondos están separados en cuentas, lo que permitirá al ahorrista tener claramente definido el monto de su prestación, que será determinada en base a tres componentes sustantivos: el monto acumulado, la rentabilidad del monto acumulado y la expectativa de vida, que será calculada en base a tablas generales. Reitero que esto posibilitará que el propio afiliado tenga la certeza y el constante dominio de la situación, por cuanto recibirá en forma periódica los estados de cuenta que le indicarán cuál es su ahorro, así como la rentabilidad o intereses que está dejando en su beneficio. Por lo tanto, se acabaría la situación que se da actualmente según la cual, cuando se acerca el momento de su jubilación, el interesado se presenta ante un mostrador del Banco de Previsión Social sin saber con qué se va a encontrar; es decir que se ve envuelto en la más absoluta incertidumbre, se ve enfrentado a algo sin tener la más remota idea de qué puede ser.

Con esta iniciativa, en cambio, va a presentarse con su cuenta, tal como sucede con un ahorrista de un Banco, ya que tendrá un estado de cuenta personal e individual.

A su vez, otra de las garantías esenciales del sistema consiste en que la recaudación será realizada por el Banco de Previsión Social, que tendrá una incidencia fundamental y básica en lo que tiene que ver con el funcionamiento del segundo nivel.

Desde nuestro punto de vista, todo este Proyecto de Ley -desde el primero al último de sus artículos- conforma un conjunto armónico que no puede ser analizado por separado. Básicamente, es un sistema de reparto fundado en los principios de solidaridad intergeneracional, y nadie puede salirse de él. No se trata de que haya, por un lado, un sistema de reparto y, por otro, uno de ahorro; estamos frente a un sistema mixto. O sea que a los aportes por los salarios ubicados por debajo de $ 5.000 se van a sumar también los aportes patronales de los salarios comprendidos entre $ 5.000 y $ 15.000. Una vez más se intenta lograr mayores justicia social y solidaridad; quienes gana más, van a llevar al sistema de ahorro solamente sus aportes personales, mientras que los aportes patronales se volcarán al fondo general. Al mismo tiempo, la persona que ahorra por el sistema de ahorro obligatorio, por este procedimiento logrará obtener una jubilación adecuada a su nivel de ingresos y de aportes. En definitiva, por medio de este procedimiento, desaparecerán de hecho los famosos topes jubilatorios máximos.

En conclusión, este Proyecto de Ley introduce modificaciones profundas. Además, cabe señalar que, como toda reforma de la seguridad social -y aclaro que para nosotros esto constituye una virtud- no pueden esperarse resultados espectaculares en un corto plazo. Creemos que el sistema de seguridad social debe reformarse teniendo en cuenta los tiempos biológicos, y no los de una calculadora. Aquí estamos hablando de gente, de años de aportes y de jubilaciones; por lo tanto, en nuestra opinión, los cambios deben ser paulatinos y cuidadosos, no traumáticos. Por esta misma razón, tampoco puede haber resultados espectaculares en la disminución de los egresos en relación con el Producto Bruto Interno.

Pensamos que, paulatinamente, el sistema se afirmará, mejorará y se volverá seguro; es decir que permitirá dar tranquilidad -tanto a quienes hoy están jubilados como a quienes estén próximos a retirarse- en cuanto a que dentro de 8, 10 ó 12 años, el sistema jubilatorio uruguayo no entrará en colapso. En este aspecto, no tenemos que mirar muy lejos; en algunos países cercanos al nuestro, los jubilados cobran sus pasividades con bonos.

Si no realizamos una reforma del actual sistema, modificando su financiamiento, no estaremos dando garantías de que finalmente no ingresaremos en una situación como la mencionada.

Cabe aclarar que las razones de la reforma no tienen que ver sólo con el hecho de asegurar las situaciones de futuro para quienes hoy están jubilados y también para quienes se encuentran cercanos a esa circunstancia; este sistema también abre un horizonte absolutamente nuevo a la gente que deberá jubilarse dentro de 20, 30 ó 40 años. Cuando esas personas hoy realizan sus aportes, sienten que se les está sacando dinero del bolsillo, como si se tratara de un impuesto. No sienten que están realizando aportes para lograr una prestación cuando les llegue el momento de retirarse. Esto constituye un defecto esencial de cualquier sistema de seguridad social. En realidad, cualquier régimen de este tipo debe informar claramente a las personas que aportan sobre el destino de esos aportes y su finalidad, así como también sobre el resultado que obtendrán al final de sus vidas. Estamos hablando nada más y nada menos que de toda la vida de trabajo de una persona; entonces, no podemos estafarla diciéndole que está realizando determinado aporte, y luego terminar pagándole una jubilación absolutamente tramposa. Esta es la situación real que se da en nuestro país, de acuerdo con el sistema vigente. Pensamos que esto no puede ni debe continuar, y estamos convencidos de que el Proyecto de Ley que está a consideración del Cuerpo acaba con dicha situación, haciendo ingresar al país en una etapa completamente distinta.

Sentimos que al hablar de la seguridad social no podemos referirnos sólo a números, cálculos actuariales ni a déficit y superávit. En realidad, estamos hablando de personas, de prestaciones de vejez y de auxilio a la gente que, después de haber trabajado toda su vida, se siente con menos fuerzas, o simplemente experimenta la necesidad de descansar. Y creemos que esto no se puede medir con números, en términos económicos.

Entonces, debemos conjugar por un lado los números y, por otro, este sentimiento de justicia social que la sociedad ha tenido y tiene hoy.

Por supuesto, tampoco somos tan inocentes o voluntaristas como para pensar que se puede establecer algo en un texto -sin contar con la financiación correspondiente- y, de ese modo, resolver los problemas de la gente. Realizamos lo que a nuestro criterio puede hacerse de acuerdo con la realidad, es decir, con las características de la economía, con la situación de los activos y pasivos, y con todos esos elementos tan complejos en los que se debe pensar cuando se trata de un sistema de seguridad social.

Sin embargo, estamos absolutamente convencidos de que a través de esta iniciativa se producirá una verdadera revolución en el país en materia de seguridad social. Asimismo, tenemos la convicción absoluta de que hemos creado un proyecto que es esencialmente más justo; además, por medio de él toda la sociedad uruguaya mostrará su solidaridad hacia la gente que tiene menores ingresos.

Antes de finalizar, quiero hacer una última consideración que ya manifesté en la Comisión y que expresa el sentimiento de quienes votaron en mayoría este proyecto en aquel ámbito.

Desde hace meses hemos estado haciendo esfuerzos por encontrar formas de lograr que esta iniciativa -que para nosotros constituye un tema de carácter nacional, ya no partidario- alcanzara el mayor apoyo posible. A nuestro juicio, este proyecto es razonable, está bien pensado, bien calculado y estructurado; en suma, se trata de un buen trabajo, muy serio. Entonces, en la Comisión manifestamos que estábamos abiertos y dispuestos a recibir sugerencias, planteos y modificaciones que tendieran o mejorarlo -porque no nos creemos los dueños de la verdad- en la medida en que dichas sugerencias fueran en la misma dirección de la concepción filosófica y socioeconómica del proyecto. Pensamos que no sería razonable discutir sobre planteos que partieran de una concepción de sociedad -o de lo que debería ser la justicia social en el Uruguay- opuesta a la que implica esta iniciativa. Dijimos esto en reiteradas oportunidades, tanto en Comisión como públicamente. Entonces, nadie tiene derecho a decir que se cerraron las posibilidades de diálogo sobre este tema, porque no es verdad, y el país entero lo sabe. Desde el mes de diciembre del año pasado hemos estado hablando sobre esta cuestión. Inclusive, hasta la semana pasada mantuvimos reuniones en las que mostramos nuestra mejor buena voluntad en ese sentido. Desgraciadamente, no hemos logrado ampliar un poco más el apoyo a esta iniciativa, lo que lamentamos sinceramente porque creemos que es malo para el país; sin embargo, pensamos que sería mucho peor no aprobar la reforma de seguridad social propuesta.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO.- Señor Presidente: hoy estamos ante una nueva instancia en la que se nos piden los votos para aprobar aquello para lo cual le fueron negados al Partido Nacional cuando éste era Gobierno, en el período pasado. Nuevamente el Herrerismo, fiel a su tradición y a sus principios -que son los del Partido de la Nación- lejos de aprovechar esto como una oportunidad de revanchismo político, actuará con grandeza, pensando primero y exclusivamente en el país.

Hay que tener presente, además, que lo hacemos a pesar de tener reservas sobre el Proyecto de Ley en consideración porque estamos convencidos de que seguir prolongando la situación actual le hace un enorme daño al país y a su gente. Si así se hubiera actuado, señor Presidente, en el período pasado, no habríamos perdido, en esta materia, tan trascendente para el Uruguay, casi cinco años.

No menciono ni subrayo esto con ánimo de pasar cuentas; lo hago porque es verdad -y de estricta justicia- y así lo manifesté cuando debatimos el llamado ajuste fiscal, pero lo que más nos interesa es ir dejando mojones visibles que marquen el camino por el que estamos convencidos debe transitar todo el sistema político uruguayo y del que, Dios quiera, no nos apartemos jamás. Sólo así nuestra historia no irá de empate en empate, sino de superación en superación, independientemente de quién la promueva, mientras sea en beneficio del país.

Con referencia al Proyecto de Ley, señor Presidente, tememos que su economía general no sea suficiente para atender los tres grandes reclamos que la realidad nacional plantea en torno a este tema que, como sabemos es el más trascendente para nosotros: el de los pasivos, por la seguridad de seguir cobrando religiosamente como hasta ahora; el de los activos, que puedan tener una expectativa cierta de jubilarse algún día y el de todo aquel que piense en invertir en nuestro país, de que los costos de la seguridad social no vayan a invalidar cualquier proyecto. Por lo tanto, es alrededor de estos tres reclamos que gira esta realidad que hoy, con este Proyecto de Ley se pretende, si no resolver, al menos mejorar.

Creemos que la prédica de estos años pasados, que tanto costó, ha servido para que el país, en su conjunto, tome conciencia de la gravedad de la situación y de la urgente necesidad de realizar transformaciones. Vemos, inclusive, cómo sectores conservadores, monolíticamente reacios a cambiar, comienzan a dar señales de resquebrajamiento, soportando con creciente dificultad el dar la espalda a la realidad del país. Todo ello, unido a la actitud patriótica del Partido Nacional crea, a nuestro juicio, una oportunidad, si no única, al menos muy especial, de ir verdaderamente al fondo de un tema reconocidamente difícil. De todo corazón deseamos equivocarnos, pero nos parece que, con este proyecto, no habremos aprovechado cabalmente esta oportunidad, debido a su estructura y economía general.

Este panorama nos pone -en concreto, hablo de mi sector político- ante una disyuntiva muy clara, que consiste en acompañar este proyecto -aun con las reservas que el mismo nos merece- o contribuir a que siga prolongándose en el país la situación actual y, en mérito a ella, continuemos deslizándonos, peligrosamente, hacia una crisis terminal, que hoy todos reconocemos está en el futuro, si no se toman medidas. Ante esta realidad, para el Herrerismo, fiel a su historia y a sus principios, la respuesta es obvia. Es tan obvia como cuando éramos Gobierno: la obligación es acompañar este Proyecto de Ley y así lo habremos de hacer.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR SARTHOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: nuestra primera reflexión es para coincidir en la importancia que tiene el tema, pero desde otra visión que la que tenía el señor miembro informante en mayoría.

Ante todo, lo que hay que destacar es en qué medida estamos legislando sobre un derecho fundamental del hombre. Vemos que a la Humanidad le costó mucho conquistar los derechos económicos y sociales y, en este momento, este Proyecto de Ley vuelca hacia un campo de privatización lo que tendría que ser la atención del riesgo, lo que está afectando un derecho fundamental de la persona humana, que figura en la Sección II de la Constitución de la República. No se trata de legislar sobre cualquier materia sino que, de alguna manera, se está tocando un aspecto clave, que es la prevención del riesgo de vejez y el logro que históricamente fue obtenido por la lucha del Movimiento Sindical y de las ideologías durante mucho más de un siglo. Para destacar esta trascendencia, queremos decir que, de algún modo, el derecho al trabajo y a la seguridad social están sufriendo el embate de un determinado retroceso, sin duda por la caída del socialismo real. La desregulación, la flexibilización y también la seguridad social pasan a ser, de algún modo, los chivos emisarios de un proceso de crisis y estamos en condiciones de discrepar, profundamente, en que ello tenga, como única salida, este proceso de disminución del derecho a la seguridad social.

Repito, la lucha en el siglo pasado permitió salir del despiadado capitalismo de la Revolución Industrial y, a través de la acción de las ideologías y de las conquistas del Movimiento Obrero Organizado, llegar a las Constituciones de Weimar y de Querétaro que fueron, de alguna manera, las Cartas donde se sintetizó un pacto histórico -por lo menos, una tregua- entre propietarios y trabajadores. En las Constituciones latinoamericanas del Siglo XX, se estamparon los derechos de los propietarios: el derecho de propiedad; el derecho a la actividad comercial e industrial y los derechos económicos y sociales de los trabajadores, entre los cuales se encuentra el de la seguridad social, como en la nuestra, a partir del articulo 54 y siguientes.

Sin duda, estas incorporaciones pertenecen a un segundo paquete de derechos humanos. El primero, es decir, los derechos políticos, la libertad de pensamiento y el derecho al voto, lo había conquistado la Revolución Francesa. Estos que estamos estudiando fueron los derechos económicos del hombre en el proceso de producción y fue un pacto social histórico que no se documenta, pero quedó estampado en las Constituciones. Todo esto aportó al enfrentamiento del riesgo por parte del hombre en la sociedad industrial -que tenía que sobrellevar solamente con su salario todas las contingencias- una concepción solidaria en la cual todas las personas, por la vía del mutualismo del seguro, formaban un fondo común estatal y no de propiedad privada, que permitía afrontarlo, de acuerdo con el cálculo de probabilidades. Los rasgos esenciales del derecho fundamental de la seguridad social son: solidaridad, sentido humanista, redistribución de la riqueza y la idea de que el riesgo deja de ser un elemento para la atención solitaria del hombre, porque se transformaba en social.

Para nosotros, este proyecto desconstitucionaliza, en alguna medida, este derecho plasmado a la seguridad social, que llegó en estas condiciones históricas a nuestro tiempo.

No sólo se desconstitucionaliza cuando se desconoce un derecho, sino también cuando las pautas legislativas desplazan los ejes conceptuales por los cuales se instituyó ese derecho fundamental. Dichos ejes o pautas se desvían hacia otro campo, que es el de la privatización, el del espíritu de lucro. El de la posible competitividad y el del sometimiento a un circuito comercial. Todo esto constituye un cambio de sangre en la idea de la seguridad social como derecho fundamental. No se encuentra justificado, ni es inevitable la disminución del derecho a la seguridad social, en base a aspectos económicos, estadísticos o demográficos como los que se han indicado.

En esta evaluación nos preocupa, fundamentalmente, el hecho de que estos cambios se realicen sin contar con el consenso de las fuerzas sociales. ¿Qué pensaríamos si hoy se quisiera regular otro de los derechos fundamentales como por ejemplo, el de la libertad de pensamiento o el derecho a la enseñanza? Nadie estaría de acuerdo en operar una nueva regulación de estos derechos sin contar con un gran consenso social. Lo que hoy estamos considerando es el resultado de una decisión o acuerdo político que, más allá de los aspectos de trámite, no cuenta con el respaldo de quienes son sus naturales destinatarios, es decir, los trabajadores y pasivos. Sus organizaciones están en contra de este proyecto.

En Comisión alguna vez se dijo que se trataba de una especie de corporativismo que consiste en tomar en cuenta lo que las fuerzas sociales o sindicales podrían plantear. Pensamos que este es un concepto equivocado, porque el corporativismo es algo distinto, constituye un régimen político de representación de intereses que no tiene nada que ver con el hecho de tomar en consideración a los grandes sectores sociales que van a ser destinatarios de las normas. En el Derecho Laboral Moderno, en Italia, se ha instituido la Ley delegada, que es un instituto mediante el cual la vigencia de la normativa se comete a las grandes organizaciones sindicales. Esto quiere decir que países modernos y democráticos, respetan el rol que le corresponde a las organizaciones sociales, de definir el momento en que la norma legal debe entrar en funcionamiento, por consideración a la necesidad de un consenso. Si no existe dicho consenso, las leyes tienen poca vigencia efectiva o es posible que sean impugnadas por todas las vías hábiles, como puede ocurrir en este caso.

La segunda reflexión que deseo hacer es que este reexamen que se opera al derecho a la seguridad social perjudica o lesiona a los pasivos y activos. En lo que tiene que ver con el nivel que se mantiene en el régimen de solidaridad intergeneracional aparece, claramente, una restricción de beneficios. El principio de suficiencia que actualmente se encuentra regulado en el Acto Institucional Nº 9 -producto de un gobierno de facto- se rebaja llegando al punto de no cumplir con el artículo 67 de la Constitución que se refiere a "retiros adecuados". Ilustro esta situación diciendo que, como jubilación de arranque inicial, se establece el 50%, lo que significa condenar al hambre a la persona que se jubila. Una persona no puede vivir con el salario depreciado que percibe y, entonces, establecer un 50%, bajando quince puntos a la mujer y diez al hombre, significa retacear, enormemente este beneficio.

Por otro lado, se habla del sueldo básico jubilatorio, que se extiende a diez años, con una corrección de los veinte más el cinco, lo que también bajará, claramente, el nivel jubilatorio.

Nosotros queremos señalar que se ha argumentado demasiado y se hace caudal del fraude en los últimos tres años. Es posible que el patrono o el trabajador unipersonal proceda de esa manera; sin embargo, en todos los años de contacto con el medio obrero, no he visto jamás que el dueño de una fábrica, cuando llegan los tres últimos años, se preocupe de llamar a los trabajadores para decirles que les subirá el salario. Esto, que se maneja como un factor esencial, no es verdad; la mecánica del fraude alegado no responde a la práctica porque, tal como se ha planteado, no existe la posibilidad de que se concilie un fraude entre el empleador y sus trabajadores.

Por otra parte, de acuerdo con este sistema se aumenta a 60 años la edad de la mujer para jubilarse y a 35 los años de servicio. Al respecto, quiero señalar que nuestro país firmó un Convenio, el Nº 128 -que menciono en la Exposición de Motivos- que establece, en su artículo 30, que los derechos en curso de adquisición deben ser respetados. Dicho Convenio se ha convertido en la Ley Nº 14.117, se encuentra vigente y establece que: "La legislación nacional deberá, bajo condiciones prescriptas, prever la conservación de los derechos en curso de adquisición respecto de las prestaciones contribuidas de invalidez, vejez y sobrevivientes". Pienso que tanto la mujer como el hombre en curso de adquisición de derechos, en los 60 años de edad y 35 de servicio, o que deban acceder al 50% de la jubilación, tienen derecho a reclamar el amparo de la norma de dicho Convenio Internacional. Los convenios internacionales o se firman y se cumplen o, directamente no se firman; pero si se ratifican, se convierten en ley interna del país.

