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Nº 330 - TOMO 361 - 6 DE JULIO DE 1994

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

25ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA Primer Vicepresidente

y el  ARQUITECTO MARIANO ARANA Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GUILLERMO FACELLO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y9) Solicitudes de licencia

- La formula el señor presidente del Senado, doctor Aguirre Ramírez, entre los días 19 y 30 del corriente.
- Concedida.
- La formula el señor senador Batalla, por diez días.
- Concedida.

5) «Encuentro Nacionalista y Herrerista». Nuevo sector parlamentario

- El señor senador Juan Carlos Raffo comunica que a partir del día de la fecha declara constituido un nuevo sector parlamentario independiente, dentro del Partido Nacional.

6) Alfredo Vázquez Acevedo. Sesquicentenario de su nacimiento

- Exposición del señor presidente del Senado, doctor Aguirre Ramírez.
- Se resuelve, por moción del señor presidente, remitir la versión taquigráfica de sus palabras a los familiares que viven en nuestro país y al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.

7) Cuarto intermedio

- Se resuelve, por moción del señor senador Cassina, realizarlo hasta que finalice la Asamblea General.

8, 10, 14 y 16) Complejo pesquero ASTRA S.A. Intervención del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley

- Continúa la discusión general.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.
- Fundamento de voto de varios señores senadores.

11) Denuncias de presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado. Comisión Investigadora

- Se resuelve, por moción del señor senador Alonso Tellechea, ampliar el plazo para expedirse hasta el día 20 del corriente.

12) Pedido de informes

- Se resuelve, por moción del señor senador Arana, que el Senado reitere el remitido al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la liquidación de sueldos de docentes dependientes del Consejo de Educación Primaria.

13) Dopaje deportivo. Normas. Proyecto de ley

- Se resuelve, por moción del señor senador Jude, incluirlo en el orden del día de la sesión ordinaria del día 13 del corriente.

15) Término de la sesión

- Se resuelve, por moción del señor senador Gargano, prorrgar la sesión hasta culminar el tratamiento del proyecto de ley relativo al Complejo Pesquero ASTRA S.A. y el que figura a continuación, relacionado con modificaciones a disposiciones relativas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

17) Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Se modifican disposiciones relativas a su estructura, funcionamiento y beneficios. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Sesión extraordianria

- Se resuelve, a solicitud de varios señores senadores, realizarla el día martes 12 del corriente para considerar el tema "Presente y futuro del Uruguay dentro del MERCOSUR".

19) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 5 de julio de 1994.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 6, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir la empresa ASTRA S.A.

(Carp. Nº 1491/94 - Rep. Nº 834/94 - Anexo I).

2º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifican disposiciones relativas a la estructura, funcionamiento y beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

(Carp. Nº 1477/94 - Rep. Nº 835/94).

3º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 44 de la ley Nº 15.921, referente a la explotación de las Zonas Francas de Nueva Palmira y Colonia.

(Carp. Nº 1317/94 - Rep. Nº 738/94 y Anexo I).

4º) Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5º) Por el que se reglamenta el ejercicio de la profesión de Tecnólogo Médico.

(Carp. Nº 994/92 - Rep. Nº 829/94).

6º) Por el que se designa con el nombre «Dr. Alfredo Sanjuan Suárez» al Hogar de Ancianos del Centro Auxiliar de Salud Pública de Sarandí Grande.

(Carp. Nº 1166/93 - Rep. Nº 825/94).

7º) Por el que se designa con el nombre «Doctor Juan Bautista Dellepiane» al Subcentro de Salud de Villa Tranqueras.

(Carp. Nº 1355/93 - Rep. Nº 826/94).

8º) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se declara de interés legislativo el Primer Encuentro Regional de Taquígrafos Parlamentarios.

(Carp. Nº 1493/94 - Rep. Nº 833/94).

9º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al general en situación de retiro Dardo E. Grossi como integrante del Supremo Tribunal Militar.

(Carp. Nº 1443/94 - Rep. Nº 817/94)

10) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence el 28 de julio de 1994). (Carp. Nº 1451/94 - Rep. Nº 796/94).

LOS SECRETARIOS».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Ache, Alonso Tellechea, Astori, Batalla, Besozzi, Bouza, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gamarra, Gargano, González Modernell, Grenno, Irurtia, Jude, Librán Bonino, Millor, Pérez, Pozzolo, Raffo, Ramírez, Ricaldoni, Santoro, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Amorín Larrañaga, Belvisi, Blanco y Korzeniak; con aviso, el señor senador Silveira Zavala; y, sin aviso, el señor senador Hackenbruch.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 6 de julio de 1994.

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando que ha designado como Miembro del Directorio de la Administración Nacional de Puertos al doctor José Luis Arechavaleta.

-Téngase presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

Del Banco Central del Uruguay - relativo a los Estados de Situación en moneda nacional y extranjera y Estado de Resultados en moneda nacional, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1992.

De la Administración Nacional de Telecomunicaciones - relativo al Estado de Ejecución Presupuestal correspondiente al período enero - junio de 1993 y al Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y el Estado de Flujo de Caja por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1992.

y del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública - relativo al Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1992.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje comunicando la promulgación del proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el gobierno de la República y el gobierno de la República Popular China.

(Carp. Nº 1260/93)

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los proyectos de ley:

por el que se designa con el nombre «Aurora Lima Ipar» la Escuela Rural Nº 7, del departamento de Flores;

y por el que se designa con el nombre «Escribano Antonio María Sarachu» la Escuela Nº 115, Jardín de Infantes, de la ciudad de Carmelo.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la próxima sesión del Senado.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley, por el que se aprueban los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales».

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia del presidente del Senado.

(Se da de la siguiente:)

«El señor presidente del Senado, doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, solicita licencia entre los días 19 y 30 de julio».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 6 de julio de 1994.

Señor Primer Vicepresidente
de la Cámara de Senadores
Profesor Carlos Julio Pereyra

Por la presente vengo a solicitar licencia al cargo de Vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea General y del Senado, por el período comprendido entre el 19 y el 30 de los corrientes, por motivos personales y con arreglo al artículo 1º de la ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Hago propicia la oportunidad para saludarle con mi más distinguida consideración.

Gonzalo Aguirre Ramírez. Presidente».

-Se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

5) «ENCUENTRO NACIONALISTA Y HERRERISTA». Nuevo sector parlamentario.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una nota enviada por el señor senador Raffo.

(Se da de la siguiente:)

«El señor senador Raffo comunica que a partir del día de la fecha se declara constituido en sector parlamentario independiente dentro del Partido Nacional, cuya denominación será ‘Encuentro Nacionalista y Herrerista’».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 6 de julio de 1994.

Sr. presidente de la
Cámara de Senadores,
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

Cúmpleme comunicar a usted, que a partir del día de la fecha, me declaro constituido en Sector Parlamentario Independiente, dentro del Partido Nacional, cuya denominación será «Encuentro Nacionalista y Herrerista».

Por lo que solicito a usted, sea tenida en cuenta la misma a los efectos que correspondan.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Juan Carlos Raffo. Senador».

6) ALFREDO VAZQUEZ ACEVEDO. Sesquicentenario de su nacimiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

En primer lugar, estaba anotado el señor senador Pozzolo, que no se encuentra en Sala. Como toda regla tiene su excepción, la Presidencia solicita hacer uso de la palabra en la hora previa.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor presidente del Senado.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Señor presidente: el próximo viernes 8 de julio se cumple el sesquicentenario del nacimiento de uno de los hombres más eminentes que hayan transitado por la vida pública del país. Me refiero al doctor Alfredo Vázquez Acevedo, nacido el 8 de julio de 1844 en Buenos Aires, como tantos otros prohombres de nuestro escenario político, en virtud de los azares de las luchas fratricidas que aquellos tiempos imponían a las familias patricias del Uruguay, que iba consolidando su existencia como nación soberana.

Los biógrafos narran que su padre -cito de memoria- que creo se llamaba José Vázquez Fernández, lo envolvió en el pabellón nacional, luego de que su señora -hermana del codificador Eduardo Acevedo- lo diera a luz.

Pocos años más tarde, pasaron a residir en Montevideo. Su padre falleció y se crió al lado del ilustre jurisconsulto, Eduardo Acevedo, que fue su tío, por quien profesaba -según escribió en sus memorias- un afecto y un respeto que no dejarían de estar presentes en su espíritu hasta el último de sus días.

Actuó en la vida pública del país sin un solo respiro, sin una sola pausa, prácticamente durante sesenta años. Se destacó en todas las actividades que abordó, que fueron múltiples, variadas y todas ellas de extraordinaria trascendencia. Recibido de abogado en sus años juveniles, actuó en la Magistratura como fiscal severo e imparcial, inmune e impermeable a las presiones de los gobiernos de fuerza que existían en aquellos tiempos en que llevó a cabo esta actividad.

Desde muy joven se destacó como una de las personas con mayores inquietudes, conocimientos y realizaciones prácticas en el campo de la enseñanza pública, en una época en que ésta se desarrollaba con múltiples dificultades en nuestra sociedad.

Fue fundador, junto con José Pedro Varela, Carlos María Ramírez y otros ilustres ciudadanos de la época, de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, en 1868.

Era cuñado de José Pedro Varela y éste era casado con una prima suya. Hermano dos veces de él -dice Irureta Goyena- por la ley y por la sangre, fue uno de sus más ilustres colaboradores y, no obstante su notable capacidad intelectual, no vaciló en realizar una tarea que parecería destinada a espíritus de menor profundidad y hondura en sus conocimientos y en su grandeza espiritual. Fue él quien escribió los primeros libros de lectura para niños que, en aplicación de la reforma vareliana, se utilizaron en nuestro país durante varias décadas.

En el año 1880, llevado por una correntada vigorosa de renovación del espíritu y de las tendencias imperantes en la Universidad de aquella época, el positivismo materialista, corriente de la cual era abanderado el doctor Alfredo Vázquez Acevedo alcanzó el rectorado de la Universidad, cargo que desempeñó casi sin interrupciones hasta 1899. Sólo por muy breve período fue sustituido por el doctor José Pedro Ramírez y, una década más tarde, durante un año, por el doctor Pablo de María.

Su accionar fue realmente removedor en todos los aspectos y puede decirse que la Universidad, con el desarrollo que cobró y con el que se la conoció, con la diversidad de carreras y Facultades que caracterizaron el primer cuarto del siglo que está por terminar, fue la obra de este rector inolvidable y de notable capacidad y perseverancia en la consecución de sus afanes.

Vázquez Acevedo atendía dos cátedras, presidía las mesas de exámenes, designaba a los catedráticos de todas las materias en todas las facultades, constituyendo el centro de la vida universitaria. En homenaje a esa actuación sin par, la Universidad, con la brevedad que solamente puede aplicarse a los grandes espíritus, definió en una sola palabra, en un busto que está colocado en el pasillo central del edificio donde funciona la Facultad de Derecho y el Consejo Central Universitario, la personalidad de este ilustre ciudadano. Allí se puede leer, simplemente: «Alfredo Vázquez Acevedo. Rector. 1880 - 1899». Con eso está todo dicho.

En ese último año ingresó al Senado de la República. En alguna oportunidad en este Cuerpo que, al ocupar su banca, se trazó como programa de acción -palabras más o menos- esta consigna: «Actuar siempre dentro de la Constitución y la ley, defendiendo los intereses generales sin preocuparme en absoluto de si al hacerlo puedo favorecer o perjudicar a mi partido político o a algún sector determinado de la sociedad».

Vázquez Acevedo fue un gran senador, así como también, años más tarde, un gran diputado y presidió la Asamblea Constituyente de 1917, en debates memorables, con ecuanimidad y severidad. Recuerdo haberle oído decir al doctor Luis Lorenzo y Deal, en el salón de fiestas del Palacio Legislativo, en un acto que se celebró al cumplirse 70 años de la jornada del 30 de julio de 1916 -día en el cual se ejerció por primera vez el voto secreto en el país y se eligió a la Asamblea General Constituyente, que dio cima a la obra de reformar la Carta de 1830- que los estudiantes concurrían al Paraninfo de la Universidad, donde aquélla sesionaba, escuchándolo con un respeto y una admiración sin límites por su figura.

Cuando la Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente, en el acto de clausura de sus sesiones, él expresó que tenía algunos reparos de orden doctrinario con respecto a la obra que se había realizado. Pero, como lo había dicho Benjamín Franklin cuando se concluyó la obra fundacional de la Constitución de los Estados Unidos de América, deponía en ese instante  todas sus salvedades y discrpancias para inclinarse reverente ante la obra de los representantes del soberano y transformarse en el primer defensor de la Constitución que éstos había sancionado.

Se premiaron sus tantos años de servicio al país llevándolo, casi octogenario, al primer Consejo Nacional de Administración, donde, con su salud quebrantada, siguió siendo una figura rectora, un hombre de consejo y un ciudadano que ilustró siempre los debates de todos los cuerpos que integró, con una sabiduría y ecuanimidad prácticamente sin límites.

Cuando Vázquez Acevedo fallece, en julio de 1923, en el salón de entrada de la Universidad de la República lo despide el doctor José Irureta Goyena y en una parte de su oratoria, dice: «Un respeto subyugante, avasallador, se desprendía como un efluvio misterioso de toda su persona. Lo sufrían por igual los que lo conocían y los que no lo conocían. Los azares de la vida lo llevaron una vez a exponer ante un alto tribunal de Inglaterra el alcance de un texto legal uruguayo. Se expresaba en inglés, lengua que conocía como la suya propia, y los jueces lo oían con gran recogimiento. Todavía no hacía un cuarto de hora que hablaba cuando el abogado que  había obtenido su comparecencia, acercándose al oído de su cliente, le dijo estas palabras: 'Su causa está ganada. Los jueces han sentido como yo el ascendiente que emana de la palabra y del empaque de este hombre. Habla como un magistrado y tiene la apostura de un soberano inglés’.

Tantos años de labor y de fatiga sólo le forjaron un patrimonio modesto, de pequeño rentista. Los hombres virtuosos que en este país amalgaman sus intereses con los intereses públicos, les prenden fuego a sus propios intereses. No le faltaba nada, sin embargo. Esos bienes le bastaban para cubrir ampliamente sus necesidades someras de viejo patricio y de vástago de una familia cuyos miembros llevaron siempre las joyas por dentro, presumiendo sólo de su cultura e hidalguía, haciendo gala sólo de sus galas espirituales».

Con ser mucho, no fue sólo eso el doctor Vázquez Acevedo, sino que también fue hombre de partido y presidió varias veces el Directorio del Partido Nacional. Fue también fundador de «La Democracia», en 1872, pero creo que su figura estaba absolutamente por encima de los partidos. Y hoy, a un siglo y medio de su nacimiento, me parece que debemos recordar su ejecutoria límpida, cristalina y ejemplar en el Senado de la República. Fue un eminentísimo ciudadano y un gran patriota.

Solicito, señor presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a sus familiares, nietos y bisnietos, que viven en nuestro país, y al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar el trámite solicitado por el señor presidente del Cuerpo.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - La Presidencia comunica al Cuerpo que la Asamblea General está convocada para sesionar a la hora 16 y 30, por lo que el Senado debería pasar a cuarto intermedio.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio hasta finalizada la sesión de la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Según tengo entendido, la Asamblea General se reúne a los efectos de dar ingreso a los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo y el procedimiento igual se verifica aunque no haya quórum.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - De acuerdo con lo que se ha anunciado, la Presidencia puede informar al señor senador que la sesión será muy breve.

El Senado pasa a cuarto intermedio, hasta después de finalizada la sesión de la Asamblea General.

(Así se hace. Es la hora 16 y 27 minutos)

8) COMPLEJO PESQUERO ASTRA S.A. Intervención del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley.

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 16 y 49 minutos)

-El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir la empresa ASTRA S.A. (Carpeta Nº 1491/94 - Repartido Nº 834/94 - Anexo I)».

(Antecedentes: ver 24a. S.O.)

-Continúa la discusión general.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: tal como lo dijimos en una sesión anterior y reiteramos hoy, estamos totalmente de acuerdo para buscar soluciones al tema de ASTRA. Al igual que otros integrantes del Cuerpo, ya hemos señalado que los componentes del sistema político no podemos mirar con indiferencia una situación como la que se ha creado en la zona de Rocha. Más aun -y esto no lo dije yo; creo haberlo leído en las versiones taquigráficas de la Comisión- ASTRA significa mucho desde el punto de vista económico, social y laboral, no sólo para La Paloma y el departamento de Rocha, sino para todo el país, ya que es la única industria realmente importante de la costa atlántica.

Dicho esto, señor presidente, también debo señalar -a modo de adelanto de lo que luego habré de expresar durante mi exposición- que voy a solicitar, al finalizar mis palabras, la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas en representación del Poder Ejecutivo, para tener en el Parlamento -si es posible en el día de hoy- una idea acabada acerca de cuál es el punto de vista del gobierno con respecto a este proyecto de ley y, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el destino de esa fuente de trabajo instalada en La Paloma.

A nadie se le puede escapar el hecho de que este proyecto de ley, en el caso de no contar -una vez aprobado en la Cámara de Representantes y antes, obviamente, en el Senado- con el apoyo del Poder Ejecutivo, puede recibir observaciones en forma total o parcial, y ser vetado sin que sepamos qué destino tendrían luego dichas observaciones cuando se pronuncie al respecto la Asamblea General. De esta manera, estaríamos manteniendo un estado de angustia, de incertidumbre, para las partes involucradas en el tema, fundamentalmente para los trabajadores de ASTRA, así como también para toda aquella gente que sin formar parte de esa empresa, actualmente cerrada, depende en buena medida de su destino.

Por otra parte, señor presidente, quiero decir que, a mi juicio, más allá de las buenas intenciones que tiene, este es un proyecto de ley que no brinda solución a la cuestión vinculada con las fuentes de trabajo ni a lo que puede ser la recuperación de una importante industria de esa zona y también del país.

Más adelante, habré de referirme en concreto a algunas disposiciones del proyecto de ley que me merecen duda en cuanto a su eficacia legal y constitucionalidad. No obstante, antes quisiera hacer algunas referencias, porque esta iniciativa prevé que el manejo de ASTRA corra por cuenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En ese sentido, deseo realizar algunas puntualizaciones con respecto a la forma en que ha actuado dicha Corporación cuando de rehabilitar empresas se ha tratado.

Hasta la fecha, señor presidente, la Corporación Nacional para el Desarrollo participó en otras operaciones que podrían considerarse asimilables o similares a la que este proyecto de ley plantea para la empresa ASTRA; sin embargo, el procedimiento ha sido diferente.

Cabe señalar que en los casos en que ha intervenido la Corporación Nacional para el Desarrollo, las empresas que deseaban ser asistidas, hasta el momento se han presentado en concordato, en proceso de liquidación o de quiebra. Es decir que ha habido un acto inicial, voluntario y libre por parte de la empresa que se presenta solicitando el apoyo de la Corporación. No sabemos si esto habrá de ocurrir con ASTRA, pero de acuerdo con las intervenciones que he escuchado en Sala y ciertas informaciones que hemos recibido, esa posibilidad no se ha concretado hasta el presente ni se han dado señales en ese sentido.

En segundo lugar, en este momento, la Corporación Nacional para el Desarrollo, habiendo -repito- una voluntad expresa del particular en ese sentido, negocia con los acreedores. Si hay un acuerdo con los mismos, podemos señalar que la Corporación forma -como lo ha hecho- una empresa nueva que arrienda instalaciones y gestiona el negocio sin asumir los pasivos anteriores. De esa manera, y dentro de lo posible, se han mantenido a través de la Corporación fuentes de trabajo sin duda muy importantes.

Otra característica del «modus operandi» de la Corporación ha sido el propósito de continuar la explotación mientras avanza el proceso judicial correspondiente, lo que en algunos casos ha demorado bastante y, en otros, todavía está en curso.

En el caso de que haya una liquidación de la empresa, el adquirente será quien compra la maquinaria o la totalidad del negocio; pero todo ello, repito, se efectúa siempre contando con un acto inicial que es la voluntad de la empresa a la que va a asistir, apoyar o reflotar la Corporación. Estos son antecedentes que se pueden recordar y que tuvieron lugar, por ejemplo, en el caso de Molinos y Fideerías del Este, de Santa Rosa, que se presentó a concordato. El molino fue arrendado por la Corporación, que constituyó una empresa denominada «Malaquita S.A.». Al cabo de cuatro años, finalizó el proceso judicial; un particular compró en remate la maquinaria y la Corporación la transfirió a la empresa con todo su personal. Otro caso fue el de Campomar y Soulas S.A., del que tanto se ha hablado últimamente, que en la actualidad está en liquidación y en el que se ha negociado con los acreedores el alquiler de la maquinaria para ser utilizada por una sociedad anónima que comprara la liquidación. La empresa se gestionará por la Corporación hasta el remate, que se realizará al culminar el proceso judicial.

Más allá de las buenas intenciones de los autores de este proyecto, no es éste, señor presidente, el procedimiento a seguir en este caso. Si miramos desde otro punto de vista lo que ha venido ocurriendo a través de intervenciones legislativas de los últimos años, también observaremos que las soluciones son diferentes a las que en este momento estamos considerando.

Cuando hace unos días, los Catedráticos de la Facultad de Derecho concurrieron a la Comisión, se mencionaron -no sé si fue el doctor Cajarville o el doctor Plá Rodríguez, aunque eso es lo de menos- los antecedentes existentes en la materia. Tengo en mi poder esas leyes, y quiero señalar que la primera mencionada en la Comisión fue la que trató los problemas vinculados con los frigoríficos Swift y Artigas, es decir, la Nº 12.542, de 16 de octubre de 1958. Allí está muy claro que medió el acuerdo de las sociedades «Compañía Swift de Montevideo S.A.» y «Frigorífico Artigas S.A.». El artículo 1º expresa: «La transferencia de los establecimientos industriales y demás bienes inmuebles, muebles y derechos pertenecientes a las sociedades ‘Compañía Swift de Montevideo S.A.’ y ‘Frigorífico Artigas S.A.’ que dichas sociedades realicen en favor de sus obreros y empleados, o de la sociedad que éstos puedan constituir, estará exenta del pago de los impuestos a las transferencias de empresas, al Mayor Valor, el Univesitario y de todo otro que grave a dicha clase de operaciones». Es decir que, en ese caso, medió un acuerdo previo de los dueños y en base a eso el Parlamento dictó una ley otorgando determinadas facilidades asegurando, por supuesto, la fuente de trabajo.

Posteriormente, la Ley Nº 13.469, de 27 de enero de 1966, que trató un proyecto, seguramente recordado por los señores senadores, acerca de las empresas Cuopar S.A., Montevideo Wool Import Export S.R.L., Langón S.A. y Nocera S.A., tomó por otro camino. El artículo 1º de dicha ley establece: «Declárase de utilidad pública la expropiación y la ocupación inmediata de los bienes que integran el activo patrimonial de las empresas Cuopar S.A., Montevideo Wool Import Export S.R.L., Langón S.A. y Nocera S.A. por el Estado». Por su parte, el artículo 2º determina que el Poder Ejecutivo gestionará ante el juez competente la expropiación de los bienes de las empresas mencionadas. Esta solución, con variantes en algunos detalles, se aplicó mediante la Ley Nº 13.682, de 11 de setiembre de 1968, al caso de Tacuarembó Industrias Oleaginosas S.A., en el que también se declaró de utilidad pública la expropiación y ocupación inmediata de todos los bienes que integraban el activo patrimonial de dicha empresa, con la novedad de que esta expropiación y ocupación inmediata de todos los bienes que integraban el activo patrimonial de dicha empresa, con la novedad de que esta expropiación se hacía a favor de la Intendencia Municipal de Tacuarembó.

Más adelante, la Ley Nº 13.709, de 27 de noviembre de 1968, referida a Indagro S.A., Palmares de Castillos S.A. y San Carlos S.A., también vuelve a establecer la expropiación total o parcial de los bienes que integran el activo patrimonial de dichas empresas, segùn lo establece su artículo 1º. El artículo 2º de la ley mencionada dice: "El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Industria y Comercio, gestionará la expropiación de los bienes de las empresas mencionadas y la toma urgente de posesión de los mismos". La ley Nº 14.038, de 19 de octubre de 1971, referida al Frigorífico Sudamericano, también contiene una solución de este tipo. Asimismo, la ley Nº 14.142, de julio de 1973, también dispuso la expropiación por parte del Estado del patrimonio de la Compañía del Gas y Dique Seco de Montevideo Limitada y establecía, a diferencia de las anteriores, criterios bastante precisos, en mi opinión, en cuanto a la determinación de la suma a indemnizar a los expropiados.Como se puede ver a través de la práctica parlamentaria, el camino que propone este proyecto de ley tampoco es el que adoptó el Parlamento en oportunidades anteriores. Al efecto, podemos citar el reciente caso de la Compañía del Gas.Ahora bien, quiero referirme a la naturaleza de la intervención de la empresa pesquera ASTRA. Para ello, voy a mencionar algunas de las expresiones del profesor Cajarville, que visitó la Comisión el día 4 de julio de este año. En primer lugar, el profesor Cajarville recuerda algo que es evidente. Si el interventor o la intervención genera beneficios para la empresa, ello corresponderán a la sociedad anónima de que se trate. Asimismo, si la gestión de la intervención general perjuicio, estos recaerán en el patrimonio de la sociedad. Sin embargo, agrega que los daños que la empresa o sociedad anónima sufra como consecuencia de la intervención, en este caso dispuesta por una entidad del Estado, quedarán sometidos al régimen general de responsabilidad del Estado. Entonces, hace un desarrollo de las posibilidades de juicio, ya sea contra el Estado o bien -aunque por motivos jurídicos distintos- a la Corporación Nacional para el Desarrollo, en el caso de que ella se encargara de la gestión de ASTRA. También afirma que para darle un destino diferente a los bienes, nos encontramos con una especie  de, en mi opinión, dilema de hierro sin solución. Cabe aclarar que al cabo de una intervención siempre existen dos posibilidades: el acuerdo con los propietarios o la expropiación. Reitero que más allá de compartir totalmente la inquietud de los autores del proyecto de ley, creo que seguimos sin dar respuesta a las preocupaciones que todos tenemos en este momento.

También quiero decir, señor presidente, que no es fácil determinar los alcances de la intervención que se dispone porque, como todos sabemos, sus potestades dentro de la empresa pueden ser muy diferentes. Si tomáramos, por ejemplo, la vigente ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, sobre sociedades comerciales, vemos que hay funciones que van desde la inspección, verificación e información a través de un veedor, hasta la de un ejecutor de medidas concretas que también podría incluir -aunque la ley no lo menciona- a un interventor recaudador, a un interventor controlador, uno o varios coadministradores que administrarían en conjunto con el o los administradores naturales, y, finalmente, uno o varios administradores que desplazarían provisoriamente a quienes desempeñen tales funciones. El proyecto de ley no define este tema y parece algo forzado sostener que ello supone una latitud tal para el Poder Ejecutivo que pueda decidir por sí y ante sí la naturaleza de esta intervención, en caso de entrar en vigencia.

Deseo señalar que con esta solución se está trabajando para los actuales propietarios de ASTRA porque al cabo de una intervención de este tipo -y no sólo lo dice el doctor Cajarville, sino que se trata de lógica elemental- se deben restituir los bienes a los dueños y si ello no ocurre, será por medio de la expropiación o la disolución o liquidación de la empresa, con destino imprevisible para aquellos bienes, a través de un remate judicial.

