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Nº 345 - TOMO 363 - 13 DE SETIEMBRE DE 1994

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

40ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y JUAN CARLOS BLANCO Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y EL PROSECRETARIO SEÑOR DARDO ORTIZ ALONSO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Relacionado con la modificación del artículo 1844 del Código Civil y los artículos 35 y 37 de la Ley de Construcciones de 8 de julio de 1885.
- Lo presenta el señor presidente del Cuerpo, doctor Aguirre Ramírez.

5) Solicitudes de licencia

- La presenta el señor presidente del Cuerpo, doctor Aguirre Ramírez.
- Concedida.
- La presenta el señor senador Ricaldoni por el término de cuatro días, a partir de hoy.
- Concedida.
- Se convocará a su suplente, contador Ricardo Lombardo, quien ya ha prestado su juramento de estilo.

6) Salvador Allende. Veintiún años de su muerte

- Manifestaciones del señor senador Korzeniak.
- Se resuelve, por moción del señor senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su pase a la Embajada de Chile, y a través de ésta, al Partido Socialista Chileno.

7) Villa Soriano. Problemas con los servicios de ANTEL

- Manifestaciones del señor senador Gargano.
- Se resuelve, por moción del señor senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio de ANTEL.

8) Banco de Previsión Social. Mayor atención al público en su dependencia de Villa Soriano

- Manifestaciones del señor senador Gargano.
- Se resuelve, por moción del señor senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio del Banco de Previsión Social.

9) PLUNA. Prohibición, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, de aterrizar en sus aeropuertos.

- Manifestaciones del señor senador Bouzas.
- Se resuelve, por moción del señor senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Directorio de PLUNA, al Ministerio de Defensa Nacional, a los efectos de su traslado a la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica y a la Dirección General de Aviación Civil.

10) Conflicto en la empresa Colagel

- Manifestaciones del señor senador Pérez.
- Se resuelve, por moción del señor senador, remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio del Banco de la República y a los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas.

11) Banco de Seguros del Estado. Denuncias por presuntas irregularidades en su ámbito

- En consideración.
- Exposiciones de los señores senadores Alonso Tellechea, Elso Goñi y Bouzas.
- Se resuelve continuar su discusión en la sesión de mañana como segundo punto del orden del día.

12) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 9 de setiembre de 1994.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 13, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Informes de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado. (Carp. Nº 1459/94 - Rep. Nº 892/94)

LOS SECRETARIOS».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Astori, Bouza, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gargano, González Modernell, Grenno, Hackenbruch, Irurtia, Jude, Korzeniak, Lombardo, Millor, Moreira Graña, Pereyra, Pérez, Pozzolo, Raffo, Ramírez, Rubio, Santoro y Urioste.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Belvisi, Ricaldoni y Silveira Zabala; y con aviso, los señores senadores Batalla, Librán Bonino y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 6 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 13 de setiembre de 1994.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, expediente que le fuera devuelto por resolución del Senado de fecha 14 de diciembre de 1993.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se nominan a varias unidades del Ejército Nacional;

-A la Comisión de Defensa Nacional.

por el que se establecen normas para la regularización jurídica de varios padrones situados en los barrios Santa Catalina y Puntas de Sayago, departamento de Montevideo;

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se designa con el nombre «Saúl Urbina» la Escuela Nº 114 de la ciudad de Melo;

-A la Comisión de Educación y Cultura.

y aprobado en nueva forma referente a la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

-A la Comisión de Hacienda integrada con tres miembros de la Comisión de Constitución y Legislación.

El señor presidente del Senado, doctor Gonzalo Aguirre Ramírez presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se reforman el artículo 1844 del Código Civil y los artículos 35 y 37 de la Ley de Construcciones de 8 de julio de 1885.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley que refiere a la posibilidad de que las entidades de intermediación financiera emitan acciones al portador;

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se designa con el nombre «Juan Bautista Crosa de Pinerda» la Escuela Nº 258 de Montevideo;

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los proyectos de ley:

por el que se aprueba el Convenio General de Cooperación con Rumania;

y por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el gobierno de la República y el gobierno de Polonia;

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informados los proyectos de ley:

z artículos de la ley Nº 16.095, relacionado con los derechos de las personas discapacitadas totales y con síndrome de Down;

y el relativo al derecho a pensión de la ex-cónyuge;

La Comisión de Industria y Energía eleva informados los proyectos de ley:

por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico la ciudad de Fray Bentos y zonas circundantes, especialmente el balneario Las Cañas, departamento de Río Negro;

y por el que se declara de interés nacional para el desarrollo turístico el balneario Lago Merín, departamento de Cerro Largo.

-Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la sesión de mañana.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca integrada con tres miembros de la Comisión de Hacienda pone en conocimiento que el señor senador Raumar Jude presentó a la Comisión, con fecha 5 de setiembre de 1994, un proyecto de ley sustitutivo que se encuentra a estudio, relativo a la reestructuración de deudas de los sectores agropecuarios y agroindustriales.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes».

4) PROYECTO PRESENTADO

«EXPOSICION DE MOTIVOS

PROYECTO DE REFORMA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1844 DEL CODIGO
CIVIL Y ARTICULOS 35 Y 37 DE LA LEY DEL 8 DE JULIO DE 1885.

Sabido es que la vetustez de las normas del Código Civil determina que la aplicación de muchas de sus disposiciones deba ser forzada por la vía interpretativa a efectos de poder hacerlas aplicables al hecho técnico que constituye la realidad del presente.

También es conocido que de dicha aplicación forzada surgen muchas veces inevitables injusticias, determinadas fundamentalmente por el desconocimiento y por la discrecionalidad en la que en definitiva se traduce esa carencia de la normativa.

Pocas situaciones más claras que esta sobre la cual queremos hoy llamar la atención.

En efecto, el artículo 1844 del Código Civil y los artículos pertinentes de la Ley de Construcciones del 8 de julio de 1885, que sancionan una responsabilidad contractual durísima para el constructor y/o arquitecto, eran adecuados a su época y por ende, a los materiales comúnmente usados en la construcción, así como a las técnicas constructivas en boga en la época.

Las técnicas han evolucionado, han ingresado nuevos materiales -todos ellos desconocidos para el Legislador del siglo pasado, fuertemente imbuido de la convicción de la perpetuidad de las construcciones- pero que nos han llevado a que hoy en día existan incluso construcciones que no están destinadas a durar siquiera durante la vigencia del período de garantía que la ley impone al constructor.

La preconstrucción, la utilización de procesos de ensamblaje, la concepción misma de la vivienda evolutiva, o de programas de vivienda destinados a los sectores menos pudientes de la población, constituyen fenómenos insospechados para la imaginación del codificador, que al mismo tiempo que han determinado un abaratamiento de los costos del producto final, y por consiguiente su acceso para mayor número de personas, ha provocado una corriente de fallos jurisprudenciales que por la vía de la interpretación estricta de normas que ya no se ajustan a la realidad que pretenden regular, determinan consecuencias claramente injustas.

Tómese como ejemplo aquellos casos en los que el propietario suministra los materiales, sobre cuya calidad y costo, obviamente el arquitecto ni el constructor tienen control alguno, y sobre los cuales igualmente responde por un período de diez años, al que se suma el plazo para ejercer la acción personal correspondiente. Todo ello dentro de un contexto, en el que los propios materiales no están destinados a tener tal duración.

Aun el caso en que el arquitecto o el constructor también se encarga del suministro de los materiales, irrita criterios mínimos de justicia, ya que mientras quien provee los insumos responde por su calidad durante seis meses, quien lo incorpora a una construcción responderá por el mismo elemento durante un posible plazo de hasta treinta años.

Entendemos que esto no es correcto ni deseable, que deben ajustarse las responsabilidades a las nuevas realidades imperantes, manteniendo siempre los límites que importan a la seguridad de las personas, pero amoldando la responsabilidad por vicios menores de construcción a las nuevas técnicas y materiales imperantes en el país.

El análisis que sigue es la consecuencia del estudio de la problemática más frecuente en esta materia, así como de las soluciones más aceptadas en este estado del avance de la técnica constructiva, y creemos que un aporte para la flexibilización de una legislación caduca y notoriamente injusta.

Gonzalo Aguirre Ramírez. Presidente.

ANEXO I

DEFINICIONES Y PLAZOS A ESTABLECERSE EN LA RESPONSABILIDAD
TECNICA EN VICIOS DE CONSTRUCCION

(Nota: como existe el espíritu de cambiar las responsabilidades decenales extendidas en el tiempo, por períodos inferiores de algunas de ellas, se ha cambiado la expresión Responsabilidad Decenal por Responsabilidad Técnica por Vicios de Construcción en forma genérica.

El plazo para la aplicación de la Responsabilidad Técnica ante el propietario y la Intendencia Municipal será el que surja y se pueda demostrar a partir de la fecha más cercana a la terminación de la obra, sea ésta la Recepción Provisoria firmada, o el Acta de Ocupación de la obra firmada por el PROPIETARIO o la presentación de Solicitud de la Inspección Final de la Obra ante la Intendencia Municipal correspondiente o la presentación del «Cierre Definitivo de la Obra» ante el ORGANISMO de Previsión Social.

Definición de los actores según su Responsabilidad Técnica:

1 - Propietario o promotor

Tendrán esta consideración de propietarios o promotores las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que asumen individualmente o colectivamente, la iniciativa, financiación y coordinación del proceso edificatorio en su totalidad.

Por lo tanto serán iguales las consideraciones de propietario o promotor descriptas en esta normativa.

Corresponde al propietario o promotor:

a. Ostentar la titularidad suficiente o en trámite comprobados, sobre el suelo que le faculte para construir sobre el mismo.

b. Tener suficiente conocimiento y antecedentes al elegir los profesionales universitarios competentes a contratar documentalmente, en calidad de arquitecto o ingeniero proyectista o director de las obras y sus correspondientes asesores, con suficiente conocimiento en el Proyecto que les va a encargar y en las soluciones del conocimiento técnico constructivo que la obra demande, que evitarán futuros vicios en la construcción solicitada, al igual que exigirle a dichos profesionales una completa y extensa documentación gráfica y escrita de la misma, tanto en las presentaciones ante los organismos pertinentes del Estado, como para la entrega y perfecta comprensión del empresario contratista y técnico responsable para la correcta ejecución de la obra. Como así también exigir los controles de Dirección de Obra adecuados, durante la construcción.

c. Designar y contratar documentalmente al empresario contratista como responsable técnico y según los casos con extensión a los Subcontratos del contrato principal.

d. Financiar por sí o a través de terceros la edificación comprometiendo los pagos en las formas y fechas establecidas en los contratos.

e. Inscribir la construcción realizando los trámites ante la Intendencia Municipal, Catastro, OSE, UTE, ANTEL, Banco de Previsión Social y algún otro organismo exigido por las normativas.

f. Efectuar los pagos pertinentes por dicha gestión al igual que los pagos de tributos, timbres y sellados exigidos por cada uno de ellos.

g. Cuando el propietario aporte materiales directamente a obra se hará responsable por la calidad y origen de los mismos.

h. Contra la terminación y entrega de la obra, exigir la entrega del MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.

Será aquel que ha encargado un Proyecto a un profesional universitario autorizado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, con título de arquitecto o ingeniero.

Firmará los planos conjuntamente con el arquitecto o ingeniero proyectista y Director de Obras, con el asesor estructural, con el empresario constructor con el técnico instalador sanitario autorizado municipalmente y el representante técnico de la empresa constructora, para obtener el Permiso de Construcción y la Inspección Final de la obra.

A la entrega de la construcción, el propietario recibirá de parte del arquitecto o ingeniero Director de las Obras un «MANUAL USO Y MANTENIMIENTO» de las mismas, frente al cual el propietario se responsabiliza cumplir su contenido expreso.

En el acto de su entrega el propietario está obligado a firmar la recepción del Manual referido. En caso de negativa del propietario, el técnico tendrá derecho a suscribir una constancia notarial por este incumplimiento, frente a lo cual el propietario pierde sus derechos a los reclamos de las responsabilidades por vicios en la construcción, con la sola excepción de los relacionados a la estabilidad estructural de la edificación. (Ya que los mismos pueden llegar a afectar a terceros).

El propietario está obligado a llevar a cabo los trabajos de Mantenimiento enunciados en el «Manual de uso y Mantenimiento» en el tiempo y forma estipulados en el mismo. Otras veces, las fallas se producen por el USO indebido del propietario en su edificación por diferentes causales, como lo constituye y a título de ejemplo para su comprensión el mal uso de estufas y agregados que generan vapor de agua, que al chocar contra los paramentos fríos se forman condensaciones de agua, tan proclives a las formaciones de colonias de hongos, de coloración verde, cuyo origen se debió al uso inadecuado del tipo de estufa a utilizarse.

En caso de incumplimiento del uso y el Mantenimiento de la Construcción, según las exigencias del Manual por parte del Propietario, el mismo perderá todos sus derechos a las reclamaciones que por vicios se generan de futuro según las Responsabilidades Técnicas establecidas.

Muchas veces en las viviendas de interés social de bajos recursos, se producen inconvenientes técnicos y las consiguientes reclamaciones futuras del Promitente Comprador, por fijarse los organismos competentes del Estado y su financiamiento, no acordes a las exigencias técnicas requeridas y acompañar con los montos subvención necesarias al futuro propietario de bajos recursos.

Por lo tanto, de aquí en más se deberá pensar en una reglamentación diferencial en cuanto al plazo de Responsabilidad Técnica de las partes, para este tipo de vivienda, la cual no deberá superar los 3 años como máximo.

2 - Arquitecto o ingeniero proyectista

Profesional con título universitario expedido y autorizado por la Universidad de la República O. del Uruguay será el responsable único por la confección del Proyecto, de acuerdo a su creación intelectual artística y su capacidad de conocimientos técnicos necesarios, en función de las exigencias del programa confeccionado con el propietario.

Serán de responsabilidad del arquitecto o ingeniero proyectista:

a. Será el responsable único en confeccionar toda la documentación completa, gráfica y escrita, necesaria e indispensable, para el perfecto entendimiento del Proyecto Definitivo por parte de la Empresa Constructora, durante el proceso de ejecución de la construcción total de la edificación.

b. Además ajustar la documentación gráfica y escrita exigida por las normativas de la Intendencia Municipal, en cuanto a las Normativas Urbanísticas, de la Edificación e Higiene de la vivienda.

c. Deberá coordinar y ajustar técnicamente su Proyecto con el asesor en estructuras, asesores en Instalación Sanitaria, Eléctrica, Acondicionamientos Térmicos, en Instalaciones Mecánicas e Industriales, además de coordinar con el arquitecto o ingeniero futuro Director de Obras de su proyecto, toda vez que proyectista y director no coincidan en la misma persona.

d. Confeccionar la documentación gráfica y escrita precisa de su responsabilidad a presentarse ante la Intendencia Municipal y Banco de Previsión Social requerida.

2.1 - Asesor en estructuras

Este asesor deberá tener título universitario expedido por la Universidad de la República O. del Uruguay quien asumirá como responsable técnico por el cálculo técnico y dimensionado de la totalidad de la Estructura y Estabilidad del Proyecto, al igual que el seguimiento obligatorio de la misma durante su ejecución, debiendo firmar técnicamente siempre por su responsabilidad a ser exigida por la Intendencia Municipal (Se buscará coordinar con las Intendencias esta reglamentación de firma en las documentaciones exigidas municipalmente) por el período decenal que le fije el Código.

2.2 - Técnico instalador sanitario y Empresa Sanitaria

La construcción de la instalación sanitaria, tendrá un responsable en el técnico instalador sanitario con firma autorizada por la Intendencia Municipal y en forma solidaria con la Empresa Sanitaria que ejecute los trabajos pertinentes.

Todos los vicios en la Construcción, que se generen por problemas en la Instalación Sanitaria, tendrán una responsabilidad quinquenal del técnico instalador sanitario, por el dimensionado y el tipo de caños a emplearse, por la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo realizado durante su ejecución en forma solidaria con la Empresa Sanitaria.

Cuando el vicio tenga origen probado en la mala calidad técnica de fabricación particular de esa pieza, o material sanitario, la responsabilidad quinquenal se trasladará al fabricante, en caso de ser un producto nacional o a la Empresa Importadora en caso de ser de origen extranjero.

2.3 - Técnico instalador en Eléctrica y la Empresa de Electricidad.

Los responsables técnicos por ejecución de la Instalación Eléctrica se ubica en la figura del técnico instalador en Eléctrica, con firma autorizada ante UTE, y que actuará con responsabilidad quinquenal solidaria con la Empresa de Electricidad que materialice la Instalación, lo relativo al dimensionado, tipos y calidades de las materiales empleados, como también del procedimiento constructivo utilizado durante su ejecución.

La responsabilidad quinquenal descripta del técnico instalador y la Empresa de Electricidad se materializa ante UTE, el propietario, el arquitecto o ingeniero director de obras, la Empresa Constructora y su representante técnico.

Cuando el vicio tenga origen probado en la mala calidad técnica de fabricación particular de esa pieza, o material eléctrico, la responsabilidad quinquenal se trasladará al Fabricante en caso de ser un producto nacional o a la Empresa Importadora en caso de ser de origen extranjero.

2.4 - Asesor y Empresa de Instalaciones de Acondicionamiento Térmico

El responsable técnico por el dimensionado y las especificaciones técnicas de los equipos para su instalación del Acondicionamiento Térmico, tendrá una firma autorizada de ingeniero industrial ante la Intendencia Municipal, y será solidaria con la de la Empresa de Instalaciones de Acondicionamiento Térmico por la ejecución de la obra con una responsabilidad quinquenal. Esta responsabilidad será ante la Intendencia Municipal, el propietario, el arquitecto o ingeniero Director de Obras, la Empresa Constructora y su representante técnico.

Cuando el vicio tenga origen probado en la mala calidad técnica de fabricación particular de esa pieza o material eléctrico la responsabilidad quinquenal se trasladará al fabricante en caso de ser un producto nacional o a la Empresa Importadora en caso de ser de origen extranjero.

2.5 - Instalaciones Mecánicas e Industriales y Empresas Instaladoras

La construcción y montaje de las Instalaciones Mecánicas e Industriales tendrán un responsable técnico con título universitario de ingeniero industrial, expedido por la Universidad de la República O. del Uruguay y en forma solidaria con la Empresa Instaladora Mecánica o Industrial ante la Empresa Constructora, el propietario y la Intendencia Municipal por el Proyecto y las instalaciones y equipos correspondientes, durante el proceso del montaje y con posterioridad al mismo, según las exigencias de las normativas municipales, Bco. de Seguros del Estado y otros Organismos del Estado, por un plazo de 5 años de duración, además de las exigencias pertinentes a la normativa de la Habilitación Municipal de Locales Industriales.

Cuando el vicio tenga origen probado en la mala calidad técnica de fabricación particular de esa pieza, o material técnico, la responsabilidad quinquenal se trasladará al fabricante en caso de ser un producto nacional o a la empresa importadora en caso de ser de origen extranjero.

3 - Arquitecto o ingeniero director de obras

Será responsabilidad del arquitecto o ingeniero director de obras:

a. Profesional con título universitario expedido por la Universidad de la República O. del Uruguay, será el Responsable único que respetando el proyecto original del arquitecto o ingeniero proyectista, con referencia a las normativas urbanísticas y de la Higiene de la Vivienda exigidas en la Aprobación Municipal (Fórmulas «A» y «B»), fiscalice la elección adecuada y con previsión de las diferentes soluciones y en particular de los detalles constructivos técnicos utilizados durante el proceso de ejecución de las obras, que traten de evitar futuros vicios aparentes y ocultos de la construcción, en el correr de los años.

Respetando el proyecto, podrá modificar los detalles constructivos establecidos por el arquitecto o ingeniero proyectista, por soluciones superiores técnicamente, que traten de evitar futuros vicios y contemplen su responsabilidad específica al respecto, siendo su obligación hacerlos respetar frente al empresario constructor durante la ejecución de la obra.

b. Disponer en obra, de una «Libreta de Ordenes en Obra» en triplicado, quedando una vía en obra, otra para la Empresa Constructora y la última para el mismo.

Será obligación de las partes mantenerla al día y con posterioridad a la terminación de la obra será obligatorio archivarla, por el lapso de las responsabilidades respectivas. (Ver capítulo aparte de la «Libreta de Ordenes de Obra»).

Cuando existan materiales aportados a obra directamente por el propietario, el arquitecto o ingeniero director de obras podrá deslindar responsabilidad futura por la calidad de los mismos, siempre que lo deje establecido por escrito en dicha «Libreta de Ordenes de Obra».

c. Redactar y hacer firmar a la Empresa Constructora el «Acta de Inicio de las Obras», con la fecha precisa.

d. Comprobar la ubicación y el replanteo inicial de la obra con la formulación del Acta correspondiente, pudiendo solicitar la colaboración de un ingeniero agrimensor para la adecuada tarea técnica y específica, de cargo del propietario. En caso de que el propietario no acceda a contratarlo y ante cualquier inconveniente futuro quedará la responsabilidad de parte del propietario, deslindándose la responsabilidad del primero.

e. Dar las órdenes expresas verbales y por escrito, según su importancia al representante técnico de la Empresa Constructora en obra.

f. Fiscalizar y aprobar los certificados parciales y finales de obra.

g. Sin ser su responsabilidad, colaborar en las tareas de prevención de accidentes del personal obrero, según la normativa del Banco de Seguros del Estado.

h. Elaborar la Recepción Provisoria y Final de obra, ante el propietario, la Empresa Constructora, su representante técnico, los asesores especialistas intervinientes, y las Empresas Subcontratadas del caso.

i. Al finalizar la obra, conjuntar toda la documentación final exigida por los Organismos del Estado y entregarle un juego completo al propietario.

j. Solicitar la Inspección Final de la Obra ante la Intendencia Municipal, previa regularización de todas las modificaciones surgidas entre el Permiso de Construcción y la finalización de la obra.

k. Confeccionar y entregar el «MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO» al propietario, quien deberá cumplir con los requisitos expresados, bajo pena de que en caso de su incumplimiento, las partes actuantes profesionales, asesores y empresas, deslinden las responsabilidades que el Código establece.

El arquitecto o ingeniero Director de Obras exigirá obligatoriamente al arquitecto o ingeniero proyectista a hacerle firmar los planos técnicos específicos y de existir las Memorias Descriptivas y Constructivas Generales y Particulares a los asesores coordinados por él en Estructura, Instalación Sanitaria, Eléctrica, Acondicionamiento Térmico, Mecánica e industriales ante la Intendencia Municipal y/u otro organismo del Estado en calidad de responsables por la documentación gráfica y escrita presentada y las órdenes escritas en la Libreta de Ordenes en Obra en triplicado, durante la dirección de obra de los mismos.

4 - Empresa Constructora

Tendrán la consideración de persona física o jurídica, constructor o instalador, que asume contractualmente con el propietario o promotor, el compromiso de ejecutar la totalidad o algunas de las partes de la obra de edificación o de sus instalaciones.

Será de responsabilidad del empresario constructor o contratista:

a. Ejecutar la obra con sujeción al contrato y a la correspondiente documentación gráfica y escrita del arquitecto o ingeniero proyectista y Director de Obras, además de las instrucciones escritas en la «Libreta de Ordenes en Obra», que cumplan con las normativas municipales y otros organismos del Estado (OSE, UTE, ANTEL, Banco de Previsión Social y Banco de Seguros del Estado u otros seguros autorizados legalmente).

b. Será el mismo su representante técnico, siempre que tenga título profesional universitario de arquitecto o ingeniero y asuma formalmente dicha responsabilidad de tal.

En caso contrario o de no tener un título profesional, deberá contratar un profesional universitario, arquitecto o ingeniero como su representante técnico.

El representante técnico se obligará a la presencia regular y obligatoria en obra, además de recibir y hacer cumplir las órdenes y escritas en la «Libreta de ordenes en Obra» del arquitecto o ingeniero director de obras, y hacer ejecutar a través del capataz o encargado de obra, las obras en un todo de acuerdo a la documentación gráfica (planos y planillas completas) y escrita (Memoria Descriptiva y Constructiva General y Particular y Pliego de Condiciones), por concepto de los procedimientos constructivos y la calidad de los materiales empleados durante la ejecución de la construcción y a todos los vicios aparentes y ocultos que se generen con posterioridad a la Recepción Final o Entrega de la Obra, por el plazo que fije el Código y las normativas vigentes.

Además conjuntamente con el empresario serán únicos responsables por la vigilancia en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de la seguridad en la prevención de accidentes que establezca el Banco de Seguros del Estado u otros seguros autorizados legalmente por el personal de obra propio de su Empresa, de Subcontratos de obra y proveedores de obra en la obra y dentro del perímetro en que se desarrolla la misma.

c. Promover y ordenar los medios humanos y los materiales necesarios en el avance de la obra, controlando además la calidad de los materiales y componentes de los trabajos correspondientes.

d. Disponer de capataces y encargados de obra, con idoneidad y conocimientos técnicos necesarios y suficientes con autoridad frente al personal de la misma, para tratar de evitar de esa forma vicios de construcción futuros. Fomentar a través de ellos la mejora del nivel de conocimiento específico de obra necesarios al personal de obra.

e. Disponer de las herramientas y maquinaria adecuada a la calidad, volumen y cronograma de avance contratada.

f. Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes relativas a la prevención de accidentes y seguridad del personal obrero dentro del perímetro de la obra, establecidos por el Banco de Seguros del Estado u otro seguro legalmente autorizado.

g. Custodiar la documentación gráfica y escrita de la obra, la «Libreta de Ordenes en Obra», la Planilla de personal obrero exigidos hasta la Recepción Final de la obra y dándose por enterado de su contenido.

Cuando existan materiales aportados a obra, directamente por el propietario, la Empresa Constructora podrá deslindar responsabilidad por la calidad de la misma, siempre que lo deje establecido por escrito en dicha Libreta.

h. Realizar las correspondientes inspecciones reglamentarias exigidas por los distintos organismos del Estado, Banco de Previsión Social y otros.

i. Salvo que el contrato especifique lo contrario, podrá concertar o contratar con terceros, la realización de determinadas partes o unidades de obra.

En este caso deberá comunicar por escrito al arquitecto o ingeniero Director de Obras y al propietario o promotor los subcontratos que celebre, con indicación de las obras a realizar por parte de cada uno.

En dicho caso, el empresario contratista estará obligado a realizar un contrato formal con las especificaciones técnicas bien detalladas y las responsabilidades de cada una de las partes.

j. Los contratistas de partes parciales o subcontratos estarán obligados frente al contratista y al propietario o promotor por las obras realizadas, en tiempo y forma, siempre que exista un Contrato específico de por medio.

El subcontratista no podrá ceder en ningún caso la obra comprometida a realizar.

Nota General

Existirán casos en los cuales cualquiera de los profesionales universitarios actuantes nombrados cumplirá una, varias o todas las responsabilidades establecidas anteriormente, según las firmas escritas conformadas para cada caso, ante los Organismos del Estado del caso y pertinentes.

(Las Intendencias Municipales deberán agregar espacios especiales adicionales en la documentación municipal para las firmas de la misma, al igual que otros organismos del Estado que en su totalidad responderán en el siguiente orden:

- Arquitecto o ingeniero proyectista

- Arquitecto o ingeniero director de obras.

- Asesor en estructuras y en estabilidad de las construcciones.

- Empresa constructora (Representante con constancia notarial).

- Representante técnico empresa constructora.

- Técnico instalador sanitario y empresa sanitaria correspondiente y solidaria.

- Ingeniero industrial técnico en acondicionamiento térmico y la empresa instaladora correspondiente y solidaria.

- Ingeniero industrial técnico en instalación mecánica e industrial y la empresa instaladora correspondiente y solidaria.

ANEXO 2

VICIOS DE CONSTRUCCION Y ALCANCES EN LAS RESPONSABILIDADES PARTICULARIZADAS

TERMINOLOGIA, ANTECEDENTES Y ALCANCE SITUACION ACTUAL

A los efectos de evitar confusiones posteriores de carácter terminológico, debemos decir, que se considera vicio de construcción a la patología de los defectos o fallas en general en la construcción, que han generado problemas de real magnitud en la misma.

No se consideran vicios de construcción aquellos referentes a la mala terminación o cambios de materiales, por otros de menor o baja calidad, que los acordados en forma escrita y precisa. (El propietario deberá exigir, a los efectos de lograr una precisión y previsión conveniente, la documentación gráfica y escrita, de Planos, Planillas, Memorias Descriptivas y Constructivas, Pliego de Condiciones, Contratos y Presupuestos específicos de la obra de forma conveniente).

Las Intendencias Municipales deberán tener mayor nivel de exigencia futura, en lo relativo a las presentaciones municipales, en la documentación gráfica de los planos del cálculo estructural y detalles constructivos complementarios, obligando de esa forma a una disminución de las patologías existentes en la actualidad, como ser las referentes a las fisuraciones de las construcciones y a los problemas humídicos, térmicos, sanitarios y de calefacción, que constituyen los problemas usuales, mayoritarios y actuales en los vicios de construcción en nuestro país.

Los organismos del Estado, preferentemente aquellos que propician viviendas de interés social y su financiamiento a largo plazo para usuarios de bajos recursos, deberán mejorar los umbrales de exigencias técnicas y consecuentemente, aumentar el monto de subvención correspondiente de parte del Estado, si se desea evitar futuros defectos o vicios de construcción. En caso contrario, se deberán estudiar plazos de Responsabilidad Técnica sensiblemente menores, que no superen los 3 años como máximo a los establecidos, con relación a los restantes tipos y alcances de las edificaciones.

Ha de destacarse la urgente necesidad de implementar con celeridad una exigencia reglamentada a través del LATU, por concepto de la calidad de los materiales que integran las diferentes modalidades en las distintas partes de la totalidad en la construcción, relativos a su fabricación y/o importación aportados a través de barracas o empresas de importación.

Igualmente establecer un criterio de responsabilidad única sobre la Empresa Constructora y su Representante Técnico en la calidad de los materiales terminados de elaborar «a pie de obra», particularmente según las estadísticas de los vicios de construcción actuales, mayoritariamente, los morteros con hidrófugos, y las aislaciones térmicas y humídicas que se elaboran en obra.

Los materiales básicos con los cuales se elaboran estos nuevos materiales «a pie de obra» seguirán siendo responsabilidad directa de las barracas por los materiales primarios nacionales y de la Empresa Importadora por los materiales primarios importados y la elaboración de la Empresa Constructora y su representante técnico.

Además, están los referentes a materiales y elementos realizados en taller por los subcontratos e incorporados a la obra, con fallas que posteriormente dan origen a futuros vicios de construcción, serán responsabilidad del subcontrato correspondiente.

Por último, queda por analizar objetivamente los problemas que se están generando en forma acelerada en los últimos años, relativos a la «pérdida de oficio» y conocimientos, de parte del personal obrero en la ejecución de las obras de Hormigón Armado, Albañilería, Instalación Sanitaria, Calefacción, Eléctrica, Carpintería, Herrería, Pintura, etc., que traen aparejado como consecuencia el consiguiente problema en la generación de vicios de construcción, adicionales a los mencionados anteriormente, preferentemente en los aspectos humídicos y defectos en las Instalaciones Sanitarias, Calefacción, Carpintería y Herrería en orden decreciente de importancia con relación a los vicios generados.

A esos efectos se buscará colaboración del Instituto de la Enseñanza de la Construcción de la Universidad del Trabajo, de la dirigencia sindical y del LATU, para lograr dentro de un plazo predeterminado y perentorio que el personal obrero se especialice y supere en los conocimientos del oficio, para obtener definitivamente y vencido un plazo obligatoriamente acordado, un Certificado de Aptitud de Trabajo y Capacitación, con Calificación según la Categoría aprobada en el curso.

Esto no solo mejorará el nivel de calidad en la construcción, sino además permitirá formarse competitivamente a la mano de obra en la rama de la construcción con relación a terceros países, sino también defendiendo la ocupación plena, cuando se está tan cerca del funcionamiento del MERCOSUR y los riesgos que la misma nos traerá con respecto a este punto en particular de no existir una política definida.

Igual nivel se pretende de parte de las Empresas Constructoras y Subcontratos afines, buscando un mayor nivel de exigencia en el conocimiento de los procedimientos constructivos, en la calidad técnica y preparación de los contratistas, y sus representantes técnicos, y de los subcontratistas, a través de una normativa nacional y municipal específica, que les obligue formalmente a este respecto.

Definiciones

Finalmente, buscando en los diccionarios la definición de Construcción, se establece en los mismos como los relativos a «la acción y efecto de construir» o «el arte de construir».

Genéricamente la palabra construcción se utiliza por costumbre indistintamente como al proceso de obra o al resultado final de un proceso de obra o edificación, sin producirse una distinción en la definición entre ambas situaciones.

Otros indican como la conjunción y ordenamiento de los materiales relacionados según las leyes de la estática, que de acuerdo al conocimiento tecnológico al momento de su ejecución, se consigue una forma volumétrica que permite desarrollar en su interior determinadas funciones específicas relativas al hombre y su sistema de vida.

Para el caso del presente proyecto de responsabilidades técnicas, se deja establecido que las referencias son restringidas para aquellas obras, para el sector privado y circunscriptas a construcciones dentro de las cuales se realizan funciones con destinos varios y específicos al de habitar, administrar, comercial, industrial, religiosa, etc.

Quedando por lo tanto, fuera de este contexto y estudio de las responsabilidades, aquellas otras construcciones que a partir de este momento definimos como obras civiles u obras de infraestructura pública, con otros destinos, como ser calles, carreteras, puentes, represas, canalizaciones, saneamiento, etc.

Por último, se quiere dejar establecido también que de aquí en más y en adelante, se utilizará la palabra construcción, cuando se esté hablando tanto genéricamente, como aquella que surge durante el proceso de ejecución de una obra. Cuando se hable de una obra terminada o ejecutada se deberá utilizar el término edificación.

Definidos estos conceptos en forma previa, estamos en condiciones de desarrollar el tema específico de los Vicios de Construcción.

VICIOS DE CONSTRUCCION - PLAZOS

Los vicios de construcción, la mayor parte de las veces, tienen causales conocidas y en otros casos aun la ciencia y el conocimiento técnico no han podido establecer el origen y las causales que generaron esos vicios o problemas en el transcurso de la obra y otras con posterioridad a su finalización en el tiempo.

Existen cantidad de Laboratorios Técnicos e Institutos de Estudios Específicos a nivel internacional que están desde principios de este siglo, en la permanente búsqueda del origen de estos vicios, a los efectos de a partir del conocimiento de las causales que los motivan, cambiar los métodos, sistemas o los materiales empleados anteriormente.

De manera que la primera clasificación que podemos definir para la determinación de los vicios en la construcción son: vicios sin causales técnicas conocidas y vicios con causales técnicas conocidas.

- VICIOS SIN CAUSALES TECNICAS CONOCIDAS

Cuando surjan demandas por concepto de vicios en la construcción y las mismas se deban a este tipo de causales técnicas no conocidas, los responsables deberán demostrar que el origen de los problemas se debieron a motivos técnicos no conocidos.

- VICIOS CON CAUSALES TECNICAS CONOCIDAS - PLAZOS

Los vicios con causales técnicas conocidas en la construcción se clasificarán según el origen, en los siguientes capítulos enumerados:

Capítulo 1. Estabilidad Estructural

Capítulo 2 Aislación Térmica

Capítulo 3 Aislación Humídica

Capítulo 4 Instalación Sanitaria

Capítulo 5 Instalación Eléctrica

Capítulo 6 Instalación Acondicionamiento Térmico

Capítulo 7 Instalaciones Mecánicas e Industriales

Capítulo 8 Carpintería

Capítulo 9 Herrería

Capítulo 10 Pintura

Capítulo 1

Estabilidad Estructural

Todos los vicios en la construcción, que tengan como origen causales en la Estabilidad Estructural de la edificación, las responsabilidades serán decenales. (Origen del plazo a regir por las Responsabilidades Técnicas, ver artículo «Definiciones y Plazos a establecerse en la Responsabilidad Técnica de los Vicios de Construcción»).

Todos aquellos vicios que tiene su origen en el Sistema Estructural, de la Estabilidad en la Edificación a partir de su cimentación, pueden a su vez volver a clasificarse en:

1.1 - Estabilidad Estructural con vicios de fisuras, sin peligro de colapso, sin causales conocidas.

Inicialmente, las sin peligro de colapso pueden clasificarse entre las intrascendentes y trascendentes estéticamente.

1.1.1. - Estabilidad Estructural con vicios de fisuras intrascendentes sin peligro de colapso, sin causales conocidos.

A este tipo de fisuras le corresponden a aquellas fisuras con carácter superficial que se generan en las estructuras, preferentemente en el hormigón armado, llamados de tipo de «retracción o de contracción superficial», sin causales conocidas y que la ciencia aún no ha podido determinar su origen.

En este caso se hace imposible trasladar responsabilidades, cuando estudios profundos de Laboratorios en Institutos de la Construcción de trayectoria nacional y a nivel internacional, desconocen el origen que las motiva.

1.1.2. - Estabilidad Estructural con vicios de fisuras trascendentes, sin peligro de colapso, sin causales conocidos.

A este tipo de fisuras le corresponden aquellas fisuras con carácter superficial un poco más Trascendentes, en profundidad y/o cantidad, que se trasmiten al sistema de la Estabilidad Estructural en la edificación (en los muros, y/o cielorrasos y techos y/o contrapisos) con origen en la calidad y resistencia del suelo y subsuelo del Terreno, en su entorno inmediato con condiciones de esponjamiento y retracción permanente con relación a la presencia de agua. El agua en cuestión puede ser, agua de lluvia superficial, que luego se filtra al subsuelo o el agua subterránea de cañadas o manantiales próximos, o desagües sanitarios o pluviales linderos, que afectan las condiciones intrínsecas del tipo de suelo según la incidencia y presencia del agua, regular o irregular en el correr del tiempo y de las estaciones, preferentemente invierno y verano correspondiente, que producen la variación del volumen de esponjamiento y retracción del suelo y sus consecuencias con fisuras o rajaduras en la edificación y otros tipos de consecuencias adicionales.

Constituyen además aquellas situaciones conocidas, que por más que se le realicen las reparaciones del caso, ante la primera variación de esponjamiento del terreno se vuelve a repetir el mismo inconveniente en el mismo lugar o en otros lugares próximos al vicio detectado primariamente con la edificación.

La clasificación descripta aquí se le considera dentro de las «sin causales conocidas», porque técnicamente se hace imposible contrarrestar con soluciones constructivas conocidas y adecuadas, todas las posibles variaciones y oscilaciones que trasmite el suelo y subsuelo a la estabilidad total de la edificación.

Por lo tanto, se hace también imposible trasladar responsabilidades, cuando los estudios profundos de Laboratorios e Institutos de la Construcción, de trayectoria nacional y a nivel internacional reconocida, desconocen el método de evitarlos.

1.2. - Estabilidad Estructural, con vicios de fisuras, sin peligro de colapso, con causales conocidas.

Se clasifican según el origen aparente que las motiva en varios capítulos.

1.2.1. - Vicios por Error de cálculo o en la adecuada elección del sistema estructural. (Responsabilidad del asesor de estructuras).

Cuando el motivo de los vicios generen problemas de rajaduras, y pueda demostrarse que el origen sea un error en la elección del sistema estructural o en el cálculo y dimensionado del mismo, la responsabilidad caerá por este concepto sobre el asesor en estructuras, firmante de las gestiones pertinentes ante la Intendencia Municipal correspondiente.

El cambio de la terminología de fisura a rajadura, se debe a que la segunda responde a un tipo de fisuras que seccionan la estructura en todo su espesor, con relación a la vista de una fisura aparente.

Cuando un asesor estructural se le encargue un trabajo de Cálculo Estructural, estará bajo su responsabilidad obtener de empresas especializadas a su criterio, la información técnica adecuada del estudio de suelos, que le permitan precisar y calcular el sistema de fundación apto para dicho terreno.

1.2.2. - Por Error de ejecución de obras de cimentación con pilotaje.

1.2.2.1. - En la misma edificación (Responsabilidad de la Empresa de Pilotaje).

Cuando se generen vicios de fisuras o rajaduras con causales conocidas por obra de la cimentación por pilotaje, en la misma edificación que se realizó el mismo, y las cargas dadas por el asesor en estructuras están bien calculadas y el error se deba a una ejecución inadecuada del pilotaje, en cuanto al procedimiento constructivo empleado por la Empresa de Pilotaje especializada firmante ante la Intendencia Municipal, la responsabilidad decenal caerá sobre dicha Empresa.

La equivocación del procedimiento constructivo puede ser de diferentes orígenes, de una o varias causales conocidas, y a título de ejemplo pueden citarse las siguientes: Por la ubicación o inclinación descentrada del pilotaje en los ejes establecidos y previstos en los planos para su ejecución; por la dosificación inadecuada de los morteros, cálculos equivocados del tipo y/o resistencia del pilote previsto y ejecutado por la Empresa de Pilotaje, con relación a la resistencia real y posterior del pilotaje definitivamente ejecutado, etc.

1.2.2.2. - En Edificaciones linderas (Responsabilidades de la Empresa de Pilotaje).

En forma previa al inicio de las obras de pilotaje, el arquitecto o ingeniero director de obras, un representante técnico de la Empresa de Pilotaje conjuntamente con un escribano, y los propietarios vecinos de las Edificaciones linderas o edificaciones hasta una distancia máxima de 60 metros medidos desde el eje del predio del pilotaje hasta el eje del predio en cuestión, que puedan verse afectados por las vibraciones del pilotaje, realizarán un relevamiento escrito y fotográfico de los vicios y del estado en que se encuentran las mismas.

Finalizadas las obras del pilotaje y dentro de los 60 días calendario posteriores, el Arq. o Ing. director de obras, el representante técnico de la Empresa de Pilotaje y los propietarios linderos verificarán una comparación entre la situación relevada inicialmente y la existente en el momento de esta instancia, librándose siempre un Acta de Constatación de la Situación. En caso de haberse detectado problemas y dentro de los 120 días calendario siguientes, la Empresa de Pilotaje se responsabilizará de la finalización de los trabajos por la reparación o de los costos resultantes por la ejecución de parte de terceros.

Cuando la Empresa de Pilotaje no proceda a la ejecución dentro de los 120 días calendario de las reparaciones que figuran en el Acta correspondiente, el propietario lindero deberá notificarlo por telegrama colacionado y en caso de no iniciarse las obras dentro de los 30 días calendario siguientes o finalizados antes de los 120 días calendario, el propietario lindero tendrá derecho a realizarlos con un tercero y reclamarle el pago actualizado a la fecha del pago de la Empresa de Pilotaje, más los daños y perjuicios correspondientes por incumplimiento en la ejecución de los mismos en el plazo previsto.

En caso de olvido de la Empresa de Pilotaje de la actuación en la redacción y notificación del Acta prevista en el plazo indicado, la Empresa como única responsable de los vicios generados por este concepto, se responsabilizará por realizarlos el día que el propietario las reclame, siempre y cuando no mediare hasta un plazo mayor a un año constatado, de la finalización de las obras de pilotaje. Superado el año, el propietario perderá automáticamente sus derechos de reclamos por daños causados por las obras del pilotaje.

Cuando el propietario se niegue a firmar el Acta mencionada, se le notificará por telegrama colacionado y en caso de mantenerse la negativa y expirado un plazo de 60 días calendario, la Empresa de Pilotaje queda eximida en su responsabilidad por los vicios generados por este concepto, al propietario lindero.

1.2.3. - Falta de Aislación Térmica (Responsabilidad del arquitecto e ingeniero director de obras).

Cuando el motivo del vicio genere problemas de rajaduras en la estructura o en la mampostería por razones de arrastre, y su origen se pueda demostrar sea un error de apreciación en las directivas documentadas, gráficas y escritas, o de falta de documentación gráfica o escrita del arquitecto o ingeniero director de obras, en la no utilización o en la cantidad insuficiente en la aplicación de un producto, con condiciones de aislación térmica necesarios, las responsabilidades de los vicios generados afectarán al profesional universitario anteriormente mencionado por un plazo de 10 años.

Cuando el origen del vicio de este tipo se deba a la falta total o parcial, de la aislación térmica necesaria que se hubiese tenido que incorporar y no se realizó, la responsabilidad decenal caerá sobre el arquitecto o ingeniero director de las obras.

1.2.4. - Falta de Aislación Térmica (Responsabilidad del empresario y su representante técnico).

Cuando el motivo del vicio genere problemas de fisuras, cuyo origen sea un error en el procedimiento constructivo de la aplicación adecuada en obra, a pesar de la documentación gráfica y escrita proporcionada correctamente por el arquitecto o ingeniero director de obras, la responsabilidad decenal recaerá sobre el empresario contratista y su representante técnico exclusivamente.

1.3 - Estabilidad Estructural con vicios en la construcción con peligro de colapso y causales conocidas

Se subdividen en dos tipos:

1.3.1. - Estabilidad Estructural con vicios, con peligro de colapso con posterioridad a un plazo de edificación terminada, que supere los 10 años.

El plazo de 10 años supera las garantías y responsabilidades de todos los profesionales universitarios, técnicos, Empresa Constructora y representante técnico actuantes, con excepción de la del propietario.

Apenas conocida la situación de colapso de la edificación, la Intendencia Municipal está obligada a notificar por telegrama colacionado y en forma perentoria y urgente al propietario.

El propietario asumirá la responsabilidad civil de iniciar los apuntalamientos técnicos necesarios antes de 30 días calendario de notificado. Además iniciar la demolición de la construcción antes de los 45 días calendario y su finalización para antes de los 180 días calendario, de la misma notificación inicial.

1.3.2. - Estabilidad Estructural con vicios en la construcción con peligro de colapso en un plazo inferior a 10 años, dentro de la responsabilidad decenal, con relación al plazo de edificación.

La responsabilidad decenal por la Estabilidad Estructural caerá según el origen del vicio en:

a. Responsabilidad Decenal del asesor estructural

Cuando el origen del colapso estructural se deba a un error en el diseño del sistema estructural, al dimensionado o cálculo de diseño será de responsabilidad única del asesor estructural.

b. Responsabilidad Decenal de la Empresa Constructora y su representante técnico.