El carácter restrictivo que se establece se percibe también claramente en el régimen de reconocimiento de servicios a los efectos jubilatorios. Dicho reconocimiento es el del servicio en dos aspectos muy importantes. Si bien la historia laboral es algo positivo, la mecánica que utiliza este proyecto -que obliga a los patronos a denunciar los años de servicio y si no lo hace correctamente debe ser, a su vez, denunciado por el trabajador- establece un régimen que, en la práctica, hará que el trabajador no dure ni cinco minutos en su empleo. Este Proyecto de Ley le plantea al obrero la alternativa de denunciar a su patrón y quedar desempleado o soportar que no se le reconozcan los años de servicio. La solución que se plantea es, en caso de despido, pagarle al trabajador el triple, si se verifica que el mismo fue motivado por la denuncia que planteara el obrero. Todos sabemos que para cobrar un triple despido se demora dos años y medio y eso no llegará a corregir la pérdida del empleo. Por estos motivos estimo que la solución dada es muy mala, hará que mucha gente no pueda jubilarse y que no tenga los servicio reconocidos; es más este sistema puede tener alcances insospechados en la historia laboral.

Además se dice -y esto es muy grave- que los años de servicio son inalterables; el trabajador que no objetó al patrono y no presentó un recurso contencioso -lo que supone contar con un Abogado y esperar tres años a que concluya el debate jurídico- perderá los años de servicio en forma definitiva e inalterable. Por estas razones considero que el régimen es peor que el establecido por el Acto Institucional Nº 9 que permite denunciar servicios hasta el día de la jubilación. Si esta situación se retrotrae hacia el pasado, tiene efectos más negativos, porque se exige prueba documental y se remite a la reglamentación el establecimiento de la forma en que se admitirá la prueba testimonial, lo que no me merece seguridad porque deja incierto lo que sucederá con los años de trabajo pasados. Al trabajador le será muy difícil encontrar la prueba documental de empresas que cerraron o patrones que no cumplieron lo que, evidentemente, va a tener gran repercusión.

Por lo expuesto, consideramos que este régimen no es progresivo ni favorable, sino muy negativo. Además, es perjudicial para los actuales jubilados, a quienes se les dice que no se alterará su causal jubilatoria; es obvio que ello no podría suceder porque no es posible extraer los expedientes del Banco de Previsión Social para corregirlos. Me pregunto que ocurrirá con la financiación del Banco al retirarse los recursos, porque nos se sabe que cantidad de los aportes pasará al campo privado. Considero que esto es negativo porque el pasivo -doña María, don Juan, cuando escuchan la radio- vive la angustia de no saber cuánto serán los aportes que saldrán; se habla del 9%, pero no sabemos cuántos pueden pasar de $2.500 a $5.000. No se sabrá cual será el monto de lo que se desplace del Banco de Previsión Social donde, si bien existen problemas o riesgos, hay un control por parte de los representantes de los activos, de los pasivos y de las empresas.

Lo que suceda en la esfera privada no va a ser una garantía, porque va a entrar en el circuito de las sociedades anónimas. Es posible que haya, digamos, una sociedad anónima del Banco de Previsión Social o del de la República, pero ellas se regirán por el Derecho Privado, y van a tener un funcionamiento como cualquier sociedad anónima. Entonces, en nuestro concepto esto es grave.

Por otro lado, el costo de transición también va a afectar a los jubilados actuales. No es cierto que este Proyecto de Ley no los vaya a afectar, en primer lugar, porque retira fondos -no se sabe bien cuánto va a ser- y, en segundo término, porque perjudicará la solidez financiera del Banco de Previsión Social.

Además, creemos que este Proyecto de Ley es perjudicial para los jóvenes. A veces se dice que como es novedoso va a ser bueno para la juventud; pero no es así porque un sistema que obligue a quedarse a los jubilados -y éste va a actuar de esa manera porque van a haber disminuciones importantes de beneficios y traspasos de fondos a la vía privada, con los cuales no se sabe qué va a suceder- evidentemente es perjudicial. Asimismo, a ningún joven le va a convencer que le detraigan los aportes y los pongan a circular financieramente en una sociedad anónima. Por otra parte, esto no va a liberar puestos de trabajo para los jóvenes, porque si quisiéramos eso tendríamos que promover un régimen que fuera más favorable para el ingreso a la pasividad, y no restrictivo.

También decimos que esta reforma no es equitativa. Personalmente, diría que es injusta por clasista, porque favorece a determinados sectores patronales. Es así que este Proyecto de Ley rebaja el 2% de los aportes patronales, pero a los trabajadores les aumenta un 2%, lo cual es absolutamente injusto porque ya le habían rebajado seis puntos a los patronos en la Ley de Ajuste Fiscal. Además, en este proyecto se autoriza a rebajar a cero el aporte patronal. Entonces, no entendemos, porqué si la intención es la de defender el sistema, ¿qué peor evasión habrá que la de rebajar aportes patronales y dejarlos a cero? Esto significa una pérdida de recursos concreta para el Banco de Previsión Social, y es mucho más grave que subirle el sueldo a un trabajador en sus últimos tres años de trabajo, lo que siempre se maneja como fraude.

Por otra parte, se hace pagar a los jubilados que no van a tener cobertura por enfermedad, con un 1% la atención que van a recibir los jubilados a los que se le va a dar la cuota mutual. Además, tenemos el otro 2% que deberán aportar los trabajadores y que también servirá para financiar esto.

Agrego a esto dos elementos negativos, que están favoreciendo al sector social de los patronos en perjuicio de los trabajadores. Por un lado, no se le va a permitir al trabajador computar en las jubilaciones las prestaciones en especie sino hasta el 20%, y tampoco se va a aportar al Banco de Previsión Social. Y en segundo término la transformación de los contratos de trabajo a lo que me referiré después.

Quiere decir que además de restrictiva en beneficios, esta reforma no es equitativa y resulta clasista, favoreciendo a determinados sectores sociales.

Nos parece que el segundo tramo es el que documenta la quiebra de la concepción solidaria que caracterizó y caracteriza a la seguridad social en el artículo 67 de la Constitución de la República. Se establece una privatización que, en cierto modo, forma parte de un proceso de pensamiento liberal que se ha manifestado en el país, mediante el apartamiento del Estado de la actividad económica debido a la venta de las empresas públicas, y que acá también se produce. En definitiva, este es el comienzo -no sé en qué magnitud, porque como ya expresé, ignoro cuántos van a optar entre $2.500 y $ 5.000- del apartamiento del Estado, en lo que refiere más precisamente con el riesgo de los trabajadores, al permitir que esto pase al circuito comercial.

Quiero señalar, además de la desfinanciación del Banco, dos o tres aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, el cambio filosófico que tiene esta idea con respecto a la de la seguridad social. La idea es la solidaridad, y el riesgo lo tenemos que enfrentar entre todos. Sin embargo, esta otra propuesta promueve que se ahorre todo lo posible para llevarlo a la cuenta personal. Por lo tanto, es individualista, cerrada y no solidaria; puede introducirnos en una especie de "darwinismo" social que nos lleve a cuestionar lo colectivo, el sindicato y a pensar que el compañero no importa porque tenemos que hacer más fondos para cuidar nuestra vejez. Me parece que este es un elemento disociativo de la concepción que, en cambio, tenía la seguridad social impulsada, de alguna manera, por un espíritu similar al que inspiró al sindicalismo, y que por ello está ligada a él.

En segundo término -y esto me parece muy importante- estos aportes que van a ser privatizados ingresarán a las sociedades anónimas, al circuito comercial y a la circulación en la Bolsa. En ese sentido, no hay idea más contradictoria respecto de la seguridad de las prestaciones a la vejez, que ponerlas a funcionar en la Bolsa. Uno de los conceptos fundamentales en la vejez es estar seguro de lo que va a pasar con los fondos. Por lo tanto, es contradictorio someterlos al área de la actividad comercial de las sociedades anónimas, con un titular que no va a poder intervenir. Se nos dice que van a existir controles, pero éstos no serán realizados por el Banco de Previsión Social -y en esto hay inconstitucionalidad- sino por el Banco Central. El Banco de Previsión Social tendría que hacerlos en función del articulo 195 de la Constitución de la República, que expresa que ese Ente Autónomo debe organizar la seguridad social; ¿pero qué va a organizar si todo este campo privatizado aparece como agente? Además, debemos ser realistas y admitir que, según los antecedentes de nuestro país, el Banco Central no funcionó adecuadamente en el control de los Bancos. Nosotros mismos, como pueblo, debimos aportar los fondos para afrontar la crisis de la banca gestionada. Entonces ¿qué garantías les damos a estas prestaciones de vejez?

Nosotros pensamos que esto va a tener consecuencias respecto del progreso social. En los primeros cincuenta años, nuestro país progresó ampliamente en ese sentido, como consecuencia de que la gente sabía que iba a tener la vejez protegida; se invirtió en educación, en recreación, en formación para los niños, etcétera, porque había un riesgo de vejez atendido mucho o poco, pero atendido al fin. Esta no era la misma filosofía de nuestros bisabuelos en el siglo pasado, que estaban obligados a la "cultura del colchón". Por eso se invirtió en progreso social y fueron históricamente integrantes de los dos Partidos quienes colaboraron para que ello sucediera y para que el Uruguay, por la vía de la seguridad social, pudiera alcanzar mejores condiciones de vida. Creo que si este cambio de sistema se desarrolla y crece, va a hacer lo contrario sobre el progreso social, porque las personas deberán volver a la "cultura del colchón", al ahorro, en su casa y tendrán que ser, otra vez, despiadados para la consecución del objetivo económico de lucro, ya que deberán enfrentar solos el riesgo, como el hombre del siglo pasado.

Por supuesto, este país tiene una cultura en materia de seguridad social, y esto no se podía hacer de golpe. Es así que se deja un campo en el aspecto intergeneracional. Pero ¿cuánto va a durar? ¿qué puede pasar en el futuro? ¿cuál puede ser el avance que este sistema privatizador pueda tener? Entonces, nosotros vemos en esto un grave riesgo.

Además, nos preocupa que esta propuesta tenga una alta dosis de antijuridicidad y de inconstitucionalidad. En ese sentido, pensamos que si la Suprema Corte de Justicia hace un control de la constitucionalidad de este Proyecto de Ley, en la parte que tiene que ver con el segundo nivel, sin duda abriría la posibilidad de la impugnación.

Voy a decir por qué sostengo esto. En este país tenemos el sistema francés de la contractualidad y se basa en el artículo 10 de la Constitución.

La contractualidad es la libertad, el derecho; no es una obligación. Solamente un régimen autoritario puede obligar por ley a hacer contratos; en el sistema uruguayo no es posible que se imponga la realización de contratos. En ese sentido, me parece que este Proyecto de Ley no ha sido estudiado desde el punto de vista de la constitucionalidad. Digo esto porque mediante esta iniciativa obligatoriamente se transfieren los fondos que tiene cada beneficiario en el Banco de Previsión Social. Sin embargo, el artículo 67 de la Constitución de la República establece el aporte para un seguro social que permanece en el Estado, mientras que este Proyecto de Ley pretende tomar coactivamente esos fondos y transferirlos a alguna de las sociedades anónimas autorizadas. En consecuencia, coloca al beneficiario en una situación de socio "sui generis" de una S.A., ya que tendrá un carácter especial en virtud de que va a tener rentabilidad, pero no va a poder intervenir en la sociedad o retirar su dinero.

De modo que, mediante esta iniciativa, se intentaría poner en funcionamiento los fondos y se obligaría a realizar un contrato como socio con la sociedad anónima e ingresar a ella bajo un estatuto especial. Además, esto implicaría aceptar que dicha empresa especule y que, transcurridos 25 ó 30 años, tenga derecho a pasarlos, sin el consentimiento correspondiente, a una aseguradora que es, también, una sociedad en manos de particulares, que funciona por el lucro. Luego, se realizará un contrato de seguro con dicha empresa aseguradora, que es la que va a pagar la jubilación.

¿Cuántos contratos y disposiciones constitucionales violadas contiene este Proyecto de Ley? En primer lugar, el artículo 32 de la Constitución, que establece el derecho de propiedad. Digo esto, porque de acuerdo con esta normativa se traspasan los fondos -es decir, dejan de estar donde estaban- lo que implica la privatización de esos ahorros, los cuales no pueden quedar indisponibles en la sociedad anónima por cuanto el beneficiario tendría que tener derechos sobre ellos.

Por otra parte, se viola también el derecho de asociación establecido en el artículo 39 de la Constitución de la República, ya que nadie puede estar obligado por Ley a asociarse a una sociedad anónima, es decir, a particulares que van a depender de la autorización del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, tampoco se puede forzar a nadie a efectuar un contrato de seguros comerciales con particulares, porque no existe ninguna posibilidad constitucional que imponga su realización.

Por lo tanto, es muy diferente tener esos fondos en la órbita estatal, cumpliendo el papel correspondiente establecido en el artículo 67. Insisto, entonces, en que la libertad contractual es una libertad y no una obligación, razón por la cual esta iniciativa es inconstitucional.

Considero que también es inconstitucional porque el artículo 67 establece que la cobertura de la vejez se debe hacer por jubilación o seguro social. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con jubilación o seguro social, sino que es algo parecido a un contrato de renta vitalicia que no termina. En realidad, diría, es una especie de centauro jurídico, porque es un proceso que tiene comienzo de renta vitalicia y termina como contrato de seguro, ya que se traspasan los fondos a una Administradora, pero ésta no es la que va a servir la renta, sino que a su vez transfiere dichos fondos a una compañía aseguradora, que es la que va a cubrir la renta. Insisto, en que son todos contratos privados, que no están autorizados por el artículo 67 de la Constitución de la República.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se prorroga el término de que dispone el orador.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa

Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SARTHOU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Realmente, no pude resistir a la invitación que formulara el señor Senador Sarthou para que hiciéramos algún comentario.

En principio y como forma de ayudarlo en su análisis o, por lo menos, a solventar las dudas que pueden surgir, deseo señalar lo siguiente. Se ha dicho que un sistema de seguridad social debería depender del Banco de Previsión Social. Sin embargo, el Doctor Cassinelli Muñoz, en su trabajo relativo a la coordinación jurídica de instituciones que brindan seguridad social, Aportación al Estudio del Tema de la Constitución Uruguaya, concluye que en el Banco de Previsión Social coexiste un régimen constitucional uruguayo en el que se incluyen instituciones estatales y no estatales, públicas y privadas, que brindan seguridad social. Señala, además, que el Estado, principalmente a través de las funciones legislativas, y el Banco de Previsión Social, como Ente Autónomo, tienen responsabilidad constitucional para la adecuada organización de la seguridad social. Pero la coordinación de los servicios prestados por distintas instituciones que brindan seguridad social puede efectuarse por distintos caminos jurídicos, sin desmedro de las autonomías. Finalmente, también se expresa en este trabajo que la específica competencia del Banco de Previsión Social como órgano coordinador de servicios estatales como órgano coordinador de servicios estatales de previsión social, no se extiende a los servicios no estatales. De modo que estos se coordinan entre sí y con el sistema estatal a través de métodos no autoritarios o a través de actos normativos, o sea, las leyes vigentes.

Quiero destacar, además, que se ha dado en forma pacífica la aparición de fondos complementarios privados, que también son mecanismos de seguridad social, a los cuales en la actualidad más de la mitad de las empresas públicas están afiliadas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU.- Quiero aclarar que no estoy planteando un tema de competencia del Banco de Previsión Social, sino que me estoy refiriendo al hecho por el cual un beneficiario que depositó sus ahorros en el Banco de Previsión Social vería que, coactivamente, estos fueran transferidos y colocados en empresas particulares, lo que es inconstitucional.

De modo que no estoy hablando de un problema de competencias, porque creo que aquí se está lesionando el derecho de asociación y el de hacer contratos de seguro, mediante la imposición de efectuar contratos privados. Mi enfoque, entonces, es otro y reitero que no estoy planteando un tema de competencias, aspecto que también puede ser analizado, ya que el artículo habla de servicios estatales o de organización de la seguridad social en general.

Esta iniciativa es inconstitucional porque obliga a aceptar una transferencia coactiva, restringe el derecho de propiedad después que se privatizó el depósito de los ahorros -solamente se permite dejarlos allí en la Administradora o cambiarla por otra- convierte coactivamente al beneficiario en socio y, también, en un contratante de seguros de una empresa particular. Esto significa que todo se haría en base a empresas privadas, y cada uno tendría libertad para decidir si contrata o no.

De manera que mis palabras tenían el sentido de destacar mi posición con respecto a la situación de quien aporta al Banco de Previsión Social. Y en qué forma este Proyecto de Ley cambia las condiciones.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARTHOU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Este es un punto muy relevante. Si aceptamos que la Constitución y las leyes lo admiten -tal como lo hemos observado en reiteradas ocasiones en torno al tema del sistema privado de seguridad social- el objetivo de este Proyecto de Ley y, por lo tanto, del Gobierno que lo propone, es crear un sistema mixto de seguridad social, ya sea público o privado. En consecuencia, no estamos hablando de propiedad, sino de aportes definidos y prestaciones resultantes de las colocaciones, lo cual está incluido en muchos sistemas de seguridad social del mundo -más allá de que se pueda compartir o no- que han recurrido en forma completa o complementaria a ese mecanismo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Sarthou.

SEÑOR SARTHOU.- Eso está claro si este régimen se hubiera planteado como una opción voluntaria, como también tendría que ser el establecimiento de los fondos complementarios. Lo que es inconstitucional es la coección que se realiza al particular. Esto es lo que queríamos dejar aclarado.

Decíamos, además, que también se viola el artículo 67, por cuanto esta disposición establece la organización de seguros sociales y jubilaciones. Sin embargo, esta cadena de contratos privados llamada mixto no es bajo ningún concepto un mecanismo de jubilación ni de seguridad social. La diferencia entre estos beneficios radica en que en el seguro social el riesgo es eventual -por lo menos, esto es lo que considera Goñi Moreno y reconocen también los tratadistas jubilatorios de la Argentina- mientras que en la jubilación el riesgo es incierto pero seguro, porque la vejez se va a producir, y luego sobrevendrá la muerte. Pero es un seguro social porque tiene contribuciones de los interesados y un fondo común social solidario, o sea, los mismos rasgos de todo seguro social. Por su parte, esta mecánica de contratos privados coactivos no tiene nada que ver con la característica de la jubilación o del seguro social. Por lo tanto, esta es una segunda fuente de inconstitucionalidad con respecto al artículo 67.

Sin perjuicio de lo que ya dijimos respecto del artículo 195, el cual le da potestad al Banco de Previsión Social para organizar la Seguridad Social, y en la medida en que se transfieran las facultades de control, en el segundo nivel al Banco Central, me parece que se desplaza totalmente al Banco de Previsión Social, del rol que le corresponde en el segundo nivel que a mi entender no es Seguridad Social, pero que el Proyecto considera como tal, si es así tendría que haber intervenido el Banco de Previsión Social y no el Banco Central.