De la lectura de las opiniciones de los miembros de la Corporación Nacional para el Desarrollo que asistieron a la sesión que realizó la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el 27 de junio próximo pasado, puedo deducir que no se ve con mucho entusiasmo, sino más bien como una preocupación, la posibilidad de tener que hacerse cargo de ASTRA. El señor González, que es uno de los directores de la Corporación, dice que quizás se podría buscar un mecanismo que permitiera lograr el fin social de reactivar la empresa sin generar la incertidumbre de ese impresionante costo de que se habla. También aclaró que pese a no ser abogado, teme que los empleados puedan efectuar un reclamación al Estado por haber intervenido la empresa. Esta es la misma preocupación que ya expresaba el profesor Cajarville en su visita a la citado Comisión.

El señor González se preguntaba cuáles eran los mecanismos para llegar a una solución con relativa rapidez de manera que las consecuencias sociales sean las menores posibles. A manera de respuesta, él expresaba que este es un tema que deben abordar quienes entiendan que pueden participar en la búsqueda de un solcuión a este problema. Sin embargo, insistía en que es vital la forma en que se produzca la negociación entre los involucrados que son los acreedores, los titulares de las acciones, los trabajadores y quien en teoría puede entrar a un proceso de reconversión de esa fábrica, que podría ser la Corporación Nacional para el Desarrollo. Asimismo agrega que con el actual patrimonio de esta Corporación, no se puede llevar adelante una empresa de la magnitud de ASTRA, que tiene aproximadamente 1.000 enpleados. Naturalmente, esto se relaciona con las normas que en materia de financiación de la operativa correspondiente prevé el proyecto de ley, al que luego me referiré.

Por su parte, el señor Puñales, representante del personal, insistió en la referida Comisión con la pregunta que había efectuado el señor senador Pereyra en Rocha -y ruego al señor senador que me disculpe por la alusión- esto es, quién garantiza que la Corporación Nacional para el Desarrollo dará trabajo a los trabajadores que quieran seguir en la empresa durante un período razonable.

Como todos sabemos, esta Corporación tiene la característica de ser una personal pública no estatal regulada por el derecho privado y no por el público. Obviamente, todos desconocemos lo que pueda ocurrir luego de la puesta en marcha de la operativa prevista en este proyecto de ley. Por lo tanto, si la Corporación se hace cargo de la gestión, nadie puede garantizar el destino de los trabajadores, lo que para todos nosotros significa una preocupación realmente fundamental.

Entonces, señor presidente, ni la práctica previa, ni la opinión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, ni el procedimiento seguido por el Parlamento, ni la preocupación señalada al menos por algunos de quienes concurrieron en nombre del personal a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, nos permiten ser optimistas, si en este tema no se toman algunas medidas que voy a atreverme a proponer.

Creo que es fundamental, antes de que tomemos posición en este asunto, que concurran representantes del Poder Ejecutivo al Senado a manifestarnos cuál es su opinión sobre la situación de la empresa ASTRA, cuál es el grado de preocupación que tienen con respecto a los hechos surgidos en torno al cierre de la misma y qué soluciones proponen -si es que las tienen- para este tema. En tal sentido, se nos podrá decir que dichas soluciones las propone e instrumenta el Parlamento. Sin embargo, frente a una reflexión de este tipo, diría que con una elemental dosis de realismo, nada será posible para beneficio de esta fuente de trabajo del este del país si no cuenta con el apoyo previo del Poder Ejecutivo. Digo esto porque el Poder Ejecutivo puede vetar la ley y luego es bastante difícil imaginarse cuáles son las verdaderas posibilidades de que el Parlamento proceda al levantamiento de ese veto, habida cuenta de que este proyecto de ley, más allá de la loable finalidad que lo ha inspirado -en ello quiero insistir especialmente- no garantiza, en modo alguno, que se solucionen estos problemas; y personalmente creo que ello será así.

Además, si nos detenemos en el análisis del proyecto de ley, teniendo en cuenta que el artículo 1º no nos permite -como ya dije, formarnos una idea clara de cuáles son los alcances de la intervención que se le daría al Poder Ejecutivo -esto no quiere decir que intervenga la empresa- y que la misma implica determinados riesgos que podrían derivar en juicios que, en definitiva, terminarían perjudicando aquellos intereses que estamos tratando de proteger, hay un punto que, a mi juicio, es fundamental y que no se advirtió cuando concurrió a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca la Cátedra de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Al respecto, entiendo que el artículo 3º de este proyecto de ley, si no es inconstitucional, al menos va a dar pie para una larga discusión en la que deberá admitirse que es dudosa la constitucionalidad de un financiamiento efectuado a través de Títulos de Deuda Pública Nacional -como allí se dice- Bonos del Tesoro provistos por el Banco Central del Uruguay, por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Finanzas. Decimos esto porque el numeral 6º del artículo 85 de la Constitución de la República determina que la competencia del Parlamento en esta materia requiere la iniciativa previa del Poder Ejecutivo. Dicho numeral señala: «A la Asamblea General compete: 6º) Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los tres primeros casos, la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara».

Por lo tanto, señor presidente, si a la facultad que significa no conocer la opinión del Poder Ejecutivo, a la de no saber si por este camino se llega a la solución que pretendemos y si tampoco estamos al tanto de lo que se piensa acerca de la constitucionalidad de la norma que financia este operativo previsto en el proyecto de ley, ¿cómo podemos seguir adelante en el tema?

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Puede proseguir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: creo que este tema es de incalculable importancia. Quien habla es uno de los que piensa que hay muchos sectores del aparato productivo del país que están en crisis. Además, debo decir que no sé cuáles son las causas reales de esta situación que atraviesa la empresa ASTRA. En tal sentido, puedo afirmar que conozco varias; algunas, sin duda, estarán vinculadas a la política que sigue el gobierno en esta materia y otras, quizás, se deban a errores de gestión de los propietarios de la empresa.

Insisto en que deben concurrir los representantes del gobierno a darnos su opinión, porque éste no es un tema menor. De lo contrario, sin proponérnoslo, estaríamos engañando al personal de ASTRA que está justificadamente preocupado y angustiado por la situación que atraviesa la empresa, y dentro de uno o dos meses volveríamos a utilizar nuestra sensibilidad, inteligencia o imaginación para buscar una solución distinta a ésta.

Además, entiendo que este tema no requiere un análisis previo del Poder Ejecutivo. En tal sentido, me permitiría plantear si es que ello es materialmente posible que pasemos a un cuarto intermedio en este tema por una o dos horas, con el propósito de que los representantes del Poder Ejecutivo vengan y nos traigan una solución. En este sentido, creemos que sería conveniente que concurriera a Sala el señor Ministro de Economía y Finanzas -pienso que sería el más adecuado- u otro integrante del Poder Ejecutivo vinculado a la industria pesquera, como podría ser el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, aunque siempre he entendido que este tipo de actividades son más propias -y esto no es por halagar al actual senador Ache- del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En todo caso, lo que importa es conocer la opinión del gobierno, es decir que exprese claramente si está de acuerdo o no en contribuir a financiar la reapertura de la empresa. Asimismo, deberían manifestar si quieren o no expropiar ASTRA o si están de acuerdo o no en intervenirla.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - El señor senador Ricaldoni insiste en el hecho de que antes de la aprobación de este proyecto de ley tenemos que conocer la opinión del Poder Ejecutivo. Entiendo que si se aceptara este procedimiento, parecería que estamos condicionando la actitud del Poder Legislativo a lo que piense el Poder Ejecutivo y con ello, de alguna manera, estaríamos violando el principio de la división de poderes. El Poder Ejecutivo es colegislador y tendrá su oportunidad de actuar en el momento en que el proyecto de ley esté sancionado, disponiendo de diez días para pronunciarse sobre el mismo. Es cierto que podría vetarlo, como puede hacerlo con cualquier otro proyecto de ley. ¿Acaso en todos los proyectos de ley tenemos que preguntarle ante al Poder Ejecutivo si va a vetarlo? Personalmente no conozco esta práctica parlamentaria; no la he visto nunca. ¿Por qué tenemos que conocer y, de alguna manera, descargar nuestra obligación ante el Poder Ejecutivo? A mi juicio, esta tarde debemos asumir la responsabilidad de lo que pase con la empresa ASTRA. Allá el Poder Ejecutivo si tiene otra posición.

Aunque simplemente nos llamen legisladores o senadores, debemos reconocer que todos los aquí presentes somos gobernantes, cualquiera sea el partido al que pertenezcamos. Entonces, como tales debemos responder a la inquietud, no solamente de un grupo de trabajadores, sino de una población entera que está sufriendo las consecuencias de la parálisis de esta fábrica.

Si llamamos al Poder Ejecutivo, no estaríamos haciendo otra cosa que perder el tiempo; es muy difícil que un ministro venga a Sala y nos diga que ya tiene posición sobre este proyecto o que va o no a vetarlo. En ese caso, ¿vamos a dejar de legislar ante la amenaza del veto? Creo que cada poder del Estado debe asumir su responsabilidad en el momento que le corresponde. El Poder Ejecutivo la va a asumir cuando reciba la ley sancionada, si es que así sucede. Mientras tanto, la responsabilidad es nuestra como legisladores. Nosotros somos los que tenemos que asumir, reitero, la responsabilidad de votar o no este proyecto de ley. Si no aprobamos este proyecto de ley, debemos aportar otra solución que permita habilitar la planta para restituir el trabajo a la gente que allí lo ha perdido.

Desde ya adelanto que esto, que parece una moción de orden -pienso que seguramente será formalizada de esa manera- es un desplazamiento de responsabilidades, aunque esa no sea la intención del señor senador, ya que conozco su forma de actuar. Reitero que se trata de un desplazamiento de responsabilidades frente a una exigencia sobre la que tenemos que decidir porque figura en el orden del día y se encuentra en nuestra mesa de trabajo.

El Poder Ejecutivo, en su momento, tomará la actitud que le parezca y si se pronuncia en contra de proyecto de ley, quienes estamos de acuerdo con esa norma haremos lo posible por levantar el veto. Este es el libre juego al que estamos sometidos. Hoy estamos legislando nosotros y como senadores vamos a dar nuestra opinión y nuestro voto sobre esta iniciativa sin más pérdida de tiempo. Como sabemos, hasta el momento no ha aparecido otra solución; si esta noche surge alguna, naturalmente estamos dispuestos a estudiarla.

Reitero que me parece que por lo menos esta parte de la exposición del señor senador Ricaldoni -que podría traducirse en una moción de orden- no es pertinente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Con el permiso del señor senador Ricaldoni y la tolerancia del Senado, la Presidencia desea expresar su preocupación, en virtud de que el artículo 1º del proyecto se limita a autorizar al Poder Ejecutivo a intervenir la empresa ASTRA. Entonces, y sin disentir con el señor senador Pereyra, quisiera saber qué ocurrirá si el Poder Ejecutivo no veta la ley, ésta entra en vigencia y luego no hace nada porque está autorizado pero no obligado por ella.

Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador para contestarle al señor presidente?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor miembro inforrmante.

SEÑOR PEREYRA. - Deseo señalar que cuando hice el informe, en el día de ayer, mencioné una inquietud que el señor senador Gargano había planteado en la Comisión. Precisamente, se trataba de quitarle esa discrecionalidad que le otorgamos al Poder Ejecutivo, por lo que en lugar de «autorízase» en el proyecto se estipulará que el Poder Ejecutivo «intervendrá» la empresa ASTRA o se dirá «dispónese la intervención por el Poder Ejecutivo». De esta forma, de aquí saldría una ley que no dejaría esa discrecionalidad en manos del Poder Ejecutivo, que ciertamente nos trae incertidumbre. Confieso que al redactar el proyecto me dejé guiar por lo que es tradicional cuando no queremos forzar la voluntad de un organismo diciendo «autorízase», porque se entiende que lo que estamos haciendo es trasmitir al Poder Ejecutivo una opinión sobre un problema y la forma en que puede solucionarse.

Creo que la cuestión que plantea el señor presidente podría solucionarse con la propuesta que seguramente el señor senador Gargano va a formalizar en el momento de la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: naturalmente, respeto mucho el punto de vista del señor senador Pereyra, pero pienso que no estamos renunciando como parlamentarios o senadores a las competencias que tenemos. Tampoco creo que tratemos de convocar al Poder Ejecutivo para ponerlo en el banquillo de los acusados. El sentido de esta propuesta es saber qué es lo que opina el Poder Ejecutivo, qué va a hacer con este proyecto de ley, si va a intervenir o no la empresa, y si lo hace, con qué competencias. Además, quisiéramos saber si acepta esta financiación o no, si opina que es constitucional, así como qué piensa hacer con la empresa. Inclusive, el problema del personal no se puede resolver en forma sencilla. Tal es así, que el propio artículo 5º dice muy prudentemente que los trabajadores que registraban actividad en ASTRA al 31 de diciembre de 1993, tendrán prioridad para ocupar los puestos de trabajo, etcétera. Al respecto, me pregunto cuántos empleados tendrán esa prioridad y que se entiende por «prioridad».

Si el integrante del Poder Ejecutivo viene a Sala, debe decirnos qué ideas tiene sobre este gravísimo problema, para que luego, entre todos, busquemos una solución. De lo contrario, las personas afectadas por esta especie de drama de la zona de La Paloma del departamento de Rocha, se van a ir del Senado y, posteriormente, de la Cámara de Representantes creyendo que su situación está resuelta, y ello no va a ser así. Entonces, ¿no es mejor saber hoy a qué atenernos a este respecto y analizar si por este camino las soluciones van a llegar rápido?

Entiendo que lo que supone defender nuestro papel de cogobernantes y colegisladores -que por supuesto todos lo defendemos, cada uno desde su punto de vista- en realidad, va a ser más un mero ejercicio de voluntarismo de nuestra parte, que una solución efectiva del tema. Eso es así.

Si la mayoría del Senado quiere votar a favor de este proyecto de ley, también lo voy a hacer, adoptando una actitud de tipo testimonial, pero dejando expresa constancia en la versión taquigráfica de que reconozco que por este camino no vamos a llegar a ningún lado. Aquí las soluciones tendrán que venir por una financiación que tendrá que dar el Poder Ejecutivo, a través del Banco de la República -hay que saber a qué costos- o bien por una expropiación. No obstante, también debemos tener ideas claras acerca de esa expropiación. Tenemos que saber si están las condiciones para llevarla a cabo, si están los fondos y si están los votos para esos fondos. Además, tenemos que considerar si luego la intervención tiene por objeto reactivar la planta, si se hace para luego devolverla a sus dueños -aspecto sobre el que dudo- o si vamos a establecer algo así como una especie de nueva experiencia de cogestión en el manejo de una industria del país.

Por todas esas razones, señor presidente, hago esta propuesta. Repito que no solicitaría que se convoque al Poder Ejecutivo para que venga a afinar y discutir el tema en su conjunto. Creo que basta con conocer cinco o seis conceptos generales del Poder Ejecutivo sobre este asunto, para saber dónde estamos pisando y hacia dónde vamos.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro inforrmante.

SEÑOR PEREYRA. - Precisamente, el señor senador Ricaldoni señaló, según los diversos casos que citó, que para intervenir una empresa es imprescindible contar con su consentimiento.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto, aunque no sé si puedo conceder interrupciones, porque creo que sólo dispongo de cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor senador; en su calidad de miembro inforrmante puede volver a hablar al término del debate.

Puede interrumpir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - No dije eso, sino que el consentimiento de la empresa es necesario a los efectos de cualquier tipo de acuerdo -no estoy hablando de una ley- con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Así ha venido actuando este organismo puesto que, por ejemplo, con el consentimiento de los propietarios de «Campomar & Soulas» intervino la empresa. Pero hay otros casos.

La intervención puede ser por vía legal, derivándola como en el proyecto de ley, al Poder Ejecutivo -en cuyo caso se convierte en una intervención administrativa- o judicial. En este caso, cualquier accionista, socio o interesado en una sociedad puede pedir una intervención al juez para que se nombre un interventor. Pero para intervenir una empresa no se precisas el consentimiento de los propietarios, ya que la intervención tiene por objeto proteger a los trabajadores o a los acreedores de la mala administración que se alega ha sido puesta en práctica.

Es cuanto quería señalar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Me alegro de haber entendido mal.

Evidentemente, la referencia al consentimiento expreso surgió del análisis de las distintas intervenciones realizadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo. La pregunta que yo pretendía contestar con un concepto equivocado respecto a lo manifestado por el señor senador Ricaldoni -es decir, si se requería o con el consentimiento previo- también la planteó el señor senador Librán Bonino en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a los profesores que nos visitaron, recibiendo una contestación negativa. Quiere decir, pues, que la ley faculta a la intervención sin necesidad de ese consentimiento previo.

Sobre los antecedentes que se han citado, casi todos sobre expropiación -en particular, el señor senador Ricaldoni ha mencionado a la empresa EFCSA -debo decir que antes de la ley a que hizo referencia el señor senador Ricaldoni, con fecha 25 de abril de 1958 el Poder Ejecutivo intervino el Frigorífico Swift -que recuerdo al Senado era parte de EFCSA- por un decreto que en su parte resolutiva dice: «El Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios intervendrá con carácter provisional la planta industrial y sus anexos del ex Frigorífico Swift, ubicado en el departamento de Montevideo», etcétera. Y más adelante se señala: «La medida se hará efectiva de inmediato levantándose, previa notificación a los interesados, acta notarial que contendrá el inventario de los bienes intervenidos». Quiere decir que estamos frente a un antecedente en que no por ley, sino por decreto, se realizó una intervención.

A continuación, me voy a remitir a algunas de las consideraciones hechas en su momento, puesto que son casi similares a los fundamentos del proyecto de ley que tenemos a estudio.

Comienza diciendo el Poder Ejecutivo de entonces: «Resultando que las plantas de los establecimientos Swift y Artigas se encuentran clausurados por decisión concertada de sus titulares» -que en el caso actual- «habiendo cesado en su actividad industrial» -que también es el caso actual- etcétera.

Finalmente, en la parte de los considerandos se vierten distintos conceptos similares, repito, a la presente justificación de este proyecto de ley. Concretamente, se dice: «La intervención dispuesta por el presente decreto no es sino la sustitución precaria del propietario inerte a los solos efectos de la defensa del interés general, y según lo recuerda Barassi: ‘Esta sustitución sin expropiación es consentida en favor de quien mejor que el propietario esté en condiciones de responder a la expectativa de la colectividad acerca de la buena gestión de los bienes económicos».

No hay duda de que este es un antecedente de intervención lisa y llana por parte del Poder Ejecutivo.

Acerca de las posibles pérdidas que tendría la Corporación Nacional para el Desarrollo o de los eventuales juicios que podrán entablarse al Estado, daremos lectura a la opinión vertida por profesores de la Facultad de Derecho que concurrieron a la Comisión.

Frente a una pregunta planteada por el señor senador Gargano, el doctor Cajarville señaló: «En cuanto a la segunda pregunta, tal vez no haya sido claro. La Corporación nacional para el Desarrollo va a administrar un patrimonio ajeno, con la singularidad -que no es habitual- de que para hacerlo aportará su propio capital a la empresa. No es una figura corriente, ya que en general quien administra un patrimonio ajeno no aporta capital hasta su funcionamiento, pero en este caso sí ocurriría. Entonces, la Corporación Nacional para el Desarrollo tendría un crédito para recuperar el capital que aportó para el giro de la empresa, sea el resultado favorable o no. Si el resultado fuera desfavorable, o si, siendo favorable, existieran daños de los que se puede responsabilizar a la Corporación, se podrán compensar las dos sumas».

O sea que, según el Profesor Cajarville, puede salvaguardarse el capital que invierta la Corporación Nacional para el Desarrollo para poner en marcha esta empresa.

En cuanto a la inconstitucionalidad a que aludía el señor senador Ricaldoni, también voy a leer la opinión del doctor Cajarville, quien dijo en Comisión: «Sin duda» -la afirmación es terminante- «este proyecto de ley no puede tildarse de inconstitucional». Aquí no está opinando un lego, como lo es quien habla, sino un profesor grado 5 de la Facultad de Derecho. Por eso estoy dispuesto a dar mi voto afirmativo al proyecto de ley sin temor a que pueda ser tachado de inconstitucional.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo aclarar lo siguiente: la inconstitucionalidad que planteo -y admito que pueda sostenerse la postura contraria- está vinculada al artículo 3º que, como se recordará, es el que provee de fondos para que esto pueda llevarse a la práctica. Y me parece que de acuerdo con el literal 6º del artículo 85 de la Constitución, en esta materia se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

En lo referente a los restantes aspectos del proyecto de ley no hablé de inconstitucionalidad, sino simplemente de mi escepticismo en cuanto a las posibilidades de que éste sea el instrumento adecuado para llegar a donde todos queremos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Quiero decir que en muchos de los casos en que ha intervenido la Corporación Nacional para el Desarrollo se ha pedido la previa capitalización al Poder Ejecutivo y se ha obtenido. Naturalmente que no se trata de lo mismo, puesto que aquí lo disponemos por ley, por lo que comprendo el valor de la objeción. Sin embargo, en el caso reciente de «El Espinillar», que se vendió a la Corporación Nacional para el Desarrollo, ésta le planteó al Poder Ejecutivo la necesidad de la capitalización y la obtuvo, cosa que también sucedió con «Campomar & Soulas», de Juan Lacaze, que obtuvo del Poder Ejecutivo la financiación correspondiente por considerarse que estaban en juego intereses sociales tan importantes como la fuente de trabajo.

En cuanto a las soluciones del señor González -que, como se recordará planteó objeciones- y a las que se refería el señor senador Ricaldoni, voy a mencionar una originalidad del señor Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, quien, como bien ha manifestado el señor senador Ricaldoni, no se mostró entusiasmado -diría que emitió una opinión contraria- con que el organismo tome a su cargo la empresa. Según este Director -y pido a los señores senadores que presten atención si es que no han podido leer la versión taquigráfica de la Comisión- es mejor que el Estado disponga de una suma equis y construya al lado de ASTRA una nueva planta pesquera, y deje que se vuelva tapera la que hoy están en perfectas condiciones para funcionar.

Obviamente, este planteo permite valorar la opinión del señor Director González que respeto, pero no puedo compartir.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Deseo referirme a otras expresiones del señor Director González, quien concurriera a la Comisión en representación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, junto con el señor Otegui.

En la página 4 del Repartido Nº 2916, señala lo siguiente: «Ultimamente, la Corporación ha sustentado la filosofía de que las empresas deben ir a la quiebra cuando los pasivos son muy abultados. Recién entonces podría intervenir la Corporación, por lo que pueda resultar rescatable de la empresa, porque lo compra en remate público o porque alguno de los acreedores que lo cobró se lo da y de ese modo se inicia un nuevo emprendimiento. Pero así, a ciegas, resulta un asunto muy riesgoso, si bien estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario».

Es decir que, aparentemente, la Corporación Nacional para el Desarrollo prefiere que se llegue directamente a la quiebra para luego adquirir los bienes restantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Considero que la idea de que la empresa quiebre para que luego sea liquidada, insumiría una larga espera, que haría más desesperante aún la situación de los trabajadores. Obviamente, el señor Director González come todos los días y no tiene problemas.

En cuanto al destino de los trabajadores, me parece cierto lo que plantea el señor senador Ricaldoni, por cuanto el proyecto de ley establece una prioridad en este sentido. Sin embargo, cabe la pregunta que hacía el señor senador acerca, de cuántos y cuándo. ¿Cuándo? Cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo esté en condiciones de poner a trabajar la planta. Seguramente, aunque a la fecha de hoy esto estuviera terminado y se entregara a este organismo, la planta no podría comenzar a funcionar en el día de mañana. Es fácil comprender que e requerirá algún tipo de reparación y poner en condiciones la planta, como para que pueda producir. Además, deberá estudiarse el tipo de explotación a realizar. También, es obvio que no se va a comenzar a trabajar con 1.000 trabajadores, porque para procesar el pescado, primero se necesita que los barcos salgan al mar y capturen pescado; recién después se inicia su procesamiento. De acuerdo con la capacidad de la empresa, en los viajes iniciales traerán una pequeña cantidad de materia prima, por lo que en principio se necesitarán -por ejemplo- 200 obreros, luego 400 y más adelante otros 500, en la medida en que la planta vaya recuperando su ritmo de producción. Esto significa que no va a poder estar trabajando de inmediato todo el personal. Así lo reconocemos todos; pero peor es mantener la fábrica cerrada, dejar que se destruya o hacerla desaparecer. Con esta iniciativa estamos buscando todo lo contrario.

En cuanto a la garantía de que esto sea la solución al problema, debo decir que cuando dictamos una ley no podemos garantizar su éxito. Obviamente, buscamos, con el mayor esfuerzo e imaginación posibles, el acierto, aunque no podamos garantizarlo definitivamente. Sin embargo, podemos asegurar que la situación va a cambiar: en lugar de una planta abandonada y cerrada, con una población muy numerosa sufriendo las consecuencias de la paralización de más de 1.000 obreros, vamos a tener, paulatinamente irá creciendo, reitero, en la medida en que las necesidades del trabajo así lo requieran.

Lo que importa, entonces, es salvar una fuente de trabajo, ubicada en tierras fiscales, que cuenta con el privilegio de estar ocupando, prácticamente, todo el puerto de La Paloma. Por ello, el Estado tiene que hacer algo. Hasta ahora no se ha hecho nada; hagámoslo aprobando este proyecto de ley. Si durante el proceso de estudio legislativo aparecen soluciones mejores, señor presidente, nos sumaremos a ellas. Entre tanto, creo que no corresponde otra cosa que aprobar esta iniciativa, porque significa dar un paso adelante hacia la conservación y reapertura de la más importante fuente de trabajo existente en el litoral atlántico, tal como lo acaba de señalar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Señor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando es producto de una loable preocupación del señor senador Pereyra; preocupación que compartimos por la repercusión social y económica del asunto que se está tratando. En consecuencia, desde ya adelanto mi voto favorable.

No obstante, deseo formular lo que pueden ser reflexiones en voz alta, tratando, con mi modesta capacidad, de aportar elementos para un mejor estudio y concreción del proyecto de ley que estamos analizando.

En primer lugar, debo referirme a las dudas expresadas por el señor González, representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo cuando expresa, en la página 2 del Distribuido Nº 2916 -»Por otra parte, debemos manifestar nuestra duda acerca de si el mecanismo de la intervención por parte del Poder Ejecutivo será de los mejores, en virtud de que la experiencia ha sido muy negativa desde el punto de vista económico, en muchos casos. Tampoco sabemos en qué situación se encuentra la empresa, es decir, si cerró porque era inviable, porque sus pasivos eran enormes, porque sus dueños fallecieron o porque no les interesaba más el negocio». A este planteo el señor senador Astori -espero pueda disculpar la alusión- respondió lo que voy a leer a continuación: «debo responder que ello se debió a que alcanzó un nivel de endeudamiento absolutamente paralizante que la volvió inviable. Es así de sencillo».

No tenemos una moción exacta del pasivo de la empresa ASTRA, ni del monto, ni de quienes son sus acreedores, así como tampoco de las garantías otorgadas, por ejemplo, prendas, hipotecas o fianzas personales. Asimismo, ignoramos el valor de los bienes que constituyen su activo. Por ello, la Corporación Nacional para el Desarrollo, a través del Contador González manifiesta: «Además, no sabemos si los $ 15.000.000 serán suficientes para realizar una gestión adecuada». Más adelante, agrega: «Queremos referirnos ahora a una cuestión que tiene que ver concretamente con el articulado. Según la redacción, se proveería a la Corporación de una suma de dinero que asciende a $ 15:000.000. Dicha cantidad debe ser volcada, a su vez, en la empresa, pero como a su respecto nada conocemos puede suceder que, luego de darle destino -a los tres meses, por ejemplo- termine por resultar deficitaria o inviable. El mismo artículo prevé, entonces, que se le entregará más dinero a la Corporación del mismo modo que en la circunstancia anterior, lo que plantea el riesgo de que se vuelva a perder. Quiere decir que si el proyecto de ley por alguna causa no es viable, la Corporación está condenada a perder su capital».