Cuando sea un error en la interpretación y por consecuencia en el procedimiento constructivo de su construcción, la responsabilidad decenal caerá solidariamente y únicamente entre la Empresa Constructora y su representante técnico. Cuando pueda demostrarse por órdenes escritas y firmadas por las partes en la «Libreta de Obra», que conjuntamente con el asesor estructural, la Empresa no tuvo en cuenta las observaciones de este último, en el proceso del procedimiento constructivo particular, el asesor estructural habrá logrado deslindar su responsabilidad y la responsabilidad decenal caerá sobre la Empresa Constructora y su representante técnico.

Las partes actuantes están obligadas a guardar la documentación de las órdenes escritas en la «Libreta de Ordenes en Obra», por el espacio de la Responsabilidad Decenal.

LIBRETA DE ORDENES EN OBRA

Para que las órdenes impartidas por el arquitecto o ingeniero director de obras al empresario constructor o su representante técnico en obra, tenga respaldo formal al respecto, las mismas deberán asentarse en la «Libreta de Ordenes en Obra».

En la «Libreta de Ordenes en Obra», deberá aparecer en el encabezamiento de la hoja de la libreta, el nombre del propietario, padrón, sección judicial, ubicación, nombre del arquitecto o ingeniero director de obras, nombre de la empresa constructora y su responsable técnico.

Enumeración del ítem que se piensa dejar documentado, fecha del día de la orden escrita y la firma de las partes actuantes.

Todas las hojas están bien foliadas y, enumeradas las páginas en orden secuencial, en cuadriplicado.

Será obligación del Arquitecto o Ingeniero Director de obras, imprimir en cuadriplicado, quedando una vía en la obra, otra para el empresario contratista y su representante técnico, otra para el director de obras y una última en caso de ser necesario para el subcontrato del caso.

Dicha Libreta permanecerá siempre en la casilla de obra.

Cada vez que se asiente cualquier observación escrita en la misma, deberá constar la fecha y la firma de las partes involucradas en ella.

Si alguna de las partes discrepa con la otra, deberá asentarlo por escrito y en caso que alguna de las partes no quiera firmar, habrá que dejar establecido la negativa a través de un telegrama colacionado, debiéndose adjuntar el mismo al archivo de la restante documentación de la «Libreta de Ordenes en Obra».

Las partes están obligadas a ir archivando en orden las respectivas responsabilidades, posteriores a la entrega de la obra o aquella etapa más próxima y posible documentar para el conteo del plazo correspondiente.

c. Responsabilidad Decenal de la Empresa Constructora, su representante técnico y el asesor estructural.

Cuando se ha cometido un error con relación a la interpretación del cálculo estructural durante el procedimiento constructivo, que haya superado los controles de la Empresa Constructora a través de su empresario, su representante técnico y la despreocupación del asesor estructural, la responsabilidad caerá sobre todos ellos.

Capítulo 2

Aislación Térmica

Aquellos vicios de la construcción, que tengan como origen causales en un aislante térmico, las responsabilidades no superarán un plazo mayor a 5 años, según los casos particulares en cuestión.

Estos vicios causados por un aislante térmico pueden clasificarse en:

2.1 - Vicios generados por falta total o parcial de aislación térmica (Responsabilidad del Arquitecto o Ingeniero de obra).

Cuando el motivo del vicio genere problemas de dilataciones y contracciones, en los techos y cielorrasos o en la mampostería por falta de aislación térmica total o parcial, en la documentación gráfica y escrita o en las órdenes escritas en la «Libreta de Ordenes de Obra», los mismos serán responsabilidad quinquenal del arquitecto o ingeniero director de obras, por falta de una solución adecuada.

2.2 - Vicios generados por error en el procedimiento constructivo (Responsabilidad del empresario contratista/subcontrato).

Cuando el motivo del vicio generado se deba a errores en la aplicación y en el procedimiento constructivo de la carpeta de aislación térmica, la responsabilidad quinquenal caerá sobre el empresario contratista.

Cuando el empresario contratista hubiese subcontratado los trabajos de aislación térmica, con una empresa especializada en la plaza, podrá ceder o trasladar la responsabilidad quinquenal a ésta, siempre que medie con anterioridad un contrato con Certificado de Responsabilidad firmado e inscripto por 5 años por el subcontrato por la obra en particular con descripción por los trabajos subcontratados.

En caso de incumplimiento del subcontrato, la Empresa Contratista deberá enfrentar dicha responsabilidad ante el propietario e iniciar las demandas del caso por daños y perjuicios frente a dicho subcontrato.

2.3 - Vicios generados por falta de mantenimiento en la protección del aislante térmico (Responsabilidad del arquitecto o ingeniero director de obras).

Cuando una aislación térmica demanda mantenimiento dentro del plazo de la responsabilidad quinquenal, el Arquitecto o Ingeniero Director de las obras se encuentra obligado a dejar establecido por escrito en el «MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO», que obligadamente deberá entregar al propietario, haciéndolo firmar la recepción del mismo (según obligaciones en las normas establecidas en la Responsabilidad Técnica).

En caso que el profesional universitario no hubiese cumplido con este requisito, se hará responsable quinquenalmente por los inconvenientes surgidos por el no mantenimiento adecuado de la aislación térmica del caso.

2.4 - Vicios generados por falta de mantenimiento en la protección del aislante (Responsabilidad del propietario).

Existiendo «Acta de Entrega del Manual de Uso y Mantenimiento» y en caso de que el propietario no hubiese realizado uso o el mantenimiento adecuado, en forma total o parcial de la situación planteada, en tiempo y forma, la responsabilidad quinquenal queda trasladada únicamente y directamente al propietario de la edificación, por todo concepto de vicio generado en la aislación térmica.

También el propietario será responsable ante terceros o linderos, por vicios de Construcción con origen en la falta de uso o mantenimiento exigida en el «Manual de Uso y Mantenimiento».

2.5 - Vicios generales por la calidad técnica del material y sus componentes de la aislación térmica (Del fabricante nacional o Empresa Importadora).

Cuando sea demostrable que el vicio generado en la construcción, cae dentro de la calidad técnica del material y sus componentes de la aislación térmica y dentro del plazo de la responsabilidad de la misma, la responsabilidad quinquenal caerá sobre el fabricante, en caso de ser declarado un producto nacional o sobre la Empresa del Importador, que lo tenga a la venta en caso de ser un producto extranjero importado al país.

En la medida que organismos técnicos como el LATU, se encuentren en condiciones de responder técnicamente a todos los requerimientos técnicos necesarios, para mejorar las normativas reglamentadas, se procederá a modificar los capítulos destinados a la calidad, resistencia y responsabilidades finales deseadas de los materiales y componentes intervinientes.

Capítulo 3

Aislación Humídica

Todos los vicios en la construcción, que tengan como origen en la aislación humídica de las edificaciones, las responsabilidades serán con plazos quinquenales, según cada situación particular.

Estos vicios causados por la aislación humídica únicamente pueden clasificarse en:

3.1 - Vicios generados en la construcción por falla de una solución técnica adecuada y/o por falla técnica en la solución parcial o total de la documentación gráfica y escrita (Responsabilidad del Arquitecto o Ingeniero Director de obras).

Cuando los vicios en la construcción se deban exclusivamente a problemas en la aislación humídica en las construcciones y su origen resida en la inadecuada solución técnica y/o por falta parcial o total de la documentación gráfica y escrita, la responsabilidad quinquenal caerá sobre el Arquitecto o Ingeniero Director de obras.

Cuando el origen de los vicios o humedades en la aislación humídica, se deban a un origen anterior técnicamente demostrable, como ser por causales agregadas de falta de aislación térmica, la responsabilidad quinquenal caerá sobre el o los actores que motiven el inicio del origen del vicio, según el Capítulo 2 correspondiente a «Aislación Térmica».

El o los responsables por la aislación térmica asumirán la responsabilidad quinquenal, además de los costos y costes generados ante el propietario, siempre que el responsable inicial no lo constituya este último por falta de mantenimiento adecuado o al inadecuado uso de las mismas, de acuerdo al Manual de Uso y Mantenimiento entregado.

Cuando el origen de los vicios o humedades se deban a un origen anterior, técnicamente demostrable, como ser un problema de los Capítulos específicos con relación a la Estabilidad Estructural, Instalación Sanitaria, Instalación Acondicionamiento Térmico o Instalaciones Mecánicas e Industriales, sucederá igual criterio, trasladándose la responsabilidad quinquenal al actor o actores correspondientes.

3.2 - Vicios generados por falla en el procedimiento constructivo empleado en la construcción (Responsabilidad del empresario contratista/responsable técnico/subcontrato.)

Cuando los vicios generados a nivel de piso, mampostería, cielorrasos y/o techos, los mismos se deban a la falla en la elaboración y/o dosificación de los morteros y los aditivos humídicos correspondientes durante el procedimiento constructivo de la obra, la responsabilidad quinquenal caerá sobre el empresario contratista y su representante técnico.

Cuando los vicios generados a nivel de piso, mampostería, cielorrasos y/o techos, los mismos se deban a fallas en la forma de su aplicación o procedimiento constructivo empleado en la aislación humídica, la responsabilidad quinquenal caerá en el empresario contratista y su representante técnico.

Cuando el empresario contratista hubiese subcontratado los trabajos de aislación humídica, con una empresa especializada en la plaza, podrá trasladar la responsabilidad quinquenal a ésta, siempre que medie con anterioridad un contrato con Certificado de Responsabilidad firmado e inscripto, por 5 años del subcontrato por esa obra en particular, con una Memoria Descriptiva y Constructiva explicativa por los trabajos subcontratados.

En caso de incumplimiento del subcontrato, la Empresa Constructora deberá enfrentar dicha responsabilidad ante el propietario e iniciar las demandas del caso por daños y perjuicios, frente a dicho subcontrato.

3.3 - Vicios generados por falta en la documentación de la entrega del Manual de Uso y Mantenimiento en la protección del aislante humídico (Responsabilidad del Arq. o Ing. director de obras).

Cuando una aislación humídica demande mantenimiento dentro del plazo de la responsabilidad quinquenal, el Arq. o Ing. director de obra se encuentra obligado a dejarlo establecido por escrito en el «MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO», que obligadamente deberá entregar al propietario, haciéndole firmar la recepción del mismo (según obligaciones establecidas en las normas establecidas en la Responsabilidad Técnica).

En caso que el profesional universitario no hubiese cumplido con este requisito, se hará responsable quinquenalmente por los inconvenientes surgidos por el no mantenimiento adecuado de la aislación humídica del caso.

3.4 - Vicios generados por falta de mantenimiento o uso inadecuado en la protección del aislante humídico (Del propietario).

Existiendo un «Acta de Entrega del Manual de Uso y Mantenimiento» y en caso que el propietario no hubiese realizado el mantenimiento o el uso adecuado, en forma total o parcial de la situación planteada, en tiempo y forma, la responsabilidad queda trasladada únicamente y directamente al propietario de la edificación por todo concepto de vicio generado por la aislación humídica.

3.5 - Vicios generados por la calidad técnica del material y sus componentes, de la aislación humídica (Del fabricante nacional o Empresa Importadora).

Cuando sea demostrable que el vicio generado en la construcción, se genera dentro del plazo quinquenal, ésta caerá sobre el fabricante en caso de ser declarado producto nacional o sobre la Empresa Importadora, que lo tenga a la venta, en caso de ser un producto extranjero importado.

En la medida que organismos técnicos como el LATU, se encuentren en condiciones de responder técnicamente a todos los requerimientos técnicos necesarios, se detallarán más específicamente los capítulos destinados a la calidad, resistencia y responsabilidades finales deseada de los materiales y componentes respectivos.

Capítulo 4

Instalación Sanitaria (Responsabilidad del técnico instalador sanitario y Empresa Sanitaria - Responsabilidad del propietario).

La Instalación Sanitaria tendrá un responsable quinquenal y solidario con el técnico instalador sanitario con firma autorizada municipalmente con la Empresa Sanitaria que ejecute los trabajos pertinentes.

Todos los vicios en la construcción, que se generen por problemas en la instalación sanitaria tendrán una responsabilidad quinquenal del técnico instalador sanitario por el dimensionado y el tipo de caños a emplearse, con aprobación Municipal y por la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo realizado durante su ejecución en forma solidaria con la Empresa Sanitaria.

También en forma adicional a su responsabilidad quinquenal cualquier otro tipo de reparación adicional que hubiese surgido como consecuencia necesaria realizar y que tenga como causal inicial de origen el vicio de la instalación sanitaria, deberá hacerse cargo de dichas reparaciones.

Como procedimiento general, de los pasos en el tiempo toda vez que surjan problemas de vicios de construcción, probados y relativos a este tipo de inconvenientes en las instalaciones sanitarias, el propietario notificará con telegrama colacionado, a los responsables mencionados, disponiendo éstos de 10 días calendario, como plazo máximo para iniciar las reparaciones, que nunca podrán excederse de 120 días calendario hasta la finalización de las obras a partir del problema detectado y notificado.

También será responsabilidad del Arquitecto o Ing. Director de obra y el técnico instalador sanitario, toda vez que sea necesario, gestionando ante la Dirección Nacional de Bomberos, los trámites correspondientes por el sistema de prevención contra incendios exigidos en la normativa correspondiente.

La Empresa Sanitaria y el técnico instalador sanitario serán responsables en realizar las obras y el equipamiento correspondiente y luego de ejecutadas las Aprobaciones Finales ante la Dirección Nacional de Bomberos.

Dicha responsabilidad se genera ante la Intendencia Municipal, la OSE, el Propietario, el Arq. o Ing. Director de las obras, la Empresa Constructora y su representante técnico.

También el propietario es responsable ante la Intendencia Municipal, la OSE, el Arquitecto o Ingeniero Director de las obras, la Empresa Constructora y su Representante técnico y ante terceros por el incumplimiento en la aplicación del Manual de Uso y Mantenimiento, reglamentado con relación a la Instalación Sanitaria y el Sistema contra incendios realizados, y los vicios y las consecuencias que los mismos generen ante ellos.

Los vicios generados por la calidad de los materiales tendrán una responsabilidad quinquenal y siempre que pueda demostrarse que el origen responde a esta causal, la responsabilidad se trasladará al fabricante en caso de ser un producto nacional o a la Empresa Importadora, que lo tenga a la venta, en caso de ser de procedencia extranjera.

Capítulo 5

Instalación Eléctrica (Responsabilidad del técnico instalador eléctrico y Empresa Instalación Eléctrica).

La Instalación Eléctrica tendrá un responsable en el técnico instalador eléctrico con firma autorizada ante UTE y en forma solidaria con la Empresa de Instalaciones Eléctricas que ejecute los trabajos pertinentes.

Todos los vicios en la construcción que se generen por problemas en la Instalación Eléctrica tendrá una responsabilidad quinquenal del técnico instalador por el dimensionado y aprobación ante UTE, así como por la calidad de los materiales y procedimientos constructivos ejecutados en forma solidaria con la Empresa especializada.

Dicha responsabilidad quinquenal se generará y según los casos, ante UTE, el propietario el Arq. o Ing. Director de obras, la Empresa Constructora y su representante técnico, teniendo un plazo máximo de 10 días calendario para iniciar los trabajos de reparación y de 60 días calendario para su finalización, a partir de su notificación de parte del propietario.

Los vicios generados por la calidad de los materiales empleados tendrán una responsabilidad quinquenal y siempre que pueda demostrarse que el origen responde a esta causal, la responsabilidad se trasladará al fabricante en caso de ser un producto nacional o a la Empresa Importadora, que lo tenga a la venta, en caso de ser de procedencia extranjera.

Capítulo 6

Instalación Acondicionamiento Térmico

La Instalación del Acondicionamiento Térmico tendrá un responsable en el profesional universitario, con título de Ingeniero Industrial, con firma autorizada ante la Intendencia Municipal y en forma solidaria con la Empresa Subcontratista del Acondicionamiento Térmico, que ejecute los trabajos correspondientes.

Todos los vicios que generen problemas en la Instalación del Acondicionamiento Térmico tendrán una responsabilidad quinquenal del Ingeniero Industrial y la Empresa Instaladora por la reparación específica de los mismos.

También en forma adicional a su responsabilidad quinquenal cualquier otro tipo de reparación que hubiese surgido como consecuencia realizar y que tenga como causal inicial de origen el vicio correspondiente, teniendo en forma adicional y a su cargo tener que realizar dicha reparación.

Como procedimiento general de los pasos en el tiempo, toda vez que surjan problemas de vicios en la construcción probados y relativos a este tipo de inconvenientes en las instalaciones del Acondicionamiento Térmico, el propietario notificará con telegrama colacionado a los responsables mencionados, disponiendo éstos de 10 días calendario, como plazo máximo para iniciar las reparaciones, que nunca podrán excederse de 120 días calendario hasta la finalización de las obras a partir de la notificación del problema detectado.

También en este caso el propietario tiene sus responsabilidades y se encuentra obligado a realizar el mantenimiento descripto en el Manual de Uso y Mantenimiento que hubo de recibir con Acta de Entrega de parte del Arquitecto o Ingeniero Director de obras responsable ante la Intendencia Municipal. En este caso el propietario será responsable ante el Arquitecto o Ingeniero Director, la Empresa Constructora y su Representante Técnico, y ante terceros, por el incumplimiento y los vicios y las consecuencias que los mismos generen ante ellos.

Los vicios generados por la calidad de los materiales tendrán una responsabilidad quinquenal y siempre que pueda demostrarse que el origen responde a esta causal, la responsabilidad quinquenal se trasladará al fabricante en caso de ser un producto nacional o a la Empresa Importadora en caso de ser de procedencia extranjera.

Capítulo 7

Capítulo Instalaciones Mecánicas e Industriales (Responsabilidad del Ingeniero Industrial asesor y la Empresa Instaladora).

Las Instalaciones Mecánicas e Industriales tienen su responsable técnico con firma autorizada municipalmente en forma solidaria con la Empresa ejecutante, de dichas instalaciones, ante la Intendencia Municipal y el propietario, por todos los vicios que los mismos traigan aparejados, dentro de un plazo de responsabilidad de 5 años o quinquenal además de obtener y tener que cumplir con la Normativa y Códigos pertinentes y relativas a las habilitaciones Municipales de Locales Industriales correspondientes.

Capítulo 8

Capítulo Carpintería

Son todos aquellos vicios en la construcción que tengan origen en la Carpintería de las edificaciones, las responsabilidades pertinentes serán por plazos de hasta 5 años y según cada situación particular.

Previamente se deben hacer algunas precisiones con relación al comportamiento de la madera en la industria de la construcción en general.

Se aconseja el uso de la madera técnicamente y correctamente apilada durante su estacionamiento, según el tipo de madera, país de origen, ventilación, humedad necesaria en el tiempo y forma, según la sección y largo de cada tabla en proceso.

No obstante tenidos en cuenta todos los conocimientos en su proceso de estacionamiento, durante el proceso del montaje de las diferentes partes que conforman una obra de Carpintería, la madera es un ser viviente, en forma que produce movimientos permanentes, según los agentes atmosféricos particulares del momento y lugar, haciendo difícil conocer y contrarrestar técnicamente todos sus desplazamientos.

Realizada esta aclaración previa, se hace una clasificación primaria de los vicios que se puedan generar:

8.1 - Vicios en las obras de carpintería sin causales conocidas

Son aquellos tipos de movimientos permanentes, casi regulares, que genera la madera en la conformación de una pieza parcial o total de una obra de Carpintería, sin causal conocida.

Como este tipo de movimiento no tiene causales conocidas, que estudios profundos de Laboratorios o Institutos de Ensayos de la madera conocidos a nivel nacional o internacional puedan determinar, se hace imposible trasladar responsabilidades dado el desconocimiento del origen que las motiva.

8.2 - Vicios en las Obras de Carpintería con causales conocidas.

Se pueden volver a clasificar en:

8.2.1 - Vicios en la madera por error de diseño y elección de madera (Responsabilidad del Arq. o Ing. proyectista).

Cuando una pieza de una obra de Carpintería, en forma parcial o total, tenga deformaciones conocidas, por falta de un dimensionado adecuado de la madera, la responsabilidad quinquenal caerá sobre el Arq. o Ing. proyectista.

8.2.2 - Vicios en la madera por error en la protección de la madera (Responsabilidad del Arq. o Ing. Director de obras).

Cuando el Arq. o Ing. Director de obras no ha especificado el tratamiento de pinturas adecuado en el tipo de pintura y la cantidad de manos aplicadas en forma superpuestas, la responsabilidad quinquenal caerá sobre el profesional universitario mencionado.

8.2.3 - Vicios en la madera por error en el procedimiento constructivo de su ejecución (Responsabilidad del empresario carpintero).

Cuando el vicio en la madera, provenga de una elección de una partida de madera particularmente mal estacionada o se entregue en obra contaminada con humedad, con insectos, termitas, hongos u otro tipo de parásitos, la responsabilidad quinquenal caerá sobre el carpintero empresario. Su obligación es entregar la madera de la Carpintería en perfectas condiciones de estacionamiento y con los tratamientos contra las termitas, antihongos y parásitos, del caso, además de una protección primaria superficial contra el agua y la humedad durante el transcurso de obra nueva, hasta que se realice la pintura definitiva. (Solamente una política agresiva contra los problemas descriptos y bien destinadas las responsabilidades por este concepto se va a lograr reducirlos sensiblemente).

8.2.5 - Vicios en la madera por error en el procedimiento constructivo en la aplicación de la pintura (Responsabilidad del empresario pintor).

Cuando las especificaciones técnicas en la Memoria Descriptiva y Constructiva en la documentación gráfica y escrita proporcionada por el Arquitecto o Ingeniero Director de las obras han sido técnicamente adecuadas, el empresario pintor será responsable por un plazo de 18 meses a partir de la entrega de la obra por su parte, en la aplicación de las distintas variedades y aplicaciones de las películas de pintura protectora por ese período.

8.2.6 - Vicios en la madera por error o falta en el mantenimiento exigido (Responsabilidad del propietario).

A partir de los 18 meses de la responsabilidad descripta en el ítem 8.2.5, el propietario se hace responsable del mantenimiento de la madera, de acuerdo al Manual de Uso y Mantenimiento recibido de parte del Arquitecto o Ingeniero Director de obras, según las especificaciones dadas en el mismo, con relación a cada parte de la carpintería.

En caso de incumplimiento del mantenimiento indicado en el Manual, caerán todas las responsabilidades del caso ante el propietario y ante terceros por el origen demostrado.

Capítulo 9

Capítulo Herrería

Las obras de herrería tendrán consideraciones especiales en cuanto a los tipos de vicios y responsabilidades.

9.1 - Vicios producidos por error en el dimensionado de las estructuras y especificaciones técnicas.

9.1.1 - Estabilidad Estructural

Se deben tener en cuenta las consideraciones ya mencionadas anteriormente en el Capítulo I, Estabilidad Estructural, con la responsabilidad decenal estipulada para este caso.

9.1.2 - Marcos y hojas en herrería y otras variedades.

El dimensionado y las especificaciones técnicas mínimas proporcionadas por el Arq. o Ing. Director de obras en la sección de la perfilería y el espesor y tipo de chapa utilizada será obligación final del herrero subcontratado.

También será su obligación entregar en obra los trabajos de herrería realizados en taller, con la protección anticorrosiva necesaria y técnicamente apta para cumplir esta función, hasta el proceso del lijado y pintado final a realizar por parte del subcontrato de pintura.

La responsabilidad del subcontrato de herrería será quinquenal por el correcto funcionamiento y resistencia de los trabajos entregados en obra por ese período de tiempo, siempre que la pintura aplicada por el Subcontratos de Pintura de protección, resista la inclemencia de los agentes atmosféricos. En caso de que la protección necesaria en su mantenimiento no se realice en forma adecuada, la responsabilidad quinquenal desaparecerá simultáneamente. (Ver Capítulo de Pintura).

Cualquier otro tipo de trabajos en herrería tendrán idénticas condiciones de responsabilidad quinquenal y excepciones establecidas.

Capítulo 10

Pintura

Las obras que realice cualquier subcontrato de pintura, deben tener un plazo de responsabilidad de hasta 18 meses a partir de la entrega final del trabajo realizado, a través de un Acta independiente de las restantes obras en la Recepción Provisoria de obra en general y contabilizados a partir de ella.

10.1 - Vicios en la obra por error en las indicaciones técnicas proporcionadas (Responsabilidad del Arq. o Ing. Director de obras y el empresario pintor).

El Arq. o Ing. Director de obras está obligado a establecer una documentación gráfica y escrita, además de las órdenes en obra por escrito y recibidas por el Subcontrato de Pintura, con todas las especificaciones técnicas de tipos, cantidad de manos y espesores a aplicar de cada parte de la obra a pintar.

El subcontrato de pintura está obligado a realizar las obras en un todo de acuerdo a estas especificaciones. En caso de discrepancias deberá establecerlas por escrito y simultáneamente a su presupuestación.

Ante cualquier situación de error en las indicaciones técnicas establecidas de un vicio, en la responsabilidad inicial por los trabajos de pintura, en caso que las mismas se produzcan antes de los 18 meses del plazo de recepción provisoria de los trabajos realizados, la responsabilidad quinquenal caerá sobre la Empresa del subcontrato de Pintura y/o la del Arq. o Ing. Director de obras, según el caso.

10.2 - Vicios en la obra por error en la aplicación y el procedimiento constructivo (Responsabilidad del subcontrato de pintura).

Cuando se constaten vicios en la pintura, dentro del plazo de los 18 meses iniciales a partir de la recepción provisoria particular de la pintura de la obra, la responsabilidad caerá sobre la Empresa de Subcontrato de Pinturas, quien deberá realizar a su costo la reparación de la pintura y cualquier otro tipo de reparación adicional ocasionada por problemas con origen en el problema de la pintura.

10.3 - Vicios en la obra por error en el mantenimiento posterior en la pintura (Responsabilidad del propietario).

Cuando vencidos los 18 meses iniciales de la recepción provisoria de obra, el propietario no continúa con los trabajos de mantenimiento de las diferentes partes de la edificación, (establecidos en el Manual de Uso y Mantenimiento y entregado por el Arq. o Ing. Director de obras) todos los vicios en general que surjan a consecuencia de una protección indebida en tiempo y forma por parte de la pintura, le harán perder las responsabilidades que tengan las distintas partes frente al propietario, ante terceros, sin dar lugar a reclamos de ninguna especie.

ANEXO 3

ARBITRAJES Y/O PERITAJES

Cuando en las construcciones o edificaciones, surjan vicios de construcción, inculpándose judicialmente a alguno de los actores y la justicia tenga necesidad de un técnico para emitir su fallo, éste deberá reunir según los casos, desde una serie de conocimientos y requisitos esenciales acumulados, necesarios e imprescindibles, hasta conocimientos tecnológicos especializados y muy específicos, que permita a los jueces aplicar la estricta justicia al caso en cuestión.

Idénticas condiciones deberán requerirse a los árbitros destinados a resolver dichas cuestiones.

1 - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL

Solamente podrán actuar aquellos profesionales con título universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil vigente aprobado o revalidado e inscripto por la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

2 - EXPERIENCIA Y ANTIGÜEDAD EXIGIDA

El título profesional de Arquitecto o Ingeniero Civil exigido no constituye conocimiento suficiente, para poder analizar y determinar en forma acertada y técnicamente rigurosa, de cuál ha sido el origen real y causante de la patología en discusión, ante la cual se deba obrar con la justicia deseada.

Por lo tanto, además del título, deberá tener un conocimiento técnico, necesario y suficiente, que solamente se adquiere por la vía práctica al proyectar y sobre todo, al dirigir la obra o la construcción de la misma en forma continua, regular y permanente, con el correr de los años, que le permita adquirir la experiencia resultante lograda a través del análisis de las patologías suscitadas en sus obras, en la determinación del origen que las causaron y a la toma de decisión de encontrar soluciones adecuadas, que permitieron corregir los defectos iniciales mencionados, además de la experiencia recogida de terceros. A tales efectos, se buscará un mecanismo que permita determinar con practicidad, la experiencia y antigüedad a exigirse al profesional universitario actuante, quien deberá poder comprobar un mínimo de 5 años de labor, continua y todavía en práctica, con un metraje construido y terminado a la fecha de su propuesta al cargo de árbitro, nunca inferior a 2.000 m2 (dos mil metros cuadrados) dentro de dicho período solicitado.

3 - NOMBRAMIENTO DE PERITOS

Vistos los antecedentes mencionados, se solicitará a las diferentes asociaciones, como ser a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, a la Asociación de Ingenieros del Uruguay, a la Cámara de la Construcción del Uruguay y a la Asociación de Promotores Privados, realicen sobre las bases mencionadas, estableciendo, previo llamado específico, un listado de socios aptos y fiscalizados por las mismas, a los efectos de hacerlos llegar al Poder Judicial, para que los mismos sean tenidos en cuenta en el futuro, en los fallos judiciales a partir de la fecha, como los peritos técnicos adecuados.

Paralelamente deberán categorizar los diferentes tipos de peritos según su conocimiento, de acuerdo a la siguiente clasificación:

3.1 - PERITOS CON CONOCIMIENTO GENERAL

Aquellos que reúnan las condiciones mencionadas para el apartado anterior, según la experiencia y antigüedad mínima mencionada.

Cuando la situación del vicio de construcción planteado supere sus antecedentes de experiencia y conocimiento, estará obligado a proponer un perito conocimiento especializado y específico del caso a estudio.

A título de ejemplo se mencionan los siguientes peritos especializados y específicos:

3.2 - PERITOS EN ESTABILIDAD Y ESTRUCTURA

Para aquellos profesionales universitarios destacados en esta especialidad, con una antigüedad igual o mayor a 10 años, de labor regular e ininterrumpida de obras realizadas dentro de este período, con un mínimo de 5.000 m2 (cinco mil metros cuadrados) comprobados y ejecutados.

3.3 - PERITOS EN AISLACIONES TERMICAS Y/O HUMIDICAS

Para resolver peritajes de vicios de construcción referidos a aislaciones térmicas y/o humídicas, se deberá recurrir a profesionales universitarios, con una antigüedad igual o mayor a 10 años de labor regular e ininterrumpida de obras realizadas, dentro de este período, con un mínimo de 5.000 m2 (cinco mil metros cuadrados) comprobados y ejecutados.

Según los casos extremos y siempre que constituyan situaciones específicas para una determinada especialización y sobre las mismas bases de antigüedad y experiencia, se nombrarán los casos a tenerse en cuenta.

Todos los peritos mencionados en el ANEXO 3, podrán solicitar colaboración de institutos u organismos públicos (LATU o algunos institutos específicos de alguna Facultad: Ingeniería, Arquitectura, Química, etc.) que le permitan indagar con mayor profundidad el origen de los vicios de construcción en cuestión.

Podrán solicitar ampliación de información a entidades a nivel nacional o internacional, para la determinación de su diagnóstico final, como también podrán pedir la colaboración de otros de los peritos con especializaciones destacadas, en los análisis previos al mismo.

4 - NOMBRAMIENTO DE ARBITROS

Idéntico procedimiento se recomienda seguir a los efectos de la designación de árbitros, se trate de un arbitraje voluntario o necesario.

También valen las mismas especificaciones y la misma clasificación mencionada para los peritos, para los árbitros con conocimiento general, árbitros en Estabilidad y Estructura y árbitros en Aislación Térmica y/o Humídica.

De igual forma la colaboración de institutos y organismos y la colaboración de otros peritos con especialización destacada.

DOCUMENTACION GRAFICA Y ESCRITA ACONSEJADAS A SER EXIGIDAS POR EL PROPIETARIO O PROMOTOR AL ARQUITECTO O INGENIERO PROYECTISTA - TAMBIEN POR LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS AL ARQUITECTO O INGENIERO PROYECTISTA

Se enumera la documentación básica:

1. Planta Ubicación. Esc. 1/200 y Esc. 1/1.000

* Número Padrón

* Padrones y número de calles de los linderos.

* Forestación existente en el predio.

* Vereda y calles. Distancia a la esquina más próxima.

Anchos y tipos.

* Columnas, árboles y cordones existentes en la vía pública sobre el frente o los frentes del predio.

* Relevamientos medianeras linderas.

2. Planta General (Albañilería). Esc. 1/50 a Esc. 1/100 según los casos. (Ajustada con los planos y planillas del hormigón armado)

3. Fachadas y cortes. Esc. 1/50 a Esc. 1/100 según los casos. (Ajustados con los planos y planillas del hormigón armado).

- 2 fachadas como mínimo cuando existan más de 2 fachadas, una fachada de cada lado

- 4 cortes (longitudinal y transversal) como mínimo.

4. Cortes Integrales. Cortes integrales a escala 1/20 de todos los puntos de encuentros particulares entre la albañilería, hormigón armado, sanitaria, acondicionamiento térmico, instalaciones mecánicas e industriales, con sus respectivos tratamientos de aislaciones humídicas y térmicas específicos de cada situación.

(La cantidad de cortes integrales dependerán de cada caso específico, debiendo existir por lo menos 2).

5. Detalles constructivos. Para las situaciones más comprometidas de los cortes integrales, se realizarán detalles constructivos a escala 1/20 hasta escala 1/1. de aquellas situaciones particulares, preferentemente a las relativas a la instalación sanitaria y de acondicionamiento humídico, que puedan generar futuros vicios de construcción más comprometidos.

6. Planilla de carpintería, herrería, aluminio, herrajes, vidrios y espejos. A escala 1/20 con las especificaciones de los materiales, espesores, calidad, tipos, prevenciones técnicas y terminaciones.

Planilla tipo y terminaciones herrajes.

Planilla tipo de vidrios y espejos.

7. Planilla de locales. Por cada ambiente numerado en planta, se deberá especificar las terminaciones referentes a pavimentos, zócalos, paredes, revestimientos, cielorraso, obras exteriores.

8. Instalación eléctrica. Planta a escala 1/50 como mínimo con la distribución de las puestas de la eléctrica (centros, spots, enchufes, interruptores, etc.) tablero general y tableros secundarios, ubicación medidor de UTE, equipos electrógenos en el interior y al exterior de la obra.

- Previsión de subestación según exigencia UTE.

- Memoria descriptiva y constructiva general y particular de la instalación eléctrica.

9. Instalación sanitaria. Plantas y cortes a escala 1/50 (o 1/100 según los casos y exigencias municipales) indicando:

* La red de distribución de agua fría y caliente a partir del medidor de OSE hacia adentro del predio. Se deberá indicar tanques elevados (tanques subterráneos en propiedad horizontal) y/o equipos presurizados cuando las condiciones técnicas lo exijan o las reglamentaciones de OSE.

* Las cañerías de desagües, cámaras, ventilaciones, aspiraciones, etc., según reglamentaciones municipales.

- Memoria descriptiva y constructiva general y particular de la instalación sanitaria.

10. Instalaciones mecánicas e industriales. Plantas y cortes a escala 1/50 ó 1/100 según los casos y exigencias municipales indicando las mismas en planos.

- Memoria descriptiva y constructiva general y particular de las instalaciones mecánicas e industriales.

11. Planos y planillas. Cálculo estructural.

- Estudio de suelos.

- Estudio de linderos y medianeras según los casos.

- Plantas a escala 1/50 ó 1/100 según los casos, con cortes integrales y detalles constructivos según ítems 4 y 5.

12. Memoria descriptiva y constructiva general y particular albañilería y hormigón armado. (documentación escrita).

Deberá incluir:

12.1 - Consideraciones generales.

12.2 - Implantación de obra. Preparación. Replanteo.

12.3 - Del personal obrero y capataz.

12.4 - Preparación del terreno. Cateos.

12.5 - Arbolado existente.

12.6 - Pozos a cegar.

12.7 - Demoliciones.

12.8 - Cartelera en obra.

12.9 - Andamios y barreras.

12.10 - Movimientos de suelo.

12.11 - Materiales de construcción.

* Generalidades - LATU

* Aprobación.

* Ensayos.

* Retiro materiales rechazados.

* Suministro de agua en obra.

12.12 - Descripción de los materiales básicos específicos.

* Arenas.

* Piedra partida y pedregullo.

* Hierro redondo con y sin tratamiento.

* Cemento.

* Cales.

* Mezclas.

* Emulsiones asfálticas.

* Ladrillos. Campo y prensa.

* Tejuelas.

* Ticholos y bovedillas.

* Tejas.

* Maderas.

* Plomo.

* Poliestireno expandido.

* Poliuretano expandido «in situ».

* Membranas especiales.

* Velos de vidrio.

* Metal desplegado.

* Yeso.

* Chapas de hierro galvanizado.

* Chapas de fibrocemento.

* Chapas de fibra de vidrio.

* Variedad principal de pavimentos (nacionales e importados).

* Variedad principal de revestimientos (nacionales e importados).

12.13 - Morteros. Calidad y variedades.

- Aditivos especiales para morteros.

12.14 - Hormigones.

* Generalidades.

* Características.

* Encofrados y apuntalamientos.

* Armaduras - Recubrimientos.

* Llenado «in situ» y con hormigón preelaborado.

* Dosificaciones y resistencias.

* Aditivos especiales para hormigones.

* Juntas de dilatación

* Curado del hormigón.

* Desencofrado.

* Proceso constructivo - Mano de obra.

* Complementos - Pases y bigotes.

- Continuación de llenado.

12.15 - Fundaciones.

* Excavaciones - Cotas.

* Medianeras.

* Desmoronamientos.

* Apuntalamientos.

* Llenado.

12.16 - Albañilería.

* Generalidades.

* Paramentos - Muro ciclópeo.

- Muros simples de ladrillo de campo.

- Muros simples de ladrillo de prensa.

- Muros simples cerámico ticholo.

- Muros simples de bloques.

- Muros dobles.

- Muros de ladrillo con junta refundida.

- Muros bolseados.

- Muros calados.

* Aislaciones térmicas en muros.

* Aislaciones humídicas en muros.

* Cortes y Canalizaciones en muros.

* Colocación de marcos y marcos guía.

* Estufas, Barbacoas y Chimeneas.

* Dinteles - Variedad.

* Antepechos.

* Cubiertas - Planas - Azoteas.

- Inclinadas y Aleros.

* Cielorraso.

* Tapado de cañerías e instalaciones.

* Amurado de Aberturas.

* Revoques - Generalidades.

- Grueso sobre mampostería.

- Grueso sobre cielorraso.

- Fino.

- Imitación.

- Especiales.

* Pavimentos - Generalidades

- Rellenos y contrapisos (interiores y exteriores).

- Pisos con baldosas de cemento.

- Pisos monolíticos.

- Pisos cerámicos y gres.

- Pisos de madera con grapas.

- Pisos de madera machimbrada atornillada.

- Zócalos y Contramarcos.

- Tapajuntas.

* Revestimientos - Generalidades.

- Azulejos.

- Cerámicos.

- Vinílicos.

- Pintados.

- Especiales.

* Obras Complementarias - Generalidades.

- Colocación Mármoles.

- Ayuda o Subcontratos.

- Varios.

- Limpieza de Obra.

Nota General e Importante.

Según las exigencias técnicas de cada obra y en forma específica se agregará la Memoria Descriptiva y Constructiva PARTICULAR del Hormigón Armado, la Albañilería y las referencias de la Ayuda a los Subcontratos del caso.

13. Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones del llamado a precios o licitación deberá incorporar por lo menos:

13.1 - Definición de Términos:

* Propietario o promotor.

* Empresario contratista y representante técnico.

- Subcontratos.

* Arquitecto o ingeniero proyectista.

* Arquitecto o ingeniero director de obras.

* Asesores.

13.2 - Normas a Regir.

13.3 - Visitas al Predio del licitante o llamado a precios.

13.4 - Condiciones de los Materiales.

13.5 - Errores y contradicciones en la documentación gráfica y escrita.

13.6 - Aclaraciones previas a la licitación o llamado a precios.

13.7 - Reservas sobre contrataciones parciales.

13.8 - Reserva sobre cambios y sustituciones.

13.9 - Cesión del Contrato.

13.10 - Forma y Presentación Propuesta.

13.11 - Detalle exigido en la Propuesta por medio de una Planilla con el rubrado expreso estableciendo en cada uno, tanto para Albañilería, Hormigón Armado o Estructura, Ayuda a Subcontratos y Subcontratos:

* Incidencia porcentual del Material.

* Incidencia porcentual de la Mano de Obra.

* Incidencia porcentual Gastos Generales con Beneficio.

* Monto Imponible estimado Albañilería, Hormigón Armado o Estructura y Subcontrato.

* Impuesto al Valor Agregado o tributos vigentes.

- Fórmula Paramétrica de Ajuste (Materiales, Mano de Obra y Gastos Generales con Beneficio), con Canasta de Materiales.

- Subcontratos:

* Sanitaria.

* Eléctrica.

* Calefacción.

* Acondicionamiento Térmico.

* Ascensores y Montacargas.

* Instalaciones Mecánicas e industriales.

* Carpintería.

* Herrería.

* Aluminio.

* Marmolería.

* Cristales y Espejos.

* Aislaciones Térmicas.

* Aislaciones Humídicas.

* Equipos de Bombeo.

* Hormigón Preelaborado.

* Etc.

- Proveedores:

* Herrajes.

* Aparatos Sanitarios, Accesorios y Grifería.

* Materiales técnicos especiales.

* Materiales componentes Hormigón Armado (Hierro, Cemento, Pedregullo, Arena y productos aditivos, Bovedillas, etc.).

* Materiales Albañilería (ladrillos, ticholos, arena, cal, morteros, hidrófugos, mezclas, aditivos, etc.), nacionales e importados. (Exigencia futura garantía LATU).

- Niveles de resistencia de los hormigones y ensayos exigidos. (Exigencia futura LATU).

13.12 - Recepción de Propuestas.

13.13 - Mantenimiento de Propuestas.

13.14 - Representante técnico empresa constructora.

13.15 - Forma de contratación.

13.16 - Modificaciones y Adicionales (autorizados por director de obras y propietario).

13.17 - Forma de pago.

13.18 - Retención garantía - Cumplimiento del Contrato.

13.19 - Otras Garantías.

13.20 - Acta Iniciación Obras.

13.21 - Replanteos y Responsabilidades iniciales.

13.22 - Del empresario.

13.23 - Del propietario o promotor.

13.24 - Otras Responsabilidades.

13.25 - Banco Previsión Social.

13.26 - Del Personal del empresario contratista y Subcontratos.

13.27 - Subcontratos del contratista.

13.28 - Materiales y Subcontratistas del propietario.

13.29 - Del director de obras.

13.30 - Objetos Hallados en las Excavaciones.

13.31 - Plazos de Terminaciones Parciales y Final, Multas y Premios.

13.32 - Recepción Provisoria.

13.33 - Recepción Definitiva.

13.34 - Vicios de Construcción Aparentes.

13.35 - Vicios de Construcción Ocultos.

13.36 - Causales Rescisión del Contrato.

13.37 - Arbitraje.

14. Contratos

Deberán relacionarse con la documentación gráfica y escrita, Memorias Descriptivas y Constructivas Generales y Particulares, Pliego de Condiciones, etc., según los casos:

14.1 - Contrato entre propietario y arquitecto o ingeniero proyectista.

14.2 - Contrato entre propietario y arquitecto o ingeniero director de obras.

14.3 - Contrato entre propietario y Empresa Constructora o Contratista.

14.4 - Contrato entre propietario y Subcontrato de hormigón Armado o Estructura y Albañilería.

14.5 - Contrato entre propietario o contratista y Subcontratos (Sanitaria, Eléctrica, Acondicionamiento Térmico, Carpintería, Herrería, Aluminio, Herrajes, Cristales y Espejos, Pintura, etc.).

14.6 - Contrato entre propietario o contratista y Subcontratos Especiales. (A título de ejemplo se mencionan los subcontratos por los trabajos de aislaciones térmicas y humídicas).

14.7 - Contrato de Proveedores de Materiales (Barracas para materiales nacionales y Empresas o Representaciones de materiales importados) según los casos de compra con el propietario o promotor contratista, Subcontrato, o Subcontratos Especiales.

(En los mismos deberán realizarse las especificaciones técnicas de calidad y aprobaciones futuras del LATU).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Deróganse los Arts. 1884 del Código Civil y 35 y 37 de la ley del 8 de julio de 1885, y sustitúyese por el siguiente:

«ARTICULO 1844. - El arquitecto, ingeniero y el constructor de un edificio son responsables por espacio de diez años, en lo que atañe a sus respectivas actuaciones en el proceso constructivo, si aquél se arruina en todo o en parte por vicio del proyecto, de la construcción, o vicio del suelo, o mala calidad de los materiales, haya suministrado éstos o no el propietario, y a pesar de cualquier cláusula en contrario, siempre que se afecte la solidez del edificio.

Serán responsables por el plazo de cinco años de todos aquellos vicios de construcción que no afecten la solidez del mismo. La responsabilidad a que alude este inciso cesará en aquellos casos en los que el vicio derive de la mala calidad de los materiales suministrados por el propietario.

El término en que la acción puede nacer es de los mencionados diez y cinco años, contados desde la recepción, aunque sea provisoria, pero una vez nacida la acción por haberse manifestado el vicio, dura el tiempo ordinario de las acciones personales.

La presente disposición se entiende salvo la prueba en contrario que haga el arquitecto, ingeniero o constructor (Art. 1327)».

Gonzalo Aguirre Ramírez. Presidente».

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor presidente del Senado, doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, solicita licencia».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 13 de setiembre de 1994.

Señor primer vicepresidente

de la Cámara de Senadores,

profesor Carlos Julio Pereyra.

Por la presente vengo a solicitar licencia al cargo de Vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea General y del Senado, por el período comprendido entre el 24 de setiembre y el 1º de octubre, por motivos personales y con arreglo al artículo 1º de la ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Hago propicia la oportunidad para saludarle con mi más distinguida consideración.

Gonzalo Aguirre Ramírez. Presidente.»

