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Nº 341 - TOMO 362 - 23 DE AGOSTO DE 1994

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

36ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y el PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Solicitud de sesión

- La formulan varios señores senadores.
- Se resuelve realizar sesión.

4) Asuntos entrados

5) Proyecto presentado

- Relacionado con convenios colectivos de trabajo.
- Lo presentan varios señores senadores.

6 y 17) Solicitudes de licencia

- La formula el señor senador Pérez, por el día de la fecha.
- Concedida.
- La formula el señor senador Alonso Tellechea, por los días 29 de agosto a 6 de diciembre.
- Concedida.

7) Señor presidente de la República. Solicita autorización para ausentarse del país

- Concedida.

8 y 16) Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz. Se declaran electivos sus cargos. Proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores y del señor presidente.
- Se vota negativamente.

9 y 12) Banco de Seguros del Estado. Presuntas irregularidades. Informe de la Comisión Investigadora

- El señor senador Alonso Tellechea solicita que se considere en la sesión del día 7 de setiembre.
- Se resuelve, por moción del señor senador Bouzas, considerarlo en la sesión del día 7 de setiembre.
- Fundamentos de voto del señor senador Alonso Tellechea.

10, 13, 15 y 24) Ciudadanos vascos. Proyecto de declaración

- Se resuelve, por moción del señor senador Bouzas, darle lectura.
- Se vota negativamente.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se resuelve, por moción del señor senador Bruera, rectificar la votación.
- Se vota negativamente.
- Fundamento de voto del señor presidente y de varios señores senadores.

11, 14 y 22) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo

- El señor senador Bouzas solicita se consideren de inmediato.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venias al Poder Ejecutivo para designar un miembro del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, uno del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y uno del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado.

18 y 20) Junta Local Autónoma de San Carlos. Se la declara electiva y se determinan sus cometidos. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- Fundamento de voto de varios señores senadores.

19 y 21) Programa de ejercicios Fuerzas Unidas "Uruguay". Autorización para el ingreso al territorio nacional de una aeronave e integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Proyecto de ley

- Se resuelve, por moción del señor senador Santoro, repartirlo y considerarlo de inmediato.
- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Operación UNITAS XXXV. Proyecto de ley

- Se resuelve, por moción del señor senador Raffo, declararlo urgente.

25) Se levanta la sesión

- Se resuelve, por moción del señor senador Alonso Tellechea, levantar la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 18 de agosto de 1994.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores senadores, el próximo martes 23, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados, y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se declaran electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz, departamento de Canelones.

(Carp. Nº 1479/94 - Rep. Nº 896/94)

2º) Por el que se declaran electivos los cargos de ediles de la Junta Local Autónoma de San Carlos, departamento de Maldonado.

(Carp. Nº 1587/94 - Rep. Nº 897/94)

3º) Informes de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado.

(Carp. Nº 1459/94 - Rep. Nº 892/94)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso Tellechea, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gargano, González Modernell, Grenno, Hackenbruch, Irurtia, Korzeniak, Lenzi, Millor, Moreira Graña, Raffo, Ramírez, Ricaldoni, Rubio, Santoro y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Amorín Larrañaga, Librán Bonino, Pérez y Silveira Zavala; y, sin aviso, los señores senadores Besozzi, Irurtia y Urioste.

3) SOLICITUD DE SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 9 minutos)

-Dése cuenta de una solicitud de sesión.

(Se da de la siguiente:)

"Varios señores senadores solicitan se cite al Cuerpo a fin de considerar los asuntos que en el mismo se mencionan".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 17 de agosto de 1994.

Sr. presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes solicitamos a Ud. que convoque al Cuerpo en forma extraordinaria para el próximo martes 23 de agosto a las 16:00 horas a fin de considerar los siguientes puntos:

1. Juntas Locales de Canelones y de San Carlos (Maldonado).

2. Informes de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atte.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, José Korzeniak, Jaime Pérez, Leopoldo Bruera, Enrique Rubio, Carlos Bouzas. Senadores".

-Se va a votar si el Senado desea realizar sesión.

(Se vota:)

-13 en 14. Afirmativa.

Habiendo número, está abierta la sesión.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 23 de agosto de 1994.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje solicitando venia para exonerar de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

(Carp. Nº 1602/94)

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite la información solicitada por los señores senadores Walter Belvisi, Américo Ricaldoni y Tabaré Hackenbruch, relacionada con las sumas abonadas o adeudadas a los medios de difusión por el período comprendido entre el 1º de marzo de 1990 y el 31 de diciembre de 1993.

-Oportunamente le fue entregado a los mencionados señores senadores.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 1993.

(Carp. Nº 1603/94)

-A las Comisiones de Presupuesto y Hacienda.

por el que se interpretan algunos artículos de la ley Nº 16.095, relacionada con los derechos de personas con discapacidades totales y portadores del síndrome de Down.

(Carp. Nº 1601/94)

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

por el que se designa con el nombre de "Colectividad Japonesa" la Escuela Especial Nº 212, del pueblo Joaquín Suárez.

(Carp. Nº 1598/94)

por el que se designa con el nombre "Hipólito Cabrera" la Escuela Rural Nº 6 de Costa de Pando.

(Carp. Nº 1599/94)

por el que se designa con el nombre "Carmelo García Lemus" la Escuela Rural Nº 31 de la 12ª. Sección Judicial de Canelones.

(Carp. Nº 1600/94)

-A la Comisión de Educación y Cultura.

y por el que se crea el Sistema Estadístico Nacional.

(Carp. Nº 1605/94)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

Los señores senadores Jaime Pérez, Enrique Rubio, Pablo Millor y Carlos Cassina presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece que los convenios colectivos de trabajo suscritos por las organizaciones gremiales representativas de empleadores y de trabajadores serán obligatorias para todas las empresas pertenecientes al mismo grupo, rama o sector de actividad estén o no afiliadas a la respectiva organización gremial empresarial.

(Carp. Nº 1604/94)

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social".

5) PROYECTO PRESENTADO

"INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha estudiado, en varias oportunidades durante la actual legislatura, la necesidad de regular legalmente el ámbito de aplicación de los convenios colectivos de trabajo, a instancias de varios de sus miembros así como de organizaciones gremiales de trabajadores; en particular, del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera y Anexos (SOMA).

En opinión de esta asesora, resulta de todo punto de vista conveniente que la ley establezca la obligatoriedad de tales convenios para todas las empresas comprendidas en el grupo, ramo o giro a que cada uno de ellos refiere, para evitar la competencia desleal que los empleadores que quedan al margen de esos acuerdos puedan realizar en perjuicio de los directamente obligados por los mismos. Es la solución que la ley Nº 9.675, de 4 de agosto de 1937, estableció para la industria de la construcción y ramas anexas.

Por esta vía, se logra además promover los acuerdos entre empleadores y trabajadores mediante convenios colectivos, con los beneficios consiguientes para las partes, así como para la sociedad en su conjunto.

Por estas consideraciones, la Comisión se permite aconsejar al Senado la aprobación del proyecto adjunto.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Los convenios colectivos de trabajo suscritos por las organizaciones gremiales representativas de empleadores y de trabajadores serán obligatorios para todas las empresas pertenecientes al mismo grupo, rama o sector de actividad, estén o no afiliadas a la respectiva organización gremial empresarial.

A tales efectos, los convenios deberán ser inscriptos y registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 438 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 2º. - La inscripción y el registro de los convenios colectivos podrá ser realizada indistintamente, con los efectos previstos en el artículo anterior, por las organizaciones gremiales de trabajadores o de empleadores signatarias.

Jaime Pérez, Enrique Rubio, Pablo Millor, Carlos Cassina. Senadores".

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Jaime Pérez solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 22 de agosto de 1994.

Sr. presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Solicito a Ud. tenga a bien poner a consideración del Cuerpo el otorgamiento de licencia por el día 23 de cte.

Como presidente de la Comisión de Industria y Energía he sido invitado a participar en la inauguración de la planta Loma de La Lata en Neuquén, República Argentina.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atte.

Jaime Pérez. Senador".

-Se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Solicita autorización para ausentarse del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota del señor presidente de la República llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor presidente de la República solicita autorización para ausentarse del país, en dos oportunidades, por un plazo mayor al de 48 horas".

-Léase.

(Se lee:)

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Montevideo, 17 de agosto de 1994.

Señor presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a los efectos de solicitar la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas, en dos oportunidades, a partir del día 8 de setiembre de 1994, con motivo de asistir a la Séptima Cumbre Presidencial del Mecanismo de Consulta y Concertación Política del Grupo de Río en la República Federativa del Brasil y a partir del 24 de setiembre de 1994, para participar en el XLIX período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en los Estados Unidos de América.

Saludo al señor presidente con mi más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Pablo García Pintos".

-Se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) JUNTAS LOCALES AUTONOMAS DE SANTA LUCIA, LAS PIEDRAS, PANDO Y LA PAZ. Se declaran electivos sus cargos. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se declaran electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz, departamento de Canelones. (Carp. Nº 1479/94 - Rep. Nº 896/94)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1479/94
Rep. Nº 896/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Carácter electivo). - Decláranse electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, de Las Piedras, de Pando y de La Paz, departamento de Canelones.

La elección de sus miembros se hará de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º) y 9º) del artículo 77 de la Constitución.

Los límites de las jurisdicciones electorales correspondientes a las Juntas Locales Autónomas comprendidas en el inciso primero de este artículo serán los mismos que están establecidos en la actualidad.

Participarán en la elección sólo los ciudadanos inscriptos en las respectivas jurisdicciones electorales. La Junta Electoral del departamento de Canelones formará el padrón electoral correspondiente, de acuerdo con los criterios que determine la Corte Electoral y con la aprobación de ésta.

Art. 2º. - La primera elección de miembros de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, de Las Piedras, de Pando y de La Paz se hará conjuntamente con la primera elección nacional.

Mientras los miembros así electos no asuman sus cargos continuará en vigencia el sistema de designación, suplencia y cese determinado por el artículo 287 de la Constitución y por la ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.

Art. 3º. (Competencia). - Las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, de Las Piedras, de Pando y de la Paz tendrán las siguientes competencias:

A) Cumplir y hacer cumplir las leyes.

B) Cumplir todos aquellos cometidos que le confieren las leyes, ejerciendo las atribuciones que le encomiende el intendente.

C) Iniciar entre el vecindario y proponer al intendente las mejoras locales que considere conveniente.

D) Vigilar en el área descripta en el inciso tercero del artículo 1º de la presente ley la percepción de las rentas departamentales.

E) Cobrar, fiscalizar el cobro y administrar las rentas y aquellos proventos que el gobierno departamental le adjudique dentro de las rentas departamentales bajo la superintendencia del intendente municipal.

F) Cuidar todos los bienes propiedad del Municipio que se encuentran dentro del área de sus respectivas jurisdicciones, proponiendo al intendente municipal la mejor forma para su cumplimiento.

G) Atender especialmente la higiene y salubridad de la zona, denunciando con prontitud las ocurrencias de epidemia o epizootias que atenten o traigan serios riesgos para la vida.

H) Actuar imponiendo multas o sanciones en el territorio incluido por toda aquella infracción de naturaleza municipal, en forma determinada de acuerdo con las disposiciones en vigencia.

I) Emplear todos aquellos recursos que le asigne el presupuesto y lo que le entregare el intendente para los servicios y necesidades locales.

J) Velar por las garantías individuales y la instrucción primaria promoviendo la agricultura y el mejoramiento de la ganadería, así como todo aquello que propenda al adelanto de la zona, dando cuenta de ello al gobierno departamental.

K) Poner a consideración del intendente todas aquellas aspiraciones a ser incluidas en el Presupuesto Municipal y sus modificaciones, así como los planes de trabajo a tenerse en cuenta para la zona.

L) Designar su secretario administrativo por mayoría simple de votos.

Art. 4º. - Deróganse las leyes Nº 9.693, de 15 de setiembre de 1937, y Nº 13.457, de 9 de diciembre de 1965, en cuanto se opongan a la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de junio de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda
Secretario


CAMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Constitución,
Códigos, Legislación
General y Administración

INFORME

Señores representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha resuelto aconsejar al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley por el cual se declaran electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz (departamento de Canelones), proponiéndose simultáneamente, modificaciones a las leyes por las cuales se otorgó a dichas Juntas Locales facultades de gestión ampliada.

Antecedentes

1) Con fecha 17 de agosto de 1993, el señor representante nacional por Canelones, Daniel H. Delgado Sicco, presentó un proyecto de ley por el cual propone "Declarar electivos los cargos de todas las Juntas Locales Autónomas de la República, constituidas como tales a la fecha de promulgarse la presente ley, en un todo de acuerdo con la legislación electoral vigente (artículo 288 de la Constitución de la República y artículo 59 de la ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935)".

2) Advertido por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la imposibilidad de dar trámite a tal proyecto, en mérito a que por su generalidad no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución de la República, solicitó se circunscribiera el mismo a las Juntas Locales Autónomas actualmente existentes en el departamento de Canelones, respecto de las cuales ya se había remitido por el gobierno departamental de Canelones la iniciativa correspondiente.

3) Con fecha 1º de diciembre de 1993, los señores representantes nacionales por el departamento de Canelones Marcos Carámbula, Wilson Craviotto, Ramón Legnani, Tabaré Caputi y Carlos Suárez Lerena, presentan un proyecto de ley por el cual proponen "Declarar electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz (departamento de Canelones)".

4) El señor intendente municipal de Canelones, doctor José Andújar, concurrió a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, invitado por ésta, manifestando su total conformidad con las iniciativas precedentes.

Análisis del proyecto

Al ingresar al estudio de este proyecto de ley, la Comisión entendió que debía abocarse al análisis de dos puntos fundamentales: a) por un lado, lo relativo al carácter electivo de los cargos de los integrantes de las Juntas Locales Autónomas, aspecto sobre el cual la opinión de todos los Miembros de esta Comisión, es conteste en aconsejar la declaración de electividad de tales cargos; y b) por otro lado, lo relativo a las competencias de las Juntas Locales Autónomas, aspecto en el que se entendió oportuno y conveniente introducirse, en razón de que las fórmulas legislativas vigentes, por las que se crearon prácticamente todas las Juntas Locales Autónomas del país, resultan imprecisas y generadoras de conflictos sobre el alcance de las potestades atribuidas a tales Juntas al tener que ser armonizadas con las que constitucionalmente competen al intendente municipal.

Pesó en el ánimo de los integrantes de la Comisión, para resolver abordar este último aspecto, el hecho de haber aprobado recientemente un proyecto de ley, venido de la Cámara de Senadores, por el cual se declara autónoma la Junta local de Bella Unión y electivos los cargos de sus integrantes, en el que se hace una regulación precisa de la competencia que esta Junta Local tendrá la que es considerada un avance sustancial respecto de otras formulaciones legislativas en las que el criterio seguido para atribuir competencia a tales Juntas Locales, consistió en la remisión a las facultades de gestión que los artículos 35 y 36 de la ley Nº 9.515 (Ley Orgánica de los gobiernos departamentales) asignan a los intendentes municipales.

En mérito a ello, esta Comisión asesora remite al plenario un proyecto de ley por el cual se propicia declarar electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz (departamento de Canelones), y en lo que a sus competencias se refiere, se propone delimitar las mismas en términos similares a los del proyecto de ley relativo a la Junta Local de Bella Unión al que hemos hecho mención, con lo que se lograría acotar el campo de conflictos interinstitucionales que pudieran suscitarse en el futuro, implicaría un comienzo en la tarea de armonizar la legislación, que deberá proseguirse, evitando que existan algunas Juntas Locales Autónomas cuyas facultades han sido objeto de precisa determinación, mientras en otros supuestos las mismas resulten de la remisión a las facultades de gestión que los artículos 35 y 36 de la ley Nº 9.515 asignan a los intendentes municipales, criterio de política legislativa seguido hasta el presente en nuestro país.

Seguramente el camino más correcto, desde el punto de vista técnico, para regular la competencia de las Juntas Locales Autónomas, no es el que se adopta en este caso, sino proceder a la revisión de la ley Nº 9.515 (Ley Orgánica Municipal), con casi sesenta años de vigencia, que necesita imprescindiblemente de una actualización en función de las nuevas realidades existentes en el país. Capítulo importante en esta revisión tendrá que serlo necesariamente, el relativo a la materia municipal y a la asignación de competencia a los distintos órganos del gobierno departamental.

Hasta tanto ello no acontezca, aunque parcial, consideramos este proyecto de ley un progreso en la materia.

El tema es muy complejo, de difícil comprensión y jurídicamente opinable, existiendo opiniones diversas en la doctrina nacional, circunstancia que ha acentuado las dificultades que plantea la cuestión.

El doctor Julio Prat, profesor de Derecho Administrativo de nuestra Facultad de Derecho, dice que "Es posible que este tema sea uno de los menos estudiados, o por lo menos considerados, en la doctrina publicista nacional. Nadie niega que los antecedentes del derecho comparado siempre destacaron a las localidades o a las comunas como división territorial natural, frente a los departamentos o provincias, que generalmente sus límites son artificiales aunque agrupen a muchas localidades. En la búsqueda de un razonable entendimiento de los intereses locales con los departamentales en que emergen las comisiones auxiliares, las Juntas o los Concejos Locales. Pero este entendimiento debe ser logrado razonablemente para que no se desvirtúen los principios constitucionales.

Nuestro país al respecto ha tenido poca e infeliz aplicación de las normas referidas y muchas veces se ha confundido localidad, espacio reducido territorialmente, con otras dimensiones que no tienen nada que ver con ella".

Y refiriéndose a la experiencia legislativa nacional, prosigue el doctor Prat: "De esta experiencia, podemos hacer comentarios rápidamente. Así las leyes Nº 9.693 y Nº 9.707, de 15 de setiembre y de 14 de octubre de 1937, respectivamente, por las cuales se declararon "autónomas" las Juntas Locales de Santa Lucía, Pando y Las Piedras (la primera) y de Paso de los Toros (la segunda).

La técnica empleada por el Legislador de la época fue:

- Limitó la jurisdicción de la localidad por la de una Sección Judicial del departamento. Es decir asimiló localidad a Sección Judicial.

- Le amplió a cada una de sus facultades de gestión, con las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal de 1935 establece para los intendentes, artículos 35 y 36. Es decir que les confió en bloque todas las atribuciones que tenía el intendente, con la confusión ya indicada precedentemente, que son otras que las que originariamente tenían las Juntas Económico-Administrativas, incluyendo atribuciones administrativas y legislativas.

- El ejercicio de la competencia ampliada por las Juntas Locales es sin perjuicio de la vigilancia y fiscalización de los intendentes sobre ellas.

- Las leyes referidas hacen la aclaración que "la autonomía" que se acuerda por la presente ley, "son las que le confiere la ampliación de facultades de gestión a que alude la parte final del artículo 247 de la Constitución" (se refiere a la de 1934).

Como podemos ver, continúa diciendo el doctor Prat, la experiencia legislativa además de ser pobre en volumen, es lamentable en sentido técnico-jurídico. Es pobre, decimos, porque además la localidad encuentra sus límites en los de una Sección Judicial del departamento, a la época de la sanción de la ley. Y es lamentable, porque al calificar de autónomas a las Juntas Locales, se ve precisado a definir el alcance de esta autonomía, que es inaplicable a un órgano del gobierno departamental, aunque así lo haga la ley de 1935.

Si nos atenemos sólo a Canelones y teniendo en cuenta que a pesar de que el órgano Intendencia mantiene la vigilancia y fiscalización de la gestión ampliada de la Junta Local, esta en la localidad desplaza al intendente en el ejercicio de dicha gestión, coincidiéndole el espacio físico o territorial en que tiene competencia para ejercer las funciones ejecutivas y administrativas como lo impone el artículo 274 de la Constitución vigente. Y se da por ejemplo, el caso de Pando, en que su Junta Local Autónoma por ser su territorio la 7ª. Sección Judicial de Canelones de aquélla época -1937- comprende toda la zona costera de Atlántida.

Lo que ya nos está diciendo que no es una localidad "strictu sensu", sino un departamento de bolsillo dentro de otro departamento, que por cierto no ha sido la finalidad ni del constituyente ni del legislador. Es que esto está demostrando la urgente necesidad de revisar los textos legales respectivos, para adecuarlos a la realidad actual de nuestros Municipios, lo que ya ha sido motivo de preocupación del Congreso Nacional de Ediles", concluye el doctor Prat.

En doctrina, mucho se ha discutido si la gestión ampliada es igual a autonomía de gestión.

También aquí las opiniones son muy diversas.

Así se ha sostenido que las Juntas Locales de gestión ampliada no son Entes Autónomos porque de acuerdo a nuestro derecho, no tienen autonomía propia, están sometidas a jerarquía, sus poderes de administración son limitados y no tienen personería jurídica.

Igualmente se ha afirmado que no son Entes Descentralizados, pues las mismas razones esgrimidas para los Entes Autónomos son valederas por los Entes Descentralizados, con la salvedad que no existe una regla general que estipule el grado de descentralización, dependiendo caso a caso, del cuántum de poderes que se le ha transferido, y de la intensidad de la "tutela" del órgano primario, que puede llegar a ser muy fuerte, como muy tenue.

Tantas son las dificultades interpretativas sobre la naturaleza jurídica de las Juntas Locales de gestión ampliada o autónomas, que es posible encontrar doctrinas que sostienen que son centralizadas al intendente, con cierta "descentralización" pero sin romper la línea jerárquica, y con competencia propia en la parte desconcentrada (Prat), mientras que otros, como Augusto Durán Martínez y Daniel Hugo Martins entienden que las Juntas Locales Comunes son órganos desconcentrados y las Juntas Locales Autónomas son órganos descentralizados que han roto su vínculo jerárquico con el intendente, sin perjuicio del contralor que estableciera la ley por parte del intendente.

Sí se puede afirmar, sin riesgo de incurrir en error, que las Juntas Locales de los diferentes tipos que prevé la Constitución Nacional, son órganos facultativos de la persona jurídica gobierno departamental, y que ellas no son personas jurídicas, conclusión que se extrae sin esfuerzo de los artículos 24, 276 y concordantes de la Carta, al tiempo que ninguna de las leyes expedidas las ha personificado.

Difícil resulta igualmente realizar una enumeración de las facultades de gestión al quedar éstas hoy libradas a la interpretación de quienes deben aplicar la ley, en una casuística que se ha transformado en fuente de confrontación permanente respecto del alcance de las potestades del intendente y de las Juntas Locales Autónomas.

En mérito a ello, vuestra Comisión se ha inclinado por proponer al Cuerpo, simultáneamente con la declaración de electividad, la modificación de la ley Nº 9.693, de 15 de setiembre de 1937, por la que se declararon autónomas las Juntas Locales de Santa Lucía, Pando, Las Piedras y la ley Nº 13.457, de 9 de diciembre de 1965, que declaró autónoma la Junta Local de La Paz.

Se propone efectuar una enumeración de las competencias de tales Juntas Locales Autónomas, y consecuentemente derogar la remisión genérica a las facultades de gestión atribuidas por los artículos 35 y 36 de la ley Nº 9.515 a los intendentes municipales, procedimiento seguido prácticamente por todas las leyes por las cuales se procedió a declarar autónomas Juntas Locales de nuestro país.