Ahora me quiero referir a otro aspecto relativo al hecho de sostener que todos estos males o disminuciones de derecho y si causan algunos perjuicios, es porque son inevitables. Aquí fue donde centró su argumentación el Miembro Informante en mayoría. Repito, se dice: es inevitable, si esto no se hace prácticamente se liquida el Banco de Previsión Social lo que constituye de alguna manera el drama que se le ha trasmitido a los pasivos. Este hecho me parece injusto porque el pasivo además del riesgo de su vejez, tiene que soportar la incertidumbre de que, en algún momento, puede o no percibir las prestaciones que le corresponden. Frente a esto, decimos que no estamos de acuerdo porque son otros los factores que están en juego. En primer término, consideramos que se está actuando de esta forma porque existe una Carta de Intención firmada en 1992 -hubo dos o tres intentos anteriores- que imponía la fórmula de la privatización de la Seguridad Social, cuentas personales, alargamiento de la edad de retiro y el ahorro en la Seguridad Social. Este último constituye un tema muy grave ya que si consideramos que es un derecho fundamental, tenemos que atenderlo de manera tal que el ahorro quizás tengamos que hacerlo en otros recursos que vamos a mencionar, y que son los que nos permiten decir que dentro de las coordenadas de este sistema hay soluciones sin tener que pensar en otro. Repito que dentro de las coordenadas de este sistema existen recursos que se podrían utilizar y aplicar debidamente sin necesidad de tener que afectar el carácter del derecho de la Seguridad Social, tal como se plantea en el artículo 67. Entonces, señalamos que hay un tema que es el referente a la Carta de Intención y, de alguna manera, el fenómeno de que Estados Unidos, a través de los organismos de crédito -dado que el fenómeno imperialista existe en América Latina- ha presionado y ya sea como deudores o como futuros prestamistas nos imponen determinada conducta en materia de Seguridad Social. Tengo en mi poder la Carta de Intención en la que se observan, precisamente, las características que he señalado como cuentas personales y ahorro en Seguridad Social, inclusive hasta se estima el monto de lo que se debe ahorrar. Por lo tanto, el hecho de que se actúe de esta manera, o de lo contrario nos encontraríamos en la crisis de la Seguridad Social, admite diferencias. Cuando días atrás se me decía que había que tener cuidado con el corporativismo porque de esa forma se siguen las orientaciones de las fuerzas sociales, creo que no es así; es peor. Lo que sucede es que lo que existe es una interpretación tecnocrática del país y no política. Respecto a los técnicos y en mi modesto rol lo soy hace 40 años en una rama del derecho. Pero, una cosa es ser técnico y otra tecnócrata que es el técnico que gobierna. De alguna manera, en esta interpretación se sigue un significado tecnocrático, en el que las intuiciones simples de algunos políticos de antaño, prestigiosos, de los partidos tradicionales, del bien hacia la gente, predominaba. Ellos escuchaban a sus asesores pero tal vez los desobedecían cuando era preciso por entender que había un factor humano que prevalecía sobre el consejo técnico. Considero que este fenómeno sucede en estos términos: el técnico actúa porque diagnostica, luego hace las proyecciones -por supuesto, respetando las variables- pero como no es un reformador homologa el diagnóstico con las variables sin cambiar nada. Entonces, con ese enfoque si dejo que la sociedad permanezca estática, de pronto puede darse una crisis de futuro. A pesar de ello, muchos pensamos que una alternativa diferente pueden ser aquellos cambios que se deben hacer en esta sociedad, con el fin de que no se lleve a cabo la crisis de futuro. A pesar de ello, muchos pensamos que una alternativa diferente puedan ser aquellos cambios que se deben hacer en esta sociedad, con el fin de que no se lleve a cabo la crisis prevista por los técnicos que, en su rol, prevén por medio del diagnóstico. Esto tiene que ver con muchos aspectos que hoy están en juego. Nosotros no queremos homologar este "statu quo". Pensamos que esta sociedad funciona en forma injusta, la gente no tiene vivienda. El 29 de julio se conmemoró seis años de la ocupación de tierras que una cooperativa había realizado. Me pregunto por qué sucedió eso. Fue porque el Uruguay tuvo sensibilidad social -y admitió lo que hubiera sido un delito- y en general los políticos y jueces comprendieron que había una necesidad de parte de la sociedad. Al mismo tiempo, existe un salario deteriorado ya que todos sabemos muy bien que las empresas que actualmente funcionan son las de vigilancia y las de limpieza: vigilar a los ricos y limpiarlos. Estas son las únicas empresas florecientes que están tirando abajo el salario de contratación, el que tiene que ver con los recursos. Entonces, si esta sociedad está mal y hay falta de trabajo -reconocida por el mismo Gobierno- la apertura de la economía al mundo y al MERCOSUR trajo aparejado el cierre de muchas fábricas, ocasionando la disminución de los aportes de la Seguridad Social. Por lo tanto, si sostenemos que esta sociedad es injusta, debemos corregirla y no postergar el "statu quo" porque de esa manera estamos corriendo dicho régimen injusto. Es así que empezamos a analizar el tema porque tenemos ejemplos vívidos de lo que sucede con una interpretación tecnocrática que provoca destrozos sociales. En Argentina hay un 29% de desocupación, hay un movimiento de reacción en las provincias y esto es resultado de la aplicación de una técnica económica despojada del sentido humano. Este es nuestro punto de vista y señalo lo que a mi entender está ocurriendo, por algo integramos distintos partidos políticos, razón por la cual es que diferimos. Considero que esa interpretación tecnocrática, en la cual no se analizan los costos humanos, es la que hace homologar el "statu quo". En ese sentido, me pregunto cuántos aspectos están en juego como para admitir que el desenlace único no es la crisis. En primer lugar, tenemos la política económica que se ha seguido. No estamos de acuerdo con esta apertura indiscriminada que se ha hecho, en la que las normas del MERCOSUR las cumplimos nosotros y los otros integrantes no.

Si bien el día de hoy leímos en la prensa quejas diplomáticas, éstas no arreglan las consecuencias negativas en nuestra economía. Todos sabemos que se han cerrado las fábricas porque no podemos competir con el extranjero. Estas constituyen fuentes de aportación que ya no están, razón por la cual estamos frente a una alternativa distinta de modificar la jubilación al 50%, que es cambiar la política económica. Además, nos preguntamos cuál es la política impositiva. Nosotros no estamos de acuerdo que el IVA sea la solución. Consideramos que debemos recurrir a los impuestos directos -y nuestro sector político, el Frente Amplio, lo ha planteado- lo que significa una alternativa a tener en cuenta.

También señalo que es injusto el régimen con que se manejan los aportes patronales. En tal sentido, me cuestiono cómo se desfinancia el Banco cuando se puede llegar a reducir a cero los aportes patronales. ¿Qué explicación existe si estamos defendiéndonos contra la evasión y nos preocupan los últimos tres años de un trabajador que a lo mejor le aumentaron de más? ¿Cómo rebajamos la totalidad de los aportes patronales a tener en cuenta. Por otro lado, es preciso señalar cómo se ha decretado en cuanto a la posibilidad de las empresas unipersonales. Sinceramente, considero que ese decreto supone la derogación de las leyes laborales. En ese sentido, nadie va a tratar que se derogue una ley laboral si lo puede hacer en la empresa. La empresa puede transformar a todos sus funcionarios en empresarios, simplemente por el hecho de que el patrono resuelve hacer una reestructura y cuenta con las firmas. ¿Quién no le va a firmar si en esta época de desempleo tiene que hacerlo necesariamente? Por que razón voy a derogar la ley de jornadas y de descanso, si los convierto en empresarios, el trabajador no tiene despido, y de esa manera no aporto al Banco de Previsión Social lo que correspondería, en función de contratos de trabajo. Es decir no aporto sobre salarios ni aguinaldos. En síntesis, todo esto integra una vía alternativa que no tiene por que perjudicar al pasivo o al futuro jubilado. También existen los recursos desviados que el Estado retiró y no entregó a la Caja Civil y que ascienden a la suma de cuatrocientos millones.

En la Caja de Industria y Comercio, durante ocho años, pese a la relación tan manejada de pasivo-activo, no ha habido déficit, sino superávit. Esto no lo digo yo sino el representante de las empresas en el Parlamento. Entonces, si se dice que en la Caja Civil hay déficit, se debe tener en cuenta que el Estado no ha aportado el dinero que retuvo a los funcionarios públicos, lo cual constituye otro elemento de corrección. ¡Y ni qué decir del dinero de los jubilados destinado a vivienda que desde 1987 a 1992 tampoco ha sido restituido!

Por otra parte, existen 400.000 personas que no están afiliadas al Banco de Previsión Social. Entonces, pregunto si vamos a corregir las jubilaciones antes de intentar elaborar un plan de afiliaciones. De modo que también allí hay un camino alternativo.

No dejo de señalar la asistencia financiera desproporcionada que se brinda a las Cajas Militar y Policial, aspecto que se ha manejado mucho en la opinión pública. No hay que olvidar que las proporciones son muy elevadas en comparación a los aportes que se realizan en el Banco de Previsión Social, pues en la Caja Militar se vierten U$S 2.700 por afiliado.

Otra interrogante que me planteo es por qué los patronos y los altos empleados no aportan por encima de $ 15.000. esto no tiene explicación. Y no quiero entrar a calificar la evasión de otros recursos que pueden estar representados por irregularidades sobre las que, incluso, la propia Cámara ha elevado denuncias penales. Por ello, antes de atacar este derecho a la seguridad social, que se presenta como el único camino, pensamos que es necesario reconstruir lo anterior.

Además, quiero decir que la materia gravada nos preocupa mucho en los dos aspectos que señalamos. En el caso de las empresas unipersonales creadas simplemente por la vía de un contrato escrito, que declara que no existe relación de dependencia y de un profesional que, estando inscrito, paga aportes, nos parece que se plantea una revolución negativa con respecto a lo que siempre se ha considerado. Tradicionalmente, se ha entendido que el contrato de trabajo existe cuando se presentan las notas fácticas de subordinación, servicios y salario. Aquí se introducen aspectos meramente formales, como estar inscrito para que no se realicen aportes por los profesionales universitarios y haberse hecho constar por escrito en el caso de los trabajadores en general. Estimamos que esto es un retroceso. He dicho en Comisión que, a nuestro juicio, ello es válido solamente para la seguridad social y que no se puede trasladar al derecho de trabajo. Quiere decir que ningún trabajador se verá perjudicado por esta situación, ya que podrá seguir reclamando sus derechos si subsisten las notas propias del contrato de trabajo, de prestación de servicios personales, subordinación y pago del salario. Se trata de modificaciones en la parte gravada que afectan la financiación y, además, ciertos conceptos fundamentales sobre cuáles son los elementos que caracterizan al derecho de trabajo.

Por otra parte, sabemos que con respecto a la seguridad social se invoca la idea de lo nuevo, de modernidad. Se dice, por ejemplo, que es algo nuevo y que lo otro es obsoleto. En nuestro criterio, el cambio o movimiento no posee signos de valor, y éste debe ser apreciado. Todo cambio no es bueno ni malo por sí. Como bien decía Vaz Ferreira: ""Lo viejo, bueno; más lo bueno nuevo". Porque un sistema sea viejo, no es necesariamente malo o bueno. Hay que analizar sus características. La modernidad se encara como un título de prestigio por sí, es decir que si es moderno, entonces es válido. Alguien decía mejor que yo -y por eso lo quiero leer- cuál es el error lógico del concepto de que la modernidad o lo nuevo patrocina el mérito de cualquier intencionalidad. Castoriadis decía así: "El término "moderno" expresa una actitud profundamente auto (o ego) céntrica. La proclamación de "nosotros somos los modernos" tiende a anular todo desarrollo ulterior verdadero. Más que eso, contiene una curiosa antinomia. El componente imaginario -y consciente de sí- del término implica la autocaracterización de la modernidad como apertura indefinida al porvenir, y, no obstante, esa caracterización sólo tiene sentido en relación al pasado. Ellos eran los antiguos, nosotros somos los modernos. ¿Cómo habrá que llamar entonces a los que vengan después de nosotros? El término sólo adquiere sentido, sobre la hipótesis absurda de que el período autoproclamado moderno durará siempre y de que el porvenir no será más que un presente prolongado lo que, por otra parte, contradice plenamente las pretensiones explícitas de la modernidad".

Por lo expuesto, porque el sistema anterior sea tradicional y el presente sea nuevo, consideramos que aquel no está perimido y que mantiene la validez, de acuerdo con lo que habíamos señalado.

Finalmente, deseamos hacer un repaso de algunos aspectos que nos parece ilustran acerca de lo que las fuerzas sociales habían planteado. Es decir, cómo dentro de las coordenadas actuales se podrían corregir facetas de la seguridad social, que compartimos.

En primer lugar, figura la idea del régimen de timbres. En este sentido, consideramos que los recibos que no estén timbrados con aportes personales, deben de carecer de todo valor desde el punto de vista cancelatorio, como forma de lucha contra la evasión.

En segundo término, aspiramos a la derogación de los privilegios en las jubilaciones de los políticos y los Legisladores, porque los topes, los coeficientes especiales y el seguro de paro, son elementos que contradicen el principio de que somos iguales ante la Ley. Aclaro que no pude votar esta disposición porque se incluía también la eliminación de los 25 años de trabajo de los docentes, pero cuando el Senado proceda a la votación correspondiente, solicitaré su desglose porque es mi voluntad votar afirmativamente este aspecto.

Por otro lado, está el tema de la derogación de los decretos que tienen que ver con las partidas en especie y con las empresas unipersonales, que van a afectar gravemente los recursos del Banco.

Además, figura la cuestión relacionada con la restitución de fondos al Banco, es decir los aportes que corresponden a la actividad pública y los fondos de vivienda.

Asimismo, la eliminación de toda exoneración de aportes patronales que no tenga una partida presupuestal complementaria para que no se opere una desfinanciación del Banco.

Luego, el control del promedio de los tres años con cinco de corrección. Reconocemos que este puede ser un elemento importante, aunque no tenga la gravedad infractoria que se le asigna normalmente.

Por otra parte, se pretende que las prestaciones no contributivas de vejez sean atendidas por la vía de Rentas Generales.

Se plantea, al mismo tiempo, la creación de un plan de incentivación de las afiliaciones. Proponemos que el Banco de Previsión Social promueva la elaboración de un Proyecto de Ley para cambiar la tributación hacia los impuestos directos, en lugar de los impuestos indirectos, elevándolo a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Junto a estos aspectos que señalábamos, marcábamos también la necesidad de reconocer ciertos derechos que nos parecen indispensables. En primer lugar, la cobertura de enfermedad para todos -como lo planteaba la Organización Nacional de Jubilados- es decir que tanto el jubilado como el que se encuentra en actividad siga aportando el 3%. Asimismo, se busca transferir las partidas de salud pública que hoy se aplican para quienes no reciben cobertura en este sentido.

Otro aspecto a considerar es la prima por edad y la actualización del Salario Mínimo Nacional -que hoy oscilaría en los $ 1.400- ya que el monto que hoy rige no tiene sentido.

En cuanto a los topes, pensamos que habría que elevarlos a diez salarios mínimos con actualización del Salario Mínimo Nacional.

Manejamos también la posibilidad de la jubilación parcial, pero dejando puestos de trabajo y rebajándolos al 50% para liberar horas a los efectos de ceder el lugar a los jóvenes.

Asimismo, está el aspecto de la jubilación anticipada para el caso que plantea el Gobierno en el sentido de que se haga el cómputo de los años, pero sin que pueda incorporarse al mercado de trabajo, como las empresas textiles que han cerrado. En esta situación, entendemos que debería existir tal posibilidad, sin que sea necesario que el trabajador espere alcanzar la edad requerida.

Señor Presidente: con esta reseña terminamos nuestro informe y nos remitimos también a lo expresado en nuestra Exposición de Motivos. Creemos que el Gobierno ha hecho un trabajo intenso, que no consideramos favorable ni, por supuesto, compartimos, sino que, muy por el contrario, nos merece las criticas que ya hemos enunciado. Repito que los aspectos técnicos invocados ni impiden que, con un cambio en materia de política económica y tributaria, y también en una serie de aspectos que tienen que ver con la defensa del Banco en lo que hace a sus fuentes de financiación, se puedan afrontar las condiciones necesarias para no tener que afectar los derechos de la seguridad social.

Es cuanto deseaba señalar.

9) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos asuntos entrados llegados a la Mesa.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un Proyecto de Ley relacionado con el cálculo del sueldo básico jubilatorio de los trabajadores de las industrias donde se hayan producido despidos colectivos.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda.

El Movimiento en Defensa de los Principios de la Seguridad Social hace llegar el texto de la proclama leída frente al Palacio Legislativo relacionada con el Proyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda. Repártase".

10) REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. Modificaciones. Proyecto de Ley

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del Proyecto de Ley por el que se introducen Modificaciones al Régimen de Seguridad Social.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: antes de referirme a este Proyecto de Ley y a la temática que, de alguna manera, toca a toda la sociedad uruguaya, como Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social -que en esta oportunidad se integró con la de Hacienda- quiero agradecer a todos los funcionarios que nos atendieron, nos dieron una mano, ordenaron nuestro trabajo y que luego de aprobada esta iniciativa en ese ámbito, permanecieron aquí parte del fin de semana para preparar el material que hoy tenemos en nuestras bancas. Digo esto en nombre de la Comisión, porque creo que hay que reconocer este tipo de labor que permite que el Parlamento discuta, con todos los detalles y la información correspondiente, los temas que tienen a estudio.

La pregunta que creo debería estar encima de la Mesa es: ¿hay que reformar la seguridad social? Interrogante a la que seguramente cada uno de los que estamos aquí podremos darle una contestación diferente, inclusive, si hay que reformarla o no, en qué grado, cuáles deberían ser sus artículos y si encierra un tema legal o administrativo, este último, en el propio Banco de Previsión Social. Entiendo que este es el meollo del problema y que el tema va más allá del aspecto financiero, de los números. A menos así lo ha encarado quien habla y el Nuevo Espacio, porque nos parece que la reforma de la seguridad social tiene que ser estructural y no financiera. Por supuesto que las cuentas tienen que cerrar, que debe disponerse de los recursos necesarios para pagar las pensiones y pasividades que, con justo derecho, han generado miles y miles de trabajadores de nuestro país. Sin duda que esos recursos tienen que recaudarse en tiempo y forma. No obstante, repito que no estamos afiliados a la tesis de que el tema de la seguridad social muy importante que refiere a la solidaridad social del país. Por lo tanto, las reformas que se entiendan necesarias deben encararse desde este punto de vista.

Decimos que hay que reformar porque la seguridad social que hoy tenemos no es solidaria y atenta contra sus principios que hoy tenemos no es solidaria y atenta contra sus principios básicos que indican que se debe premiar a quien ha contribuido solidariamente con el sistema y que, por lo engorroso y complicado de las normas vigentes, encuentra trabas a la hora de jubilarse.

Hay mucha gente que no conoce sus derechos, y también quienes, por no tener un amigo o un político conocido, no pueden acceder a la jubilación. Es claro, pues, que se impone una reforma; pero tenemos que reformar, precisamente, para levantar nuevamente esos principios de solidaridad que siempre hemos defendido, ya que creemos que el sistema vigente es antisolidario. Por ejemplo, hace que una persona de 58 años que ha quedado sin trabajo ya no se pueda jubilar perdiendo así todo lo que hizo con gran esfuerzo durante su vida, a pesar de haber aportado año tras año, mes a mes. Aunque lograra un nuevo trabajo, seguramente va a ganar menos y, por lo tanto, su jubilación, calculada en base a los ingresos de los últimos tres años de actividad, estará en niveles no adecuados.

¿Qué es lo que le ocurre a nuestra seguridad social? Todos sabemos que hay que reformarla, que no es solidaria, que no se basa en los principios que todos queremos, que atenta contra los trabajadores, contra la propia ética del trabajo y el sentimiento de quien, con su contribución, permite mejorar la vida de otro y en el futuro, la suya.

