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Nº 353 - TOMO 363 - 5 DE OCTUBRE DE 1994

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

48ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

el PROFESOR CARLOS J. PEREYRA Primer Vicepresidente

y el DOCTOR JUAN CARLOS BLANCO Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Dificultades e irregularidades en la transformación de PLUNA. Exposición

-Exposición del señor senador Bouzas.
-Se resuelve, por moción del señor senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Directorio de PLUNA y a la Organización de Funcionarios de PLUNA.

5 y 8) Taquígrafos de la Cámara de Senadores. Equiparación. Proyecto de resolución

-Lo presenta el señor senador Gargano.
-A la Comisión de Presupuesto.
-Manifestaciones del señor senador Gargano y del señor presidente.

6 y 9) Alteración del orden del día

- Se resuelve, por moción del señor senador Zumarán, votar en bloque varios proyectos de ley que figuran en el orden del día.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se consideran y aprueban en bloque los asuntos que figuran en el orden del día, con los numerales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26.
- Se votan en bloque.

7 y 26) Personal retirado militar. Regularización. Proyecto de ley

- Se resuelve, por moción del señor senador Cassina, repartirlo.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Manifestaciones del señor presidente y del señor senador Zumarán.

10) Entidades de intermediación financiera. Emisión de accidentes al portador. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) "Juan Bautista Crosa de Pinerolo". Se designa con este nombre la Escuela Nº 258 del departamento de Montevideo

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Ex cónyuges. Derecho a pensión. Modificación del artículo 43 del Acto Institucional Nº 9. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Convenio General de Cooperación con el gobierno de Rumania. Aprobación. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones con el gobierno de Polonia. Aprobación. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Ciudad de Fray Bentos. Declaratoria de Interés Nacional para el Desarrollo Turístico. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Balneario Lago Merín. Declaratoria de Interés Nacional para el Desarrollo del Turismo. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina. Enmiendas. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica con la República de Colombia. Aprobación. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Administración de Ferrocarriles del Estado. Padrón Nº 1669. Se transfiere al gobierno departamental de Colonia. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Unidades del Ejército Nacional. Nominaciones. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) "Doctor Héctor Lorenzo Ríos". Se designa con este nombre la Escuela Nº 274 del departamento de Montevideo. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) "Cristóbal Colón". Se designa con este nombre la Escuela Nº 23 del departamento de Artigas. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) "Melchora Cuenca". Se designa con este nombre la Escuela Rural Nº 25 del departamento de Salto. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) "Rincón del Pino". Se eleva a la categoría de pueblo a un centro poblado del departamento de San José. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

25) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir un ascenso al grado de coronel médico e informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a varios funcionarios públicos

(En sesión secreta).
- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para conferir un ascenso al grado de coronel médico y para destituir a dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública, dos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otro del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

27) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 1993. Proyecto de ley

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
(Cuarto intermedio)
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28, 30, 32 y 34) Deudas de los sectores agropecuario y agroindustrial. Reestructuración. Proyecto de ley

- En discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve, por moción del señor senador Ricaldoni, incluirlo en el orden del día de la primera sesión ordinaria que realice el Cuerpo.

29) Solicitudes de licencia

- La formula el señor senador Batalla por el término de dos días.
- Concedida.
- La formula el señor senador Gargano por el término de cuatro días.
- Concedida.
- La formula el señor senador Korzeniak por el término de cuatro días
- Concedida.

31 y 33) Corte Electoral. Acto eleccionario del 27 de noviembre. Gastos e inversiones. Proyecto de ley

- Se resuelve, por moción del señor senador Ramírez, repartirlo.
- Se resuelve, por moción del mismo señor senador, declararlo urgente y considerarlo de inmediato.
- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

35) Se levanta la sesión

- Se resuelve, por moción del señor senador Ricaldoni, levantar la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 4 de octubre de 1994.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 5, a la hora 17, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Exposición de veinte minutos del señor senador Carlos Bouzas sobre el tema "Las dificultades e irregularidades en la transformación de PLUNA".

(Carp. Nº 1643/94)

2º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 1993.

(Carp. Nº 1603/94 - Rep. Nº 953/94)

3º) Discusión particular del proyecto de ley de reestructuración de deudas del Sector Agropecuario y Agroindustrial.

(Carp. Nº 1249/93 - Rep. Nº 927/94 y Anexo I)

4º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para la organización y la actividad de los partidos políticos.

(Carp. Nº 1292/93 - Rep. Nº 915/94)

5º) Continúa la consideración de los Informes de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado.

(Carp. Nº 1459/94 - Rep. Nº 892/94)

6º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil.

(Carp. Nº 1545/94 - Rep. Nº 902/94 y Anexo I)

7º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen normas sobre dopaje deportivo.

(Carp. Nº 911/92 - Rep. Nº 772/94 y Anexos I y II)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

8º) por el que se establecen normas para adjudicar la explotación de juegos de azar.

(Carp. Nº 1465/94 - Rep. Nº 871/94)

9º) por el que se sustituyen disposiciones que regulan el Impuesto a los vehículos gasoleros.

(Carp. Nº 1319/93 - Rep. Nº 806/94)

10) por el que se regula la emisión de acciones al portador por parte de entidades de intermediación financiera.

(Carp. Nº 1544/94 - Rep. Nº 918/94)

11) por el que se designa con el nombre "Juan Bautista Crosa de Pinerolo" la Escuela Nº 258, de 1er. Grado, del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 1520/94 - Rep. Nº 919/94)

12) por el que se modifica el artículo 43 del Acto Institucional Nº 9 en la redacción dada por el artículo 6º del Acto Institucional Nº 13 relativo al derecho a pensión de la ex cónyuge.

(Carp. Nº 1618/94 - Rep. Nº 920/94)

13) por el que se aprueba el Convenio General de Cooperación entre el gobierno de la República y el gobierno de la República de Rumania.

(Carp. Nº 1550/94 - Rep. Nº 924/94)

14) por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el gobierno de la República y el gobierno de Polonia.

(Carp. Nº 1374/93 - Rep. Nº 923/94)

15) por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico la ciudad de Fray Bentos, zonas circundantes y el balneario Las Cañas.

(Carp. Nº 1583/94 - Rep. Nº 925/94)

16) por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico al balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo.

(Carp. Nº 1388/93 - Rep. Nº 926/94)

17) por el que se establecen medidas para desestimular el consumo de tabaco y de protección a los no fumadores.

(Carp. Nº 828/92 - Rep. Nº 933/94)

18) por el que se aprueban las enmiendas al Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina.

(Carp. Nº 1372/93 - Rep. Nº 935/94)

19) por el que se aprueba el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República y la República de Colombia.

(Carp. Nº 1411/89 - Rep. Nº 934/94)

20) por el que se transfiere de la Administración de Ferrocarriles del Estado al gobierno departamental de Colonia, el Padrón Nº 1669, ubicado en la 5ta. Sección Judicial del departamento.

(Carp. Nº 1617/94 - Rep. Nº 931/94)

21) por el que se nominan varias Unidades del Ejército Nacional.

(Carp. Nº 1622/94 - Rep. Nº 936/94

22) por el que se designa con el nombre "Doctor Héctor Lorenzo Ríos" la Escuela Nº 274 del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 1113/93 - Rep. Nº 937/94)

23) por el que se designa con el nombre "Cristóbal Colón" la Escuela Nº 23 del departamento de Artigas.

(Carp. Nº 1522/94 - Rep. Nº 938/94)

24) por el que se designa con el nombre "Melchora Cuenca" la Escuela Rural Nº 25 de Cerro de Vera, departamento de Salto.

(Carp. Nº 1452/94 - Rep. Nº 939/94)

25) Discusión única de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

(Carp. Nº 915/92 - Rep. Nº 940/94 y Anexo I)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

26) por el que se eleva a la categoría de pueblo con la denominación "Rincón del Pino" al actual centro poblado de la 6ta. Sección Judicial y Policial del departamento de San José.

(Carp. Nº 1132/93 - Rep. Nº 942/94)

27) por el que se aprueba el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología.

(Carp. Nº 1549/94 - Rep. Nº 944/94)

28) Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para:

designar al general en situación de retiro Dardo E. Grossi como integrante del Supremo Tribunal Militar.

(Carp. Nº 1443/94 - Rep. Nº 817/94)

conferir el ascenso al grado de coronel médico, con fecha 1º de febrero de 1994, a la señora teniente coronel médico Erme E. Márquez.

(Carp. Nº 1578/94 - Rep. Nº 898/94)

29) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venias para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence 10 de octubre de 1994) (Carp. Nº 1541/94 - Rep. Nº 910/94).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence 10 de octubre de 1994) (Carp. Nº 1542/94 - Rep. Nº 909/94).

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (plazo constitucional vence 6 de octubre de 1994) (Carp. Nº 1533/94 - Rep. Nº 916/94).

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (plazo constitucional vence 6 de octubre de 1994) (Carp. Nº 1534/94 - Rep. Nº 917/94).

un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (plazo constitucional vence 11 de octubre de 1994) (Carp. Nº 1543/94 - Rep. Nº 922/94).

un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (plazo constitucional vence 18 de octubre de 1994) (Carp. Nº 1040/94 - Rep. Nº 930/94).

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (plazo constitucional vence 24 de octubre de 1994) (Carp. Nº 1427/94 - Rep. Nº 943/94).

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (plazo constitucional vence 25 de diciembre de 1994) (Carp. Nº 1638/94 - Rep. Nº 952/94).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence 1º de diciembre de 1994) (Carp. Nº 1616/94 - Rep. Nº 951/94).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública (plazo constitucional vence 1º de diciembre de 1994) (Carp. Nº 1615/94 - Rep. Nº950/94).

un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (plazo constitucional vence 27 de noviembre de 1994) (Carp. Nº 1611/94 - Rep. Nº 949/94).

un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (plazo constitucional vence 16 de noviembre de 1994) (Carp. Nº 1602/94 - Rep. Nº 948/94).

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (plazo constitucional vence 13 de noviembre de 1994) (Carp. Nº 1588/94 - Rep. Nº 947/94).

un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (plazo constitucional vence 29 de noviembre de 1994) (Carp. Nº 1473/94 - Rep. Nº 946/94).

un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (plazo constitucional vence 7 de diciembre de 1994) (Carp. Nº 991/92 - Rep. Nº 945/94).

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Astori, Batalla, Blanco, Bouza, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gargano, González Modernell, Grenno, Hackenbruch, Irurtia, Jude, Korzeniak, Librán Bonino, Millor, Moreira Graña, Pérez, Pozzolo, Raffo, Ramírez, Ricaldoni, Rubio y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Belvisi, Santoro, Silveira Zavala y Urioste; y, con aviso, los señores senadores Heber y Olascoaga.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 04 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 5 de octubre de 1994.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite la información solicitada por el señor senador Leopoldo Bruera relacionada con la reglamentación de la Ley de Impacto Ambiental.

-A disposición del mencionado señor senador.

Los señores senadores Cassina, Blanco, Bouzas y Zumarán presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece que el haber básico de retiro del personal militar que pase a dicha situación en forma obligatoria no podrá ser inferior a la pasividad militar.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Mesa da cuenta que se ha procedido a ajustar en un 13,12% los sueldos básicos de los funcionarios del Senado, a partir del 1º de octubre de 1994.

-Téngase presente."

4) DIFICULTADES E IRREGULARIDADES EN LA TRANSFORMACION DE PLUNA. Exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día para ocuparse del asunto que figura en primer término: "Exposición de veinte minutos del señor senador Carlos Bouzas sobre el tema: 'Las dificultades e irregularidades en la transformación de PLUNA'. (Carp. Nº 1643/94)".

Tiene la palabra el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: como es notorio, hemos seguido con interés y preocupación el proceso de PLUNA Ente Autónomo, en el entendido de que integra una parte del patrimonio del Estado, constituyendo nuestra empresa bandera con lo que, de por sí -y al margen de cualquier patrimonio físico o comercial- le otorga un valor trascendente para cualquier empresa de aeronavegación que pretenda disponer de líneas comerciales regulares atractivas, que hoy día están vedadas para las empresas privadas.

PLUNA ha realizado una gestión excelente desde el punto de vista de la seguridad a lo largo de su historia, mantiene corredores en el área del Cono Sur en forma satisfactoria, viene explotando desde hace 13 años una línea intercontinental a Madrid y dispone de autorización para operar en la línea Montevideo - Miami - Nueva York, aunque esta línea está suspendida por resolución de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos por razones no imputables a PLUNA, de responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica y la Dirección Nacional de Aviación Civil, según haya lo he expuesto en Sala el 13 de setiembre último.

La falta de aeronaves útiles para vuelos intercontinentales, la pesada deuda proveniente de la compra de su flota y una gestión defectuosa, han provocado un resultado económico deficitario que constituye el otro platillo de la balanza.

Atendiendo a esta situación, y en uso de las facultades que le otorga la ley Nº 16.211, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 722/91, por el que autorizó a PLUNA para asociarse con capitales privados y constituir una empresa mixta, a fin de prestar los servicios de transporte aéreo público de pasajeros, correo y carga y los servicios terrestres y turísticos afines.

Vale recordar en este momento que una parte sustancial de los servicios terrestres le fueron quitados a PLUNA al concederse la exclusividad de los servicios en tierra del Aeropuerto de Carrasco -que PLUNA explotaba- a una empresa privada, a principios del presente año.

En el llamado a Sala que a raíz de ello hiciéramos al señor ministro de Defensa Nacional, quedó claramente demostrado que esta sola medida gubernamental le ha significado a PLUNA una pérdida de recursos del orden de los U$S 7:000.000 anuales, además de quitar un atractivo a los posibles oferentes para asociarse con PLUNA, dado que se perdía una fuente de recursos importante.

El Directorio de PLUNA realizó dos llamados a licitación en procura de la consecución de asociados. Ambos tuvieron un denominador común: se realizaron con prisa, apostando a ellos como única salida de futuro, y desechando las sugerencias que formulamos desde la Comisión de Transporte y Obras Públicas, en el sentido de instrumentar un plan de corto y mediano plazo, que mejorara la imagen del Ente mientras se instrumentaba sin angustias la elección del socio privado.

En ambas licitaciones se presentaron únicos interesados.

La primera fue desechada por el Directorio por considerarse -opinión que comparto- que el interesado no daba garantías para el futuro de PLUNA.

En la segunda licitación, pese a que desde su inicio surgieron inconvenientes similares a los de la primera, la actitud del Directorio ha sido más condescendiente y permisiva en materia de plazos y condiciones, a saber: 1) una vez vencido el plazo estipulado en el llamado a licitación, para que el adjudicatario constituyera la garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones del contrato y futuras inversiones, que asciende a la suma de U$S 4:500.000, se le otorgó una prórroga de diez días -aunque el señor presidente del Directorio llamó intimación- para la concreción de ese extremo.

2) Al cabo del nuevo plazo, el adjudicatario presentó una copia de carta dirigida al Banco de Seguros del Estado solicitando un seguro de caución, por la referida suma de U$S 4:500.000, que es una de las formas de garantía admitidas en el pliego de la licitación.

Aclaro, señor presidente, que no se presentó al Directorio de PLUNA una póliza de seguro de caución otorgada por el Banco de Seguros del Estado sino, simplemente, una copia de la carta de los adjudicatarios al Banco de Seguros del Estado solicitando la póliza.

3) A mediados del mes de setiembre último se nos informó que el Banco de Seguros había otorgado el seguro solicitado. Sin embargo, señor presidente, estoy en condiciones de afirmar que el seguro de caución otorgado por el Banco de Seguros del Estado se compone de dos pólizas de las siguientes características: una por U$S 1:500.000 con vencimiento 8 de marzo de 1995, en garantía del cumplimiento del plan operacional mínimo que no incluye la línea a Madrid; otra por U$S 1:000.000 y duración de cuatro años en garantía del plan de desarrollo futuro. O sea, señor presidente, que no hay garantías por U$S 4:500.000 y el plazo de las mismas no cubre los diez años que se perdían, ambas cosas exigidas en el llamado a licitación.

4) Obra en poder del Directorio de PLUNA una carta de uno de los integrantes del consorcio adjudicatario anunciando su desvinculación del mismo, con lo que se modifica sustancialmente la solvencia y características de la oferta presentada en el llamado a licitación.

Vuelvo a aclarar, señor presidente, que no se trata de la venta de las acciones de uno de los socios privados que está prevista en el artículo 19 del Decreto 722/91 y que requiere autorización del Poder Ejecutivo, sino del abandono público de uno de los socios integrantes de la empresa adjudicataria, antes de que comience el funcionamiento de la nueva empresa mixta y se constituya la sociedad anónima.

5) Se nos informa que de las actuales deudas de PLUNA hay algunas que ya no pueden ser transferidas a la empresa mixta. Ellas son: a) las deudas por la compra de las aeronaves Boeing 737 que han sido transferidas al Estado, aunque éste ha venido imputando los intereses de ella al balance de PLUNA, constituyendo estas partidas la parte sustancial del déficit acumulado del Ente. Dicha deuda asciende a U$S 38:000.000. b) La deuda con el Banco de Previsión Social, que según la subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señora Casilda Echevarría, es la más grande de PLUNA que, de acuerdo con sus manifestaciones en la Comisión de Transporte y Obras Públicas el 21 de setiembre de 1994, no será asumida por la empresa mixta. Según ella misma expresó: "Para hacer la transferencia de las aeronaves se necesita estar al día con el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, PLUNA, Ente Autónomo, no puede tener deudas con este organismo a efectos de poder transferir las aeronaves sin gravámenes, como está establecido en el pliego".

La señora Echevarría prometió en esa oportunidad enviarnos un detalle de las deudas de PLUNA. Todavía no lo ha hecho, pese a reiterados requerimientos de mi parte. Las cifras que anticipo aquí surgen de las informaciones a que he debido acudir a falta de voluntad oficial para suministrarlas.

Concretando, señor presidente, los compradores de PLUNA pagarán U$S 2:000.000 por el 51% del capital de la nueva sociedad anónima. Esos fondos se destinarán, según el artículo 29 de la ley Nº 16.211, en primer lugar, a la capitalización del Banco de Previsión Social; pero al mismo tiempo esté último dejará de percibir U$S 20:000.000 que le debe PLUNA.

Si agregamos a eso nada más que los U$S 38:000.000 de la deuda de las aeronaves 737 que también pasaron al Estado, podemos apreciar las graves responsabilidades que asumen el Directorio de PLUNA y el ministro de Transporte y Obras Públicas, si se continúa con un proceso tan poco transparente como el que está por culminarse, tan nefasto desde el punto de vista económico.

Por último quiero referirme al personal de PLUNA.

De acuerdo con el Decreto Nº 722/91, los funcionarios, al procederse a la formación de la empresa mixta, tendrán tres opciones: 1) Ingresar en la plantilla de la nueva sociedad anónima, previa selección de la empresa y sujetos a prueba por noventa días, sometiéndose a las normas de la actividad privada. Además, un número pequeño de funcionarios continuará desempeñándose en PLUNA Ente Autónomo. 2) Acogerse a los beneficios de incentivo económico renunciando al cargo. 3) Ser redistribuidos en la Administración Pública a través de la Oficina del Servicio Civil.

Para este sector mayoritario se han venido discutiendo soluciones en forma tripartida entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Organización de Funcionarios de PLUNA. En el curso de ellas, donde también ha participado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se han logrado algunos acuerdos que eliminaron postergaciones tradicionales en PLUNA. Cito especialmente el que se firmó el 26 de mayo de 1994.

Deseo expresar, sin embargo, que a la luz de otras situaciones similares en lo que tiene que ver con redistribución de personal e incentivos por reestructura de otros servicios públicos, que no han logrado soluciones satisfactorias desde el punto de vista social -me refiero especialmente a los casos de Administración de los Ferrocarriles del Estado y a la Administración Nacional de los Servicios de Estiba- vale la pena atender algunos asuntos sustanciales de un colectivo humano, trabajador, que se verá afectado en sus derechos por una resolución política.

A este respecto deseo plantear, para que se tengan en cuenta, los siguientes asuntos: 1) Antes de proceder a la redistribución, se deben incorporar al sueldo las partidas por mayor horario y viático de alimentación. Debo aclarar que estas medidas ya han sido adoptadas en forma selectiva -es decir, para algunos funcionarios- por el Directorio de PLUNA, con fecha 16 de junio de 1994. 2) La redistribución se debe realizar en los otros Entes Autónomos del Estado a los efectos de una mejor inserción escalafonaria. 3) Se debe estudiar un sistema de incentivos que contemple antigüedades, como se practicó en la Administración Nacional de Servicio de Estiba, aunque previendo la sujeción a mínimos y máximos. Esta solución será siempre más económica para el Estado y mejor comprendida por el funcionario, evitando una larga disponibilidad en la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Por estas razones solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Directorio de PLUNA y a la Organización de Funcionarios de PLUNA.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) TAQUIGRAFOS DE LA CAMARA DE SENADORES. Equiparación. Proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto de resolución llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"El señor senador Gargano presenta un proyecto de resolución por el que se equiparan los sueldos básicos del Cuerpo de Taquígrafos y Contratados que a la fecha sean inferiores a los correspondientes de la Cámara de Representantes."

-A la Comisión de Presupuesto.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico. - Equipáranse los sueldos básicos del Item 03, Cuerpo de Taquígrafos y Contratados, que a la fecha sean inferiores a los correspondientes de la Cámara de Representantes. La presente Resolución tendrá vigencia desde el 1º de agosto de 1993.

En los casos en que las denominaciones de los cargos no se correspondieren, se realizarán las adecuaciones, conforme a las equivalencias o similitud de funciones.

Reinaldo Gargano. Senador."

6) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Deseo formular que la Comisión que el Cuerpo designó el día de ayer se reunió y confeccionó una lista de proyectos de ley que, en base a las consultas hechas a todas las bancadas, estarían en condiciones de ser votados tal cual están a consideración del Senado. Esto permitiría sancionar una serie de iniciativas en una sola votación y aliviar así este orden del día que tenemos para tratar en tan poco plazo, ya que en la semana que viene terminaría el período ordinario.

Inmediatamente después correspondería pasar a sesión secreta para considerar algunas venias respecto a las cuales también hay acuerdo y cuyos plazos vencen en los próximos días. Considero que con esta modalidad de trabajo, reitero, quedaría muy aliviado el orden del día de la sesión de hoy.

Los proyectos de ley que estaríamos dispuestos a votar en bloque son los siguientes, con la numeración correspondiente al orden del día de ayer: 10) "Por el que se regula la emisión de acciones al portador por parte de entidades de intermediación financiera". 11) "Por el que se designa con el nombre 'Juan Bautista Crosa de Pinerolo' la Escuela Nº 258, de 1er. Grado, del departamento de Montevideo". 13) "Por el que se modifica el artículo 43 del Acto Institucional Nº 9 en la redacción dada por el Art. 6º del Acto Institucional Nº 13 relativo al derecho a pensión de la ex cónyuge". 14) "Por el que se aprueba el Convenio General de Cooperación entre el gobierno de la República y el gobierno de la República de Rumania". 15) "Por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el gobierno de la República y el gobierno de Polonia". 16) "Por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico la ciudad de Fray Bentos, zonas circundantes y el balneario Las Cañas". 17) "Por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico al balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo". 19) "Por el que se aprueban las enmiendas al Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina". 20) "Por el que se aprueba el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República y la República de Colombia". 21) "Por el que se transfiere de la Administración de Ferrocarriles del Estado al gobierno departamental de Colonia, el Padrón Nº 1669, ubicado en la 5a. Sección Judicial del departamento". 22) "Por el que se nominan varias Unidades del Ejército Nacional". 23) "Por el que se designa con el nombre 'Doctor Héctor Lorenzo Ríos' la Escuela Nº 274 del departamento de Montevideo". 24) "Por el que se designa con el nombre 'Cristóbal Colón' la Escuela Nº 23 del departamento de Artigas". 25) "Por el que se designa con el nombre 'Melchora Cuenca' la Escuela Rural Nº 25 de Cerro de Vera, departamento de Salto".

Asimismo, hemos hecho una rápida consulta a los responsables de las distintas Bancadas, quienes también estuvieron de acuerdo con votar el punto que figura en el lugar número 26) del orden del día de la fecha: "Proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo con la denominación 'Rincón del Pino' al actual centro poblado de la 6a. Sección Judicial y Policial del departamento de San José. Carp. Nº 1132/93 - Rep. Nº 942/94".

Formulo moción para que los mencionados proyectos de ley sean votados en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

7) PERSONAL RETIRADO MILITAR. Regularización. Proyecto de ley.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: en la tarde de hoy se presentó ante la Secretaría del Senado un proyecto de ley firmado por los señores senadores Juan Carlos Blanco, Carlos Bouzas, Alberto Zumarán y quien habla -es decir, un senador por cada uno de los lemas- por el que se regulariza la situación del personal retirado militar, asunto sobre el que entiendo existe acuerdo unánime en votar. En virtud de que no se encuentra en el orden del día, formulo moción para que se distribuya el proyecto de ley y se declare urgente su consideración. Quizás se podría incluir en esta votación en bloque.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Voy a sugerir una mínima corrección de redacción al proyecto de ley al que acaba de aludir el señor senador Cassina.

En el primer inciso del artículo 1º se expresa: "Correspondería al militar retirado de la misma jerarquía y datos presupuestales" y, personalmente, considero que tendría que decir: "de la misma jerarquía y los mismos datos presupuestales", porque de otra manera queda una redacción muy ambigua. No sé si el señor senador Cassina está de acuerdo, pero entiendo que es una corrección que se impone.

SEÑOR CASSINA. - Estoy de acuerdo, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a distribuir el proyecto de ley a que hace referencia el señor senador Cassina y si no hay inconveniente también será objeto de la votación en bloque que vamos a realizar.

Correspondería pasar a considerar los asuntos que figuran en el orden del día de la fecha con los numerales 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) y 26), además del proyecto de ley al que ha hecho referencia el señor senador Cassina y que se está repartiendo en este momento.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Solicito que el proyecto de ley que acaba de ser repartido se vote aparte, ya que los demás figuraban en el orden del día, con lo cual se supone que han sido objeto de estudio por parte de los señores senadores; sin embargo, éste recién lo conocemos en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se procederá de acuerdo con la solicitud formulada por el señor senador Raffo.

8) TAQUIGRAFOS DE LA CAMARA DE SENADORES. Equiparación. Proyecto de resolución.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Como se ha dado cuenta por Secretaría, se presentó con mi firma un proyecto de resolución que equipara los sueldos de determinados grados del Cuerpo de Taquígrafos del Senado con los similares de la Cámara de Representantes.

Deseo aclarar que se trata de una situación que se viene manteniendo desde hace más de un año y que en función de una realidad política no ha podido solucionarse.

Personalmente, he consultado a los diferentes sectores políticos integrantes del Senado y debo decir que hay acuerdo para dar el voto favorable a este proyecto de resolución. Sin embargo, se me ha formulado un planteo constitucional, en el sentido de que en el año electoral no pueden efectuarse incrementos de remuneraciones, y esto operaría como tal.