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 14. Afirmativa.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

«El señor senador Jorge Silveira Zavala solicita prórroga de licencia.»

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 12 de setiembre de 1994.

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que Ud. preside, licencia por el término de 31 días por motivos de salud, de acuerdo al certificado médico que acompaña.

Sin otro particular, saluda atte.

Jorge Silveira Zavala. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la prórroga de licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor senador Américo Ricaldoni solicita licencia.»

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 13 de setiembre de 1994.

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

De mi mayor consideración:

Le dirijo la presente a fin de solicitar a la Cámara de Senadores licencia por cuatro días a partir del día de la fecha, fundada en motivos personales, y la inmediata convocatoria de mi suplente respectivo, de acuerdo con el artículo 1º, inciso 3º, de la ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la ley Nº 16.465.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Américo Ricaldoni. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde convocar a su suplente, que lo es el contador Ricardo Lombardo, quien ya ha integrado el Cuerpo y puede ingresar al hemiciclo si se encontrare en antesala.

6) SALVADOR ALLENDE. Veintiún años de su muerte.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra en la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: el pasado 11 de setiembre se cumplieron 21 años del cruento golpe militar que derrocó en el hermano pueblo chileno al gobierno constitucional, a cuyo frente estaba el inolvidable presidente Salvador Allende.

Salvador Allende resistió ese golpe hasta último momento, hasta el supremo instante del paso de la vida a la muerte. Ese entrañable presidente fue, a nuestro juicio, uno de los más grandes socialistas de todos los tiempos.

Allende fue de esos productos exquisitos que cada mucho tiempo produce la humanidad y exhibe orgullosamente ante el inmenso universo en la que está inserta. Era así por su inteligencia, por su bondad, por su solidaridad con los necesitados, por su fe en la libertad, en el amor y en las ideas igualitarias, así como por su desprecio altivo contra el odio y contra los que odian.

Todavía subsisten, señor presidente, algunas discusiones históricas acerca de si fue asesinado o si se suicidó en la Casa de la Moneda, cuando los golpistas estaban sobre él y su resistencia ya era inútil. En todo caso, lo que no me plantea dudas es que hubo allí un verdadero asesinato a la democracia que luego fue seguido de muchos años de una dictadura atroz con otros asesinatos, con otras torturas y con otros desaparecidos.

Tampoco me ofrece dudas, señor presidente, de que el hombre que, con legitimidad jurídica, política y humana, dio su vida en defensa de ellas, es para nosotros -y lo será siempre- un ejemplo tremendo, honesto, viril y vital de lo que debe ser un militante político. Con seres humanos como Salvador Allende, quienes anuncian a veces la sustitución de las ideologías por los electrodomésticos, tendrán el mismo fin que las dictaduras, es decir, las áreas residuales de los rincones oscuros y despreciados.

El derrocamiento de Allende inauguró en el hermano país de Chile un período de cruel dictadura militar, que tuvo lugar, en muchos aspectos, en el contexto del militarismo latinoamericano de las décadas del sesenta y del setenta, como son los casos primero del Paraguay y luego del Brasil, el Uruguay, la Argentina, Bolivia y de algunas peripecias registradas en el Perú. No se trató del militarismo del siglo XIX, con dictaduras cuyo advenimiento se debía al prestigio o al poder a veces corrupto de un jefe militar educado en las academias o en las batallas criollas. Como dice Carlos Martínez Moreno en uno de sus eruditos ensayos, «la nómina en este siglo XIX es extensa y registra, desde México hasta la Argentina, nombres como el del restaurador don Juan Manuel de Rosas y el del general Porfirio Díaz».

En cambio, señor presidente, el contexto del militarismo que derrocó al presidente constitucional del Brasil en 1964, al sistema político constitucional uruguayo el 27 de junio de 1973, al gobierno chileno el 11 de setiembre de 1973 y al argentino en 1976, se caracterizó por la presencia de la doctrina de la seguridad nacional.

Simultáneamente al día que cayó Allende, se celebraban en nuestro país las elecciones en la Universidad -una de las áreas que todavía quedaban sin invadir por la dictadura- bajo el ojo avizor de un Ministerio del Interior entronizado. Según el gobierno de facto, ello sucedía con el fin de mostrar que cuando las elecciones eran bien controladas, no las ganaba la izquierda; sin embargo, ésta obtuvo nuevamente el triunfo y los decanos fueron encarcelados o debieron exiliarse. Mientras tanto, señor presidente, los chilenos sufrieron el derrocamiento de su institucionalidad por un militarismo que, en términos históricos globales, se gestó furtivamente como una emergencia de la Segunda Guerra Mundial.

Las grandes potencias mecanizaron, con una gran grosería, su papel de conductoras, y acaso de manera consciente o inconsciente bebieron ingredientes malsanos del nazismo al que habían vencido hacía pocos años. En el campo de Europa oriental, por ejemplo, los soviéticos sofocan la Revolución Húngara de 1957 y liquidan la «Primavera de Praga» de 1968; en nuestra América los Marines norteamericanos derriban en 1954 al gobierno de Arbenz, comenzando toda una cadena, un catálogo -que me ahorro mencionar- de intervenciones armadas, militares, que están presentes también, con medios más sutiles, pero no menos contundentes, en el golpe que derrocó al inolvidable Salvador Allende y en los casos de Uruguay, Brasil y Argentina. La propia cultura norteamericana ha hecho una especie de desahogo intelectual, casi un memorable exorcismo, en esa gran película llamada «Missing», en la que se describe con detalles tomados de la realidad la indudable intervención de la diplomacia estadounidense en el golpe de Estado chileno.

Aquí en nuestro país, señor presidente, en el interior de una celda de la dictadura, el 12 de setiembre de 1973 -un día después del golpe- un militar golpista, que todavía vive, le dijo a un militar antigolpista, que estaba preso -me refiero al coronel Carlos Zufriategui- textualmente lo siguiente: «Para que te enteres, a tu amigo Allende lo echaron y lo mataron». Ese militar de la dictadura, que estaba gozoso por el asesinato de la democracia chilena y por la muerte de un socialista, vive pero se oculta en la sombra del olvido de la historia y está libre por la bondad infinita de un pueblo, que en un plebiscito resolvió, al final, no castigar a tanto mediocre. El coronel Zufriategui, descendiente de uno de los Treinta y Tres Orientales, ya hace unos años que ha fallecido, pero todos lo recordamos con cariño, con admiración y con el reconocimiento de su sacrificio para reconquistar la democracia, y Salvador Allende, el gran médico, el gran socialista, el mártir, el ejemplar humano que ilumina a muchos médicos, a muchos socialistas y a muchos ejemplares humanos, integra la galería de los que nunca serán olvidados.

Solicito, señor presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada, por intermedio de nuestra Cancillería, a la Embajada de Chile, y, a través de ésta, al hermano Partido Socialista Chileno.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se envía la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Korzeniak, por intermedio de nuestra Cancillería, a la Embajada de Chile y, a través de ésta, al Partido Socialista chileno.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) VILLA SORIANO. Problemas con los servicios de ANTEL.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: los días viernes y sábado visitamos varias localidades del departamento de Soriano, entre ellas la de Villa Soriano. Allí se nos realizaron dos planteamientos que queremos trasmitir hoy al Senado, a efectos de que, a través de la exposición que realicemos, se puedan solucionar dos problemas serios que existen en esa comunidad, que tiene 1.100 habitantes y que cuenta con escuela, comisaría, Junta Local, Aduana, dependencia de OSE, sala de auxilio del Ministerio de Salud Pública y varias dependencias comerciales.

El primero se refiere a los servicios de ANTEL. En Villa Soriano hay 33 abonados y una cabina de ANTEL, contándose con servicio de teléfono y telégrafo. La atención en la localidad se presta desde las 7 a las 24 horas. Sin embargo, existe una sola línea de entrada y salida con Mercedes, lo que impide hacer más de una llamada simultánea a la capital del departamento, con la que existe una gran relación por la centralización de servicios que hay en esa ciudad, de los cuales depende Villa Soriano.

La localidad de Villa Soriano, por encontrarse prácticamente en la desembocadura del río Negro y por sus características naturales, es visitada asiduamente por turistas argentinos, quienes frecuentemente llaman a la Argentina entablando conferencias de larga duración, durante las cuales no se pueden hacer otras llamadas desde ese lugar, con los inconvenientes consiguientes.

Se tiene conocimiento de que en los planes de ANTEL estaría aprobado el cambio de sistema para las comunicaciones con esta localidad, lo que le permitiría independizarse del sistema de comunicación por cable, pasándose al celular. Esto ha sido corroborado, de acuerdo con la información que se nos ha proporcionado, por el jefe regional de ANTEL.

Los vecinos nos han solicitado que se dé rápida solución al problema de no poder mantener más de una conversación telefónica simultánea con Mercedes, por los medios que se estimen más adecuados.

Solicito, señor presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio de ANTEL.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se envía la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Gargano al Directorio de ANTEL.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) BANCO DE PREVISION SOCIAL. Mayor atención al público en su dependencia de Villa Soriano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para referirse a otro tema, tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - El otro asunto al que deseaba hacer alusión tiene relación el Banco de Previsión Social. Las dependencias de esta institución envían funcionarios los primeros y terceros martes de cada mes desde Mercedes a Villa Soriano, con el fin de atender todas las gestiones, trámites y consultas que se plantean en la localidad relacionadas con la función de este organismo. La atención se realiza de 13 a 17 horas.

Los vecinos de la localidad solicitan que el Banco de Previsión Social efectúe una mayor atención al público, aumentando su periodicidad. En tal sentido, plantean que se disponga el traslado de funcionarios una vez por semana.

Solicito, señor presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio del Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se envía la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Gargano al Directorio del Banco de Previsión Social.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) PLUNA. Prohibición, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, de aterrizar en sus aeropuertos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS. - En las últimas semanas ha tenido gran difusión en la prensa una resolución del gobierno norteamericano que clasifica a Uruguay como inaceptable para que sus aviones desciendan en los aeropuertos de aquel país, ya que las autoridades de Aviación Civil no cumplen con los estándares de control de seguridad recomendados por la Organización Internacional de Aviación Civil.

Según se expresa en un artículo periodístico, «La categoría de ‘inaceptable’ recayó sobre los países cuyas autoridades aeronáuticas no poseen leyes o regulaciones acordes con los estándares de la OIAC, carecen del conocimiento o de recursos para controlar la aviación civil, carecen de la capacidad para certificar, vigilar o hacer cumplir los requerimientos de navegación o mantenimiento de las aeronaves, o carecen de personal de inspección entrenado de acuerdo a los estándares de la OIAC.

La decisión del gobierno estadounidense tomó como base un informe elaborado por una misión de la Administración Federal de Aviación (FAA) que en setiembre de 1993 realizó una inspección del funcionamiento de la aeronáutica civil uruguaya, dijeron a la prensa fuentes diplomáticas.

Para los países encontrados deficientes, significa que ninguna aerolínea cuyo control sea realizado por ese país puede operar en Estados Unidos.

De acuerdo con lo manifestado por un portavoz del gobierno norteamericano, «Es importante tener en cuenta que el programa de investigación de la Administración Federal de Aviación tiene como centro los países, no las compañías aéreas de esos países.» Sin embargo, un funcionario de ese organismo expresó: «Si el país no obliga a las compañías a adoptar los estándares de seguridad internacionales, ellas probablemente no lo hagan».

Esta resolución que se hizo pública en forma muy destacada ocurre en momentos en que PLUNA -que es nuestra compañía de bandera- está viviendo un proceso de transformación a empresa mixta, en un trámite que al día de hoy aparece como muy engorroso. Por un lado, el pluriconsorcio de navegación, que es el promitente socio de PLUNA para integrar la futura PLUNA S.A., no ha cumplido con el depósito de las garantías suficientes para la aplicación del plan de desarrollo de la empresa ofrecido al presentarse en la licitación. Por otra parte, son notorias las desavenencias entre quienes serán los socios mayoritarios de la futura PLUNA S.A. y muy fuertes los movimientos y rumores de alejamiento de los capitalistas uruguayos integrantes del pluriconsorcio.

Señor presidente: esta noticia ayuda a oscurecer más el proceso de PLUNA, empresa que actualmente no está volando a los Estados Unidos, aunque tiene autorización de nuestro gobierno para hacerlo a las ciudades Miami y Nueva York.

Según la forma en que se publicita esta resolución, también se siembran dudas sobre el funcionamiento de PLUNA. Al respecto, quien lee esa noticia se puede preguntar si la empresa es viable para viajar a Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunción, San Pablo, Río de Janeiro o Madrid, cuando no está en condiciones de volar a los Estados Unidos.

A estos efectos, es bueno recordar que nuestra compañía de bandera tiene cincuenta y siete años de edad y, en ese tiempo, nunca ha sufrido un accidente con pasajeros a bordo. Probablemente, este sea un récord que ninguna otra empresa de aeronavegación sustente en el mundo.

Por otra parte, el presidente de la Organización de Funcionarios de PLUNA aclara que los técnicos de la empresa son reconocidos como excelentes y las aeronaves están en perfectas condiciones. Mientras tanto, la gremial que reúne a los pilotos afirma que los aviones de PLUNA son fabricados en los Estados Unidos o Europa y seguidos de por vida mediante estrictos controles de mantenimiento del fabricante para conservar la vigencia del certificado de aeronavegabilidad. Asimismo, los integrantes de este sindicato señalan que los pilotos se graduaron en la academia de la fábrica estadounidense Boeing y semestralmente renuevan sus credenciales.

Las informaciones de prensa, dicen que la decisión no fue considerada justa por el gobierno uruguayo, que se apresta a pedir su revisión. Al parecer, este pedido será presentado en Washington en la presente semana por el embajador de nuestro país.

Por su parte, el Directorio de PLUNA ha explicado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado que ha enviado dos técnicos del Ente a Estados Unidos, quienes luego de los contactos realizados tomaron conocimiento de las conclusiones de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Concretamente, el señor Carlos Rodríguez señaló en la mencionada Comisión que «Oportunamente, lo han hecho saber» - se refiere a la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos- «a cada una de las autoridades uruguayas involucradas en el tema, que son la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica -en lo que tiene que ver con los aspectos aeroportuarios, que mayoritariamente están centralizados en lo que hace a la seguridad en el Aeropuerto- y la Dirección General de Aviación Civil, en cuanto a ciertos requisitos que este organismo debe cumplir como policía del aire, concretamente en el otorgamiento de licencias a pilotos y el seguimiento de planes de mantenimiento de las compañías uruguayas». Continúa diciendo: «Evidentemente, no nos quisieron decir claramente los motivos de su determinación. En realidad, se trata de una relación entre organismos gubernamentales en los que no se le da participación a las empresas privadas porque no es de éstas el problema. Además, la actuación de los dos organismos uruguayos no les da la seguridad como para considerarlos confiables». En consecuencia, a Uruguay lo han incluido en una especie de «lista negra». Luego, sigue señalando: «No se trata de un problema con la línea de bandera uruguaya, sino de agencias gubernamentales norteamericanas con sus pares uruguayos y, desafortunadamente, es PLUNA quien paga los `platos rotos’».

Estimo que es oportuna la gestión encomendada al señor embajador uruguayo en los Estados Unidos, pero también creo que los organismos gubernamentales correspondientes a la Administración General de Aviación de los Estados Unidos, que son la Dirección General de infraestructura Aeronáutica y la Dirección Nacional de Aviación Civil, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, deben realizar las actuaciones necesarias para encuadrar a nuestro país dentro de los parámetros mínimos de seguridad establecidos por la Organización Internacional de Aviación Civil, así como también las aclaraciones correspondientes de respaldo a PLUNA como nuestra empresa de bandera.

Señor presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Defensa Nacional, a fin de que la ponga en conocimiento de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica y la Dirección Nacional de Aviación Civil, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -que está participando activamente en la transformación de PLUNA a empresa mixta- y al Directorio de la empresa estatal PLUNA.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se envía la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Bouzas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Directorio de PLUNA y al Ministerio de Defensa Nacional, a los efectos de que le dé traslado a la Dirección General de infraestructura Aeronáutica y a la Dirección General de Aviación Civil.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) CONFLICTO EN LA EMPRESA COLAGEL

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor presidente: deseo hacer referencia a una situación que se está generando en el país, que considero debe merecer la preocupación del Senado y de los organismos públicos en general. Me refiero al hecho de que cuatro trabajadores de la empresa COLAGEL están haciendo huelga de hambre desde hace once días, razón por la cual han perdido alrededor de seis o siete quilos cada uno de ellos. Actualmente, sus vidas están comenzando a peligrar y pueden quedar con secuelas muy graves luego de este ayuno, sin duda, es muy significativo.

En este sentido, debemos preguntarnos a qué se debe esta situación. Se trata de integrantes de la empresa COLAGEL, que es una firma muy antigua en nuestro país, ya que tiene más de cincuenta y cinco años de vida. COLAGEL, está ubicada en el camino hacia el Cerro; cuando uno se dirige por Carlos María Ramírez, a la altura del puente, puede observar una fachada antigua, toda ennegrecida, en la que figura el nombre de la empresa. Allí, funcionaba desde hace décadas una fábrica que procesaba desechos de animales faenados en los frigoríficos y producía cola industrial para pinturas u otros productos; de allí surge su nombre.

Hace aproximadamente dos años, un señor uruguayo que había hecho una cierta fortuna en el Perú, decidió regresar al país y comprar COLAGEL a sus antiguos dueños. Realizó una inversión comprobada de U$S 1:900.000 para poner a esta empresa en condiciones de producir con las técnicas más modernas, teniendo en cuenta que es prácticamente la única existente en el país, en Río Grande y en parte de las provincias argentinas. Es decir que se trataba de una inversión muy importante, considerando las perspectivas promisorias del MERCOSUR. Esta persona, que realizó la inversión y que compró maquinaria totalmente moderna -la que todavía no ha sido puesta en uso y está arrumbada en los predios de la empresa- se encontró desfinanciada para explotar la industria. Entonces, solicitó un crédito al Banco de la República -el que le fue concedido- y luego un suplemento a los efectos de ponerla en marcha, pero hasta el día de hoy no se le ha otorgado en función de distintas argumentaciones y sin tener en cuenta la peculiaridad de esta situación. Debemos tener presente que todas las empresas del país piden créditos y, salvo rarísimas excepciones, no hay ninguna que no tenga deudas con el Banco de Previsión Social, el Banco de la República o la Banca privada. Sin embargo, en este caso concreto no se debe nada al Banco de Previsión Social ni a la Banca privada, por lo que merecería tener un crédito limpio.

Ya ha pasado un año y medio y, hasta ahora, no se ha podido poner en funcionamiento la empresa. Hace ocho meses tenían la esperanza de lograrlo, pero no ha sido posible por impedimentos económicos. Por esa razón, el personal, extrañamente, ha hecho causa común con el empresario, y están llevando a cabo una lucha con el fin de continuar con el trabajo. Además, la mayoría de los obreros hace muchos años que trabajan en COLAGEL y si ésta cierra no podrán conseguir empleo ya que en el Uruguay no hay otra empresa que se dedique a este tipo de producción.

Como consecuencia de ello, cuatro trabajadores de la empresa, por su cuenta -naturalmente, con la simpatía del resto de los trabajadores, de los vecinos del barrio, etcétera- iniciaron una huelga de hambre. Llegaron a esta situación luego de haber concurrido a las Comisiones de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado y al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por intermedio de la Comisión del Senado fue posible que el señor ministro de esa Cartera se entrevistara con la patronal y con los trabajadores y que se comenzaran gestiones, dando la impresión de que se iba a resolver el problema. Sin embargo, han pasado varios meses y no se ha llegado a ninguna solución.

Estos cuatro trabajadores de COLAGEL, ya llevan 11 días de huelga de hambre para ver si por este camino -discutible o no, pero es el que ellos adoptaron- logran sensibilizar a los poderes públicos, a fin de que la única empresa que se ocupa de la fabricación de colas, no quede cerrada. Ellos están haciendo un esfuerzo para hacer posible que casi 100 obreros puedan volver a trabajar regularmente en este lugar.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Banco de la República, al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al Ministerio de Economía y Finanzas, para ver si se puede encontrar una solución antes de que pase algo irreparable con estos cuatro trabajadores. Si esto sucediera, las consecuencias -que nadie quiere que ocurran- caerán sobre todos nosotros. Por lo tanto, señor presidente, cuando planteo este problema, lo hago para tratar de resolverlo, para que los trabajadores puedan levantar el conflicto y estos cuatro obreros que están haciendo huelga de hambre puedan abandonar la medida.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada en el sentido de que se envíe la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Pérez al Directorio del Banco de la República, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y al Ministerio de Economía y Finanzas.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. Denuncias por presuntas irregularidades en su ámbito.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el único punto del orden del día: «Informes de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el Banco de Seguros del Estado. (Carp. Nº 1459/94 - Rep. Nº 892/94)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1459/94
Rep. Nº 892/94

CAMARA DE SENADORES
Comisión Especial

Preinvestigadora designada por la Cámara de Senadores atento a la moción presentada por varios señores senadores acerca de denuncias por presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado.

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Desígnase una Comisión Investigadora a efectos de determinar sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado, de acuerdo con el informe que se adjunta.

Art. 2º. - La Comisión estará integrada por cinco (5) miembros y tendrán representación en ella, todos los lemas partidarios.

Art. 3º. - Establécese un plazo de treinta (30) días para expedirse.

Sala de la Comisión, 11 de mayo de 1994.

Alvaro Alonso Tellechea (Miembro Informante), Danilo Astori, Federico Bouza. Senadores.

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

Presente

INFORME

La Comisión Preinvestigadora por Ud. designada ha procedido a recibir las informaciones de parte de los miembros denunciantes referidas a presuntas irregularidades ocurridas en el ámbito del Banco de Seguros del Estado.

Esta Comisión entiende que dada la entidad de la denuncia y la seriedad de su origen, para lo que debe tomarse en cuenta que la misma ha sido presentada por Senadores representantes de los cuatro lemas que integran el Cuerpo, así como la oportunidad y procedencia de la investigación, corresponde recomendar la designación de una Comisión Investigadora a los efectos de analizar el tema.

Específicamente se recomienda el estudio de las siguientes denuncias:

-Reclamación de deudas por reaseguros canceladas con el grupo Kleber.

-Sustitución del director de Sistemas del Banco.

-Operación con la reaseguradora norteamericana Mission Insurance.

-Asunto referido al mercado de vehículos; contrato con Resimbal S.A.

-Cancelación de un siniestro de automóviles, como indica la nota de la Asociación de Bancarios del Uruguay.

-Procedimiento de designación de una Auditoría interna.

-Contrato con Argengroup de la República Argentina.

-Contrato con la empresa Sati, referido a partes de choque en Montevideo y Canelones.

-Pagos efectuados a la firma inglesa Stetzel y Thompson.

Saludamos a usted con nuestra más alta estima.

Sala de la Comisión, 11 de mayo de 1994.

Alvaro Alonso Tellechea (Miembro Informante), Danilo Astori, Federico Bouza. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión Investigadora.

INFORME EN MAYORIA

Al Senado:

La Comisión Investigadora ha procedido a recibir información de parte de los integrantes del Directorio del Banco de Seguros del Estado, de los representantes de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), de distintos funcionarios del Banco, así como de ex funcionarios de la Institución y de invitados especiales.

La Comisión celebró veintiuna sesiones desde su instalación el día 16 de mayo de 1994.

En el análisis de las diferentes denuncias que oportunamente se supo señalar por parte de la Comisión Pre Investigadora, se procesaron testimonios y documentación presentados por las partes a los que se les solicitó dichos recaudos.

De las actuaciones efectuadas se concluye que no se han presentado actuaciones que puedan poner en juego la honorabilidad y honestidad de los señores integrantes del Directorio del Banco, lo que, por intermedio de este informe, se desea aclarar en forma expresa.

El análisis de temas referidos a la cancelación de Reaseguros tomados por el Banco, permitió revisar la situación de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, la que a criterio de esta Comisión debe ser analizada en la competencia de dicha Secretaría de Estado.

El resultado de las investigaciones, sin perjuicio de lo que anota en cada una de las denuncias, así como el análisis ponderado de las mismas, es el de proceder a la desestimación de dichas denuncias.

Detalladamente se expresa opinión sobre los siguientes puntos:

1) Reclamación de deudas por reaseguros cancelados con el grupo Kleber.

No surgen irregularidades en el procedimiento desarrollado por el Banco de Seguros en la operación de verificación y conciliación de las deudas con el grupo Kleber, entendiéndose que el Directorio del Banco procedió correctamente en la negociación de las deudas por este concepto.

2) Sustitución del director de Sistemas del Banco

No presenta ninguna irregularidad.

3) Operación con la reaseguradora norteamericana Mission Insurance

Se verificó que los procedimientos en la cancelación de las obligaciones con la empresa Mission Insurance fueron los habituales, confirmándose la corrección de los mismos.

4) Asunto referido al mercado de vehículos, contrato con Resinbal S.A.

No surgen irregularidades en el análisis del asunto, sin perjuicio de verificar la inconveniencia de constatar la pérdida o extravío del expediente en cuestión.

5) Cancelación de un siniestro de automóviles como indica la nota de la Asociación de Bancarios del Uruguay

No presenta ninguna irregularidad.

6) Procedimiento de designación de una Auditoría Interna

No presenta ninguna irregularidad.

7) Contrato con Argengroup de la República Argentina

Sin perjuicio de las consideraciones que sobre la conveniencia de este contrato para el Banco de Seguros del Estado se puedan observar, no surgen irregularidades en los procedimientos desarrollados.

8) Contrato con la empresa SATI, referido a partes de choque en Montevideo y Canelones

No presenta ninguna irregularidad.

9) Pagos efectuados a la firma inglesa Stetzel y Thomson

No se constatan irregularidades, señalando que la vaguedad de la denuncia imposibilitó profundizar en su análisis.

La Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el Banco de Seguros del Estado, recomienda al Cuerpo, desestimar todas las denuncias formuladas en el ámbito de estas actuaciones.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 1994.

Alvaro Alonso Tellechea, Federico Bouza, Wilson Elso Goñi. (Miembros Informantes).

INFORME EN MINORIA

Al Senado:

Discrepando en algunos aspectos importantes con el informe de la mayoría de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado (en adelante BSE), conforme a los elementos de juicio reunidos por aquélla, he estimado necesario poner en conocimiento del Cuerpo mis propias conclusiones en relación con las denuncias oportunamente formuladas y actos y hechos conexos.

A continuación examinaré cada una de las aludidas denuncias:

1º) Reclamación de deudas por reaseguros cancelados con el Grupo Kleber.

En la década del 70 el negocio de reaseguros activos parece haber tenido en el mundo un extraordinario desarrollo, lo que llevó a que el BSE participara muy activamente en el mismo, en casos a título individual, en otros asociado a otras compañías aseguradoras y reaseguradoras.

Por entonces, normalmente estos negocios se aceptaron con conocimiento posterior del Directorio -conforme al régimen oportunamente aprobado- con intervención de la Gerencia del Departamento de Reaseguros, la Gerencia General y la Actuaría, siendo suscritos los contratos respectivos por el Gerente del aludido Departamento.

El resultado global de estos negocios ha sido altamente deficitario, al punto que ya en 1979 comenzaron las pérdidas netas, que han continuado produciéndose hasta el presente; por reaseguros activos tomados o adjudicados hasta el año 1984, aproximadamente.

Uno de los contratos celebrados por el BSE en aquella época contiene cláusulas que parecen insólitas y de consecuencias muy gravosas. Se trata del contrato suscrito en París el 28 de julio de 1976 y en Montevideo el 11 de agosto del mismo año, con el llamado «Grupo Kleber» (en adelante Kleber), en el que éste asume un rol de Suscriptor que agrupa a un número importante de compañías aseguradoras y reaseguradoras, que la mandatan para que, por cuenta de ellas, se las incorpore a un Pool de Reaseguros o, mejor dicho, Co-reaseguros, fijándose para cada compañía una suma tope de suscripción que, en el caso del BSE era de 25.000 francos franceses por negocio. Obviamente, Kleber percibía una comisión por su participación en estas operaciones, en las que nada arriesgaba.

Lo más insólito de este contrato son sus cláusulas 6ª y 7ª, que establecían:

«6ª) El Suscriptor podrá efectuar, por la cuenta de cada Compañía tomada aisladamente o de todas las Compañías tomadas globalmente, toda operación de protección o de retrocesión, por vía proporcional o no proporcional, a título de todo o parte de los negocios aceptados.

La o las Compañías soportarán entonces las cargas resultantes de estas operaciones pero beneficiarán igualmente las eventuales ventajas anexas tales como comisión de retrocesión.

En caso de abandono de uno o varios retrocesionarios, el Suscriptor no será tenido como responsable y la o las Compañías sufrirán la eventual pérdida resultante de estos eventuales abandonos.

7º) El Suscriptor está autorizado a disponer, de una manera interna entre los miembros del co-reaseguro, todo fronting que pudiera ser necesario, sea por razones políticas, técnicas u otras razones».

Este contrato fue suscrito, como era de práctica, por el Gerente del Departamento de Reaseguros; no habiendo logrado la Comisión Investigadora, pese a su empeño, determinar con precisión si fue aprobado u homologado por el Directorio de la época.

Aun cuando en la década del 70 los negocios de reaseguros se hubieran difundido extraordinariamente, me parece insostenible -con arreglo al derecho interno al que debe sujetarse el BSE- que pudiera delegarse en una empresa privada extranjera la facultad de obligarse en cuanto reaseguro activo se le ocurriese a dicha empresa (Kleber); con el agravante de obligar al BSE como «fronting» «dando la cara» o garantizando- cualquier negocio de reaseguro que entendiera necesario («por razones políticas, técnicas u otras razones» (Cláusula 7a.; subrayado mío).

En relación con la aprobación o aceptación de este contrato, y aun cuando ello no refiera al cometido específico de esta investigación, lo menos que puedo decir es que las autoridades de entonces actuaron con extrema ligereza; particularmente en lo relativo a la facultad concedida a Kleber por la Cláusula 7a., en tanto teniendo el BSE la garantía del Estado uruguayo, era obvio que se le utilizaría como «fronter» para cualquier negocio que fuera o se volviera inseguro.

Si bien la participación del BSE en el Grupo Kleber fue cortada en 1984, su vinculación al mismo le generó obligaciones de difícil determinación; porque aun cuando Kleber le comunicaba periódicamente -y con posterioridad a la aceptación de cada negocio- los contratos en los que el BSE actuaba como reasegurador, no le informó nada, en absoluto, de los «frontings» en los que lo obligó, por los que el BSE, además, nada percibió en compensación.

A fines de 1984 se incorporó a Kleber el señor Stephance Benhamou -como abogado o integrante de su Directorio o adquirente de la empresa- y a partir de entonces comienza su vinculación directa con el BSE reclamando el pago de deudas resultantes de la participación en el llamado «Pool 11» (reaseguros).

Por el año 1991, reclamando Kleber un saldo de deuda de U$S 1:669.470, por el citado «Pool 11», el BSE envió una delegación a París para negociar este asunto. La delegación se integró con el entonces presidente del Directorio don Julio Grenno y el sub-gerente general (ex- sub-gerente del Departamento de Reaseguros) don Wilson Itté.

Es en esta oportunidad que Kleber -representado fundamentalmente por el señor Benhamou- reclama el pago de deudas por el llamado «Pool 12» -en el que el BSE fue utilizado especialmente en «frontings»- asunto del que no se les exhibió documentación alguna. Según el testimonio del señor Itté, toda la deuda reclamada por Kleber, por «Pool 11» y «Pool 12», ascendía a algo más de U$S 13:000.000. En su declaración, el señor Itté efectuó la discriminación de esta presunta deuda.

En esa negociación con Kleber, los representantes de este Grupo propusieron a los señores Grenno e Itté un acuerdo de conmutación («cut off») para toda la deuda reclamada, pagando el BSE U$S 1:669.470, del «Pool 11» y el 40% de la correspondiente al «Pool 12». Consultada la firma de abogados ingleses que asesora habitualmente al BSE, sugirió que tal acuerdo sólo podía aceptarse con tres condiciones: a) determinar previamente si Kleber estaba facultado para celebrar ese convenio de conmutación; b) que Kleber garantizara con un Banco de primer orden su cumplimiento; y c) que aportara documentación probatoria de las deudas cuyo pago estaba reclamando últimamente.

Según señaló el señor Itté, mientras él permaneció trabajando en el BSE, Kleber no pudo cumplir con tales condiciones.

Agregó el señor Itté que, en su opinión, fuera de las gestiones de cobro realizadas, Kleber no habría demandado al BSE por carecer de poderes para hacerlo; señalando, asimismo que «internacionalmente no se hablaba nada bien de la administración del Grupo Kleber y que en publicaciones técnicas especializadas se advertía que la misma no era muy correcta».

Solucionado el tema del saldo de la deuda con Kleber por el «Pool 11» -con una pequeña quita- dicho Grupo insistió en sus reclamos por la presunta deuda resultante del llamado «Pool 12», llegando en algún momento a estimarla en U$S 24:000.000 y terminando por reclamar U$S 18:000.000 (recuérdese que en París a los señores Grenno e Itté, esta deuda se les había establecido en unos U$S 11:000.000 y sobre ella se admitía una quita del 60%).

Careciendo el BSE de toda documentación sobre los negocios de los que resultaría semejante adeudo, su Directorio -presidido por don José Enrique de Fuentes- resolvió enviar a París una Comisión con el cometido de auditar las cuentas que pudieran dar base a esa reclamación. Esta Comisión se integró con los señores Washington Pérez Iglesias (sub-Gerente general), Dr. Guillermo Piedra Cueva (funcionario redistribuido del BSE durante la actual administración, asesor letrado del Departamento de Reaseguros), Daniel Damele (sub-gerente del Departamento de Reaseguros), Enrique J. Lucas y Juan Antonio Bazzano (jefe de 1a. y jefe de 2a., respectivamente, del citado departamento).

Este grupo de trabajo realizó su tarea en Francia durante varias semanas y, según el testimonio de todos sus integrantes, pudo examinar las «cuentas originales» de las empresas cedentes en poder de Kleber, las que eran unas 7.000, optándose por el procedimiento -de práctica en este tipo de auditorías- de controlar y verificar una parte de ellas, particularmente las de mayor monto.

En lo que refiere a las cuentas originales que pudo examinar esta Comisión auditora, importa informar que previamente al testimonio de sus integrantes, la Comisión, a mi solicitud, recibió el de la señora Celia Viana Reyes, funcionaria del BSE con amplísimo conocimiento en materia de reaseguros, que llegara a ocupar el cargo de Adscripta a la Gerencia del respectivo Departamento, cuyo valioso testimonio me resultó altamente esclarecedor sobre varios de los temas a que refieren las denuncias investigadas.

La señora Viana Reyes -que denunció la existencia de un «clima de terror» en el BSE por actitudes del presidente de su Directorio, don José Enrique de Fuentes, quien, según ella, llegó a llamarla por teléfono a su domicilio particular para inquirirla por las reuniones que celebraba con algunos funcionarios a fin de informarse sobre las gestiones con Kleber, oportunidad en que «recibí la orden de su parte de que el tema Grupo Kleber era prohibido para mí y de que no debía tocar ningún papel referido a este asunto»- expresó que a su regreso de París, preguntó a los funcionarios señores Lucas y Bazzano, subordinados suyos, sobre la documentación que les había exhibido Kleber en París, respondiéndole que no habían podido examinar cuentas originales sino estados confeccionados por la administración de ese Grupo. Agregó que dichos funcionarios insistieron en que habían querido ver cuentas originales -ya que conciliar estados con estados no llega a la verificación exacta de la existencia de una deuda- pero siempre se les manifestó que no podían tener acceso a ellas, porque estaban guardadas en un depósito al otro lado de la ciudad. «Esto es lo que manifestaron textualmente», agregó la Sra. Viana Reyes.

Por su parte, los señores Lucas y Bazzano, al igual que los otros miembros de la Comisión auditora, declararon ante nosotros que efectivamente verificaron cuentas originales, todas las cuales fueron puestas a su disposición por la administración de Kleber. Pero agregaron que lo que no se les exhibió fue documentación sobre los pagos que por las mismas deudas podían haber efectuado las empresas integrantes del «Pool 12». Téngase presente que en las operaciones en que Kleber, por su sola decisión, colocó al BSE como «fronter» o garantía, el obligado original es la empresa o las empresas «cedentes».

Al respecto, es ilustrativo transcribir la declaración del señor Bazzano: «Por otro lado, no se nos mostraron detalles de deudas o pagos de integrantes del «Pool 12». Nos mostraron cuentas originales de los cedentes, sintetizadas en estados de cuentas corrientes computarizados confeccionados por el Grupo Kleber. Pero no accedimos a la información en cuanto a que la deuda de los integrantes del «Pool 12» no había sido paga, por lo menos parcialmente al Grupo Kleber» (...) «Las cuentas corrientes que nos reclamaban eran a marzo de 1992. Como nosotros pudimos formar todas esas reclamaciones en base a cuentas originales, en el muestreo que hicimos, y según nuestra experiencia, es difícil de entender que todas las compañías integrantes del «Pool 12» hayan dejado de pagar en el mismo trimestre» (subrayado mío).

En otras palabras, no se podía saber si el reclamante (Kleber) estaba intentando cobrar dos veces las mismas cuentas.

En el aspecto jurídico, el Dr. Guillermo Piedra Cueva, junto con el Dr. Barry Schochet (abogado americano contratado por el BSE en régimen de arrendamiento de servicios), un abogado francés recomendado por el Dr. Schochet y otro abogado francés sugerido por la firma inglesa de abogados con la que el Banco trabaja habitualmente, entendieron que la actuación de Kleber en el «Pool 12» se había ajustado al contrato celebrado con el BSE en 1976 y que no se le podía imputar abuso de derecho. Los cuatro abogados mencionados estudiaron el asunto en París, en ocasión de la estadía allí de la Comisión auditora del BSE.

Importa mucho destacar que dicha Comisión, al examinar las cuentas presentadas por Kleber, constató errores de suma por U$S 2:600.000 (!!!) y reclamo de deudas al BSE por más de U$S 2:000.000 por obligaciones ya pagadas o negociadas directamente por el Banco con los respectivos cedentes. Es decir que una presunta deuda por el famoso «Pool 12», que cuando por primera vez se planteó (en 1991) era de unos U$S 11:000.000 y se podía pagar con una quita del 60%, luego fue verbalmente estimada en U$S 24:000.000, para finalmente dejarla en U$S 18:000.000, resultaba luego abatida en unos U$S 5:000.000, por errores de la reclamante. La total falta de seriedad de los administradores de Kleber queda más que demostrada y descalifica todo su reclamo.

En relación con el «error de suma» constatado, el Sr. Damele en su declaración informó que el señor Benhamou lo aceptó cuando la Comisión auditora se disponía a regresar. Del mismo testimonio, interesa señalar la apreciación, referida a los «frontings» adjudicados por Kleber al BSE de que «en este negocio, el Banco lleva todo a perder y nada a ganar». Asimismo, lo que refiere a que en la negociación hecha con Kleber «el Banco paga por haber actuado como garantía, pero no puede reclamar reintegro de aquellos por quienes pagó en tal carácter». Es decir que el BSE no puede repetir lo pagado contra los deudores originales.

Sobre la falta de seriedad de la administración de Kleber, una declaración de la señora Celia Viana Reyes es concluyente: «Pero lo peor es que aproximadamente al año o año y medio de haber pagado alrededor de U$S 1:500.000, comenzamos a recibir, por vía prejudicial, amenazas y reclamaciones de nuestros acreedores. Quiere decir que luego de transcurrido ese tiempo, no se habían cancelado algunas deudas por parte del administrador del Grupo Kleber. Yo fui quien recibió esas denuncias y las elevé al doctor Guillermo Piedra Cueva, quien nos manifestó que eso no tenía importancia y que bastaba con que él se comunicara telefónicamente con Benhamou para que el asunto quedara aclarado, ya que en ese momento seguramente el G. Kleber pagaría a esta empresa, con lo cual el problema se solucionaría».

Finalmente, al regreso a Montevideo de la Comisión auditora, elevó un informe al Directorio reconociendo, por una parte, la viabilidad jurídica del reclamo de Kleber y por otra, la existencia de una deuda por el «Pool 12», admitiendo que se pagara a Kleber «algo más de U$S 9:000.000» (según declaración del presidente señor De Fuentes). Luego de una negociación en Montevideo con dos representantes de Kleber (uno de ellos el señor Benhamou), llevada a cabo en la Presidencia del Directorio y con participación de funcionarios de la administración del BSE, habiendo la presunta acreedora reducido su pretensión a «algo más de U$S 10:000.000, se llegó a un acuerdo de conmutación («cut off») por el que el BSE reconoció debe a Kleber U$S 9:847.955.00 y se obligó a pagarlos con U$S 1:598.855.00 al contado y 8 cuotas semestrales de U$S 968.700.00.

Cabe señalar que, en respuesta a una consulta mía, el presidente señor De Fuentes manifestó que el Grupo Kleber no le había iniciado ningún juicio al Banco.

Conclusiones: aun cuando el actual Directorio -como el anterior- no tuvo responsabilidad alguna en el contrato que dio origen a los reclamos de Kleber, y aceptando como conveniente, en principio, el criterio de procurar acuerdos de conmutación con los acreedores del BSE para el pago de las deudas del organismo, estimo de todo punto de vista inconveniente para los intereses de la Institución, el acuerdo celebrado en relación con los presuntos adeudos por la participación en el llamado «Pool 12», ante la total falta de seriedad de la administración de la empresa reclamante, la forma inconsulta en que el BSE fue obligado en las comentadas operaciones de «fronting» y la imposibilidad de determinar con precisión si las mismas deudas no se la estaban cobrando -o pretendiendo cobrar- a más de un participante en el referido pool.

En tal sentido, la defensa de los intereses del Banco debió determinar a que se aguardara la promoción de un juicio por parte de Kleber, obligándola de este modo a precisar el monto exacto de su reclamo, a acreditar la existencia de las deudas con toda la documentación correspondiente y a fundamentar plenamente su derecho. Recién entonces hubiera sido pertinente encarar un acuerdo extrajudicial de ser necesario.

Estimo que la importancia del asunto, debe llevar al Senado a plantear al Poder Ejecutivo, la pertinencia de observar estas actuaciones del Directorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Constitución de la República.

2) Sustitución del director de Sistemas del Banco

De todas las actuaciones cumplidas por esta Comisión con respecto a esta denuncia parece claro que el traslado del director del Departamento de Sistemas don Washington Nicolazzi y la Gerencia del Departamento de Comercialización, fue el resultado de su negativa a entregar al vicepresidente don Washington R. Alfonso el listado de clientes del Banco, ante el solo pedido verbal de un secretario. La circunstancia de que el traslado hubiera sido resuelto en comisión general por el Directorio, sin asesoramiento previo de la Gerencia General, lo corrobora.

Naturalmente que el Directorio está facultado para disponer el traslado y que sus miembros tienen derecho a solicitar de las dependencias del organismo toda la información que necesiten para cumplir sus cometidos.

Sin perjuicio de ello, debo señalar mi molestia por la información errónea proporcionada por el Directorio a la Comisión Investigadora, cuando a través del vicepresidente señor Alfonso se afirmó enfáticamente que el señor Nicolazzi había sido ascendido. La Comisión comprobó posteriormente, que a dicho funcionario se le había trasladado a un cargo de similar jerarquía y remuneración al que ocupaba.

Entiendo que el Senado debe expresar su molestia por ésta y otras informaciones brindadas por el Directorio que no se ajustaron a la realidad.

3) Operación con la reaseguradora norteamericana Mission Insurance

Las deudas reclamadas por esta empresa tenían relación con las operaciones del Grupo Kleber, por lo que a su respecto valen las apreciaciones formuladas en el primer capítulo de este informe.

Pero lo que aparece como inadmisible en relación con esta negociación, es que el Directorio haya aceptado que el administrador de Kleber, señor Stephane Benhamou, actuase como intermediario en la misma.

En efecto, según documento de fecha 17 de marzo de 1992 de la Gerencia General del BSE, se libró un instructivo «de actuación del señor Stephane Benhamou para actuar en la negociación referida a la cancelación de las deudas del Banco de Seguros del Estado con el Grupo Mission Insurance de California».

Aun cuando esta actuación no generare honorarios -aunque sí gastos, de cargo del BSE- parece contrario a los intereses del organismo que en tal negociación interviniese el representante de uno de sus principales acreedores, cuando por otra parte, la gestión pudo ser cumplida perfectamente por sus funcionarios o por el abogado norteamericano contratado (de hecho) en forma permanente con un sueldo u honorario absolutamente exagerado.

Estimo que el Poder Ejecutivo debiera observar al Directorio por este asunto.

4) Asunto referido al marcado de vehículos. Contrato con «Resinbal S.A.»

La Comisión Investigadora no pudo disponer de todo el expediente relativo a la licitación pública referida a la contratación de una empresa para que efectuara el marcado de cristales y otras partes de los vehículos asegurados, procedimiento determinado en acuerdo con el Ministerio del Interior con el propósito de evitar o disminuir el hurto y desaparición de los mismos.

Esa circunstancia fue determinada por el hecho de que dicho expediente fue «robado» del Banco, según manifestó ante la Comisión el Directorio por intermedio del vicepresidente señor Alfonso (recuérdese que en su denuncia, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay -AEBU- había indicado que tal expediente se había extraviado).

De todos modos, ha quedado claro que antes de llamar a licitación el Banco no efectuó una estimación del costo de la operación de mercado a realizar por un tercero, lo que ameritó a que excluida la empresa que ofreció un precio significativamente menor por haber modificado parcialmente su oferta luego de abiertas todas ellas, le adjudicara a la segunda más conveniente (Resinbal S.A.), que ofertó un precio que estimo excesivo.