¿Cuáles son las razones que hacen que la seguridad social hoy no esté dando los resultados que todos aspiramos? Se ha planteado, con acierto o con error, que el tema fundamental es la edad. Digo con acierto porque, sin duda, las expectativas de vida son mayores y, en función de esto, no sólo en el Uruguay, sino en todo el mundo, se han modificado las ecuaciones de la seguridad social. Hablo de error, porque el sistema uruguayo no es explicable por la edad y quien lo haga, creo que está profundamente equivocado, puesto que por este camino podríamos llegar a la conclusión de que modificando este parámetro se solucionan los aspectos injustos que encierra el actual régimen. No es así; la seguridad social tiene problemas estructurales y la vía de modificar la edad para jubilarse lo único que hace es evitar afrontar el tema en su total dimensión. El doctor Vázquez plantea, en su propuesta de reforma, llevar la edad a 65 años. Se trata de una opinión dada a conocer en el día de hoy en un diario de la capital; este es un aporte que no compartimos, no porque en el futuro el tema de la edad no tenga que estar arriba de la mesa, sino porque ello nos puede llevar -admito que es muy duro hablar de 65 años y, por ese motivo, comparto algunas de las críticas que hacia el señor Senador Sarthou a las modificaciones propuestas en esta materia- repito, a encarar el problema exclusivamente desde el punto de vista financiero. Esto es, que lo que tiene que salir es, precisamente, el aporte que entre por una ventanilla y que si no se puede pagar a más jubilados, lo que hay que hacer es reducir la cantidad. La relación activo-pasivo ha llegado a una situación delicada y para evitar que haya más activos que se conviertan en pasivos, se debe subir la valla que existe entre ellos. Para eso se recurre al camino fácil -espero que esa no sea la intención del doctor Vázquez- que es aumentar la edad. Personalmente, creo que esa es la peor trampa que puede contener la modificación de la seguridad social porque puede suceder que nunca más se jubile alguien en este país. Por ejemplo, una persona joven que hoy tiene 30 años debe esperar, en caso de que se apruebe este Proyecto de Ley, hasta los 65 para jubilarse. Si se empieza a modificar cada cuatro o cinco años la edad para poder acceder a la jubilación debido a que las finanzas actuales de la seguridad social no alcanzan, cuando aquella persona llegue a los 40 años, el límite se elevará a los 70 y así sucesivamente, hasta llegar al tope de 90 ó 95 años. En consecuencia, considero que el camino de aumentar la edad para modificar la seguridad social no es viable como reforma estructural. Es evidente que dentro de 15 ó 20 años volveremos a analizar este tema, pero en este momento existen otros problemas estructurales. Sin duda que por medio de la modificación de la edad lo único que se logra es opacar, oscurecer las reformas de este tipo. No se trata de un problema financiero, sino de uno estructural, que es aún mayor; si sólo fuese de orden financiero lo único que habría que hacer es dotar económica y financieramente al Banco de Previsión Social de los recursos necesarios. Actualmente existe un sistema de normas perversas que hacen que la seguridad social genere permanentemente problemas de financiamiento agudos e injusticias tremendas, donde se jubila el que no aporta y no puede hacerlo el que contribuyó año tras años con sus recursos solidarios.

Debo decir que me afiliaría a la tesis de que la edad no explica todo y de que las normas existentes llaman a la evasión.

Volviendo al ejemplo de una persona joven -insisto en este tema- ¿qué es lo que ve? A través de su padres o abuelos, puede comprobar que la seguridad social no les ha dado nada, aunque hayan aportado y trabajado durante toda su vida. Es más; hoy se jubilan los que no trabajaron ni aportaron y los que sí lo hicieron no logran retiros dignos.

Con respecto al tema de los tres años, es algo que existe de forma flagrante. Una persona con tres años de trabajo que llene los requisitos adecuados puede retirarse con una jubilación importante. Por otro lado, también han existido jubilaciones de privilegio. En ese sentido, hace pocos días el señor Senador Couriel nos mostraba casos de pensionistas militares que, aunque el régimen ya no está, perciben remuneraciones que llaman la atención. Cabe agregar que esas pensiones se han estado cobrando durante más de 50 años. Ha habido un concepto basado en normas sobre la seguridad social donde no importa aportar y tampoco se discrimina o se premia a aquel que con su esfuerzo hace que las finanzas del Banco de Previsión Social permitan la relación intergeneracional de solidaridad entre unos y otros. El mismo señor Senador Couriel nos decía que en la propia Administración pública se habían dictado normas que permitían que ciertos proventos beneficiaran, en los últimos años, a aquellos que se podrían estar por retirar y así generarles jubilaciones más importantes.

Reitero que la edad explica algo y las normas dan cuenta de parte de la situación de la seguridad social, pero no de todo.

Lamentablemente, si no hacemos una profunda crítica, inclusive al propio sistema político, no vamos a entender lo que sucedió en el país. ¿Es que las normas las hizo alguien anónimo? ¿El sistema de seguridad social se generó por arte de magia? En este país existió un sistema de sistema de seguridad social que fue base de clientelismo político y permitió en muchas circunstancias -y todavía ahora- que se generara una necesidad y con ello se compraran voluntades y votos. Ya no hablo de los cientos de jubilaciones y pensiones que se lograban por medio de leyes permisivas hechas por el propio sistema político, sino que también me refiero al método engorroso, a los expedientes archivados y al entramado del propio Banco de Previsión Social, donde si no se tiene un amigo, un correligionario o un parlamentario conocido, el expediente no se mueve. Pero, ¿no es un derecho jubilarse? ¿No hemos generado un derecho que tendría que ser transparente por medio del cual debería ser suficiente con ir a una ventanilla y mostrar los boletos o las estampillas -como decía el señor Senador Sarthou- para obtener la jubilación? Debería bastar con presentarse y, por medio de la computadora, ya se le diría a la persona que después de haber trabajado en tal o cual empresa, tiene el derecho jubilatorio adquirido y puede pasar por ventanilla a cobrar su primer mes. ¿No es en el mundo civilizado que los derechos se respetan y no hay que rendir pleitesía a nadie para generarlos?

Sin embargo, en esta situación se dieron circunstancias aún más perversas. Como el sistema político daba interminables pensiones y jubilaciones y las arcas no alcanzaban, había que otorgar remuneraciones baratas, para poder seguir dándolas. Es así que se apeló, por ejemplo, a la inflación, por medio del aumento o de la creación de impuestos. De esta forma, no importaba dar una jubilación porque a los tres años no valía nada, pero era como una trampa o una mentira. Digo esto porque se decía a las personas que se dictaban leyes o se creaban mecanismos que otorgaban un derecho y cuando alguien accedía al mismo ya se sabía que en tres o cuatro años ese derecho se diluía. Asimismo, para generar mecanismos muchas veces -en este caso no fue el propio sistema político que los originó, pero los mantuvo- se crearon topes para que ya, desde el inicio, las jubilaciones fueran baratas. De esta forma, existieron miles de jubilaciones a un nivel que, sin duda, no permitía generar la vinculación entre el esfuerzo aportado durante años y la remuneración merecida que el trabajador esperaba. Lo que sucede es que la gente se cansa, porque no se le puede mentir durante mucho tiempo y por ello se buscaron formas -que podrán ser discutibles y que el país convalidó a través de la reforma constitucional- que permitieron que esas jubilaciones se empezaran a ajustar en forma adecuada, más allá del tema inflacionario.

Pienso que ver el sistema de la seguridad social desde un punto de vista fiscal o financiero no es adecuado y, como ya dije, la edad no lo explica todo. Por supuesto, ésta es una variable a tomar en cuenta. Asimismo, las normas explicaban parte de esta situación. En el país existió una mentalidad donde el propio sistema político generaba sus mecanismos para permanecer en el poder, originando jubilaciones y pensiones que con el tiempo se iban degradando, debido a la inflación o a los topes.

Señor Presidente: este sistema se tiene que terminar; cuando una persona adquiere un derecho no tiene por qué ir a pedírselo a nadie. Esa persona debe ir al organismo correspondiente y, de esa forma, acceder a una jubilación, como se hace en cualquier otro país, incluso con una población mayor que la que tiene el Uruguay.

En definitiva, podemos decir que este sistema ya no da para más; no se puede otorgar más jubilaciones baratas, es preciso asumir la responsabilidad que tenemos en el sentido de que aquellos que trabajan y generan un derecho, accedan a él sin depender de un amigo, de un partido o de algún funcionario del propio Banco de Previsión Social.

En lo personal, debo expresar que me alegro de que esto sea así y de que casi a fin de siglo haya una toma de responsabilidad por parte de las fuerzas políticas de este país. Asimismo, me alegro de que las cuentas empiecen a cerrar en función de aquellos que han trabajado y aportado, porque en función de aquellos que han trabajado y aportado, porque en ello va la propia ética del trabajo, en virtud de lo que, cuando una persona trabaja y se esfuerza, luego ve los resultados de lo que construyó. No debe ocurrir más que una persona que no ha hecho esfuerzo alguno, logre beneficios por medio de prebendas. A raíz de esto, surge una rebeldía interior ya que no es posible que un individuo, sin haber trabajado, se jubile antes que otro que lo ha hecho durante toda su vida. Esto es lo que dice el común de la gente y podemos ver que la crítica está instalada porque el propio sistema ha generado esa perversidad por la cual no se da una jubilación digna a quien contribuyó y realizó un esfuerzo solidario y, sin embargo, se premia durante décadas, mediante privilegios, a quienes no han contribuido con el sistema y finalmente han podido ampararse en él.

No creo que alguien pueda decir que este es el Proyecto que debería haberse hecho. En lo personal, pienso que si el Nuevo Espacio hubiera tenido más representación parlamentaria, habría incluido otros elementos en esta iniciativa. No obstante, estimo que la propia instancia, el Proyecto de Ley y la discusión en sí mismos encierran una profunda crítica hacia los resultados que ha tenido el actual sistema. Por ese motivo, digo que los números me importan mucho menos y tampoco me interesa si en tal o cual artículo se genera un mecanismo que, según se afirma, favorecerá la evasión. En realidad, debemos enviar una señal clara en el sentido de que se está cambiando una mentalidad y está a punto de comenzar otra. Esa nueva mentalidad intenta premiar el esfuerzo de aquellos que han contribuido solidariamente con la seguridad social. Tal como decía Tamburi -una personalidad que impactó cuando estuvo en nuestro país hace unos meses- la seguridad social debe ser encarada hacia el futuro y no hacia el pasado, porque es allí cuando se gozará de esas jubilaciones que se determinan en base a las normas que hoy estamos elaborando, mediante este Proyecto de Ley estamos respetando los derechos de quienes ya están jubilados y lo hacemos con convicción, porque bueno fuera que le cambiáramos las reglas de juego a aquellos que han contribuido con su esfuerzo para generar una justa retribución. Sin embargo, podemos decir que hemos modificado mecanismos con miras al futuro y es con esa óptica que debemos analizar el resultado de estas normas, a los efectos de defender los principios que hemos levantado con tanto sacrificio. Precisamente, porque miramos al futuro, es que hemos hecho tanto hincapié en las nuevas generaciones. Hace menos de 24 horas, en la Comisión que presido, se discutió sobre ese punto. En ese debate, que consta en la versión taquigráfica, algunos señores Senadores que apoyaban y otros que discrepaban con el Proyecto de Ley, hacían un resumen de lo que ha sido la seguridad social en el país, analizando el pasado. Obviamente, esa discusión nos ilustró y representó un buen aporte para el trabajo de la Comisión. No obstante, con mucha humildad quiero manifestar que mi deseo es ver los resultados de esta reforma en el futuro y la forma en que ella afectará a las nuevas generaciones. Es preciso enviar señales en el sentido de que esto está cambiando y no creo que sea posible decirle al Uruguay que nada se puede cambiar. Hay que pensar con signo positivo y es con esa intención que la gente emite su voto. Pienso que hay un estado de frustración permanente en las nuevas generaciones por el hecho de que existe la impresión de que en este país no se puede hacer nada y ni siquiera se puede experimentar porque se tiene la convicción de que todo lo nuevo que se propone resultará en la pérdida de aquella sociedad gloriosa que las generaciones que nos precedieron supieron tener. En realidad, de lo que se trata es de que la sociedad de hoy no está dando respuestas y ni siquiera existe la alternativa que había años atrás, cuando era posible emigrar a algún otro país de la región. Precisamente, en esos países tampoco se encuentran los niveles de prosperidad de años atrás. Por lo tanto, creo que hay que intentar algo, porque lo que tenemos es perverso, no sirve y no da respuestas, inclusive teniendo la certeza de que algunas de las disposiciones que ahora se votarán -como en cualquier reforma que se pretenda hacer de la seguridad social- requerirán un afinamiento y modificaciones para que el sistema funcione correctamente. En más de una oportunidad se me ha dicho que los jóvenes no están pensando en la seguridad social y, en lo personal, estoy convencido de ello. Es cierto que lo que a ellos les interesa es el empleo, la vivienda, las oportunidades, la forma de sacar su hogar adelante -si es que lo tienen- o constituirlo, si están en vías de hacerlo. Pero hoy, el propio Proyecto de Ley que estamos considerando permite que algunos de los ahorros que hace toda la sociedad vayan en beneficio de ciertos proyectos nacionales que intentan generar inversión en un país que no produce ni invierte, tratando de abrir puertas al trabajo y al empleo. Por supuesto, comprendo la preocupación que se genera muchas veces cuando se dice que se va a rebajar el aporte patronal. Sé bien que a todos nos preocupa que el Banco de Previsión Social esté financiado pero, a pesar de ello, vuelvo a insistir con el tema de la juventud y de la necesidad de brindarle oportunidades. Cuando estamos pensando en que, por determinados mecanismos, se disminuya el porcentaje de aportes del empleador, no lo hacemos por capricho, sino porque estamos convencidos de que queremos que se generen empleos y que ese empleador, industrial o productor de bienes compita de la mejor manera con los productos extranjeros. Obviamente, nadie exporta impuestos y en parte, los actuales aportes patronales son impuestos que van a ese agujero negro que es la seguridad social, por el cual se debe seguir pagando ese peaje que el propio sistema político ha generado al otorgar tantas jubilaciones y pensiones.

Este Proyecto de Ley es una señal de que algo está cambiando y de que se está modificando ese mecanismo. En realidad, esta reforma no sólo se debe al tema financiero sino que, en sí misma, implica un cambio de mentalidad y una toma de responsabilidades. Se trata de intentar que de una vez por todas se premie a aquellos que han aportado permanentemente y han hecho su contribución solidaria para que quienes hoy están jubilados puedan seguir cobrando con regularidad, problema que nos preocupa y sobre el que seguiremos insistiendo. Por supuesto, afirmo que no me gustan los impuestos, pero antes que aplicar impuestos al empleo, prefiero ir eliminando los aportes patronales.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Solicito que prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pereyra.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: reitero que los impuestos no gustan a nadie. No obstante, prefiero que, dentro de las posibilidades de la sociedad, vaya bajando el gravamen sobre el empleo, ya que por el IVA aportan todos los productos, extranjeros o nacionales. Por supuesto que este impuesto está muy alto, por lo que también hay que tratar de disminuirlo. Todo esto lleva a una toma de responsabilidad que debemos ir implementando con la sociedad.

Algunos amigos me han expresado que he estado muy duro porque he señalado que hoy en día se está estafando a los jóvenes. Al respecto, pregunto si ello no es cierto. ¿No se está estafando a los jóvenes que aportan si este sistema no se modifica, es decir, si el Senado y la Cámara de Representantes no aprueban este Proyecto y luego el Poder Ejecutivo no lo promulga? Se está estafando a las nuevas generaciones porque, como se sabe, no se van a jubilar. Si no hay una reforma estructural, lo único que se verá será un cambio de edad y esto provocará que la gente más joven nunca alcance la edad estipulada, a tal punto que, seguramente, la muerte los encontrará trabajando. La solución que se pretende es la más simple y fácil: en función de que hay muchos jubilados, pesa el tema financiero y, por lo tanto, se sube la edad, de tal forma que las personas más jóvenes nunca podrán jubilarse. A mi juicio, eso es una estafa. Muchos jóvenes evaden sus obligaciones, por supuesto, violando la ley, porque se refugian en un sistema que permanentemente les saca recursos. Ven a sus padres y a sus abuelos, por lo que deciden evadir ya que el sistema no les da nada. Por ese motivo -reitero- se refugian en la evasión y cuando tienen más años y están próximos a jubilarse, buscan mecanismos que les permita volver a la formalidad, aportando por lo que antes veían como un impuesto y del que se escapaban; me refiero a ese elemento de solidaridad. Cuando están más cercanos a la edad de retiro, se amparan en la legislación, buscan la formalidad y aspiran a que la sociedad toda haga una transferencia de recursos hacia ellos, aunque nunca hayan aportado o lo hayan hecho en los últimos años.

Entonces, cuando escucho al señor Senador Sarthou señalar las cifras de la informalidad existente, pregunto si es posible evitar que evadan bajo la represión más de 200.000, 300.000 ó 400.000 trabajadores. ¿Es probable que, por medidas administrativas, inspectivas y de reordenamiento del propio Banco de Previsión Social, aplicando castigos, se evite la evasión?

SEÑOR SARTHOU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: quizás se ha deslizado un error, ya que expresé que había 400.000 personas no afiliadas al Banco de Previsión Social. El trabajo informal es una de las formas que califica el tipo de tareas, me refiero a aquellas que realizan los artesanos y los vendedores ambulantes; lo que expresó el señor Senador Michelini no es exactamente lo que quien habla manifestó. No estimé esa suma refiriéndome a los trabajadores informales, sino a quienes no estaban afiliados, quienes pueden ser infractores, ni como los unipersonales, también los empresarios, entre otros. Quería aclarar ese aspecto en función de que existe una diferencia.

Por otra parte, hice referencia a un plan de afiliación y de ninguna manera quise expresar que había que hacer represión. Planteamos la posibilidad de crear mecanismos para lograr la afiliación y no la represión, es decir, la aplicación de ideas creadoras que permitieran que esas personas se reintegraran o incorporaran al sistema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Pienso que si esas personas no están afiliadas al Banco de Previsión Social o a algún otro mecanismo y están trabajando, cometen una infracción por el hecho de evadir. Aunque las cifras no llegan a los niveles que tal vez señala el señor Senador Sarthou, son muy importantes. No quiero poner en su boca el tema de la represión, pero expreso que debemos cambiar el sistema implementando un mecanismo estructural, que tenga el atractivo de que la gente se acerque al Banco de Previsión Social para afiliarse -creando, a nivel de la sociedad, una cultura de la afiliación- de lo contrario, no vamos a tener éxito por más que se insista en cualquier otro mecanismo incluido el de la represión, aunque el señor Senador Sarthou y quien habla no lo compartamos. El tema pasa por ahí: la expresión de la gente es una encuesta; el sistema no da beneficios, no tiene atractivos, no genera expectativas ni esperanzas, por lo que, de una forma u otra, 400.000 personas lo rechazan. El problema se encuentra aquí. En el propio Gobierno -mirando el asunto en forma más amplia- y en el Parlamento, que deben crear mecanismos y estructuras que permitan que el sistema sea solidario en su doble condición: para que alguien cobre cuando otro aporte y para que dé la seguridad de que cuando el que cotiza se va a jubilar, lo pueda hacer cobrando una mensualidad digna.

