Retorno a página principal

Nº 320 - TOMO 360 - 31 DE MAYO DE 1994

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

15ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y el PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Señor Ruben Lena. Pensión graciable. Proyecto de ley

- Manifestaciones del señor senador Elso Goñi.
- Aclaración de la Mesa.

5) Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Se modifican disposiciones relativas a su estructura, funcionamiento y beneficios. Proyecto de ley

- Manifestaciones del señor senador Cassina.
- Se modifica el trámite, enviando el proyecto a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

6) Maestro Pantaleón Scolpini. Se designa con este nombre a la Escuela Nº 15 del pueblo Zapicán. Proyecto de ley

- Manifestaciones del señor senador Olascoaga.
- Aclaración de la Mesa.

7 y 9) Constitución de la República. Reforma. Proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se vota negativamente.

8) Juan Carlos Onetti. Homenaje póstumo

- Se resuelve, por moción del señor senador Arana con agregado del señor senador Santoro, realizarlo en la sesión ordinaria del día de mañana.

10) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 26 de mayo de 1994.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores senadores, el próximo martes 31, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifican los artículos 77 numeral 9º, 79 inciso 1º, 151 inciso 1º, 229, 265, 271, 272, 287 inciso 1º, 288 y 295 de la Constitución de la República.

(Carp. Nº 1464/94 - Rep. Nº 793/94)

LOS SECRETARIOS".

"Montevideo, 24 de mayo de 1994.

Sr. presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

De nuestra mayor consideración:

Los senadores firmantes solicitamos una sesión extraordinaria, del Cuerpo que Ud. preside, para el próximo martes 31, a las 16 hs.

El tema a tratarse en el proyecto de ley por el que se modifican los artículos 77 numeral 9º, 79 inciso 1º, 151 inciso 1º, 229, 265, 271, 272, 287 inciso 1º, 288 y 295 de la Constitución de la República.

Saludamos con nuestra mayor consideración.

José Korzeniak, Carlos Bouzas, Jaime Pérez, Reinaldo Gargano, Danilo Astori. Senadores".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso Tellechea, Arana, Astori, Batalla, Belvisi, Besozzi, Bianchi, Blanco, Bouza, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gargano, González Modernell, Grenno, Irurtia, Korzeniak, Olascoaga, Pérez, Priore, Ramírez, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Amorín Larrañaga, Jude y Urioste; con aviso, los señores senadores Librán Bonino y Millor; y, sin aviso, el señor senador Hackenbruch.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 9 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 31 de mayo de 1994.

La Presidencia de la Asamblea General destina:

un Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones relativas a la estructura, funcionamiento y beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

(Carp. Nº 1477/94)

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

y un Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, al que acompaña un proyecto de ley referente a la visita de los establecimientos donde se encuentren internados menores por orden judicial.

(Carp. Nº 1476/94)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Carp. Nº 1473/94)

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Poder Ejecutivo comunica que ha designado Ministro del Interior al Doctor Angel María Gianola.

-Téngase presente.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite la información solicitada por los señores senadores Walter Belvisi, Tabaré Hackenbruch y Américo Ricaldoni, relacionada con las sumas abonadas o adeudadas, a medios de difusión entre el 1º de marzo de 1990 y el 31 de diciembre de 1993.

El mismo Ministerio remite la información solicitada por el señor senador Tabaré Hackenbruch relacionada con las obras en el Arroyo Solís chico.

El Ministerio de Salud Pública remite la información solicitada por los señores senadores Mariano Arana, Carlos Bouzas, Leopoldo Bruera, Jorge Irisiti, José Korzeniak, Jaime Pérez y Hugo Villar relacionado con la instalación y puesta en funcionamiento de Institutos de Medicina Altamente Especializada.

-Oportunamente les fueron entregados a los mencionados señores senadores.

El Banco de Previsión Social remite varias notas comunicando las resoluciones adoptadas por el Directorio por las que se efectúan refuerzos de rubros.

-Ténganse presente.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se declara que la tarea que realizan los prácticos portuarios es un servicio público no comercial de interés nacional.

(Carp. Nº 1472/94)

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

La Comisión de Medio Ambiente eleva informado el proyecto de ley por el que se declara de interés general la conservación de la calidad y pureza del aire.

(Carp. Nº 1278/93)

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado el proyecto de ley por el que se concede pensión graciable al señor Ruben Lena.

(Carp. Nº 1468/94)

La Comisión de Presupuesto eleva un proyecto de resolución por el que se autoriza a la Presidencia del Senado a suscribir, en nombre de la Cámara de Senadores, un convenio de cooperación científica y técnica con la Universidad de la República; y con la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración un convenio de asistencia en las áreas de coyuntura económica nacional, regional e internacional, finanzas públicas y seguridad social.

(Carp. Nº 1399/94)

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa con el nombre "Dora de Vecchi de Rodríguez" la Escuela Nº 3 al Aire Libre, del departamento de Florida;

(Carp. Nº 1245/93)

por el que se designa con el nombre "Maestro Otto Niemann" la Escuela Nº 204 del departamento de Canelones;

(Carp. Nº 1337/93)

por el que se designa con el nombre "Inspector Henry Ruiz Sartorio" la Escuela Nº 135 de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo;

(Carp. Nº 1359/93)

por el que se designa con el nombre "Maestro Pantaleón Scolpini" la Escuela Nº 15 del pueblo Zapicán, departamento de Lavalleja;

(Carp. Nº 1343/93)

por el que se designa con el nombre "República de Venezuela" la Escuela Nº 75 de 1er. Grado, del paraje Arroyo Sauzal, departamento de Rivera;

(Carp. Nº 1222/93)

por el que se designa con el nombre "Presidente Oscar D. Gestido" los Talleres Protegidos para Jóvenes Discapacitados que funcionan anexos a la Escuela Nº 280 del departamento de Montevideo;

(Carp. Nº 1148/93)

y por el que se designa con el nombre "Plácido Laguna" la Escuela Nº 92 de 1era. Categoría de Carmelo, departamento de Colonia.

(Carp. Nº 981/92)

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se sustituyen disposiciones que regulan el impuesto a los vehículos a gas oil.

(Carp. Nº 1319/93)

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia:

del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura y un funcionario del Ministerio de Salud Pública;

(Carps. Nos. 1451 y 1431/94)

y de la Suprema Corte de Justicia para designar al doctor Juan Pedro Tobía Fernández como miembro del Tribunal de Apelaciones.

(Carp. Nº 1458/94)

La misma Comisión eleva, por vencimiento de plazo reglamentario (artículo 59 del Reglamento del Senado), la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Carp. Nº 1442/94)

-Repártanse, e inclúyanse en el orden del día de la sesión de mañana".

4) SEÑOR RUBEN LENA. Pensión graciable. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Señor presidente: el Poder Ejecutivo ha remitido al Senado un Mensaje por el cual solicita se le conceda pensión graciable al señor Ruben Lena. Cabe destacar que esta inquietud data desde hace bastante tiempo.

Desearíamos que este asunto se incluya como primer punto del orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de junio, es decir, la de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea hacer notar al señor senador que cuando se procedió a la lectura de los asuntos entrados, se dio cuenta de que ya se elevó informado este proyecto de ley y que va a figurar en el orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Gracias, señor presidente.

5) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS. Se modifican disposiciones relativas a su estructura, funcionamiento y beneficios. Proyecto de ley.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - La Presidencia dio cuenta de que destinó a la Comisión de Constitución y Legislación un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se modifican disposiciones relativas al funcionamiento y beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Creo que correspondería elevarlo a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social porque, aunque hay materias conexas, el centro de la cuestión está en la órbita de la referida Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia comparte el criterio expuesto, y aunque de un modo un tanto mecánico leyó el trámite que figuraba en el repartido, piensa igual que el señor senador Cassina.

Por lo tanto, este proyecto de ley pasa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

6) MAESTRO PANTALEON SCOLPINI. Se designa con este nombre a la Escuela Nº 15 de pueblo Zapicán. Proyecto de ley.

SEÑOR OLASCOAGA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLASCOAGA. - Señor presidente: en el pliego de asuntos entrados figura un proyecto por el cual se designa con el nombre "Maestro Pantaleón Scolpini" la Escuela Nº 15 del pueblo Zapicán. Se trata de un viejo maestro reconocido por sus buenos antecedentes en la zona.

Si el Cuerpo está de acuerdo, deseo solicitar el rápido diligenciamiento del trámite. No sé si es procedente pedir que ya se reparta ese proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa debe informar al señor senador Olascoaga que este proyecto va a ser tratado en el día de mañana.

SEÑOR OLASCOAGA. - Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se dispuso que todos los proyectos aludidos en el pliego de los asuntos entrados, en virtud de que están informados por las Comisiones respectivas, se repartan y se incluyan en el orden del día de la sesión de mañana.

7) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Reforma. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el único asunto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifican los artículos 77 numeral 9º, 79 inciso 1º, 151 inciso 1º, 229, 265, 271, 272, 287 inciso 1º, 288 y 295 de la Constitución de la República. (Carp. Nº 1464/94 - Rep. Nº 793/94)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1464/94
Rep. Nº 793/94

PROYECTO DE LEY CONSTITUCIONAL

Artículo 1º. - Modifícanse los artículos 77 numeral 9º, 79 inciso 1º, 151 inciso 1º, 229, 265, 271, 272, 287 inciso 1º, 288 y 295, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 77 numeral 9º

La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder Legislativo y del presidente y vicepresidente de la República, se realizará el último domingo del mes de noviembre cada cinco años.

La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales y de las Juntas Electorales, se realizará cada cinco años, el último domingo del mes de noviembre del segundo año posterior al del comicio a que refiere el inciso anterior.

Artículo 79 inciso 1º

La acumulación de votos por lema para cualquier cargo electivo, podrá hacerse en función de todos los lemas que se presenten para su registro con ciento veinte días de anticipación respecto de la fecha del respectivo comicio (nacional o departamental).

Las autoridades electorales inscribirán las solicitudes de registro de lemas, cuando -además de los extremos previstos en el artículo 77, numeral 11- sean presentadas por no menos de diez Legisladores o por mil ciudadanos habilitados para votar. Si se tratare de lemas que se registran exclusivamente para elecciones departamentales, la inscripción deberá realizarse cuando sea presentada al menos por cinco ediles del respectivo departamento o quinientos ciudadanos habilitados para votar en el mismo.

En todos los casos las autoridades electorales procurarán evitar que las expresiones o vocablos utilizados en los diversos lemas, puedan inducir al elector a la confusión de unos con otros.

La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá modificar dichos requisitos.

Artículo 151 inciso 1º

El presidente y el vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, a mayoría simple de votantes.

Cada lema sólo podrá presentar una fórmula única de candidatos.

Artículo 229

El Poder Legislativo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales ordinarias, con excepción de las asignaciones a que se refieren los artículos 117 y 154.

La misma prohibición regirá para las Juntas Departamentales en los doce meses anteriores a la fecha de su elección con excepción de las asignaciones a que se refiere el artículo 295.

Artículo 265

Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de suplentes.

Prohíbese el régimen de suplencias automáticas.

Artículo 271

Para la elección de los Intendentes Municipales cada lema sólo podrá presentar un único candidato, resultando electo el que pertenezca al lema más votado.

Artículo 272

Los cargos de miembros de las Juntas Departamentales serán distribuidos por el sistema de representación proporcional integral.

Artículo 287 inciso 1º

Las Juntas Locales se compondrán de cinco miembros elegidos directamente por el pueblo de la respectiva circunscripción, por el sistema de representación proporcional integral.

Las circunscripciones correspondientes a cada Junta, fuera o dentro de la planta urbana de la capital del departamento, serán determinadas por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la respectiva Junta Departamental por iniciativa del Intendente.

Los miembros de las Juntas Locales tendrán las mismas calidades exigidas para ser miembro de la Junta Departamental y deberán estar avecinados en la localidad desde tres años antes, por lo menos, a ser nativo de ella, no pudiendo integrarlas los Intendentes y los miembros de las referidas Juntas Departamentales.

El Presidente representará a las Juntas Locales y hará ejecutar sus resoluciones.

Artículo 288

La ley determinará las condiciones generales para la creación de las Juntas Locales y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y por iniciativa del respectivo gobierno departamental, ampliar las facultades de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo.

Artículo 295

Los Intendentes y miembros de las Juntas Departamentales, percibirán las remuneraciones que les fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección, por el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes.

Sus montos no podrán ser alterados durante el término de los mandatos y no podrán superar el ochenta por ciento de los correspondientes al Presidente de la República y a los Legisladores nacionales, respectivamente.

Artículo 2º. - Agréganse las siguientes disposiciones transitorias: w) Los Intendentes, los miembros de la Junta Departamentales y Locales y de las Juntas Electorales, electos en el comicio del 27 de noviembre de 1994, durarán en sus cargos hasta el 15 de febrero de 1997. La prohibición de ser reelectos por más de una vez, prevista en el artículo 266, no rige para los Intendentes elegidos en el citado comicio de 27 de noviembre de 1994, la elección de Presidente, Vicepresidente de la República e Intendentes se hará a mayoría simple de votantes, mediante el sistema de doble voto simultáneo y sin que en ningún caso pueda hacerse acumulación de sublemas.

Artículo 3º. - Convócase a plebiscito de ratificación para el día 18 de julio de 1994.

Mariano Arana, Danilo Astori, Carlos Bouzas, Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Jaime Pérez. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

El presente proyecto de reforma constitucional se promueve por el procedimiento previsto en el apartado D del artículo 331 de la Constitución, es decir por el mecanismo de las llamadas "leyes constitucionales".

Ese dispositivo -al igual que el de la Convención Nacional Constituyente, descartable ya por razones cronológicas- permite que el plebiscito de ratificación se realice en fecha anterior a la del comicio. Precisamente el proyecto, en su artículo 3º, prevé la convocatoria plebiscitaria para el próximo 18 de julio.

Esta separación entre la fecha del plebiscito y la de las elecciones se considera muy saludable; sobre todo, cuando las reformas versan sobre el sistema electoral. Es notorio que la simultaneidad de ambos pronunciamientos, determina la necesidad de que el elector se pronuncie el mismo día del comicio por dos sistemas -el vigente y el proyectado- sin saber en definitiva en el momento de sufragar, cuáles serán las reglas que determinarán el verdadero sentido de su voto.

II

El proyecto separa en el tiempo las elecciones nacionales de las departamentales y locales (artículo 1º en la redacción que da al artículo 77 numeral 9º) previendo una regla transitoria para establecer la transición del actual sistema al sistema que se propone (artículo 2º, transitoria "w").

Consideramos que esta solución (comicios nacionales separados de los departamentales), además de ser prácticamente la que recoge todo el derecho comparado, en la que -en verdad- perfecciona la libertad del elector, y la de los eventuales postulantes a ser elegidos.

En efecto, en el sistema de la simultaneidad cronológica, los votantes -sean o no militantes activos o candidatos- ven seriamente constreñidas sus preferencias en lo departamental o local, por emociones, disciplinas o compromisos con partidos, dirigentes o líderes nacionales. El "encorsetamiento" en ese sentido del sistema vigente es contundente; y, según entendemos, la sola posibilidad de votar lemas distintos, en ambos niveles ("voto cruzado") no conllevaría, en la práctica, un aporte significativo para destrabar el referido "encorsetamiento". Es difícil concebir a un militante o al candidato de un partido, predicar al mismo tiempo para el suyo en lo municipal y reclamar o sugerir el voto para otro partido en lo nacional.

Es cierto que el votante que no milita, ni dirige ni se postula, tendría con el "voto cruzado" abierta una posibilidad más de opción que en el actual sistema electoral. Pero, de todas maneras, parece más directo y claro, que esa misma posibilidad de opción no se vea teñida o aun sofocada, por una simultaneidad de reclamos de emociones políticas de disciplinas partidarias, o de programas nacionales que, obviamente, tienen relación ineludible con soluciones departamentales.

Una elección municipal separada, aleja el "conflicto de incidencias" que provoca la elección nacional, sobre todo cuando dicha separación la concibe también apuntando al objetivo de fortalecer la descentralización política departamental y local; objetivo que también se procura con el fortalecimiento de la legitimidad de los cargos de las Juntas Locales que serán electivas (redacción dada al artículo 287).

III

El proyecto modifica el concepto de "lema permanente" contenido en el artículo 79 numeral 1º.

En rigor, se procura eliminar en la práctica su distinción con los lemas "no permanentes", distinción que origina la injusta paradoja de impedir que quienes tienen pensamiento político igual puedan sumar sus votos (si quieren conservar sus señas de identidad histórica) y que, al mismo tiempo permite sumar los sufragios de quienes piensan de modo muy diverso y, a veces, de modo contradictorio.

El proyecto procura superar ese lastre de nuestro sistema electoral, permitiendo que tenga todos los derechos de cualquier lema permanente, aquel que se registre con una antelación de por lo menos ciento veinte días respecto del comicio. Para evitar las formaciones políticas erráticas o frutos de impulsos de momento, se exigen requisitos que otorgan a la solicitud del registro.