Mediante tal delimitación se está posibilitando un mejor y más armónico funcionamiento del gobierno departamental.

Vidal Perdomo, en una obra titulada "Temas Municipales y Regionales" dice: "Los imperativos de la descentralización, que debe también realizarse en el interior de los grandes conjuntos, y no sólo de la Nación hacia los departamentos, y de la participación popular en el manejo y solución de los problemas que son particulares a los distintos sectores, resaltan la importancia de las Juntas Administradoras Locales".

Compartimos con el autor mencionado la trascendencia de las Juntas Locales como factor de descentralización que debemos revalorizar y profundizar.

Comprendemos y compartimos igualmente el anhelo de los ciudadanos vecinos de tales circunscripciones, de participar directamente en la elección de los representantes locales, lo que sin duda alguna se constituiría en un avance significativo en el proceso descentralizador, fortaleciendo al mismo tiempo al propio sistema democrático mediante la participación popular.

Por el artículo 1º del proyecto de ley que se informa, se declaran electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz (departamento de Canelones).

Por el artículo 2º se establece el momento en que se realizará la primera elección de miembros de las Juntas referidas.

Por el artículo 3º se establece la competencia que se atribuye a las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz, lo que implica una modificación de la que les fuera asignada por las leyes Nº 9.693 y Nº 13.457.

Por el artículo 4º se establece la derogación de las leyes precedentemente mencionadas en cuanto se opongan a la presente.

Por las consideraciones efectuadas, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja al Cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 22 de diciembre de 1993.

Jorge Coronel Nieto (Miembro Informante), José Arrillaga, Mario Cantón, José E. Díaz, Luis Eduardo Mallo (con salvedades).

EXPOSICION DE MOTIVOS

El departamento de Canelones ha tenido el privilegio histórico de haber participado tempranamente de los procesos políticos, administrativos, económicos y sociales del Uruguay, siendo sus ciudades, pueblos y villas cuna de trascendentes acontecimientos.

En el desarrollo multifacético que lo ha caracterizado debe destacarse la temprana inserción de sus ciudades en los mecanismos de la cogestión municipal, a través de la constitución de las Juntas Locales.

La ley ha jerarquizado estos organismos confiriéndosele autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines y posibilitando la asignación de un 70% de los recursos que se producen dentro de su jurisdicción.

Tales atribuciones están configuradas para las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz.

La densidad poblacional de estas ciudades y respectivas zonas de influencia concurren a poner de manifiesto la necesidad de continuar jerarquizando sus labores, con el objeto de obtener su mayor eficacia en bien del interés público y del engrandecimiento del departamento.

Actualmente un grupo importante de ciudadanos, la Junta Departamental y las Juntas Locales -integradas durante esta gestión- se han pronunciado al respecto y están impulsando la elección democrática y directa de los cargos de ediles mencionados.

Aspiramos, en consecuencia, a que poniendo en movimiento los resortes del artículo 288 de la Constitución de la República, sean los ciudadanos en las circunscripciones de tales Juntas, quienes elijan sus representantes locales, dando un paso en la descentralización.

Aguardamos que la Cámara, por intermedio de la Comisión especializada, pueda abocarse al análisis del adjunto proyecto de ley, que suscribimos diputados por Canelones, pertenecientes a diversas corrientes de opinión, recogiendo antecedentes ya presentados en la anterior y en la actual legislatura por algunos de nosotros.

Si así resultare, deberán favorecerse los imprescindibles intercambios con las autoridades municipales canarias -requiriendo la iniciativa pertinente- y fuerzas vivas locales, siempre atentas a las inspiraciones del progreso.

Montevideo, 1º de diciembre de 1993.

Marcos Carámbula, Wilson Craviotto, Ramón Legnani, Tabaré Caputi, Carlos Suárez Lerena (representantes por Canelones).

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Decláranse electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz (departamento de Canelones).

Montevideo, 1º de diciembre de 1993.

Marcos Carámbula, Wilson Craviotto, Ramón Legnani, Tabaré Caputi, Carlos Suárez Lerena (representantes por Canelones)".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: tenemos a la vista el Repartido Nº 896 por el cual se solicita, por parte del gobierno departamental de Canelones, que se declaren electivos los cargos de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz. Además, debemos señalar que existe otro expediente según el cual la Junta Local de San Carlos, por medio del respectivo gobierno departamental, también pide similar solución legal. Como es sabido, la Constitución habilita a que dentro de ciertos límites -que todas estas localidades cumplen- las Juntas Locales puedan ser declaradas electivas.

No tenemos la menor duda de que entre la solución prevista en la Constitución, que establece que el intendente designa a los miembros de las Juntas Locales, y la de que sean los ciudadanos de las respectivas jurisdicciones los que los elijan, esta es más dinámica, fortalece la legitimidad de los miembros de las Juntas Locales y, en definitiva, contribuye a hacer más firme el concepto de descentralización en general -usamos la palabra en sentido laxo- tal como se está reclamando en el país.

Las Juntas Locales, en efecto, tienen un contacto muy directo con las poblaciones; participan cotidianamente, si se quiere, de los problemas de la gente de la respectiva localidad y, entonces, cuanto mejor sea el carácter de legitimidad del ejercicio de ese cargo, habrá mayores posibilidades de que ellas sean más respetuosas y que contribuyan más eficazmente a su desarrollo. Estamos, además, frente a localidades de importancia, no sólo por las características del departamento, sino por los lugares donde van a desarrollar su jurisdicción.

Quiero señalar, señor presidente, que el texto del proyecto de ley -que, repito, viene propuesto por el gobierno departamental de Canelones, como lo marca la Constitución- resuelve tres o cuatro de los temas que clásicamente se han planteado cuando se ha presentado la propuesta de que una Junta Local sea electiva. Por ejemplo, podemos citar el tema de cuál es el cuerpo electoral que va a participar en esa elección, es decir, cómo se delimita éste. Todos estos puntos fueron revisados con bastante prolijidad en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación y en este mismo Senado, cuando se presentó una solicitud jurídicamente similar por parte de la Junta Local de Bella Unión. En ese momento, varios señores senadores trabajaron en el tema; entre ellos, el señor senador Blanco estudió con mucho cuidado y detalle jurídico la cuestión, de forma que no quedaran vacíos en el planteo del carácter electivo de la Junta Local. Este proyecto, elaborado en conocimiento de todos los trabajos jurídicos que se habían llevado acabo en la citada Comisión, contempla, tanto en materia de competencias como de formas de realizar la elección, todo lo que el Senado había logrado en la oportunidad que acabo de mencionar.

De manera que estamos frente a un proyecto que cumple con los requisitos previstos en la Constitución -quiero insistir en esto, aunque se me pueda considerar algo repetitivo- que exige que la iniciativa provenga del gobierno departamental. En la Cámara de Representantes, donde fue aprobado este proyecto de ley, en algún momento se preguntó por qué en los antecedentes no constaba con toda claridad si la voluntad del intendente municipal de Canelones estaba inequívocamente manifestada. Por lo que sabemos, luego de revisar con todo cuidado los antecedentes, no sólo el intendente compareció ante la Comisión respectiva y expresó que efectivamente compartía la iniciativa y que la propugnaba, sino que además se le solicitó que lo hiciera por escrito. Al respecto, en la Carpeta que manejó la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes figuran una nota escrita firmada por el intendente municipal de Canelones y, naturalmente, la resolución de la Junta Departamental. Es decir que está bastante claro que el gobierno departamental de Canelones -que es la conjunción de dos órganos: el ejecutivo y el legislativo o deliberativo- ha manifestado claramente su voluntad de plantear esta iniciativa ante el Poder Legislativo.

Nos parece que el Senado estaría planteando una opción, no digo antidemocrática, pero sí capaz de frenar la profundización de la democracia en estas Juntas Locales, si no apoyara este proyecto de ley. Creemos que es saludable que las Juntas Locales sean electivas y que este procedimiento se lleve adelante en el Uruguay. Se trata de localidades y ciudades que cumplen con los requisitos que marca la Constitución y, en consecuencia, no vemos ninguna razón para que el Senado discrepe con la opinión consensuada de la Cámara de Representantes, en el sentido de que las Juntas Locales sean electivas, es decir que sus miembros tengan la legitimidad que hoy se reconoce que es la inicial del ejercicio del poder a cualquier nivel del Estado moderno y que es la que surge de elecciones limpias y con reglas de juego conocidas de antemano. Esto es lo que se está proponiendo por parte del gobierno departamental de Canelones.

En consecuencia, nos parece que el Senado debería votar afirmativamente este proyecto de ley, y que deberían hacerlo todos los partidos en él representados, tal como ocurrió en la Cámara de Representantes. Creemos que se debe apoyar esta iniciativa, sin duda saludable para el departamento de Canelones, para el país y para cada una de las localidades que están comprendidas en el proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia quiere preguntar al señor senador Korzeniak -porque ello no surge claramente de los antecedentes que constan en el Repartido Nº 896, que refiere a este proyecto de ley- si el mismo fue iniciativa del gobierno departamental de Canelones, como no tengo dudas que lo fue el relativo a la declaración de Junta de carácter electivo respecto de la ciudad o población de Bella Unión. En este último caso, hubo resoluciones del intendente y de la Junta Departamental, que fueron los órganos que elevaron el correspondiente proyecto de ley.

La Presidencia observa que se trata de un proyecto de ley que presentaron los señores representantes Marcos Carámbula, Wilson Craviotto, Ramón Legnani, Tabaré Caputi y Carlos Suárez Lerena. Con posterioridad, el señor intendente municipal de Canelones concurrió -según consta en la información que tengo en mi poder- a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, y allí manifestó su conformidad.

Concretamente, la Presidencia desea saber si el proyecto de ley fue presentado por los legisladores o por el gobierno departamental de Canelones.

SEÑOR KORZENIAK. - En principio, varios señores Legisladores elaboraron un proyecto de ley, pero al advertir que la iniciativa debía provenir del gobierno departamental de Canelones, éste envió un proyecto con la resolución de la Junta Departamental que promovía ante el Parlamento que se declararan electivas las Juntas Locales de Canelones. Posteriormente, varios Legisladores de la Comisión advirtieron que allí no se acreditaba que la iniciativa fuera del gobierno departamental; simplemente contaban con una resolución de la Junta Departamental de Canelones. Por esa razón, solicitaron la presencia del señor Intendente Municipal de dicho departamento, quien concurrió a la Comisión y expresó que compartía la iniciativa de la Junta Departamental -no se refirió al proyecto de ley elaborado por los señores Legisladores- por lo que le solicitaron que manifestara su conformidad por escrito, y así lo hizo.

Esto es lo que hemos averiguado, señor presidente. En los antecedentes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración existen todos estos elementos. Hay iniciativa del gobierno departamental de Canelones. Lo que en algún momento se planteó no fue que faltara esa iniciativa, sino si el señor Intendente Municipal había enviado un Mensaje a la Junta Departamental, o si ésta se había expedido primero y luego el Ejecutivo Departamental había expresado su conformidad.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Corroborando lo señalado por el señor senador Korzeniak, en la primera página del repartido que contiene el informe, hay un numeral 4) "Antecedentes", donde se señala lo siguiente: "El señor Intendente Municipal de Canelones, doctor José Andújar, concurrió a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, invitado por ésta, manifestando su total conformidad con las iniciativas precedentes".

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - En el seno de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se encargó, si mal no recuerdo, al señor senador Batalla que corroborara si existía iniciativa del Intendente Municipal. En la carpeta que estaba en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes se establece que hay una conjunción de voluntades entre el señor Intendente Municipal y la Junta Departamental.

No hay ninguna duda de que el Legislativo Comunal promovió la iniciativa de que las Juntas Locales fueran declaradas electivas.

Quiere decir que el único elemento que no se había comprobado -y por esa razón se solicitó al señor Intendente de Canelones que lo expresara por escrito- era si primero había existido una propuesta del Intendente Municipal y luego una resolución de la Junta Departamental.

En lo personal, entiendo -así lo manifesté en el seno de la Comisión y creo que el señor senador Batalla comparte mi criterio- que lo que la Constitución exige es que la iniciativa provenga del gobierno departamental correspondiente, por lo que creo que el Senado tendría una exigencia formal desusada y jurídicamente incorrecta si considerara que el procedimiento no fue el adecuado al no haberse elevado primero el Mensaje del Intendente Municipal y luego haberse aprobado por la Junta Departamental. Desde mi punto de vista, se trata claramente de una iniciativa del gobierno departamental de Canelones, con lo que se cumple el requisito que la Constitución exige en el artículo respectivo.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite el señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Entiendo que la inquietud planteada por el señor presidente del Senado va en la misma dirección que mis razonamientos.

El artículo 262 de la Constitución preceptúa -por supuesto, con otras palabras- que el gobierno departamental está integrado por el Intendente Municipal y la Junta Departamental. Por lo tanto, ciertas decisiones atribuidas por la Constitución o las leyes a los gobiernos departamentales deben entenderse como un acto jurídico complejo donde participan, en primer lugar, el Ejecutivo Comunal y, posteriormente, el legislativo departamental. Lo mismo ocurre con respecto a determinadas leyes, acerca de las cuales la Constitución requiere la iniciativa del Poder Ejecutivo. A este respecto, recuerdo -y el señor presidente del Senado debe acordarse tan bien como yo- discusiones que se produjeron referidas a los famosos mensajes complementarios de las Rendiciones de Cuentas. Quisiera mencionar la tesis que un querido ex compañero del Senado -no voy a dar su nombre- quien esgrimió una tesis a mi juicio insostenible, en el sentido de que bastaba que un ministro concurriera a una Comisión y manifestara su conformidad con las inquietudes que allí se planteaban, para que ello constituyera el mensaje complementario. Ello no es correcto. Ese es un acto de voluntarismo, pero no reúne los requisitos formales establecidos por la Constitución.

Deseo expresar muy francamente, más allá del análisis del expediente en la Comisión de Constitución y Legislación, qué interpreto, tanto del informe de la Comisión correspondiente de la Cámara de Representantes al plenario, como por el que ha leído parcialmente el señor senador Astori y por un fax que hemos recibido -al igual que otros miembros del Senado- firmado por el señor Intendente Municipal de Canelones el 17 de agosto. En esa comunicación se expresa lo siguiente: "Señor presidente de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, doctor Américo Ricaldoni. Presente. - De mi elevada consideración: Por este medio, tengo el honor de dirigirme al señor presidente a efectos de ratificar la iniciativa del gobierno departamental de Canelones, en el sentido de declarar electivas las Juntas Locales Autónomas del departamento, oportunamente remitido a la Cámara de Diputados". Y después se despide.

Me parece que esta vaguedad en la explicación estaría indicando que lo que hubo, tal como afirma el señor senador Korzeniak, fue un pronunciamiento de la Junta Departamental, pero no del gobierno municipal de Canelones. Entonces, señor presidente, este es un primer tema a considerar, pero como estoy en uso de una interrupción, no quiero abusar de ella. Si es necesario, en su momento, haré alguna referencia a la relación que podría tener o no este proyecto de ley con el de Reforma Constitucional que habrá de plebiscitarse el próximo domingo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Me acaban de advertir que el señor senador Santoro me había pedido una interrupción, por lo que le pido disculpas. De todas formas, antes de concedérsela voy a leer un párrafo.

Señor presidente: creo que el fax que acaba de leer el señor senador Ricaldoni no tiene ninguna vaguedad porque, específicamente, el señor Intendente habla de la iniciativa del gobierno departamental de Canelones. Además, quiero aclarar que en los antecedentes del Informe que envía la Comisión de la Cámara de Representantes esto quedó de manifiesto. Ello no aparece en el apartado 4), pero sí en el 2). A continuación, señor presidente, me gustaría reseñar este asunto.

"El 17 de agosto de 1993, el señor Representante Nacional por Canelones, Daniel H. Delgado Sicco" -esto figura en el apartado 1)- "presentó un proyecto de ley por el cual propone ‘Declarar electivos los cargos de todas las Juntas Locales Autónomas de la República". En el apartado 2) se dice: "Advertido por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la imposibilidad de dar trámite a tal proyecto, en mérito a que por su generalidad no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución de la República, solicitó" -obsérvese, señor presidente, por qué el proyecto del señor Legislador Delgado Sicco era muy general- "se circunscribiera el mismo a las Juntas Locales Autónomas actualmente existentes en el departamento de Canelones, respecto de las cuales ya se había remitido por el gobierno departamental de Canelones la iniciativa correspondiente". Este es el último giro gramatical que ha tenido el apartado 2) del Informe.

Entonces, insisto, si en el Senado se planteara una cuestión formal en cuanto a si en el gobierno departamental de Canelones primero se presentó la iniciativa de la Junta y luego mandaron una minuta al intendente, o si primero se presentó el Mensaje del intendente, creo que estaríamos realmente escondiendo, debajo de esa posición, el deseo de no permitir que las Juntas Locales sean electivas. Eso estoy dispuesto a discutirlo, pero desde el punto de vista formal está absolutamente cubierto el requisito de que la Junta Departamental de Canelones presentó una iniciativa.

El señor presidente sabe que cuando a la Comisión del Senado o de la Cámara de Representantes, en oportunidad de considerarse los Presupuestos y Rendiciones de Cuentas, concurre un ministro y promete que va a mandar un Mensaje complementario, aunque la iniciativa parta de la Comisión, eso se da por cierto. De lo contrario, el hecho de que no se aceptara sería el colmo de los formulismos romanos y no una formalidad razonable. Por lo tanto, el requisito formal de la Constitución está cubierto y el Senado sólo tiene que decidir si acompaña o no el aspecto sustantivo, es decir, si quiere que estas Juntas Locales sean electivas, como fue decidido por una mayoría muy importante en la Cámara de Representantes.

Con mucho gusto, le concedo al señor senador Santoro la interrupción que anteriormente me había solicitado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Agradezco al señor senador Korzeniak, pero hemos optado por hacer uso de la palabra cuando nos corresponda.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor presidente: cuando se discutió el tema en la Comisión de Constitución y Legislación, se planteó -no recuerdo quién lo hizo- alguna preocupación con respecto a si se había cumplido el requisito constitucional de la iniciativa por parte del gobierno departamental de Canelones. Personalmente, compartí esa preocupación y pedí que se postergara la consideración de ese asunto para la sesión siguiente, a los efectos de verificarlo.

Declaro que siempre hemos tenido -hablo en nombre del Partido- una posición favorable al proceso de descentralización. Entendemos que es imprescindible "sacar" al país de Montevideo y al interior de las capitales departamentales. Digo esto porque éstas muchas veces han hecho una labor tan centralista como la de Montevideo respecto al interior. En ese sentido, comparto plenamente la argumentación del señor senador Korzeniak.

Creo que aquí queda claramente establecido -así lo percibíamos y lo comprobamos- que hubo una iniciativa de la Junta Departamental y de la Intendencia Municipal de Canelones. Pienso que examinar si primero se tomó la iniciativa y luego se estableció por parte de la Intendencia una ratificación de ese procedimiento, en el fondo sería agregar argumentos exquisitamente formales que de ninguna manera están contenidos en la normativa constitucional. Es claro que los requisitos están contenidos. Naturalmente, pueden haber posiciones a favor o en contra del proyecto de ley, pero si establecemos con una enorme rigidez que la iniciativa tiene que surgir primero del gobierno departamental, en definitiva, estaríamos haciendo primar lo formal sobre lo sustancial. Evidentemente, en esto hay un cumplimiento pleno de todos los requisitos que establece la Constitución y, en lo sustantivo, hay un principio de descentralización, que entendemos es el camino que debe seguir el país. Sin duda, es el que se sigue en todos los órdenes en el mundo en la medida en que lo que se busca es darle a la ciudadanía inmediatez en el manejo de la cosa pública.

Estoy absolutamente convencido de que este es un proyecto de ley positivo -como lo fue en su momento el que le otorgaba la misma calidad a la Junta Local de Bella Unión- ya que no solamente establece un principio de descentralización, sino que también tiene normas claras y precisas con respecto a una regulación, que hasta ha sido bastante pobre e imprecisa, referente al funcionamiento y relación entre las Juntas Locales Autónomas y las Intendencias Municipales. En ese sentido, creo que podría ser coadyuvante mi argumentación, porque se han cumplido todos los requisitos constitucionales y , en sustancia, el proyecto es enormemente positivo.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: aun a riesgo de ser repetitivo, voy a insistir en esta aclaración. No existe la menor duda de que la iniciativa primaria fue del gobierno departamental de Canelones. Esa duda no existió en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, en la Cámara de Representantes, ni la tiene quien habla, que revisó estos antecedentes. Repito que la iniciativa surgió del gobierno departamental de Canelones, como lo dice la frase final del apartado 2) del Informe.

La duda que se había planteado y que considero absolutamente irrelevante es si esa iniciativa original y primaria del gobierno departamental de Canelones, es decir dentro del ámbito de ese departamento, la había propuesto primero el intendente municipal para ser aprobada por la Junta Departamental o si se había tratado en dicha Junta y luego aquél la habría ratificado. Entonces, reitero que no hay ninguna duda de que la iniciativa -tomada ésta en sentido jurídico y cronológico- fue primero del gobierno departamental de Canelones y me parece que es irrelevante discutir si la presentó en primer lugar el intendente o si anteriormente se trató en la Junta Departamental. Por ese motivo, puse el ejemplo de lo que ocurre cuando aquí tratamos las leyes presupuestales o las de Rendición de Cuentas. Inclusive, cuando estamos considerando aumentar los sueldos o un gasto determinado que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, si éste a través del ministro concurre a la Comisión y dice que va a enviar un Mensaje, nosotros consideramos -si ello ocurre- que hay iniciativa del mencionado Poder. En este caso, el señor intendente Andújar ha enviado ese Mensaje, primero viniendo a la Cámara de Representantes y, luego, haciendo llegar por escrito un texto para que resultara tan inequívoco como el fax que acaba de recibir el señor senador Ricaldoni aunque, naturalmente; el fax no equivale a una iniciativa sino que da cuenta de ésta.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Soy de los que creen que las cuestiones formales tienen más importancia de lo que parece a primera vista, cuando de la Constitución se trata.

Digo que un tema es la cuestión de fondo en cuanto a si es deseable o no la descentralización -desde luego que creo que sí- de si existe mérito o no para crear estos órganos municipales en las localidades que se indican en el proyecto de ley y, otro, cumplir o no con la Constitución. En este caso, tenemos como cuestión de previo y especial pronunciamiento que ponernos de acuerdo sobre lo que quiere decir la Constitución.