Ante esto, me pregunto, ¿sabemos si es factible la empresa? Más aún, ¿se ha hecho un estudio del estado actual de toda la industria pesquera del Uruguay? Nos consta que todas las empresas pesqueras de nuestro país están en una situación harto difícil. Coincido con el señor senador Astori cuando afirma: «Desde hace varios años el sector pesquero uruguayo es el que tiene el nivel relativo más alto de endeudamiento de toda la economía».

Todo esto lo digo para evitar que a los pocos meses de vigencia de la ley -en el supuesto caso de que el Poder Ejecutivo la compartiera- ASTRA volviera a la situación actual para frustración de legisladores y obreros. Tal como nos expresó el Profesor Plá Rodríguez en su momento -lo que figura en el Repartido Nº 834, Anexo I, pág. 27- refiriéndose a la constitución de sociedades: «No siempre la creación de estas sociedades ya formadas por trabajadores o creadas de otra manera, puede resolver el problema, porque si hay razones de fondo de carácter económico -como, por ejemplo, que la industria sea inviable o inadecuada en virtud de que se haya inventado otro sistema o mecanismo más barato, etcétera- el hecho de seguir insistiendo con esa actividad sería como golpearnos contra la pared».

Cuando se presentó este proyecto de ley en Sala, señalé que era inconveniente fijar un plazo tan breve a la Comisión. Hoy constatamos carencias de información, ausencia de estudios, etcétera, para una consideración cabal del proyecto de ley y del entorno económico en el que se inserta.

Asimismo, deseo hacer una última reflexión, ASTRA es una empresa privada y estamos tratando un texto legal que mucho la afecta, sin haber dialogado con sus representantes, producto, sin duda, de la celeridad con la que la Comisión debió actuar, en virtud del término exiguo que se le estableció para expedirse.

SEÑOR PEREZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor presidente: en realidad, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, integrada con la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, se planteó la necesidad de establecer contactos con los inversionistas y los inversionistas y los directivos de la empresa. Debo dejar en claro en este Cuerpo, que fue absolutamente imposible porque, por un lado, se nos informó que, irremediablemente, los inversionistas se habían ido del Uruguay, haciéndonos saber que unos estaban en Dinamarca y otros, no sé... en el Banco Mundial. Además, se nos expresó que las personas que los representaban para la liquidación, no querían tener ningún tipo de relación ni de responsabilidad al respecto. Tan es así, que los citamos a las Comisiones anteriormente mencionadas y nos manifestaron que no se harían presentes porque no tenían nada que ver con el asunto. Por lo tanto, no teníamos a quién recurrir. Este es un primer problema real que existe en relación a la empresa ASTRA; en realidad, podríamos compararlo con el hecho de pegarle a una bolsa de arena, pues no obtuvimos ningún tipo de reacción. De modo que por ese lado no encontramos un posible arreglo. Esto indica que el único camino que nos queda por seguir -como lo expresé en el día de ayer- es aquél que nos permita poner en funcionamiento dicha planta, tal como lo señaló el señor senador Pereyra.

Cabe recordar que, probablemente, se podría haber citado a los representantes del gobierno al ámbito de la Comisión que estudió este tema, aunque -no sé por qué razón- no se hizo. En consecuencia, ahora que el trabajo de la Comisión ha cesado y el asunto está a consideración del Cuerpo, creo que lo único que corresponde es votar este proyecto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Librán Bonino.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Debo aclarar que esa información con respecto a la actitud de los presuntos accionistas o integrantes del Directorio de la Sociedad Anónima, no la tuvimos en el seno de la Comisión cuando se estudió este proyecto de ley. Si la misma hubiera llegado a nuestro poder, lógicamente nos hubiera aclarado mucho el panorama, como ha sucedido ahora con la intervención del señor senador Pérez. Aparentemente, habría que descartar esa posibilidad de diálogo, pues sus actuales propietarios se han desinteresado al respecto.

Para terminar mis palabras, quiero agregar lo siguiente. En el repartido que se ha elaborado del asunto en consideración, se expresa que se autoriza al Poder Ejecutivo. Sobre la base de este proyecto de ley facultativo -aunque, si mal no entendí, el término a emplearse ahora sería «imperativo»- fue que se expidieron los profesores de la Facultad de Derecho que tuvieron la deferencia de concurrir al ámbito de la Comisión para asesorarnos sobre el tema. Precisamente, uno de ellos nos manifestó que el proyecto de ley no podía tildarse de inconstitucional. Reitero que esa opinión se emitió sobre la base de este texto; no sé si se mantendría la misma posición si el proyecto de ley se transformara en imperativo.

Adelanto mi voto favorable a este proyecto de ley y reitero que contribuiremos, en la medida de lo posible, a mejorarlo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor presidente: el señor senador Librán Bonino ha reiterado textualmente una expresión que vertió en el seno de la Comisión el señor González, miembro de la Corporación Nacional para el Desarrollo, frente a la pregunta de si se podía -o se debía- intervenir una planta, antes de saber si era viable.

Antes que nada, quiero señalar que si en el Uruguay no es factible que funcione una empresa pesquera, no sé cómo podemos justificar que de los lugares más lejanos del mundo vengan a instalarse flotas pesqueras en las proximidades de nuestro país. Asimismo, me pregunto: ¿Acaso nos hicimos el mismo cuestionamiento y similares interrogantes cuando la Corporación Nacional para el Desarrollo se hizo cargo de otras empresas? ¿Acaso averiguamos si el Frigorífico Canelones era o no factible cuando se lo entregó a la Corporación Nacional para el Desarrollo? ¿Acaso se averiguó si el Frigorífico de Colonia era o no factible cuando se lo entregó a la Corporación Nacional para el Desarrollo? ¿Acaso averiguamos si El Mago era factible cuando se puso en manos de la Corporación Nacional para el Desarrollo? ¿Acaso averiguamos si el Banco La Caja Obrera iba a seguir perdiendo o no cuando le entregamos el 75% de sus acciones a la Corporación Nacional para el Desarrollo?

Creo que en este caso debemos proceder con el mismo criterio que adoptamos anteriormente. No es cuestión que digamos: cuando se trata de Bancos -no digo que esa sea la opinión del señor senador, sino que es la conclusión que extraigo de las palabras que he escuchado en el seno de la Comisión- nos hacemos cargo de ellos; pero cuando se trata de empresas que dan trabajo y sostén social a toda una población, antes procederemos a averiguar si es factible. Pienso que si nos ponemos a estudiar este tema, vamos a demorar demasiado tiempo como para que los trabajadores puedan esperar una solución.

Por otra parte, estimo que la empresa ASTRA no trabajó un día o doce meses, sino que lo hizo durante más de diez años en el país, y las pérdidas las generó recién en los últimos tiempos. Hasta entonces, dicha planta cumplía con el pago de sus haberes a sus trabajadores, como correspondía, así como también con los aportes al Banco de Previsión Social. Y llegó una etapa en que por distintos problemas, casi todos internos y de relación entre los accionistas, la empresa entró en la situación en que actualmente se encuentra.

De manera que creo que a esta altura debe ser factible una solución que devuelva a los trabajadores en general, y fundamentalmente a los del departamento de Rocha, su principal fuente de trabajo.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Quisiera hacer algunas reflexiones acerca de este proyecto de ley y aprovechar la intervención para intentar aportar elementos de juicio planteados en la fase más reciente de la discusión en la sesión de hoy, particularmente por los señores senadores Ricaldoni y Librán Bonino.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Arana)

-En primer lugar, debo señalar -como ya lo adelantara el señor senador Gargano en la sesión de ayer- que compartimos el espíritu de esta iniciativa, porque entendemos que en momentos extraordinariamente difíciles para la producción nacional -no pretendo abrir un debate sobre este punto en estas circunstancias- el caso específico de la pesca es uno de los testimonios más claros de las consecuencias que están sufriendo los distintos sectores productivos del país en la actualidad.

Naturalmente, los problemas que padece el sector pesquero y, en particular, ASTRA, no comenzaron este año, sino que se arrastran desde hace mucho tiempo. Dicho sector ha tenido una curiosa evolución histórica. Ella nos muestra que en la época de la dictadura hubo en el país una estrategia pesquera que se podrá discutir y valorar como correcta o incorrecta. Empezó a andar con un crecimiento explosivo y luego desnudó equilibrios muy endebles, que se transformaron en desequilibrios muy profundos. A su vez, estos últimos trajeron las consecuencias que hoy viven muchas empresas del sector. Pero, en todo caso, esta curiosa evolución demuestra que cuando el país tuvo una estrategia pesquera, el sector creció, sobre todo impulsado por la conjunción de muchos elementos, entre otros, un tratado internacional fundamental, que fue el de Límites del Río de la Plata suscrito con la República Argentina, que delimitó una zona común de pesca y, al mismo tiempo, permitió encarar en forma binacional la explotación de ese recurso.

A mi juicio, en el futuro la pesca uruguaya tendrá que volver inexorablemente a ser encarada en forma binacional, entre otras cosas, porque tenemos una zona común y porque este recurso natural es móvil, se desplaza, migra estacionalmente. Entonces, el objetivo de no depredarlo exige no tener una estrategia que ignore la existencia de una zona común y que se apoye en acuerdos de producción con los países vecinos. Pero este no es el punto en discusión en la sesión de hoy.

Simplemente quería señalar que los problemas que aquejan a este sector se arrastran desde hace mucho tiempo y que una de las consecuencias más agudas y profundas ha sido la que mencionó el señor senador Librán Bonino citando, a su vez, nuestras reflexiones en la Comisión. Me estoy refiriendo a que el endeudamiento a que llegó el sector pesquero en el Uruguay es, por lejos, el más alto en términos relativos de todos los sectores de la producción. En su época de mayor rigor, alcanzó aproximadamente a U$S 250:000.000. Aclaro que cuando digo en términos relativos, estoy vinculando el monto de la deuda con la dimensión económica del sector de la producción. Sin afirmar que esta cifra sea la vigente en materia de endeudamiento total, me animo a decir que sigue siendo el sector relativamente más endeudado de toda la economía uruguaya, lo cual es muy grave.

En síntesis, señor presidente, pienso que este proyecto de ley debe ser encarado como un punto de partida de un proceso. Si no lo entendemos así, no vamos a poder interpretar el espíritu del proyecto. A mi juicio, si se comparte la idea de que hay que hacer algo por una fuente de trabajo muy importante -ya no para un sector de la producción, sino para un gran conjunto de la sociedad uruguaya- también se estará de acuerdo con que en el departamento de Rocha esta es una fuente fundamental de producción, casi insustituible. Entonces, si se concuerda con esto es imprescindible analizar el proyecto de ley como un punto de partida que no resuelve todos los problemas -en realidad, no puede subsanar todas las dificultades que padece ASTRA; y trataré de demostrarlo en pocos minutos- pero que abre las puertas hacia una acción tendiente a recuperar esa fuente de trabajo, que tendrá que tener pasos posteriores -también imprescindibles- que de ninguna manera pueden ser contemplados en este proyecto de ley, entre otras cosas, porque dicha iniciativa hoy no está en condiciones de tenerlos en cuenta. A mi entender, es algo así como poner en movimiento un proceso. Si no lo hacemos no va a haber ninguna recuperación de esa fuente de trabajo; y si lo hacemos, habrá que ir resolviendo en el futuro una cantidad de problemas a los que ahora el proyecto todavía no les ha encontrado una solución.

Otro elemento que quiero destacar, señor presidente, es que es necesario tener muy claras algunas disposiciones del proyecto en su verdadero significado para que no generen ninguna inquietud, así como también debemos considerar aquello que no está en el proyecto porque no puede estar, aunque igualmente genera inquietud, y hay que aclararlo.

Vamos a empezar por lo que sí está en el proyecto y debe esclarecerse. Por ejemplo, aquí se dice que los recursos a otorgar para este proceso sólo podrán destinarse a gastos de intervención y gestión de la planta. Esta expresión debe entenderse como referida a todo el complejo pesquero en el que interviene ASTRA, y no sólo al funcionamiento de la planta propiamente dicho; porque no existe complejo pesquero sin los tres grandes momentos de ese proceso, que son la captura, con su flota correspondiente, la industrialización en planta y la comercialización del producto obtenido. Entonces, la expresión «intervención y gestión de la planta» -incluso, desde el punto de vista del lenguaje, se podría hacer algún ajuste en el texto- tiene que ser entendida como referida al funcionamiento del complejo productivo en su conjunto. No tendría ningún sentido pretender reactivar la planta sin flota, como podrán percibir claramente los señores senadores. Tampoco tendría ningún sentido capturar e industrializar si no se pone en marcha un proceso de comercialización del producto, sin el cual lo anterior no puede obtener resultados económicos. Entonces, teniendo en cuenta que esos tres momentos del proceso deben ser reactivados como parte de esta medida, agrego que será menester, en lo fundamental, cuidar los equilibrios que tienen que existir entre ellos. Precisamente, este es otro de los talones de Aquiles del sector pesquero.

Hoy hablábamos del endeudamiento como elemento detonante de la crisis final, y ahora debemos señalar que gran parte de él se produjo por no saber equilibrar el sector de planta con el de flota, o el de flota con el de planta, o ambos sectores con respecto a la comercialización. Por ejemplo, se da el caso de contar -no lo digo por ASTRA, sino en general- con una flota desmesurada en comparación con la planta, con una planta que queda ociosa de acuerdo con la flota que funciona, o ambas equilibradas pero sin posibilidad de comercialización de las especies que se están procesando.

En el caso de ASTRA, existe una planta que tendrá que ser encarada en su tecnología, a efectos de saber si puede realizar determinados procesos; es más, no se si en este tiempo de paralización se habrá arruinado o estropeado alguna parte de la dotación de recursos de que disponía. De todos modos, habrá que tener en cuenta esos equilibrios para no cometer en el futuro -si es que logramos poner en marcha esta reactivación- errores del pasado que condujeron a muy malos resultados y que determinaron la paralización y la clausura de esta fuente de trabajo.

Seguidamente, voy a dar respuesta -lo digo en torno de absoluta humildad- a una inquietud del señor senador Ricaldoni que, prácticamente, ve como inconstitucional o de dudosa constitucionalidad -esta fue la expresión que utilizó- la disposición que en el artículo 3º existe, en materia de utilización de Bonos del Tesoro, por ejemplo, para realizar la capitalización.

Con todos mis respetos por un gran jurista, como es el señor senador Ricaldoni -y no lo soy- entiendo que desde el punto de vista económico esta interrogante se puede contestar muy fácilmente. En concreto, lo que la Constitución prohíbe es que, sin intervención preceptiva del Poder Ejecutivo, el Parlamento emita deuda pública. Sin embargo, aquí no estamos emitiendo deuda pública, sino que se está estableciendo que se utilicen documentos y valores públicos -por supuesto ya emitidos- para realizar el proceso de capitalización. Si nos remitimos al numeral 6º del artículo 85, observamos que allí se expresa: «Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda Pública Nacional». Esto es lo que hacemos cuando el Poder Ejecutivo nos envía un proyecto de ley solicitando un límite para emitir Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. En ese caso, el Parlamento lo somete a votación, autorizando al Poder Ejecutivo, a su iniciativa, a emitir, por ejemplo, hasta U$S 1.100:000.000 en Bonos del Tesoro.

Si nosotros estuviéramos procediendo de esa forma en este proyecto de ley, sin contar con la iniciativa del Poder Ejecutivo, coincidiría totalmente con el señor senador Ricaldoni, porque estaríamos incurriendo en una violación de la Constitución; pero eso no es lo que establece el proyecto de ley. Es decir, no se está convocando a emitir deuda pública para capitalizar este proceso que, además, pone en juego a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Seguramente -pongo esto como ejemplo, y no digo que vaya a ocurrir- el Poder Ejecutivo, el Banco Central y las autoridades públicas, deben tener en su poder deuda pública ya emitida y pueden utilizarla -si este proyecto tuviera andamiento- para realizar la capitalización correspondiente. Esto ni siquiera roza la Constitución.

Hace muy poco tiempo, en este Senado y durante esta Legislatura, en dos o tres oportunidades procedimos tal cual lo establece el numeral 6º del artículo 85, fijando límites al endeudamiento en Bonos y Letras en el que puede incurrir el Poder Ejecutivo a su propia iniciativa. A esto se refiere el numeral 6º -no lo dice el artículo 3º del proyecto de ley- y, en ese caso, el Parlamento autoriza al Poder Ejecutivo a realizar una emisión de hasta tal valor, en valores públicos.

SEÑOR RAMIREZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador Ramírez.

SEÑOR RAMIREZ. - Sin embargo, señor senador, el artículo 3º del proyecto, cuando hace remisión al artículo 17 de la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, establece: «De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 17 de la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo el Banco Central del Uruguay, capitalizará a la Corporación Nacional para el Desarrollo en la cantidad de $ 15:000.000 (pesos uruguayos quince millones) en Títulos de Deuda Pública Nacional, Bonos del Tesoro, proveídos por dicha institución bancaria por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Finanzas».

El artículo 17 a que se remite el artículo 3º del proyecto de ley a estudio, tiene cuatro literales y al único al cual se puede estar refiriendo es al B) que dice lo siguiente: «Con el producido de la emisión de Títulos de Deuda Pública, autorizada con arreglo al artículo 85 numeral 6º de la Constitución». Eventualmente podría sostenerse que la remisión no es correcta, que habría que corregir el título del artículo 3º y establece «con los Títulos de Deuda Pública que tenga en su poder el Banco Central, ya emitido con autorizaciones anteriores». Sin embargo, aquí lo que se está haciendo es una muy clara referencia -por lo menos a mi juicio- a que la capitalización que se está estableciendo para el caso concreto de ASTRA a través del proyecto de ley que tenemos en análisis, es la capitalización del literal B) del artículo 17, con una emisión especial de Deuda Pública Nacional en forma de Bonos del Tesoro, con arreglo al artículo 85, numeral 6º de la Constitución, que establece que para ello debe existir previa iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Mi intención era expresar exactamente lo mismo que el señor senador Ramírez, porque aunque discrepemos en el fondo del asunto, en esto coincido totalmente con él.

Anteriormente olvidé señalar la referencia que hace el artículo 3º a la ley de creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo y la cuestión es exactamente esa. Ahora se podrá decir que es posible cambiar la redacción, pero había manifestado que esta redacción era inconstitucional y justamente el apoyo más fuerte a este concepto es, en mi opinión, que se remite -quizás con poca felicidad o con error- al numeral 6º del artículo 85 de la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Creo que a través de estos comentarios que acaban de hacer los señores senadores Ramírez y Ricaldoni, se reafirma el sentido de nuestra propuesta: Una cosa es emisión de deuda, que es lo que nosotros no podríamos hacer sin iniciativa del Poder Ejecutivo -la autorización la damos nosotros- y otra diferente es financiar una capitalización con valores públicos. Entonces, si los problemas a los que aluden los señores senadores Ramírez y Ricaldoni confluyen en una remisión que quizás podamos modificar para no sugerir posibles inconstitucionalidades, declaro que no tengo ningún inconveniente. De todos modos debemos tener claro que aquí no se incurre en inconstitucionalidad alguna por el hecho de financiar con valores públicos un proceso de capitalización.

Por otra parte, lo que no podría hacer este Parlamento sin iniciativa del Poder Ejecutivo, es aumentar la deuda pública. Ello implicaría disponer no sólo la emisión sino una colocación de valores porque la deuda no aumenta solamente por el acto de emitirla, sino que hay que colocarla y configurar un acreedor de la deuda pública para que ésta exista.

En consecuencia, insisto en la diferencia que existe entre los dos conceptos y señalo que, seguramente, las autoridades públicas disponen de un buen margen de deuda pública ya emitida en sus activos, que bien podrían utilizar para encarar este proceso de capitalización.

Por este motivo, no creo que este proyecto de ley incurra en ninguna propuesta inconstitucional o de dudosa constitucionalidad, desde este punto de vista.

Por otra parte, creo que son muy importantes las expresiones vertidas por los Profesores Hermida y Cajarville de los Institutos de Derecho Laboral y de Derecho Administrativo, respectivamente, de la Facultad de Derecho, que estuvieron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. El doctor Cajarville manifestó que no encontraba inconstitucionalidad alguna en el proyecto de ley. Personalmente, nos merece total garantía el juicio de los Profesores Hermida, Cajarville y el del decano de la Facultad de Derecho, doctor Plá Rodríguez, quien también concurrió a la Comisión y expuso sobre el tema.

El señor senador Librán Bonino planteó que existían problemas de endeudamiento, sobre lo cual quien habla hizo ciertos comentarios, en lo que respecta al sector en su conjunto. En estos días me preocupé por averiguar algunos datos; obviamente, la fuente de información es confidencial. De igual modo, puedo expresar que el endeudamiento de la empresa ASTRA es de aproximadamente U$S 23:000.000. Esto significa casi un 10% del endeudamiento de todo el sector que, en términos relativos, era el más grande de toda la economía uruguaya. Entonces, me reafirmo en mi concepto de que este es el elemento que paralizó a la empresa. Asimismo, estoy en condiciones de decir que el principal componente del endeudamiento, desde el punto de vista de su composición, es bancario. Naturalmente, no dispongo de información sobre cuáles son los acreedores. Sin embargo, sí puedo decir que es un endeudamiento con instituciones financieras y, en particular, bancarias. Además, por la sola mención de la cifra, podemos observar que se trata de un endeudamiento muy importante. De acuerdo con la información que se me ha brindado, en este momento ASTRA tiene un patrimonio negativo que alcanza a aproximadamente U$S 1:300.000.

De manera que todos estos aspectos me ratifican la opinión de que este es el elemento paralizante, aunque también sé que él es el resultado de un conjunto de causas que motivaron el endeudamiento. Obviamente, no se puede decir que la planta se paralizó como consecuencia de una deuda extraordinaria, ni que no se expliquen las razones. Es necesario señalar que la planta se endeudó y quedó inactiva durante una determinada cantidad de meses, estropeándose y generando una situación laboral -que fue planteada por varios señores senadores y que personalmente conocemos- que afecta no sólo a los trabajadores de la planta, sino a todo el departamento de Rocha, como muy bien expresaba el señor senador Pereyra. Evidentemente, esta situación es consecuencia de una mala conducción del proceso pesquero en su conjunto y de la explotación de la empresa ASTRA.

Por otra parte, sobre las bases ya planteadas, quiero hacer referencia a lo que el proyecto de ley no puede decir, pero que hay que hacer. A mi juicio -y esto es un punto de partida- una iniciativa de esta naturaleza no puede expresar que tiene que haber un encuentro y una negociación con los propietarios de la empresa. Como muy bien expresaba el señor senador Pérez, los dueños han sido un tanto esquivos hasta el momento. Sin embargo, es necesario conversar con estas personas para discutir el futuro de la empresa, teniendo en cuenta muchos elementos. El primer factor al cual habrá que referirse -que ya ha sido señalado en Sala- es el patrimonio público del que han hecho uso ahora y que, según mis informes, tenían concedido hasta el año 2009 en forma gratuita. Es necesario mencionar que la planta es de 16.133 metros cuadrados, con locales de producción y servicios que comprenden construcciones de 9.000 metros cuadrados y está localizada en un lugar que ya fue descripto por varios señores senadores. El segundo elemento que se deberá tener en cuenta son los números de la empresa y una explicación de cómo se llegó a la situación de endeudamiento absolutamente exorbitado que además, como ya sabemos, afectó a todas las empresas del sector pesquero. Asimismo, debemos ver en particular cuál es el origen del mencionado endeudamiento y cuál es la situación de la empresa con respecto a los acreedores. También deberemos discutir con los propietarios de ASTRA, el futuro de la empresa y cómo será su relación con la gestión que se realice, en la medida en que un proyecto de ley de esta naturaleza tenga andamiento. Entiendo que debemos dejar muy en claro este aspecto, sobre todo por lo que advertía el Profesor Cajarville y citaba el señor senador Ricaldoni, en el sentido de que no es cuestión de decir que se cierra la planta con una deuda de U$S 23:000.000, absolutamente inviable, y luego de la gestión se reabra y sean los propietarios quienes reciban las ganancias.

Ahora bien; ¿puede este proyecto de ley hacer esa discusión? En absoluto. A nuestro juicio, lo único que se puede hacer es poner en marcha un proceso que permita llevarla a cabo. Esta iniciativa, reitero, no soluciona el problema de la empresa, sino que simplemente pone en marcha una experiencia que, entre otras cosas, puede permitir discutir con los empresarios lo que hicieron y lo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, esto no se puede hacer sin debatir lo que sucedió en el pasado y, sin duda, allí estará el cálculo de lo que significa el usufructo de un patrimonio público muy importante como del que dispuso la empresa ASTRA.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra, para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Formulo para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Muchas gracias.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Con respecto a la referencia del señor senador Astori, en el sentido de cómo se habría llegado a la situación de desfase y a un déficit tan grande como consecuencia del mal manejo de la empresa, deseo recordar que el señor Izquierdo -cuando concurrieron a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado representantes del Centro de Maquinistas y de los Patronos Navales- expresó: «Comprendido perfectamente que el proyecto apunta a abrir una fuente de trabajo y ello me parece formidable, aunque sinceramente llega tarde porque el hecho está ya consumado».

Seguidamente, dijo lo que me interesa recordar: «Ello sucedió porque no hubo mecanismos de control y, de haber existido, no se aplicaron, pues es imposible creer que esta empresa se fundió en dos días». Por estas razones lo que impera en los trabajadores es una enorme frustración como uruguayos, como contribuyentes y como votantes.

En definitiva, el señor Izquierdo manifestó su frustración porque el proceso fue gradual, es decir, no se desarrolló en forma rápida y faltaron controles. De todos modos, no es ese el objeto de este proyecto de ley, tal como lo ha señalado el señor senador Astori.

Simplemente, deseaba recordar las manifestaciones de un dirigente obrero.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Recordamos claramente el pasaje que ha citado el señor senador Librán Bonino. Allí se alude con claridad a elementos que están en la explicación de este proceso. Creemos que parte del mismo es imputable a todo lo que ocurrió en el sector pesquero; cuando una empresa forma parte de un sector que tiene problemas como tal, no puede eludirlos. A su vez, la otra parte es atribuible a la propia gestión de la empresa. Pero igualmente es muy difícil establecer las fronteras entre unos y otros.

Ahora bien; en relación con otra serie de temas, debo señalar que el proyecto de ley tampoco puede definir con concreción los pasos a dar. De todos modos, eso habrá que discutirlo. Me parece que habrá que entablar un diálogo con todos los trabajadores del complejo pesquero ASTRA y cuando decimos trabajadores, lo hacemos con una concepción de complejo, es decir, nos estamos refiriendo a todos los trabajadores que participan de la experiencia productiva y no sólo a algunos de ellos.

Existen muchas inquietudes que quedarán pendientes, ya que el proyecto de ley no les da respuesta. Sin embargo, si la iniciativa es aprobada, habrá que encontrar soluciones inmediatamente, como parte de ese proceso de puesta en marcha de esta experiencia. Así, también habrá que hablar sobre tres aspectos relacionados con los trabajadores: sus derechos del pasado -porque son pasivos de la empresa- sus derechos del futuro -en términos de fuentes de trabajo y de salarios- y, al mismo tiempo, habrá que escucharlos, ya que también tendrán algo que decir en cuanto a la gestión de la empresa.