IV

La redacción proyectada para los artículos 151 inciso 1º y 271, consagra el principio elemental, necesario, casi obvio, de que cada partido debe presentar candidaturas únicas a cargos ejecutivos (presidente de la República, vicepresidente e intendentes). Este es, sin duda, el punto más comprendido por la gran mayoría del cuerpo electoral: que no quiere que su voto por su candidato vaya, en definitiva, para otro candidato (aunque sea dentro del mismo lema). Por razones de comprensión de costumbres de otros partidos -que no se comparten pero se entienden- el proyecto permite que en las elecciones de 1994 ese principio no sea obligatorio (transitoria "x").

En la redacción proyectada para el artículo 272, se postula la distribución por el sistema de representación proporcional integral de los cargos en las Juntas Departamentales. Se trata de la coherencia con un principio que la propia Constitución ya declara con carácter general en el artículo 77 numeral 3º, principio que se ha convertido en un ingrediente típico de la evolución democrática uruguaya.

V

La redacción propuesta para el artículo 295 permite que los ediles perciban sueldo. Se trata de reconocer que la tarea que desempeñan es de tal importancia como para justificar un sistema que les permita dedicarse íntegramente a esa diputación departamental. Por otro lado, la norma propuesta elimina -desde luego- la posibilidad del manejo de prácticas que supongan modalidades indirectas de cobro de haberes.

También está presente en esta propuesta, el objetivo de fortalecer la autonomía departamental.

Mariano Arana, Danilo Astori, Carlos Bouzas, Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Jaime Pérez. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: me propongo hacer un informe en lo posible breve sobre este proyecto de Reforma Constitucional, planteado por la vía del procedimiento que la Constitución denomina Ley Constitucional. Técnicamente, no es un proyecto de ley sino uno de Reforma Constitucional.

Los puntos básicos que inspiran esta propuesta son los siguientes. En primer lugar, hemos escogido un mecanismo para su promoción que, junto con otro de los cinco previstos en el artículo 331, tienen la característica de ser los únicos que permiten la realización de los plebiscitos ratificatorios en fechas distintas a las de los comicios nacionales.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

-Como es sabido, de los cinco procedimientos que la Constitución prevé para su reforma, solamente el de la Convención Nacional Constituyente y el que hemos elegido -o sea, el de la ley constitucional- permiten fijar una fecha distinta a la de las elecciones nacionales para la realización del respectivo plebiscito.

Por decisión del Segundo Congreso Ordinario del Frente Amplio -fuerza política que representamos- tenemos una doble directiva en materia de procedimientos para la reforma de la Constitución. Por un lado, debemos buscar fórmulas que impliquen una participación popular importante. Fue así que ese Segundo Congreso, en principio, escogió el procedimiento de la Convención Nacional Constituyente. Además, deberemos encontrar mecanismos que aseguren que el día de las elecciones nacionales los electores tengan un previo conocimiento acerca de las reglas jurídicas que rigen el alcance y el sentido de sus votos. Esta era una expresión inequívoca de ese Segundo Congreso Nacional, en el sentido de que el procedimiento a utilizar sería el de la Convención Nacional Constituyente -lo que resulta imposible por razones cronólogicas, por lo menos para este período- o el de la ley constitucional, que permite fijar una fecha para el plebiscito más próxima a la de las elecciones nacionales.

Precisamente, señor presidente, en este proyecto se prevé como fecha para la realización del plebiscito el día 18 de julio. Quizá se considere demasiado próxima, por lo que debería ser modificada. En este sentido, nos apresuramos a señalar que siempre y cuando no se vaya más allá del mes de agosto, no tendríamos inconveniente en que esa fecha sea cambiada. Cabe destacar que hemos escuchado algunas voces funcionales dentro de la Corte Electoral que dicen que aun con la sencillez que tiene un plebiscito -ya que el voto es por sí o por no y, además, es posible partir de planes circuitales previstos con anterioridad- aparentemente, se necesitaría más tiempo para una buena organización. De todas maneras, nos pareció que era indispensable comenzar esta exposición señalando las enormes ventajas que apareja el hecho de que un plebiscito constitucional se realice en una fecha distinta a la de los comicios nacionales.

Cierto es que en la historia política del Uruguay los plebiscitos constitucionales, cuando se han realizado en fechas distintas a las de las elecciones, no han generado un atractivo demasiado importante. Así ocurrió, por ejemplo, en ocasión de aprobarse la Constitución del año 1952, que fue votada en 1951, en un plebiscito en el que la asistencia fue baja comparada con los índices de concurrencia a los actos comiciales de nuestro país, por lo que el porcentaje de aprobación de este proyecto fue bastante escaso, razón por la cual no hubo de extrañar que tiempo después una Constitución que había contado con un apoyo popular relativamente menor fuera modificado. sin embargo, hay una excepción que es muy honrosa para nuestro país y sus ciudadanos. Me refiero a un plebiscito realizado en el año 1980, en una fecha que no coincidió con la de los comicios nacionales, dentro de un régimen de dictadura. Las características especiales que rodearon ese plebiscito hicieron que el pueblo uruguayo diera un ejemplo al mundo de una altísima participación y, sobre todo, del triunfo de un rechazo a un proyecto que, en el fondo y por encima del examen aislado de sus disposiciones, constituía un esfuerzo para legitimar formalmente una dictadura que, en lo sustancial, no tenía cómo. Con esta excepción, reitero, existe la posibilidad de que se pueda sostener que los plebiscitos realizados en fechas distintas a las de las elecciones atraen a poca gente.

Sin embargo, debemos tener presente que este demérito, esta posibilidad, se balancea favorablemente si se toman en consideración los inconvenientes que presentan los plebiscitos realizados en forma simultánea a las elecciones, cuando se trata de proyectos de reforma constitucional que modifican la manera de elegir los titulares de los cargos electivos. Digo esto porque es ahí donde se pueden originar confusiones en la psiquis del votante y algunas dificultades para la rápida dilucidación de los escrutinios, que siempre se ha entendido es una de las reglas importantes para que las inquietudes lógicas que se derivan del apasionamiento del día electoral no se prolonguen más horas de las necesarias, sobre todo cuando hay medios técnicos como para hacer proyecciones con mucha exactitud que habitualmente permiten -tanto en nuestro país como en casi todo el mundo- que cuando no existe un plebiscito que introduzca modificaciones al sistema electoral, unas horas después de cerradas las mesas receptoras de votos ya se cuente con los resultados primarios, como ser los cargos de las primeras magistraturas electas en ese momento.

A continuación, me voy a referir al contenido -y no al procedimiento- de esta propuesta de reforma constitucional que está a consideración del Cuerpo.

En primer lugar y en virtud de una modificación al numeral 9) del artículo 77 de la Constitución, se establece que la elección de los cargos departamentales y locales se realizará en una fecha distinta de la de la elección de los cargos nacionales. El mecanismo -cuyos fundamentos me permitiré explicar- tiene un correlativo en una disposición transitoria. A fin de resolver el tema del pasaje del sistema de simultaneidad en la elección de cargos nacionales y departamentales al sistema por el cual se eligen dichos cargos en fechas distintas, se necesita -y esto siempre se ha hecho- una disposición transitoria. En teoría, ésta puede observarse con dos contenidos. Por un lado, se puede prorrogar el mandato de los actuales gobernantes departamentales y locales y luego hacer la elección de esos cargos y, por otro, se puede establecer que la elección que se va a llevar a cabo en este año, de alguna manera les dé un cargo por dos años y no por cinco, para que al vencer ese mandato recién se comience el periplo quinquenal correspondiente separado del de los cargos nacionales.

Cabe acotar que en el proyecto de ley se opta por esta segunda solución, que es bastante frecuente en el derecho comparado a la hora de fijar regímenes de transición que buscan separar un episodio electoral del otro.

A continuación, voy a fundamentar en forma sintética la razón por la cual proponemos que las elecciones de los cargos departamentales y locales se realicen en fechas distintas de las nacionales. Efectivamente, se busca -también se lo ha intentado mediante otros mecanismos- independizar, en un margen razonable, la posibilidad de un elector de pronunciarse en las elecciones departamentales o locales sin las disciplinas, incidencias o emociones que le despiertan las figuras nacionales. Inclusive, existe en este momento en el ámbito político y a nivel de la Corte Electoral otro proyecto de reforma que, popularmente, es conocido como "la minirreforma". En el mismo, esta independización de la voluntad del elector se procura por otro medio, que consiste en lo que ha dado en llamarse el "voto cruzado". Es decir, la posibilidad de que una persona vote a un lema en lo nacional y a otro en lo departamental, sin que su sufragio sea anulado, tal como ocurriría si analizamos esa hipótesis bajo la Constitución vigente. A nuestro juicio, si bien el llamado "voto cruzado" implica una solución superior a la que figura en la Carta vigente, constituye una salida insuficiente y puede generar algunos problemas prácticos. Es por ese motivo, y teniendo en cuenta esa misma finalidad de independizar la voluntad del elector de constreñimientos derivados del tema nacional, que proponemos que se separen estas dos elecciones, a fin de que el votante no tenga la posibilidad de verse decisivamente influenciado por lo que está ocurriendo en un acto comicial nacional.

Por otra parte, deseo expresar que no nos han convencido los argumentos que se han esgrimido en el curso de estos últimos meses -como sabemos, este tema no ha comenzado a ser discutido en el día de hoy- según los cuales se ha desechado la fórmula que radica en separar cronológicamente la elección nacional de lo departamental. Además, nos ha llamado la atención el hecho de que solamente el Uruguay mantenga, con tanto ahínco, la idea de que las elecciones nacionales y municipales deban realizarse en el mismo día. Aun aquellos que sugieren aumentar la libertad del elector mediante el "voto cruzado", se aferran al concepto de que estos comicios deben llevarse a cabo en forma simultánea. Sin perjuicio de reconocer la posibilidad -que más de una vez el Uruguay ha logrado como, por ejemplo, en el plebiscito del año 1980, que tanto nos enorgullece y mediante el que hemos derrotado a la dictadura- de alcanzar una solución inédita en un tema tan estudiado como el que hoy nos ocupa, debe llamarnos la atención que el derecho comparado, sin excepciones, consagre la realización de la elección nacional separada en el tiempo de las municipales.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-El otro argumento que se ha manejado consiste en que, en realidad, aunque se efectúen elecciones separadas, las autoridades nacionales, aludiendo con este término a las instituciones como por ejemplo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, van a incidir en el día de las elecciones municipales. Por otro lado, si se utiliza la palabra autoridades para referirse estrictamente a las autoridades nacionales de los partidos, de alguna manera también van a incidir a la hora de tomar una decisión. De manera que se dice que no es exacto que separar en el tiempo la elección nacional de la departamental implique de verdad una absoluta independencia entre ambas. Al respecto, quiero decir que no es descartable que pueda ocurrir ese tipo de incidencia, pero ello también puede suceder en el terreno de las hipótesis, cuando esas elecciones se celebran el mismo día. Además, se agrega la incidencia de que las personas, reitero, habitualmente están sujetas a disciplinas, emociones, y hasta órdenes. En algunos casos, se trata de decisiones que pueden recibir distintas denominaciones, ya sea declarándolas como "asuntos políticos", tal como figura en las normas de los partidos tradicionales, o "asuntos fundamentales", como se desprende de los estatutos del Frente Amplio. En esas situaciones, se agrega la influencia de lo nacional a esa posibilidad de incidencia que sería habitual o que podría darse tanto en el caso de que las elecciones sean separadas como en el de que no lo sean. A nuestro juicio, al realizarse los comicios el mismo día, la influencia de lo nacional es mayor.

A nuestro entender, otro argumento que se ha esgrimido para sostener que no es conveniente la separación de las elecciones nacionales y departamentales descansa en el error de considerar que los partidos políticos podrían, por esa vía, debilitarse. Aclaro que al estudiar otro de los temas propuestos en esta reforma relativo a los lemas, vamos a tener oportunidad de examinar más a fondo el concepto de partido político.

Si los señores senadores lo permiten, vamos a formular la siguiente reflexión. Si las elecciones se realizan en una fecha distinta, el hecho de que las personas se unan de una manera determinada que no coincide con las agrupaciones de ciudadanos que se forman en las elecciones nacionales, no revela sino que la voluntad de las colectividades, en ese caso, es distinta. Obviamente, no existe otra razón que pueda determinar un debilitamiento de los partidos políticos. Creemos que aquella idea individualista, que inclusive prohibía la existencia de los partidos en el liberalismo individualista clásico de la Revolución Francesa, ya hace mucho tiempo que ha sido dejada de lado. Consideramos que en el Estado moderno, efectivamente, los partidos políticos constituyen un ingrediente fundamental para la democracia; no obstante, tenemos que determinar qué entendemos por tales.

Podemos denominar partido político, simplemente, a un conjunto de ciudadanos que no tienen ninguna clase de coincidencias en sus propuestas o en sus convicciones políticas; por el contrario, también podemos llamar partido político a aquellas empresas de opinión pública, institucionalizadas, que tienen entres sus finalidades la de llegar a ocupar cargos en el gobierno para el ejercicio del poder del Estado.

También, señor presidente, quiero señalar que la coincidencia de fechas para la elección nacional y la departamental, aun con la posibilidad del voto cruzado, genera efectivamente una opción electoral de la que hoy carecen los ciudadanos. Es decir que, en ese sentido, hay un grado de positividad, pero cabe tener presente que ese mecanismo no genera el mismo grado de libertad en la práctica a quienes son dirigentes, candidatos o militantes muy activos de las fuerzas políticas. Insisto en que me cuesta imaginar a un candidato de un partido que, en un mismo día, haga prédica para que lo apoyen mientras que también realiza campaña en lo nacional a favor del candidato de otro partido político. Me parece que eso no va a suceder, pero en caso de que ocurra, lejos de ser una solución sencilla, va a tratarse de un sistema lleno de complicaciones.

Obviamente, al efectuar estas reflexiones estoy teniendo en cuenta cuál es el sistema de lemas actualmente vigente. Si, en cambio, tuviéramos otro régimen, la significación del voto cruzado podría tener, sin dudas, una repercusión mucho más positiva de la que en realidad tendrá si el sistema de lemas permanece incambiado.

Señor presidente: voy a pasar a otra de las propuestas básicas que contiene este proyecto. Por la vía de modificar la redacción del primer inciso del artículo 79 de la Constitución, se propone concretamente ir a la médula de la distinción -y tratar de superarla o hacerla desaparecer- entre los lemas permanentes y los que no lo son, que pueden denominarse "accidentales", o como se desee, ya que la Carta no les da nombre, aunque sí lo han tenido en algunas leyes ordinarias.

Esa distinción, señor presidente, siempre ha sido considerada por las fuerzas políticas que integramos, como algo irritante. Es más; la distinción es, a nuestro juicio, la que enturbió la limpieza del doble voto simultáneo. A esta altura, cabe destacar que ese sistema no es malo, que fue concebido con finalidades muy importantes, y que cumplió durante muchos años una misión, que consistía en impedir la pulverización de un partido político -si realmente era tal- por la circunstancia de que hubiera conflictos de personalismos dentro de él. Así fue concebido y así nació el doble voto simultáneo en la conocida propuesta del belga Borelli, que llegó en primer término a la Universidad del Uruguay del siglo pasado y, después, en 1910 se trasladó al ámbito normativo. Se trata, pues, de que al votar, las personas expresan su voluntad en dos sentidos: en el de un partido y en el de una lista de personas. Por consiguiente, si lo que varía es sólo la lista de personas, se produce la acumulación de votos.

Decía que las nubes que enturbiaron ese sistema -repito que no fue concebido por ciertas fuerzas políticas para perjudicar a otras, sino para proteger en abstracto la vida de los partidos políticos en el pleno siglo XIX, cuando fue necesario estimularlos- aparecieron en la década del treinta en nuestro país. Sé que esto a veces despierta polémicas, pero no lo estoy planteando con el ánimo de hacer alusiones a partidos políticos ni de generar ninguna discusión. La realidad histórica, técnica, reconocida académicamente por todo el mundo, demuestra que la distinción entre lemas permanentes y no permanentes -ese sí fue un invento uruguayo- se hizo con la finalidad -a veces declarada, a veces no- de evitar la conformación de nuevas fuerzas políticas que fueran el resultado de agrupamientos en torno a ideas políticas muy coincidentes.

En el caso uruguayo se puede afirmar con mucha propiedad -repito que no hay en esto ningún afán de polémica política- que fueron dos los objetivos perseguidos. Por un lado, hubo un objetivo que se comenzó a manejar ya -he hecho alguna investigación al respecto- en el año 1929. Esto tuvo lugar, en primera instancia, en el seno del Partido Colorado, pero también ocurrió dentro del Partido Nacional. En ese entonces se hablaba de los peligros de la formación de los frentes populares, que habían comenzado a gestarse en Europa, y que tuvieron su manifestación más espectacular en España en 1931, cuando se consagró la República Española. Entonces, los distintos grupos que conformaban todos esos frentes populares -como ocurre normalmente en la vida política cuando se forma un nuevo partido u organización- por razones emocionales, emotivas o históricas, pretendieron mantener, legítimamente, sus señas de identidad.

La calificación de los lemas permanentes como los únicos que admiten acumulación de votos de distintas listas impedía que personas que pertenecían a diferentes partidos hasta ese momento, pero que habían resuelto unificarse porque estaban de acuerdo en determinados ideales y prácticas comunes, diseñando un programa coherente para todos ellos, pudieran mantener sus señas de identidad histórica.

Naturalmente, esto dificulta sus posibilidades electorales.