Anteriormente, mencioné el artículo 262 donde claramente se dice que el gobierno departamental está formado por la Intendencia Municipal y la Junta Departamental. Al respecto, quiero preguntarle al señor senador Korzeniak -que todos sabemos que es especialista y docente de Derecho Constitucional- qué opina de lo que quiso decir el constituyente en el numeral 9º del artículo 273. Este, en su inciso tercero dice: "Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales:" y, en el numeral 9º, expresa: "Crear, a propuesta del intendente, nuevas Juntas Locales". Esto quiere decir y es de muy sencilla comprensión, que para poder crear una Junta Local se requiere no que el intendente venga a una Comisión del Parlamento o que vaya a la Junta Departamental a decir si está de acuerdo o no con la idea, sino que tome la iniciativa, la que debe remitir a la Junta, de crear Juntas Locales en uno o más lugares de su departamento. Entonces, cuando el señor senador Korzeniak -disculpe, señor senador, por discrepar con usted- dice: "vino a la Comisión, le mandó un fax al presidente ad-hoc de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado" -todo lo cual es cierto, como también lo es que allí no está el Mensaje, sino que daría cuenta de un acto previo, lo que acepto- en modo alguno está expresando que le haya enviado una propuesta en su momento a la Junta Departamental para que ésta vote y decida y que luego el tema venga al Parlamento. Este es el procedimiento que marca la Constitución y no esas etapas sucesivas que, repito, no son las que quiso ni las que quiere el constituyente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - La lectura que acaba de hacer el señor senador Ricaldoni confirma de una manera más que prístina y cristalina, como el agua de esos arroyos que se ve tan clara en los días del sol, que tengo razón y que de lo que se trata acá es de ver si estamos o no de acuerdo con darle carácter electivo a las Juntas Locales.

El numeral 9º del artículo 273 se refiere a la creación de nuevas Juntas Locales y, en ese caso, dice que tiene que existir una propuesta del intendente y aprobación de la Junta, pero en absoluto se está refiriendo a la declaración de electivas de las Juntas Locales ya creadas. Por consiguiente, con respecto a lo que arguye el señor senador Ricaldoni -con todo el respeto que me merece su admiración casi fetichista de la formalidad, por lo menos en este caso- opino que lo que está comprobando la Constitución al no exigir ese procedimiento interno para la declaración de electivas es que rige el artículo 288 que dice: "La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo gobierno departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas". A mi entender, esto es así, señor presidente.

Hablemos un lenguaje sencillo en el que el derecho no lo utilicemos como una magia, como hacían los médicos en la obra de Molière "El enfermo imaginario". El derecho acá está muy claro; no hay dos bibliotecas. La iniciativa para declarar electiva una Junta Local es del gobierno departamental. El problema interno de si el intendente primero envía un Mensaje a la Junta Departamental se refiere a otro tema y no a la declaración electiva, como lo acaba de leer el señor senador Ricaldoni. Esto, señor presidente, no es por casualidad; la euritmia de la Constitución es entendible, porque para crear una nueva Junta Local no hay intervención parlamentaria, ya que se trata de un tema interno del departamento -tal como sucede con la creación de impuestos, por ejemplo, en donde el intendente propone y la Junta Departamental vota- mientras que sí la hay cuando se sugiere declararla electiva, ya que este hecho tiene repercusiones de tipo electoral. En ese caso la Constitución pide que los dos órganos que componen el gobierno de ese departamento, mediante cualquier procedimiento interno, se pongan de acuerdo y le pidan al Parlamento que declare electivas determinadas Juntas Locales. Por lo tanto, debo manifestar que si no está claro que el gobierno departamental de Canelones le ha propuesto al Parlamento que declare electivas las Juntas Locales que tenemos a consideración, me parece que estamos viviendo en un mundo no de formas ni de formalidades, sino en aquel formulismo romano de la "perquisitio lance et licio", en donde había que hacer pesquisas con el martillo y el delantal para que pudieran valer como tal.

SEÑOR HACKENBRUCH. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HACKENBRUCH. - Es indudable que hemos escuchado nada menos que a un profesor de derecho constitucional, del cual estamos aprendiendo muchas cosas que no conocíamos. Si no entendí mal, se ha señalado que la parte formal no tiene gran importancia y, en ese sentido, me parece que tampoco la tendría el cumplimiento de los plazos en los procedimientos judiciales. Al respecto -y los señores senadores juristas dirán si están de acuerdo con esto- si una persona tiene la razón en un pleito pero no concurre o no se presenta formalmente en el plazo debido, tendremos que decirle al juez correspondiente que como no pudimos presentar los escritos a tiempo, le solicitamos una prórroga. Y en muchos casos, los jueces las otorgan. Pero en esta oportunidad nos estamos refiriendo a un asunto muy importante que corresponde a un tema político y a un problema constitucional.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR HACKENBRUCH. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Le pregunto al señor senador dónde está el plazo en la Constitución para que un intendente o una Junta Departamental promuevan la declaración de electivas de las Juntas Locales.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Hackenbruch.

SEÑOR HACKENBRUCH. - Justamente, decía esto porque creo que es inconstitucional.

El señor senador Korzeniak dice que la parte formal no es tan importante. Este es un razonamiento nada menos que de un profesor de Derecho y nosotros somos apenas unos aprendices de senadores, porque hace poco tiempo que estamos desempeñando esta función. Evidentemente, no existe ningún plazo y al respecto no se dice absolutamente nada.

Creo que en primer lugar tendría que haber una resolución por iniciativa del intendente y luego la aprobación por parte del Cuerpo Legislativo, de las Juntas Departamentales. Me parece que así se debería manejar un gobierno departamental.

No hemos recibido la resolución del gobierno departamental de Canelones en ningún "fax", ni tampoco aparece en el proyecto que vino por iniciativa de un señor Legislador. Nosotros pensamos que dicha resolución debe provenir del gobierno departamental.

Según lo expresó muy bien el señor senador Korzeniak, existe voluntarismo, pero, ¿no tiene importancia la parte formal? Evidentemente, si el Senado aprueba este proyecto de ley, habrá que interpretar de otra manera muchos aspectos de otras leyes en el caso de que no se cumpla la parte formal.

Por ejemplo, cuando se manda un Presupuesto al Tribunal de Cuentas, ¿puede existir el voluntarismo del intendente o de la Junta Departamental para modificarlo? Creo que cuando existe una observación del Tribunal de Cuentas, se puede aceptar o, de lo contrario, deberá tratarse en Asamblea General. Aquí hubo una resolución del gobierno departamental y eso es lo que se envía al Tribunal de Cuentas. Podríamos pensar que como el señor senador Korzeniak afirma que hay voluntarismo del gobierno departamental, sería posible hablar con los representantes del Tribunal de Cuentas y decirles que hagan las reformas pertinentes para que luego dicho gobierno las apruebe. No creo que esto se pueda hacer, porque es evidente que está distorsionando todo el sistema formal desde el punto de vista de la Constitución.

Además, creo firmemente que no hubo resolución del gobierno departamental. Aceptamos todo lo que se pueda decir acerca de que las Juntas Locales tienen que ser electivas y de que el pueblo debe acercarse más a los gobiernos y podríamos hacer muchos discursos al respecto.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR HACKENBRUCH. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - En ningún momento dije que había voluntarismo.

SEÑOR HACKENBRUCH. - Me rectifico; lo dijo el señor senador Ricaldoni.

En todo este asunto hubo un Mensaje de la Junta Departamental expresando su voluntad. Luego se llamó al señor Intendente de Canelones quien expresó que estaba de acuerdo y lo ratificó a través de un "fax". Si sucedió así, me pregunto dónde está la resolución del gobierno departamental. Considero que se tendría que haber transcripto y se me ocurre que el señor Intendente tendría que haber enviado una copia de la resolución del gobierno departamental. Esto no se cumplió y, por lo tanto, estamos ante un problema que no tiene ningún asidero constitucional.

El artículo 288 de la Constitución -que puede tener muchas interpretaciones y, por supuesto, voy a incorporar nuevos conocimientos al respecto- dice lo siguiente: "La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo gobierno departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo las Juntas Locales Autónomas".

Este artículo es muy claro al respecto: debe existir iniciativa por parte del gobierno departamental que, en estos casos, estaría representado por la determinación del intendente y la aprobación de la Junta Departamental. Por lo tanto, creo que no es correcto que la voluntad de los dos órganos, ejecutivo y legislativo, se haga conocer por separado.

También existe otro tema sobre el cual nos tocó intervenir. Debo confesar que no lo he leído profundamente y que no soy muy ilustrado en el conocimiento del derecho. Me refiero a que por medio del proyecto de ley también se le otorgan atribuciones a estas Juntas, que solamente puede conceder el intendente.

Me pregunto si se tomó en cuenta un fallo de la Suprema Corte de Justicia, favorable a la Intendencia Municipal de Canelones, porque esas Juntas Locales, llamadas Autónomas, tenían atribuciones ya que eran los Consejos Locales anteriores. La Suprema Corte de Justicia derogó muchas de esas funciones.

(Dialogados)

-Dentro de las leyes que tienen que ver con la parte esencial y fundamental correspondiente a las atribuciones de administración de la Intendencia, evidentemente la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a la de Canelones, expresando que las citadas Juntas no tenían autonomía. Debo expresar que en mi mesa tengo una fotocopia de esa resolución.

Entonces, podría ocurrir -lo planteo a los señores abogados o a aquellos que mañana pudieran estar al frente de la Suprema Corte de Justicia- que en virtud de este vicio formal, se presentara un gobierno departamental diciendo que existe una inconstitucionalidad. No tenemos la bola de cristal, pero todo este procedimiento deja lugar a que mañana la Suprema Corte de Justicia lo declare inconstitucional porque no se cumplió con lo que establece el artículo 288 de la Constitución, salvo que la interpretación sea totalmente distinta. Quisiera saber dónde está la resolución del gobierno departamental por la que se resolvió enviar el Mensaje para que las Juntas Locales Autónomas se declaren electivas. ¿Donde está ese Mensaje requerido por la Constitución? No existe, sino que lo que hay es una voluntad de un Cuerpo y del órgano ejecutivo de Canelones. Me gustaría que esta iniciativa apareciera en alguna parte porque, de lo contrario, estamos contradiciendo el artículo 288 de la Constitución de la República. Lo que debemos hacer es cumplir con lo que establece la Carta y no buscar fantasmas. Todavía se está a tiempo, porque, si es verdad que el doctor Andújar renunció a su cargo, el próximo gobierno departamental puede enviar el Mensaje a la Junta para luego venir al Parlamento.

Creo que esto es absolutamente claro. Además -pido disculpas al señor senador Korzeniak- la ley de 1935 está basada en la Constitución de 1934. Conozco algo de este tema porque lo aprendí cuando me encontré en esta situación. En este sentido, puedo decir que la Constitución de 1934 establecía una serie de potestades, atribuidas por la ley Nº 9.515, al Parlamento. Pero luego, la Constitución de 1967 cambió todo porque el artículo que en la Constitución de 1934 se refería a los gobiernos departamentales decía que el gobierno departamental estará formado por el intendente, por la Junta Departamental y las Juntas Locales. Si el señor senador lee un texto sobre este tema, puede comprobar que esto es así.

Por otra parte, en el artículo 1º de la ley Nº 9.515 del 28 de octubre de 1935 se establece: "Cada departamento será gobernado y administrado por un intendente que ejercerá las funciones ejecutivas, y por una Junta Departamental que tendrá funciones de contralor y legislativas". Entonces, se señala lo mismo que en la Constitución.

Pienso que nos estamos apresurando en cuanto a este tema, porque esto es realmente inconstitucional, salvo que el artículo 288 de la Constitución y el artículo 1º de la ley citada tengan otra interpretación y que la parte formal no tenga importancia en el derecho. No soy jurista, pero como parece que lo formal ya no tiene relevancia, no sé si, cuando me citen en un Juzgado, voy a concurrir. ¿Para qué voy a concurrir ante la citación?

Reitero que este tema está muy claro. Además, creo que estamos entrando en un camino muy riesgoso, porque existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia limitando las potestades de las Juntas Locales Autónomas.

Señor presidente: como soy muy lego en esta materia, no quiero extenderme más. De todas formas, considero que los artículos constitucionales son muy claros.

SEÑOR PRESIDENTE. - Solicito al primer vicepresidente del Cuerpo, señor senador Pereyra, que me sustituya para hacer brevemente uso de la palabra.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor presidente del Senado.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Con los antecedentes que constan en la carpeta relativa a este proyecto de ley -donde no figura ninguna nota ni iniciativa del gobierno departamental de Canelones- quien habla se sintió inclinado a creer que este proyecto carecía claramente de la iniciativa que exige el artículo 288 de la Constitución de la República. Pero, como en el repartido consta que en el informe elevado a la Cámara sobre este proyecto de ley, redactado por el señor representante nacional Jorge Coronel, se dice -como ya lo expresó el señor senador Korzeniak- que había iniciativa del gobierno departamental de Canelones, se requirió por la Secretaría los antecedentes a aquella rama parlamentaria. De estos antecedentes surge que, con fecha 22 de mayo de 1992, la Junta Departamental de Canelones resolvió hacer llegar al Parlamento Nacional la iniciativa para que, por su intermedio, se sancionara la ley correspondiente que declarara electivas las actuales Juntas Locales de gestión ampliada, de las ciudades de La Paz, Las Piedras, Santa Lucía y Pando. Luego, en el numeral 2º, se dice "que deberá instrumentarse por medio de la Mesa la invitación al señor intendente municipal y a los señores Representantes Nacionales para concurrir a una sesión extraordinaria del Cuerpo a efectos de ocuparse del tema expuesto en el proemio de la presente iniciativa". Estimo que dicho numeral es un tanto extravagante, pero, de todas maneras, no es lo que interesa.

Posteriormente, con fecha 16 de marzo de 1993, en una resolución que también es poco ortodoxa, el señor Intendente Municipal de Canelones, luego de hacer una serie de consideraciones en el Visto, los Resultandos y el Considerando de la resolución, resuelve remitir estos antecedentes a la Cámara de Representantes, como así también fotocopia autenticada a la Asamblea General, conforme a la respectiva resolución de la Junta Departamental y a lo fundado en la parte expositiva de dicha resolución. Allí se habla de las potestades constitucionales del Intendente Municipal, "sobre el territorio departamental, con las desconcentraciones, descentralizaciones y/o formas electivas de los miembros de las citadas Juntas, que pueda determinar la ley, buscando cambios convenientes para mayor utilidad y felicidad de la población". Lo cierto es que es bastante ambigua la expresión de voluntad del señor Intendente Municipal de Canelones, que posteriormente la ratificó en un "fax" -al que dio lectura el señor senador Ricaldoni- y luego verbalmente ante la Comisión de la Cámara de Representantes.

De todo esto deduzco que, indudablemente ha habido una voluntad del gobierno departamental de Canelones en el sentido de que se declaren electivas por ley estas Juntas Locales. Pero se trata de una voluntad bastante mal formulada y expresada desde el unto de vista jurídico. Digo esto porque cuando se habla de iniciativa, en materia de leyes, se hace alusión a la presentación de un proyecto de ley, que es lo que hizo el gobierno departamental de Artigas y el de Maldonado respecto, este último, de la declaración del carácter electivo de la Junta Local Autónoma de San Carlos. En cuanto a este tema -que figura a renglón seguido en el orden del día- en la página 13 del repartido correspondiente, se transcribe la nota con la que se remite al presidente de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que firma el Intendente Municipal y el Secretario General de esa Intendencia, señor Domingo Burgueño y doctor Jorge Napoleone, respectivamente. Esa iniciativa recoge lo dispuesto en un decreto departamental anterior, votado por la Junta Departamental de Maldonado. Es decir que aquí hubo una iniciativa formal y se elevó un proyecto de ley. Lo cierto es que, sin dudar de que hay una propuesta, formalmente mal formulada por el gobierno departamental de Canelones, en este momento no estamos considerando un proyecto de ley que tenga iniciativa de ese gobierno departamental, sino uno que es iniciativa de determinados señores representantes, que, enterados de que dicho gobierno departamental quería declarar electivas esas Juntas, lo formularon ellos mismos.

Por otra parte, existe otra irregularidad, que también se plantea en el proyecto de ley relativo a la Junta Local de San Carlos. Para presentar proyectos de ley ante las Cámaras no tienen iniciativa más que los respectivos integrantes de las Cámaras. De manera tal que, ante la Cámara de Representantes, sólo sus integrantes pueden presentar proyectos de ley y lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores. No es posible que un gobierno departamental le indique a una Cámara que presente o lleve adelante una iniciativa en la cual ella tiene interés; es el gobierno departamental el que debe articular el proyecto de ley y elevarlo a la Asamblea General, para que su presidente lo destine a una u otra Cámara. Así lo hizo correctamente, en su momento, el gobierno departamental de Artigas, en el caso de Bella Unión.

De tal modo, sin dudar de que exista una voluntad inequívoca -hay documentación al respecto que así lo acredita- de los dos órganos que conforman el gobierno departamental de Canelones, el Ejecutivo y el Legislativo, en el sentido de que se declaren electivas estas Juntas Locales, los procedimientos han sido absolutamente irregulares y diría que equivocados. No me afilio a la tesis del extremo formulismo jurídico del derecho romano y creo que en ello tiene algo de razón el señor senador Korzeniak, en cuanto a que no podemos actuar como en el tiempo de la "persquisitio lance licioque". Pero, de todas maneras, lo lógico habría sido que el gobierno departamental de Canelones hubiera presentado un proyecto de ley ante la Asamblea General. No puede el señor Intendente de Canelones enviar un proyecto o una nota a la Cámara de Representantes, diciendo que quiere que se haga una ley sobre esa materia. Esa no es la manera formal de dirigirse al Poder Legislativo. Del mismo modo, nosotros no podemos; para dirigirnos al Poder Judicial, remitir un mensaje a un Tribunal de Apelaciones, salteándonos a la Suprema Corte de Justicia.

Creo que todos estamos de acuerdo en cuanto al fondo del asunto, es decir que la electividad de las Juntas Locales aumenta la democraticidad de su funcionamiento y favorece el proceso de descentralización. Sin embargo, es evidente que ha habido aquí una serie de errores formales que no podemos considerar demasiado graves, porque no configuran una violación flagrante de la Constitución. Entonces, se podría decir que el presente proyecto de ley seguiría adelante porque nos consta que tanto la Junta Departamental como el Intendente querían que estas Juntas fueran declaradas electivas por ley. Pero no podemos olvidarnos totalmente las formalidades que claramente resultan de la Constitución de la República y dejar que todas estas irregularidades se consientan en silencio. Si se leen el repartido y los antecedentes, se podrá apreciar que en ninguna parte consta la iniciativa del gobierno departamental. Esta, en tanto debe ser articulada en un proyecto de ley, no existe. Lo que sí existe manifiestamente es la voluntad del gobierno departamental de Canelones en el sentido de que el Parlamento declare a estas Juntas electivas, por ley. No voy a hacer cuestión fundamental, porque no se trata de una violación flagrante de la Constitución, pero es evidente que, en este caso, el procedimiento que se ha seguido no es el acertado. Y aunque sancionáramos la ley, habrá que hacer saber al gobierno departamental de Canelones que estas iniciativas no se formulan de la manera que lo ha hecho y que es preciso articular un proyecto de ley y dirigirse a la Presidencia de la Asamblea General. No puede el gobierno departamental elegir por qué Cámara se inicia el procedimiento.

Esto es lo que quería expresar, sin oponerme frontalmente al proyecto de ley, porque creo que todos estos elementos que he aportado al debate, esclarecen lo que aquí se ha estado discutiendo con parcial desconocimiento de estos antecedentes.

SEÑOR HACKENBRUCH. - ¿Me permite una interrupción, señor presidente?

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR HACKENBRUCH. - Señor presidente: es evidente que los juristas aquí presentes me van a aclarar muchos aspectos sobre la cuestión. Pero siempre tengo presente -algunos señores senadores que fueron intendentes tendrán conocimiento de ello- sin negar ni cuestionar la firma del Intendente de Canelones, doctor José Andújar, que las resoluciones del gobierno deben estar refrendadas por el Secretario General de la Intendencia. Esto significa que el Intendente en ningún momento puede actuar con voluntarismo, desconociéndolo, porque es él quien avala sus resoluciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor presidente del Senado.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Ante la expresiones del señor senador Hackenbruch, lamento tener que puntualizar que las dos notas remitidas por el Intendente de Canelones, una del 15 de marzo de 1993, dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, y la resolución de 16 de marzo de 1993, están refrendadas, como corresponde, por el Secretario General de la Intendencia de Canelones, señor Mario Hackenbruch Santoro. De modo que, desde ese punto de vista, la formalidad está cumplida.

Lo que quería expresar ya ha quedado dicho y no voy a cansar al Cuerpo con mis consideraciones.

SEÑOR RAMIREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Luego de escuchar las observaciones del señor presidente del Senado a propósito de este proyecto de ley y sobre la iniciativa de la Junta Departamental, que consta en la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes, hay a mi juicio una puntualización, también importante, que merece realizarse. En todo caso, más allá de las irregularidades o incumplimientos formales de la iniciativa de la Junta Departamental, con la posterior aquiescencia del señor Intendente, la iniciativa se refiere pura y exclusivamente al carácter electivo que se daría a las Juntas Locales ya existentes, con competencias ampliadas, de acuerdo al artículo 288 de la Constitución de la República.

Desde mi punto de vista, cuando la disposición constitucional mencionada establece que la ley determinará por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo gobierno departamental, la ampliación de las facultades de gestión, está limitando, obviamente, las potestades del Poder Legislativo en amparo de la autonomía del respectivo gobierno departamental. El Poder Legislativo no puede ampliar las facultades de gestión si no existe la correspondiente iniciativa del gobierno, en este caso del departamental. Pero las facultades no se limitan solamente a que una vez que el gobierno departamental libra la iniciativa para ampliar las facultades de gestión, el Poder Legislativo, por vía de ley, tenga la posibilidad de modificarla, llevando las inicialmente propuestas por el gobierno departamental, con carácter moderado o muy limitado, a grados superlativos. Creo que la limitación constitucional al Poder Legislativo consiste en aprobar o no la iniciativa de la Junta en cuanto al contenido de la ampliación. De otra manera, la autonomía del gobierno departamental quedaría en letra vacía, sin las garantías constitucionales suficientes, si el Poder Legislativo -una vez que el gobierno departamental libra su iniciativa de ampliar las gestiones, aunque fuera en un aspecto moderado, de simple desconcentración administrativa- llevara a los grados más absolutos la autonomía del respectivo gobierno departamental, con lo cual estaríamos haciendo vano el requisito constitucional de la iniciativa.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAMIREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - He solicitado esta interrupción para señalar mi discrepancia -amable, pero radical- con la interpretación que formula el señor senador Ramírez. Lo que ha dicho en términos muy sencillos es que cuando viene al Parlamento un proyecto de ley de un gobierno departamental para ampliar sus facultades de gestión, el Parlamento sólo puede aprobar ésas y no otras, disminuirlas o aumentarlas, porque de lo contrario aprobaría normas que no tendrían la iniciativa de aquél.

Reitero que no comparto esta interpretación; al efecto, basta señalar toda la historia de la Cátedra de Derecho Constitucional que ha estudiado este punto.

Cuando la Constitución de la República requiere iniciativa parlamentaria de determinado órgano, no está limitando al Parlamento ni erigiéndolo en un órgano mecánico de aprobación o rechazo, ya que aprueba, rechaza o modifica. Esto es así a tal punto que en los casos en que la Constitución ha querido que sea un órgano mecánico el que dirima una cuestión sin poder modificar, lo ha dicho expresamente, como ocurre en los casos en que se dice que las discrepancias entre un órgano y otro las resuelve la Asamblea General. Pero en este caso en que se hace referencia tanto a la declaración de electivas de las Juntas Locales como a la ampliación de las facultades de gestión, la iniciativa es del gobierno departamental. Y el Parlamento, por su parte, rechaza o aprueba esa iniciativa, con las modificaciones que entienda pertinentes. La interpretación que el señor senador Ramírez está haciendo del artículo 288 es muy novedosa, lo que no significa, naturalmente, que no tenga el mérito de la originalidad. Naturalmente, desde nuestro punto de vista no es correcto. Este es un tema que ya ha sido analizado. Hace poco fue pedida la declaración de electiva de la Junta Local de Bella Unión por el gobierno departamental respectivo. Como ya he referido, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en un trabajo muy fino y exquisito realizado por el señor senador Blanco, le corrigió al proyecto de ley una serie de defectos y tuvo en cuenta algunos planteamientos del señor senador Santoro que sostenía que había que resolver lo que ocurría en materia presupuestal. Por lo tanto, la iniciativa que fue remitida al plenario no era la misma que provenía del gobierno departamental, pues contenía modificaciones.