Quiero dejar constancia, señor presidente, que me parece imprescindible que luego de celebradas las elecciones nacionales, cuando el Senado tenga ya la facultad de aprobarlo, contemos con el informe de la Comisión para proceder a la votación correspondiente. Digo esto porque, de otra forma, estaríamos consagrando por varios meses más un retraso en lo que ha sido una norma, en el sentido de que los taquígrafos de ambas Cámaras perciban exactamente la misma remuneración.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia está totalmente de acuerdo con el señor senador Gargano porque el problema de orden constitucional, lamentablemente, es insalvable. Por lo tanto, luego de las elecciones nacionales podremos levantar el receso -quizá no sólo para este asunto- y adoptar una resolución.

9) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general los proyectos de ley a que se ha hecho referencia con anterioridad.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR ZUMARAN. - Solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en particular los proyectos de ley que están en consideración.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Quedan aprobados en general y en particular todos estos proyectos de ley, cuya enorme mayoría serán comunicados al Poder Ejecutivo, a los efectos de su promulgación, excepto dos de ellos que serán enviados a la Cámara de Representantes.

(No se publican los textos de los proyectos aprobados, por ser igual a los considerados)

10) ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA. Emisión de acciones al portador. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se regula la emisión de acciones al portador por parte de entidades de intermediación financiera. (Carp. Nº 1544/94 - Rep. Nº 918/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1544/94
Rep. Nº 918/94

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda consideró el Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita a las instituciones de intermediación financiera a emitir acciones al portador. Al respecto, informa lo siguiente:

I ANTECEDENTES

1. El Poder Ejecutivo envió el Mensaje y proyecto de ley referido con fecha 14 de julio de 1994, siendo destinado a la Cámara de Senadores.

2. La Comisión recibió la opinión del Banco Central del Uruguay y de la Bolsa de Valores (Distribuidos Nº 3003 y 3074, de 1994, respectivamente).

II OBJETO

El propósito del proyecto es permitir que las instituciones de intermediación puedan emitir acciones al portador, a fin de habilitar la mayor capitalización de esas entidades y su participación en el mercado de capitales (Mensaje).

III ANALISIS

1. El proyecto sustituye los artículos 43 y 45 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 4º de la ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

2. En el artículo 43 se incluye la posibilidad de emitir acciones al portador, pero el capital representado por éstas no podrá superar el cincuenta por ciento del representado por las acciones ordinarias.

3. Las acciones al portador no confieren derecho de voto en las asambleas. El Poder Ejecutivo propuso, además, que no tuvieran "ningún tipo de derecho de control sobre dichas sociedades". La Comisión no compartió este último criterio.

4. La redacción del artículo 45, además de ajustarse en función de la nueva clase de acciones, contempla la hipótesis de emisión de acciones ordinarias que no se asignan a los propietarios de las acciones de esa clase en proporción a las que poseen. Esta hipótesis impide que indirectamente se viole el control sobre la propiedad de acciones ordinarias.

5. La transferencia de acciones ordinarias sin autorización del Banco Central puede ser declarada nula por éste, pero la nulidad no es preceptiva como en el texto actual (artículo 45 literal C, vigente).

6. El régimen para representantes de entidades financieras constituidas en el exterior se mantiene sin cambios pero se regula en un artículo separado.

IV EVALUACION Y RECOMENDACION

1. La iniciativa es compartible. La posibilidad de emitir acciones por parte de las entidades de intermediación financiera permite o facilita la capitalización de las mismas, lo cual es conveniente para la salud y estabilidad del sistema financiero.

Además, se constituye un nuevo ámbito para el desarrollo del mercado de capitales.

2. El control de las instituciones referidas no se ve alterado por el nuevo régimen. Las acciones al portador, aunque preferidas, no dan derecho a voto. La conducción de la entidad continuará a cargo de los titulares de acciones nominativas, cuya transferencia requiere autorización del Banco Central. Por otra parte, el límite propuesto para el monto de capital representado por acciones al portador evita que sus tenedores pudieran ejercer una influencia indirecta, a través de un volumen excesivo de este capital.

3. La cobertura del vacío existente sobre emisión de nuevas acciones nominativas perfecciona el régimen actual y asegura un mejor control por el Estado. En efecto, bajo las condiciones existentes ahora, una emisión de acciones nuevas podría alterar el gobierno interno de la entidad, generando una nueva mayoría, sin intervención del Banco Central.

4. La nulidad preceptiva en caso de transferencia no autorizada de acciones nominativas es una norma demasiado rígida.

Puede haber transferencias convenientes para la entidad y para el sistema cuya declaración previa no se efectuó por las propias características de la negociación comercial al efecto. Por consiguiente es adecuada la solución del proyecto que permite al Banco Central declarar la nulidad cuando así lo considere necesario.

5. La Comisión entendió que los accionistas al portador no debían estar privados de los derechos de control dentro de la sociedad. Es una garantía básica que no afecta la marcha de la sociedad y cuyo mantenimiento puede alentar a los potenciales inversores.

6. Las opiniones recabadas concuerdan en apoyar el proyecto. De las deliberaciones de la Comisión y de las consultas efectuadas con el Banco Central resultó un proyecto de ley sustitutivo, que recoge el texto sugerido por el Banco.

7. En lo principal, el nuevo texto, además de ajustes de orden y de redacción:

a. Elimina la norma del proyecto del Ejecutivo que quitaba todo "tipo de derecho de control" sobre la sociedad, a los tenedores de acciones al portador.

b. Aclara que el registro del Banco Central es de propietarios de acciones ordinarias.

c. Ubica en un artículo separado el régimen de registro de los representantes de entidades financieras extranjeras.

Por lo expuesto vuestra Comisión de Hacienda aconseja la sanción del adjunto proyecto de ley sustitutivo.

Sala de la Comisión, 5 de setiembre de 1994.

Juan Carlos Blanco (Miembro Informante), Danilo Astori, Daniel Azzini, Federico Bouza, Carlos Cassina, Julio C. Grenno, Alberto Zumarán. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Sustitúyense los artículos 43 y 45 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 4º de la ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por los siguientes:

"ARTICULO 43. - Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera deberán consagrar preceptivamente en sus estatutos que sus acciones ordinarias serán escriturales o nominativas.

Los mencionados estatutos podrán prever, además, la emisión de acciones preferidas, al portador o nominativas, en términos que no confieran a sus titulares derecho a voto en las asambleas sociales. El capital de estas acciones preferidas no podrá superar el 50% (cincuenta por ciento), del representado por las acciones ordinarias a que refiere el inciso anterior."

"ARTICULO 45. - Las sociedades anónimas a que refiere el artículo 43 deberán:

a) solicitar al Banco Central del Uruguay autorización previa para transferir acciones ordinarias y proceder de igual manera cuando emitan acciones ordinarias, que no se asignen a los propietarios de las acciones de la misma clase, en proporción a las que posean;

b) declarar ante el Banco Central del Uruguay la transferencia de las acciones ordinarias, así como la suscripción o adquisición de nuevas acciones de dicha clase, a efectos de que el mencionado Banco lleve un registro actualizado de los propietarios de tales acciones.

El Banco Central del Uruguay podrá declarar nulas las emisiones o transferencias de acciones ordinarias que no cumplan con lo dispuesto en el literal a) del inciso anterior."

Art. 2º. - Incorpórase al decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, el siguiente artículo (Capítulo XIV):

"ARTICULO 48. - Los representantes de las entidades financieras constituidas en el extranjero deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay, en la forma que establezca la reglamentación."

Sala de la Comisión, 5 de setiembre de 1994.

Juan Carlos Blanco (Miembro Informante), Danilo Astori, Daniel Azzini, Federico Bouza, Carlos Cassina, Julio c. Grenno, Alberto Zumarán. Senadores.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 14 julio 1994.

Sr. presidente de la
Asamblea General
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De nuestra mayor consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a usted a los efectos de poner a consideración del Parlamento el proyecto de ley adjunto que refiere a la posibilidad de que las entidades de intermediación financiera emitan acciones al portador.

Nuestro derecho positivo establece la facultad-deber del Estado de controlar a las entidades de intermediación financiera. Así, el ordinal 22 del artículo 168 de la Constitución de la República, dispone que el Poder Ejecutivo autorizará o denegará la creación de cualesquier banco que desee establecerse en el país, apartando, parcialmente, a dichas entidades, de lo dispuesto en el artículo 36 de la Carta.

En la actualidad, el decreto-ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, con las importantes modificaciones introducidas por la ley Nº 16.327 de 11 de noviembre de 1992, establecen el marco apropiado para las tareas de contralor que la ley atribuye al Estado.

Los artículos 43 y 45 literal c) del decreto-ley mencionado, establecen como solución de principio la nominatividad de las acciones de las entidades financieras. Se asegura de esta forma el control estatal, en la medida que se podrá controlar claramente a quienes puedan tener derechos de control en dichas entidades.

Si bien lo anterior es en principio correcto, no puede perderse de vista que dicha disposición implica una restricción al funcionamiento de dichas entidades, en la medida que obstaculiza su actuación en los mercados de capital de Uruguay y de otros centros financieros.

Superar la restricción referida implicará indudables beneficios a las entidades y también a la plaza financiera, en la medida que si se permite la capitalización de bancos por la vía de la emisión de acciones, se logrará:

a) una mayor fortaleza económica para la entidad, pero también, indirectamente, para el sistema en su conjunto;

b) se abre una vía que permitiría que ciudadanos uruguayos y en general habitantes del país, puedan constituirse en accionistas de los bancos;

c) como consecuencia de lo anterior, podría llegarse a un fenómeno de popularización del capital de los bancos que operan en plaza; y

d) por último, es obvio que si se elimina la restricción referida se estaría fomentando el mercado de capitales nacionales.

Las claras ventajas referidas y su instrumentación, debe ser considerada sin perder de vista la necesidad de preservar en sus justos alcances los cometidos de contralor que corresponden al Estado.

A los efectos de armonizar ambos intereses (fomento del mercado de capitales y contralor de las entidades de intermediación financiera), el Poder Ejecutivo propone el proyecto adjunto por el cual se admite que los bancos emitan acciones al portador pero sujetos a claras limitaciones.

Así, en primer término, se dispone que dichas acciones deberán ser preferidas, sin derecho a voto en las asambleas y en ningún caso capaces de conferir directa o indirectamente derechos de control sobre la entidad a sus titulares. Esta limitación permite compatibilizar plenamente los dos intereses en juego, ya que la emisión de acciones con estas características no afectará en ningún aspecto el actual sistema de contralor.

Se agrega una segunda limitación en cuanto al capital máximo que pueden llegar a representar dichas acciones, situándose el mismo en el cincuenta por ciento del representado por las acciones ordinarias.

Por último y como garantía formal y práctica, se establece que la emisión de estas acciones deberá ser autorizada en cada caso por el Banco Central del Uruguay, que sólo prestará su consentimiento luego de comprobar que se cumple íntegramente con lo dispuesto en la ley.

El Directorio del Banco Central del Uruguay, luego de analizar la iniciativa, sugirió modificaciones que fueron recogidas en el proyecto adjunto.

Con el convencimiento de que de transformarse el proyecto de ley, sin retacear las facultades de contralor que tiene el Estado, se fomentará el mercado de capitales y se abrirá un mecanismo para que en el mismo participen capitales uruguayos, aprovechamos la ocasión para saludar a usted con nuestra mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ignacio de Posadas Montero.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyense los artículos 43 y 45 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 4º de la ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por los siguientes:

"ARTICULO 43. - Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera deberán consagrar preceptivamente en sus estatutos que sus acciones ordinarias serán escriturales o nominativas.

Dichos estatutos podrán prever, además, la emisión de acciones preferidas, al portador o nominativas, en términos que no confieran a sus titulares derecho a voto en las asambleas sociales ni ningún tipo de derecho de control sobre dichas sociedades. En ningún caso el capital total representado por estas acciones podrá superar el cincuenta por ciento (50%), del representado por acciones ordinarias a que refiere el inciso anterior."

"ARTICULO 45. - Las sociedades anónimas a que refiere el artículo anterior deberán:

a) declarar ante el Banco Central del Uruguay a quién pertenecen sus acciones ordinarias a los efectos de que el mismo lleve un registro actualizado de tales declaraciones.

b) solicitar al Banco Central del Uruguay autorización previa para transferir acciones ordinarias precisando en tal solicitud la identidad del nuevo titular y proceder de igual manera cuando emitan acciones ordinarias que no se asignen a los propietarios de las acciones ordinarias emitidas con anterioridad, en proporción a sus respectivas integraciones.

c) El Banco Central del Uruguay podrá declarar nulas las emisiones o transferencias de acciones ordinarias que no cumplan con lo dispuesto en el inciso anterior."

Art. 2º. - Publíquese, etc.

Ignacio de Posadas Montero".

11) "JUAN BAUTISTA CROSA DE PINEROLO". Se designa con este nombre la Escuela Nº 258 del departamento de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Juan Bautista Crosa de Pinerolo" la Escuela Nº 258, de 1er. Grado, del departamento de Montevideo. (Carp. Nº 1520/94 - Rep. Nº 919/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1520/94
Rep. Nº 919/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre "Juan Bautista Crosa de Pinerolo" a la Escuela Nº 258, de 1er. Grado, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de junio de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja la aprobación del proyecto de ley sancionado por la Cámara de Representantes por el que se designa con el nombre "Juan Bautista Crosa de Pinerolo" la Escuela Nº 258, de 1er. Grado, del departamento de Montevideo, compartiendo los conceptos formulados en el Mensaje del Poder Ejecutivo y en el informe de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 1994.

Carlos Bouzas (Miembro Informante), Tabaré Hackenbruch, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Juan Andrés Ramírez, Enrique Pintado, Enrique Rubio, Alberto Zumarán. Senadores."

Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Señores representantes:

El señor Juan Bautista Crosa era originario de Pinerolo, Italia, y llegó a la Banda Oriental como soldado del Batallón "Mallorca", español, luego fue agricultor, músico y pulpero, allá por el año 1765, fue uno de los primeros colonos en afincarse en la ciudad de Montevideo, barrio Peñarol.

La "Asociación Familia Piamontesa del Uruguay" presentó la propuesta de designar a la escuela que está ubicada sobre el camino que conduce a los campos donde vivió y se encuentra sepultada la aludida personalidad, con el nombre de Juan Bautista Crosa de Pinerolo. Dicha propuesta cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), quienes señalan que no existe otra escuela en el departamento con esa denominación.

Los promotores de esta iniciativa consideran que es un justo homenaje designar dicho centro docente con el nombre de este ilustre colono que legó, a través de su personalidad, especiales características que dieron origen al barrio Peñarol, teniendo en cuenta que en el año 1992 se cumplió el centenario de su fundación.

La Comisión de Educación y Cultura aconseja la aprobación del proyecto de ley por el cual se designa con el nombre "Juan Bautista Crosa de Pinerolo", a la Escuela Nº 258, de 1er. Grado, del departamento de Montevideo.

Sala de la Comisión, 13 de abril de 1994.

Ramón Guadalupe (Miembro Informante), Eber Da Rosa Vázquez, Antonio Guerra Caraballo, Alba E. Osores de Lanza, Agapo Luis Palomeque, Rafael Sanseviero.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 8 de setiembre de 1993.

Señor presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa a la Escuela Nº 258 de 1er. Grado del departamento de Montevideo con el nombre de "JUAN BAUTISTA CROSA DE PINEROLO".

La propuesta efectuada por la "Asociación Familia Piamontesa del Uruguay", cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, quienes señalan que no existe otra escuela en el departamento con esa denominación y que se tuvo en cuenta las características, el estado del edificio y categoría del mismo.

El señor JUAN BAUTISTA CROSA, era originario de Pinerolo, Italia y llegó a "La Banda Oriental" como soldado del Batallón "Mallorca", español, quien luego fue agricultor, músico y pulpero, allá por el año 1765, fue uno de los primeros colonos en afincarse en Montevideo, Barrio Peñarol. La escuela está ubicada sobre el camino que conduce a los campos donde vivió y se encuentra sepultada la aludida personalidad.

Los promotores de esta iniciativa consideran que es un justo homenaje designar dicho centro docente con el nombre de este ilustre colono que legó a través de su personalidad, especiales características que dio origen al Barrio Peñarol, teniendo en cuenta que en el año 1992 se cumplió el Centenario de su fundación.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Desígnase a la Escuela Nº 258 de 1er. Grado del departamento de Montevideo con el nombre "JUAN BAUTISTA CROSA DE PINEROLO".

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, archívese.

Antonio Mercader".

12) EX CONYUGES. Derecho a pensión. Modificación del artículo 43 del Acto Institucional Nº 9. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 43 del Acto Institucional Nº 9 en la redacción dada por el artículo 6º del Acto Institucional Nº 13 relativo al derecho a pensión de la ex-cónyuge. (Carp. Nº 1618/94 - Rep. Nº 920/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1618/94
Rep Nº 920/94

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Modifícase el inciso primero del artículo 43 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 6º del llamado Acto Institucional Nº 13, de 12 de octubre de 1982, por el siguiente:

(Condiciones de derecho). - Las divorciadas deberán acreditar que a la fecha de fallecimiento del causante eran beneficiarias de pensión alimenticia servidas por el mismo, homologada o decretada judicialmente. No será necesaria la exigencia de que la pensión alimenticia halla sido decretada u homologada judicialmente, para el caso de las divorciadas cuyo derecho se haya verificado entre el 23 de octubre de 1979 y el 12 de octubre de 1982.

Art. 2º. - Este derecho no generará retroactividad.

Hugo Batalla. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a pensión de la ex-cónyuge (divorciada) ha tenido en nuestra legislación desigual y variado tratamiento.

Originalmente, ese derecho estuvo consagrado sólo para la ex Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares (literal A) del artículo 55 de la ley Nº 9.940, de 2 de julio de 1940), y luego supeditada, por disposición del artículo 16 de la ley Nº 12.381, de 12 de febrero de 1957, "a la existencia de una relación permanente de dependencia de parte de ésta (la divorciada), respecto del causante, hasta el momento de generarse la causal pensionaria".

En lo que respecta a las otras dos grandes Cajas Estatales (de Industria y Comercio y de los Trabajadores Rurales y Domésticos) el derecho a pensión de las divorciadas, nunca tuvo consagración legal, lo que entrañaba una situación injusta y discriminatoria.

Al entrar en vigencia el nuevo régimen jubilatorio y pensionario establecido en el llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, el derecho a pensión a que referimos (para el sector de jubilaciones y pensiones civiles y escolares) quedó derogado, puesto que su artículo 42 sólo consagraba el derecho pensionario de las viudas.

Esta normativa, si bien eliminaba el tratamiento discriminatorio anterior, generalizaba la injusticia que supone privar de pensión a la ex-cónyuge divorciada cuando luego del divorcio -o la separación, en su caso- hubiera recibido del ex-marido pensión alimenticia, por carecer de ingresos propios para su congrua sustentación; lo que la dejaba en total desamparo.

Esta situación fue corregida por el llamado Acto Institucional Nº 13, de 12 de octubre de 1982, cuyos artículos 5º y 6º, modificativos de los textos de los artículos 42 y 43 del citado Acto Nº 9, consagraron con generalidad el derecho pensionario de las divorciadas condicionándolo a la acreditación de que "a la fecha del fallecimiento del causante eran beneficiarios de pensión alimenticia, servida por el mismo decretada y homologada judicialmente".

El presente proyecto de ley tiende a establecer una continuidad entre el régimen vigente, a partir del llamado Acto Institucional Nº 13, con la fecha de vigencia del llamado Acto Institucional Nº 9.

Como se expresó precedentemente, este último eliminó del derecho a pensión a las divorciadas, instaurándolas aquél con la condición de su reconocimiento judicial. El período entre ambas normas, entendemos, no debería exigir dicho reconocimiento, creando una situación de injusticia, para la que en ese período adquirieron el derecho y no les fue reconocido porque no se les permitía hacerlo.

Hugo Batalla. Senador".

13) CONVENIO GENERAL DE COOPERACION CON EL GOBIERNO DE RUMANIA. Aprobación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio General de Cooperación entre el gobierno de la República y el gobierno de la República de Rumania. (Carp. Nº 1550/94 - Rep. Nº 924/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1550/94
Rep. Nº 924/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio General de Cooperación entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Rumania, suscrito el 30 de julio de 1993.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de julio de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 13 de octubre de 1993.

Señor presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el Convenio General de Cooperación entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de Rumania, suscrito el 30 de julio de 1993.

El referido instrumento internacional propende, sorbe la base del reconocimiento de los principios fundamentales del derecho internacional y la conveniencia de la colaboración para el desarrollo de cada Parte, a la cooperación entre ambos países en campos tales como el político, económico, cultural, científico-tecnológico, etc., a través de las disposiciones del propio Convenio y de los acuerdos de instrumentación del mismo que las Partes puedan convenir en el futuro (Preámbulo y Artículo 1).

A efectos de orientar, coordinar y promover las acciones a realizarse en el marco del Convenio y los acuerdos específicos entre ambos países, o instituciones de los mismos, se prevé el establecimiento de una Comisión Binacional Uruguay-Rumania, presidida por los respectivos cancilleres, la cual podrá crear a su vez subcomisiones para cada área concreta de cooperación (Capítulo I).

El Capítulo II refiere a la cooperación política, en el marco de la cual las Partes intensificarán las visitas recíprocas de jefes de Estado y de gobierno, así como las consultas del nivel correspondiente a fin de armonizar sus posiciones y la defensa de sus intereses en el ámbito internacional, analizar las cuestiones de interés mutuo y estudiar, con especial atención, el diálogo entre América Latina y Europa Central y del Este.

La cooperación económica, regulada en el Capítulo III, tiene por objeto el estímulo y la promoción de actividades de colaboración en las áreas bancaria, económica, financiera, tecnológica y comercial, así como en el marco de los organismos multilaterales.

A tales efectos se prevén, entre otras, actividades de promoción, intercambio de información y realización de acciones conjuntas entre los agentes económicos de ambas Partes.

Asimismo se citan como ejemplos de posibles acciones a realizar, la identificación de proyectos conjuntos de inversión, la facilitación del ingreso de los productos de cada país al otro y la cooperación entre las entidades financieras de ambos.

En lo que respecta a la cooperación científica y técnica (Capítulo IV), las Partes manifiestan su intención de desarrollar actividades de intercambio científico, transferencia de tecnología, innovación tecnológica, relacionamiento entre los centros científicos, etc.

Para el cumplimiento de esos objetivos, se prevén acciones concretas de formación de recursos humanos, realización de seminarios y emprendimientos científicos conjuntos, entre otras.

En el área de la cooperación jurídica, las Partes se comprometen a estudiar la posibilidad de adherirse a los convenios regionales sobre el tema de los que sea Parte uno de los dos países, sin perjuicio de los acuerdos bilaterales entre los mismos que se puedan suscribir en el futuro (Capítulo V).

En los campos de la cultura, la educación y el deporte, el Convenio prevé, en su Capítulo VI, que las Partes difundirán la cultura de cada país en el otro, a través de conferencias, exposiciones, materiales audiovisuales, etc.

Asimismo las Partes establecen el compromiso de realizar actividades de cooperación en los temas de la juventud y el deporte, incluyendo en este último caso el intercambio de información y técnicas, así como el perfeccionamiento de deportistas de una Parte en la otra, cuando se trate de especialidades en que ésta tenga un mayor desarrollo.

El artículo 23, por su parte, prevé que a fin de coordinar e impulsar las actividades a realizarse en el marco del Convenio, los cancilleres de Uruguay y Rumania llevarán a cabo consultas periódicas.

La importancia del Convenio a estudio, tanto para el desarrollo nacional en diversas áreas como para la profundización de los lazos de amistad con Rumania, e indirectamente a través de ese país, con las regiones de Europa Central y del Este, justifican a juicio del Poder Ejecutivo la pronta entrada en vigor de dicho instrumento internacional, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Sergio Abreu, Antonio Mercader, Ignacio de Posadas Montero.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Convenio General de Cooperación entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de Rumania, suscrito el 30 de julio de 1993.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Sergio Abreu, Antonio Mercader, Ignacio de Posadas Montero.

CONVENIO GENERAL DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE RUMANIA

Preámbulo

El gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de Rumania, en lo sucesivo denominados "las Partes";

Con el deseo de reforzar y profundizar las tradicionales relaciones de amistad y cooperación existentes entre los dos países;

Teniendo en cuenta la idoneidad de intereses ya existente entre los dos países y destacando el gran apego a los principios de la soberanía e independencia nacionales, la igualdad en derechos, la no intervención en los asuntos internos, el respeto a los derechos y las libertades fundamentales humanos, el respeto de buena fe de las obligaciones asumidas, la solución por vía pacífica de las diferencias, la prohibición de la amenaza de la fuerza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación entre Estados y los otros principios y normas generalmente reconocidos por el derecho internacional;

Deseosos de fortalecer, promover y desarrollar las relaciones económicas entre sus países sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo;

Considerando las posibilidades que ofrecen sus economías para llevar a cabo el desarrollo armónico y la diversificación de su cooperación económica, tecnológica y comercial;

Reconociendo que el desarrollo de las instituciones y estructuras basadas en la economía de mercado ayudará a ampliar y diversificar la cooperación económica entre ambos países;

Teniendo en cuenta la participación de ambos países en el Acuerdo General para Aranceles y Comercio (GATT), con el propósito de contribuir al logro de un sistema multilateral de comercio eficiente;

Deseando reforzar su relación bilateral y las acciones de cooperación, sin perjuicio de sus compromisos internacionales;

Reconociendo la importancia de promover condiciones favorables para el desarrollo de la cooperación bilateral;

Convencidos de que el desarrollo económico y tecnológico de sus países así como la ampliación del comercio y de la cooperación entre ellos contribuye al bienestar, estabilidad política y social y al fortalecimiento de las instituciones democráticas;

Convienen lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes se comprometen a desarrollar la cooperación bilateral en los ámbitos políticos, económico, científico, técnico, cultural, jurídico y deportivo, utilizando las vías y las modalidades establecidas por el presente Convenio General de Cooperación y por los documentos concretos específicos a cada dominio, que se convendrán de común acuerdo, de conformidad con la legislación nacional de cada país.

CAPITULO I
Disposiciones institucionales

Artículo 2

Ambas Partes acuerdan establecer una Comisión Binacional Rumania-Uruguay, como foro para realizar y coordinar las negociaciones bilaterales en el que, a partir de un enfoque integral, se definirán las líneas generales de la cooperación bilateral, en los ámbitos político, económico, científico, técnico, jurídico, cultural y deportivo. La Comisión Binacional estará encabezada por los respectivos Cancilleres.

Artículo 3

Las Partes podrán establecer subcomisiones especializadas en los campos político, económico, científico, técnico, jurídico, cultural y deportivo. Las subcomisiones podrán sesionar en forma simultánea, en el marco de las reuniones de la Comisión Binacional.

Artículo 4

La Comisión Binacional perseguirá orientar, promover, coordinar y apoyar las acciones derivadas de los protocolos y acuerdos específicos celebrados entre las diferentes dependencias y organismos de los dos países, así como los que se celebren en el futuro.

Artículo 5

Las Partes convienen que este Acuerdo constituye el marco institucional que reglamente y estimule la cooperación entre ellas, en base al cual las dependencias y los organismos de ambas podrán celebrar acuerdos, memorándum de entendimiento o convenir instrumentos de cooperación sectoriales necesarios para fortalecer las relaciones bilaterales, previa consulta a sus Cancillerías.