Esa fue una de las finalidades que, a mi juicio, de algún modo fue extraída del Derecho Comparado con un propósito -digo esto sin ánimo de ofender- avieso, para generar algunas ventajas a los partidos ya existentes. Sin embargo, ello no significa que estuviera prohibida la fusión de cinco partidos políticos distintos. Reitero que eso no estaba prohibido, pero por el hecho de no tratarse de un lema permanente, por ser nuevo, esos partidos tenían que dejar de mantener sus individualidades como señas de identidad histórica, lo que naturalmente les restaba posibilidades político electorales.

La otra finalidad -no tanto de Derecho Comparado, sino bastante más concreta con respecto a la vida política del Uruguay- fue la que se dio a raíz del golpe de Estado durante la Presidencia de Gabriel Terra.

SEÑOR SANTORO. - La revolución de marzo.

SEÑOR KORZENIAK. - En este sentido, quiero recordar una de las anécdotas de la Comisión. En ese ámbito, un señor senador por quien siento un respeto muy especial, expresó que él no denominaba golpe de Estado a ese evento, sino revolución de marzo. No hago cuestión de terminologías.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Con revolución de marzo o sin ella, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Formulo moción a los efectos de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Sin ánimo de entrar en una polémica histórica, voy a usar la terminología común utilizada en América Latina cuando se disuelve un Parlamento o se ponen en él autoridades por vías no previstas en la Constitución. Estos casos son denominados golpes de Estado y de eso, precisamente, se trató el de 1942.

Como ha ocurrido muchas veces frente a acontecimientos tremendamente importantes en la vida del país, una parte del Partido Nacional apoyó el golpe de Estado de Terra -o la "Revolución de Marzo" para recoger la terminología del señor senador Santoro- y un sector del Partido Colorado -nada menos que el liderado por Terra- junto con esa parte del Partido Nacional, también lo hicieron. Por otro lado, fundamentalmente el sector batllista y algunos otros grupos colorados y la parte del Partido Nacional que más adelante se llamó independiente, estuvieron en contra del golpe de Terra, así como también otras fuerzas de menor densidad cuantitativa pero muy importantes de este país, como nuestro Partido Socialista, el Partido Comunista y la Unión Cívica, salvo un par de excepciones personales. En ese momento, se suscitaron manifestaciones conjuntas en el Uruguay contra Terra y también otras a favor. Si se me permite un poco de optimismo histórico, esas manifestaciones estaban lideradas por lo que podríamos denominar un grupo precursor del Frente Amplio. Esto generó la idea de formar una fuerza política nueva, que inclusive fue manejada en diarios del Uruguay, algunos de los cuales fueron clausurados por ello.

Ante un hecho tan trascendente que cortaba al medio a los dos grandes partidos tradicionales, podía surgir otra fuerza política en función del respeto irrestricto de la Constitución, cualesquiera sean las circunstancias. Esto generó una idea muy ingeniosa que se acogió al otro argumento -que se utilizó para evitar los frentes populares que se hacían en Europa- para no permitir que en el Uruguay se pudieran juntar los blancos, los colorados y los izquierdistas que estábamos contra el golpe de Estado -como nací en 1933, un mes antes del golpe, podría permitirme la fantasía de suponer que al mes de vida ya estaba contra ese régimen -creándose la distinción entre lemas permanentes y no permanentes. En ese sentido, si se creaba un lema, éste no iba a poder mantener en los distintos grupos sus características históricas y es evidente que nadie quería perderlas, aunque hubiera acuerdos sustanciales sobre el tema básico que agitaba al país en ese momento.

Por lo tanto, el origen de los lemas permanentes y no permanentes no es demasiado admirable o, por decirlo de otra manera, es bastante pícaro, ya que se trata de impedir la formación de nuevas fuerzas políticas o, por lo menos, dificultarles el camino.

Evidentemente, la apertura total y la no imposición de requisitos para la formación de nuevos partidos, podrían dañar un ingrediente importante como es la estabilidad de los partidos políticos. Esto es así, pero ello se podría evitar por vía mucho menos pícaras, exigiendo, por ejemplo, los requisitos normales establecidos en todo el mundo, para que un partido político -en el sentido sustantivo de la palabra- sea una empresa de opinión pública institucionalizada que persigue un programa y tiene idea de llegar al gobierno en torno a sus promesas de lograr determinados objetivos y también en base a recuerdos comunes. En ese sentido, hay algunos ingredientes emotivos que también insuflan el concepto de la Nación y están dentro de los partidos políticos.

De manera que no hay razón para pensar que sólo se puede proteger la estabilidad de los partidos políticos en base a la distinción entre lemas permanentes y no permanentes. Por otra parte, pienso que dicha diferencia ha prohijado en nuestro país que personas que tienen un pensamiento político muy similar no puedan sumar sus votos y que, en cambio, otras que difieren diametralmente sobre temas trascendentes, puedan hacerlo.

Entonces, lo que a nuestro juicio es una experiencia histórica, hace necesario promover la eliminación de la distinción entre lemas permanentes y accidentales. Repito que no estoy haciendo con esto un enjuiciamiento general y abstracto al sistema del doble voto simultáneo. Al respecto, muchas veces se simplifican estas cosas y se manejan las conclusiones con alguna ligereza.

En otra parte del proyecto de ley, vamos a objetar el doble voto simultáneo para la elección de los cargos ejecutivos porque, precisamente, la distinción entre lemas permanentes y no permanentes ha permitido que dentro de un lema no solamente exista una rivalidad personal entre dos o tres candidatos, sino entre personas que piensan distinto sobre los problemas básicos del país. En ese caso, nos parece que las candidaturas múltiples son un desastre.

En definitiva, nuestra propuesta es que se elimine la diferencia entre lemas permanentes y no permanentes, estableciendo requisitos para la inscripción de los lemas que supongan evitar los llamados "erráticos" -tal como lo denominamos en nuestra exposición de motivos- o fruto de una pelea del momento. Por ejemplo, puede ocurrir que como fulanito de tal quiere ser candidato a presidente y la Convención de su partido no lo acepta, o no recibe apoyo por parte de las personas que inciden para la designación, se enoja y decide inscribir otro lema político. Para evitar esto, el proyecto de ley no ataca la unidad de los partidos -entendidos sustantivamente- sino que exige determinados requisitos para que cualquier lema que se inscriba, presentado por diez legisladores o mil ciudadanos, pueda tener los mismos derechos que otros.

Me apresuro a señalar que esto no va en contra de los partidos políticos; simplemente intenta buscar un sinceramiento por parte de ellos. No voy a generar una polémica dando nombres, aunque podría mencionar a distinguidas personas que están en este Senado y que aunque han tenido opiniones contrarias sobre los temas más cardinales del país, sumaron sus voluntades gracias al juego de los lemas permanentes y no permanentes.

Si lo miramos desde el punto de vista del elector, esto es clarísimo. Al respecto, de todo lo que hemos hablado sobre reforma constitucional, creo que hay un par de temas muy sentidos por la gente -además de los cotidianos que padece- que tienen que ver con la autonomía local o la descentralización. Asimismo, los ciudadanos consideran que los partidos políticos harían un gran acto de sinceramiento si pusieran un solo candidato a la Presidencia.

Esto es lo que el ciudadano medio que no sigue todas las noticias sobre los artículos de la Constitución siente. Por más que se le explique la tesis de Borelli del siglo pasado sobre el doble voto simultáneo, al ciudadano no le gusta votar a Juan y que su voto sirva para Pedro. No lo entiende y le parece una especie de tramoya, aunque desde el punto de vista jurídico no lo sea. Esa es la realidad.

Además de atacar la distinción entre lemas permanente y no permanente, el proyecto propone que los partidos sólo puedan postular una fórmula presidencial y otra para la Intendencia. El proyecto comprende, justifica, expresa o se adapta a una realidad; personalmente, me inclino por esta última expresión. Los partidos tradicionales jamás aceptarán esto. Al menos así será para la próxima elección. Ojalá lo hagan en el futuro, porque eso sería muy bueno y, además, ha habido manifestaciones en ese sentido. Para esta elección no lo aceptarán, por inconvenientes prácticos -que tienen todas las fuerzas políticas, aunque a mi entender serían superables- o de otra naturaleza. El proyecto adopta una postura de realismo respecto a ese tema y en una disposición transitoria se señala que la propuesta de candidatura única -que nuestra coalición naturalmente asumió desde que nació, como también lo han hecho otras fuerzas políticas- no regirá para las elecciones de 1994 como fórmula obligatoria y, para esa oportunidad, los partidos podrán presentar varias fórmulas presidenciales, ¡y vaya si lo están haciendo! Además, se avecina la posibilidad de que se presenten más.

De todas maneras, consideramos que sería un sinceramiento estupendo de nuestro sistema electoral que se decidiera que rija la candidatura única para los cargos ejecutivos en cada partido político. Eso permitiría, entre otras cosas, detectar si el partido mantiene su vigencia, ya que si no tuviera la suficiente fuerza interior como para superar las rivalidades personales, sería porque algunos elementos personales estarían por encima de los programas o inducirían a confusiones a la gente. Se trata de un elemento de sinceramiento. Celebro que en el ámbito político se haya reconocido hace un tiempo, aun cuando se plantearan inconvenientes para que esto se lleve a cabo en la elección de 1994.

Otra innovación del proyecto, señor presidente, se refiere a las candidaturas departamentales y locales. Al respecto, en el sistema electoral para distribuir los cargos de las Juntas Departamentales se establece el principio de representación proporcional, en sustitución del sistema hídrido de mayoría y minoría que consta en la Constitución vigente.

No se puede ocultar que muchos se hayan preguntado cuál es la razón por la que el Frente Amplio propone -siendo el gobierno de Montevideo y con una muy importante posibilidad de volver a serlo en las próximas elecciones- la representación proporcional cuando en la capital, en la que viven la mitad de los habitantes del país, tiene la mayoría en la Junta Departamental. Existen varios motivos, señor presidente, pero hay uno de ellos que nos parece el más importante. La reforma de la Constitución, con todas las debilidades humanas de las que nadie escapa, debe llevarse a cabo para mejorar el sistema institucional del país y no en función de que algunos grupos políticos saquen ventajas sobre otros. Coherentemente con la tesis de que la representación proporcional integral es un principio ínsito, que casi se identifica en la historia peculiar del Uruguay con la democracia, proponemos que se aplique también en las Juntas Departamentales. En esta propuesta dejamos de lado el hecho de que nos convenga o no.

Entre los proyectos de modificación de la Constitución vigente, también se ha propuesto que los cargos de ediles sean rentados. Se trata de profesionalizar y dar cristalinidad a esta función. No es posible que los ediles cumplan una función tan importante en base a sacrificios personales enormes -siempre están tan cansados que no pueden rendir- o dedicándole un tiempo residual luego de ocho o diez horas de trabajo. No solamente se apunta a rescatar la figura del edil, sino también el tema de la autonomía departamental. Según cómo marchen los gobiernos departamentales, la autonomía se fortalecerá en una forma proporcionalmente directa.

Se trata de evitar las simulaciones y las formas indirectas de cobro, que no le hacen nada bien a la imagen de los ediles ni de las instituciones.

Lo que he expuesto es un resumen de las normas de la Constitución vigente que proponemos reformar. No se nos oculta que existe otro proyecto con un contenido mucho menos ambicioso -en el buen sentido de la palabra- que, además, cuenta con mayores facilidades en cuanto al número de voluntades que debe obtener, ya que la Constitución exige un mínimo de dos quintos de adhesión de los legisladores. Entendemos que en materia electoral, nuestras ideas están reflejadas en este proyecto, ya que pensamos que es necesario independizar las elecciones nacionales de las departamentales, eliminar lo mas posible -sin atacar la estabilidad de los partidos- la distinción entre lema permanente y accidental y fortalecer los gobiernos departamentales por las vías que he indicado y también por la de declarar electivas las Juntas Locales. El proyecto supone que las Juntas Locales, sin perjuicio de las condiciones generales que debe fijar la ley para su creación, deben ser elegidas también por el procedimiento de la representación proporcional integral. Algunos Intendentes, cuya opinión hemos oído desde hace un año en todo el largo periplo de la reforma constitucional, han sostenido que para fortalecer la autonomía del departamento es necesario no aumentar las autonomías de los organismos locales. No compartimos esa idea; entendemos que el proceso de descentralización debe darse a todos los niveles, es decir, del departamento frente al gobierno central y de las localidades frente al gobierno departamental. Siempre que se establezcan los mecanismos de coordinación racionales -porque no estamos en un sistema federal, sino unitario- esta descentralización, a nuestro juicio, será saludable.

De esta manera hemos presentado las características generales del proyecto. Entendemos que en materia electoral, éste expresa el pensamiento del Frente Amplio y, en lo que tiene que ver con el procedimiento, no sólo muestra algunos principios muy sentidos por la masa frenteamplista -que los ha visto a través de distintas instancias, sobre todo en un congreso nacional- sino que también señala la posibilidad de que el 27 de noviembre de 1994 los ciudadanos concurran a votar sabiendo exactamente bajo qué reglas jurídicas están votando, o sea, cuáles son las reglas que rigen la elección que se va a desarrollar que, seguramente, como todos esperamos, apuntará a un Uruguay mejor que el que hoy tenemos.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor presidente: vamos a dar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley porque compartimos, por lo menos en lo fundamental, su contenido. Hemos sido partidarios de la separación, en el tiempo, de las elecciones nacionales de las departamentales porque nos parece que es el sistema que mejor asegura la identificación del programa y del candidato departamental cuando es sólo este último el que está en cuestión. De esta forma se podría contrarrestar una tendencia natural que existe a que los partidos y las grandes figuras políticas que a nivel nacional tienen mayor gravitación incidan en la elección departamental. Creemos que nuestro sistema actual provoca un tremendo arrastre de lo que ocurre en lo nacional hacia las elecciones departamentales. Los últimos dos resultados electorales son una clara muestra de ello; en 1984 hubo un amplio triunfo del Partido Colorado en lo nacional y éste ganó en 12 Intendencias y en 1989, el Partido Nacional triunfó en lo nacional y obtuvo 16 Intendencias. Entendemos que esta es una prueba más que concluyente de que en estas elecciones no se juzgó a los gobiernos departamentales sino que hubo tendencias de opinión a favor de un partido y que los candidatos departamentales sufrieron sus consecuencias.

La separación en la hoja de votación de las elecciones nacionales es un paso, pero más profundo es este que las aleja en el tiempo. Como saben los señores senadores, cuando tuvimos oportunidad de redactar un proyecto junto con otros sectores políticos -la Democracia Cristiana y el Movimiento de Reafirmación Batllista- propusimos esta solución y cuando se discutió en la Comisión Especial para la Reforma de la Constitución del Senado este tema y adherimos al llamado voto cruzado, hicimos la salvedad de que nuestra intención era separar asimismo en el tiempo las elecciones departamentales de las nacionales.

Por otra parte, también coincidimos con la idea de terminar con la distinción entre lemas permanentes y los que no lo son. En eso hago mías las fundamentaciones que realizó el señor senador Korzeniak. Tal vez no comparta totalmente las referencias histórico - políticas que hizo, pero sí estoy de acuerdo con que lo más democrático es que los partidos políticos, una vez constituidos, tengan los mismos derechos. La distinción entre lemas permanentes y no permanentes viene a ser el establecimiento de una especie de categoría de partidos de primera y de segunda ya que una serie de derechos, como el de poder acumular votos, no la tienen todos los partidos políticos uruguayos. No me parece que esto esté bien a esta altura del siglo XX.

Como es público y notorio, coincidimos en terminar con la acumulación de votos dentro de un mismo partido para la alección del presidente de la República, porque creemos que los partidos políticos deben tener algunos símbolos de unidad, además de sus problemas y autoridades. El abanderado de la elección tiene que ser uno sólo, manteniendo la acumulación por sublemas para los cargos legislativos.

Asimismo, entendemos que las disposiciones relativas a los gobiernos departamentales que contiene este texto son apropiadas, aunque creemos que serían mejores algunas de las que plantea el proyecto que estudió la Comisión Especial para la Reforma de la Constitución considerado por el Senado.

Por estas razones de fondo vamos a votar este proyecto de ley, y lo hemos fundamentado muy sintéticamente porque coincidimos con las soluciones que allí se plantean. También lo vamos a votar afirmativamente por otro tipo de razones de orden político, que nos preocupan mucho.

No sé cuál será la suerte del proyecto, pero por las consultas que hemos hecho parecería que no se cuenta con los votos para sancionarlo en esta sesión. De ser así, no quisiéramos contribuir con nuestro voto a esta situación. Nos parece que, habiéndose proclamado la totalidad de los sectores políticos del país partidarios de reformar la Constitución, más o menos en los mismos términos, la opinión pública no podrá entender cómo es posible que no nos hayamos puesto de acuerdo para aprobar un proyecto de reforma constitucional. La noche que hubo 19 votos a favor de la reforma sentí una profunda pena porque se precisaban 21 y no pudimos ni siquiera analizar en particular el texto, ya que fue rechazado en general luego de larguísimos meses de trabajo en Comisión durante los cuales se estudió exclusivamente este asunto, suspendiéndose toda otra actividad legislativa. La misma pena me daría si hoy no contamos con los votos para realizar una reforma del texto constitucional, que todos estamos de acuerdo en hacer. El ciudadano común no puede entender esto y yo no encuentro la forma de poder explicárselo. Lo mismo sucedió con el tema de la reforma del Estado, que todos queríamos realizar, ya que no pudimos dictar una ley con amplio acuerdo. Todos reconocemos la necesidad que hay en el país de reformar la Seguridad Social, pero no logramos conciliar nuestros puntos de vista para obtener una ley que lo concrete. Así podríamos seguir con muchos otros temas de enorme trascendencia para el país.

