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Nº 10 - TOMO 366 - 4 DE ABRIL DE 1995

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

9a. SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR HUGO BATALLA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL SECRETARIO SEÑOR MARIO FARACHIO Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GUILLERMO FACELLO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 6) Asuntos entrados

4 y 10) Proyectos presentados

- Retenciones a cooperativas.
- Lo presentan los señores Senadores Millor e Irurtia.
- Areas naturales protegidas.
- Lo presenta el señor Presidente, Doctor Batalla.
- Creación del Mercado de Valores y Obligaciones Negociables.
- Lo presentan los señores Senadores Posadas Montero y Fernández Faingold.
- Fondos de Inversión.
- Lo presentan los señores Senadores Posadas Montero y Fernández Faingold.

5) Integración del Cuerpo

- El señor Senador Belvisi presenta renuncia a su cargo.
- Manifestaciones de varios señores Senadores.
- Aceptada.
- El señor Senador Wilson Sanabria presta el juramento de estilo y se le declara incorporado al Senado.

7) Extracción de carpetas del archivo

- Se resuelve, a propuesta del señor Presidente y moción del señor Senador Posadas Montero, extraer dos carpetas del archivo.

8) Elección de Vicepresidentes y de miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

- Se resuelve, por moción del señor Senador Pozzolo, postergar la consideración de los tres primeros puntos del orden del día.

9) Potestades del señor Presidente y de los señores Secretarios del Senado

- Exposición del señor Senador Mallo.
- Se resuelve, por moción del señor Senador, remitir la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Comisión respectiva.
- Manifestaciones del señor Presidente.

11) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando varias venias de destitución

- Se resuelve, por moción de la señora Senadora Dalmás, postergar para el día de mañana la consideración de los asuntos que figuran en las Carpetas Nos. 77, 78 y 79, enviándolos nuevamente a Comisión.

12) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando varias venias para destituir de sus cargos a funcionarios públicos

(En sesión secreta)

- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venias al Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a cinco funcionarios del Ministerio de Salud Pública, a dos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y uno del Ministerio de Educación y Cultura.

13) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 31 de marzo de 1995.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 4 de abril, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de Vicepresidentes.

2º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución).

3º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

4º) Exposición de veinte minutos del señor Senador Luis Eduardo Mallo relativa a las potestades que competen al señor Presidente del Senado y las que corresponden a quienes el Cuerpo invista en los cargos de Secretario.

5º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de sus cargos a:

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence el 8 de mayo de 1995). (Carp. Nº 76/95 - Rep. Nº 4/95).

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence el 23 de abril de 1995). (Carp. Nº 80/95 - Rep. Nº 7/95).

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence el 23 de abril de 1995). (Carp. Nº 82/95 - Rep. Nº 9/95).

una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence el 23 de abril de 1995). (Carp. Nº 83/95 - Rep. Nº 10/95).

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (plazo constitucional vence el 17 de mayo de 1995). (Carp. Nº 91/95 - Rep. Nº 11/95).

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (plazo constitucional vence el 25 de mayo de 1995). (Carp. Nº 93/95 - Rep. Nº 12/95).

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (plazo constitucional vence el 13 de junio de 1995). (Carp. Nº 118/95 - Rep. Nº 13/95).

6º) Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venia para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence el 27 de abril de 1995). (Carp. Nº 79/95 - Rep. Nº 6/95).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence el 27 de abril de 1995). (Carp. Nº 77/95 - Rep. Nº 5/95).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence el 27 de abril de 1995). (Carp. Nº 78/95 - Rep. Nº 14/95).

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Grenno, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Millor, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.

FALTA: con licencia, el señor Senador Heber.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 3 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 4 de abril de 1995.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita venia para acreditar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Argentina al señor Juan Raúl Ferreira.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

De la Comisión Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente Especializados: relacionada con sus estados Contables al 31 de diciembre de 1992.

Del Instituto Nacional de Colonización: relacionada con el Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1993.

De la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado: relacionada con el Estado de Ejecución Presupuestal por el Período enero-junio de 1994.

-Ténganse presente.

El Tribunal de Cuentas de la República remite nota comunicando el dictamen que, a solicitud de la Cámara de Senadores emitió sobre la gestión de los señores Contadores César Rodríguez Batlle y Humberto Capote como integrantes del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay y Banco Central del Uruguay, respectivamente, conforme lo dispuesto en el último inciso del artículo 192 de la Constitución, señalando que la misma no ha merecido observaciones de ese Tribunal.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

El Presidente de la Cámara de Senadores, Doctor Hugo Batalla, presenta, con exposición de motivos, un Proyecto de Ley por el que se declara de interés nacional la creación, administración y gestión de áreas naturales protegidas en todo el territorio de la República, así como la creación de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas.

-A la Comisión de Medio Ambiente.

Los señores Senadores Pablo Millor y Dante Irurtia presentan, con Exposición de Motivos, un Proyecto de Ley por el que se establece que las sociedades cooperativas podrán ordenar retenciones de hasta un 50% de los haberes que perciban sus socios.

-A la Comisión de Constitución y Legislación".

4) PROYECTOS PRESENTADOS

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Nos es grato presentar al Senado el presente Proyecto de Ley relativo a las sociedades cooperativas, para solucionarles la problemática que les presenta su operativa de recuperación de sus créditos, de los haberes de sus usuarios por la modalidad de descuento ordenado al empleador.

Casi todas las cooperativas, han logrado que se les autorice a realizar descuentos de los haberes de sus socios, en especial las de consumo, pero cada una tiene un porcentaje diferente, por lo cual se hace imperioso uniformizar los derechos de retención que tienen todas las cooperativas.

El porcentaje de afectación de los haberes de socios, es de un 20% a un 40% en general con algunas variantes para ciertas cooperativas, llegándose excepcionalmente al 50% de retención de haberes sólo para los casos de descuentos efectuados por concepto de garantía de arriendos.

El camino que tuvieron que realizar estas cooperativas para lograr estos descuentos de haberes de socios, por sus operaciones, fue el de obtener la sanción de una ley para cada cooperativa, donde se le autorizaba los descuentos por cierto porcentaje, con diversas variaciones como aumentos de porcentajes en cada oportunidad, llegándose para algunos de estos Entes a tener por ese concepto varias leyes que amparan su operativa.

Entendemos que desde el punto de vista de técnica y política legislativa, no es conveniente que el gobierno apruebe una ley para cada problema puntual, con el agravante de que la problemática de cada ley es totalmente igual a las restantes.

Se han aprobado innumerables leyes autorizando el descuento porcentual de los haberes de socios que operan con las cooperativas de consumo, sin haberse solucionado su problemática global.

Entendemos que sería conveniente y necesario que en forma global y sistemática se apruebe un Proyecto de Ley, por el cual se autorice a todas las cooperativas, al derecho de solicitar la retención de haberes de sus usuarios, ya sean socios o terceros.

Aprobando el presente Proyecto de Ley, se pondrán a todas las cooperativas en un pie de igualdad para el futuro, otorgándoles a todas la facultad de retener de los haberes de sus usuarios, sean públicos o privados.

Por otra parte no se lesionan derechos adquiridos por leyes especiales anteriores por alguna cooperativa o institución que tenga alguna solución especial para sus descuentos de haberes, pues la ley general que pretendemos su aprobación, no afecta las leyes especiales sobre el mismo tópico.

Así pues, con una sola ley general que autorice el descuento a todas las cooperativas de los créditos por sus operaciones, se solucionan las pretensiones de todas, sin tener que atender en cada oportunidad los pedidos puntuales de cada cooperativa.

Se introduce también, el tema de los reajustes a las partes de capital que integran los afiliados a las cooperativas. Los afiliados durante 30 o más años van aportando cuota a cuota su parte de integración al capital social, y resulta que al cabo de ese lapso sus aportes son pauperizados por efecto de la constante inflación que reduce a nada sus aportes sociales.

Estos aportes son ahorros mensuales y consecutivos que el socio aporta a la cooperativa, y según la Ley Nº 10.761, debe recibir íntegramente al retirarse de la cooperativa, o sus descendientes al fallecimiento.

Tenemos que preservar íntegro ese ahorro mensual que significa el aporte de cada socio, al formar su parte del Capital Social de la Cooperativa.

Es necesario descartar teorías del siglo pasado, que consideraban al capital formado en la cooperativa como un mal necesario, y que el socio no debe recibir otro beneficio de la sociedad cooperativa, que el uso de sus servicios.

Estas teorías ya abandonadas por todo el mundo, no pueden seguir en nuestro medio sin sustento legal, haciendo tanto mal a los ahorros de los socios de las cooperativas. Lo que aporta cada socio es el fruto de su propio trabajo y como tal es suyo y debe protegerse tanto o más que el resto del ahorro público.

No es posible quitarle parte de su capital ahorrado por años, en aras de teorías no recibidas por nuestra Ley de cooperativas, y en mérito a doctrinas no aceptadas en nuestro medio y el resto del mundo.

Es obligación proteger dichos ahorros, y reintegrarles a los socios, el capital social aportado y reajustado según la Ley Nº 14.500, que restraña el valor de las obligaciones dinerarias como las presentes, con más el lucro debido si lo hubiere.

No se trata de transformar la aportación a las cooperativas, en un negocio lucrativo, sino sólo devolverle al afiliado el valor sustancial del importe que mes a mes aportó a la cooperativa.

Si continuamos como en el presente, los aportes de capital se transforman en un tributo o impuesto a los afiliados a las cooperativas, pues al final esos aportes se destinarán al conjunto de la sociedad, pues se destinan los remanentes de la liquidación de la empresa, a obras o instituciones de beneficencia.

Es necesario e imprescindible restañar la ecuación económico-financiera, que el legislador de 1946 diseñó para las cooperativas en general en la Ley Nº 10.761. Es necesario que la cooperativa con sus excedentes reajuste las partes de capital social, y si el Estatuto lo dispone, se le acredite también un interés no superior al 6% anual como lo previene el Decreto-Ley Nº 14.500.

Con este mecanismo sólo se pretende reajustar los valores que aporta el socio de su salario mensual para formar el capital operativo de las cooperativas, y prevenir los efectos nocivos de la inflación, y el desmejoramiento valorativo que produce en los referidos aportes.

Por supuesto que la cooperativa por medio de sus órganos sociales, podrá disponer que los excedentes que existen por encima de los reajustes, se reintegren a las partes de los capitales sociales, según lo dispone la Ley Nº 10.761.

Pablo Millor, Dante Irurtia. Senadores.

PROYECTO DE LEY

RETENCIONES A COOPERATIVAS

Artículo 1º. - Las sociedades cooperativas podrán ordenar retenciones de hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los sueldos, jornales, aguinaldos, licencias, compensaciones u otras retribuciones (nominales) que sus socios tengan, en organismos y empresas, públicos o privados, o jubilaciones y pensiones, por concepto de sus obligaciones con la Cooperativa. La retención podrá llegar al 55% (cincuenta y cinco por ciento) cuando además, comprenda garantía de alquileres.

Cuando se trate de jubilaciones o pensiones, la retención a practicar por el organismo que corresponda no podrá exceder el 33% (treinta y tres por ciento) del monto de la pasividad.

Art. 2º. - A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, los afiliados deberán otorgar previamente su conformidad a la cooperativa, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 12.146, de 19 de octubre de 1954.

Art. 3º. - Las instituciones públicas o privadas, están obligadas a retener los importes solicitados por las cooperativas, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 15.890, de 18 de agosto de 1987 y sus modificativas.

Art. 4º. - Las cooperativas podrán reajustar los aportes de capital de sus afiliados, utilizando sus excedentes. El reajuste anual ni la tasa de interés, podrán ser superiores al previsto por el Decreto-Ley Nº 14.500 del 8 de marzo de 1976.

Art. 5º. - Las disposiciones de esta Ley son sin perjuicio del mantenimiento de la vigencia de las leyes especiales dictadas en la materia, así como de las referidas a las Asociaciones Civiles y servicios de Garantía de Alquileres.

Pablo Millor, Dante Irurtia. Senadores".

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley, en realidad, no nos pertenece intelectualmente -pese a que nos identificamos plenamente con él- sino que es resultado del esfuerzo, la dedicación y el compromiso ambientalista de alguien que supo ganarse el respeto de las Cámaras Legislativas en los últimos diez años: el ex Representante Nacional Eden Melo Santa Marina, integrante de nuestro PARTIDO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO.

Su reconocida versación en la materia presupuestal, quizás haga olvidar otros parámetros que, como Legislador, le distinguieron en el ámbito nacional e internacional: Melo Santa Marina en realidad supo utilizar el "instrumento de la Ley Presupuestal" para impulsar una legislación tan variada como efectiva respecto a una amplia gama temática. Una de ellas fue la ambiental (o ecologista) cuando nadie hablaba de ellas, al punto de ser el "responsable" casi exclusivo de muchísimas normas legales que tomaron vida propia a través de las leyes de carácter presupuestal; la defensa del monte indígena, la protección de la fauna autóctona, etc., etc., pero también autor de iniciativas mucho más ambiciosas, una de las cuales es precisamente este proyecto.

Nosotros estamos convencidos que se trata de un estudio serio y racional de la problemática que aborda -nos consta asimismo que ha sido considerado con sumo respeto por organismos internacionales especializados, donde el autor goza de un singular prestigio como uno de los poquísimos integrantes del sistema político uruguayo comprometido con el tema- y eso hace que consideremos una obligación ineludible el replanteo de este Proyecto de Ley, haciendo nuestras las fundamentaciones que originalmente acompañaron su presentación ante la Cámara de Representantes, en junio de 1994, frente a la inminencia -como señala el autor- de la finalización del período legislativo.

Por tal razón, la "Exposición de Motivos" que sigue a continuación, está "entrecomillada" ya que hemos preferido no modificarla, ni adaptarla a una realidad coyuntural diferente, sino preservar en todo caso los derechos intelectuales de su autor en el momento histórico y coyuntural preciso.

"1. Puntualizaciones previas

El Proyecto de Ley que tenemos el honor de proponer, reconoce algunas particularidades que, en honor a la verdad, sentimos obligados de puntualizar:

a) para su materialización hemos partido de un anteproyecto elaborado en el ámbito de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, bajo la responsabilidad jerárquica del Ing. Agr. Roberto M. Cal Johnson, hombre notoriamente comprometido y preocupado en la temática de interés nacional de su competencia funcional;

b) solo la inminencia de la virtual clausura del último período de sesiones de la XLIIIa Legislatura, hace que consideremos necesario dar estado parlamentario a este proyecto, dejando de lado el propósito inicial de consensuarlo previamente en ámbito extraparlamentario. Lamentablemente, los "tiempos políticos" han cerrado la brecha que permite un trabajo previo sin duda aconsejable y que, como metodología legislativa, reivindicamos.

El Proyecto de Ley, como queda dicho, no es mérito exclusivo del Diputado proponente ni de sus asesores técnicos, sino que en gran parte de su estructura y de sus disposiciones puntuales reconoce el aporte inicial del anteproyecto del Sr. Director General de Recursos Naturales Renovables.

2. Consideraciones Generales

Si bien el texto legal que proponemos refiere taxativamente a la creación, administración y gestión de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, no sólo su contexto sino también disposiciones concretas, alcanzan propósitos mucho más amplios en el campo ambiental y del uso sustentable de los recursos naturales de la nación.

La necesidad de un cuerpo legal como éste, en conjunción con otros en vigencia y a dictarse, como el Código Ambiental y el Plan Nacional Ambiental, parte de la convicción -avalada en el ámbito universal- de que las actuales pautas de desarrollo no son sustentables desde el punto de vista de la utilización de los recursos naturales, cuya pertenencia no es privativa de las generaciones actuales sino un patrimonio que debemos legar -como parte integrante indisoluble de la nación- a las que nos sucedan.

No decimos ninguna originalidad cuando afirmamos que "la cuestión ambiental" en sentido amplio debe, necesariamente, integrarse a todo proyecto de desarrollo nacional que apunte al crecimiento económico y social de la República. Cualquiera sea el modelo de desarrollo elegido, cualquiera sea "el proyecto de país" que se plantee, sólo puede pensarse en un marco de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. De forma que, el cuidado y preservación del medio ambiente, uno de cuyos componentes fundamentales constituye el cuerpo general de este Proyecto de Ley, debe ser absolutamente integrado a la rutina de vida de los uruguayos, asumiendo que se trata de un imperativo ético intergeneracional que hace a la propia viabilidad del Uruguay como nación.

La degradación ambiental en nuestro país, que hasta pocos años atrás era pasible de revertir con costos y esfuerzos relativamente accesibles, hoy día constituye un problema de creciente importancia cuya corrección demandará muchos años y un considerable esfuerzo económico.

De ese cuadro de degradación, no escapa ninguno de los recursos fundamentales: desde el suelo y el agua, hasta la ruptura de ciertos equilibrios ecológicos o agresiones graves a la biodiversidad y bancos genéticos.

La gradual destrucción de los montes indígenas -de tan fundamental importancia como componentes básicos de ecosistemas insustituibles y de regulación del entretejido hídrico- si bien fue atemperada a partir de la Ley Forestal y la aplicación de normas legales de control y represión de reciente sanción, constituye todavía un serio problema habida cuenta de lo finito de tales recursos.

Otro tanto ocurre respecto a la mayoría de las especies de fauna, sea como consecuencia de la destrucción de sus hábitats, como de la raza y captura depredadora.

Es en este marco entonces, que se hace necesario un cuerpo legal como el propuesto, tendiente a crear las condiciones que permitan la conformación de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, a la par que perfeccionar los mecanismos de control y de policía ambiental.

3. El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas

Básicamente, se intenta crear el marco jurídico indispensable para que, antes de que sea demasiado tarde, la República rescate para el patrimonio común y como sustento de su identidad nacional valores que recibimos como herencia -paulatinamente devaluados- desde los orígenes conocidos de nuestro solar nacional, y que seamos capaces de transferir- en condiciones sustentables (esto es: en condiciones de uso y disfrute no depredadoras. Que no implique el agotamiento de los recursos naturales) luego de haberlo utilizado racional y civilizadamente como lo que realmente son: un capital nacional que sin embargo no pertenece enteramente a las generaciones de hoy, sino que de él sólo podemos utilizar sus intereses, preservándolo indefinidamente -como capital- para las generaciones del futuro (comenzando el conteo a partir de nuestros propios hijos).

Si bien es cierto que, como en toda manifestación removedora de las pautas de comportamiento social y de teoremas de comportamientos políticos, el relativamente brusco posicionamiento universal de la magnitud del proceso autodestructivo del planeta tierra por parte de su principal actor el hombre, sin duda su más maravillosa creación natural, capaz de alcanzar las más altas cumbres pero también de caer en el más profundo abismo, hace que en el escenario universal y también en el local, aparezcan manifestaciones fundamentalistas de un ecologismo a ultranza, tan irracional e insensato como aquellas corrientes que, por mera ignorancia, niegan su importancia vital y reniegan de su validez científica.

Estos actores fundamentalistas de una ecología utópica del "Arca de Noé, de las fábulas de Adán y la manzana de Eva", son tan perniciosas como el empresario que desvía las aguas superficiales y deseca una humedad para cultivar unos años el arroz.