CAPITULO II
Cooperación política

Artículo 6

Las Partes acuerdan ampliar el diálogo político entre las mismas, especialmente mediante la realización de las siguientes acciones:

-intensificar las visitas recíprocas de los jefes de Estado y gobierno;

-celebrar consultas políticas de alto nivel, así como a otros niveles adecuados, a fin de armonizar las posiciones de ambos países en la defensa y promoción de sus legítimos intereses, así como profundizar el conocimiento recíproco de sus posturas y actuaciones en el ámbito internacional;

-en el marco de las consultas mencionadas se analizarán las principales cuestiones bilaterales e internacionales de interés mutuo, con especial atención, entre otros temas, al diálogo político entre América Latina y Europa Central y del Este.

CAPITULO III
Cooperación económica

Artículo 7

Las Partes afirman su deseo de ampliar y reforzar la cooperación económica, el desarrollo tecnológico y el intercambio de bienes y servicios, a largo plazo.

Al respecto, las Partes tomarán las medidas pertinentes para estimular, promover y facilitar el desarrollo de las acciones y proyectos de cooperación económica, financiera, bancaria, tecnológica y comercial y la celebración de convenios, contratos y otros acuerdos específicos para establecer condiciones concretas tendientes a la realización de tales acciones y proyectos.

Las dos Partes se comprometen a desarrollar la colaboración en el marco de los organismos multilaterales.

Artículo 8

Las Partes acuerdan estimular el desarrollo de los sectores productivos y de servicios de ambos países, promoviendo la asociación u otras formas de cooperación en los ámbitos comercial, industrial, tecnológico y financiero entre las personas físicas y jurídicas de los dos países, autorizadas a efectuar acciones comerciales, e identificar los proyectos concretos que permitan el desarrollo de los dominios prioritarios en ambas economías.

Artículo 9

Ambas Partes concuerdan que para impulsar y fomentar las relaciones económicas bilaterales es necesario otorgar facilidades a las personas físicas y jurídicas de ambos países autorizadas a efectuar acciones comerciales, para desarrollar y planificar sus actividades a mediano y largo plazo y realizar la promoción y presentación adecuada de las posibilidades y potencial de la cooperación económica entre la República Oriental del Uruguay y Rumania.

Asimismo, las mismas concuerdan en ampliar los contactos entre las personas físicas y jurídicas de ambos países autorizadas a efectuar acciones comerciales, en el intercambio de representantes comerciales, empresarios y especialistas de diferentes dominios de actividad, así como facilitar el desarrollo de sus actividades.

Artículo 10

Con el fin de incrementar el volumen y diversificar las estructuras del comercio bilateral, las Partes deciden establecer un mecanismo de intercambio periódico de información sobre flujos comerciales bilaterales y los reglamentos comerciales, estándares, normas técnicas y fitosanitarias.

Ambas Partes apoyarán la realización de investigaciones conjuntas de mercado para productos establecidos de común acuerdo y las áreas prioritarias de desarrollo económico, así como la organización de eventos de promoción del comercio.

Artículo 11

De conformidad con el objetivo de desarrollar las relaciones comerciales bilaterales, las Partes procurarán que los productos de ambos países tengan acceso a sus respectivos mercados con las máximas facilidades que permita la legislación comercial vigente.

Artículo 12

Las Partes manifiestan su disposición para apoyar, de conformidad con su legislación vigente en la materia, el impulso a la cooperación industrial, incluyendo los flujos de inversión entre ambos países. Al respecto, ellas apoyan la realización de las acciones necesarias para identificar proyectos concretos en áreas de particular interés para ambos países.

Una de las áreas de interés prioritario será promover las pequeñas y medianas empresas, especialmente las que operan en áreas dirigidas a la exportación.

Artículo 13

Las Partes actuarán, con el objetivo de fortalecer la cooperación para el fomento industrial, mediante el estímulo a la realización de proyectos en las áreas productivas destinadas a abastecer el mercado nacional de cualquiera de los dos países y a incrementar la exportación a terceros mercados.

Artículo 14

Las dos Partes reconocen que uno de los principales instrumentos en las relaciones económicas bilaterales lo representa la cooperación financiera y es por eso que promoverán, dentro de sus respectivos marcos legales, la cooperación de las instituciones y autoridades financieras.

Con el objeto de impulsar el comercio y el desarrollo de proyectos económicos, ambas Partes apoyarán la creación de los instrumentos financieros bilaterales y los mecanismos necesarios.

CAPITULO IV
Cooperación científica y técnica

Artículo 15

Las partes alentarán la promoción de la cooperación científico-técnica orientada, entre otros aspectos, a ampliar los intercambios científicos entre las mismas, el establecimiento de vínculos permanentes entre las instituciones científicas, el desarrollo de las capacidades de investigación científica, la ampliación de la transferencia de tecnología y la intensificación del desarrollo de las relaciones entre los centros de investigación, así como el estímulo de la innovación tecnológica.

Artículo 16

Con el fin de materializar los objetivos indicados, las Partes favorecerán y estimularán: la formación de personal de alto nivel, la realización de proyectos conjuntos, el intercambio de información científica a través del desarrollo de seminarios, talleres, congresos y reuniones de trabajo entre las comunidades científicas de ambos países.

Estas acciones podrán ser realizadas entre instituciones, organismos y empresas de carácter público y/o privado.

CAPITULO V
Cooperación jurídica

Artículo 17

Las Partes examinarán la posibilidad de adherirse a convenciones multilaterales de carácter regional en las que participe uno de los dos países, con el objeto de ampliar la colaboración entre ambas Partes.

Sin perjuicio de ello, las Partes analizarán las posibilidades de llevar a cabo, bilateralmente, convenios de cooperación jurídica en las áreas que se estimen pertinente.

CAPITULO VI
Cooperación cultural, educativa y deportiva

Artículo 18

Las Partes apoyarán y facilitarán la cooperación entre las mismas en los campos de la cultura, la educación, los medios de comunicación y los deportes, así como el desarrollo de los intercambios en el campo de la juventud.

Artículo 19

Las Partes harán esfuerzos para mejorar el conocimiento de la cultura de cada país por los nacionales del otro país, organizando conferencias, conciertos, exposiciones, representaciones teatrales, presentación de películas de carácter educativo, programas de radio y comunicación y la promoción del estudio del idioma, de la historia y de la literatura de la otra Parte.

Artículo 20

Con miras a una mayor comprensión y conocimiento de sus culturas y civilizaciones, las Partes facilitarán el intercambio de libros, periódicos, material periodístico, películas, programas de radio y televisión e información sobre las instituciones culturales.

Las Partes apoyarán la actividad de la Casa de América Latina de Bucarest.

Artículo 21

Las Partes alentarán el intercambio de material de información sobre sus sistemas y programas de enseñanza superior y sobre sus instituciones educativas.

Artículo 22

Con la finalidad de estimular el desarrollo del deporte en ambos Estados, las Partes facilitarán el intercambio de información relativa a la práctica de las diferentes ramas deportivas, así como el intercambio de técnicas en la materia.

Ellas estudiarán asimismo la posibilidad de facilitar el perfeccionamiento de los deportistas de una Parte en el territorio de la otra, en aquellas especialidades donde uno de los Estados tenga un mayor desarrollo, o técnicas de avanzada, que ameriten el traslado con el fin antes citado.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23

Con el fin de coordinar, impulsar las actividades y el cumplimiento de las estipulaciones del presente Convenio General de Cooperación, se realizarán consultas periódicas entre el canciller de la República Oriental del Uruguay y el Canciller de Rumania.

Artículo 24

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación mediante la cual las Partes se comuniquen mutuamente, a través de la vía diplomática, haber dado cumplimiento a los respectivos requisitos internos para la entrada en vigor del mismo.

Artículo 25

El presente Convenio tendrá una duración de tres años, prorrogable automáticamente por períodos de un año, a menos que una de las Partes notifique, por escrito, a la otra, a través de la vía diplomática, su deseo de darlo por terminado, con seis meses de antelación. Ello no afectará la conclusión de los compromisos y proyectos que hubieran sido acordados durante su vigencia.

Hecho en la ciudad de Montevideo, a los treinta días del mes de julio de 1993, en dos ejemplares en idiomas español y rumano, siendo ambos textos igualmente válidos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

POR EL GOBIERNO
DE RUMANIA



CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado ha procedido a estudiar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que cuenta con la sanción de la Cámara de Representantes, por el que se aprueba el Convenio General de Cooperación con el gobierno de Rumania.

Dicho instrumento promueve la cooperación entre ambos países en campos tales como el político, económico, cultural y científico-tecnológico.

Para coordinar y promover las acciones a realizarse, se prevé el establecimiento de una Comisión Binacional Uruguay-Rumania, presidida por los respectivos Cancilleres, la cual podrá crear a su vez subcomisiones para cada área concreta de cooperación.

Con referencia a la cooperación política, las Partes intensificarán las visitas recíprocas de jefes de Estado y de gobierno, a fin de armonizar sus posiciones y la defensa de sus intereses en el ámbito internacional, analizar las cuestiones de interés mutuo y el diálogo entre América Latina y Europa Central y del Este.

En cuanto a la cooperación económica, el objetivo es el estímulo y la promoción de actividades de colaboración en las áreas bancaria, económica, financiera, tecnológica y comercial, así como en el marco de los organismos multilaterales.

Con relación a la cooperación científica y técnica, las Partes manifiestan su intención de desarrollar actividades de intercambio científico, transferencia de tecnología, innovación tecnológica y de relacionamiento entre los centros científicos.

Las Partes, con respecto a la cooperación jurídica, se comprometen a analizar la posibilidad de adherirse a los convenios regionales sobre el tema de los que sea Parte uno de los dos países, sin perjuicio de los acuerdos bilaterales entre los mismos que se puedan suscribir en el futuro.

La Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación del Convenio General de Cooperación con el gobierno de Rumania, por entender que el mismo profundizará los lazos de amistad con el referido país, e indirectamente a través de éste, con las regiones de Europa Central y del Este.

Sala de la Comisión, a 8 de setiembre de 1994.

Alvaro Alonso Tellechea (Miembro Informante), Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, Julio C. Grenno, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

14) ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LAS INVERSIONES CON EL GOBIERNO DE POLONIA. Aprobación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el gobierno de la República y el gobierno de Polonia. (Carp. Nº 1374/93 - Rep. Nº 923/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1374/93
Rep. Nº 923/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de Polonia, suscrito en Montevideo, el 2 de agosto de 1991.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de diciembre de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 28 abril 1992

Señor presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la consideración de ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7 de la Constitución de la República, el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y el gobierno de Polonia, suscrito el día 2 de agosto de 1991, en la ciudad de Montevideo.

Dicho instrumento internacional propende -mediante un adecuado marco jurídico que regula la normativa al respecto- a la creación de condiciones favorables para la radicación de inversiones de capital extranjero.

El proyecto consta de 12 artículos, y establece, entre sus aspectos más destacables, que los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes estarán siempre sometidos a un trato justo y equitativo, gozando de total protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante (Artículo III, numeral 2). La protección se refuerza con una normativa que regula los casos de indemnización por pérdidas (derivadas de guerra, conflicto armado, revolución o rebelión, Art. V numeral 2), y expropiación (que deberá ajustarse al debido proceso legal y no ser discriminatoria, Art. V numeral 1).

Se garantiza además a los inversores extranjeros, un tratamiento no discriminatorio con relación a las inversiones nacionales o a las hechas en su territorio por inversiones de la nación más favorecida (excepto que esa cláusula se acuerde a inversores de un tercer Estado en virtud de su participación o asociación a una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, o sea consecuencia de un acuerdo para evitar la doble tributación o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios, Art. III numerales 2, 3 y 4).

Las Partes se garantizan recíprocamente la libre transferencia de las inversiones y rentas de capital, (Art. IV), y se propicia el establecimiento entre las Partes y los inversores, de condiciones más favorables a las previstas en el Acuerdo para regir sus relaciones (Artículo VII).

Las controversias que pudieran surgir entre un inversor y la Parte Contratante en la que se realiza la inversión, que no hayan sido dirimidas en forma amigable en un plazo de 6 meses, deberán someterse a decisión de los tribunales de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión.

También se previó que dichas controversias podrán someterse a arbitraje internacional, cuando se dieran determinadas circunstancias que se especifican. Dicho arbitraje internacional se halla minuciosamente reglado en distintos literales (Artículo X).

El Poder Ejecutivo se permite recomendar y urgir la aprobación del instrumento internacional que se reseña, en el entendido de que el mismo conducirá al estímulo de la iniciativa comercial y al desarrollo de la cooperación económica entre los respectivos pueblos.

Reitera al señor presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, , Juan Andrés Ramírez.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE POLONIA SOBRE FOMENTO Y RECIPROCA PROTECCION DE
INVERSIONES DE CAPITAL

La República Oriental del Uruguay y la República de Polonia, denominadas en adelante "las Partes Contratantes", animadas del deseo de intensificar la colaboración económica entre ambos Estados.

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de capital de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, y

Reconociendo que el fomento y la protección mediante el tratamiento de esas inversiones de capital pueden servir para estimular la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de ambos pueblos,

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1
Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo:

1) El término "inversor" se refiere con relación a cada una de las Partes Contratantes a:

a) las personas físicas que, de acuerdo con la legislación de la respectiva Parte Contratante, son consideradas como sus nacionales;

b) personas jurídicas, incluyendo compañías, sociedades, asociaciones empresariales y otras organizaciones, constituidas o debidamente organizadas en virtud de las leyes de dicha Parte Contratante y que tengan su sede en el territorio de esa misma Parte Contratante;

c) toda persona jurídica establecida de conformidad con la legislación de cualquier país, que esté efectivamente controlada por nacionales de una Parte Contratante o por personas jurídicas que tengan su sede y actividades económicas reales en el territorio de dicha Parte Contratante.

Se podrá requerir a las personas jurídicas a que hace referencia el párrafo anterior que aporten prueba de dicho control a los efectos de obtener los beneficios previstos en las disposiciones del presente Acuerdo.

Se podrán considerar pruebas aceptables, a vía de ejemplo las siguientes:

i) ser filial de una persona jurídica constituida según las leyes de esa Parte Contratante;

ii) ser económicamente dependiente de una persona jurídica establecida según las leyes de esa Parte Contratante;

iii) el hecho de que un porcentaje del capital accionario poseído por inversores de esa Parte Contratante les permite ejercer el correspondiente control.

d) el presente Acuerdo no se aplicará a las inversiones realizadas en el territorio de una Parte Contratante por personas naturales que sean nacionales de ambas Partes Contratantes y que estén domiciliadas o tengan su centro de interés económico en el territorio de la primera Parte Contratante, salvo que la inversión provenga del exterior.

2) El término "inversiones" incluirá todo tipo de activo y en particular:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles así como todo otro derecho real, tales como servidumbres, hipotecas, prendas industriales y mobiliarias;

b) acciones, cuotas sociales u otro tipo de participación en sociedades;

c) créditos y derechos a prestaciones de valor económico;

d) derechos de autor, derechos de propiedad industrial, tales como patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, conocimientos tecnológicos y valor llave;

e) concesiones de derecho público, incluyendo concesiones para investigar, extraer o explotar recursos naturales así como cualquier otro derecho otorgado por la ley, por contrato o por decisión de un organismo de derecho público de acuerdo con la ley.

3) El término "territorio" incluye las áreas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial del territorio nacional, sobre el cual cada Parte Contratante pueda, de conformidad con el derecho internacional, ejercer derechos, soberanos o jurisdicción.

ARTICULO II
Promoción, admisión

1) Cada Parte Contratante fomentará en su territorio las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus leyes y reglamentos. Las Partes Contratantes reconocen el derecho de cada una de ellas de no permitir actividades económicas por razones de seguridad, orden público, salud pública o moralidad, así como otras actividades que por ley se reserven a sus propios inversores.

2) Cuando una de las Partes Contratantes haya admitido, de acuerdo con su legislación, una inversión en su territorio, otorgará las autorizaciones necesarias con relación a esa inversión, incluyendo la ejecución de contratos sobre licencias, asistencia comercial o administrativa.

Cada Parte Contratante, cuando así se requiera, facilitará el otorgamiento de las autorizaciones necesarias relativas a la actividad de consultores o de otras personas calificadas de nacionalidad extranjera.

ARTICULO III
Protección y tratamiento de inversiones

1) Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones realizadas, de acuerdo con su respectiva legislación, por los inversores de la otra Parte Contratante y no obstaculizará con medidas injustificadas o discriminatorias la administración, el mantenimiento, uso, goce, crecimiento, venta y, en caso que así sucediera, la liquidación de dichas inversiones.

2) Cada Parte Contratante asegurará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante. Este tratamiento, no será menos favorable que el acordado por cada Parte Contratante a las inversiones realizadas dentro de su territorio por sus propios inversores o al otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones hechas en su territorio por inversores de la nación más favorecida, si este último tratamiento es más favorable.

3) El tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los inversores de un tercer Estado en virtud de su participación o su asociación a una zona de libre comercio, una unión aduanera o un mercado común.

4) El tratamiento de la nación más favorecida no será aplicable a las ventajas que cualquiera de las Partes Contratante otorgue a los inversores de un tercer Estado como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble tributación o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios.

ARTICULO IV
Libre transferencia

Cualquiera de las Partes Contratantes, en cuyo territorio inversores de la otra Parte Contratante hayan realizado inversiones, otorgará a esos inversores la libre transferencia de los pagos correspondientes a dichas inversiones, en moneda libremente convertible a saber:

a) de los intereses, dividendos, beneficios, rentas y otros ingresos corrientes;

b) de amortización de préstamos;

c) de montos destinados a cubrir los gastos relativos a la administración de las inversiones;

d) de regalías y otros pagos provenientes de los derechos enumerados en el artículo 1, parágrafo (2), incisos c), d) y e) del presente Acuerdo.

e) de aportes adicionales de capital necesarios para el mantenimiento o desarrollo de las inversiones;

f) del producto de la venta o de la liquidación total o parcial de la inversión, incluyendo el eventual aumento de valores.

ARTICULO V
Expropiación, compensación

1) Ninguna de las Partes Contratantes tomará directa o indirectamente, medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza o efecto, contra inversiones pertenecientes a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que las medidas se tomen en caso de utilidad pública establecida por ley, a condición que no sean discriminatorias, que estén sujetas al debido proceso legal y se hagan las provisiones del caso para el efectivo y adecuado pago de las indemnizaciones. El monto de la indemnización, incluido sus intereses, se determinará en la moneda nacional del país de origen de la inversión y se pagará sin demora al inversor afectado por la medida.

2) Los inversores de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones hayan sufrido pérdidas por causas de guerra o cualquier otro tipo de conflicto armado, revolución, estado de emergencia o rebelión, acaecido en el territorio de la otra Parte Contratante, serán beneficiados por esta última con un tratamiento acorde con lo establecido por el artículo III, parágrafo (2) del presente Acuerdo, en lo que respecta a restituciones, indemnizaciones o compensaciones.

ARTICULO VI
Inversiones previas al Acuerdo

1) El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones realizadas en el territorio de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación, por inversores de la otra Parte Contratante, a partir del 1º de enero de 1991.

2) En ningún caso el presente Acuerdo se aplicará a controversias o litigios surgidos con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo.

ARTICULO VII
Condiciones más favorables

En caso que las condiciones convenidas, o que se acuerden en el futuro, por cualquiera de las Partes Contratantes con un inversor de la otra Parte Contratante, reconozcan al inversor un tratamiento más favorable que el dispuesto por el presente Acuerdo, dichas disposiciones serán de aplicación no siendo alteradas por los términos establecidos en el presente Acuerdo.

ARTICULO VIII
Principio de subrogación

1. Si una Parte Contratante o una de sus agencias realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro que hubiera contratado en relación a una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá la validez de la subrogación de todo derecho o acción del inversor en favor de aquella Parte Contratante o agencia.

Aquella Parte Contratante o agencia subrogante tendrá los mismos derechos del inversor y, en la medida que ejerza tales derechos lo hará sujeto a las obligaciones del inversor relacionadas con dicha inversión asegurada.

2. En el caso de subrogación, como es definido en parágrafo 1 de este artículo, el inversor no efectuará reclamo alguno a menos que sea autorizado a efectuarlo por la Parte Contratante o agencia subrogante.

ARTICULO IX
Disputas entre Partes Contratantes

1) Las controversias entre las Partes Contratantes con relación a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo, se resolverán por la vía diplomática.

2) Si las Partes Contratantes no llegan a un acuerdo dentro de los doce meses contados a partir de la iniciación de la controversia, ésta será sometida a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral compuesto de tres miembros. Cada Parte Contratante designará un árbitro, y ambos árbitros nombrarán al presidente del tribunal que será un nacional de un tercer Estado.

3) Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado su árbitro y no diera respuesta a la invitación de la otra Parte Contratante para proceder a realizar el nombramiento en un período de dos meses, el árbitro será designado a solicitud de dicha Parte Contratante, por el presidente de la Corte Internacional de Justicia.

4) Si los dos árbitros no logran llegar a un acuerdo sobre la elección del presidente, en un plazo de dos meses siguientes a su designación, este último será designado, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, por el presidente de la Corte Internacional de Justicia.

5) Si en los casos previstos en los parágrafos (3) y (4), el presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviera impedido de realizar dicha función o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, la designación será realizada por el Vicepresidente, y si este último estuviera impedido o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, el nombramiento será realizado por el juez de la Corte de mayor antigüedad que no sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes.

6) Salvo que las Partes Contratantes acuerdan lo contrario, el propio tribunal determinará su procedimiento.

7) Las decisiones del Tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes.

8) Toda Parte Contratante asumirá el costo del árbitro que ha nombrado y de su representación. El costo del presidente así como los otros costos en que se hayan incurrido serán solventados por partes iguales por las Partes Contratantes.

ARTICULO X
Controversias entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante

1) Las controversias que surgieren entre una de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante con relación a una inversión de ese inversor en el territorio de la primera Parte Contratante, deberán, toda vez que sea posible, ser dirimidas en forma amigable entre las partes contratantes.

2) Si la controversia, en el sentido dado en el parágrafo anterior, no ha sido dirimida dentro de un plazo de seis meses contados, desde la fecha en que una de las partes interesadas la haya promovido, será sometida, a solicitud de una de las partes, al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión. Si dentro de un plazo de 18 (dieciocho) meses, desde el momento en que la controversia ha sido sometida al tribunal competente, no se ha dictado sentencia, el inversor interesado, podrá recurrir a un tribunal arbitral, el que tendrá competencia para resolver la mencionada controversia.

3) En el caso que el tribunal competente mencionado en el parágrafo 2 de este artículo haya dictado una sentencia que infrinja una norma de derecho internacional, incluyendo las disposiciones del presente Acuerdo, o exista denegación de justicia, el inversor involucrado podrá recurrir a un tribunal arbitral.

4) El tribunal arbitral mencionado en los parágrafos 2 y 3 de este artículo se constituirá por cada caso. Las disposiciones de los parágrafos 2 a 8 del artículo IX se aplicarán "mutatis mutandis" con la reserva de que las partes en litigio designarán a los miembros del tribunal arbitral y que si no se cumplieren los plazos señalados en dicho artículo, cualquiera de las partes en litigio podrá solicitar al presidente de la Cámara Internacional de Comercio de París que proceda a efectuar los procedimientos necesarios.

5) En caso que ambas Partes Contratantes se hubieren adherido a la Convención sobre Arreglo de Controversias sobre Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados abierta para la ratificación en Washington el 18 de marzo de 1963, las controversias entre cualquiera de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parágrafo de este artículo, serán sometidas para ser dirimidas por conciliación o arbitraje al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias sobre Inversiones.

6) Ninguna de las dos Partes Contratantes promoverá una reclamación internacional respecto a una controversia que uno de sus inversores y la otra Parte Contratante hayan sometido a la decisión del tribunal competente de la Parte en cuyo territorio fue hecha la inversión o al arbitraje, conforme a lo establecido en el presente artículo, a menos que esta otra Parte Contratante no haya ejecutado o cumplido con la sentencia o laudo pronunciado en esa controversia.

ARTICULO XI
Observancia de los compromisos

Cada una de las Partes Contratantes asegurará en todo momento la observancia de los compromisos adquiridos con relación a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.

ARTICULO XII
Entrada en vigencia, renovación, terminación

1) El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que los gobiernos de las Partes Contratantes se notifiquen mutuamente que se ha dado cumplimiento a sus respectivos requisitos constitucionales.

2) El presente Convenio tendrá una validez de quince años.

Se derogará automáticamente por tiempo indefinido, a menos que fuera denunciado por escrito por una de las Partes Contratantes doce meses antes de su expiración.

Transcurrido el término de quince años podrá denunciarse el Convenio en cualquier momento pero seguirá en vigor por un plazo de doce meses a contar de la fecha en que se haya notificado la denuncia.

3) En lo que respecta a las inversiones efectuadas previamente a la fecha en que se haga efectiva la denuncia del Convenio, los preceptos de los artículos I al XI continuarán vigentes durante un período suplementario de quince años a partir de dicha fecha.

Hecho en Montevideo, el 2 de agosto de 1991, en dos originales en los idiomas español y polaco, siendo los dos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE POLONIA


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado ha procedido a estudiar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que cuenta con la sanción de la Cámara de Representantes por el que se aprueba el Acuerdo por la Promoción y Protección de las Inversiones entre nuestro país y Polonia.

Dicho instrumento internacional promueve la creación de condiciones favorables para la radicación de inversiones de capital extranjero.

El proyecto establece, que los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes estarán siempre sometidos a un trato justo y equitativo, gozando de total protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante. La protección es reforzada con una normativa que regula los casos de indemnización por pérdidas.

Al mismo tiempo se garantiza a los inversores extranjeros, un tratamiento no discriminatorio con relación a las inversiones nacionales o a las hechas en su territorio por inversiones de la nación más favorecida.

Por otro lado las Partes se garantizan recíprocamente la libre transferencia de las inversiones y rentas de capital, y se propicia el establecimiento entre las Partes y los inversores, de condiciones más favorables a las previstas en el Acuerdo para regir sus relaciones.

Las controversias que pudieran surgir entre las Partes Contratantes con relación a la interpretación o aplicación del Acuerdo, que no se resolvieran por la vía diplomática en 12 meses, se podrán someter a un Tribunal arbitral.

La Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación del Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre Uruguay y Polonia, entendiendo que el mismo estimulará la iniciativa comercial y el desarrollo de la cooperación económica entre los respectivos pueblos.

Sala de la Comisión, 1º de setiembre de 1994.

Alvaro Alonso Tellechea (Miembro Informante), Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, Julio C. Grenno, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

15) CIUDAD DE FRAY BENTOS. Declaratoria de Interés Nacional para el Desarrollo Turístico. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico de la ciudad de Fray Bentos, zonas circundantes y el balneario Las Cañas. (Carp. Nº 1583/94 - Rep. Nº 925/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1583/94
Rep. Nº 925/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Declárase de interés nacional para el desarrollo turístico, a los efectos dispuestos por el numeral 9º del artículo 85 de la Constitución de la República y los artículos 16 y 17 del decreto-ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, la ciudad de Fray Bentos y zonas circundantes, especialmente el balneario Las Cañas, ubicado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de agosto de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

Comisión de
Industria, Energía,
Minería y Turismo

INFORME

Señores representantes:

Vuestra Comisión ha analizado el proyecto de ley presentado por el señor representante Doreen Javier Ibarra, por el cual se declara zonas de interés nacional para el desarrollo turístico a la ciudad de Fray Bentos, zonas circundantes y balneario Las Cañas.