Cuando convocamos a miembros de la Facultad de Derecho, el Profesor Hermida, del Instituto de Derecho Laboral, estableció con absoluta claridad que los salarios y todas las obligaciones laborales adeudados son pasivos de la empresa que deben indiscutiblemente ser reafirmados como tales y, por lo tanto, cancelados a medida que se vaya reactivando la fuente de trabajo o la experiencia productiva. No hay ninguna otra manera de interpretar este punto. Efectivamente, se trata de pasivos de la empresa y por ello debe discutirse la forma en que se los encarará.

En su oportunidad, el señor senador Ricaldoni interrogaba sobre qué significa establecer prioridad para los actuales trabajadores. En mi opinión, la respuesta a esa pregunta se habrá de dar una vez aprobado el proyecto de ley, a lo largo del proceso de encuentros y negociaciones que se desarrollarán. La iniciativa que estamos tratando no puede dar respuestas concretas a esos temas; tiene que poner en marcha la planta de la manera propuesta y desencadenar ese proceso de negociación inmediata que es realmente necesario, ya que en él se sentarán las bases de la gestión. Este proyecto de ley no puede ser el programa de gestión de la empresa ASTRA; él simplemente permitirá dar el puntapié inicial a toda esta experiencia. Así es como lo vemos nosotros; consideramos que quienes encabecen la nueva gestión de esta empresa, en el momento en que empiecen a desarrollar su función, deberán llamar a los propietarios de la empresa y conversar sobre todos estos temas con mucha claridad. Aquí vuelvo a citar al Contador González, Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo -a quien también aludió el señor senador Librán Bonino- para decir que experiencias pasadas que vivió esa Corporación -como por ejemplo, las que atravesaron los frigoríficos Canelones y Colonia- que fueron relatadas en Comisión, aconsejan que las conversaciones son imprescindibles. No voy a repetir aquí lo que dijo el señor Contador González en Comisión, sin embargo, habrá que discutir, en primer término -y me siento autorizado a decirlo con todas las letras- sobre le paquete accionario de ASTRA. Habrá que debatir sobre cuál será el destino de ese paquete accionario, aunque ese debate no podrá tener lugar si no se aprueba una iniciativa de este tipo. De ese modo, la empresa se seguirá cayendo a pedazos materialmente y continuará deteriorándose su planta, expuesta a los aires salinos, daño sobre el que no necesita entrar en detalles, porque todos lo conocemos. La flota de buques llegó a totalizar, si no me equivoco, ocho barcos; no sé en qué situación se encuentran ahora, pero seguramente deben estar sufriendo el proceso de paralización que afectó a la empresa.

En el transcurso del tiempo, el hecho de que no se apruebe una iniciativa de este tipo tiene dos consecuencias; impide hacer cosas que hay que llevar a cabo de todas maneras y, además, destruye un patrimonio muy importante que será sumamente difícil recuperar.

Ya llegará el momento de hablar sobre cómo está equipada tecnológicamente la planta de ASTRA. Personalmente, podría detallarlo perfectamente, ya que es de mi conocimiento; sin embargo, hay que vincular ese elemento a la posible comercialización de los productos de la empresa, que en su totalidad están destinados a la exportación.

Cabe señalar que en los años 1991 y 1992 la facturación de ASTRA rondó los U$S 20:000.000 o U$S 21:000.000. Esto constituye otro elemento de comparación, ya que la deuda actual es casi igual a la facturación entera correspondiente al año 1991. Entonces, hay que discutir sobre qué productos se van a procesar en la planta, según las condiciones tecnológicas de la empresa, si es que no se han deteriorado irreversiblemente algunas cosas. Asimismo, debe considerarse qué es lo que puede comercializar ASTRA.

Se debe conversar, reitero, sobre todos estos aspectos que fueron mencionados. Sin embargo, si no se aprueba el proyecto de ley, esos diálogos no se llevarán a cabo y todo se perderá.

Finalmente, señalo lo siguiente: este proyecto de ley no puede ser analizado como una iniciativa que solucione el problema de la empresa ASTRA; sería un error encararlo de esa manera. Simplemente, él constituye un punto de partida imprescindible -aunque insuficiente- para poder poner en marcha todo un movimiento que permita hacer cosas que en esta iniciativa no se pueden expresar, entre otras cosas, porque no se han mantenido las conversaciones fundamentales que son necesarias. Reitero que si no aprobamos este proyecto de ley esas cosas no se harán directamente y, por lo tanto, todo seguirá el camino del deterioro irreversible e irreparable. A su vez, se deben tener en cuenta las consecuencias sociales que ya han sido citadas por muchos señores senadores y sobre las cuales no puedo decir otra cosa sino que las comparto plenamente. No las voy a repetir porque fueron ya muy bien dichas tanto por el señor senador Pereyra como por otros señores senadores. No debemos olvidar que además de la consecuencias sociales, que son las que humanamente nos tienen que conmover, también se está perdiendo un patrimonio físico que al país le debe importar y por el que sacrificó muchos recursos públicos. Este aspecto se debe tener muy en cuenta. De lo contrario estaríamos contribuyendo a matar una empresa que le costó mucho dinero a la sociedad uruguaya, no a los propietarios de ASTRA.

Finalizo mi exposición con esta conclusión que convoca a analizar el proyecto de ley como la puesta en marcha de un proceso.

Muchas gracias, señor presidente.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

«El señor senador Batalla solicita licencia por diez días».

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 6 de julio de 1994.

Señor presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

En mi condición de integrante del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios de la Unión Interparlamentaria deberé concurrir a las sesiones del Comité que se realizan en Ginebra (Suiza) del 11 al 14 de julio próximo.

Por tanto, solicito licencia en el Senado a partir del próximo viernes 8 y hasta el día 18 de julio inclusive.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

Hugo Batalla. Senador».

-Se va a votar la licencia solicitada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

10) COMPLEJO PESQUERO ASTRA S.A. Intervención del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Continúa la discusión general del proyecto de ley relativo al complejo pesquero ASTRA.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: procuraré ser breve en virtud de que, hace dos semanas, ya adelanté nuestro pensamiento con respecto a este tema, cuando el Senado trató este proyecto de ley y lo envió a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de donde ahora ha vuelto.

No voy a reiterar la preocupación que sentimos todos por la paralización de la empresa ASTRA, ni lo que eso supone para sus trabajadores y para la economía del departamento de Rocha.

En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, integrada con la de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, recibimos -hace algunas semanas- en dos sesiones, a integrantes de todas las bancadas de la Junta Departamental de Rocha, así como también a los trabajadores de la empresa ASTRA. Lo expresado por los señores Ediles de todos los sectores políticos, nos aclaró no sólo el tema de la paralización de una fuente laboral tan importante, sino también la repercusión directa que eso tiene sobre la economía de dicho departamento.

Por tanto, nos parece indispensable buscar soluciones y, a pesar de que procuramos encontrarlas en el seno de esta Comisión integrada, no lo logramos, entre otras cosas, porque -tal como lo ha señalado el señor senador Pérez- no fue posible ubicar a los propietarios -más allá de quienes sean- de esta empresa, a pesar de la insistencia con que los integrantes de este Cuerpo lo buscamos. Llegamos a la conclusión de que ha existido una especie de abandono de parte de los propietarios, a quienes nos fue imposible traer al seno de la Comisión, repito, pese a todas las gestiones realizadas.

SEÑOR PEREZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Simplemente, deseo precisar que se trata de un abandono relativo, en el sentido de que los accionistas hicieron un embargo sobre la planta, según creo, de aproximadamente U$S 15:000.000 o U$S 18:000.000.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Agradezco al señor senador Pérez esta intervención coadyuvante con lo que estaba expresando.

Resulta claro que, hasta este momento, esta es la única iniciativa presentada a nivel del Poder Legislativo que tiende a buscar un camino de solución al tema de la paralización de la empresa ASTRA. Nadie puede afirmar que ella se encuentre a través de este proyecto de ley. Es un esfuerzo que hace el Parlamento ante lo que denominaría como un notorio desinterés del Poder Ejecutivo en el tema. Entonces, nosotros, con la sensibilidad propia de quienes ejercemos esta representación, hacemos lo que podemos, conscientes de que puede no resultar suficiente, ni ser lo mejor o lo más apto para resolver este problema.

Lamento -aclaro que no hago cargos a la Comisión porque, entre otras cosas, le otorgamos un plazo muy breve para estudiar y expedirse sobre este proyecto de ley- que el Poder Ejecutivo no haya podido concurrir a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. No me coloco en una situación de dependencia con respecto a dicho Poder. Lo que sucede es que éste, conforme a lo que establece este proyecto de ley, va a tener un rol de tal importancia que su voluntad, en cuanto a la solución de este problema, será decisiva. Es obvio que si el Poder Ejecutivo no quiere buscar una respuesta a este tema por los caminos que este proyecto de ley le está indicando, las soluciones serán difíciles y, en ese caso, habrá que encontrar otras.

Por lo que se ha expresado en Sala, veo que algunos señores senadores desean modificar la redacción del artículo 1º, en tanto autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir la empresa ASTRA, lo cual -con tal autorización y aun prolongando la ley- podrá hacer o no, según su voluntad. Compartimos esta modificación.

También creo necesario modificar el comienzo de la redacción del artículo 3º, de tal modo de no hacer referencia a la Ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En realidad, propondría establecer un mandato hacia el Banco Central para capitalizar la Corporación en la medida en que sea necesario, naturalmente, a partir de la deuda pública emitida o autorizada a emitir. Es claro que, conforme a la Constitución, si el Poder Ejecutivo, la Corporación Nacional para el Desarrollo o el Banco Central, para cumplir con esta iniciativa, solicitaran que se dispusiera de la deuda pública no autorizada a emitir, será necesario enviar un proyecto de ley al Parlamento a fin de que nosotros lo autoricemos.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Simplemente, deseo señalar que quizás el origen de esta duda radique en que algunos miembros de la Corporación Nacional para el Desarrollo me indicaron que por esta vía, reiteradamente, se les había recapitalizado, o sea, por medio de la entrega de este tipo de papeles públicos. Naturalmente que no se trató de una emisión especial, sino que ya se había emitido.

En consecuencia, creo que es imprescindible hacer la corrección que ha indicado el señor senador Cassina. Aclaro que hemos actuado según la práctica que se ha seguido cada vez que ha sido necesario capitalizar a la Corporación Nacional para el Desarrollo.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Finalmente, deseo indicar que comparto las preocupaciones expresadas por el señor senador Ricaldoni.

Cuando hemos expresado que era necesario escuchar la opinión del Poder Ejecutivo, de alguna manera, estamos coincidiendo con él en que, sin perjuicio de defender la separación de Poderes, es muy claro que le estamos atribuyendo un cometido que, si no quiere asumir, creará dificultades para que esta iniciativa prospere.

En todo caso, desde ya adelantamos que vamos a dar nuestro voto, en tanto es la única solución que tenemos a consideración y destacando claramente que no podemos asegurar que, en definitiva, esta propuesta permita dejar atrás los problemas que hoy plantea la paralización de la empresa ASTRA.

SEÑOR ACHE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ACHE. - En primer lugar, queremos señalar -como ya lo habíamos hecho en nuestra anterior intervención- que compartimos el espíritu del proyecto de ley, porque no sólo en este caso, sino también en circunstancias similares, cuando nos tocó actuar desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, intentamos soluciones parecidas a las que hoy se están manejando. En ese sentido, nos podríamos referir tanto al problema de CAMPOMAR y SOULAS como al de la reconversión del Complejo Agroindustrial «El Espinillar». En ambos casos se lograron soluciones impulsadas por nuestro Ministerio, que involucraron a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a los dueños de esas empresas, tanto particulares como del Estado, y también a los trabajadores. Considero que la razón por la cual nosotros apoyamos este tipo de iniciativas es que no existe sociedad ni sistema político que pueda permanecer indiferente cuando hay dramas sociales como los que estamos viendo en este caso. Al respecto, creo que es una obligación de todos nosotros encontrar una solución, pero para ello es importante conocer la génesis del problema, porque no podemos hacer como que miramos una fotografía y decir que es consecuencia de las circunstancias actuales. Por el contrario, esto deriva de un proceso dinámico, que comenzó hace mucho tiempo y que en aras de desarrollar al sector y generar fuentes de trabajo, los ha puesto en situaciones como esta.

El objetivo central de este proyecto de ley es el de salvar las fuentes de empleo y es lo que todos estamos buscando. Cuando a nosotros nos tocó la difícil tarea de tener que intermediar en el problema de CAMPOMAR Y SOULAS y de hablar con sus trabajadores, les dijimos, de frente y muy sinceramente, que lo único que no íbamos a buscar era un parche ni una solución para que después los problemas siguieran existiendo. El mismo criterio y espíritu es el que hoy vamos a tratar de aplicar en este caso, que es muy similar. Anteriormente, expresamos que el problema no es de hoy y que nació en un proceso -como muy bien lo señalaba el señor senador Astori- que se inició a principios de la década del 70, que no miró costos y que, además, fue muy generoso en otorgar créditos. Cuando observamos el problema del endeudamiento, advertimos que se otorgaban más del 95% de los créditos solicitados por cualquier inversor en ese sector. Quiere decir que la mayoría de quienes participaban no tenían o no arriesgaban lo suficiente como para que después la dinámica del proceso los llevara a estar involucrados totalmente en el destino de la empresa. Fue un proceso en el que abundaron las regulaciones, que muchas veces pretendían defender las fuentes de trabajo. Sin embargo, vemos que no se cumplieron los objetivos buscados. Dichas regulaciones mostraban que en el Uruguay no se pueden utilizar barcos factorías y que hay que traer a tierra los pescados para poderlos despanzar, pero otros países no las aplican, por lo que tienen costos menores que nosotros y nos desplazan de los mercados.

El endeudamiento es, precisamente, la consecuencia de muchos de estos temas. Aquí hay un asunto que nosotros consideramos esencial y fundamental: la empresa ASTRA tiene una diferencia con el resto del sector, ya que debe ser el único caso en que el endeudamiento no es con la Banca estatal y en que esos U$S 25:000.000 o U$S 30:000.000 -no conocemos la cifra exacta- no los tuvo que poner la sociedad. Creo que nosotros, en cualquier solución que busquemos, tenemos que saber muy bien que el costo para la sociedad tiene que ser el mínimo posible. Asimismo, también es fundamental utilizar cualquier criterio que involucre la viabilidad del sector y que nos asegure que los fondos que va a poner la sociedad tengan un destino seguro y que sirvan para que esta empresa genere empleos estables y permanentes, y no simplemente sean una aspirina para un enfermo de cáncer. Es por ello que nosotros coincidimos con el espíritu del proyecto y con que éste debe ser un punto de partida que necesariamente va a tener que atacar problemas, no sólo coyunturales, que el país tiene, sino también estructurales que no solamente afectan a este sector, sino a gran parte del aparato productivo del país. Vamos a tratar de señalar algunos de ellos para demostrar la dimensión que tiene este problema.

ASTRA es una empresa intensiva en mano de obra, cuyo objetivo -como el de cualquiera con política de desarrollo- es el de exportar valor agregado. En anteriores intervenciones señalábamos que nuestro sistema tributario no sólo penaliza a estas empresas con el impuesto al trabajo, sino que cuanto más valor agregado le suman al proceso productivo, son menos rentables. Esta es una realidad y si queremos darle un punto de partida, tarde o temprano vamos a tener que encararla en nuestro país, porque el hecho de no atacar estos problemas y pretender solucionar el de ASTRA con un proyecto de ley de estas características -cuyo objetivo y espíritu compartimos- seguramente no va a alcanzar para lograr lo que nosotros estamos buscando.

Es justo y necesario señalar que aquí la responsabilidad es compartida, tanto desde el Estado, como desde los empresarios y trabajadores y creemos que son ellos los que tienen que buscar soluciones. Cuando tuvimos que desempeñarnos en el Ministerio de Industria, Energía y Minería -a pesar de que la pesca no se encuentra dentro de su órbita y nosotros consideramos que debe estarlo, como todo lo que respecta a las estructuras industriales, porque una cosa es la captura y otra el proceso- observamos que por no atacar muchos de esos problemas estructurales y de fondo, las soluciones que se podían encontrar, lejos de asegurar empleos en forma permanente, terminaban alargando la agonía.

Como lo hemos demostrado a través de hechos concretos, no nos oponemos a ayudar a reconvertir empresas con problemas. En ese sentido, no hemos necesitado de ningún proyecto de ley para lograrlos. Entendemos que en la Corporación Nacional para el Desarrollo hay directores de varios sectores políticos que perfectamente pueden llevar adelante estas iniciativas, evaluando costos y estudiando proyectos de reestructura en la empresa. Personalmente, creo que aquí no se puede apoyar cualquier intervención que luego tenga que pagar nuestra sociedad a muy alto costo. Al respecto, tenemos ejemplos concretos de intervenciones que después, en los Juzgados, han costado a nuestro país entre U$S 50:000.000 y U$S 60:000.000, cuando el objetivo que nos estamos proponiendo de asegurarle la fuente de empleo a los trabajadores, lo podríamos lograr con mucho menos dinero.

Estamos convencidos de la necesidad de encarar estos problemas, de que en un proceso de reconversión como el que está viviendo hoy el país, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo ni la sociedad pueden ser indiferentes y de que éstos deben atacarse en sus causas y no en sus consecuencias. Por eso, si no se hace un enfoque global de este tema -me refiero a todo el sector- de nada sirve un proyecto de ley cuando las causas que generan los endeudamientos permanecen. Además, como muy bien lo expresó el señor senador Librán Bonino, dentro de muy poco tiempo volverán a estar aquí los trabajadores reclamando nuevas soluciones. De la misma forma en que les expresamos a los obreros de CAMPOMAR y SOULAS S.A.: todo lo que signifique soluciones para empleos permanentes y genuinos que no alarguen la agonia, va a contar con nuestro apoyo. Entiendo que es nuestra obligación trasmitir esto sinceramente, para evitar que los problemas estructurales del aparato productivo continúen generando la pérdida de fuentes de trabajo y el adiós de los capitales que muchas veces estuvieron dispuestos a enfrentar los posibles riesgos.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

11) DENUNCIAS DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL AMBITO DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. Comisión Investigadora.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Señor presidente: concretamente, queremos plantear que se considere una solicitud de prórroga del plazo de que dispone la Comisión Investigadora sobre denuncias por presuntas irregularidades en la órbita del Banco de Seguros del Estado. La Comisión desea que dicha prórroga se extienda hasta el día 20 del corriente y ello es motivado por el hecho de que alguna información que ha sido solicitada, a diferentes reparticiones del Estado, aún no ha llegado. Sin embargo, tengo conocimiento de la mencionada reunión. De todas maneras, está pendiente la liberación por parte de la Comisión, habiéndose recibido ya diversas delegaciones y testigos. Por lo expuesto, reiteramos la necesidad de contar con este plazo a los efectos de elaborar el informe correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la prórroga del plazo de que dispone la Comisión Investigadora sobre denuncias por presuntas irregularidades en el ámbito del Banco de Seguros del Estado, hasta el día 20 del corriente.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor presidente: queremos reiterar un pedido de informes que hace un tiempo remitimos al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la liquidación de sueldos de docentes dependientes del Consejo de Educación Primaria. Es nuestra intención hacer notar que la situación nos resulta algo enojosa; primero, por lo delicado del tema y, además, porque entendemos que existe una obligación de las Secretarías de Estado de dar respuesta a tales solicitudes, teniendo en cuenta, también, el respeto que merecen los legisladores, sobre todo cuando las que hemos formulado data del 27 de julio de 1993.

Por consiguiente, deseo que el Cuerpo acompañe mi voluntad de reiterar este pedido de informes al citado Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Cuerpo hará suya la reiteración del pedido de informes a que aludió el señor senador Arana.

13) DOPAJE DEPORTIVO. Normas. Proyecto de ley.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Señor presidente: la Comisión de Salud Pública que integro, hace tiempo elevó al Senado un proyecto de ley sobre el control del dopaje deportivo -es innecesario destacar la trascendencia que tiene un tema del que no existe legislación alguna en el país- que, a su vez, éste remitió, para recabar información, a la Comisión de Constitución y Legislación. Como ya hace prácticamente más de dos meses que no se ha expedido y, dada la dificultad que naturalmente tendrá el Senado, a medida que pase el tiempo, para realizar serios estudios sobre las iniciativas que están a consideración, proponemos que el tema se trate y se resuelva en la sesión ordinaria del día 13 de julio, con el informe de dicha Comisión o sin él. Entiendo que ya es tiempo de contar con esa información respecto del tema y de que el proyecto de ley sea analizado de una manera u otra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Jude en el sentido de que el proyecto de ley sobre control del dopaje en las competencias deportivas sea tratado en la sesión ordinaria del próximo 13 del corriente.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) COMPLEJO PESQUERO ASTRA S.A. Intervención del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión general del proyecto de ley relativo al complejo pesquero ASTRA.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Señor presidente: en primer lugar, queremos dejar constancia de que no nos oponemos a que se busque una solución al problema que se plantea con la planta de ASTRA y lo relativo a los empleados que trabajaban en ella. Entendemos que el tema tiene que ver con el desarrollo industrial que en su momento resultó estratégico y que contó con el apoyo de los diferentes sectores de representación política. Lamentablemente no ha experimentado un desarrollo acorde a las necesidades que los habitantes de la zona legítimamente pueden reclamar para sí. También, probablemente los trabajadores sean los menos culpables del destino que le ha tocado a esta empresa. Por ello, deseamos establecer claramente que nos interesa que la solución que se pueda encontrar a este problema sea la mejor.

Con respecto al proyecto de ley que está a estudio, tomando en cuenta el trámite que el mismo ha recibido, quizá lo mejor sea no considerarlo o no someterlo a votación en la sesión de hoy. Deseo dejar constancia de que en la tarde de ayer cuando el proyecto fue incorporado en el orden del día, en el momento de su consideración, solicité en nombre de mi sector la postergación del mismo a los efectos de que pudiera ser analizado hoy a fin de disponer de más tiempo para efectuar algunas consultas teniendo en cuenta que fue aprobado en la Comisión hace 48 horas, es decir, el día lunes. Lamentablemente, a pesar de integrarla no pude hacerme presente en ella por razones que ayer esgrimí y que tienen que ver con el hecho de que también soy miembro de la Comisión Investigadora sobre denuncias por presuntas irregularidades en el Banco de Seguros que debía sesionar ese mismo día y a la cual, como presidente de la misma, no puedo dejar de asistir. Fue por ello que ayer solicité que se postergara la consideración del tema que nos ocupa. Habiendo procesado algunas consultas preliminares, y efectuado un análisis del proyecto que, en definitiva, aprueba la Comisión, me declaro a favor de darle un trámite similar al planteado por el señor senador Ricaldoni para esta iniciativa, quien con mucha corrección, hizo referencia a que en este proyecto de ley correspondería recibir la opinión del Poder Ejecutivo y, específicamente, del Ministerio de Economía y Finanzas. En lo personal, considero que también sería conveniente recabar información del Directorio del Banco Central. Digo esto porque en la instrumentación de esta iniciativa se involucra directamente al Poder Ejecutivo, al punto de que sin la intervención de la Administración, este proyecto no tendría razón de ser.

Por otro lado, deseo hacer referencia a la metodología de trabajo del Parlamento cuando se legisla sobre temas importantes, como el que estamos considerando en este momento. Sin lesionar los derechos de legislar o de colegislar que tiene el Poder Legislativo- es normal que recurra al Poder Ejecutivo a los efectos de recibir sus opiniones sorbe un determinado tema. De esa manera, se evita el hecho de procesar iniciativas que, desde su propio nacimiento, se sabe que van a tener dificultades. En lo que tiene que ver con el proyecto que estamos considerando, pudimos observar que en la tarde de hoy se han presentado cuestionamientos en relación a su constitucionalidad y a la forma de su instrumentación. Creo que ello reviste la importancia suficiente como para que el Poder Ejecutivo sea recibido -como sucede normalmente- en una Comisión, atendiendo, al mismo tiempo, que se trata de un problema que nos compete y que todos queremos solucionar. Quizás algunos planteen una vía y otros una diferente; de todos modos, considero que sería conveniente esperar un tiempo -que no tiene por qué ser demasiado prolongado- para que el Poder Ejecutivo pueda plantear su adhesión o su disconformidad con esta iniciativa. De esa manera, evitaríamos el estar pisando en falso, legislando sorbe un problema que podría aparejar muchas desilusiones en caso de que no prosperase el proyecto porque no cuenta con el apoyo de los distintos Poderes involucrados. Digo esto porque si resultara afirmativa la votación de esta iniciativa, podría significar un gran avance para los intereses que están en juego en esta materia. Este es el procedimiento regular y, diría yo, el más común en el momento de legislar, es decir, el Cuerpo solicitando a sus Comisiones especializadas que analicen el tema y éstas recabando la información del Poder Ejecutivo u otro tipo de asesoramiento.

En consecuencia, pienso que en el espíritu del planteo del señor senador Ricaldoni estaría la necesidad de recurrir al Poder Ejecutivo a los efectos de que nos brinde su opinión y en virtud de ello analizar las correcciones que se puedan llegar a introducir, para que surja una solución viable, sea cual fuere. En caso de que no existan puntos de acuerdo, la Comisión y el plenario, en definitiva, decidirán si se sigue adelante con este proyecto o con otro. De todas formas, creemos que ello va a resultar más beneficioso, precisamente, para quienes deseamos que se dé un tiempo a fin de poder procesar los procedimientos regulares de análisis de un tema como éste.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Como observé el gesto del señor presidente, creí que era una moción de orden y que, entonces, tenía derecho a anotarme.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que ocurre es que aún no se ha formulado una moción de orden en ese sentido.

SEÑOR RICALDONI. - De cualquier manera, adelanto el punto de vista que tiene el Foro Batllista en esta materia.

El señor senador Alonso Tellechea tuvo la amabilidad, hace unos instantes, de hacerme conocer el planteo que está efectuando en este momento, o sea, de que concurra a Comisión el señor Ministro de Economía y Finanzas a fin de dar la opinión del Poder Ejecutivo. Hemos estado reflexionando sobre el tema y lamento no poder acompañar esa propuesta. Seguimos pensando que lo conveniente es que venga el Ministro a Sala, a título informativo o en Comisión General -no más allá de ello- para decir lisa y llanamente cuál es su posición sobre este tema.

Hace algunos minutos el señor senador Astori señalaba que este proyecto de ley previo, ineludible, para ver si existen soluciones para el problema de ASTRA y de sus trabajadores. Es una posición que, con alguna variante, también expresaba el señor senador Cassina. Recuerdo que el señor senador Astori en su intervención también agregaba que si no aparece la solución luego de aprobada la ley -porque el Poder Ejecutivo no colabora- después veremos -no recuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras- qué actitudes y qué medidas adopta el Parlamento. No puedo compartir este criterio porque todo ello, en definitiva, demuestra la razón o el fundamento de nuestra propuesta. Si no sabemos si la ley sirve -considero que el proyecto tal como está concedido no ayuda a la solución de la cuestión- si es operativa -como lo han dicho los señores senadores Astori, Cassina y Pereyra- para lo que se persigue, entonces, ¿para qué esperar a que se apruebe y aguardar la actitud del Poder Ejecutivo, si interviene o no, si resuelve objetarla o si no lo hace, cuándo entrega los fondos, etcétera? Y recién después el Parlamento debería volver a actuar sobre este tema. Ganamos un tiempo incalculable, señor presidente, si en el día de hoy o mañana -por respeto al Ministro de Economía y Finanzas- concurre al Senado el señor Ministro, no con un texto, sino con una opinión concreta. En este punto, no voy a cometer la travesura política con mi amigo, el señor senador Alonso Tellechea, en el sentido de preguntarle por qué no la trae, porque bastante esfuerzo realiza permanentemente al poner sobre sus espaldas anchas la defensa de estos temas que quizás -en lo que tiene que ver con el esfuerzo que realiza- valoremos más los sectores de oposición, que sus propios compañeros del Herrerismo.