La cuestión pasa entonces, indiscutiblemente, por el aprovechamiento y uso sustentable de aquellos recursos naturales cuyo agotamiento o extinción transformaría al Planeta Tierra en un páramo. Y esto no es, meramente, una figura retórica. Reconoce por el contrario ejemplos tangibles, fuera de toda duda dramáticos, que sin embargo como sociedad preferimos de los cursos de agua superficiales (los aun visibles porque los otros corren bajo nuestros pies pero fuera de nuestra vista) del Departamento de Montevideo, de aguas muertas, putrefactas, donde no es posible ninguna manifestación de vida biológica sino que, por el contrario son fuentes de degradación de la calidad de vida y la salud de los seres vivos de su entorno. Bastaría recordar que tan sólo tres o cuatro décadas atrás, existían en plena Bahía del Puerto de Montevideo playas incontaminadas habilitadas al disfrute de la población: como Capurro. Bastaría recordar que hemos desecado los Bañados de Carrasco, creyendo que nos insertábamos en el "primer mundo", cuando en realidad sólo demostramos nuestra ignorancia voluntarista, eliminando el principal filtro natural de purificación de las aguas contaminadas que confluyen hacia un importante sector de nuestras cosas y playas capitalinas; eliminando también uno de "los pulmones vitales de La Región Metropolitana" y una fuente insustituible de la biodiversidad biológica.

3.1 Objetivos generales.

Un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas constituye uno de los instrumentos significativos que el país debe utilizar en un proceso continuo de conservación de la Naturaleza.

Ello implica: la preservación de la biodiversidad biológica; el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, así como los sistemas vitales esenciales; la preservación de las especies silvestres y los ecosistemas naturales, todo lo cual concurre al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de forma de que su uso actual en el desarrollo nacional no reduzca su potencial utilización por las generaciones del futuro.

3.2. Concepto.

Es un área silvestre o natural aquella que dentro de sus límites geográficos es representativa de uno o más sistemas ecológicos autóctonos.

En ella están operando los procesos ecológicos y evolutivos sin la interferencia directa del hombre, o si la hay es muy menor. También que un impacto humano de baja intensidad pudiera ser revertido con medidas adecuadas de manejo.

Va de suyo entonces que se excluye de este concepto las áreas urbanizadas o muy modificadas por la presencia humana: sea por la extracción de recursos naturales por cosecha directa o como consecuencia de prácticas de manejo y gestión, o donde se han introducido especies exóticas.

Sin embargo -y más aun en el caso de nuestro país que ostenta un nada honroso retraso respecto a casi todos los países del continente- el concepto científico debe utilizarse en el marco de la diversidad de situaciones cuyas características, objetivos y manejo muchas veces no encuadrarán estrictamente en aquella definición.

3.3. Categorías de manejo.

El proyecto que estamos presentando reconoce seis categorías de manejo:

a) La "Reserva Natural" (reserva estricta o reserva científica) poseedora de una elevada dotación de fauna y/o flora indígenas, o especies vivas de particular relevancia, en las que no se han producido modificaciones importantes del ecosistema por acción humana. Las acciones de manejo apuntarán a "la exclusión" humana no compatibles con el mismo.

b) El "Parque Nacional": áreas poseedoras de ecosistemas excepcionales, en su mayor parte no alterado por el hombre o pasibles de ser restauradas; con elevada riqueza de fauna y flora autóctonas y hábitat de especies relevantes. En las mismas, las especies vegetales y animales, los sitios geomorfológicos y geológicos, los espacios históricos-culturales y los paisajes naturales, poseen un especial interés científico, educacional o recreativo.

c) La "Reserva Natural" o "Refugio de Vida Silvestre", son áreas usualmente identificadas como de nidificación de aves autóctonas o migratorias: lagos o lagunas, bañados y esteros, etc., sin perjuicio de poseer ecosistemas de importancia excepcional. El acceso a estas áreas sólo será permitido en los tiempos y condiciones compatible con la protección estricta de los ciclos biológicos de la avifauna.

d) El "Paisaje Protegido" ("Bellezas escénicas significativas"), son áreas de gran superficie destinadas a proteger ecosistemas naturales o semi-naturales de importancia excepcional. Pueden incluir paisajes silvestres de alta calidad estética (como cerros), aquellos usados con fines turísticos o recreativos (costas y playas), o en explotaciones tradicionales (ganadería no intensiva, por ejemplo).

e) El "Area de Uso Múltiple"; superficies extensas donde coexisten zonas dedicadas a la producción (como bosques artificiales o cultivos) encarados desde perspectivas ecológicas (sin destruir los ecosistemas), y ambientales naturales con ecosistemas de excepción y elevada riqueza de fauna y flora, o que presenten especies particularmente relevantes.

f) La "Reserva de Biósfera", son áreas que representan ecosistemas de interés excepcional, paisajes armoniosos resultante de prácticas de aprovechamiento de la tierra, o ecosistemas artificiales pasibles de volver a un estado más natural. Coexisten en ellas núcleos de protección estricta, con zonas donde se permiten actividades humanas y asentamientos humanos. Las mismas deben ser aprobadas por el Consejo Internacional del Programa del Hombre y la Biósfera de UNESCO.

Además y fuera del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, pero sujetas a sus normas generales, podrán haber subsistemas departamentales o regionales.

4. Manejo.

El cuerpo legal que se propone contiene sin duda algunas disposiciones removedoras, en tanto y en cuanto algunas de ellas pudieran considerarse invadiendo indirectamente el campo doctrinario del sacrosanto "derecho de propiedad".

No obstante, si partimos del principio piramidal de que el desarrollo nacional tiene en su base de sustento en el uso racional de los recursos naturales, veremos que toda limitación teórica de los derechos constitucionales de propiedad están condicionados a un principio vital: la tierra (el territorio nacional) con todo lo que contiene en su superficie y en el subsuelo, es básicamente de propiedad social. Por consecuencia, todas las acciones que sobre esa superficie se pudieren determinar, no es sólo una cuestión que ataña al tenedor, sino algo que hace a la sociedad en su conjunto.

Es perfectamente lícito entonces; más aún: es un imperativo que refiere a las obligaciones naturales del Estado, regular claramente las disposiciones de manejo de los recursos naturales de "propiedad del común de la sociedad nacional".

5. Administración.

En ese entendido, sólo el Estado a través de una autoridad institucionalmente identificada y dotada de los medios jurídicos y materiales concurrentes debe administrar las políticas "de interés nacional" particulares.

Esa "autoridad" según el actual ordenamiento administrativo, es si duda: la Dirección General de Recursos Naturales Renovables que, el marco del Presupuesto Nacional Programático tiene, además, la obligación legal de gestionar presupuestalmente ese programa nacional.

Ello no impide que, en un futuro próximo y dada la inserción y articulación innegable de la cuestión ambiental en los programas de desarrollo sustentable del país, la referida autoridad pueda ser redimensionada y reformulada de distinta manera y con atribuciones más jerarquizadas.

De cualquier forma, lo que no puede quedar pendiente, es la ubicación institucional de tal autoridad, confundiendo conceptualmente los roles de distintas reparticiones estatales por simple confusión semántica. Por ejemplo: las potestades legales del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que, en las materias objeto de estudio, no deben confundirse con las tareas encomendadas a organismos "de gestión".

La cuestión ya fue "laudada" legalmente, cuando el artículo 207 de la Ley Nº 16.320 del 1º de noviembre de 1992 interpretó que: "...dentro de los cometidos asignados al MVOTMA por el artículo 3º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990 (ley de creación del Ministerio), no se encuentran comprendidas la formulación y ejecución de las políticas relativas a los recursos naturales renovables, así como la delimitación, manejo y administración de áreas protegidas y parques nacionales. Tales cometidos seguirán siendo competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al que también corresponderán las relaciones con los organismos internacionales... etc.".

6. Articulación ejecutiva.

En el entendido de que "la cuestión ambiental", desde el punto de vista del Estado, debe superar rápida y terminante el plano de la retórica y la utopía, desde que es asumida como un factor integrado al propio proceso de desarrollo sustentable del país, se proponen en este proyecto diversas acciones tendientes al fomento de las áreas protegidas, su financiación genuina y las imprescindibles previsiones de control y sanción.

Es en este marco de escapar no sólo "al progreso manuscrito" que llenan muchos tomos de nuestra historia jurídica, sino también a esa inclinación innata de los uruguayos de "salvar" nuestras responsabilidades dictando normas legales inaplicables o socialmente no asumidas, que hemos incorporado a este proyecto la creación de un cuerpo de policía ambiental (preventivo, educativo, represivo) que denominamos Guardia Forestal denominación ésta que universalmente identifica a los cuerpos especializados en las funciones de resguardo de los valores ambientales, sin perjuicio de facultades represivas de policía armada.

Como surge del texto del proyecto, La Guarda Forestal no es un componente intrínseco del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, sino que se articula con éstas en tanto el Cuerpo de Guardabosques o Guardaparques (integrado con personal poseedores de título habilitante), debe ser parte integrante de la misma. La Guardia Forestal se concibe como un cuerpo especializado (técnicamente formado) con jurisdicción nacional, dotado de todas las facultades de policía y auxiliar de justicia en la materia ambientalista, compuesto de una División Móvil de gran autonomía ambulatoria, y un Cuerpo Residente en las propias áreas protegidas integrado por los Guardaparques titulados.

Pero es claro que no se piensa en un cuerpo de policía más, ni en un nuevo "cuerpo de inspectores" o fiscalizadores más, sino en una auxiliar profesionalmente capacitado de las políticas ambientalistas del Estado. Primordialmente, la Guarda Forestal deberá ser "el ojo alerta" del Estado en todos los rincones del país; atento a intervenir en actos de autoridad, como a ejercer docencia en la materia ambiental.

En lo personal, y sin ningún género de duda, consideramos imprescindible la conformación de este cuerpo especializado de policía. Paradójicamente, el alto grado de depredación de los recursos naturales y de degradación ambiental en sentido amplio que se registran en el país, se debe no tanto a vacíos legales -ya que existe una legislación medianamente suficiente en materia de protección y preservación- sino a una ausencia casi absoluta de mecanismos de control y de efectivización de las leyes, a pesar de que varias reparticiones estatales lo cuentan entre sus funciones residuales".

Montevideo, 30 de marzo de 1995.

Hugo Batalla. Presidente.

PROYECTO DE LEY

TITULO I

CAPITULO I (Disposiciones generales)

Artículo 1º. - Declárase de interés nacional, la creación, administración y gestión de áreas naturales protegidas en todo el territorio de la República, así como la creación de un Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, con el objeto de:

A) Propender efectivamente a la conservación de la naturaleza, entendido como: la preservación de la diversidad biológica del Uruguay; el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales esenciales, y: el uso sustentable de los recursos silvestres y de los ecosistemas naturales por parte del hombre, que deben trasmitirse con igual potencial a las generaciones futuras.

B) Asegurar políticas efectivas en el campo de la legislación, la administración, la divulgación científica, la educación generalizada y toda otra medida de Gobierno que concurra a consolidar los objetivos generales y particulares a que refiere la presente ley, incluidas las de "policía ecológica".

Artículo 2º. - Son objetivos específicos de la presente Ley:

A) La protección de áreas significativas representativas de los diferentes tipos de ecosistemas o paisajes singulares de la República, que se consideran relevantes por su biodiversidad, su belleza escénica, o por su contribución a procesos ecológicos destacados o por su importancia notoria en los campos educativo, científico o económico.

B) A tales fines, la presente Ley protege toda acción que conduzca a:

b.1. conservar muestras representativas de los ecosistemas característicos del territorio inusual y lacustre de la República, y eventualmente de aquellos que comparte con las naciones vecinas;

b.2. establecer áreas naturales protegidas, aun cuando las mismas hubieren sido transformadas parcialmente por el hombre que: por sus valores en recursos naturales, histórico-culturales, o paisajísticos singulares, merezcan ser preservados como patrimonio de la Nación;

b.3. asegurar efectivamente aquellas áreas territoriales que constituyan el hábitat natural de especies de fauna y/o flora autóctona, fuentes de la diversidad biológica y componentes del material genérico de valor universal;

b.4. preservar inalterado el hábitat temporario de las especies de fauna migratoria, así como la protección de sus nidos y el proceso de recría;

b.5. desarrollar programas de investigación sobre productividad natural y valor económico de especies silvestres existentes en cada ecosistema natural;

b.6. la protección irrestricta y sin concesiones de especie alguna, de las especies de fauna autóctona y de flora nativa en peligro de extinción o amenazadas de extinción, así como de las formaciones geológicas y geomorfológicas de indudable valor respecto al patrimonio histórico o cultural de la República;

b.7. promover en las áreas y zonas territoriales aptas, las actividades ecoturísticas, sujetas a la reglamentación que dictará la Dirección General de Recursos Naturales Renovables a los fines del cumplimiento de los objetivos generales y particulares de la presente Ley.

Artículo 3º. - En los términos y condiciones particulares que determinen las leyes presupuestales, se creará un cuerpo técnico-especializado de policía ambiental, dependiente de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, que se denominará Guardia Forestal y que tendrá a su cargo las funciones ejecutivas de gestión de las áreas protegidas (Guardaparques), así como de vigilancia en todo el territorio de la República del cumplimiento de los objetivos explicitados en la presente Ley.

En las áreas territoriales de reserva (áreas protegidas) la Guardia Forestal tendrá la jurisdicción jerárquica privativa respecto a cualquier otro cuerpo inspectivo o policial; así como gozará de similares prerrogativas en cualquier punto del territorio nacional, respecto a las materias objeto de la presente Ley, incluida la calidad de "auxiliar de justicia" equiparables en las que posee la Policía Civil dependiente del Ministerio del Interior.

La Guardia Forestal tendrá las mismas facultades y limitaciones atribuidas a la Policía, en cuanto al uso de armas y detención de ciudadanos, en todo cuanto refiera a los valores colocados bajo su protección, sin perjuicio de su fin primordial de prevención y de educación ciudadana.

No podrá integrar la Guardia Forestal, ningún ciudadano con antecedentes penales conexos con la depredación ambiental, ni aquel que no acredite los conocimientos mínimos indispensables respecto a las funciones técnicas o especializadas a desarrollar.

CAPITULO II (Categorías de manejo)

Artículo 4º. - El Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, se integrará con aquellos territorios no urbanos, clasificados en las siguientes categorías de definición y manejo:

4.1. De "Reserva Natural" (Estricta o de Reserva Científica) con una elevada dotación de fauna y/o flora indígena, o que presenten la existencia de especies vivas de particular relevancia, que deban ser protegidas a ultranza o por su importancia nacional o universal, en las que no se ha producido una modificación relevante del ecosistema por acción humana.

Todas las acciones de manejo en áreas de esta clasificación, deberán apunta a "la exclusión", de toda presencia humana, con las únicas excepciones de las que demande la actividad científica o los planes de manejo y gestión de la misma.

4.2. "Parque Nacional".

Son áreas poseedoras de ecosistemas excepcionales, que no han sido alterados por el hombre en su mayor parte, o que de haberlo sido, puedan ser restaurados. Poseen elevada riqueza de fauna y de flora autóctona. También pueden ser hábitat de especies particularmente relevantes para la nación o el universo, que deben ser protegidas.

En estas áreas, las especies vegetales y animales y su hábitat, los sitios geomorfológicos y geológicos, los paisajes naturales y los espacios históricos-culturales, presenten un especial interés científico, educacional o recreativo.

Sus planes de manejo permiten el ingreso de visitantes bajo condiciones estrictas, de conformidad a las particularidades de cada Parque Nacional o de zonas internas específicas de los mismos.

4.3. "Reserva Natural" o "Refugio de Vida Silvestre".

Son áreas relativamente pequeñas, identificadas usualmente como áreas o zonas de nidificación de aves autóctonas o migratorias: lagos o lagunas; bañados y esteros asociados o no a las mismas, etc.

Poseen ecosistemas de importancia excepcional y una elevada riqueza de fauna y flora y/o especies particularmente relevantes a proteger. En el área puede haber, eventualmente, zonas que hubieren recibido un impacto humano de diversa entidad, cuyos efectos negativos deben neutralizarse y propender a recuperar las mejores condiciones naturales posibles.

Las condiciones de manejo deben apuntar a la radical exclusión de toda interferencia humana, por lo menos durante los ciclos biológicos claves de la avifauna: desde la nidificación hasta las etapas de autonomía vital de las crías.

El manejo de estas áreas debe apuntar asimismo a la preservación estricta del hábitat de su fauna, como fuente indispensable de su alimentación.

El ingreso de personas a estas áreas sólo deberá permitirse en los tiempos y condiciones compatibles con su objetivo básico, bajo estrictas medidas proteccionistas y claras responsabilidades penales.

4.4. "Paisaje Protegido" ("Bellezas escénicas significativas").

Son áreas de gran superficie destinadas a proteger ecosistemas naturales o semi-naturales de importancia excepcional, con elevada riqueza de fauna o flora, o que presenten especies relevantes de importancia nacional o universal que merezcan ser protegidas.

Pueden incluir paisajes silvestres de alta calidad estética (cerros, etc.), aquellos usados con fines turísticos o recreativos (costas y playas, etc.), o en explotaciones tradicionales (ganadería no intensiva, etc.).

Los planes de manejo atenderán a que la intervención humana permita la protección de los elementos básicos del ecosistema.

4.5. "Areas de Uso Múltiple".

Son áreas extensas donde coexisten zonas dedicadas a la producción (bosques artificiales, cultivos, etc.) encaradas desde perspectivas ecológicas (sin destruir los ecosistemas), y ambientales naturales con ecosistemas de excepción y elevada riqueza de fauna y flora, o que presenten especies particularmente relevantes de importancia nacional o universal que deban ser protegidas.

En ellas pueden desarrollarse asimismo actividades científicas o recreativas; así como mediante una ordenación interna, contener zonas muy específicas sujetas a otras categorías de protección.

4.6. "Reserva de Biósfera".

Son áreas que representan ecosistemas naturales de interés excepcional, paisajes armoniosos resultantes de prácticas tradicionales de aprovechamiento de la tierra, o ecosistemas artificializados pasibles de volver a un estado más natural.

En esta categoría coexisten núcleos de protección estricta (Reservas Naturales, Parques Nacionales, etc.), con zonas donde se permiten actividades humanas, asentamientos humanos, e incluso parques industriales bajo determinadas condiciones.

Las áreas propuestas deben ser aprobadas por el Consejo Internacional del Programa del Hombre y la Biósfera de UNESCO.

Artículo 5º. - Fuera del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, podrán haber sub-sistemas departamentales o regionales o Parques Departamentales o Regionales, o Reservas Naturales de cualquier naturaleza o clasificación, de jurisdicción Departamental o Regional, pero siempre con sujeción a pautas de gestión y manejo determinadas por la autoridad nacional competente.

Definición de Parques Regionales (Areas Naturales en los ámbitos Departamentales o Regionales):

Son áreas naturales o modificadas por el hombre, de superficie variable, pasibles de reconvertirlas a su estado natural mediante planes y programas de gestión sustentables y transformadas en áreas demostrativas de la biodiversidad y/o de los valores escénicos o culturales de la Nación.

Su principal objetivo apuntará a la oferta local o regional de oportunidades de recreación, educación ambiental e investigación científica, compatibles con los recursos de la unidad, donde la conservación y protección de la fauna y la flora y la protección y conservación de sus rasgos arqueológicos e históricos y/o culturales sean metas concretas del proyecto.

Los "Parques Regionales" gozarán de iguales prerrogativas jurídicas atribuidas a los Parques Nacionales por la presente Ley.

La autoridad funcional de la policía ambiental (Guardia Forestal) será competente, en lo pertinente, respecto a estas áreas Departamentales o Regionales.

TITULO II

CAPITULO I (creación)

Artículo 6º. - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, declarará "áreas protegidas" a aquellas del territorio nacional que en opinión de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables reúnan las condiciones señaladas en el Título I.

Lo dispuesto en el inciso anterior regirá para los casos de áreas pertenecientes al patrimonio del Estado, así como de particulares que a tales efectos prestaren su consentimiento y accedan de tal forma a los beneficios a que refiere el Título III.