El precio que el Banco ha pagado a esta empresa por cada auto marcado -aproximadamente U$S 30.00- aparece como excesivo, atendiendo no sólo a la mejor oferta desechada por la razón preindicada, sino además a la simple estimación del costo de la operación, realizada sobre decenas de miles de vehículos. Se trata, por parte de la empresa contratada, de aportar un local (tipo garage) apropiado, un comprensor y una pistola para efectuar el marcado y un personal mínimo.

Por esta vía, el Banco le ha otorgado a una empresa privada una ganancia exhorbitante, de varios millones de dólares, por un trabajo que pudo realizar directamente el propio organismo; o un tercero a un costo muy inferior.

Tan es así que se ha informado a la Comisión que en un nuevo llamado a licitación efectuado recientemente, la mejor oferta plantea realizar el mismo trabajo por un precio sensiblemente inferior al que se ha estado pagando a Resinbal S.A.

Asimismo resulta intolerable la pasiva negligencia del Directorio al conocer que el expediente de la licitación había sido robado. Al recibir la Comisión esta información, pregunté al señor vicepresidente Alfonso lo siguiente: cuándo ocurrió el robo; de qué oficina o repartición fue sustraído el mismo; qué actuaciones o denuncias policiales dispuso el Directorio para esclarecer el hecho. La respuesta del señor vicepresidente, aclaratoria de que ninguna denuncia o investigación se había efectuado, la transcribo textualmente, porque me resultó sorprendente: ‘Tuve conocimiento de la desaparición del expediente por un comentario que en ese sentido me hizo el señor Gerente general, parece una broma que en el Banco de Seguros del Estado suceda lo que voy a manifestar a continuación. Al señor Gerente general no solamente le faltó el expediente citado, sino que también le sustrajeron un calefón; al señor presidente anterior le hurtaron un equipo de radio y a quien habla le quitaron el mate, la bombilla y la yerba. Son cosas que suceden, señor presidente, aunque es mucho más importante la falta del expediente».

Luego agregó el señor Alfonso: «Todo el país conocía el hecho aunque, de cualquier manera, no habría inconveniente en averiguar cuándo, cómo y dónde se produjo la desaparición».

Por mi parte afirmo que estimo un acto de negligencia que el Directorio no haya efectuado denuncia policial del hurto de este expediente y dispuesto una amplia investigación administrativa; y agrego que no parece serio que se compare el hurto de un calefón, una radio y el mate y la yerba del señor Alfonso -objetos que obviamente se hurtaron para provecho personal- con el de un expediente relativo a un asunto que notoriamente ha dado mérito a que se plantearan en la opinión pública diversas suspicacias, y que sólo pudo ser hurtado con fines de ocultamiento.

En esa oportunidad -3 de junio de 1994- pedí al Directorio que se investigase el hecho y de aparecer el expediente se le pusiese a disposición de la Comisión. Pese a que se prometió hacerlo, a casi dos meses todavía estamos esperando alguna información sobre el robo de este expediente.

Conclusiones: entiendo que el Senado debe recomendar al Poder Ejecutivo que observe al Directorio por las irregularidades señaladas en este capítulo del presente informe.

5) Cancelación de un siniestro de automóviles

El pago de la indemnización a la parte asegurada, en este asunto, se efectuó de conformidad a lo dictaminado, por unanimidad, por la Sala de Abogados del BSE. Por tanto, no se advierte irregularidad alguna de estas actuaciones.

6) Procedimiento de designación de una Auditoría Interna

En abril de 1991 el Directorio del BSE aprobó un informe elaborado por una Comisión especial por el que se recomendaba la creación de una Auditoría Interna, asunto sobre el cual se venía trabajando en el organismo desde 1985. Posteriormente dispuso llamar a concurso interno para la provisión de varios cargos, tratándose de concurso de méritos y oposición para algunos de ellos y exclusivamente de méritos para los cargos de auditor interno y auditor adjunto (al cargo de auditor, que fuera creado al decidirse la creación de la Auditoría Interna, se le adjudicó una jerarquía similar a la de sub-gerente general del Banco).

El 29 de julio de 1992, a propuesta del director señor Alfonso, el Directorio resolvió -por unanimidad- en base a la evaluación de los méritos, designar auditor al Cr. Julián Alonso y auditor adjunto al Cr. Héctor Mato, quienes venían actuando en la Unidad Evaluadora de Situación y asesora de Proyectos, existentes en el Banco con antelación a la creación de la Auditoría Interna.

Cabe destacar que el Cr. Julián Alonso había ingresado al BSE en setiembre de 1991, en régimen de redistribución y con cargo de sub-jefe.

Sin desmerecer las calificaciones técnicas y personales del Cr. Alonso, no puede ignorarse el hecho de que en sólo 10 meses dentro del Banco realizó una carrera tan exitosa que pasó de un cargo de sub-jefe a otro equivalente a sub-gerente general.

Pero lo que resulta más objetable es la actuación del director señor Alfonso en este asunto.

En 1990, cuando el Poder Ejecutivo solicitó al Senado la venia correspondiente para designar a este ciudadano en el Directorio del BSE, en el currículum que se acompañó -y que como es notorio para todas estas venias, son redactados por los propios interesados- se expresó textualmente: «Desde 1978 integrante del Estudio Contable contadores Alonso y Gianelli, Función actual: analista programador, Asesoría de Organización y Métodos». Esto significa que, conforme a la información proporcionada al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, para un acto tan trascendente como es la designación para un cargo de miembro del Directorio de un Banco del Estado, por lo menos hasta ese momento el señor Washington Alfonso era integrante del Estudio Contable del Sr. Julián Alonso, en el que cumplía las funciones indicadas.

Sin embargo, en su declaración ante la Comisión Investigadora el 30 de mayo de 1994, el señor vicepresidente Alfonso relativizó su relación con el mencionado Estudio Contable, en los siguientes términos: «En lo que tiene que ver con mi vinculación con el Cr. Alonso... quiero decir que el Estudio se llama Alonso y Gianelli. Además, nunca fue socio del Cr. Alonso. En el supuesto caso de que lo hubiera sido, alguien debe haber visto el contrato social y nadie dijo que lo vio para afirmar que yo era socio del Cr. Alonso».

«...Mi relación con el Cr. Alonso data de hace aproximadamente diez años y mi vinculación con el Estudio fue un pedido personal que me hizo, como amigo, para que yo le preparara algunos programas para transformar sus equipos de computación NCR 32, de registro directo, para otros más modernos. Entonces, dado que conozco sobre el tema de informática, me solicitó que preparara algunos programas para atender a su clientela. Muchos de estos programas los realicé en mi casa y la gratuidad del trabajo corre por cuenta de mi tontería y no de la tacañería del Cr. Alonso. La otra tarea que allí realicé fue el mantenimiento de esa programación, teniendo en cuenta algunos cambios que se produjeron en función del avance tecnológico.

En razón de un aumento de mi trabajo en el Banco de Seguros del Estado, me desvinculé del Estudio a principios de este año».

Parece indudable que existe una importante contradicción entre lo que se expresa en el currículum que acompañó la solicitud de venia del Poder Ejecutivo y lo declarado ante nuestra Comisión. Una cosa es la «integración» al referido Estudio, con una función específica, desde 1978 y otra diferente es la vinculación amistosa, desde 1984, para realizar determinados trabajos en forma honoraria. A este respecto, resulta evidente que en una o otra oportunidad, no se informó al Senado de toda la verdad. Lo que es muy grave.

Más allá de que se ignore que es corriente, en nuestro país, que las sociedades formadas entre profesionales universitarios, no revistan la solemnidad del contrato escrito y menos aún de la inscripción en el Registro Público de Comercio, y cualquiera haya sido la vinculación del señor Alfonso con el citado Estudio y particularmente con el Cr. Julián Alonso, me resulta incuestionable que al proponer en el Directorio la designación de este profesional para el cargo de auditor -con el relevante ascenso que implicaba- el señor vicepresidente del Banco quedó en situación de implicancia.

Conclusiones: estimo que a este respecto el Senado debe recomendar al Poder Ejecutivo aplicar la disposición del artículo 197 de la Constitución al vicepresidente del BSE don Washington Alfonso.

7) Contrato con Argengroup de la República Argentina

En 1992, el Directorio del BSE, resolvió contratar con la empresa Argengroup (o Argenhall) de Argentina, vinculada a la empresa «Leslie and Goreland» de Inglaterra, un seguro a reaseguro de una póliza complementaria a la de automóviles -y obligatoria- para cubrir los riesgos de muertes o lesiones de ocupantes de vehículos asegurados.

Anteriormente, el Banco ofrecía a sus clientes una póliza opcional, no obligatoria, que según se informó no tuvo mayor acogida entre sus clientes.

Conforme al contrato con Argengroup, el Banco tomó a su cargo todo el trámite de este seguro (incluyendo las operaciones relativas a la constatación de los siniestros y el pago de las indemnizaciones), por una comisión del 10% -actualmente 15%- de la prima, que es de U$S 15.00, por lo menos. Argengroup a su vez toma a su cargo el pago de la totalidad de las indemnizaciones, percibiendo el 90% (ahora el 85%) de dicha prima. El Banco incluye obligatoriamente este adicional en los seguros de automóviles, sin consulta previa a los asegurados.

Este contrato fue ofrecido directamente al Directorio por la empresa aludida y la decisión de aceptarlo se adoptó sin opinión favorable de los servicios técnicos del organismo. El adicional se incluyó en las pólizas de automóviles a partir del 1º de setiembre de 1992.

Según informe de la Actuaría el BSE de fecha 19 de noviembre de 1993, el monto abonado a Argengroup fue de U$S 2:206.421,00, mientras que dicha firma sólo debió pagar por siniestros U$S 181.679,00. De modo que esta empresa viene realizando un negocio brillante, asegurado además por la decisión del Directorio de hacer obligatorio el adicional en las pólizas por seguros de automóviles.

A este respecto, el Directorio, por intermedio de su presidente don José Enrique De Fuentes, informó a nuestra Comisión:

a) Que este seguro resultaba más barato que el adicional ofrecido antes por el BSE, teniendo en cuenta que por cada persona ocupante de un automóvil asegurado que fallezca o quede totalmente imposibilitada en un siniestro, se percibe una indemnización de U$S 10.000.00.

b) Que «este seguro nunca fue bien visto por el personal del Banco por lo que se resolvió por su cuenta que no se informara a la gente de la existencia de este seguro»; razón por la que los asegurados no lo conocen y no reclaman la indemnización a que tiene derecho con el resultado de que se haya producido «una absurda poca cantidad de reclamaciones».

c) «Que se ha producido una suerte de confabulación secreta (entre funcionarios del Banco y corredores) para que la compañía inglesa se lleve prácticamente U$S 2:000.000 de este país, a costa del dolor y las lesiones de los uruguayos».

d) Que Argengroup ofertó y tomó este negocio porque desconocía el alto índice de siniestralidad de la plaza uruguaya, muy superior al europeo.

Por mi parte digo que tales informaciones y afirmaciones no se ajustan a la realidad; y paso a demostrarlo:

a) Que conforme a las «Condiciones Generales» de este adicional «automático» -que el Directorio recién aprobó el 31 de agosto de 1993, un año después de entrar en vigencia- del que obtuve un ejemplar que aporté a la Comisión Investigadora, la indemnización total que se paga en caso de muerte de varias personas en un mismo siniestro es de U$S 10.000.00. De modo que no se trata de una indemnización de U$S 10.000.00 por cada persona fallecida.

Esta diferencia es la que determina que este seguro adicional obligatorio resulte tanto o más caro que el implementado por el Banco directamente, en tanto en éste el capital asegurado era de U$S 10.768,80 por persona, con un máximo por siniestro de U$S 32.306,40.

b) El personal del Banco informó a los corredores de este adicional inmediatamente de aprobado. Exhibí ante la Comisión Investigadora fotocopias de los Avisos de Vencimiento de Pólizas de Automóviles emitidas en el año 1992 por el Departamento de Automóviles y Responsabilidad Civil, correspondientes a los señores José de Fuentes Bonilla (uno por un automóvil Toyota y otro por un Chevrolet), Carlos A. Bouzas y Carlos A. Cassina, todos los cuales lucen claramente la siguiente información: «Ahora, en su póliza de automóviles, seguro de accidentes personales automático, cubre los riesgos de muerte, invalidez permanente y gastos médicos. Infórmese».

Nada autoriza a sostener que los corredores, a su vez, no informaron a sus clientes de este adicional «automático». Es más, en el mencionado Aviso de Vencimiento correspondiente al señor de Fuentes, luce la firma del interesado al pie.

c) Parece increíble que una empresa como «Argengroup», vinculada a una importante aseguradora inglesa, desconociese la siniestralidad de la plaza uruguaya al ofertar al Directorio este negocio. Tan no puede ser así, que demostré ante la Comisión Investigadora que la empresa uruguaya «Roubrokers S.A.», con domicilio en Montevideo en Avda. 18 de julio 878, apartamento 104 (teléfono 917783) es integrante de «Argengroup S.A.».

d) Por otra parte, la obligación de informar a los asegurados del Banco de la existencia de este nuevo adicional -que además es obligatorio o «automático»- como se le califica en las Condiciones Generales, es del Directorio, realizando la publicidad necesaria, la que hasta el día de hoy no se ha efectuado.

En relación con este asunto, debo agregar:

A) Pese a que el contrato con «Argengroup» se califica como un «reaseguro» -en cuyo caso el Banco de Seguros del Estado es el asegurador- técnicamente se trata de un seguro, en el que el Banco actúa como intermediario por una pequeña comisión. De otro modo, no tendría sentido que se «reasegurase» el total del capital asegurado máxime cuando las indemnizaciones tienen un monto fijo predeterminado -y que la empresa «reaseguradora» perciba íntegramente la prima correspondiente- con la sola deducción de la referida comisión.

B) La obligatoriedad de este adicional, o su «automaticidad», me parece de todo punto de vista ilegal. Si bien es cierto que el seguro de automóviles a que accede no es obligatorio, el asegurado no tiene la opción de contratar el adicional, en tanto éste le viene impuesto necesariamente.

Téngase presente que en esta Legislatura en más de una oportunidad se ha estudiado -y hasta llegó a sancionarse por una Cámara- el establecimiento de normas legales que volvieran obligatorio el seguro que cubriera el riesgo de muertes o lesiones personales a consecuencia de accidentes de automóviles: lo que demuestra que se ha entendido unánimemente que la obligatoriedad de tal seguro, como de cualquier otro, sólo puede ser determinada por la ley. Nunca por el Directorio del Banco de Seguros.

Pero lo que estimo más irregular en relación con este adicional contratado con Argengroup ocurrió posteriormente.

En la sesión del Directorio del día 10 de marzo de 1993, el entonces vicepresidente doctor Ernesto Lorenzo, al tratarse las Condiciones Generales de este contrato, solicitó una detallada información -en 9 numerales- acerca de la legalidad y conveniencia del mismo.

El tema vuelve a ser planteado por el vicepresidente doctor Lorenzo en la sesión del 31 de agosto de 1993, expresando entre otros conceptos:

«En este caso no estamos frente a un reaseguro típico, pues sería un seguro directo contratado en el extranjero y por lo tanto nulo» (subrayado mío). «Obsérvese que aquí el Banco cede el 100% de la prima y sólo reserva un 10% en carácter de comisión. A nuestro modesto entender estaríamos ante un seguro conceptualizado como directo, cuya contratación se realizaría en el extranjero para surtir efecto en nuestro país, lo que entraría en contradicción con el ordenamiento jurídico imperativo, provocando desde nuestro punto de vista la nulidad».

Luego de una deliberación con participación de varios miembros del Directorio -en la que el director doctor Arsenio Bargo apoyó la posición del doctor Lorenzo- éste leyó un informe del Departamento de Auditoría que sostenía «que la contratación de este seguro era innecesaria» y terminó expresando: «entiende que si el banco obtiene un aumento del cincuenta por ciento en el negocio con cero riesgo retira su moción (para que el BSE asumiera directamente este seguro), pero sin perjuicio, de que mientras tanto se estudie la viabilidad de realizar este negocio en forma íntegra por nuestro Instituto. En tal sentido se siente satisfecho de haber llegado esta solución en busca de lo mejor para nuestro organismo».

Seguidamente, el acta de esa sesión registra la resolución siguiente: «1º) Aprobar las Condiciones Generales del contrato; 2º) Proponer al reasegurador incrementar la comisión del Banco de este negocio, en un cincuenta por ciento».

En la sesión siguiente del Directorio (1º de setiembre de 1993), el vicepresidente doctor Ernesto Lorenzo vuelve a plantear el tema y «agrega que la resolución del Directorio del día de ayer, contradice su pensamiento y todo lo que estudió e instrumentó durante meses. De acuerdo con su exposición, esta resolución del Directorio no se ajusta a lo manifestado y querido por él, por lo que si esa fue la intención no la entendió así. Por tal motivo retiró su moción, pues de lo contrario de haber entendido que ésta era la mencionada resolución, hubiera mantenido su postura inicial (de clausurar el negocio con Argengroup o Argenhall para que el Banco realizara directamente este seguro). En tal sentido replantea el tema y mantiene su posición».

Seguidamente el Acta de la sesión registra lo siguiente:

«Ingresa a sala el presidente señor José Enrique de Fuentes».

«El presidente señor José Enrique de Fuentes confirma que esa fue la resolución del Directorio en acuerdo con el director señor Washington Alfonso y la Administración, así como con la Secretaría Letrada. Además ya se le comunicó a Argenhall lo resuelto en el día de ayer». (Lo destacado es mío).

«El vicepresidente doctor Ernesto Lorenzo y el director doctor Arsenio Bargo votan en contra».

De estas actuaciones del Directorio, resulta una muy grave irregularidad: el vicepresidente doctor Lorenzo, como alternativa a su propuesta original de cancelar el contrato con Argenhall (o Argengroup) mocionó para que el Banco llevara su participación en este negocio al 50% -o si se quiere, aumentar la comisión del 10% al 50% de la prima- y luego se entera que aparece como resolución del Directorio -obviamente no adoptada ni dictada en su presencia ni en sesión- la sola elevación de la comisión en 50%, llevándola del 10% al 15%. Y, además, que tal decisión fue adoptada por el director señor Washington Alfonso, aparentemente en acuerdo con el presidente señor De Fuentes; y que, para colmo, tal resolución se comunicó a Argengroup inmediatamente.

Me ahorro los comentarios sobre estas actuaciones, por respeto a la inteligencia de los señores senadores.

Conclusiones: entiendo que el Senado debe recomendar al Poder Ejecutivo la aplicación, en relación con este asunto, de las disposiciones del artículo 197 de la Constitución, con especial referencia a la actuación de los señores presidente y vicepresidente del Directorio, don José Enrique de Fuentes y don Washington Alfonso.

8) Contrato con la empresa SATI, referido a partes de choques

Conforme a la información recibida por la Comisión Investigadora, el Directorio, a propuesta de su presidente don José Enrique de Fuentes, dispuso la contratación directa -a prueba- de la empresa «SATI», con el cometido de establecer un nuevo procedimiento para la denuncia de los accidentes de automóviles asegurados y la verificación inmediata de los daños o desperfectos producidos en cada caso, así como la más exacta tasación del importe de las reparaciones.

Se procuró así evitar el perjuicio que para el Banco puede resultar de la sobreestimación de los costos de reparación.

Según se ha informado, la experiencia ha resultado positiva.

En la medida que la empresa referida fue contratada para realizar un trabajo «a prueba» y que para la aplicación definitiva de este nuevo procedimiento se ha llamado a licitación pública -de acuerdo a lo informado por el Directorio a esta Comisión- entiendo que no corresponde plantear observaciones en relación con este asunto.

9) Pagos efectuados a la firma ingles Stetzel y Thomsom

La información que pudo obtener la Comisión en relación con esta denuncia, tanto de parte de la institución que la efectuó originalmente, como del Directorio, no autoriza a formular reservas u objeciones a lo actuado a este respecto.

10) Contratación de abogado norteamericano doctor Loewenthal

Este asunto no fue planteado en la denuncia original, habiendo sido introducido por mí en la investigación, a partir de informaciones que obtuve oportunamente.

El doctor Loewenthal es un abogado norteamericano -experto en seguros y reaseguros (corredor de «Run off»)- que ofreció sus servicios al Directorio para negociar la conmutación de deudas que el BSE tenía con empresas de su país.

Su contratación fue recomendada por el doctor Barry Schochet, que es el abogado norteamericano contratado por el Directorio en régimen de arrendamiento de servicios, asunto al que referiré más adelante.

Según el testimonio de la funcionaria señora Celia Viana Reyes -que tiene completo conocimiento de varios idiomas- la Gerencia le encomendó la traducción del extenso currículum presentado por el doctor Loewenthal, del que resultaba su dominio amplio de los temas de seguros y reaseguros. Agregó la señora Viana Reyes que «el doctor Schochet solicitó su contratación, argumentando que necesitaba a alguien que lo asesorara puntualmente sobre este tema».

El Directorio contrató a este profesional para encargarse de las gestiones en relación con las deudas con las empresas «Delta Re» y «Republik», en las condiciones que ante la Comisión explicó el presidente señor De Fuentes: «De la rebaja que se obtuviera, el 10% era una especie de deducible, el cual iba íntegramente para el Banco. por lo que se diera de diferencia del 10%, el señor Loewenthal cobraba un 30% como único honorario. Es decir, si no conseguía rebaja, no cobraba nada. La participación fue del 30% del beneficio que excediera el 10% que el Banco tenía para sí».

El doctor Loewenthal obtuvo una quita en el monto de las deudas reclamadas por las dos empresas, en un «negocio extrajudicial», y por esa gestión el Banco le pagó U$S 1:600.000,00.

Entiendo absolutamente innecesaria la contratación de este profesional, porque se trataba de cuentas ya conciliadas por el Banco y la negociación a realizar para obtener rebajas o quitas mediante el pago directo, evitando la vía judicial, podía ser efectuado -sin costo para el organismo- por sus propios funcionarios, como ha ocurrido en situaciones similares. Por consiguiente, el pago al doctor Loewenthal de tan abultado honorario, resulta también injustificado.

Al respecto son significativas las declaraciones de la señora Celia Viana Reyes: «El trabajo a realizar por Loewenthal era innecesario, porque ya estaba realizado por los servicios del Banco: esto es, la contabilización, la conciliación y las conexiones con los acreedores». «El señor Loewenthal presentó el resultado de su negociación y es exactamente igual al que teníamos hace tres años presentado por el sub-gerente general -Gerente de Reaseguros en ese momento- señor Washington Pérez Iglesias».

Conclusiones: estimo que el Senado debe recomendar al Poder Ejecutivo observar al Directorio por la muy inconveniente gestión cumplida en este asunto.

11) Contratación de Personal.

Sin perjuicio de que la denuncia de AEBU, en relación con la política del actual Directorio en materia de incorporación de personal, tiene un alcance mucho más amplio, en el presente informe estimo conveniente centrar las observaciones en dos contrataciones:

A) Contratación del ingeniero Harry Pírez.

En sesión del Directorio de fecha 10 de marzo de 1993, a propuesta del presidente señor De Fuentes se dispuso realizar un contrato de «arrendamiento de obra» con el ingeniero Harry Pírez, en vista del «alarmante aumento constatado en el costo-promedio de cada siniestro que afecta a la cartera de automóviles», lo que hacía necesario «efectuar una correcta evaluación» de los rubros que integran toda indemnización abonada como consecuencia de accidentes de tránsito, «de manera tal que posibilite discriminar en cuál o cuáles de tales rubros se producen con mayor intensidad las variaciones que en definitiva son determinantes del aumento del costo-promedio.

Se consideró en la oportunidad que tal tarea no podía ser cumplida por el Departamento de Sistemas del Banco, por lo que se contrató al mencionado profesional en régimen de arrendamiento de obra, por un plazo de seis meses y un precio total de nuevos pesos 39:627.600,00 pagadero en cuotas mensuales ajustables según costo de vida y «nivel salarial».

Este contrato fue observado por el Tribunal de Cuentas, lo que determinó al Directorio a realizar los pagos al ingeniero Pírez «a cuenta del contrato» a regularizarse, habiéndosele pagado -según información recibida por la Comisión- U$S 30.850,00 y nuevos pesos 80.000,00.

Conclusiones: estimo que se trata de una contratación innecesaria y no arreglada a derecho, por lo que el Directorio debe ser observado.

B) Contratación del abogado norteamericano doctor Barry Schochet.

Durante la actual administración, el Directorio dispuso celebrar un contrato de «arrendamiento de servicios» con un abogado norteamericano, el doctor Kenneth Barry Schochet, para encomendarle la gestión de asuntos del BSE en Estados Unidos y Europa, con un honorario mensual de U$S 20.000,00 (líquidos), más los gastos en que incurra (incluyendo viajes, estadías, etc.).

El contrato se celebró originalmente por un plazo de un año, renovable por año, de modo que está vigente en la actualidad y conforme a la última renovación, llega hasta 1995.

El doctor Schochet cobra sus honorarios en Montevideo, cada tres meses, a cuyos efectos viaja a nuestro país para percibir U$S 60.000,00, siendo de cargo del Banco los gastos de su traslado y estadía en nuestro país. La circunstancia de que siempre cobre sus honorarios en Montevideo podría explicarse -es mi conjetura- para evitar que en su país se los graven con el Impuesto a la Renta; de lo que resulta que tales honorarios equivalen a unos U$S 40.000,00 pagados en Estados Unidos.

La contratación del doctor Schochet, el exagerado monto de sus honorarios, el carácter (de hecho) permanente de su gestión y la circunstancia de que siempre cobre sus honorarios en Montevideo -a costo del BSE- resulta tan injustificada que se ha prestado a que se plantearan suspicacias.

Sobre la vinculación del doctor Schochet al BSE el señor Javier Martincorena (ex Gerente del Departamento de Reaseguros) informó a la Comisión: «En oportunidad de realizarse en Punta del Este una reunión de Mercoseguros, en un encuentro de carácter social, el presidente del Banco señor Grenno y el doctor Daniel Cambón me presentan al doctor Barry Schochet y me piden que lo atienda ya que no hablaba nada de español. Hablamos durante toda la noche. Aclaro que no sabía que posteriormente podía ser contratado. Cuando le pregunto acerca de cuál es su actividad me responde que es «lobbista» en el Senado de los Estados Unidos. Se trata de una persona que ni siquiera tiene conocimientos mínimos sobre seguros y, mucho menos, sobre reaseguros».

Acerca de este abogado americano, la señora Celia Viana Reyes informó a la Comisión que su vinculación con el Banco se dio a través de la Presidencia, precisando que «esta persona apareció por primera vez en el Primer Congreso de Mercoseguros, realizado en Punta del Este». Agregó: «Personalmente me tocó traducir el currículum del doctor Schochet, el cual me fue enviado para que lo tradujera en forma urgente, a fin de poder introducirlo en la sesión del Directorio».

De ese currículum resultaba la total ignorancia del doctor Schochet en materia de seguros y reaseguros, resaltándose su vinculación con miembros del Senado de los Estados Unidos pertenecientes al Partido Demócrata.

La contratación de este profesional, a pesar del monto exhorbitante de sus honorarios mensuales, no supuso que el Banco pudiera prescindir de las firmas de abogados con las que habitualmente trabaja, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así lo corroboran varios funcionarios y ex funcionarios del organismo, vinculados al Departamento de Reaseguros, que declararon ante la Comisión.

Tan innecesaria y onerosa ha estado resultando esta contratación que, como ya hemos visto, cuando el Banco envió una Comisión auditora a París para verificar las reclamaciones del Grupo Kleber por el «Pool 12», la que estaba integrada por un asesor letrado del organismo, si bien el doctor Schochet viajó a la capital francesa -a costa del BSE- para estudiar la pertinencia jurídica de ese reclamo, recomendó contratar un abogado francés de su confianza -que fue contratado también a costa del Banco- y debió consultarse a otro abogado francés recomendado por la firma de abogados ingleses que normalmente trabaja para nuestro Banco.

Y si con ello no bastara, recuérdese que el doctor Schochet ni siquiera pudo hacerse cargo exclusivamente de la negociación con las empresas «Delta Re» y «Republik», la que fue encomendada al doctor Loewenthal -recomendada por él- a un costo para el Banco de U$S 1:600.000,00.

Conclusiones: corresponde observar al Directorio por esta contratación.

12) Actuaciones del doctor Fernando Gómez Fyns.

Aunque no hacía al objeto de la investigación encomendada, la Comisión tuvo conocimiento fehaciente, sin proponérselo, de que en las gestiones del Grupo Kleber para el cobro de las deudas reclamadas al BSE, intervino el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores doctor Fernando Gómez Fyns, en la época que desempeñaba el cargo de embajador de la República en Yugoslavia.

Conforme a la información enviada a la Comisión Investigadora por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a nuestra solicitud, el doctor Gómez Fyns fue designado embajador de la República en la República de Yugoslavia por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 28 de abril de 1987 y desempeñó ese cargo hasta el 30 de agosto de 1992, fecha a partir de la que fue adscripto a la Cancillería. Por resolución del 11 de diciembre de 1990 se le designó embajador concurrente en la República de Albania.

El 23 de abril de 1990 se celebra un contrato de «Cesión de Derechos» entre el Grupo Kleber, como acreedor del Banco de Seguros del Estado -representado por el señor Stephane Benhamou- y el doctor Gómez Fyns, por el cual el citado Grupo cede al señor Gómez Fyns (entonces embajador de Yugoslavia) sus derechos por sus pretendidos créditos contra el Banco, facultándolo para las gestiones consiguientes. La Comisión tiene fotocopia de dicho contrato.

En el año 1991, cuando viajaron a París para negociar con Kleber el saldo de la deuda por el «Pool 11» el presidente don Julio Grenno y el sub-gerente general don Wilson Itté, en las reuniones con los representantes del Grupo participó, invitado por el señor Benhamou, el doctor Gómez Fyns.

Al respecto declaró el señor Itté: «El señor Fernando Gómez Fyns me fue presentado en las reuniones que tuvieron lugar en París, en febrero de 1991». «Reitero que en esa ocasión me presentaron al doctor Gómez Fyns, que era embajador de Uruguay en Yugoslavia y Albania». «Antes de viajar a Francia habíamos recibido una carta firmada por el señor Benhamou en la que solicitaba al Banco que el 10% de los créditos que tuviera el Grupo Kleber a cobrar de la Institución quedaran automáticamente cedidos al doctor Gómez Fyns. De modo que cuando me lo presentaron, supuse que iba a actuar en la negociación en calidad de asesor del Grupo Kleber». «Después de volver de Francia el señor Gómez Fyns envió una nota con su firma, según la que renunciaba a la cesión de derechos del 10% de los créditos que el Grupo Kleber tuviera con el Banco».

En su testimonio ante la Comisión, el señor Stephane Benhamou expresó que en 1981, el doctor Gómez Fyns era el abogado del presidente del Grupo Kleber; y en cuanto a su presencia en las reuniones en París con los señores Grenno e itté, manifestó: «Le pregunté al doctor Gómez Fyns -que estaba en París por motivos personales- si estaba dispuesto a concurrir a esta reunión como mi traductor». Agregó que recordaba de esa reunión una gran discusión entre Gómez Fyns e Itté. (Lo destacado es mío).

Preguntado el señor Benhamou por el señor senador Bouzas si en oportunidad que cobró en el Banco de la República un cheque del Banco de Seguros estuvo acompañado por los doctores Gómez Fyns y Daniel Cambón, luego de responder que recordaba haber estado acompañado por su traductor, agregó: «posiblemente estuviera acompañado por alguien más...».

Por su parte el ex Gerente don Javier Martincorena informó a la Comisión que en el trámite para el cobro de un cheque por U$S 300.000,00 -que obligó a certificar la firma por el Banco de Seguros- el señor Benhamou estuvo acompañado por el doctor Gómez Fyns.

Conclusiones: estimo que el Senado debe poner en conocimiento del Poder Ejecutivo estas actuaciones relativas al embajador doctor Fernando Gómez Fyns, a sus efectos.

Al finalizar este informe considero oportuno señalar que la Comisión Investigadora trabajó intensamente en el breve término acordado -incluida su prórroga- realizando en total veintiuna sesiones. Al examinar ahora toda estas actuaciones, aprecio que quizás la investigación pudo haberse profundizado, pero comparto el criterio de los restantes miembros en cuanto a la necesidad de culminar nuestros trabajos en el menor tiempo posible, por la naturaleza de los temas examinados.

No puedo cerrar este informe sin destacar la actuación cumplida en este asunto por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), que con alto sentido de responsabilidad cívica puso en conocimiento del Senado los hechos, y durante el transcurso de nuestra investigación observó una conducta prudente y reservada, que facilitó nuestro trabajo.

Quedo a las órdenes de los señores senadores para las aclaraciones o ampliaciones que consideren necesarias o útiles.

Sala de la Comisión, 19 de julio de 1994.

Carlos Alberto Cassina (Miembro Informante). Senador.

INFORME EN MINORIA

Al Senado:

He votado en contra del informe mayoritario de la Comisión Investigadora sobre denuncias por presuntas irregularidades en el Banco de Seguros del Estado.

Considero -por todo el análisis y desarrollo que hago en el trabajo adjunto- que hay serias irregularidades en algunos de los asuntos denunciados por los señores senadores Batalla, Korzeniak, Ricaldoni y Santoro.

Considero asimismo que, más allá de notorias inobservancias a normas elementales en la administración del Departamento de Reaseguros del Banco, queda todavía un largo trecho de negociaciones, juicios y arbitrajes referidos a reclamaciones en trámite y futuras, que comprometerán en una cifra muy importante las ulteriores disponibilidades de divisas internacionales del país.

Como es obvio, los instrumentos de que dispone una Comisión Investigadora Parlamentaria son mucho más rudimentarios y limitados que los de una investigación policial o judicial. Ellos se limitan a recibir opiniones vertidas libremente por personas que concurren voluntariamente y que no están obligadas a decir la verdad, más algunos datos o documentos a los que se accede por informaciones solicitadas por la Comisión o aportadas por terceros interesados en el asunto.

Opino, por esas mismas limitaciones, que a las conclusiones que arribe una Comisión Investigadora Parlamentaria, no se le puede exigir la misma rigurosidad que requiere una investigación judicial.

Nuestro análisis es político y refiere a responsabilidades políticas de los jerarcas ante toda la ciudadanía, que debe verse fielmente representada por el organismo parlamentario. Con ese criterio y rigurosidad he procurado actuar.

Desecho de antemano las apreciaciones apocalípticas que reiteradamente hemos escuchado en las actuaciones de la Comisión Investigadora, advirtiendo de un presunto daño que podría infligirse al Banco de Seguros del Estado si ventilábamos sus asuntos. Contrariamente a ello, participo de la idea de que la cristalinidad y la transparencia en el manejo de los asuntos del Estado y sus empresas, refuerzan la credibilidad de las mismas, su fortaleza, al tiempo que afirma el sistema político, que queremos democrático, por la confianza de los ciudadanos en el mismo.

En mérito a las consideraciones sucintamente expuestas, detallamos seguidamente los puntos sobre los que se han encomendado investigar, señalando en cada uno de ellos, los aspectos principales, para mayor ilustración de los señores senadores.

DEPARTAMENTO DE REASEGUROS

El desastroso resultado de esta Cartera, así como la errática política de aceptación de reaseguros activos vigente desde 1974 a 1986, y la política de cancelaciones con aceptación de deudas no demostradas que ha practicado el actual Directorio, han provocado erogaciones, compromisos y proyecciones de pérdidas multimillonarias que comprometerían seriamente la viabilidad del Banco de Seguros, si no fuera por la garantía y el respaldo que el Estado le deberá prestar.

En efecto, según manifestaciones del presidente del Directorio en el seno de la Comisión Investigadora:

«En total, desde 1976 a 1993 inclusive, se originó un saldo negativo de U$S 93:791.631,22.

Estos datos, reitero, corresponden al movimiento de cobros y pagos de la Cartera de reaseguros activos.

Debo agregar que en este período se consiguieron cobrar al INDER -Instituto Nacional de Reaseguros de Argentina- U$S 30:000.000,00 y a la Caja de jubilaciones de Argentina, que también era una empresa de seguros, U$S 2:000.000. Esto disminuye el saldo negativo del Banco a U$S 61:000.000, cifra que refleja la pérdida financiera efectiva del movimiento de reaseguros de activos del Banco de Seguros del Estado».

ACTA 2 - 27/5 - P. 23

Y que:

«Hemos hablado con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central, del gobierno y con el presidente de la República, en el sentido de que necesitamos un respaldo para defender los intereses del Banco que tiene una deuda -entre pendientes, IBNR y cuentas conciliadas (que supera largamente los 130:000.000). Esa cuenta se podrá cancelar con 60:000.000, con 100:000.000 o con 180:000.000, pero tendremos que negociarla a la brevedad».

ACTA 2 - 27/5 - P. 45

Este problema, entonces, debe analizarse en su conjunto porque, a mi juicio, se ha convertido en un problema de Estado, más allá de las afirmaciones impactantes o escandalosas que se han recibido en la Comisión Investigadora de parte del señor presidente del Directorio y que no se compadecen con la realidad.

ANTECEDENTES:

«de la misma manera que un particular frente a un riesgo determinado evita enfrentarlo por sí mismo y lo traslada a una empresa aseguradora mediante el instrumento financiero llamado seguro, los aseguradores también tienen sus límites y cuando ellos son sobrepasados recurren a las empresas reaseguradoras. El reaseguro se manifiesta, en consecuencia, como un mecanismo que funciona en forma interrelacionada con el seguro, posibilitando la cobertura de riesgos que pueden exceder la capacidad de las compañías aseguradoras. En el Uruguay puede citarse los seguros de la refinería ANCAP, de la Central Batlle y los seguros para PLUNA que, por ser eventualmente muy grandes para el Banco de Seguros del Estado, son reasegurados.

Desde sus orígenes, el Banco de Seguros del Estado en tanto compañía aseguradora, y tal como la técnica que se viene de mencionar lo aconsejaba, reaseguró en el exterior los riesgos más grandes o más peligrosos. Hasta los años 20 el Instituto pagó primas a las compañías del exterior que, por la vía del reaseguro, le cubrían los excedentes de retención; por ello percibía comisiones de los reaseguradores. En este período el Banco era una compañía reaseguradora que, exclusivamente por sus necesidades contrataba reaseguros pasivos, es decir, aquel tipo de reaseguros en que el asegurador cede un negocio o parte de él al reasegurador o reaseguradores.

A partir de los años 20 el Banco recibió propuestas de contratar, o aceptar, reaseguros activos, es decir recibir riesgos tomados por otros que se los cedían pagándole una prima por la asunción de los riesgos. Pero, en general, hasta el año 1970 los reaseguros activos tomados por el Banco mantenían una relación con los reaseguros pasivos que cedía: se participaba en reaseguros activos en función de la participación en el mercado de los pasivos».

El extinto abogado Luciano Macedo -que fue director frenteamplista del Banco de Seguros del Estado en el período 1985/89- manifestó, desde el inicio de su gestión, una preocupación clara respecto del peligro que implica la política de aceptación de reaseguros activos por parte del Banco. Dijo el doctor Macedo en reiteradas exposiciones realizadas en el Directorio:

«A partir de la década del 70 el Instituto se lanza al mercado actuando como reasegurador activo y realizando todas las operaciones que implica este negocio a escala internacional. En apariencia este pasaje se hace paulatinamente; no deriva de una decisión basada en un estudio profundo de las características del negocio del reaseguro a escala internacional, ni de la capacidad técnica del Banco para afrontarlo ni de un análisis de la evolución posible del mercado. Compulsando antecedentes no he encontrado ningún estudio sobre estos aspectos.

Este período (que repito arranca en los años 70), y la política que en él se desarrolló es lo que provoca la situación actual de endeudamiento exterior del Banco por cifras muy elevadas. Los muy malos resultados que menciono, en materia de reaseguros activos, imponen tomar esta parte del negocio del reaseguro con gran prevención».

«Teniendo en cuenta los resultados deficitarios, mi primera preocupación respecto a esta Cartera, desde mi ingreso al Directorio del Banco fue estudiar el origen y evolución del negocio en el ente. Conclusión de este estudio es lo que vengo a decir y el análisis de las causas de los malos resultados a las que me referiré seguidamente.

DEPENDENCIA DEL EXTERIOR: Las pérdidas contables aludidas creo que pueden relacionarse con el nuevo orden internacional producido luego de la segunda guerra mundial, con la aplicación en el país del modelo económico monetarista y con la aspiración de gestar un Uruguay-plaza financiera.

Y no tengo dudas que los reaseguros activos tomados por el Banco lo hacen dependiente de los grandes intereses financieros transnacionales que tiene su centro en Londres y Nueva York. Y esa dependencia se ve en un doble sentido: el Banco está situado en una zona marginal que recibe la gran mayoría de los negocios desde las zonas desarrolladas del mundo que, en este aspecto, como en tantos otros, abusan de nuestro subdesarrollo. Véase que aproximadamente el 90% del negocio mundial se canaliza a través de Europa y Estados Unidos y que el Uruguay en su momento de «auge» apenas si participó con un 0,10 a 0,15%. Y en otro sentido, hay una clara dependencia tecnológica a pesar de la cual se pretende seguir políticas semejantes a las de los países desarrollados sin tener en cuenta nuestro atraso».

«Este período que arranca en los años 70, y la política que en él desarrolló el Banco, es lo que nos llevó a la situación actual de endeudamiento exterior en cifras aún no determinadas con precisión. El último estado conocido en Directorio hace llegar a 30 millones de dólares muestras eventuales obligaciones pendientes».

«Para recibir buenos negocios en forma abundante el Banco durante un largo período suscribió prácticamente todo lo que se le ofreció, o gran parte de lo que se le ofreció y entregó su firma a grupos que nos utilizaron de «fronting» en operaciones que a la postre produjeron grandes pérdidas y que nos tienen envueltos en difíciles litigios».

«Se ha producido una transferencia de las decisiones básicas del Banco (reasegurador que soporta las consecuencias de dichas decisiones en su cuenta con pérdidas y ganancias) a los `brokers’ (intermediarios o corredores con intereses a veces opuestos a los del reasegurador, que, repito, es quien soporta las pérdidas) que reciben su retribución (comisiones) cualesquiera sean los resultados (buenos o malos) del negocio que aporten. El hecho se agrava al realizar la suscripción de riesgos a partir de informaciones inadecuadas (proporcionadas, a veces, por los mismos `brokers’).

Las suscripciones se realizaban con la información de los corredores aceptando los principios de «buena fe» y de comunidad de intereses. Pero, en general, aunque se proclamen ambos principios, no se tomaron las mínimas medidas para que los mismos fueran realidad.

Se aceptaron negocios de un elevadísimo número de corredores (pueden haber llegado a 400) sin mayor calificación de dichos intermediarios, ni análisis de la seriedad, situación financiera, prestigio, antigüedad, de las empresas cedentes».

«En muchas suscripciones se actúa en base a la buena fe y confianza en el líder lo que genera una clara subordinación de todos los suscriptores respecto a los actos de aquél. En esta materia, en un caso reciente, el líder suscribió un suplemento en el cual aceptó que los riesgos, que sólo corrían por tres años, pudieran extenderse y hubo que pagar, vencido dicho plazo de tres años, la cuota parte del Banco en el seguro de un satélite. Finalmente, otro factor que afecta los buenos resultados es la práctica de aceptar participaciones minúsculas -que por eso no se analizan adecuadamente- pero que en conjunto afectan importantes cifras de capacidad. Ante la situación a la que me he referido, cuyas causas también señalé, tomé la iniciativa en Directorio para que rápidamente se definiera la actitud a adoptar frente a los saldos negativos y, entre tanto, propuse se dejara de actuar en reaseguros activos tratando de obtener una información seria y confiable. No obstante el Directorio resolvió seguir actuando en Reaseguros Activos.

No estuve de acuerdo con esta decisión que contradice la historia esbozada en la evolución que de la Cartera he señalado. Pero además tampoco compartí los argumentos en que se fundó la resolución del Directorio. Considero que los resultados en esta materia siempre han sido desfavorables para el Banco y que no puede invocarse en contrario el que haya empresas que sigan dedicándose, en otras partes del mundo, fundamentalmente del mundo desarrollado, al negocio del reaseguro activo. Tampoco admito lo que se ha dicho, que ‘cuando el Banco ha perdido todos han perdido’ y que en materia de reaseguros se producen ciclos siendo el próximo, se augura, favorable. Esto último, en mi concepto, no está probado. No es cierta la afirmación de que cuando el Banco perdió los demás también perdieron; lo que sí puede considerarse probado es lo contrario. Y ello porque una compañía puede perder técnicamente y obtener razonables beneficios financieros en virtud del resultado de la alta rentabilidad de sus colocaciones. Durante la última mitad de la década anterior y parte de ésta, en razón de los altos intereses del dinero a nivel internacional, muchos reaseguradores (o el grupo económico financiero por ellos integrado) ganaron. Tales empresas privadas cuando se lanzan al campo del reaseguro lo hacen con dos expectativas de buenos resultados: ganancias técnicas y ganancias financieras. El Banco, en tanto empresa pública sometida a limitaciones y contralores mayores que las empresas privadas sólo tiene una posibilidad de prever beneficio cuando toma contratos con márgenes técnicos favorables; no puede cifrar expectativas en cuanto a beneficios especiales provenientes de inversiones financieras que no puede realizar o que no está habilitado a hacer. Para seguir actuando en reaseguros activos se dijo que lo ocurrido en el Banco era solamente un reflejo de lo ocurrido en todo el mundo asegurador.

Los antecedentes que manejé para oponerme a lo resuelto demostraron -y nunca he sido desmentido- que la experiencia desfavorable acumulada en el organismo no permitía esperar resultados favorables de esa actividad y que los resultados negativos son resultado de una operativa equivocada. Entre otras cosas porque el Banco no controla los riesgos que asume y actúa con absoluta dependencia de los grandes intereses transnacionales con sede en Nueva York y Londres.

Mas aun cuando se decidió continuar aceptando reaseguros activos, a pesar de que en ningún momento fue posible obtener información adecuada que hiciera posible asumir decisiones con un adecuado margen de seguridad, se hizo sobre la base que era la única forma de obtener recursos financieros sanos para cumplir las obligaciones con el exterior. Es el negocio de la calesita, que lo único que hace es profundizar y aumentar las pérdidas y la dependencia».