Por consiguiente, creo que ganaríamos tiempo si en veinticuatro horas o esta misma noche viniera el señor Ministro y nos dijera qué opinión le merece este tema porque en virtud de ello -y en eso me parece que estaremos todos de acuerdo- el proyecto de ley podrá tener esta u otra redacción y no tendremos que esperar, por ejemplo, cinco o seis semanas para volvernos a reunir y empezar nuevamente con este trabajo. Además, debemos tener en cuenta las dificultades crecientes que todos advertimos en lo que tiene que ver con el quórum para sesionar. Por lo tanto, como ya adelanté en mi primera intervención, en su momento formalizaré mi propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Alonso Tellechea.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Lamento que haya existido un cambio de opinión de parte del Foro Batllista en cuanto a la actitud a seguir.

Indudablemente, se trata de un tema que necesariamente debe ser considerado en un ámbito como el de las Comisiones. Al respecto, voy a formular moción en el sentido de que sea la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación la que analice esta problemática, ya que este proyecto se financia a través de la emisión de deuda pública y que se han efectuado algunas puntualizaciones cuestionando la constitucionalidad del mismo. Lógicamente, quien primero tomó intervención en este asunto fue la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca porque se trata de un tema que está directamente vinculado a la pesca aunque debo decir que no en forma exclusiva porque también involucra a otras áreas. Normalmente, el Parlamento legisla de esta forma por lo que se me ocurre que es ese el camino que debemos andar; además, no veo motivos para no hacerlo. De todas formas, lamentablemente, hay veces en que los votos mandan. Esperemos no estar haciendo más daño con esta propuesta que el bien que se procura. Debe quedar en claro que no dudo de la buena intención de quienes la presentaron ni de aquellos que la apoyan, pero simplemente entiendo que tenemos perspectivas distintas acerca de cuál debe ser la solución.

Finalmente, quiero decir que no nos oponemos a buscar una salida para este problema, pero consideramos que ésta debe encuadrarse dentro de los mecanismos de funcionamiento de nuestra democracia, es decir, respetando el equilibrio entre la relación de Poderes, lo que normalmente se da a través de la solicitud de información por parte de las Comisiones del Poder Legislativo sobre aquellos temas en que está legislando.

Repito, formulo moción en el sentido de que este tema pase a estudio de la Comisión de Hacienda integrada con miembros de la de Constitución y Legislación.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor presidente: en primer lugar, debo decir que no es regular que sea prácticamente obligatorio conocer la opinión del Poder Ejecutivo por anticipado. Cuando una Comisión considera necesario convocar a los representantes del gobierno lo hace, como también procede de igual forma cuando entiende conveniente requerir la opinión de otras entidades. Aunque sé que no fue esa la intención, porque conozco al señor senador Alonso Tellechea, prácticamente ha decretado la incapacidad de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para expedirse sobre un problema luego de haber recibido los asesoramientos debidos. En ese sentido, solicita que pase a otra Comisión por considerar, seguramente, que no se ha hecho un estudio formal del tema. En la tarde de ayer, se especificó que se convocó a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a los trabajadores, a los profesores de la Facultad de Derecho y fue así que en quince días se hizo lo que se pudo y se ha traído a la consideración del Senado una solución que tal como se ha expresado, no es milagrosa ni novedosa ya que el país la ha empleado en otras circunstancias. De todas formas, a través de ella se va a comenzar un proceso que culminará con la reapertura de una fuente de trabajo sumamente importante.

En consecuencia, creo que si de aquí en adelante sentamos el criterio de que si no nos gusta lo que informa una Comisión pedimos que lo estudie otra, la legislación se va a hacer cada vez más lenta y, a mi juicio, cada vez más penosa. A su vez, si creemos que debemos pedirle permiso al Poder Ejecutivo para legislar en determinada materia, entonces, me parece que estaremos en una actitud de subordinación que poco bien le hace al Parlamento.

Reitero, este proyecto de ley ha sido estudiado y si no se lo quiere votar porque se considera que no es bueno, pido que aquellos que lo impugnan traigan otra solución pero que no lo hagan luego de que los trabajadores se hayan desperdigado por todo el país buscando alguna changa, sino que lo hagan esta misma noche. Por otra parte, cabe preguntarse para qué va a venir el ministro de Economía y Finanzas si todos sabemos que el Poder Ejecutivo conoce perfectamente esta situación y si no la ha solucionado es porque no ha podido o no ha querido. Nosotros, que somos los representantes del pueblo, quienes recibimos la opinión de la gente y receptores de sus angustias, esta noche estamos estudiando una solución cuyo fondo no ha sido cuestionado.

En cuanto a las observaciones por presunta inconstitucionalidad, en el repartido figura la opinión de los profesores de la Facultad de Derecho, y allí queda claro que no se trata de un proyecto de ley inconstitucional; repito, esto lo dicen los profesores en la materia.

Por lo tanto, parecería que en definitiva, si se aprueba esta moción se postergará no un proyecto de ley cualquiera, sino uno que quiere comenzar cuanto antes un proceso que termine con la reactivación de la fuente de trabajo imprescindible para mil familias del departamento de Rocha. En tal sentido, creo que cada uno de acuerdo con su criterio y su manera de ver el problema, debe votar esta noche a fin de que podamos culminar con este tema. Recuerdo que en el día de ayer ya se había solicitado una postergación a la que naturalmente accedimos, pero nuevamente en la sesión de hoy se pide una nueva postergación y si seguimos así, lo único que haremos es desacreditar el poder de decisión del Parlamento.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Le ruego al señor senador que comprenda la posición de la Mesa. Esta tiene que seguir el procedimiento que marca el Reglamento. En primer lugar, el señor senador Alonso Tellechea hizo una argumentación sobre el tema de fondo y luego formuló una moción de orden, la que en este momento está en discusión. Una vez que la misma sea resuelta, si se vuelve a la discusión del tema de fondo, en esa instancia sí podrá contestar las alusiones políticas de que haya sido objeto.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor presidente: creo que a veces las ganas de andar con rapidez no aseguran que lleguemos primero.

Cabe señalar que este proyecto de ley se presentó hace menos de veinte días y ha venido a la consideración del Senado sin informe de Comisión y quienes no la integramos, prácticamente ayer a las 16 horas tomamos contacto con el problema.

Quisiera hacer alguna manifestación en términos generales que me parece sumamente necesaria. A través de la exposición que formuló el señor senador Ricaldoni expresamos que aspirábamos -y seguimos aspirando- a tener una opinión por parte del Poder Ejecutivo.

No se trata de que le tengamos que pedir autorización o que estemos cercenando las potestades del Poder Ejecutivo, como órgano independiente. Lo que ocurre es que a nuestro juicio la mejor técnica de gobierno es que se tomen decisiones con armonía entre los distintos Poderes. Nos parece indispensable conocer la posición del gobierno en este tema, sobre todo cuando hay posiciones encontradas y teniendo en cuenta que este proyecto proviene de sus propias filas. Entonces, habiendo opiniones encontradas dentro de la bancada oficialista, ¿cómo no vamos a tener derecho a preguntarnos qué piensa el Poder Ejecutivo de este proyecto? ¿Es constitucional, hay fondos dentro de los márgenes votados como para financiar esta iniciativa? ¿No estaremos desvistiendo a un santo para vestir a otro? Reitero que nos parecía imprescindible que, por lo menos, un representante del Poder Ejecutivo viniera a Sala para contestarnos rápidamente estas interrogantes. Si esto no prospera, inevitablemente, el Poder Ejecutivo tendrá que realizar su proceso de participación en la otra Cámara. De otra forma, no podremos votar. Esto no quiere decir que temamos al veto o que procedamos bajo su amenaza, pero un Poder que no es consultado -como lo es el Poder Ejecutivo en este caso- tiene la potestad constitucional de proceder de acuerdo con su criterio. ¿Por qué no prevemos esto? Si dicho Poder tiene alguna observación que formular a los efectos de armonizar el texto y asegurar el buen trámite del proyecto, ¿por qué no consultarlo y escucharlo? Inevitablemente, reitero, esto deberá realizarse en la Cámara de Representantes.

Por otra parte, nosotros no acompañamos el traslado de este proyecto por más tiempo; si el señor Ministro de Economía y Finanzas estuviera en condiciones de asistir a Sala en el día de hoy, haríamos un cuarto intermedio y lo esperaríamos. De lo contrario, en la forma testimonial que lo manifestara el señor senador Ricaldoni, estaríamos dispuestos a darle nuestro voto afirmativo a esta iniciativa, habida cuenta de que el Poder Ejecutivo debe contar con la instancia de pronunciarse en la Cámara de Representantes. La participación de dicho Poder no puede ser objetada ni rechazada porque todos los partidos políticos que de alguna forma aspiramos a ser gobierno del país tenemos que bregar para que la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo sea constante. Considero que no se puede pedir autorización, pero tampoco imponer soluciones cuando no se escucha la otra parte.

Por lo tanto, señor presidente, en esas condiciones es que votaremos el proyecto.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Arana)

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor presidente: seré muy breve porque realmente estoy totalmente de acuerdo con la fundamentación del señor senador Pereyra. No obstante, sin que nadie se sienta aludido, quisiera decir que esto me hace acordar algunos partidos de fútbol, cuando el golero hace tiempo, hasta que el juez lo sanciona con la tarjeta amarilla. Si hoy procederemos a un aplazamiento, ¿qué ganamos? En realidad, ¿asistirá a Sala el señor Ministro? Si desde diciembre hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema de ASTRA, ¿qué va a agregar mañana o la próxima semana? En primer lugar, pienso que no va a venir y, en segundo término, creo que tendrá la misma actitud que ha mantenido durante estos siete meses. En ese sentido, creo que debemos tener en cuenta lo expresado por los señores senadores Astori y Pereyra.

El señor senador Astori muy bien expresó que este proyecto no resuelve la problemática de ASTRA, pero si no comenzamos con esta iniciativa no habrá esperanzas ni para sus trabajadores ni para el departamento de Rocha ni para el país. Por lo tanto, si alguien propone el aplazamiento de este proyecto, voy a votar en contra porque no estoy de acuerdo con ningún tipo de retardo. Pienso que luego de escuchar las posiciones de los distintos señores senadores correspondería pasar a votar el texto propuesto por el Movimiento Nacional de Rocha.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor presidente: aclaro que no vamos a acompañar ninguna dilatoria respecto al tratamiento y a la aprobación de este proyecto. Creemos que, desde hace largo tiempo, es por todos conocida la situación que vive ASTRA y, diría, que la ha soportado con la más absoluta indiferencia del Poder Ejecutivo. No creo que podamos pensar que el señor Ministro de Economía y Finanzas venga hoy, mañana o pasado con una solución positiva porque creo que no ha demostrado sensibilidad frente a este problema que aqueja a una planta y a los trabajadores de una zona importante del país.

En segundo lugar, creo que los argumentos del señor senador Pereyra han sido terminantes en cuanto a que este jerarca no ha querido o no ha podido solucionar el problema. Pienso que este proyecto abre un camino viable. Quizás, tendrá que ser mejorado o completado en los próximos días; no obstante, señala una voluntad que deseamos se transforme en un instrumento unánime del Senado pues lo que se busca es resolver un problema que afecta a una masa importante de trabajadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Alonso Tellechea.

(Se vota:)

-3 en 20. Negativa.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Señor presidente: si bien el señor senador Pereyra fue lo suficientemente claro, quería dejar una constancia. El señor senador expresó que quien habla estaría determinando cierta incapacidad para la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en el análisis de este tema. De ninguna manera esto es así. En primer lugar, porque los miembros de esa Comisión -por los que siento un gran respeto- han demostrado una gran capacidad a lo largo de estos dos años y medio que hemos venido trabajando. No se trata de un problema de capacidad ni de la Comisión ni de sus integrantes, porque la problemática que se planteó hoy en Sala es muy distinta a la que analizó la Comisión.

En segundo término, aclaro que no pude participar de las deliberaciones de la Comisión por integrar otra que me ha encomendado el Cuerpo, que celebra sesiones prácticamente todos los días de la semana y en mi carácter de presidente, aunque puedo asentarme, no es conveniente que así proceda.

En tercer lugar, la moción que ha sido votada hace unos instantes exclusivamente por los integrantes del Herrerismo, no planteaba una postergación ni un aplazamiento ni una dilatación en el análisis del tema, sino que exigía una mayor seriedad en la forma de analizarlo, sugiriendo la necesidad de seguir un régimen regular, tal como se procede en casi todos los proyectos de ley que estudia el Poder Legislativo.

No se trata de que le tengamos que pedir autorización o que estemos cercenando las potestades del Poder Ejecutivo, como órgano independiente. Lo que ocurre es que a nuestro juicio la mejor técnica de gobierno es que se tomen decisiones con armonía entre los distintos Poderes. Nos parece indispensable conocer la opinión del gobierno de este tema, sobre todo cuando hay posiciones encontradas.

15) TERMINO DE LA SESION

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: faltan 16 minutos para que culmine el tiempo de la sesión ordinaria. Por lo tanto, propongo que se prorrogue su duración hasta culminar el tratamiento de este proyecto de ley y del que le sigue en el orden del día, que se refiere a modificaciones a disposiciones relativas a la estructura, funcionamiento y beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y tiene un informe unánime de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) COMPLEJO PESQUERO ASTRA S.A. Intervención del Poder Ejecutivo. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Continúa la discusión general del proyecto de ley relativo al complejo pesquero ASTRA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Solicito que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a intervenir la empresa ASTRA S.A. y el complejo industrial ubicado en La Paloma, con todas sus instalaciones y anexos, incluso los barcos de que dispone».

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Tal como anunciamos en la discusión general vamos a proponer una modificación al texto del artículo 1º. El mismo quedaría redactado de la siguiente manera: «Artículo 1º. - Se establece que el Poder Ejecutivo intervendrá la empresa ASTRA S.A. y el complejo industrial ubicado en La Paloma, Décima Sección Judicial del departamento de Rocha, con todas sus instalaciones y anexos, incluso los barcos de que dispone».

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Si bien el proyecto, tal como viene redactado por la Comisión, me plantea algunas dudas, con la modificación propuesta es notoriamente peor porque de esta forma entramos en un terreno difícil de resolver. Al declararlo en forma imperativa y al decir que se establece y no que se autoriza al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo está invadiendo las competencias de aquél. Creo que dentro de todos los males que se podrían llegar a plantear éste es uno de los peores.

SEÑOR RAMIREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMIREZ. - Deseo agregar alguna observación al texto del artículo 1º. Ya sea con la redacción original o con la propuesta por el señor senador Gargano, creo que no queda claro quién es el interventor, si se trata del Poder Ejecutivo o, de acuerdo con el artículo 2º, de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Según el artículo 3º, tampoco queda claro de quién son los fondos que se proveen ya que se agrega que son de la Corporación pero por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Finanzas. Teniendo en cuenta las eventuales responsabilidades recíprocas entre contractuales o legales y extra contractuales y la posibilidad de daños y perjuicios -por parte de accionistas contra el Estado o la Corporación o a la inversa- ¿quién es el que tiene el crédito por la restitución de los fondos que pueda haber provisto a favor de la empresa ASTRA que se pretende auxiliar? Creo que ni la redacción ni la armonía entre el artículo 1º y 2º son los apropiados.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Quiero referirme a un aspecto un poco distinto de la redacción dada al artículo 1º. Es indudable que la intención en que se intervenga la empresa ASTRA S.A. Sin embargo, luego se agrega que también se intervendría el complejo industrial ubicado en La Paloma. No entiendo cuál es el sentido de esto. Si hubiera otra empresa que junto con ASTRA funcionara en un mismo conjunto económico industrial, creo que también debería ser intervenida, pero la ubicación en La Paloma no tiene nada que ver. Incluso, los barcos podrán parar normalmente en el puerto de La Paloma y hoy estar ubicado en otro lado. Por lo tanto, tengo dudas de que la ubicación en ese lugar sea un criterio claro. Entiendo que se debería decir: «intervenir la empresa ASTRA S.A. y las demás empresas que junto con aquellas forman un mismo complejo industrial, con todas sus instalaciones y anexos, incluso los barcos de que dispone».

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - La empresa ASTRA es una sola; si se agrega la expresión «complejo industrial» es porque la empresa en sí lo constituye, con una flota pesquera, con una planta y con una serie de elementos anexos. Por esa razón es que se ha dado esa redacción.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - En función de la explicación dada por el señor senador Pereyra, me parece que bastaría con decir: «intervenir el complejo industrial ASTRA S.A.». Creo que de esta forma quedaría solucionado el problema.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Tiene razón el señor senador Batalla pero creo que no sería redundante agregar: «con todas sus instalaciones y anexos, incluso los barcos de que dispone». Entonces, eliminaríamos la expresión «y el complejo industrial ubicado en La Paloma» que podría llevar a confusión sobre qué ocurriría con algo que no estuviera ubicado en ese lugar. Me parece que el espíritu del proyecto de ley es intervenir todo aquello que pertenezca a ASTRA incluyendo todas sus instalaciones, bienes anexos, etcétera.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - La empresa ASTRA es el complejo industrial que está en La Paloma y los barcos de que dispone, donde quiera que estén, pertenecen al mismo, por lo que están comprendidos en la intervención.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Si el señor senador Pereyra no tiene inconveniente, creo que deberíamos eliminar la expresión «y el complejo industrial ubicado en La Paloma». El artículo quedaría de la siguiente manera: «Autorízase al Poder Ejecutivo a intervenir la empresa ASTRA S.A. con todas sus instalaciones y anexos, incluso los barcos de que dispone». Me parece que de esta forma ganaríamos en claridad.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - En primer lugar, creo que tenemos que precisar correctamente el nombre de la empresa que es ASTRA Pesquerías Uruguayas S.A. En segundo término, sugeriría -sin ánimos de terciar en la discusión anterior- que quedaría más claro poner que la intervención se refiere a ASTRA Pesquerías Uruguayas S.A., incluyendo la totalidad de su complejo industrial, ubicado en La Paloma, Décima Sección Judicial del departamento de Rocha, así como su flota de buques pesqueros. Considero que esa es la mejor redacción.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - La Presidencia observa que el señor senador Pereyra está de acuerdo con estas modificaciones.

Se pasa a votar el artículo 1º con el texto aprobado por la Comisión tal como fue remitido.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 19. Negativa.

Ahora pasaríamos a considerar el artículo 1º con las modificaciones propuestas por los señores senadores Astori y Zumarán.

SEÑOR ASTORI. - Las modificaciones que he propuesto sustituyen las del señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Estoy de acuerdo con ellas.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - En consideración el artículo 1º con las modificaciones introducidas en Sala.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

La Presidencia consultaría a los señores senadores, en el sentido de que si no sería más correcto decir: «El Poder Ejecutivo intervendrá», en lugar de: «Autorízase al Poder Ejecutivo a intervenir».

SEÑOR CASSINA. - Efectivamente, es más correcto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Si no hay oposición, se interpreta que existe una opinión unánime.

(Apoyados)

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - A los efectos de que el texto quede totalmente claro, procederé a leerlo. El artículo quedaría redactado de la siguiente manera: «El Poder Ejecutivo intervendrá la empresa ASTRA Pesquerías Uruguayas Sociedad Anónima, incluyendo la totalidad de su complejo industrial ubicado en La Paloma, 10a. Sección Judicial del departamento de Rocha, así como su flota de buques pesqueros».

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Cuando se procedió a la votación, quedó aprobado el texto con la palabra «establécese» y luego se rectificó el texto. Por lo tanto, solicitaría que se rectificara la votación del artículo 1º porque, de lo contrario, luego habrá una discordancia entre el texto de la versión taquigráfica y el que aparece votado.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Se va a votar, entonces, el nuevo texto del artículo 1º, leído recientemente por el señor senador Astori.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

«ARTICULO 2º. - Encomiéndase a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a poner en funcionamiento el mencionado complejo industrial y actividades conexas a él, encomendándole su gestión industrial y comercial por el término de la intervención».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 3º. - De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 17 de la Ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo el Banco Central del Uruguay, capitalizará a la Corporación Nacional para el Desarrollo en la cantidad de U$ 15:000.000 (pesos uruguayos quince millones) en títulos de deuda pública nacional, bonos del tesoro, proveídos por dicha institución bancaria por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Finanzas. Los fondos resultantes de la capitalización efectuada en virtud de la autorización legal sólo podrán destinarse a gastos de intervención y gestión de la planta. En caso de ser necesario el Poder Ejecutivo podrá autorizar nuevas capitalizaciones con el fin exclusivo de atender lo dispuesto por esta ley»).

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Tratando de aportar un poco de luz a este tema que es realmente complejo -esa es mi intención, aunque no sé si lo lograré- diría que, a mi juicio, lo que requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo por mandato constitucional es autorizar la emisión de la Deuda Pública. Por lo tanto, en este proyecto de ley no podríamos autorizar un aumento en la deuda pública. Pero de acuerdo con la última ley que se votó en este Senado, el Poder Ejecutivo ha sido -con su iniciativa previa- autorizado por la ley a emitir Bonos del Tesoro hasta un determinado monto que no se ha cubierto. De manera que hay una suma remanente sin emitir y circular; es decir que existe deuda pública autorizada.

Me parece que por lo menos forma parte de la intención de esta disposición que de ese monto autorizado se tomen U$ 15:000.000 y se coloquen, a los efectos de obtener recursos frescos. Esto lo haría -como bien aclara el señor senador Pereyra- la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es decir que el mecanismo que se busca es que el Banco Central entregue a dicha Corporación Bonos del Tesoro por ese monto y ésta concurra a la Bolsa de Valores o a algún agente bancario y coloque estos aportes o un banco le dé el dinero, a los efectos de obtener dineros frescos, es decir un mínimo de capital que regulará la Corporación Nacional para el Desarrollo a través de su intervención.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Quiero aclarar que este artículo fue consultado con algunos miembros de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Aconsejaron el mismo procedimiento para capitalizar que en el caso de El Espinillar y el más reciente, de Campomar. De manera que se trata de un mecanismo que se ha venido utilizando y no es sobre deuda a emitir, sino sobre deuda ya autorizada.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - No sé si es suficiente con las aclaraciones formuladas o si algunos señores senadores consideran que éstas no alcanzan. En tal sentido, la única modificación que propondría sería agregar donde dice: «en títulos de deuda pública nacional, bonos del tesoro, proveídos por dicha institución bancaria por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Finanzas», la palabra «autorizados», luego de «bonos del tesoro». Digo esto, a los efectos de que quede claro que se trata de deuda autorizada legalmente.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Debo decir que considero innecesaria la aclaración porque es evidente que estamos proponiéndonos que se trabaje con la deuda autorizada conforme a la ley. De otro modo, sí tendría que haber una iniciativa del Poder Ejecutivo para autorizar la emisión de más deuda. Entiendo que esto ha quedado muy claro en el debate que hemos tenido en el día de hoy. Es decir que se trata de la deuda autorizada y no es otra la que el Poder Ejecutivo o el Banco Central pueden disponer.

Por estas razones, reitero que la aclaración me parece innecesaria.

Por otra parte -aprovechando la interrupción generosamente cedida por el señor senador Zumarán- consultaría si no sería pertinente eliminar la primera parte de este artículo, concretamente la referencia al artículo 17 de la Ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo y que el mismo comenzara diciendo: «El Banco Central del Uruguay capitalizará a la Corporación Nacional para el Desarrollo».

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Entre otras cosas, la referencia al artículo 17 se hace para salvar esta duda que motivó que se considerara si se trataba de deuda autorizada o no. En el inciso B) del artículo 17 de la Ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se dice que el Estado la capitalizará «con el producido de la emisión de Títulos de Deuda Pública, autorizada con arreglo al artículo 85, numeral 6º de la Constitución». No obstante, si los señores senadores que son especialistas en Derecho consideran que esta disposición no afecta la correcta interpretación de la ley, desde ya aclaro que no voy a insistir en el tema.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: simplemente deseo acompañar lo que acaba de señalar el señor senador Cassina. Estoy firmemente convencido de que con la redacción que viene de Comisión, en la que se hace referencia al artículo 17 de la Ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, este artículo se convierte en una norma inconstitucional. Entonces, por lo menos, debemos eliminar esta inconstitucionalidad del proyecto de ley, o la posibilidad de que la misma sea invocada con la proposición que acaba de hacer el señor senador Cassina, que acompaño y que coincide con lo que expresé al hacer uso de la palabra.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor presidente: deseo aclarar que iba a proponer exactamente lo mismo que el señor senador. No voy a recordar aquí todo el pasaje de la discusión general, en la que hablamos de la distinción entre deuda a emitir y deuda ya emitida, además de autorizada. Esto se puede capitalizar con deuda no sólo autorizada, sino ya emitida y en poder de las autoridades públicas. Esto demuestra que hay muchas posibilidades, y todas son absolutamente constitucionales.

No obstante, comparto la propuesta de eliminar toda la primera parte del artículo 3º e iniciar su redacción de la siguiente manera: «El Banco Central del Uruguay».

SEÑOR PEREYRA. - Entonces, en nombre de la Comisión, retiro el artículo 3º para que se vote la redacción propuesta en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Si no hay opiniones discordantes, se va a votar el artículo 3º con las modificaciones introducidas en Sala.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Antes de considerar el artículo 4º, la Mesa quiere hacer notar que debería realizarse una pequeña modificación a la redacción del artículo 2º. Dicha norma, comienza diciendo: «Encomiéndase a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a poner en funcionamiento». La Presidencia cree que debería eliminarse la proposición «a», por lo que el artículo, expresaría: «Encomiéndase a la Corporación Nacional para el Desarrollo poner en funcionamiento».

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor presidente: ya que estamos haciendo modificaciones al artículo 2º, deberíamos cambiar la expresión «actividades conexas a él» por «actividades conexas con él».

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Entonces, la Mesa toma nota de las correcciones propuestas.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 4º. - Cométese a la Corporación Nacional para el Desarrollo la realización de las gestiones y negociaciones tendientes a solucionar definitivamente el funcionamiento y la gestión industrial y comercial en aplicación de las facultades e instrumentos que le confiere la ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985»).

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Simplemente deseo señalar que hay un error de numeración de la Ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que no es la Nº 15.785, sino la ley Nº 15.789.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: en virtud de que estamos haciendo pequeñas modificaciones al artículo, propongo que se cambie el vocablo «del» por la proposición «de», antes de la expresión «4 de diciembre de 1985».

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 5º. - Los trabajadores que registraban actividad en ASTRA al 31 de diciembre de 1993, tendrán prioridad para ocupar los puestos de trabajo, de acuerdo al proceso de reactivación del complejo industrial y pesquero».)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: creo que la referencia a la empresa ASTRA en el artículo 5º debería hacerse en los términos completos que oportunamente señaló el señor senador Astori; esto es: ASTRA Pesquerías Uruguayas Sociedad Anónima.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: anteriormente hice referencia a la preocupación que tenemos algunos legisladores con respecto a la situación de los trabajadores con créditos de naturaleza laboral impagos. En ese sentido, redactamos una norma aditiva, o que podría funcionar como inciso segundo y tercero del artículo 5º. A continuación, voy a dar lectura a esta disposición, a efectos de que se conozca su contenido. Diría: «En el caso de trabajadores con créditos de naturaleza laboral impagos que no sean reintegrados o no deseen su reincorporación a la empresa, percibirán inmediatamente los montos que se les adeuden con prioridad a todo otro acreedor. A los reintegrados se les abonará los salarios adeudados dentro de un plazo que no excederá los seis meses, a partir de la reiniciación de la actividad en la empresa».