La Comisión efectuó un estudio de la iniciativa recabando las opiniones de la Intendencia de Río Negro y del Ministerio de Turismo.

Posteriormente, se evaluaron las informaciones y antecedentes recibidos, llegando a la conclusión de aconsejar la aprobación de la iniciativa.

El proyecto tiene como meta a Fray Bentos, sus zonas circundantes y al balneario Las Cañas de la declaración de interés nacional para el desarrollo turístico, en virtud de las condiciones que revisten y que hacen posible tal anhelo.

En efecto, se comparte lo señalado por su autor en la exposición de motivos, en cuanto a que Fray Bentos posee una serie de atractivos de raigambre histórica que se remontan al siglo pasado y principios del presente, constituyendo una riqueza de particular interés para el turismo tanto interno como internacional.

Sus bellezas naturales abonan para que sea objeto de la declaración propuesta. El señor representante efectúa una descripción detallada de sus diferentes centros de interés, como ser la rambla costanera, con sus barrancas, el Parque Roosevelt con su Teatro Municipal de Verano, la zona costera apta para la realización de todo tipo de actividades náuticas, por lo que "el Club de Remeros... ha ido ampliando su zona de marinas para permitir mayor influencia de yates fundamentalmente argentinos que recalan en ese Puerto".

Esta ciudad, además, cuenta con un importante crecimiento comercial e industrial, conformando un "...servicio de la salida de las principales producción de la provincia de Entre Ríos y la comunicación internacional entre Uruguay y Argentina", tal como lo señalaba el autor.

Respecto al balneario Las Cañas, distante apenas unos ocho kilómetros de la ciudad de Fray Bentos, se comparte la iniciativa, debido a que se trata de un lugar reconocido ampliamente por un magnífico y privilegiado paisaje, que lo hace un punto de referencia ineludible para el turismo.

Tanto por sus hermosas playas, como por el camping con instalaciones completas que cubren las necesidades de la gran cantidad de personas que concurren a acampar, así como el servicio de moteles que permanecen abiertos durante todo el año, merece el tratamiento propuesto por el autor.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, debe convenirse en que la normativa invocada por el señor representante Doreen Javier Ibarra tanto de constitucional como legal, amerita a que vuestra Comisión aconseje la aprobación del proyecto en estudio.

Sala de la Comisión, 10 de mayo de 1994.

Roberto Vázquez Platero (Miembro Informante), Carlos Bertacchi, Jorge Conde Montes de Oca, José Losada, Ricardo Rocha Imaz".

16) BALNEARIO LAGO MERIN. Declaratoria de Interés Nacional para el Desarrollo del Turismo. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico al balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo. (Carp. Nº 1388/93 - Rep. Nº 926/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1388/93
Rep. Nº 926/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Declárase de interés nacional para el desarrollo turístico, a los efectos dispuestos por el numeral 9º) del artículo 85 de la Constitución de la República y por los artículos 16 y 17 del decreto-ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, al balneario Lago Merín, ubicado en la 3a. Sección Judicial del departamento de Cerro Largo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de diciembre de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

Comisión de
Industria, Energía,
Minería y Turismo

INFORME

Señores representantes:

Vuestra Comisión de Industria, Energía, Minería y Turismo, que ha tenido a su estudio el proyecto presentado por el representante Jorge Coronel Nieto, por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico el Balneario Lago Merín, se permite aconsejar la aprobación del referido proyecto, en función de los argumentos que se exponen.

La Comisión realizó un exhaustivo estudio de la iniciativa recibiendo, en primer término, al autor de la misma, quien realizó una exposición verbal sobre el tema; de inmediato recibió al ministro de Turismo señor José Villar quien concurrió acompañado del Director General de Secretaría del mencionado Ministerio, Contador Fernando Mier Peluffo, del Director Enrique Perciavale, del Director de la División Relaciones con las Intendencias Contador Eduardo Menoni, y del Subdirector de Planeamiento, Arquitecto Carlos Achiriteguy, exponiendo la posición de la referida Secretaría de Estado en la materia.

También se recibió, por escrito, la opinión de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.

Posteriormente, la Comisión evaluó las informaciones, antecedentes y considerandos recibidos, llegando a la conclusión que se informa.

El proyecto apunta, como lo señala su autor en la exposición de motivos que acompaña, a dotar a dicho balneario de las condiciones exigidas a la categoría que ha alcanzado, declarándolo de interés nacional. Tal como se señala: "Los distintos sectores de actividad vinculados al turismo (hotelería, restaurantes, construcción residencial, comercios y servicios varios), han adquirido en los últimos años especial importancia en la estructura productiva nacional, con elevados niveles de inversión y captación de capitales de riesgo", el notable desarrollo del balneario justifica la aprobación del proyecto.

El autor ahonda también en conceptos jurídicos y constitucionales coadyuvantes a los fines perseguidos, que se estima de recibo.

En la aludida visita al seno de esta Comisión, el ministro de Turismo, abundó en consideraciones favorables, destacando: "Lo más importante que se ha planteado es la declaratoria de interés nacional para el Balneario Lago Merín en el departamento de Cerro Largo. Estamos de acuerdo con esta medida que se ha presentado, ya que creemos que es uno de los puntos turísticos más importantes del país. Con todas las Intendencias del país, salvo Maldonado -por razones obvias, ya que no necesita el apoyo económico del Ministerio- se han suscrito convenios en un plan quinquenal. Este plan fue planteado a las Intendencias y cada una de ellas, eligió como mínimo, tres obras a llevar adelante. La Intendencia de Cerro Largo eligió el Balneario Lago Merín y dicha obra costará U$S 226.000. Es de hacer notar que el Ministerio y la Intendencia se dividirán por partes iguales esta suma de dinero.

En grandes líneas, queremos decir que creemos en una primera etapa, en el desarrollo del turismo regional que, sin lugar a dudas, produce ingresos de divisas en el país. Por suerte, ya entramos en la segunda etapa, es decir, en el desarrollo de un turismo interno y social, que también consideramos importante desde el momento que podemos conocer primero al país y luego mantener abiertas esas infraestructuras turísticas y dar trabajo durante todo el año y no en un corto período de él.

En cuanto al Intendente de Cerro Largo señor Rodolfo Nin Novoa, entre otras consideraciones, expresa: "De más estaría argumentar en favor de dicho proyecto pues la exposición de motivos del mismo abarca todos los aspectos que deben resaltarse a los efectos de convertir dicho proyecto de ley.

Solamente faltaría agregar a mero título informativo las obras que la Intendencia Municipal ha llevado adelante para la jerarquización de este balneario: quince cabañas que se alquilan a los turistas todos los años, dos campings con todos los servicios, un parador municipal que es el más importante punto de reunión de la juventud, construcción de dos grandes avenidas tipo bulevar. Y para profundizar esta breve descripción de tareas municipales cabe mencionar que en este momento se está preparando, por parte de la Intendencia, una licitación a los efectos de iluminar los accesos al balneario y dos de esas avenidas antes mencionadas.

Como no escapará al elevado criterio de los señores Legisladores la conjunción de inversiones públicas y privadas está potencializando y desarrollando este hermoso balneario, por lo cual sería absolutamente necesario para la consolidación de este lugar la aprobación de este proyecto de ley que compartimos íntegramente".

Aun vuestra Comisión, a efectos de mejor proveer, previó el informe de la Asesoría Técnica de la Cámara de Representantes, con respecto a si el referido proyecto no contradice el texto de la Constitución de la República, recibiendo la información que se transcribe, y que se comparte: "Respecto a la consulta verbalmente formulada en cuanto a si el proyecto de ley que declara de interés nacional para el desarrollo turístico al Balneario Lago Merín, ubicado en la 3a. Sección Judicial del departamento de Cerro Largo, no contradice el texto de la Constitución de la República, debemos informar lo siguiente: Entendemos que de acuerdo con las características enunciadas en la exposición de motivos por el Legislador proponente, dicho balneario puede ser declarado de interés nacional no encontrándose, por ende, impedimento alguno para que la Comisión primero y posteriormente, el Plenario, aprueben el proyecto de ley.

El fundamento del mocionante al referir en general a la norma constitucional y en especial a los artículos 16 y 17 del decreto-ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, implica que de transformarse en ley el proyecto en cuestión, las autoridades nacionales -por ejemplo Ministerio de Turismo e Intendencia Municipal de Cerro Largo- deberán efectuar preceptivamente las obras necesarias de infraestructura y celebración de convenios para prestar los servicios indispensables para el turismo.

Por otra parte, la Comisión ha demostrado inquietud en cuanto a si el proyecto a estudio no podría interferir con lo dispuesto por la ley Nº 9.994, de 26 de diciembre de 1940, que declara de interés para el turismo a la Villa de Río Branco.

En opinión del suscrito, no hay interferencia ni derogación alguna respecto de esa ley. En efecto, la normativa del año 1940 fue sancionada bajo la vigencia de la Constitución de 1934 que no hacía referencia a la declaración de determinadas zonas de interés nacional para el turismo. Es recién con la Carta de 1967 que se consagra esta potestad de la Asamblea General, y es en virtud de tal disposición que se propone el proyecto en estudio.

Por último, el Balneario Lago Merín se encuentra ubicado en una zona diferente a la Villa de Río Branco, por lo que no hay superposición territorial de uno con otra".

De todas estas actuaciones, surge nítido el valor sustancial que significa declarar de interés nacional dicho balneario, por lo que vuestra Comisión reitera la solicitud de aprobación de este proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 7 de setiembre de 1993.

Ricardo Rocha Imaz (Miembro Informante), Carlos Bertacchi, Jorge Conde Montes de Oca, Humberto González Perla, José Losada, Roberto Vázquez Platero".

17) TRATADO PARA LA PROSCRIPCION DE ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA. Enmiendas. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se aprueban las enmiendas al Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina. (Carp. Nº 1372/93 - Rep. Nº 935/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1372/94
Rep. Nº 935/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébanse las enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco), adoptadas por la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe en su Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, en México, D.F., el 26 de agosto de 1992, mediante la Resolución Nº 290 (VII).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de diciembre de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Defensa Nacional

Montevideo, 9 de diciembre de 1992

Señor presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueban las enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco), adoptadas por la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe en su Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, en México D.F., el 26 de agosto de 1992, mediante la Resolución Nº 290 (VII).

Dichas enmiendas tienen por objeto permitir la ampliación del alcance territorial de las disposiciones del Tratado, sin menoscabar los objetivos básicos del mismo y los mecanismos de control indispensables a su correcto funcionamiento.

Como es de conocimiento, la situación del Tratado había llevado en la práctica a un estado de parálisis, como consecuencia de que Cuba no lo había firmado, que Argentina no lo había ratificado, y que Chile y Brasil no habían hecho la dispensa a la que se refiere el artículo 28.

En estas circunstancias en abril de 1990, se efectuó una reunión, a propuesta de Uruguay, entre los Cancilleres de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, para encontrar una fórmula que permitiera salir del impasse.

Luego de arduas negociaciones, se logró llegar a la fórmula actual que fue adoptada en el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, OPANAL, que se reunió en México con el cometido de enmendar el Tratado.

Como consecuencia de estas enmiendas, Francia ratificó el Protocolo Adicional I (era el único país involucrado en el Protocolo que aún no lo había firmado), Cuba anunció que firmaría, Argentina que lo ratificaría y Chile y Brasil que presentarían una dispensa.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas del 1º de octubre de 1992 el ministro de Relaciones Exteriores dijo al respecto: "Deseo destacar el notable esfuerzo emprendido por América Latina, en el que el Uruguay participó activamente desde su mismo origen, para introducir enmiendas al Tratado de Tlatelolco, que permitieran la firma de Cuba, la ratificación de la Argentina y la presentación de las dispensas por parte de Brasil y Chile. Estas enmiendas, ya aprobadas, que han traído también como consecuencia la ratificación por parte de Francia del Protocolo Adicional I, han asegurado la realidad de la existencia, total y plena, de la primera zona libre de armas nucleares, que cubre toda Latinoamérica y el Caribe".

De lo antes mencionado se deduce que para la efectiva incorporación al Tratado de los referidos países, resulta trascedental la aprobación de las enmiendas que se presentan a consideración de ese Cuerpo.

El tenor de las enmiendas, así como los artículos a los que refieren, son los siguientes:

En el artículo 14 se prevé que las Partes remitan al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (OPANAL), copia de los informes enviados al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que se entiendan relevantes para las tareas del primero.

Dicha información será reservada, salvo autorización expresa de la Parte involucrada.

En el artículo 15 se establece que, previa solicitud de cualquiera de las Partes y autorización del Consejo, el Secretario General de OPANAL podrá presentar una solicitud fundada a una Parte para que suministre información complementaria respecto a hechos o circunstancias extraordinarias que afecten el cumplimiento del Tratado, informando de tal solicitud y la respuesta a la misma, tanto a las Partes como al Consejo.

En el artículo 16 se concede al OIEA la facultad de realizar inspecciones especiales, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 12 y 13 del Tratado de Tlatelolco. Dichas inspecciones pueden ser asimismo solicitadas por el Consejo de OPANAL a requerimiento de cualquiera de las Partes.

El Secretario General de OPANAL solicitará al Director General del OIEA la remisión de las conclusiones de las referidas inspecciones, las que serán comunicadas a su vez a las Partes Contratantes.

En el artículo 19, y con el fin de perfeccionar el sistema de control del Tratado, se autoriza a OPANAL a concertar acuerdos a ese efecto con el OIEA, previa autorización de su Conferencia General.

El artículo 20, en la redacción dada por las enmiendas, prevé la posibilidad de establecer relaciones entre OPANAL y los organismos de cualquier región del mundo, existentes o a crearse, encargados de la supervisión del desarme o el control de armamentos.

Asimismo, en lo que refiere a los aspectos técnicos de la aplicación del Tratado, se establece la posibilidad de solicitar el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Energía Nuclear, en el marco del estatuto de la misma.

El impulso que la entrada en vigor de las enmiendas expresadas puede otorgar a un principio tan caro a la política exterior de la República como el de la paz y el desarme justifican, a juicio del Poder Ejecutivo, la pronta ratificación de la mismas por parte de nuestro país, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Mariano Brito.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébanse las enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco), adoptadas por la Conferencia General del organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe en su Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, en México D.F., el 26 de agosto de 1992, mediante la Resolución Nº 290 (VII).

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Héctor Gros Espiell, Mariano Brito.

El C. Embajador Carlos A. de Icaza, oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

certifica:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original de las Enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, adoptadas en la ciudad de México, Distrito Federal, el día veintitrés del mes de agosto del año mil novecientos noventa y dos, cuyo texto y forma en español son los siguientes:

RESOLUCION 290 (VII)

ENMIENDAS AL TRATADO PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMERICA LATINA

La Conferencia General,

RECORDANDO que como se señala en el preámbulo del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, abierto a la firma en la Ciudad de México el 14 de febrero de 1967, el cual entró en vigor el 25 de abril de 1969, las zonas militarmente desnuclearizadas no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio para avanzar hacia la conclusión de un desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, siguiendo los criterios establecidos en la materia, por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas.

DESTACANDO la importancia de lograr a la brevedad posible la plena aplicación del Tratado de Tlatelolco, una vez recibida la ratificación de Francia del Protocolo Adicional I de dicho instrumento internacional con lo que se logra la vigencia de los dos Protocolos Adicionales cuyo objetivo es por un lado asegurar el estatuto desnuclearizado de los territorios de la Zona latinoamericana que están de jure o de facto bajo control de potencias extracontinentales y por el otro, tener la garantía que las potencias nucleares respeten el estatuto desnuclearizado de América Latina.

EXPRESANDO su satisfacción por la decisión de los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile de tomar las medidas necesarias a la brevedad posible para que el Tratado cobre vigencia plena para cada uno de esos países.

EXHORTANDO en forma respetuosa a los Estados de América Latina y el Caribe para los cuales el Tratado está abierto a su adhesión, a que efectúen de inmediato los trámites correspondientes a fin de ser Partes de dicho instrumento internacional contribuyendo así a una de las causas más nobles que unen al continente latinoamericano.

REAFIRMANDO la importancia de que cualquier modificación al Tratado, respete estrictamente los objetivos básicos del mismo y los elementos fundamentales del necesario sistema de control e inspección.

Resuelve:

Aprobar y abrir a la firma las siguientes enmiendas al Tratado:

Artículo 14

"2. Las Partes Contratantes enviarán simultáneamente al Organismo copia de los informes enviados al Organismo Internacional de Energía Atómica en relación con las materias objeto del presente Tratado, que sean relevantes para el trabajo del Organismo.

3. La información proporcionada por las Partes Contratantes no podrá ser divulgada o comunicada a terceros, total o parcialmente, por los destinatarios de los informes, salvo cuando aquéllas lo consientan expresamente".

Artículo 15

"1. A solicitud de cualquiera de las Partes y con la autorización del Consejo, el Secretario General podrá solicitar de cualquiera de las Partes que proporcione al Organismo información complementaria o suplementaria respecto de cualquier hecho o circunstancia extraordinarios que afecten el cumplimiento del presente Tratado, explicando las razones que tuviere para ello. Las Partes Contratantes se comprometen a colaborar pronta y ampliamente con el Secretario General.

2. El Secretario General informará inmediatamente al Consejo y a las Partes sobre tales solicitudes y las respectivas respuestas".

Texto que sustituye al artículo 16 en vigor:

Artículo 16

"1. El Organismo Internacional de Energía Atómica tiene la facultad de efectuar inspecciones especiales, de conformidad con el artículo 12 y con los acuerdos a que se refiere el artículo 13 de este Tratado.

2. A requerimiento de cualquiera de las Partes y siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 15 del presente Tratado, el Consejo podrá enviar a consideración del Organismo Internacional de Energía Atómica una solicitud para que ponga en marcha los mecanismos necesarios para efectuar una inspección especial.

3. El Secretario General solicitará al Director General del OIEA que le transmita oportunamente las informaciones que envíe para conocimiento de la Junta de Gobernadores de OIEA con relación a la conclusión de dicha inspección especial. El Secretario General dará pronto conocimiento de dichas informaciones al Consejo.

4. El Consejo, por conducto del Secretario General, transmitirá dichas informaciones a todas las Partes Contratantes".

Artículo 19

"1. El Organismo podrá concertar con el Organismo Internacional de Energía Atómica los acuerdos que autorice la Conferencia General y que considere apropiados para facilitar el eficaz funcionamiento del sistema de control establecido en el presente Tratado".

Y se renumera a partir del artículo 20 en adelante:

"1. El Organismo podrá también entrar en relación con cualquier organización u organismo internacional, especialmente con los que lleguen a crearse en el futuro para supervisar el desarme o las medidas de control de armamentos en cualquier parte del mundo.

2. Las Partes Contratantes, cuando lo estimen conveniente, podrán solicitar el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Energía Nuclear en todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la aplicación del presente Tratado, siempre que así lo permitan las facultades conferidas a dicha Comisión por su Estatuto".

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, habiendo depositado sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, suscriben la presente Acta, en nombre de sus respectivos gobiernos.

Hecha en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de agosto del año de mil novecientos noventa y dos.

La presente es copia fiel y completa en español de las Enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, adoptadas en la ciudad de México, Distrito Federal, el día veintiséis del mes de agosto del año de mil novecientos noventa y dos.

Extiendo la presente, en siete páginas útiles, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de setiembre del año de mil novecientos noventa y dos, a fin de proporcionarla al gobierno de la República Oriental del Uruguay.

Carlos A. de Icaza.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Con fecha 9 de diciembre de 1992, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea General, el proyecto de ley por el cual se aprueban las enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco), adoptadas por la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe en su Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, en México D.F., el 26 de agosto de 1992, mediante la resolución Nº 290 (VII). Posteriormente el 2 de diciembre de 1993, la Cámara de Representantes, aprueba dicho proyecto de ley en su único artículo.

Como el Mensaje del Poder Ejecutivo establece: "dichas enmiendas tienen por objeto permitir la ampliación del alcance territorial de las disposiciones del Tratado, sin menoscabar los objetivos básicos del mismo y los mecanismos de control indispensables a su correcto funcionamiento".

El texto de las enmiendas, en el artículo catorce establece que las Partes enviarán al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (OPANAL) copia de los informes enviados al Organismo Internacional de Energía Atómica, en relación con las materias objeto del Tratado, que sean relevantes para el trabajo del Organismo.

En el artículo quince se determina que a solicitud de cualquiera de las Partes y autorizado por el Consejo, el Secretario General de OPANAL podrá solicitar de cualquiera de las Partes que proporcionen información adicional respecto de los hechos que afecten el cumplimiento del Tratado.

En el artículo dieciséis se concede al OIEA la facultad de realizar inspecciones especiales, de acuerdo a lo dispuesto por los Acuerdos doce y trece del Tratado de Tlatelolco. Dichas inspecciones pueden ser solicitadas por el Consejo de OPANAL a requerimiento de cualquiera de las Partes.

El Secretario General de OPANAL solicitará al Director General del OIEA que le trasmita la conclusión de dicha inspección, quien dará pronto conocimiento al Consejo y a las Partes Contratantes.

En el artículo diecinueve, el Organismo podrá concertar con el OIEA los acuerdos que autorice la Conferencia General, para facilitar el eficaz funcionamiento del sistema de control establecido en el Tratado.

En el artículo veinte, se establece que el Organismo podrá entrar en relación con cualquiera Organización Internacional, para supervisar el desarme o las medidas de control de armamentos. Asimismo, las PARTES CONTRATANTES, podrán solicitar, el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Energía Nuclear, en todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la aplicación del Tratado.

Al decir del Mensaje del Poder Ejecutivo en su parte final: "el impulso que la entrada en vigor de las enmiendas expresadas puede otorgar a un principio tan caro a la política exterior de la República como el de la Paz y el Desarme justifican, la pronta ratificación de las mismas por parte de nuestro país..."

En consecuencia, solicitamos al Cuerpo, la aprobación de las mismas.

Sala de la Comisión, 22 de setiembre de 1994.

Leopoldo Bruera (Miembro Informante), Alvaro Alonso Tellechea, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Reinaldo Gargano, Julio C. Grenno, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

18) ACUERDO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Aprobación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República y la República de Colombia. (Carp. Nº 1411/89 - Rep. Nº 934/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1411/89
Rep. Nº 934/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, el día 31 de enero de 1989 en la ciudad de Bogotá.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de julio de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 11 de agosto de 1992.

Señor presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 numeral 20 y artículo 85, numeral 7 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 20 de junio de 1989, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación del proyecto de ley que aprueba el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, suscrito el día 31 de enero de 1989, en la ciudad de Bogotá, al permanecer vigentes los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, suscrito el día 31 de enero de 1989, en la ciudad de Bogotá.

Dicho Acuerdo se establece como instrumento "marco" destinado a la ampliación de la cooperación entre ambos países a fin de contribuir al desarrollo económico y social de sus respectivas poblaciones y a una mayor integración regional. A esos efectos se prevé la ejecución de común acuerdo, de programas de cooperación técnica y científica que sean compatibles con las políticas de desarrollo de cada Parte Contratante.

De acuerdo al artículo II, los proyectos y acciones de cooperación incluidos en los programas anteriormente mencionados, serán aprobados mediante Acuerdos Operativos, los que deberán especificar los objetivos pretendidos, las actividades a desarrollar, los costos y su funcionamiento, el cronograma de cumplimiento y las obligaciones de los organismos o entidades encargados de su ejecución.

Las modalidades que pueden llegar a adoptar los proyectos y acciones de cooperación técnica no están limitados y a título de ejemplo el Acuerdo menciona las actividades de investigación, la organización de seminarios y conferencias, la formación y capacitación de personal y asistencia específica.

Conforme a la segunda parte del artículo III del Acuerdo de referencia, los medios que podrán ser utilizados para materializar la cooperación son los siguientes: envío de técnicos y expertos así como de equipos y materiales, concesión de becas de formación o especialización e intercambio de información y documentación.

En el artículo IV se contempla la posibilidad de que las Partes Contratantes requieran la participación de organismos internacionales y asistencia multilateral complementaria a fin de cumplir los programas de cooperación aprobados al amparo del Acuerdo de referencia.

Se establece asimismo, que la información técnica o científica intercambiada o resultante de investigaciones conjuntamente realizadas, podrá ser libremente utilizada siempre que los gobiernos contratantes o los organismos ejecutores no convengan limitar su utilización.

En oportunidad de suscribirse los Acuerdos Operativos, y de conformidad con su legislación interna, cada gobierno adoptará las medidas necesarias, para facilitar la entrada y permanencia de los expertos y becarios enviados por la otra Parte.

A su vez, el artículo VII exonera de derechos de Aduana y de cualquier otro gravamen, la introducción de los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de los programas aprobados en ejecución del Acuerdo. Los objetos introducidos de esa manera no podrán ser enajenados en el territorio de la otra Parte, a menos que se cuente con la autorización de las autoridades competentes y se cumpla con los requisitos exigidos.

Finalmente, cabe señalar que se conviene en establecer una Comisión Mixta con representantes de los dos gobiernos, que se reunirá alternativamente en Montevideo y Bogotá en la fecha que por vía diplomática se acuerde y que tendrá como objetivo impulsar la negociación y aprobación de los diferentes Acuerdos Operativos. Para ello, definirá las áreas, sectores y temas que servirán de marco de referencia a cada ejecución de programación binacional, establecerá el procedimiento y los mecanismos operativos más convenientes para la negociación de los programas de cooperación técnica, propondrá los Acuerdos Operativos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos y acciones de cooperación que se hubieren acordado, recomendará las medidas necesarias tendientes a facilitar la ejecución de lo acordado, coordinará todos los aspectos vinculados a la preparación de las reuniones, utilizando los canales diplomáticos y evaluará los resultados alcanzados en el ejercicio de la programación precedente.

En el afán de aumentar y perfeccionar la cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia y de contribuir cada vez más a la profundización de la integración regional, es que el Poder Ejecutivo se permite recomendar a ese Alto Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

El Poder Ejecutivo reitera al señor presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Juan Andrés Ramírez, Guillermo García Costa, Ignacio de Posadas Montero.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, el día 31 de enero de 1989, en la ciudad de Bogotá.

Héctor Gros Espiell, Guillermo García Costa, Juan Andrés Ramírez, Ignacio de Posadas Montero.

ACUERDO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA

El gobierno de la República Oriental del Uruguay y el de la República de Colombia, interesados en fortalecer y desarrollar los lazos de amistad existentes entre ambas naciones; conscientes de que la mutua colaboración para estimular la cooperación horizontal en el campo de la actividad científica, la educación, la cultura, las comunicaciones, la tecnología, la administración, la gestión empresarial, y en otros campos que puedan acordarse contribuirá al desarrollo económico-social de sus respectivas poblaciones y a una mayor integración regional.

Han decidido celebrar el siguiente Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes impulsarán, de común acuerdo, la ejecución de programas de cooperación técnica y científica conforme a sus respectivas políticas de desarrollo.

ARTICULO II

Los proyectos y acciones de cooperación incluidos en los programas a que hace referencia el artículo anterior serán aprobados mediante Acuerdos Operativos que deberán especificar: los objetivos a lograr, las actividades a cumplir, los costos, el cronograma de cumplimiento, las obligaciones que asumen los organismos o entidades encargados de la ejecución, incluidas las de carácter financiero y las fuentes de financiamiento que se utilizarán.