Esa es la interpretación tradicional que se ha hecho del artículo que está analizando el señor senador Ramírez. Puede que sea diferente a la que él está planteando, pero insisto en que, de acuerdo con lo que nosotros opinamos y lo que tradicionalmente se ha pensado en el derecho constitucional, el Parlamento no es un simple órgano mecánico que apruebe o rechace, sino que puede introducir modificaciones, aumentando o disminuyendo las facultades de gestión.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador Ramírez.

SEÑOR RAMIREZ. - No me han convencido las argumentaciones del señor senador Korzeniak. Insisto en que la "ratio" del artículo 288 no tiene inteligencia posible en cuanto a las facultades ampliadas si no es para dar el carácter privativo y exclusivo al gobierno departamental en lo que respecta a las características de descentralización o desconcentración -según la teoría o doctrina a la que nos apeguemos- que quiera darle a la respectiva Junta Local. No cabe duda de que la desconcentración o descentralización en Juntas Locales de competencias y poderes jurídicos de diversa naturaleza e intensidad implica, simultáneamente, una pérdida de competencias y poderes jurídicos por parte del gobierno departamental respectivo. En consecuencia, no cabe otra inteligencia al requisito constitucional de reclamar al legislador que para ampliar las facultades de gestión de un gobierno local necesariamente deba tener la iniciativa del gobierno departamental que la de considerar que sea el propio gobierno departamental el que tenga la competencia de acotar cuál es la magnitud de la desconcentración o descentralización.

Por supuesto que las correcciones de detalles o de procedimientos pueden no implicar una inconstitucionalidad desde el punto de vista sustancial, pero no tengo dudas acerca de que si modificamos el tipo de descentralización o desconcentración por vía de la ley y en contra de la iniciativa formulada por el gobierno departamental estaríamos incurriendo en una violación del artículo 288. Además, no toda vez que el constituyente dice que es una iniciativa, el Poder Legislativo tiene una amplia facultad para moderar, ampliar o disminuir lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

El artículo 86 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa en determinados aspectos presupuestales como la creación de cargos públicos. Si el Poder Ejecutivo envía una iniciativa para crear, por ejemplo, 30 nuevos cargos públicos, el Poder Legislativo no podrá aumentar ese número a 300, diciendo que la iniciativa correspondiente está otorgada. Sin perjuicio de ello, se pueden realizar algunas modificaciones en cuanto al otorgamiento de dotaciones.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAMIREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Es la confirmación de la interpretación que hacíamos. No puede hacerlo porque la Constitución expresamente se lo prohíbe; pero señala que la iniciativa para crear cargos es exclusiva del Poder Ejecutivo, por lo que el Poder Legislativo no lo puede hacer sin ella.

Lo que aquí se plantea es una iniciativa para aumentar las facultades de gestión y no para determinadas ampliaciones. Esa es la diferencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador Ramírez.

SEÑOR RAMIREZ. - Creo que la letra del inciso segundo del artículo 86 tiene la misma inteligencia -cumple con los mismos requisitos- que el artículo 288. Este último establece que se podrá ampliar las facultades de gestión por iniciativa del gobierno departamental, mientras que el inciso segundo de artículo 86 sólo agrega el adjetivo "privativa". En definitiva, no se agrega nada, porque no cabe duda de que en el artículo 288 la iniciativa también es privativa del gobierno departamental, ya que no hay otro órgano del Estado, ni un integrante del mismo, como un senador o un representante, que cuente con la necesaria iniciativa como para ampliar las facultades de gestión. El artículo 86 hace referencia a "la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo".

Creo que aun cuando soslayáramos las irregularidades formales señaladas por el señor presidente del Senado en cuanto a la fórmula de restablecer la iniciativa respecto al carácter electivo de las Juntas Locales de Canelones que estamos examinando, el Poder Legislativo no podría, sin una iniciativa similar, modificar en forma sustancial -no me cabe duda de que la modificación es sustancial, aunque haya casos en los que la morigerará y otros en los que la aumentará- las competencias ampliadas, el grado de desconcentración o de descentralización que se está otorgando a las Juntas Locales.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - A pesar de la afonía, vamos a intentar pronunciar algunas palabras con respecto a este tema.

Deseamos señalar que en el año 1988, cuando ejercíamos la representación legislativa por el departamento de Canelones junto con los señores Representantes Isi, Carámbula, Rossi Passina, Varela, Martínez y Fuentes, procedimos a presentar en la Cámara de Representantes un proyecto de ley relativo a declarar electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz, departamento de Canelones. Este contenía la correspondiente exposición de motivos, que en su parte final señalaba textualmente lo que sigue: "Si así resultare, deberán favorecerse los imprescindibles intercambios con las autoridades municipales canarias, requiriéndose la iniciativa pertinente". Es decir si bien se presentaba el proyecto de ley, éste cumplía con la disposición constitucional respectiva, estableciendo en la exposición de motivos que se requería la iniciativa municipal pertinente.

En esta sesión se ha discutido en forma muy amplia sobre la existencia o no de la iniciativa municipal, si ha habido una iniciativa municipal, formalmente adecuada a las exigencias de la Constitución o si simplemente fue voluntad del señor Intendente Municipal de Canelones proceder a ejercer la facultad de solicitar que sean declaradas electivas determinadas Juntas Locales en el departamento de Canelones.

Queremos señalar que por parte del señor Intendente Municipal de Canelones no existió una iniciativa política para que los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, La Paz y Pando, fueran declarados electivos.

No hubo iniciativa jurídica, sino simplemente el cumplimiento de un pedido de la Junta Departamental de Canelones en el sentido de que el Intendente se dirigiera a la Cámara de Representantes, a fin de señalar su voluntad de que esa Junta fuera electiva. Evidentemente, más allá de los aspectos formal, procesal y de aquéllos intrínsecamente solemnes de este trámite, la verdad es que no hubo iniciativa de carácter político, porque en ningún momento el señor Intendente de Canelones envió un Mensaje a la Junta Departamental y ésta tampoco hizo lo propio a la Cámara de Representantes ni a la Asamblea General. Esto es absolutamente cierto.

Consideramos que en este aspecto las cosas están totalmente definidas. El gobierno municipal se instaló el 15 de febrero de 1990 y, tal como lo señaló el señor presidente del Cuerpo, recién en marzo de 1993 el señor Intendente, a solicitud de la Junta, envió al Parlamento un Mensaje relativo a la elección de los ediles de la Junta en cuestión. Esto está claramente establecido y a lo largo de la discusión sobre este tema, los señores senadores han podido obtener toda la información pertinente.

En definitiva, considero necesario destacar que no existió iniciativa alguna del gobierno municipal de Canelones como tal solicitando la elección de los ediles de las Juntas mencionadas. Tampoco existió voluntad política, porque no se pusieron en práctica los mecanismos establecidos en el artículo 288 de la Constitución, ni se tuvo en cuenta lo que dispone el artículo 262 de la Carta Magna.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Respetuosamente, creo que nos puede asaltar la duda de si el tema formal está planteado como algo muy importante o si en realidad algunos señores senadores que lo han invocado no desean, por razones que pueden ser muy válidas, votar que estas Juntas Locales se declaren electivas. Dejo esto claramente establecido porque considero que la cuestión sobre cuál de las dos hipótesis es correcta deberá resolverse hoy, porque también se deberá considerar en esta sesión el tema referido a la Junta Local de San Carlos, que no involucra ninguno de estos aspectos formales que se han planteado. Entonces, si en el momento de considerar ese asunto, por ejemplo, no hay quórum en el Senado, confieso que me iré con el derecho de creer que estas cuestiones formales se plantean porque no se quiere dar el carácter electivo a estas Juntas de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Si el señor senador Korzeniak procura dar a esto un carácter personal, simplemente nos remitimos a los antecedentes, ya que hemos presentado -no en este período, sino en el anterior- un proyecto de ley en el sentido de que las Juntas sean declaradas electivas.

Este tipo de iniciativas siempre generan manifestaciones entusiastas; en general, a nivel de los Municipios y de los vecindarios se experimenta cierta alegría, porque se trata de algo trascendente. Los vecinos siempre tienen el deseo de participar en la administración de los asuntos que les son propios y naturales, de lo que es el Municipio desde épocas muy remotas. Todas las modificaciones que tienen que ver con el entorno municipal generan siempre movimientos de simpatía y también cierta preocupación por alcanzar determinadas conquistas como la de lograr que los miembros de las Juntas Locales de Santa Lucía, Las Piedras, La Paz y Pando puedan ser electivos. Sin embargo, considero que no alcanza solamente con que lo sean, si bien ello es en realidad muy importante, porque se trata de la participación de los vecinos en la elección de sus representantes. Ya no existirá más el manido trámite del Mensaje enviado por el Intendente Municipal a la Junta Departamental, previo pasaje por todos los mecanismos de los partidos, con todos los ingredientes de carácter electoral que eso conlleva, para cumplir con una disposición constitucional que siempre ha generado discordia y enfrentamiento. A pesar de los años transcurridos desde la entrada en vigencia de esas disposiciones, aún no se sabe cómo se distribuirán los cargos que corresponden a cada uno de los sectores en las respectivas Juntas Locales, sean centralizadas o autónomas. En mi opinión, precisamente, la Constitución hace referencia a este aspecto cuando tiene en cuenta la integración de las Juntas Departamentales. El legislador, el constituyente, asumió que le resultaba imposible establecer una forma de distribuir esos cargos; entonces, fijó que, en lo posible, se tendría en cuenta la integración de las Juntas Departamentales.

Por consiguiente, más allá de la euforia, la alegría y la simpatía que esta iniciativa genera, creemos que la declaración de electivas de estas Juntas debe acompasarse con otros elementos que son fundamentales, trascendentes y esenciales. De otro modo, ingresaríamos en lo mismo que vemos en la actualidad en materia de gobiernos municipales: las Juntas Locales de designan con una gran pirotecnia y espectacularidad. Esto ocurrió, por ejemplo, en Canelones, que durante años careció de Juntas Locales y en determinado momento se adoptó la decisión de designarlas. Ahora, los vecinos están llenos de satisfacción porque finalmente podrán intervenir en el gobierno local, que constituye una de las expresiones más particularizadas del gobierno municipal. ¿Y qué ocurre? Se designan esas Juntas y se integran con una presencia partidaria excepcional. No hubo ningún tipo de discusión o enfrentamiento; por primera vez, todos los partidos y sectores dieron los nombres de los respectivos candidatos y la distribución se realizó teniendo en cuenta el resultado electoral de 1989. Finalmente, las Juntas Locales pasaron a ser meros órganos formales, que han visto pasar la actividad municipal sin participar en ella.

Creemos, pues, que no alcanza con declarar que las Juntas deben ser electivas. Admito que podría ser una forma de avanzar en materia legislativa; pero no significa ningún avance real, efectivo y directo en lo que hace a los municipios. Pensamos que también es necesario determinar otros aspectos.

A continuación, nos vamos a referir rápidamente a elementos que están incluidos en este proyecto y que, en nuestro concepto, podrían generar tremendas dificultades o que van a hacer prácticamente imposible que esos órganos de gobierno locales puedan cumplir sus funciones en forma efectiva.

Estos elementos perturbadores y limitantes de la gestión de las Juntas Locales, en el caso de que su integración sea electiva, refieren a cuestiones que de pronto pueden parecer formales pero que, en realidad, no lo son. Estoy hablando de trabas que impiden que las Juntas puedan, repito, cumplir con sus funciones, si es que se insiste con esta redacción dada al proyecto.

Como hemos dicho, la iniciativa declara electivas a las Juntas, determinando su forma de elección. Pero luego, también el artículo 1º, se dice que los límites de las jurisdicciones electorales correspondientes a las Juntas Locales Autónomas comprendidas en el inciso primero de este artículo serán iguales a los establecidos en la actualidad.

La ley Nº 9.693, de 15 de setiembre de 1937, que declaró autónomas las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Pando y Las Piedras, así como la ley Nº 9.707, de 14 de octubre de 1937, que declaró electiva la Junta Local Autónoma de Paso de los Toros, y la ley Nº 13.457, de 9 de diciembre de 1965, que declaró autónoma la Junta Local de La Paz, hacen referencia a la jurisdicción. En este sentido, en el artículo 2º de la ley Nº 9.693 se dice: "Los límites de sus jurisdicciones serán respectivamente los que correspondan a la 2ª., 4ª. y 7ª. Secciones Judiciales del departamento de Canelones". Pero ocurre que estas Secciones Judiciales, desde 1937, a la fecha, han sufrido una serie de modificaciones. En consecuencia, esta disposición quedó colgada y es probable que por esa razón -es decir, porque quedó sin posibilidad de ser aplicada- el proyecto que estamos considerando pone como límites las jurisdicciones electorales correspondientes a las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz.

¿Cuáles son, en realidad, las jurisdicciones electorales de estas Juntas? Pregunto si, por ejemplo, la jurisdicción de la Junta Local Autónoma de Pando alcanza exclusivamente a lo que es Pando y su zona rural, o si también comprende a Empalme Olmos que, como es sabido, tiene otra jurisdicción electoral. Actualmente, Empalme Olmos está dentro de la Junta Local Autónoma de Pando; pero, en caso de que esta disposición se aplicara, ¿cuál es la jurisdicción de la Junta?

Entendemos, pues, que en este sentido nos vamos a ver enfrentados a una serie de situaciones que seguramente comprometerán en forma muy grave la posibilidad de entender cuál es la jurisdicción electoral. Pensamos que no se debe apelar a la jurisdicción judicial, que habitualmente es cambiada por la Suprema Corte de Justicia, ni a la jurisdicción policial, que es modificada por el Ministerio del Interior, ni tampoco a la jurisdicción electoral, que es cambiada por la Corte Electoral al crear los respectivos circuitos electorales. Los que somos veteranos en la actividad política de Canelones sabemos que a Pando le correspondía la serie CMA y a Empalme Olmos, la CMB. Sin embargo, ahora tenemos las series indicadas y, además, las que corresponden a Atlántida, a Paso Carrasco, a Barros Blancos, a Solymar, a Salinas y a Parque del Plata. Es decir que estamos hablando de un conjunto de jurisdicciones electorales que, obviamente, producirán un grado de confusión importante si se toman en cuenta para dar jurisdicción a las Juntas Locales Autónomas.

En consecuencia, es necesario establecer en el proyecto de ley que si estas Juntas se declaran electivas tendrán límites que geográficamente tendremos que determinar. Por ejemplo, debemos decir que corresponden al territorio limitado por caminos, arroyos, montes, etcétera, o sea, aquellos accidentes geográficos que se toman en cuenta para fijar una jurisdicción.

En este sentido es que hacemos una observación fundamental a este proyecto de ley que da a estas Juntas electivas jurisdicciones iguales a las electorales. Creemos que es necesario establecer en la ley la jurisdicción física, repito, indicando los límites correspondientes.

Además de esta observación queremos hacer otras a las que también damos una enorme significación. Esto lo dijimos en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado cuando se trató el tema de declarar electiva la Junta Local de Bella Unión que, como se recordará, dio motivo a un trabajo muy preciso del señor senador Blanco en lo que hace a la determinación de las competencias.

El hecho es que en esta iniciativa se repite lo estipulado con relación a la Junta Local de Bella Unión, procurando -según se dijo- superar dificultades financieras que siempre han estado presentes.

El gran problema de la Junta Local es que tiene autonomía o gestión ampliada. Aquí ya estamos frente a un terreno fértil por demás para generar todas las posibles tesis y discusiones en torno a qué es autonomía y si ésta puede significar que la Junta Local Autónoma tenga personería jurídica. Tal como lo establece la ley, la Junta Local Autónoma no es persona jurídica, porque está incluida dentro de la persona jurídica gobierno municipal.

¿Qué implica gestión ampliada? ¿Es un órgano descentralizado o desconcentrado? La doctrina navega por distintas terminologías, pero nunca se ha podido arribar a un puerto por el que pueda determinarse el real alcance de la denominación Junta Local de gestión ampliada.

Por otra parte, en el literal E) del artículo 3º del proyecto de ley que está a consideración se dice que algunas de las competencias de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz serán cobrar, fiscalizar el cobro y administrar las rentas y aquellos proventos que el gobierno departamental le adjudique dentro de las rentas departamentales bajo la superintendencia del Intendente Municipal.

Por lo tanto, vemos que en este caso se plantea una dicotomía muy importante. Precisamente, para lograr la integración del órgano administrador, sus miembros deben comparecer ante la soberanía popular y reclamar su apoyo, a efectos de ocupar el cargo de edil en la Junta Local electiva de que se trate, luego de la elección, de las campañas electorales, de la competencia, de los programas, de los discursos, de las fatigas correspondientes y con la intervención del vecindario de manera muy importante. Digo esto, porque el ámbito local es realmente muy intenso, las pasiones son más desbordantes, las preocupaciones son mayores y las rivalidades tienen una expresión distinta pues, cuanto más reducido es dicho ámbito, más significativas son éstas últimas.

Luego de esas instancias, ¿qué sucede? Después de todo ese trabajo, esos señores van a administrar las rentas que les fije el presupuesto del gobierno departamental. Y, ¿dónde queda su capacidad de elección, su investidura, su condición de gestión ampliada, su autonomía, por decirlo de alguna manera? Por supuesto, queda en la iniciativa del Intendente Municipal en materia de presupuestos y depende de los votos que la misma obtenga en la Junta Departamental, para constituir el presupuesto.

Por otra parte, surge la siguiente interrogante: ¿Qué garantía hay para estas Juntas? ¿Para qué crear una elección y generar la posibilidad de que ésta se lleve adelante, si luego no se proporciona el oxígeno financiero para que esas Juntas funcionen?

En el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515 del año 1935, se establece que la Intendencia Municipal deberá destinar el 70% de las rentas que se produzcan dentro de la jurisdicción de las Juntas Locales Autónomas para los servicios y necesidades de las localidades en que ella actúen. Esa disposición está vigente, aunque sabemos que nunca se ha cumplido con lo que ella establece; quizás el gobierno de algún otro departamento lo haya hecho, pero ello no ha sucedido en el departamento de Canelones. Cabe señalar que esta disposición se va a mantener vigente, lo que obliga a revisar lo relativo a la jurisdicción de las Juntas Locales y a ser precisos en su delimitación para determinar la base física de la renta a que refiere la norma. Además, hay que establecer las competencias de la Junta a efectos de determinar cuáles serán sus recursos. A ese respecto, advertimos que es necesario proceder a redactar la disposición que haya cambiado su naturaleza y que haya sido declarada electiva- pueda tener mayor capacidad desde el punto de vista financiero para manejarse en el ámbito de su jurisdicción. A esos efectos, es preciso tener en cuenta un porcentaje, la totalidad de las rentas de la jurisdicción o, en su caso, una cantidad determinada en el presupuesto municipal, de acuerdo con la población y el territorio de cada una de las Juntas de que se trata. De lo contrario, pienso que se perderá totalmente el avance que se logra al declararlas de carácter electivo.

En la discusión de este tema queremos señalar elementos electorales muy puntuales. Precisamente, no debemos olvidar que el 27 de noviembre se realizarán las elecciones nacionales y el próximo domingo 28 de agosto se va a efectuar el plebiscito modificando los regímenes municipales, fundamentalmente el que refiere al aspecto electoral, así como a las competencias de esos órganos. Entonces, nos preguntamos: ¿Hay tiempo suficiente para llevar adelante un proyecto de ley como éste? Es oportuno recordar que cuando se estudió el proyecto de ley de reforma de la Constitución -denominado vulgarmente maxirreforma- se establecían condiciones, en el sentido de que, de acuerdo con las disposiciones o según lo que fijara la ley, en toda población las Juntas Locales iban a ser electivas. Como es sabido, esa maxirreforma no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. Es del caso señalar que el próximo domingo, reitero, se va a plebiscitar la minirreforma, como se dice vulgarmente.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Ha finalizado el término de que dispone el orador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - En el artículo 262 de la Constitución vigente, se encomienda al gobierno y la administración de los departamentos a una Junta Departamental y a un Intendente Municipal. Mientras tanto, en el proyecto de ley de reforma de la Constitución, se mantiene la redacción de esta primera parte del artículo pero, luego, se incorpora una serie de disposiciones de enorme trascendencia y repercusión en este episodio. Digo esto, porque si bien no hacen referencia directamente al caso de estas Juntas o al de la Junta de San Carlos -que es el otro proyecto de ley que tenemos a consideración- se establecen disposiciones de gran alcance. Precisamente, además de determinarse que habrá una Junta Local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fije la ley, se indica que también puede haberlas en las capitales departamentales, lo que constituye una innovación de trascendencia. Por supuesto que ello se hará con la iniciativa del Intendente Municipal y la aprobación correspondiente de la Junta Departamental.

Además, se incorporan normas de enorme valor pues, por primera vez, se dispone que la ley establecerá la materia departamental y la municipal, aspecto que debemos observar con detenimiento. En realidad, esto no se había hecho hasta el momento. Como decíamos, esa disposición habrá de tener repercusiones en este proyecto de ley, porque la Constitución determina que la ley establecerá la diferencia entre la materia departamental y la municipal. Lo que nosotros conocemos es esta última y la que tienen los gobiernos nacionales. A continuación, se indica que la ley establecerá la materia departamental y la municipal, de modo de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales. Quiere decir que con la reforma de la Constitución y directamente vinculado al tema que estamos considerando de la condición electiva de las Juntas Locales de referencia, estamos incorporando en serio, a través de disposiciones y por la vía de la ley, el verdadero y auténtico gobierno local, que no es el municipal -como vulgarmente se entiende- ni el departamental. Por otra parte, se establece la delimitación de los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como los poderes jurídicos de sus órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275 de la Constitución, que son los que establecen las competencias de las Juntas Departamentales y las funciones del Intendente Municipal. Además, se indica que el Intendente, con el acuerdo de la Junta Departamental, podrá delegar en las Juntas Locales, la ejecución de determinados cometidos en sus respectivas circunscripciones territoriales. Este es otro avance muy importante en materia de gobierno local.

Luego, se establecen otras disposiciones que no tienen una relación tan precisa con este proyecto de ley, en lo que tiene que ver con la posibilidad de acordar servicios del Municipio con Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Se dice que estas normas, que se van a plebiscitar el 28 de agosto, no tienen nada que ver con esto; no obstante, pienso que no es así. Entonces, ¿por qué votar ahora este proyecto de ley y no esperar a que se pronuncie la soberanía el 28 de agosto? Si se procediera de esta manera, se estaría en condiciones de elaborar una redacción acorde con el resultado del plebiscito, mejorando en forma esencial y fundamental este proyecto de ley.