Por otro lado, se había sugerido que los recursos de la gente joven fueran a una Administradora privada. ¡Ojalá se les pagara lo suficiente como para superar los $ 5.000, permitiendo la existencia de excedentes! Lamentablemente, hoy en día el desempleo juvenil alcanza niveles alarmantes y quien consigue trabajo percibe un salario muy bajo. De cualquier manera, todo el sistema vinculado con las propias Administradoras de fondos no genera preocupación; son muy pocos los recursos mayores de $ 5.000 que a mayo de este año van a quedar liberados para esos fondos, ya que se trata de muy pocas personas y, por ende, pocos fondos, lo que no provoca gran alarma. Concretamente, me preocupa si el sistema va a funcionar. Sin duda, estos cambios hacen a modificaciones estructurales que permiten ver la seguridad social de otra manera.

Señor Presidente: quiero agregar algunos detalles que, a mi juicio, son importantes. Actualmente, todos los países se están mirando unos a otros; para llevar a cabo sus reformas estructurales están observando qué hacen otras naciones y cómo les va. No me causó asombro el hecho de enterarme y acceder a algunos de los libros que se editaron en Suecia. Al respecto, puedo señalar que en los últimos cuatro años se publicaron en ese país nórdico tres libros que hablan del Uruguay. Uno de ellos se titula "¿A Suecia le va a pasar lo mismo que a Uruguay? En ese sentido, me pregunto por qué gente que viven en un país que está próximo a integrar la Comunidad Económica Europea se preocupa por el futuro de su Nación, poniendo de ejemplo al Uruguay. Paradójicamente, señor Presidente, consulto si a nuestro país le va a pasar lo que en este momento le está sucediendo a Suecia. No estoy haciendo un juego de palabras y, tal como expresé en el día de ayer presidiendo la Comisión que estudió este tema, pregunto por qué Suecia está mirando al Uruguay. Desde Suecia se observa a un Estado que tuvo una sociedad de bienestar, observan que están entrando en decadencia. En algunos de sus libros hacen una apología en el sentido de que ambos países tuvieron un comportamiento de extrema sensibilidad social y abandonaron la responsabilidad de financiar con recursos genuinos y propios los sistemas que estaban poniendo en funcionamiento,.

Incluso, la polémica tuvo repercusión en la prensa uruguaya. Hoy, en Suecia, han fijado los 70 años como edad mínima para jubilarse, tanto para hombres como para mujeres. A mi juicio, la sociedad sueca se está pasando para el otro lado; está yendo de una punta del péndulo hacia la otra. No comparto la idea de que solamente hay que ser responsable olvidando la sensibilidad. Precisamente, creo que eso es lo que no hay que hacer; hay que ser responsables con sensibilidad. Por ese motivo hemos planteado el seguro mutual para los sectores de jubilados de menores recursos. ¿Lo hemos hecho sólo por las bondades que tiene esta norma o para ayudar a la gente de menos recursos que hoy no acceden a una mutualista o a un nivel de salud, habiendo aportado durante toda su vida para financiar esas mismas instituciones médicas? No, aunque parte de ello es así. En realidad, lo hicimos para darle una señal a la sociedad en el sentido de que cuando el país modifica sus conductas y actúa con responsabilidad, también incluye un grado de sensibilidad. Entonces, quiere decir que no seguimos el camino de Suecia que, repito, se pasa para el otro lado, sino que tratamos de encontrar un equilibrio que permita saber que en ese Proyecto de Ley se están generando las condiciones para enviar mensajes claros en el sentido de que quien aporta, cotiza y ayuda a la solidaridad, sin duda va a tener como premio una jubilación digna y justa. El país, fiel a sus tradiciones y a aquellos conceptos de sensibilidad social que siempre tuvo -levantando esas banderas bien caras para todos, tanto para los más veteranos como para las nuevas generaciones- no se olvida de los sectores de jubilados de menos recursos, de aquellos que prácticamente no superan los $ 1.000 de ingreso, permitiéndoles acceder a niveles de cobertura mutual de mejores condiciones. Lógicamente, quisiéramos que se implementara desde el día de hoy y que estuvieran incluidos otros sectores de la población. Lo que sucede, es que esa señal que estamos mandando también debe ser seria y este mecanismo debe comenzar a regir una vez que la Ley entre en vigencia a fin de generar los equilibrios necesarios.

Rememorando viejas épocas y recordando lo que eran sus luchas en los años '50 con el propio Presidente del PIT-CNT, José D'Elía, el señor Colotuzzo me contaba cuánto les había costado conseguir el seguro mutual -lo que luego se constituyó en DISSE- para los activos. En tal sentido, señalaba que primero comenzaron con algunas ramas de la actividad, levantando esa bandera y reivindicando ese seguro mutual, aun a costa de perder jornales. Repito, pasaron muchos años antes que el seguro mutual fuera brindado a toda la rama de actividades y en ese tiempo se perdieron muchos jornales y se realizaron sacrificios y esfuerzos hasta que finalmente la sociedad, a través de determinados mecanismos, logró financiar dicha reivindicación.

A mi entender, estamos incorporando una norma interesante que permite abrir ese grado de sensibilidad y responsabilidad, mostrando a la población que las reformas estructurales que debe llevar a cabo la sociedad uruguaya -con sus aciertos y errores- no siguen el mismo camino que ha tomado la sueca.

Consideramos, señor Presidente, que cuando este Proyecto de Ley fue enviado por el Poder Ejecutivo no establecía, con la severidad que nosotros queríamos, la universalidad. A nuestro entender, no se podía desconocer que la reforma estructural debía ser global y que más allá de la discusión acerca de que las Cajas Paraestatales estén en condiciones adecuadas o no, el sistema de seguridad social tenía que abarcar a todos y, por sobre todas las cosas a las Cajas Militar y Policial. Asimismo, la sociedad uruguaya no podía entender que se pidiera un esfuerzo al 85% de quienes están hoy en el Banco de Previsión Social y no abordar a otros sistemas donde también hay normas perversas que permiten que determinadas personas, habiendo trabajado cierta cantidad de años, puedan salir a competir al mercado laboral, buscar otro empleo y luego tener otra jubilación. Esto genera la sensación -la peor de todas- de que hay hijos y entenados y de que existen bolsones de privilegiados. Por tal motivo hemos insistido sobre la universalidad, de forma de que el esfuerzo sea de todos y que las señales que el mundo político envía también sean para todos, estableciendo fechas para discutir las reformas estructurales de cada uno de los otros sistemas de previsión social. En aquellos que funcionen bien, las modificaciones serán menores, mientras que en los que funcionen mal -como sospechamos- los cambios serán estructurales con la misma firmeza con que estamos actuando en el día de hoy.

Estimamos que no es bueno que el sistema de seguridad social genere desigualdad y esa desazón, cuando dos ciudadanos vecinos se miran y ven que el sistema que el propio Estado generó los pone en distinta situación, siendo que ambos aportaron con su esfuerzo a la construcción del país. Repito: esta universalidad la vamos a defender ahora con las modificaciones que introdujimos en el Proyecto, creando Comisiones para que de inmediato se pongan a trabajar con las propias instituciones a fin de instrumentar las reformas estructurales que necesitamos. Asimismo, debemos tener cuidado de no perder el Norte a fin de no realizar estas reformas solamente en función de los temas financieros, para que las cuentas se ajusten, sino que, insisto, debemos enviar a la sociedad las señales adecuadas en el sentido de que en las actuales circunstancias, con el MERCOSUR por delante, las cargas deben repartirse por igual entre todos los ciudadanos.

Brevemente, quiero mencionar ciertos hechos que he anotado, a los efectos de que se puedan determinar algunos de los logros interesantes, sin pensar que hemos descubierto la pólvora y sin creer que con esto se solucionan todos los problemas del país, pero sí sintiendo la profunda convicción de que estamos moldeando el edificio de la seguridad social, participando efectivamente en esta construcción y no esperando que ese edificio lo hagan otros, dejando que la vida del Uruguay pase a nuestro costado, sin el esfuerzo y la energía necesarios para hacer los aportes que estamos convencidos es nuestro deber llevar adelante. Este Proyecto de Ley asegura el cobro de las jubilaciones. En ese sentido, estoy convencido de que una reforma estructural le brinda un apoyo sustancial a fin de que se continúen cobrando esas jubilaciones, en términos reales, han subido. Sin embargo, nadie está libre de que mañana, éste u otro Gobierno, en la medida en que las reformas estructurales no se realicen, apele a la inflación para quitarles poder adquisitivo permanente, con lo cual las jubilaciones se pagarán en fecha, pero no serán nada, no existirán, serán simples papeles de cobro. Con la iniciativa que tenemos a estudio, señor Presidente, reitero, se asegura el pago de las jubilaciones y además termina con el clientelismo. Asimismo, acaba con las jubilaciones de privilegio, como ya lo hemos dicho y lo reiteramos ahora. Este Proyecto de Ley, consolida el sistema, sobre todo para las nuevas generaciones, ya que termina con la estafa que se les estaba haciendo a las mismas. Acaba, también, con el Acto Institucional Nº 9, de la época de la dictadura. Sinceramente, debo decir que no comprendo por qué, luego de casi diez años de instalada la democracia -después de la propia dictadura- el sistema político uruguayo convalidó ese régimen. Por supuesto, al principio había que hacerlo, ya que existía necesidad de que mantuvieran ciertas normas. Pero lo cierto es que no se generó esa reforma estructural, aunque sé que muchos hicieron esfuerzos en ese sentido. Quizás quien habla no contribuyó todo lo que debía en ese aspecto, pero no puede dejar de señalar que todas las normas están basadas en un acto de la dictadura. Entonces, cabe preguntarse si no había mecanismos para modificar esto.

¿No se generaron situaciones injustas? A mi juicio, es un hecho muy positivo salir del Acto Institucional Nº 9, entre otras cosas, porque quien tenía edad para jubilarse, pero no había aportado en los últimos tres años, no podía hacerlo. Como podemos observar, dicho Acto Institucional produjo las peores situaciones. En ese sentido, hemos visto esta clase de hechos con respecto a industrias y áreas de actividad que han cerrado. Ello ha sucedido con las propias textiles, pues sus derechos jubilatorios no están reconocidos.

Por otra parte, creo que es buena cosa que el límite de edad quede en los 60 años. Ya veremos cómo funciona esto, pero entendemos que la reforma estructural debe estar basada en una reforma estructural de las normas, puesto que no podemos decir que ajustamos cuentas subiendo la edad. Esto no era la señal ni el camino apropiados. Se me podrá decir que baja las tasas de reemplazo -lo cual es cierto- pero si la persona en algunas circunstancias cree que no puede más, asume la posibilidad -con flexibilidad- de jubilarse. Pero hubiera sido que el límite de edad para jubilarse se fijara en sesenta y cinco años, con lo cual esas tasas de reemplazo recién comenzarían a regir a esa edad, por lo que no podrían jubilarse ahora. Reitero que, en mi opinión, esta disposición es muy positiva. Por otro lado, hay situaciones bonificadas que se mantienen, que habrá que ver si están completas y que habrá que estudiar. Dichas situaciones permitirían que en algunos sectores, en los que realmente la situación es muy dura a los sesenta años, al cumplir dicha edad, los trabajadores puedan retirarse con tasas de reemplazo mejores.

Además, dijimos que en este Proyecto de Ley se garantiza la jubilación a quien pierde el empleo, lo cual es muy bueno. Asimismo, se eliminan los topes, se indexa el Salario Mínimo Nacional, es decir que el sistema indexa ahora para que no se pierda más. Esta ha sido una reivindicación planteada por muchos sectores.

Personalmente, señor Presidente, creo que el Proyecto de Ley tiene virtudes y defectos. Nadie puede decir que los 187 artículos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo o los 190 que quedaron ahora, son todos correctos y constituyen la panacea. Quiero hacer notar que hay dos o tres artículos que no voy a votar porque los considero inconvenientes.

Este es el sistema propuesto con las modificaciones de equilibrio que se han efectuado en la Comisión, de acuerdo con la propia necesidad de acuerdos políticos para que esto tenga el mayor respaldo posible.

Pienso que hemos hecho -por lo menos quien habla- un esfuerzo a los efectos de que todos pudieran aportar, siendo absolutamente transparentes y escuchando a todos, postergando reuniones, para que quienes querían ir más rápido fueran en forma más lenta, a fin de que se pudiera discutir con la mayor profundidad posible. Siento, señor Presidente, que hemos logrado un producto que puede modificar favorablemente la seguridad social y las señales que se le dan al país.

Por último, quiero señalar que durante la campaña electoral el Nuevo Espacio habló mucho del tema de la seguridad social, de la responsabilidad, de la sensibilidad y de los esfuerzos que tiene que hacer el país para posibilitar que la sociedad uruguaya tenga la capacidad de brindar prosperidad a las nuevas generaciones y, sobre todo, a los niños. La comunidad debe hacer estos esfuerzos sin olvidar a los más débiles, a los que están en la pobreza. Quienes están aquí me han visto recordar y defender permanentemente al sector de los más débiles y más necesitados. Con profundo orgullo debo decir que más allá de los balances que íntimamente haga cada partido político, cada sector, cada Legislador y cada compañero del Nuevo Espacio sobre este Proyecto de Ley, cuando el Parlamento de la República vote esta modificación estructural del sistema de previsión social, los aspectos de sensibilidad, los que alcanzan a más de 110.000 hombres y mujeres que necesitan que el país los escuche, que se acuerde de ellos, que no se sientan olvidados, es bueno que se sepa que quien habla y el Nuevo Espacio pusieron una cuota muy fuerte y tozuda en todo este tema. En tal sentido, tratamos de generar la financiación adecuada e intentamos que muchos "no" que se nos dijeron se transformaran en algunos "si".

En nombre de mi Partido, quiero señalar que, a nuestro juicio, estamos generando un Proyecto que hace bien al país, a las nuevas generaciones y que no se olvida de los más débiles y de los más necesitados.

11) SESION DEL SENADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Formulamos moción para que el Senado, al término de la reunión de hoy, pase a intermedio hasta mañana a la hora diez. Firman los señores Senadores Pozzolo y Fernández Faingold".

-Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

12) REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. Modificaciones. Proyecto de Ley .

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del Proyecto que modifica el Régimen de la Seguridad Social.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: quiero compartir con los integrantes de este Cuerpo algunas de las reflexiones que hemos hecho al encarar este tema.

En primer lugar, deseamos saber si es jurídicamente viable alterar la seguridad social, en parte, según los términos en que se está haciendo. En el transcurso de esta sesión ese tema ha sido cuestionado, en función de distintos argumentos. ¿Es posible que en el Uruguay existan entidades no estatales que administren jubilaciones y pensiones, que brinden seguridad a los ciudadanos?

En ese sentido, hemos hecho referencia al informe del doctor Cassinelli Muñoz. Creo que no hay duda de que en el país se han ido desarrollando seguros privados complementarios de paraestatales a propósito de varias de las actividades que hoy se realizan en el Uruguay. Naturalmente, este tipo de entidades privadas o paraestatales, en muchos casos no ha actuado bajo la coordinación autoritaria del Banco de Previsión Social, sino que se ha regido por la Ley o por la integración de su Directorio. Por lo tanto, no nos parece aplicable el artículo 195 de la Constitución de la República, porque remite al Banco de Previsión Social la coordinación de los servicios estatales, como bien lo señala el doctor Cassinelli Muñoz.

Por otra parte, y con respecto a los derechos y expectativas adquiridos, quiero señalar que si se aceptara la tesis de que cualquier aportante tiene derecho de acogerse al régimen vigente antes de que se apruebe este Proyecto de Ley, el país nunca hubiera podido emprender una reforma de la seguridad social.

Asimismo, parece claro que quienes tienen derecho son los que han configurado causal, porque están en condiciones de reclamar al Estado las prestaciones que la Ley prevé. Quienes en la actualidad no hayamos configurado causal tenemos una mera expectativa. Tan así es que todas las veces que se han cambiado las causales, no han prosperado -ni siquiera ha habido grandes intentos para que ello ocurriera- impugnaciones en base a que, por el simple hecho de no haber configurado causal y ser un simple aportante, se cree tener un derecho.

Pienso que eso ha ocurrido varias veces en el país y ha sido una norma constante, particularmente cuando se hace referencia al Convenio Internacional. En última instancia, es claro que aunque en la actualidad o en el futuro, en este tema o en cualquier otro, el país legislara en forma diferente a lo que establece el Convenio Internacional, es evidente que hay dos tesis jurídicas al respecto. Sin embargo, lo razonable es que este Parlamento no podría estar obligado por otro anterior, que por el hecho de ratificar un Convenio -ya sea de seguridad social o como tantas veces ocurre con los de carácter fiscal- estaría inhibido de legislar en la materia, porque no lo admite nuestra Constitución. Esto es así a tal punto que, en las conversaciones sobre la reforma de la Constitución que tuvieron lugar el año pasado, recuerdo que el entonces Presidente de este Cuerpo impulsó la modificación del artículo 6º para regular de una manera diferente la relación entre la legislación interna y la internacional.

SEÑOR SARTHOU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Señor Presidente: simplemente quiero precisar que discrepo profundamente con la idea de que no obliga a este Parlamento un Convenio Internacional aprobado por otro Parlamento.

En este caso, podemos analizar los efectos jurídicos de un Convenio Internacional que ha sido ratificado. En tal sentido, se pueden sostener dos posiciones diferentes en cuanto a las facultades que tiene el Parlamento para actuar con respecto al contenido, pero no en relación a la efectividad del Convenio. La continuidad del Estado hace que el Convenio que aprobó el Parlamento tenga un carácter obligatorio para el actual Cuerpo.

Cabe preguntarse qué responsabilidad tiene el Estado y el Parlamento si se dicta una norma en contra de ese Convenio. Al respecto sí existen dos bibliotecas, que son las que cita el señor Senador Atchugarry: por un lado, la tesis del doctor Plá Rodríguez, quien sostiene que lo puede hacer y sólo es responsable ante el organismo internacional por haber violado el Convenio, con las responsabilidades que puedan corresponder, y por otro, la posición del doctor Barbagelata que sustenta la idea de que el Convenio Internacional es una norma de supra legalidad que, de alguna manera, tiene algún rango superior a la de la Ley. Por lo tanto, el Parlamento no podría derogarlo por su norma interna.

Por otra parte, me resulta muy claro que el Convenio, en principio, no tiene que ser ratificado para que tenga validez frente a un nuevo Parlamento. En la hipótesis de que se dicte una norma legar, se plantea si es válida y compromete la responsabilidad o, si no lo fuera, sería contraria a una norma supra legal.

Quería hacer estas precisiones que explican las diferencias de opinión que existen al respecto.

Reitero que no estoy hablando, concretamente del particular que va a hacer un reclamo, sino que me refiero a si es posible que una Ley pueda imponer contratos a los particulares. Precisamente, ésta es la preocupación jurídica que tengo en este momento, porque si fuera así, en el día de mañana se me podría imponer que realizara un contrato con un particular, por cualquier Ley.

Aclaro que este es el tema que quiero poner sobre la mesa, y que no refiere a un problema de competencias.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como decíamos anteriormente -incluso por las manifestaciones del señor Senador Sarthou- los Convenios de referencia no son violados, porque no se transgreden derechos, al menos en esta actividad legislativa.