ARTICULO III

Los proyectos y acciones de cooperación técnica podrán adoptar -entre otras- las modalidades siguientes:

a) Actividades de investigación.
b) Organización de seminarios y conferencias.
c) Actividades de formación y capacitación de personal.
d) Prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica específica.
e) Cualquier otra modalidad que se convenga.

Los medios a través de los cuales operará la cooperación podrán ser los siguientes:

a) Envío de técnicos o expertos.
b) Concesión de becas de formación y especialización.
c) Envío de equipos y materiales.
d) Intercambio de información y documentación.

ARTICULO IV

Las Partes Contratantes podrán requerir la participación de organismos internacionales y asistencia multilateral complementaria para llevar a cabo los programas de cooperación aprobados al amparo de este Acuerdo.

ARTICULO V

La información técnica o científica que se intercambie al amparo del presente Acuerdo, o que surja como resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo en común, podrá ser utilizada libremente; salvo cuando las Partes Contratantes o los organismos ejecutores convengan limitar su utilización.

ARTICULO VI

Cada Parte Contratante adoptará las medidas necesarias para facilitar la entrada y permanencia de técnicos, expertos y becarios de la otra Parte, en ocasión de suscribirse el respectivo Acuerdo Operativo y de conformidad con su legislación interna, a fin de asegurar el cumplimiento de las actividades de cooperación previstas.

ARTICULO VII

Los equipos y materiales que sea necesario introducir a alguno de los dos países en desarrollo de los programas aprobados en ejecución de este Acuerdo, gozarán de la exención de derechos de Aduana y cualquier otra tasa de gravamen fiscal o impuesto, así como de las facilidades para su ingreso, sea temporal o definitivo.

De acuerdo con el párrafo anterior los objetos importados con franquicia aduanera, no podrán ser enajenados en el territorio de la otra Parte, salvo cuando la autoridades competentes lo permitan y previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

ARTICULO VIII

Las Partes Contratantes convienen en establecer una Comisión Mixta con representantes de los dos gobiernos, que se reunirá alternativamente en Montevideo y Bogotá, en la fecha que se acuerde por vía diplomática, a fin de impulsar la negociación y aprobación de Acuerdos Operativos, conforme a lo establecido en el presente Acuerdo Básico de Cooperación Técnica.

La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:

a) Definir las áreas, sectores y temas que servirán de marco de referencia a cada ejercicio de programación binacional.
b) Establecer el procedimiento y los mecanismos operativos más convenientes para la negociación de los programas de cooperación técnica.
c) Proponer los Acuerdos Operativos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos y acciones de cooperación que se hubieren aprobado.
d) Recomendar las medidas necesarias tendientes a facilitar la ejecución de lo acordado.
e) Coordinar todos los aspectos vinculados a la preparación de las reuniones, utilizando los canales diplomáticos.
f) Evaluar los resultados alcanzados en el ejercicio de programación precedente.

ARTICULO IX

Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación de este Acuerdo deberá ser resuelta por vía diplomática.

ARTICULO X

El presente Acuerdo será sometido por cada Parte a sus requisitos constitucionales y legales para su perfeccionamiento. Las Partes se notificarán por vía diplomática el cumplimiento de sus requisitos internos, y el Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la segunda notificación.

Tendrá validez durante cinco años, prorrogables automáticamente por períodos de un año, salvo que una de las Partes comunique, con un mínimo de seis meses de anticipación, su decisión en contrario.

En caso de determinación o denuncia de este Acuerdo, los programas y proyectos en ejecución, no serán afectados, salvo convenio de las Partes en sentido diferente.

Hecho en la ciudad de Bogotá, a los 31 días del mes de enero de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en dos originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el gobierno de la
República Oriental del Uruguay

Por el gobierno de la
República de Colombia


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley referido al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica con la República de Colombia. El mismo, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Representantes, fue suscrito por nuestro país el 31 de enero de 1989, en la ciudad de Bogotá.

En líneas generales, el Acuerdo es similar a otros aprobados con anterioridad. Es su acápite se propone "la mutua colaboración para estimular la cooperación horizontal en el campo de la actividad científica, la educación, la cultura, las comunicaciones, la tecnología, la administración, la gestión empresarial, y en otros campos que puedan acordarse, contribuirá al desarrollo económico-social de sus respectivas poblaciones y a una mayor integración regional".

Consta de 10 artículos, que reseñamos brevemente:

ARTICULO I: Propone "la ejecución de programas de cooperación técnica y científica conforme a sus respectivas política de desarrollo".

ARTICULO II: Establece las condiciones que deben reunir los "Acuerdos Operativos" en los que se aprueben "los proyectos y acciones incluidos en los programas" de referencia.

ARTICULO III: Resume las modalidades que podrán adoptar tales proyectos y acciones, así como los medios a través de los cuales operará la cooperación, que son los usuales en este tipo de Acuerdos.

ARTICULO IV: Establece que "las Partes Contratantes podrán requerir la participación de organismos internacionales y asistencia multilateral complementaria...".

ARTICULO V: En este artículo, se consagra la libre utilización de la información científica intercambiada o resultante de investigaciones comunes, salvo aquellas en que se acuerde algún tipo de limitación.

ARTICULO VI: En él se establece el compromiso de las Partes "para facilitar la entrada y permanencia de técnicos, expertos y becarios... en ocasión de suscribirse el respectivo Acuerdo Operativo".

ARTICULO VII: Se refiere a la exoneración impositiva de equipos y materiales a utilizar en el desarrollo de los programas, acordándose facilidades para su ingreso temporal o definitivo. Los mismos "no podrán ser enajenados en el territorio de la otra Parte, salvo cuando las autoridades competentes lo permitan y previo cumplimiento de los requisitos exigidos".

ARTICULO VIII: Por él se establece la constitución de una Comisión Mixta, cuyas funciones se explicitan, a fin de impulsar la negociación y aprobación de los Acuerdos Operativos.

ARTICULO IX: Refiere, en forma textual: "Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación de este Acuerdo deberá ser resuelta por vía diplomática".

ARTICULO X: Establece los requisitos para la aprobación del Acuerdo por las Partes, su puesta en vigor -treinta días después de la segunda notificación- su plazo de validez -cinco años, prorrogables automáticamente- salvo decisión en contrario de una de las Partes. Finalmente, se establece que "en caso de terminación o denuncia de este Acuerdo, los programas y proyectos en ejecución no serán afectados, salvo convenio de la Parte en sentido diferente".

19) ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Padrón Nº 1669. Se transfiere al gobierno departamental de Colonia. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se transfiere de la Administración de Ferrocarriles del Estado al gobierno departamental de Colonia, el Padrón Nº 1669, ubicado en la 5ta. Sección Judicial del departamento. (Carp. Nº 1617/94 - Rep. Nº 931/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1617/94
Rep. Nº 931/94

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Transfiérese de la Administración de Ferrocarriles del Estado, al gobierno departamental de Colonia, la propiedad del padrón señalado con el Nº 1669, ubicado en la 1a. Sección Judicial del departamento de Colonia.

Art. 2º. - El valor del padrón objeto de esta transferencia, será el que surja de la tasación que realice la Dirección Nacional del Catastro: su pago se entenderá con cargo al numeral 4º del artículo 589 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, modificado por el numeral 4º del artículo 468 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Art. 3º. - El gobierno departamental de Colonia, coordinará con el Ministerio de Turismo y la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, el destino que se le dará al padrón transferido.

Walter Belvisi, Carlos Bouzas, Wilson Elso Goñi, Dante Irurtia. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los senadores firmantes, integrantes de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, aconsejan al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley por el que se transfiere el Padrón Nº 1669 de la 1a. Sección Judicial del departamento de Colonia desde la Administración de Ferrocarriles del Estado al gobierno departamental de Colonia.

Se trata del predio que ocupa la estación de ferrocarril de la ciudad de Colonia, hoy en desuso, y del cual la Administración de Ferrocarriles del Estado desea desprenderse en aplicación de una política de venta de activos improductivos, que ayuden al Ente ferroviario al alivio de su déficit presupuestal que es cubierto anualmente por rentas generales.

El llamado a licitación efectuado por la Administración de Ferrocarriles del Estado para ofrecer en venta dicho predio, desencadenó una honda preocupación en las autoridades y fuerzas vivas de Colonia, que podemos graficar en el informe que nos entregara la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, de fecha 27 de julio de 1994.

Transcribimos los aspectos sustanciales del mismo:

"AREA PROPUESTA:

A) límite oeste: Bastión de San Miguel y de antigua muralla;

B) límite norte: línea norte de calle Florida;

C) límite este: predio del puerto;

D) límite sur: Río de la Plata.

Múltiples razones hacen de este predio un área urbana de características singulares señalables y de alto valor para la ciudad de Colonia, y para nuestra Nación.

Por una parte podemos considerar las construcciones de la empresa estatal AFE.

Todas ellas se mantienen hoy con un buen estado de conservación. Sin lugar a dudas resultan ser un testimonio que trasciende el mero aspecto arquitectónico. Representan parte de la realidad histórica nacional, y de lo que significaron, dentro de las comunicaciones del país, los ferrocarriles.

Por otra parte y no menos importante es la relevancia a nivel local, como elementos de la vida cotidiana de la comunidad, con la que ésta se identifica y por ende no debe perder.

Por otra parte esta faja costera puede considerarse como una prolongación del área del "Barrio Histórico", constituyéndose como uno de los espacios urbanos con mayores valores históricos y paisajísticos de la ciudad.

Como límite urbano, es deseable su riguroso control, más aun teniendo en consideración su localización sobre la costa del Río de la Plata. Este espacio libre, mirando desde el río hacia la ciudad, permite a quien llega por agua a Colonia, gozar de una extraordinaria visión panorámica abarcando las murallas, el pórtico, las torres de la Iglesia, el faro, etc.

Caracterizan además a este predio, la presencia de un gran número de ejemplares de flora autóctona que deben ser protegidos y conservados, integrándolos en un adecuado planteo paisajístico para el área. La presencia de la muralla resulta particular respecto de su situación en el resto de la ciudad ya que se encuentra en un espacio libre y abierto, acercándose a su situación original, y no dentro de la trama urbana edificada.

Resulta señalable y compartible la consideración de UNESCO, ante una solicitud del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, y declarar el barrio histórico de Colonia en Patrimonio Cultural de la Humanidad, de ampliar el área de protección hoy existente, comprendiendo dentro de nuevos límites entre otros, esa faja de la costa.

Todo lo antes expuesto, permite concluir la necesidad de un adecuado control de área y sus edificaciones destinándolas a usos que no sólo permitan la conservación de los valores pre existentes, sino su potenciación y en especial, no perdiendo su carácter de espacio libre".

Los firmantes recabamos opinión del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor ministro de Turismo, el señor Intendente de Colonia, la Junta Departamental de Colonia y la Corporación Turística Departamental de Colonia.

Con la solución dada por esta ley, las autoridades de Colonia junto al Ministerio de Turismo y la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, estarán en condiciones de determinar el destino del predio arriba mencionado, que sea beneficiosa para la ciudad, su población y el interés turístico que tiene esta zona especialmente.

Walter Belvisi, Carlos Bouzas, Wilson Elso Goñi, Dante Irurtia. Senadores".

20) UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL. Nominaciones. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se nominan varias Unidades del Ejército Nacional. (Carp. Nº 1622/94 - Rep. Nº 936/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1622/94
Rep. Nº 936/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase con los nombres de "Oriental" al Batallón de Infantería Nº 4; "Asencio" al Batallón de Infantería Nº 5; "Capitán Manuel Artigas" al Batallón de Infantería Nº 6; "Ituzaingó" al Batallón de Infantería Nº 7; "Rincón" al Batallón de Infantería Nº 9; "Leonardo Olivera" al Batallón de Infantería Nº 12; "Misiones" al Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 5; "Guayabos" al Regimiento de Caballería Nº 10; "Las Piedras" al Grupo de Artillería Nº 3; "Sarandí" al Batallón de Ingenieros de Combate Nº 2 y "Libertad o Muerte" al Batallón de Comunicaciones Nº 1.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de setiembre de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 8 de junio de 1994.

Señor presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a efectos de someter a su consideración, atento a lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se designan a determinadas Unidades del Ejército Nacional con las nominaciones que se expresan:

Batallón de Infantería Nº 4: Oriental.
Batallón de Infantería Nº 5: Asencio.
Batallón de Infantería Nº 6: Capitán Manuel Artigas.
Batallón de Infantería Nº 7: Ituzaingó.
Batallón de Infantería Nº 9: Rincón.
Batallón de Infantería Nº 12: Leonardo Olivera.
Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 5: Misiones.
Regimiento de Caballería Nº 10: Guayabos.
Grupo de Artillería Nº 3: Las Piedras.
Batallón de Ingenieros de Combate Nº 2: Sarandí.
Batallón de Comunicaciones Nº 1: Libertad o Muerte.

Esta nomenclatura tiende a conmemorar hechos históricos y rinde homenaje a figuras de reconocido relieve desaparecidas en el escenario nacional, que ameritan su distinción.

Con tal motivo se solicita al señor presidente la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña cuya aprobación se merece.

Saluda al señor presidente con la más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Rodolfo González Rissotto.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Desígnase con los nombres de "Oriental" al Batallón de Infantería Nº 4; "Asencio" al Batallón de Infantería Nº 5; "Capitán Manuel Artigas" al Batallón de Infantería Nº 6; "Ituzaingó" al Batallón de Infantería Nº 7; "Rincón" al Batallón de Infantería Nº 9; "Leonardo Olivera" al Batallón de Infantería Nº 12; "Misiones" al Regimiento de Caballería Mecanizado Nº 5; "Guayabos" al Regimiento de Caballería Nº 10; "Las Piedras" al Grupo de Artillería Nº 3; "Sarandí" al Batallón de Ingenieros de Combate Nº 2 y "Libertad o Muerte" al Batallón de Comunicaciones Nº 1.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

Rodolfo González Rissotto".

21) "DOCTOR HECTOR LORENZO RIOS". Se designa con este nombre la Escuela Nº 274 del departamento de Montevideo. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Doctor Héctor Lorenzo Ríos" la Escuela Nº 274 del departamento de Montevideo. (Carp. Nº 1113/93 - Rep. Nº 937/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1113/93
Rep. Nº 937/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre "Doctor Héctor Lorenzo Ríos" la Escuela Nº 274, de 1er. Grado, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de mayo de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Señores representantes:

El doctor Héctor Lorenzo Ríos nació en la ciudad de Tacuarembó el 29 de setiembre de 1922 y falleció el 29 de octubre de 1987.

Estudió abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, especializándose en Seguridad Social y Derecho Administrativo.

Desde muy joven asumió la actividad política como una forma de compromiso con la vida nacional y se destacó en una de las corrientes más poderosas y gravitantes de la vida del Partido Nacional, la Lista 51 encabezada por el señor Daniel Fernández Crespo.

Durante su vida se desempeñó como procurador, Concejal por Montevideo (año 1962), director de Divisiones del Senado (1963-1964) y subsecretario de Hacienda (1964-1965).

De 1964 a 1966 actuó como gobernador alterno ante el BIRF en las conferencias realizadas en Tokio y Washington, también participó en la Conferencia del CIES realizada en Lima, Perú, en diciembre de 1964 presidiendo la delegación uruguaya.

Integró el Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay por varios períodos y el Tribunal de Honor, también fue miembro del Directorio de la Convención del Partido Nacional en 1970-1971 y en el crucial período de 1983 a 1985.

Realizó varias publicaciones en el Semanario "El Nacional".

En las elecciones nacionales de 1984 resultó electo representante nacional por el departamento de Montevideo en representación de la Lista "W" del Partido Nacional asumiendo en marzo de 1985.

De su actuación parlamentaria resultó especialmente significativa la búsqueda de soluciones a la acuciante problemática de la seguridad social, tema en torno al que se contabilizan múltiples intervenciones y proyectos de ley.

Probablemente donde toda la amplitud de su pensamiento está reflejada con más profundidad fue en su recordada intervención como presidente de la delegación uruguaya en la 3ra. Conferencia del CIES.

Su participación en dicho evento está recogida en el libro "América Latina... El Sindicato de los Pueblos Pobres".

En el prólogo del mismo, Humberto Vieitez destaca que en reuniones anteriores de los representantes de los países latinoamericanos (Comité de Comercio de la CEPAL, Santiago de Chile - noviembre de 1964) habían identificado los factores que se oponían a los objetivos enunciados en los anteriores intentos de integración a nivel continental.

Destacaban entonces: "...la existencia de estructuras internas y externas del bloque de países subdesarrollados como la lentitud de las reformas en los procesos productivos de sectores básicos, una mala distribución del ingreso, una indebida organización y capacitación del factor humano; a la reforma del sistema impositivo; al desequilibrio crónico de la balanza de pagos, originado entre otros factores por el deterioro de los términos de intercambio, a la inadecuada división internacional del trabajo que obliga a los países latinoamericanos a ser productores y exportadores de alimentos y materias primas e importadores de bienes industrializados".

Es sobre los últimos aspectos que centra su intervención en Lima el doctor Lorenzo Ríos, protagonizando un recordado cambio de opiniones con el delegado de EE.UU. señor Thomas Mann.

Las posiciones sustentadas por el doctor Lorenzo Ríos constituyeron la reivindicación de los pueblos pobres de Latinoamérica en términos, como recuerda Vieitez, de reclamo de un "...tratamiento igualitario y respetuoso por parte de las naciones ricas y desarrolladas del Norte", demandando un "nuevo orden económico internacional y no asistencia financiera o dádivas que en definitiva condicionarán el desarrollo autónomo del hemisferio".

En el final de su réplica al señor Mann, el doctor Lorenzo Ríos consignaba: "...Porque no otra cosa es la permanente contribución de los pueblos de América Latina que arrancan de su tierra los frutos más preciados, para alimentar el crecimiento de los países industrializados que tienen en ella su indispensable fuente de recursos naturales.

Esa sangre tiñe de rojo, en la guerra y en la paz, el salitre y el cobre, el banano y las lanas, las carnes y el café, el petróleo y el estaño... Con ella y el sudor de los pueblos sujetos a la miseria del subdesarrollo se está fertilizando América Latina para lograr los objetivos de la Carta de Punta del Este.

Siento una emoción muy profunda, señor presidente, al adherirme al recuerdo del señor delegado de EE.UU., por vidas norteamericanas segadas en la guerra por defender y ayudar a nuestros pueblos. Agrego mi estremecida adhesión por los hombres latinoamericanos que, en extremo injusto de la gloria, siguen dando su vida en la paz, en el surco y en la mina, flagelados por la enfermedad y el hambre, sin destino; sin el homenaje de auténtica fraternidad, para hacer posible el mejor nivel de vida de otros países.

A aquellos héroes de un tiempo y a estos humildes héroes de todos los tiempos, el emocionado homenaje de mi país".

La fertilidad de la vida pública del doctor Lorenzo Ríos, su compromiso con la búsqueda de soluciones para los grandes desafíos de nuestra sociedad, la actualidad de sus enfoques a la crisis de los pueblos de América Latina, hacen que vuestra Comisión de Educación y Cultura, entienda plenamente justificado recomendar al plenario el presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 1992.

Rafael Sanseviero (Miembro Informante), Ramón Guadalupe, Antonio Guerra Caraballo, Félix Laviña, Agapo Luis Palomeque.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja la aprobación del proyecto de ley sancionado por la Cámara de Representantes por el que se designa con el nombre "DOCTOR HECTOR LORENZO RIOS" la Escuela Nº 274 de 1er. Grado, del departamento de Montevideo, compartiendo los conceptos formulados en el informe de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 6 de julio de 1994.

Alberto Zumarán (Miembro Informante), Carlos Bouzas, Tabaré Hackenbruch, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Juan Andrés Ramírez, Enrique Rubio. Senadores".

22) "CRISTOBAL COLON". Se designa con este nombre la Escuela Nº 23 del departamento de Artigas. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Cristóbal Colón" la Escuela Nº 23 del departamento de Artigas. (Carp. Nº 1522/94 - Rep. Nº 938/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1522/94
Rep. Nº 938/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre "Cristóbal Colón" a la Escuela Nº 23, de 2do. Grado, del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de junio de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 4 de agosto de 1993.

Señor presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa a la Escuela Nº 23 de 2do. Grado, del departamento de Artigas con el nombre de "Cristóbal Colón".

La propuesta efectuada por la Dirección de dicho centro docente, cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, quienes señalan que no existe otra Escuela en el departamento con esa denominación y que se tuvo en cuenta las características y el estado del edificio.

Los promotores de esta iniciativa consideran que es un oportuno homenaje para el ilustre navegante en el marco de la celebración de los 500 años del Descubrimiento de América.

El Poder Ejecutivo saluda al señor presidente con su mayor consideración,

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Desígnase a la Escuela Nº 23 de 2do. Grado del departamento de Artigas con el nombre "Cristóbal Colón".

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, archívese.

Antonio Mercader.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Señores representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja a la Cámara la aprobación del proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se designa "Cristóbal Colón" a la Escuela Nº 23, de 2do. Grado, del departamento de Artigas.

Esta iniciativa recoge una propuesta efectuada por la Dirección de dicho centro educacional y cuenta, además, con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), quienes señalan que no existe otra escuela en ese departamento con esa denominación y que se tuvo en cuenta las características y el estado del edificio.

Se considera que es un oportuno homenaje para el ilustre navegante en el marco de la celebración de los quinientos años del Descubrimiento de América.

Sala de la Comisión, 17 de noviembre de 1993.

Rafael Sanseviero (Miembro Informante), Ramón Guadalupe, Antonio Guerra Caraballo, Alba E. Osores de Lanza, Agapo Luis Palomeque.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja la aprobación del proyecto de ley sancionado por la Cámara de Representantes por el que designa con el nombre "Cristóbal Colón" la Escuela Nº 23, de 2º Grado, del departamento de Artigas, compartiendo los conceptos formulados en el Mensaje del Poder Ejecutivo y en el Informe de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 7 de setiembre de 1994.

Carlos Julio Pereyra (Miembro Informante), Carlos Bouzas, Tabaré Hackenbruch, Pablo Millor, Juan Andrés Ramírez, Enrique Rubio, Alberto Zumarán. Senadores".

23) "MELCHORA CUENCA". Se designa con este nombre la Escuela Rural Nº 25 del departamento de Salto. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Melchora Cuenca" la Escuela Rural Nº 25 de Cerro de Vera, departamento de Salto. (Carp. Nº 1452/94 - Rep. Nº 939/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1452/94
Rep. Nº 939/94

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha recibido del Poder Ejecutivo el Mensaje y proyecto de ley por el que solicita designar con el nombre "Melchora Cuenca" la Escuela Rural Nº 25 de Cerro de Vera del departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública.

La propuesta se origina en la aspiración de la Asociación de Descendientes de Artigas, de que una escuela rural próxima a las tierras que fueran parte de la estancia del prócer, llevara el nombre de quien fuera durante muchos años su compañera en los momentos más duros de la lucha revolucionaria y del campamento donde por primera vez se izó el pabellón tricolor. Los estudios históricos y la transmisión por tradición familiar ubican este hecho trascendente el 3 de enero de 1815, tal como lo consigna el profesor José María Traibel en su "Brevario Artiguista".

La escuela más apta para realizar el homenaje propuesto, según obra en el expediente del Ministerio de Educación y Cultura, es la propuesta en este proyecto de ley, por las cercanías indicadas y por las excelentes condiciones edilicias que reúne el local escolar.

Las autoridades de la educación informan que se ha recabado la conformidad de los vecinos del local propuesto, así como de la Comisión de Fomento Escolar y docentes y alumnos del centro de estudios, los que se muestran totalmente de acuerdo y orgullosos de la designación propuesta. Asimismo informan que dentro del departamento no existe otra escuela designada con el mismo nombre y se cumple con los extremos exigidos por el Decreto 581/1977.

Melchora Cuenca, figura de nuestra historia, abnegada compañera de Artigas en la gesta revolucionaria, tuvo con él dos hijos. Santiago y María, quienes a su vez dan a la Patria una fecunda y numerosa descendencia, que sin ostentación de su linaje, orgullosa, recuerda a sus mayores.

Junto a ellos, todos los orientales sentimos el deber y el honor de llevar a cabo el homenaje propuesto, para ejemplo y memoria de las generaciones de niños que continuarán formándose hombres y mujeres libres, que sientan junto a Melchora y José que "el hecho de ser útil a mi país, es bastante premio".

Por todo lo expresado, esta Comisión ha resuelto por unanimidad aconsejar al Cuerpo la aprobación del siguiente.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre "Melchora Cuenca" la Escuela Rural Nº 25 ubicada en Cerro de Vera, departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de la Comisión, 15 de junio de 1994.

Carlos Bouzas (Miembro Informante), Mariano Arana, Tabaré Hackenbruch, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Juan Andrés Ramírez, Alberto Zumarán. Senadores.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 26 abril 1994.

Señor presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese alto Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley adjunto, por el que se propone que la Escuela Rural Nº 25 de Cerro de Vera del departamento de Salto, sea designada con el nombre de "Melchora Cuenca".

La propuesta fue efectuada por la Asociación de Descendientes de Artigas, en homenaje a la abnegada compañera del Gral. José Gervasio Artigas con quien tuvo dos hijos llamados Santiago y María.

Estando la Escuela Rural Nº 25 próxima a la estancia que fuera del Gral. José G. Artigas, así como del campamento donde se izó por primera vez la bandera tricolor (el 3 de enero de 1815) se propone a dicha Escuela para ser designada con el nombre de "Melchora Cuenca".

Por estos fundamentos y motivos se propicia la consideración del adjunto proyecto de ley.

El Poder Ejecutivo saluda al Sr. presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Desígnase con el nombre de "Melchora Cuenca" a la Escuela Rural Nº 25 ubicada en Cerro de Vera (departamento de Salto).

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

Antonio Mercader".

24) "RINCON DEL PINO". Se eleva a la categoría de pueblo a un centro poblado del departamento de San José. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo con la denominación "Rincón del Pino" el actual centro poblado de la 6ta. Sección Judicial y Policial del departamento de San José. (Carp. Nº 1132/93 - Rep. Nº 942/94).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1132/93
Rep. Nº 942/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Elévese a la categoría de pueblo, con la denominación "Rincón del Pino", al actual centro poblado existente en la 6a. Sección Judicial y Policial del departamento de San José, sito en el Km. 76,500 de la Ruta Nacional Nº 1 "Brigadier General Manuel Oribe".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de mayo de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación ha considerado el proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo, el centro poblado denominado "Rincón del Pino", ubicado en el Km. 76,500 de la Ruta Nacional Nº 1, "Brigadier General Manuel Oribe", en la 6a. Sección Judicial del departamento de San José.

La iniciativa nace el 24 de setiembre de 1991, cuando es presentada en la Cámara de Representantes por el representante nacional por José Jorge Chápper.

En su exposición de motivos el autor del proyecto explica con claridad cuáles son las razones que lo llevan a presentarlo. Además de ser una "zona sumamente próspera", existe, como antecedente, su declaración como Centro Poblado por parte de la Intendencia de San José en octubre de 1989.

Por otro lado, y de acuerdo a lo manifestado en la exposición de motivos, cuenta con una población de más de cuatrocientos habitantes, posee escuela, destacamento policial y servicios de UTE y OSE, etc.