Participamos de la idea de que en las Juntas Locales aquí indicadas -como en otras, porque aquí se otorga capacidad electiva a las vigentes- se deja de lado la tan mentada y publicitada Ciudad de la Costa, que en las actuales circunstancias es prácticamente el lugar poblacional más numeroso del departamento de Canelones. No tomamos en cuenta la Ciudad de la Costa, no hacemos nada para que sea electivo, ni adoptamos ninguna disposición; y, por otro lado, tenemos el caso de la vieja Junta Local de Santa Lucía, que nunca pudo asomarse a la posibilidad de gestión ampliada, porque ha vegetado meramente en su condición de Junta Centralizada. Y ahora, ni siquiera es eso, como la propia Junta de Las Piedras que, a pesar de ser un formidable núcleo urbano, también vegeta en la ausencia y en la inoperancia, como consecuencia de la falta de interés del gobierno departamental sobre el funcionamiento de las Juntas. En ese sentido, decimos que a la Ciudad de la Costa no le va a corresponder absolutamente nada a pesar de que, de acuerdo con el número de inscriptos, es el lugar de más presencia electoral en el departamento de Canelones. Además, esta sería la zona más fácil de determinar como jurisdicción en función de su conformación geográfica. Pensamos que es necesario tomar en cuenta el carácter electivo pero, de todos modos, vamos a darle los elementos para que esa condición de electivos no sea nada más que un ejercicio de avance en materia legislativa que no signifique absolutamente nada en la realidad del gobierno local.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor presidente: no pretendo alargar la discusión sobre este proyecto de ley, sobre cuyos aspectos sustantivos ya se han vertido opiniones fundamentales, así como también acerca de los aspectos formales.

En lo que respecta a nuestra Bancada, debemos señalar que ha resultado sumamente clara la exposición realizada por el señor senador Korzeniak, pero no quería dejar pasar esta oportunidad -y lo digo con mucha sinceridad- sin manifestar, aunque sea en forma muy breve, algunos sentimientos que me provoca esta discusión. Lo hago por un deber de sinceridad y lo voy a presentar, como siempre, en forma absolutamente respetuosa. Si expreso algún juicio crítico -como lo voy a hacer- aspiro a que no se interprete que me estoy colocando en la posición de juzgar a los demás, porque voy a aludir a problemas en los que me considero involucrado y responsable.

En mi humilde opinión, esta discusión ha sido una revelación muy clara de lo mal que estamos en materia política en Uruguay. En los últimos tiempos, todos hemos coincidido al señalar el fraccionamiento que sufre el sistema político, su división como pocas veces recordamos en nuestro pasado democrático, su incapacidad para resolver problemas y su tendencia permanente a la postergación de los grandes temas nacionales. Me parece -lo digo con modestia- que hoy damos un nuevo ejemplo de nuestra incapacidad para resolver temas importantes. Pienso que todos estamos de acuerdo con este mal funcionamiento del sistema; por lo menos, muchos hemos expresado nuestra coincidencia en discusiones constitucionales y legales, como las que hemos tenido sobre estos temas en el último año y medio. Concretamente, hemos indicado que nos gustaría ver un Uruguay progresivamente descentralizado. En este sentido, he escuchado prácticamente unanimidad de juicios. En el último año y medio en el que, afortunadamente, he podido participar intensamente en estos temas, también he escuchado unanimidad de juicios con respecto a que es importantísimo el papel de las Juntas Locales Autónomas en el proceso de descentralización. Me parece -por lo menos, no he oído ninguna opinión en contra- que el carácter electivo de estas Juntas Locales Autónomas es un ingrediente absolutamente esencial de su función en un proceso de descentralización.

Con franqueza, deseo señalar, señor presidente -aclaro que he escuchado estos juicios en el Senado al que pertenezco- que he advertido que se busca cualquier argumento para impedir que este proyecto de ley se apruebe. Tengo la sensación de que se está esgrimiendo una cantidad de argumentos que en realidad no revelan el verdadero motivo de la oposición al proyecto de ley. A mi juicio, la verdadera causa radica en que no se desea que las Juntas Locales Autónomas en cuestión tengan carácter electivo. En primer lugar, se planteó un problema que se denominó formal y en el que no voy a incursionar porque aquí hay especialistas que tienen mayor conocimiento del tema. Pero, considero que después de la intervención del señor presidente del Senado, ningún señor senador puede dudar de la voluntad del señor Intendente Municipal de Canelones y de su Junta Departamental, en el sentido de coincidir e incluso tener iniciativas sobre el carácter electivo de esas Juntas. Creo que el señor presidente del Senado fue de una claridad meridiana. Concretamente, expresó que no podía oponerse a este proyecto de ley porque era evidente que existía la voluntad reclamada por las normas vigentes, en particular, las constitucionales. Sin embargo, no quiero que pase esta oportunidad sin dejar constancia acerca de las desprolijidades e irregularidades que hubo durante el proceso. Mi conclusión personal es que ahora nos estamos aferrando a esas desprolijidades para evitar aprobar lo que importa, es decir, que las Juntas Locales Autónomas que figuran en este proyecto de ley -y que ahora está considerando el Senado- tengan carácter electivo.

A mi juicio, ha quedado demostrado que eso es así y, también, que no se siguió el mejor camino. En todo caso, lo que solicita la Constitución está presente, documentado y ratificado. Precisamente, este último verbo fue el que se utilizó cuando se aludió a la comunicación que el señor Intendente Municipal de Canelones mantuvo con el señor presidente de la Comisión de la Constitución y Legislación del Senado.

Aquí estamos tratando un tema en el que si insistimos -y lo digo con todo respeto- estamos ocultando el verdadero motivo de oposición a este proyecto de ley: no queremos que exista carácter electivo en estas Juntas. Esta puede ser una posición absolutamente respetable y legítima; pero no le hace bien al funcionamiento de este Cuerpo ni al sistema del que formamos parte, que no discutamos en base a los fundamentos reales de nuestras discrepancias. Tengo la sensación de que esto es lo que está pasando. Se nos dice que, en realidad, le estamos dando carácter electivo a las Juntas Locales Autónomas que encontrarán obstáculos prácticos para desarrollar las funciones que se le encomienda por parte de este proyecto de ley. Este es otro tipo de argumentación que se ha presentado en Sala; y yo me pregunto si el negar el carácter electivo aumenta o disminuye esos obstáculos, ya que están vigentes hoy, cuando no existe dicho carácter electivo y lo seguirán estando mañana, independientemente de la decisión que tome el Senado.

Lo que estoy intentando decir es que esa atribución de carácter electivo no incrementa los problemas que hoy puedan enfrentar para desarrollar sus funciones. Por el contrario, tengo la convicción personal de que si abrimos el camino de la electividad tendremos que confiar en estas instituciones y órganos, para que ellos mismos comiencen a contribuir a la superación de esos obstáculos que hoy se enfrentan. Los conocedores del departamento de Canelones nos exponen este problema con conocimiento de causa, porque es una experiencia que viven cotidianamente. No soy vecino de Canelones y, por lo tanto, conozco mucho menos que ellos la realidad de ese departamento, pero no me parece, repito, que oponerse a este proyecto de ley elimine los obstáculos que hoy se les presentan a esas Juntas. Personalmente, intentaría el cambio y la transformación; confiaría en el carácter electivo y, por esa vía, que ellas mismas comiencen a contribuir en la superación de dichos obstáculos.

No puedo entender el argumento que se basa en no dar el carácter electivo a las Juntas, porque, de todas maneras, no podrán desarrollar sus funciones. A esto contesto que es mucho peor que no puedan hacerlo y que además no tengan esa contribución.

Se nos señala que no están claramente delimitadas las jurisdicciones físicas o geográficas sobre las que se aplicarían estas funciones. A este respecto, debo destacar que el artículo 1º, en su inciso cuarto, establece que participarán en la elección sólo los ciudadanos inscriptos en las respectivas jurisdicciones electorales y que la Junta Electoral del departamento de Canelones formará el padrón electoral correspondiente, de acuerdo con los criterios que determine la Corte Electoral y con la aprobación de ésta. Asimismo, en el tercer inciso del mismo artículo se expresa que los límites de las jurisdicciones electorales correspondientes a las Juntas Locales Autónomas comprendidas en el inciso primero de este artículo serán los mismos que están establecidos en la actualidad.

Articulando ambos incisos, a mi juicio, surge claramente que este proyecto de ley le atribuye a la Junta Electoral, con el acuerdo de la Corte Electoral, la facultad de reglamentar esos límites y solucionar los problemas de dudas o confusiones que puedan existir actualmente.

Se nos dice que este es un tiempo electoral y que el próximo domingo se estará celebrando un plebiscito de reforma constitucional y que, además, estamos a tres meses de las elecciones nacionales. Todo ello es cierto, pero también percibo que este argumento se está transformando en uno de los obstáculos que los uruguayos nos ponemos a nosotros mismos, para no avanzar ni hacer cosas.

Este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes el 1º de junio y remitido al Senado en la misma fecha; estamos a 23 de agosto, por lo que ya han pasado más de dos meses y medio. Naturalmente, a medida que pasan los días nos acercamos al tiempo electoral y crece la posibilidad de utilizar ese argumento. Por suerte fuimos capaces de habilitar en este Senado un proyecto de ley que se plebiscitará el próximo domingo, también en tiempo electoral, y que a nuestro entender apunta, entre otras cosas, a una mayor libertad de elección y, precisamente, a un tímido e insuficiente, pero positivo, camino de descentralización. Cuando se trata de un tema que conviene al país, en nuestra opinión, todos los tiempos son adecuados, incluso los electorales. Es más; ¡ojalá en tiempo electoral fuéramos capaces, además de competir por un voto, de aprobar iniciativas que sirven! Esto resaltaría del resto, en el que todo es confrontación.

No encuentro ninguna contradicción ni necesidad de esperar el resultado del próximo plebiscito del domingo 28 de agosto, ya que los dos caminos son absolutamente convergentes. No creo que el resultado de dicho acto electoral necesite o deba originar modificaciones a este proyecto de ley. Inclusive, pienso que la espera de dicho resultado y la introducción de modificaciones -que no acierto a comprender cuáles serían- condenaría la aprobación de esta iniciativa porque en ese caso el proyecto de ley debería retornar a la Cámara de Representantes y seguramente la consecuencia sería lo que todos pronosticamos: no se obtendría su aprobación.

Tengo la impresión de que existe una argumentación que, en realidad, no está apuntando al verdadero motivo por el que hay oposición a esta iniciativa que es, precisamente, que no se desea que haya Juntas Locales Electivas en estas localidades.

El otro argumento se dirige en la misma dirección, ya que dejamos otras localidades importantes sin Juntas Locales Electivas. ¿Esto significa que porque algunas localidades no la tienen, otras tampoco las pueden tener? Con este razonamiento no hacemos nada.

Personalmente, creo en el fundamento contrario y soy partidario de dar un paso adelante en estas Juntas Locales Electivas para abrir el camino a otras localidades en las que ello se estime conveniente y que hoy no las tienen, de modo que puedan hacerlo en el futuro.

Por este conjunto de razones es que visualizo que nos estamos transformando en especialistas en buscar argumentos para no resolver temas importantes.

SEÑOR RAMIREZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Lamento que en sus recientes manifestaciones el señor senador Astori haya realizado presunciones acerca de nuestras intenciones o de la eventual votación que haremos a propósito de este proyecto de ley. Si las presunciones son consecuencias que extraen de un hecho conocido en relación a otro desconocido, en lo que a mí respecta el hecho conocido para el señor senador Astori no es el correcto. Al respecto, ha afirmado que a lo largo de la discusión del proyecto de ley de reforma constitucional en el Senado y en la Comisión escuchó la unanimidad de opiniones en cuanto a los beneficios de la descentralización local.

Debo expresar que fui muy concreto y preciso -y debe constar en actas de la Comisión del Senado- cuando a propósito del texto de la llamada maxirreforma tuvimos reservas especiales en cuanto a que no nos cabían dudas -sigo sosteniendo lo mismo- de que la descentralización local, tanto en lo que tiene que ver con la mayor autonomía, descentralización o desconcentración, o sea, el aumento de las facultades, poderes jurídicos y competencias de los gobiernos locales, como en su carácter electivo, implicaba automática y simultáneamente una disminución de la autonomía departamental, porque podía llevar a la atomización de las facultades del gobierno departamental respectivo. Es más; hicimos precisiones adicionales en cuanto a que el constituyente -lo mantuvimos en nuestro proyecto de reforma- para dar mayor eficacia al gobierno departamental, había preferido no adecuar la representatividad al sistema de representación proporcional, sino al de mayorías o al de representación proporcional incompleta, otorgando la mayoría absoluta al partido ganador aunque no la tuviera. Era obvio el objetivo de este caso: concentrar en el gobierno departamental y en el partido ganador, aunque no tuviera la mayoría absoluta, las mayores facultades para lograr la máxima eficiencia en el ejercicio de las cuestiones departamentales. Además, tal como figuraba en el proyecto de reforma, no considerábamos conveniente la electividad automática cuando se superaban los 10.000 habitantes, sino que reclamábamos en cada caso la iniciativa del gobierno departamental, porque creíamos que éste debía se custodio del interés de la autonomía departamental. En la medida en que existieran múltiples Juntas Locales con competencias desconcentradas, descentralizadas o autónomas en mayor grado, y que adicionalmente se rompieran a partir del aumento de competencias, pero de su carácter electivo, que obviamente no tiene por qué guardar la misma proporcionalidad que el gobierno departamental globalmente considerado -es decir, los gastos que cada partido tenía en la Junta Departamental- iba a significar una distorsión en la eficiencia y efectividad del gobierno departamental, además de una pérdida de autonomía departamental, aunque un aumento de autonomía local.

Esta fue la posición que sostuvimos en el Senado y en la Comisión. No hubo unanimidad; por lo tanto, el hecho cierto que genera el incierto de cuál es nuestra voluntad para oponernos a este proyecto de ley creo que ha sido injusto y erróneo por parte del señor senador Astori. Sin embargo, a nuestro juicio hemos sido muy claros en que este proyecto de ley reclamamos, con el mismo sentido, con la misma intención de custodiar la autonomía departamental, la iniciativa del gobierno departamental en cuanto al establecimiento de las facultades del gobierno local. Puede ser claro o discutible el hecho de que el gobierno departamental ha tenido iniciativas a los efectos de dar carácter electivo a las Juntas Locales de Canelones -tema que estamos tratando en este momento- pero lo que no podemos hacer, porque potencia la autonomía local, es modificar si no existe la misma iniciativa del gobierno departamental, ampliando, en su caso, para determinados rubros las facultades de ese gobierno local.

Estas son las razones por las cuales nos opusimos y nos seguiremos oponiendo al proyecto; porque entendemos que estamos vulnerando la autonomía departamental. Si se trata de adivinar nuestra intención o de presumirla, nuestro deseo será cumplir con la Constitución a través del máximo respeto a la autonomía departamental en este caso.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Voy a hacer varios comentarios acerca de las reflexiones que acaba de hacer el señor senador Ramírez, el primero de los cuales es muy particular y específico.

Si no entendí mal, en un determinado pasaje de su exposición el señor senador exigió, a partir de sus fundamentos, que existiera iniciativa del gobierno municipal. Declaro que después de lo que he oído hoy en Sala, sobre todo por parte del señor senador Korzeniak -que fue quien expuso en primer lugar sobre el proyecto- y del señor presidente del Senado, parto de la base de que aquí hubo iniciativa del gobierno municipal.

SEÑOR RAMIREZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Si me perdona, primero quisiera desarrollar mis comentarios en bloque y después le concederé la interrupción.

En segundo lugar, al principio de mi exposición señalé que iba a hacer un juicio crítico, pero que ello no implicaba ponerme en posición de juez ni mucho menos, sino involucrarme a mí mismo en dicha crítica y aludir a un sistema incapaz de aprobar cambios positivos para el país -en los que podemos o no estar de acuerdo- y, al mismo tiempo, no mencionar los verdaderos motivos de nuestra oposición.

En tercer término, cuando hablé de unanimidad me refería al proceso de descentralización, del cual veo que el señor senador Ramírez, participa, por lo menos globalmente considerado. No hablé de unanimidad pero sí de muchas coincidencias -como tengo anotado- en el papel que juega la descentralización, la Junta Local Autónoma y el carácter electivo de las Juntas Locales en aquel proceso.

En cuarto lugar, debo confesar que es efectivamente cierto lo que acaba de narrar el señor senador Ramírez. En oportunidad de discutirse la reforma grande de la Constitución, dicho señor senador expresó los argumentos que acaba de exponer.

Finalmente, voy a reiterar lo que dije al principio. Las argumentaciones que me preocupan no son las que se oponen al carácter electivo de las Juntas Locales, como las que acaba de esgrimir el señor senador Ramírez, sino las que se oponen pero en base a otro tipo de fundamentos explícitos. A eso fue que aludí, sin hacer referencias personales de ninguna especie. Muchas veces hemos participado de este defecto -aclaro que no me excluyo- pero estoy haciendo una humilde exhortación a reflexionar sobre estos temas.

El señor senador Ramírez no quiere que haya carácter electivo en las Juntas Locales Autónomas, y no lo quiere por los motivos que acaba de exponer, que respeto mucho pero no comparto. No era a esa clase de argumentación a que me estaba refiriendo.

Ahora sí concedo la interrupción que me solicitó el señor senador Ramírez.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Simplemente voy a decir que en cuanto a la iniciativa del gobierno departamental lo que hemos señalado es que si bien ella existe para darle carácter electivo, el gobierno departamental no ha dado su conocimiento expreso para aumentar o modificar el carácter de las competencias desconcentradas o descentralizadas de la Junta Local. La iniciativa es solamente para darle carácter electivo, y en este proyecto de ley se modifica el contenido de las competencias del gobierno departamental.

Por último, quiero expresar que no me opongo al carácter electivo de las Juntas Locales, pero sí me opongo al carácter electivo de las Juntas Locales combinando con sus competencias ampliadas, si no existe iniciativa plena del gobierno departamental. Si ella existe y este último entiende que es pertinente -aun cuando le constara al gobierno departamental que pierde grado de poder y concentración en el manejo de los temas departamentales al desconcentrarlo hacia organismos locales- analizaremos en cada caso la pertinencia del aumento de competencias y de su electividad. Pero no creemos que sea correcto darles carácter electivo, tal como se ha pedido, y simultáneamente -y esto no ha sido pedido- modificar las competencias a las Juntas Locales, dándole carácter distinto a los poderes jurídicos de las respectivas juntas, a las que estaremos otorgando su naturaleza electiva.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Con todo respeto debo decir que no se nota mucho que el señor senador Ramírez no se opone al carácter electivo de estas Juntas Locales. En todo caso, la argumentación que esgrimió en la última interrupción contradice bastante otra que acabamos de oír hace pocos minutos, en la que se sostenía que, por un lado, llamamos Juntas Locales Autónomas a aquellas cuyo carácter electivo estamos discutiendo, y se citaba el literal E) del artículo 3º del proyecto para demostrar que de autonomía no tenía nada. Simplemente deseo señalar -dejando en claro que no fue el señor senador Ramírez quien lo expuso- que existe una flagrante contradicción entre un argumento y otro.

Mi intención no es la de demorar más esta exposición, pero sí quiero aportar otro elemento. En oportunidad de ser interrumpido por primera vez por el señor senador Ramírez, estaba manifestando que nos estamos convirtiendo en especialistas en la búsqueda de obstáculos para que proyectos que, a nuestro juicio, le hacen bien al país, no sean aprobados. Me refiero a temas que tienen que ver con aspectos sustanciales y que no todos -lo reconozco- los sectores político-partidarios se han pronunciado a favor. A esto hacía mención en el comienzo de mi exposición y durante el desarrollo de la misma. Sin embargo, considero que en esta oportunidad estamos trascendiendo un límite importante. Tengo conocimiento de que este es un Parlamento bicameral y que no hay por qué aprobar en una Cámara todo lo que viene de la otra; lo sé bien ya que no lo he aprendido a lo largo de estos cuatro años de labor legislativa. Pero estamos esgrimiendo argumentos políticos de mucho peso frente a un proyecto que fue presentado, en primer lugar, por legisladores de todos los partidos y, en segundo término, aprobado por un informe firmado, por unanimidad, por representantes de todos los partidos y sancionado por la Cámara de Representantes. Ahora, en este Cuerpo, senadores que pertenecemos a los mismos sectores que aprobaron el proyecto, estamos esgrimiendo argumentos de este tipo. A esto me refiero, cuando digo que estamos ante una muy mala señal de funcionamiento. Me da la impresión que la discusión que hemos mantenido en la tarde de hoy es un buen ejemplo de las cosas malas que nos están pasando, que dependen de todos nosotros y que debemos corregir. Sin embargo, nos enfrentamos a un sistema político que de esta forma no resuelve problemas, ya que si bien estamos ante una situación de carácter departamental es, a su vez, una cuestión de importancia nacional.

Deseo efectuar una acotación en lo que tiene que ver con el tema de los recursos, así como el literal E) del artículo 3º, donde se señala que cobrar, fiscalizar el cobro y administrar las rentas de aquellos proventos que el gobierno departamental le adjudique no es propio de una Junta Autónoma. Señor presidente: considero que la actuación de las Juntas Locales Autónomas debe encuadrarse en el contexto de un gobierno departamental y no fomentar la anarquía. Por lo tanto, no encuentro incompatibilidad entre ese carácter autónomo y el hecho de qué autonomía se pueda ejercer en la administración de las rentas que el gobierno departamental le adjudique. Deseaba puntualizar esto porque fue un argumento presentado en Sala.

Por último, reitero lo que mencioné en un principio: pienso que deberíamos hacer un esfuerzo por concentrar la discusión en los verdaderos motivos de acuerdo y discrepancias, tratando, a la luz de los objetivos que decimos compartir, de lograr avances para nuestro país.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor presidente: aunque no se me ha nombrado directamente, como el señor senador Astori se ha dedicado a contestar cada una de las observaciones que realizáramos en oportunidad de considerar el proyecto, deseo manifestar en forma muy clara que jamás le hemos faltado el respeto a los integrantes del Senado, manteniendo posiciones de falsedad. No es cierto que nuestra intención sea la de que este proyecto no se apruebe porque seamos contrarios a la elección de las Juntas. Siempre expresamos, auténticamente, lo que sentimos y más aún en lo que tiene que ver con las Juntas Locales de nuestro departamento de Canelones, en el que nacimos y habitamos a lo largo de toda nuestra vida. Jamás, reitero, hemos practicado la falsedad en materia política, por lo tanto, no estoy dispuesto, de ninguna manera, a que se nos diga que actuamos maliciosamente con la finalidad de que este proyecto no sea aprobado. Hemos efectuado observaciones reales y sinceras, así como hemos desempeñado varios cargos a nivel del departamento de Canelones, donde tenemos gran responsabilidad política. Entonces, preguntamos ¿qué nos pueden decir de este departamento quienes no lo conocen y pasan como ráfagas sobre él? Decimos que nunca hemos faltado el respeto y, en consecuencia, no admitimos que se nos diga que venimos aquí expresando cosas que no son ciertas.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Deseo reiterar lo primero que manifesté al comienzo de mi exposición. En primer lugar, señalé que me sentía involucrado en los juicios que iba a realizar, ya que se trata de juicios colectivos. En segundo término, es mi intención dejar en claro que en ningún momento ha cruzado por mi mente la idea de atribuir posiciones de falsedad y de malicia en particular -y ahora sí voy a dar nombres- al señor senador Santoro. He procurado hacer un juicio sincero sobre el tenor de las argumentaciones presentadas en Sala. Insisto en que, muchas veces, durante el transcurso de debates sobre temas de esta índole, no nos concentramos en las verdaderas cuestiones que están en discusión, remitiéndonos a asuntos que son adjetivos, superables y que son materia propia de los puntos sustantivos que de esta forma evitamos exponer. Si el señor senador Santoro entendió que mi intención era la de atribuir juicios de la mala intención, deseo dejar en claro que no lo manifesté con ese fin. Sin embargo, quiero reiterar que a lo largo de la tarde de hoy he sentido que no hemos centrado la discusión en las cuestiones que verdaderamente importan. Hemos buscado todo tipo de obstáculos para oponernos a un proyecto que trata, fundamentalmente, de si es bueno o no que tengan carácter electivo las Juntas Locales que están en discusión. No hemos tratado este punto, sino que conversamos sobre problemas formales; hemos departido hasta dónde va la autonomía, así como lo que tiene que ver con los límites de jurisdicciones electorales. Esto es lo que he procurado manifestar sin atribuir intenciones.