Me preocupa mucho que integremos un sistema político que está de acuerdo en hacer ciertas cosas pero que, llegado el momento, por razones fundadas o no tanto, no las realiza. Entonces, si la ciudadanía siente un cierto alejamiento del sistema democrático de partidos, seguramente algún fundamento tiene. Creo que esta no es una característica exclusiva de los que integramos la actual Legislatura.

Personalmente participé -quizás con mayor protagonismo que ahora- como representante único de mi Partido en la Concertación Nacional Programática. En aquella oportunidad, escribimos ríos de tinta pretendiendo resolver casi todos los problemas que el país heredaba de la dictadura, en un proceso de reflexión en el que no sólo los partidos, sino todas las fuerzas sociales y las gremiales empresariales -con la única excepción de la Asociación de Bancos del Uruguay- participaron. Si leemos todo aquello que se escribió, veremos que lo que se llevó a la práctica no ha sido ni el 10%. Al año siguiente integré el Acuerdo Nacional, también como único representante de mi Partido, junto con el señor senador Batalla por el Frente Amplio, el doctor Tarigo por el Partido Colorado y el señor Humberto Ciganda por la Unión Cívica. Pasamos todo un verano en la Sala de la Presidencia y también redactamos un largo documento, pero más limitado que el de la Concertación Nacional Programática, que incluía el título, un breve desarrollo descriptivo del proyecto y una serie de iniciativas legislativas que nos comprometíamos a apoyar.

Días atrás, releyendo algunos papeles, volví a ver ese documento; es increíble lo poco que de él se cumplió. Por ejemplo, en aquel momento teníamos pendiente una ley sobre PLUNA y aún hoy está por resolverse qué es lo que va a suceder con esa empresa. En realidad, lo único que ha ocurrido en estos años es que sus problemas se agravaron tremendamente.

Me parece que formamos parte de un sistema político atomizado, que hace estériles los esfuerzos para dar solución a los problemas del país.

En consecuencia, señor presidente, estimo que ello debería ser motivo -disculpen si se trata de una cierta actitud paternalista, pero sólo es formal, no de fondo, ya que todos saben que ese no es mi estilo- de un profundo análisis y autocrítica por parte de todos los partidos, sectores y actores políticos del Uruguay. El hecho de que todos digamos que somos reformistas, que todos hayamos presentado proyectos de reforma -comparándolos notaremos que tienen tal vez 10, 20 ó 30 puntos en común- y que, luego de años de haber hablado de esto, de haber participado en foros y mesas redondas proclamando nuestra vocación reformista, lleguemos a las elecciones nacionales sin un proyecto que concite una mayoría a favor de la reforma es, a mi juicio, un elemento que realmente acusa con claridad y con fuerza a este querido sistema democrático y de partidos políticos uruguayos, el que deberá cambiar profundamente su forma de actuar porque, de otra manera, esta sensación de frustración va a ser permanente en la ciudadanía de nuestro país.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor presidente: en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación expuse las razones por las cuales nuestro sector no va a acompañar esta iniciativa. De todas formas, en la sesión del Senado del día de hoy quisiera reiterar esos puntos de vista aunque -adelanto- en la forma más somera posible.

Concretamente, los motivos esgrimidos por nuestro sector pueden dividirse en aquellos relacionados con la oportunidad de la iniciativa y en los vinculados al contenido de la misma.

Con respecto a la oportunidad, en primer término me gustaría distinguir dos aspecto que suelen aparecer -en cierto modo- mezclados o confundidos. Uno de ellos es el de buscar un mecanismo mediante el cual una reforma constitucional -cualquiera que ella sea- sea votada, es decir, plebiscitada antes de las elecciones o en una instancia separada de ella y el otro constituye la instrumentación de mecanismos que hagan que ese plebiscito se realice junto con las elecciones. En ese sentido, hay argumentos o consideraciones tanto teóricas como prácticas acerca de la conveniencia de que el plebiscito se realice antes o simultáneamente con las elecciones. Personalmente, no hago hincapié en este aspecto, en el que puede haber -y se dijo en Sala a través de la documentada exposición del señor senador Korzeniak- circunstancias en las que un plebiscito separado en el tiempo de las elecciones sea conducente para darle el sustento político necesario a la Constitución mientras que, en otras ocasiones, puede ser motivo de confusión. Reitero, no ingreso en ese tema porque ya señalé que pueden existir argumentos valederos tanto en una dirección como en la otra.

Por otro lado, deseo subrayar otro aspecto de oportunidad vinculado al hecho de que, si la reforma va a tener incidencia en las elecciones -ya sea en las inmediatamente posteriores o en las mismas en que ella se plebiscita- tal vez ese sea el punto políticamente relevante y el que está detrás de lo que el señor senador Zumarán recién señalaba -elocuentemente- como la frustración que puede experimentar la ciudadanía al no llegarse a una concreción dado que no existe consenso sobre el particular. A mi juicio, uno de los motivos para que ello suceda es que los proyectos en general, en tanto tengan soluciones que incidan en los mecanismos electorales y sean aplicados en las elecciones que ya están a la vista, indudablemente generarán resistencia, reticencia y reparos en algunos sectores que pueden ver -aunque esa no sea la intencióin ni el efecto que, en definitiva, tenga el proyecto- un medio o procedimiento de incidencia en el resultado de las elecciones.

Sobre este punto, mi sector político desea aclarar que esta posición no se debe solamente a este proyecto presentado por el Frente Amplio, que estamos discutiendo en el día de hoy sino que, antes de haber sido presentado cualquier otro proyecto, en julio de 1993, definió su criterio al respecto de una manera clara, estableciendo que prefería que las reformas de naturaleza electoral que pudieran instrumentarse no tuvieran vigencia o eficiencia en a elección inmediata, desde el momento en que, ya en esa época, nos encontrábamos -para los tiempos políticos del Uruguay- próximos a la recta final -complaciendo cierta terminología de algunos deportes- del proceso electoral. Evidentemente, cuando los dos aspectos se mezclan, se entreveran o se confunden, se genera al menos la sospecha -probablemente infundada- de los sectores en cuanto a que esa reforma en definitiva va a tener una incidencia o un efecto en las elecciones que están a la vista. Naturalmente, nuestro criterio tenía una excepción ya que, si podíamos arribar a un consenso entre todos los sectores políticos acerca de un proyecto de reforma, no nos opondríamos y esa posible sospecha no existiría dado que habría simpatía generalizada para llevarlo adelante. Desafortunadamente -y en esto adhiero al sentimiento que expresaba el señor senador Zumarán- no es este el caso. Entonces, se da la situación política de que estamos considerando proyectos de reforma constitucional sobre la fecha misma de las elecciones en que ella se plebiscite. Concretamente, este proyecto cuenta -y lo comentábamos a nivel de la Comisión- con algunas disposiciones que tienen efecto electoral inmediato, como ser la separación de las elecciones nacionales de las departamentales, el establecimiento del régimen de representación proporcional en la provisión de los cargos a las Juntas Departamentales y, fundamentalmente, la modificación del artículo 7 relativo a la acumulación por lemas. Sin entrar a juzgar si estas enmiendas son compartibles o no en su sustancia, indudablemente las tres -particularmente la referida a la modificación del artículo 79- tienen una clara incidencia en las elecciones.

Por estos motivos, señor presidente, es que desde el punto de vista de la oportunidad mi sector político no considera conveniente apoyar la iniciativa presentada.

Voy a referirme ahora, también en forma esquemática, al contenido del proyecto de ley que estamos analizando.

A nuestro juicio, el régimen de provisión por proporcionalidad de las Juntas Departamentales está en contra de un criterio que invariablemente hemos sostenido en a Comisión Especial de Reforma Constitucional, en el sentido de que las reglas electorales no deberían estar contenidas en la Constitución. Aquí se extiende el criterio de la proporcionalidad a las Juntas Departamentales, a propósito de lo que nuestro sector señaló en el mes de julio de 1993 -insisto en que no fue con respecto a la iniciativa que estamos tratando- acerca de la conveniencia y de la necesidad de analizar la posibilidad de introducir modificaciones en el sistema de representación proporcional, así como de variarlo sustancialmente. Entonces, consagrar una expresión más de este sistema en las Juntas Departamentales, estaría en contra de la posibilidad de un estudio y de un examen de la revisión del sistema, y del criterio técnico en cuanto a que no es conveniente que esta clase de normas sea incorporada a la Constitución de la República.

Por otro lado, deseo referirme al tema de la separación de elecciones municipales y departamentales. Huelga decir que comparto -y esta es la posición del sector que represento, que ya fue expresada en el citado documento del mes de julio de 1993- el criterio de fortalecer la autonomía departamental. Hemos participado activamente en el proyecto de ley aprobado por la Comisión Especial y que figura en la iniciativa que ha obtenido los dos quintos requeridos en la Asamblea General, que será plebiscitado en el mes de noviembre próximo. En él se incluye la modificación del artículo 262 de la Constitución -esta disposición medular define las características de los gobiernos departamentales- y en ese sentido estamos contestes y claros en que este es un paso en la buena dirección del fortalecimiento de la autonomía departamental.

En definitiva, no creemos que la separación en el tiempo de las elecciones nacionales de las departamentales, efectivamente traiga como consecuencia ese fortalecimiento de la autonomía departamental en términos políticos. En cambio, pensamos que éste representa un fuerte elemento de distorsión en el tránsito normal de cada una de las Administraciones al incorporar comicios intercalados entre las elecciones nacionales. De esa forma -tal como ocurre en otros países- inevitablemente dichos comicios alteran el funcionamiento normal -obviamente, por razones políticas- de los planes, los programas y las actividades gubernamentales. Actualmente, nuestro país padece de una tendencia a realizar campañas electorales demasiado prolongadas -algunas veces he dicho, con ironía, que estas son de 60 meses- y si realizamos elecciones departamentales, creo que este fenómeno se vería acentuado. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, ocurriría a la inversa. En tal sentido, podemos señalar que donde son separadas las elecciones nacionales de las locales, advertimos cómo estas últimas son consideradas como un termómetro del nivel de aceptación del gobierno, de la posición de los partidos e, inclusive, hasta se llega a contabilizar el número de concejales o de ediles que cada una de las fuerzas políticas logra en aquéllas.

Por lo expuesto, pienso que lejos de fortalecer políticamente la autonomía de los departamentos, esta iniciativa la inscribe más fuertemente todavía en las campañas electorales de naturaleza nacional.

Por último, señor presidente, con respecto al contenido y en lo que tiene que ver con los lemas permanentes y accidentales, debo señalar que nuestro sector político expresa su punto de vista -así lo manifestaba en el documento publicitado, repito, en el mes de julio de 1993- favorable a examinar la flexibilización de la diferencia entre uno y otro tipo de régimen de acumulación de votos, con algunos argumentos y consideraciones que se han dado en Sala, pero basados principalmente en dar igualdad de oportunidades a los distintos comparecientes o concurrentes a las justas electorales. Al mismo tiempo, esa disposición va acompañada de requisitos fuertes que aseguren que esas agrupaciones, cuya formación se facilitaría a través de la flexibilización de las diferencias o de su eventual eliminación, son genuinas o auténticos partidos políticos y que no se trata de uniones circunstanciales, reunidas tal vez por una finalidad puramente electoral, en el sentido de sumar los sufragios que puedan reunir cada una de ellas, a los efectos de obtener el éxito en los comicios a la vista y que luego en el ejercicio del gobierno se desintegren y se desgranen. A este temor se agrega el hecho de que los partidos existentes, con fuerte tradición y con muchos años de antecedentes ya sufren este fenómeno. Entonces, pensamos "a fortiori" que si habilitáramos fácilmente la creación de estas agrupaciones sin incluir simultáneamente normas muy severas para asegurar su unidad, su coherencia y su disciplina interna, estaríamos exacerbando un fenómeno que ya ocurre sin que aún exista una disposición de la naturaleza de la proyectada.

Reitero, señor presidente, que mi exposición sobre este tema no quiere decir que nos alejemos de la idea de que haya igualdad de oportunidades en el sentido de que quienes piensan de la misma manea puedan votar juntos. Puedo afirmar que es un objetivo que deseamos alcanzar y que ha sido señalado en nuestras bases programáticas en materia de reforma proyectada sea la adecuada, ni que -peor aún- la oportunidad política, por la proximidad de los comicios, sea la correcta para considerar una reforma de esta trasdencencia.

Por estos motivos, nuestro sector no va a acompañar el proyecto de ley de reforma constitucional presentado por el Frente Amplio, aunque no podemos dejar de señalar los interesantes aspectos que el mismo aporta a la reflexión sobre el tema relacionado con la Carta Magna.

Muchas gracias.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Rápidamente queremos hacer algunos comentarios con respecto al proyecto de ley de reforma constitucional presentado por los señores senadores del Frente Amplio.

Deseamos señalar que con antelación a la presentación de esta iniciativa que corresponde al mes de mayo de este año, los mismos señores senadores habían presentado un proyecto de ley reglamentando los lemas permanentes, en donde se hacía referencia a las mismas modalidades que ahora se procuran incorporar en parte de las modificaciones constitucionales que se pretenden realizar en nuestra Carta Magna.

Principalmente, las propuestas mencionadas apuntan a realizar una amplia gama de modificaciones de carácter electoral, ya que se intenta separar en el tiempo las elecciones nacionales de las departamentales, así como eliminar la diferencia entre lemas permanentes y accidentales. Asimismo, para el año 1999, se pretende que se efectúe la elección de candidato único por partido. También podemos observar que hay modificaciones en lo que hace a la posibilidad de generar aumentos de sueldos o partidas de gastos para los gobiernos o las Juntas Departamentales en los doce meses anteriores a las elecciones. Además, en esta iniciativa se plantea un candidato único por partido para las Intendencias Municipales, aparece la distribución de los integrantes de las Juntas Departamentales por el sistema de representación proporcional y se establece la posibilidad de dar a los ediles una remuneración. Por otro lado, se menciona el hecho de que las Juntas Locales sean electivas, sin perjuicio de indicar que esta iniciativa comprende modificaciones para crear Juntas de gestión ampliada.

Es decir que dentro de este conjunto de iniciativas presentadas por los legisladores proponentes queremos hacer referencia de manera especial a un tema que nos preocupa, que le damos mucha trascendencia y que creemos es vertebral para determinar en cualquier momento modificaciones a nuestro sistema electoral. Precisamente, se trata de la modificación relativa a eliminar la diferencia entre lemas permanentes y accidentales o, mejor dicho, a que todos los lemas se consideren en la misma condición para los actos eleccionarios. El texto propuesto del inciso primero del artículo 79 señala que la acumulación de votos por lema, para cualquier cargo electivo, podrá hacerse en función de todos los lemas que se presenten para su registro con 120 días de anticipación con relación a la fecha del respectivo comicio nacional o departamental. Prácticamente, es una reiteración de la propuesta que se había hecho para reglamentar los lemas permanentes.

Por otro lado, queremos señalar que el tema relacionado con los lemas permanentes tiene que ver con la realidad de los partidos políticos en el país, con su vigencia, su presencia y el interés fundamental que debe existir en el Uruguay en el mantenimiento de los partidos políticos como organismos vivos fundamentales en materia electoral, pero con enorme trascendencia desde el punto de vista político. Digo esto porque en la existencia de estos partidos, de su funcionamiento, de su real estructura, de su sistema democrático interno, de su programa de principios, de la plataforma que le ofrezcan a la ciudadanía, se basa todo el andamiaje político del país en su estructura democrática. Es decir que de ahí surgen las instituciones de gobierno, el elemento vivo que habilita a que el Uruguay pueda ser calificado como un país de carácter y de naturaleza democrática.

Consideramos que los partidos políticos son esenciales, son el alma del país y por tal razón creemos que al proponer las modificaciones que se procuren realizar en la legislación electoral, debemos ser muy cuidadosos a fin de no provocar alteraciones en el sistema total que lo hagan ingresar en situaciones difíciles.

En suma, pensamos que todo lo que signifique una modificación al sistema de partidos políticos -aunque se realicen a través de pequeñas alteraciones en el sistema de la legislación electoral- puede afectar a toda la estructura del país.

Históricamente el Uruguay se basó -y ello no se dice porque se ha ingresado en otra etapa en materia política- en la existencia de dos grandes partidos tradicionales. Eso lo debemos tener presente, así como que estos dos grandes partidos originalmente fueron sólo bandos tradicionales y luego, con el tiempo, se legalizaron y se constitucionalizaron. Entonces, este elemento de la vigencia plena de dos grandes partidos -que fueron dos formas de conciencia, dos explicaciones de la realidad del país, dos elementos para definir al Uruguay, dos perspectivas, dos propuestas políticas- fue el origen de todo el sistema político uruguayo en materia electoral. Por tal razón, esto se debe tener en cuenta de manera fundamental para poder explicar todo el proceso electoral que en el país ha ocurrido y para asomarnos a la posibilidad de una modificación en el tema electoral.