En cualquier caso, el Parlamento, según la Constitución de la República, tiene la posibilidad y obligación de legislar en esta materia. Naturalmente, no se trata de tener que ratificar nuevamente los Convenios, pues la Constitución no habilita a un Parlamento a que, por el hecho de ratificar un Convenio, impida a que uno nuevo legisle sobre la materia. Puede hacerlo siempre, aunque eventualmente, suponga denunciarlo o simplemente no cumplirlo.

De todas maneras, ante lo que se ha afirmado de que los Convenios serían una especie de entidad -según las tesis monista y dualista en la materia- es claro para la Constitución de la República que el establecimiento de una supralegalidad no tiene recibo en nuestro Derecho Constitucional. Es bien claro que no sería admisible que se limitan las facultades de este Parlamento, ni tampoco lo sería, en términos de la voluntad popular, que al elegir uno nuevo para que legisle en la materia, se le dijera que no puede hacerlo. Aclaro que no estoy diciendo que el señor Senador Sarthou sostenga esta posición, sino que son las tesis que se han manejado en este tema.

Considero que por los artículos 195 y 67 de la Constitución de la República y aun por los eventuales Convenios, este Parlamento está habilitado para legislar sobre la materia, incluso con la participación mayor o menor de entidades privadas o no estatales.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Santoro)

-La otra interrogante que nos formulamos es por qué hay que reformar la seguridad social. A mi juicio, esta inquietud tiene una explicación bastante más sencilla.

Hace unos días, decíamos que hay dos acontecimientos felices en nuestro país. El primero de ellos refiere a que los uruguayos vivimos más, lo que ha sido prolijamente documentado por las expectativas de edades. En términos relevantes, según el sistema de la seguridad social vivimos más cuando llegamos a la edad de la jubilación. Esto es así a tal punto que la sobrevivencia promedio -entre jubilación y pensión- de la prestación se ubica en los 21 años.

En consecuencia, ese único elemento, el hecho de que hay una evolución en las expectativas de vida, ha llevado a todos los regímenes a revisar sus sistemas de edades.

Así como el país hoy, o hace 10 años, no hubiera podido sostener la jubilación a los 40 años de edad por distintas causales como existía en la década del cincuenta, ni podría sostener los 50 años como edad jubilatoria, la evolución actual de la expectativa de vida tampoco hace sustentable en el mediano y largo plazo los 55 y 60 años de edad. En tal sentido, la mayoría de los países que tienen una estructura demográfica similar a la uruguaya -me refiero a su baja natalidad- y que, incluso, no tienen el problema de la emigración de los jóvenes, han ido cambiando esta situación.

En consecuencia, señor Presidente, me parece que el primer punto que nos motiva a todos quienes estamos presentes en este ámbito, es reconocer que nos encontramos frente a una revisión inevitable del sistema, a raíz de un buen acontecimiento: nuestro sistema sanitario y el avance tecnológico hace que los uruguayos vivan más.

El segundo aspecto es más particular: me refiero al hecho de que atendemos mejor a los jubilados, mucho mejor. Además, actuamos con más certeza. ¿Cuál era la situación de una persona que se iba a jubilar en la década del sesenta? Enfrentaba un país con una gran promesa. Efectivamente, la promesa al jubilado era muy importante, tanto en lo que tiene que ver con la edad en la que se le permitía jubilar como en lo referente a las tasas de reemplazo. Pero, ¿cuál era esa realidad? La tramitación de una jubilación insumía muchos años, lo que dio lugar a las famosas tarjetas de pronto despacho y tantos otros mecanismos. Digo esto porque la forma en que el sistema iba resolviendo el problema de la previsión social consistía, por un lado, en demorar -burocracia mediante- el otorgamiento de la jubilación. Por otra parte, hay que tener en cuenta que nuestro país venía con una cultura no inflacionaria y sin una mecánica automática y firme de protección de la jubilación contra el detrimento de la inflación, las jubilaciones se deterioraban rápidamente. Se trataba de un país que prometía mucho y que cumplía poco en términos reales. Repito, prometía una edad muy baja y una gran jubilación, pero después demoraba mucho la tramitación y finalmente la destruía por medio de la inflación.

El Acto Institucional Nº 9 estableció el reajuste anual y en 1989 se puso en práctica uno cuatrimestral. Ese es, señor Presidente, el primer ingrediente por el cual hoy las jubilaciones han crecido tanto. Actualmente, el jubilado en el Uruguay tiene la certeza de que su jubilación no se va a deteriorar por la inflación en forma peor que el salario, lo que ha generado no sólo un incremento de 60 ó 70 puntos en el valor real de las pasividades, sino que ha implantado un sistema estable.

En toda sociedad, señor Presidente, la cena debe pagarla alguien, y en consecuencia, asumiríamos una estrategia similar a la que adopta el avestruz si hoy no nos sentáramos en este ámbito y reconociéramos que felizmente hoy los uruguayos viven más tiempo, los jubilados tienen una mayor expectativa de vida y todos hemos decidido tratarlos mejor, dándoles estas certezas que se han traducido en un importante aumento de su capacidad de compra. Además, si observamos esto a mediano y largo plazo, comprobaremos que en la medida en que los actuales jubilados y pensionistas vayan desapareciendo por las leyes de la naturaleza, y aquellos que inicialmente vieron deteriorada su jubilación hasta 1980 sean sustituidos por nuevos beneficiarios con pasividades protegidas -no sólo las razones demográficas ya explicadas, sino esta simple circunstancia de renovación de jubilados perjudicados por jubilados protegidos- se generará una explosión del sistema o, por lo menos, una tendencia al crecimiento.

Entonces, señor Presidente, me parece que es absolutamente inevitable la circunstancia de que hoy estemos sentados en esta Sala analizando la forma en que el país va a sobrellevar estos dos elementos positivos, porque no hacerlos supone, simplemente, ocultar la realidad a la población o aplicar la teoría de que esto debe arreglarlo quien viene después, cuando es evidente que el después ya llegó y hoy los números son de tal significación que el después es hoy. También podría significar la realización de una apuesta en el sentido de volver a la cultura del engaño y no arreglar el sistema, y tarde o temprano pagar con emisión cobrando un enorme impuesto inflacionario, lo que significaría trampear la expectativa que generamos en los jubilados y en el resto de la población.

Por lo tanto, y tal como están haciendo los demás países, me parece que cuanto más demoremos en tomar una decisión, peor será la situación del sistema.

Además, creo que debemos analizar el tema de la actitud que asumen los grupos políticos sobre las distintas realidades del país. En el transcurso del tiempo, nuestro país no ha enfrentado muchos de sus problemas, y aclaro que incluyo éste que estamos considerando en el día de hoy, lo que ha generado síntomas que reflejan la enfermedad de fondo, es decir, la dificultad y la incapacidad de asumir decisiones a propósito del destino del país.

Si observamos al Uruguay -y pienso que ello es el reflejo de todos sus sistemas, incluido el de previsión social- comprobaremos que a partir de la década del sesenta hemos padecido una gran dificultad para amoldarnos a muchas situaciones. Cualquiera de los indicadores que analicemos, como puede ser la evolución del Producto Bruto Interno, el nivel de la inversión o la profusa emigración de nuestros jóvenes, nos señalarán claramente que hemos tenido una dificultad para crecer, que hemos sido poco atractivos para lograr la existencia de una confianza de mediano y largo plazo en el país. Cuando vemos los indicadores de inversión de nuestra plaza en los últimos 20 años, comprobamos que están un 40% o 50% por debajo del promedio de América Latina, y ni que hablar que son tres veces menores al 40% que ostentan las economías del sudeste asiático. Pero teniendo en cuenta la situación en América Latina -particularmente en el Brasil cuyo promedio es de 22% o 23%- debemos saber que el de Uruguay es de un 13% o 14%.

En consecuencia, señor Presidente, tenemos la impresión de que en la medida en que el Uruguay no desató sus fuerzas productivas y resolvió sus problemas, en las nuevas generaciones -tal como dijo el señor Senador Michelini- se percibe una sensación de desesperanza y su preocupación actual consiste en la casa, el empleo y también en la posibilidad de irse de nuestro país, lo que ha sido una constante importante que le ha restado energías a nuestra sociedad.

Efectivamente, mucha de nuestra gente más joven y mejor se ha ido en los últimos años, por eso pensamos que es urgente la reforma de la seguridad social. No podemos discutirlo 4 ó 5 años más y continuar lo que nuestro país viene haciendo desde el ochenta y tanto hasta el día de hoy. En lo personal siento y mido la urgencia en función de cada joven que se va, en cada falta de oportunidad que se produce en un país que es un todo. Por supuesto el de la seguridad social no es el único problema pero es uno de los que debemos resolver.

¿Qué podemos pedirle a una reforma de la seguridad social? Creo que el tema central es que como Estado vamos a resolver los intereses encontrados entre tres grupos generacionales. Debemos tener en cuenta a quienes hoy están en una situación pasiva, con los cuales tenemos una deuda de honor que debemos cumplir y que, como señalé anteriormente, lo estamos haciendo con mejores expectativas y resultados que en el pasado. También tenemos una obligación con los futuros ciudadanos que consiste en darles una mejor educación y más y mejores oportunidades de empleo, para lo cual debemos hacer un esfuerzo particular. En ese sentido, una posibilidad que tiene nuestra generación consiste en obviar el problema, no tratar de resolverlo esperando que lo haga la próxima, sabiendo que no podrá lograrlo, y esperar que se nos mantenga una promesa jubilatoria que nos consta nuestros hijos no podrán cumplir.

Y no podrán hacerlo por una doble circunstancia, es decir, no sólo por todos los indicadores de cómo crece el sistema del Banco de Previsión Social, sino también porque existe una íntima relación entre los problemas estructurales del país y las posibilidades de crecimiento. Sé que se me puede decir que si devaluamos, podremos recuperar rápidamente la competitividad perdida; incluso, mucha gente lo está planteando.

A mi juicio, la relación entre los tipos de cambio siempre es coyuntural. La conexión entre generaciones. El peso fiscal y esa deuda no documentada que va asumiendo el país con quienes va pasando a retiro, tiene que ver con la forma cómo se distribuye la presión fiscal, que es algo relevante. Estos son los elementos permanentes que van más allá de la coyuntura eventual del tipo de cambio.

Por supuesto, puede decirse que el sistema de seguridad social, el Banco de Previsión Social, representa 15 puntos del Producto Bruto Interno; sumando los otros sistemas de seguridad social, resulta que, al fin y al cabo, todos se alimentan de la sociedad poniendo un timbre a los medicamentos, abusando del "spread" bancario, de los subsidios a rentas generales o estableciendo impuestos a tantas otras cosas. Ahora estamos por encima de los 18 puntos del Producto Bruto Interno; si se agrega el presupuesto nacional, resulta que algo más de la tercera parte del mencionado Producto debemos extraerla todos los días de la población, incluyendo a los gobiernos comunales. De la forma cómo lo cobremos y de cuáles sean las expectativas para el futuro dependerá también la confianza que depositará el país en su propia gente, para quedarse, para invertir o para trabajar.

Pienso que tenemos que dar señales de confianza de que el país es capaz de enfrentar los problemas estructurales; los resolverá de una mejor o peor manera pero, en definitiva, está en condiciones de ir generando otras situaciones. Debemos tener en cuenta en este punto la actitud que asumen los partidos políticos. Quiero dejar aquí una constancia en relación con nuestro sector. Creo que este es un tema que nos ha motivado tempranamente, que le ha costado y le cuesta mucho a la sociedad uruguaya, lo que hace que nos cueste a todos. Pienso que es muy importante señalar hoy en este ámbito que hay un camino que hemos empezado a recorrer todos, unos antes y otros después; me refiero al hecho de empezar a informar a la gente y a asumir estos problemas. A mi juicio, esto tiene que ver también con la credibilidad misma del sistema. En tal sentido me complace ahora señalar los esfuerzos que hizo el Partido Nacional -más allá de la existencia o no de acuerdos- para enfrentar esta temática. Asimismo, me satisface señalar la actitud asumida por el Nuevo Espacio y también los esfuerzos, que en ese mismo sentido, según me consta, realizaron muchas otras fuerzas políticas, aunque no se hayan llegado a establecer acuerdos en relación con el asunto que está a consideración.

En mi opinión, hay otras dos señales para dar a la sociedad. Artistóteles dividió al gobierno en formas puras e impuras. Por una parte, como es sabido, la demagogia, es muy fácil de practicar tratándose de temas como éste. Muchas veces, la tentación demagógica es la enfermedad de la democracia; así era 500 años antes de Jesucristo y lo sigue siendo ahora. Por otro lado, se puede decir que este Proyecto de Ley no gusta y que se debería haber cambiado tal o cual elemento, pero de todos modos debemos informar a la gente que tenemos un problema y que, en realidad, como Poderes del Estado, estamos laudando entre generaciones. Se está pidiendo a nuestra generación que trabaje durante un mayor número de años; este es el punto central de la presente iniciativa. De otra manera, las alternativas serían: deteriorar el ingreso de la gente a través de la inflación o aumentar la presión tributaria y, con ello, castigar a las generaciones más jóvenes con el desempleo. Basta ver los números de nuestros vecinos, con los cuales estamos asociados, para darnos cuenta de que seguir aumentando la presión tributaria nos dejará fuera de situación. Obsérvese la circunstancia en que se encuentra el Brasil, donde la relación acitvo-pasivo es de cuatro a uno y en el que los pasivos son tratados en forma bastante peor, de todo punto de vista, de lo que lo son en nuestro país, ya no por el sistema vigente sino por el régimen proyectado. No sólo las edades son 60 y 65 años, sino que además las relaciones de tasas de reemplazo no son mejores que las que se imponen a través de esta iniciativa.

Sé que muchos de los términos expuestos son discutibles. Alguien podría preguntarse cuál es el sueño que está detrás de este Proyecto de Ley. No puedo afirmar el de sus múltiples autores, pero sí puedo contar el mío. Hace ya seis años que tratamos de ver si se podía hacer algo parecido a lo que se estaba realizando en Chile, porque sentíamos que una de las vías para desarrollar más eficazmente las oportunidades de empleo era canalizar el ahorro hacia los sectores de producción. ¿Cómo hace alguien hoy en el Uruguay para producir más y mejor? ¿Dónde obtiene algo que no sea un préstamo a corto o mediano plazo con tasas fuertemente positivas? Recién ahora, con las obligaciones negociables, empieza a desarrollarse tímidamente un mercado en el que los jóvenes uruguayos que tienen buenas ideas y quieren fabricar, por ejemplo, alimentos envasados -o cualquier otra idea razonable- pueden hacerlo, recurriendo al capital, aunque tampoco tienen un buen tratamiento fiscal.

En mi opinión, debemos empezar a buscar las soluciones a este problema. Nuestro sueño es que parte de este ahorro pueda ser, tarde o temprano, canalizando a estos sectores productivos. Creemos que esta ley no podría cumplir sus objetivos si en el día de mañana no hiciéramos un enorme esfuerzo por dar un buen marco a la inversión productiva del país.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- (Dr. Walter Santoro).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- El señor Senador sabe cuánto respeto su seriedad y la inteligencia que muestra, en general, en sus intervenciones. Sin embargo, pensando en la realidad actual, se me ocurre algo que expondré como elemento de reflexión.

En el sistema financiero uruguayo hay U$S 6.000.000.000 depositados -aunque tal vez se trate de una cantidad mucho mayor- además de los depósitos en moneda nacional. Dicho sistema sirve para que ese ahorro pueda dedicarse a la inversión productiva. Pregunto, entonces, ¿por qué no se da eso en nuestro país? Se trata de una masa de recursos de un extraordinario volumen, que podría servir para dar un impulso formidable al desarrollo productivo. Por supuesto, el sistema de cuentas de capitalización privadas y el de las estatales que se creen darán un elemento adicional de ahorro a esa suma. Entonces, ¿por qué se piensa que este ahorro se va a manejar de una manera distinta, en tasas de interés diferentes, de la empleada con relación al ahorro que ya existe? ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, se va a tener que prestar al 4% o al 5% real, anual, y no al 11% o al 13%, porcentaje al que se presta la otra parte del ahorro que ya existe?

Resumiendo: por un lado, quisiera saber por qué no se emplea el ahorro actual. Podría decirse que no hay ahorro; sin embargo, hay U$S 6.000.000.000 depositados en el sistema financiero, por lo que habrá alguna razón para que no se invierta. Por otro lado, consulto sobre la razón por la cual se va a invertir el otro ahorro a tasas diferentes. A lo mejor, si se invierte a tasas diferentes -haciendo un cálculo elemental- las empresas administradoras de fondos jubilatorios que, de acuerdo con ciertas disposiciones vigentes, están obligadas a canalizar sus excedentes hacia determinados depósitos podrían llegar -algunas de ellas- a determinar que dichos excedentes sean volcados en otros ámbitos y, además, no admitir prestar a esas tasas que puedan permitir el desarrollo productivo. Asimismo, las tasas, tal como dicen los economistas liberales, son fijadas por el mercado y no por decreto.

Me parecería interesante que el señor Senador Atchugarry pudiera responder estas dos preguntas.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Formulo moción para que se le prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Agradezco al Cuerpo y prometo no extenderme mucho más.

La pregunta que formula el señor Senador Gargano es relevante y procura, en última instancia, encontrar la causa que hace que se invierta poco y que esa inyección no entre en la economía.

En materia de colocaciones, debo aclarar que la tasa fuertemente positiva es la activa, y no la pasiva. Lo que sucede es que el "spread" del Uruguay es el más alto que conozco, como tendencia estable. En parte, creo que se debe a un sistema bancario que padece muchos problemas y numerosos costos asociados; quizás en esos costos también tenga que ver la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Seguramente también tienen influencia las políticas de encaje del Banco de la República; esta institución financiera domina el 65% del mercado de crédito del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Efectivamente, es correcto, hay varios aspectos que influyen.

En resumen, la primera pregunta formulada por el señor Senador Gargano apunta a saber qué se necesita para que el Uruguay pueda resultar más atractivo. Es un tema bastante complejo y de muchas expectativas; la economía es política y, por lo tanto, cada agente económico del sistema también crea sus propias expectativas.

(Ocupa la presidencia el señor Senador Astori)

-Lo que puedo decir es que hoy día a nivel mundial los inversores institucionales son quienes están suministrando la principal fuente de recursos -por la vía de compra de acciones, obligaciones y demás- a los emprendimientos de esta naturaleza. Sin ir muy lejos, podemos citar el caso de Chile, donde no es ajeno a su crecimiento el hecho de haber desarrollado estos mecanismos que le permitieron pasar de una economía poco próspera a una muy pujante, que parece sobrevivir a los avatares regionales. Tan es así que ha cambiado mucho el signo político del gobierno y, sin embargo, la economía ha mantenido no sólo lineamientos de apertura, sino el actual sistema en particular.

Por otra parte, es cierto que hay U$S 6.000.000.000 en el sistema financiero, pero a muy corto plazo, mientras que lo que se procura captar es una corriente de ahorro interno que permita al país generar estas inversiones a mediano y largo plazo, puesto que esto posibilita, a su vez, crear fuentes productivas. Por supuesto que este no es el único aspecto a considerar. Por esa razón dije hace un rato que espero que próximamente el Parlamento se aboque a la elaboración de una gran ley de inversiones para el desarrollo de la inversión productiva y que ello sea seguido de muchos otros actos de simplificación y de alivio de diversos aspectos que hacen una buena venta de servicios públicos, para ir generando ese marco. También hay un clima de convencimiento de todo el país. Todos decimos, por ejemplo, que en este tema existen dificultades importantes y que en el sector político también hay un problema sin resolver, puesto que hace varios años que venimos hablando de reformar la Constitución y no llegamos a nada. En ese mismo sentido, creo que estamos dando una tónica de pesimismo o de optimismo acerca del mediano y largo plazo de este país.