Artículo 7º. - Declárase de utilidad pública la expropiación de aquellas áreas cuyos titulares no prestaren su consentimiento para su incorporación al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas. A tales fines el Poder Ejecutivo podrá disponer de los recursos del "Fondo de Areas Protegidas" que se crea por el artículo 15. Ello sin perjuicio de que, en tanto, y por razones de interés general se les declare sujetas a las condiciones de manejo determinadas por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables con sujeción a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 8º. - Las áreas protegidas existentes a la fecha de promulgación de la presente Ley, deberán ser inventariadas por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, pudiendo ser redelimitadas y reclasificadas por resolución fundada del Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (artículo 207, Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992).

Artículo 9º. - Dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de la presente Ley el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca determinará los padrones comprendidos en las situaciones a que refiere el presente título, a partir de lo cual no se podrá intervenir sobre los recursos naturales, arqueológicos o históricos existentes en ellos.

CAPITULO II (Manejo)

Artículo 10. - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, formulará las pautas y condiciones particulares para el manejo de las áreas protegidas a que refiere el Capítulo II del Título I.

Las instituciones públicas o privadas administradoras de áreas protegidas, deberán presentar para su aprobación, dentro del primer año de formuladas las pautas a que refiere el inciso anterior, los planes de manejo que se propongan ejecutar.

Vencido dicho plazo, el referido Ministerio confeccionará dichos planes a través de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y aplicará las sanciones que correspondan.

Los planes de manejo deberán actualizarse cada diez años, los que también deberán contar con la aprobación a que refiere el presente artículo.

Artículo 11. - Quienes administren áreas protegidas estarán obligados a permitir en todo tiempo, el ingreso a las mismas con fines de inspección y control, del personal especializado de la Dirección General de Recursos Renovables y a atender sus recomendaciones respecto a desvíos del respectivo plan de manejo.

CAPITULO III (Administración)

Artículo 12. - Las áreas protegidas serán administradas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de su programa presupuestal "Recursos Naturales Renovables".

En el caso de Parques Departamentales o Regionales, o Areas de Uso Múltiple, el Poder Ejecutivo podrá por motivos fundados, delegar la administración en los propietarios particulares o los Gobiernos Departamentales respectivos.

El actual Parque Nacional de Santa Teresa deberá ser desafectado de tal categorización, continuando su administración a cargo del Servicio de Parques, Monumentos y Museos del Ejército, del Comando General del Ejército. De igual forma se procederá con la zona del Parque Nacional de San Miguel actualmente administrada por el referido Servicio, quedando la superficie restante comprendida en la norma general del inciso primero.

Artículo 13. - Créase la Red Nacional de Cooperación Nacional en Areas Protegidas, que estará integrada por:

a) el Director General de Recursos Naturales Renovables que la presidirá;

b) un representante de la Dirección Nacional de Medio Ambiente;

c) un representante de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial;

d) un representante del Ministerio de Defensa Nacional;

e) un representante del Ministerio del Interior;

f) un representante del Ministerio de Turismo;

g) un representante del Ministerio de Industria y Energía;

h) un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

i) un representante del Ministerio de Educación y Cultura;

j) un representante de la Universidad de la República;

k) un representante de la Administración Nacional de Educación Pública;

l) un representante de las Intendencias Municipales;

ll) los Directores de las Divisiones; Fauna, Forestal, Hidrografía y Suelos;

m) un representante de la Red Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas.

La Red Nacional se integrará a la "Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, Otras Areas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres".

Serán cometidos de la Red Nacional de Cooperación Técnica en Areas protegidas:

A) Procurar que la administración y manejo de las áreas protegidas, su propia existencia y el cumplimiento de sus objetivos y fines, se asuma como una meta nacional.

B) Coordinar actividades y propender a la utilización de recursos humanos y materiales comunes.

C) Asesorar al Poder Ejecutivo en la instrumentación de políticas relativas a áreas protegidas a nivel nacional.

D) Promover la capacitación técnica del personal afectado al manejo de las áreas protegidas, mediante su participación en cursos de formación y de perfeccionamiento en el exterior.

E) Organizar cursos cortos de capacitación a nivel medio, así como editar y difundir publicaciones de interés general o científico.

TITULO III
CAPITULO I (Fomento)

Artículo 14. - Los propietarios de predios declarados "áreas protegidas" de conformidad con la presente Ley, siempre que se ajusten a las normas generales y particulares establecidas, gozarán de los siguientes beneficios tributarios.

A) Estarán exentos de toda tributación nacional sobre la propiedad inmueble rural respecto al área afectada.

B) Sus respectivos valores o superficies no se computarán para la determinación de:

a) los montos imponibles para la determinación de los impuestos sobre la renta ficta de las explotaciones agropecuarias.

b) los montos imponibles del Impuesto al Patrimonio.

En los casos de proyectos de conservación del palmares u otras especies vegetales o animales declaradas de especial interés por el Poder Ejecutivo, los beneficios tributarios a que refiere el presente artículo podrán extenderse a la totalidad del área del proyecto, aún cuando éste se cumpla por etapas, siempre que sobre esa superficie no se desarrollen actividades que afectan los objetivos básicos del mismo.

Artículo 15. - Créase el "Fondo de Areas Protegidas" que se integrará de la siguiente manera:

a) Con el producido de las entradas que el público deberá abonar para visitar -en las condiciones determinadas por la reglamentación para cada sitio- que no será menor del valor equivalente al 10% (diez por ciento) de una Unidad Reajustable (UR) ni mayor del 30% de una UR por persona mayor de 12 años;

b) Con el producido total de la venta de publicaciones científicas, libros o folletos de divulgación referidos a los valores de cada reserva, objetos recordatorios, artesanías locales, etc.;

c) Con el producido total de toda clase de proventos que deriven de la gestión de las áreas protegidas o de la realización económica de bienes afectados a Divisiones Administrativas de: Flora, Parques Nacionales o Areas Protegidas, bajo administración de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, respecto a los cuales no será de aplicación lo dispuesto en el Art. 594 de la Ley Nº 15.903 de 10 de noviembre de 1987;

d) El producido de la cuota parte que corresponde de multas y de decomisos derivados de infracciones a la presente Ley u otras conexas con la protección ambiental, en particular de preservación del monte indígena y de la fauna autóctona;

e) El producido del impuesto a que refiere el Art. 18;

f) Los fondos provenientes de convenios que la República acuerde con Organismos Internacionales con el objeto de alcanzar las metas propuestas en los respectivos Programas y Proyectos Presupuestales;

g) Los legados y donaciones que el Estado reciba con destino al desarrollo de la gestión y manejo del Sistema Nacional de Areas Naturales protegidas, o de su Guardia Forestal;

h) Los recursos que específicamente le asigne el Presupuesto Nacional al Programa y proyectos respectivos.

El "Fondo de Areas Protegidas" queda genéricamente exceptuado de cualquier limitación de titularidad y disposición de recursos que las leyes presupuestales hubieren dispuesto, incluido el artículo 594 de la Ley Nº 15.903.

Artículo 16. - Las infracciones a las leyes sobre protección y preservación de la fauna y la flora autóctonas, en el caso de las áreas protegidas serán consideradas circunstancias especialmente agravadas, a todos los efectos civiles o administrativos que pudieren corresponder.

La Administración, bajo responsabilidad civil de los jerarcas respectivos, está obligada a señalizar adecuadamente los límites de cada área protegida y las rutas nacionales o caminos departamentales que conduzcan a las mismas. En las rutas y caminos, la señalización y avisos al conductor comenzarán un quilómetro antes del área de influencia de cada unidad protegida en ambos sentidos del tráfico, y ganará en intensidad en todo el frente del área protegida. Se pondrá énfasis en la utilización de las simbologías internacionales de: prohibición de caza, uso de armas de fuego, instalación de campamentos, encender fuego, y destruir o dañar la flora.

Artículo 17. - Los recursos destinados al fondo referidos en el artículo 15 serán vertidos en moneda nacional o extranjera en la cuenta "Fondo de Areas Protegidas" que abrirá el Banco de la República Oriental del Uruguay a la orden de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, y cuya utilización solo podrá realizarse con destino a gastos de funcionamiento e inversiones del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas autorizados por leyes presupuestales.

Artículo 18. - Créase el "Impuesto Naturaleza Viva" (INVIVA), cuyos sujetos pasivos se determinan a continuación, así como la materia o actividades gravadas y las alícuotas respectivas:

a) del 0,5% (medio punto por ciento) de la facturación por concepto de hospedaje en hoteles categorizados cuatro y cinco estrellas;

b) del 0,5% (medio punto por ciento), de la facturación de las empresas inmobiliarias, por venta o alquiler de fincas en zonas legalmente declaradas de interés turístico;

c) del 20% (veinte por ciento) del precio al consumo final de artículos de vestir confeccionados con pieles de animales salvajes -cualquiera sea su procedencia- o productos cosméticos u otros usos no alimenticios elaborados en base a vísceras o partes de la anatomía de animales salvajes;

d) del 100% (cien por ciento) del precio final al consumidor, de prendas de vestir confeccionadas con pieles de animales protegidos por la Ley pertenecientes a nuestra fauna autóctona, cuya materia prima no hubiere sido facturada por criaderos legalmente autorizados y sin perjuicio de las acciones penales y administrativas que pudieren corresponder;

e) del 1% (uno por ciento) del precio final al consumidor de: bebidas con más de 20 grados de componente alcohólico, de origen extranjero; cigarros y cigarrillos de igual origen, y productos del mar de origen extranjero destinados al mercado nacional;

f) del 3% (tres por ciento) sobre la facturación de empresas comerciales dedicadas al alquiler de elementos náuticos de cualquier clase, mediante oferta abierta, en toda la faja costera de la República;

g) del 100% (cien por ciento) del precio final al consumidor de artefactos o artes cuya aplicación práctica sea en perjuicio de la avifauna protegida: aves canoras, aves rapaces, cisnes o similares;

h) del 250% (doscientos cincuenta por ciento), del precio final al consumidor, de rifles de aire comprimido o similares, ballestas, etc. y sus municiones, cuya comercialización queda sujeta a las mismas regulaciones existentes para el caso de armas de fuego de calibres superiores al 32 (treinta y dos);

i) del 500% (quinientos por ciento) del precio final al consumidor de: trampas para nutrias u otros mamíferos, jaulas tramperos para pájaros, redes y pegamentos con destino a la captura de pájaros, y cualquier otro elemento conducente a tales fines;

j) del 2% (dos por ciento) de la factura de las empresas cuyo giro comercial se relacione con el "ecoturismo o "turismo ecológico", "estancias gauchas" o similares;

k) del 30% (treinta por ciento) del valor nominal de la leña de monte indígena, que utilicen comercios tales como: parrilladas, restaurantes, hoteles, panificadoras, o de cualquier otro giro;

l) el 100% (cien por ciento) del precio final al consumidor, de cargo a firmas comerciales que negocien leña o maderas provenientes del monte indígena cualquiera sea su destino u origen;

ll) del 20% (veinte por ciento) del valor de los permisos de caza otorgados por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables como única autoridad habilitada para ello;

m) del 10% (diez por ciento) de la facturación por concepto de fletes de leña de monte indígena, cualquiera sea su origen y destino, de cargo de la empresa transportista;

n) del 10% (diez por ciento) de la facturación al consumidor de toda propaganda visual u oral que utilice con fines comerciales los valores escénicos o ecológicos de la República, sus territorios protegidos o sus valores de fauna o flora autóctonas;

ñ) del 250% (doscientos cincuenta por ciento) del valor en plaza de las municiones introducidas por extranjeros con fines cinegéticos, y del 100% (cien por ciento) del valor en plaza de cada arma de fuego introducida al país en ese concepto y con esos fines;

o) del 1% (uno por ciento) del precio de los pasajes cuyo destino sea total o parcialmente unidades del Sistema de Areas Naturales Protegidas, que será del 3% (tres por ciento) en aquellos casos en que la transportación se contrate desde territorio extranjero.

Artículo 19. - Serán sujetos pasivos del impuesto INVIVA aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollen algunas de las actividades gravadas, cualquiera sea su naturaleza jurídica e institucional, y en un todo de acuerdo con lo que dispone el Código Tributario.

TITULO IV
CAPITULO I. (Prohibiciones)

Artículo 20. - Respecto a las áreas protegidas, queda absolutamente prohibido:

a) ingresar a ellas sin autorización;

b) ingresar a ellas con armas de fuego, rifles de aire compromiso o similares, flechas, jaulas o tramperos, o cualquier otro artefacto pasible de ser utilizado en perjuicio de la fauna terrestre o alada;

c) transitar, acampar, pernoctar y encender fuego en los lugares o sitios que no se encuentren expresamente habilitados a tales fines;

d) vaciar o depositar basuras, productos químicos, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza y volumen en los cursos de agua o en cualquier lugar no señalado expresamente para ello dentro de los límites del área protegida.

e) causar deterioro en las instalaciones existentes o dañar la cartelería o elementos de señalización;

f) cortar, arrancar, extraer o mutilar ejemplares de la flora;

g) ingresar con perros o otros animales domésticos;

h) introducir en el área especies de flora o animales y pájaros no autorizados por la autoridad correspondiente y sin conocimiento de la Guardia Forestal;

i) todo tipo de actividad cinegética (perseguir, intimidar, capturar, sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna y avifauna) dentro de los límites del área y en su área de influencia;

j) destruir nidos o madrigueras, los lugares de reproducción o crianza, o ejecutar acciones que interfieran, impidan o interrumpan el cumplimiento de los ciclos de reproducción de las especies;

k) recolectar huevos, semillas o frutos;

l) destruir o dañar bienes culturales, así como su transporte tenencia o comercialización;

ll) provocar contaminación acústica o visual;

m) ejecutar cualquier otra acción contraria a los objetivos de la categoría o unidad de manejo respectiva.

Artículo 21. - En las áreas protegidas, las administraciones respectivas podrán ejecutar las acciones que los respectivos planes de manejo determinen para el cumplimiento de los fines propios de cada unidad, aún cuando ellas pudieren estar comprendidas en las prohibiciones del artículo 20.

Asimismo, mediante resolución fundada, se podrá autorizar la realización de actividades de carácter científico y de aquellas destinadas a la protección y vigilancia -fuera de las que competen a la Guardia Forestal- de las unidades que integran el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, así como habilitar dentro de ellas lugares específicos destinados a la educación ambiental o la recreación, en un todo de acuerdo con los respectivos planes de manejo, aún cuando esas actividades requieran parcialmente la ejecución de algunos de los actos mencionados en el artículo 20.

Artículo 22. - Conjuntamente con la delimitación precisa de cada unidad del Sistema, se definirá su área de influencia, respecto a la cual regirán todas las prohibiciones señaladas en el artículo 20.

TITULO V
CAPITULO I
(De las competencias)

Artículo 23. - Créase la Guardia Forestal dependiente de la autoridad responsable del manejo y gestión del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas y de los recursos naturales renovables.

Las leyes que se dicten en función de la Sección XIV de la Constitución de la República (Presupuesto Nacional Programático), proveerán respecto a la conformación de la Guardia Forestal como cuerpo especializado de policía ambiental, al que sólo podrá ingresarse previa realización de los cursos de formación profesional correspondiente.

La Guardia Forestal tendrá jurisdicción nacional, y se compondrá de unidades móviles y del cuerpo de Guardaparques con título habilitante, residentes en las respectivas unidades.

Artículo 24. - Sin perjuicio de las potestades atribuidas a la Guardia Forestal por el artículo 3º del Título I, se comete a los funcionarios policiales, de la Prefectura Nacional Naval en su jurisdicción y de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, el contralor, prevención y represión de los ilícitos cometidos en contraversión de la presente ley, del Código Ambiental y de los Planes Nacionales Ambientales en todo cuanto refiera a la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales.

Artículo 25. - Los funcionarios a que refiere el artículo 24. Están facultados, en el ejercicio de sus funciones de contralor, para disponer medidas cautelares de intervención y secuestro administrativo sobre los objetos o productos del ilícito así como de todos los elementos empleados para la comisión del mismo: armas, vehículos, embarcaciones, y cualesquiera otro elemento logístico.

Artículo 26. - Los elementos decomisados que no sean realizados económicamente de conformidad con la legislación vigente, serán inmediatamente destruidos, labrándose el acta respectiva.

Tratándose de secuestros de elementos vivos de la fauna autóctona, éstos deberán ser reintegrados inmediatamente a su hábitat natural, cuyos costos económicos serán de cargo de quienes incurrieron en el ilícito.

Artículo 27. - La Dirección General de Recursos Naturales Renovables podrá recabar directamente de todas las dependencias oficiales o de los agentes privados, la información que estime indispensable a los fines dispuestos por la presente Ley, así como facultada a realizar todos los controles que estime necesarios y exigir la formulación de las declaraciones juradas correspondientes.

TITULO VI

Artículo 28. - Las infracciones constatadas a las disposiciones de la presente Ley y concordantes, serán sancionadas teniendo en cuenta su entidad y repercusión respecto a los valores protegidos, de la siguiente forma:

a) las infracciones respecto a las áreas protegidas se considerarán siempre como circunstancia agravada y, cuando ellas sean cometidas por funcionarios públicos, como especialmente agravadas;

b) (monto): las multas se graduarán entre un mínimo de 10 (diez) Unidades Reajustables (UR) y 1000 (un mil) Unidades Reajustables, salvo las establecidas a texto expreso, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder;

c) el comiso de todos los objetos producto de la actividad ilícita, ejemplares vivos, cueros, crías o huevos cuya introducción o extracción se encuentre prohibida, así como de todo otro elemento que directa o indirectamente fuere empleado en la comisión de la infracción: armas, vehículos, embarcaciones y todo elemento logístico concurrente;

d) la suspensión o cancelación de autorizaciones o permisos;

e) las infracciones a que refieren los literales a) a g) del artículo 20, serán sancionadas en el acto con multas en efectivo por un valor equivalente al 50% de una Unidad Reajustable, sin perjuicio del secuestro administrativo que correspondiere de elementos prohibidos. Las infracciones a lo que disponen los literales h) al final del referido artículo se penalizarán con multas por un valor equivalente a una Unidad Reajustable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondieran.

Artículo 29. - La Dirección General de Recursos Naturales Renovables tendrá a su cargo la comprobación de las infracciones, así como la imposición y ejecución de las sanciones que correspondan, no siendo de aplicación en la especie disposiciones legales que se opongan a ello.

Artículo 30. - Declárase que no tendrán validez legal en todo el territorio nacional ninguna autorización ni permiso de caza o pesca deportiva expedida por ninguna autoridad que no fuere la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Artículo 31. - El producido de multas o venta de elementos decomisados en virtud de la presente Ley o concordantes, será distribuido de conformidad a la legislación vigente. No obstante, toda atribución a Rentas Generales o afectada a organismos oficiales, será reasignada al "Fondo de Areas Protegidas" a que refiere el artículo 15.

TITULO VII
(Derogaciones y disposiciones finales)

Artículo 32. - Quedan derogadas todas las normas legales que se opongan al cumplimiento de la presente Ley y sus concordantes y complementarias.

Artículo 33. - La presente Ley es de orden público.

Montevideo, 30 de marzo de 1995.

Hugo Batalla. Presidente".

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota de renuncia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Walter Belvisi presenta renuncia a su cargo".

-Léase.

(Se lee:)

"Paysandú, 3 de abril de 1995.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Hugo Batalla
Presente

De mi mayor consideración:

Habiendo sido designado por el Poder Ejecutivo como Presidente de la Delegación de la República Oriental del Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, vengo a presentar renuncia a la Banca de Senador con que me honra la ciudadanía en el último acto eleccionario dentro del lema Partido Colorado.

Deseo transmitir a los señores Senadores el honor y satisfacción de haber compartido con ellos el trabajo de ese Cuerpo, haciendo extensivo mi agradecimiento a los Secretarios y al personal del mismo.