Quiere decir que toda nuestra legislación electoral estuvo ordenada, manejada y orientada sobre esa base y habilitó la presencia de los dos grandes partidos. Naturalmente, ello llevó a que fuera incorporando, en su parte interna, es decir, en su naturaleza viva, varias innovaciones en materia electoral, para que los partidos políticos tuvieran presencia y contaran con una regulación, a fin de que se convirtieran, en forma permanente, en instrumentos del gran quehacer nacional. La Constitución de 1830 no decía una sola palabra de los partidos políticos, por una sencilla razón: porque el Uruguay se había conformado legislativa y constitucionalmente dentro de la esfera de acción de lo que fue la Revolución Francesa. Como es sabido allí predominaban las ideas que podríamos calificar ocmo individualistas -sentadas sobre las bases del pensamiento de Rousseau- en el sentido de que todo emanaba del pacto o del contrato social. Ese individualismo llevaba a que no se generara la posibilidad de percibir la importancia que tenían los partidos políticos.

Cuando hacemos referencia a este aspecto histórico, queremos recordar el pensamiento del doctor Luis Alberto de Herrera, quien siempre manifestó la oposición a la forma en que fueron entendidas y aplicadas las ideas de la Revolución Francesa en América. Es sabido que Herrera, en su famoso libro "La Revolución Francesa y América del Sur", sostiene una posición magistral en el sentido de que por tratar de incorporar, sin estar preparada, todas las ideas de la Revolución Francesa, América se vio sometida a un sinnúmero de situaciones dictatoriales y de tiranía, que aún hoy, de tanto en tanto, se producen.

En ese sentido, queremos significar que bajo la influencia de ese tipo de ideas y de legislación, en la Constitución de 1830 no se hacía mención a los partidos políticos. Pero en cuanto el Uruguay ingresó en la necesidad de regular algo en materia electoral, ya en el siglo pasado aparecen en las distintas legislaciones -no las vamos a detallar porque, además de ser conocidas, insumiría demasiado tiempo hacerlo- una primacía del elemento partido. En este siglo, a partir de la Ley del 27 de diciembre de 1904, de la de 1907, de la que habilitó el doble voto simultáneo, el partido político se fue perfilando como órgano fundamental de la realidad electoral del país.

Cuando el Uruguay se vio sometido a situaciones difíciles en materia política, la falta de regulación de los partidos políticos y de elementos que los condujeran realmente, llevó a circunstancias ya conocidas. A partir de 1920 el Uruguay fue ingresando en la crisis mundial -que provocó consecuencias económicas y también políticas- y aparecieron los partidos con claros síntomas de individualismo o de personalismo. Entonces, los nombres de esos partidos empezaron a utilizarse por parte de distintos sectores.

No había, en ese momento, Ley de Lemas, ni elementos que regularan la preservación de los lemas como algo que distinguía al partido y que, además, era de valor para él. Entonces, se sometió al país a tener que habilitar y reconocer fracciones de partidos que con el nombre originario de los mismos, más algún otro término, generarían circunstancias de dispersión y de ruptura, altamente negativas para la vida política.

En Sala se ha hecho referencia a ciertos momentos vividos por el Uruguay, pero nada se ha dicho con respecto a las crisis que en él estaban incidiendo, con sistemas políticos que se respondían debidamente, viéndose afectada también la materia electoral, que es la más sensible y la que está más directamente sometida a modificaciones. Como se debía preservar lo sustancial, es decir, los partidos políticos, se realizaron cambios en esta materia. Por supuesto, era una situación muy difícil.

Aquí se ha hecho referencia a los años 1931, 1933, 1934, 1936 y 1937; por ese entonces la legislación electoral trató de dar respuesta a los acontecimientos mundiales. Naturalmente, existía el peligro de que se generaran frentes populares y hubo, de parte de quienes se encontraban en ese momento conduciendo el país, una actitud por la que se establecían legislaciones que inhabilitaban la posibilidad de que esos agrupamientos, que no eran partidos políticos, tuvieran lugar. Lo que se hacía era lógico, porque se trataba de defender a los que entonces tenían la responsabilidad de llevar adelante los destinos del país. Había, sí, circunstancias especiales, en las que sectores de determinado partido acordaban con los de otro, fenómeno político que todavía se mantiene y que, muchas veces, puede ser totalmente justificado. ¿Qué se procuraba con esos acuerdos? Se buscaba la defensa del partido político, para tratar de enfrentar conglomerados, coaliciones o agrupamientos que no eran partidos políticos, sino simplemente manifestaciones del momento y cuya finalidad, naturalmente, era lograr ciertos cambios, que los responsables del país consideraban como contrarios al interés de todos. Estas eran posiciones de carácter político y por eso se adoptaron disposiciones que en esa materia preservaban a los partidos políticos que en ese momento tenían la responsabilidad del gobierno, con las secuelas naturales que todos conocemos, porque eran las disposiciones y las medidas que había que adoptar.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - He estado escuchando con mucho interés la exposición muy fundada del señor senador Santoro, pero creo que es importante señalar que lo que puede ser esa visión de la compleja Ley de Lemas que nació en 1934 y que se perfeccionó con el tiempo -creo que la última Ley data de 1939- no responde solamente a una realidad mundial, a los frentes populares y al deseo de preservar a los partidos. Me parece que sería bueno releer algunos de los editoriales de dos diarios que en aquel momento adoptaron una actitud militante y democrática, como "El País" y "El Día", para apreciar cómo la interpretación que ellos daban era totalmente opuesta y que la compleja Ley de Lemas lo que buscaba era preservar, fundamentalmente, los sectores de los partidos que habían acompañado el golpe de Estado o la Revolución de marzo, como quiera llamársele. En definitiva, lo que se quería era impedir que los sectores que no habían acompañado el golpe de Estado del 31 de marzo, pudieran acumular sus votos. Es decir que lo que hasta ese momento había sido, naturalmente, una acumulación, dentro de cada uno de los partidos, de carácter espontáneo y sometida a la voluntad de sus autoridades en cada instante, a partir de ese momento se transformó en una decisión impuesta por las normas legales. De manera que lo que pudo ser la decisión espontánea de un partido, se transformó en un tejido, en un corsé que, evidentemente, pretendía aprisionar a todos sus integrantes.

Debo decir que tengo una interpretación muy modesta, distinta a la del señor senador Santoro. Reitero que es muy importante recordar cuál era la posición claramente democrática expresada en muchos editoriales de los diarios "El País" y "El Día".

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Entendemos que la interrupción del señor senador Batalla complementa lo que venimos expresando. En realidad, más allá de la circunstancia de hacer referencia a los editoriales de "El Día" y "El País", el peligro radicaba en que fracciones de los partidos tradicionales, que en esos momentos no participaban de la conducta de los sectores que tenían la responsabilidad del gobierno, unieran sus fuerzas con otros grupos que podríamos denominar como políticos, pero que no estaban ordenados en un partido y que simplemente por razones coyunturales, buscaban tener presencia en el escenario político nacional. Es decir, que se formara una especie de frente popular en el que también se incorporaran sectores de los partidos tradicionales. Entonces, reconocemos cuál era la preocupación: preservar a los que estaban en el gobierno y, naturalmente, de esa forma se provocaba la marginación de sectores de los partidos tradicionales que en ese momento tenían una opinión opuesta a la de aquéllos, pero que igualmente podían unirse con otros grupos de tipo social, popular o político -como se les quiera llamar- aunque no eran partidos políticos.

Estamos totalmente de acuerdo con que esa es la realidad histórica, según las manifestaciones del señor senador Batalla, que tratamos de complementar para brindar una visión global de lo que se vivió. Pero lo que queremos indicar, fundamentalmente, es que la legislación que surge y que alcanza de manera esencial una presencia en la Constitución de 1934, cuando se habla de partidos permanentes y luego en las sucesivas leyes de lemas desde 1934 hasta 1939, procede a definir perfectamente lo que es un partido político. Además, se le da al lema un contenido esencial, que había estado presente, porque siempre se usó. Los partidos tenían nombre y concurrían con él a las elecciones; ese era el lema. Pero a partir de 1934, el lema pasó a ser un elemento distintivo del partido, de valor electoral y político trascendentes. Era la expresión concreta y visible con que se exteriorizaba un conjunto de aspectos integrantes de un partido político. Desde aquel momento se trató de cuidar que el lema no pudiera ser modificado a cada instante, es decir, utilizado en forma confusa por más de un partido, porque se integra a éste y -reitero una vez más- pasa a ser uno de sus valores; más aun, se transforma en el partido mismo, en la expresión más conocida de la gente. De esta forma llegamos a determinar la importancia que tiene el lema, porque si un partido tiene un conjunto de valores cívicos, históricos, ideológicos, morales y tradicionales, naturalmente los comprende a todos y debe ser preservado a través de la legislación.

¿Qué es lo que procura la legislación? Que las cosas se cuiden, que la gente entienda, que los partidos tengan derechos y que, dentro de cada uno de ellos, el lema sea administrado por quien tenga la mayoría, sin perjuicio de permitir que quien no la integre pueda comparecer en las elecciones cumpliendo determinadas condiciones o exigencias.

Como es sabido, la Constitución de 1934 hacía referencia no a lemas permanentes sino a partidos permanentes; luego, en el año 1952 se constitucionalizó el lema, estableciéndose la posibilidad de acumulación por los lemas permanentes. En la Constitución vigente, se define al lema permanente como aquel que haya intervenido en una elección y, además, obtenido representación parlamentaria. Quiere decir que a través de la definición de lema permanente está determinado el elemento esencial para la preservación del partido político, que es el partido político en sí mismo. Naturalmente, éste necesitará la ley correspondiente para su organización y -tal como lo establece el texto constitucional- deberá cumplir determinadas prácticas en el orden interno y tener su programa y su fundamentación de principios. Evidentemente, el lema permanente que, de acuerdo con nuestra disposición constitucional, habilite la acumulación de los votos, tiene un valor enorme.

Por estas razones, nos negamos a la posible eliminación del lema permanente a través de la reforma que se proyecta, teniendo en cuenta las eventuales consecuencias que ello aparejaría y, además, los valores comprendidos en su propio significado, más allá de las manifestaciones en el sentido de que los lemas permanentes habilitan que en su seno existan distintas tendencias, por lo que muchas veces nuestros partidos no constituyen un conjunto orgánico. De igual modo, pensamos que nuestros partidos deben ser como son, con distintas tendencias, posibilidades y perfiles, ya que es lo propio y natural de los ciudadanos. Cada uno de nosotros quiere pensar y actuar libremente, organizados dentro de ciertos caminos y con determinadas regulaciones. Sin embargo, nos negamos a admitir al partido jerarquizado, al de la unidad, al del mando absoluto y total. Queremos la realidad de los partidos que tenemos, ya que, en última instancia, también son así los sectores que, antes de la pasada elección, lograron el uso de lemas permanentes como el Frente Amplio y el Partido por el Gobierno del Pueblo. Es decir, se trata de un conjunto de ciudadanos que poseen determinada regulación, una Carta Orgánica, una fundamentación de principios y un programa y que, naturalmente, en su seno admiten la existencia de distintas tendencias. Esto lo vemos en las actuales circunstancias, ya que hay diferentes posturas en estos dos partidos políticos. Esto es lo que ha ocurrido siempre en los partidos tradicionales; por nuestra parte, consideramos que está bien que ello ocurra, más allá de que algún autor internacional -con su Cátedra y sus títulos- pueda afirmar que los partidos tradicionales uruguayos no son tales, sino federaciones de partidos. Creemos que es precisamente eso lo que ha posibilitado que los partidos no se compriman, no estallen, tal como lo hacían antes de existir la regulación de lemas permanentes. Como se recordará, eso sucedió con el Partido Blanco Radical y también con el Partido Colorado Radical. En realidad, eran estallidos, porque no existía la posibilidad de ordenarse debidamente con una legislación adecuada que permitiera que quien no estuviera de acuerdo con una determinada orientación o con el ciudadano que en cierto momento reunía las mayorías en el partido, pudiera seguir su camino sin romper el esquema de ese partido.

Por todas estas razones reiteramos que la modificación propuesta en el sentido de eliminar la distinción entre lemas permanentes y accidentales no es adecuada, porque afecta la esencia del sistema político uruguayo.

Por otra parte, debemos decir que en la Comisión Especial respectiva realizamos algunas apreciaciones relacionadas con los otros cambios sugeridos. Concretamente, en lo que tiene que ver con la separación de las elecciones nacionales de las departamentales, estimamos que en algún momento se llegará a una situación de esa naturaleza en nuestro país. Eso ya sucedió durante la vigencia de la Constitución de 1918, cuando se produjeron aquellas renovaciones parciales en la Asambleas Representativas, en los Consejos de Administración, etcétera. En realidad, los resultados no fueron apropiados y, reitero, creemos que en algún momento se deberá establecer esa separación, ya que entendemos que sería la culminación de un proceso en el que el departamento y el municipio logran totalmente su identidad y, en cierta medida, su autonomía plena la que, además de los componentes de carácter político, necesita de otros de naturaleza tributaria y financiera.

SÑOR BATALLA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Muchas gracias.

En lo que respecta a la posibilidad de que exista un candidato único a la Presidencia de la República en la elección de 1999, cuando se consideró este tema en la Comisión Especial del Senado, sostuvimos que compartíamos ese criterio sobre la base de lo que denominamos un complejo modificativo de la Constitución; es decir, manifestamos que este elemento debía ser ubicado dentro de una modificación más profunda de la realidad constitucional. Por lo tanto, debemos decir que en principio no tenemos mucho entusiasmo frente a la propuesta de que cada partido se presente con un solo candidato a las elecciones. Pienso que eso podría ser apropiado en algunas circunstancias -realizándose ciertas modificaciones- e inapropiado en otras. Si se me pide una definición, diría simplemente que considero mejor que cada partido tenga más de un candidato, es decir, que se mantenga el sistema de doble voto simultáneo. De todos modos, en algunas circunstancias podría ser apropiado comparecer con un solo candidato. Lo mismo decimos en relación con los candidatos únicos a las Intendencias.

En lo que respecta al tema de las Juntas Locales Electivas, debemos decir que acompañamos este criterio en la Comisión Especial de Reforma. Por ello, no tenemos inconveniente en considerar que, de acuerdo con una regulación conveniente, podrían ser electivas las Juntas Locales de las poblaciones que tuvieran un nivel urbano adecuado y también la potencialidad necesaria para integrarse en una forma de gobierno local.

En lo que tiene que ver con la propuesta de que los ediles sean remunerados, señalamos que estamos de acuerdo. Precisamente, en la Comisión Especial del Senado acompañamos ese criterio.

Por otro lado, en lo que hace a la representación proporcional para las Juntas Departamentales y al hecho de que cada uno de los titulares tenga tres suplentes, eliminándose el sistema de la suplencia automática, declaramos que estamos de acuerdo con esta sugerencia. Concretamente, no tendríamos inconveniente en acompañar el criterio de la proporcionalidad, porque el actual sistema de mayorías no ha dado mucho resultado y, tal como lo expresamos en el seno de la Comisión, el edil número 16 siempre es de un valor superior a otro de los ediles integrantes de esa mayoría.

Esta es nuestra posición con respecto al proyecto de ley propuesto. A continuación, deseamos referirnos a la oportunidad en que ha sido presentada esta iniciativa.

Pensamos que en este año -y quiero aclarar que hablamos con carácter general- la preocupación de todos es que el 27 de noviembre se realicen las elecciones, ya que eso es lo que está previsto en el texto constitucional.

Esa es, a nuestro juicio, la prioridad número uno que debemos tener todos los uruguayos. Entendemos que todo aquello que tenga que ver con modificaciones del texto constitucional debe quedar sometido a la realización de las elecciones. Ahora bien, reconozco que por el hecho de que en las elecciones también habrá más de un plebiscito, podremos vernos enfrentados a dificultades; pero no hay que olvidar que el Uruguay ya ha tenido experiencia en esta materia.

En fin, pensamos que todo lo que pueda significar un inconveniente para la Corte Electoral, los electores y los candidatos, tiene que dejarse de lado a fin de que los uruguayos puedan cumplir con lo que es esencial: renovar sus autoridades el 27 de noviembre de este año mediante el voto libre.

Es cuanto deseaba expresar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Señor presidente: tal como lo anunciamos en la Comisión de Constitución y Legislación, vamos a votar en general esta iniciativa de reforma constitucional.

Desde hace largo tiempo -inclusive, cuando iniciamos la discusión del tema de la reforma constitucional- hemos venido señalando la necesidad de realizar un plebiscito previo de cualquier proyecto de reforma, en tanto que uno de los objetivos fundamentales de la reforma era no sólo establecer un mejor relacionamiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo sino, también, modificar las reglas de juego que en materia electoral existían. En este sentido, el Partido por el Gobierno del Pueblo siempre se ha manejado con absoluta y total coherencia. Recientemente la unanimidad de su Comité Ejecutivo, decidió acompañar toda instancia de reforma constitucional tendiente a buscar el camino de la realización de un plebiscito previo.