No tenemos claro cuál va a ser la realidad del funcionamiento de la empresa. Hace un rato el señor senador Pereyra decía que se reintegrarían, en primer lugar, 200 obreros, luego otros 200, pero en el establecimiento había 900 trabajadores. Entonces, me preocupa el hecho de que no manejamos una disposición que señale que deberá reintegrarse la totalidad de los empleados a la empresa, es decir, que exista un mecanismo para el caso de que queden trabajadores con créditos de naturaleza laboral impagos y que se fije un plazo dentro del cual se les abone sus haberes.

Por lo expuesto, estas disposiciones podrían funcionar como inciso segundo y tercero del artículo 5º, que también se refiere al mecanismo de reintegro de los trabajadores, o como un artículo 6º. Quizás sea mejor establecer que la disposición constituya un artículo separado.

SEÑOR ZUMARAN. - En ese caso, deberíamos votar el artículo 5º.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Si bien comparto la intención del inciso, no lo voy a acompañar, no por tratarse de una postura política, sino porque se trata de un tema de carácter jurídico.

Es evidente que la norma va a generar problemas adicionales y, quizá, argumentos adicionales a quienes se opongan al proyecto. A continuación, voy a explicar las razones.

Esta norma significa que una hipoteca o una prenda que estén construidas en este momento sobre cualquier bien de la empresa -y que de acuerdo a la ley tienen determinados privilegios- cesan por lo que aquí establezcamos, lo que va a generar, reitero, fuentes de problemas adicionales. Si no estoy equivocado, las normas vigentes en el país determinan que en caso de concordato -no recuerdo si de quiebra y de disolución o liquidación de empresas- efectivamente hay una preferencia reconocida con carácter general para los créditos laborales. En ese sentido, se ha expedido en alguna oportunidad reciente la justicia laboral del Uruguay. Además, esta norma va a crear problemas con el Banco de la República y con cualquier entidad.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Puede interrumpir el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Simplemente, soy un vocacional del derecho y no un abogado, pero debo señalar que este tema no solamente me preocupa a mí, sino también al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Plá Rodríguez. Si el señor senador Ricaldoni lee con atención la versión taquigráfica de la respectiva sesión de la Comisión, podrá observar que en la propia intervención el doctor Plá Rodríguez hace referencia a este Capítulo y a este punto. Cabe destacar que, además, el decano es la voz de la Cátedra. A su juicio, los créditos laborales tienen privilegio sobre los créditos, inclusive hipotecarios o prendarios.

De manera que la redacción de este artículo tiende a que en torno a los créditos específicos de estos trabajadores no se plantee la situación de conflicto judicial a que refiere el señor senador Ricaldoni.

Asimismo, el doctor Plá Rodríguez explicó -y también esto figura en la versión taquigráfica de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca- que hay opiniones distintas en la jurisprudencia; pero la de la Cátedra es la que acabo de mencionar. Precisamente, si esta disposición se ha incorporado es para que no haya discusión de ningún tipo.

Esta es la aclaración que deseaba hacer al señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - El señor senador Librán Bonino me acota que lo que ha dicho el doctor Plá Rodríguez -cuya opinión, naturalmente, respeto, y adelanto que he sido su alumno- es que existe jurisprudencia contradictoria, y no lo que afirma el señor senador Gargano.

Al margen de esto, deseo expresar que una cosa es el tema de la hipoteca posterior al reclamo laboral y otra la constitución de un gravamen real -llámese prenda o hipoteca- debidamente inscripto con carácter anterior al reclamo laboral.

Me parece que quienes estamos dispuestos a votar esta disposición, a las apuradas -no es mi intención decir que el señor senador Gargano esté improvisando- no podemos agregar en este momento normas a un proyecto de ley respecto al cual todos somos conscientes de sus debilidades y de las interrogantes que puede plantear en caso de ser aprobado. Creo que estamos yendo un poco lejos en este aspecto. Ya que hemos aceptado eliminar los problemas que podrían plantearse a raíz del texto del artículo 3º, suprimiendo la referencia al artículo 17 de la Ley de Creación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, sugiero que sigamos por el camino de la sensatez porque, entre otras cosas, repito -sin ponerme de augur- que el proyecto seguramente va a regresar al Senado puesto que, como lo señalaba nuestro compañero de sector, el señor senador Pozzolo, el Poder Ejecutivo dirá algo en la Cámara de Representantes y en función de ello, la redacción se verá modificada.

En resumen, entiendo que tenemos que reflexionar más sobre este tema y no arriesgarnos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Es, simplemente, para sugerir que se vote el artículo 5º tal como está y, posteriormente, el artículo 6º que ha sido propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Se va a votar el artículo 5º tal como vino de la Comisión, y con la modificación planteada en Sala.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Correspondería pasar a considerar el artículo 6º propuesto por el señor senador Gargano.

SEÑOR ZUMARAN. - Solicito que se le dé lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Léase.

(Se lee:)

«ARTICULO 6º. - En el caso de trabajadores con créditos de naturaleza laboral impagos que no sean reintegrados o no deseen su reincorporación a la empresa, percibirán inmediatamente los montos que se les adeuden con prioridad a todo otro acreedor.

A los reintegros se les abonarán los salarios adeudados dentro de un plazo que no excederá los seis meses a partir de la reiniciación de la actividad en la empresa».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 16. Afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - De acuerdo con esta redacción, ¿quién paga? Por ley hemos impuesto varias obligaciones, ¿a quién y con qué fondos? No tenemos idea del monto y tampoco decimos a quién le corresponde pagarlo. ¿Es con cargo al patrimonio de la empresa? Me parece que esto tendríamos que aclararlo debidamente en el texto puesto que, de lo contrario, podría generar mayor confusión.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Quiero decir -quizás, a título de fundamento de voto, porque como ya hemos votado el artículo, tendríamos que reconsiderarlo en caso de que haya alguna objeción- que está muy claro que la opinión de los juristas que participaron asesorando a la Comisión es que todo lo que el Estado incorpore al capitalizar a la empresa, se dedicará a la gestión, que también es resolver el problema de las deudas que se tienen con el personal. ¿Acaso los $ 15:000.000 se van a dedicar exclusivamente a comprar gasoil, a pagar las cuentas de UTE, etcétera? Creo que no; que se van a disponer para gestionar a la empresa en su conjunto. A mi juicio, gestión son todos estos componentes.

Obviamente, esto genera un crédito de la institución que interviene contra el patrimonio del titular de la empresa. Tal como señalamos hace unos momentos, el patrimonio sigue siendo de los titulares jurídicos de la empresa. Toda la inversión que el Estado haga para pagar salarios, comprar gasoil, sacar los barcos a alta mar o para hacer funcionar la planta, irá como crédito contra el patrimonio. Si la intervención es rentable y se generan ingresos que compensen el capital invertido, los recursos que se han dado volverán a la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Estado, en definitiva, no habrá gastado ningún centésimo, ya que la puesta en marcha de una terminal pesquera le permitirá solventar con creces la inversión hecha. Obviamente, el dinero surge de un proceso de capitalización que se va a hacer, porque al intervenir nos ocupamos de la gestión y, repito, gestión no es sólo poner en funcionamiento la planta y los barcos, sino también ocuparse de la gente.

Este es mi fundamento de voto con relación al artículo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Deseo expresar -también por la vía de fundamento de voto, porque no cabe otra cosa- que recuerdo perfectamente bien que esta consulta fue formulada en Comisión. Personalmente, entendía que cuando en el articulado se habla de la puesta en marcha y la gestión de la empresa, se está incluyendo todo. No se puede salir a pescar o procesar el pescado sin los trabajadores, y tampoco se puede mantener al personal sin pagarle. Así lo entendió el doctor Cajarville, quien finalmente señaló que el pago a los trabajadores estaba incluido en el articulado, pero que si se quería aclarar aún más el tema, expresamente se podría poner una disposición similar o parecida a la que ha planteado el señor senador Gargano. Creo que él la ha hecho un poco más amplia, en tanto que precisó hasta los plazos en que deben hacerse efectivos los pagos. Repito que el pago a los obreros estaba incluido en el articulado primitivo del proyecto, y ahora lo que se hace es aclararlo aún más.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor presidente: voté negativamente este artículo, porque pienso que con lo dicho respecto a la gestión ya estaban comprendidas todas las inversiones imprescindibles para lograr el objetivo primitivo, que es poner esto en marcha.

Creo que la disposición propuesta por el señor senador Gargano va mucho más allá porque, por ejemplo, los trabajadores que por sí, y aunque la empresa los llame, resuelvan no reintegrarse, también percibirán lo adeudado. Quiere decir que ya no se trataría de poner en marcha la empresa, ni de ocuparse de su gestión.

Por otra parte, no sé si estos fondos alcanzan o no. Por lo tanto, pienso que con este artículo 6º atamos a soluciones rígidas a los interventores, a la Corporación Nacional para el Desarrollo que, aunque no exista otra disposición, tendrá dificultades para cumplir con sus cometidos.

Esto, en vez de ayudar -como puede parecer en un principio- a percibir un crédito laboral -nadie más necesitado para hacerlo efectivo que los trabajadores, que no tienen normalmente ninguna otra fuente de ingreso- conspira contra el objetivo principal, que es poner en marcha esta empresa lo antes posible, para que comience a generar trabajo y actividades económicas que, en definitiva, son el único sustento real que tiene para los 900 ó 1.000 trabajadores que tuvo la empresa. ¡Ojalá, en el futuro, pueda contar con más cantidad de personal!

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Muy brevemente, señor presidente, voy a fundar el voto de esta disposición en base a tres argumentos.

En primer lugar, por el conocimiento que tengo de la suma aproximada que implica este pasivo. De acuerdo con las informaciones de que dispongo, el pasivo laboral -llamémosle así- sin incluir cargas sociales -que son las deudas que tiene pendientes con el Banco de Previsión Social- se ubica en torno a los U$S 1:300.000. Mediante esta iniciativa estamos capitalizando a la empresa intervenida con una suma que oscila en los U$S 3:000.000.

En segundo término, esta empresa empezaría a operar intervenida y se supone que generará ingresos. Es la intervención la que irá administrando los recursos de que dispondrá, con lo cual no debe inferirse que la suma de capitalización será rebajada en los créditos laborales; es decir: U$S 1:300.000.

En tercer lugar, señor presidente, recordando la redacción de la propuesta se distinguen dos casos: el de los trabajadores que no continúan desarrollando funciones en la empresa, en el que opera la prioridad establecida en la norma y el de que aquellos que siguen trabajando, en los que rige un plazo -no una prioridad- para pagarles su pasivo laboral, que no es lo mismo que prioridad.

Distinguiendo estos tres argumentos y armonizándolos en el sentido que tienen, he votado favorablemente esta propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Queda aprobado, en general y en particular, el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

«Artículo 1º. - El Poder Ejecutivo intervendrá la empresa ASTRA Pesquerías Uruguayas S.A., incluyendo la totalidad de su complejo industrial ubicado en La Paloma, 10a. Sección Judicial del departamento de Rocha, así como su flota de buques pesqueros.

Art. 2º. - Encomiéndase a la Corporación Nacional para el Desarrollo, poner en funcionamiento el mencionado complejo industrial y actividades conexas con él, encomendándole su gestión industrial y comercial por el término de la intervención.

Art. 3º. - El Banco Central del Uruguay capitalizará a la Corporación Nacional para el Desarrollo en la cantidad de $ 15:000.000 (pesos uruguayos quince millones) en títulos de deuda pública nacional, Bonos del Tesoro, proveídos por dicha institución bancaria por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Finanzas. Los fondos resultantes de la capitalización efectuada en virtud de la autorización legal sólo podrán destinarse a gastos de intervención y gestión de la planta. En caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo podrá autorizar nuevas capitalizaciones con el fin exclusivo de atender lo dispuesto por esta ley.

Art. 4º. - Cométese a la Corporación Nacional para el Desarrollo la realización de las gestiones y negociaciones tendientes a solucionar definitivamente el funcionamiento y la gestión industrial y comercial en aplicación de las facultades e instrumentos que le confiere la ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985.

Art. 5º. - Los trabajadores que registraban actividad en ASTRA Pesquerías Uruguayas S.A. al 31 de diciembre de 1993, tendrán prioridad para ocupar los puestos de trabajo, de acuerdo al proceso de reactivación del complejo industrial y pesquero.

Art. 6º. - En el caso de trabajadores con créditos de naturaleza laboral impagos, que no sean reintegrados o no deseen su reincorporación a la empresa, percibirán inmediatamente los montos que se les adeuden, con prioridad a todo otro acreedor.

A los reintegrados se les abonarán los salarios adeudados dentro de un plazo que no excederá los seis meses, a partir de la reiniciación de la actividad en la empresa».

17) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS. Se modifican disposiciones relativas a su estructura, funcionario y beneficios. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones relativas a la estructura, funcionamiento y beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. (Carp. Nº 1477/94 - Rep. Nº 835/94)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 1477/94
Rep. Nº 835/94

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias los bancos públicos y privados y todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes), el Banco de Seguros del Estado; las compañías de seguros; la Bolsa de Comercio; las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad financiera con personalidad jurídica; y las empresas que sean propiedad de entidades afiliadas al instituto y que desarrollen actividades que integran la unidad técnico-económica de las mismas.

Art. 2º. - El régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias comprende a:

a) todos los trabajadores y de las empresas, instituciones y entidades afiliadas, así como los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que sean remunerados por su actividad personal en régimen de subordinación.

b) los directores y administradores rentados de las empresas, instituciones y entidades afiliadas. Aquellos que tuvieren servicios anteriores amparados por otros institutos de Seguridad Social, o fueren jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias u otros organismos, podrán optar por la afiliación que prefieran dentro de un plazo de 90 (noventa) días a contar desde la vigencia de esta ley, o desde su ingreso si éste se produjera con posterioridad.

Art. 3º. - Las personas que ingresen al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias con posterioridad a la vigencia de esta ley, deberán permanecer en actividad continua o discontinua durante 5 (cinco) años para tener derecho a que se les acumulen servicios anteriores amparados por otros organismos de Seguridad Social. No será exigible esta permanencia en caso de jubilación especial por incapacidad o para generar pensión.

Art. 4º. - El personal que a la fecha de vigencia de esta ley se desempeñe en alguna de las empresas, instituciones o entidades que por aplicación del artículo 1º de la misma se incorporan al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

a) Podrá usar del derecho de acumulación a que se refiere el artículo 3º precedente, una vez completados los 3 (tres) años de actividad continua o discontinua no será exigible para quienes sean jubilados de la Caja con anterioridad a dicha vigencia, ni en los casos de jubilación especial por incapacidad o para generar pensión; así como para quienes hayan aportado no menos de 10 (diez) años continuos o discontinuos a la Caja de Jubilaciones Bancarias con anterioridad a la vigencia de esta ley y tengan al momento de su retiro 60 (sesenta) años de edad.

b) Podrá optar por única vez y dentro del plazo de 90 (noventa) días a partir de la vigencia de esta ley, por continuar percibiendo la jubilación que le hubiese otorgado la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en cuyo caso no se acumularán los nuevos servicios a aquellos que generaron la pasividad.

En la opción contraria esa pasividad será suspendida y en su oportunidad podrán incorporarse las nuevas prestaciones conforme a las disposiciones aplicables según el régimen de la causal jubilatoria original.

c) Conservará la protección que actualmente reciba por los sistemas de cobertura de asistencia médica, materno-infantil, desempleo y asignaciones familiares, manteniéndose a esos efectos los regímenes de administración, aportación y atribución de beneficios que le son aplicables.

Art. 5º. - Facúltase al Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a fijar por unanimidad de sus miembros las tasas de contribución patronal y personal al instituto, de acuerdo a la situación económica-financiera del mismo y en cuanto no excedan los máximos legales vigentes.

Las empresas, instituciones y entidades incorporadas al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en virtud de la presente ley, y sus trabajadores, directores y administradores rentados, continuarán abonando a ésta durante los 2 (dos) años de su nueva afiliación, las tasas de aportación patronal y personal que actualmente les gravan para servir las prestaciones a su cargo previstas en el artículo 31 del llamado Acta Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979. Vencido dicho plazo abonarán las mismas tasas que rijan con carácter general.

Art. 6º. - La Caja podrá organizar, establecer y administrar con independencia patrimonial, regímenes complementarios del sistema general, así como prestar servicios vinculados con su actividad.

El Consejo Honorario dictará la correspondiente reglamentación y fijará los montos a percibir por concepto de comisiones y de administración.

Art. 7º. - Los importes máximos iniciales de las asignaciones de jubilación que se otorguen con arreglo al llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, se establecerán con carácter general por el Consejo Honorario por 5 (cinco) votos conformes en ocasión de proceder a los ajustes de pasividades dispuestos por el artículo 67 de la Constitución de la República.

En tales oportunidades y por misma mayoría, el Consejo Honorario podrá aumentar o disminuir los topes referidos, que en ningún caso podrán ser superiores a los que resulten de la aplicación de las escalas respectivas en el artículo 17 del decreto-ley Nº 10.331, de 29 de enero de 1943 (en el texto dado por la ley Nº 11.452, de 30 de junio de 1950 y modificativas).

En caso de no lograrse la mayoría especial requerida, se mantendrá el monto de los topes vigentes con anterioridad.

Art. 8º. - Los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que cesen, o hayan cesado en la actividad sin causal jubilatoria, podrán optar por mantener afiliación voluntaria a la misma abonando el monto de los aportes patronales y personales sobre la base de una asignación ficta fijada por la Caja, cuyo monto se ajustará periódicamente y se considerará como salario a todos los efectos del régimen general de pasividades.

Esta opción deberá formularse por única vez dentro de los 90 (noventa) días del cese, o de los 180 (ciento ochenta) días de la vigencia de esta ley para los que ya hubieren cesado o sus causahabientes, quienes en tal caso abonarán los aportes por el lapso transcurrido hasta el fallecimiento del titular.

Se admitirá la opción solamente para quienes a la fecha de egreso de la actividad amparada por la Caja, cuenten o hubieren contado con no menos de 30 (treinta) años de servicios acumulados en el organismo, de los cuales un mínimo de 15 (quince), deberán ser de afiliación efectiva y contemporánea al instituto.

Art. 9º. - El período de afiliación voluntaria se asimilará a la situación de actividad, incluso para generar jubilación o pensión.

La pasividad se servirá a partir de la fecha en que el afiliado, reuniendo las condiciones exigidas para la configuración de causal y manifestando su voluntad de jubilarse, haya cancelado totalmente sus obligaciones con el instituto.

Los que hubieren cesado con anterioridad a la presente ley y optaren en plazo por el régimen del artículo anterior, tendrán derecho a jubilación especial solamente en caso de que la incapacidad determinante haya sobrevenido durante el lapso de afiliación voluntaria.

La falta de opción en plazo por el mecanismo previsto en el artículo 8º o el no pago de las aportaciones, determinará que el sueldo básico jubilatorio se calcule sin actualización alguna entre la fecha en que finalice la actividad o dejen de efectuarse las contribuciones a la fecha de configuración de la causal. El traspaso total o parcial de los servicios acumulados en el instituto determinará el cese automático de la afiliación voluntaria.

Los aportes que se devenguen con motivo de la opción que realicen quienes hubieren cesado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, deberán abonarse ajustados mediante la aplicación de los mecanismos de actualización previstos en el decreto-ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976 y sus modificativas.

La aplicación de las normas establecidas en el presente artículo y el precedente, será reglamentada por el Consejo Honorario, incluyendo la forma de pago de las contribuciones, a las que serán aplicables las disposiciones establecidas en el decreto-ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974, sus modificativas y concordantes.

Art. 10. - El Consejo Honorario reglamentará la elección de los representantes que corresponden a las empresas e instituciones privadas en el órgano administrador del instituto, estableciendo un procedimiento que pondere en forma equilibrada el patrimonio y la cantidad total de personal afiliado.

Con 60 (sesenta) días de anticipación a cada acto eleccionario, el Consejo Honorario determinará el número de votos que corresponda a cada empresa o institución afiliada.

Art. 11. - Las empresas, instituciones y entidades afiliadas deberán facilitar a los miembros de su personal que se desempeñen como consejeros en el órgano administrador de la Caja, el cumplimiento de la tareas derivadas del ejercicio de dichos cargos.

Art. 12. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Sala de la Comisión, a 30 de junio de 1994.

Carlos Cassina (miembro inforrmante), Mariano Arana, Wilson Elso Goñi, Tabaré Hackenbruch, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala. senadores.

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha propiciado, en Mensaje de fecha 26 de mayo del corriente año, modificaciones a la legislación vigente relativa a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que «ratifican el concepto básico tradicional de que todas las actividades comprendidas en el ámbito de la intermediación financiera, deben mantenerse dentro del sistema de amparo jubilatorio» de la citada Caja; «principio históricamente recogido por las normas específicas aplicables, desde la misma fecha de creación del instituto (ley Nº 7.830, de 14 de marzo de 1925)».

El proyecto de ley que acompaña el referido Mensaje tiene -como lo destaca igualmente el Poder Ejecutivo- varios antecedentes, a partir de la norma del artículo 5º de la ley Nº 15.800, de 7 de enero de 1986, que facultó a las tres Cajas de Jubilaciones y Pensiones paraestatales para «proponer al Poder Ejecutivo, a efectos de que éste los remita al Poder Legislativo, los proyectos de modificación de sus leyes orgánicas».

Un primer proyecto fue presentado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en setiembre de 1987, encarando amplias e importantes modificaciones que no tuvieron andamiento, tanto en la anterior administración como en la actual. De ahí que la Caja reviera ese texto, presentando el 26 de junio de 1992, otro más reducido, sobre el cual se realizaron negociaciones con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, las que determinaron la presentación de su tercer proyecto, recogido finalmente por el Poder Ejecutivo -con algunas enmiendas y cuatro artículos agregados- en la iniciativa a consideración de esta asesora.

La modificación principal al régimen vigente que se propone, consiste en la incorporación a la Caja de todas las empresas que realizan actividades de intermediación financiera conforme a las disposiciones del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, modificativas y concordantes, solución largamente reclamada por esa institución por razones que esta Comisión comparte: por un lado, desde la creación del organismo y particularmente desde la vigencia del decreto-ley Nº 10.331, de 29 de enero de 1943 -que lo dotó de una ley orgánica completa- hasta el presente, nuestro sistema de intermediación financiera ha experimentado profundas alteraciones, como resultado de las cuales a los bancos y casas bancarias propiamente tales se han agregado otras empresas y entidades, tales como las Cooperativas de Ahorro y Crédito que, racionalmente, deben incorporarse a la referida Caja.

A su vez, esas incorporaciones permiten restaurar -por lo menos parcialmente- la ecuación económico-financiera del Instituto, afectada desde hace años y en forma progresiva por la crisis y reestruturaciones del sistema de intermediación financiera, que han determinado un crecimiento de su población pasiva con una simultánea disminución de sus afiliados activos.

El artículo 2º del citado decreto-ley Nº 10.331, establece que «quedarán obligatoriamente comprendidos en esta Caja y gozarán de los beneficios legales, los empleados y obreros de bancos oficiales y nacionales -incluidas sus sucursales y agencias- y los de sucursales y agencias de bancos cuyas casas matrices estén establecidas en el extranjero; los de las Casas Bancarias; los de la Caja Nacional de Ahorro Postal; los de la Bolsa de Comercio; los de la propia Caja de Jubilaciones Bancarias; los de la Cámara Compensadoras con funciones bancarias; los de las Cajas Populares y los patronos de Instituciones y Casas Bancarias que intervengan con su trabajo personal y en forma permanente en su dirección y administración».

La sola lectura de esta disposición permite comprobar las alteraciones que el ordenamiento jurídico y la realidad han introducido en el sistema bancario -más propiamente «de intermediación financiera»- determinando la obligada revisión del régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, para adecuarlo a la nueva realidad jurídica y fáctica.

La creación del Banco Central del Uruguay -en la Constitución de 1967- y la aprobación del decreto-ley Nº 15.322 (intermediación financiera), con sus modificaciones y concordantes, determinan que quede sometida a tales disposiciones legales y al control directo de dicho Banco así como «a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares» que el mismo dicte «para su ejecución», «toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera» (artículo 1º), así como «las instituciones estatales que por la índole de sus operaciones queden comprendidas en esta ley» (artículo 2º); lo que incluye expresamente a «las empresas comprendidas en esta ley que se organicen como sociedades cooperativas» (artículo 28).

La misma ley «considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos» (artículo 1º, inciso segundo); lo que, unido a las normas citadas precedentemente, permite tener una idea más completa del ámbito de empresas, instituciones y entidades que deben quedar comprendidas en el régimen previsional de la Caja respectiva.

Cierto es que el traspaso a esta Caja de un número considerable de afiliados que al presente lo son del Banco de Previsión Social, puede generar alguna resistencia, pero en todo caso se trata de una medida que viene impuesta por la actual conformación de nuestro sistema de intermediación financiera; a lo que debe agregarse que muchos de esos afiliados lo fueron antes de aquella Caja, en tanto empleados de bancos privados que fueron absorbidos por las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

El artículo 1º del proyecto recoge esa nueva realidad al establecer que «quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias los bancos públicos y privados y todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (decreto-ley Nº 15.332, de 17 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes), el Banco de Seguros del Estado; las compañías de seguros; la Bolsa de Comercio; las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad financiera con personalidad jurídica; y las empresas que sean propiedad de entidades afiliadas al Instituto y que desarrollen actividades que integran la unidad técnico-económica de las mismas».

El artículo 2º del proyecto no requiere de mayores comentarios. Por el mismo se establece a quiénes comprende el régimen legal de la Caja: por un lado a todos los trabajadores de las empresas, instituciones y entidades afiliadas, así como los de la propia Caja, que sean remunerados por su actividad personal en régimen de subordinación; y también a los directores y administradores rentados de las empresas, instituciones y entidades afiliadas.

Se agrega que aquellos que tuvieron servicios anteriores amparados por otros Institutos de Seguridad Social, o fueren jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias u otros organismos, podrán optar por la afiliación que prefieran dentro de un plazo de 90 días contados desde la vigencia de la ley, o desde su ingreso si éste se produjera con posterioridad.

En esta disposición -al igual que en otras posteriores- en que el proyecto del Poder Ejecutivo no presenta diferencias conceptuales con el anteproyecto de la Caja y sólo se advierten algunos cambios en la redacción, la Comisión se inclina por el texto de dicho anteproyecto, por considerarlo más claro.

El artículo 3º establece una exigencia lógica para quienes ingresen al régimen de la Caja con posterioridad a la vigencia de la ley. En tal situación, para que se les acumulen servicios anteriores amparados por otros organismos de la seguridad social, deberán tener cinco años de actividad (continua o discontinua) amparada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. La exigencia no rige, naturalmente, para los casos de jubilación especial por incapacidad o de muerte del trabajador (para generar pensión).

El artículo 4º propone un tratamiento especial para el personal que a la fecha de vigencia de la ley se desempeñe en alguna de las empresas, instituciones o entidades que conforme al artículo 1º se incorporan al régimen de la Caja. Tales nuevos afiliados al Instituto podrán acumular servicios anteriores amparados por otros organismos previsionales una vez completados tres años de actividad continua o discontinua amparada por la Caja, en vez de los cinco años exigidos por el artículo anterior. Tal permanencia no será exigible a quienes ya sean jubilados de la Caja, ni en los casos de jubilación especial por incapacidad o de pensión.

El mismo artículo 4º establece otras soluciones destinadas a regular la transición para aquellos trabajadores que pasen a ser afiliados de la Caja conforme a esta ley. Así, quienes ya perciban jubilación bancaria, podrán optar en un plazo de 90 días por continuar percibiéndola, en cuyo caso no se acumularán los nuevos servicios a aquellos que generaron esa pasividad. Si optan por la suspensión de esa jubilación, en su oportunidad podrán incorporar los nuevos servicios para una reforma de su cédula jubilatoria, manteniendo la causal original.