Por último, cabe agregar que en la actualidad no existe una sistematización en cuanto a las características que debe reunir un núcleo poblado para ser denominado villa, centro poblado, pueblo, ciudad, etc. Por lo tanto, queda librado a la apreciación caso a caso que se haga de acuerdo a los elementos aportados por el proponente. Existe, sin embargo, un proyecto de ley que intenta regular esta situación, pero no correspondería exigir esos requisitos si aún no se ha aprobado.

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Legislación aconseja la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, a 14 de octubre de 1993.

Ernesto Amorín Larrañaga (Miembro Informante), Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

INFORME

Señores representantes:

La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, ha considerado el adjunto proyecto por el que se eleva a la categoría de pueblo, el centro poblado ubicado en el Km. 76,500 de la Ruta Nacional Nº 1 "Brigadier General Manuel Oribe", en la 6a. Sección Judicial del departamento de San José.

El autor de esta iniciativa ha explicitado claramente los motivos valederos por los que sus habitantes aspiran la categorización.

Queda muy poco a esta Comisión para agregar a este proyecto de ley.

Al no existir una normativa expresa, que determine límites o cánones para elevación o cambio de categoría a los distintos núcleos poblacionales del Uruguay, juega en estos casos la apreciación de los que toman la iniciativa, y el Parlamento que debe sancionar la ley.

La Comisión comparte los fundamentos de la citada iniciativa y la hace suya, por lo cual aconseja al Plenario su aprobación.

Sala de la Comisión, 2 de setiembre de 1992.

Juan Justo Amaro (Miembro Informante), Ramón Legnani, Lauro Molina, Ricardo Molinelli, Gonzalo Piana Effinger, Walter Riesgo, Carlos Suárez Lerena.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sito en el kilómetro 76,500 de la Ruta Nacional Nº 1, "Brigadier General Manuel Oribe", en el departamento de San José, está enclavado un centro poblado, fundado hace muchísimos años, con la característica de estar sobre tan importante ruta, siendo éste evidentemente un elemento de primer orden para su urbanización.

En esa zona en los albores de nuestra nacionalidad, fueron otorgados por el virrey de España, al señor Vicente Del Pino, la cantidad de treinta suertes, por favores recibidos. Con el transcurso del tiempo a raíz de ello posteriormente a todo ese paraje se le conocerá como "Rincón del Pino", denominación utilizada por sus pobladores, como así también por el resto de los habitantes de todo el departamento de San José.

Ese centro poblado, se ubica en una zona sumamente próspera, por sus actividades agrícolas, ganaderas, lecheras, etc.; en la actualidad, en sus proximidades existen importantes industrias, como por ejemplo la Usina de la CONAPROLE, ubicada en el kilómetro 78 de la Ruta Nacional Nº 1, "Brigadier General Manuel Oribe". En el año 1940 se instala un parador, que ha sido reparo y refugio para los usuarios de la ruta, este centro paulatinamente se fue urbanizando y poblando, hasta transformarse en lo que es en la actualidad.

El mencionado centro poblado comprende un fraccionamiento de sesenta manzanas. La Intendencia Municipal de San José en fecha 30 de octubre de 1989 y con Resolución Nº 2648/89 lo denominó centro poblado; asimismo debemos hacer constar que cumple con todos los requisitos de la ley de "centros poblados".

Cuenta con una población estable de más de cuatrocientos habitantes, posee escuela, destacamento policial y servicios de UTE y OSE, como así también los servicios que le brinda la Intendencia Municipal, de recolección de basura, alumbrado, etc.

La denominación ha sido sugerida e indicada por sus propios pobladores. Ellos desean tener para su pueblo, el nombre de "Rincón del Pino", por estar vinculada esa denominación al origen de sus primeros pobladores.

Montevideo, 24 de setiembre de 1991.

25) INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL RELACIONADO CON SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR UN ASCENSO AL GRADO DE CORONEL MEDICO E INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde ahora pasar a considerar el proyecto de ley por el que se fija el haber básico de retiro del personal militar que pasa a dicha situación en forma obligatoria.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Si la Mesa no tiene inconveniente, formulo moción para pasar a sesión secreta y posteriormente considerar este tema, ya que como ha expresado el señor senador Raffo, estamos revisando el texto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Corresponde, entonces, pasar a sesión secreta para tratar algunas venias.

(Así se hace. Es la hora 17 y 34 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 41 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Coronel Médico a la señora Teniente Coronel Médico Erme E. Márquez. Asimismo, concedió venia al Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública, dos funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

26) PERSONAL RETIRADO MILITAR. Regularización. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea consultar al Cuerpo si se encuentra en condiciones de votar el proyecto de ley al que hizo referencia el señor senador Cassina, tendiente a corregir una situación de notoria injusticia que tiene que ver con las pasividades de los generales que pasan a situación de retiro.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Al final del período legislativo me voy a permitir actuar como vocero de la bancada oficialista, cuyos integrantes me han expresado que tienen dificultades para votar esta iniciativa. Como se sabe, el mecanismo establecido consiste en que basta que una bancada tenga dudas con respecto a un proyecto para que no lo votemos en forma inmediata.

27) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1993. Proyecto de ley.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para referirme a otro tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - En la reunión que celebró esta tarde la Comisión, los cuatro delegados presentes estuvimos de acuerdo en votar la Rendición de Cuentas que consta de un solo artículo, pero no tuvimos oportunidad de consultar a todos los sectores. Se trata de un proyecto muy importante que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, me gustaría saber si en el Cuerpo hay acuerdo para tratarlo de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Además, se trata del asunto que figura en segundo lugar del orden del día.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: algunos señores senadores queremos referirnos al tema por lo que nos parece que corresponda votar la Rendición de Cuentas levantando solamente la mano sin hacer ninguna consideración.

SEÑOR ZUMARAN. - Por esa razón es que efectuamos la consulta.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia quiere señalar que el Senado agotó la lista de asuntos que se iban a votar en bloque y el que figura en primer lugar del orden del día es la exposición que ya realizó el señor senador Bouzas.

Por lo tanto, corresponde pasar a considerar el asunto que figura en segundo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 1993 (Carpeta Nº 1603/94 - Rep. Nº 953/94)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1603/94
Rep. Nº 953/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1993, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de $ 1.402:097.000 (pesos uruguayos mil cuatrocientos dos millones noventa y siete mil), según los anexos que se acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de agosto de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario

Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 30 de junio de 1994.

Señor presidente de la Asamblea General
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

Sr. presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 1993.

El Estado de Resultados del Ejercicio presenta un déficit de $ 1.402:097.000 (13,6% de los gastos) revirtiendo la tendencia que se operó en el período 1990-1992.

El resultado adverso puede atribuirse a una disminución de los recursos (7,4%) y a un aumento de las erogaciones (6,4%).

En la disminución de los ingresos además de gravitar una leve merma en la recaudación, debe tenerse presente que el artículo 487 de la ley Nº 16.320 del 1º de noviembre de 1992 afectó dos puntos adicionales del IVA, con destino al Banco de Previsión Social.

Con relación al aumento de las erogaciones, puede decirse que el elemento preponderante ha sido la asistencia financiera a la Seguridad Social, que ha tenido un incremento de más del 43% a valores constantes con respecto al ejercicio 1992, año en el que se registró un aumento de más del 92%, justificando por ello la inquietud reiteradamente expuesta por el Poder Ejecutivo.

El gasto de funcionamiento en su conjunto evidencia un crecimiento de más del 6% destacándose que en las retribuciones personales, la masa salarial se mantiene en los mismos niveles a valores constantes respecto al anterior ejercicio. Si a ello, se agregan las partidas otorgadas como compensaciones varias a algunos sectores de funcionarios, que están registradas en los rubros de gastos, se puede concluir que en el Ejercicio 1993 a nivel global, el salario promedio tuvo un leve incremento real.

También incidió en el aumento de las erogaciones, la mayor ejecución de las inversiones que registraron una variación del 16%, destacándose un crecimiento de más del 150% en el Inciso 02, Presidencia de la República, que concretó diversos planes de infraestructura social y proyectos de desarrollo. Asimismo en el ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública puede observarse un aumento de casi un 100%, en el Poder Judicial de un 54% y en Salud Pública de un 49%, todos ellos con indudable repercusión en el área social y cultural.

Saludan al señor presidente de la Asamblea General muy atentamente,

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ignacio de Posadas Montero, Miguel Angel Galán, Antonio Mercader, Guillermo García Costa, Angel María Gianola, José María Gamio, Daniel Hugo Martins, Mario Amestoy, Pedro Saravia, José Luis Ovalle, Manuel Antonio Romay, Ricardo Reilly.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1993, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de $ 1.402:097.000 (pesos uruguayos mil cuatrocientos dos millones noventa y siete mil), según los anexos que se acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ignacio Posadas de Montero, Miguel Angel Galán, Antonio Mercader, Guillermo García Costa, Angel María Gianola, José María Gamio, Daniel Hugo Martins, Mario Amestoy, Pedro Saravia, José Luis Ovalle, Manuel Antonio Romay, Ricardo Reilly.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: no tengo ninguna dificultad en comenzar mi exposición, pero siendo la hora 17 y 45 minutos advierto al Cuerpo que la Asamblea General está citada para la hora 18. Por lo tanto, no sé si los más conveniente sería que comenzáramos a referirnos al tema ahora y prosiguiéramos luego de la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado dispone de muy poco tiempo y pienso que no estamos en condiciones de perder 15 minutos más. Por consiguiente, la Presidencia entiende que debemos comenzar la discusión en este momento.

Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Gracias, señor presidente.

Tal como dije en la sesión pasada, la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda fue convocada en tres oportunidades.

SEÑOR BOUZAS. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Deseo consultar a la Mesa acerca de si se da por sobreentendido que cuando se levante esta sesión a la hora 18 para concurrir a la Asamblea General, y una vez que ésta finalice el Senado volverá a sesionar o si, por el contrario, debemos votar un cuarto intermedio.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia entiende que debe votarse un cuarto intermedio y que, además, éste debe comenzar antes de la hora 18 porque, por disposición reglamentaria, a esa hora el presidente de la Asamblea General debe dar comienzo a la sesión o levantarla, si no hay número. De esa manera, es inevitable que se solicite la votación de un cuarto intermedio.

Puede continuar el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS. - Entonces, propongo que a la hora 17 y 55 minutos el Senado pase a cuarto intermedio hasta luego de culminada la sesión de la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada, en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio a la hora 17 y 55 minutos hasta después que termine la sesión de la Asamblea General.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Decía, señor presidente, que la Comisión de Presupuesto fue citada tres veces a efectos de considerar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas remitido por la Cámara de Representantes. En dos oportunidades no tuvo número y en la restante se convocó al señor ministro de Economía y Finanzas, quien comunicó que no podía asistir por estar de viaje, por lo que se extendió la invitación al ministro interino -es decir, al Subsecretario- pero éste no compareció. En definitiva, en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda no se obtuvo número ni siquiera para entrar en materia.

A fin de que pudiera aprobarse este proyecto de Rendición de Cuentas, en el día de ayer planteamos que el Cuerpo lo considerara en la sesión de hoy. Digo esto a manera de introducción porque, al menos, correspondería que el Cuerpo fuera informado de que se va a aprobar un proyecto de ley de Rendición de Cuentas en el cual existe un déficit de $ 1.402:000.000 que representa un 13,6% de los gastos, tal como sostiene el propio informe del Poder Ejecutivo. Dicho Poder atribuye ese resultado a una disminución de los recursos y a un aumento de las erogaciones. Posteriormente, explica las razones por las cuales ocurre este fenómeno que hace ya, efectivamente, estemos solventando un déficit de esta naturaleza.

En la discusión que se dio en la Cámara Baja, algunos representantes tuvieron la posibilidad de exponer sus opiniones y al analizarse el tema del déficit, el señor Melo Santa Marina, después de reprochar que el proyecto de ley no es muy explícito, señaló que "la masa salarial" -se refiere a lo que perciben los funcionarios del Estado- "no ha variado en todo este período de gobierno, manteniéndose en niveles similares, lo cual nos indica que no ha existido la tan mentada disminución de funcionarios públicos. El aumento del salario real ha sido casi insignificante y la masa salarial se ha mantenido en los mismos niveles durante un extenso período".

Más adelante sostiene: "Otro indicador presupuestal coadyuva a esta afirmación, y es el de que la participación de los rubros de retribuciones personales y cargas legales se han mantenido en el período, virtualmente en el entorno del 35% y el 36% de los gastos totales del presupuesto nacional".

Asimismo, esto nos indicaría que de una forma u otra el número de funcionarios no ha disminuido. Por otra parte, a manera de apunte, señala que esta afirmación es corroborada por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Además, se agrega que no se considera -porque no ha sido posible cuantificarlo- aquello que no se registra como retribuciones pero que evidentemente constituyen servicios prestados a la Administración, como es el caso de los contratos de arrendamiento de obra que, en definitiva, no son tales.

En lo personal, señor presidente, deseo manifestar que estas cifras más adelante son confirmadas por el representante Atchugarry. Quiere decir que el Poder Ejecutivo y los distintos organismos -Entes Autónomos y Servicios Descentralizados- no han cumplido con la Ley de la Función Pública. De acuerdo con los datos que manejamos en la anterior Rendición de Cuentas, la Oficina Nacional del Servicio Civil comunicó que en aquel momento más de 14.000 funcionarios se habían acogido a los beneficios del retiro anticipado, el que, como los señores senadores recordarán, respondía a un mecanismo que incentivaba el alejamiento del cargo público para lo cual se otorgaban ventajas especiales, tales como una retribución adicional en sueldos y la posibilidad de percibir el salario durante cierto tiempo sin prestar servicio.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

-Esto indica, señor presidente, que debe haber -aclaro que se trata de una estimación extraída del último censo, según ha dicho el señor representante Atchugarry- alrededor de 275.000 funcionarios públicos, lo que significaría que se incorporaron 3.000 desde el comienzo de esta Administración.

Por otra parte, se establece que se ha retirado un número determinado de funcionarios que nadie conoce exactamente.

Además, cabe destacar que no se han tomado en cuenta los contratos de arrendamiento de obra que, en realidad, son de servicio. En la Rendición de Cuentas anterior tratamos de informar al Parlamento sobre cuáles eran las dependencias del Estado que habían llevado a cabo dichos contratos, así como quiénes son sus beneficiarios; en nuestras Carpetas, todos tenemos la lista de personas y el monto que percibían en aquel momento. Cuando se trató esa Rendición de Cuentas establecí mi estimación acerca de que la erogación anual que esto representaba era de alrededor de U$S 8:000.000. No se puede negar, señor presidente, que este es un hecho de enorme gravedad.

Efectivamente, señor presidente, esta es una Rendición de Cuentas deficitaria; pero, además, podemos decir -a pesar de no poder cuantificarlo- que no lo habría sido si el Poder Ejecutivo no hubiera hecho ingresar a cierto número de funcionarios en forma ilegal -aclaro que no encuentro otra calificación- en ramas en las cuales ello no estaba permitido. En este sentido, el señor senador Astori me informa que además existe otra clase de contratos. En lo personal, tengo la certeza de que hay dependencias como por ejemplo, la Administración de Ferrocarriles del Estado, en las que los contratos tienen nombre y apellido, es decir, que han sido públicamente informados por la organización sindical, inclusive, en lo que tiene que ver con los ingresos. Reitero que esto se ha hecho violando las disposiciones de la Ley de Función Pública.

A este respecto, pienso que ese déficit no existiría si esta política de ingresos y el sistema de contratos de arrendamiento de obra -con relación al actual se dijo que ahorraba gastos al Estado porque a través de ellos no se producía ingreso de funcionarios ni se pagaban cargas sociales- no se hubieran llevado a cabo.

Creo, señor presidente, que esta es una situación absolutamente irregular. De nuestra parte, entendemos que al aprobar esta Rendición de Cuentas no estamos avalando la conducta del Poder Ejecutivo en la ejecución del Presupuesto y en el respeto a las normas legales.

Por otra parte, quiero decir que me encuentro algo perplejo porque cuando planteamos determinados asuntos que consideramos graves en algunas sesiones del Senado, se nos escucha porque no hay otro remedio pero, notoriamente, no se discute acerca de ello.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Disculpe, señor senador, pero de acuerdo con la resolución que adoptó el Cuerpo, corresponde pasar a cuarto intermedio hasta después de la Asamblea General.

(Así se hace. Es la hora 17 y 55 minutos)

(Vueltos a Sala)

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 14 minutos)

-Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 1993.

Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: con respecto a lo que denominamos ley de la función pública, que obligaba al Poder Ejecutivo a no admitir el ingreso de nuevos funcionarios, salvo en determinadas áreas de la Administración Pública -lo prohibía terminantemente en otras- decimos que no se ha cumplido.

Quisiera hacer la siguiente reflexión. Si el año pasado más de 14.000 funcionarios se habían acogido al beneficio del incentivo para el retiro, y teniendo en cuenta que ese mecanismo puede haber seguido funcionando, es de estimar que aproximadamente 18.000 empleados públicos hayan dejado la Administración. Arriesgo, además, la opinión de que en una masa de 272.000 funcionarios es posible que haya 10.000, 15.000 ó 20.000 que, al llegar a determinada edad, se retiraron por el mecanismo jubilatorio o fallecieron. De estos datos surge que, de hecho, han ingresado a la Administración Pública entre 30.000 y 40.000 funcionarios, sin contar los que se encuentran bajo el régimen de arrendamiento de obra que -como expresaron los señores representantes que mencioné anteriormente- en realidad, es un arrendamiento de servicios.

Esto demuestra que la ley y que la mentada política de restricción del gasto público y desburocratización no se han cumplido en absoluto. Además, creemos que en gran medida el déficit que se propone aprobar podría haberse evitado a través del mecanismo simple y sencillo de cumplir con las disposiciones legales.

En la discusión llevada a cabo en la Cámara de Representantes se planteó otra particularidad de esta Rendición de Cuentas, que tiene que ver con los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución. A este respecto, el señor representante Melo Santa Marina manifestó: "Otra particularidad tiene que ver con los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución. A conocimiento de la Cámara y, por tanto, de la Comisión de Presupuesto, integrada, ha llegado únicamente el Mensaje de la Universidad de la República y el de la Corte Electoral. Este último propone un articulado respecto al que, en su momento, vamos a mocionar para que sea considerado por este Cuerpo, en tanto existe iniciativa del órgano autónomo correspondiente".

"El otro caso -un poco más complejo- es el del Banco de Previsión Social, organismo que en tiempo y forma, el 28 de junio -es decir, a dos días del vencimiento del plazo constitucional- entregó al Poder Ejecutivo, por la vía de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, su mensaje de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución y, además, un articulado que no llegó al Parlamento". Lo que resulta bastante insólito es que el Poder Ejecutivo no haya hecho llegar en tiempo y forma el Mensaje enviado por un organismo.

A continuación, el señor representante Melo Santa Marina señaló: "En consecuencia, el Poder Ejecutivo ha incumplido un mandato constitucional, que establece que dicho Poder puede discrepar con los Mensajes de los organismos de artículo 220, pero es el Parlamento el árbitro que decide, en última instancia, por la posición del Poder Ejecutivo o por el Mensaje del organismo autónomo, en este caso, el Inciso 28".

A esto, debo agregar que la absoluta imposibilidad de reunir a la Comisión nos impidió señalar y presentar ciertas propuestas en el sentido de que se cumplieran algunas disposiciones de la Rendición de Cuentas aprobada el año pasado. Específicamente, podemos señalar el caso del Cuerpo de Radioteatro del SODRE, que fue equiparado al Coro, pero no percibe esa remuneración porque el organismo afirma que no cuenta con los recursos necesarios, a pesar de que debe hacerlo con cargo a Rentas Generales.

Otro aspecto que quisiera señalar es que el Poder Ejecutivo ha enviado en el Mensaje algunas valoraciones sobre la situación económica y social de la República. Entre otras cosas señala que en los últimos 7 años se han perdido alrededor de 70.000 puestos de trabajo en la industria. Este hecho motivó una extensa discusión pública con el señor ministro de Economía y Finanzas quien, al parecer, ignoraba lo que él mismo había firmado como Mensaje del Poder Ejecutivo enviado en esta Rendición de Cuentas. A mi entender, toda esta situación ameritaría realizar un análisis muy pormenorizado de la situación económica y social.

Me interesaba señalar, a vuelo de pájaro, la declaración explícita del Poder Ejecutivo acerca de esta notoria situación de gravedad en la industria, donde se han perdido -reitero- 70.000 puestos de trabajo.

De las valoraciones efectuadas por los señores representantes -en especial, la del señor representante Melo Santa Marina- se desprende que la situación de ingresos de los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo se ha mantenido incambiada. Inclusive, muchos organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución han visto decrecer el ingreso de sus trabajadores.

Quiere decir que en esta Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo nos plantea un déficit valorado en U$S 1.402:000.000, pese a que se ha practicado una política drástica de reducción de los ingresos de los trabajadores del sector público y de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución.

Desde ya, adelantamos que vamos a votar el artículo en cuestión, aunque hubiéramos deseado que se consideraran algunos artículos aditivos. Tenemos muy claro que a esta altura de la discusión del tema y que el período legislativo finaliza el día 15- la modificación de las disposiciones implicaría que el proyecto volviera a la Cámara de Representantes, lo cual es ahora prácticamente imposible.

Deseaba dejar constancia de esto, a los efectos de votar sin el cargo de conciencia que me produciría el hecho de ocultar estos datos que, en mi opinión, son muy relevantes a la hora de valorar lo que ha ocurrido en la administración de los dineros del Estado por parte del Poder Ejecutivo.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Brevemente, quisiera fijar nuestra posición al votar este proyecto de ley.

Tal como ha informado el señor senador Gargano -presidente ad hoc de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda- la Comisión no tuvo número en dos de las tres convocatorias realizadas. Particularmente, para la tercera de ellas se había citado al señor ministro de Economía y Finanzas a los efectos de informar sobre los temas a que acaba de hacer referencia el señor senador Gargano. Lamentablemente el señor ministro interino no pudo concurrir a la Comisión, por lo que no fue posible dialogar acerca de aspectos tan importantes como los que tienen que ver con la ejecución presupuestal.

Con respecto a este tema coincidimos con lo expresado por el señor senador Gargano y, naturalmente, con nuestro compañero, el señor representante Melo Santa Marina -que, como se sabe, es uno de los legisladores que posee mayor conocimiento sobre temas presupuestales- en cuanto al hecho muy grave de que no haya disminuido sino aumentado el número global de funcionarios públicos, pese a todos los incentivos que se establecieron por ley para lograr ese objetivo. Si bien no disponemos de las cifras exactas, podemos decir que alrededor de 14.000 ó 18.000 funcionarios públicos se retiraron de sus cargos con incentivos. Es así que, a pesar de los incentivos adoptados por ley -concretamente la primer medida se estableció a través de la ley Nº 16.127 del año 1990- para disminuir el gasto del Estado por la vía de la reducción del número de funcionarios públicos, nos encontramos con que éste se ha incrementado. Esto quiere decir que han ingresado a la Administración, a los diversos sectores públicos o estatales, aproximadamente 30.000 nuevos funcionarios, teniendo en cuenta, además, las renuncias normales y los decesos.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Sin perjuicio de compartir la exposición que en términos generales y abreviadamente viene realizando el señor senador Cassina, quiero decir que el tema de la comprobada no reducción del funcionario no es menor. A mi juicio, esto tiene que ver con la disminución que ha sufrido en los últimos años el Salario Mínimo Nacional, lo que supone que, en términos reales, quien se acoge hoy a una jubilación o pasividad está recibiendo algo así como la mitad de lo que percibía hace cinco años. Esto lo hemos podido comprobar en las últimas semanas en el Senado, ya que muchos grupos de trabajadores de la Administración Pública así lo han indicado. Recuerdo ahora el penúltimo caso que pude constatar con cifras a la vista; me refiero al de los comandantes de PLUNA, cuya pasividad, si se jubilaran hoy, se reduciría a una tercera parte de lo que habrían percibido con niveles de salario mínimo topeando las pasividades de los años 1989 ó 1990.

El drama de acogerse a una pasividad que constituye una miseria hace que la gente, aunque no tenga demasiado entusiasmo por continuar en la Administración Pública, siga cumpliendo funciones en ese ámbito.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Quiero decir que concuerdo con lo que acaba de señalar el señor senador Ricaldoni; por razones de economía de tiempo, simplemente hago mías sus expresiones.

Nos preocupa mucho el tema de los límites en las pasividades que resultan de la actualización a la baja del Salario Mínimo Nacional, que ha venido teniendo lugar en estos últimos cinco años; a nuestro juicio, este es un problema realmente muy grave.

Por otro lado, quiero hacer referencia a un aspecto mencionado por el señor senador Gargano. Se trata del reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo, en su Mensaje, de la pérdida de aproximadamente 70.000 puestos de trabajo en el sector industrial del país. En su oportunidad, este tema fue denunciado ante la opinión pública a través de una histórica declaración conjunta de la Cámara de Industrias del Uruguay y del PIT-CNT.

Finalmente, quiero decir que vamos a votar el artículo único de este proyecto de ley en tanto supone que estamos aprobando estrictamente la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal. Esto no quiere decir que concordemos con la Ejecución Presupuestal.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: quiero señalar, de manera expresa, que comparto las manifestaciones formuladas por los dos señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra y, también, destacar un aspecto señalado por el señor senador Gargano mediante la lectura de algunos comentarios formulados en la Cámara de Representantes, que realmente es una cuestión bastante difícil de asimilar y que nos provoca una perplejidad tremenda.

Siempre se ha criticado o comentado el contenido demasiado profuso que tienen las Rendiciones de Cuentas, puesto que más de una vez han sido incluidos temas que exceden a este tipo de leyes. Sin embargo, en este caso, creo que el hecho de que el Poder Ejecutivo haya decidido no remitir al Parlamento, violando así de manera flagrante la Constitución de la República, los proyectos enviados por los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, es algo absolutamente inédito. El único caso que recuerdo -que, si no me equivoco, terminó con un pedido de renuncia a un director de un Ente Autónomo- es uno en el que el Poder Ejecutivo convenció al Directorio de un organismo que retirara el mensaje enviado. Por la lectura muy rápida que he dado al proyecto, aquí se trata de que, sencillamente, el Poder Ejecutivo no envió esas propuestas. Repito que si esto es así, nos provoca un gran asombro el nivel de violación constitucional a que ha llegado.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: coincido con lo expresado por el señor senador Korzeniak, pero quiero hacer una reflexión, porque este es un tema que tuve oportunidad de examinar cuando era funcionario del Banco de Previsión Social -creo que en 1972- ante un hecho similar ocurrido, por lo menos, con el mensaje que fue enviado por el Organismo.

En esa oportunidad, en el Parlamento se sostuvo -a mi juicio, con razón- que en conocimiento de la situación, éste tenía derecho a pedir al Ente estatal respectivo su mensaje, porque el Poder Ejecutivo no le podía cercenar el conocimiento de una iniciativa presupuestal que la Constitución reconoce a los organismos del artículo 220.

En el caso del Banco de Previsión Social sostuve en un informe -y el Directorio aprobó el criterio- que, aunque la Constitución no lo dijera, en tanto esa Institución tiene iniciativa legal presupuestal, si el Poder Ejecutivo no ponía en conocimiento del Parlamento la iniciativa, el Banco lo podía hacer directamente, porque me pareció que eso surgía de lo que podríamos llamar la doctrina o la teoría de los poderes implícitos, tan desarrollada por la jurisprudencia norteamericana. Es obvio que teniendo derecho a la iniciativa legal en materia presupuestal, cualesquiera de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución no pueden ver cercenado ese derecho por el Poder Ejecutivo. Por tanto, el Parlamento y el Organismo del artículo 220 que se encuentre en esa situación, sin duda tienen la posibilidad jurídica de conocer y, en consecuencia, pronunciarse sobre esa iniciativa.