La propuesta concreta del doctor Macedo fue:

«No intervenir en el negocio de reaseguros activos y ceder lo menos posible en reaseguros pasivos, colocando los grandes riesgos en el mercado de los facultativos».

Según consta en acta de Directorio de 29 de octubre de 1986, que agrega:

«Con motivo de esta exposición el señor presidente coronel Nelson D. Constanzo, deja constancia que en general está de acuerdo, ya que cuanto más información tenga el Directorio, en mejores condiciones estará para resolver. Pero considera que hay que hacer un repartido para que circule entre los señores directores y disponer desde ya el pase al señor Gerente general para procesar la información requerida por el director doctor Luciano Macedo».

En un análisis de las aceptaciones realizadas por la Comisión de reaseguros activos, elevados a Directorio durante el período 1º de junio de 1974 al 31 de diciembre de 1986, indica el doctor Macedo:

«Incendios: con relación al primer ramo considerado, es importante destacar que estos negocios, en los últimos 10 años, han sido objeto de manipulaciones, fraudes, siniestros inventados, involucrando a empresas y corredores del mundo del reaseguro. Pueden ser considerados, desde el punto de vista técnico, muy peligrosos. En este sentido, puede ayudarme a clarificar el concepto, lo que dice UNCTAD en el folleto: «Los seguros en el tercer mundo al final del decenio de 1970», ...cuando los aseguradores del tercer mundo se dedican a actividades internacionales, corren el peligro de asumir algunos riesgos poco deseables, que pasan de mano en mano hasta que encuentran una víctima que permite a los diversos intermediarios percibir sus comisiones « (Naciones Unidas - 1981)».

Esto ha sido ratificado en la Comisión Investigadora por el señor contador general del Banco:

«En la década de 1970 y en los primeros años de la del 80, las tasas de interés tuvieron incrementos tremendos, lo que echó a perder algo que era típico en las operaciones de reaseguros: la buena fe. De ese modo, los contratos comenzaron a envilecerse. Sucedía que las empresas de seguros, ante la ambición por la posibilidad de obtener montos para hacer colocaciones y lograr excelentes rendimientos, tenían que captar operaciones y obtener sumas de dinero. Tan es así que en el mercado europeo -donde el Banco tenía su mayor actuación- fue muy típico que las primas se bajaran a valores prácticamente ridículos. Desde el punto de vista técnico, todas las operaciones se quedaron en un nivel mínimo. Dado que las tasas de interés eran importantes, el beneficio permitía cubrir esa pérdida técnica por lo que todo quedaba en las cifras finales con buenos resultados. Todo esto hizo también que proliferaran las empresas de seguros; concretamente, el número de ellas se multiplicó por dos o por tres. Obviamente, las que fueron penetrando, ya fuera por tradición, educación o costumbre, no tenían la misma conducta que las tradicionales».

ACTA 6 - 9/6 - P. 3

Y respecto de la política de cancelaciones, vale rescatar de un informe elaborado por el Gerente de Reaseguros de fecha 11 de junio de 1985:

«Cuando recibimos las visitas de funcionarios de las empresas de corredores, que son funcionarios de mediano nivel, les planteamos la necesidad de que nos provean de nuevos buenos negocios, para mejorar la Cartera y permitir el pago de los saldos a nuestro cargo lo antes posible, y las respuestas son de que actualmente no disponen de buenos negocios para ofrecer, que mientras el Banco no pague la totalidad de los saldos a su cargo no enviarán nuevos negocios, etc. No obstante las presiones recibidas, pagamos los saldos sólo cuando estamos convencidos, por el contralor de la documentación correspondiente, que corresponde pagar. De lo contrario, seguimos pidiendo nueva información, hasta que quede debidamente clara la procedencia de lo reclamado».

Resaltamos esto último porque constituye la principal diferencia con la actual política de cancelaciones, inaugurada por la presente administración y que consiste, según el presidente del Directorio:

«El Directorio tomó un camino distinto y resolvió enfrentar la situación que se venía planteando, resolvió enfrentar el acuerdo comercial y la tasación extrajudicial para evitar el fallo de la justicia y lograr acuerdos de conmutación más favorables. Eso suponía un riesgo porque tenía que manejar dineros ajenos tomando a su propia y exclusiva cuenta la responsabilidad de la negociación».

ACTA 2 - 27/5 - P. 3

Tanto este criterio de cancelación de compromisos extrajudicialmente, como la rotunda afirmación del señor presidente del Directorio:

«El procedimiento de suscribir estas cartas blancas que luego eran acordadas por un Gerente del Banco de Seguros del Estado, siguió funcionando ininterrumpidamente hasta 1992. Cuando el actual Directorio asumió funciones -según me fue informado; aclaro que cuando ocupé la Presidencia del Directorio formulé la misma pregunta- se le aseguró que desde 1984 no se realizaban más contratos de reaseguros. Como fruto de nuestra insistencia para aclarar este tema, nos enteramos de que se continuaban haciendo reaseguros sobre la base de que eran por reciprocidad, aunque el Directorio del Banco de Seguros del Estado no tomaba conocimiento de ellos, ni siquiera por listados de informaciones periódicas. Reitero que el Directorio no sabía que se firmaban contratos de reaseguros; en la disculpa que se nos brindó, se argumentó que se hacían por razones de reciprocidad o por compromisos. La realidad es que en 1993 se dispuso, en forma tajante y definitiva, acabar con esta clase de contratos, lo que no implicó -debo señalar- correr ningún riesgo, ni que se generaran otros problemas».

ACTA 2 - 27/5 - P. 21 Y 43

No están documentados o sustentados por ninguna resolución oficial del Directorio, aunque las hemos pedido y nos las han prometido. Además -y contrariando la opinión del señor presidente- el ex Gerente del Departamento de Reaseguros afirma:

«Jamás existió una resolución expresa del Directorio en el sentido de que no se tomaran más negocios de reaseguro».

ACTA 9 - 20/6 - P. 15

CASO KLEBER

Es una agencia suscriptora por cuenta de terceros según lo explica su actual presidente señor Stephane Benhamou.

«El grupo KLEBER no es más que un garante por la gestión acordada en el Convenio, KLEBER no arriesga. No lleva utilidades por el Convenio, sólo cobra comisión por su gestión. Lo cobrado por el Convenio lo reparte entre las Compañías que asumieron el riesgo».

ACTA 14 - 4/7 - P. 37

Con lo que confirma lo dicho en su momento por el doctor Macedo.

El contrato suscrito con este agente incluye dos cláusulas según las cuales, la agencia suscriptora dispone de muy amplios poderes para aceptar todo tipo de compromiso por cuenta del Banco de Seguros del Estado, llegándose incluso a superar los topes de suscripción que se establecen en la cláusula 1). Transcribo las tres cláusulas citadas:

«1) El suscriptor acepta suscribir negocios de reaseguro por la cuenta de la Compañía, en el cuadro de un Pool de co-reaseguro, que le delega un poder máximo de suscripción neto de Fr. Frs. 25.000 (veinticinco mil francos), por cada negocio aceptado (o el equivalente en otras monedas sobre la base de las tasas de cambio establecidas por la Dirección de Seguros en Francia y aquellas que estén publicadas a la fecha de la suscripción).

6) El suscriptor podrá efectuar, por la cuenta de cada Compañía tomada aisladamente o de todas las Compañías tomadas globalmente, toda operación de protección o de retrocesión, por vía proporcional o no-proporcional, a título de todo o parte de los negocios aceptados.

La o las Compañías soportarán entonces las cargas resultantes de estas operaciones pero beneficiarán igualmente las eventuales ventajas anexas tales como la comisión de retrocesión.

En caso de abandono de uno o varios retrocesionarios, el suscriptor no será tenido como responsable y la o las Compañías sufrirán la eventual pérdida resultante de estos eventuales abandonos.

7) El suscriptor está autorizado a disponer, de una manera interna entre los miembros del co-reaseguro, todo «fronting» que pudiera ser necesario sea por razones políticas, técnicas u otras razones».

La exageración del poder dado a la agencia es notoria. Los distintos actores consultados por la Comisión dan distintas respuestas respecto de la validez de dichas cláusulas, la excepcionalidad o habitualidad de su inclusión en los contratos de adhesión.

En lo que todos coinciden es en que en la firma de ese contrato:

1) Celia Viana Reyes. «Lamentablemente, en torno a esto nunca fue consultado nuestro Departamento Jurídico. Es más; en este asunto intervinieron dos abogados muy novatos en materia de seguros. Me refiero al doctor Guillermo Piedra Cueva, que cuando ingresó al Banco no era especialista en seguros y menos aún en reaseguros y, si se quiere, ha adquirido conocimiento en base a su propio interés, y al señor Schochet, que tampoco es especialista en seguros y en reaseguros. Entonces se llamó a nuestros abogados en Londres, quienes contrataron a un especialista en negocios franceses. En un escrito suyo, esta persona señala que no hay que pagar el `Pool 12', porque el administrador del `Pooo 11' actuó más allá de lo que le permitía el contrato al colocar al Banco de Seguros como persona responsable en éste».

ACTA 7 - 13/6 - P. 9 y siguientes

2) Doctor Guillermo Piedra Cueva: «Como los miembros de la Comisión ya saben, el tema `Kleber’ nace de la suscripción de un contrato en 1976, por el cual se otorga un poder de suscripción muy amplio. Es un contrato hermético, algunas de cuyas cláusulas hacen que el Banco haya incursionado en una metodología de suscripción de contratos a la que no estaba habituado».

ACTA 8 - 16/6 - P. 36

3) Señor Wilson Itté: «Es decir que en este caso, evidentemente, existió mala fe de parte del Grupo Kleber al tomarnos como `fronting’, amparados en el hecho de que somos un instituto del Estado y contamos con su respaldo».

ACTA 9 - 20/6 - P. 33

4) Señor Javier Martincorena: «Con relación al contrato con Kleber y a todos los demás, podemos decir que el Directorio no los conocía. Una vez que se establecía la aceptación -que es casi el inicio de nuestro compromiso- a los dos o tres meses llegaba la forma contractual para ser firmada. Se hacía una revisación quizá no exageradamente prolija y se procedía a la firma por parte del Gerente del Departamento de Reaseguros. El Grupo Kleber tiene algunas condiciones especiales, no obstante lo cual se firmaban aproximadamente unos 20 ó 30 contratos diarios en el mencionado Departamento de Reaseguros que, con ciertas modificaciones, podrían contener las mismas especificidades. Es decir que en su momento en el Grupo Kleber no se notó nada fuera de lo que normalmente ocurre cuando se acepta un negocio con cualquier agencia de suscripción».

ACTA 9 - 20/6 - P. 51

5) Señor Ruben Larrea: «En su momento se dijo que era oportuno, por la proximidad, que se suscribieran los negocios en Europa y no aquí, en Uruguay, ya que por la distancia uno no puede analizarlos con la debida claridad. Ese fue uno de los argumentos que escuché».

ACTA 12 - 27/6 - P. 26

6) Doctor Barry Schochet: «A menos que la legislación francesa prohíba específicamente algo de este contrato, me parece que el Banco es ampliamente responsable porque el lenguaje del contrato es muy amplio. Usted o yo quizá nunca hubiéramos acordado firmarlo, pero fue firmado. A menos que exista un argumento por fraude o ilegalidad bajo la ley francesa, el contrato será ampliamente determinado contra el Banco».

CARTA A DOCTOR GUILLERMO PIEDRA CUEVA DE 2/6/93

Fue un tremendo error propio de gente inexperta y que -a la hora de recibir la reclamación del Grupo Kleber- debió procederse a un estudio más acabado y con miras a exonerar de responsabilidades al Banco.

La única opinión en favor de la habitualidad y legalidad de ese contrato es la del señor Stephane Benhamou:

«he intentado explicar que este contrato es el mismo para todas las compañías, y no existen diferencias entre ellas, salvo el porcentaje de participación de cada una».

ACTA 14 - 4/7 - P. 40

Es decir la persona que tiene -según estampó en actas el señor Macedo- «intereses a veces opuestos a los del reasegurador -que es quien soporta las pérdidas- que reciben sus comisiones cualesquiera sean los resultados (buenos o malos) del negocio que aporten».

Por eso es que cuando se tomó conocimiento de la existencia de un «Pool 12» (una especie de metástasis del «Pool 11») también hubo opiniones unánimes en el Banco, en el sentido de desestimar la reclamación porque:

1) Nunca se había recibido documentación alguna de dicho Pool.

2) Nunca se cobró ninguna prima por las obligaciones supuestamente contraídas por dicho Pool.

También es este asunto el señor Stephane Benhamou disiente, opinando que no existía, de parte de Kleber, la obligación de enviar cuentas. En esta como en otras respuestas, se escuda en la existencia de montañas de papeles correspondientes a 60 reaseguradoras que tomaron 7.000 negocios, discriminados en 3 monedas distintas, con 9.000 empresas cedentes, con cuatro liquidaciones anuales.

Aunque, en todo caso, él tiene plena y absoluta confianza de la exactitud de su compleja y completa contabilización.

Pese a ello, en un análisis de algunas cuentas y sin poder tener acceso al reclamo original de la empresa cedente, cuatro empleados del Banco que concurrieron a París durante un mes, comprobaron las siguientes anomalías en las reclamaciones del señor Benhamou - Kleber:

- Por errores de suma se abatió la cantidad reclamada en U$S 2:600.000.

- Por importes ya incluidos en otra conmutación se abatió la suma reclamada en otros U$S 2:000.000.

- Por inclusión de importes que no correspondían a Banco de Seguros del Estado, se abatió la suma reclamada en otro U$S 1:000.000.

- Kleber dice que no tiene posibilidad de informar si hay partidas que ya hayan sido pagadas por otros integrantes del Pool.

- El señor Bazzano -uno de los funcionarios del Departamento de Reaseguros que participó en la auditoría en París- agrega otra anormalidad:

"Además hay otro tema al que todavía no he hecho referencia. En lo que para el Grupo Kleber tiene determinado nombre, pero para mí es retrocesión, nosotros participamos todos los años con una unidad, para lo que teníamos documentación de apoyo. Por un lado estaba el Pool 11, en el que figuraban varias compañías, con respecto al cual el Banco siempre mantuvo una unidad y, por otro, el Pool 12 con diversas participaciones para los distintos años. En 1982, 1983 y 1984, dada la documentación que tenía el Banco con sus registros, figurábamos con una unidad. Pero, posteriormente, estando ya en París auditando, se nos dio un nuevo reparto del Pool 11 donde nuestra participación -me refiero no sólo a la nuestra, sino a la de todos sus integrantes- en esos años, en lugar de estar dada en unidades, lo estaba en porcentajes. En consecuencia, se nos ocurrió ver cuántas unidades representaba ese porcentaje, para poder establecer comparaciones. Allí se produjo lo que podemos llamar sobresuscripción. Vemos que en el año 1982, de una unidad pasamos a tener 1.46 y en los años 1983 y 1984 pasamos de una unidad a 2.4, 2.2. Esto obviamente, nos duplicaba la responsabilidad. En un estimado que realizamos y en base a esos porcentajes que se nos dio en París, advertimos que si llevamos las cantidades reclamadas de los años 1982, 1983 y 1984, a la unidad que desde Montevideo pensábamos que estaba participando, tomando en cuenta saldos y siniestros pendientes, llegamos a una diferencia de U$S 4:200.000 de más.

ACTA 11 - 23/6/94 Ps. 16 y 17

Todas estas matizaciones dan razón -a mi juicio- al señor Wilson Itté, cuando opina que «el grupo Kleber no habría demandado al Banco porque no tenía poderes para hacerlo», y al señor Javier Martincorena: «...eso me llevó, en alguna oportunidad, a informar al Directorio que de todos los importantes acreedores que tenía el Banco, al último que le pagaría sería al Grupo Kleber».

Sin embargo, el Directorio optó por transar una cifra cercana a los U$S 9:500.000 con un plan de pago en cuotas, con la garantía del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Ello se hizo sin exigir una conciliación adecuada y sin agotar los medios jurídicos disponibles en el país para determinar la defensa del Banco y del Estado uruguayo contra la clausura de un contrato cuestionable y que fue utilizado con mala fe. (Nos remitimos a todos los testimonios recogidos por la Comisión Investigadora).

MISSION INSURANCE

Se trata aquí de cifras reclamadas por el comisionado de seguros del Estado de California a nombre de Mission Insurance Co. Trust. Corresponden presuntamente al Pool 12 del grupo Kleber. Tampoco tenía suficiente respaldo documentario:

CELIA VIANA: «Lo mismo había ocurrido en el caso de Mission, donde teníamos cuentas hasta cierto monto, mientras que el resto de la suma reclamada no teníamos cuentas que nos apoyaran. En los casos de Mission y del Pool 11 del Grupo Kleber, ha quedado una parte que no ha sido contabilizada y que no podemos apoyar en ningún otro tipo de contabilidad ni de cuentas. El señor Benhamou se comprometió a hacernos llegar cierta información después del pago, pero nunca se recibió».

«En el caso de Mission Insurance se pagaron IBNR porque se llegó a una negociación, aunque no sabría decir cuál fue el monto. Pero puedo decir que solamente se han pagado en los casos en que se ha negociado y en los que el Directorio ha tomado una decisión política de pago de deudas. Quiere decir que legalmente no estamos obligados al pago de los IBNR.»

ACTA 7 - 13-6-94 - Ps 5 y 33

Sin embargo en el acuerdo de liquidación y conmutación firmado se establece:

«El Banco de Seguros afirma que sus registros demuestran un saldo debido de cuatro millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y nueve con 54/00 dólares.»

Esta afirmación es falsa de acuerdo a todos los datos en poder de la Comisión Investigadora. La aceptación de la cifra es, pues, en el mejor de los casos, caprichosa. Llama la atención, en este caso, que el señor Stephan Benhamou estuvo apoderado por el Banco de Seguros para representarlo.

LOS PAGOS DE CANCELACIONES

Tanto en los casos Kleber como Mission Insurance se utilizó una manera novedosa de pago de las primeras cuotas. Debe tenerse en cuenta que siempre se habían efectuado los pagos a los acreedores mediante giros realizados a través del Banco de la República Oriental del Uruguay al país sede de los acreedores.

En los dos casos que nos ocupan se procedió a pagar:

1) KLEBER: cheque por U$S 330.000 a la orden de Stephan Benhamou que fue hecho efectivo en las ventanillas del Banco República, acompañado -según declaraciones- por los doctores Gómez Fyns y Daniel Cambón. (El señor Benhamou no recuerda quién lo acompañaba).

Anotamos que no es habitual el cobro en efectivo de cifras tan abultadas; menos aun, si se trata de una persona que viajará de inmediato al exterior. Sólo encuentro explicación, si tuviera que pagar esa suma, o parte de ella, en Uruguay.

2) MISSION INSURANCE: Primera cuota del acuerdo de conmutación. El giro telegráfico fue enviado a Nueva York a solicitud telefónica del actual señor senador Grenno, que había viajado en compañía del doctor Daniel Cambón, con la indicación: «el beneficiario se presentará en vuestras oficinas».

Dieciocho días después hubo un cambio de orden y se indicó que debía depositarse en una cuenta de un Banco en Los Angeles. En carta firmada por el señor Gerente General del Banco de Seguros del Estado se deja constancia que la cuenta en que se hizo el depósito pertenece a Mission Insurance.

Queda, no obstante, la interrogante del porqué de la orden inicial y el transcurso de 18 días para dar la contra orden, luego de una solicitud telefónica urgente, porque de lo contrario quedaba sin efecto el acuerdo con Mission.

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ALGUNAS PERSONAS VINCULADAS A LA NUEVA POLITICA DE CANCELACIONES ADOPTADA POR EL DIRECTORIO QUE ASUMIO EN 1990

DOCTOR BARRY SCHOCHET: tiene contrato de obra aprobado con el Banco en noviembre de 1991, que se renueva anualmente según ha explicado el señor presidente del Directorio del Banco. Se establece un honorario de U$S 20.000 mensuales que se pagan trimestralmente en Montevideo, siendo de cargo del Banco los gastos de desplazamientos para hacer efectivo el cobro. Este abogado se ha transformado en el pivot de la política de cancelaciones de deudas del Banco de Seguros del Estado. Según los testimonios recogidos:

CELIA VIANA: «apareció por primera vez en el Primer Congreso de Mercoseguros, realizado en Punta del Este».

ACTA 7 - 13/6/94 - P. 18

DOCTOR GUSTAVO PENADES: «Según creo recordar, la vinculación surgió a través del señor presidente del Banco, quien planteó el tema de reaseguros en el Directorio y aconsejó la contratación del mencionado profesional. Sin embargo, creo que no hay ningún informe de la administración relacionado con esta contratación».

ACTA 14 - 4/7/94 - P.27

JAVIER MARTINCORENA: «En un encuentro de carácter social, el presidente del Banco de Seguros, el señor Grenno, y el doctor Daniel Cambón -no recuerdo el motivo de esa reunión, pero creo que habían asistido representantes del Poder Ejecutivo, aunque tal vez estoy equivocado- me presentan al doctor Barry Schochet y me piden que lo atienda ya que no hablaba nada de español. De esa manera, sin saber siquiera de quién se trataba, comienza a hablar con él y lo hacemos durante toda la noche. Aclaro que no sabía que posteriormente podía ser contratado. Cuando le pregunto acerca de cuál es su actividad me responde que es lobbista en el Senado de los Estados Unidos».

ACTA 9 - 20/6/94 - P. 42

Y con respecto a su versación en reaseguros:

CELIA VIANA: «¿Por qué se contrató al señor Schochet? Puedo decir que ello se debió a motivos políticos. En principio, el señor Schochet es asesor de senadores integrantes del Partido Demócrata y se consideraba necesaria su participación en el manejo de esta deuda externa. Asimismo el señor Schochet pertenece a uno de los estudios de abogados que pueden operar en todo Estados Unidos. Parte del honorario que se le paga es para juicios en Estados Unidos y otra, para juicios en Inglaterra. No se hace una discriminación en cuanto que un mes se le paga por casos ocurridos en Estados Unidos y otro mes no; se le paga U$S 20.000 en efectivo; tal como el señor senador ha dicho, siempre en Montevideo».

ACTA 7 - 13/6/94 - P. 17

GUILLERMO PIEDRA CUEVA: «Este abogado es presentado -por lo menos en su currículum- no como un experto en reaseguros ni en seguros, sino como un especialista en relaciones internacionales y, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con las transacciones comerciales de parte del Senado de los Estados Unidos. Evidentemente, como todo profesional, supongo que habrá tomado los recaudos necesarios como para ilustrarse en esta materia.

La solvencia técnica del doctor Barry Schochet es muy difícil de evaluar a la luz de resultados concretos, pero lo que personalmente considero es que se trata de un muy buen negociador. La tarea que desempeñó en París fue fundamentalmente de apoyo, como lo es en este momento. Actualmente actúa como asesor especial. Para dar un ejemplo, se le consulta sobre toda reclamación que se plantea dentro del sector contencioso -que es el que quien habla maneja en el Departamento de Reaseguros- en la parte de Estados unidos en la cual el mismo nos ha representado en algunos juicios o a través de otra firma de abogados. Su tarea ha sido obtener transacciones comercialmente buenas para el Banco».

ACTA 8 - 16/6/94 - P. 43

JAVIER MARTINCORENA: «Se trata de una persona que ni siquiera tiene conocimientos mínimos sobre seguros y, mucho menos, sobre reaseguros. Ignoraba cuál iba a ser la situación del señor Schochet y luego, con sorpresa, me entero de que el Banco de Seguros lo contrata con un emolumento de U$S 60.000 trimestrales».

ACTA 9 - 20/6/94 - P. 42

De acuerdo a todos los testimonios, la remuneración del señor Schochet es atípica. ya sea por la forma de remunerarlo (partida fija trimestral) como por la cifra que se le paga y la forma de pago.

Opino que la cifra es muy exagerada para ser pagada por el Banco de Seguros del Estado. Es también exagerada para cualquier profesional contratado a tiempo completo en Estados Unidos. A ello hay que agregar que el requisito de cobrar en Montevideo (en lugar de hacerlo por giro a su país como en todos los otros casos de pago de honorarios) permite suponer que estos honorarios no son declarados en la liquidación anual de impuesto a la renta en su país, con lo que equivale a una remuneración de U$S 40.000 mensuales. Por todo lo dicho, es totalmente cuestionable su contratación.

SEÑOR O DOCTOR LOEWENTHAL: Esta persona fue contratada por indicación del señor Barry Schochet.

SEÑOR LOPEZ CABEZA: «Hasta donde sé, creo que fue presentado por el señor Schochet, al menos siempre lo vimos acompañado por él; generalmente venían juntos. Me da la impresión de que fue a sugerencia del doctor Schochet que se contrataron los servicios del señor Loewenthal que es un abogado especialista en reaseguros».

ACTA 12 - 27/6/94 - P. 20

Por su parte, el doctor Gustavo Penadés dijo:

«La vinculación del señor Loewenthal también surge mediante una iniciativa planteada por el actual presidente del Banco -creo recordar que fue así, aunque no tengo la absoluta certeza- al Directorio. Cabe señalar que en ambos casos se hizo hincapié en la notoria capacidad jurídica y en las vinculaciones que tenían estos profesionales. Como ejemplo, se mencionó -cosa que luego me fue ratificada en mi administración- que el señor Loewenthal había intervenido exitosamente en acuerdos o conmutaciones del Instituto de Reaseguros de Brasil».

ACTA 14 - 4/7/94 - Ps. 27 y 28

Celia Viana declaró:

«Se quería contratar la consultoría para efectuar un trabajo ya existente. Por tal motivo le insistía al señor presidente en que no podía elaborar un informe técnico que le sirviera de base como para solicitar la contratación del señor Loewenthal.

El Directorio tenía grandes dudas al respecto. El señor Hermes Silva me preguntó cuál era mi opinión. El Vicepresidente, señor Lorenzo, hizo lo mismo y le expliqué por qué creía que no era aconsejable la contratación de una consultoría, más aun, teniendo en cuenta los honorarios de este señor. En realidad, ahorrándonos esos honorarios cancelábamos deudas del Banco de Seguros que ya estaban conciliadas y verificadas.

El señor Schochet insistía en dos casos puntuales y ninguno de ellos integraba las prioridades que técnicamente la administración consideraba que se debían atender. Concretamente, me refiero al pago de los reaseguradores que apoyan intereses nacionales. Se trataba de una cuenta de la Republic, que nos estaban reclamando desde hacía mucho tiempo y Delta Re, que era un reasegurador que nunca más tuvo negocios con el Banco.

El Directorio resolvió que interviniera el señor Loewenthal y estableció -no sé si por una falta de apreciación o error- que sus honorarios se calcularían en función de un porcentaje sobre la rebaja entre lo reclamado y lo que finalmente pagaba el Banco. Inmediatamente observé que no habían excluido los IBNR que, generalmente, constituyen las cifras más grandes que se reclaman. Se trata de siniestros incurridos pero no reportados. No son sumas legales.

Al señor Loewenthal se le ordenó intermediar en dos negocios: Republic y Delta Re. Debo señalar que él tenía falta de información, lo cual pude apreciar en algunas conversaciones telefónicas que mantuvimos. Creía que había sido contratado para la consultoría total y comenzó a solicitar datos de toda la cuenta de reaseguros activos del Banco. Quería saber detalladamente a quiénes se les debía. Me negué a dar esa información. Consideré que no podía hacerlo si no tenía una resolución del Directorio que me habilitara a ello. Era un asunto muy delicado porque estábamos desnudando -por así decirlo- al Banco de Seguros sin la autorización de nuestra máxima jerarquía. El señor presidente insistió en que yo debía dar esos datos. Ante ello pedí que se me entregara una autorización por escrito de parte del Gerente o del Subgerente general.

A pesar de ello, y aunque nunca se me dio dicha autorización, se brindó esa información esquivando los canales administrativos. El pretexto que se utilizó fue que para estudiar Republic y Delta Re era necesario conocer todas las deudas del Banco cosa que considero totalmente inapropiada.

De todas formas, el señor Loewenthal fue contratado para que averiguara si existía la posibilidad de eximir al Banco del pago de esas deudas».

ACTA 7 - 13/6/94 - Ps. 35, 36 y 37

Y Antonio Bazzano:

«Lo que conozco de su actuación es que en uno de estos negocios se llegó a un acuerdo de conmutación sobre el pago en cuotas de U$S 5:000.000 en una reclamación que supongo debe estar conformada por saldos pendientes e IBNR de poco más de U$S 10:000.000, y que el doctor Loewenthal obtuvo un 30% de la diferencia lograda. Dado que previamente se hace un 10% de deducible y se descuentan algunos honorarios abonados inicialmente, a este profesional le restan por cobrar U$S 1:600.000, que se le harán efectivos en 4 cuotas de U$S 400.000».

ACTA 11 - 23/6/94 - P. 27

Son notoriamente exagerados los honorarios que se le pagaron. No se puede comprometer el pago de honorarios por el 30% del abatimiento de las pretensiones del acreedor, cuando, notoriamente, esas pretensiones son exageradas e insostenibles.

SEÑOR O DOCTOR STEPHAN BENHAMOU: Esta persona tomó la dirección del Grupo Kleber a finales de 1984, año en que el Banco de Seguros se desvincula del contrato suscrito en 1976.

SEÑOR BENHAMOU: «He trabajado con el Grupo Kleber y otras compañías. Mi vinculación con esta empresa comenzó a fines de 1984. En la actualidad si bien soy todavía administrador del Grupo Kleber, no tengo el tiempo necesario como para seguir con la tarea de asesoramiento».

ACTA 14 - 4/7/94 - P. 36

Su aparición en el Banco de Seguros del Estado -que era una de las sesenta empresas integrantes del Pool 11- sólo aparece referida por la señora Celia Viana.

«Reitero que es muy raro que el primer contacto se realice con miembros del Directorio; se hace con la Gerencia de Reaseguros que «comunicaba» -como ven, ya no es así- al Directorio si se trataba de un asunto de envergadura. Esto no ocurrió en el caso del señor Benhamou que acudió llamado por el señor presidente del Banco. Nos llamó la atención que apareciera una persona que nunca había figurado en la documentación del Grupo Kleber. Si bien la deuda del Pool 11 estaba contabilizada en el Banco, en ninguna de las comunicaciones aparecía el nombre del señor Benhamou. Averiguamos y supimos -por contactos extranjeros con compañías y corredores profesionales que tiene el Departamento- que dicha persona había comprado la administración del Grupo Kleber; había comprado esta deuda mundial para ir cobrándola. También nos enteramos que había estado en el Instituto de Reaseguros del Brasil y en el Instituto Nacional de Reaseguros de Argentina pretendiendo cobrar, siendo rechazado en ambos lugares por considerársele no confiable para la administración del Pool.

Eso fue lo que supimos cuando él llegó a solicitar el cobro del reaseguro del Pool 11, del que recibíamos cuentas y sabíamos que participábamos en él.

Debo decir que teníamos serias dudas contables con respecto al monto reclamado por el Grupo Kleber».

ACTA 6 - 9/6/94 - Ps. 52 y 53

El señor Benhamou no ha explicado si su participación en el Grupo Kleber solamente se limitó a la adquisición del derecho a negociar las conmutaciones con las empresas integrantes de los Pools formados por esta agencia en el pasado. Sus manifestaciones -siempre cuidadosas y esquivas- permiten sugerir que pueda ser así.

Los integrantes de la delegación del Banco a París, han dicho que él les explicó que la cifra definitiva del acuerdo obedecía a una cifra transaccional que habilitaba «un juego» en el que se pueda ganar o perder.

El señor Benhamou lo explica de esta manera:

«Cuando se negocia una conmutación, se hace por cuenta de la compañía cedente. Esta última quiere tomar el 70% de las cuentas, incluido el IBNR, aunque éste no ha llegado todavía. Si esta comunicación llega, por ejemplo, dentro de 10 años, la compañía cedente va a ganar pero si lo hace dentro de un año, ella perderá. Entonces, esto tiene relación con los siniestros que son suspendidos, no depositados y comprende los IBNR. Por eso, en Europa hacemos la diferencia entre las dos categorías; lo relativo a IBNR no se puede valorar con certidumbre, mientras que sí se puede hacer eso en relación con los otros tipos de siniestros. Allí el juego tiene que ver simplemente con una cuestión de tiempo o de movimiento en el tiempo. No se trata de una cifra total. Sin embargo, en lo que respecta al sistema de IBNR el juego implica dos cosas: la cifra y el tiempo. Sin embargo, ustedes pueden tener IBNR durante mucho tiempo, hasta 30 años. Hay que tener en cuenta que algunos riesgos son muy aplazados en el tiempo; me refiero, por ejemplo, a responsabilidad civil y polución».

ACTA 14 - 4/7/94 - P. 54

Luego, preguntado respecto del sostén documentario para verificar la veracidad de las obligaciones, explica:

«Estos puntos son muy claros y, en ese sentido, debo decir que poseo toda la documentación pertinente. Sin embargo, no podemos presentarla toda, porque es sumamente extensa. En realidad, se trata de montañas de documentos».

ACTA 14 - 4/7/94 - P. 55

Personalmente, me genera mucha inquietud:

1) Que el Directorio del Banco haya expresado confianza y haya realizado una transacción comercial sin asesoramiento nacional especializado, con dudas razonables y rechazos tajantes de parte de la administración, con una persona de la que no se tenían antecedentes y hace aparición reclamando una deuda multimillonaria de la que nadie tenía noticias.

2) Que se haya incrementado dicha confianza al extremo de solicitarle o aceptar que representara «nuestros intereses» en la comunicación de presunta deuda con Mission Insurance.

3) Que a la luz de dicha experiencia se confíe en él para aceptar una oferta de compra del Banco Pan de Azúcar.

Esa oferta se hace nombre de una financiera que dice tener un capital de U$S 1:000.000, que dice estar respaldada por 6 Bancos italianos, aunque todos esos extremos no se confirman.

4) Que el Banco Central haya rechazado ofertas referidas al mismo Banco, en razón de que la calificación de los interesados no sobrepasaba ciertos baremos. Mientras que cuando se vende el Banco Pan de Azúcar a Bank Nord no califica porque no se sabe a qué Banco venden y si existe siquiera algún Banco que respalde la operación, más allá de la persona del señor Benhamou.

5) que no se haya contestado el pedido de informes realizado hace 4 meses referido a la venta del Banco Pan de Azúcar y que el abogado que defiende los intereses del señor Benhamou -que lo acompañó en su comparecencia a la Comisión- comparte bufete con el doctor Daniel Cambón.

DOCTOR DANIEL CAMBON

El actual subsecretario de Turismo y anterior integrante del equipo asesor de la Presidencia no tiene ni ha tenido ningún tipo de vinculación orgánica con el Banco de Seguros del Estado, sin embargo:

1) Fue compañero de directiva en el Club Nacional de Fútbol, de los señores Víctor Israel y Sergio Codevilla, titulares de RESINBAL S.A. que fue la adjudicataria de la licitación 993 para el servicio de marcaje de automóviles (este asunto se analiza más adelante).

2) Ofició como presentador del doctor Barry Schochet.

3) Mantuvo un contacto permanente con el anterior presidente del Banco de Seguros del Estado. Lo acompaño en viaje a Estados Unidos en 1992, oportunidad en que se hizo el reclamo telefónico de giro para Mission Insurance.

4) Acompañó al señor Benhamou, en gestión de cobro de U$S 330.000 en las ventanillas del Banco de la República Oriental del Uruguay.

5) Comparte bufete con el abogado del señor Benhamou, en todo lo que tuvo que ver con las gestiones que culminaron con la venta del Banco Pan de Azúcar.

FERNANDO GOMEZ FYNS

Se trata de un abogado actualmente adscripto a la Cancillería, que aparece vinculado al Grupo Kleber durante un largo período, desempeñándose a veces, simultáneamente con la tarea de embajador de nuestro país en Yugoslavia y Albania.

1) SEÑOR BENHAMOU: «No, el señor Gómez Fyns estuvo en 1981 ó 1982. En esa época el señor Gómez Fyns era abogado del presidente del Grupo Kleber. Aclaro que lo conocí recién cuando ingresé y que la relación que existía entre ambos era anterior a mi llegada.

Contestando la pregunta del señor senador Bouzas debo señalar que, efectivamente el señor Gómez Fyns estaba en Paría en el momento de la primera visita que recibimos. Nunca trabajó para mí como abogado, en primer lugar porque yo mismo soy abogado y no necesito de otro profesional y, en segundo término, porque en esa época creo que era embajador».

ACTA 14 - 4/7/94 - Ps. 47 y 48

2) SEÑOR ITTE: «El señor Gómez Fyns me fue presentado en las reuniones que tuvieron lugar en París, en febrero de 1991. Reitero que en esa ocasión me presentaron al doctor Gómez Fyns que era embajador de Uruguay en Yugoslavia y Albania.

Debo señalar que antes de viajar a Francia habíamos recibido una carta firmada por el señor Benhamou en la que solicitaba al Banco que el 10% de los créditos que tuviera el Grupo Kleber a cobrar de parte de la Institución quedaran automáticamente cedidos al doctor Gómez Fyns. De modo que cuando me los presentaron, supuse que iba a actuar en la negociación en la calidad de asesor del Grupo Kleber».

ACTA 9 - 20/6/94 - P. 34

3) Contrato de cesión del 10% de los derechos del Grupo Kleber a favor del doctor Gómez Fyns, de fecha 23/4/90.

Cabe agregar que simultáneamente con 2) y 3) el doctor Gómez Fyns se desempeñaba como embajador uruguayo en Yugoslavia e itinerante en Albania, según expediente remitido a la Comisión por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

CONCLUSIONES:

La resolución de 1974 por la que el Banco de Seguros del Estado se involucró en la contratación agresiva de reaseguros activos (asunto para el que no estaba preparado) fue catastrófica para los intereses nacionales.

En la primera administración postdictadura y por iniciativa del doctor Luciano Macedo el Directorio de la época retomó sus atribuciones en todo lo que hacía referencia con este Departamento.

En la actual administración se inauguró una política de cancelación de deudas, con acuerdos comerciales, extrajudiciales, que ponen en entredicho la sana administración de una empresa del Estado:

a) por saltar por encima de normas de observancia obligatoria para administradores de empresas públicas.

b) por aceptar acuerdos sin conocimiento ni sano asesoramiento, que implicaron e implican obligaciones muy gravosas.

Todo esto sumado, obliga al Poder Legislativo a reclamar responsabilidades a los actores. El director Hermes Silva, dijo, en noviembre de 1992, en un encuentro de funcionarios del Banco realizado en Mercedes:

«Y es mi tema el tema de la ética y de la moral. Porque cuando vamos a arreglar una cuenta en el exterior el Banco tiene que mandar a un Director. Le debemos tres millones de dólares al Grupo Kleber. Yo le digo al de Kleber allá en Francia: mirá te debemos tres millones. Te doy uno por medio y vos me das un millón y medio para mí. ¿Quién se entera? ¿Quién se entera? ¿Quién de ustedes puede estar seguro de que yo ya no lo hice? ¿Y cuándo vamos a arreglar las cuentas de reaseguros que son más de 100 millones de dólares, todo tiene que pasar por mi o por el Directorio? ¿Tiene que pasar por el ministro de Economía que es una persona? ¿Cómo nos arreglamos ahí? ¿Cuántos juicios? Ahora arreglamos el juicio Mission. Hicimos un arreglo creo que por U$S 2:400.000. Lo hizo el abogado este, contratado, que contrató el Directorio, y cuando arregló, ¿cuánto mordió él? De repente estoy hablando de más. La honestidad del hombre sirve. Lo que no sirve es el sistema. Porque a mi me deja dudas en todos lados. Pero me deja dudas el mostrador de automóviles también. Cuando viene un hombre a cobrar le dicen: vos estás apurado por cobrar. Sí, no puedo más, no aguanto más. Bueno. Mirá te doy tanto y dejáme la cuenta y me voy. Si tendrá razón Ifrán. Gracias».

Frente a afirmaciones de ese tenor, y obligaciones que comprometieron y comprometerán al país por mucho dinero y mucho tiempo, no acepto que se opine que todo es normal y que, en todo caso, únicamente hay enfoques diferentes de un emprendimiento comercial.

Es necesario conoce la verdad.

Es necesario rendir cuentas de lo actuado.

Es necesario enfrentar las dificultades con criterio nacional.

ARGENGROUP

Se trata de un seguro de accidentes personales que protege a los pasajeros de automóviles de paseo. Incluye traslado del vehículo, internación hospitalaria, tratamiento psiquiátrico. Es obligatorio.

Según el presidente del Directorio:

«Este sistema de seguro de accidentes personales, que va agregado a la póliza de automóviles de paseo, camionetas rurales y doble cabina, consiste en una indemnización de U$S 10.000 en caso de fallecimiento de algún ocupante del vehículo, o de hasta U$S 3.500 para la atención de los lesionados o si fuera necesario para tratamiento psicológico o psiquiátrico. Este seguro también incluye el derecho al transporte del vehículo en caso de que éste quede averiado y no pueda movilizarse por sus propios medios. Fue tomado a través de la empresa ARGENGROUP con la «Leslie and Gouding» de Inglaterra. En él, el Banco cedió el cien por ciento de la cobertura».

«Cabe señalar que este seguro nunca fue bien visto por el personal del Banco, por lo que se resolvió por su cuenta que no se informará a la gente de la existencia de este seguro. Quienes renovaron sus pólizas a partir del 1º de setiembre de 1992 tenían este amparo, y hasta el día en que leí este informe solamente se habían pagado por reclamo seis muertos, una invalidez y ocho heridos.

Debe tenerse en cuenta esa absurda poca cantidad de reclamaciones porque la gente ignora todo esto ya que nunca se brindó información al respecto.

Es decir, pues, que se ha producido una suerte de confabulación secreta par que la compañía inglesa se lleve prácticamente U$S 2:000.000 de este país, a costa del dolor y las lesiones de los uruguayos. Esa es la realidad.

A pesar de que he sido autorizado por el Directorio, todavía no he publicado la lista de personas que, desde el 1º de setiembre, tienen derecho a reclamar por esta concepto. En este sentido, reitero que se ha confeccionado la nómina con fechas, números de vehículos, lugares de accidentes, etc., pero no la he publicado porque tendría que aparecer en una separata, lo que insumiría una elevada suma de dinero. De todos modos, estoy buscando la forma de publicar esta información para que las personas que tienen derecho vengan a cobrar antes de que prescriba».

«Puedo señalar que cuando llegué a la Presidencia del Banco recién me enteré de la existencia de ese seguro».

«Por otra parte, debemos indicar que la empresa reaseguradora también tiene interés en este tema. A su juicio, un seguro en estas condiciones no es leal. No es ético tener un seguro que no se utiliza».

«Con anterioridad a la existencia de este seguro, había un contrato al que sólo podían optar los vehículos de paseo asegurados a la póliza completa con por lo menos 20 RC. El costo del seguro ascendía por aquella época a alrededor de U$S 18. Sin embargo, el otro seguro al que nos estamos refiriendo se pagaba por plazas, y era obligatorio asegurarlas todas. Es decir que si el vehículo tenía capacidad para cinco personas, necesariamente había que contratar las 5 pólizas. Si bien considerado por plazas resultaba un seguro más barato, lo cierto es que como había obligación de tomarlas todas, el costo aumentaba al doble o al triple del anterior.

El monto de la indemnización, debo decir que es ligeramente menor. Antes se pagaban U$S 10.400 y ahora U$S 10.000. Pero se ha agregado una cobertura a toda América del Sur cuando en el caso anterior sólo alcanzaba a los países limítrofes. Por otra parte, se agregaron los remolques y hasta U$S 3.500 por atención de heridos y, como decía el señor senador, abarca a los pasajeros de todos los vehículos de paseo y de las camionetas pick up y rural».

«Para hacer lo mismo, el propietario de un vehículo de 4 plazas, por ejemplo, debería pagar U$S 48. De la otra manera pagaba mucho menos; porque la diferencia está siempre a favor. Si extendiéramos nuestra protección más allá de los países limítrofes, todo se complicaría aun más».

«Este trámite se inicia en virtud de un planteamiento de la firma Argengroup o Argenhold, empresa que trabaja para la Institución desde los albores de su creación. Este planteo es tan común como aquellos antiguos por los que se tramitaban otros tipos de reaseguros.

La empresa opera ese tipo de seguro que había aparecido -con esto estoy respondiendo la segunda pregunta del señor senador- en función de la siniestralidad del resto del mundo y no del Uruguay».

ACTA 5 - 6/6/94 - Ps. 4, 6, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 26 y 27

Mientras que, por su parte, los servicios técnicos del Banco opinaron:

«Hacemos notar que una cobertura con límite uniforme para cada asegurado, con un volumen como el de la cartera de automóviles (o el de los autos particulares, llegado al caso), no necesita reaseguro. Si se tratara solamente del riesgo de accidentes individuales, no vacilaríamos en recomendar que, si se hace, se hiciera con retención total del Banco».

«El negocio estaría resultando brillante para el Banco, puesto que Actuaria opina que el riesgo, tomado por el Banco, no necesitaría ni justificaría el reaseguro; el producido es ganancia total, hasta el momento para el Instituto».

(Opinión del Gerente actuario del Banco de Seguros del Estado).

Y de las actuaciones de la Comisión Investigadora surge:

CELIA VIANA: «Este reaseguro del adicional de accidente de pasajeros de automóviles fue manejado directamente por el Directorio, introduciéndose como otros en forma poco usual en el Departamento de Reaseguros. Cuando fue traído al Departamento de Reaseguros quien habla no cumplía funciones allí pero debido a los pagos que se debieron efectuar a esa empresa tuve conocimiento de este negocio y, además, estuve presente cuando la Gerencia, a instancias del Vicepresidente del Banco, señor Lorenzo, intentó la revisión al primer año de vigencia. Se tata de un contrato de reaseguros absolutamente inusual. En primer lugar se reasegura un adicional de una cartera de automóviles que nunca se reaseguró porque no tiene cúmulo catastrófico y, por lo tanto, se consideró que no era necesario el reaseguro. Tampoco se reasegura, por ejemplo, la cartera de accidentes de trabajo. Quiere decir que se reasegura un adicional sin reasegurarse el seguro principal.