Sin otro particular, lo saluda con la consideración más distinguida.

Walter M. Belvisi. Senador".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra, para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: sin perjuicio de adelantar que mi exposición será breve, en lo personal siento -y también el Partido Colorado, en nombre del que hablo- que no puedo dejar pasar en silencio esta renuncia antes de que, como es natural, el Cuerpo la acepte.

Quienes hemos trabajado con el señor Senador Belvisi conocemos de su seriedad en las tareas que le fueron encomendadas en el transcurso de estos años, y también hemos aprendido a valorarlo en algo que normalmente no trasciende a la opinión pública y que suele ser, quizás, el más importante de los cometidos que los Legisladores tienen, cual es el esfuerzo permanente que exigen las Comisiones del Parlamento en lo que refiere al papel que cumplen cuando la Cámara a que pertenecen funciona en el Pleno. En este sentido, el señor Senador Belvisi ha sido un Legislador ejemplar, puesto que siempre trabajó seriamente, fijándose no solamente en los detalles de los temas que pasaban por las comisiones de las que formó parte, sino también en los grandes conceptos generales. A este respecto, y más allá de que se compartan o no sus puntos de vista acerca de los distintos asuntos que tuvo entre manos -muchos de ellos realmente importantes- sus profundos análisis, que creo todos nos enriquecieron, en cuestiones vinculadas a su especialidad de Arquitecto, y, particularmente a la vivienda, pero también, el papel que jugó en temas incluidos frecuentemente en un presupuesto nacional o bien en las rendiciones de cuentas.

El señor Senador Belvisi es una persona que se dedica de lleno a sus tareas, que permanentemente estuvo presente en las Comisiones y en el Pleno, habida cuenta de otro aspecto que me parece merece ser resaltado: su hombría de bien, su corrección y la serenidad con que marca sus discrepancias o coincidencias dentro o fuera de su Bancada, en las Comisiones, en el seno del Senado y dentro y fuera del Parlamento.

Ahora bien; decisiones políticas, que evidentemente él comparte, lo llevan ahora a desarrollar tareas muy importantes fuera del Palacio Legislativo. Corresponde, pues, desearle el mayor de los éxitos en este nuevo camino que emprende, y al mismo tiempo decir que, sin perjuicio de nuestro regocijo partidario por quien habrá de sustituirlo, siempre recordaremos a quien con el correr del tiempo se fue convirtiendo, creo yo, en un amigo de todos los que por aquí hemos transitado.

Es cuanto deseo señalar.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: en circunstancias en que el Senado procede a considerar el alejamiento de su seno del Arquitecto Walter Belvisi -debido a que va a cumplir otras tareas a nivel público- nos vemos en la obligación de expresar el sentimiento que nos produce su abandono del Cuerpo, puesto que en todos estos años de trabajo parlamentario que compartimos, fundamentalmente, en el Período pasado, tuvimos oportunidad de aquilatar sus valores personales y morales, su capacidad de trabajo y su afición por la actividad pública, a la que siempre volcó sus mejores actitudes.

Creemos que cualquiera sea el lugar que el señor Senador Belvisi ocupe dentro de la función pública, tendrá la oportunidad de aportar su inteligencia, dedicación y amor por los temas del país, que todos apreciamos durante su pasaje por este Cuerpo. Alentamos, pues, la posibilidad de que lo acompañe el éxito y decimos, además, que el alejamiento de un compañero de trabajo siempre significa una emoción muy especial, lo cual queremos transmitir por medio de estas palabras, que son compartidas por todos los integrantes de la Bancada del Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se acepta la renuncia.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el suplente respectivo, señor Wilson Sanabria, a quien de encontrarse en Antesala se le invita a pasar al recinto, a los efectos de prestar el juramento de estilo.

Se invita a los señores Senadores y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Sanabria: ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR SANABRIA. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR SANABRIA. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

6) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Walter R. Santoro, en nombre del Partido Nacional, comunica que en la Comisión de Defensa Nacional el señor Senador Nicolás Storace Montes sustituye al señor Senador Carlos Julio Pereyra".

7) EXTRACCION DE CARPETAS DEL ARCHIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud para extraer una carpeta del archivo.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Senado solicita que se extraiga del archivo y vuelva a la Comisión de Constitución y Legislación la Carpeta Nº 407/94, que contiene un Proyecto de Ley por el que se fija la mayoría de edad a los 18 años".

-Corresponde votar este último asunto en virtud de que han vencido los 30 días que permite el Reglamento para que sea incorporado al orden del día de la Comisión.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra, para una cuestión de orden similar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - En nombre de la Comisión de Constitución y Legislación solicito que se extraiga del Archivo la Carpeta Nº 1405/94, que contiene un Proyecto de Ley sobre transferencia de documentos en los trámites de importación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se trata de un caso similar al anterior por lo que corresponde ponerlo a votación.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE Y DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Elección de Vicepresidentes".

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - De acuerdo con lo resuelto en el día de ayer en una reunión de coordinadores con el señor Presidente del Cuerpo, solicito que los tres primeros asuntos que figuran en el orden del día -Elección de vicepresidentes, Elección de Miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo- sean considerados en la sesión del próximo 17 de abril, es decir, luego de la semana de turismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Pozzolo.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) POTESTADES DEL SEÑOR PRESIDENTE Y DE LOS SEÑORES SECRETARIOS DEL SENADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Exposición de 20 minutos del señor Senador Luis Eduardo Mallo, relativa a las potestades que competen al señor Presidente del Senado y las que corresponden a quienes el Cuerpo invista en los cargos de Secretarios".

Tiene la palabra el señor Senador Mallo.

SEÑOR MALLO. - Señor Presidente: comienzo por repetir lo que expresé cuando por escrito formulé el pedido de realizar una exposición de veinte minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Disculpe señor Senador, pero debo solicitar a quienes asistieron a la Barra que, en la medida que el Senado sigue funcionando, realicen su desalojo en silencio.

Puede continuar el señor Senador Mallo.

SEÑOR MALLO. - Decía que reitero lo que manifesté cuando hice la solicitud para formular estas reflexiones: ellas no tienen referencia a ninguna persona determinada, sino que les asigno un valor permanente, sea quien sea el que ocupe los cargos de los que vamos a investirlos. Dicho sintética y claramente, estas reflexiones no tienen dedicatoria.

Dada la brevedad del tiempo y en homenaje a la síntesis, paso a plantear el centro del problema; ¿cuál es la competencia de que está investido el Presidente de la Asamblea General y del Senado?

Fuera de su carácter de Vicepresidente de la República, en mi concepto y en el de muchos otros que se han ocupado del tema, no es sino una suplencia eminente, una vocación eventual para desempeñar la Presidencia de la República en forma permanente o transitoria, según la naturaleza de la vacancia.

¿Cuáles son las competencias del Presidente del Senado desde el punto de vista protocolar o representativo y cuáles son las potestades dentro del conjunto orgánico que constituye la Cámara de Senadores y sus dependencias? El primer punto tiene un carácter formal o protocolar que refiere a la representación que puede invertir el Presidente.

El Doctor Echegoyen dijo una vez en este mismo ámbito que los cuerpos pluripersonales tienen necesidad de que alguien dirija sus deliberaciones. La Constitución de la República provee esa necesidad indicando los medios por los cuales ella se satisface. Sin embargo, tanto desde el punto de vista protocolar como desde el formal, eso no significa en modo alguno que el Cuerpo le otorgue la representación, porque el sentido de representación en Derecho Público es absolutamente distinto al que tiene en el Derecho Privado. Dentro del Derecho Privado se da el poder a otro para que lo represente y actúa a nombre y por cuenta de quien da el poder. Esto no existe en el Derecho Público, porque la Constitución de la República es la única norma que puede establecer quién en puridad representa a quién.

El Reglamento del Senado, es cuanto habla de que sólo el Presidente del Senado podrá hablar a nombre de la Cámara y representarla, salvo disposición en contrario, en una interpretación exacta, parecería referirse a un aspecto meramente formal. Además, el artículo siguiente, que creo es el 117, expresa que el Presidente del Senado no puede comunicar ni contestar sin previo acuerdo del Cuerpo; es decir, no es su representante. No encontré en la Constitución ninguna disposición de ese rango que dé autorización al Presidente del Senado para querer por el Cuerpo.

La Constitución de la República establece que el Presidente de la República tiene la representación del Estado, en lo interior y en lo exterior, que es en rigor meramente protocolar. En cuanto a los gobiernos departamentales expresa que el Intendente tiene la representación del departamento en su relación con los Poderes y con el resto de los departamentos.

En consecuencia, queda totalmente aclarado que cuando el Reglamento otorga esa potestad o hace esa referencia a que el Presidente lo representa, tiene un valor meramente protocolar y formal. Asimismo, en esta Sala se aclaró muy bien cuál es el sentido representativo que puede diferenciar al Presidente del resto de los Senadores. A ese respecto se dijo que todos tienen igual título de representación.

Sin embargo, el punto más importante es el que refiere a la competencia del Presidente en el conjunto orgánico que constituye el Senado y sus dependencias, que en su aspecto interior está regulado por el Reglamento. La Constitución, artículo 105, hace una distinción y expresa que el Reglamento gobernará al Senado interiormente, es decir, que no se puede invocarlo para dar legitimación al Presidente o a quien sea, para que actúe en nombre de aquél, fuera del recinto del Cuerpo, es decir, externamente al ámbito legislativo.

El Reglamento y el Estatuto del Funcionario, en uno de sus artículos instituye al Presidente del Senado como su jerarca. Esto trae dos consecuencias prácticas, que están específicamente determinadas en los reglamentos. Una de ellas es que el Presidente designa a los funcionarios. Sin embargo, esto colide frontalmente con la Constitución que en su artículo 107 establece que el Senado elegirá a sus Secretarios y al personal de sus dependencias con arreglo a las disposiciones reglamentarias, en las cuales se tendrán en cuenta las garantías de los artículos 58 a 66 de la Constitución.

El tema fue debatido en este Cuerpo. En este sentido, el ex Legislador Wilson Ferreira Aldunate hablaba de "nosotros, como jerarcas que somos", al referirse al Senado como Cuerpo. Quería decir, claramente, que es el propio Cuerpo el que puede asignar tareas y desconcentrar ciertas actividades en la medida en que la Constitución lo permita.

Mis inquietudes se vieron despejadas por la deferencia que tuvo el señor Presidente del Senado que, en un gesto hidalgo, me hizo partícipe de una consulta que formuló a un Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad, el Doctor Cajarville.

La consulta planteada por el señor Presidente del Senado refería a las potestades de la Comisión Administrativa, tema que no es el que estoy enfocando, pero que está vinculado con él. El Doctor Cajarville, al estudiar las potestades de la Comisión Administrativa, dictaminó que como el órgano no estaba instituido por la Carta sino que era de creación legal, ésta podía desconcentrar sus servicios y atribuir -tal como ocurre- la potestad de nombrar a la propia Comisión. Pero esto no es lo que sucede con las Cámaras, porque señala que éstas no pueden delegar en su Presidente la potestad de nombrar. En consecuencia, el Presidente carece de habilitación jurídica -en lo que entiendo es una opinión compartida en esta Sala- para efectuar nombramientos.

No obstante, lo expuesto, este punto tiene otras consecuencias.

Quiero expresar que de acuerdo con el Estatuto del Funcionario de la Cámara de Senadores el Presidente es el jerarca máximo; en consecuencia, voy a dar un ejemplo para que no se crea que estoy haciendo un ejercicio intelectual en un mundo abstracto, sintiéndome poseído del espíritu de los famosos legisladores de 1873, que integraban las denominadas cámaras bizantinas. Puede ocurrir que en el ámbito del Senado se tome una resolución con desviación de poder o contraria al derecho. Conforme a las normas establecidas en la Constitución y en el Estatuto del Funcionario, éste puede interponer el recurso de revocación y, si hubiera sido dictado por una autoridad sometida a jerarquía, el recurso jerárquico. Muy bien; supongamos que al resolver el recurso de revocación se rechace el reclamo y que el recurso jerárquico, el Presidente confirme el acto recurrido y quede abierta, si hay un interés legítimo, personal y directo, la vía anulatoria. Puede ocurrir que el agraviado por el acto ilícito se dirija al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y allí se anule, por vicioso e ilegítimo, el acto cumplido en el seno del Senado. En tal caso, todo transcurrió sin que el propio Cuerpo estuviera enterado.

En la retórica fácil del mundo internacional, tan en boga en la hora, se levanta al derecho de información -y esto lo encuentro plausible- casi como a un regla de Dios. Este Cuerpo, donde están representadas por medios legítimos todas las fuerzas de la opinión pública, ignora lo que sucedió dentro de su ámbito, no se le da información.

Al respecto, en cierta ocasión, Wilson Ferreira Aldunate expresó al considerar esa posibilidad: "Este Parlamento, cualquier Parlamento, no tiene otra fuerza que la que puede derivarse de su prestigio y de su acatamiento a las normas. Estas son su único amparo. Es grave que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueda enmendarle la planta al Senado". Pero, lo más grave es que la plana no es del Senado, sino que éste ni siquiera sabe qué planta se redactó y que ella fue hecha con toda la buena voluntad y buena intención que quiera atribuírsele por quien no le correspondía hacerlo. Insisto en que el Reglamento del Senado y el Estatuto del Funcionario, en materia de recursos administrativos, coliden frontalmente con la Constitución de la República.

Eso es lo que quería decir en cuanto a las competencias del Senado en esta materia.

No sería leal si no dijera que la circunstancia feliz de que el Doctor Hugo Batalla presida este Cuerpo sosiega toda inquietud circunstancial respecto a la efectividad del orden jurídico. Se trata de un principio muy caro para la colectividad política que integro y para el país entero, que los Cuerpos de derecho deben regirse por normas impersonales y no depender de la garantía valiosa de los méritos o las excelencias el titular del cargo. Creo que el Doctor Batalla brinda tales garantías en forma abundante; es un espíritu colmado de decoro y dignidad. Es más: ocultaría una parte de mi pensamiento si omitiera decir que el Doctor Hugo Batalla nos presta un servicio más señalado. En una sociedad de consumo, muy atraída por los oropeles fáciles tributos a la vanidad del mundo, el señor Presidente -que podrá tener aciertos o errores en su actuación política, hecho que pertenece a los niveles falibles de las acciones humanas- es un hombre que ha transcurrido por la vida indiferente, como vacuo, casi como un devoto del Eclesiásticos ante los afanes y vanidades del mundo, con los cuales la frivolidad frustra las mejores energías de tantos hombres. Ese es el ejemplo que tenemos que agradecer.

A continuación, paso a considerar el aspecto relativo a la competencia de los Secretarios del Senado. A mi juicio, no son sino meros funcionarios administrativos, bien instituidos constitucionalmente, bajo la potestad jerárquica del Cuerpo.

Tradicionalmente fueron distinguidos funcionarios de carrera, hasta que en octubre de 1969, en una designación, se resolvió alterar el sistema, considerándolos como funcionarios de confianza. Esto no se hizo ni por ley ni por reglamento, sino en un acto individual de designación que fue impugnado por Wilson Ferreira Aldunate, quien expresó que al referirse el artículo 107 de la Constitución a que el nombramiento y designación de los Secretarios y del personal del Cuerpo debía respetar las garantías de los artículos 58 a 66 de la Constitución, la declaración de cargo de confianza no podría hacerse sino por Ley. Sin embargo, fue derrotado, lo que demuestra una vez más que el Derecho en su esencia será verdad o un error, pero no tiene nada que ver con la aritmética. Recuerdo que esto lo explicó muy bien el Doctor Vaz Ferreira en una conferencia, a la que asistí en mi juventud en este edificio, sobre Política y Apolíticos.

Dieciocho años después, en una Rendición de Cuentas se le dio la razón a Wilson Ferreira Aldunate, estableciéndose con rango de Ley que los cargos de Secretarios de las Cámara serían de confianza. Obsérvese que se tardó todo ese tiempo para llegar a la verdad.

Pienso que los Secretarios del Senado no pueden tener más voluntad y pensamiento determinante de su conducta que estar al servicio del Senado, dentro del ámbito que los circunscribe y encierra el orden normativo. Ninguna potestad en un Estado de Derecho es de libre disposición; todas están regladas y reglamentadas. Sus deseos, por laudales y beneméritos que sean, están vedados de tener manifestación a la Constitución y a una práctica más que secular, no tienen voz en Sala más que para realizar lecturas ordenadas por el señor Presidente.

Alguna vez, me ha dado la impresión en estos tiempos -en el escaso tiempo que he estado en este Cuerpo- que se ha suscitado por parte de quienes administran los servicios del Senado; de que se mueven en un huerto cerrado ajenos a toda fiscalización. Quiero afirmar que no debe ser así. Más aun: digo que tenemos el derecho y el deber de estar informados, inclusive acerca de la información que se nos ha sustraído, porque si información es poder, no brindarla es sustraer poder. Ni siquiera estamos enterados de los recursos administrativos o anulatorios que se tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En cualquier nivel los funcionarios están en situación de dependencia jerárquica con respecto a los señores Senadores y quienes tienen a su cargo un servicio que le ha sido cometido, en cualquier circunstancia, tienen por lo menos obligación de informar. Conforme a su investidura, los señores Senadores gozan del derecho de formular opinión con efecto de derecho sobre la actuación de sus subordinados.

Finalmente, quiero afirmar -y aclaro que es un concepto que he repetido varias veces- que el Derecho no está únicamente en la letra de los textos en las costumbres, en el respeto recíproco, en la capacidad de tolerancia, en la honradez de la conducta, en el grado de consideración que tengamos hacia las minorías y que ellas lo merezcan, en la prolijidad con que éstas ejerzan su derecho de crítica; en definitiva, que las normas que aquí dictemos impregnen las práctica de quienes las apliquen. Si la autoridad que aplica las leyes que dictamos no se impregna del espíritu de las mismas, ni siquiera valen el papel en el que están impresas.

Eso es cuanto deseaba manifestar.

Finalmente, solicito que la versión taquigráfica de las palabras que he formulado se pase a estudio de la Comisión respectiva. Asimismo, agradezco a los señores Senadores que tuvieron la deficiencia de autorizarme a realizar esta exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Mallo.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si los señores Senadores lo permiten, la Presidencia quiere decir algunas palabras a vía de fundamento de voto.

Agradezco profundamente las expresiones del señor Senador Mallo y, en general, adhiero al planteo que ha realizado. Su temor también es compartido por quien habla, en el sentido de que muchas veces se abre el camino ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sin que el Senado tenga conocimiento de ello, simplemente, a través de una decisión del Presidente. Creo que en ese caso nos encontramos ante una alternativa muy difícil, ya que el Senado tendría que asumir participación, presencia, discusión y resolución en cada uno de los recursos administrativos que se plantearan, lo que sería algo muy complejo. De cualquier manera, pienso que se trata de un planteo muy positivo, que habrá que examinar.

Finalmente y sin querer ingresar en un tema polémico, no comparto lo expresado por el señor Senador Mallo respecto a las cámaras bizantinas. A pesar del tiempo transcurrido, tengo una visión muy actual sobre las clases magistrales que, en su momento, dictara el Profesor Eugenio Petit Muñoz, respecto a la leyenda de las cámaras bizantinas que, en definitiva, condujeron a la dictadura, pero que significaron en ese entonces también una lección de democracia. Tal vez se trataba de un aspecto exagerado de ese tema, pero en cierto sentido constituía parte de lo que representaba la formación de nuestra nacionalidad.

10) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de dos Proyectos de Ley llegados a la Mesa.

(Se da de los siguientes:)

"Los señores Senadores Posadas Montero y Fernández Faingold presentan, con exposición de motivos, dos Proyectos de Ley: uno relacionado con la creación del mercado de valores de obligaciones negociables y otro sobre fondos de inversión".