A lo largo de mi exposición, me he preocupado en señalar que no conozco profundamente el departamento de Canelones, a diferencia de los señores senadores Santoro y Hackenbruch. Lo mismo sucede con varios departamentos de nuestro país. Pero, pienso que hay valores superiores que están por encima del conocimiento de los lugares geográficos. En mi opinión, el carácter electivo de una Junta local es un proceso de descentralización que constituye un valor superior. No necesito conocer en detalle cada rincón o localidad del Uruguay para afirmar que se trata de un avance hacia la mejor práctica de la participación social y de la democracia.

9) BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. Presuntas irregularidades. Informe de la Comisión Investigadora.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: ya han transcurrido casi tres horas de sesión, tiempo en el que se suponía íbamos a tratar en forma rápida los dos primeros puntos del orden del día, y aún no hemos ingresado al segundo asunto.

Por otra parte, a lo largo de la discusión, en muchas ocasiones estuvimos por debajo del quórum innecesario para poder votar alguna iniciativa. En este momento el Cuerpo tiene número y, por esa causa -y atendiendo a las circunstancias que puedan surgir en las próximas horas o minutos- deseo proponer que, de no agotarse el orden del día de esta sesión, se reinicie su tratamiento el día martes 30 a las 16 horas.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Señor presidente: hemos presentado a la Mesa una solicitud de licencia porque tenemos que cumplir con una invitación que nos han formulado las Naciones Unidas para participar de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, a realizarse en la ciudad de El Cairo. Por ese motivo, estaremos fuera del país hasta el día 6 de setiembre, razón por la cual nos parecería conveniente -y solicitaríamos que el Cuerpo nos acompañase en ese sentido- que los informes sobre el Banco de Seguros, cuya Comisión Investigadora presidimos, sean considerados el día 7 del próximo mes, que es el primer día hábil luego de nuestro regreso.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - La Presidencia consulta al señor senador Bouzas si mantiene su moción.

SEÑOR BOUZAS. - En ese caso, solicito que se postergue el tratamiento de este asunto hasta tanto nos pongamos de acuerdo con el señor senador Alonso Tellechea.

10) CIUDADANOS VASCOS. Proyecto de declaración.

SEÑOR BOUZAS. - ¿Me permite, señor presidente, para otra cuestión de orden?

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Quisiera pedir que se lea un proyecto de declaración que se ha hecho llegar a la Mesa y que cuenta con la firma de un grupo de integrantes del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Léase el proyecto de declaración llegado a la Mesa.

(Se lee:)

"El Senado de la República, en relación con la situación de los ciudadanos vascos que se encuentran en huelga de hambre internados en el Hospital de Filtro de la ciudad de Montevideo, con serio riesgo para sus vidas, manifiesta, por razones humanitarias y sin ingresar en consideraciones de naturaleza filosófica, moral, política o judicial vinculadas con la situación de estas personas en su país de origen, su convicción de la República, Dr. Luis A. Lacalle, de que deben ser extremados los esfuerzos por parte del Poder Ejecutivo a fin de que se les conceda a estos ciudadanos alguna forma de refugio que contribuya a superar la dramática realidad planteada. Montevideo 23 de agosto de 1994. Enrique Rubio, Leopoldo Bruera, Danilo Astori, José Korzeniak, Reinaldo Gargano, Carlos Bouzas, Carlos Cassina, Alberto Zumarán y Hugo Batalla. Senadores".

-En virtud de que solamente se ha pedido la lectura del proyecto de declaración, debemos continuar con el tratamiento del asunto que estábamos analizando.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: el objetivo de pedir la lectura del proyecto de declaración que presentamos era proponer al Cuerpo que el asunto se tratara en forma urgente y, en ese sentido, formulo moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Entonces, corresponde votar si se declara urgente el análisis del proyecto de declaración a que se dio lectura.

11) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Mi intención era pedir al Cuerpo que declarara urgente y pasara a considerar de inmediato la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar un director en la Administración Nacional de Puertos. Además, tengo entendido que algunos integrantes del Cuerpo también van a plantear que se consideren otras dos venias. En ese sentido, y en virtud de que ha conversado con las distintas Bancadas y he constatado que no hay oposición ni va a existir discusión sobre este tema, solicito al señor senador Bouzas -que es quien ha formulado la moción para que se trate el proyecto de declaración en forma urgente, que podría dar a ciertas consideraciones- que varíe su propuesta a fin de que se altere el orden de las mociones. Esto es, que primero se pase a analizar la propuesta que estoy formulando en cuanto a que se consideren en forma urgente las solicitudes de venias para designar a un director en la Administración Nacional de Puertos, otro en la Administración de Ferrocarriles del Estado y otro en el CODICEN.

En segundo término, luego de votar las respectivas venias, sugiero que el Cuerpo analice la propuesta del señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: hemos conversado con el señor senador Bouza antes de iniciar esta sesión acerca de la necesidad de votar estas venias. En ese sentido, debemos señalar que estamos de acuerdo con que ellas se traten. La Bancada del Frente Amplio garantiza que se va a quedar en Sala hasta ese momento; es más, desde ya deja constancia de que va a permanecer en el recinto hasta agotar el orden del día.

12) BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. Presuntas irregularidades. Informe de la Comisión Investigadora.

SEÑOR BOUZAS. - Deseo referirme a la moción del señor senador Alonso Tellechea.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar, el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Por otra parte, en cuanto al planteo del señor senador Alonso Tellechea, deseo señalar que nos encontramos ante una situación irreversible, por lo que debemos alterar nuestra moción. Entonces, en el caso de que los señores senadores de las otras Bancadas no permanezcan en el Cuerpo hasta agotar el temario del día de hoy, aceptamos que los informes de la Comisión Investigadora sobre el Banco de Seguros del Estado sean tratados como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria del 7 de setiembre.

Por lo demás, preferimos -y garantizamos que vamos a quedarnos en Sala- que previamente se trate el asunto que hemos propuesto, que mantiene muy angustiado a un sector importante de la población, como es notorio para todos los integrantes del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - La moción que el señor senador Bouzas presentó en primer lugar consistía en la inclusión del tema relativo al Banco de Seguros del Estado, en el caso que el Senado quedara sin número, en el orden del día de la sesión del 7 de setiembre próximo.

Se va a votar la moción formulada por el señor senador Bouzas.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Deseo señalar que hemos votado la moción del señor senador Bouzas en el entendido de que el mejor momento para tratar los informes de la Comisión Investigadora sobre el Banco de Seguros sería en una sesión que se dedique exclusivamente al análisis del asunto. La sesión que estamos celebrando en el día de hoy fue propuesta por el señor senador Bouzas a los diferentes integrantes de la Comisión Investigadora, a los efectos de intentar obtener en consenso, tal como se había hecho en todas las ocasiones anteriores en las que se procesaron aspectos de procedimientos en la Comisión. Ello no ocurrió así, por lo que no estamos celebrando esta sesión como consecuencia de un arreglo por parte de los integrantes de la Comisión. Además, nosotros habíamos indicado que teníamos dificultades de horario, razón por la cual nos parecía conveniente analizar el tema relativo al Banco de Seguros en la primera o segunda sesión ordinaria del mes de setiembre, como creo va a suceder. Entonces, queremos dejar constancia de antemano en el sentido de que tenemos un problema de horario, que plantearemos al Cuerpo en un lapso menor a una hora.

13) CIUDADANOS VASCOS. Proyecto de declaración.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Si no estoy confundido, creo que ya se ha votado que el 7 de setiembre se va a tratar el tema del Banco de Seguros del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Sí, señor senador, pero existen dos mociones de declaración de urgencia.

SEÑOR KORZENIAK. - Correcto, señor presidente, hay otras dos mociones de orden, y a eso me quería referir.

Por un lado, figura el planteo del señor senador Bouzas según el que, en primer término, se dio lectura al proyecto de declaración y, luego, se solicitó que el asunto se declarara urgente y se tratara de inmediato.

Por otra parte, el señor senador Bouza propuso que antes de considerar el tema referido a la situación de los ciudadanos vascos -y sin excluirlo- se analicen algunas venias de designaciones. Al respecto, deseo señalar que me parece más adecuado, en virtud de la urgencia real del tema, que estudiemos en primer lugar el proyecto de declaración aludido, ya que el asunto está conmoviendo a la opinión pública del país. Además, pienso que ello es conveniente por una razón de carácter práctico. Si vamos a tratar primero las venias, tendremos que pasar a sesión secreta y después volver nuevamente a sesión pública. En cambio, de esta manera, podremos continuar con la sesión pública y, posteriormente, pasar a sesión secreta.

Queremos decir que, desde luego, reiteramos el compromiso que asumió el señor senador Bouzas, en el sentido de que la Bancada del Frente Amplio va a permanecer en Sala el tiempo que sea necesario para tratar los temas que el señor senador Bouza ha planteado.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - La Mesa señala que ha estado admitiendo un procedimiento antirreglamentario, ya que las mociones de orden no tienen discusión.

Se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Bouzas.

(Se vota:)

-10 en 21. Negativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - He votado negativamente esta moción, contra lo que me es habitual, porque no tengo ninguna duda de que, como se señaló previamente, la sesión secreta va a ser extremadamente breve. Aclaro desde ya que creo que la moción presentada por las Bancadas del Frente Amplio y del Partido Por el Gobierno del Pueblo, y por el señor senador Zumarán, vinculada con un suceso de notoriedad y preocupante, refiere a un tema que justifica sobradamente que lo discutamos luego entre todos. En lo que a mí respecta, nadie albergue ninguna duda de que tengo interés en discutir este tema. Sin embargo, considero que, por las razones que ha expresado el señor senador Bouza, lo mejor es que pasemos a sesión secreta y, en no más de 10 minutos, volvamos a sesión pública.

14) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Bouza, en el sentido de pasar a considerar solicitudes de venia del Poder Ejecutivo.

-14 en 21. Negativa.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Hemos votado por la negativa, sin perjuicio de que estamos dispuestos a permanecer en Sala hasta el final de la sesión para considerar las venias cuya aprobación se ha solicitado.

Debemos ser absolutamente honestos: hay una barra llena, y aunque es posible que parte de los presentes hayan concurrido con motivo de la discusión del tema relativo al Banco de Seguros del Estado, probablemente algunos de ellos hayan asistido en razón del tratamiento del punto referente a las Juntas Locales. Creo que no sería de ninguna manera incorrecto que nos comprometamos a votar, con carácter urgente, las venias al final de la sesión. Para ello, podríamos fijar una hora de terminación, de manera que quince o veinte minutos antes pasemos a sesión secreta con ese fin. De esta forma, no nos veríamos obligados a desalojar la barra para luego seguir una discusión que, tal vez, pueda ser de interés para algunos de quienes están presenciando el debate. Entiendo que, en el fondo, este es un elemento favorable para el Parlamento.

En definitiva, creo que sería oportuno que el señor senador Bouza modificara su moción, en el sentido de que se fije una hora de terminación, de modo que pudiéramos pasar a sesión secreta unos minutos antes.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Mi pregunta refiere a cuál es la mayoría necesaria para que la moción de orden resulte aprobada.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Léase la disposición correspondiente del Reglamento.

(Se lee:)

"La declaración de urgencia. Este planteamiento se hará por escrito con la enunciación del tema acompañada de una breve exposición. Cuando el asunto cuya urgencia se propone haya sido distribuido, la declaración requiere la conformidad de la mitad más uno de los componentes del Cuerpo".

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - He escuchado con mucha atención el planteamiento que ha hecho el señor senador Batalla. Entiendo que su propuesta implica que se proceda a efectuar la distribución de la documentación correspondiente y que pasemos a sesión secreta quince minutos antes de la hora de finalización.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - La Mesa aclara que estamos en una sesión extraordinaria y, por lo tanto, no hay hora de terminación.

15) CIUDADANOS VASCOS. Proyecto de declaración.

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar, el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Solicito que se distribuya la declaración a que se dio lectura, de acuerdo con la moción de mi compañero, el señor senador Bouzas, y que se rectifique la votación, dada la gravedad del tema de que trata esta propuesta, que es público y notorio, y conmueve a todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-11 en 23. Negativa.

16) JUNTAS LOCALES AUTONOMAS DE SANTA LUCIA, LAS PIEDRAS, PANDO Y LA PAZ. Se declaran electivos sus cargos. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se declaran electivos los cargos de ediles de las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, Pando y La Paz, departamento de Canelones.

No hay oradores inscriptos.

La Mesa aclara que para la aprobación del proyecto de requiere mayoría absoluta de votos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-12 en 23. Negativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se rectifique la votación y se proceda a votar nominalmente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Negativa.

SEÑOR ASTORI. - Afirmativa.

SEÑOR BATALLA. - Afirmativa.

SEÑOR BOUZA. - Negativa.

Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - He votado por la negativa -aunque no había intervenido en el debate- porque he observado que las invocaciones que se han hecho, particularmente en cuanto a las formas que debieron llenarse para la presentación de la iniciativa por parte del gobierno departamental de Canelones, no han sido cumplidas. Por consiguiente, creo que más allá del resultado final, en esta instancia está mal planteada la iniciativa. Cuando se plantee bien, nuestro voto será distinto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Continúese tomando la votación nominal.

(Se continúa tomando en el siguiente orden:)

SEÑOR BOUZAS. - Afirmativa.

SEÑOR BRUERA. - Afirmativa.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Afirmativa.

SEÑOR GONZALEZ MODERNELL. - Negativa.

SEÑOR GRENNO. - Negativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Afirmativa.

SEÑOR LENZI. - Negativa.

SEÑOR PEREYRA. - Afirmativa.

SEÑOR RAFFO. - Negativa.

SEÑOR RAMIREZ. - Negativa.

SEÑOR RICALDONI. - Negativa.

SEÑOR RUBIO. - Afirmativa.

SEÑOR SANTORO. - Negativa.

Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - He votado negativamente por considerar que el actual proyecto de ley, si no se modifica, no es suficiente para que las Juntas Locales Autónomas de Santa Lucía, Las Piedras, La Paz y Pando alcancen la ampliación de la gestión que les corresponde, a través de los cambios en el sistema de elección.

Por tales razones, pensamos que lo correcto hubiera sido que en este proyecto de ley se recogieran las observaciones formuladas para luego, previo estudio de la Comisión correspondiente, se elevara nuevamente a Sala, a los efectos de que el mismo se adecuara a las observaciones que aquí se formularon, a fin de que realmente significara un avance y una conquista, y no una mera modificación formal.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Continúese tomando la votación nominal.

(Se continúa tomando en el siguiente orden:)

SEÑOR MOREIRA GRAÑA. - Negativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Afirmativa.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Negativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Han votado 24 señores senadores; 12 lo han hecho por la afirmativa y 12 por la negativa. En consecuencia, el resultado de la votación es: Negativa.

17) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Alonso Tellechea solicita licencia desde el 29 de agosto hasta el 6 de setiembre del año en curso».

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 23 de agosto de 1994.

Señor presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

En virtud del cumplimiento de una invitación de Naciones Unidas a participar de la Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo a llevarse a cabo en la ciudad de El Cairo, solicito al Sr. presidente, licencia desde el 29 de agosto hasta el 6 de setiembre del año en curso.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más alta estima.

Alvaro Alonso Tellechea. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

18) JUNTA LOCAL AUTONOMA DE SAN CARLOS. Se declara electiva y se determinan sus cometidos. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declaran electivos los cargos de ediles de la Junta Departamental Autónoma de San Carlos, departamento de Maldonado. (Carp. Nº 1587/94 - Rep. Nº 897/94)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1587/94
Rep. Nº 897/94

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Carácter electivo). - Decláranse electivos los cargos de ediles de la Junta Autónoma de San Carlos, departamento de Maldonado.

La elección de sus miembros se hará de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º) y 9º) del artículo 77 de la Constitución de la República.

Los límites de su jurisdicción electoral serán los mismos que están fijados actualmente, 2da., 4ta. y 6ta. Secciones Judiciales del departamento de Maldonado.

Participarán en la elección sólo los ciudadanos inscriptos en las respectivas jurisdicciones electorales. La Junta Electoral del departamento de Maldonado formará el padrón electoral correspondiente, de acuerdo con los criterios que determine la Corte Electoral y con la aprobación de ésta.

Art. 2º. - La primera elección de miembros de la Junta Local Autónoma de San Carlos se hará conjuntamente con la primera elección nacional que se realice después de promulgada la presente ley.

Mientras los miembros así electos no asuman sus cargos continuará en vigencia el sistema de designación, suplencia y cese determinado por la Constitución de la República (artículo 287) y por la ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.

Art. 3º. (Competencia). - La Junta Local Autónoma de San Carlos tendrá las siguientes competencias:

A) Cumplir y hacer cumplir las leyes.

B) Cumplir todos aquellos cometidos que le confieren las leyes, ejerciendo las atribuciones que le encomiende el intendente.

C) Iniciar entre el vecindario y proponer al intendente las mejoras locales que considere conveniente.

D) Vigilar en el área descripta en el inciso tercero del artículo 1º de la presente ley la percepción de las rentas departamentales.

E) Cobrar, fiscalizar el cobro y administrar las rentas y aquellos proventos que el gobierno departamental le adjudique dentro de las rentas departamentales bajo la superintendencia del intendente municipal.

F) Cuidar todos los bienes propiedad del Municipio que se encuentren dentro del área de sus respectivas jurisdicciones, proponiendo al intendente municipal la mejor forma para su cumplimiento.

G) Atender especialmente la higiene y salubridad de la zona, denunciando con prontitud las ocurrencias de epidemia o epizootias que atenten o traigan serios riesgos para la vida.

H) Actuar imponiendo multas o sanciones en el territorio incluido por toda aquella infracción de naturaleza municipal, en forma determinada de acuerdo a las disposiciones en vigencia.

I) Emplear todos aquellos recursos que le asigne el presupuesto y lo que le entregare el intendente para los servicios y necesidades locales.

J) Velar por las garantías individuales y la instrucción primaria promoviendo la agricultura y el mejoramiento de la ganadería, así como todo aquello que propenda al adelanto de la zona, dando cuenta de ello al gobierno departamental.

K) Poner a consideración del intendente todas aquellas aspiraciones a ser incluidas en el presupuesto municipal y sus modificaciones, así como los planes de trabajo a tenerse en cuenta por la zona.

L) Designar su secretario administrativo por mayoría simple de votos.

Art. 4º. - Derógase la ley Nº 11.250, de 9 de abril de 1949, en cuanto se oponga a la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de agosto de 1994.

Mario Cantón Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario


Comisión de Constitución, Códigos, Legislación
General y Administración

INFORME

Señores representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración resolvió aconsejar al Cuerpo aprobar el adjunto proyecto de ley por el que se declara electiva a la Junta Local Autónoma de San Carlos, y se determinan, en nueva redacción, los cometidos ampliados definidos en la ley Nº 11.250, de 9 de abril de 1949.

Como se recordará, similar iniciativa elevó esta Asesora, declarando electivas a varias Juntas Locales Autónomas de Canelones, con Informe redactado por el señor Representante Jorge Coronel Nieto, al que nos remitimos (Anexo I al Repartido Nº 1074, de abril de 1994).

En la carpeta correspondiente a este proyecto de ley consta documentalmente, que tanto la Intendencia Municipal de Maldonado como su Junta Departamental han adoptado la pertinente iniciativa constitucional (artículo 288 de la Constitución de la República).

Por otra parte, la Comisión resolvió incluir un artículo por el que se da una más completa y precisa enumeración de las facultades ampliadas, idéntico al aprobado a favor tanto de la Junta Local de Bella Unión como de las mencionadas Juntas Locales Autónomas de Canelones, ambos ya aprobados por el Cuerpo.

Con ello no logramos superar algunas posibles fuentes de conflicto interinstitucional, inevitables a partir de algunas constitucionales, y carencias de la ya vieja Ley Orgánica Municipal de 1935.

No obstante, el presente proyecto de ley es un paso adelante legislativo, por lo que aconsejamos su pronta aprobación.

José E. Díaz (Miembro Informante), Jorge Coronel Nieto, Daniel Díaz Maynard, Diana Saravia Olmos, Alvaro Carbone (con salvedades), Luis Eduardo Mallo (con salvedades), Nicolás Storace Montes (con salvedades).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Carácter electivo). - Decláranse electivos los cargos de ediles de la Junta Local Autónoma de San Carlos, departamento de Maldonado.

La elección de sus miembros se hará de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º) y 9º) del artículo 77 de la Constitución de la República.

Los límites de su jurisdicción electoral serán los mismos que están fijados actualmente, 2da., 4ta. y 6ta. Secciones Judiciales del departamento de Maldonado.

Participarán en la elección sólo los ciudadanos inscriptos en las respectivas jurisdicciones electorales. La Junta Electoral del departamento de Maldonado formará el padrón electoral correspondiente, de acuerdo con los criterios que determine la Corte Electoral y con la aprobación de ésta.

Art. 2º. - La primera elección de miembros de la Junta Local Autónoma de San Carlos se hará conjuntamente con la primera elección nacional que se realice después de promulgada la presente ley.

Mientras los miembros así electos no asuman sus cargos, continuará en vigencia el sistema de designación, suplencia y cese determinado por la Constitución de la República (artículo 287) y por la ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.

Art. 3º. (Competencia). - La Junta Local Autónoma de San Carlos tendrá las siguientes competencias:

A) Cumplir y hacer cumplir las leyes.

B) Cumplir todos aquellos cometidos que le confieren las leyes, ejerciendo las atribuciones que le encomiende el intendente.

C) Iniciar entre el vecindario y proponer al intendente las mejoras locales que considere conveniente.

D) Vigilar en el área descripta en el inciso tercero del artículo 1º de la presente ley la percepción de las rentas departamentales.

E) Cobrar, fiscalizar el cobro y administrar las rentas y aquellos proventos que el gobierno departamental le adjudique dentro de las rentas departamentales bajo la superintendencia del Intendente Municipal.