En segundo término se reasegura el 100%, cuando en contratos de reaseguros esto prácticamente no existe; sólo en los facultativos a veces se reasegura por ese porcentaje.

Por otro lado, cabe señalar que no era un contrato de resultado desconocido porque había estadísticas de mortalidad dentro del siniestro de automóviles. En consecuencia, este negocio brillante que es la venta del adicional de accidentes de automóviles, tiene una comisión bajísima del 10%; esto es algo extraño y en materia de reaseguros lo más inusual que uno se pueda imaginar.

Incluso, se solicitó un aumento del 50% y éste fue de un 50% sobre la comisión que ya existía, es decir que ahora la comisión de reaseguro es de un 15%. Este contrato ha sido tremendamente ganancioso para la empresa inglesa. Cabe destacar que el Departamento de Reaseguros no tuvo nada que ver con este asunto y menos aun , tuvo conocimiento de que se había impuesto como obligatorio el seguro en automóviles; simplemente instrumentamos lo determinado por el Directorio. El señor Larrea fue llamado por el vicepresidente -no recuerdo si el señor López estaba o no de licencia- quien lo interrogó sobre si había reclamaciones sobre este asunto».

ACTA 7 - 13/6/94 - Ps. 40, 41 y 42

DANIEL DAMELE: «No, señor senador. El Departamento de Reaseguros, en ese contrato especial, simplemente se limitó a la administración del negocio. Es decir que no se contrata en dicho Departamento y tampoco con el corredor o reasegurador, ni con las condiciones de reaseguro. Una vez estipulado el contrato, se dan los elementos al Departamento de Reaseguros para realizar su administración, que consiste en la cesión de los permisos, los pagos y los cobros de los eventuales siniestros.

El Directorio del Banco es el que aprueba el contrato. El Departamento de Reaseguros no tiene ninguna intervención».

ACTA 7 - 13/6/94 - P. 67

RUBEN LARREA: «No estábamos de acuerdo con el Directorio -entre la parte técnica de la administración y la administrativa hubo discrepancias- en contratar ese tipo de reaseguros. Todas las compañías entienden que se contrata un reaseguro por lo que la empresa, digamos, no puede ‘bancar’. Si se tratara de hasta U$S 10.000, el Banco podría acceder al negocio. Cuando se contrata un reaseguro en general se piensa en exceso de determinados capitales y en que el Banco podría producir algún desequilibrio en la balanza. Quiere decir que un reaseguro de hasta U$S 10.000 bien podría ser administrado por el Banco. Por otra parte, entendíamos que este seguro debía haber sido opcional y no obligatorio. De hecho, todos estamos pagando U$S 15 de más en el seguro de automóviles, por ser obligatorio y no opcional.

Reitero que técnica y administrativamente los profesionales aconsejamos que ese seguro no debía tomarse, pero lo concreto es que se hizo.

No sé si la iniciativa la tuvo el Banco o si se planteó desde el exterior.

Me animo a decir que, tal vez, la propuesta haya venido de afuera.

En la Cartera de Automóviles no se reasegura absolutamente nada. Podría existir un reaseguro en exceso de determinadas pérdidas en la Cartera de Reaseguros; pero eso tampoco se hace. Insisto en que en la historia del Banco de Seguros, nunca se reaseguró absolutamente nada en la Cartera de Automóviles, y menos un adicional. En base a este criterio, todos hemos entendido que tampoco se debería haber reasegurado nada, ni un adicional ni parte de la Cartera, puesto que nos e habían hecho los estudios pertinentes y la emisión de este seguro fue un tanto acelerada y hasta diría presionada. Este seguro tiene vigencia 1º de setiembre de 1992, y en primera instancia se había sugerido que fuera a partir del 1º de julio. La Administración no tenía conocimiento de este tipo de seguro y el Directorio lo presentó un poco imprevistamente».

ACTA 12 - 27/6/94 - Ps. 29, 30 y 31

ENIO FERNANDEZ: «De ese seguro el Banco percibe una comisión, que ahora se ha visto incrementada. Con total lealtad, la Administración entendió que no había por qué reasegurar ese seguro dado que, en rigor, era algo así como un reaseguro hecho fuera de nuestro país por una empresa con la cual tenemos muy buenas relaciones. Además es un ‘broker’ muy importante.

Por otra parte, quiero señalar -creo que el señor presidente del Banco lo comentó en la prensa- que se han producido muchos accidentes en los que han fallecido varios ocupantes de vehículos. A pesar de que el público está informado de la existencia de esta póliza adicional -se les comunicó este hecho en el contrato, se emitieron volantes y, además, no puedo dudar de que los corredores no hayan informado acerca de este nuevo beneficio- lo curioso es que no se han presentado reclamaciones importantes. En un país donde fallecen entre cuatrocientas y quinientas personas en accidentes de tránsito, me resulta bastante increíble que no hayan presentado al menos 150 ó 200 reclamaciones».

ACTA 12 - 27/6/94 - Ps. 48 y 49

GUSTAVO PENADES: «Desde el punto de vista del negocio en sí, pienso que el reaseguro no era necesario y así lo informamos junto con el primer Subgerente general y, si mal no recuerdo, otro tanto hizo el Departamento Actuarial.

Reitero que el Directorio comprendió este emprendimiento dentro de una gestión de negocios que se estaba llevando a cabo globalmente con la empresa mencionada.

ACTA 14 - 4/7/94 - P. 25

Por otra parte -aunque se ha dicho a la Comisión que este negocio fue aprobado por unanimidad en el Directorio- en oportunidad de la primera renovación anual ella sólo obtuvo tres votos.

Estamos, a todas luces, en un negocio pensado e impulsado desde fuera del Banco de Seguros del Estado y del país, que ha significado estupendas ganancias para el supuesto reasegurador, al tiempo que se le impuso una carga obligatoria a todos los particulares propietarios de vehículos asegurados en el Banco de Seguros del Estado.

Aunque en su forma aparece como un negocio de reaseguros pasivo, nos inclinamos a pensar que es un seguro adicional a la póliza de automotores que contrata, en forma obligatoria, cada particular con una empresa extranjera, limitándose, el Banco de Seguros del Estado, a participar como mero agente intermediario.

Hay irregularidades del punto de vista instrumental porque el negocio no se tramita a través del Departamento de Reaseguros.

Hay irregularidades del punto de vista de conveniencia dado que los servicios técnicos desaconsejaron unánimemente el contrato.

Hay irregularidades del punto de vista comercial, ya que por tratarse de un seguro atomizado y parte del seguro de automotores no se justifica la cesión de todo o de parte de la prima.

Hay irregularidades del punto de vista legal, dado que se estuvo violando el monopolio de la cartera de automotores, desde el propio Directorio del Banco de Seguros del Estado. Ha quedado demostrado que no hubo la pretendida confabulación de funcionarios y corredores contra esa póliza: lo demuestran los volantes recibidos por cada asegurado en oportunidad de renovación de su póliza.

Este seguro es inconducente porque ya existía otro similar pero voluntario.

No es cierto que el seguro voluntario del Banco -que sigue vigente- sea más caro que este obligatorio. Se debe considerar que el pago por cada siniestro es diferente.

Finalmente: no es cierto que el señor presidente no haya publicado la lista de los acogidos a este beneficio por razones económicas. Lo prueba la cifra de U$S 4:081.158,41 que pagó por propaganda el Banco de Seguros del Estado en el período 15/7/93 a 16/5/94; casualmente coincidente con el período de trámite parlamentario de la ley de desmonopolización de los seguros.

RESINBAL S.A.

Esta empresa, que tiene a los señores Víctor Israel y Sergio Codevilla como representantes legales, comenzó a operar a partir del momento en que fueron adjudicatarios de la Licitación Nº 993 del Banco de Seguros del Estado (6 de febrero de 1992). Durante el período de vigencia de la licitación facturaron una cifra que oscila entre los U$S 3:500.000 y U$S 4:000.000. El contrato finalizó el 31 de diciembre de 1993. El precio pagado es demasiado elevado para la infraestructura, personal y trabajo que demanda la tarea.

Anotamos las siguientes irregularidades que permiten deducir la existencia de favoritismos en la adjudicación del trabajo:

I) De las tres empresas calificadas se desestimó la más barata (Silva y Rocca) por haber presentado el día 1º de octubre de 1991 «una ampliación de la oferta inicial; II) que ello afecta el principio de igualdad entre los oferentes».

Esta empresa cotizaba a N$ 36.000 más IVA por vehículo con ajustes cuatrimestrales, mientras que RESINBAL cotizó N$ 84.180 IVA incluido, con ajustes trimestrales.

2)El Banco no hizo un cálculo de costos previo, para tener idea de precio aproximado. Debe tenerse en cuenta que la oferta desechada por defecto formal en el trámite de la licitación, cotizó a la mitad de la adjudicataria. Es decir que el Banco pagaría a la postre U$S 1:750.000 a U$S 2:000.000 menos de lo que pagó.

3) Pese a tener la potestad, el Banco no anuló la licitación a la luz de las diferencias siderales entre ambas cotizaciones. A dichos efectos el señor Gustavo Penadés dijo:

«No tengo ninguna duda de que existe la posibilidad de anular ese llamado o, inclusive, dejarlo sin efecto, así como no hacer ningún otro llamado a licitación, debido a ciertos principios y condicionantes con los que se manejan estos trámites. En consecuencia, si hubiera existido alguna causal o si el Directorio lo hubiera entendido pertinente, inclusive por alguna razón económica -en este sentido vale destacar el ejemplo que mencioné hace un instante relativo a la posibilidad de que la oferta hubiera sido muy cara y no hubiera podido ser cubierta por los servicios- el Banco hubiera estado en todo su derecho de efectuar la anulación del llamado y hacer o no un nuevo llamado público».

ACTA 14 - 4/7/94 - P. 5

Y en reciente fallo, al reiterar jurisprudencia anterior el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió que la licitación no es un procedimiento de contratación para proteger los derechos del licitante o proveedor, sino primordialmente para proteger el superior interés público en materia de contrataciones, procurando condiciones óptimas.

4) No se sabe si en el llamado a licitación se establecía la cantidad de marcas por vehículo, dado que el mismo fue extraviado o robado. Respecto de este asunto, las explicaciones que se brindan son anecdóticas y no convincentes.

SEÑOR ALFONSO: «Tuve conocimiento de la desaparición del expediente por un comentario que en ese sentido me hizo el señor Gerente General.

Parece una broma que en el Banco de Seguros del Estado suceda lo que voy a manifestar a continuación. Al señor Gerente General no solamente le faltó el expediente citado, sino que también le sustrajeron un calefón; al señor presidente anterior le hurtaron un equipo de radio y a quien habla le quitaron el mate, la bombilla y la yerba. Son cosas que suceden, señor presidente aunque es mucho más importante la falta del expediente».

ACTA 4 - 3/6/94 - P. 70

SEÑOR PENADES: «El extravío de expedientes es una cosa que se produce con frecuencia, sobre todo, en una administración que mueve un flujo de expedientes de tal magnitud. A mi entender fue desaparecido en forma intencional».

ACTA 14 - 4/7/94 - Ps. 6 y 7

5) Resulta llamativo que no se haya hecho una investigación para tratar de recuperar el expediente de la licitación Nº 993, aunque -anotamos- pese al extravío quedaron antecedentes suficientes que permiten cumplir con las obligaciones del Banco frente a RESINBAL.

6) No se tuvo en cuenta o se obvió partiendo de un presupuesto de existencia de buena fe, de la posibilidad que ha tenido RESINBAL para captar información de la Cartera de Automóviles del Banco de Seguros del Estado, a la hora de la desmonopolización.

PERSONAL

De las informaciones suministradas por AEBU y el Directorio surgen diferencias en la cantidad de personal ingresado al Banco de Seguros del Estado durante la actual Administración:

AEBU DIRECTORIO

ingresos por redistribución 246 291
ingresos por designación directa 20 -
ingresos por arrendamientos de obra 33 32
ingresos suplentes CSM 144 -
ingresos en comisión 47 49

Con referencia a la eliminación de las condiciones aprobadas por el anterior Directorio (menores de 45 años y prueba de suficiencia), transcribo:

SEÑOR ALFONSO: «La disposición del Directorio -no del actual, sino de uno anterior- a que se hace referencia, es cierta. Sin embargo, la redistribución del personal se realiza en función de lo dispuesto en la ley Nº 16.127, que no establece límites ni procedimientos. Por otra parte, el Banco de Seguros del Estado acepta lo que le propone la Oficina Nacional del Servicio Civil. En consecuencia, si hay alguien que no está en condiciones, o no está capacitado, es un problema de dicha Oficina y no del Banco.

SEÑOR BOUZAS: ¿El Banco no tiene derecho a negarse a un ingreso?

SEÑOR ALFONSO: Obviamente, puede hacerlo; puede negarse».

ACTA 5 - 6/6/94 - P. 31

Notoriamente, la eliminación de ambos requisitos empeora el perfil del personal que ingresa -sobre todo cuando el Banco debe prepararse para trabajar en competencia- y facilita el tráfico de influencias en procura de una redistribución hacia un empleo público codiciado.

GESTION DEL DIRECTOR ALFONSO

1) Referido a su solicitud del listado de clientes del Banco y su presunta vinculación con la oferta de trabajo realizada por el señor Benhamou.

En este caso, ninguno de los declarantes aclara la necesidad de la disposición del fichero completo -un listado muy grande, con 900.000 líneas, cuyo tiraje duraría cuatro horas y configuraría un tomo de setenta centímetros de alto- que en su momento solicitó el secretario del director Alfonso al señor Nicolassi.

La explicación del Director Alfonso fue:

«La situación quedó así, aunque me pareció que me había quedado sin ninguna herramienta de trabajo. Si así lo disponía la administración del Banco, pues ellos estarían en su derecho. El tiempo transcurrió, y quince días después de esto vino a hablar conmigo el Director del Departamento de Sistemas, señor Nicolassi -a quien supuestamente se había agraviado con un ascenso- y, de forma incidental, el tema apareció en la conversación. Le dije que no tenía ningún problema, que yo había pedido un dato y que si no me lo querían dar, pues había que resignarse, a lo que me respondió que de ninguna manera, que estaba disponible en mi terminal. Aclaro que en mi despacho tengo una terminal que permite obtener determinadas consultas. Yo no sabía que ese dato estaba disponible y, a través de una clave de acceso al programa -el password- hoy tengo lo que pedí. Reitero que eso me lo dio el señor Nicolassi.»

ACTA 3 - 30/5/94 - P. 48

Obviamente no es lo mismo la disposición de un listado general de clientes del Banco (poco útil para hacer consultas individuales) que la disposición de una clave para acceder, desde una pantalla, a un cliente por vez, ambos instrumentos no son intercambiables.

Las explicaciones del señor Nicolassi no difieren sustancialmente de las del Director Alfonso:

«Mientras se desarrollaba el programa por parte de la subgerencia del área -ya que en ese momento contábamos con poco personal debido a las licencias- fui entrevistado por la delegación de la Comisión Representativa, que me solicitó que esperara antes de efectuar el listado, porque ellos querían hablar con los jerarcas del Departamento de Sistemas y con el Gerente General. Por mi parte, expresé que nos encontrábamos trabajando en la puesta a punto de los programas y que ese día íbamos a entregar el listado que se había solicitado.

Fue por esa razón que éste fue dejado en lo que en computación se llama lista de espera, para hacer la emisión. Inmediatamente después de haber hablado con la delegación me comuniqué con el Subgerente responsable del área, Cr. Walter Puime quien transmitió mi pedido al Gerente general. Posteriormente, este último me informó que la orden para emitir el listado iba a ser comunicada por medio de la Gerencia General. Sin embargo, debo aclarar que nunca recibimos esa solicitud. Quiero decir que el listado se encontraba en la cola de espera para su impresión, pero como jamás se recibió la orden, no se entregó.

Lo expresado anteriormente sucedió a fines de febrero de 1994. Posteriormente, a mediados de marzo, el Director del Banco de Seguros del Estado, señor Alfonso, me solicitó que concurriera a su despacho para tratar un asunto relativo a la cobranza a realizarse a través de débitos bancarios o tarjetas de créditos, que en ese momento estábamos instrumentando junto con el personal del Departamento de Sistemas. En dicha oportunidad, tangencialmente, también hizo referencia a que se le había negado el listado que había solicitado. A esa afirmación contesté que no era cierto, que aguardábamos la comunicación de la Gerencia General y que el mismo había quedado en lista de espera. Asimismo, agregué que el señor Director tenía la posibilidad de conseguir inmediatamente la consulta de ese listado agregándole en pocos minutos el menú correspondiente. El Director Alfonso accedió a esta propuesta, por lo que a partir de ese momento contó con dicha información. Evidentemente, ese listado luego debe haber perdido trascendencia.»

ACTA 8 - 16/6/94 - Ps 50 y 51

Y referido al acceso a todo el fichero de clientes desde la terminal del despacho del Director Alfonso, dice el señor Nicolassi:

«Es imposible efectuar este tipo de impresión. Por cada pantalla se podría hacer un ‘hardcopy’ que abarcaría 25 líneas, y en total se estaría hablando de 500.000. En realidad, esto se podría efectuar, pero sería muy trabajoso y poco práctico. Es por esa razón que debido a la velocidad de impresión, los listados se efectúan en lotes cuando se procesan en equipos centrales.»

ACTA 8 - 16/6/94 - Ps. 51 y 52

Respecto a la ofertas del señor Benhamou dijo el Director Alfonso:

«Creo que entre Carnaval y Semana Santa, el señor Benhamou se puso nuevamente en contacto conmigo a fin de plantearme la posibilidad de que en caso de concretarse una operación que permitiera la instalación de una empresa de seguros en Uruguay en el marco del Banco Pan de Azúcar, quien habla pudiera integrarse a ese emprendimiento. Mi respuesta fue que como en ese momento integraba el Directorio del Banco de Seguros del Estado y que por tanto era funcionario del Estado uruguayo, no podría contestar esa pregunta.

Unos días antes de Semana Santa se produjo una tercera reunión con el señor Benhamou quien volvió a reiterar el mismo planteamiento al que respondí en iguales términos.»

ACTA 3 - 27/5/94 - Ps. 58 y 59

Y sobre el mismo asunto el señor Benhamou fuera de versión taquigráfica (a su solicitud) negó haber efectuado oferta de trabajo al Director Alfonso. Expresó que, simplemente, le había invitado a conversar, una vez que el señor Alfonso dejara de ser Director del Banco de Seguros del Estado.

2) Referido a la sustitución del señor Nicolassi al frente del Departamento de Sistemas. El Director Alfonso niega la existencia de una represalia.

«Después se produce su sustitución al frente del Departamento de Sistemas pero yo no podría -se me acusa de haberlo castigado- castigar a alguien que me dio lo que le pedí. No resiste el análisis. El me dio lo que yo le pedí cuando los otros integrantes del departamento me lo habían negado. Al señor Nicolassi se lo trasladó porque fundamentalmente el Banco necesita de sus muy importantes servicios como vendedor para reforzar el Departamento de Comercialización, porque el Banco de Seguros del Estado en un marco de competencia, precisa sobre todo de este tipo de funcionarios para hacer frente a este nuevo desafío que se plantea.

El señor Nicolassi fue ascendido, o sea que se puso en sus manos no sólo el manejo de una herramienta llamada Departamento de Sistemas, sino también el Departamento de Comercialización que había quedado acéfalo con motivo de la jubilación de su jerarca anterior.»

ACTA 3 - 30/5/94 Ps. 48 y 49

De las declaraciones del señor Nicolassi, sin embargo, surgen dudas respecto del propósito de represalias.

«Cuando tomé conocimiento de mi sustitución como Director del Departamento de Sistemas para ejercer funciones de Subgerente General de manera informal, inmediatamente concurrí al despacho del Gerente General, para que me comunicara las razones por las cuales se había adoptado esta decisión. El me contestó que la resolución del Directorio había sido tomada en régimen de Comisión General, es decir sin que estuvieran presentes los asesores, los secretarios letrados, el Gerente y el primer Subgerente general. Cuando los asesores volvieron a sala se les comunicó mi nombramiento como Subgerente General, paralelamente con el del nuevo Director de Sistemas. Asimismo, las razones que habían dado no cuestionaban en ningún momento mi actuación en el Departamento de Sistemas.

Por lo tanto, reitero, no puedo asociar estas dos situaciones. Simplemente mi inquietud radicaba en saber si había desempeñado mi cargo en forma adecuada ya que nunca se me hicieron objeciones por mi actuación.

Posteriormente, fui citado por el presidente del Banco de Seguros del Estado, Sr. De Fuentes, quien deseaba explicarme las razones por las cuales se había efectuado la designación, que eran las mismas que había expresado el señor Gerente general. En ese momento expresé que como funcionario de la institución debía aceptar lo resuelto por el Directorio, pero quería precisar ciertos aspectos. En primer lugar, por la jerarquía del cargo que desempeñaba, por la antigüedad de 40 años en el Banco de Seguros del Estado -más de 35 desempeñando el cargo al servicio del Departamento de Sistemas- con una foja de servicios sin ninguna observación, con las calificaciones más altas, y por no estar cuestionada mi actuación en el Departamento de sistemas, consideraba que debía haber sido consultado previamente del cambio resuelto, como es de estilo cuando -como parece en este caso- se quiere destacar la actuación de un jerarca. En ese sentido, se expresó que mis manifestaciones eran de recibo.»

ACTA 8 - 16/6/94 - Ps. 52 y 53

Y en cuanto al presunto ascenso:

SEÑOR NICOLASSI: «Deseo señalar que el cargo de Director de Sistemas está asimilado presupuestalmente al de Subgerente General, por lo que, desde el punto de vista económico esto no significa ningún ascenso, por lo que no existió aumento de sueldo.»

ACTA 8 - 16/6/94 - P. 54

SEÑOR PENADES: «No estoy seguro de que sea un ascenso. En realidad, lo visualizó como un cambio de funciones.»

ACTA 14 - 4/7/94 - P. 7

Carta del Directorio, de fecha 29/6/94, a solicitud de Comisión Investigadora: «La asignación de funciones del citado funcionario no generó una mayor retribución ya que el cargo de Subgerente General se ubica en la clase administrativa, sub clase casa central, Categoría ‘S’ Grado 3, GEPU 59 y el cargo de Director del Departamento de Sistemas que anteriormente ocupaba el mencionado funcionario se ubica en la Clase Técnica, Subclase Sistemas, Categoría ‘S’, Grado 3, GEPU 59.»

Todo ello permite deducir la existencia de arbitrariedad y represalia.

3) Referido al ascenso del Cr. Julián Alonso.

a) el Cr. Julián Alonso ingresó en setiembre de 1991 -redistribuido del Banco de la República Oriental del Uruguay donde se desempeñaba en el cargo de auxiliar- con el cargo de subjefe otorgado por la Oficina de Servicio Civil.

b) en agosto de 1992 fue ascendido al cargo de auditor interno del Banco de Seguros del Estado, asimilado a Subgerente General.

c) la justificación de la designación la da el señor Director Alfonso;

«Señalo que el documento que tengo en mi poder es un resumen del acta del Directorio del 29 de julio de 1992. En el tratado relativo al departamento de auditoría, aparece la siguiente transcripción: «el Director, señor Washington Alfonso, expresa que recientemente tuvo noticias de la aprobación por el Poder Ejecutivo del presupuesto operativo del Instituto para el presente ejercicio». Dentro del mismo estaba incluida la estructura del departamento de Auditoría.

A continuación expresa: «Asimismo ya se encuentra en el Instituto el expediente, restando solamente que la administración eleve las vacantes para proceder a las distintas designaciones. Sin perjuicio, existe una necesidad innegable en el Banco y para el propio Directorio, de poner rápidamente en marcha la auditoría. Consecuentemente, y como paso previo a los concursos que deberán realizarse, corresponde designar al auditor general y al subauditor General.» Esos eran los cargos que el Directorio podía nombrar por designación directa. «En tal sentido, se permite proponer a los señores Contadores Julián Alonso y Héctor Mato, respectivamente».

ACTA 3 - 30/5/94 - Ps. 27 y 28

También explica que:

«El artículo 48 del estatuto dice lo siguiente: ‘artículo 48. Grados I a III. En caso de vacancia de los grados comprendidos en los grados I a III inclusive, de la categoría Personal Superior, el Directorio proveerá los mismos mediante elección dentro del grupo de funcionarios pertenecientes a la misma categoría y clase o subclase si la hubiere. Podrá apartarse, sin embargo, de esta norma, si mediasen razones justificadas que aconsejen a elegir fuera de dicho grupo de funcionarios y aun fuera del personal del Banco, en interés de éste. En estos casos, la resolución deberá ser tomada por el voto de la mayoría absoluta de los integrantes del Directorio. Esto quiere decir que la designación fue hecha conforme a derecho y sin violar ninguna norma estatuaria preestablecida.’’’

ACTA 3 - 30/5/94 - P. 26

d) al momento del ascenso en tiempo record del Contador Alonso ambos actores del episodio trabajaban juntos en la actividad privada:

DIRECTOR ALFONSO: «Mi relación con el Contador Alonso data de hace aproximadamente 10 años y mi vinculación con el estudio fue exclusivamente un pedido personal que me hizo como amigo, para que yo le preparara algunos programas para transformar sus equipos de computación NCR 32, de registro directo por otros más modernos. Entonces, dado que conozco sobre el tema de informática, me solicitó que preparara algunos programas para atender a su clientela. Muchos de estos programas los realicé en mi casa y la gratuidad del trabajo corre por cuenta de mi tontería y no de la tacañería del contador Alonso. La otra tarea que allí realicé fue el mantenimiento de esa programación, teniendo en cuenta algunos cambios que se produjeron en función del avance tecnológico. En razón de un aumento de mi trabajo en el Banco de Seguros del Estado, me desvinculé del estudio a principios de este año.»

ACTA 3 - 30/5/94 - Ps. 65, 67 y 68

CONTADOR ALONSO: Debo decir que el señor Alfonso realizó un programa de estudio con el fin de dedicarse específicamente a su labor de programador. Esa relación laboral cesó aproximadamente en el mes de noviembre de 1993.»

ACTA 6 - 9/6/94 - P. 41

Y el currículum del Director Alfonso que fuera enviado por el Poder Ejecutivo al solicitar la venia para su designación:

«desde 1978, integrante del estudio contable Contadores Alonso y Gianelli.»

En mi opinión está muy claro que, caminando dentro de lo que permiten las normas vigentes se gestionó un pase en comisión al Banco de Seguros del Estado desde el Banco de la República Oriental del Uruguay (el Contador Alonso proviene del Banco Pan de Azúcar) para habilitar su meteórico ascenso.

Este caso constituye un claro ejemplo de favoritismo.

Algunos integrantes de la Comisión Investigadora justifican esta designación directa en la necesidad de contar con personas de su confianza a la hora de desempeñarse en la función de dirección en una empresa del Estado. Pero esa necesidad -que es atendible- se puede solucionar por el pase en comisión de otras dependencias durante el tiempo que dure el mandato del jerarca. No es necesario en absoluto que se recurra al expediente de atornillar amigos de confianza en los más altos cargos de la carrera administrativa.

SATI

1) De las actuaciones surge que esta contrato ha mejorado notoriamente la ecuación económica de la Cartera de Automóviles.

2) Es cuestionable la contratación de una empresa privada para este trabajo por: a) esta iniciativa data de 1987 habiéndose propuesto en su momento que se realizara con personal del Banco. b) no se tuvo en cuenta el riesgo de fuga de información de la cartera de clientes. C) esta empresa no existía hasta el momento de ser presentada al señor presidente del Banco. d) uno de los directivos figura como gestor de una automotora que repara vehículos siniestrados y su esposa figura como dueña de esa empresa. e) no se ha contestado la denuncia de que la empresa hace oferta de servicios en plaza incluyendo a compañías aseguradoras, prometiendo información desde dentro del Banco. Esta oferta de servicios fue objetada por los corredores y el Directorio mantuvo la situación.

HARRY PIRIZ

Esta contratación se justifica únicamente por la presunta falta de agilidad del Departamento de Sistema del Banco argumentado por el Sr. presidente y por el señor Gerente General.

El Tribunal de Cuentas observó el procedimiento porque «constituye una irregularidad en el manejo de fondos públicos e infracción a la ley de contabilidad».

SEGURO MERCEDES BENZ

No tengo observaciones.

Sala de Comisión, 19 de julio de 1994.

Carlos Bouzas. (Miembro Informante). Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor senador Alonso Tellechea.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Voy a retomar la exposición que había iniciado en la sesión pasada, en la que ya habíamos comenzado nuestro informe. En ese momento decíamos que la Comisión Investigadora fue nombrada por el Cuerpo el día 11 de mayo y se le otorgó un plazo de 30 días para expedirse, a la luz de la recomendación efectuada por la Comisión Preinvestigadora. Dicha Comisión se instaló el día 16 del mismo mes, celebró 21 sesiones y produjo su informe final con fecha 19 de julio del año en curso.

Asimismo, ya habíamos dejado expresa constancia de nuestro reconocimiento -y creo que del de todos los miembros de la Comisión- a los señores secretarios y a los funcionarios que acompañaron la labor realizada a lo largo de todo este tiempo.

En el transcurso del trabajo de esta comisión se recibió al Directorio del Banco de Seguros del Estado, el que concurrió en forma íntegra en varias sesiones acompañado, en muchas ocasiones, por asesores y funcionarios de los distintos grados del escalafón.

Asimismo, se recibió a las autoridades y delegados de la Asociación de Bancarios del Uruguay quienes completaron las informaciones que poseía la Comisión referentes a las denuncias oportunamente efectuadas. Por otra parte, concurrieron empleados y ex funcionarios del Banco de Seguros, y en este sentido quiero señalar que por resolución de la propia Comisión dichas citaciones fueron comunicadas al Directorio del Banco a fin de facilitar la posibilidad de que a esos funcionarios se les permitiera concurrir en horarios que a veces coincidían con su turno laboral, como forma de obtener la transparencia adecuada en el momento de recibir su testimonio. Por último, también fueron recibidas otras personas que no necesariamente fueron o hubieran sido funcionarios del Banco de Seguros en virtud de que se entendió que era necesaria su declaración.

A continuación, quisiera formular algunas consideraciones de carácter general que creo se manifiestan en el informe en mayoría que hemos confeccionado junto con los señores senadores Bouza y Elso Goñi. En virtud de lo delicado del tema y del hecho de que en este tipo de investigaciones se encuentran en juego algunos valores muy importantes de los individuos tales como la honorabilidad y la honestidad de quienes brindan sus esfuerzos a través de los cargos públicos, se puso un especial cuidado en el manejo de la información a los efectos de que no se difundieran las actuaciones de la Comisión y de esa forma perjudicar a alguna persona antes de que se emitiese algún pronunciamiento que pudiese avalar alguna clase de implicancia y poner en juego la honorabilidad de los miembros del actual Directorio, del anterior o de los funcionarios y ex funcionarios del Banco de Seguros.

Por consiguiente, se adoptó una metodología de trabajo por la cual los invitados eran informados que por resolución de la Comisión, la versión taquigráfica que surgiera de cada una de las reuniones iba a tener el mismo carácter que normalmente posee, salvo que por la delicadeza de los temas que se manejaran los invitados sugirieran lo contrario. De todas formas, era la Comisión quien en última instancia adoptaría posición en ese sentido. Al respecto, cabe resaltar la prudencia con que se manejaron todos estos temas como así también el espíritu de contracción al trabajo de todos los integrantes de la Comisión y el nivel de entendimiento -lo que por otra parte no escapa a la práctica parlamentaria- que se alcanzó en todos los procedimientos que se llevaron a cabo. La única excepción a las resoluciones por consenso que se adoptaron la constituye este informe final que en mayoría suscribimos tres señores senadores y los otros dos informes en minoría que se presentan a consideración del Cuerpo.

Por otra parte, cabe señalar que como elemento de trabajo se tomó el informe de la Comisión Preinvestigadora. Naturalmente, debíamos expedirnos sobre los puntos que específicamente había establecido dicha Comisión, pero debemos aclarar que se obtuvo cierta información complementaria que, en todos los casos, buscaba enriquecer la calidad del trabajo que la Comisión estaba llevando a cabo.

Deseo manifestar que el informe en mayoría recomienda al Cuerpo desestimar las denuncias formuladas, salvo en lo relativo a un asunto que formalmente no figuraba en los cometidos de la Comisión. Concretamente, se trata del caso de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través de las diferentes actividades que llevó a cabo la Comisión quedó comprobado que corresponde trasladar estos antecedentes a los efectos de que el organismo competente pueda evaluar las responsabilidades que competan en este caso. Se trata, señor presidente, del Embajador Gómez Fyns quien intervino en negociaciones del Banco de Seguros del Estado representando a una tercera firma.

Hecha esta salvedad, quisiera manifestar que salvo esta actuación, en todos los casos en los que se investigó, se accedió a una cantidad importante de testimonios de funcionarios y ex funcionarios de diferentes rangos, quienes expresaron lo que a su parecer podría llegar a representar alguna irregularidad en la forma de proceder de las jerarquías del Banco. Entonces, debo expresar que en todos los casos hemos tratado que el análisis formulado fuera lo más criterioso y objetivo posible -estoy hablando en nombre de los tres firmantes de este informe- y nos llevó a la conclusión, con carácter general, de que no existen pruebas que puedan comprometer la regularidad de las actuaciones de los integrantes del Directorio ni su honorabilidad u honestidad.

A lo largo de las 21 sesiones a las que hacíamos referencia, una extensa lista de funcionarios expresaron su conformidad o disconformidad con la forma en que manejaron distintos negocios u operaciones del Banco de Seguros del Estado. Sin embargo, luego de una evaluación de los testimonios, una lectura de las versiones taquigráficas y un estudio de los diversos elementos que fueron presentados como complemento de la información -tal como lo reseñaremos punto por punto más adelante- recomendamos desestimar estas acusaciones.

A continuación, señor presidente, pasaremos a evaluar punto por punto las distintas denuncias, comenzando, en primer lugar, por la reclamación de deudas por reaseguros cancelados con el Grupo Kleber. En este caso, podemos decir que se trata de un contrato que data del año 1976 y que, por lo tanto, ha estado vigente a lo largo de varias Administraciones. Al mismo tiempo, constituye una de las materias más específicas, puntuales y de difícil comprensión para quienes no tenemos conocimiento del tema de los seguros o reaseguros, por lo que mereció un análisis muy especial de parte de la Comisión. La denuncia referida a esta cancelación de deudas por reaseguros hace una mención específica a los volúmenes -aquí pasamos a manejarnos con cifras de millones de dólares- y pone en tela de juicio la posibilidad de que hubiera existido alguna negociación que diese mejores resultados para el Banco de Seguros del Estado.

De las denuncias presentadas y de los diversos testimonios que se fueron recogiendo, podría deducirse que no fueron utilizados documentos originales o que la materia sobre la que se analizó el volumen de las deudas no tuvo apoyo documental.

Por otro lado, se planteó la posibilidad de que se hubiese hecho algún manejo por parte del Directorio del Banco, a los efectos de terminar con las actuaciones de la delegación que había sido especialmente enviada a París, Francia, para llevar a cabo el relevamiento, la conciliación, la revisación de las cuentas objeto de estas deudas. En nuestro concepto, no surgen irregularidades en este procedimiento. El Directorio del Banco oportunamente designó una delegación integrada por distintos funcionarios que pertenecen al Departamento de Reaseguros de la institución y que, por lo tanto, son los más idóneos para poder analizar esta temática. Este grupo partió sin tener una fecha específica de culminación de los trabajos y, luego de haber realizado una primera revisación de la documentación presentada y habiendo formulado una evaluación de esa labor, las autoridades competentes en ese caso decidieron el retorno de la delegación a nuestro país.

A pesar de que la misma pregunta fue planteada muchas veces -creo que por lo menos en una docena de ocasiones- a los diferentes funcionarios y ex funcionarios que concurrieron a la Comisión, no hubo ningún testimonio que confirmase que la documentación que se manejó no fuese la original. Esto constituyó uno de los principales argumentos utilizados para establecer la inconveniencia de las actuaciones.

Luego de haber escuchado los diversos testimonios, tampoco podemos concluir que haya existido algún tipo de presión por parte de ninguno de los directores del Banco para que la decisión del retorno de la delegación a nuestro país fuese tomada fuera de los tiempos que ella misma eligió.

Por encima de la evaluación acerca de si se pudiese haber obtenido un resultado aun mejor o más beneficioso para la institución, de haberse procedido de otra forma, sin duda creemos que fue criteriosa la decisión de enviar una delegación que estuviese constituida por los propios funcionarios del Departamento que específicamente trata el tema y que ella actuase directamente sobre la documentación para sí poder llevar a cabo un trabajo que reportó un beneficio importante para el Banco, dado que pudieron ser descartadas o desechadas una serie de operaciones que no correspondía cancelar. Asimismo, pensamos que la delegación actuó de forma regular cuando ella misma decidió el momento de terminar sus actuaciones, al menos en esa instancia.

En consecuencia, consideramos que no corresponde realizar ninguna observación ni formular ninguna recomendación específica, más que la de desestimar esta acusación.

En segundo término, deseo hacer referencia a la sustitución del Director del Departamento de Sistemas del Banco, señor Washington Nicolazzi, transfiriéndolo al Departamento de Comercializaciones. Creemos que la forma en que esto fue resuelto está dentro de la metodología de operaciones que puede ser utilizada para llevar a cabo este tipo de traslados de funcionarios. Sin duda, la forma en que pueden llegar a relacionarse las máximas jerarquías de las empresas del Estado con sus subalternos más directos, a veces condiciona la decisión de ubicación de los mismos en una u otra área. Desde nuestro punto de vista personal, nos parece conveniente que los funcionarios que tengan mayor afinidad y que despierten la mayor seguridad en las jerarquías sean los que ocupen los cargos más importantes. Sin desconocer todos los méritos que se pueden llegar a esgrimir y la carrera funcional de los diferentes integrantes de los cuadros de las empresas del Estado, pensamos -repito que esto lo digo a título personal- que es potestad de sus directores -siempre utilizando los procedimientos regulares- decidir el destino de las distintas jerarquías. En este caso, debemos destacar que el nivel de las remuneraciones de uno y otro cargo resulta similar, por lo que no se trata de una degradación o de una reducción del salario de un funcionario que ha sido destinado a otra área, sino que, puntualmente, estamos hablando del cambio de destino de un funcionario que pasa a desempeñar otras actividades distintas de las que realizaba hasta este momento. Por lo tanto, entendemos que aquí no existe ninguna irregularidad y, como en las otras actuaciones, pensamos que el Cuerpo debe desestimar las denuncias referidas a este caso.

En tercer lugar, señor presidente, voy a referirme a la operación con la reaseguradora norteamericana «Mission Insurance Company». Con anterioridad a la finalización del trabajo realizado por la Comisión Investigadora ésta, a pedido del señor senador Grenno, procesó una declaración o una toma de posición con respecto a implicancias que directamente se les señalaban. A mi entender, esto fue una irresponsabilidad de algunos medios de prensa que utilizaron una noticia en forma parcial, cuando aún la comisión no había llegado al final de sus deliberaciones, poniendo en tela de juicio la dignidad y honorabilidad de un integrante de este Cuerpo. Oportunamente, procedimos a informar sobre este hecho y, posteriormente, el Senado recibió la posición de la Comisión.

Creemos que sobre este punto vale la pena señalar que se trata de la cancelación de obligaciones con una empresa con sede en los Estados Unidos y que para dicha operación se utilizaron los procedimientos regulares. De todas formas, me gustaría citar lo que figura en el informe de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Allí se expresa que el giro salió a nombre de «Mission Insurance Company» y que fue cobrado en Nueva York a dos firmas, siendo una de ellas la del señor senador Grenno. Debo decir que esto fue descartado y aclarado. De todas maneras, en el momento de hacer el informe final, nos parece conveniente manifestar que dichas acusaciones resultaron infundadas, habiéndose comprobado, a través de documentaciones presentadas el mismo día en que la Comisión adoptó posición a los efectos de formular la declaración frente al Cuerpo, que el giro fue utilizado para cancelar las obligaciones que se tenían con esta empresa. Por estos motivos, también en este caso recomendamos al Cuerpo desestimar estas acusaciones.

En cuarto término, voy a referirme al mercado de vehículos y al contrato con Resinbal S.A. Este punto fue uno de los que tuvo más difusión, incluso antes de la actuación de la propia Comisión y, al mismo tiempo, fue especialmente estudiado por ésta. Lamentablemente, debemos decir que el expediente referido a esta contratación -y así lo expresaron los señores Directores del Banco- no pudo ser ubicado; se recibió información con respecto a que podía haber sido ocultado, extraviado o haber tenido otro destino, pero en definitiva, no se pudo acceder a dicho expediente. Sin embargo, si se pudieron recibir aclaraciones por parte de funcionarios y Directores del Banco, para aclarar cuáles habían sido los procedimientos desarrollados en el momento de asignar a esta firma la operación del marcado de los vehículos, tendiente a localizar o recuperar los automóviles hurtados, como es de práctica en algunos países.

Dejamos claramente expresado que el hecho de no poder contar con el expediente constituyó un inconveniente para el trabajo de la Comisión. De todas formas, a la luz de los testimonios recibidos y del análisis de este asunto, corresponde desestimar esta acusación.

En quinto lugar, se analizó la cancelación de un siniestro de automóviles, como indica la nota presentada por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. En este sentido, debemos decir que el análisis de esta denuncia -enmarcada dentro de otras acusaciones- nos permite concluir que no tiene fundamento. Decimos esto porque la forma en que se procesó la reclamación del pago de un siniestro a lo largo del tiempo y la resolución que, en definitiva, adoptó el Directorio, permiten inferir y no tener ninguna duda en cuanto a que éste actuó como normalmente lo hace: analizando lo más conveniente para el Banco y estableciendo que el pago a efectuar por parte de la institución, por concepto de este siniestro, era el que correspondía.

Luego de aclarar que estamos frente a una denuncia que consideramos infundada y en la que fueron involucrados diferentes nombres, debemos aconsejar al Cuerpo que ella sea desestimada.

En sexto término, voy a citar lo relativo al procedimiento de designación de la auditoría interna. Sobre este punto debemos manifestar que el Directorio, luego de estudiar lo que tiene que ver con la manera de revisar las cuentas, resolvió designar una auditoría interna que, hasta ese momento, la institución no había establecido. Para ello se procedió a analizar los posibles funcionarios que, de acuerdo con las mejores características o aptitudes, pudieran ocupar ese cargo.

De esa manera, se procede a la designación del Contador Julián Alonso como auditor y del Contador Héctor Mato como auditor adjunto, quienes venían actuando en la Unidad Evaluadora de Situación y Asesora de Proyectos.

Cabe recordar que en este caso tuvimos muchas oportunidades de recibir a los distintos integrantes del Directorio del Banco. Si bien esta decisión fue tomada por unanimidad del Directorio, los testimonios podrían dar lugar a alguna observación con respecto a la relación que pueda existir entre un Director del Banco y los funcionarios designados. Habiendo analizado el tema, podemos decir que desde nuestro punto de vista no encontramos en las normas vigentes alguna disposición que establezca que no puede haber relaciones laborales, familiares o de simple conocimiento entre los Directores de una empresa estatal -en este caso, el Banco de Seguros del Estado- y algunos de sus funcionarios. Por el contrario, habiendo tenido alguna experiencia en la administración de empresas del Estado, pensamos -y hoy lo expresábamos a título personal- que precisamente en el conocimiento de los individuos y en el grado de confianza que se pueda llegar a tener en ellos, radica cierta parte de los méritos que puedan tener determinados funcionarios a los efectos de asignarles responsabilidades. En este caso, lo que existe es un conocimiento y un vínculo laboral entre uno de los Directores y quien finalmente fuera designado como auditor, lo que pensamos no condiciona dicho nombramiento.

En un país como el nuestro, que no tiene muchos habitantes, y en el que, al mismo tiempo, quienes estamos relacionados con ciertas actividades somos menos aun, el hecho de conocer a determinadas personas favorece la posibilidad de delegar responsabilidades en ellas cuando desempeñamos cargos como los de Director de una empresa del Estado. Hay varios ejemplos de ello. Es más, en toda la Administración existen familiares, socios y parientes que desempeñan cargos bajo la supervisión de otros. Esto se da en esta Administración y en las anteriores, y creemos que es producto de una circunstancia muy clara, que es la forma en que normalmente nos movemos los uruguayos. Por este motivo, consideramos que el hecho de que un integrante de un Directorio recomiende la designación de alguien que es de su conocimiento, lejos de constituir una implicancia, lo que hace es, justamente, seguir una suerte de tradición que opera en el momento de asignar cargos en todas las reparticiones del Estado.

Quiero dejar expresa constancia de que de la lectura de las versiones taquigráficas quizás puedan surgir diferencias en las declaraciones de algunos de los Directores, pero sinceramente pienso que puede tratarse de una mala pasada que los nervios le puedan haber jugado al Director en cuestión.

En consecuencia, entiendo que no existen implicancias en este caso, puesto que no encontramos ninguna limitación a esta designación, es que el informe en mayoría de la Comisión Investigadora recomienda al Cuerpo desestimar esta denuncia.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- Antes que nada, quiero aclarar al señor senador que no es una picardía lo que voy a señalar.

Si no entendí mal, creo que el señor senador trata de justificar el relacionamiento de un Director con una persona que luego fue designada -que tenía acceso a las dependencias del Banco de Seguros y un estrecho vínculo con la actividad oficial que realizaba aquél- mediante el hecho de que en la Administración Pública es normal que los parientes o los amigos estén relacionados con las tareas que se desempeñan. El señor presidente del Cuerpo está haciendo gestos de asombro, pero también me sorprendí cuando oí decir esto al señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor senador me permite, le voy a hacer una aclaración.