-A la Comisión de Hacienda.

(Texto de los proyectos presentados:)

"Carp. Nº 145/95
Mercado de valores y Obligaciones Negociables

EXPOSICION DE MOTIVOS

Toda economía que pretenda desarrollarse al máximo de su potencial requiere de fuentes de financiamiento adecuadas. Estas a su vez se basan fundamentalmente en dos aspectos: la captación de recursos y su traslación eficiente a los sectores y empresas demandantes.

Nuestro país, fruto de políticas mantenidas a lo largo de los años goza de excelentes condiciones en el primer aspecto pero no puede aprovecharlas en todo su potencial por deficiencias en el segundo. Más que una plaza financiera propiamente dicha, tenemos un plaza bancaria. De muy buen nivel en sí misma, pero insuficiente a los efectos apuntados.

Es en ese contexto que la anterior administración se abocó a analizar el tema del Mercado de Capitales, dentro de una tarea más vasta, referida a mejorar el clima de inversión en el Uruguay.

Como fruto de ese trabajo surgieron -entre otras cosas- varios Proyectos de Ley, oportunamente presentados al Parlamento, entre los cuales el que se adjunta, referido a Mercado de Valores y Obligaciones Negociables.

Considerando que los mismos mantienen plena vigencia se reitera su presentación a efectos de habilitar su análisis de parte del Senado, adjuntando el mensaje cuyo contenido se comparte.

Ignacio Posadas Montero, Hugo Fernández Faingold. Senadores.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley sobre Mercado de Valores y Obligaciones Negociables.

Asimismo, estima conveniente efectuar las siguientes consideraciones sobre las causas que motivaron el mismo:

Los cambios operados en la economía internacional han puesto de manifiesto el importante papel que cumplen los mercados de valores en el desarrollo del sector productivo, tanto público como privado, en la formación del ahorro y la inversión y en la distribución eficiente de los recursos.

La aparición de nuevos productos financieros, las coberturas de riesgos en los precios, el abandono paulatino de las fuentes tradicionales de financiamiento de las empresas y las políticas de promoción de los mercados de valores, han sido la tónica que ha predominado en los últimos años. A ello se debe agregar la creciente internacionalización, globalización e integración de los mercados.

Como consecuencia de estos procesos se ha observado un crecimiento explosivo de varios mercados de la región, como el mexicano, chileno, brasileño, argentino, peruano y colombiano.

En nuestro país, el mercado de valores se ha concentrado en la operativa de valores públicos, teniendo los papeles privados una participación mucho menor. Existe un vacío legal importante en muchos aspectos y en otros las normas se constituyen en una traba para el funcionamiento de un mercado ágil y competitivo.

A partir del Tratado de Asunción y de los acuerdos posteriores del MERCOSUR, en especial el Protocolo de Colonia, se han fijado lineamientos mínimos indispensables para la integración de los mercados, lo cual habilitaría a las empresas nacionales a recurrir al mercado de valores regional en la búsqueda de fuentes de financiamiento. Para que ello se viabilice, es necesario adecuar el marco legal nacional, lo que se persigue en el presente Proyecto de Ley. El mismo procura darle al Uruguay un marco legal, institucional y regulatorio que siga las líneas generales de los mercados más desarrollados.

Este Proyecto de Ley aborda dos aspectos fundamentales: marco general del mercado de valores y obligaciones negociables, expuestos en los títulos I y II, respectivamente.

Título I - Mercado de Valores

A partir de la experiencia internacional de varias décadas de desarrollo del mercado de valores, se puede concluir que los marcos legales en exceso reguladores y rígidos provocan limitaciones a la expansión de una actividad que ha dado muestras de gran capacidad de innovación y que, por otra parte, quedan caducos ante tal dinamismo. Por esta razón, la solución adoptada deja para la reglamentación los aspectos más técnicos, pretendiendo definir un marco muy general que sea flexible y adaptable a los cambios de los mercados y la tecnología. En nuestro país no existe legislación que regule el mercado de valores, (salvo normas dispersas y puntuales), a diferencia del resto de los países de la región y del mundo desarrollado.

Se entiende conveniente legislar con el único objeto de establecer reglas y principios reconocidos internacionalmente que deberán regir a los mercados de valores (transparencia, equidad, lealtad, libre competencia, información veraz, suficiente y oportuna) y supervisar a los agentes que actúan en él, en el marco de una política de incentivación y ampliación del mercado de capitales.

Entre los aspectos más resaltables del Proyecto se encuentran:

1 - Principio de autorregulación

El principio rector de este Proyecto de Ley es consagrar la autorregulación de los agentes, concomitantemente con su supervisión por parte del órgano estatal de control (artículos 14, 23 y 24), principio ya recogido por la reglamentación del Banco central del Uruguay (Comunicado 93/61).

2 - Principio de transparencia del mercado de valores

El Proyecto busca fomentar un mercado transparente, el cual debe brindar, en todo momento, información actualizada y precisa. La divulgación oportuna de toda la información de las operaciones que en él se transan constituye un aspecto primordial en el desarrollo y consolidación de un mercado justo, eficiente y equitativo (artículo 5). A la vez se establece la prohibición de utilizar información privilegiada en beneficio propio (artículo 6).

3 - Definiciones

Se definen por primera vez una serie de conceptos básicos en relación al mercado de valores, que permiten precisar y delimitar el ámbito normativo, tales como la oferta pública, valores, intermediarios de valores, bolsas de valores, cajas de valores, entre otros (artículos 2, 7, 12, 15, 46).

4 - Agentes del mercado

Se estipulan normas mínimas indispensables para ordenar el mercado, las cuales comprenden a las bolsas de valores (creación, autorregulación), (artículos 13, 14), intermediarios de valores (calidades, transacciones, responsabilidades), (artículos 15, 16, 17, 18), cajas de valores (funciones, autorización para funcionar) (artículo 46).

5 - Características de los valores

Se actualizan las normas que regulan los valores, adaptándolas a la actual era de desmaterialización (artículos 8, 9, 10, 11).

El Proyecto recoge la tendencia a la desmaterialización de los valores en el plano internacional y la experiencia de muchos mercados en los que se transan sólo valores escriturales.

Las disposiciones incluidas sólo pretenden ser una legislación mínima sobre el tema, intentando cubrir el vacío existente en la materia.

6 - Control y regulación del mercado de valores

La inexistencia de un organismo que asuma el control integral de la actividad en el mercado de valores es una traba para su normal desarrollo y para la realización de acuerdos regionales entre bolsas de valores. En todos los países con mercados de valores desarrollados existen instituciones de control y regulación del mismo.

Se opta por asignarle al Banco Central del Uruguay el cometido específico de velar por la transparencia del mercado de valores (artículos 3, 4, 19, 20, 21 y 22).

Además se otorga al órgano estatal de control el poder sancionatorio necesario sobre las entidades participantes e el mercado, sin perjuicio de la potestad disciplinaria de las bolsas de valores (artículos 23, 24 y 25).

Título II - Obligaciones Negociables

1 - Legislación vigente

La Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989 de Sociedades Comerciales legisla por primera vez en materia de obligaciones negociables. La fuente utilizada en la oportunidad fue la ley de sociedades comerciales argentina, cuando en esta área ya la solución había sido superada por la Ley Nº 23.756 de dicha nación.

Desde la entrada en vigencia de la legislación reseñada, en nuestro país, se ha verificado una escasa emisión de obligaciones negociables. En la Argentina, el número y monto de las emisiones creció más de veinte veces en un período de cinco años desde que se aprobara una legislación similar a la que se propone.

2 - Las restricciones actuales a los papeles privados

Las obligaciones negociables son instrumentos ampliamente usados en otros mercados por empresas que requieren financiamiento, pero que no pretenden abrir la propiedad de la misma.

La tendencia mundial indica que los papeles privados de deuda como bonos, comercial papers, obligaciones negociables, entre otros, han tenido un auge muy importante a diferencia de lo que acontece en nuestro país. El escaso desarrollo de nuestro mercado se debe, entre otras causas, a que:

2.1 - Las normas impositivas discriminaban en forma negativa a las empresas que emitían obligaciones negociables por suscripción pública frente al financiamiento bancario. Estos aspectos fueron superados por la Ley Nº 16.470 de 29 de marzo de 1994 en lo referente al impuesto al patrimonio; y el Decreto Nº 245/994 de 31 de mayo de 1994, en cuanto a la deductibilidad de los intereses en la liquidación del IRIC, si bien mantiene un tope, lo fija en función de la tasa media de créditos bancarios.

2.2 - La Ley Nº 16.060 (Sociedades Comerciales crea la figura obligatoria del fiduciario al emitirse Obligaciones Negociables mediante el mecanismo de la oferta pública, cuya presencia y potestades pueden ser consideradas inhibitorias por los posibles emisores.

2.3 - La Ley Nº 16.060 establece límites al endeudamiento que se puede contraer mediante la emisión de Obligaciones Negociables. Esta restricción es más grave en momentos que las empresas nacionales son obligadas a competir, debiendo buscar fuentes eficientes de financiación, sea para la reconversión, la inversión productiva o la adecuación de su estructura financiera.

2.4 - Los mecanismos de emisión de obligaciones negociables no son ágiles, máxime si se recurre al horror público.

3 - Las soluciones planteadas

El Proyecto le brinda a las empresas nacionales una fuente de financiamiento adicional, moderna, eficiente, de mayor plazo y, eventualmente, de menor costo que la tradicional. Sólo la emisión de debentures seguirá siendo regulada por la Ley Nº 16.060. Ya que todo dependerá del nombre que se le dé a los valores que se emitan, la gran ventaja de este régimen será que someterse a él será algo voluntario, optativo: si al emisor le resulta ventajoso, lo aplicará y, si no, no recurrirá a él. Entre las soluciones propuestas se destacan:

3.1. - Los límites del endeudamiento

El artículo 435a. de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales limita la emisión de obligaciones basado en una supuesta defensa de los intereses del inversor. La solución propuesta no incluye este aspecto, recogiendo el principio de no limitar legalmente la emisión. Es el propio inversor el que, contando con adecuada información, adoptará su decisión de invertir evaluando la rentabilidad esperada y los riesgos en que incurre.

3.2 - Los trámites

Los trámites previstos por la Ley Nº 16.060 implican, especialmente para el caso de usar el mecanismo de oferta pública, una sucesión de inscripciones ante el órgano estatal de control, el Registro Público y General de Comercio, Diario Oficial, realización de asambleas obligatorias y eventuales procesos de adecuación nominal del capital. Se propone simplificar el proceso de emisión. (Arts. 31, 32, 37 y 39).

3.3 - Obligaciones Negociables convertibles en acciones

Se potencia este instrumento brindándole al inversor la posibilidad de cambiar su relación con la emisora, transformándose de acreedor en accionista. (Arts. 30, 34 y 36).

3.4 - La figura del Fiduciario

La Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales crea la figura de un representante de los obligacionistas, que debe tener intervención preceptiva en caso de recurrirse al ahorro público. El mismo tiene facultades muy amplias tales como revisar la contabilidad, asistir a las reuniones de Directorio, incluso con voz, y solicitar la intervención judicial en ciertos casos. Tales potestades inhiben el uso del instrumento, por lo que se optó por una solución en la que la entidad emisora o un número importante de obligacionistas sean quienes decidan sobre la intervención o no de un fiduciario. (Art. 37).

3.5 - Garantías

Se desarrolla un régimen más práctico de otorgamiento y cancelación de garantías que el previsto en nuestro ordenamiento legal vigente. (Arts. 38, 39 y 40).

Título III - Disposiciones generales

1 - Ley aplicable

Otro cambio importante tiene que ver con la regla general en el Derecho Privado que limita la autonomía de la voluntad en cuanto a la ley aplicable y jurisdicción competente. (Art. 47).

Esta norma establece que un emisor pueda emitir valores en el Uruguay y colocarlos en el país o no, pero pudiendo elegir la Ley y la jurisdicción aplicables. Si elige otra ley, por ejemplo la de Londres, y pretende colocar la emisión en nuestro país, deberá además cumplir con los requisitos de esta ley para el registro de la emisión, pero el valor como título se regirá por la ley de Londres, si además no realiza la colocación en el Uruguay, no habrá oferta pública y no estará alcanzado por esta ley. Esto dará mayor flexibilidad a los emisores y le ampliará los mercados a los que podrá acceder, haciendo también atractivo el mercado uruguayo para emisiones del exterior.

2 - Derogación de la prohibición a las instituciones financieras

Un cambio importante radica en eliminar la prohibición contenida en el Decreto-Ley de Intermediación Financiera Nº 15.322, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, artículo 18 literal d) (Art. 51). En la misma las instituciones financieras no pueden invertir en papeles emitidos por empresas privadas. Esta prohibición tenía sentido cuando el Banco Central del Uruguay no controlaba los activos de los bancos.

Actualmente en el Uruguay y en el mundo, a partir de los Acuerdos de Basilea de fines de los años ochenta, se limitan y controlan los activos de los bancos. A vía de ejemplo, existen hoy topes de riesgos por empresas deudoras y por grupos económicos, relaciones técnicas entre capital y activos ponderados, etc. Estos mecanismos de control de los riesgos que asumen las empresas que captan recursos del público relativizan la importancia de las limitaciones a la tenencia de valores.

En el contexto regional tanto en Argentina como en Brasil, no existe este tipo de prohibiciones, mientras que en Paraguay y Uruguay, sólo la Banca de Inversión está autorizada a invertir en valores emitidos por empresas.

Por otra parte, también se estipula que el propio Banco Central podrá reglamentar, limitar y controlar dichas inversiones (Art. 19).

El objetivo perseguido con esta derogación es evitar que los bancos pierdan competitividad al quedar fuera de la oferta de una serie de productos financieros muy importantes. La rentabilidad de las instituciones financieras descansa cada vez menos en el "spread", ya que se verifica un proceso de desintermediación. Las comisiones por la venta de nuevos servicios y las llamadas "operaciones fuera de balance", donde el riesgo de intermediación no existe, significan, a nivel internacional, un porcentaje significativo de sus ingresos.

3 - Derogación de la prohibición a los inversores institucionales

Se deroga la prohibición de que las personas públicas no estatales y las entidades administradoras de fondos complementarios de seguridad social o similares puedan invertir en valores objeto de oferta pública, a efectos de desarrollar el potencial de estos inversores institucionales como dinamizadores del mercado de valores. La propia naturaleza de la actividad de estas entidades requiere la posibilidad de invertir en el largo plazo. (Art. 48). Asimismo se extiende dicha habilitación a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado según lo que se disponga en sus respectivas cartas orgánicas.

4 - Derogaciones

Se derogan los contenidos obligatorios que deben tener los títulos valores (Arts. 121 y 122 del Decreto-Ley Nº 14.701), a fin de facilitar el desarrollo del mercado de valores, y adecuarlo a lo que sucede en el resto del mundo. (Art. 51).

Hugo Fernández Faingold, Ignacio Posadas Montero. Senadores.

PROYECTO DE LEY

TITULO I - MERCADO DE VALORES

CAPITULO I - AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º (Actividades comprendidas). - La oferta pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios, comprendidos a vía de ejemplo, bolsa de valores, corredores de bolsa y agentes de valores, así como los emisores de instrumentos de oferta pública, quedarán sometidos a las disposiciones de esta Ley, a los Reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares, que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a los valores emitidos o garantizados por el Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y la Corporación Nacional para el Desarrollo, salvo que dichas entidades hayan optado por acogerse a este régimen legal y con sujeción a las respectivas leyes orgánicas y demás normas legales a ellas aplicables.

FUENTE: Art. 1º, Inc. 1º y art. 3º, Inc. 2º, Ley Nº 18.045 de Chile - analogía con Art. 1º Decreto-Ley Nº 15.322 - Art. 272 de la Ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994.

CAPITULO II - OFERTA PUBLICA DE VALORES

Art. 2º (Definiciones y alcance). - Se entiende por oferta pública de valores la invitación dirigida al público en general o a ciertos sectores o grupos específicos de éste, a efectos de adquirir dichos valores.

Las emisiones privadas quedan excluidas de las disposiciones del presente Título. Se considerarán tales las emisiones de valores en las que se deje expresa constancia de su carácter privado, se coloquen en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas, sea o no a través de intermediarios de valores, no se coticen en bolsas ni se haga publicidad para su colocación.

FUENTE: Art. 4º Inc. 1º, Ley Nº 18.045 de Chile y Art. 16, Ley Nº 17.811 de Argentina - Art. 3º, Reglamento de Control de Funcionamiento de las Bolsas de Valores (Comunicado 93/61 de 31.05.93 del Banco Central del Uruguay) - Art. 2º, Ley de México del 23.07.93.

Art. 3º (Registro de Valores). - Sólo podrá hacerse oferta pública de valores cuando éstos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro de valores que a esos efectos llevará el Banco Central del Uruguay.

FUENTE: Numeral 1.1.2 del Protocolo de Colonia, Decisión Nº 8/93 del Consejo Mercado Común - Art. 6º, Inc. 1º y Arts. 5º y 8º Ley Nº 18.045 de Chile, Art. 6º, literal d) Ley Nº 17.811 de Argentina, Art. 19, Ley Nº 6.381 de Brasil, Arts. 85 y 65, numeral 2 de Ley 94/91 de Paraguay, Arts. 11, 13 y 14 Ley de México del 23.07.93, Art. 6º, numeral 3, Art. 5º, numeral 9, Art. 45 de Ley Nº 31 del 6.5.93 de Ecuador, Art. 2º de Resolución Nº 1242 de la Superintendencia de Valores de Colombia (basada en ley vigente).

Art. 4º (Inscripción en el Registro de Valores). - La solicitud de inscripción de valores de oferta pública en el Registro de Valores podrá ser presentada por la entidad emisora o por una bolsa de valores.

En caso de presentación de valores por la entidad emisora, corresponderá al Banco Central del Uruguay decidir en cuanto a su inscripción. El trámite para autorizar la inscripción de los valores no podrá exceder los 30 días corridos contados desde la fecha en que la solicitud fuera presentada. El plazo podrá suspenderse si fuera necesario demandar información adicional, reanudándose cuando se haya presentado la misma. Vencido dicho plazo sin que haya mediado pronunciamiento del Banco Central del Uruguay el valor se considerará inscripto en el Registro y autorizado para la oferta pública.

La inscripción podrá igualmente ser presentada por una bolsa de valores, la que deberá haberla autorizado previamente, de acuerdo con las disposiciones contenidas en sus propios reglamentos. En estos casos, el Banco Central del Uruguay incorporará el valor al Registro de Valores dentro del quinto día hábil de haberle sido presentada la solicitud, sin necesidad de autorización.

Tanto la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay para los valores presentados directamente por la emisora para su inscripción, como los reglamentos que dicten las bolsas de valores para los valores presentados ante las suyas, podrá prever requisitos diferenciales en atención al tipo de valor, de oferta, de impresor al cual va dirigida y de emisor de que se trate, asegurando la debida información del emisor respecto de la característica de la emisión y del régimen al cual se encuentra sujeta.

Será responsabilidad de la bolsa de valores respectiva que el valor inscripto cumpla con los requisitos establecidos en los reglamentos de la propia bolsa de valores autorizados por el Banco Central del Uruguay.

FUENTE: Numeral 1.1.4 y 1.2.3 del Protocolo de Colonia. Decisión Nº 8/93 del Consejo Mercado Común - Resolución Nacional Nº 211 del 26.05.92 y Nº 215 de 07.92 de la Comisión Nacional de Valores de Argentina - Art. 8º, Ley Nº 18.045 de Chile y Num. VI del Art. 14 de Ley de México del 23 de julio de 1993.

Art. 5º (Divulgación de información). - Los emisores de valores objeto de oferta pública divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna toda información esencial respecto de sí mismos, de los valores ofrecidos y de la oferta.