Asimismo se dispone que estos nuevos afiliados «conservarán la protección que actualmente reciban por los sistemas de cobertura de asistencia médica, materno-infantil, desempleo y asignaciones familiares, manteniéndose a esos efectos los regímenes de administración, aportación y atribución de beneficios que les son aplicables».

La Comisión, que comparte las soluciones de este artículo, porque preservan derechos adquiridos, entiende necesario agregar a las excepciones a la disposición que exige una permanencia de tres años en actividad amparada por la Caja para acumular servicios con amparo a otros organismos de previsión social, el caso de quienes en el pasado tuvieron afiliación bancaria y aportaron a la Caja un mínimo de 10 años, siempre que al momento de su retiro hayan cumplido 60 años de edad; con lo que se contempla en forma justa la situación de un número limitado de personas comprendidas en la misma.

En relación con el artículo 5º del proyecto del Poder Ejecutivo, esta asesora entiende que no corresponde su aprobación. Por el mismo, se propicia un nuevo régimen de inversión de los recursos de la Caja que, si bien plantea algunas soluciones compartibles, modifica el régimen vigente, que resulta de la disposición del artículo 25 de la ley Nº 12.815, de 20 de noviembre de 1960, ajustada muy recientemente por el artículo 257 de la ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 (Rendición de Cuentas del ejercicio 1992), que fue aprobado a iniciativa de la propia Caja y le permite atender apropiadamente sus necesidades en la materia.

A este respecto, la Comisión advierte que la aprobación del texto propuesto por el Poder Ejecutivo, podría aparejar confusión para la aplicación armónica de la legislación vigente que, como ya se expresó, fue actualizada hace apenas unos meses. Aparte de que no se aprecia como pertinente la intervención que se propone otorgar al Banco Central -calificada como «supervisión consultiva»- en lo que hace a las inversiones de la Caja, en tanto se trata de un organismo que no cumple en absoluto actividad de intermediación financiera.

En cuanto al artículo 6º del proyecto del Poder Ejecutivo, que pasa a ser 5º en el sustitutivo de la Comisión, en su primera parte faculta al Consejo Honorario de la Caja a fijar -por resolución adoptada por la unanimidad de sus integrantes- las tasas de aportación patronal y personal, de acuerdo a la situación económico-financiera del Instituto. La Comisión comparte esta propuesta, en la medida que la facultad que se concede al Consejo Honorario está limitada expresamente al establecerse que no podrá «exceder los máximos legales vigentes». De modo que la autorización, en definitiva, sólo habilita a reducir las alícuotas de esas contribuciones.

El inciso segundo del artículo comentado establece que tanto las empresas, instituciones y entidades como sus trabajadores, que se incorporen al régimen legal de la Caja de acuerdo a esta ley, continuarán abonando durante un año las tasas de aportación con que vienen contribuyendo al presente -al Banco de Previsión Social- y al vencimiento de ese plazo deberán abonar las tasas que rigen para dicha Caja y que son del 32.5% para el aporte patronal y del 22,75% para el aporte obrero.

En este aspecto la Comisión ha recibido un fundado planteamiento de las cooperativas de ahorro y crédito -a través de CACIF, Cámara de Cooperativas de Intermediación Financiera- solicitando un plazo mayor al propuesto -que estiman en cuatro años- para que se opere ese aumento en el monto de sus aportaciones patronales y obreras, dada la naturaleza de su operativa y la importante diferencia existente con las contribuciones que actualmente abonan (20,5% patronal y 18,25% obrera). Entendiendo razonable este planteamiento, la Comisión, en su proyecto sustitutivo, propone llevar el plazo de un año a dos años, solución que estima puede ser aceptable tanto para la Caja como para las entidades peticionantes.

Por el artículo 7º -que pasa a ser 6º- se autoriza a la Caja para organizar, establecer y administrar, regímenes complementarios del sistema general de seguridad social, así como prestar otros servicios a sus afiliados, vinculados a su actividad. Para esta asesora se trata de una propuesta plausible, que corresponde apoyar, en la medida que esos regímenes complementarios se estructuren «con independencia patrimonial» del fondo que atiende las prestaciones generales.

El artículo 8º -7º en el proyecto sustitutivo de la Comisión- se autoriza al Consejo Honorario de la Caja a disponer, por cinco votos conformes, a aumentar o disminuir los topes máximos jubilatorios vigentes que, conforme al régimen del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, están actualmente fijados en el equivalente a 15 salarios mínimos nacionales.

En todo caso, el aumento de los topes no podría exceder los que resultaran de la aplicación de las escalas previstas por el artículo 17 del decreto-ley Nº 10.331 (régimen vigente para la Caja hasta el dictado del referido Acto Institucional), que establecían máximos jubilatorios diferentes, según el afiliado computara entre 10 y 20 años de servicios bancarios, entre 20 y 30 años de tales servicios, o con más de 30 años de actividad amparada por la citada Caja.

Al respecto, en el proyecto del Poder Ejecutivo la facultad de fijar mayores topes a los vigentes, con las tres escalas mencionadas; se limita para «las jubilaciones generadas con más de 30 años de afiliación efectiva a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias»; limitación que no existía en el anteproyecto de la propia Caja.

La Comisión entiende que debe optarse por la solución originalmente propiciada por la Caja, porque parece contradictorio exigir 30 años de afiliación efectiva a dicho organismo para poder aplicar una escala de topes diferenciales que parten de afiliaciones por períodos de tiempo menores.

Por otra parte, se estima conveniente admitir el aumento de los topes máximos vigentes, en la medida que la situación económico-financiera de la Caja lo permita, en tanto los valores actuales del salario mínimo nacional han vuelto excesivamente reducido el tope general vigente. Si bien se comparte el criterio que tratándose de un régimen de seguridad social deben existir montos máximos para las jubilaciones, con independencia de los sueldos o remuneraciones por los que se ha estado aportando en la actividad, parece indiscutible que esos límites no pueden ser tan bajos que terminen por resultar injustos y hasta desestimulantes.

El artículo 9º del proyecto del Poder Ejecutivo, que recoge sin modificaciones de importancia los textos de los artículos 8º y 9º del anteproyecto de la Caja, establece una solución original en nuestro régimen de previsión social, que la Comisión comparte plenamente.

Hasta el presente, el derecho a jubilación resulta de la acreditación de un determinado número de años de actividad remunerada o, en su caso, de permanencia a la orden del trabajador o en situación de inactividad compensada (por desempleo o enfermedad). No existe por tanto previsión para el caso del trabajador que teniendo una prolongada actividad laboral amparada por un organismo con los mínimos de edad y servicios requeridos para conformar causal jubilatoria normal.

El proyecto permite que el trabajador bancario cesado, que cuente con no menos de 30 años de servicios reconocidos y acumulados, de los cuales un mínimo de 15 hayan sido de afiliación efectiva y contemporánea a la Caja, pueda optar por continuar abonando los aportes patronales y obreros hasta que reúna las condiciones exigidas para jubilarse. Se trata de una medida plausible, que a la vez que no afecta los ingresos de la Caja, otorga a los trabajadores cesados antes de cumplir los 60 años de edad -o los 55, en el caso de mujeres- el derecho a mantener su expectativa jubilatoria en el mismo organismo al que estuvieron afiliados -y aportando- durante la mayor parte de su vida laboral.

El artículo 10 del proyecto dispone que el Consejo Honorario de la Caja «reglamentará la elección de los representantes que corresponden a las empresas e instituciones privadas en e Organismo Administrador del Instituto, estableciendo un procedimiento que pondere en forma equilibrada el patrimonio y la cantidad total de personal afiliado», «determinando el número de votos que corresponda a cada empresa o institución afiliada». Se trata de una iniciativa del sector patronal, que tanto la Caja como el Poder Ejecutivo han recogido.

Los artículos 11 a 14 de la iniciativa del Poder Ejecutivo -que no están contenidos en el anteproyecto de la Caja- plantean modificaciones sustanciales al régimen general jubilatorio vigente para el Banco de Previsión Social y las tres Cajas paraestatales -resultante de las disposiciones del llamado Acto Institucional Nº 9- de modo de elevar progresivamente las edades de retiro hasta alcanzar el mínimo de 65 años tanto para hombres como mujeres, así como aumentar de 30 a 35 años el tiempo mínimo de servicios reconocidos para acreditar el derecho a la jubilación.

A la vez se propone en las mismas normas reducir el porcentaje del sueldo básico que corresponde actualmente a la jubilación común o normal; y se plantea un régimen de transición para quienes tienen ya causal configurada o se encuentran a dos años de configurarla.

La Comisión entiende que lo más razonable en las actuales circunstancias es no considerar estas propuestas y, por consiguiente, no incluir los citados artículos en el texto sustitutivo que se eleva a consideración del Senado.

Sin duda que las referidas propuestas obedecen al propósito del Poder Ejecutivo de ser coherente con su posición en lo que hace a la reforma del sistema de seguridad social, en armonía con las iniciativas que ha remitido al Parlamento y que, en lo respectivo, contenían soluciones similares a las comentadas. Pero aun comprendiendo y respetando esa actitud, esta asesora estima inconveniente introducirse en el estudio de esta parte de la iniciativa, en la medida que el Parlamento, en la presente Legislatura y en más de una oportunidad, no ha aprobado propuestas similares referidas a un ámbito mucho más amplio, como lo es el sistema regido por el Banco de Previsión Social.

El tema de la reforma de nuestra seguridad social, que constituye una inquietud nacional -más allá de que las soluciones que se proponen no sean coincidentes- parece razonable reservarlo para el próximo gobierno, cuando ya estamos a pocos meses de la instancia comicial en que la ciudadanía elegirá sus futuros gobernantes.

Finalmente, la Comisión considera necesario recoger en su proyecto sustitutivo el texto del artículo 11 del anteproyecto de la Caja -que el Poder Ejecutivo no ha hecho suyo- por el que se establece que «las empresas, instituciones y entidades afiliadas deberán facilitar a los miembros de su personal que se desempeñen como Consejeros en el Organo Administrador de la Caja, el cumplimiento de las tareas derivadas del ejercicio de dichos cargos».

Siendo de carácter honorario los cargos de integrantes del Consejo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, tratándose de un organismo público que cumple cometidos de alto interés general establecidos por ley, parece razonable que las empresas y entidades empleadoras faciliten a aquellos de sus funcionarios electos para integrar ese Organismo el cumplimiento cabal de esos cometidos.

Los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social quedan a disposición del Senado para ampliar el presente informe en lo que se estime necesario.

Sala de la Comisión, a 30 de junio de 1994.

Carlos Cassina (miembro inforrmante), Mariano Arana, Wilson Elso Goñi, Tabaré Hackenbruch, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala. Senadores.


PODER EJECUTIVO
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social

Montevideo, 28 de mayo 1994.

Señor presidente de la
Asamblea General
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De nuestra mayor consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el alto honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley relacionado con la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

El artículo 5º) de la ley Nº 15.800 de 7 de enero de 1986, ratificó la autonomía de las Cajas Paraestatales de Seguridad Social, y a su vez se les facultó para «proponer al Poder Ejecutivo, a efectos de que éste los remita al Poder Legislativo, los proyectos de modificación de sus leyes orgánicas».

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias elevó su primer documento dentro de los plazos legales, en setiembre de 1987.

Posteriormente revisó el mismo, y el 26 de junio de 1992 lo redujo a los aspectos que consideró esenciales en ese momento.

Dicho documento que contó con la aprobación de todos los integrantes del Consejo Honorario de la Caja Bancaria, representantes del Poder Ejecutivo, de empresas afiliadas públicas y privadas, de personal en actividad y de jubilados, es el que el Poder Ejecutivo tomó como base para estructurar el presente proyecto de ley.

Sin embargo como consecuencia de conversaciones mantenidas con el Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas- la Caja Bancaria elaboró un nuevo texto abreviado que eliminaba disposiciones legales recientemente sancionadas, y ajustaba la redacción en virtud de circunstancias supervinientes.

El presente proyecto ratifica el concepto básico tradicional de que todas las actividades comprendidas en el ámbito de la intermediación financiera, deben mantenerse dentro del sistema de amparo jubilatorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Ese principio ha sido históricamente recogido por las normas específicas aplicables, desde la misma fecha de creación del instituto (ley Nº 7.830 de 14 de mayo de 1925).

En las últimas décadas se ha reestructurado y modernizado el sistema financiero del país, apareciendo algunas empresas de intermediación financiera con denominaciones distintas y sustitutivas de las mencionadas en la legislación de la Caja (Decreto ley Nº 10.331 de 29 de enero de 1943).

Sin cambiar en su esencia, las antiguas tareas de la actividad financiera corriente, han pasado en muchos casos a realizarse mediante empresas de servicios, de sociedades que se crean con ese fin específico, o se trasladan a entidades que con denominaciones diversas realizan funciones típicamente financieras.

En ese sentido se menciona que al pasar sucursales bancarias privadas a ser propiedad de cooperativas de ahorro y crédito, los empleados bancarios de las mismas dejaron de hecho de aportar a la Caja Bancaria, a pesar de que continúan desarrollando las mismas tareas que antes.

El proyecto de ley se propone regularizar situaciones de hecho claras que alteran la debida armonía del sistema, y afectan la ecuación económica básica que sustenta a la Caja Bancaria.

Es conveniente puntualizar que si bien la justicia ordinaria mayoritariamente se ha pronunciado en forma favorable al criterio que sigue este proyecto, se ha entendido que la referencia concreta a las disposiciones específicas que organizan la actividad financiera, salvaría las incongruencias fácticas existentes al ratificar expresamente el marco de amparo jubilatorio del sector y evitaría contenciosos en los estrados.

La propuesta trata además otros puntos cuya necesidad de regulación legal se hace imprescindible en virtud de las cuales circunstancias en que se lleva a cabo la actividad financiera y de las nuevas modalidades de trabajo introducidas.

Seguidamente se analizará pormenorizadamente el articulado proyectado:

Artículo 1º. - Define el núcleo de empresas, instituciones y entidades pertenecientes al régimen de la Caja Bancaria.

Históricamente dicho organismo fue siempre el Instituto Jubilatorio de las empresas dedicadas a la intermediación financiera. Su ley madre Nº 7.830 de 14 de mayo de 1925, mencionaba en forma genérica a los «empleados de las Instituciones Bancarias y Bolsa de Comercio», y el decreto-ley Nº 10.331 de 21 de enero de 1943, siguiendo la misma línea, dispuso la afiliación obligatoria de las empresas que estaban comprendidas en el régimen de esa época mencionadas en la Ley de Bonos Nº 9.756, de 10 de enero de 1938.

El régimen legal específico se encuentra hoy regulado por el decreto-ley Nº 15.322 de 27 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes.

El mismo establece como modalidades de actuación que pueden adoptarse bajo el contralor del Banco Central del Uruguay, bancos, casas financieras, empresas de intermediación financiera externa, cooperativas de intermediación financiera, empresas administrativas de consorcios, compañías de seguros y mediadores financieros.

El texto de la ley propuesta en esta oportunidad ratifica esa generalidad eliminando la distorsión de hecho vigente, para lo que se remite a la norma específica que regula la actividad protegida (Nº 15.322).

También se ratifica que las empresas que sean propiedad de empresas o instituciones afiliadas y desarrollen actividades que integran la unidad técnico económica de las mismas, están obligatoriamente comprendidas en el régimen de la Caja. Se refiere a la creación de sociedades por una o más entidades bancarias, para cumplir un fin vinculado directamente a su objetivo específico al que le presta apoyo vital y está a su servicio en forma principal, utilizando para ello las facultades que expresamente le confiere el decreto-ley Nº 15.322.

Art. 2º. - Define desde el punto de vista subjetivo la órbita de afiliación a la Caja, teniendo en cuenta a los trabajadores vinculados por una relación de trabajo subordinado con las empresas, instituciones o entidades de la actividad financiera.

La nómina menciona al personal de la propia Caja Bancaria, al que ésta otorga amparo jubilatorio desde la ley de su creación (Nº 7.830 de 14 de mayo de 1925), contemplándose igualmente la situación de los directores de los Bancos del Estado y de los directores rentados de empresas privadas (con afiliación optativa en estos casos).

Art. 3º. - Prevé un plazo de espera para computar servicios anteriores, como forma razonable de asegurar que los ingresos a cargos amparados por el régimen previsional de la Caja cuenten con un plazo mínimo razonable de aportación al sistema. Esos plazos no son exigibles en los casos de jubilación especial por incapacidad o para generar pensión.

Art. 4º. - Se refiere a la situación del personal que se desempeñe en alguna de las empresas cuya situación de hecho se pretende regularizar, en particular con e fin de no perjudicarles en instancias dificultosas en el mercado de trabajo. Se les otorgan mecanismos de opción ya sea para generar una nueva pasividad independiente (en el caso de los ya jubilados por la Caja Bancaria) o para acumular los nuevos servicios que podrían derivar en una mejor pasividad.

En ese entendido además, dispone que no se afectará la protección que actualmente se reciba en materia de prestaciones de actividad.

Art. 5º. - La ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994, en su artículo 257, sancionó modificaciones al régimen de inversiones de la Caja Bancaria.

No obstante, se entiende conveniente sustituirlo por el artículo que se proyecta, como forma de regular más concretamente el régimen legal de colocación de reservas de la Caja Bancaria.

El texto proyectado prevé la posibilidad de adquirir títulos, valores o papeles no solamente públicos sino privados y de efectuar colocaciones no sólo en los Bancos del Estado sino también en los demás integrantes del sistema nacional de intermediación financiera. Entre otras cosas, ello contribuirá a fomentar el desarrollo del mercado de capitales.

Se reitera la habilitación legal para las explotaciones forestales, cumplidas con éxito por la Caja Bancaria.

La norma reitera las habilitaciones vigentes para construcción y venta de inmuebles. Se promueve la constitución de sociedades de capital como fórmula que pueda permitir beneficios mutuos a través de la cooperación para el desenvolvimiento de proyectos inversionistas.

Para garantizar el ejercicio de las facultades habilitadas se establecen determinadas garantías que incluso contemplan una eventual supervisión consultiva del Banco Central del Uruguay, porcentajes máximos para cada uno de los tipos de inversión, y mayoría especial para la adopción de las medidas más importantes.

Art. 6º. - Se faculta a la Caja Bancaria para fijar las tasas de aportes, pero con la condición de que no rebasen las actualmente vigentes. La intención es dotar de flexibilidad a las contribuciones, permitiendo que las mismas se adecuen a las necesidades financieras y a la solvencia del instituto.

En consecuencia, con el límite máximo de las que ahora rigen, se podrían reducir y eventualmente volver a elevar si la situación lo requiriera.

En este mismo artículo, para permitir el tránsito paulatino de los sistemas de aportación que actualmente gravan a las empresas y trabajadores cuya situación de hecho se pretende regularizar, se prevé que las tasas vigentes se mantengan sin variantes por el término de un año, por lo que vencido dicho plazo abonarán los mismos porcentajes que rigen con carácter general.

Art. 7º. - En las actuales etapas de la Seguridad Social han adquirido gravitación los regímenes previsionales complementarios. Por este artículo la Caja Bancaria quedaría habilitada para administrar este tipo de sistemas manteniendo independencia de fondos, lo que se justifica por la incidencia que los mismos pueden tener en el régimen general. La reconocida trayectoria del Instituto y su estructura administrativa, serían sólidas bases para una eficiente organización y funcionamiento.

También podrá prestar a sus afiliados servicios vinculados a la Seguridad Social.

Art 8º. - Desde su ley de creación, la Caja Bancaria se ha regido por sistemas de topes jubilatorios.

Las pasividades de la Caja se encuentran topeadas respetándose el principio de que las jubilaciones máximas deben tener límites, pero también tratando de mantener un equilibrio entre el principio redistributivo y la compensación justa en función de los aportes y los años de servicio.

Por este artículo, sin perjuicio de que el sueldo básico y la asignación jubilatoria de quienes se amparen en las disposiciones del ex-Acto Institucional Nº 9 se continúen liquidando según lo establecido en los artículos 52 y 53 del ex-Acto Institucional Nº 9, se incorpora la posibilidad de aplicar el artículo 17 del decreto-ley Nº 10.331.

El Consejo Honorario por una mayoría especial, podrá aumentar o disminuir los importes máximos iniciales de las jubilaciones generadas con más de 30 años de aportación efectiva al Organismo, sin que éstos puedan exceder los que resulten de la aplicación de dicha norma, la que establece escalones y límites que se modifican en función de la evolución del salario medio de los afiliados en actividad de la Caja Bancaria, y en forma simultánea con los ajustes generales de las pasividades.

El procedimiento del artículo 17 liga la exigencia de topes jubilatorios a la movilidad de los ingresos reales de los afiliados y a las posibilidades económico-financieras del Instituto, ya que la evolución de las escalas se encontrará siempre relacionada con la de los salarios e ingresos por aportaciones. Asimismo desestimula la evasión de aportes sobre sumas excedentarias que no reportarían beneficios futuros, destacándose además que a la luz de los estudios técnicos realizados no se incrementaría significativamente el presupuesto de pasividades pues estos casos numéricamente no pesan en la proporción general.

Art. 9º. - Se instaura un sistema de prejubilación con pago de aportes sobre asignaciones fictas para afiliados que cesan con los años de servicios requeridos pero sin la edad mínima exigida para adquirir causal.

Pueden optar quienes al cese cuenten con un mínimo de 55 años de edad y no menos de 15 años de servicios en la Caja Bancaria.

El sistema procura un mecanismo equitativo en la medida que pone de cargo del afiliado la aportación al Instituto en el período que media entre el cese y la edad requerida, solucionando el problema de obtención de una adecuada jubilación pero respaldando el aspecto financiero del Instituto, al asegurarle la percepción de aportes por ese lapso.

El período de afiliación voluntaria se asimilará a la situación de actividad.

Art. 10. - Se instaura el voto ponderado para la elección de representante empresarial en el Consejo Honorario de la Caja Bancaria.

El amplio espectro de empresas, instituciones y entidades afiliadas al Instituto, hace necesario adecuar los mecanismos de votación en su órgano administrador mediante una fórmula de equilibrio de los factores involucrados (patrimonio y volumen de personal).

Los artículos 11 a 14 reiteran la posición que el Poder Ejecutivo sostuviera en oportunidad de enviar en enero de 1994 un proyecto de ley con declaración de urgente consideración, sobre reforma de la Seguridad Social.

Se incrementan progresivamente las edades mínimas para acceder a la jubilación, y se exigen 35 años de cotización efectiva como mínimo (artículo 11); se fija la asignación de jubilación común en el 55% del sueldo básico con un adicional del 1% por cada año de trabajo que exceda los 35 años, hasta un máximo del 65% (artículo 12); se otorga a los afiliados que hubiesen configurado causal a la fecha de sanción de la presente ley o que la configuren dentro de los dos años siguientes, la posibilidad de optar entre el nuevo régimen y el que se deroga (artículos 13 y 14).

Artículos 11, 12, 13 y 14. - El Poder Ejecutivo promueve soluciones a su juicio necesarios no sólo para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, sino para prácticamente todos los regímenes de pasividades vigentes en el país. De esta forma se proyecta un incremento gradual y progresivo año a año de las edades de retiro; se determinan parámetros vinculados al sueldo básico de jubilación y se prevén opciones para los afiliados que a la vigencia de la presente ley hayan configurado causal jubilatoria por el régimen anterior o que la configuren dentro de los 2 años posteriores a la entrada en vigencia de la ley proyectada.

Art. 15. - Se prevé la derogación de todas las disposiciones que se opongan al texto legal proyectado.

Sin otro particular, saludamos a Uds. con nuestra mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ricardo Reilly.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias los bancos públicos y privados y todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (decreto-ley Nº 15.322 de 27 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes); el Banco de Seguros del Estado, las compañías de seguros; la Bolsa de Comercio; las entidades gremiales y patronales de empresas, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad financiera con personalidad jurídica; y las empresas que sean propiedad de entidades afiliadas al Instituto y que desarrollen actividades que integran la unidad técnico-económica de las mismas.

Art. 2º. - El régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias comprende a:

a) todos los trabajadores de las empresas e instituciones afiliadas, así como los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que sean remuneradas por su actividad personal en régimen de subordinación.

b) los directores y los administradores rentados de las empresas e instituciones y entidades afiliadas. Aquellos que tuvieren servicios anteriores amparados por otros Institutos de Seguridad Social, o fueren jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias u otros organismos, podrán optar por la afiliación que prefieran dentro de un plazo de noventa (90) días a contar desde el ingreso al cargo o dentro del mismo plazo desde la vigencia de esta ley.

Art. 3º. - Las personas que ingresen al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias con posterioridad a la vigencia de esta ley, deberán permanecer en actividad continua o discontinua durante cinco (5) años para tener derecho a que se les acumulen servicios anteriores amparados por otros Organismos de Seguridad Social, salvo cuando se genere jubilación especial por incapacidad o pensión.

Art. 4º. - El personal que a la fecha de vigencia de esta ley se desempeñe en alguna de las empresas e instituciones que por aplicación del Art. 1º de la misma se incorporan al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

a) Podrá usar del derecho de acumulación a que se refiere el artículo 3º, una vez completados los tres (3) años de actividad continua o discontinua posterior a la vigencia de esta ley. Esta permanencia no será exigible para quienes sean jubilados de la Caja con anterioridad a dicha vigencia, y en los casos en que se genere jubilación especial por incapacidad o pensión.

b) Podrá optar por única vez y dentro del plazo de noventa (90) días a partir de la vigencia de esta ley, por continuar percibiendo la jubilación que le hubiese otorgado la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en cuyo caso los nuevos servicios no se acumularán a aquellos que generaron la misma. En caso contrario se suspenderá la pasividad y podrán incorporarse las nuevas prestaciones conforme a las disposiciones aplicables según la causal que la determinara.

c) Conservará la protección que actualmente reciba por los sistemas de cobertura de asistencia, médica, maternoinfantil, desempleo y asignaciones familiares, manteniéndose a esos efectos los regímenes de administración, aportación y atribución de beneficios que le son aplicables.

Art. 5º. - Las inversiones que efectúe la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias no podrán comprometer el pago puntual de las obligaciones derivadas del cumplimiento de los distintos servicios que debe atender.

Los fondos excedentarios podrán ser invertidos en:

a) adquisición de títulos, valores o papeles públicos o privados y colocaciones, en moneda nacional o extranjera, en las instituciones oficiales o empresas privadas integrantes del sistema nacional de intermediación financiera.

b) adquisición de tierras para el desarrollo de explotaciones forestales.

c) adquisición y construcción de inmuebles para servicios, renta y comercialización, u oficinas propias.

Con el objeto de desarrollar sus inversiones, la Caja podrá constituir sociedades de capital con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Todas las decisiones que se adopten en el marco del presente artículo, con excepción de la adquisición de títulos o valores públicos y las colocaciones en bancos del Estado, requerirán cinco (5) votos conformes.

La reglamentación determinará los porcentajes máximos que se podrán aplicar a cada uno de los tipos de inversiones.

El Banco Central del Uruguay podrá ejercer supervisión consultiva sobre el ejercicio de las facultades previstas en el presente artículo sin afectar la autonomía de gestión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Art. 6º. - Facúltase al Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a fijar por unanimidad de sus miembros las tasas de contribución patronal y personal al instituto, de acuerdo a la situación económico-financiera del mismo y en cuanto no excedan los máximos legales vigentes.