En definitiva, se puede estar más o menos de acuerdo con la filosofía del señor Senador Gargano, con la de los señores Senadores Astori y Fernández Faingold o con la de quien habla, pero resolver este tema es una señal positiva para los uruguayos. De la misma manera, se dará una señal positiva si se resuelve el tema de la reforma de la Constitución, basándose en la tesis de unos o de otros. La cuestión es ver que el sistema se mueve, que se empiezan a resolver los problemas teniendo en cuenta los gustos de unos o de otros. Digo esto porque la inactividad del sistema en los asuntos de fondo es realmente preocupante y desanimante, y esto trae como consecuencia tener que adoptar una decisión, ya no sólo de invertir o no, sino de si me quedo en el país o me voy a buscar otros horizontes, que es una de las sangrías más dolorosas que hemos tenido.

En consecuencia, esto es mucho más que un tema financiero; le asigno una relevante importancia, puesto que junto con otras medidas se puede ir generando un cambio en la opinión de la gente sobre el futuro del país, en la de los inversores sobre la inversión y en la de los trabajadores por cuanto pueden llegar a creer que vale la pena quedarse a trabajar y perfeccionarse.

Naturalmente, como decía hoy, estamos laudando ante esta digresión entre generaciones. Si nosotros no hacemos nada o hacemos poco y nada, en definitiva, estamos asumiendo implícitamente la decisión de que quienes tienen menos de 40 años tendrán un problema mucho mayor que el que tenemos hoy, porque empezarán a pagar desde el inicio con menores expectativas de empleo. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo nosotros como Poderes del Estado? Le estamos pidiendo a quienes tienen menos de 40 años -que ya están en el tramo final de su vida activa- que se queden trabajando entre dos y cinco años más. La edad promedio de retiro de las mujeres actualmente es de 59 años y la de los hombres es de 64 años, y la edad mágica de este Proyecto de Ley es de 65 años, o sea aproximadamente igual a la que hoy en día se están adoptando en los países demográficamente comparables.

Consecuentemente, debemos asumir ese hecho; si no lo hacemos y somos egoístas pensando que nos queremos retirar más temprano y con una buena tasa de reemplazo, estamos diciéndole a nuestro hijo -y en algún caso a nuestro nieto- que le dejamos un problema grave sin resolver, que lo va a empezar a pagar desde temprano con la falta de oportunidades de empleo y que luego tendrá una factura para levantar. Creo que lo ético y responsable -hablo como quien se siente inserto en la generación este Proyecto de Ley trata peor, es decir, los que están entre los 40 y los 55 años- sería hacer ese esfuerzo. La única manera posible de lograrlo es trabajando más años y no aumentando la presión tributaria que está en su límite. Me parece claro que tampoco se resuelve el problema incrementando los impuestos al trabajo o los impuestos indirectos, o instrumentando impuestos directos. Asimismo, ¿qué es lo que resta gravar con impuestos directos? Los profesionales, los dueños de colegios y entidades médicas, ya que no lo podemos hacer con quienes tienen depósitos bancarios, porque dos segundos después de aplicar el gravamen se transfieren al exterior, a las Islas Caimán. Entonces, como dije, no queda mucho por gravar y tengo una opinión favorable para avanzar en esos términos pero no para recaudar más, sino para aliviar el impuesto al trabajo y a la inversión productiva. En este país cobramos desde el primer día un impuesto a alguien que establece una fábrica con una sola máquina y lo hacemos antes de que empiece a producir.

En consecuencia, señor Presidente, siento que hay una responsabilidad ética. Esto no quiere decir que quienes no voten este Proyecto de Ley no están actuando con ética; simplemente tienen una idea distinta, pero estoy seguro que sienten la misma responsabilidad, aunque probablemente a través de una iniciativa diferente.

Creo que todos estamos pensando que no podemos dejar este problema para que lo resuelva la generación siguiente y la única manera de hacerlo es trabajando más años, que es el norte de este Proyecto de Ley. Asimismo, debemos tratar de generar posibilidades de inversión institucional -mejores, peores, de esta manera o de la otra- que puedan crear junto con otras disposiciones de alivio de la burocracia estatal y de mejora de incentivos a la inversión, más trabajo para que podamos quedarnos esos años de más.

En consecuencia, tenemos una doble tarea, señor Presidente: asumir la idea de que nos vamos a quedar más años trabajando y generar las condiciones necesarias para tener esos empleos y dejárselos a nuestros hijos.

Al mismo tiempo -y esto es algo que no está establecido aquí, pero es otro compromiso moral y económico que deberíamos asumir- tendríamos que hacer una gran apuesta a favor de la primera edad. Por esa razón, personalmente, hubiera comenzado con ellos, dándoles beneficios de salud, y no con los que están en la tercera edad, porque siempre nos olvidamos de la primera. Inclusive, cuando nos sentamos en nuestros despachos y analizamos los números correspondientes a las Rendiciones de Cuentas y a los Presupuestos, todos sabemos que no hay salida; quizás podamos variar algo, pero evidentemente nunca va a venir un Presupuesto en donde el 70% se destine a seguridad social y a salarios. Además, lo que entregamos en inversiones -esto es lo que realmente beneficia a la población- sólo es un 10% del Presupuesto; otro 10% corresponde a cargos financieros y el 10% restante se deriva a gastos de funcionamiento.

En consecuencia, esta es una apuesta compleja que tiende a reformar este sistema, a mejorar la gestión del Estado volviéndolo más austero y a dar señales importantes a favor de los sectores productivos. Es, entonces, en este espíritu, que hemos venido a plantear este Proyecto de Ley, aunque hubiéramos deseado que fuera más simple; es más, me hubiera gustado que en lugar de establecer este mecanismo, que igualmente respeto porque da más libertad a las personas, se hubiera fijado 60 y 65 años, y que nadie se jubilara con menos del promedio. De todos modos, si se interpreta bien, el mecanismo de este Proyecto de Ley es establecer que la persona se debe jubilar a los 65 años pero, al mismo tiempo, se le da la libertad, porque tal vez en el trabajo que está o por distintas circunstancias -o, en todo caso, porque esa es su voluntad como ser humano- desea retirarse antes. Naturalmente que se le brinda la posibilidad pero, al mismo tiempo, se la castiga en su tasa de reemplazo, porque lo que pretende el Proyecto de Ley es que el retiro se produzca a los 65 años.

Tal vez hubiera sido mucho más fácil explicar una iniciativa que constara sólo de tres artículos, el primero de los cuales dijera que nadie se puede retirar con menos del promedio -59 y 64 años- lo que en menos de 5 años nos llevaba a estar en 65 años, que es lo que están aplicando la mayoría de los países. Esta opción hubiera sido más rápida y simple; quizás eso hubiéramos dispuesto algunos de nosotros, organizando otros mecanismos.

De todas maneras, respeto -como lo respeté al Partido Nacional en su momento- el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, y lo vamos a acompañar porque creemos que el país no puede seguir dando señales de frustración. Al mismo tiempo, también acompañaremos los esfuerzos de reforma del sistema político, aunque no nos satisfagan totalmente, porque no creo que debamos seguir dando la señal de que somos incapaces de resolver los problemas en serio. Convencemos a todos de que las cosas están mal, y luego demostramos que somos incapaces de llegar a cuerdos operativos para resolver los problemas. Creo que el desafío que hoy tiene esta Legislatura es, repito, llevar adelante acuerdos operativos para resolver, bien o mal; después vendrán otros consensos que mejoren la situación u otras manifestaciones del pueblo que permitan concretar lo que no pudimos llevar adelante en esta instancia. De todos modos, el bloqueo permanente que nos aqueja desde hace más de veinte años, nos condujo en el ayer a la pérdida de las libertades, fruto en buena medida del desprestigio en que fueran cayendo las instituciones. Las hemos reconquistado, y creo que tenemos que tener una enorme fuerza de voluntad para demostrar que la democracia no sólo es libertad, sino que también permite resolver los problemas en forma operativa.

SEÑOR SARTHOU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Deseo plantear una pregunta que está enfocada desde el punto de vista que puede tener cualquier persona trabajadora -no es el caso del señor Senador Atchugarry, que domina todos los aspectos de la política, de la vida social y tiene mecanismos de defensa -respecto a la utilización de las prestaciones de vejez, porque uno de sus rasgos fundamentales es la certeza de la percepción. Evidentemente, el riesgo es un elemento que, además desacomoda espiritualmente, ya que si la persona no tiene resuelto el problema de la vejez, vive en una constante situación de desajuste personal toda su vida.

Pregunto al señor Senador Atchugarry si piensa que la utilización por el circuito financiero de los elementos económicos del segundo nivel brindan esa cuota de seguridad necesaria en quien está apostando con vistas a percibir, dentro de 30 ó 35 años, el reembolso en forma segura. Digo esto, porque la experiencia de las Administradoras en la Argentina, Chile y los Estados Unidos es indudablemente negativa en cuanto a los riesgos de esos fondos. Entonces, repito, desearía que el señor Senador Atchugarry respondiera si considera que en este caso, frente a prestaciones de vejez que tienen que ser absolutamente ciertas, esto no abre una gran inquietud respecto de esos aportes que son obligatorios para cumplir ese rol.

Por otro lado, el artículo 138, literal b) -ya lo hemos discutido- pone la garantía del Estado solamente en la hipótesis de que haya liquidación judicial de sociedades anónimas. Hemos planteado este punto porque creemos que es una falla del Proyecto de Ley, ya que la mayoría de estas sociedades no se disuelvan judicialmente y esto crea un límite en la responsabilidad del Estado. Además, sólo se tiene en cuenta a las aseguradoras y no aparece la garantía de las Administradoras de fondos.

Por todas estas inquietudes en cuanto a la mecánica del Proyecto, preguntamos al señor Senador si está satisfecho con el papel que deben cumplir las prestaciones en un seguro de vejez.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pienso que el señor Senador Sarthou ha puesto el énfasis exactamente donde corresponde. Este es un Proyecto de Ley básicamente de opción, y el promedio de aportes actual al Banco de Previsión Social de esos trabajadores es de $ 3.000. Es decir que si es la voluntad del trabajador, se quedará en el sistema estatal de reparto el 90% de los trabajadores actuales; si los ciudadanos del Uruguay prefieren el mecanismo de reparto, lo tienen absolutamente asegurado -reitero- el 90% de los trabajadores. Respecto a lo que se establece para el restante 10% -aquellos que perciben salarios más altos- es algo que podrá ser opinable y quizás se podría haber incluido como una opción o como algo preceptivo, aunque no altera la sustancia de la iniciativa, porque si mañana decimos que los que figuran con más de $ 5.000 pueden optar, no solucionaríamos nada, ya que no sabemos entre qué pueden optar. Si el límite de pago que trae el Proyecto es de $ 6.000, podemos decirle a la persona en cuestión que deposite en una sociedad de determinada naturaleza o, de lo contrario, se verá sometida por el mismo límite o topo al que hoy todos los ciudadanos estamos sometidos, que actualmente es de menos de $ 4.000. naturalmente, no sería ésta una verdadera opción, aunque se inscriba como tal. Insisto, señor Presidente, en que el centro de este Proyecto de Ley -si la gente así lo quiere- es, para el 90% de los aportantes al Banco de Previsión Social, de reparto; pero, en realidad, el verdadero centro está en asumir los otros dos temas, es decir, cómo cobramos y a qué edad nos vamos, resolviendo el tema entre generaciones. Esto, visto desde el punto de vista cuantitativo -aunque desde una óptica cualitativa motiva muchos artículos y discusiones- en última instancia está reservado como un elemento claro y determinante para menos del 10% de los aportantes, los cuales, de cualquier manera, para su aporte básico, quedan obligatoriamente dentro del sistema de reparto y por el más -en esto no nos hemos puesto de acuerdo con el señor Senador Sarthou- van a un sistema de seguridad social y no a un seguro comercial. Tan es así que a propósito de esto, el señor Senador Michelini planteaba el caso de alguien que deseara retirar parte del dinero para hacer un viaje a Europa, Buenos Aires o Pando, cosa que no puede hacer, porque este es un sistema de seguridad social. Quizás esa persona pueda argumentar que no desea dejar pensión y que prefiere que le otorguen todo; de todas maneras, no se le concederá, porque no es un contrato obligatorio, sino un régimen por el que se podrá contratar al administrador, optando ente uno y otro; es un sistema de seguridad social, como también lo son los fondos complementarios.

Respecto de las Cajas Paraestatales podríamos decir que, si mañana, en lugar de asegurar una prestación definida, cambiarán el sistema y, por ejemplo, la Caja de Profesionales -a la cual, seguramente el señor Senador Sarthou y quien habla estamos afiliados- en lugar de moverse por categorías y que cuando una persona llega a determinado nivel le otorga determinada jubilación, decide colocar una parte en forestación y dar un surplus de jubilación en función de tal o cual cosa, igualmente estaríamos dentro de un sistema de seguridad social, y no tengo dudas de ello.

SEÑOR SARTHOU.- ¿Me permite una interrupción señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU.- Queremos aclarar que el riesgo también lo correrán los que opten voluntariamente, y esa cantidad es indefinida. Para los obligatorios, es esa estimación pero para los que puedan pasar el tope de $ 2.500 a $ 5.000, igualmente correrán el riesgo aunque, por supuesto, se podrá decir que son responsables por haber optado. Eso, en el supuesto de que la decisión de elegir tenga la maduración y el conocimiento de los elementos de juicio como para que sea una actitud responsable, porque puede no ser así.

Quería aclarar que, de todas maneras, los que se encuentran dentro de la franja entre $ 2.500 y $ 5.000, no se sabe cuántos pueden ser y eso estará en el riesgo comercial.

La última aclaración que deseo formular es que la hipótesis es siempre de ahorro privado, aunque sea obligatorio, y éste no se refiere estrictamente a la seguridad social. Esta es una diferencia conceptual que tenemos con el señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: si miramos la sociedad uruguaya, esa opción ya la han hecho 300.000 personas que están fuera del sistema, y la hacen parcialmente -porque el sistema prácticamente los lleva a ello- quienes efectúan la subdeclaración. Debo decir que 180.000 son obreros independientes y pequeños patrones. Si una persona es patrón u obrero independiente, como lo es el dueño de un quiosco, el sistema lo hará optar por un ficto y hará un aporte privado. Por lo tanto, el sistema mixto existe en la realidad, y no en las leyes. Evidentemente, podrá haber gente que se equivoque en su decisión, pero para evitarlo, seguramente, contará con la ilustrada opinión del señor Senador Sarthou que le dirá que no opte por tal sistema y se quede en tal otro.

Supongamos que mañana el Uruguay vuelva a un sistema de capitalización -o sea, con un aporte definido y una prestación indefinida, porque esa es la resultante- administrado por el Estado; en última instancia, lo que podremos pagarle a los jubilados, en términos macro, no será muy diferente de lo que podría pagársele en un sistema de reparto, porque, en definitiva, eso dependerá del crecimiento de la sociedad y de la voluntad política que exista, en el momento en que un individuo se jubile, por parte de la sociedad uruguaya en el sentido de cuánto destinarle. En ese sentido, aunque utilicemos el sistema de reparto -sea por las vías formales, como queremos hacer hoy, o por las informales, por ejemplo, emitiendo, licuando, poniendo impuestos, etcétera- si la sociedad no creció y le fue mal, las promesas de éste no serán mejores que las del sistema de capitalización, que es más expreso porque, si se invirtió en la economía y ésta funcionó bien, la persona tendrá una mejor renta. En cambio, si marchó mal, será peor. Pues bien, en última instancia, en el sistema de reparto ocurre lo mismo, porque si va mal la economía, emitiremos más, pagaremos los papeles que hay que pagar, tendremos 130% de inflación y el poder de compra de los jubilados dentro de 40 años será malo.

Si el Uruguay se anima a encarar los tres o cuatro problemas que tiene, o sea, el de la Seguridad Social, el del sistema político, la gestión del Estado y el apoyo a la inversión productiva, en el sentido de dar la señal de que el país quiere que su gente se quede a trabajar y desea tratarla bien, estaremos apostando, en definitiva, al crecimiento del Uruguay. De esta manera, a través del sistema de reparto, o por el mixto -que es el que pretende este Proyecto de Ley- la economía estará en condiciones de tratar aún mejor a los jubilados.

Creo que he abusado del tiempo de que dispongo para referirme a este Proyecto de Ley, pero me interesaba señalar que -en este tema que nos ha motivado tempranamente- percibo en la sociedad uruguaya y en el sistema político vientos nuevos y confío en que todos pondremos nuestro grano de arena para tratar, no sólo de que esto prospere, sino de hacerle entender a la sociedad que, si hemos optado por un sistema republicano, si confiamos en el sistema de partidos y si éste existe, también debemos aprender a aceptar la diversidad. En última instancia, perseverar en la otra actitud de oponerse hasta la muerte, o hasta la desaparición del contrario, es una forma de hacer que el sistema no pueda procesar sus decisiones. Entonces, aceptemos, como lo estamos haciendo hoy, que este no es el Proyecto que nosotros hubiéramos elaborado, pero lo vamos a acompañar porque el país necesita una solución. En ese sentido, creo que la forma de ayudarlo es pensar que, tal vez, cuando seamos Gobierno, haremos algo mejor. Por eso pienso que no hay que seguir apostando a estar en contra de tal o cual posición pensando que, tal vez, sea mejor juntar las fuerzas canalizando el descontento para bloquear esto, porque tampoco tenemos mecanismos para imponer nuestra idea. De esta manera, seguiríamos en el país del empate, que es el que más daño nos hace.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: vamos a hacer referencia a este Proyecto de Ley muy brevemente y en términos generales porque, seguramente, lo haremos en forma particular respecto de varios artículos y, también, porque no queremos repetir conceptos que ya se han expresado en Sala mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros.

Deseamos comenzar manifestando con claridad que no sólo hemos votado este Proyecto en general y particular en la Comisión, sino que, además, hemos sido parte activa en su elaboración. En ese sentido, hemos preferido el camino de involucrarnos, de comprometernos tratando de torcer, muchas veces, opiniones de otros, para intentar imponer las nuestras donde ello pudiera hacerse. Es así, que hemos procurado que el Proyecto de Ley refleje, en la mayor medida posible, nuestros pensamientos y, en consecuencia, asumimos, por supuesto, las responsabilidades que ello conlleva. Creemos que esta es una buena manera de hacer las cosas, porque si bien no lograremos el todo, nos acercaremos bastante al cambio posible que, al final, es el que se impone.