Agradezco al señor senador Korzeniak por la interrupción que me concedió.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: desde ya anunciamos que vamos a votar favorablemente el artículo único que vino proyectado y, además, reiteramos nuestro asombro y perplejidad de que se proceda de esta manera, no sólo con el Banco de Previsión Social, sino también con otros Organismos del artículo 220 de la Constitución.

Era cuanto quería señalar.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: compartimos totalmente la exposición hecha por el señor senador Gargano; pero como aquí se trajo a colación la utilización del Salario Mínimo Nacional como variable de ajuste para disminuir algunas partidas que perciben funcionarios del Estado, jubilados, pensionistas y también 430.000 niños beneficiarios de Asignaciones Familiares, queremos recordar que cuando cada cuatro meses se fija el referido Salario en un porcentaje por debajo de lo que marca el costo de la vida y el Indice Medio de Salarios, en nuestro país se está practicando un miniajuste fiscal en perjuicio de los jubilados y pensionistas, de los niños beneficiarios de Asignaciones Familiares y, también del conjunto de los trabajadores del Estado.

Como se ha dicho aquí, esta situación se ha venido dando durante todo este período de gobierno, pero no se inició en la presente Administración. ¿Por qué decimos esto? Porque desde que fue creado el Salario Mínimo Nacional, en 1967 o en 1968, hasta el día de hoy, su valor ha disminuido hasta el extremo de que hoy significa menos del 40% del valor de 1968. No obstante, fue a partir de 1985 que comenzó a desbarrancarse el valor del Salario Mínimo Nacional, es decir, desde la restauración de la democracia, y durante todo el período de gobierno del doctor Sanguinetti, continuándose en el presente.

En más de una oportunidad, hemos planteado la necesidad de detener la caída del Salario Mínimo Nacional, de iniciar su rápida recuperación, e inclusive de la desaparición de esta variable de ajuste, que es un instrumento en manos del gobierno que, sin comerla ni beberla, perjudica a no menos de un millón de habitantes cada cuatro meses en nuestro país.

Es cuanto quería señalar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1993, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de $ 1.402:097.000 (pesos uruguayos mil cuatrocientos dos millones noventa y siete mil), según los anexos que se acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado, en general y en particular, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1993, que se comunicará al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

28) DEUDAS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL. Reestructuración. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley de reestructuración de deudas del Sector Agropecuario y Agroindustrial. (Carp. Nº 1249/93 - Rep. Nº 927/94 y Anexo I)".

(Antecedentes: ver 47a. S.O.)

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR ZUMARAN. - Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Artículo 1º. Alcance de la reestructuración. - El Banco de la República Oriental del Uruguay y la Banca gestionada concederán a los deudores agropecuarios y agroindustriales una reestructuración de sus deudas originadas en actividades desarrolladas en el país, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

El régimen de reestructuración será facultativo para los deudores, pero de optar por el mismo, comprenderá necesariamente todas las deudas que mantenga al 31 de agosto de 1992, con los acreedores mencionados precedentemente.

Dicho régimen beneficiará también a los codeudores, fiadores o avalistas de los deudores.")

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor presidente: en el día de ayer, tal como lo había hecho en Comisión, señalé la observación que me merece el artículo 1º de este proyecto de ley, pues comprende exclusivamente a los deudores del Banco de la República Oriental del Uruguay y de la banca gestionada.

El motivo o la justificación de esta iniciativa es amparar a los deudores que se encuentran en dificultades para hacer frente a los vencimientos, por lo que no puede discriminarse con qué Bancos están endeudados. Pienso que si queremos proteger al deudor, debemos hacerlo en un pie de igualdad con todos, es decir, los que están endeudados con la banca oficial y gestionada así como con la privada. El objeto de la ley es claro. No entiendo por qué una persona que está endeudada por una cifra equis de dólares o de pesos con un banco privado, no tiene el amparo de otro que, por igual o mayor cantidad, lo está con el Banco de la República Oriental del Uruguay o la banca gestionada.

Como no he encontrado una justificación para que realice esta discriminación, voy a proponer que se incluya a toda la banca nacional.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Señor presidente: el señor senador Pereyra ya ha planteado este tema en el seno de la Comisión y, a mi juicio, es razonable. Sin embargo, debo decir con sinceridad que de las conversaciones que hemos mantenido con distintos señores senadores, resulta un poco difícil la aprobación de este proyecto de ley bajo la circunstancia de que estén amparados quienes tengan deudas con la banca privada, por la complicación que generaría en esa situación particular. Por esa razón, solamente hemos incluido en la iniciativa a la banca del Estado, es decir, al Banco de la República Oriental del Uruguay y a los bancos gestionados. De todos modos, reitero, comprendemos que es razonable la propuesta del señor senador Pereyra.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: en alguna medida, en la dirección a la que apunta el señor senador Jude, que ha sido quien ha impulsado este proyecto, y por una serie de razones que el tiempo apremiante que tenemos me impide desarrollar, voy a plantear algo que considero que tendría una cierta característica del camino del medio entre la inquietud del señor senador Pereyra y la explicación que acaba de dar el señor senador Jude.

Concretamente, sugiero que en el comienzo del primer párrafo del artículo 1º, se exprese: "El Banco Central del Uruguay y el Banco de la República Oriental del Uruguay". De este modo, estaría comprendida la banca estatal, ya que ésta no abarca solamente al Banco de la República Oriental del Uruguay y a la llamada banca gestionada, sino también al Banco Central del Uruguay.

Asimismo, propongo que se agregue un cuarto inciso a este artículo que, textualmente diría así: "En el caso del Banco Central del Uruguay, el régimen de reestructuración comprende a las deudas indemnizadas por el Fondo de Garantía de Créditos y las deudas adquiridas y/o cedidas a dicho Banco por el Banco Comercial". No debemos olvidar que éste fue el que absorbió últimamente una cantidad de deudas de un banco que se vendía.

El problema del Banco Central del Uruguay no es menor porque se ha convertido, por distintas razones, a lo largo del tiempo, en acreedor -a veces sin habérselo propuesto directamente sus autoridades- de créditos que dejaron de formar parte de activos de la banca privada y que tienen un volumen de cierta consideración, pero que entran dentro de lo que le preocupa a los señores senadores Pereyra, Jude y a quien habla.

Por lo tanto, formulo moción en ese sentido sin pretender con ello, en modo alguno, cerrar el debate. En caso de ser aprobado este primer artículo, habré de solicitar que se realicen otros ajustes en las normas restantes del proyecto de ley.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Señor presidente: personalmente, no tengo ningún inconveniente en que se efectúe el agregado que solicita el señor senador Ricaldoni al artículo 1º.

Asimismo, y si es posible, pediría que -a propósito de que estarían amparados aquellos deudores por un monto de hasta U$S 300.000, se me ocurre que tendrían que estar incluidos en la reestructura quienes tienen deudas superiores a esa cifra, pero solamente por el monto antes indicado- se leyera la propuesta originalmente planteada.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Blanco)

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR JUDE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Puede interrumpir el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: deseo hacer una precisión con respecto a lo planteado por el señor senador Jude.

Cabe recordar que fuimos nosotros quienes hicimos la propuesta de fijar un límite, y a nuestro criterio eso no puede sufrir modificaciones. Digo esto porque si se altera la redacción del texto y se indica que también estarán comprendidos los restantes deudores hasta ese monto y no en lo que exceda a él, entran a regir otras disposiciones del proyecto de ley. Por ejemplo, allí se dice que en el caso de los deudores a los que se les plantee la refinanciación, se suspenderán automáticamente las ejecuciones, trámites judiciales, etcétera. Por lo tanto, si se refinancia la deuda hasta ese monto pero no en lo que excede, también suspendemos la ejecución, los trámites judiciales, etcétera. Nuestra concepción es que el tope sea para todo, es decir, absolutamente limitativo en ese aspecto. La razón de esto la explicamos hasta el cansancio en la sesión de ayer. Creo que la modificación que se plantea funcionaría de esa forma, que, al parecer, introduce un cambio parcial, aunque sustancialmente puede ocasionar otras consecuencias.

Esa es mi interpretación, aunque en el Cuerpo hay juristas muy connotados que pueden explicarlo en forma más sabia que quien habla, que sólo cursó hasta cuatro año de la Facultad de Derecho y no me doctoré.

Muchas gracias, señor senador, por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Puede continuar el señor Jude.

SEÑOR JUDE. - Señor presidente: pienso que lo que plantea el señor senador Gargano es correcto. Creo que tampoco sería posible que a una persona que debiera millones de dólares, se le suspendiera la ejecución, y solamente se le atendiera la refinanciación de U$S 300.000.

Considero que podría elaborarse una redacción -y para ello contamos con varios abogados en el Cuerpo- en el sentido de que se incluyera la reestructura a todos los productores con deudas de hasta U$S 300.000, pero los que tuvieran una mayor, pudieran gozar de los beneficios de la referida reestructura, sin perjuicio de que en ese caso no se suspendieran las ejecuciones. En ese sentido, llamo la atención del catedrático del Frente Amplio, señor senador Korzeniak, teniendo en cuenta sus conocimientos jurídicos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: agradezco la generosidad del señor senador Jude al referirse acerca de mis conocimientos en materia de derecho civil, pero debo aclarar que no soy civilista ni procesalista.

Sin embargo, debo decir que no me siento espiritualmente inclinado a buscar una fórmula procesal porque no comparto esa solución. Entiendo que quienes deben ser protegidos son los productores cuyas deudas no superen los U$S 300.000. Verdaderamente considero que en esta situación que vive el agro ellos merecen una protección muy excepcional como ésta, pero no creo que los grandes productores tengan que ser objeto de este tipo de tratamiento. En realidad, la protección de éstos debe provenir de medidas económicas que no generen este problema que se ha planteado en el agro.

Esta es la razón por la cual no exploraría en una solución procesal para este problema.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - De ninguna manera deseo controvertir sobre este tema porque reconozco la autoridad de quienes lo hacen con más elocuencia que quien habla. Sin embargo, me interesa destacar que desde el año 1989 a 1993 las deudas prácticamente se han triplicado, es decir, que una deuda de U$S 300.000 era de U$S 100.000 en aquel entonces.

En realidad, la mejor defensa de este sector que todos sabemos está gravemente afectado, sería la de amparar a todos los productores aprobando una iniciativa de mayor amplitud. Inclusive, cuando se hacía referencia a las franjas, se suponía que ello se haría amparando distintos tipos de endeudamiento.

No hago cuestión en que se vote la propuesta formulada por el Frente Amplio. Simplemente hice llegar a la Mesa un repartido, a los efectos de que fuera leído como forma de esclarecer este tema y que el Senado tuviera un concepto cabal de cómo podría ser la armonización de la tutela de los medianos productores que deben hasta U$S 300.000 y bajo qué condiciones podrían ser amparados con este sistema quienes, aun debiendo más, tienen las mismas necesidades.

29) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Tengo entendido que existen varios pedidos de licencia, por lo que solicito que se dé cuenta de ellos y se voten.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Batalla solicita licencia por el término de dos días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 5 de octubre de 1994.

Sr. presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

De mi mayor consideración:

Le dirijo la presente a fin de solicitar a la Cámara de Senadores licencia por dos días, a partir de mañana, fundada en motivos personales, y la inmediata convocatoria de mi suplente respectivo, de acuerdo con el artículo 1º, inciso 3º, de la ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la ley Nº 16.465.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Hugo Batalla. Senador".

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente, se convocará al suplente respectivo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Gargano solicita licencia por el término de cuatro días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 5 de octubre de 1994.

Señor presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

De mi mayor consideración:

Por la presente y por razones de carácter personal solicito licencia por los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 1994.

Pido al Cuerpo que acceda a esta solicitud y se convoque al suplente respectivo.

Saludo al Sr. presidente atte.

Reinaldo Gargano. Senador".

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente, se convocará al suplente respectivo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Korzeniak solicita licencia por el término de cuatro días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 5 de octubre de 1994.

Señor presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

De mi mayor consideración:

De conformidad con la ley respectiva y por razones personales impostergables, solicito licencia por los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 1994.

Solicito que, aprobada esta solicitud, se convoque al suplente que corresponde.

Saludo a Ud. muy atte.

José Korzeniak. Senador".

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente, se convocará al suplente respectivo.

30) DEUDAS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL. Reestructuración. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Continúa en discusión particular el artículo 1º del proyecto de ley que figura en tercer término del orden del día.

SEÑOR RAMIREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Señor presidente: antes de ocuparme del alcance del artículo 1º del proyecto de ley, deseo consultar al señor Miembro Informante y autor de esta iniciativa la razón por la cual se incluye en esta disposición a las agroindustrias dentro de la reestructuración de sus créditos con la banca, ya que en la exposición de motivos se hace mención en forma exclusiva a las dificultades por las cuales atravesó el agro durante un período y a la carga tributaria, pero no hay referencia -por lo menos en la revisión rápida que hice de la exposición de motivos- acerca de cuáles son las razones de interés general que podrían llevar a dar un tratamiento preferencial a un sector industrial como es el de la agroindustria, cuya naturaleza lo distingue del resto en que utiliza productos agropecuarios como materia prima. Esto incluiría también a las industrias frigorífica, azucarera, arrocera, textil, lácteos, forestal -incluyendo la papelera- madera y todas las derivadas de la alimentación. Por ello pregunto cuáles serían los fundamentos, que no he encontrado en la exposición de motivos, para incluir un conjunto de empresarios nacionales, cuya característica es que son industriales y utilizan materia prima proveniente del agro.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - La Mesa debe aclarar que debido a que el Senado resolvió considerar este proyecto de ley sin informe de la Comisión, no tiene un miembro informante, aunque en los hechos está actuando como tal el señor senador Jude. Reglamentariamente, solamente puede hacer uso de la palabra en una oportunidad, por 20 minutos, al tratarse cada uno de los artículos. Si el Senado no tiene inconveniente, procederíamos como si el señor senador Ramírez le concediera una interrupción.

SEÑOR JUDE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAMIREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Diría que esa inclusión surgió luego de haber visto la subasta de distintas empresas vinculadas al agro. Hace pocos días en Progreso se remató un "packing", en el que, inclusive, estaba interesado el propio presidente de la República en el sentido de que se encontrara una solución.

En definitiva, señor presidente, el campo está totalmente ligado a las empresas que reflejan la postergación de la producción. Entiendo que lo que más importa al país son el agro y el procesamiento de sus productos. Tan es ello así que la circular del Banco atendía en un crédito -a más de treinta años- al sector industrial.

Pero sucede que no solamente ese sector tiene problemas, sino que también los padecen otros de menor jerarquía referidos a distintos aspectos de la producción agropecuaria, y nuestra intención era, de alguna manera, comenzar con lo que podría llamarse una reestructura del funcionamiento del país.

Como los señores miembros del Senado comprenderán, no solamente padecen dificultades los productores, sino también las industrias, que naturalmente forman parte del agro, por lo que no tienen sentido hablar de éste sin la industrialización. El agro conforma el 15% del Producto Bruto del país, pero llega al 80% por la vía de la industrialización, del agregado, de transformaciones que no solamente son actividades agropecuarias sino industriales. Por eso entendimos que era razonable vincular los dos sectores. Por otra parte, creo que nuestro país tiene una importante predisposición a la ayuda complementaria del agro mediante la industrialización. Es por ese motivo que hemos recurrido a las dos reestructuras: la del sector agropecuario y la del agroindustrial.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Puede continuar el señor senador Ramírez.

SEÑOR RAMIREZ. - Con relación a las explicaciones brindadas por el señor senador Jude, quiero expresar con todo respeto que no me resultan satisfactorias. El hizo hincapié en el fundamento para otorgar un sistema de privilegio en favor del sector agropecuario en base a la carga tributaria, a la sequía y a dificultades de orden económico y financiero por las que atravesó el agro, el cual no es trasladable a una rama de la industria o a un sector industrial que puede padecer dificultades similares a las del resto de la industria. Es decir que puede tener problemas parecidos a otras industrias que no utilizan materia prima nacional o de origen agropecuario, como por ejemplo, la industria de la pintura, la del portland o las mineras. Estas son industrias tal como la agroindustria que pueden haber atravesado fenómenos financieros y económicos similares; sin embargo, no advierto el fundamento ni la razón de interés general para incluir en un proyecto de ley cuya exposición de motivos hace referencia a los problemas del agro, a una enorme gama de actividades empresariales cuya única característica común es la de estar conectadas con el sector primario por ser consumidoras de productos primarios como materia prima. Sinceramente, no entiendo el motivo por el cual se las incorporó, más allá de que no estamos de acuerdo con el proyecto en general, o sea, con el otorgamiento de un sistema de beneficios al sector agropecuario y menos aun con el otorgamiento parcial al sector secundario por añadidura, por su conexión con el primario. Además, éste ni siquiera necesita haber adquirido en plaza el producto, puesto que puede tratarse de una agroindustria que importe por el sistema de admisión temporaria productos primarios semiprocesados y ser incluida en la categorización de agroindustria, con el consiguiente beneficio de un régimen de preferencia que no tiene un fundamento sustancial.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Señor presidente: entiendo muy loable el propósito del proyecto presentado por el señor senador Jude aunque, naturalmente, luego de una lectura detenida surge la necesidad de hacer algunos ajustes. Por ejemplo, dicha iniciativa comprende a todos los deudores agropecuarios y agroindustriales, ofreciéndoseles un tipo de reestructuración de sus pasivos muy favorable. Sin embargo, pienso que no debe incluirse a todas aquellas personas que sean deudoras del Banco de la República y la banca gestionada, porque puede darse el caso de gente que ha contraído deudas para plantar praderas o para instalaciones -mejoras para las cuales el Banco de la República otorga líneas de crédito a largo plazo- y está cumpliendo cómodamente y sin mayores problemas con los compromisos derivados de dichos créditos. Pienso que estas personas no tendrían por qué estar amparadas, por lo que habría que hacer un pequeño agregado que dejara el texto de la siguiente manera: "El Banco de la República y la banca gestionada concederán a los deudores agropecuarios y agroindustriales, cuyos pasivos tengan una significación tal en su economía, una reestructuración", etcétera. Considero prudente hacer esta observación porque de pronto puede haber deudas pequeñas contraídas por una persona que tiene un gran capital y las está pagando cómodamente, y al enterarse de esta reestructuración pretende ampararse a ella. Creo que no es eso lo que quiere el señor senador Jude ni los sectores a los que deseamos amparar.

De modo que podría agregarse alguna frase que dijera que esta reestructuración se refiere exclusivamente a las personas cuyos créditos significan un deterioro o un gran compromiso con relación a la parte activa de su patrimonio.

SEÑOR BOUZAS. - Quisiera volver sobre el tema de a quiénes comprende o beneficia esta reestructura de la deuda a treinta años. Coincido con lo expresado en el sentido de que depende de en qué Banco esté endeudado el productor para poder beneficiarse o no con este proyecto de ley. Es más; tal como dije en el día de ayer, puede ocurrir -y ocurre- que desde el momento en que se elaboró el proyecto de ley que plantea que el Banco de la República y la banca gestionada concederán una reestructuración hasta el día de hoy, hay una franja de productores agropecuarios y agroindustriales que han quedado fuera de los beneficios que otorga esta iniciativa. Digo esto porque en oportunidad de presentarse el proyecto la banca gestionada estaba integrada por los Bancos Pan de Azúcar y La Caja Obrera, y en este momento solamente nos podemos referir al último, ya que el primero ha sido privatizado. Entonces, simplemente habría un problema de redacción, ya que se debería decir el Banco de la República y el Banco La Caja Obrera -que es la única banca gestionada que queda- deberán reestructurar las deudas de los productores agropecuarios o agroindustriales. Pero, entonces, la pregunta sería por qué perdieron ese derecho los deudores del Banco Pan de Azúcar o por qué nunca lo tuvieron los del resto de la banca privada. Pienso que no es de justicia la forma como se plantea este sistema de reestructuración de la deuda.

Pienso que habría que hacer extensiva esta disposición al conjunto de la banca, o, por el contrario, autorizar al Banco de la República para que otorgue a quienes deben menos de U$S 300.000 el beneficio que, en su momento, dio a los deudores de más de U$S 5:000.000. El Banco de la República podrá hacer uso o no de esta facultad.

Es notorio que el quebranto que producirá la aprobación de este proyecto de ley al Banco de la República y al Banco La Caja Obrera -por la obligatoriedad que aquí se establece- los colocará en inferioridad de condiciones para competir en los futuros negocios a realizar con el conjunto de la banca. Hemos escuchado en más de una oportunidad -esto también se ha manifestado en Sala- que los intereses que cobra el Banco de la República son superiores a los que fija la banca privada, lo que es cierto. También es real que el Banco de la República, al fijar las tasas, debe tener en cuenta los beneficios que se otorgan al deudor cuando el acreedor es la referida institución, y que no se conceden cuando lo es la banca privada.

Por todas estas razones -con las limitaciones que planteó mi compañero de bancada, el señor senador Gargano- votaré este artículo 1º en la medida en que establezca que se benefician los deudores agropecuarios y agroindustriales que tengan deudas con el sistema bancario, ya sea con el Banco de la República, el Banco La Caja Obrera, el Banco Central -por la cartera administrada que le vendió el Banco Central cuando fue reprivatizado- o cualquiera de los bancos privados del país.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Con anterioridad solicité se me explicara por qué se trata en forma distinta al deudor de la banca privada frente al de la oficial o gestionada. Me pregunto por qué, con el propósito de beneficiar a los productores agropecuarios, estamos favoreciendo a aquellos que están endeudados con el Banco de la República y la banca gestionada, y no damos los mismos beneficios a los que, por las mismas razones y dificultades, están endeudados con la banca privada.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Tal como está en conocimiento del señor senador Pereyra, nosotros -y creo que el conjunto de la bancada del Frente Amplio- estamos en condiciones de votar afirmativamente esa propuesta, y nuestra voluntad en ese sentido se manifestó desde el comienzo del tratamiento de este tema. Estamos de acuerdo con que la banca privada también esté comprendida en la obligación de realizar la reestructuración de las deudas, en la medida en que se fije un tope de U$S 300.000.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Indudablemente, desde el tratamiento de este tema en Comisión, estuvimos de acuerdo con él. En realidad, solicité una aclaración a los efectos de conocer cuáles eran los motivos de los señores senadores para no incluir a toda la banca privada. Sin embargo, lo único que escuché fue que ese régimen traería complicaciones; me pregunto qué clase de complicaciones se darían como para justificar una distinción de esa naturaleza. Entiendo que esa diferenciación ya no radicaría en la capacidad del deudor, porque es probable que el que esté endeudado con la banca privada tenga las mismas dificultades que los demás; es posible, incluso, que tenga una deuda quizás mucho menor, pero a la que no puede hacer frente. De acuerdo con este texto, ese deudor se va a encontrar en una situación económica y social desventajosa.

Las explicaciones que solicité no han sido proporcionadas porque, a mi entender, al decir que se crearían dificultades, no se está dando una respuesta satisfactoria. Digo esto porque no se aclaró cuáles son las dificultades y las razones para discriminar a los deudores, cometiendo así evidentes injusticias.

Me parece que con este criterio se está vulnerando el principio de generalidad e igualdad de la norma jurídica, que es lo más elemental que aprendemos cuando leemos sobre la materia. Por lo tanto, me parece que deberíamos incluir a toda la banca nacional; si existe moción en ese sentido, adhiero a ella. La norma comprendería, así, a todos los deudores de cualquier banco, endeudados por una suma menor a U$S 300.000.

31) CORTE ELECTORAL. Acto eleccionario del 27 de noviembre. Gastos e inversiones. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan C. Blanco). - Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"El Poder Ejecutivo remite un Mensaje y proyecto de ley por el que se concede a la Corte Electoral la cantidad de $ 40:000.000 a los efectos de solventar los gastos e inversiones que demande la celebración del acto electoral del próximo 27 de noviembre".

-A la Comisión de Presupuesto.

SEÑOR RAMIREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Dada la necesidad de que este proyecto de ley pase a la Cámara de Representantes, solicito que se haga el repartido correspondiente y se proceda a su consideración de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Se procederá a la distribución solicitada por el señor senador Ramírez y se votará su urgencia una vez que el repartido haya sido entregado a todos los señores senadores.

32) DEUDAS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL. Reestructuración. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Continúa en discusión el artículo 1º del proyecto de ley que figura como tercer punto del orden del día.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Simplemente, deseo recordar a la Mesa la existencia de dos propuestas aditivas al texto del artículo 1º porque, al momento de ser planteadas, el señor senador Blanco no estaba en el ejercicio de la Presidencia. Por lo tanto, si fuera necesario volvería a repartirlas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Sería conveniente reiterar dichas propuestas a los efectos de su consideración, en virtud de que estamos en condiciones de votar el artículo 1º.

Para ello, tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Dije hace un momento -a raíz de la intervención del señor senador Pereyra- que se trata de un camino del medio. En este momento nos encontramos con un quórum mínimo y no existen coincidencias evidentes en relación a los textos, más allá de que la mayoría de los presentes compartamos el contenido del proyecto de ley.

Mi propuesta sería que el artículo 1º comenzara diciendo "El Banco Central del Uruguay", continuando luego el texto tal como figura en el repartido.

Además, sugiero incorporar un último inciso -que, de ser aprobado sería el cuarto- que dijera: "En el caso del Banco Central del Uruguay, el régimen de reestructuración comprende a las deudas indemnizadas por el Fondo de Garantía de Créditos y las deudas adquiridas y/o cedidas a dicho Banco por el Banco Comercial".

SEÑOR PRESIDENTE (DR. Juan C. Blanco). - La Mesa agradece al señor senador por la información brindada.

33) CORTE ELECTORAL. Acto eleccionario del 27 de noviembre. Gastos e inversiones. Proyecto de ley.

SEÑOR RAMIREZ. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Deseo reiterar la moción formulada anteriormente en virtud de que ya se ha realizado el distribuido del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, a los efectos de que dicho texto sea considerado en forma urgente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Ramírez.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se concede a la Corte Electoral determinada suma a los efectos de solventar los gastos e inversiones que demande la celebración del acto electoral del próximo 27 de noviembre, de acuerdo con las previsiones constitucionales".

(Antecedentes:)

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY
Ministerio del Interior
Ministerio de 
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Industria, Energía y Minería
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Montevideo, 5 de octubre de 1994.

Señor presidente de la
Asamblea General
Doctor Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a poner a disposición de la Corte Electoral la cantidad de $ 40:000.000, a los efectos de solventar los gastos e inversiones que demande la celebración del acto electoral del próximo 27 de noviembre de acuerdo con las previsiones constitucionales.

El Poder Ejecutivo hace suyos los motivos expresados por la Corte Electoral a través del Mensaje de 13 de setiembre de 1994 que dan fundamento al proyecto de ley adjunto, a cuyos efectos se procede a su transcripción.

"Señor presidente de la República
Doctor Luis Alberto Lacalle

De mi mayor consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo de 12 del corriente, resolvió hacerle conocer las estimaciones sobre costos de organización y realización del acto que deberá llevarse a cabo el 27 de noviembre próximo, de conformidad con las previsiones constitucionales.