Las empresas, instituciones, entidades y trabajadores incorporados al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en virtud de la presente ley, continuarán abonando a ésta durante el primer año de su nueva afiliación las tasas de aportación patronal y personal que actualmente les gravan para servir las prestaciones a su cargo previstas en el artículo 31 del ex Acto Institucional Nº 9 de 23 de octubre de 1979.

Art. 7º. - La Caja podrá organizar, establecer y administrar, con independencia patrimonial, regímenes complementarios del sistema general de Seguridad Social. También podrá prestar servicios a sus afiliados, siempre que los mismos estén directamente vinculados a los de seguridad social.

El Consejo Honorario dictará la correspondiente reglamentación y fijará los montos a percibir por concepto de comisiones y de administración.

Art. 8º. - A partir de la vigencia de la presente ley, y sin perjuicio de que el sueldo básico y la asignación de jubilación continúen liquidándose por el sistema establecido en los artículos 52 y 53 del Acto Institucional Nº 9 de 23 de octubre de 1979, los importes máximos iniciales de aquellas jubilaciones generadas con más de treinta (30) años de afiliación efectiva a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, se fijarán por el Consejo Honorario sin exceder los que resulten de la aplicación de las escalas respectivas del artículo 17 del decreto-ley Nº 10.331 de 29 de enero de 1943, en el texto dado por la ley Nº 11.452 de 30 de junio de 1950 y modificativos.

Los referidos topes se establecerán por 5 (cinco) votos conformes y en ocasión de proceder a los ajustes de pasividades dispuestos por el artículo 67 de la Constitución de la República. En caso de no lograrse la mayoría especial requerida, se mantendrá el monto de los topes vigentes con anterioridad.

Art. 9º. - Los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que cesen, o hayan cesado en la actividad sin causal jubilatoria, podrán optar por mantener afiliación voluntaria a la misma abonando el monto de los aportes patronales y personales sobre la base de una asignación fijada por la caja, cuyo monto se ajustará periódicamente y se considerará como salario a todos los efectos del régimen general de pasividades.

Esta opción deberá formularse dentro de los noventa (90) días del cese, o de los ciento ochenta (180) días de la vigencia de esta ley para los que ya hubieren cesado o sus causahabientes, quienes en tal caso abonarán los aportes por el lapso transcurrido hasta el fallecimiento del titular.

Se admitirá la opción solamente para quienes a la fecha de egreso de la actividad amparada por la Caja, cuenten o hubieren contado con no menos de treinta (30) años de servicios acumulados reconocidos en el organismo, de los cuales un mínimo de quince (15) deberán ser de afiliación efectiva y contemporánea al instituto y hubieren cumplido además una edad mínima de cincuenta y cinco (55) años.

El período de afiliación voluntaria se asimilará a la situación de actividad, incluso para generar jubilación especial o pensión.

La pasividad se servirá a partir de la fecha en que el afiliado haya cancelado totalmente sus obligaciones con el instituto.

Los que hubieren cesado con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley y optaren en plazo por el régimen del artículo anterior, tendrán derecho a jubilación especial solamente en caso de que la incapacidad determinante haya sobrevenido durante el lapso de afiliación voluntaria.

La falta de opción en plazo por el mecanismo previsto en el presente artículo o el no pago de las aportaciones, determinará que el sueldo básico jubilatorio se calcule sin actualización alguna entre la fecha en que finalice la actividad o dejen de efectuarse las contribuciones y la de configuración de la causal.

El Consejo Honorario reglamentará la aplicación de esta norma y la forma de pago de las contribuciones, las que serán alcanzadas por las disposiciones establecidas en el decreto-ley Nº 14.106 de 29 de noviembre de 1974, sus modificativos y concordantes.

Los aportes que se devenguen con motivo de la opción que realicen quienes hubieren cesado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, deberán abonarse ajustados mediante la aplicación de los mecanismos de actualización previstos en el decreto-ley Nº 14.500 de 8 de marzo de 1976 y sus modificativos.

Art. 10. - El Consejo Honorario reglamentará la elección de los representantes que corresponden a las empresas e instituciones privadas en el órgano administrador del instituto, estableciendo un procedimiento que pondere en forma equilibrada el patrimonio y la cantidad total de personal afiliado.

Con sesenta (60) días de anticipación a cada acto eleccionario, el Consejo Honorario determinará el número de votos que corresponda a cada empresa o institución afiliada.

Art. 11. - Habiéndose configurado la correspondiente causal, se requerirán las siguientes edades mínimas para acceder a la jubilación:

a) en las jubilaciones que se soliciten en el año 1994 se requerirá 62 años de edad para los hombres y 60 para las mujeres;

b) en las jubilaciones que se soliciten en el año 1996 se requerirá 63 años de edad para los hombres y 61 para las mujeres;

c) en las jubilaciones que se soliciten en el año 1998 se requerirá 64 años de edad para los hombres y 62 para las mujeres;

d) en las jubilaciones que se soliciten en el año 2000 se requerirá 65 años para los hombres y 63 para las mujeres;

e) en las jubilaciones que se soliciten a partir del año 2002 se requerirá 65 años de edad tanto para los hombres y mujeres.

En todos los casos se requerirá 35 años de cotización efectiva como mínima.

Art. 12. - La asignación de jubilación común será el 55% del sueldo básico de jubilación. Configurada la causal y por cada año de trabajo registrado que exceda a los 35 años, se adicionará un uno por ciento del salario básico de jubilación con un máximo del 65% del mismo.

Art. 13. - Los afiliados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan configurado causal jubilatoria por el régimen anterior, podrán optar entre el régimen que se deroga o el que se establece por la presente ley, en los términos que establezca la reglamentación.

Art. 14. - Similar opción a la prevista en el artículo anterior, tendrán los afiliados que configuren causal dentro de los 2 años posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 15. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 16. - Comuníquese, etc.

Ricardo Reilly.»

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro inforrmante, señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: en relación con el proyecto de ley referente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias procuraré hacer un informe extremadamente escueto, en tanto considero que es suficientemente explícita la exposición escrita presentada al Senado por la Comisión; sobre todo, en lo que tiene que ver con las modificaciones que se proyectan.

Desde hace largo tiempo la Caja Bancaria -como solemos denominarla corrientemente- viene reclamando de los poderes públicos una modificación de su régimen legal para abarcar en la misma actividades de intermediación financiera, que en la actualidad no están comprendidas. A mi juicio, ese es el aspecto fundamental de la iniciativa. Teniendo en cuenta los profundos cambios que la realidad y el marco normativo han introducido en el país en las últimas décadas en lo que respecta al sistema de intermediación financiera, resulta imprescindible, por lo menos, adecuar la legislación vigente a la situación actual del sistema, de tal modo que todas esas actividades queden comprendidas en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Diría que es la modificación sustancial por la que, por otra parte, desde hace varios años con razón la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y los gremios que la integran vienen bregando insistentemente.

Asimismo, los artículos 2º, 3º y 4º establecen un régimen de transición para aquellos trabajadores que ahora se incorporan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y los que lo hagan en el futuro, de tal modo de dar soluciones claras y necesarias, conforme a lo que son los principios generales de nuestro ordenamiento en materia de Seguridad Social.

La Comisión ha seguido los textos propuestos por el Poder Ejecutivo que, en lo sustancial, reproducen, con leves modificaciones, los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y que son el resultado de una larga negociación cumplida por las autoridades de la institución con el Poder Ejecutivo. Sólo hemos desechado alguna propuesta de éste que no estaba en la iniciativa presentada por la Caja.

A este punto me voy a referir muy brevemente. Por el artículo 5º del Mensaje del Poder Ejecutivo se pretende modificar el régimen legal de inversiones de esta Caja, cuando nosotros hemos realizado ya un cambio en la última Rendición de Cuentas ley Nº 16.462, promulgada en el mes de enero, por la que se fijó, tanto para la Caja Bancaria como para la Notarial, un régimen complementario de inversiones que se agregó a las normas ya vigentes y de las que, como se sabe, algunos institutos de Seguridad Social públicos, no estatales, han hecho un uso extraordinariamente eficiente desde el punto de vista de su conveniencia y de los intereses generales del país. Nos ha parecido innecesario, por lo tanto, establecer otra modificación cuando la última ya fue recientemente votada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo y tiene algunos meses de vigencia y de aplicación en la ley Nº 16.462.

Además, no concordamos con la propuesta en lo que refiere a otorgarle al Banco Central la facultad de ejercer una especie de supervisión consultiva sobre las inversiones de la Caja porque, de alguna manera, desnaturaliza los cometidos de dicho Banco, ya que controla las instituciones de intermediación financiera y, ciertamente, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias no lo es. Entonces, carece de sentido que el Banco Central tenga una intervención facultativa, pero que le es propia y que no pide la Caja, para dar una opinión acerca de las inversiones que ésta pueda realizar en el futuro.

También hemos desestimado los artículos 11, 12, 13 y 14 propuestos por el Poder Ejecutivo, porque éste, en una actitud que la propia Comisión califica de coherente, al remitir un proyecto modificativo de la Ley Orgánica de un instituto público de Seguridad Social, propone los mismos cambios que ha venido planteando al Poder Legislativo durante casi toda esta Legislatura, que en lo fundamental consisten en elevar progresivamente la edad de retiro hasta los 65 años; disminuyendo, a la vez, el monto para la jubilación común, es decir, lo que se denomina en el acto Nº 9 «Asignación de Jubilación», que es un porcentaje del sueldo básico jubilatorio, que se determina mediante el promedio actualizado del ingreso de los tres últimos años de actividad.

La Comisión ha entendido que, aun respetando la posición del Poder Ejecutivo, no tendría sentido incorporarlo a la legislación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, a esta altura del período de gobierno y de esta Legislatura, cuando no se han aprobado varios de sus proyectos con esta orientación, referidos al conjunto de los organismos de la Seguridad Social o del Banco de Previsión Social. La Comisión cree que el problema de la seguridad social es tal, que constituye uno de los grandes temas que el país tiene planteados, que seguramente serán parte del debate y de las propuestas electorales de los partidos y sectores políticos para los próximos comicios. Además, habrán de ser encarados por el Poder Ejecutivo y el Parlamento próximos, en la búsqueda de soluciones que generan consenso o, por lo menos, las mayorías parlamentarias necesarias. Nos parece que no tendría sentido introducir modificaciones de este tenor a este proyecto de ley sustancialmente acordado entre la Caja Bancaria y el Poder Ejecutivo, puesto que resultan irritativas, para calificarlas muy suavemente.

Estos son los cambios sustanciales que la Comisión ha introducido al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Cabe señalar que en varias de las normas en las que este Poder hace algunas modificaciones de redacción que no atienden a lo conceptual, la Comisión ha optado por las propuestas originales de la Caja Bancaria, por considerar que tienen un texto más claro y no generarán problemas de interpretación.

Con esta breve exposición pretendo dar por terminado este informe, y si no hubiera observaciones o consultas que realizar, formularía moción par que una vez aprobado en general el proyecto, se suprima la lectura de sus artículos y se pasen a votar en bloque sus disposiciones.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Quisiera hacer una pequeña observación que Secretaría tendrá en cuenta para la elaboración del texto final. En las disposiciones que hacen referencia a plazos y edades, primero se mencionan las cifras en números y luego en letras, y se han incluido comas que me parece no son pertinentes. Por lo tanto, sugeriría que se eliminaran dichas comas en todos esos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Cassina en el sentido de que se suprima la lectura de las doce disposiciones y se pase a votar en bloque el articulado.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración todos los artículos del proyecto.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 1º. - Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias los bancos públicos y privados y todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes), el Banco de Seguros del Estado; las compañías de seguros; la Bolsa de Comercio; las entidades gremiales de patronos; trabajadores, jubilados jurídica; y las empresas que sean propiedad de entidades afiliadas al Instituto y que desarrollen actividades que integran la unidad técnico-económicas de las mismas.

Artículo 2º. - El régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias comprende a:

a) todos los trabajadores de las empresas, instituciones y entidades afiliadas, así como los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que sean remunerados por su actividad personal en régimen de subordinación.

b) los directores y administradores rentados de las empresas, instituciones y entidades afiliadas. Aquellos que tuvieren servicios anteriores amparados por otros Institutos de Seguridad Social, o fueren jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias u otros organismos, podrán optar por la afiliación que prefieran dentro de un plazo de 90, (noventa), días a contar desde la vigencia de esta ley, o desde su ingreso si éste se produjera con posterioridad.

Artículo 3º. - Las personas que ingresen al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias con posterioridad a la vigencia de esta ley, deberán permanecer en actividad continua o discontinua durante 5, (cinco), años para tener derecho a que se les acumulen servicios anteriores amparados por otros Organismos de Seguridad Social. No será exigible esta permanencia en caso de jubilación especial por incapacidad o para generar pensión.

Artículo 4º. - El personal que a la fecha de vigencia de esta ley se desempeñe en alguna de las empresas, instituciones o entidades que por aplicación del artículo 1º de la misma se incorporan al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

a) Podrá usar del derecho de acumulación a que se refiere el artículo 3º precedente, una vez completados los 3, (tres), años de actividad continua o discontinua posterior a la vigencia de esta ley. Esta permanencia no será exigible para quienes sean jubilados de la Caja con anterioridad a dicha vigencia, ni en los casos de jubilación especial por incapacidad o para generar pensión; así como para quienes hayan aportado no menos de 10, (diez), años continuos o discontinuos a la Caja de Jubilaciones Bancarias con anterioridad a la vigencia de esta ley y tengan al momento de su retiro 60, (sesenta), años de edad.

b) Podrá optar por única vez y dentro del plazo de 90, (noventa), días a partir de la vigencia de esta ley, por continuar percibiendo la jubilación que le hubiese otorgado la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en cuyo caso no se acumularán los nuevos servicios a aquellos que generaron la pasividad.

En la opción contraria esa pasividad será suspendida y en su oportunidad podrán incorporarse las nuevas prestaciones conforme a las disposiciones aplicables según el régimen de la causal jubilatoria original.

c) Conservará la protección que actualmente reciba por los sistemas de cobertura de asistencia médica, materno-infantil, desempleo y asignaciones familiares, manteniéndose a esos efectos los regímenes de administración, aportación y atribución de beneficios que le son aplicables.

Artículo 5º. - Facúltase al Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a fijar por unanimidad de sus miembros las tasas de contribución patronal y personal al Instituto, de acuerdo a la situación económica-financiera del mismo y en cuanto no excedan los máximos legales vigentes.

Las empresas, instituciones y entidades incorporadas al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en virtud de la presente ley, y sus trabajadores, directores y administradores rentados, continuarán abonando a ésta durante los 2 (dos), años de su nueva afiliación, las tasas de aportación patronal y personal que actualmente les gravan para servir las prestaciones a su cargo previstas en el artículo 31 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979. Vencido dicho plazo abonarán las mismas tasas que rijan con carácter general.

Artículo 6º. - La Caja podrá organizar, establecer y administrar con independencia patrimonial, regímenes complementarios del sistema general, así como prestar servicios vinculados con su actividad.

El Consejo Honorario dictará la correspondiente reglamentación y fijará los montos a percibir por concepto de comisiones, y de administración.

Artículo 7º. - Los importes máximos iniciales de las asignaciones de jubilación que se otorguen con arreglo al llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, se establecerán con carácter general por el Consejo Honorario por 5, (cinco), votos conformes en ocasión de proceder a los ajustes de pasividades dispuestos por el artículo 67 de la Constitución de la República.

En tales oportunidades y por la misma mayoría, el Consejo Honorario podrá aumentar o disminuir los topes referidos, que en ningún caso podrán ser superiores a los que resulten de la aplicación de las escalas respectivas previstas en el artículo 17 del decreto-ley Nº 10.331, de 29 de enero de 1943, (en el texto dado por la ley Nº 11.452, de 30 de junio de 1950 y modificativas).

En caso de no lograrse la mayoría especial requerida, se mantendrá el monto de los topes vigentes con anterioridad.

Artículo 8º. - Los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que cesen, o hayan cesado en la actividad sin causal jubilatoria, podrán optar por mantener afiliación voluntaria a la misma abonando el monto de los aportes patronales y personales sobre la base de una asignación ficta fijada por la Caja, cuyo monto se ajustará periódicamente y se considerará como salario a todos los efectos del régimen general de pasividades.

Esta opción deberá formularse por única vez dentro de los 90, (noventa), días del cese, o de los 180, (ciento ochenta), días de la vigencia de esta ley para los que ya hubieren cesado o sus causahabientes, quienes en tal caso abonarán los aportes por el lapso transcurrido hasta el fallecimiento del titular.

Se admitirá la opción solamente para quienes a la fecha de egreso de la actividad amparada por la Caja, cuenten o hubieren contado con no menos de 30, (treinta), años de servicios acumulados en el Organismo, de los cuales un mínimo de 15, (quince), deberán ser de afiliación efectiva y contemporánea al Instituto.

Artículo 9º. - El período de afiliación voluntaria se asimilará a la situación de actividad, incluso para generar jubilación o pensión.

La pasividad se servirá a partir de la fecha en que el afiliado, reuniendo las condiciones exigidas para la configuración de causal y manifestando su voluntad de jubilarse, haya cancelado totalmente sus obligaciones con el Instituto.

Los que hubieren cesado con anterioridad a la presente ley y optaren en plazo por el régimen del artículo anterior, tendrán derecho a jubilarse especial solamente en caso de que la incapacidad determinante haya sobrevenido durante el lapso de afiliación voluntaria.

La falta de opción en plazo por el mecanismo previsto en el artículo 8º o el no pago de las aportaciones, determinará que el sueldo básico jubilatorio se calcule sin actualización alguna entre la fecha en que finalice la actividad o dejen de efectuarse las contribuciones y la fecha de configuración de la causal. El traspaso total o parcial de los servicios acumulados en el Instituto determinará el cese automático de la afiliación voluntaria.

Los aportes que se devenguen con motivo de la opción que realicen quienes hubieren cesado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, deberán abonarse ajustados mediante la aplicación de los mecanismos de actualización previstos en el decreto-ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976 y sus modificativas.

La aplicación de las normas establecidas en el presente artículo y el precedente, será reglamentada por el Consejo Honorario, incluyendo la forma de pago de las contribuciones, a las que serán aplicables las disposiciones establecidas en el decreto-ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974, sus modificativas y concordantes.

Artículo 10. - El Consejo Honorario reglamentará la elección de los representantes que corresponden a las empresas e instituciones privadas en el Organo Administrador del Instituto, estableciendo un procedimiento que pondere en forma equilibrada el patrimonio y la cantidad total de personal afiliado.

Con 60, (sesenta) días de anticipación a cada acto eleccionario, el Consejo Honorario determinará el número de votos que corresponda a cada empresa o institución afiliada.

Artículo 11. - Las empresas, instituciones y entidades afiliadas deberán facilitar a los miembros de su personal que se desempeñen como Consejeros en el Organo Administrador de la Caja, el cumplimiento de las tareas derivadas del ejercicio de dichos cargos.

Artículo 12. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado, en general y particular, el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto aprobado:)

«Artículo 1º. - Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias los bancos públicos y privados y todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes), el Banco de Seguros del Estado; las compañías de seguros; la Bolsa de Comercio; las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad financiera con personalidad jurídica; y las empresas que sean propiedad de entidades afiliadas al instituto y que desarrollen actividades que integran la unidad técnico-económica de las mismas.

Art. 2º. - El régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias comprende a:

a) todos los trabajadores de las empresas, instituciones y entidades afiliadas, así como los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que sean remunerados por su actividad personal en régimen de subordinación;

b) los directores y administradores rentados de las empresas, instituciones y entidades afiliadas. Aquellos que tuvieren servicios anteriores amparados por otros institutos de Seguridad Social, o fueren jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias u otros organismos, podrán optar por la afiliación que prefieran dentro de un plazo de noventa días a contar desde la vigencia de esta ley, o desde su ingreso si éste se produjera con posterioridad.

Art. 3º. - Las personas que ingresen al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias con posterioridad a la vigencia de esta ley, deberán permanecer en actividad continua o discontinua durante cinco años para tener derecho a que se les acumulen servicios anteriores amparados por otros organismos de Seguridad Social. No será exigible esta permanencia en caso de jubilación especial por incapacidad o para generar pensión.

Art. 4º. - El personal que a la fecha de vigencia de esta ley se desempeñe en alguna de las empresas, instituciones o entidades que por aplicación del artículo 1º de la misma se incorporan al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

a) Podrá usar del derecho de acumulación a que se refiere el artículo 3º precedente, una vez completados los tres años de actividad continua o discontinua posterior a la vigencia de esta ley. Esta permanencia no será exigible para quienes sean jubilados de la Caja con anterioridad a dicha vigencia, ni en los casos de jubilación especial por incapacidad o para generar pensión; así como para quienes hayan aportado no menos de diez años continuos o discontinuos a la Caja de Jubilaciones Bancarias con anterioridad a la vigencia de esta ley y tengan al momento de su retiro sesenta años de edad.

b) Podrá optar por única vez y dentro del plazo de noventa días a partir de la vigencia de esta ley, por continuar percibiendo la jubilación que le hubiese otorgado la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en cuyo caso no se acumularán los nuevos servicios a aquellos que generaron la pasividad.

En la opción contraria esa pasividad será suspendida y en su oportunidad podrán incorporarse las nuevas prestaciones conforme a las disposiciones aplicables según el régimen de la causal jubilatoria original.

c) Conservará la protección que actualmente reciba por los sistemas de cobertura de asistencia médica, materno-infantil, desempleo y asignaciones familiares, manteniéndose a esos efectos los regímenes de administración, aportación y atribución de beneficios que le son aplicables.

Art. 5º. - Facúltase al Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a fijar por unanimidad de sus miembros las tasas de contribución patronal y personal al instituto, de acuerdo a la situación económico-financiera del mismo y en cuanto no excedan los máximos legales vigentes.

Las empresas, instituciones y entidades incorporadas al régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en virtud de la presente ley, sus trabajadores, directores y administradores rentados, continuarán abonando a ésta durante los dos años de su nueva afiliación, las tasas de aportación patronal y personal que actualmente les gravan para servir las prestaciones a su cargo previstas en el artículo 31 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979. Vencido dicho plazo abonarán las mismas tasas que rijan con carácter general.

Art. 6º. - La Caja podrá organizar, establecer y administrar con independencia patrimonial, regímenes complementarios del sistema general, así como prestar servicios vinculados con su actividad.

El Consejo Honorario dictará la correspondiente reglamentación y fijará los montos a percibir por concepto de comisiones y de administración.

Art. 7º. - Los importes máximos iniciales de las asignaciones de jubilación, que se otorguen con arreglo al llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, se establecerán con carácter general por el Consejo Honorario por cinco votos conformes en ocasión de proceder a los ajustes de pasividades dispuestos por el artículo 67 de la Constitución de la República.

En tales oportunidades y por la misma mayoría, el Consejo Honorario podrá aumentar o disminuir los topes referidos, que en ningún caso podrán ser superiores a los que resulten de la aplicación de las escalas respectivas previstas en el artículo 17 del decreto-ley Nº 10.331, de 29 de enero de 1943 (en el texto dado por la ley Nº 11.452, de 30 de junio de 1950 y modificativas).

En caso de no lograrse la mayoría especial requerida, se mantendrá el monto de los topes vigentes con anterioridad.

Art. 8º. - Los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que cesen, o hayan creado en la actividad sin causal jubilatoria, podrán optar por mantener afiliación voluntaria a la misma abonando el monto de los aportes patronales y personales sobre la base de una asignación ficta fijada por la Caja, cuyo monto se ajustará periódicamente y se considerará como salario a todos los efectos del régimen general de pasividades.

Esta opción deberá formularse por única vez dentro de los noventa días del cese, o de los ciento ochenta días de la vigencia de esta ley para los que ya hubiesen cesado o sus causahabientes, quienes en tal caso abonarán los aportes por el lapso transcurrido hasta el fallecimiento del titular.

Se admitirá la opción solamente para quienes a la fecha de egreso de la actividad amparada por la Caja, cuenten o hubieren contado con no menos de treinta años de servicios acumulados en el organismo, de los cuales un mínimo de quince deberán ser de afiliación efectiva y contemporánea al instituto.

Art. 9º. - El período de afiliación voluntaria se asimilará a la situación de actividad, incluso para generar jubilación o pensión.

La pasividad se servirá a partir de la fecha en que el afiliado, reuniendo las condiciones exigidas para la configuración de causal y manifestando su voluntad de jubilarse, haya cancelado totalmente sus obligaciones con el instituto.

Los que hubieren cesado con anterioridad a la presente ley y optaren en plazo por el régimen del artículo anterior, tendrán derecho a jubilación especial solamente en caso de que la incapacidad determinante haya sobrevenido durante el lapso de afiliación voluntaria.

La falta de opción en plazo por el mecanismo previsto en el artículo 8º o el no pago de las aportaciones, determinará que el sueldo básico jubilatorio se calcule sin actualización alguna entre la fecha en que finalice la actividad o dejen de efectuarse las contribuciones y la fecha de configuración de la causal. El traspaso total o parcial de los servicios acumulados en el instituto determinará el cese automático de la afiliación voluntaria.

Los aportes que se devenguen con motivo de la opción que realicen quienes hubieren cesado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, deberán abonarse ajustados mediante la aplicación de los mecanismos de actualización previstos en el decreto-ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976 y sus modificativas.

La aplicación de las normas establecidas en el presente artículo y el precedente, será reglamentada por el Consejo Honorario, incluyendo la forma de pago de las contribuciones, a las que serán aplicables las disposiciones establecidas en el decreto-ley Nº 14.306, de 29 de noviembre de 1974, sus modificativas y concordantes.

Art. 10. - El Consejo Honorario reglamentará la elección de los representantes que corresponden a las empresas e instituciones privadas en el órgano administrador del instituto, estableciendo un procedimiento que pondere en forma equilibrada el patrimonio y la cantidad total de personal afiliado.

Con sesenta días de anticipación a cada acto eleccionario, el Consejo Honorario determinará el número de votos que corresponda a cada empresa o institución afiliada.

Art. 11. - Las empresas, instituciones y entidades afiliadas deberán facilitar a los miembros de su personal que se desempeñen como consejeros en el órgano administrador de la Caja, el cumplimiento de las tareas derivadas del ejercicio de dichos cargos.

Art. 12. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.»

18) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Es para solicitar que se dé lectura al pedido de sesión extraordinaria que hemos firmado algunos señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 6 de julio de 1994.

Sr. presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes solicitamos al Cuerpo, autorización para realizar una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores con el fin de tratar el tema «Presente y futuro del Uruguay dentro del MERCOSUR».

Sin otro particular, le saludan muy atte.:

Bouzas, Ricaldoni, Arana, Bruera, Gargano, Pérez, Gamarra, Cassina, Pereyra, Elso Goñi, Besozzi, Astori. Senadores.»

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Como nos hemos olvidado poner la fecha de la sesión, proponemos que sea el día miércoles 13 a la hora 16.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - El día miércoles 13 tenemos sesión ordinaria, pero ello no impide realizar este debate, puesto que alcanza con eliminar dicha sesión y fijar como único tema de sesión extraordinaria el que se acaba de mencionar.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Lo que sucede es que anteriormente este Cuerpo resolvió que en la sesión ordinaria del día miércoles 13 se tratara el proyecto de ley sobre dopaje deportivo, a pedido del señor senador Jude.

Entonces, creo que sería conveniente que la sesión extraordinaria quedara para el día jueves 14.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). La Mesa entiende que sería conveniente realizar una sesión extraordinaria el día martes 12 a la hora 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 42 minutos, presidiendo el señor senador Arana, y estando presentes los señores senadores Astori, Batalla, Besozzi, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gamarra, Gargano, Librán Bonino, Pereyra, Pérez, Pozzolo, Ricaldoni y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ   Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don. Guillermo Facello Prosecretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.