Se entiende por información esencial aquella que una persona diligente consideraría relevante para sus decisiones sobre inversión.

Corresponderá al Banco Central del Uruguay reglamentar, dentro de las normas vigentes en materia de confidencialidad, el contenido de la información y los requisitos de su divulgación, con la finalidad de que los potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados para su decisión.

FUENTE: Numeral 1.3.1 del Protocolo de Colonia, Decisión Nº 8/93 del Consejo Mercado Común - Art. 9º Ley Nº
18.045 Chile.

Art. 6º (Información reservada y confidencial). - A los efectos de la presente ley se entiende por información reservada y confidencial toda información de carácter específico, que se refiera a uno o varios valores o emisores de valores, que aún no se haya hecho pública y que, de haberlo sido, hubiese influido de manera apreciable sobre la cotización de ese o esos valores.

Todo el que disponga de una información del tipo a que refiere la presente disposición, deberá abstenerse de su uso, ya sea por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente.

FUENTE: Art. 13, Ley Nº 18.045 de Chile - Art. 16 bis de la Ley de México, del 23 de julio de 1993 - Art. 9º, Ley Nº 17.811 de Argentina.

CAPITULO III - VALORES

Art. 7º (Definición). - Se entenderá por valores, a los efectos de esta ley, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establezca la normativa vigente. Se incluyen en este concepto las acciones, obligaciones negociables, futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión.

Los valores de oferta pública, así como los valores de oferta privada emitidos en serie, podrán representarse por medio de títulos o registrarse mediante anotaciones en cuenta, denominándose en este caso valores escriturales.

Los valores escriturales podrán funcionar como fungibles de acuerdo a las condiciones que la reglamentación determine o faculte pactar a los interesados.

FUENTE: Art. 3º, Ley Nº 18.045 de Chile - Art. 5º, Inc. 1º y Art. 8º, Inc. 4º, Ley de Mercado de Valores de España - Art. 4º, Reglamento de Control de Funcionamiento de las Bolsas de Valores (Comunicado 93/61 del 31.05.93 del Banco Central del Uruguay).

Art. 8º (Valores escriturales). - La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta requerirá el otorgamiento de un documento de emisión en el que constatarán las características, términos y condiciones que corresponderán a los valores. Una copia de dicho documento deberá depositarse ante la entidad que lleve el Registro de Valores Escriturales.

La entidad que lleve el registro de valores escriturales debe otorgar al suscriptor de dichos valores comprobante de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que se inscriba en ella. Asimismo el titular tendrá derecho a que se le entregue constancia del saldo y estado de su cuenta.

FUENTE: Art. 61, Inc. 1º y 2º y Art. 8º, Inc. 2º, Ley Mercado España y Art. 31 de la Ley Nº 23.576 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 9º (Titularidad y registro de valores escriturales). - Se presumirá titular legítimo aquel que resulte de los asientos del registro contable.

El registro de valores escriturales será atribuido a una única entidad, que podrá ser, a vía de ejemplo, la emisora, entidades de intermediación financiera, bolsas de valores o cajas de valores, sin perjuicio del registro que el emisor pueda llevar por imposición legal o reglamentaria.

En caso de incumplimiento, la constancia del saldo emitida por la entidad que lleve el registro de los valores, constituirá título ejecutivo en favor del titular allí indicado.

FUENTE: Art. 11, 7º. Inc. 1º y Art. 8º, Inc. 3º Ley Mercado España y Art. 31, Inc. 1º Ley Nº 23.576 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 10 (Transmisión de valores escriturales). - La transmisión de los valores escriturales tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La transmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la inscripción.

La entidad emisora sólo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de valores escriturales, las excepciones que hubiese podido esgrimir en el caso que los valores hubiesen estado representados por medio de títulos y las que se desprendan del documento de emisión.

FUENTE: Art. 9º, Ley de Mercado de Valores de España.

Art. 11 (Derechos Reales). - La constitución de derechos reales u otra clase de gravámenes sobre valores escriturales deberán inscribirse en la cuenta correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho real será oponible a terceros desde el momento de su inscripción en el Registro Público correspondiente.

FUENTE: Art. 10, Ley de Mercado de Valores de España.

CAPITULO IV - BOLSAS DE VALORES

Art. 12 (Definición). - Las bolsas de valores son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente, las transacciones de valores mediante mecanismos de subasta pública y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan de acuerdo a la ley.

Las bolsas de valores deberán adoptar preceptivamente la forma jurídica de asociaciones civiles con personería jurídica o de sociedades anónimas por acciones nominativas o escriturales.

FUENTE: Art. 38, Ley Nº 18.045 de Chile - Art. 22, Ley Nº 17.811 de Argentina - Art. 2º, Reglamento de Control de Funcionamiento de las Bolsas de Valores (Comunicado 93/61 del 31.05.93 del Banco Central del Uruguay) - Arts. 29 y 31, Inc. 1º de la Ley de México del 23 de julio de 1993.

Art. 13 (Autorización y registro). - Las bolsas de valores requerirán para funcionar autorización previa del Banco Central del Uruguay, debiendo registrarse ante el mismo acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos legal y reglamentariamente.

FUENTE: Numeral 3.1 del Protocolo de Colonia, Decisión Nº 8/93 del Consejo Mercado Común - Art. 26 del Decreto-Ley Nº 15.322 - Decreto Nº 576/92 del 23 de noviembre de 1992 - Art. 5º Reglamento de Control de Funcionamiento de las Bolsas de Valores (Comunicado 93/61 del 31.05.93 del Banco Central del Uruguay) - Ley Nº 16.426 de Desmonopolización de Seguros.

Art. 14 (Autorregulación de las bolsas). - Las bolsas de valores deberán dictar las normas necesarias para regular la operativa bursátil en todos sus aspectos y la actividad de los corredores de bolsa, estableciendo la información que los mismos deben brindar, y vigilando el estricto cumplimiento de las citadas normas, de manera de asegurar la existencia de un mercado competititivo, ordenado y transparente.

Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad del Banco Central del Uruguay de controlar el funcionamiento de las bolsas de valores, y de impartir las normas generales e instrucciones particulares que estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos señalados en el inciso anterior.

FUENTE: Art. 39, Ley Nº 18.045 Chile - Reglamento de Control de Funcionamiento de las Bolsas de Valores (Comunicado 93/61 del 31.05.93 del Banco Central del Uruguay) - Decreto 576/92 - Art. 37º de la Ley de México del 23 de julio de 1993.

CAPITULO V - INTERMEDIARIOS DE VALORES

Art. 15 (Concepto). - Se consideraran intermediarios de valores aquellas personas físicas o jurídicas que realizan en forma profesional y habitual alguna de las siguientes actividades:

a) Operaciones de corretaje, de comisión u otras tendientes a poner en contacto la oferta y demanda de valores respecto de los cuales se haga oferta pública.

b) Operaciones por cuenta propia, con valores emitidos o garantizados por terceros respecto de los cuales se haga oferta pública, con ánimo de transferir derechos sobre los mismos.

c) Administración y manejo de carteras de valores propiedad de terceros.

FUENTE: Art. 24, Inc. 1º, Ley Nº 18.045 Chile - Art. 4º, Ley de Mercado de México.

Art. 16 (Tipos de intermediarios y régimen jurídico). - Los intermediarios que actúan como miembros de una bolsa de valores, se denominan corredores de bolsa. Para ser corredor de bolsa se requerirá cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación de la respectiva bolsa de valores.

Los intermediarios que no actúen como miembros de una bolsa de valores se denominarán agentes de valores, y requerirán para funcionar la autorización previa del Banco Central del Uruguay, de acuerdo con las normas reglamentarias que éste determine.

Serán aplicables a las entidades que agrupan a los agentes de valores las normas referentes a las bolsas de valores, en lo pertinente.

FUENTE: Art. 24, Incs. 4º y 5º, Art. 35 de la Ley Nº 18.045 de Chile - Art. 4º Ley Mercado de México - Art. 41, lit. c) e Inc. 3º del Art. 44 de la Ley Nº 17.811 Argentina.

Art. 17 (Responsabilidad y prueba). - Los intermediarios de valores deben verificar la identidad y capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio y la autenticidad de los valores que negocien.

Los intermediarios de valores que actúen en la compraventa de valores, quedan personalmente obligados a pagar el precio de la compra o a hacer la entrega de los valores vendidos segun las condiciones pactadas.

Los comprobantes, minutas o constancias que entreguen a sus clientes y las que se dieren recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurran a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba en contra del intermediario de valores que las emite.

FUENTE: Art. 97, Código de Comercio del Uruguay y Art. 33, Incs. 3º y 4º y Art. 34, Ley Nº 18.045 Chile.

Art. 18 (Inaplicabilidad de Ley Nº 16.497 y de los Arts. 89 a 113 del Código de Comercio). - No serán aplicables a los intermediarios de valores las disposiciones de la Ley Nº 16.497 y del Capítulo I (de los Corredores, Arts. 89 a 113 inclusive) del Título III del Libro Primero del Código de Comercio.

CAPITULO VI - REGULACION DE MERCADO DE VALORES

Art. 19 (Fines). - Corresponde al Banco Central del Uruguay velar por la transparencia, competitividad y auto-regulación de los mercados de valores de oferta pública, y la adecuada información a los inversionistas.

FUENTE: Art. 13, Ley de Mercado España.

Art. 20 (Regulación). - Para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley, el Banco Central del Uruguay dictará las normas generales e instrucciones particulares a las cuales deberán ajustarse los mercados y las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter, intervengan en la oferta pública de valores.

FUENTE: Art. 7º, Ley Nº 17.811 de Argentina - Artículos varios del Protocolo de Colonia, Decisión 8/93 del Consejo Mercado Común - Art. 40 de la Ley México del 23 de julio de 1993.

Art. 21 (Fiscalización). - Corresponde al Banco Central del Uruguay la fiscalización del cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas en relación al mercado de valores de:

a) Las personas que emitan valores de oferta pública;

b) Las bolsas de valores mobiliarios y las operaciones bursátiles;

c) Los intermediarios de valores, así como las operaciones que realicen sobre valores de oferta pública;

d) Los fondos de inversión y las sociedades que los administren;

e) Entidades que presten servicios de registro, custodia, depósito, compensación y liquidación de valores;

f) Los demás agentes que realicen actividades relacionadas con la oferta pública o con los mercados primarios o secundarios de valores de oferta pública dentro y fuera de las bolsas.

Asimismo el Banco Central del Uruguay podrá fiscalizar y reglamentar la actividad de las entidades que se dediquen a calificar riesgos.

FUENTE: Num. 2.1., 3.1, 3.2 y 5 del Protocolo de Colonia, Decisión 8/93 del Consejo del Mercado Común - Art. 3º Decreto-Ley Nº 3.538 de Chile - Art. 41, Numeral I, II y IX de la Ley de México del 23 de julio de 1993.

Art. 22 (Cometidos). - Para el ejercicio de la competencia prevista en la presente ley, el Banco Central del Uruguay tendrá, entre otros, los siguientes cometidos:

a) Dictar normas generales e instrucciones particulares, tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente;

b) Llevar el Registro de Valores;

c) Requerir a las bolsas de valores, agentes de valores y demás personas o entidades fiscalizadas según el artículo 21, que brinden información con la periodicidad y bajo la forma que juzge necesaria, así como la exhibición de registros y documentos:

d) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en el ámbito de aplicación de la presente Ley;

e) Aplicar las sanciones previstas en el artículo 24 de la presente Ley, sin perjuicio de las denuncias penales que pudieran corresponder;

f) Resolver aplicando las garantías del debido proceso, cuando corresponda, la instrucción de sumarios conducentes a comprobar la responsabilidad de las personas que puedan ser pasibles de las sanciones previstas en los artículos 23 y 24 de la presente ley;

g) Participar en organismos internacionales en la materia de su competencia y celebrar convenios con dichos organismos, así como con entidades reguladoras de mercado de valores en otros países, con sujeción a las normas legales aplicables.

FUENTE: Art. 6 literal f) Ley Nº 17.811 de Argentina y Art. 41 numeral I, II, IX y XIX Ley de Mercado de México y Protocolo Ley Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

CAPITULO VII - REGIMEN SANCIONATORIO

Art. 23 (Autorregulación disciplinaria de las bolsas de valores). - Las bolsas de valores establecerán el régimen disciplinario a adoptar con sus corredores y con los emisores que coticen en ella. Serán aplicables, entre otras, las siguientes medidas que deberán fundarse en todos los casos:

a) observación;

b) apercibimiento;

c) suspensión de los corredores de bolsa;

d) eliminación del registro de corredores de bolsa;

e) suspensión de la autorización para cotizar;

f) cancelación de la autorización para cotizar.

Una vez aplicada la medida correspondiente, que no podrá ser acumulable en ningún caso, la respectiva bolsa dará cuenta amplia y circunstanciadamente al Banco Central del Uruguay, de sus razones y fundamentos, solicitando la suspensión y la cancelación del registro, cuando correspondiere.

FUENTE: Art. 35, Inc. 1 de la Ley de México del 23 de julio de 1993.

Art. 24 (Sanciones y medidas). - En caso que se detecten irregularidades o transgresiones a la normativa por parte de las personas o entidades fiscalizadoras según el artículo 21, y que no hubieren sido objeto de alguna de las medidas previstas en el artículo anterior, o éstas no hayan sido las adecuadas de acuerdo a la gravedad de la falta, el Banco Central del Uruguay podrá imponer, las siguientes sanciones que no podrán ser acumulables en ningún caso:

a) observación;

b) apercibimiento;

c) multa hasta el monto de... Unidades Reajustables;

d) suspensión de la inscripción y habilitación del emisor para realizar oferta pública.

e) cancelación de la inscripción y habilitación del emisor para realizar oferta pública.

f) suspensión total o parcial de actividades, con excepción de las personas comprendidas en el literal a) del artículo 21;

g) revocación de la autorización otorgada por el Banco Central del Uruguay para funcionar, cuando corresponda.

No será aplicable en el caso de las citadas irregularidades o transgresiones lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982. Asimismo, el Banco Central del Uruguay podrá solicitar al Juez competente, la adopción de medidas cautelares.

FUENTE: Num. 1.1.4 del Protocolo de Colonia, Decisión 8/93 del Consejo del Mercado Común - Art. 20 Decreto-Ley Nº 15.322 con la redacción dada por la Ley Nº 16.327 - Ley Nº 16.426 de Superintendencia de Seguros Art. 20 Num. II, IX e in fine, Art. 38 y Art. 41, Num. VI, VII y XVII de la Ley de México del 23 de julio de 1993.

Art. 25 (Debido proceso). - Las sanciones a recaer en aplicación de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la presente Ley, se graduarán de acuerdo a la gravedad de la falta.

El procedimiento para la aplicación de sanciones deberá observar necesariamente y en todos los casos las garantías del debido proceso, dándose vista de las respectivas actuaciones y posibilitándose un pleno ejercicio del derecho de defensa con articulación de descargos por parte del o los afectados por la medida.

FUENTE: Art. 66 de la Constitución de la República.

TITULO II - OBLIGACIONES NEGOCIABLES

CAPITULO I - AMBITO DE APLICACION

Art. 26 (Entidades comprendidas). - Las sociedades comerciales, nacionales o extranjeras y las cooperativas, podrán emitir obligaciones negociables conforme a las disposiciones de la presente Ley.

También podrán hacerlo las personas públicas no estatales, previa autorización del Poder Ejecutivo, con informe del Banco Central del Uruguay, y las asociaciones civiles con personería jurídica, mediante resolución de asamblea social, en las condiciones que determine el Banco Central del Uruguay.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar asimismo, con destino a financiar proyectos considerados de interés nacional, a personas o entidades no comprendidas en los incisos que anteceden, a emitir obligaciones negociables conforme a las disposiciones de esta ley y a las normas reglamentarias que a esos fines dicte el Banco Central del Uruguay.

FUENTE: Art. 1º, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina. Art. 72 Ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994.

Art. 27 (Obligaciones negociables y debentures). - Las disposiciones establecidas en la Sub-Sección XIII (De los debentures u obligaciones negociables) de la Sección V, Capítulo II de la Ley Nº 16.060, sólo regirán para la emisión de debentures; todas las referencias a obligaciones negociables allí contenidas, deberán entenderse como referidas exclusivamente a debentures. Dichas disposiciones sólo serán aplicables a las obligaciones negociables, cuando las disposiciones de este Título se remitan a ellas, o autoricen al emisor a que las aplique total o parcialmente.

FUENTE: Sin antecedentes.

CAPITULO II - TIPO DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Art. 28 (Clases de obligaciones). - Podrán emitirse diversas clases de obligaciones negociables con derechos diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos.

La emisión podrá dividirse en series. No podrán emitirse nuevas series de la misma clase, mientras las anteriores no están totalmente suscritas.

FUENTE: Art. 2º Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 29 (Forma de las obligaciones). - Las obligaciones negociables podrán ser representadas en títulos al portador o nominativos, endosables o no. Los cupones podrán ser al portador, y deberán contener la numeración del título al cual pertenecen. También se podrán emitir obligaciones negociables escriturales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de esta ley.

FUENTE: Art. 8º Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 30 (Obligaciones convertibles). - Las sociedades por acciones podrán emitir obligaciones negociables convertibles, a opción del obligacionista, en acciones de la emisora, de acuerdo a las condiciones establecidas en el título valor o en el contrato de emisión, y a las disposiciones legales vigentes.

FUENTE: Art. 5º, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

CAPITULO III - EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Art. 31 (Títulos). - Los Títulos, si los hubiere, o las condiciones de la emisión deben contener, entre otras cosas:

a) la mención que se trata de obligaciones que se rigen por el Título II de la presente ley.

b) el nombre y domicilio del emisor y el lugar de pago si no fuera el mismo que el domicilio.

c) el número de serie y de orden de cada título, y el valor nominal que representa.

d) el monto y moneda de la emisión.

e) la naturaleza de la garantía si la hubiere.

f) sin son convertibles en acciones o no. En el primer caso se establecerán las condiciones y oportunidad en que se efectuará la conversión.

g) las condiciones de amortización.

h) el tipo y época de pago de interés y/o forma de reajuste o actualización del valor del capital.

i) nombre del suscriptor, si son nominativos.

Cuando se trate de obligaciones escriturales, los datos indicados en los puntos b) e i) de este artículo, deberán transcribirse en los comprobantes de apertura y constancias de saldo.

FUENTE: Art. 7º - Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 32 (Certificados globales). - Los emisores podrán emitir certificados globales de sus obligaciones negociables, con los requisitos del artículo anterior, para su inscripción en régimen de depósito colectivo. Estos certificados se considerarán definitivos, negociables y divisibles.

FUENTE: Art. 30, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 33 (Efecto jurídico de la suscripción o adquisición de obligaciones negociables). - La suscripción o la adquisición de obligaciones negociables, importará la aceptación y ratificación de todas las estipulaciones, normas y condiciones de la emisión y del contrato del fiduciario si lo hubiere.

FUENTE: Art. 18, Ley Nº 18.045 - Chile.

CAPITULO IV - OBLIGACIONES NEGOCIABLES CONVERTIBLES EN ACCIONES

Art. 34 (Derecho de preferencia). - Los accionistas que tengan derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones podrán ejercerlos en la suscripción de obligaciones negociables convertibles.

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 326 a 330 de la Ley Nº 16.060.

FUENTE: Art. 11, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 35 (Aumento de capital). - La resolución sobre la emisión de obligaciones negociables convertibles implica simultáneamente la decisión de aumentar el capital social en la cantidad necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión.