F) Cuidar todos los bienes propiedad del Municipio que se encuentran dentro del área de sus respectivas jurisdicciones, proponiendo al Intendente Municipal la mejor forma para su cumplimiento.

G) Atender especialmente la higiene y salubridad de la zona, denunciando con prontitud las ocurrencias de epidemia o epizootias que atenten o traigan serios riesgos para la vida.

H) Actuar imponiendo multas o sanciones en el territorio incluido por toda aquella infracción de naturaleza municipal, en forma determinada de acuerdo a las disposiciones en vigencia.

I) Emplear todos aquellos recursos que le asigne el presupuesto y lo que le entregare el Intendente para los servicios y necesidades locales.

J) Velar para las garantías individuales y la instrucción primaria promoviendo la agricultura y el mejoramiento de la ganadería, así como todo aquello que propenda al adelanto de la zona, dando cuenta de ello al gobierno departamental.

K) Poner a consideración del Intendente todas aquellas aspiraciones a ser incluidas en el presupuesto nacional y sus modificaciones, así como los plazos de trabajo a tenerse en cuenta para la zona.

L) Designar un Secretario administrativo por mayoría simple de votos.

Art. 4º. - Derógase la ley Nº 11.250, de 9 de abril de 1949, en cuanto se oponga a la presente ley.

Sala de la Comisión, 6 de julio de 1994.

José E. Díaz (Miembro Informante), Jorge Coronel Nieto, Daniel Díaz Maynard, Diana Saravia Olmos, Alvaro Carbone (con salvedades), Luis Eduardo Mallo (con salvedades), Nicolás Storace Montes (con salvedades).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declaránse electivos los cargos de la Junta Local Autónoma de San Carlos, departamento de Maldonado, de conformidad con la legislación electoral vigente.

Art. 2º. - Los límites de su jurisdicción electoral serán los mismos que están fijados actualmente, 2da., 4ta. y 6ta. Secciones Judiciales del departamento de Maldonado.

Montevideo, 1º de julio de 1992.

Heriberto Sosa Acosta (representante por Maldonado).

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución de la República (artículo 288) otorga la facultad a la ley para declarar electivos por el Cuerpo Electoral de la jurisdicción que corresponda, los cargos de las Juntas Locales Autónomas de los departamentos.

La Junta Local de la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado, fue declarada autónoma por la ley Nº 11.250, de 9 de abril de 1949.

El 30 de setiembre de 1986, se presentó un proyecto para declarar electivos los cargos de la Junta Local Autónoma de San Carlos.

A los mismos efectos la Junta Departamental de Maldonado, en sesión del 8 de mayo de 1987, promovió ante el gobierno departamental de Maldonado dicha iniciativa, la que fue enviada para su consideración al Parlamento Nacional el 1º de junio de 1988 por el señor Intendente Benito Stern.

La Junta Local Autónoma de San Carlos, con sede en la segunda ciudad del departamento de Maldonado, comprende actualmente zonas de gran desarrollo turístico como la franja costera que va desde el arroyo Maldonado a Laguna Garzón comprendiendo La Barra, Manantiales, El Chorro, Puntas de Piedras, balneario Buenos Aires y José Ignacio, la cual está llamada a constituirse en un gran polo de inversión y desarrollo para la región y para el país, por su potencial riqueza desde el punto de vista turístico a raíz de estar enclavada en una zona de valoración constante.

En circunstancias que adquiere capital relevancia para el futuro desarrollo del país la descentralización político-administrativa no sólo desde Montevideo sino de las capitales departamentales hacia el interior, se impone la aplicación de medidas conducentes a ese objetivo.

Desde hace muchos años, las fuerzas vivas de esta importante zona de nuestro departamento, anhelan que los miembros sean electivos, de conformidad con la ley electoral vigente, para que permita que esta ciudad pueda administrar, de acuerdo a sus propios intereses, los recursos de sus elementos generadores de riqueza.

Basándose en el artículo 288 cuando dice "en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el cuerpo Electoral respectivo las Juntas Autónomas, con la plena convicción de nuestros fundamentos, y con el antecedente que es la ley Nº 12.809, de 13 de diciembre de 1960, que declaró electiva la Junta Local Autónoma de Río Branco, es que presentamos el presente proyecto de ley.

Montevideo, 1º de julio de 1992.

Heriberto Sosa Acosta (representante por Maldonado).

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO

Maldonado, 25 de octubre de 1993.

Sr. presidente de la Cámara
de Representantes
Don Luis Alberto Heber

De mi mayor consideración:

Cúmpleme remitir a tan Honorable Cuerpo, la Resolución que se adjunta, por la cual este Ejecutivo Departamental, ha tomado la iniciativa dispuesta en el artículo 288 de la Constitución de la República, dando trámite al decreto departamental 3627, referido a la declaración de electivos de los cargos de miembros (ediles) de la Junta Local Autónoma de San Carlos.

A tales efectos remitimos a Ud. los antecedentes, con el proyecto de ley, cuya redacción es la siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárense electivos los cargos de la Junta Local Autónoma de San Carlos, departamento de Maldonado, de conformidad con la legislación electoral vigente.

Art. 2º. - Los límites de su jurisdicción electoral serán los mismos que estén fijados actualmente, 2ª, 4ª y 6ª. Secciones Judiciales del departamento de Maldonado.

Art. 3º. - Comuníquese, etc.

Sin otro particular, saluda a Ud. y demás integrantes de ese Honorable Cuerpo muy atte.

Domingo Burgueño Miguel Intendente Municipal
Dr. Jorge Napoleone Seti Secretario general".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: debido a que ya se ha desarrollado una extensa discusión sobre el proyecto de ley anterior en torno a los mecanismos formales para sancionar iniciativas de la naturaleza que estamos considerando, propongo que se pase a votar, lisa y llanamente, el que tenemos a estudio, por el cual se otorga carácter electivo la Junta Local Autónoma de San Carlos.

19) PROGRAMA DE EJERCICIOS FUERZAS UNIDAS "URUGUAY". Autorización para el ingreso al territorio nacional de una aeronave e integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Solicito que se proceda al repartido de dos asuntos, como son los referidos a la operación UNITAS -que figura en el Repartido Nº 35- y al Programa de Ejercicios Fuerzas Unidas Uruguay, a los efectos de pedir posteriormente su tratamiento urgente. Realizamos este pedido porque, debido a las fechas en que se practicarán estos ejercicios, es necesario que el Senado otorgue la autorización consiguiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a proceder al repartido de los dos asuntos mencionados.

20) JUNTA LOCAL AUTONOMA DE SAN CARLOS. Se la declara electiva y se determinan sus cometidos. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Corresponde continuar ahora con la consideración del asunto que figura en segundo término del orden del día.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos en la discusión particular y, si la Presidencia lo considera pertinente, que los mismos se voten en bloque, dado lo avanzado de la hora.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 24. Afirmativa.

En consideración los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Artículo 1º. (Carácter electivo). - Decláranse electivos los cargos de ediles de la Junta Local Autónoma de San Carlos, departamento de Maldonado.

La elección de sus miembros se hará de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º y 9º) del artículo 77 de la Constitución de la República.

Los límites de su jurisdicción electoral serán los mismos que están fijados actualmente, 2ª, 4ª y 6a Secciones Judiciales del departamento de Maldonado.

Participarán en la elección sólo los ciudadanos inscriptos en las respectivas jurisdicciones electorales. La Junta Electoral del departamento de Maldonado formará el padrón electoral correspondiente, de acuerdo con los criterios que determine la Corte Electoral y con la aprobación de ésta.

Art. 2º. - La primera elección de miembros de la Junta Local Autónoma de San Carlos se hará conjuntamente con la primera elección nacional que se realice después de promulgada la presente ley.

Mientras los miembros así electos no asuman sus cargos continuará en vigencia el sistema de designación, suplencia y cese determinado por la Constitución de la República (artículo 287) y por la ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935.

Art. 3º. (Competencia). - La Junta Local Autónoma de San Carlos tendrá las siguientes competencias:

A) Cumplir y hacer cumplir las leyes.

B) Cumplir todos aquellos cometidos que le confieren las leyes, ejerciendo las atribuciones que le encomiende el Intendente.

C) Iniciar entre el vecindario y proponer al Intendente las mejoras locales que considere conveniente.

D) Vigilar en el área descripta en el inciso tercero del artículo 1º de la presente ley la percepción de las rentas departamentales.

E) Cobrar, fiscalizar el cobro y administrar las rentas y aquellos proventos que el gobierno departamental le adjudique dentro de las rentas departamentales bajo la superintendencia del Intendente Municipal.

F) Cuidar todos los bienes propiedad del Municipio que se encuentren dentro del área de sus respectivas jurisdicciones, proponiendo al Intendente Municipal la mejor forma para su cumplimiento.

G) Atender especialmente la higiene y salubridad de la zona, denunciando con prontitud las ocurrencias de epidemia o epizootias que atenten o traigan serios riesgos para la vida.

H) Actuar imponiendo multas o sanciones en el territorio incluido por toda aquella infracción de naturaleza municipal, en forma determinada de acuerdo a las disposiciones en vigencia.

I) Emplear todos aquellos recursos que le asigne el presupuesto y lo que le entregare el Intendente para los servicios y necesidades locales.

J) Velar por las garantías individuales y la instrucción primaria promoviendo la agricultura y el mejoramiento de la ganadería, así como todo aquello que propenda al adelanto de la zona, dando cuenta de ello al gobierno departamental.

K) Poner a consideración del Intendente todas aquellas aspiraciones a ser incluidas en el presupuesto municipal y sus modificaciones, así como los plazos de trabajo a tenerse en cuenta para la zona.

L) Designar su secretario administrativo por mayoría simple de votos.

Art. 4º. - Derógase la ley Nº 11.250, de 9 de abril de 1949, en cuanto se oponga a la presente ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

(Se votan:)

-17 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - He votado afirmativamente por las mismas razones por las que apoyé la declaración de electivas de las Juntas del departamento de Canelones, con la diferencia de que ahora estoy satisfecho porque esta iniciativa se ha aprobado, mientras que en el otro caso, tuve una gran frustración debido a que el Senado no dio su voto afirmativo.

SEÑOR RAMIREZ. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Votamos negativamente este proyecto de ley remitido por la Cámara de Representantes que refiere a la iniciativa del gobierno departamental, a propósito de las competencias que se le asigna a la Junta Local de San Carlos, por los mismos fundamentos que en el caso anterior.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - He votado afirmativamente este proyecto de ley -a diferencia del anterior- porque el informe del mismo, remitido por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración -y aquí se marca la diferencia y no la coincidencia con el proyecto de ley anterior- establece textualmente que en la Carpeta correspondiente a este proyecto de ley consta documentalmente que, tanto la Intendencia Municipal de Maldonado, como su Junta Departamental, han adoptado la pertinente iniciativa constitucional, artículo 288 de la Constitución de la República.

Quiero aclarar, señor presidente, que hago esta fundamentación de voto porque, según parece, algunos vemos coincidencias donde hay diferencias y viceversa.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Hemos votado por la negativa.

Si bien este proyecto de ley cuenta con la iniciativa del respectivo gobierno departamental, admite las mismas observaciones en los demás aspectos, tal como lo expresáramos oportunamente, cuando, por parte del Senado, se consideró el proyecto relativo a declarar electivas las Juntas Locales de Santa Lucía, Las Piedras, La Paz y Pando.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Quiero dejar constancia de mi voto afirmativo, que es coherente con la votación de mi sector en la Cámara de Representantes.

Debo decir que me alegra mucho que se haya aprobado este proyecto de ley y, por otra parte, saludo el esfuerzo de todos los fernandinos en esta realización.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Como fundamento de voto de este proyecto de ley y del anterior, relacionado con las Juntas Locales de Canelones, dejo constancia de que en ambos casos he votado afirmativamente para de esta manera ser coherente con la posición sustentada en la discusión de reforma constitucional. Con respecto a esto último, debo señalar que es mi deseo, no solamente en el caso de las Juntas Locales que hoy nos ocupan sino en general en los pueblos y localidades del interior, que lleguemos algún día a tener autoridades locales electas por los propios vecinos del lugar, con competencias jurídicamente delimitadas por la ley. Para ilustrar esto expreso que ello ocurre en todas partes del mundo donde las autoridades locales existen y son elegidas por los ciudadanos de la localidad, con competencias definidas. Creo que en ese sentido hemos dado un paso muy importante, aun cuando, señor presidente, los proyectos podrían tener dificultades de carácter formal.

De todos modos y aun desde este punto de vista, en lo que refiere a la ampliación de competencias, quiero señalar que en el actual régimen jurídico de estas Juntas las competencias que le han sido asignadas, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, son las que conciernen a los intendentes. De esta forma, la disposición que hemos votado y la que estaba proyectada en el caso de la Junta Local de Canelones no iba más allá del régimen jurídico que se le reconoce a esos organismos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: hemos votado la condición de electiva de la Junta Local Autónoma de San Carlos siguiendo la línea de nuestra fuerza política. Lo hicimos a plena conciencia de que estábamos dando un paso decisivo hacia la descentralización del poder político en el departamento de Maldonado. Actuamos de la misma forma en el caso de las Juntas Locales de Pando, Santa Lucía, Las Piedras y La Paz.

Naturalmente, no podemos dejar de mencionar que han iniciado los previsibles resultados electorales que se hubieran operado en esas Juntas Locales el 17 de noviembre de 1994 -más que los problemas formales o de contenido- para que no hubiera un voto afirmativo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Gargano acaba de hacer alusiones políticas en su fundamento de voto; por lo tanto, esa parte de la exposición será eliminada de la versión taquigráfica.

Por vía de fundamento de voto, la Presidencia quiere expresar que ha votado este proyecto de ley en forma afirmativa, exactamente por las mismas razones que expuso el señor senador Ricaldoni. Por lo tanto, le va a ahorrar al Cuerpo efectuar otras consideraciones al respecto.

Ha quedado aprobado en general y en particular el proyecto de ley, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Representantes; por lo tanto, será comunicado al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

21) PROGRAMA DE EJERCICIOS FUERZAS UNIDAS "URUGUAY". Autorización para e ingreso al territorio nacional de una aeronave e integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado había votado por vía de moción de orden el reparto de un proyecto de ley relativo a la autorización para el ingreso al territorio nacional de integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, a fin de realizar el programa de ejercicios Fuerzas Unidas "Uruguay".

SEÑOR SANTORO. - Solicito que se declare urgente y se trate de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 22. Afirmativa.

Se pasa a considerar el proyecto de ley relativo a la autorización para el ingreso al territorio nacional de integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, a fin de realizar el programa de ejercicios Fuerzas Unidas "Uruguay".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1535/94
Dist. Nº 2947/94

PODER EJECUTIVO
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior

Montevideo, 24 de junio de 1994.

Señor presidente de la Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de someter a su consideración, atento a lo preceptuado por el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley.

El mismo tiene por motivo autorizar el ingreso a territorio nacional de integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América a los efectos de la realización del Programa de Ejercicios Fuerzas Unidas "Uruguay".

Los objetivos perseguidos con el presente Programa de Ejercicios Fuerzas Unidas "Uruguay", es continuar brindando a nuestros efectivos la oportunidad de entrenamiento e intercambio de experiencias personales que optimicen su capacidad profesional, constituyendo una nueva oportunidad de profundización de las relaciones existentes entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones.

El ejercicio consistirá en la realización de operaciones coordinadas aerolanzadas con apoyo aéreo y logístico, con participación directa de personal de ambas fuerzas desarrollándose en el período comprendido entre el 23 de setiembre al 14 de octubre de 1994.

A tales efectos es que se solicita la aprobación del mencionado proyecto de ley, autorizándose a personal perteneciente a las Fuerzas de los Estados Unidos de América, en un número de noventa, con equipo y armamento individual, al igual que una aeronave C-130, a ingresar a territorio nacional.

Saluda a usted con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Daniel H. Martins, Sergio Abreu, Angel María Gianola.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase el ingreso a territorio nacional de noventa integrantes y una aeronave C - 13 pertenecientes a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, con el equipo y armamento individual para la ejecución de operaciones coordinadas aerolanzadas a desarrollarse entre los días 23 de setiembre al 14 de octubre del corriente conjuntamente con efectivos de nuestro país.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, archívese.

Daniel H. Martins, Sergio Abreu, Angel María Gianola."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR RICALDONI. - Solicito que se realice votación nominal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Negativa.

SEÑOR BLANCO. - Afirmativa.

SEÑOR BOUZA. - Afirmativa.

SEÑOR BOUZAS. - Negativa.

SEÑOR BRUERA. - Negativa.

SEÑOR CASSINA. - Negativa.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Negativa.

A modo de fundamento de voto quiero expresar que tal como ha ocurrido todos los años en que se han realizado estas operaciones, la Bancada del Frente Amplio ha votado negativamente por entender que no se encuentra dentro de las funciones de nuestras Fuerzas Armadas realizar operaciones junto con Fuerzas Armadas de otros países, destinadas a forjar acciones militares conjuntas que no están reguladas por la ley.

SEÑOR GONZALEZ MODERNELL. - Afirmativa.

SEÑOR GRENNO. - Afirmativa.

SEÑOR HACKENBRUCH. - Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Negativa.

SEÑOR LENZI. - Afirmativa.

SEÑOR MOREIRA GRAÑA. - Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Afirmativa.

SEÑOR RAFFO. - Afirmativa.

SEÑOR RAMIREZ. - Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Afirmativa.

SEÑOR RUBIO. - Negativa

SEÑOR SANTORO. - Afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Afirmativa.

Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - Han sufragado 23 señores senadores: 16 lo han hecho por la afirmativa y 7 por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - La votación ha resultado:

-16 en 23. Afirmativa.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para una cuestión de orden, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Señor presidente: formulo moción en el sentido de que el Senado considere como urgentes tres venias solicitadas por el Poder Ejecutivo; una para designar a un director en la Dirección Nacional de Puertos, otro en la Administración de Ferrocarriles del Estado y el último en el Consejo Directivo Central.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea aclararle al señor senador Bouza que procede terminar de votar la discusión particular del artículo único del proyecto de ley. Posteriormente, pondremos a votación la moción presentada por el señor senador.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Autorízase el ingreso a territorio nacional de 90 integrantes y una aeronave C-130, perteneciente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, con el equipo y armamento individual para la ejecución de operaciones coordinadas, aerolanzadas, a desarrollarse entre los días 23 de setiembre al 14 de octubre del corriente, conjuntamente con efectivos de nuestro país".

-En consideración.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: deseo realizar una aclaración con respecto al voto efectuado por quien habla.

Cuando ya había votado, el señor senador Santoro tuvo a bien avertirnos que no se trataba de la Operación UNITAS, sino del ingreso de aeronaves integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para realizar ejercicios de operaciones aerolanzadas en territorio nacional.

En más de una oportunidad, hemos votado este tipo de ingreso de Fuerzas Armadas de otros países que tienden a ayudar a la preparación de nuestras propias Fuerzas Armadas, por lo que me excuso y votaré en forma afirmativa cuando se realice la votación particular.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - No sé, señor presidente, cómo se puede salvar reglamentariamente esto pero, a mi juicio, debería haber, en todo caso, rectificación de la votación nominal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

-16 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO UNICO. - Autorízase el ingreso a territorio nacional de noventa integrantes y una aeronave C-130, pertenecientes a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, con el equipo y armamento individual para la ejecución de operaciones coordinadas aerolanzadas a desarrollarse entre los días 23 de setiembre al 14 de octubre del corriente conjuntamente con efectivos de nuestro país".

22) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar la moción de orden presentada por el señor senador Bouza para que se declaren urgentes y se pasen a considerar tres solicitudes de venia elevadas por el Poder Ejecutivo, relativas a la designación de distintos integrantes de Directorios de Entes Autónomos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 20. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - En oportunidad de considerarse la moción presentada por el señor senador Bouzas para hacer referencia a la situación de los ciudadanos vascos voté afirmativamente, adoptando igual posición con relación a la sugerencia del señor senador Bouza, en el sentido de que el Senado tratara estas venias. Si bien se ha alterado el orden, mantengo mi voto favorable a la consideración de estas solicitudes de venia del Poder Ejecutivo y al posterior análisis de la declaración presentada.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: cuando momentos antes se consideró la moción del señor senador Bouza, en el sentido de que el Cuerpo estudiara ciertas solicitudes de venia del Poder Ejecutivo, votamos negativamente porque, tal como lo señaló el señor senador Batalla, preferíamos que ese tema se considerara en la última parte de la sesión del día de hoy. Precisamente porque entendemos que ya nos encontramos en ese momento, es que ahora sí hemos apoyado la moción. En tal sentido, pienso -aunque señalo que no tengo inconveniente en permanecer aquí por el tiempo que se desee- que no estamos en condiciones de ingresar al estudio de los informes de la Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades en el Banco de Seguros del Estado. Digo esto porque, evidentemente, al pasar a sesión secreta la barra deberá retirarse. Reitero que estoy dispuesto a permanecer en Sala si es que finalmente se pretende abordar el tema, pero no creo que sea pertinente hacerlo, ya que no es ésta la oportunidad adecuada luego de casi cuatro horas de sesión y sabiendo que muchos de los señores senadores -aunque no es mi caso- tienen otros compromisos que le impedirán continuar su desarrollo.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - He votado negativamente, en primer lugar porque entiendo que el tema que se va a tratar no es de urgente consideración. Generalmente, se procede de esa forma por una cuestión circunstancial o coyuntural, cuando se advierte que faltan muchos días para la próxima sesión del Senado, etcétera. Pero también he votado de esa forma porque, confrontando este tema con la situación realmente grave que viven los ciudadanos vascos que se encuentran llevando adelante una huelga de hambre, me ha parecido una ironía levantar mi mano para decir que el tratamiento de estas venias es de urgente consideración, cuando el Senado ha dispuesto lo contrario en relación a una declaración sobre la situación de estas tres personas.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 19 y 29 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 51 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para designar como miembro del Directorio de la Administración Nacional de Puertos a la doctora María Laura Rey Moreno, como integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública al señor Jorge Emilio Carbonell Susena, y como integrante del Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado al Procurador Rodolfo Flores Amargos.

23) OPERACION UNITAS XXXV. Proyecto de ley.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Entendimos, en su momento, que en una moción de orden anterior se había votado como urgente el tratamiento de dos proyectos de ley. Uno de ellos era el relativo a la Operación UNITAS. Si no fuera así, mociono en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Discúlpeme, señor senador, pero el problema es que se había votado, en ausencia de Sala del señor presidente, el repartido de ambos proyectos de ley, para luego declarar su urgencia. Se declaró urgente la consideración de la iniciativa que refiere a otra materia similar, la llamada "Operación Uruguay". Ahora está en consideración la moción de orden del señor senador Raffo, para declarar urgente la consideración del proyecto de ley que se relaciona con la autorización para realizar la Operación UNITAS XXXV.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en este sentido.

(Se vota:)

-13 en 19. Negativa.

24) CIUDADANOS VASCOS. Proyecto de declaración.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Solicito que se reconsidere la votación de un proyecto de declaración que presentamos junto con varios señores senadores, que había sido puesto a consideración en su momento pero que no obtuvo la mayoría requerida. Ahora, ya que se repartió este proyecto, reitero, solicito, que se reconsidere nuevamente su declaratoria de urgencia por las razones que son de público conocimiento de todos los integrantes del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera la moción de orden presentada anteriormente, en el sentido de que se declare urgente la consideración de un proyecto de declaración referido a la situación de ciudadanos vascos que se encuentran en huelga de hambre en el Hospital Filtro.