La Corporación se vio abocada recientemente a la organización y realización de un plebiscito constitucional. Ello impuso una paralización de las tareas normales que permiten llevar al día los archivos, que son fundamentales para la realización de una convocatoria del Cuerpo Electoral, ya que la ley sancionada el 15 de junio ppdo. y sometida a plebiscito estableció un cierre ficto de padrón (27 de mayo de 1994). Las hojas electorales que integran la Sección Habilitados para Votar, del Registro Nacional Electoral, fueron retiradas de sus correspondientes lugares de archivo a fin de que estuviesen en cada comisión receptora de votos el día 28 de agosto de 1994. En este momento están retornando a su archivo para cumplir con los nuevos inscripcionales y los traslados pendientes.

En la actualidad, ante el agotamiento de los rubros especiales se requiere una nueva partida para realizar, con carácter urgente, múltiples gastos e inversiones. Es imperioso adquirir nuevas cabinas, pues las que cuenta el Organismo no cubren las reales necesidades de la elección nacional, pues existe una mayor cantidad de circuitos en todo el país. Además deberá adquirirse cuadernetas para cubrir los más de 9.000 circuitos previstos y si, a ello, agregamos la impresión de los padrones electorales de los diecinueve departamentos en cantidad suficiente para el conocimiento de los partidos políticos, agrupaciones y ciudadanía, es evidente que los gastos serán de relevancia.

Es preciso señalar el suministro a las Fuerzas Armadas de los rubros para combustible y gastos generales, para la tarea de apoyo que tan eficientemente realizan. En la misma forma a los vehículos de los organismos públicos, que el día de la elección, colaboran con las Oficinas Departamentales en todo el país.

Sin querer abundar en las necesidades, estima necesario la Corporación, hacerle saber que se deberán imprimir las papeletas de los dos plebiscitos constitucionales que se someterán a consideración del Cuerpo Electoral conjuntamente con la elección.

Recordemos, también que a los miembros de las comisiones receptoras de votos se les debe impartir instrucción. En ese acto, la complejidad del mismo, requiere una mayor extensión, teniendo presente que de acuerdo a la ley recientemente aprobada por el Poder Legislativo, los funcionarios públicos deberán acreditar su asistencia a los cursos para tener derecho a la licencia.

A lo enunciado, a vía de ejemplo, debemos sumarle que una vez realizada la elección nacional, deberá efectuarse el escrutinio con el consiguiente análisis de los votos observados. Ello implica que se trasladarán a las diferentes Oficinas Electorales Departamentales funcionarios dactilóscopos.

Los funcionarios electorales, verdadero pilares del Organismo han venido trabajando en horario extraordinario, pero naturalmente este horario deberá continuar. Los plazos constitucionales y legales deben cumplirse, ya que las proclamaciones estarán efectuadas con tiempo suficiente para permitir la preparación de la instalación de las autoridades elegidas en las fechas previstas por la Constitución.

Por lo expresado, estimamos que la suma necesaria para solventar las inversiones y gastos enunciados de $ 40:000.000 (pesos uruguayos cuarenta millones)".

Saluda al señor presidente con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Guillermo García Costa, Antonio Mercader, Gonzalo Cibils, Ricardo Reilly, Ignacio Risso Abadie, Mario Amestoy, Miguel Angel Galán, José Luis Ovalle, Julio César Baliño, Daniel Hugo Martins, Gustavo Licandro".

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - A los efectos de solventar los gastos e inversiones que demande la organización y celebración del acto electoral del próximo 27 de noviembre, el Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Corte Electoral la cantidad de $ 40:000.000 (pesos uruguayos cuarenta millones).

Guillermo García Costa, Antonio Mercader, Gonzalo Cibils, Ricardo Reilly, Ignacio Risso Abadie, Mario Amestoy, Miguel Angel Galán, José Luis Ovalle, Julio César Baliño, Daniel Hugo Martins, Gustavo Licandro".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - A los efectos de solventar los gastos e inversiones que demande la organización y celebración del acto electoral del próximo 27 de noviembre, el Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Corte Electoral la cantidad de $ 40:000.000 (pesos uruguayos cuarenta millones)".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

34) DEUDAS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL. Reestructuración. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Continúa la discusión particular, con la consideración del artículo 1º, del punto que figura en tercer término del orden del día de esta sesión y que refiere al proyecto de ley de reestructuración de deudas del sector agropecuario y agroindustrial.

La Presidencia aclara que el Senado tiene a consideración un texto que figura en el proyecto de ley presentado por el señor senador Jude y, al respecto, hay distintas sugerencias de modificaciones o aditivos. En este sentido, incluso, hay un texto presentado por el señor senador Jude, que propone modificar el artículo 1º original, agregando a continuación de la frase "concederán a los deudores agropecuarios y agroindustriales" el siguiente pasaje: "cuyas deudas, capital e intereses calculados a tasas de actividad a la fecha de ampararse a la presente ley no superen los U$S 300.000 (trescientos mil dólares estadounidenses)", continuando luego la redacción tal como figura en el proyecto de ley. Posteriormente, propone agregar un tercer párrafo, que iría a continuación del que comienza con la frase "El régimen de reestructuración". El mismo diría: "Las empresas cuyas deudas superen los U$S 300.000 (trescientos mil dólares estadounidenses) sólo podrán acogerse al régimen de reestructuración por el importe citado". En consecuencia, el actual párrafo tercero pasaría a ser el cuarto.

A modo de resumen, podemos decir que tenemos, en primer lugar, el texto original propuesto por el señor senador Jude; en segundo término, las modificaciones a su propio texto, a las que acabo de dar lectura y que han sido planteadas por dicho señor senador; luego, tenemos la propuesta presentada por el señor senador Ricaldoni; en el sentido de agregar al Banco Central y, correlativamente, adjuntar un cuarto párrafo que haga referencia a los deudores amparados al Fondo de Garantía, específicamente, a aquellos que fueron deudores del Banco Central; finalmente, en cuarto lugar, está la propuesta que ha llegado a la Mesa, firmada por los señores senadores Bouzas y Pereyra, que sugiere sustituir la frase "el Banco de la República Oriental del Uruguay y la banca gestionada" por "el sistema bancario nacional". Quizás tendríamos que agregar a este resumen de situación un quinto elemento que me pareció recoger de la intervención del señor senador Gargano. En su primera propuesta, el señor senador Jude plantea, como enmienda a su propio texto, poner un tope de U$S 300.000; luego, en su segunda enmienda, establece que en los casos en que se superara esa cifra, las empresas podrían acogerse hasta esa cifra de U$S 300.000. La Presidencia deduce que el señor senador Gargano estaría conforme con la propuesta del límite de U$S 300.000, pero no con la posibilidad de que los deudores superiores se acogieran hasta ese monto. Estaríamos entonces frente a una variante a esta fórmula que ha planteado el señor senador Jude en segundo lugar.

SEÑOR GARGANO. - Mi posición sigue siendo la misma.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - En definitiva, estas son las opciones que tenemos a consideración y, por lo tanto, en primer lugar, debemos poner a votación el texto inicial, tal como figura en el proyecto de ley planteado por el señor senador Jude.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 16. Negativa.

Seguidamente, corresponde considerar el mismo texto con las modificaciones propuestas por el señor senador Jude, es decir, el tope de U$S 300.000, con un segundo párrafo que hace elegible para este tipo de créditos también a los deudores con mayor cantidad, aunque el beneficio de la ley sólo alcanzaría el monto de U$S 300.000.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quisiera saber si el texto al que acaba de referirse la Presidencia mantiene la condición de que los acreedores sólo pueden ser el Banco de la República y la banca gestionada.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Así es, señor senador. Si bien a la Presidencia le agrada buscar las conciliaciones, reglamentariamente sólo puede poner a votación los textos que han llegado a su consideración.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo hablar francamente, tal como es mi costumbre.

En lo que me es personal, votaría esta propuesta -si los firmantes de este proyecto sustitutivo estuvieran de acuerdo- incluyendo al Banco Central. También acompañaría la propuesta relativa al inciso que expresa que las empresas cuyas deudas superen los U$S 300.000 sólo podrán acogerse al régimen de reestructuración por el importe citado.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que tenemos un quórum mínimo -en este momento hay 16 señores senadores en Sala- propongo un último inciso para guardar una adecuada correspondencia con las modificaciones que estoy proponiendo para el inciso primero, porque al incorporar al Banco Central del Uruguay también hay que aclarar en qué casos las deudas que tienen actividad esta Institución figuran dentro de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - La Mesa consulta al señor senador Ricaldoni si lo que está formulando es una nueva propuesta, que sería una combinación de la segunda modificación del señor senador Jude, es decir, la del tope de U$S 300.000.

SEÑOR RICALDONI. - Aprecio las dificultades que tiene la Presidencia para entender este caótico debate.

En este momento, tengo delante lo que propone ahora el señor senador Jude con la firma también de otros señores senadores. Entonces, mi propuesta diría lo siguiente: "El Banco Central del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay y la banca gestionada", y luego continuaría la redacción tal como figura aquí. A su vez, el inciso segundo se mantendría tal como lo propone el señor senador Jude y luego vendría, como tercer inciso, el que por mi parte propuse, que establece lo siguiente: "En el caso del Banco Central del Uruguay, el régimen de reestructuración comprende las deudas indemnizadas por el Fondo de Garantía de Créditos y las deudas adquiridas y/o cedidas a dicho Banco por el Banco Central". Posteriormente, se incluirían los últimos dos incisos, es decir, el que refiere al tope de U$S 300.000 para cualquier empresa deudora y el último, que es la repetición del texto original.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Consulto al señor senador Ricaldoni si su propuesta incluye también la posibilidad de que las empresas que tengan deudas por más de U$S 300.000 se puedan acoger a ese régimen, pero hasta el límite fijado.

SEÑOR RICALDONI. - Exactamente, en eso coincido con el señor senador Jude.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - En consecuencia, tenemos aquí una nueva propuesta, que combina dos de las anteriores. De todos modos, antes corresponde votar la segunda propuesta del señor senador Jude que establece, simplemente, el tope de U$S 300.000 y, luego la posibilidad de que se amparen a ese régimen empresas deudoras por más de U$S 300.000, pero sólo hasta esa cifra.

¿El señor senador Jude acepta esta propuesta?

SEÑOR JUDE. - Acepto, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Por lo tanto, si el señor senador Jude acepta, vamos a poner a votación el texto que acaba de sugerir el señor senador Ricaldoni y que fue aceptado por el señor senador Jude.

En resumen, se incorporaría al Banco Central como entidad o institución obligada a conceder esos beneficios y, correlativamente, en la última parte se daría una explicación sobre la aplicación de esta norma al Banco Central.

En consecuencia, el proyecto contendría los dos elementos propuestos por el señor senador Jude, o sea, el tope de U$S 300.000 y la posibilidad de que las empresas con deudas superiores a dicha cantidad se puedan acoger a este beneficio, pero sólo hasta la cantidad indicada.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto propuesto.

(Se vota:)

-5 en 16. Negativa.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Propondría que se incluyera a los otros Bancos -es la moción del Movimiento Nacional de Rocha- como forma de integrar una iniciativa que ha contado con reiteradas adhesiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Es la moción que correspondería poner a votación, señor senador.

Al respecto, quisiera consultar a los señores senadores Jude, Pereyra y Bouzas si convendrían en que se vote una fórmula que abarque, genéricamente, a todo el sistema bancario nacional, con un tope de U$S 300.000. También será necesario determinar si vamos a establecer un régimen de tramos o si se va a establecer un límite único de U$S 300.000.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: quiero expresar que no voy a acompañar la extensión de este proyecto de refinanciación a la totalidad de la banca privada. Tenemos experiencias, no del todo agradables, sobre lo que puede significar este tema de los acreedores particulares y es necesario destacar que los Bancos particulares lo son. Por todo lo expuesto, mi propuesta apunta a un camino intermedio.

De esta manera, adelanto mi voto, a fin de no tomar por sorpresa a mis estimados compañeros del Cuerpo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Formulo moción en el sentido de que se vote por incisos, hasta el párrafo que establece que los deudores mayores de U$S 300.000 podrían ser contemplados en la refinanciación hasta esa suma.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - El texto quedaría de la siguiente manera: "El sistema bancario nacional concederá a los deudores agropecuarios y agroindustriales -cuyas deudas, capital e intereses, calculados a tasas de actividad a la fecha de ampararse a la presente ley no superen los U$S 300.000 estadounidenses- una reestructuración de sus deudas originadas en actividades desarrolladas en el país, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley".

El segundo inciso, que se votará simultáneamente con el que acabo de mencionar, establece: "El régimen de reestructuración será facultativo para los deudores; pero, de optar por el mismo, comprenderá, necesariamente, todas las deudas que mantengan al 31 de agosto de 1992 con los acreedores mencionados precedentemente".

Hasta aquí votaríamos en una primera instancia. Luego, por separado, se votaría un inciso que dice: "Las empresas cuyas deudas superen los U$S 300.000, sólo podrán acogerse al régimen de reestructuración por el importe citado".

Asimismo, existe un inciso final, que no es fundamental y que expresa: "Dicho régimen beneficiará también a los codeudores, fiadores o avalistas de los deudores".

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Solicito a la Mesa reiterar qué es lo que se puso a votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Se está sometiendo a votación un texto que, en su primera parte, recoge una propuesta de los señores senadores Pereyra y Bouzas y que, en lo demás, coincide con la segunda iniciativa del señor senador Jude. Con ella se extiende el beneficio a los deudores de todo el sistema bancario nacional, con un tope de U$S 300.000. A posteriori, se votará la moción que propone que los deudores mayores de U$S 300.000 podrá acogerse al régimen hasta esa cifra.

En consecuencia, reitero que pondríamos a votación un sistema de beneficios que obligará a todo el sistema bancario nacional respecto de deudores cuya deuda -capital e intereses- no exceda los U$S 300.000.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Debemos tener en cuenta que, en este momento, contamos con el quórum mínimo y que, además es muy difícil realizar una votación unánime en este tipo de temas.

Digo esto porque deseo consultar a la mesa si, a sui juicio, respecto de esta norma es de aplicación el artículo 199 de la Constitución que establece que para modificar la Carta Orgánica de los Bancos del Estado se requiere ley aprobada por la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Si mal no recuerdo, en todas las leyes de refinanciación de deudas, en tanto afectaran a la Banca estatal, se requirió esta mayoría absoluta.

Reitero que, al respecto, me atendré a lo que disponga la Mesa. Sin embargo, de ser correcto lo que he manifestado anteriormente, considero que tendremos que buscar una solución entre todos los sectores, habida cuenta de que si hay que lograr esa mayoría especial y existen algunas diferencias, deberemos estudiar una salida en forma conjunta. De no ser así, puede darse que votemos por mayoría alguno de estos textos y que nos encontremos, por esa razón, con una objeción de inconstitucionalidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - No tengo presente el texto de la Carta Orgánica del Banco de la República, como para opinar con total certeza si el proyecto de ley que estamos considerando implica una modificación de la misma. Me inclino a pensar que no.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - A nuestro juicio, no existe modificación de las Cartas Orgánicas de los Bancos Central y República. Pero, en cambio, se altera el grado de descentralización, puesto que se les impone una refinanciación. Según lo dispuesto por el artículo 185 de la Constitución, en este caso sí se requiere mayoría absoluta de componentes.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Me pregunto cómo se va a hablar de autonomía en el caso de una refinanciación impuesta.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Creo que no escapa al criterio de los señores senadores que la Mesa no es partidaria de establecer este tipo de soluciones por razones constitucionales, pero no porque se trate de modificar la Carta Orgánica o el régimen de autonomías, puesto que no es así.

La Presidencia confiesa que tiene vacilaciones en cuanto a poner a votación este proyecto de ley porque, evidentemente, no hay quórum suficiente para obtener la mayoría absoluta. Desde el momento en que es un tema que ha sido objeto de dudas y cuestionamientos, la Mesa desea consultar al Senado su opinión acerca de si se pone a votación el mencionado proyecto o si se posterga, en espera de que se logre, la mayoría absoluta, a fin de que, posteriormente, no se plantee la cuestión constitucional.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - En virtud de una disposición que ha leído el señor presidente -en la cual se señala que puedo hacer uso de la palabra solamente por espacio de veinte minutos- prácticamente, no puedo extenderme en mis expresiones.

Sin perjuicio de ello, considero que tendríamos que votar porque, en definitiva, a mi juicio, no nos inhibe ni nos impide efectuar un pronunciamiento. Este proyecto de ley está listo para ser votado. Entonces, si no queremos, no lo votamos. Creo que en este caso asisten una cantidad de razones -compartidas por la totalidad del Senado- en cuanto a que es necesario ayudar a la gente con las dificultades que deben enfrentar en estos momentos. Pienso que si introducimos cuestiones constitucionales cuando estamos con un quórum mínimo es un signo de que no se quiere votar este proyecto de ley. Por lo tanto, deberíamos decir claramente que no queremos votar y así se termina la historia.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: quiero pensar que el señor senador Jude no quiso decir lo que acaba de expresar. He estado en Sala mientras se ha tratado este proyecto de ley: no he hecho uso de la palabra, si bien tengo cosas para decir, en el propósito de contribuir a la sanción de dicho proyecto, introduciéndole ciertas modificaciones, algunas de ellas propuestas por el señor senador Jude y otras por el señor senador Ricaldoni.

Como no deseo crear falsas expectativas, tengo que plantear los temas constitucionales porque a nadie se le escapa que, más allá de las razones que ha tenido el Poder Ejecutivo -por ejemplo, para vetar otras leyes de refinanciación durante este período- si le agregamos temas de indiscutible constitucionalidad, tendrá aun más motivos para hacerlo.

Entonces, reitero que como no deseo crear falsas expectativas, planteo los problemas antes en el propósito de encontrar soluciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - La Mesa aprecia el comentario formulado por el señor senador Cassina al plantear ese tema. No sería serio ni razonable que efectuáramos un pronunciamiento que, posteriormente, estuviera viciado por una falta inconstitucional.

Teniendo en cuenta las opiniones que se han escuchado en Sala y privilegiando el concepto de que debemos asegurar que las decisiones del Cuerpo estén revestidas de todas las garantías constitucionales, la Presidencia se va a inclinar en el cómputo de los votos sobre este proyecto de ley por la tesis más estricta que requiere una mayoría absoluta, sin ingresar en la cuestión relativa al fundamento, puesto que pueden serlo tanto una como otra de las disposiciones mencionadas por los señores senadores Korzeniak y Cassina. La Mesa reitera que es lo que, a su juicio, brinda mayores garantías para que el proyecto de ley, posteriormente, no sea cuestionado por una razón de inconstitucionalidad.

En el ánumo de contribuir a que la decisión del Cuerpo esté revestida de las garantías necesarias en el cumplimiento de las normas constitucionales, la Presidencia estima que es oportuno y da la bienvenida al hecho de que los señores senadores cooperen con ella en el esclarecimiento de este tema que es complejo.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Es notorio que vamos a votar favorablemente el artículo -aunque no su parte final- en la medida en que se incluya como acreedora a la banca privada.

Tal como lo ha hecho el señor senador Cassina, quisiera aclarar definitivamente que nuestro propósito es procurar preservar la posibilidad de que este proyecto de ley tenga, de verdad, vigencia. Con respecto a la incorporación de la Banca privada como posible acreedora, es notorio que si ofrecemos el flanco de una votación con mayorías que no son las que la Constitución establece, no va haber defensas ante la Suprema Corte de Justicia como las que debieron presentar los productores para lograr que este organismo declarara que eran inconstitucionales las limitaciones que se habían fijado por la vía de la refinanciación, ya que no había vicios formales. Las sentencias dicen eso. Formalmente, el Parlamento había cumplido con las mayorías de componentes necesarias para establecer limitaciones a esos créditos.

En el día de ayer, el señor senador Ramírez planteó algunas objeciones en materia constitucional sobre la obligación de devolver algunas garantías reales contenidas en el proyecto de ley. En ese sentido, cabe acotar que nosotros habíamos realizado un estudio jurisprudencial y estamos en condiciones de sostener que ese aspecto, a nuestro juicio, no es inconstitucional porque no se le impone al banco privado o público la obligación de desprenderse de garantías, sino que, en realidad, hay una sustitución de garantías de un inmueble -por ejemplo, una hipoteca- por los bonos. La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado indicando que en ese caso tampoco hay violación al artículo 32 de la Constitución.

Con el mismo espíritu del señor senador Cassina, he querido dejar sentada claramente nuestra posición y expresar que estamos en condiciones de votar. Sin perjuicio de ello, compartimos el criterio de la Mesa en cuanto a que hay que tomar en cuenta las mayorías necesarias. Pienso que el problema de fondo radica en que estamos sesionando con un quórum muy menguado y hay un sector cuya Bancada está prácticamente ausente. Lamentablemente, debo decir esto cuando ellos no están presentes.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Quiero plantear que este proyecto de ley fue votado por amplia mayoría cuando se discutió en general. Pienso que si algunos artículos ofrecen dudas en cuanto a la necesidad de contar con mayorías especiales, entonces, no se votarían. Por lo tanto, deberíamos proceder a votar los otros, para los que no se requieren dichas mayorías. Debemos cumplir con un mandato que nos impuso el propio Senado en oportunidad de la discusión general. Si en este momento no contamos con los votos necesarios, procuraremos obtenerlos en otra oportunidad. Concretamente, mi propuesta es que sigamos adelante.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Según entiende la Presidencia, el señor senador Jude formula moción para que en este momento se postergue el artículo 1º y continuemos con el resto de las disposiciones.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - A mi juicio, puedo volver a referirme al tema porque el señor senador Jude ha planteado una moción que admite discusión. Al respecto, debo indicar que discrepo con él.

El corazón de este proyecto de ley está en el artículo 1º. Votar las demás disposiciones puede significar prácticamente un salto al vacío, pero también puede implicar que luego, en función de la redacción que se dé al artículo 1º -reitero que es el que tiene la idea-fuerza del proyecto- haya un trabajo de retoque del texto y reajustes totalmente impensables. Por ejemplo, mi sector político en modo alguno está de acuerdo con que este proyecto de ley abarque el endeudamiento con la banca privada. De esa manera, otras normas que podrían ser compartibles excluyendo la banca privada, no lo serían si se incluyera luego de determinada votación.

Al mismo tiempo, señalo que nuestro sector político considera de estricta justicia -aunque vemos que estamos muy solos o, por lo menos, en minoría en este tema- incluir deudas que tiene el Banco Central en la forma que ya he expresado en diversas oportunidades. Eso también requeriría un ajuste del artículo 1º. Si el mismo se aprueba tal como lo quieren, por ejemplo, los señores senadores Pereyra y Bouzas, el texto requerirá ajustes que no podemos tener en cuenta con esta forma de legislación, al estar votando un artículo atrás del otro. El señor senador Korzeniak tiene razón cuando dice que es de mal gusto aludir a quienes no están presentes. Sin embargo, tampoco podemos dejar de señalar que nosotros estamos, incluso sabiendo que algunas disposiciones con las que no estamos de acuerdo y no vamos a votar podrían no ser aprobadas por el mero hecho de ausentarnos de Sala, dejando sin quórum al Senado. Creo que esa misma responsabilidad la tenemos todos los que nos estamos quedando en Sala. Por lo tanto -de paso y de refilón- señalo que me preocupa también el tema al que acaba de referirse el señor senador Korzeniak.

No quiero seguir extendiéndome sobre este tema, pero señalo que no comparto la idea de seguir votando los demás artículos. Tanto quien habla como el señor senador Pozzolo queremos saber a quiénes abarca la ley, así como a qué deudas se refiere.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Lo que ha dicho el señor senador Ricaldoni es estrictamente la realidad. La parte neurálgica de este proyecto es el artículo 1º. No sé si no podríamos votar por inciso, como se había establecido en un principio.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Se va a votar por inciso, tal como se había indicado, pero lo que advierto al señor senador Jude y recuerdo a los demás señores senadores es que, de acuerdo con los planteos efectuados para determinar el resultado de la votación, tendré que computar la mayoría absoluta de integrantes del Cuerpo. Con el número de senadores que hay en este momento en Sala, ello es difícil de lograr. Quería aclarar este aspecto porque no tengo más alternativa que poner a votación este proyecto con ese requisito de carácter reglamentario, en función de la mayoría necesaria para modificar la Carta Orgánica o limitar o restringir la autonomía del servicio, si se entiende que debe ser así.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dos primeros incisos del artículo 1º con la redacción ya mencionada, o sea, incluyendo como obligado por la ley a todo el sistema bancario nacional, con un tope de U$S 300.000.

(Se vota:)

-10 en 16. Negativa.

Siendo este el artículo medular del proyecto y habiendo obtenido una votación negativa, entiendo que no procedería continuar votando las restantes disposiciones.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Más allá de las coincidencias y las evidentes diferencias que tenemos -a la hora de elaborar el texto vamos a probarlo- aquí existe un problema que nos acerca a la inquietud inicial del señor senador Jude. Obviamente, no podemos legislar -como siempre lo decimos y nunca lo recordamos- improvisando en Sala para encontrar mayorías. Menos aun tratándose de un tema como éste que significa una restricción de un derecho que existe, que puede ser plasmado en una ley por un interés general que lo justifique, pero que podría acarrear graves consecuencias si estuviéramos equivocados.

Considero que deberíamos postergar este tema para la próxima sesión ordinaria del día martes o citar mañana para una sesión extraordinaria, ya que más allá de algunas expectativas dentro y fuera de este recinto, de seguir con esto, entre todos vamos a contribuir a que no haya ningún texto legal que ampare la pretensión de proteger a algunos deudores.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - El señor senador Ricaldoni estaría solicitando la reconsideración del artículo 1º para dejar abierta la discusión.

SEÑOR RICALDONI. - Solicito la reconsideración para reabrir la discusión, en el entendido de que hoy no vamos a seguir tratando el artículo 1º, porque de esa manera crearíamos falsas expectativas.

Todos sabemos que de aquí no saldrá nada esta noche. Por lo tanto, mociono en el sentido de que este tema se incluya en el orden de día del próximo martes, para trabajar sobre el mismo con el entusiasmo que hemos tenido hasta ahora, por lo menos, quienes nos encontramos en Sala, a fin de sancionar una ley.

Quizá no sea la que me satisfaga a mí ni a los señores senadores Pozzolo, Pereyra, Jude o Bouzas, pero trataremos de aprobar algo razonable que cuente con una mayoría estable. No debemos olvidar que cuanto más reñida sea esta votación, mayores riesgos correremos posteriormente de que una observación del Poder Ejecutivo implique una dificultad a fin de levantar el receso y dejar sin efecto las observaciones del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Ricaldoni, en el sentido de reconsiderar el artículo 1º que se acaba de votar e incluir este proyecto de ley en la primera sesión ordinaria del Cuerpo como primer punto del orden del día.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Faltan dos minutos para la hora de finalización de esta sesión ordinaria.

35) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR RICALDONI. - Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, siendo la hora 19 y 58 minutos, presidiendo el señor senador Blanco y estando presentes los señores senadores Amorín Larrañaga, Astori, Bouzas, Cassina, Elso Goñi, Gargano, Irurtia, Jude, Korzeniak, Librán Bonino, Pereyra, Pérez, Pozzolo, Ricaldoni y Rubio).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Sr. Mario Farachio Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.