No hemos acompañado con nuestra firma el proyecto de ley que presentaron dos quintos de legisladores, no por tener discrepancias sustanciales con la iniciativa, sino porque entendíamos, como lo hemos venido sosteniendo en varias oportunidades, que era profundamente inconveniente fijar reglas de juego modificativas del sistema electoral en el mismo momento en que el pueblo estaba decidiendo en una elección la renovación del elenco de gobierno. Pensábamos -y lo seguimos haciendo- que fijar las reglas de juego y elegir en un mismo momento, en modo alguno facilita la libre emisión del voto.

Podemos afirmar ante el Senado que desde hace muchos años hemos venido demostrando nuestra vocación reformista. Hemos dicho que el país necesita no sólo un esquema que le permita una mayor gobernabilidad sino, además, dar al elector una libertad que hoy no tiene. Comparto muchas de las afirmaciones del señor senador Zumarán en cuanto a la decepción que eventualmente podría sufrir toda la ciudadanía que permanentemente nos ha escuchado decir que tenemos vocación reformista, pero cuando llega el momento de tomar una decisión, el acuerdo no se logra y no es posible plasmar esto en la realidad.

Pensamos que es importante que el país asuma la necesidad de una reforma constitucional. También creemos que en la medida en que la Constitución es algo así como el contrato social que regula derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y del Estado frente a éstos, lo deseable es que esa reforma constitucional cuente con el máximo respaldo posible. Ojalá hubiéramos podido llegar al consenso que todos buscamos, más allá de los errores. Siempre que se produjeron desencuentros, ya sea en el Grupo de los Cinco y en el Grupo de los Nueve después, en las largas conversaciones que mantuvimos en torno a este tema, tratamos de buscar un camino. Me parece que eso les consta a todos los señores senadores integrantes de la Comisión, con quienes dialogamos fraternalmente.

Hoy estamos ante una nueva instancia y no creo que tenga sentido entrar en el examen pormenorizado de cada una de las soluciones previstas. En general, las compartimos, aunque es probable que tengamos que plantear modificaciones respecto a algunas de ellas. No obstante, pensamos que nada de eso puede darse si no se obtienen los dos tercios de votos del Senado para su aprobación.

Reiteramos que vamos a dar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley, entre otras cosas, porque pensamos que significa intentar recorrer un camino que hasta ahora ha estado lleno de obstáculos y que, de otra manera, nos va a llevar a que en el mes de noviembre se someta a plebiscito un proyecto de reforma constitucional que, evidentemente, a la ciudadanía le resultará difícil de entender.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Señor presidente: adelantamos que vamos a votar negativamente y, también que no entraremos a discutir el fondo de la cuestión, es decir, el proyecto de ley en sí mismo. Y no lo vamos a hacer porque nuestras ideas en materia de reforma constitucional han quedado claramente establecidas en los largos meses en que una Comisión Especial del Senado discutió el tema y, también, en términos generales, en el debate recientemente realizado en este Cuerpo cuando se rechazó -en una instancia que parecía imprevisible- el proyecto elaborado por aquélla.

Si apoyáramos esta iniciativa estaríamos cayendo en una incoherencia que no tendría explicación alguna. Hace pocos días firmamos un proyecto de reforma de acuerdo con la disposición constitucional que autoriza a presentar una iniciativa en caso de que cuente con el mismo apoyo de los dos quintos del total de los miembros de ambas Cámaras. Estamos hablando de una iniciativa a la que, como es sabido, ya se le ha dado trámite ante la Asamblea General y deberá ser sometida a plebiscito en la próxima elección.

Decíamos que no queremos entrar a considerar el fondo de la cuestión -pese a que, de pronto, podríamos coincidir con algunas de sus disposiciones- porque en caso de aprobarlo estaríamos auspiciando dos proyectos distintos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos explicar a la ciudadanía que vamos a someter a plebiscito una iniciativa respecto a la cual recientemente se abrió la instancia para hacerlo y, al mismo tiempo, propiciar una ley constitucional que establece un texto diferente? Para nosotros, y no para el Frente Amplio, que no lo votó, resulta inoportuno y fuera de tiempo la presentación de este proyecto de ley puesto que, de aprobarlo en el día de hoy, estaríamos presentando a la ciudadanía, por medio de nuestra firma y nuestra aprobación, repito, dos proyectos absolutamente distintos. Esa es una incoherencia en la que no podemos caer; si lo hiciéramos, estaríamos actuando irresponsablemente y, también dando razón a las críticas que hace unos momentos hacía, con bastante fidelidad respecto a lo que ocurre en el país, el señor senador Zumarán.

Reiterando que en algunos aspectos este proyecto de ley podrían satisfacernos, en lo que nos es personal, creemos que estamos inhabilitados para aprobarlo, ya que hemos comprometido nuestra opinión al punto de estar ya presentado ante la Asamblea General, y mediante ésta a la Corte Electoral, un proyecto de reforma constitucional para ser plebiscitado en el próximo acto electoral.

No obstante, no podemos dejar de reconocer que hubiera sido mucho más deseable que se hubiera presentado la fórmula de la ley constitucional que ahora propone el Frente Amplio, en el momento de considerar el proyecto de reforma discutido hace dos meses. Es obvio que ello simplifica el pronunciamiento de los ciudadanos cuando no se hace coincidir el acto electoral con el plebiscito de reforma constitucional; cuando existe esa coincidencia, no sólo se desorienta el ciudadano, pudiendo cometer errores involuntarios en el momento de votar, sino que dificulta enormemente la tarea del escrutinio. Sin embargo, a quienes auspiciábamos aquel proyecto de reforma, cuya discusión quedó cerrada en este Cuerpo hace dos meses, no nos quedaba otro camino, para ser consecuentes con nuestra idea reformista, que el de seguir el que indica la Constitución cuando habilita que se plebisciten los proyectos de ley que luzcan las firmas de dos quintos del total de componentes de la Asamblea General.

De manera que, sintéticamente, a los efectos de no alargar este debate, expreso cuáles son las razones que me obligan a votar negativamente el proyecto de ley que estamos considerando. La incoherencia sería aun mayor cuando durante seis meses estuvimos discutiendo con todas las fuerzas políticas representadas en este Cuerpo un proyecto de ley constitucional. En esa instancia todos los sectores políticos tejieron elogios a esa iniciativa o, por lo menos, a una parte importante, entre ellos, el propio sector que hoy presenta -a mi entender fuera de tiempo- un proyecto de reforma. Cada vez que se pidieron postergaciones para profundizar en el estudio de las fórmulas o buscar otras sustitutivas, se encontró eco, tanto en nosotros como en los demás miembros de la Comisión, fuera quien fuera el que planteara esa necesidad, así como la de cuartos intermedios, que los hubieron y bastante prolongados. Por lo tanto, en ningún momento existieron dificultades para que alguien expusiera o propusiera la fórmula que creyera más conveniente. En determinado momento ocurrió un acto cuya justificación no discuto, como es el retiro o, por lo menos, cierta prescindencia de parte del sector del Frente Amplio debido a que reconocía que se había llegado a un extremo de discrepancia en lo que respecta a las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que les hacía inconciliable la posibilidad de votar aquella iniciativa. Naturalmente respecto esa actitud, tal como corresponde respetar todas las posiciones políticas que se exponen con la claridad y la altura con que en esa instancia se expresaron. Pero cabe destacar que recientemente tuvimos en este Cuerpo la oportunidad de aprobar un importante proyecto de ley constitucional; que contamos con el tiempo suficiente como para establecer las modificaciones que se consideraran oportunas; que luego en Sala estuvimos discutiendo sobre la base de que estaban los dos tercios de votos que exige la Constitución y que a último momento no aparecieron; que ante el asombro de la ciudadanía -tal como expresaba con razón el señor senador Zumarán- el Senado dejó de lado absolutamente todos los temas que tenían a su consideración para estudiar el proyecto de ley constitucional y seis meses después salimos con las manos vacías. Ante esa eventualidad, para que, por lo menos, aquellos aspectos que habían merecido menos objeciones pudieran ser sometidos a la voluntad de la ciudadanía, seguimos este camino de los dos quintos de votos.

Por lo tanto, propiciar otro proyecto de ley nos haría caer en una actitud absolutamente injustificable, por cuanto estaríamos apoyando al mismo tiempo, dos iniciativas que no coinciden.

Estas son las razones, expuestas a grandes rasgos, por las que vamos a votar negativamente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ramírez.

SEÑOR RAMIREZ. - Desde ya anunciamos que vamos a ser muy breves y con mayor razón por cuanto las expresiones del señor senador Pereyra adelantaron varias de las reflexiones que queríamos hacer, a los efectos de fundar nuestro voto negativo a este proyecto de ley constitucional propuesto por el Frente Amplio.

A las razones de oportunidad señaladas por el señor senador Pereyra y a la necesidad de coherencia con nuestro propio pensamiento al haber postulado y encontrándose en pleno trámite de aprobación un proyecto de reforma constitucional, agregaría dos reflexiones a propósito de las observaciones principales que nos despierta el proyecto de ley constitucional a consideración.

En primer lugar, me voy a referir a la supresión de la distinción entre requisitos de lemas permanentes y lemas accidentales o no permanentes. Creo que el Uruguay, como todo país que viva en un régimen democrático, debe alentar el perfeccionamiento de sus partidos políticos. La democracia es un sistema que se basa en los partidos políticos y ellos son organizaciones intermedias de la sociedad que están llamadas a cumplir una función esencial en el funcionamiento democrático como enlace entre los representantes electos y la totalidad del cuerpo electoral. Para que los partidos políticos puedan cumplir su función en forma adecuada es absolutamente imprescindible que exista organización y coherencia dentro de ellos, porque, de lo contrario, no pasan de ser una simple designación de ideologías políticas, que pueden ser más o menos permanentes, pero que no forman una persona jurídica diversa de la masa informe del cuerpo electoral, en el que puedan afiliarse temporariamente a distintas posturas sobre programas o dogmas de tipo sociopolítico.

A estos efectos, consideramos que la norma jurídica tiene que cumplir un papel fundamental, porque no es solamente la realidad sociopolítica la que marca la vida, existencia y funcionamiento de los partidos políticos, sino que el precepto jurídico tiene que cumplir un rol de conducción, direccióon y organización, marcándole a la conducta de los hombres, según criterios de justicia, derroteros y senderos a los efectos de lograr los objetivos buscados. Si el objetivo principal es la coherencia y la organización, lo cual va unido a la disciplina interna y su permanencia, la norma jurídica que puede fortalecer estas características, puede ser la constitucional, como en el caso, una ley de partidos políticos o la propia ley electoral. A mi entender, estos son los tres campos normativos que pueden influir en forma directa sobre los partidos políticos, perfeccionándolos o desarticulándolos. Estos son los resultados en cuanto a eficacia positiva o negativa que puede tener una norma jurídica bien o mal creada.

En lo que respecta al sistema constitucional o normativo uruguayo, existe como una especialidad el doble voto simultáneo, que implica -no pretendo dar una explicación a los señores senadores- la adhesión, en primer lugar, al lema, a la ideología, al postulado o al sentimiento partidario y, en segundo término, a los candidatos en el mismo acto del sufragio, que permite, bajo un mismo lema partidario, la acumulación de sufragios de distintos candidatos.

Este sistema elegido por nuestras normas constitucionales y legales como el adecuado para regir los sistemas electorales, tiene una contraindicación o una consecuencia negativa sobre la organización de los partidos políticos y es la posibilidad de su multiplicación, de su fractura interna, de su desarticulación, y de su falta de coherencia interna, tal como ha sido señalado por distintos críticos de este régimen del doble voto simultáneo. Asimismo, los que creemos en sus excelencias no dejamos de reconocer que este es uno de sus efectos negativos.

Por otro lado, el requisito de los lemas permanentes, a nuestro juicio, es sencillamente un mecanismo para lograr mejores garantías de que nuestros partidos políticos mantengan su coherencia u organización interna, más allá de las posibles distorsiones que se generan por el ejercicio o funcionamiento del doble voto simultáneo. No era otra cosa lo que deseaba nuestro constituyente al reclamar una elección anterior y, por lo menos, representación parlamentaria como requisitos que pudieran ser sustituidos o modificados por otros. De todos modos, en principio, en la norma constitucional son estos los requisitos de los lemas permanentes y, a nuestro juicio, esa es la ratio de la norma constitucional vigente. En una palabra, es exigible a los lemas que pueden operar bajo el sistema de doble voto simultáneo -y que por lo tanto puedan tener la contraindicación de esa fractura interna, multiplicidad, distorsión o falta de coherencia- alguna prueba o garantía, aunque sea mínima, de que tengan cierto grado de coherencia. Esto se logra, precisamente, a través de la elección anterior y la representación parlamentaria.

Por otro lado, si como en el caso proyectado se permite la concurrencia a la contienda electoral, con un uso amplio del doble voto simultáneo, a cualquier organización social que pueda postularse como partido político sin requerirle ninguna demostración de anterior coherencia o existencia de lo que se llama lema permanente en nuestra legislación -a esto debemos agrgar que no existiría en esta oportunidad el requisito de la candidatura única a la Presidencia de la República porque ello quedaría postergado para las elecciones a efectuarse en 1999- flaco favor le haríamos a la organización de los partidos políticos. Máxime cuando, por otro lado, estas mismas Cámaras están procurando darles, a través de la vía de ley de partidos, una mayor estabilidad, coherencia, organización y disciplina. Es un hecho reconocido que este tipo de personas jurídicas u organizaciones colectivas, si tiene algún vicio en nuestro país, es el de su falta aparente o real de disciplina y coherencia, tan necesarios cuando además en un sistema político se avanza hacia su mayor parlamentarización, como aparentemente se debe avanzar en nuestra evolución constitucional.

Por esta razón, señor presidente, no estamos de acuerdo con la supresión lisa y llama de la distinción entre lemas permanentes y lemas accidentales. Lo que sí habíamos aprobado en el proyecto de ley constitucional que estuvo a consideración del Parlamento hace dos meses, fue que la ley por dos tercios de votos pudiera modificar los requisitos e incluso suprimirlos. De todos modos no creemos que esta sea la oportunidad para llegar a esa supresión.

La segunda observación fundamental que tenemos sobre este proyecto de ley constitucional que estamos estudiando, apunta a la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y municipales. Incluso, cuando esto se analizó en la Comisión Especial para la Reforma de la Constitución, en varias oportunidades, dejamos sentada nuestra posición contraria a la separación en el tiempo, aunque admitíamos que por vía de la ley y con la misma mayoría especial, en el futuro si el Legislador consideraba que las circunstancias de hecho lo ameritaban se podría hacer esa transformación jurídica política tan importante. No somos partidarios de la separación en el tiempo por los argumentos que ya se han esgrimido en Sala, en cuanto a la desnaturalización de la elección municipal cuando existen elementos nacionales que pueden influir sobre la misma. Además, normalmente, la experiencia internacional en derecho comparado demuestra que la elección municipal no se toma como un mecanismo para la mejor selección de las propuestas y candidatos departamentales o municipales, sino para juzgar al gobierno nacional y apostar a su crecimiento o a su pérdida de apoyo en la opinión pública. En realidad, se asemeja a una encuesta intermedia sobre el gobierno nacional.

Por otro lado, no creemos que sea conveniente que a los dos años y medio de elegido el gobierno nacional, se cree otro clima de politización permanente. No obstante, nuestra observación atiende más que nada a la aplicación o modificación que se hace del artículo 229 de la Constitución de la República. Es claro que los Legisladores autores del proyecto de reforma, han entendido que el artículo 229 debía sufrir alguna modificación ya que al establecerse dos elecciones nacionales diferentes -una nacional y otra municipal- en alguna forma tenía que preverse cuál sería el período de veda de modificaciones presupuestales, aumentos de cargos, de sueldos y de pasividades que establece dicha norma. Esta es una sabia norma constitucional que tiene como objetivo evitar sesgos o vicios demagógicos del gobierno de turno para inclinar la balanza del sufragio.

A nuestro juicio, el mecanismo ideado en el artículo 229 que aquí se proyecta, es insuficiente porque lo único que establece es la prohibición de modificaciones departamentales en el año anterior a la elección departamental, así como la prohibición de modificaciones de leyes nacionales en el período previo a la elección nacional. Parecería que los partidos políticos, en lo departamental y en lo nacional van a estar en mundos totalmente separados, aislados y sin ninguna conexión, cuando la realidad política es otra. Podrá haber candidatos distintos y algunos sectores que tengan diferente vinculación interna dentro de los partidos en lo departamental y en lo nacional, pero parece muy claro que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Por el Gobierno del Pueblo -así como otros partidos existentes- van a tener bases departamentales y bases nacionales.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAMIREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: no niego que de pronto alguien pueda encontrar con una sana lupa jurídica, alguna posible mejora de redacción. No obstante, el artículo 229, tal como está propuesto en este proyecto, no hace más que repetir la sana y saludable prohibición constitucional de aprobar aumentos en el año electoral, sólo que adoptando su redacción a un proyecto en el cual el mandato del gobierno nacional no coincide con el del gobierno departamental porque se hacen en fechas separadas.

He creído percibir alguna crítica a a forma en que aquí se redactó todo el artículo 229, pero se trata de una mera adaptación de la prohibición constitucional que, repito, es muy sana y saludable. La misma se mantiene y, simplemente hubo que modificar la redacción a los efectos de adecuarla, porque de aprobarse este proyecto, el mandato nacional no va a coincidir cronológicamente con el departamental.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ramírez.