Estamos aquí, señor Presidente, porque no hemos querido hacer antes esta reforma. Se ha dicho que en el año 1963, la OIT nos decía que se prendía la luz verde en nuestro sistema previsional y que desde aquel momento deberíamos ir tomando algunos recaudos para no llegar a enfrentarnos abruptamente a una crisis que, todavía es más fuerte, en un Uruguay que ha vivido una situación de reparto en una etapa en la que, quizá mi generación no la conoció, fácilmente se podía llegar a otorgar beneficios a todos. Luego pasamos por un período en el que, para no romper el sistema que se intentó preservar, hicimos quebrar a los jubilados. Les dábamos por un lado lo que les sacábamos por otro, a través del mecanismo del ajuste de sus pasividades. Así fue que ocurrió lo que tenía que ocurrir -porque esas situaciones no duran mucho- es decir, se impuso la justicia. La reforma de la previsión llevó a que las pasividades aumentaran como debía hacerse. Entonces, nos acercamos a que pase lo que evitamos la primera vez, o sea, a que quiebre el sistema. Para que esto no suceda es que estamos aquí.

Todos hemos dicho que el sistema no funciona y que hay que modificarlo, que adolece de problemas graves y que se agudizan a cada momento. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo nos disponemos a cambiarlos.

En ese sentido, en la Legislatura pasada el Partido Nacional presentó varios proyectos de ley que no contaron con el apoyo del Parlamento, por lo que -tal como decía el señor Senador Posadas Montero en su intervención inicial- hoy estamos aquí tratando de solucionar aquellos problemas y los efectos que desde aquel momento hasta ahora se han generado y sumado. Lo hacemos con generosidad y en una actitud de compromiso, dando nuestro respaldo para que esta iniciativa se concrete.

Se dice, también, que el sistema que vamos a reformar es solidario, justo y de reparto y que esas son las bases filosóficas sobre las cuales está inspirado, las cuales van a ser cambiadas mediante este Proyecto de Ley.

Se han realizado manifestaciones de toda naturaleza tratando de preservar esos principios en los cuales está basado nuestro sistema. Creemos que si estamos aquí es precisamente porque esos principios han quebrado. Esto ha ocurrido, entre otras cosas, porque el sistema es administrado en buena parte por un banco -no es exactamente una institución de ese tipo, aunque mantiene algunos de sus rasgos- cuya actividad se basa en la credibilidad. La crisis fundamental de este sistema es que ya nadie cree en él ni en esas bases en las que supuestamente reposa.

Por otra parte, el sistema no es solidario, sobre todo cuando se dice que hay 400.000 trabajadores fuera del mismo que, por distintas razones, no son solidarios con el resto. Tanto no lo son que la mayoría de estos 400.000 trabajadores de todos modos se jubila porque, en realidad, no hay 400.000 personas fuera del sistema de atención de seguridad social. Están fuera a la hora de ser activos o lo están parcialmente afuera subdeclarando; sin embargo, el sistema les permite ser parte del beneficio.

El sistema es insolidario, también, porque estimula la evaluación, así como a que se subdeclare -dado que no se toma en cuenta el aporte del trabajador a la hora de jubilarse porque está topeado- y porque es una enorme carga para el empleador que debe incluir como un dato fundamental de sus costos lo que le insume la seguridad social.

Es insolidario porque da lugar a que el trabajador y el empleador se asocien y aporten lo menos posible hasta los últimos tres años, en los cuales decir la verdad conviene, porque ése es el único dato que se toma en cuenta para calcular el monto jubilatorio.

Es un sistema injusto, porque es confiscatorio de los aportes que por lo menos la mayoría de los trabajadores debe hacer sin poder evadir, dado que pertenece al sector público o a empresas que no tienen forma de hacerlo y entonces se les confisca una parte importante de sus aportes que, supuestamente, son los que van al reparto y a la solidaridad. Pero no es tan solidario ni tan justo porque, de todos modos, el sistema mantiene privilegios que este Proyecto de Ley apunta a eliminar.

El reparto del que se habla también es injusto porque lo que por un lado se distribuye por otro se quita; se reparte lo que el sistema obligatoriamente debe dar, pero eso se consigue con impuestos que van transfiriendo recursos a la seguridad social y que sin duda, afectan más a quienes viven de ingresos fijos que en definitiva pagan con el IVA lo que luego por otro bolsillo les entra en calidad de jubilación o pensión.

Este es un sistema que está notoriamente en crisis porque, como decíamos, no se cree en él. Está en crisis, además, porque como todo sistema de seguridad social que se precia de ser solidario reposa sobre la base de que hay una generación que aporta en su etapa activa para que otra, en su etapa pasiva, reciba lo que le corresponde; es decir, una generación es solidaria con otra.

En nuestro sistema, la generación joven, en edad productiva -la más importante- no cree en el sistema. Aporta como si fuera un impuesto y no como un aporte solidario; lo hace porque no tiene otra opción, y ya verá cómo se arregla cuando llegue a ser jubilado. Tiene además la convicción de que con lo que gana un jubilado no podrá vivir y, por lo tanto, tendrá que trabajar durante mucho tiempo. Si algún tiempo le queda en su vida para estar jubilado ya verá como se arregla. En definitiva, tratará de aplicar en la práctica el sistema mixto que hoy procuramos consagrar en este Proyecto de Ley y paralelamente ahorrará de diversas maneras, entre otras, consolidando riqueza durante su vida activa para adquirir los bienes que le permitan tener tranquilidad en su vida pasiva como, por ejemplo, la vivienda que no sólo es un valor preciado por nuestra sociedad, sino uno de los elementos que más peso tiene en los egresos de la familia.

Este Proyecto de Ley es una transformación de la seguridad social muy a la uruguaya, diría, típicamente a la uruguaya. Digo esto porque es modesto, paulatino y se hace en forma de proceso: empezamos con el Banco de Previsión Social y nos vamos poniendo plazo para ingresar a otros sectores que hay que reformar.

En este nuevo sistema se dan opciones, se establece un generosísimo tramo de transición y, además, se van a obtener resultados económicos -diluidos en el tiempo- que no van a afectar mucho la economía actual, aunque seguramente se verán un Parlamento de Gobiernos más adelante.

Este Proyecto se transformará en Ley porque existe una gran voluntad reformista mayoritaria en el Parlamento que, quizás, sea mayor que la que se refleja en los votos. Esa voluntad hará pesar en el sistema democrático vigente la idea de una transformación que no generará ningún temblor ni ocasionará riesgo alguno para ningún sector de la población. Probablemente luego, sectores minoritarios intentarán impedirlo por otros medios, también permitidos por nuestro sistema, pero que generarán algunas consecuencias a las que luego nos vamos a referir.

Este proyecto de ley, señor Presidente, no lo cambia todo; es, sin duda, un reflejo claro del funcionamiento del sistema político y de la democracia que tiene como herramienta principal la negociación y que permite acercar los extremos y encontrar en un justo medio lo que es posible. No cambia ni es el resultado más satisfactorio para ninguno de los que estamos aquí; pero es mucho mejor que lo que tenemos actualmente y también es bastante más solidario porque es más justo con los que son solidarios. El concepto exacto de solidaridad, a mi entender, no está en que alguien haga algo por los demás, sino en que cada uno haga bien lo que le corresponde en la vida; que todos cumplan con dedicación y responsabilidad el rol que le asignó la vida, porque lo que cada uno de nosotros deja de hacer, otro deberá hacerlo por nosotros. Cada vez que un uruguayo deja de aportar al sistema de una manera o de otra, ya sea como empleador o empleado, trabajador dependiente o independiente; cada vez que alguien presenta testigos falsos y cada testigo falso que declara por un amigo; cada una de estas situaciones que en un código de conducta y de moral cada vez más extendido en nuestra sociedad es muy común y muy bien visto; insisto, cada vez que esto suceda, se es insolidario -si se me permite utilizar este término- no porque se afecte a otro, sino básicamente porque no se hace lo que se debe hacer. De esa manera, otro tendrá que hacer lo que a uno le corresponde. El otro, en este caso, es el Estado.

Este Proyecto de Ley no afecta a los jubilados ni a aquellos que tengan causal jubilatoria ni a quienes la tendrán en los próximos meses.

Esta Ley básicamente está pensada para los jóvenes, aunque a quienes no lo son, les da opciones y oportunidades. Con la aprobación de este Proyecto de Ley se inicia un proceso de reforma de carácter universal. Nos parece bien que no se aborde la complejidad del tema y que sean distintas leyes e iniciativas las que lo hagan.

También pensamos que es bueno que en el artículo 1º se haya establecido un plazo para dar señales claras a la población, en el sentido de que hay voluntad política de revisar el funcionamiento del sistema y que no habrá sectores que queden excluidos. Ahora nos abocamos a la parte central, al componente fundamental del sistema de seguridad social que está atendido por el Banco de Previsión Social; sin embargo, no se nos escapa el hecho de que no seria justo dejar de considerar otras actividades y situaciones de retiro. Tampoco se nos escapa que ahí está parte del déficit, y que parte de él está generado por un sistema legal que nosotros, este Parlamento, hemos autorizado.

Pensamos que hay que abordar una revisión profunda -así lo hemos planteado- del sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Al respecto, nos hemos informado, hemos hablado con el señor Ministro de Defensa Nacional y hemos logrado una visión de esa materia que nos ha reafirmado en nuestra convicción. Por eso debemos actuar con responsabilidad porque no se trata de un tema menor.

El sistema de retiro de las Fuerzas Armadas condiciona el régimen de actividad y, en buena medida, hoy es un estímulo. Dentro de ese sistema conviven distintos tipos de actividades, algunas de rango específicamente militar y otras más parecidas a las administrativas de cualquier otro Inciso del Estado. Allí, existen situaciones dispares que deben contemplarse con mucha responsabilidad en el momento de analizar el sistema, porque puede afectar la actividad, lo cual no queremos. Debemos llevarlo a cabo, esperando propuestas -y así lo expresa el artículo 1º - de quienes participen en una Comisión redactora y de quienes estén involucrados en la tarea y durante muchos años han administrado bien esos servicios, pero que por efecto de la reforma del artículo 67 de la Constitución, han visto variar sustancialmente la doble ecuación activo-pasivo, hoy negativa, e ingresos-egresos.

De la misma manera, hay que abordar una reforma del sistema de retiros policiales que no se asemeja al militar, aunque siempre se los pone juntos. Los sistemas no son parecidos y las causas del déficit son bien diferentes. En este segundo caso, buena parte de ese déficit se debe a que el Estado omitió realizar su aporte patronal.

Asimismo, con otra idea y otro concepto, deben revisarse las Cajas Paraestatales, que tienen una situación distinta de superávit, de administración buena, honesta y dedicada, pero que en algunos casos transfieran recurso del resto de la sociedad para sanear la ecuación interna. Pensamos que no es bueno que allí existan situaciones diferentes a las que estamos exigiendo para el Banco de Previsión Social. Claramente decimos que no es nuestra voluntad -o no será cuando lleguemos a considerar un por que el Poder Ejecutivo nos remitirá- cambiar lo que funciona bien, pues eso hay que mantenerlo; pero sobre lo que es perfectible deberemos trabajar.

Esta Ley tiene muchas bondades y la mayoría de ellas se han mencionado aquí. Concretamente, elimina el sistema de privilegios, las jubilaciones anticipadas, el sistema de retiro o el cálculo jubilatorio a partir del promedio de los últimos tres años, con las consecuencias que se generan para los sectores que hoy están fuertemente afectados por la reconversión que vive el país, que obliga a que algunos sectores productivos cierren sus puertas dejando paso a otros. Esto deja afuera del sistema de actividad a gente que se encuentra al borde de su jubilación y que queda sin trabajo cuando tiene muchos años y les es difícil reconvertirse hacia otra tarea y con un promedio cero de sus últimos tres años para jubilarse. Asimismo, esta Ley incorpora cobertura de salud para los sectores de más bajos ingresos, elimina los topes y tantas otras cosas.

No quisiera dejar de mencionar lo que creo es un gran avance: el sistema mixto que consagramos en esta Ley, afirmando o consolidando el componente de reparto que es el solidario. El componente de ahorro ahora estimulará a declarar y no a evadir porque según los años y el monto aportado en ese período, una de las dos jubilaciones de muchos trabajadores se verá regulada. Se supone que los funcionarios que ganan más de $ 5.000 -o aquellos que ganando menos opten, según el artículo 8º, en parte por este componente de ahorro estarán condicionando, al contrario de lo que sucede hoy, a sus empleadores a que los hagan figurar en planilla por el monto que realmente perciben. Esta gente se beneficiará personalmente porque logrará evadir los topes y porque tendrá un componente de ahorro que verá retornar a su patrimonio a la hora de la jubilación. Asimismo, se beneficiará el sistema del Banco de Previsión Social porque el empleador tendrá que aportar a dicho Organismo lo que le corresponde como patrón. Actualmente, esto no se hace porque el sistema y el empleado lo ayudan cuando declara por menos. Por otra parte, acerca la verdad de los hechos a la jubilación y da una opción que hoy no existe.

Aquí se ha mencionado que el sistema funciona mal por culpa del clientelismo. Creo que eso en buena parte es cierto; pero hay que decir que si el clientelismo existe es porque el sistema lo permite y lo estimula.

También hay que mencionar que si no hubiera habido un sistema de gestión -en este caso no vamos a hablar de clientelismo- y de trámites, a veces bien intencionado por parte del sistema político, mucha gente no se hubiera jubilado porque el régimen es perverso, árido y difícil de traspasar para los más humildes, para los que tienen menos educación y recursos. A veces el sistema que criticamos -en particular lo critico como todos- permitió que mucha gente resolviera sus problemas. Esto no habla bien del sistema político, sino mal del jubilatorio, pues éste tiene que apelar a estos recursos para lograr sus objetivos. Por ello, ahora estamos pidiendo el voto para cambiar las cosas perversas del sistema, aunque sabemos que en algunos casos, aun compartiendo estas ideas, no tendremos los votos.

Debemos decir que funciona mal el sistema porque es el fiel reflejo del concepto de que el Estado no es nadie, nada; es abstracto. Esto se une perversamente al concepto de que "alguien lo va a arreglar". Entonces, con estas dos frases vamos hacia delante esperando que alguien que no sabemos quién es resuelva los problemas que se le generan al Estado. Sin embargo, cuando tenemos que ver los números, la realidad y votar leyes de ajustes nos damos cuenta de quién es el Estado y cómo de hecho -aunque nosotros no queramos ver el problema- las cosas se van resolviendo.

Debe admitirse que en nuestro sistema constitucional y político, el Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa para hacer reformas de esta naturaleza. Por lo tanto, debe entenderse también que son estas las oportunidades que hay que aprovechar para instrumentarlas. De lo contrario, se trataría solamente de expresiones testimoniales de parte de quienes piensan distinto.

Creemos que se deben utilizar estas instancias para ir cambiando el sistema, al menos en lo que sea posible. En este sentido, estimamos que son positivos y constructivos los esfuerzos que se realizan para mejorar la iniciativa del Poder Ejecutivo y, contrariamente, pensamos que no es bueno concentrarse en impedir, en no permitir, en no dejar pasar, porque no quedaremos siempre con lo malo.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Formulo moción en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta que el señor Senador Gandini culmine su exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. (Cr. Danilo Astori).- Se va a votar la moción de orden formulada.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Como expresé anteriormente, entiendo que es positivo aprovechar estas instancias para introducir el Proyecto de Ley aquellos aspectos que lo mejoran; asimismo, aunque el resultado no sea perfecto, es necesario ir avanzando porque no se deben dar al país señales de que nada sucede. Considero que si algo positivo se ha transmitido en estos meses de Gobierno, es el hecho de que algunas cosas están cambiando, más allá de que empleemos demasiado tiempo en atender otras que son estériles.

Estuvimos dispuestos -y aún lo estamos- a conceder. El propio Presidente del Directorio del Partido Nacional ha manifestado la voluntad de conceder algunos elementos que para nosotros no son de principios, pero que pueden ensanchar la base de este Proyecto de Ley. A mi modo de ver, esta sería una señal mejor aún que la que estamos dando. Sin embargo, a esta altura parecen difíciles los acuerdos en ese sentido, y quizás por quererlo lograr todo, hay quienes se quedan sin nada. Estimo que esta es una afirmación importante porque revela un estilo de convivencia de los uruguayos que no es bueno. De todas formas, existe mayoría para lograr avances en algunos aspectos.

Hace unas horas se convocó a la población activa del país a detener sus actividades para manifestar ante el Parlamento en contra del Proyecto de Ley de Seguridad Social. Mientras cerrábamos nuestras ventanas, en la calle se celebraba un acto para expresar la opinión contraria a esta iniciativa. Sin embargo, mientras en el órgano producto de la voluntad soberana -es decir, en el Parlamento Nacional- se trata este texto, las Barras se encuentran vacías. No vino ninguno de los que estuvieron en la calle; se limitaron a llegar hasta la puerta. Es difícil vivir en una sociedad donde existe un diálogo de sordos. Nos hubiera gustado que quienes aun antes de ser presentado el Proyecto de Ley ya se oponían a él, escucharan algunas de las palabras pronunciadas en Sala. Quizás lo que ocurre es que hay poco diálogo y escasa comunicación. En Sala hay algunos señores Senadores que intentamos dialogar, pero quizás estuvimos demasiado lejos para lograrlo. Este es un momento clave y, sin embargo, a pesar de haber estado cerca, no lo pudimos hacer.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GANDINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. (Cr. Danilo Astori).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera aclarar que quienes desearon asistir a la sesión no tuvieron posibilidad de acceder a la Barra porque en una primera instancia las puertas estaban cerradas. Cuando el acto finalizó, los concurrentes se desplazaron y luego, al abrirse las puertas, lógicamente la gente ya no estaba. Este hecho fue comprobado por personas que se hicieron presentes en el ambulatorio. De modo que el señor Senador Gandini comete una equivocación, ya que esos miles de personas que se encontraban en la manifestación y no son fanáticos ni dogmáticos, tenían mucho interés en concurrir a la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. (Cr. Danilo Astori).- Puede interrumpir el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Verdaderamente, considero que es una lástima que no se hay constatado ese hecho con anteriormente, porque las Barras son de libre acceso y en ningún momento el Cuerpo resolvió que no se pudiera ingresar a ellas. Lamentablemente, no tuvimos conocimiento de esta situación y tampoco se supo esperar.

Como no quiero entrar en polémica, y ya estamos en la hora fijada para culminar la sesión, finalizo aquí mi exposición.

13) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. (Cr. Danilo Astori).- Habiendo llegado al término de la sesión, el Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 10.

(Así se hace, a la hora 21 y 1 minuto, presidiendo el señor Senador Astori y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Atchugarry, Bergstein, Brezzo, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández, Fernández Faingold, Gandini, Gargano, Heber, Irurtia, Pozzolo, Sanabria, Sarthou, Segovia y Virgili).

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don Mario Farachio Secretario - Lic. Jorge Moreira Parsons Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

(1) Información preliminar

(2) Incluye el adicional del IRP creado por la Ley Nº 16.107, mientras tuvo vigencia y en tanto fue recurso propio del BPS.

(3) Comenzó a existir IVA afectado específicamente al BPS a partir de la ley de ajuste fiscal (marzo/90). Con anterioridad todo figuraba como asistencia financiera neta. En consecuencia para poder comparar 1990 en adelante con 1989, corresponde sumar los conceptos de IVA afectado y asistencia neta.

(4) Los aportes del Gobierno Central como empleador están computados en el rubro "aportes s/salarios", por lo que esta partida corresponde a la denominada asistencia financiera neta.

(5) EQUIDAD Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA: UN ENFOQUE INTEGRADO. Santiago, 1992, págs. 228-229.

(6) En lenguaje técnico este término equivale a nuestra jubilación.

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.