FUENTE: Art. 17, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 36 (Cambio de calidad jurídica). - El obligacionista que ejerza la opción de conversión será considerado accionista desde que la sociedad sea notificada de su decisión. Esta deberá entregar las acciones que le correspondan o certificados provisorios de las mismas dentro de los treinta días de verificada la opción.

FUENTE: Art. 20, Inc. 1, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

CAPITULO V - REPRESENTANTES

Art. 37 (Fiduciario). - La emisora podrá, en cualquier momento, celebrar con una institución financiera o con una bolsa de valores u otras entidades especializadas autorizadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay, un convenio por el que ésta tome a su cargo la representación de los obligacionistas durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total. Lo anterior tendrá carácter de obligatorio cuando exista un requerimiento de obligacionistas que representen más del 50% del monto total de las obligaciones emitidas.

El contrato podrá instrumentarse en documentos públicos o privados, debiendo contener como mínimo:

a) las menciones del artículo 31;

b) las facultades y obligaciones del representante;

c) su declaración de haber verificado la exactitud de los datos mencionados en el acto de emisión;

d) su retribución, que estará a cargo de la emisora.

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 456, 457, 463 y 464 de la Ley Nº 16.060.

FUENTE: Art. 13, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina. Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales.

CAPITULO VI - GARANTIAS

Art. 38 (Garantías admitidas). - Pueden emitirse obligaciones negociables con cualquier tipo de garantía real, que afecte bienes determinados de la sociedad o de terceros, o con garantía personal.

FUENTE: Art. 3º, Inc. 1º y 2º, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 39 (Inscripción de garantías). - Para su inscripción en los Registros Públicos correspondientes, la garantía real solamente individualizará las obligaciones negociables a ser garantizadas, sin necesidad de individualizar a los tenedores u obligacionistas.

En los casos de oferta pública, la inscripción en dichos registros deberá ser acreditada ante el Banco Central del Uruguay o ante quien éste determine por vía de delegación de atribuciones, previo a su inscripción en el Registro de Valores.

FUENTE: Art. 3º, Inc. 2º, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina, Art. 106, Ley Nº 16.134 de 24.09.90.

Art. 40 (Transferencia y cancelación de garantías). - Los derechos emergentes de las garantías, sean reales o personales, se transferirán de pleno derecho por la sola transmisión de la obligación negociable o de los cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna.

Las garantías se cancelarán por declaración unilateral de la deudora cuando no concurra un fiduciario, y no requiere de la aceptación por los acreedores; debiendo acreditarse ante el registro correspondiente o ante el depositario en su caso el pago o rescate total de las obligaciones negociables garantizadas previa oblación, la cual se realizará, en el caso de oferta pública, ante el Banco Central del Uruguay o la bolsa de valores en la cual coticen, y en caso de oferta privada, judicialmente.

Solo procederá la cancelación de las garantías reales si además media certificación contable acerca del pago o rescate total de las obligaciones negociables garantizadas, o la conformidad unánime de los obligacionistas.

Si la garantía consistiera en prenda con desplazamiento, la entrega de la cosa prendada se hará al representante de los obligacionistas o un depositario actuando en beneficio de éstos.

FUENTE: Art. 440 in fine de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, Ley Art. 3º, Inc. 2º, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina, Art. 106, Ley Nº 16.134 de 24.09.90, Art. 19, Inc. 2º, Ley Nº 18.045
de Chile.

Art. 41 (Acción ejecutiva). - Los Títulos representativos de las obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, actualizaciones e intereses y para ejecutar las garantías otorgadas.

FUENTE: Art. 29, Inc. 1º, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 42 (Prohibición a la emisora). - La emisora no podrá distribuir utilidades si se encontrare en mora en el pago de intereses o amortización de las obligaciones negociables que hubiera emitido.

FUENTE: Art. 28, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina y Art. 446 y 447 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales.

CAPITULO VII - POTESTADES DE LAS ASAMBLEAS

Art. 43 (Derecho de acrecer). - La asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de acrecer, y reducir a no menos de quince días el plazo para ejercer la preferencia, cuando la sociedad celebre un convenio de colocación en firme de obligaciones negociables convertibles en acciones con un agente intermediario, para su posterior distribución entre el público.

FUENTE: Art. 12, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina.

Art. 44 (Convocatoria a asamblea de obligacionistas). - La asamblea de obligacionistas será convocada por el Organo de administración o, en su defecto, por la sindictura o comisión fiscal de la sociedad, cuando lo juzguen necesario o fuere requerida por el representante de los obligacionistas o por un número de éstos que represente, por lo menos, el veinte por ciento del monto de la emisión.

En este último supuesto, la petición indicará los temas a tratar y la asamblea deberá ser convocada para que se celebre dentro de los treinta días de recibida la solicitud de las obligacionistas.

Si el Organo de administración, sindicatura o comisión fiscal omitiera hacerla, la convocatoria podrá ser efectuada para el fiduciario, o por el Juez competente.

Salvo pacto en contrario, regirá lo dispuesto en los artículos 466 a 472 de la Ley Nº 16.060, siendo a estos efectos absoluta la mayoría a la que hace referencia el artículo 468 de la referida Ley.

FUENTE: Art. 14, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina, Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales.

Art. 45 (Retiro de oferta pública). - Se requerirá el previo consentimiento de la asamblea de obligacionistas en los casos de retiro de la oferta pública o cotización de las obligaciones negociables o de las acciones cuando aquéllas fueren convertibles.

Los disconformes y los ausentes tendrán derecho de reembolso, que se deberá ejercer en la forma y plazos previstos para el receso de los accionistas.

FUENTE: Art. 15, Inc. 1º y 2º, Ley Nº 23.756 con las modificaciones de la Ley Nº 23.962 de Argentina, Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales.

TITULO III - DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 46 (Cajas de valores). - Las entidades cuya actividad es la de prestar servicios de liquidación, compensación, depósito y custodia de valores requerirán para funcionar autorización previa del Banco Central del Uruguay, debiendo registrarse acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos legal y reglamentariamente.

FUENTE: Num. 5 del Protocolo de Colonia, Decisión 8/93 del Consejo de Mercado Común, Ley Nº 20.643 de Argentina, Art. 41, Numeral IX de la Ley de México del 23 de julio de 1993.

Art. 47 (Ley y jurisdicción aplicables). - En la emisión de valores, sean o no objeto de oferta pública en el Uruguay, la entidad emisora podrá establecer libremente en el contrato de emisión la Ley y jurisdicciones aplicables a los mismos, cumpliendo con lo establecido en esta Ley para su registro correspondiente.

FUENTE: Sin antecedentes.

Art. 48 (Inversores Institucionales). - Las personas públicas no estatales y las entidades administradoras de fondos complementarios de seguridad social o similares, podrán invertir en valores objeto de oferta pública, derogándose a tales efectos todas las prohibiciones o limitaciones legales existentes.

También podrán hacerlo los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, previa autorización del Poder Ejecutivo y con sujeción de las respectivas leyes orgánicas y demás normas legales a ellos aplicables.

FUENTE: Sin antecedentes.

Art. 49 (Inversión en valores). - Las empresas comprendidas en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.322, que realicen actividades de intermediación financiera, podrán efectuar inversiones en acciones, obligaciones negociables, y otros valores emitidos por empresas privadas.

El Banco Central del Uruguay podrá reglamentar, limitar y controlar dichas inversiones.

FUENTE: Sin antecedentes.

Art. 50 (Prenda sin desplazamiento). - los valores podrán ser garantizados con cualquier tipo de prenda sin desplazamiento de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico sin ser aplicables las limitaciones que se refieren a la calidad del acreedor.

FUENTE: Sin antecedentes.

Art. 51 (Derogación). - Derógase el artículo 26 y la prohibición contenida en el artículo 18 literal (d) del Decreto-Ley Nº 15.322, asimismo los artículos 121 y 122 del Decreto-Ley Nº 14.701 y las demás normas que se opongan a la presente Ley.

FUENTE: Sin antecedentes.

Art. 52 (Regularización). - Las personas y entidades mencionadas en el Art. 21 de la presente Ley, que estén en funcionamiento a la fecha de promulgación de la misma, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días para adecuarse a esta normativa.

FUENTE: Sin antecedentes.

Hugo Fernández Faingold, Ignacio Posadas Montero. Senadores".

"Carp. Nº 144/95
FONDOS DE INVERSIONES

EXPOSICION DE MOTIVOS

Toda economía que pretenda desarrollarse al máximo de su potencial requiere de fuentes de financiamiento adecuadas. Estas a su vez se basan fundamentalmente en dos aspectos: la captación de recursos y su traslación eficiente a los
sectores y empresas demandantes.

Nuestro país, fruto de políticas mantenidas a lo largo de los años goza de excelentes condiciones en el primer aspecto pero no puede aprovecharlas en todo su potencial por deficiencias en el segundo. Más que una plaza financiera propiamente dicha, tenemos una plaza bancaria. De muy buen nivel en sí misma, pero insuficiente a los efectos apuntados.

Es en ese contexto que la anterior administración se abocó a analizar el tema del Mercado de Capitales, dentro de una tarea más vasta, referida a mejorar el clima de inversión en el Uruguay.

Como fruto de ese trabajo surgieron -entre otras cosas- varios Proyectos de Ley, oportunamente presentados al parlamento entre los cuales el que se adjunta, referido a Fondos de Inversión.

Considerando que los mismos mantienen plena vigencia se retira su presentación a efectos de habilitar su análisis por parte del Senado, adjuntando el Mensaje cuyo contenido se comparte.

Hugo Fernández Faingold, Ignacio Posadas Montero. Senadores.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley referente a fondos de inversión, de acuerdo a los fundamentos que se exponen a continuación.

El desarrollo del mercado de capitales es uno de los objetivos básicos de la política económica actual. Para ello, es necesario no sólo fortalecer la oferta de valores sino también su demanda.

El presente Proyecto tiene como propósito principal el de facilitar la introducción dentro del mercado de capitales uruguayos de un instituto que, es el instrumento idóneo para que pequeños y medianos inversores participen activamente en dicho mercado, creando una fuente de demanda adicional.

A esos efectos se realizó un relevamiento de la legislación chilena, peruana, mexicana, argentina, brasileña y española entre otras, con mercados de capitales emergentes, donde los fondos de inversión se han constituido en uno de los pilares fundamentales para captar una importante franja de inversores que, por su perfil, necesitan especiales condiciones para ingresar a dicho mercado con cierta permanencia. Al mismo tiempo han contribuido a promover la transparencia y profundidad del mercado, potenciando el mismo y permitiendo de esta forma un financiamiento adicional a las empresas que buscan recursos en el mediano y largo plazo.

Los fondos se crean como un instrumento apto para diversificar el riesgo de las inversiones a través de una composición equilibrada de la Cartera, con participación activa de personas idóneas en la elección de los valores que la integran. Su éxito dependerá de la rentabilidad, información, liquidez y seguridad que brinden al público inversor.

Corresponde destacar, además de los aspectos cuantitativos en cuanto al volumen de los fondos que pueden administrar, los trascendentes roles que están llamados a cumplir en el desarrollo y modernización del mercado de valores (profesionalización de servicios, manejo de información, impulso de una actividad bursátil estable, mayor protección de los inversores, etc.), fomentando un mercado transparente y eficaz.

CONCEPTO

Se define el Fondo como un patrimonio de afectación que es integrado por personas físicas o jurídicas para su inversión en valores. Por ende, no constituyen sociedades, carecen de personería jurídica y son administrados, por cuenta y riesgo de los aportantes, por una sociedad especializada. (artículo 1º).

Se distinguen entonces, tres características fundamentales:

1) es un patrimonio de afectación

2) no tiene personería jurídica ni constituye sociedad

3) su propiedad corresponde a los partícipes o cuotapartistas.

Se considera de suma importancia esta caracterización, pues debe quedar claramente delimitado que no se trata de una sociedad, no siendo por tanto de aplicación la normativa relativa a las mismas, y por otra parte, la clara individualización de la propiedad del Fondo evita confusiones frente a acreedores de la sociedad administradora, inclusive en el caso de una eventual quiebra de la misma.

ADMINISTRACION

Una de las características distintivas de los Fondos es precisamente el manejo profesional de su patrimonio, interviniendo en ello personas idóneas a las que el inversor confía sus ahorros. De ahí que es necesario la existencia de una sociedad especializada que tenga a su cargo la administración de la Cartera.

Se estima que tanto las sociedades de bolsa como las entidades financieras son naturalmente las más adecuadas para ejercer estas funciones, tanto por su experiencia, como por ser entidades sometidas a fiscalización permanente de organismos de control de un alto nivel de eficiencia en su cometido. Sin perjuicio de ello, se prevé que también podrán ejercer estas funciones sociedades especialmente constituidas para la administración de fondos de inversión (artículo 5º).

Dada la responsabilidad que se le otorga a la administradora es preciso que cuenten con determinado respaldo patrimonial, independencia de criterio, e idoneidad para cumplir sus funciones.

Se delega en el Banco Central del Uruguay la potestad de fijar la responsabilidad patrimonial neta mínima de las sociedades administradoras (artículo 7º), en forma similar a las potestades asignadas en relación a las entidades de intermediación financiera por el Decreto-Ley Nº 15.322 con las modificaciones que le introdujera la Ley Nº 16.327.

Se establece una serie de prohibiciones para la sociedad administradora y sus autoridades en salvaguarda de la independencia de criterios que deben mantener (artículo 12).

CONSTITUCION DEL FONDO

La constitución es una etapa esencial en la vida del Fondo y como tal está regulada (artículo 17). Comienza con la elaboración por parte de la Sociedad Administradora del Reglamento del Fondo, documento clave que regirá las relaciones entre ésta y los cuotapartistas, y de éstos entre sí.

El reglamento estará vigente durante toda la vida del Fondo, y su aprobación por parte del Banco Central del Uruguay implicará la autorización del Fondo.

El órgano estatal dispone de plazos y formas rigurosas para aprobar las solicitudes de autorización de Fondos, de modo que los plazos no se transformen en una traba al desarrollo del mercado.

CANTIDAD DE CUOTAPARTISTAS Y PATRIMONIO

Por tratarse de un mercado incipiente, no es posible determinar a priori el potencial en nuestro país, medido tanto en número de inversores como en recursos que puedan aplicarse. Por lo expuesto, no se considera conveniente establecer mínimos legales que puedan resultar rígidos y constituir una barrera para su normal desarrollo, delegando esta facultad en la autoridad de control, el Banco Central del Uruguay, que deberá reglamentar la misma de acuerdo a las condiciones y evolución del mercado (artículo 20).

LIMITES DE INVERSION

Siendo una de las razones de la existencia de los Fondos la posibilidad de tener una Cartera diversificada a efectos de minimizar los riesgos, debe consagrarse la obligación de atenerse a límites máximos de inversión que aseguren una adecuada composición de las inversiones y al mismo tiempo evitar una excesiva participación en el patrimonio de las emisoras. En este caso también se considera aplicable el principio de consagrar normas flexibles siendo la autoridad de control quien observando la evolución de los fondos y su participación en el mercado quien deberá fijar dichos topes (artículo 25).

INTEGRACION DEL PATRIMONIO DEL FONDO

Si bien el fundamento del origen de los Fondos de Inversión fue la inversión en valores que se cotizan en los mercados bursátiles este instituto puede servir para canalizar otro tipo de instrumentos. Es así que se prevé que además de acciones, obligaciones y títulos públicos, puede aplicarse en instrumentos emitidos por entidades financieras, divisas, metales preciosos, etc.

Como principio general se considera que todos aquellos instrumentos que se utilicen en el mercado de capitales deben ser susceptibles de integrar el patrimonio de un Fondo, en tal sentido, se otorgan al Banco Central del Uruguay facultades para ampliar la gama de activos y valores previstos (artículo 24).

FONDOS ABIERTOS Y CERRADOS

El Proyecto prevé dos grandes tipos de Fondos de Inversión. Los abiertos que son los que pueden considerarse como tradicionales, donde la emisión de cuotapartes puede incrementarse ilimitadamente y tienen previsto un plazo para rescate en concordancia con la liquidez de los valores que lo integran (artículo 27), y los cerrados donde el reglamento del Fondo estipula un número fijo de cuotapartes (artículo 28).

Los fondos cerrados necesariamente deben cotizar sus cuotas en una Bolsa de Valores para que el inversor tenga la posibilidad de salir en el momento que lo considere conveniente, evitando que la liquidez del papel pueda ser manejada discrecionalmente por la sociedad administradora.

REGULACION, CONTROL Y SANCIONES

Como principio básico, los Fondos de Inversión y sus sociedades administradoras deben atenerse a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay (artículo 30). Asimismo el registro y fiscalización de las sociedades administradoras recae en el Banco Central (artículo 31). Para el cumplimiento de sus cometidos, el órgano estatal está investido de las mismas facultades que se le otorgaran en relación a las instituciones de intermediación financiera (artículo 32). La normativa propuesta también incluye el régimen sancionatorio (artículo 33).

REGIMEN TRIBUTARIO

Se consagra un régimen tributario de neutralidad, no otorgando beneficios adicionales a los tenedores de cuotapartes, ni castigando al instrumento en relación a otras alternativas de inversión (artículo 34).

Hugo Fernández Faingold, Ignacio Posadas Montero. Senadores.

ANTEPROYECTO DE LEY DE FONDOS DE INVERSION

TITULO I - CARACTERISTICAS

CAPITULO I - CARACTERES Y DENOMINACION

Artículo 1º. - (Definición). Fondo de Inversión es el patrimonio de afectación integrado por aportes de personas físicas o jurídicas para su inversión en los valores y otros activos que esta Ley determine.

Los Fondos de Inversión no constituyen sociedades, carecen de personería jurídica y deben ser gestionados por una sociedad administradora de fondos, por cuenta y riesgo de los aportantes.

FUENTE: Art. 1º Ley Nº 24.083 de Argentina, Inc. 1º Art. 1º Decreto-Ley Nº 1.328 y Art. 1° Ley Nº 18.815 Chile, Inc. 1º Art. 25 Ley Nº 31 del 06.05.93 de Ecuador, Ley Nº 46/84 España Art. 1 y Art. 4º Resolución Nº 543/92 de la Comisión de Valores Peruana.

Art. 2º. - (Denominación). Cada Fondo tendrá una denominación seguida de la expresión "Fondo de Inversión", sus abreviaturas o siglas. La denominación podrá determinarse libremente, no pudiendo ser igual o semejante a la de otro preexistente.

Sólo podrán utilizar la expresión "Fondo de Inversión" aquellos que se organicen conforme a las prescripciones de la presente Ley.

FUENTE: Art. 2º Ley Nº 24.083 de Argentina, Art. 2 del D.S. 249 de 1982 (Reglamento de Fondos Mutuos de Chile), Art. 12 Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales y Numeral 1º del Art. 1º Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 3º. - (Propiedad e Indivisión del Patrimonio). Los aportantes al Fondo de Inversión se considerarán copropietarios de los bienes que integran el patrimonio del mismo, los que permanecerán en estado de indivisión durante todo el plazo de su existencia.

La indivisión del patrimonio de un Fondo de Inversión no cesa a requerimiento de uno o varios de los copropietarios indivisos, sus herederos, causa-habientes o acreedores, los cuales no pueden pedir su disolución durante el término establecido para su existencia en el Reglamento del Fondo.

FUENTE: Art. 1º y 15 de la Ley Nº 24.083 de Argentina.

Art. 4º. - (Representación de las participaciones). - Las participaciones en un Fondo de Inversión estarán representadas por cuotapartes nominativas o escriturales. Su registro estará a cargo de la sociedad administradora o de la entidad que esta designe.

FUENTE: Art. 1º y 18 Ley Nº 24.083 de Argentina - Inc. 2º Art. 15 Ley Nº 18.815 y Art. 2º Decreto-Ley Nº 1.328 de Chile, Art. 18 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94 y Art. 17 Resolución Nº 543/92 de la Comisión de Valores Peruanos.