SEÑOR RAMIREZ. - Precisamente estábamos comentando esa adecuación de la norma del artículo 229 a la circunstancia que no era apropiada la modificación que en el mismo se había establecido. Decimos esto porque la realidad política sigue siendo la misma y los partidos que postularán sus candidatos y programas, procurando obtener el poder en lo departamental, son los mismos que lo pretenderán a nivel nacional, salvo excepciones muy especiales que pudieran darse en el futuro con partidos netamente departamentales para un área determinada del territorio nacional. Asimismo, la posibilidad de influencia en la elección nacional a través del manejo de los fondos presupuestales es la misma que existe en la actualidad y, a la inversa, ocurriría lo mismo.

Por lo tanto, no alcanza con prohibir que no se pueden aumentar los presupuestos municipales en el año previo a la elección municipal, porque se puede influir en los propios partidos políticos que demagógicamente -esto es precisamente lo que ha querido evitar el artículo 229- pueden intentar intervenir con los presupuestos municipales en las elecciones nacionales y, repito, a la inversa con los presupuestos nacionales en los comicios departamentales.

Por tales razones, más allá de la buena voluntad que hayan tenido los autores del artículo 229 proyectado, creo que la fórmula ideada no es la más adecuada para evitar lo que sí prevé la norma vigente. Precisamente, el actual artículo 229 de la Constitución de la República establece un año de prohibición absoluta para aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, autorizar aumentos en las partidas de jornales y contrataciones, ya sea para los gobiernos departamentales o nacionales, así como también para las empresas públicas.

Concretamente, estas son las dos observaciones fundamentales que queremos hacer al proyecto de ley de reforma de la Constitución a estudio, más allá de algunas diferencias de detalle en cuanto a la organización de las Juntas Locales, aunque creo que este tema no es el más importante ni tampoco el número de ediles remunerados. Al respecto, hemos escuchado la opinión del Congreso Nacional de Intendentes, el que ha reclamado la reducción del número de ediles si transformáramos ese cargo en remunerado, habida cuenta de las limitaciones de algunas arcas municipales en ciertos departamentos del país.

Muchas gracias.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: en cierta medida, voy a enfocar el tema desde otra perspectiva que la manejada hasta el momento, porque me parece que tenemos que ser realistas en este asunto.

Luego de escuchar las manifestaciones de los distintos señores senadores que representan diferentes sectores políticos del de quien habla, pienso que todo lo que se exprese respecto al proyecto de ley que motivó esta sesión del Senado, no va a conducir a otra cosa que comprobar lo que de antemano sabemos, en el sentido de que no va a contar con la mayoría constitucional de 2/3 de votos necesarios para su aprobación, a efectos de que pueda ser plebiscitado por la ciudadanía.

Por lo tanto, siento que mis expresiones, en lugar de habilitar una determinada mayoría, tienen un valor sí político, pero básicamente testimonial. Digo esto, porque de antemano podemos advertir que este proyecto de ley no habrá de tener un trámite parlamentario posterior.

Tal como está planteado el asunto en este momento, al margen de las normas del proyecto de ley de reforma de la Carta Magna que habilitaron las firmas de los 2/5 de los integrantes de la Asamblea General, todo esto se vincula con el problema al que apunta implícitamente la intención política del Frente Amplio. Por esa razón, adelantamos -reitero que con un valor testimonial- que el proyecto de ley va a contar con nuestro apoyo cuando se apruebe en general. Concretamente, me refiero a las vacilaciones, a las confusiones, a las complicaciones que, para una muy buena parte del electorado, se habrán de presentar el próximo 27 de noviembre cuando se tenga que introducir en los sobres de votación, hojas correspondientes al régimen vigente y al proyectado.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

-Evidentemente, el tema que planteamos no es menor y creo que todos lo advertimos. Además, como es natural, ello significaría una complicación en las labores de la Corte Electoral.

Hemos analizado este punto en la reunión de la Comisión de Constitución y Legislación realizada el martes próximo pasado. En esa oportunidad, no solamente quien habla señaló los posibles riesgos acerca de las confusiones que se le pueden presentar al elector. Por supuesto que no es esta la primera vez que, junto con las elecciones nacionales, se plebiscita una reforma constitucional, pero creo que esta es la oportunidad en la que reviste mayor complejidad.

La naturaleza del proyecto que se someterá a la ciudadanía el próximo 27 de noviembre, por las razones que acabo de señalar, va a obligar inevitablemente a una compleja tarea para el votante. Ello también se verificaría en el caso de algunos portavoces de las propuestas de cada uno de los sectores políticos del país cuando tengan que clarificar, a la ve, sus puntos de vista respecto al contenido concreto de la reforma constitucional que habrá de plebiscitarse en dichos comicios, y de su propuesta para el caso de acceder al gobierno nacional o a uno departamental.

En ese sentido, reitero nuestro deseo de que temas de esta envergadura, en la forma que se concretaron definitivamente, no sean un obstáculo para la mejor claridad de lo que realmente esté en juego el próximo 27 de noviembre. Sería deseable una reflexión -lógicamente, las respuestas no son sencillas- respecto a si se está transitando por el camino correcto, o si no sería preferible una reforma constitucional que se procese antes de las elecciones, dada la naturaleza misma de las propuestas. Asimismo, habría que meditar en relación a algo que ya no es posible y que otros -no nosotros- señalaron como el inconveniente de orientar los esfuerzos políticos en materia de reforma constitucional en un año de carácter electoral como el presente.

Estas son las razones por las que tenemos la intención de acompañar con nuestro voto este proyecto cuando se someta a la votación en general, a sabiendas de que, luego de haber escuchado la opinión de los distintos señores senadores, no habrá de obtenerse la mayoría requerida por la Constitución de la República.

También lo vamos a acompañar por otras razones, como la de cierta coincidencia que tenemos -quizá no puntual- con alguno de los planteos de este proyecto del Frente Amplio.

Antes que nada, me quiero referir a la propuesta de modificación del numeral 9º del artículo 77, que dice relación con la separación, en el tiempo, de las elecciones nacionales y departamentales.

No es que pensemos que eta es la mejor solución para la realidad actual del país, pero nos parece la más adecuada para evitar algunas de las observaciones que se le hacen -y creo que con razón- al sistema del voto cruzado, como expresión de la libertad del elector.

Quiero señalar que al cabo del estudio de la reforma constitucional no estuvimos en contra del llamado voto cruzado, sino del hecho de aplicarlo en las próximas elecciones, lo que es algo diferente. Por eso, señalamos que este sistema, si de libertad del elector se trata, evita la dificultad -creo que fue el señor senador Korzeniak quien lo señaló en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, el jueves próximo pasado- que puede crear el hecho de que, en un acto electoral en el que se ejerce el voto cruzado, se pueda estar, al mismo tiempo, a favor de un partido en lo nacional y de otro en lo departamental. Asimismo, se elimina el riesgo que todo ello conlleva, en el sentido de sembrar más dudas respecto de algo que señalaba hoy el señor senador Santoro -idea que siempre he compartido- y que se relaciona con la importancia que tiene para el desarrollo político del país, el fortalecimiento y la disciplina de los partidos políticos.

Por lo tanto, debemos aceptar hoy esta especie de "camino del medio" que preserve, por un lado, la llamada libertad electoral y que, por el otro, la contradicción que derivaría del hecho de pensar que un partido es más aconsejable en lo nacional que en lo departamental. Quizás ese "camino del medio" sea esta separación en e tiempo de ambas elecciones. Se trata de una cuestión sobre la que, en lo personal, no tengo inconveniente en expresar a los compañeros del Cuerpo que esta nueva presentación del tema -no es la primera vez que el Frente Amplio plantea el problema; incluso, creo que lo hizo en la propia Comisión Especial para la Reforma de la Constitución- me ha hecho ver que lo que para uno es lo mejor, suele ser -y en política más que en otra actividad- enemigo de lo que se considere políticamente posible.

Si tuviéramos que optar entre una y otra fórmula, sin duda lo haríamos por la separación temporal de las dos elecciones. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de pensar que este pequeño país no debería estar conmoviéndose políticamente con las elecciones departamentales a mitad del período del gobierno nacional. Sin embargo, no creo que el tema sea tan grave como parece a simple vista, porque parte del mito que rodea a las elecciones, quizás desaparezca en la medida en que la práctica de las elecciones departamentales pierda algo de la relevancia que actualmente tiene, en virtud del sistema vigente.

Por ello, si se llegara a la discusión particular de esta norma -cosa que dudo- la acompañaríamos con nuestro voto afirmativo.

La otra norma a la que hice mención anteriormente, señor Presidente, cuenta con nuestra adhesión en cuanto a la intención que persigue, pero no en lo que se refiere a su redacción, así como tampoco a la amplitud que le conferiría a las reglas de juego electorales. Me estoy refiriendo a la norma que dice relación con la supresión total de las distinciones existentes entre los lemas permanentes y accidentales. Reitero que entendemos de capital importancia el afirmar, cada vez que sea necesario, la vigencia de los partidos políticos. La cuestión siempre habrá de pasar por un adecuado acomodamiento de dicho principio -que para mí es fundamental- con la realidad.

Algo de esto aprendimos en la Facultad, cuando se nos señalaba cuál era la tensión que debe existir entre la norma jurídica y la realidad. Dicha tensión, muchas veces significa, o bien que la realidad esté por delante de la norma jurídica, o bien que esa realidad "tironee" e impida que esa norma tenga una vigencia efectiva.

Es necesario decir que se han hecho grandes esfuerzos respecto de este tema. Todos los hemos hecho. No me estoy refiriendo únicamente al breve trayecto seguido por el proyecto de reforma del Frente Amplio, sino a los meses transcurridos, si mal no recuerdo, desde noviembre del año pasado. Fueron esfuerzos tendientes a buscar esa adecuación entre el deber ser y el ser, entre la realidad y la norma constitucional proyectada y, sin embargo, esa posibilidad no llegó a concretarse.

Pienso que esta idea del Frente Amplio, que para nosotros requiere importantes cambios en su formulación, va al encuentro de algo que está ocurriendo en el país y que consiste en el hecho de que ciertas realidades están comenzando a ser más fuertes que la normativa vigente. La misma, ya sea de rango constitucional o legal, muchas veces establece límites que impiden que esas realidades, dentro de lo razonable, puedan plasmarse a la hora de buscar conjunciones de tipo político.

Quiero señalar, señor presidente, que no estoy de acuerdo con el hecho de que, dentro de la propuesta de este proyecto de ley, no haya formulaciones que tengan que ver con programas de gobierno, tanto en lo nacional, como en lo departamental.

De lo contrario, se estaría incurriendo en algo que tampoco debemos permitir quienes tenemos que establecer las reglas de juego en la materia. Me refiero a la posibilidad de que, simplemente, se trate de una sumatoria de votos con el solo objeto de acceder a determinadas posiciones políticas en lo nacional y en lo departamental. Esta no es la solución, si lo que se está buscando es, repito, una salida que acompase la realidad con la normativa constitucional y legal.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero decir que el inciso primero del artículo 79 que se propone -sobre todo en el segundo párrafo, cuando habla de la inscripción o registro de lemas que podríamos denominar nuevos, que de aprobarse el proyecto tendrían los mismos derechos que los actuales- además de las exigencias que prevé, establece una referencia a lo que estipula, con carácter general, el numeral 11 del artículo 77 de la Constitución de la República, que alude a los requisitos vinculados con la inscripción de los partidos políticos. Si bien en la Constitución no se emplea la palabra "programa", se expresa que los partidos deben acompañar la inscripción con sus principios y Cartas Orgánicas. Tratándose de una inscripción nueva, podría establecerse la exigencia con otro vocablo en lugar de "programa", pero nos parece que el punto reclamado por el señor senador Ricaldoni -que tiene mucha lógica- está cubierto por la referencia que aparece en la redacción que se propone para el inciso primero del artículo 79, que establece lo siguiente: "además de los extremos previstos en el artículo 77, numeral 11". Esta norma exige que los partidos presenten sus Cartas Orgánicas y sus Programas de Principios, y que ejerzan efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Precisamente -aquí también apelo a mi memoria, que no siempre me es fiel, para hacer referencia a lo que en aquel momento ocurrió- porque este tema también se discutió en la Comisión que estudió el proyecto de reforma constitucional. La referencia a los principios rectores de un determinado partido político, es una formulación que, muchas veces no pasa de ser tan genérica que no arroja luz alguna acerca de las identidades reales entre dos fuerzas políticas que buscan concretar una determinada conjunción de esfuerzos para gobernar. Sin perjuicio, naturalmente, esto puede lograrse tanto mediante la combinación de esfuerzos en una sola fórmula electoral, como a través de un acuerdo posterior a la elección. De modo que creo que la propia referencia del señor senador Korzeniak apoya la reserva que acabo de formular.

Por otra parte, me parece excesivamente pequeña la cantidad de voluntades ciudadanas que podrían habilitar el tipo de situaciones que se contemplan en el proyectado inciso primero del artículo 79. La exigencia de que las solicitudes sean presentadas por mil ciudadanos a la hora de inscribir o registrar un lema para las elecciones nacionales, y quinientos en el momento de hacerlo para las departamentales, frente a la importancia del tema -que incluye equiparar en sus derechos y posibilidades a estos lemas con los que hoy se denominan permanentes- me parece que no es la más adecuada. Por el contrario, creo que es altamente inconveniente y que esas mayorías tendrían que ser considerablemente más altas.

Repito, entonces, que compartimos la idea, pero no la redacción. Entiendo que faltan algunas precisiones y, en otros aspectos, los requisitos son -lo digo con todo respeto hacia los autores del proyecto- ínfimos frente a la importancia del asunto de que trata la iniciativa.

Sobre las demás disposiciones, no voy a hacer comentarios en este momento. Aunque naturalmente, si se llegara a la discusión particular, me detendría en ellas. Me parece que algunas son intereses -por lo que las mayorías- mientras que no estoy de acuerdo con otras. Al respecto, me remito a lo que mi sector político sostuvo en la Comisión que estudió el otro proyecto de reforma constitucional.

A modo de resumen, señalo que hoy siento que lo fundamental no es discutir la bondad y los defectos del proyecto de ley que estamos considerando, o del que ya irreversiblemente deberá ser plebiscitado el 27 de noviembre. En primer lugar, creo que ambos abordan -también lo digo con todo respeto hacia quienes los han propulsado- aspectos no demasiado importantes en relación con lo que debería ser una propuesta de reforma constitucional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que no es este el tema realmente central. El principal problema es, repito, la dificultad práctica que se le va a plantear al ciudadano el 27 de noviembre. Para ello, aparentemente, este proyecto propone una fecha distinta y un procedimiento diferente, pero ya sabemos que no va a tener la mayoría necesaria.

No tengo ninguna duda en cuanto a que todo esto debería llamarnos a reflexión sobre la situación que se crea cuando se plantean reformas que, más allá de coincidencias o discrepancias, no son realmente relevantes, complican la elección con una complejidad adicional.

Buscando señalar esta preocupación, y como una actitud de tipo testimonial acerca de cuál es nuestro punto de vista al respecto, habremos de votar en general este proyecto de ley y, en la discusión particular, actuaremos en el sentido que acabamos de indicar.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Señor presidente: como es bien sabido, nuestro sector político asume siempre con claridad sus posiciones, de manera que en el día de hoy no vamos a votar este proyecto de ley, aun cuando podamos pensar que no cuenta con la mayoría necesaria. Asumimos nuestro voto y definimos con él las actitudes que debemos tomar.

No vamos a votar este proyecto, en primer lugar, por las razones de oportunidad que señalaba quien en este momento ocupa la Presidencia, señor senador Pereyra. Quienes integramos la Comisión Especial que estudió el proyecto de reforma constitucional recordamos cuántas instancias abrimos al Frente Amplio los demás partidos políticos para que pudiera votar aquella iniciativa, y la respuesta final que ese sector nos dio fue que su autoridad política no contaba con las mayorías necesarias para darnos una respuesta afirmativa o negativa y, por consiguiente, no tenía capacidad de decisión. Por este motivo, no pudieron coincidir con nosotros, ni siquiera en una discusión más avanzada sobre un proyecto de ley constitucional. En este momento, y creo que a destiempo, el Frente Amplio presenta un proyecto de ley de reforma constitucional.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOUZA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo señalar que el Frente Amplio recibió una contrapropuesta de parte de lo que podríamos llamar el Grupo de los 4 o el Grupo de los 5, que fue rechazada por la clara mayoría de nuestro sector. Es decir que el Frente Amplio no acompañó ese proyecto porque contenía dos disposiciones que consideraba incompatibles con sus principios: la posición jerárquica del Poder Ejecutivo y las limitaciones a la representación proporcional. Esta es la verdad histórica; el Frente Amplio tuvo votos para rechazar esas disposiciones que mencioné. Por otra parte, propuso luego un proyecto de reforma constitucional, que remitió a las autoridades de todos los partidos políticos. Sin embargo, solamente recibió una respuesta oficial a ese respecto.

Asimismo, quiero destacar que las posiciones que llevó a la Comisión de Reforma Constitucional eran, básicamente, las que figuraban en ese texto, negociadas, naturalmente, con propuestas de otros partidos.