SEÑOR RAFFO. - Primero se tiene que votar la rectificación de la votación anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tal como acota el señor senador Raffo, se va a votar, en primer lugar, la rectificación de la votación anterior.

(Se vota:)

-15 en 22. Negativa.

Se va a votar, en segundo término, la reconsideración a que estaba haciendo alusión la Mesa.

(Se vota:)

-11 en 22. Negativa.

Por vía de fundamento de voto, la Presidencia quiere expresar que a votado afirmativamente porque considera que es de estilo hacer lugar a todas las reconsideraciones, lo que no significa pronunciarse sobre el mérito de la declaración.

SEÑOR RICALDONI. - Que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera la moción de orden para tratar como urgente el proyecto de declaración.

(Se vota:)

-13 en 22. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia se acaba de votar: "Proyecto de declaración relativo a la situación de los ciudadanos vascos que se encuentran en huelga de hambre internados en el Hospital Filtro de Montevideo".

(Antecedentes:)

"PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la República, en relación con la situación de los ciudadanos vascos que se encuentran en huelga de hambre internados en el Hospital Filtro de la ciudad de Montevideo, con serio riesgo para sus vidas, manifiesta, por razones humanitarias y sin ingresar en consideraciones de naturaleza filosófica, moral, política o judicial vinculadas con la situación de estas personas en su país de origen, su convicción política -y así lo hace saber- al señor presidente de la República Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, de que deben ser extremados los esfuerzos por parte del Poder Ejecutivo a fin de que se les conceda a estos ciudadanos alguna forma de refugio que contribuya a superar la dramática realidad planteada.

Montevideo, 23 de agosto de 1994.

Enrique Rubio, Leopoldo Bruera, Danilo Astori, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Carlos Cassina, Carlos Bouzas, Hugo Batalla, Alberto Zumarán. Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR RUBIO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO. - Como es de conocimiento de todos los señores senadores, hay una circunstancia planteada que afecta a la situación política del país y a muchos ciudadanos. Están en juego muchos elementos de orden jurídico, político, emocional y humanitario. Al mismo tiempo, existe un estado de sensibilidad colectiva o, por lo menos, de importantes corrientes de opinión, en relación a este problema. Además, hay decisiones judiciales en materia de extradición y otros valores en juego, que tienen que ver con un orden humanitario.

Hemos pensado, junto con otros señores senadores, que resultaba imprescindible que el Senado de la República, de alguna manera, no fuera ajeno a esta circunstancia que afecta a nuestra colectividad y que realiza alguna contribución para buscar una salida a esta situación por medio de la cual se salvaguarde...

SEÑOR PRESIDENTE. - Disculpe, señor senador. La Presidencia, quizás porque estuvo unos momentos fuera de Sala, ha cometido algunos errores, que no tienen inconveniente en reconocer. Además, con todas estas mociones de urgencia y de reconsideración, hemos llegado a un terreno de cierta confusión.

El tema es el siguiente. Se votó afirmativamente la reconsideración, lo cual permite votar la moción para que se declare urgente la consideración del asunto.

En primer lugar, la moción de reconsideración se había votado negativamente y el señor senador Ricaldoni solicitó su rectificación, luego de haber escuchado el fundamento de voto de la Presidencia. En esa instancia, resultó afirmativa la votación por la reconsideración, es decir la posibilidad de volver a considerar la moción de orden. En este momento, entonces, debemos tomar una decisión acerca de la moción de orden, mediante la cual se declararía urgente la consideración del proyecto de declaración.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que se lea nuevamente el texto del proyecto de declaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase nuevamente el proyecto de declaración presentado por varios señores senadores.

(Se lee:)

"PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la República, en relación con la situación de los ciudadanos vascos que se encuentran en huelga de hambre internados en el Hospital Filtro de la ciudad de Montevideo, con serio riesgo para sus vidas, manifiesta, por razones humanitarias y sin ingresar en consideraciones de naturaleza filosófica, moral, política o judicial vinculadas con la situación de estas personas en su país de origen, su convicción política -y así lo hace saber- al señor presidente de la República Dr. Luis A. Lacalle, de que deben ser extremados los esfuerzos por parte del Poder Ejecutivo a fin de que se les conceda a estos ciudadanos alguna forma de refugio que contribuya a superar la dramática realidad planteada".

-Se va a votar si se declara urgente la consideración del proyecto de declaración.

(Se vota:)

-13 en 19. Negativa.

Por vía de fundamento de voto, la Presidencia desea expresar que ha votado afirmativamente porque considera que el problema, desde el punto de vista de quienes lo plantean, sin duda es urgente. Esto no quiere decir que quien habla fuera a votar en forma afirmativa el proyecto de declaración, ya que respecto al fondo del asunto su posición es distinta, por razones jurídicas.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: nosotros hemos propuesto y votado afirmativamente esta resolución porque entendemos que la situación que se está viviendo en el país -a mi juicio no creada por él- ha generado angustia en un sector muy importante de la población, y los legisladores somos sus representantes. Más allá de las consideraciones de carácter político, filosófico, metodológico, etcétera, corresponde analizar el asunto desde el punto de vista del Uruguay, y de esa forma poder ayudar al señor presidente de la República a encontrar una solución que resulte satisfactoria para el conjunto de la población.

En lo personal, lamento que no hayamos podido siquiera comenzar a discutir este tema, porque me hubiera gustado mucho que, por ejemplo, en el cambio de opiniones con el señor presidente, llegáramos a la conclusión de que algo podíamos hacer los uruguayos para calmar la conmoción interna que vive el país y que se ve intensificada en la población por la posibilidad de la muerte de tres señores que no son ciudadanos uruguayos.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: seguramente, mi voto coincide con el suyo en cuanto a su sentido. He votado afirmativamente la rectificación y la urgencia porque considero que éste es un tema que ha creado un estado de inquietud y conmoción públicas que no podemos ignorar en el Senado. Asimismo, concuerdo con el señor senador Rubio en cuanto a que se trata de un problema que nos atañe a todos y que afecta nuestra sensibilidad. No obstante, al igual que el señor presidente, quiero decir con total franqueza que me he quedado en Sala para decir públicamente que discrepo con este proyecto de resolución. En realidad, no estoy de acuerdo en que estos temas se analicen -tal como se ha dicho- como si el punto de vista del Uruguay debiera ser el de no tener en consideración aspectos políticos y jurídicos que estimo fundamentales, porque ellos integraron e integran una práctica invariable del país.

En primer término, digo que el Uruguay no puede ignorar las obligaciones internacionales asumidas. Existe un Tratado de Extradición entre Uruguay y España, que data del siglo pasado, y que trata de situaciones como la que motiva este proyecto de resolución. No obstante, sin duda alguna, el Tratado deja bien en claro que cierto tipo de delitos, de imputaciones referidas a ellos, no permiten otra cosa que cuidar de que se rodee de las máximas garantías los procedimientos correspondientes a las extradiciones que se soliciten. Esto es así guste o no, duela o no, ya que no podemos ignorar las obligaciones internacionales asumidas.

En segundo lugar, quiero decir que estos delitos sólo son políticos desde cierto punto de vista. Pertenecen al tipo de los que todo el derecho internacional, desde los Tratados de 1889 y 1890 hasta los suscritos por nuestro país, últimamente, todos ellos, excluyen al delito terrorista, de aquellos delitos de carácter político que dan mérito al estilo y, por ello, a la negativa para conceder la extradición.

Por otra parte, señor presidente, no creo que desde el punto de vista uruguayo sea bueno adoptar una resolución que, directa o indirectamente, parecería querer dar a entender que si se accede a estas extradiciones, los extraditados caerían en manos de una justicia que no sería tal, dentro de un Estado que tampoco sería de derecho. En realidad, precisamente, la justicia española es independiente, y España es un Estado de derecho. Personalmente, comprendería este tipo de preocupaciones si quien está solicitando la extradición fuera un gobierno dictatorial, como algunos de lo que aún quedan en el mundo y que, en determinados casos, no están tan alejados geográficamente de nosotros. Entendería el proyecto si fueran personas que van a ser juzgadas breve y sumariamente, en una plaza pública, sin ningún tipo de garantías. Obviamente, no es esto lo que ocurre en España.

Finalmente, señor presidente, deseo expresar que comprendo esta angustia a que se ha hecho referencia, pero también creo que habría que entender las angustias generadas, frecuentemente, a las víctimas directas de delitos de este tipo y a la sociedad a la que pertenecen, lo que, a veces, inexplicablemente, pasa a un segundo plano o no se tiene en cuenta.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor presidente: creo que lo que hemos votado, en realidad, es que no se considerara urgente este proyecto que se ha hecho llegar a la Mesa y que específicamente apunta a emitir una declaración con determinado contenido y forma. Ese es el alcance que hemos dado a nuestro voto negativo. Aclaro que con esto quiero decir que si el Senado planteara tratar la situación de los ciudadanos vascos que se encuentran realizando una huelga de hambre, internados en el Hospital Filtro de la ciudad de Montevideo, no nos negaríamos a acompañar la iniciativa. Es decir que respaldaríamos el título pero no el contenido; esa es la posición que queríamos dar a conocer.

Reitero que hemos votado negativamente por el sentido de lo que plantea esta resolución, pero no nos negamos a la posibilidad de que el Senado trate el tema, ya que si así lo desea, estamos dispuestos a considerar el asunto, pero sin emitir una declaración que exprese la dirección que debe tomar el Cuerpo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor presidente: antes de votar afirmativamente la urgencia, pedí que se leyera el texto de la declaración en el entendido de que, en primer término, es obvio que se trata de un tema urgente, cualquiera sea la posición que se sostenga al respecto.

En segundo lugar, entiendo que sólo contiene una especie de exhortación al Poder Ejecutivo, que no implica violar los compromisos internacionales que el país ha acordado, ni pasar por encima del ordenamiento jurídico nacional. No es otra cosa que una urgencia al Poder Ejecutivo de que, frente a la situación dramática que viven determinadas personas, en los términos razonables en que lo permita el ordenamiento jurídico -tanto a nivel nacional como internacional- encuentre alguna forma de protección inmediata a la vida de estos ciudadanos.

En síntesis, creo que se trata de una declaración que no comprometía opinión sobre la ideología de las personas ni los actos que ellas puedan haber cometido. No exhortaba a violar el orden jurídico nacional ni los compromisos internacionales. Simplemente, exhortaba al Poder Ejecutivo a buscar soluciones que evitaran un desenlace inmediato que, obviamente, ninguno de nosotros considera que sea aceptable.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Las palabras pronunciadas por el señor senador Pereyra me ahorran gran parte del fundamento de voto que iba a expresar.

Por lo tanto, me referiré a un aspecto que no es de fondo, aunque sí es muy claro e inequívoco. El Senado no votó en contra de una declaración ni de su contenido, sino que se trata en forma urgente el tema. Eso fue lo que la Presidencia sometió a votación. Si el resultado hubiera sido afirmativo, todos los señores senadores hubieran podido realizar cambios en la declaración, hacer incorporaciones o votar en contra de dicha declaración y proponer otra. No se trata de considerar que por razones de compromiso internacional, de derecho o por la naturaleza de los delitos cometidos por los tres vascos que están haciendo huelga de hambre, se votó negativamente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha votado. Lamentablemente, aquí se votó en contra de tratar como urgente el tema, no una declaración que no admitiera cambios. De haber resuelto afirmativa la votación, todos hubiéramos podido discutir la declaración, algunos estarían de acuerdo, otros no, y se darían fundamentos a favor o en contra.

Por otra parte, la discusión hubiera resultado sumamente útil, ya que hubiéramos tenido la oportunidad de fijar posición. Como acaba de señalar el señor senador Pereyra, no suponía ninguna complacencia con el violentismo, con la ETA militar, ni con la ideología de las personas involucradas. Simplemente, frente a un problema grave y urgente que ha conmovido a la opinión pública del país en un porcentaje altísimo, el Senado declaró -por razones políticas como se ha mencionado- que exhorta a que se trate de buscar una solución a una situación dramática. Reitero que el Senado votó en contra de que el tema se considerara como urgente en el día de hoy.

SEÑOR RUBIO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO. - Brevemente, deseaba expresar que hago míos el fundamento de voto del señor senador Pereyra y las consideraciones del señor senador Korzeniak. Además, quisiera manifestar que me resulta un tanto inexplicable que el Senado de la República, dadas las circunstancias que se viven en el país, se haya negado a ingresar en el debate del tema cuando no se trataba de una propuesta, sino de un asunto que, a mi juicio, angustia a gran parte de nuestra sociedad.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Abundando en lo que decía mi compañero de Bancada el señor senador Korzeniak, y lo que expresó el señor senador Pereyra, señalo que no comparto la forma en que se argumenta el no tratamiento como urgente de este problema que es grave y urgente, porque hay tres vidas en juego, así como una población que está angustiada y preocupada por ellas.

No se puede pensar que por el hecho de que analicemos el tema desde el punto de vista del Uruguay, estamos pasando por alto todos los compromisos que mantenemos con los demás países. Cada vez que un gobierno estudia un tema, lo hace desde el punto de vista de los intereses de la población a la que representa. Si parece alocado pedir alguna forma de refugio para los tres ciudadanos involucrados, a los efectos de impedir una muerte que parece inevitable, debemos tener en cuenta que estamos considerando el problema en un momento en que sabemos que el gobierno español -que es el que pide la extradición de los tres ciudadanos vascos- está negociando con la ETA en Madrid, Bilbao, el sur de Francia y Argelia. Es más; quienes nos hemos preocupado un poco por estos temas sabemos que los 17 ciudadanos vascos de los que se pidió la extradición llegaron a nuestro país como consecuencia de una negociación entre el gobierno español y la ETA, en la que se ponía como condición que fueran a algún lugar de América Latina, preferentemente Venezuela. Ellos eligieron el Uruguay.

Otras consideraciones de carácter político, enfrentamientos y avatares de la vida política española, trajeron como consecuencia que esto lo heredáramos nosotros. Cuando digo que tenemos que analizar el problema desde el punto de vista del Uruguay, de su población y de la gente que está angustiada, quiero significar que debemos tratarlo teniendo en cuenta a quiénes representamos nosotros y a quiénes representa el Poder Ejecutivo. En este sentido, en materia política siempre existen salidas que pueden brindar la paz interior que necesitan los uruguayos que están viviendo esta angustia.

No sé cual es el mejor texto, pero sí tengo claro que la preocupación y el tratamiento de este tema como urgente es lo que estaban esperando hoy los uruguayos.

SEÑOR RAMIREZ. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Brevemente, quisiera fundamentar nuestra posición. No hemos votado afirmativamente, sino negativamente la consideración del proyecto de declaración como urgente. No lo hicimos porque consideráramos que no era seria la situación en que se encuentran los tres ciudadanos vascos que han tomado la decisión personal de realizar una huelga de hambre llegando a condiciones muy riesgosas para su salud, ni porque pensáramos que no existe por parte de algunos integrantes de la sociedad uruguaya una manifiesta voluntad de apoyar a dichos ciudadanos para que no sean extraditados. La consideración de la cuestión no tiene que ver solamente con una situación de hecho, sino con las medidas propuestas para resolverla.

No nos cabe duda de que leyendo el texto de la declaración, se puede constatar que el Senado como órgano legislativo no tiene competencia alguna para incursionar en una cuestión que corresponde al Poder Judicial fundamentalmente. Me refiero al reconocimiento de que no tiene facultades, potestades, habilidades ni condiciones para procurar dar una solución a lo que se plantea como urgente, en la medida en que la declaración, con prescindencia de consideraciones de naturaleza filosófica, moral, política o judicial -creo que el Senado nunca podría prescindir consideraciones de esa naturaleza- plantea su convicción política de que se brinde a estos ciudadanos alguna forma de refugio, sin la más mínima precisión desde el punto de vista jurídico en cuanto a cuál es el instrumento por el que, a través de una declaración del Senado, se podría resolver un problema de hecho y jurídico que estuvo en manos del Poder Judicial y, de acuerdo con tratados que hemos firmado, debemos cumplir. Hemos votado negativamente porque nos resultó muy claro que el instrumento por el cual se pretendía dar solución a la cuestión de la huelga de hambre de los ciudadanos vascos y su eventual remisión a España, en cumplimiento de un mandato de extradición ordenado por la justicia con todas las garantías del debido proceso, no tiene viabilidad de acuerdo con el proyecto de declaración que se ha propuesto.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor presidente: es natural y obvio que hayamos votado afirmativamente la consideración del asunto como urgente, por cuanto somos firmantes del proyecto de declaración propuesto al Senado. Por nuestra parte, esto no fue más que la ratificación de un planteo y un petitorio que formulamos hace ya algún tiempo 52 legisladores, en una situación mucho menos dramática que la actual, y en un momento en el que reivindicábamos para Uruguay la aplicación de un principio o instituto auténticamente latinoamericano, que tiene una larga y prestigiosa tradición en la región y también en nuestro país. Me refiero al derecho de asilo.

En mi opinión, la declaración no pretende crearle ningún tipo de problema al gobierno; más aún, pienso que esta cuestión es de gran significación ya que existen vidas que están en peligro, más allá de la condición particular de estos ciudadanos vascos. Pienso que todo eso impone la preocupación del Senado.

Entendemos que, en lo que hace a este tema, la responsabilidad no debe ser asumida por el gobierno, sino también por todo el espectro político nacional, y a ello tiende esta declaración. En lo personal, desde el punto de vista político, jamás le haría el Estado español la ofensa de expresarle que no se le entregan determinados ciudadanos españoles de origen vasco porque no hay garantías para ellos. Realmente, creo que esto sería una ofensa terrible para un Estado democrático; de ninguna manera pienso que se le puede plantear algo de tal naturaleza, y tampoco creo que se deba hacer eso en relación con la justicia del Estado español.

Personalmente, pienso que existiría otra solución. El derecho de asilo no es para todos. Resultaría muy extenso hablar sobre cómo nace este instituto y cómo se desarrolla en América; a partir de 1930 cambia su naturaleza, apareciendo en cierto sentido más condicionado. De cualquier manera, pienso que se trata de un instituto que debemos reivindicar. No creo que siempre se deba aplicar el derecho de asilo, pero sí pienso que todos debemos sentir que de algún modo también Uruguay está obligado responder en la misma forma en que lo hizo el mundo a aquéllos que un día debieron abandonar el país.

Por estas razones, considero que algún día el Parlamento -concretamente, el Senado- deberá discutir sobre este tema, tal vez no con el objetivo preciso de emitir una declaración, por ejemplo, sino para examinar el procedimiento de extradición. Como es sabido, éste no es exactamente igual en nuestro país que en Europa. Aquí, es estrictamente jurisdiccional; en cambio, en España, tiene carácter mixto entre jurisdicción y poder político. Todo esto deberá ser discutido en profundidad. Es posible que este tipo de instituto esté siendo revisado hoy en todo el mundo; de todos modos, considero que nosotros también tenemos que sentir que él significa la guarda, para nosotros prioritaria, de la vida humana.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - En mi opinión, el hecho de votar la moción de urgencia era inseparable del de asumir la consideración del tema de fondo.

En lo personal, pienso que el Senado hubiera hecho bien en votar la urgencia del tratamiento de esta cuestión.

Quiero decir que quienes firmamos este proyecto de resolución -por lo menos, en lo que a mí respecta- lo hicimos por dos motivos: uno humanitario y otro político. En lo que refiere al primero de ellos, creemos que a raíz de las consideraciones que se han hecho, del trámite que se ha dado a la situación de los ciudadanos vascos que ingresaron al país -habiendo sido detenidos y procesados debido a los mecanismos que utilizaron- y de la solicitud de extradición, se ha creado una situación difícilmente manejable para el gobierno que, en última instancia, se ha transformado en un problema humano. Aquí está en juego la vida de estas tres personas. Se trata, pues, de un problema muy delicado que tiene también repercusiones políticas.

Como saben los señores senadores, quien habla ha vivido muchos años en España y ha asistido al desarrollo de las prácticas políticas del grupo al que presuntamente pertenecen las personas que están involucradas en esta cuestión. Como es de conocimiento público, rechazo ese tipo de prácticas porque me parecen violatorias de los derechos humanos. Claramente, digo que en mi opinión, en España hay caminos para el reencuentro de todos y para dar solución a los problemas políticos por vías pacíficas. Sin embargo, pienso que también que el propio gobierno español ha encontrado vías -tal como lo señalaba el señor senador Bouzas- para la negociación y ha puesto en práctica mecanismos por los cuales ciudadanos españoles que estaban residiendo en otro país fueron detenidos y llevados a terceros países, a los efectos de poder entablar negociaciones destinadas a dar solución al conflicto.

Naturalmente, si el señor senador Ramírez me pide precisiones jurídicas, debo decirle que se me ocurrió el término "refugio" a los efectos de no hablar directamente del asilo. De la misma manera, el abogado defensor habló de demorar la extradición, cosa que nunca había oído. De lo que se trata es de encontrar la manera de que el conflicto no se agrave y de que nuestro país no quede involucrado del modo en que probablemente lo hará. Reitero que no queríamos crearle al Poder Ejecutivo ninguna situación difícil. Al contrario; pretendíamos facilitar el camino a los efectos de que pudiera encontrar una vía que permita dar solución a este tema sin generar más problemas políticos a nuestro país y a España.

En consecuencia, es por estas razones humanitarias y políticas, que acompañé con mi firma el proyecto de declaración. El problema que existe en España nos duele a todos los uruguayos y pienso que la mejor manera de actuar en relación con él es operar desde el punto de vista político con inteligencia y con voluntad de alcanzar soluciones, más allá de las dificultades jurídicas que puedan existir.

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Seré muy breve, porque ya han hecho uso de la palabra varios señores senadores con los cuales coincido.

Creo que la situación es un poco delicada. Además de las razones humanitarias que se han señalado en lo que respecta a este asunto, creo que debemos considerar el aspecto político, es decir, la situación que podría generarse en el Uruguay si esto se agrava. Nuestro país, concretamente, el Poder Ejecutivo, heredó este conflicto y, en mi opinión, lo más saludable sería que se manejara con todo el espectro político uruguayo, es decir, que tuviera el respaldo de todos, ya que se hace necesario encontrar una salida.

Sinceramente, lamento la votación producida en el Senado. Creo que el tema no pasa por la declaración que hemos firmado algunos señores senadores, sino por el esfuerzo de todos para ver cómo hacemos para quitar -pido excusas por el término popular que voy a utilizar- "el Jesús en la boca" que tiene todo el mundo.

Mi deseo es -lo digo con total franqueza- que no se complique en absoluto la vida de la gente y que, por ende, busquemos una solución a esta situación tan angustiante que está viviendo la población.

25) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Es, simplemente, para formular moción en el sentido de que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción que acaba de presentar el señor senador Alonso Tellechea.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 26 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez, y estando presentes los señores senadores Alonso Tellechea, Astori, Batalla, Blanco, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gargano, Grenno, Korzeniak, Pereyra, Raffo, Ramírez, Ricaldoni, Rubio y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Dn. Mario Farachio Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.