TITULO II - FUNCIONAMIENTO

CAPITULO I - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Artículo 5º. - (Dirección y administración). Previa autorización del Banco Central del Uruguay podrán actuar como sociedades administradoras de Fondos de Inversión:

a) las sociedades anónimas por acciones nominativas o escriturales que tengan por objeto exclusivo la administración de fondos de inversión creados por esta ley;

b) sociedades anónimas corredoras de bolsas debiendo, en este caso, su capital estar representado por acciones nominativas o escriturales.

A los efectos de otorgar la autorización referida el Banco atenderá a razones de legalidad, oportunidad y conveniencia.

Derógase la prohibición contenida en el Art. 18 Lit. D del Decreto-Ley Nº 15.322 del 17 de setiembre de 1982 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327 del 11 de noviembre de 1992 sólo en lo que respecta a la tenencia de acciones de sociedades administradoras de fondos de inversión por parte de empresas de intermediación financiera.

FUENTE: Art. 6 literal d del Art. 18 Dec-Ley 15.322 con la modificación introducida por la Ley Nº 16.327, Art. 3 Inc. 1º Ley Nº 1.328 Chile, Art. 3 Ley Nº 24.083 de Argentina. Art. 3º Resolución Nº 543/92 de la Comisión de Valores Peruana y Art. 5º Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 6º. - (Capital accionario de la sociedad administradora). Las sociedades anónimas a las que refiere el artículo anterior deberán:

a) declarar ante el Banco Central del Uruguay a quien pertenecen sus acciones ordinarias a los efectos que el mismo lleve un registro actualizado de tales declaraciones.

b) solicitar al Banco Central del Uruguay autorización previa para transferir acciones ordinarias precisando en tal solicitud la identidad del nuevo titular y proceder de igual manera cuando emiten acciones ordinarias que no se asignen a los propietarios de las acciones ya emitidas, en proporción a sus respectivas integraciones. Al considerar estas solicitudes, las resoluciones del Banco tendrán por fundamento razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia. El Banco Central del Uruguay podrá declarar nulas las emisiones o transferencias de acciones ordinarias que no cumplan con dicho requisito.

Tanto el registro en el Banco Central del Uruguay como las actuaciones referidas tendrán carácter reservado.

FUENTE: Arts. 45 y 46 del Decreto-Ley Nº 15.322 con las modificaciones de la Ley Nº 16.327.

Art. 7º. - (Responsabilidad patrimonial neta mínima exigida a la sociedad administradora). El Banco Central del Uruguay fijará las responsabilidades patrimoniales netas mínimas que deberán mantener las sociedades administradoras de Fondos de Inversión, la forma de determinarla y demás condiciones de aplicación.

La responsabilidad neta mínima deberá radicarse necesariamente en el país.

FUENTE: Artículos 11 y 12 del Decreto-Ley Nº 15.322 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327.

Art. 8º. - (Representación de los copropietarios). La sociedad administradora ejercerá la representación colectiva de los copropietarios indivisos en lo concerniente a sus intereses y respecto a terceros.

FUENTE: Art. 3 literal a) de la Ley Nº 24.083 de Argentina, Art. 6º Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 9º. - (Contabilización). La sociedad administradora podrá administrar varios Fondos de Inversión, en cuyo caso deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la total independencia de cada Fondo, incluyendo contabilidades separadas.

Asimismo, las operaciones relativas al patrimonio de la sociedad administradora también se contabilizarán separadamente de las de cada Fondo.

FUENTE: Numeral 2.1 del Protocolo de Colonia (Decisión 8/93 del Consejo de Mercado Común), Art. 5 Ley Nº 24.083 de Argentina, Art. 25 inc. 2º Ley Nº 31 del 06.05.93 de Ecuador, Art. 9º Ley Nº 1.328 de Chile, Numeral 1º del Art. 11 y Art. 30 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 10. - (Información). El Banco Central del Uruguay determinará la información contable, económica y financiera que la sociedad administradora deberá preparar en relación a sí misma y a cada Fondo de Inversión que administre, así como su periodicidad y publicidad.

Será de aplicación en lo pertinente el artículo 14 del Decreto-Ley Nº 15.322 del 17 de setiembre de 1982 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327 del 11 de noviembre de 1992.

FUENTE: Numeral 2.2 del Protocolo de Colonia (Decisión 8/93 del Consejo del Mercado Común), Art. 14 del Decreto-Ley Nº 15.322 con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, Art. 31 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 11. - (Responsabilidad). La sociedad administradora, sus administradores, gerentes y el síndico o miembros del órgano de fiscalización serán solidariamente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los cuotapartistas por incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes y del Reglamento del Fondo.

Los concursados e interdictados no podrán ocupar cargos en ninguno de los órganos de la sociedad administradora.

FUENTE: Numeral 2.1 del Protocolo de Colonia (Decisión 8/93 del Consejo del Mercado Común), Art. 23 Inc. 2º Decreto-Ley Nº 15.322 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, Art. 4 Ley Nº 24.083 de Argentina.

Art. 12. - (Prohibiciones). - Las sociedades administradoras, sus directores o gerentes no podrán adquirir o arrendar valores o bienes que integren el patrimonio de los Fondos de Inversión que administren, ni enajenar o arrendar los suyos a éstos.

Los directores, gerentes o síndicos no podrán ocupar cargos de similar jerarquía en aquellas entidades cuyos valores o bienes fueren adquiridos por los Fondos de Inversión.

Asimismo, la sociedad administradora no podrá adquirir cuotas del o de los Fondo de Inversión que administre o que sean administrados por otras sociedades administradoras de Fondos de Inversión vinculadas directa o indirectamente a ella.

FUENTE: Art. 14 Ley Nº 18.815 de Chile.

Art. 13. - (Sindicatura). Las sociedades administradoras de Fondos de Inversión deberán preceptivamente contar con síndico u órgano de fiscalización. Los mismos están obligados:

a) Suscribir la cuenta de resultados y los estados patrimoniales del Fondo en las épocas previstas en el Reglamento del Fondo.

b) Vigilar permanentemente el estado de la Cartera.

c) Denunciar al Banco Central del Uruguay las irregularidades en que hubiese incurrido la sociedad administradora.

Todo ello sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que les asigna la Ley Nº 16.060 del 4 de setiembre de 1989.

FUENTE: Art. 10 Ley Nº 24.083 de Argentina.

Art. 14. - (Medios de publicidad). La publicidad respecto de cada fondo y la que indique la reglamentación y el Banco Central del Uruguay deberá realizarse, a opción de la sociedad administradora, en un órgano informativo de una bolsa de valore, o en un diario de amplia difusión donde el Fondo de Inversión tenga su sede.

FUENTE: Art. 28 Ley Argentina e Inc. 2º Art. 15 de la Ley Nº 1.328 de Chile.

Art. 15. - (Calidad de la publicidad). La publicidad deberá ajustarse a normas de seriedad, no pudiendo contener afirmaciones o promesas engañosas, y en ningún caso podrá asegurar ni garantizar los resultados de la inversión.

FUENTE: Art. 29 Ley Nº 24.083 de Argentina.

Art. 16. - (Hechos relevantes). La sociedad administradora del Fondo está obligada a divulgar, en forma suficiente y oportuna, todo hecho o acto relevante que pudiera influir significativamente en la cotización de las cuotapartes, o en la decisión de los inversores de adquirir o negociar dichos valores.

FUENTE: Art. 33 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

CAPITULO II

Constitución del Fondo

Artículo 17. - (Reglamento y aprobación). La autorización de cada Fondo de Inversión, así como toda modificación del mismo, será solicitada por la sociedad administradora ante el Banco Central del Uruguay, presentando el reglamento del Fondo, que regirá las relaciones entre la sociedad administradora con los copropietarios indivisos y de éstos entre sí. Una vez aprobado el reglamento se entenderá automáticamente autorizado el Fondo.

FUENTE: Numeral 2.1 del Protocolo de Colonia (Decisión 8/93 del Consejo del Mercado Común), Art. 11 Ley Nº
24.083 de Argentina, Art. 8º Ley Nº 1.328 de Chile.

Art. 18. - (Contenido del reglamento). El Reglamento del Fondo deberá contener como mínimo:

a) Plazo de duración del Fondo, el cual podrá ser ilimitado;

b) La especificación de si es abierto o cerrado;

c) Planes de inversiones;

d) Procedimientos de emisión y devolución;

e) Normas para la dirección, administración y representación del Fondo;

f) Criterios para la determinación de los resultados y su eventual distribución;

g) Requisitos para la modificación del Reglamento;

h) Normas para la disolución y liquidación del Fondo;

i) Límites de los gastos de administración y de las comisiones que percibirá la sociedad administradora;

FUENTE: Art. 17 literal e) de la Ley Nº 46/84 de España y Art. 13 de la Ley Nº 24.083 de Argentina, Arts. 3º y 7º Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94, Art. 9 de la Resolución Nº 543/92 de la Comisión de Valores de Perú.

Art. 19. - (Adhesión al reglamento). La suscripción de cuotapartes emitidas por la sociedad administradora del Fondo implica, de pleno derecho, la adhesión al Reglamento del Fondo, del cual debe entregarse copia integra al suscriptor con constancia de su recepción.

FUENTE: Numeral 2.1 del Protocolo de Colonia (Decisión 8/93 del Consejo del Mercado Común), Art. 12 Ley Nº 24.083 de Argentina, Art. 32 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 20. - (Otros requisitos). El Banco Central del Uruguay fijará el patrimonio mínimo de cada Fondo, número mínimo de cuotapartistas y porcentaje máximo de su participación en el Fondo, y plazos para el cumplimiento de dichos requisitos.

FUENTE: Art. 14 de la Resolución Nº 543/92 de la Comisión de Valores de Perú, Inciso 4º artículo 25 Ley de Ecuador, Art. 11 Ley Nº 1.328 de Chile, Art. 18 de la Ley Nº 18.815 de Chile, Numeral 5º del Art. 1 y 62 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

CAPITULO III

Operativa

Artículo 21. - (Características de los documentos). Sin perjuicio de lo estatuido en el Decreto-Ley Nº 14.701 del 12 de setiembre de 1977, el Banco Central del Uruguay podrá establecer los caracteres materiales y las enunciaciones mínimas que deberán contener los documentos que utilicen las sociedades administradoras de Fondos de Inversión.

FUENTE: Artículo 13 Decreto-Ley Nº 15.322 de Intermediación Financiera con la redacción de la Ley Nº 16.327.

Art. 22. - (Valuación). A los efectos de la suscripción y rescate de las cuotapartes de los Fondos de Inversión, éstas se valuarán de la forma y plazos que determine el Banco Central del Uruguay.

FUENTE: Art. 15 Ley Nº 1.328 de Chile.

Art. 23. - (Devolución). Los cuotapartistas no tendrán, en ningún caso, derecho a exigir la devolución en la misma especie que efectuó el aporte, sea que aquella se verifique durante la actividad del fondo o al tiempo de su liquidación.

FUENTE: Art. 24 Ley Nº 24.083 Argentina.

CAPITULO IV

Inversiones

Artículo 24. - (Integración de las Carteras). Los activos de los Fondos de Inversión podrán estar compuestos por:

a) Valores inscriptos en el Registro de Valores del Banco Central del Uruguay;

b) Valores públicos nacionales o extranjeros;

c) Depósitos a la vista o a plazo fijo en empresas de intermediación financiera;

d) Valores emitidos y cotizados en mercados oficiales de terceros países, y que hayan sido autorizados por el órgano competente de dicho país;

e) Otros activos y valores que autorice el Banco Central del Uruguay.

Los valores caratulares y el dinero en efectivo no invertido, perteneciente al fondo, deberán depositarse en aquellas empresas que indique el Banco Central del Uruguay.

FUENTE: Numeral 2.1 del Protocolo de Colonia (Decisión 8/93 del Consejo del Mercado Común), Art. 30 Ley Nº 31 del 06.05.93 de Ecuador, Art. 5 Ley Nº 18.815 de Chile y Art. 17 Ley Nº 24.083 Argentina, Numeral VI del Art. 11 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 25. - (Política de Inversiones). Las inversiones que realicen las sociedades administradoras de Fondos de Inversión se sujetarán a las normas de carácter general o instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay, las que podrán considerar:

a) El máximo porcentaje del fondo que podrá invertirse en valores de un mismo emisor y/o grupo económico.

b) El máximo porcentaje de valores de un mismo emisor y/o grupo económico que podrá ser adquirido por un Fondo de Inversión.

c) El porcentaje mínimo del haber del Fondo que deberá invertirse en valores de renta fija y variable.

d) El máximo porcentaje de depósitos en instituciones de intermediación financieras del exterior o valores extranjeros.

No se podrá invertir en valores mobiliarios emitidos por la sociedad administradora, por sus sociedades controlantes o controladas, o en cuotapartes de otros Fondos de Inversión administrados por la misma sociedad administradora o sus vinculadas directa o indirectamente.

FUENTE: Numeral 2.1 del Protocolo de Colonia (Decisión 8/93 del Consejo del Mercado Común), Arts. 1 y 2 del Decreto-Ley Nº 15.322 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, Art. 18 Ley de México (actualizada con las reformas y adiciones del Decreto de 21.12.92), Lit. C. del Art. 7 Ley Nº 24.083 Argentina.

TITULO III
TIPOS DE FONDOS DE INVERSION

CAPITULO UNICO

Art. 26. - (Fondos Abiertos). Se considerarán Fondos de Inversión abiertos aquellos en los que la emisión de cuotapartes podrá incrementarse en forma contínua, conforme a su suscripción, o disminuir en razón de los rescates producidos.

Los cuotapartistas de estos Fondos tendrá el derecho a exigir el rescate, en cualquier tiempo, que deberá verificarse obligatoriamente por los órganos del Fondo de Inversión dentro de tres (3) días hábiles de formulado el requerimiento. El Reglamento del Fondo podrá establecer plazos más prolongados, si la composición de la cartera del Fondo así lo justificara.

La obligación de efectuar el rescate sólo podrá quedar en suspenso, en el caso de que el mismo fuere nocivo por cualquier motivo para las inversiones realizadas y así se estableciere en el Reglamento del Fondo.

FUENTE: Art. 21 a 23 Ley 24.083 Argentina, Num. 2 Art. 1 y Art. 25 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 27. - (Fondos cerrados). Se considerará Fondo de Inversión cerrado aquel que se constituya con una cantidad máxima de cuotapartes, las que una vez colocadas no podrán ser rescatadas hasta la disolución del mismo o la finalización del plan de inversiones determinado en el Reglamento del Fondo. Las cuotapartes de Fondos de Inversión cerrados deberán negociarse en mercados de valores supervisados por el Banco Central del Uruguay.

FUENTE: Art. 21 Ley 24.083 Argentina, Num. 2 del Art. 1 y Num. 3 inciso 2 Art. 22 y Art. 28 Instrucción 215 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil del 08.06.94.

Art. 28. - (Prórroga del plazo de duración del Fondo) Si el Fondo de Inversión se constituyera con tiempo determinado de duración, el Reglamento del Fondo podrá prever que, al menos ciento ochenta (180) días antes de la expiración del plazo por el que se constituyó el Fondo, una asamblea de cuotapartistas resuelva su prórroga.

Los cuotapartistas disconformes con lo resuelto por la asamblea podrán solicitar el rescate de sus cuotapartes, a los que se le reintegrará el valor de su participación en los términos previstos en el Reglamento.

A la asamblea de cuotapartistas se le aplicarán respecto de quórum y mayorías las disposiciones de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales relativas a la asamblea extraordinaria.

FUENTE: Literal H, del Art. 78 de la Ley Nº 24.441 de 09.01.95 de Argentina.

TITULO IV
Regulación, control y sanciones

CAPITULO I
Regulación y control

Art. 29. - (Regulación) El Banco Central del Uruguay dictará las normas generales e instrucciones particulares a las que deberán sujetarse los Fondos de Inversión y sus respectivas sociedades administradoras.

FUENTE: Inc. 1º del Art. 33 Ley Nº 31 del 06.05.93 de Ecuador y Art. 1º Decreto Ley Nº 15.322 con las modificaciones de la Ley Nº 16.327.

Art. 30. - (Organo de fiscalización). El Banco Central del Uruguay tendrá a su cargo el registro y fiscalización de las sociedades administradoras de Fondos de Inversión, conforme a las prescripciones de la presente Ley y su reglamentación.

Sin perjuicio de la fiscalización específica atribuida por esta ley al Banco Central del Uruguay, la sociedad administradora estará sometida, en los demás aspectos, a los organismos competentes del país.

FUENTE: Art. 32 y 34 Ley Nº 24.083 Argentina.

Art. 31. - (Potestades). Para cumplir con todos los cometidos asignados por esta Ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las facultades que le confiriera el Decreto-Ley Nº 15.322 del 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327 del 11 de noviembre de 1992.

FUENTE: Art. 3 inc. 2º Ley Nº 1.328 Chile y Decreto Ley Nº 15.322 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327.

CAPITULO II
Sanciones

Art. 32. - (Sanciones y medidas). En caso que se detecten irregularidades o transgresiones a la normativa de parte de las sociedades administradoras de Fondos de Inversión el Banco Central del Uruguay podrá imponer las sanciones previstas en los Arts. 20 a 24 del Decreto-Ley Nº 15.322 del 17 de setiembre de 1982 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327 del 11 de noviembre de 1992.

FUENTE: Art. 20 Decreto-Ley Nº 15.322 con la redacción dada por la Ley Nº 16.327 - Art. 5 Ley Nº 16.426 de Superintendencia de Seguros.

TITULO V
Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO

Art. 34. - (Secreto profesional). Será de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en los Arts. 15 y 25 del Decreto Ley Nº 15.322 del 17 de setiembre de 1982 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327 del 11 de noviembre de 1992.

FUENTE: Arts. 15 y 25 del Decreto Ley Nº 15.322 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327.

Art. 35. - (Prohibición) Prohíbese la constitución de sociedades administradoras de fondos o de carteras de inversión distintas a las regidas por la presente Ley.

FUENTE: Inc. 2º Art. 1º Ley Nº 1.328 de Chile.

Art. 36. - (Disposición transitoria). Las sociedades comprendidas por las disposiciones de la presente Ley, que se encuentren en funcionamiento a la fecha de promulgación de la misma, dispondrán de un plazo de ciento ochenta (180) días para adecuarse a esta normativa.

FUENTE: Sin antecedente.

Ignacio Posadas Montero, Hugo Fernández Faingold. Senadores".

11) MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO VARIAS VENIAS DE DESTITUCION

SEÑORA DALMAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS. - Deseamos solicitar la postergación para el día de mañana del sexto punto del orden del día, que contiene las Carpetas Nos. 77/95, 78/95 y 79/95. Asimismo, pedimos que las respectivas Carpetas sean enviadas a la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la postergación del sexto punto del orden del día para la próxima sesión.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO CON MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO VARIAS VENIAS PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en quinto término del orden del día.

(Así se hace. Es la hora 16 y 42 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 15 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dn. Mario Farachio). - El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a cinco funcionarios del Ministerio de Salud Pública, dos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y uno del Ministerio de Educación y Cultura.

13) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 17 y 16 minutos, presidiendo el Doctor Batalla y estando presentes los señores Senadores Andújar, Arismendi, Astori, Batlle, Brezzo, Cid, Couriel, Chiesa, Dalmás, Fernández Faingold, Gandini, Garat, Gargano, Grenno, Hierro López, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Millor, Pereyra, Posadas Montero, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.)

DR. HUGO BATALLA Presidente

Don. Mario Farachio Secretario - Don. Guillermo Facello Prosecretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora Gral. del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.