Francamente, no oí que el señor senador Alonso Tellechea nombrara a los parientes; lo que sí recuerdo es que manifestó que era común que se recomendara, designara o propusiera para integrar Directorios a personas del conocimiento de los jerarcas.

SEÑOR GARGANO.- Quizá el señor presidente puede haber estado distraído, pero yo escuché que el señor senador Alonso Tellechea mencionó parientes, amigos o personas con relacionamiento.

Pienso que si se comprobara que esto es así, estaríamos ante la universalización del nepotismo, una de las cosas que más hemos combatido. No me parece conveniente hacer una afirmación de esta naturaleza sin mencionar los casos específicos que se puedan comprobar, tanto en la administración de esta dependencia como en otras. Francamente, no me siento involucrado en el reconocimiento de esa realidad; creo que si así fuera, estaríamos ante una distorsión de la prestación del servicio público que, reitero, es una de las cosas más negativas, que se ha combatido a lo largo de la historia en todas las administraciones.

Me parecía que no podía pasar por alto la afirmación hecha por el señor senador, ya que pienso que no es un buen argumento a esgrimir. Por el contrario, no se puede justificar una decisión de la naturaleza de la que se adoptó, en función de la universalización o de la presunta multiplicación de hechos de esta clase.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Alonso Tellechea.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Simplemente, quiero señalar que me llama la atención la sorpresa del señor senador Gargano, puesto que todos conocemos la realidad de nuestro país, la manera en que están organizadas nuestras instituciones y la forma en que nos relacionamos y nos emparentamos. Considero que el hecho de que en una misma institución pueda llegar a haber familiares trabajando, no es una suerte de nepotismo; a mi entender, es la realidad nacional. Habiendo aproximadamente 3:000.000 de habitantes, y no siendo muchas las empresas del Estado, a veces se da la situación de que existen familiares o conocidos trabajando en una misma dependencia estatal. Aclaro que esto también ocurre a nivel de las Intendencias Municipales.

De todas formas, aclaro que aquí no se trata de ningún grado de parentesco; no es ese el caso puntual. Simplemente, lo manejé a título de ejemplo, y creo que eso no escapa al conocimiento de todo el mundo. En esta misma Casa sabemos de la existencia de abuelos, padres e hijos que han trabajado en ella, y todavía simultáneamente muchos de ellos. O sea que no me parece que pueda haber algún elemento extraño en esto.

Respecto al punto 7), «Contrato con Argengroup de la República Argentina», debemos decir que se trata de un reaseguro complementario del riesgo de muerte o lesiones producidas a los ocupantes de vehículos accidentados.

Pensamos que, sin perjuicio de que a la luz de los estudios que se realizaron en torno a este tema se entienda que podrían haberse negociado mejor los costos o los beneficios que asume el Banco de Seguros del Estado en esta operación, el procedimiento resultó normal. En consecuencia, entendemos que no corresponde recoger la denuncia como tal, y es por ello que recomendamos al Cuerpo desestimarla.

En lo que tiene que ver con el punto 8), «contrato con la empresa SATI, referido a partes de choque en Montevideo y Canelones», cabe señalar que este es un procedimiento que se ha establecido últimamente a los efectos de instrumentar la denuncia de los siniestros que se producen en los accidentes. De acuerdo con lo expresado por el Directorio del Banco de Seguros, estamos ante una contratación directa a prueba. Inclusive, si no me equivoco, en estos momentos se está perfeccionando la licitación, a los efectos de hacer la adjudicación definitiva de los servicios. Asimismo, debemos decir que oportunamente fue consultado el Tribunal de Cuentas para saber si el procedimiento elegido era el correcto.

Por lo expuesto, creemos que tampoco en este caso corresponde llevar a cabo ninguna actuación, por lo que también proponemos al Cuerpo que desestime esta denuncia.

Por último, en lo que hace al punto 9), «Pagos efectuados a la firma inglesa Stetzel y Thomson», debemos informar que fue imposible constatar irregularidades. Lo único que recibimos a nivel de la Comisión -y creo no equivocarme- fue la acusación de que existiría alguna irregularidad. En este sentido, en el memorándum presentado por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay se dice: «No tenemos versión confirmada sobre pagos eventualmente dudosos en reaseguros con la firma Stetzel y Thomson. De obtener mejor información, la brindaremos oportunamente.»

Dado que no tuvimos mayor información respecto a este tema, las investigaciones efectuadas se limitaron a tomar conocimiento de la denuncia.

Entendemos, pues, que en este caso no sólo no hemos constatado ninguna irregularidad sino que, además, hay que destacar el hecho de que esta es una denuncia infundada, que resulta vaga y que no permitió profundizar en la cuestión.

Esto es, señor presidente, lo que queríamos decir como firmantes del informe en mayoría respecto a estas actuaciones, que han sido muy prolongadas, intensas, y que nos han hecho distraer mucho tiempo de nuestra actividad para analizar las distintas denuncias. Creemos que esta es una de las responsabilidades que todos los Legisladores asumimos en le momento de ocupar nuestras Bancas. Me refiero a ejercer el control sobre las acciones que lleva adelante la Administración. Pienso no equivocarme al decir que todos los integrantes de la Comisión nos abocamos con seriedad y responsabilidad a este trabajo.

Quiero hacer una última salvedad a título personal.

Como todos saben, integro la Bancada Herrerista del Partido Nacional. En el momento de ser designado miembro de esta Comisión, me propuse llevar adelante mi trabajo con independencia de la vinculación al sector político que integro, y así procedí. Pienso que cuando se trata de investigar el manejo de la cosa pública, se debe ser imprescindiblemente responsable para que este tipo de decisiones carezcan de tinte político. No me queda ninguna duda de que este informe que he firmado e informado, lo firmo y lo informo en nombre de mi partido, como bien lo podría haber hecho como integrante de cualquier otro, y de que lo firmo y lo informo en nombre de la Bancada de gobierno como bien lo podría hacer como integrante de una Bancada de la oposición.

Deseo dejar esta constancia expresa y , además, decir que luego de haber recibido testimonios muy diversos, analizado profundamente cada una de las denuncias y no encontrando ningún tipo de pruebas, tenemos la plena convicción de que nuestro trabajo es totalmente independiente de nuestra afiliación política.

En resumen, en nombre de la mayoría de los integrantes de la Comisión, recomendamos al Cuerpo desestimar estas acusaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Elso Goñi.

SEÑOR ELSO GOÑI.- Señor presidente: ante todo, queremos hacer tres o cuatro precisiones.

En primer lugar, queremos agradecer a los compañeros de Comisión -que, naturalmente, tienen más experiencia parlamentaria que nosotros- porque cuando se celebró la primera sesión y nosotros planteamos que las actuaciones debían ser secretas por la gravedad de las denuncias y porque en ellas se involucraba a algunos ciudadanos, nos hicieron notar que era mejor aplicar el sistema por el cual el secreto no existe argumentando que -y después de las actuaciones cumplidas por la Comisión, reconozco sanamente que es así -cuando se habla de secreto, normalmente se piensa que hay algo escondido detrás. Repito que agradezco a los compañeros de la comisión la recomendación que se nos dio y, como tal, la asumimos. Así, como bien señalaba el señor senador Alonso Tellechea, en el transcurso de más de 20 sesiones sus actuaciones no tuvieron un carácter secreto, aunque a las muchas personas que concurrieron a este ámbito expresamente se les aclaró que, en caso de que lo consideraran necesario, sus afirmaciones podían tenerse como secretas. Si la memoria no me es infiel, creo que no hubo ningún caso en que así se solicitara.

La segunda precisión que deseo realizar, es que se citó y escuchó a todas las personas que, desde distintos ámbitos y esferas, tenían relación con las denuncias presentadas. Precisamente, en el seno de la Comisión expusieron libremente todo lo que creyeron conveniente y necesario.

En tercer término, queremos señalar que nos sumamos a lo precisado por el señor senador Alonso Tellechea. No tengo dudas que es opinión unánime de toda la Comisión agradecer el eficiente trabajo de los secretarios y de todos los funcionarios vinculados a la labor de esta comisión, algunas de cuyas sesiones fueron muy extensas.

Seguidamente, pasaremos a hacer algunas acotaciones sobre ciertos puntos a los que ha hecho referencia el señor senador Alonso Tellechea en su informe.

La primera de ellas se vincula al siniestro de automóviles, que fue una de las denuncias realizadas. Al respecto, queremos decir que el pago de un siniestro que concretamente se denunció, fue dispuesto por el actual Directorio, en base a una extensa serie de informes jurídicos. Además, el Banco de Seguros de Estado había sido objeto de medidas preparatorias, intimaciones, así como también demandas, procurando el pago de la indemnización del precitado siniestro. Respecto a este tema, tanto el informe elaborado por el doctor Oscar Ricca como el formulado por el doctor Ariel Apostelos y otros letrados -integrantes del Departamento Jurídico del Banco- aconsejaron desde alas primeras instancias de la tramitación de este siniestro -es decir, por el año 1987- el pago de la indemnización pertinente. Estos criterios aconsejados no fueron acompañados por el entonces Gerente del Departamento de automóviles, razón por la que se requiere la opinión de la Sala de Abogados del Banco de Seguros del Estado, la que por unanimidad de todos sus miembros en octubre del año 1990 sugirió el pago del siniestro. Cabe hacer notar que, según resolución del Directorio del 17 de diciembre de 1986, éste había propuesto un acuerdo transaccional sobre la base del pago de la suma de U$S 55.000, que no fue aceptado por el asegurado. Tal resolución pone de manifiesto que ya en la integración del Directorio anterior existía voluntad de pago que, por razones que son del caso explicitar, no se concretó. Sí creo que es necesario destacar que la suma abonada por resolución del actual Directorio en diciembre de 1990, es exactamente la misma que la ofertada en el año 1986.

Por otra parte, en las denuncias se hizo cuestión acerca de la posibilidad de que el entonces presidente del Banco de Seguros del Estado hubiera cobrado directamente en Nueva York la cifra de U$S 1:451.000. Este fue un tema extensamente debatido y para su análisis se recibió y escuchó a todos los que de una u otra manera, directa o indirectamente, hubieran participado en este asunto. De la documentación que se aportó a la Comisión durante la investigación que se llevó a cabo, surge que dicha suma fue transferida como consecuencia de una resolución del Directorio del 9 de julio de 1992, para atender la propuesta realizada por Mission Insurance Co. Trust. Con fecha 14 de julio de 1992, la sección pertinente solicitó gestionar dicha transferencia a Nueva York a través del Banco de República Oriental del Uruguay. La misma es instrumentada con fecha 16 de julio, siendo el beneficiario Mission Insurance Co. Trust. Para que esta denuncia hubiera tenido posibilidades de que fuera cierta, pienso que se tendrían que haber reunido una serie de elementos que resultaría imposible nuclearlos.

El primero de ellos tendría que haber sido la violación del secreto bancario, puesto que un funcionario del Banco de la República debería haber incurrido en ello.

En segundo lugar, creo que es difícil pensar que el presidente del Banco de Seguros del Estado -no importa quien sea- pueda estar retirando una cantidad de dinero consistente en U$S 1:451.000 -nunca he visto esa suma, ni he tenido la suerte de poseerlos- que serían 14.500 billetes de cien dólares, y cuyo peso oscilaría en los veinte quilos.

En tercer término, habría una entrega de dinero sin recibo.

Finalmente, la cantidad citada -es decir, U$S 1:451.000- se habría pagado dos veces, lo que resulta totalmente imposible.

Creemos que todos estos elementos, la participación del Banco de la República Oriental del Uruguay, la resolución del Directorio del Banco de Seguros del Estado a efectos de la transferencia y la fecha en que se realizó, son perfectamente demostrativos de que el retiro de ese dinero no se hizo por la persona a quien se denunció en su momento.

Otro de los temas acerca de lo que se ha hecho cuestión en las denuncias, es la sustitución del Director del Departamento de Sistemas. Pensamos que de las actuaciones, de las informaciones que se escucharon en el ámbito de la Comisión, no hay elementos que permitan acreditar que la sustitución del señor Nicolazzi al frente de dicho Departamento, sea producto de su negativa a cumplir con determinados requerimientos de un Directorio. Con motivo de la renuncia del sub-gerente general a cargo del Departamento de Comercialización, señor Carlos Olivencia, el Banco de Seguros del Estado -según se nos ha informado- perdió a una de sus piezas claves para la comercialización de sus productos. El ingreso a un marco de competencia hacía prioritario que el área comercial contara con los mejores recursos humanos disponibles. También se nos ha expresado que no existe dentro de las jerarquías administrativas del Instituto, personal con la capacitación que el cargo requiere. Precisamente, para ello se necesita el conocimiento de las Carteras del Banco de Seguros del Estado en general y, fundamentalmente, de políticas de venta y «marketing».

El señor Nicolazzi, además, se desempeñaba en similar cargo en una empresa internacional de gran trascendencia comercial. Asimismo por su interrelacionamiento con las diferentes Carteras del Instituto y por la labor que desempeña, posee -aspecto que todos lo reconocen- profundos conocimientos de todo el Banco y de seguros en general. Al ser éste uno de los únicos funcionarios de la categoría superior que poseía tales cualidades, su designación para ocupar tan importante cargo, a nuestro juicio, resulta obvia. Si bien en rigor la tarea asignada al señor Nicolazzi no significa un ascenso -incluso, al respecto, hubo confusiones- su nuevo destino lo colocó en inmejorables condiciones para acceder a cargos de mayor jerarquía. Debe tenerse presente que en su función original, es decir, como Director de Sistemas, el señor Nicolazzi ya ocupaba el primer escalón jerárquico del escalafón respectivo. Dicho de otra forma, ya no tenía posibilidad alguna de ascender dentro del Departamento de Sistemas. En definitiva, de dirigir un servicio de apoyo a la gestión comercial del Banco, pasó a comandar la venta de la totalidad de los productos, arma medular en el futuro régimen de competencias.

Otro de los temas en el que se ha hecho cuestión es el referido a la auditoría interna. En la sesión de la Comisión que tuvo lugar el 30 de mayo, los Directores del Banco de Seguros del Estado hicieron un detallado desarrollo de un proceso que no fue corto ni rápido, sino muy largo y arduo, o sea, la creación de la auditoría interna de dicha institución. Puede parecer mentira o extraño que un organismo como éste, teniendo en cuenta su importancia y los volúmenes de negocios en que opera, no poseyera una auditoría interna. Además, una institución como ésta -que tiene gran importancia en el país y en el exterior, amén de contar con un enorme volumen de negocios- tampoco contaba con un control externo, salvo el control de gestión que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas de la República, a pesar de que su tarea es básicamente distinta a la efectuada por una auditoría.

Cabe recordar que la iniciativa para la creación de la auditoría no nació del Directorio actual, ni siquiera del anterior. Por el contrario, la idea fue propulsada por una Comisión consultiva que fue integrada por funcionarios del Instituto en el año 1985, muchos de los cuales ocupan hoy cargos de relevancia, tales como el actual contador general Mario García, el secretario letrado del Directorio, doctor Jorge Luis Dotta, un delegado del personal y hasta un integrante de la Comisión representativa.

Una de las causales invocadas como básicas para la creación de este servicio, consistía en la necesidad de señalar los desvíos que podían ocurrir con respecto a las directivas impartidas por el Directorio, su adecuación a la realidad del Instituto y del medio en que se desarrollan su actividad y el interés de mantener permanentemente informado al Directorio de la situación presente en materia económica y financiera, de acuerdo con lo que señala el informe del 2 de junio de 1986.

En homenaje al tiempo que insumirá el desarrollo de las etapas que demandó el proceso de creación de este servicio, podemos señalar que transcurrieron más de cinco años antes de que realmente se implementaran las bases que permitieran su concreción. Estas bases fueron creadas, precisamente, por un grupo de trabajo integrado por el actual primer Subgerente General, don Enio Fernández, el contador general, señor Mario García, y el secretario letrado, doctor Jorge Dotta.

Los propios servicios del Instituto recomendaron, en más de una oportunidad, que la dependencia a crearse debía depender directamente del Directorio, dada la trascendencia de la labor a desarrollar, tal como sucede en todas las auditorías. Asimismo, el hecho de que el cargo de su máximo jerarca fuera incluido en la categoría superior grado 3, no sólo respondía a un criterio de equiparación con los demás jerarcas de los diferentes servicios técnicos, sino que también se daba la posibilidad de que el Cuerpo pudiera designar a una persona de su confianza que proviniera tanto de los cuadros funcionales del Instituto como fuera de ellos.

A esta altura, creo que conviene señalar que el contador Julio Alonso, desde su redistribución del Banco de Seguros del Estado, se desempeñaba al frente de la Unidad Evaluadora de Situación y Asesora de Proyectos, servicio que fuera creado para analizar la situación económica y financiera de dicha Institución, lo que suponía una muy cercana simetría con los servicios a desempeñar por la auditoría. La tarea realizada por esta unidad consistió, fundamentalmente, en apoyar el desempeño del Directorio en los primeros años de su gestión. Creo que es necesario no olvidar que los balances del Instituto en esa época tenían un atraso de casi cinco años. Ni el señor Mattos ni el contador Alonso eran novatos en temas de auditoría. Por el contrario, ambos habían tenido una larga y rica experiencia en la materia a través de sus diversas labores, el primero de ellos, en el propio Banco de Seguros del Estado y el segundo, desde su función de auditor de la Universidad de la República pasando por similares cargos en la actividad privada bancaria.

Las fundamentaciones para la designación de los mencionados funcionarios surgen de la copia de la resolución agregada durante la investigación y a ellos nos remitiremos.

Queremos recordar -porque nos parece importante señalarlo- que esta designación se realizó con el voto conforme de todos los Directores. Por lo tanto, nos parece que la responsabilidad -para bien o para mal, según se mire y de acuerdo con la opinión que se tenga- es naturalmente compartida con los demás Directores del Banco.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Blanco)

-A continuación, desearía efectuar algunas precisiones con respecto al contrato celebrado con la empresa SATI. En ese sentido, debo señalar que surgió como una consecuencia impostergable de mejor ecuación económica de la cartera de automóviles. Es cierto que la iniciativa de esta labor se originó dentro del propio Banco de Seguros del Estado en el año 1987. También es cierto que, por una razón u otra razón, no tenía siquiera la instrumentación mínima necesaria para comenzar a desempeñar su tarea. La urgencia en el desarrollo de la labor contratada a SATI, surgió a raíz de que en el año 1991 el porcentaje de premios destinados a pagar siniestros ascendía a 100,97%, cifra a la que se debía agregar sueldos, comisiones y gastos de administración, entre otros, originados por la gestión. Pese al incremento de las tarifas, en el año 1992 dicho porcentaje importaba 75,05% de la totalidad de premios recaudados, lo que implica decir que la cartera perdía, en forma constante y cuantitativamente hablando, una importantísima suma de dinero.

Con la intención de revertir esta situación, el Directorio optó por un cambio radical en los procedimientos de verificación y tasación de los siniestros y es así que surge, expresamente autorizado por el Tribunal de Cuentas de la República, la contratación por la empresa SATI.

Los primeros resultados son ampliamente demostrativos de lo acertado de la decisión. A vía de ejemplo, debe recordarse que el 75,05% correspondiente a 1992, se sitúa, en los cuatro primeros meses de 1994, en un 45%.

En términos monetarios, no hay que olvidar que el ahorro obtenido en 1993 por la aplicación de este sistema significó, al Banco de Seguros y al Estado, una suma aproximada de U$S 40:000.000.

Cabe agregar que el costo aproximado por siniestro descendió a U$S 1.300 para el mes de junio de 1994, en tanto que para diciembre de 1992, el costo promedio por siniestro se ubicaba en U$S 2.100.

Actualmente, la licitación pública convocada para continuar con este servicio se encuentra en sus últimas etapas, habiéndose presentado más de dos empresas a cotizar y, según nos consta, sería adjudicada en un corto lapso.

Como dato ilustrativo, cabe agregar que el gasto en que incurrió el Banco de Seguros del Estado para este servicio fue de aproximadamente U$S 600.000 para 1993 y el ahorro obtenido superó los U$S 40:000.000.

Estas eran algunas de las precisiones que deseábamos agregar a lo expresado por el señor senador Alonso Tellechea, quien junto con los señores senadores Bouza y quien habla, hemos firmado el informe en mayoría.

Por otro lado, pesamos que hay una serie de elementos que saldrán a luz en la discusión plena de este informe en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS.- Señor presidente: quiero decir que comparto las palabras pronunciadas por el presidente de la Comisión, el señor senador Alonso Tellechea, y por el señor senador Elso Goñi en lo que respecta al clima de trabajo que se vivió durante los dos meses que la Comisión sesionó, en el sentido de que se pudieron realizar todos los llamados que se entendieron convenientes. Asimismo, debemos destacar que fue efectivo el trabajo de los secretarios y de los funcionarios que estuvieron vinculados a la Comisión, que en un período aproximado a los dos meses se reunió en veintiuna oportunidades.

Nadie puede dejar de reconocer que se trató de un trabajo complejo y muy importante, ya que estamos hablando de una empresa del Estado que, habitualmente, debe brindar a Rentas Generales un aporte muy apreciable de las ganancias que obtenga. Además, del análisis que hagamos del funcionamiento de esta empresa se podrán sacar conclusiones sobre la gran discusión que existe en el país, en torno a cómo deben ser dirigidas las empresas del Estado y si ellas deben existir.

Señor presidente: tengo una preocupación que deseo manifestar al inicio de mi intervención. A mi entender, el Senado no puede dejar de emitir un juicio sobre esta investigación relativa al funcionamiento de una empresa que, hasta hace muy poco tiempo, ostentaba el monopolio de algunos seguros en nuestro país, y que por una ley votada hace pocos meses, el monopolio fue dejado de lado.

Es de hacer notar que se trata de un tema muy importante. Todos sabemos que tenemos responsabilidades políticas y que nos encontramos en un período difícil; no obstante, debo destacar que el miércoles de la semana pasada, quienes integramos el Senado estuvimos de acuerdo en que el asunto se discutiera en día de hoy -como bien decía el señor senador Elso Goñi- a los efectos de que se llegara a una resolución. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros estar presente, dar nuestra opinión y, con nuestro voto, expresarla.

Por otra parte, debo decir que en el trabajo de la Comisión parlamentaria investigadora -es la primera vez que tengo que desempeñarme en una Comisión de este tipo- nos hemos encontrado, por un lado, con que existe una denuncia fundamentada, que ha sido efectuada con un criterio de defensa de los intereses nacionales, por parte de una organización social que agrupa al conjunto de los trabajadores y jubilados bancarios de nuestro país, como lo es la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Esto no es una novedad, ya que no es la primera vez que ello ocurre, pues si miramos hacia atrás nos encontraremos con el proceso de reprivatización del Banco Comercial, y , otro hecho aun más lejano, la huelga general decretada en 1965, que tuvo como fin evitar un crac bancario en el país, oportunidad en la que dicho sindicato actuó más rápido que el Poder Ejecutivo de la época.

En consecuencia, pensamos que una denuncia que proviene de una organización que posee las credenciales mencionadas, debe tomarse con mucha seriedad sabiendo, además, que se hace en defensa de los mejores intereses del país.

Por otro lado, en el trabajo de la Comisión parlamentaria investigadora -posiblemente porque no tengo experiencia en ello- es de hacer notar que los instrumentos con que se cuenta son muy rudimentarios. Digo esto porque cuando se llama a declarar a una persona, no contamos con la seguridad de que esté diciendo la verdad. En particular, hemos visto una utilización política y una deformación de información dada ante la Comisión parlamentaria investigadora, a veces utilizando la ironía y, otras, atacando a quien formuló la denuncia. Concretamente, me estoy refiriendo a las distintas manifestaciones realizadas, en primer lugar, por el señor presidente del Banco de Seguros del Estado y, en segundo lugar, por el señor vicepresidente de la institución.

A mi juicio, la combinación de declarar ante la Comisión hechos que no se compadecían con la verdad y luego hacer anuncios en la prensa inculpando a los denunciantes o a algunos de ellos, es una buena operación de «marketing» político, pero no ayuda al funcionamiento de una Comisión investigadora.

Asimismo, desde distintos lugares se nos ha mencionado, tanto por parte de integrantes del Cuerpo como por algunos órganos de prensa, el presunto daño que se puede ocasionar al Banco de Seguros del Estado al hacerse públicas las actuaciones. En mi opinión, se debe tener prioridad en cuanto a los valores. En ese sentido, el primero que debemos tener en cuenta es la convivencia democrática; el segundo, tiene que ver con la defensa de las empresas del Estado. En ese sentido, podemos decir que la convivencia democrática nos obliga a actuar en forma cristalina, y a descubrir y sancionar en aquellos lugares en los que hay un mal funcionamiento, a los malos funcionarios que lo ocasionaron.

Otra puntualización que quería realizar, tiene que ver con lo que explicaba el señor senador Alonso Tellechea cuando se refirió a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente adscripto a la Cancillería, que en el momento en que estábamos analizando uno de los casos a estudio de la Comisión, ocupaba el cargo de embajador de Uruguay en Yugoslavia e itinerante en Albania y, al mismo tiempo, tenía un poder otorgado por un acreedor del Banco de Seguros del Estado para hacerle las gestiones y cobrar un 10% de comisión.

Este hecho, que no se encontraba entre las primeras denuncias recibidas por la Comisión, apareció, entre otros, durante el transcurso de investigación. Tal como lo expresó el señor senador Alonso Tellechea, es necesario que el señor ministro de Relaciones Exteriores sepa que el señor embajador Gómez Fynn actuaba en ese doble carácter.

También aparecieron otros elementos y, al respecto, digo que fueron bienvenidas las denuncias que se nos plantearon. Quiero decir que cuando los denunciantes nos informaron acerca de irregularidades en el funcionamiento de las cancelaciones con el Grupo Kleber de reaseguradores y con Mission Insurance, por nombrar algunos ejemplos, debimos sumergirnos en el conocimiento del negocio de reaseguros a los efectos de entender bien el problema. Por otro lado, escuchamos las explicaciones del presidente del Banco de Seguros del Estado, señor De Fuentes que nos dijo que desde 1976 hasta 1993 inclusive, se originó un saldo negativo de U$S 93:800.000, que luego, como se cobraron algunas partidas a otros reaseguradores de la Argentina, se ubicó en los U$S 61:000.000. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa del Estado que por contratar reaseguros perdió U$S 61:000.000, en un período que va desde 1976 a 1993.

Sin embargo, aquí no terminó el problema. El señor De Fuentes nos dijo en la Comisión Investigadora que habían hablado con los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central, y con el presidente de la República, expresándoles que necesitaban un respaldo para defender los intereses del Banco cuya deuda, entre pendientes, IBNR y cuentas conciliadas, supera largamente los U$S 130:000.000 y que se podría cancelar con U$S 60:000.000 o U$S 100:000.000, pero habría que negociar a la brevedad. O sea que el señor presidente del Banco de Seguros del Estado nos expresó que a los U$S 61:000.000 de deuda generada entre los años 1976 y 1993, se le debe sumar una pérdida -por concepto que después vamos a tratar de analizar- del orden de los U$S 130:000.000, pero que, con un poco de buena suerte en la negociación, pueden llegar a ser U$S 100:000.000. A raíz de esto, el señor De Fuentes nos dijo que ha hablado con las mismas autoridades económicas del país para que se emitiera deuda pública, a los efectos de pagar la futura deuda del Banco de Seguros del Estado. Este es un hecho que apareció en la Comisión Investigadora, que nos da una idea de cómo se genera, se ha generado y se sigue generando la malhadada deuda pública, de la que tanto hemos hablado a partir de la reapertura democrática.

Cuándo nos referimos a una deuda pública, generalmente pensamos en un préstamo del Estado para comprar ambulancias, hacer una carretera, construir una represa, etcétera. Sin embargo, una deuda pública originada por la mala administración de una empresa -cosa que trataremos de demostrar- a partir del año 1976, es imputable directamente a quienes dirigieron esa empresa de forma absolutamente irresponsable.

Con respecto a las reaseguradoras, el doctor Luciano Macedo, que fue Director del Banco de Seguros del Estado en representación del Frente Amplio en el período anterior, nos explicó que de la misma manera en que un particular, frente a un riesgo determinado, evita enfrentarlo por sí mismo y lo traslada a una empresa aseguradora mediante el instrumento financiero llamado seguro, los aseguradores también tienen sus límites, y cuando son sobrepasados, recurren a las empresas reaseguradoras. El reaseguro se manifiesta, en consecuencia, como un mecanismo que funciona en forma inrrelacionada con el seguro, posibilitando la cobertura de riesgos que pueden exceder la capacidad de las compañías aseguradoras. También expresó que en el Uruguay pueden citarse los seguros de la refinería de ANCAP, de la Central Batlle y los seguros para PLUNA, que por ser eventualmente muy grandes para el Banco de Seguros del Estado, son reasegurados. Nos explicó que, desde sus orígenes, el Banco de Seguros del Estado reaseguró los grandes riesgos que se aseguraban en el Banco para repartirlos en caso de siniestro. Nos dijo que a partir de 1920 este organismo recibió propuestas de contratar o aceptar reaseguros activos. Al respecto, debemos aclarar que cuando el Banco aseguró la flota de PLUNA y cedió parte del seguro a otra compañía reaseguradora para repartir el riesgo en el caso de un siniestro, a partir de 1920 y, en régimen de reciprocidad, la institución aceptó parte del riesgo de otras compañías de seguros, intercambiándose una fracción de la prima correspondiente. Por lo tanto, desde 1920 el Banco recibió propuestas de contratar o aceptar reaseguros activos, es decir, recibir riesgos tomados por otros que se los cedían, pagándole una prima por la asunción de los riesgos. Pero, en general, hasta el año 1970, los reaseguros activos tomados por el Banco mantenían una relación con los pasivos que cedían, por lo que se participaba en reaseguros activos en función del mercado de pasivos. Esto implicaba una política sana de repartir el riesgo y de no perder primas.

Quiero aclarar que me estoy refiriendo a las palabras pronunciadas por el doctor Macedo en una exposición realizada en el Directorio del Banco de Seguros del Estado en 1985, año en que tomó posesión de su cargo. En esa oportunidad expresó que, a partir de 1970, el Instituto se lanzó al mercado actuando como reasegurador activo y realizando todas las operaciones que implica este negocio, a escala internacional.

En apariencia este pasaje se hace paulatinamente, no deriva de una decisión basada en un estudio profundo sobre las características del negocio del reaseguro a escala internacional ni de la capacidad técnica del Banco de Seguros para afrontarlo, así como tampoco de un análisis de la evolución posible del mercado. Compulsando antecedentes no he encontrado -esto lo decía el doctor Macedo en 1985- ningún estudio sobre estos aspectos. Este período que comenzó en la década de los setenta y la política que el desarrolló es lo que provoca la situación actual de endeudamiento externo del Banco de Seguros por cifras muy elevadas. Aclaro que se trata de denuncias realizadas en el año 1985. Los muy malos resultados que se mencionan en materia de reaseguros activos imponen tomar esta parte del negocio con gran prevención. No tengo dudas -continúa diciendo el doctor Macedo- que los reaseguros activos tomados por el Banco de Seguros lo hacen dependiente, entiéndase bien, de los grandes intereses financieros transnacionales que tienen sus centros en Londres y Nueva York. Esa dependencia se ve en un doble sentido. El Banco de Seguros está situado en una zona marginal que recibe la gran mayoría de los negocios desde las zonas desarrolladas del mundo que en este aspecto, como en tantos otros, abusan de nuestro subdesarrollo. Véase que aproximadamente el 90% del negocio mundial se canaliza a través de Europa y Estados Unidos, mientras que el Uruguay en su momento de auge -esto lo pone entre comillas- apenas participó con un 0.10% hasta un 0.15%. En otro sentido, hay una clara dependencia tecnológica a pesar de la cual se pretende seguir políticas semejantes a las de los países desarrollados, sin tener en cuenta nuestro atraso. Este período que arranca en los años setenta y la política que en él se desarrollo el Banco de Seguros es lo que nos llevó -reitero que esto lo decía el doctor Macedo- a la situación actual de endeudamiento exterior en cifras aún no determinadas con precisión. En el último estado conocido, el Directorio hace llegar a U$S 30:000.000 nuestras eventuales obligaciones pendientes. Aclaro que estas palabras del doctor Macedo son de 1985 y las mismas fueron reiteradas en 1986. Ahora, el actual presidente del Banco nos dice que estima que tenemos deudas pendientes del orden de los U$S 100:000.000 a U$S 130:000.000.

El doctor Macedo continúa diciendo que para recibir buenos negocios, en forma abundante, el Banco durante un largo período suscribió, prácticamente, todo o gran parte de lo que se le ofreció. Es decir que entregó su firma a grupos que nos utilizaron de «fronting» en operaciones que produjeron grandes pérdidas y que nos tienen envueltos en difíciles litigios. Debo decir que la palabra «fronting» fue muy debatida en el seno de la Comisión Investigadora porque, en particular, en el pésimo negocio con el Grupo Kleber, el Banco fue utilizado en un «pool» de 60 empresas de seguros como «fronting». Es decir, como garantía de todas las demás empresas a la hora de tener que hacer frente a los siniestros que denunciaron las compañías cesionarias del reaseguro tomado. En 1985 y luego en 1986 el doctor Luciano Macedo hacía estas advertencias. El continuaba diciendo que se había producido una transferencia de las decisiones básicas del Banco de Seguros que era reasegurador y que soportaba las consecuencias de dichas decisiones en su cuenta, con pérdidas y ganancias respecto de los «brokers», intermediarios o corredores que a veces tienen intereses opuestos a los del reasegurador que, repito, es quien soporta las pérdidas. Estos reciben su retribución en forma de comisión cualesquiera sean los resultados del negocio que aporten. El hecho se agrava al realizar la suscripción de riesgo a partir de informaciones inadecuadas proporcionadas, en algunos casos, por los mismos «brokers». O sea, señor presidente, que no se trata directamente con la compañía cesionaria de una póliza -tal como se hacía entre 1920 y 1970- para tomar parte del riesgo, sino que se encomienda esa tarea a un intermediario que, a su vez, también cumple la función de intermediario, para que éste, sobre la base que dé, haga tomar un reaseguro activo en el cual se cobraría una prima con posibilidad de tener pérdidas por riesgo. Es decir que él está siempre a las maduras y nunca a las verdes, porque se limita a cobrar comisión y a dar información.

Las suscripciones -continúa diciendo el doctor Macedo- se realizaban con la información de los corredores aceptando los principios de «buena fe» y comunidad de intereses pero, en general, aunque se proclamen ambos principios, no se tomaron las mínimas medidas para que dichos principios fueran una realidad. Se aceptaron negocios de un elevadísimo número de corredores -tal vez llegaron a unos cuatrocientos- sin mayor calificación de los intermediarios ni un análisis de la seriedad, situación financiera, prestigio y antigüedad de las empresas cedentes. En muchas suscripciones se actúa en base a la buena fe y confianza en el líder, lo que genera una clara subordinación de todos los suscriptores respecto a los actos de aquél. En esta materia, en un caso reciente, el líder suscribió un suplemento en el cual aceptó que los riesgos que sólo serían por tres años, pudieran extenderse. A raíz de esto, vencido dicho plazo, hubo que pagar la cuota parte del Banco de Seguros en el seguro de un satélite.

Finalmente, otro factor que afecta los buenos resultados es la práctica de aceptar participaciones minúsculas que, por esa razón, no se analizan adecuadamente pero que, en conjunto, afectan importantes cifras de capacidad.

Ante la situación a la que me he referido -esto lo continuó manifestando el doctor Macedo- cuya causa también señalé, tomé la iniciativa ante el Directorio para que rápidamente se definiera la actitud a tomar frente a un acto negativo y entre tanto, propuse que se dejara de actuar en reaseguros activos tratando de obtener una información seria y confiable. No obstante ello, el Directorio -estamos hablando de 1985- resolvió seguir actuando en reaseguros activos. No estuve de acuerdo con esta decisión -continúa diciendo el doctor Macedo- que contradice la historia esbozada en la evolución que he señalado de dicha cartera. Además, tampoco comparto los argumentos en que se fundó la resolución del Directorio. Considero que los resultados en esta materia siempre han sido desfavorables para el Banco de Seguros y no puede invocarse, en contrario, que haya empresas que sigan dedicándose, en otras parte del mundo -fundamentalmente del mundo desarrollado- al negocio del reaseguro activo. Tampoco admito lo que se ha dicho en el sentido de que cuando el Banco de Seguros ha perdido, todos los han hecho y que en materia de reaseguros se producen ciclos, siendo el próximo al parecer favorable. En mi concepto pienso que esto último no está probado. Reitero que no es cierta la afirmación de que cuando el Banco de Seguros perdió, lo demás también lo hicieron. Lo que sí puede considerarse probado es lo contrario. Ello es así porque una compañía puede perder técnicamente y obtener razonables beneficios financieros en virtud del resultado de la alta rentabilidad de sus colocaciones. Aquí se introduce un nuevo elemento a tener en cuenta. Durante la última mitad de la década anterior -el doctor Macedo se refiere a la década del setenta- y parte de esta, en razón de los altos intereses del dinero a nivel internacional, muchos reaseguradores o el grupo económico financiero por ellos integrado ganaron. Tales empresas privadas cuando se lanzan al campo del reaseguro lo hacen con dos expectativas: la de buenos resultados con ganancias técnicas y financieras. El Banco, en tanto empresa pública sometida a limitaciones y contralores mayores que las empresas privadas, sólo tiene una posibilidad de prever beneficios cuando toma contacto con márgenes técnicos favorables. No puede cifrar expectativas en cuanto a beneficios especiales provenientes de inversiones financieras que no puede realizar o que no está habilitado para hacer.

Con esto, el doctor Macedo nos estaba demostrando la chapetonada -si se me permite la expresión- cometida por aquel Directorio que exactamente en 1974 resolvió tener una política agresiva en materia de contratación de reaseguros activos.

Luego, el doctor Macedo prosigue diciendo que cuando se decidió continuar aceptando reaseguros activos, a pesar de que en ningún momento fue posible obtener información adecuada que hiciera posible asumir deducciones con un adecuado margen de seguridad, se hizo sobre la base de que era la única forma de obtener recursos financieros sanos para cumplir las obligaciones con el exterior.

Decía más adelante el doctor Macedo que es el negocio de la calesita, que lo único que hace es profundizar y aumentar las pérdidas y la dependencia.

La propuesta concreta del doctor Macedo en 1986 fue la de no intervenir en el negocio de reaseguros activos y ceder lo menos posible en reaseguros pasivos, colocando los grandes riesgos en el mercado de los facultativos. Según consta en las actas del Directorio del 29 de octubre de 1986, con motivo de esta exposición, el señor presidente, contador coronel Néstor Constanzo, deja expresado que en general está de acuerdo, ya que cuánto más información tenga el Directorio, en mejores condiciones estará para resolver, pero considera que hay que hacer un repartido para que circule entre los señores Directores y disponer desde ya el pase al señor Gerente General para procesar la información requerida por el Director doctor Luciano Macedo.

SEÑOR PEREZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ.- Creo, señor presidente, que el señor senador Bouzas, como miembro informante, tiene derecho a hacer uso de la palabra por una hora.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Señor senador: de acuerdo con lo que oportunamente me ha informado la Secretaría, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 del Reglamento, que otorga el derecho a los señores miembros informantes a hacer uso de la palabra por el término de una hora, rige únicamente para aquellos en mayoría, en tanto que los que no los son, gozan del mismo tiempo que los demás oradores en la discusión general.

SEÑOR BOUZAS.- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS.- Quiero precisar, señor presidente, que en la última reunión de la Comisión, se aclaró que todos los miembros -y acudo a ellos- disponíamos de la misma prerrogativa, y que en ese sentido se haría el planteamiento al Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Como los señores senadores Bouzas y Pérez comprenderán, la Presidencia no tiene otra alternativa que aplicar la norma reglamentaria vigente, que impone este límite de tiempo para los miembros informantes en minoría.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA..- En primer lugar, debo decir que la mesa está haciendo una correcta aplicación del Reglamento. Por otro lado, también es cierto lo que señala el señor senador Bouzas en el sentido de que acordamos que todos los integrantes de la Comisión -que tenemos la calidad de miembros informantes- dispusiéramos del término reglamentario asignado a los miembros informantes en mayoría, conforme al Reglamento. Por el obvio fuerte estado gripal que padezco, personalmente no sé si estaré en condiciones de hacer uso de ese tiempo, en el caso de tuviera que intervenir y de que el Cuerpo lo votara afirmativamente. De todas maneras, quiero hacer referencia a la actitud que el Senado en esta Legislatura ha tomado en varias oportunidades.

La primera que recuerdo corresponde al tratamiento del tema del ajuste fiscal en marzo de 1990, y entonces se resolvió que todos los miembros informantes dispusieran del tiempo reglamentario asignado en el Reglamento para los miembros informantes en mayoría.

Formulo moción en el sentido expresado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Según entiende la Mesa, es necesario expresar al señor senador Cassina y al Cuerpo en general que en este momento sólo hay en sala 15 senadores, lo cual no habilita al Senado a tomar decisión sobre la moción de orden que se acaba de formular.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA.- Señor presidente: como creo que puede haber en la casa algún otro integrante del Cuerpo que esté en condiciones de ingresar a sala, propongo que continúe en el uso de la palabra el señor senador Bouzas hasta que ello suceda.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- En este momento ingresan a sala algunos señores senadores, por lo cual la Mesa entiende que el Cuerpo está en condiciones de votar la moción formulada por el señor senador Cassina en el sentido de que todos los miembros de la Comisión Investigadora dispongan, para expresarse, del mismo tiempo que el Reglamento asigna a los miembros informantes en mayoría.

Se va a votar.

(Se vota: )

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO.- Señor presidente: de la manera más sintética y cordial posible, quiero llamar la atención del señor miembro informante a quien hemos otorgado con justicia esta prerrogativa, en el sentido de que no hemos ingresado, ni por asomo, al tema de la convocatoria, al motivo que creó la Comisión Investigadora. Nos estamos retrotrayendo a 1970, 1976 y 1985, a las palabras expresadas por un señor Director en reuniones de Directorio, que nunca dieron lugar a planteamiento alguno, público, parlamentario, en Comisión especial del Senado ni en Comisión Investigadora, sin tratar en absoluto -reitero- los temas que dieron lugar a la creación de la Comisión -y que fueron expuestos en el informe- cuya presentación estamos aguardando con ansiedad.

Esta dilatoria, señor presidente, o ejercicio oratorio que sobre este tema se está realizando, al llevarlo tan lejos, cuando los acontecimientos acerca de los cuales debe pronunciarse el Senado son tan cercanos, nos obliga a decir que, quizá por otros motivos, tengamos que retirarnos de sala en virtud de que hay programado un acto que es para nosotros muy importante. No queremos, sin embargo, que se interprete esta actitud como un desinterés de nuestra parte respecto del tema en cuestión, en momentos -insisto- en que se hace referencia a un pasado que nada tiene que ver en absoluto con el asunto que hoy nos ha convocado. A la hora 19:30, la Bancada del Foro Batllista va a participar de un acto muy importante, pero no vamos a obstacularizar el desarrollo de la sesión. Sí vamos a solicitar, señor presidente, que en la medida en que no nos alejemos tanto en la historia y abordemos el tema más concretamente, éste sea incorporado como segundo punto del orden del día de mañana, si es que hoy no fuera resuelto. Hago este planteo porque como primer punto del orden del día de mañana está previsto el tratamiento de la Ley de Partidos Políticos, y no deseamos que por exceso de oratoria quede hoy postergada su consideración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- La Presidencia no hará cuestión formal en cuanto a que las expresiones del señor senador Pozzolo se han apartado, claramente, de lo que debió ser fundamento de voto, porque todo integrante del Cuerpo tiene la facultad de llamar la atención en el caso de que se entienda que se está fuera del tema. Sin embargo, de las palabras del señor senador Pozzolo no se desprende la intención de pedir al presidente que llame la atención al orador; sí trae elementos prácticos que la Mesa desearía plantear, con la venia del Cuerpo. Se trata de la continuidad de la sesión y, en ese sentido, se ha observado que el número de integrantes del Cuerpo, en algún momento, ha sido escaso y hasta insuficiente para tomar decisiones. Entonces, teniendo en cuenta la propuesta del señor senador Pozzolo, debería someterse a votación -aprovechando que hay número suficiente para hacerlo- si los informes de la Comisión Investigadora pasan a considerarse en la sesión ordinaria del día de mañana, en el segundo lugar del orden del día, en caso de que el Cuerpo quede sin número o se llegue a la hora reglamentaria de término de las sesiones ordinarias o bien se plantee levantar la sesión del día de hoy a las 19 y 30 horas. La secretaría me acota que en el primer lugar del orden del día de la sesión de mañana figura el proyecto de ley de partidos políticos y, en el segundo, el proyecto de ley de reforma al Código Civil. Cabe aclarar que ambos proyectos cuentan con la sanción de la Cámara de Representantes. Obviamente, el Senado puede decidir una modificación de los resuelto anteriormente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para ocuparme de la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor presidente: me parece que estamos tratando un tea de enorme gravedad y esto surge, evidentemente, de la lectura de los tres informes de la Comisión, uno en mayoría y dos en minoría. Por lo tanto, no podemos hacer, ni dar la impresión de que hacemos, una especie de «estirada» para ver que pasa con este tema que estamos tratando. Sugiero que, en la sesión de hoy, se vote que se va a continuar hasta que se pueda dilucidar el tema, sin importar la hora de finalización de la misma. Entiendo que no podemos dejar la impresión de que el Senado se ha desinteresado del asunto.

SEÑOR GRENNO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GRENNO.- Pienso que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, si tomáramos la misma posición que el Cuerpo adoptó cuando designó la Comisión preinvestigadora, podría pensarse que se trata de temas diferentes. Este asunto no sólo es importante después que la Comisión laudó, sino que lo es desde su comienzo, porque tiene repercusiones que atañen al funcionamiento del organismo. Por esta razón, estimo que sería importante que no existieran dilaciones dado que, además, el Banco de Seguros del Estado está por renovar -situación que se da todos los años- sus facultativos y quienes deban negociar con el Banco tendrán muy presente lo que en esta Cámara se trate. Asimismo, supongo que el Directorio del Banco tendrá sus inquietudes acerca de las resoluciones que surjan de este Cuerpo, y eso lo limitará.

Reitero que el tema de la renovación de facultativos, que se hace cada fin de año con sesenta días de anticipación, nos obliga a que el tema se dilucide rápidamente para permitirle al Banco continuar con su labor natural, ajeno a todas las connotaciones que tengan que ver con la cuestión.

Por lo tanto, acompañaré la resolución política del grupo que integro, pero considero que este asunto no puede seguir postergándose, porque la lista de oradores será extensa, lo que supone una sesión muy larga. Puede suceder que queden muchas inquietudes o insinuaciones no aclaradas o no se tomen resoluciones, lo que hará mucho daño al organismo, al Parlamento y a los involucrados.

SEÑOR ELSO GOÑI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ELSO GOÑI.- Con respecto a las mociones presentadas por los señores senadores Pozzolo y Korzeniak, me parece que no se oponen entre sí. Para ser honestos -porque evidentemente hay escaso número de integrantes en las sesión de hoy- creo que la intención es continuar con la sesión hasta agotar el tema, para tratar de votar este asunto en el día de hoy. De no ser posible, quedaría como segundo punto del orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Voy a tratar de aclarar las dos mociones presentadas. El señor senador Pozzolo planteó una dificultad, dado que su sector político debe cumplir con un compromiso a las 19 y 30 horas. Por dicha razón, más allá de esa hora, uno de los sectores que integra el Cuerpo deberá ausentarse. Por lo tanto, él planteó continuar con el tema en el día de mañana. Por otro lado, el señor senador Korzeniak formuló moción para que se proceda en el sentido inverso, es decir, continuar en día de hoy, sin límite de tiempo, hasta que se agote el tema.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO.- Por tratarse de una sesión ordinaria, si el Senado no prorroga su término, la reunión de hoy culminará a las 20 horas. Si nuestro sector, que está compuesto por apenas tres senadores, debe retirarse por tener que cumplir el compromiso ya mencionado, el Cuerpo puede seguir sesionado hasta esa hora, aunque creemos inconcebible que, en media hora, se pueda tomar una determinación. No queremos solicitar un cuarto intermedio por el solo hecho de tener que retirarnos porque, de todas maneras, la sesión se levantará a las 20 horas sin que el Cuerpo haya tomado una resolución.

En virtud de que eso va a ocurrir en forma indefectible, no pedimos un cuarto intermedio a partir de las 19 y 30 horas, sino que solicitamos que cuando concluya esta reunión -teniendo en cuenta que el tema no va a estar resuelto, que no deseamos abandonarlo y que no queremos que nadie pueda pensar que estamos desinteresados en analizarlo- el asunto que nos ocupa sea tratado en segundo término del orden del día de la sesión de mañana.

En concreto, señor presidente, esa es la moción que he formulado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Entonces, corresponde votar que, en caso de que el Cuerpo quede sin número o venza el plazo de la sesión ordinaria, se continúe el tratamiento de este tema en la sesión del día de mañana.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- En virtud de que estamos buscando una fórmula constructiva, que pueda aunar los distintos criterios, deseamos señalar que estamos dispuestos a que se continúe con este tema en el día de mañana, si es ubicado en primer término del orden del día de la sesión. De esta manera, no interrumpiríamos el tratamiento del asunto, sino que seguiríamos hasta terminar su consideración, a fin de abordar luego los otro puntos que ya han sido fijados para la sesión de mañana.

Entonces, si los integrantes del Senado tuvieran la voluntad de votar en este sentido y si el señor senador Pozzolo compartiera el criterio, creo que podríamos adoptar la resolución a la que hice referencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- La Presidencia debe señalar que, aunque en cierto modo nos estamos apartando de la fórmula reglamentaria en este cambio de ideas que estamos teniendo, lo hacemos a los efectos de -tal como señalaba el señor senador Korzeniak- encontrar un parecer común entre todos los integrantes del Cuerpo.

No obstante, el señor senador Pozzolo me indica que tiene preferencia por la fórmula que él propuso, o sea, que en el día de mañana se trate como primer punto del orden del día el tema de los partidos políticos y luego se continúe con el informe del Banco de Seguros del Estado.

Se va a votar la propuesta formulada inicialmente por el señor senador Pozzolo, en el sentido de que si el Senado se queda sin número o si se llega a la hora reglamentaria de finalización de la reunión, se continúe con el tratamiento de este tema, en el segundo punto del orden del día de la sesión de mañana.

(Se vota: )

-19 en 21. Afirmativa.

De esta forma, el intercambio de ideas queda resuelto y puede continuar en uso de la palabra el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS.- Señor presidente: deseo formular una aclaración al señor senador Pozzolo, a quien le consta el respeto que siento por él, inclusive por el hecho de haber sido colegas, igual que ahora, en algún otro momento. Asimismo, le consta que nunca me he caracterizado por dilatar las discusiones.

En el transcurso de los próximos minutos se podrá apreciar por qué fue necesario remontarse tan lejos para analizar un problema, como es el de la Cartera de Reaseguros del Banco de Seguros del Estado, donde no solamente están en entredicho algunas cancelaciones de reaseguros y cheques firmados, sino toda una política practicada por el Banco a partir del año 1974, que hoy pone a la Institución y al gobierno uruguayo en una encrucijada que deberá enfrentar tanto esta Administración como las dos siguientes.

Por estos motivos, vale la pena saber que en los años 1985 y 1986, dos Directores del Banco de Seguros del Estado, el doctor Luciano Macedo y el presidente del Instituto, coronel Constanzo, veían las dificultades que existían, como consecuencia de la forma «alegre» en que dicha institución se puso a contratar negocios de reaseguros activos a partir del año 1974, cuando estábamos en plena dictadura.

(Murmullos en sala)

-Deseo señalar que el Director del Banco de Seguros del Estado de la época resolvió designar a un Director -el señor Franzini- para trabajar junto con el Gerente General, el Gerente de Reaseguros y el Subgerente General a fin de atender todos los problemas que causaba la Cartera de Reaseguros.

En cuanto a los criterios que se tenían para cancelar reclamaciones que hicieran compañías cedentes, el señor Gerente de Reaseguros nos dijo: «No obstante las presiones recibidas» -estoy aludiendo a las manifestaciones del señor Itté frente a la Comisión Investigadora- «pagamos los saldos sólo cuando estamos convencidos por el contralor de la documentación correspondiente que se debe pagar. De lo contrario seguimos pidiendo nueva información hasta que quede debidamente clara la procedencia de lo reclamado».

El actual contador general del Banco, señor García, coincidiendo con lo que en aquella época afirmaba el doctor Macedo y que aprobaba el contador Constanzo, nos decía que en la década de los setenta y en los primeros años de la de los ochenta, las tasas de interés tuvieron incrementos tremendos, lo que echó a perder algo que era típico en las operaciones de reaseguros. La buena fe. De ese modo, los contratos comenzaron a envilecerse porque las empresas de seguros, por ambición, ante la posibilidad de obtener montos para hacer colocaciones y lograr excelentes rendimientos, trataban de captar operaciones y obtener sumas de dinero.

Es en este clima que aparece la empresa Kleber, que es de origen francés y que según lo explica su actual responsable, el señor Stephan Benhamou, es una agencia suscriptora por cuenta de terceros. El señor Benhamou afirma que el Grupo Kleber no es más que un garante por la gestión acordada en el convenio. Kleber no arriesga -de esta forma, confirma lo que decía el doctor Macedo en los años 1985 y 1986 respecto de los «brokers»- no lleva utilidades por el convenio, sólo cobra comisión por su gestión y lo cobrado por el convenio lo reparte entre las compañías que asumieron el riesgo.

Señor presidente: actualmente, el contrato que en su momento se firmó con esta empresa, agencia suscriptora de seguros, por parte del Banco de Seguros del Estado, está siendo cuestionado. En dicho contrato aparecen tres cláusulas, que son las esenciales.

Según la primera, el suscriptor -que es la empresa Kleber- acepta suscribir negocios por cuenta del Banco de Seguros del Estado, que le delega un poder máximo de suscripción neto de 25.000 francos franceses por negocio contratado o su equivalente en libras esterlinas o en dólares. Debo señalar que estamos hablando de U$S 5.000 por negocio contratado.

En la cláusula sexta de este contrato firmado entre Kleber y el Banco de Seguros del Estado, por intermedio de un agente argentino de nombre Sinclair y Triurzi, se dice que el suscriptor -o sea, Kleber- podrá efectuar, por la cuenta de cada compañía tomada aisladamente o de todas las compañías tomadas globalmente, toda operación de protección o de retrocesión, por vía proporcional o no proporcional, a título de todo o parte de los negocios aceptados.

La o las compañías soportarán, entonces, las cargas resultantes de estas operaciones, pero beneficiarán igualmente las eventuales ventajas anexas, tales como la comisión de retrocesión. En caso de abandono de uno o varios retrocesionarios, el suscriptor no será tenido como responsable y la o las compañías sufrirán la posible pérdida resultante de esos eventuales abandonos.

El punto 7 dice que el suscriptor está autorizado a disponer, de una manera interna, entre los miembros del correaseguro, todo «fronting» que pudiera ser necesario, ya sea por razones políticas, técnicas u otras.

En definitiva, de acuerdo con la cláusula 1ª, el Banco de Seguros del Estado le fija un límite al suscriptor para contratar negocios, pero, según la cláusula 6 ó 7, le dice: «si usted quiere, viole ese límite hasta donde lo crea conveniente». Eso, la empresa Kleber lo usó al pie de la letra.

De lo que era conocido por parte del Banco de Seguros del Estado,, se formó un «Pool 11» que se constituyó con un grupo de empresas, por cuya cuenta el Grupo Kleber aceptó negocios de reaseguros activos. En el caso del Banco de Seguros del Estado, por cada negocio, aceptaba un máximo de 25.000 francos franceses, de acuerdo con la cláusula 1, pero que podía ser violada por las cláusulas 6 ó 7.

Llegó un momento, señor presidente, en que el «Pool 11», según las autorizaciones de las empresas que lo integraban y que tomaban negocios por intermedio del Grupo Kleber radicado en París -vamos a decirlo en un término llano- se llenó aunque había más negocios para aceptar. En consecuencia, el Grupo Kleber encontró la fórmula -nos enteramos muy tarde- de abrir un llamado «Pool 12». En el Banco de Seguros el Estado todos coinciden en que no se tenía noticia de su existencia y, mucho menos, de que el Banco lo integrara. Si bien es cierto que no fue integrante del «Pool 12», lo respaldó porque fue utilizado como empresa «fronting», palabra cuyo significado ya precisé. Nunca se recibieron liquidaciones sobre este «Pool 12» que, habitualmente, el suscritor tenía que hacer llegar a cada compañía integrante del «Pool». Según aclara el señor Stephan Benhamou, tenía que entregar cuatro liquidaciones por año, correspondientes a 9.000 negocios contratados por 9.000 empresas cedentes entre 60 compañías aceptantes y en tres monedas distintas. Esto hacía muy complejo el problema de cumplir con las obligaciones del contrato. Repito que el Banco de Seguros del Estado nunca recibió liquidaciones sobre este «Pool 12», y -lo que es más grave aun- tampoco cobró primas ni comisiones.

Recordando algún viejo dicho de la ciudad de Treinta y Tres -que seguramente podría afirmar el señor senador Elso Goñi- nosotros decíamos en la Comisión Investigadora: «¡Qué rigor, dijo Ayala, que hasta los mirones pierden!». El Banco de Seguros del Estado, en el «Pool 12», fue «mirón» y perdió mucho. El único que no está de acuerdo con lo que expreso es el señor Stephan Benhamou, quien dice que no existía de parte de Kleber la obligación de enviar cuentas. En ésta, como en otras respuestas, se escuda en la existencia de montañas de papeles, correspondientes a 60 reaseguradoras que tomaron 7.000 negocios, discriminados en tres monedas distintas, con 9.000 empresas cedentes y con cuatro liquidaciones anuales.

Sin embargo, si analizamos los que opinan los funcionarios del Banco de Seguros sobre este contrato, vemos que, por ejemplo, el señor Guillermo Piedracueva, abogado asignado al Departamento de Reaseguros dice que el tema Kleber nace de la suscripción de un contrato en 1976 por el cual se otorga un poder de suscripción muy amplio. Es un contrato hermético, algunas de cuyas cláusulas hacen que el Banco haya incursionado en una metodología de suscripción de contratos a la que no estaba habituado. Por su parte el señor Javier Martincorena, que fue Subgerente del Departamento de Reaseguros, nos decía que «para firmar los contratos, en aquella época se hacía una revisación quizás no exageradamente prolija y se procedía a la firma por parte del Gerente del Departamento de Reaseguros. El Grupo Kleber tiene algunas condiciones especiales, no obstante lo cual se firmaban aproximadamente entre 20 ó 30 contratos diarios en mencionado Departamento de Reaseguros, que con ciertas modificaciones podrían contener las mismas especificidades. Es decir que, en su momento, en el Grupo Kleber no se notó nada fuera de lo que normalmente ocurre cuando se acepta un negocio con cualquier agencia o suscripción.»

Asimismo, el doctor Barry Schochet -de quien tendremos que hablar luego- contratado por el Banco de Seguros del Estado, en una carta dirigida al doctor Guillermo Piedracueva, afirma lo siguiente: «Usted o yo, quizá nunca hubiéramos acordado firmarlo». Se refiere al contrato con el Grupo Kleber, el que sí fue firmado. «Salvo que exista un argumento por fraude o ilegalidad bajo la ley francesa, el contrato será ampliamente determinado contra el Banco».

Ahora bien, señor presidente, cuando el Banco de Seguros del Estado dejó de cumplir con las obligaciones que tenía con el Grupo Kleber por el «Pool 11» -creo que pagó reclamaciones hasta el año 1984- envió al presidente del Banco, en aquel momento, el señor Grenno, y al Gerente del Departamento de Reaseguros, señor Itté, a discutir las sumas que, presuntamente, le debía al Grupo Kleber.

En un informe que eleva el señor Itté al señor presidente del Banco, el 22 de enero de 1991, referido al Grupo Kleber, dice: «el informe de folios 72 a 74, del expediente Nº 411 que se acompaña, ilustra sobre los antecedentes de este caso». Concluyendo dicho informe el suscrito aconsejó no pagar los saldos reclamados por los administradores del «Pool», fundamentando su opinión. A su vez, el Directorio, por resolución del 26 de agosto de 1987 compartió lo aconsejado». Es decir que esa gente hizo reclamos durante la anterior administración, hubo un informe del señor Gerente del Departamento y en base al mismo el Directorio resolvió no pagar al Grupo Kleber.

Más adelante, encontraremos opiniones respecto a esto, de distintos expositores en la Comisión. Algunos dicen que el Grupo Kleber nunca podría haber hecho un juicio porque no tenía elementos para hacerlo -no contaba con razones ni argumentos para ello- y otros expresan que en caso de pagar al Grupo Kleber lo habrían dejado par el final.

En 1991, el anterior presidente del Banco junto con el Gerente de Reaseguros, concurrieron a negociar las deudas que el Banco de Seguros del Estado tenía con el Grupo Kleber.

SEÑOR GRENNO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOUZAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GRENNO.- Si bien no acostumbro a interrumpir la exposición de los miembros informantes, en este caso deseo realizar alguna precisión.

En realidad, la delegación del Banco no fue a Europa para averiguar cuánto se le debía al Grupo Kleber. Hay dos temas que debían considerarse; el Banco no sabía cuánto se le debía a Kleber y en el juicio que Mission Insurance le entablaba al Banco, la deuda más importante se tenía por intermedio de Kleber. En consecuencia, si no se conocía perfectamente la situación documental de ésta, era imposible que el Banco pudiera defenderse ante Mission Insurance. Es evidente, entonces, que la clarificación de las cuentas era inevitable.

Por otro lado, quiero señalar que la delegación del Banco no fue a Francia sino a Inglaterra para discutir con nuestros abogados en Londres qué estrategia se seguiría con Kleber para obtener los datos necesarios a fin de llevar adelante ese tipo de negociaciones. Posteriormente, acompañados de los abogados ingleses fuimos a Francia, sobre lo cual nos extenderemos cuando hagamos uso de la palabra.

Concretamente, quería dejar en claro que no es exacto que el Banco haya privilegiado a la firma Kleber, sino que las circunstancias hacían imposible que el tema no fuera considerado en ese momento, no por una decisión tomada en Montevideo sino por resolución de los propios abogados que estudiaban el caso y que, obviamente, no habían sido contratados por el Banco, en esta Administración, sino que pertenecían a un importante estudio inglés especializado que no sólo cuestionaba el tratamiento con esta empresa sino además que formaba parte de una Steering Committee, en donde casi había una coadministración de las cuentas de Kleber que se llevaba a cabo desde París y Londres.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Puede continuar el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS. - Considero muy conveniente las aclaraciones del señor senador Grenno porque corrigen una versión que nosotros tuvimos a través del señor presidente del Banco de Seguros, quien en esta oportunidad también nos dio una información equivocada que luego tomamos de la versión taquigráfica para llevar adelante nuestra argumentación.

De todas maneras, es claro que hubo una discusión con el Grupo Kleber en 1991 por parte del señor presidente del Banco de Seguros del Estado de la época, acompañado del Gerente de Reaseguros y de los abogados, tal como señalaba el señor senador Grenno. Según el informe del señor Itté, de allí surge que se debía por el "Pool 11" -que el Banco sabía que existía, tenía liquidaciones y llevaba una contabilidad- desde 1984 a 1990 un total de U$S 1:754.649,06. A raíz de ello, se llevó a cabo una negociación, se aclararon las cuentas y se elaboró un plan de pagos. En ese mismo viaje, los representantes del Banco de Seguros se enteraron de la existencia del "Pool 12" -una especie de metástasis del "Pool 11" -en el que estaba participando como "fronting", es decir, como garantía de las empresas que lo integraban. Según se nos informa, cuando una empresa cedente cede a un "Pool" un reaseguro y desea saber si en el caso de ocurrir un siniestro puede cobrar, se entera de quienes son sus integrantes y a veces éstos no son de confiar, porque ha habido una especie de nacimiento aluvional en los años setenta de empresas de seguros sin ninguna responsabilidad. Al observar que quien estaba respaldando esa operación era una empresa denominada Banco de Seguros del Estado, procedente del Uruguay y sabiendo que se trata de un Estado, procedente del Uruguay y sabiendo que se trata de un Estado que cumple en buena forma con sus obligaciones, las empresas cedentes aceptaron ceder el negocio. Fue así, entonces, que el Banco de Seguros "sin comerla ni beberla" -valga la expresión- estaba respaldando un negocio suscrito por el Grupo Kleber a su nombre, sin su conocimiento, argumentando la existencia de las cláusulas 6 y 7 que, como decía el señor Martincorena, fueron firmadas porque la revisación que se hacía era muy ligera.

En consecuencia, aquellos polvos trajeron estos lodos porque los señores Representantes del Banco volvieron con una reclamación del orden de los U$S 13:512.575. Cabe recordar que el señor Itté aclaró que sobre descuentos se logró un abatimiento del 59.47% de lo reclamado, es decir, sobre todos los rubros salvo los saldos de cuenta del "Pool 11" sobre los que se afirmaba que había que pagar.

Por consiguiente, la oferta de conmutación -que según el informe hizo Xleber- se concretó en el pago inmediato de U$S 1:669.470 correspondiente al "Pool 11", más U$S 4:800.000, el 40% del restante, en 10 cuotas semestrales de U$S 480.000, la primera a pagar en enero de 1992, más los intereses calculados con la tasa Libor. A todo esto en 1993 aparece el señor Benhamou reclamando deudas del "Pool 12" por U$S 18:000.000. Reitero, el Banco de Seguros del Estado no tenía ninguna constancia y se enteró sorpresivamente cuando viajaron el presidente y el Gerente de Reaseguros en 1991. En ese momento, el Directorio resuelve enviar una delegación para estudiar las cuentas del Grupo Kleber. Quiero decir que, contrariamente a lo que afirma el señor senador Alonso Tellechea, las opiniones de quienes concurrieron a revisar las cuentas del Grupo Kleber en 1993 son dispares. Algunos afirman que se pudo tener presente la reclamación de la compañía cedente; otros sostienen que se pudo acceder a los estados de cuenta del Grupo Kleber, pero todos confirman -y esto es muy importante- que de los U$S 18:400.000 que reclamaba dicho Grupo, por errores de suma en la primera intervención de los funcionarios del Banco que concurren a París, se descubrió un error de U$S 2:600.000 de más que se pretendía cobrar.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOUZAS. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Deseo hacer una aclaración en virtud de que fui aludido.

Lo que dije -y surge de los testimonios vertidos en Comisión frente a una misma pregunta que se repitió muchas veces- es que lo que se analizó fueron cuentas originales. Recuerdo la pregunta que fue formulada sobre si el trabajo fue efectuado sobre fuentes originales o no. Todos los testimonios que se recogieron indicaron que el material de trabajo del que se había dispuesto en todos los casos refería a cuentas originales.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco). - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BOUZAS.- Seguramente el problema es determinar qué es una cuenta original. Al respecto, cabría preguntarse si es la reclamación de la empresa cedente al Grupo Kleber diciendo que por equis siniestro reclama tanto, o es la cuenta que presenta el Grupo Kleber manifestando que por tal siniestro le adeudan tanto y por tal contratación tiene tanto a su favor y, en consecuencia, se le debe equis cantidad por ese año. En ese punto, precisamente, sostuve que hubo diferentes apreciaciones por parte de los invitados ante la misma pregunta, cuando interrogábamos acerca de qué se entendía por una cuenta original.

Habíamos señalado que en el primer valor de una suma de los reclamados existía una diferencia de U$S 2:600.000 de más, cuenta efectuada por el Grupo Kleber. Por importes que ya estaban incluidos en la anterior conmutación había U$S 2:000.000 que se repetían. Asimismo, por inclusión de importes que no correspondían al Banco de Seguros del Estado -tenían que ver con otras empresas que integraban el pool- había U$S 1:000.000 de más. Por otra parte, el Grupo Kleber expresa que no tiene posibilidades de informar si existen partidas que ya hayan sido pagadas por otros integrantes del pool.

Con respecto a todas estas rebajas que correspondía hacer a la reclamación del Grupo Kleber, quiero llamar la atención acerca de que uno de los funcionarios que concurrió a la Comisión nos manifestó -y dijo que también lo había planteado ante sus jerarcas- que en el informe final de la delegación que concurrió a París no aparece determinada apreciación que expresa lo que voy a citar a continuación. «Nosotros participamos todos los años con una unidad, para lo que teníamos documentación de apoyo. Por un lado estaba el Pool 11, en el que figuraban varias compañías y con respecto al cual el Banco siempre mantuvo una unidad y por otro lado, el Pool 12 tuvo diversas participaciones para los distintos años. En 1982, 1983 y 1984, dada la documentación que tenía el Banco en sus registros, figuraba con una unidad. Pero posteriormente, estando ya en París auditando, se nos dio un nuevo reparto del Pool 11 en el que nuestra participación -no sólo la nuestra sino la de todos sus integrantes en esos años- en lugar de estar dada en unidades se expresaban porcentajes. En consecuencia, se nos ocurrió ver cuántas unidades representaban los porcentajes para poder establecer comparaciones. Allí se produjo lo que podemos llamar sobresuscripción.»

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- La Presidencia desea aclarar que el señor senador Bouzas acaba de completar la primera hora de su intervención, que es la que corresponde a los miembros informantes de acuerdo con la decisión tomada oportunamente por el Senado.

Se va a votar si se le prorroga por 30 minutos adicionales.

(Se vota: )

-15 en 16. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS.- Repito: «Allí se produjo lo que podemos llamar una sobre-suscripción. Vemos que en el año 1982, de una unidad pasamos a tener 1,46, y en los años 1983 y 1984, pasamos de una unidad a 2,4 y 2,2. Esto obviamente, nos duplicaba la responsabilidad».

Todas estas dudas que están planteadas en el manejo de la información nos hacen desconfiar de lo dicho por el presidente del Banco de Seguros, señor De Fuentes, cuando expresó que el actual Directorio, a diferencia del anterior, tomó otro camino y resolvió enfrentar la situación haciendo conmutaciones de deuda, negociadas en cada caso, sin esperar a los juicios.

En oportunidad de analizar si el del Grupo Kleber era un contrato leonino en contra de los intereses del Estado, se contrató a abogados franceses -aconsejados por abogados ingleses- y se concurrió acompañados por el señor Piedracueva, abogado del Banco, y el señor Barry Schochet, sobre el cual me gustaría hablar más adelante. En ningún momento, el Directorio del Banco pensó en recurrir, por ejemplo, a profesores Grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas, como lo ha hecho recientemente a raíz de esta Comisión Investigadora, para contradecir las opiniones de la Asociación de Bancarios respecto a cómo se deben contabilizar las pérdidas y las ganancias de la Institución. El año pasado no se le ocurrió hacer lo mismo para constatar si había elementos para que el Banco de Seguros del Estado dejara de lado ese contrato y no afrontara ninguna de las deudas reclamadas por parte del Grupo Kleber, en definitiva, el señor Stephan Benhamou. Se acordó una comutación negociada del orden de los U$S 9:500.000. A mi juicio, este es un elemento que llama mucho la atención, ya que hablamos de la administración de una empresa del Estado que debe hacer frente a cantidades de millones de dólares.

Señor presidente: ¿de cuánto tiempo dispongo?

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- El señor senador dispone de 28 minutos.

Puede continuar el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS.- Quisiera referirme a un contrato de obra realizado por el Banco de Seguros del Estado en el año 1991 con un abogado norteamericano de nombre Barry Schochet. Todos coinciden en que el Departamento de Reaseguros el Banco de Seguros del Estado tomó conocimiento de este señor abogado a través del Directorio del Banco, según algunos, o del señor presidente del mismo, según otros. Por ejemplo, el señor Martincorena señala que «En un encuentro de carácter social el presidente del Banco de Seguros, el señor Grenno y el doctor Daniel Cambón me presentan al señor Barry Schochet y me piden que lo atienda, ya que no hablaba nada en español. De esa manera, sin saber siquiera de quién se trataba, comienzo a hablar con él y lo hacemos durante toda la noche. Aclaro que no sabía que posteriormente podía ser contratado. Cuando le pregunto acerca de cuál es su actividad, me responde que es lobbista en el Senado de Estados Unidos».

Este hombre fue contratado por el Banco de Seguros del Estado por contratos anuales que se vienen renovando, con una asignación de U$S 20.000 mensuales. En nuestro país, esta cifra es una barbaridad para ser pagada por el Banco de Seguros del Estado, pero en Estados Unidos es un salario excelente para una persona que se dedique «full time» a trabajar en una empresa. Ese no es el caso del doctor Barry Schochet que fue contratado -según se dice- para hacer los acuerdos de conmutación que tenía el Banco por los malos negocios de reaseguros contratados a partir de los años 70.

Otro aspecto que llama la atención acerca de este hombre, que gana U$S 20.000 mensuales, es que cada tres meses viene al Uruguay a cobrar esa partida. Percibe U$S 60.000 y el Banco de Seguros se hace cargo del gasto del pasaje de avión y del hotel. Nos preguntamos por qué no se utiliza la vía de transferencia telegráfica, por télex o por switch. ¿Qué razón hay? ¿Acaso este hombre emplea como fondos negros este dinero que cobra en Uruguay y no los declara en su declaración de Impuesto a la Renta en los Estados Unidos, que seguramente le deduciría algo así como el 50% de esos ingresos, en cuyo caso para su bolsillo en lugar de tener un contrato de U$S 20.000 tendría uno de U$S 40.000? Aunque esto también podría ser solucionado girándole el dinero a Las Bahamas o a algún otro de esos paraísos fiscales. Me pregunto cuál es la razón por la que este señor, que tiene un sueldo tan principesco para nuestro país, viene cada tres meses a cobrarlo. La Comisión Investigadora no pudo saber por qué.

Sabemos que el sueldo es una exageración, que lo cobra en una forma muy rara y que -de acuerdo con las declaraciones que tenemos aquí de varios funcionarios y ex funcionarios del Banco- no es un entendido en materia de seguros y reaseguros. Salvo que el Banco de Seguros esté pagando el sueldo de un individuo que realiza otras tareas, que quizás sean de beneficio del gobierno como, por ejemplo, negociaciones en el Senado de los Estados Unidos -dado que este señor dice que es lobbista en dicho Senado y, en particular, del Partido Demócrata- no encuentro una explicación.

SEÑOR GRENNO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOUZAS.- Disculpe, señor senador, pero el tiempo de que dispongo es muy limitado. En su momento, los señores senadores podrán hacer uso de la palabra y responder estas afirmaciones.

Otra persona que me llamó mucho la atención, señor presidente, es el señor o doctor Loewenthal, que fue contratado por el Banco de Seguros del Estado para atender las reclamaciones -que también estaban en entredicho en el Banco, según sus funcionarios- que hacían un par de empresas en cuanto al cobro de U$S 10:000.000 o U$S 11:000.000 por concepto de saldos adeudados -lo que se debe y esta contabilizado- de seguros o siniestros pendientes -que están en trámite de liquidación y de IBNR, que son seguros ocurridos que no fueron reportados, que nunca se sabe cuántos son y que habitualmente, en todo tipo de negociación, se dejan de lado.

Como dije, estas empresas reclamaban U$S 11:000.000 por estos tres conceptos y existía la certeza en la administración del Banco de Seguros del Estado -y, en particular, en el Departamento de Reaseguros- de que era una deuda que no había que atender. Sin embargo, por consejo del señor Barret Schochet, el Directorio del Banco contrató al señor Loewenthal con una forma curiosa de remuneración. Digo esto porque, de lo que reclamaba el reasegurador, este señor gestionaba una rebaja; si la misma era mayor de 10%, le correspondía un 30% de la rebaja obtenida. El hizo una auditoría, demoró dos meses y tuvo un éxito tan grande que prácticamente la deuda quedó en la mitad. Por lo tanto, este señor, por su buena gestión, se vio beneficiado con una remuneración de U$S 1:600.000.

Señor presidente: hay días que yo no los gano.

En el poco tiempo que me resta voy a hablar sólo de dos temas; lamentablemente, no voy a poder referirme a los otros, salvo que algún señor senador me conceda interrupciones.

Concretamente, quiero hacer mención al contrato Argengroup S.A que fue efectuado por un seguro de accidentes personales que protege a los pasajeros de automóviles de paseo -incluye, el traslado del vehículo, la internación hospitalaria y el tratamiento siquiátrico- y es obligatorio. Por primera vez un contrato, que es adicional al seguro de automóviles, es obligatorio. El Banco de Seguros del Estado ya tenía un contrato opcional, con esta misma característica; o sea que podía ser contratado o no por parte del asegurado. Ese nuevo contrato lo decide directamente el Directorio y contra la opinión de toda la administración del Banco resuelve ceder en reaseguro pasivo el 100% del mismo a una empresa inglesa que tiene su representante en la república Argentina y que se llama Argengroup S.A.

A mi entender, señor presidente, aquí ocurren varios hechos raros. ¿Por qué está en contra la administración? Porque se trata de un contrato de seguros atomizado, que no tiene un riesgo catastrófico, por lo tanto, se opinaba que no solamente no había que reasegurar el 100%, sino nada. En su momento, el señor presidente del Banco de Seguros dijo que este contrato era mucho más barato que el anterior opcional que tenía esa Institución. Quedó demostrado que este contrato es más barato, porque también tiene un premio más económico. El contrato anterior del Banco de Seguros del Estado, por cada vida que se perdiera en un accidente, pagaba aproximadamente U$S 10.000, mientras que éste, con riesgo total y cualquiera sea la cantidad de vidas que se pierdan en una accidente, paga un total de U$S 10.000. Todo indica que la iniciativa fue del presunto reasegurador; y luego voy a explicar por qué utilizo el término «presunto». Está claro que la administración entendió que no había que reasegurar. De este contrato, simplemente el Banco de Seguros cobró una comisión que al inicio del primer año fue del 10% y, luego , por una mala interpretación de una votación del señor Director Lorenzo, se transformó en un 15%. El señor presidente del Banco de Seguros nos manifestó que hubo un complot o confabulación del personal y de los corredores del Banco, para ocultar a los asegurados que tenían derecho a este beneficio. Por esa causa, con sangre de uruguayos -así lo dijo- una empresa extranjera cobró unas ganancias que están en el orden de los U$S 2:000.000 anuales. Quedó demostrado, por una gestión que hizo el señor senador Cassina -en su momento, se referirá a ella, si lo considera necesario- que el Banco de Seguros del Estado no ocultó la información, porque les hizo saber a cada unos de los asegurados que a partir de determinada fecha tenían derecho a este beneficio y que el seguro era obligatorio.

Por lo tanto, queda claro que el señor presidente del Banco de Seguros en su afirmación respecto a la confabulación de funcionarios y corredores faltó olímpicamente a la verdad. Con respecto a este tema, quiero decir que su opinión está en contra de toda lógica, porque un presunto reaseguro que contrata el Banco de Seguros del Estado, según todas las informaciones y todos los deponentes, se hace desde el Directorio y se ordena contabilizarlo al Departamento de Reaseguros.

Además, en el mismo momento en que se dice por parte del señor presidente que está esperando contar con el dinero suficiente para poder hacer publicidad por la prensa a fin de informarle a todos los interesados que no pierdan los beneficios que les brinda esa póliza y a los efectos de que esa empresa extranjera no siga ganando más, el Banco de Seguros del Estado estaba pagando una suma superior a los U$S 4:000.000 por publicidad para decir que su gestión andaba muy bien. ¿No se podían haber distraído U$S 10.000 o U$S 20.000 de esos U$S 4:000.000 para decirle a la gente que cesará de alimentar con su sangre -según palabras del presidente del Banco de Seguros- la ganancia de una empresa extranjera? A mi juicio, señor presidente, aquí hubo una especie de burla a la Comisión Investigadora.

Asimismo, entiendo que hubo muchas irregularidades; por un lado, desde el punto de vista instrumental, porque el negocio no se tramita a través del Departamento de Reaseguros; por otro, desde el punto de vista de la conveniencia, dado que los servicios técnicos desaconsejan unánimemente el contrato y desde una óptica comercial, ya que por tratarse de un seguro atomizado y de parte del seguro de automotores, no se justifica la cesión de parte o de toda la prima. Incluso, hay irregularidades legales, dado que se estuvo violando el monopolio de la cartera de automóviles desde el propio Directorio del Banco de Seguros del Estado, quedando demostrado que no existió la pretendida confabulación de funcionarios y corredores contra esa póliza. Esto lo demuestran los volantes recibidos por cada asegurado en oportunidad de renovarse su póliza. Este seguro es inconducente porque ya existía otro similar, pero era opcional por parte de cada asegurado. El caso de Argengroup es el que nos lleva a las conclusiones que en su momento vamos a exponer.

Otro tema que nos preocupa mucho es el referido a la empresa Resinbal S.A., que el Banco de Seguros resuelve contratar para el marcado de automóviles, luego que, el 6 de febrero de 1992, se procedió a hacer un llamado mediante la Licitación Nº 993. Por este contrato, Resinbal S.A ha cobrado aproximadamente U$S 4:000.000 por el marcado de los vidrios, el capó y el portaequipaje de los automóviles.

Quiero agregar, además, que son responsables de esta empresa los señores Víctor Israel y Sergio Codevilla, quienes en el año en que se gestionó esta licitación integraban, junto con el doctor Daniel Cambón -que aparece en muchos de los hechos investigados- la Comisión Directiva del Club Nacional de Fútbol.

Aquí hay varias irregularidades. Una de ellas, muy importante, es que se desecha la mejor oferta, que fue planteada por la empresa Silva y Rocca y que se situaba en exactamente la mitad del premio establecido por Resinbal. ¿Por qué se desecha la mejor oferta que había sido aconsejada por la Comisión de Adjudicaciones? Porque una vez conocidas las ofertas, Silva y Rocca presenta una carta aclaratoria de su oferta, lo que dio lugar a que se entendiera que podía haber una reclamación de quien resultara perdidoso en la licitación. Sin embargo, señor presidente, no se hizo uso del derecho de anulación de la licitación que tiene toda empresa que se presente porque, si bien había un defecto formal de parte de quien había hecho la mejor oferta -repito que el precio que presentó Silva y Rocca era la mitad de lo ofrecido por Resinbal- a los efectos de defender mejor los intereses del Banco de Seguros del Estado, corresponde tener en cuenta la opinión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A juicio de este organismo, una licitación no es un procedimiento de contratación para proteger derechos del licitante o proveedor, sino primordialmente para proteger el superior interés público en materia de contrataciones, procurando condiciones óptimas. Según mi criterio, en este caso el Directorio del Banco de Seguros del Estado no protegió el interés público y a sabiendas adjudicó la licitación a una oferta que era el doble de cara. Pero, además, procedió así sin haber hecho previamente un cálculo de cuál podía ser un precio aceptable para adjudicar una licitación o dejarla sin efecto, anulándola.

Digo más. La comisión no tuvo oportunidad de ver el expediente de esta licitación -téngase en cuenta que estamos hablando de una licitación cuestionada desde el principio- porque se extravió o lo robaron. No obstante, cuando preguntamos a los señores Directores y al señor Gerente General del Banco si se había hecho alguna investigación sumarial al respecto de dicha desaparición, el señor vicepresidente nos dijo que el hecho no era de extrañar porque a él le habían robado el termo y el mate, mientras que el señor Gerente General señaló que en la institución se pierden 40.000 ó 50.000 expedientes por año. Frente a esto, preguntamos si se encontraban algunos de estos expedientes, y se nos respondió que algunos sí. A continuación preguntamos si este era un expediente fácil de perder y nos dijo que no, que era extraño que no se hubiera encontrado, puesto que se trataba de un expediente muy voluminoso. Sin embargo, no se hizo ninguna investigación para ver que había ocurrido con una licitación que, además, tiene una segunda parte. ¿Por qué digo esto? Porque vencida esa licitación, que aseguró a Resinbal unos ingresos de aproximadamente U$S 4:000.000, hubo una segunda para continuar marcando los automóviles nuevos. A ésta se presentaron también dos empresas: Resinbal y Silva y Rocca. Nuevamente el precio de esta última fue alrededor de la mitad de la de Resinbal, y nuevamente la Comisión de Adjudicaciones aconsejó la contratación de Silva y Rocca y, una vez más, el Directorio elevó la cuestión a estudio de Jurídica. Luego de esto, nuevamente la Comisión de Adjudicaciones pregunta a Silva y Rocca cuál es el sistema por el cual llevaría a cabo el marcado de vidrios, en caso de ganar la licitación, porque el día anterior había recibido de Resinbal una carta en la que se decía que la empresa tenía el derecho y la patente exclusiva para hacer el marcado de automóviles con pistolas de arena, y que por tanto ninguna otra podía utilizar ese sistema. Frente a esta interrogante planteada telefónicamente por la Comisión de Adjudicaciones, Silva y Rocca, que ya tenía la mala experiencia de la licitación anterior, puesto que había sido dejada de lado porque había elevado una carta al Banco «a posteriori» de la apertura de las ofertas, responde que sólo estaba dispuesta a contestar si el planteo se hacía por nota. Entonces, la comisión de Adjudicaciones le envío una carta y la empresa contestó negativamente, alegando que tiene otro sistema totalmente distinto al de Resinbal.

Esto ocurrió el 27 de julio y al día de hoy el Directorio del Banco de Seguros del Estado aún no ha otorgado la licitación a ninguna de las dos empresas, ni a la que cotizó más barato, ni a la que presentó una oferta superior. Sin embargo, en estos momentos se está diciendo en el Banco que no hay razones para no continuar trabajando con Resinbal, como se lo ha hecho hasta ahora.

Este problema de Resinbal al igual que el de Argengroup -que no son los problemas más graves del Banco de Seguros del Estado- demuestran que el Directorio, el señor presidente y el Vicepresidente del Banco de Seguros, han tenido actuaciones que necesariamente deben ser observadas por el Poder Ejecutivo y, a mi juicio, también por la Justicia.

Quiero terminar con el tema de la gestión del señor Vicepresidente del Banco refiriéndome al traslado a otro destino del señor Nicolazzi, jefe del Departamento de Sistemas.

A este respecto debo señalar que, del estudio detallado de la denuncia efectuada por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, no me quedó claro que hubiera una vinculación directa entre las conversaciones mantenidas entre los señores Alfonso y Benhamou, para que eventualmente la primera de las personas citadas, cuando cesara como Director del Banco, pasara a trabajar en una empresa de seguros que fundará el comprador del Banco Pan de Azúcar, y un pedido que el señor Alfonso hizo de todo el fichero de clientes del Banco de Seguros del Estado. Pero sí me quedo claro que el señor Alfonso faltó a la verdad cuando dijo que había ascendido al señor Nicolazzi, puesto que esta persona no fue objeto de ningún ascenso sino que continuó percibiendo la misma remuneración y, de acuerdo con lo que surge de sus declaraciones y de las del señor Gerente General del Banco, su traslado se hizo en forma, a nuestro juicio, irregular y con carácter sancionatorio. No se consultó al señor Nicolazzi; pero, además, la resolución se tomó en régimen de Comisión General, sin la presencia del Gerente General, del Subgerente General y del contador general. Estamos hablando de un funcionario que, según se dice en la propia resolución, es excelente, tiene muchos conocimientos, etcétera. Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que se resolvió fue trasladarlo del lugar en el que se encontraba trabajando hasta ese momento.

Creo que hubo represalia por parte del señor Alfonso respecto al señor Nicolazzi.

En los pocos minutos que me restan, quiero referir al caso del irresistible ascenso del contador Julián Alonso quien, de ser funcionario del Banco pan de Azúcar, pasó en comisión al Banco de la República Oriental del Uruguay, con el cargo de auxiliar administrativo. En setiembre del año 1991 es redistribuido del Banco de la República Oriental del Uruguay, donde cumplía a función de auxiliar, al Banco de Seguros del Estado con el cargo de Sub-Jefe -el primero que está por encima del auxiliar- que es otorgado por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

En agosto de 1992 -es decir, cuando habían transcurrido once meses- fue ascendido al cargo de auditor interno del Banco de Seguros del Estado, que se asimila al de Sub-Gerente general. La justificación de la designación la da el vicepresidente de la Institución, señor Alfonso, quien hace la propuesta que es aceptada por el Directorio. Hay que tener en cuenta que en el momento en que el señor Alfonso hace esa propuesta -lo reconoce él y el señor Julián Alonso en la Comisión Investigadora- trabajaba en el estudio contable del contador Alonso. Concretamente, lo asciende -o propone su ascenso- del cargo de Sub-Jefe al de Sub-Gerente General.

Se argumenta en apoyo de este ascenso que es normal -lo escuché en la primera intervención que se realizó- que en las empresas o instituciones de nuestro país trabajen parientes o amigos. Sin embargo, lo que a mi juicio no es normal en mi país -al menos en el gremio bancario, aunque lo autorice el Estatuto del Funcionario del Banco de Seguros del Estado- es que a un amigo se le haga pegar un salto tan grande a los once meses de ingresar a la Institución. Yo creo que es admisible que un Director del Banco, traiga a un amigo para que colabore con él en el desempeño de sus funciones porque conoce mucho del tema. Para eso están los cargos de confianza. Sin embargo, haber ascendido a esa persona incorporándola a la plantilla del Banco de Seguros del Estado, a su administración, atornillado a ese cargo desde Sub-Jefe hasta llegar a Sub-Gerente general en once meses y sin etapas, es algo muy diferente. Está claro que, en este caso, hay una implicancia notoria del señor Vicepresidente de la Institución al proponer la designación del contador Alonso para desempeñar ese cargo.

Sobre otros temas que estuvieron a estudio de la Comisión también tengo opinión, pues los he analizado detalladamente. Estoy muy preocupado por el tema del reaseguro, porque esa deuda externa la va a contraer este gobierno o el que viene, y va a seguir incidiendo en los sucesivos que tenga el país. Concretamente, esto fue lo que me «comió» más la cabeza. Pienso que, al respecto, tenemos que buscar una solución. Reitero: este asunto fue lo que me insumió más tiempo y espero que si en este momento estuviera presente el señor senador Pozzolo, me podría comprender. En los casos particulares de las denuncias de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, así como en los tres o cuatro que me expedí expresamente, encuentro que hay razones más que suficientes para que este Cuerpo le pida al presidente de la República que actúe de acuerdo con lo que indican los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República sobre las responsabilidades que tiene el presidente del Banco de Seguros así como los señores Directores de los Entes Autónomos. Asimismo, se le debe solicitar que todo el legajo que ha investigado la Comisión correspondiente sobre las presuntas irregularidades del Banco de Seguros del Estado pase a la Justicia a los efectos de ver si se ha cometido algún delito en algunos de los hechos investigados. Digo esto porque, con la rigurosidad de la Justicia -que no es la que, lamentablemente, tienen las Comisiones Investigadoras Parlamentarias- se profundice más en el tema pues, de esa manera, se habrán de encontrar responsabilidades muy grandes por parte del presidente del Banco de Seguros del Estado y de su Vicepresidente.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA.- Señor presidente: formulo moción para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- La Mesa desea recordar que eso ya fue votado.

12) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Juan C. Blanco).- De acuerdo a lo resuelto oportunamente por el Cuerpo, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 56 minutos, presidiendo el doctor Juan C. Blanco y estando presentes los señores senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Astori, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gargano, Grenno, Korzeniak, Pereyra, Pérez, Raffo y Rubio).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Sr. Dardo Ortiz Alonso Prosecretario

Sr. Carlos E. Moreira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.