Reitero que el Frente Amplio contó con los votos necesarios para rechazar la propuesta aludida, que contenía dos artículos incompatibles con sus principios.

Muchas gracias. Es cuanto quería manifestar con relación a este hecho.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra). - Puede continuar el señor senador Bouza.

SEÑOR BOUZA. - Señor presidente: por suerte, existen versiones taquigráficas de las reuniones celebradas.

En primer lugar, quiero aclarar que la propuesta referida no fue del Grupo de los 4 ni del Grupo de los 5; se trató de una propuesta de todo el Partido Colorado, de todo el Partido Nacional y del Partido Por el Gobierno del Pueblo.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Exacto.

SEÑOR BOUZA. - En segundo término, esa propuesta fue hecha al Frente Amplio a fines de diciembre de 1993. El órgano máximo de éste -no sé cómo se llama- deliberó, pero no pudo contestar durante ese mes, por lo que nos solicitó más tiempo ya que recién se podía reunir a partir del 20 de enero. Después de esa fecha, nos hicieron saber que ese órgano solamente se podía pronunciar por dos tercios de sus integrantes, y que no contaba con ese quórum para decidirse a favor o en contra. Esa es la verdad.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Exacto.

SEÑOR BOUZA. - Ahora, aparentemente han logrado esa mayoría de dos tercios para presentar este proyecto, pero eso es otra cosa. Reitero una vez más que la verdad histórica es lo que acabo de afirmar.

Por otra parte, señor presidente, este texto presentado por el Frente Amplio tiene, a mi juicio -y en contra de la opinión del señor senador Ricaldoni, que respeto mucho- un vicio muy grande, pues no admite el cruzamiento de votos entre candidaturas nacionales y departamentales en la próxima elección del 27 de noviembre de 1994. Como mi sector político cree que ese es uno de los elementos mayormente acogidos por la opinión pública y que los ciudadanos quieren ejercitar ya el próximo 27 de noviembre, esa es una razón fundamental para que no demos nuestro apoyo a este proyecto.

Se ha argumentado que como para el futuro se separan en el tiempo las elecciones nacionales de las departamentales, no es necesario establecer esto. Eso es verdad, pero si la Constitución fuera modificada de acuerdo con las normas que propone este proyecto del Frente Amplio, el próximo 27 de noviembre los ciudadanos estarán obligados a votar el mismo lema para las candidaturas nacionales y departamentales. Y nosotros queremos la libertad de elección de los ciudadanos.

No he comprendido lo que aquí se ha manifestado en cuanto a que haya algún partido o dirigente político que diga a los ciudadanos que voten al candidato de su partido para presidente, y al de otro para Intendente. No; lo que queremos es que el ciudadano pueda, por sí mismo, realizar esa elección. Obviamente, pretendemos que se inclinen por los candidatos que vamos a presentar en el Partido Colorado para la Presidencia de la República y las Intendencias; sin embargo, por respeto a los ciudadanos, no deseamos que eso resulte obligatorio.

Cabe destacar, señor presidente, que nos oponemos a las normas que se refieren a la reglamentación de los lemas. Entiendo que muchos argumentos se han expuesto ya en esta discusión por parte de los señores senadores Santoro y Ramírez, y por eso me voy a permitir ser muy breve.

¿Qué se busca con esto? En definitiva, alterar el sistema de la acumulación del doble voto simultáneo, por la vía de permitírselo a aquellos lemas que no son permanentes. Se trata de amparar en el régimen del doble voto simultáneo y de la acumulación a las coaliciones, lisa y llanamente.

Creo que las coaliciones, como tales, tienen vocación accidental, se forman por una vez, hasta alcanzar el poder en una ocasión; no tienen vocación para gobernar. Esa es la historia. Por el contrario, lo que queremos -como lo hemos planteado, y el Senado ha acogido esa idea- es adentrarnos en el estudio de la Ley de Partidos Políticos para que estos tengan una mayor organicidad, disciplina y unidad, y para que no existan cooperativas electorales que rejunten votos de todos lados y que no puedan entenderse en las cosas más elementales cuando llegan al gobierno.

Me parece que lo propuesto es algo así como darle aliento a la destrucción de los partidos y a la formación de coaliciones accidentales, que recogen lo que puede ser el ánimo de coincidir para ganar una elección, pero no la intención real de quedarse para desarrollar un gobierno. Creo que eso ocasionaría un enorme daño a nuestras instituciones y al porvenir de nuestra democracia.

Este tema de las posibles modificaciones al régimen de acumulación y de coaliciones fue largamente discutido en la Comisión Especial del Senado. Recuerdo que en algún momento propuse -y esto fue acogido por la mayoría de la Comisión- una disminución de la mayoría exigida a la ley por la propia Constitución para establecer los requisitos por los que se puede acumular, pero no esto, señor presidente. Esto es fomentar las coaliciones en detrimento de los partidos; es fomentar la inestabilidad en detrimento de la estabilidad.

No me parece que sea bueno que siempre estemos pensando en los partidos en función de sus antecedentes y de su pasado, pero creo que es peor recomendar que, para el porvenir, no tengamos seguridad alguna de que aquellos que se juntaron para obtener votos y ganar una elección, luego puedan seguir en condiciones de gobernar juntos, sin estar enseguida exhibiendo sus desencuentros. A eso lleva esta modificación.

Señalo, señor presidente, que para juntarse con otros sectores políticos, el Frente Amplio necesita no ser Frente Amplio. Entonces, resulta que algunos podrían votar con él, siempre que no se presente como Frente Amplio. En lo personal, no tendría ningún problema si algunos ciudadanos -no ya dirigentes políticos- se quieren incorporar a votar esa organización política como tal, pero a buscar otras denominaciones y formas de presentación supone eso que he advertido, es decir, la inestabilidad, el reunirse para juntar votos el 27 de noviembre y luego no ser los mismos a partir del 1º de marzo.

He escuchado decir reiteradamente en los últimos tiempos que hay que buscar la forma de que quienes piensan igual voten juntos. Me parece bien, pero si piensan igual, ¿por qué necesitan nombres nuevos?

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BOUZA. - Perdón, señor senador, pero yo no lo interrumpí.

Como decía, si piensan igual, que voten igual, que voten igual. Si algunos dirigentes se quieren ir de su partido a otro, que lo hagan. Eso es legítimo; lo hacen los ciudadanos. Pero que lo hagan sin buscar subterfugios, sin tratar de tener otro nombre y otras combinaciones. Creo que los ciudadanos están aspirando a que todos seamos claros frente a la opinión pública y digamos nuestras verdades sin eludirlas con procedimientos turbios. Entonces, esta propuesta, en definitiva, ha sido criticada por varios sectores políticos y se trata de un intento de lograr soluciones políticas concretas para algunos en estas elecciones. En ese sentido, expreso que la Constitución debe tener la generalidad de comprendernos y tratarnos por igual a todos. Diría que ella tiene que ser como un traje de confección y no a medida. Repito que esto responde a la búsqueda de soluciones políticas para algunos sectores. Al respecto, nadie puede decir que el proyecto que algunos sectores presentamos al presidente de la Asamblea General, tiene soluciones para alguien en especial porque pretende el beneficio de todos.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-Ese es el criterio que debe primar cuando pensamos en hacer modificaciones en la Carta Magna.

Por esta razón, mi sector político no va a dar el voto a este proyecto de ley.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - En primer lugar, desearía que al señor senador Bouza se le entregaran las versiones taquigráficas a fin de que pudiera leer las afirmaciones que hizo sobre la decisión que no pudo tomar el Frente Amplio como si hubiera estado presente en el organismo de deliberación.

En segundo término, el señor senador Bouza usó la palabra "subterfugio" e incluso mencionó al Frente Amplio como que estaba buscando, a través de normas específicas en la Constitución, la posibilidad de hacer algún acuerdo o coalición, con lo que se formaría una cooperativa de votos. Sin embargo, pienso que el sistema actual ha prolijado dicha cooperativa en el sentido de que los llamados permanentes deben tener en su seno a personas que piensan de manera radicalmente opuesta. En ese sentido, quien presenció los debates de la Comisión de Constitución y Legislación y las discusiones que se dieron entre el Foro Batllista y el Batllismo Radical, pudieron comprobarlo de manera tajante. Asimismo, también podría mencionar lo que ha ocurrido en este Parlamento con sectores del Partido Nacional de uno y otro lado y lo que ha sucedido en cuanto a los grandes acontecimientos políticos del país. Creo que a eso sí se le puede llamar cooperativa de votos.

Finalmente, esa norma que está redactada tiene un carácter general y abstracto y puede ser usada por el Frente Amplio con otras fuerzas ideológicamente cercanas, o por el Foro Batllista y el Partido Por el Gobierno del Pueblo, así como también por el liderado por el doctor Jorge Batlle y el Herrerismo, ya que éste ha manifestado más de una vez que se siente más cercano ideológicamente al Herrerismo que al Foro Batllista. En ese sentido, la norma no tiene nombre ni apellido; es general y abstracta como deben ser las normas jurídicas y las usan los que entienden que son sanas y los que no, no lo hacen.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Por supuesto que esa norma la puede usar quien lo desee, pero tenga la seguridad el señor senador Korzeniak, como todos los demás señores senadores, que nosotros no la vamos a utilizar. Al respecto, nosotros estamos, estuvimos y seguiremos estando en el Partido Colorado y, por lo tanto, no precisamos de ningún elemento extraño para seguir siendo colorados.

Por otra parte, puedo admitir que muchas veces los partidos tradicionales han tenido fuertes contradicciones internas, pero la organización política del Frente Amplio, en la medida en que ha crecido, las tiene cada vez más. Para comprobarlo, podríamos llamar al señor representante Rodríguez Camusso, a los Tupamaros, o podríamos citar los problemas que tuvieron quienes integraron el Partido Comunista. De esta manera, veríamos qué tan armónicamente se relacionan quienes integran a coalición. Personalmente, considero que ellos también forman una cooperativa electoral.

Por último, debo aclararle al señor senador Korzeniak que los señores senadores Astori y Gargano concurrieron a la reunión que he mencionado y dijeron lo que he expresado. Quizá el señor senador Korzeniak estaba de vacaciones en ese momento, pero puedo decirle que sus compañeros dijeron eso, y tengo como testigos a los señores senadores pertenecientes a los Partidos Colorado, Nacional y Por el Gobierno del Pueblo.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - La reciente alocución del señor senador Korzeniak, nos inhibe de ser más extensos en algunas formulaciones que queríamos precisar.

En primer lugar, se supone que estamos discutiendo un proyecto de ley para todos y no para algún grupo político en especial. En ese sentido, quisiéramos beneficiarlos a todos. Hay muchos que se han visto perjudicados por el corsé ortopédico de una legislación que desde hace veintitrés años venimos criticando en forma muy dura. Por lo tanto, me alegra que en el día de hoy hayan muchas confluencias, porque creo que de alguna manera nosotros también contribuimos al convencimiento colectivo de todo el sistema político, en el sentido de que hay que cambiar una estructura absolutamente inadecuada a la realidad vigente.

Por otro lado, no solamente quería referirme a las palabras que escuché con mucho respeto, expresadas por los señores senadores Pereyra y Bouza. Particularmente, quiero referirme a lo manifestado por el señor senador Pereyra, con lo cual coincido plenamente, en el sentido de que lo que se estuvo discutiendo durante varios meses, efectivamente contenía muchos avances positivos. Por ese motivo, hubiéramos deseado compartir esa reforma, de no ser por ciertos aspectos. De cualquier manera, quisiéramos incorporar aquellos avances innegables -fuera de las premuras de una elección que está demasiado cercana a la discusión razonada y ponderada- a través de una Asamblea Nacional Constituyente que sería el ámbito más democrático posible. Vuelvo a decir que hubo aspectos que, a nuestro criterio, vulneraban el equilibrio de poderes en detrimento del Parlamento especialmente en lo que tiene que ver con la representación proporcional integral que le impidió al Frente Amplio acompañar mucho de lo que tenía de bueno y positivo aquella iniciativa. Pero lo que estamos discutiendo en este momento y lo que está en manos de la Corte Electoral se refiere exclusivamente a una reforma en lo electoral, ya que desgraciadamente no hubo posibilidad de concertar esfuerzos que permitieran una transformación más dilatada y profunda. Quiero insistir en que más allá de consideraciones que de pronto están demasiado teñidas por aspectos puramente sectoriales y partidistas, concuerdo con lo expresado por el señor senador Korzeniak en el sentido de que nuestra organización política no es un partido, sino una coalición. Sin embargo, más allá de la diversidad y pluralidad que nunca hemos desmentido para estas elecciones tenemos un candidato único a todos los departamentos del país, como lo hemos tenido en las de los años 1971, 1984 y 1989. Desde luego, también tenemos candidatos únicos a los cargos nacionales.

Esta, realmente, es una apuesta a la democracia, a la libertad de opción del elector, en cuanto a separar las instancias de elección a nivel nacional y departamental y asegurar, precisamente, que haya un solo candidato por lema a la Presidencia y uno a la Intendencia. Creo que es sano y bueno terminar con la hiriente imposición, a nuestro modo de ver discriminatoria, de lemas permanentes y accidentales, de manera que algunos que han confluido en opciones reiteradas durante cuatro, cinco o más años, a través de conductas específicas puedan efectivamente conjugar sus opciones electorales.

Entendemos que la apuesta a los gobiernos locales y a la descentralización del país, por medio de opciones novedosas, ciertamente puede constituir los primeros pasos de acciones más dilatadas y complejas que tendremos que llevar a cabo conjuntamente y, personalmente, espero que lo hagamos inmediatamente después de las elecciones, en la próxima Legislatura. Creo que esa apuesta a las juntas locales electivas también significa un respeto a los gobiernos locales y a la descentralización del país. En definitiva, procuramos una mayor flexibilidad, transparencia y respeto a la voluntad de los ciudadanos, tratando de postergar todos los aspectos que tengan que ver con la confusión, el desconcierto y las notorias contradicciones a las que pueden verse llevados los ciudadanos. Particularmente, deseo despejar el panorama -esto me parece importantísimo- antes de los comicios nacionales, porque creo que solamente así el ciudadano podrá tener claramente posibilidades de optar por una u otra de las alternativas que se le ofrecen.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Quiero señalar un aspecto meramente anecdótico, que no hace al fondo de la cuestión. Deseo dejar claramente establecido que, a mi juicio, el señor senador Bouza padece de una confusión o no recuerda bien lo que fueron aquellas muy intensas reuniones de la Comisión que estudió el tema de la reforma constitucional. En la oportunidad en que me tocó participar en nombre de nuestra fuerza política, fuimos encargados de transmitir a la Comisión una contrapropuesta respecto al tema de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La misma fue rechazada, en un plazo de dos horas, por los integrantes de los demás partidos y, posteriormente, el señor presidente del Senado nos hizo una nueva contrapropuesta en una reunión que realizamos en el despacho del señor senador Astori.

En lo que tiene que ver con ese tema, la dirección del Frente Amplio dijo que no aceptaba la nueva fórmula y, simple y sencillamente, se limitó a rechazarla. Aclaro que la misma no fue rechazada por no contar con dos tercios de votos. El tema no es así. Simplemente se dijo que habían acabado las propuestas y contrapropuestas y no había acuerdo en ese asunto.

Quería, simplemente, hacer esa aclaración porque es probable que haya habido alguna confusión en torno a esto. Además, me parece que en todo caso el hecho de que no se consignan los votos necesarios para adoptar una resolución en una fuerza política indica un principio de disciplina interna en una organización -que ojalá todos la tuvieran- a fin de fijar determinados mecanismos para la adopción de decisiones.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Simplemente quiero aclarar que se nos contestó: "No tenemos dos tercios para aceptar ni tenemos dos tercios para hacer una nueva contrapropuesta".

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo que no sería honesto si no expresara, como testigo que fui del episodio, que mi recuerdo sobre toda aquella larga sesión que tuvo un proceso formal y otro informal, es el que ha expresado el señor senador Bouza. Me parece que sería absurdo callar lo que en aquel momento fue una reflexión que luego formulamos conjuntamente con respecto a que quedaba cortada toda posibilidad de diálogo, en función de los argumentos que señalaba el señor senador Bouza. Creo que era lógico señalar esto aun cuando, naturalmente, no comparto la mayor parte de las afirmaciones que ha hecho el señor senador Bouza.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como contribución a la verdad histórica, la Presidencia quiere señalar que, en su concepto, lo que ha expresado el señor senador Bouza es rigurosamente exacto. Esto no significa que lo que luego dijo el señor senador Gargano sea inexacto. Lo que ocurrió fue lo siguiente.

El día 26 de enero se hicieron presentes a la sesión de la Comisión los señores senadores Astori, Gargano y creo que también el señor senador Korzeniak, para traernos la respuesta del Frente Amplio. En dicha sesión, el señor senador Astori expresó que el órgano de dirección del Frente Amplio no había tenido mayoría para pronunciarse en uno ni en otro sentido y veo que el señor senador Astori asiente. De manera que eso fue lo que ocurrió y, de hecho, ello configuraba una respuesta negativa. Al día siguiente o a los dos días, la delegación del Frente Amplio nuevamente planteó una inquietud sobre el tema y nos transmitió una contrapropuesta que, en la jerga judicial, sería una contestación a la demanda. Posteriormente, hubo una réplica que quien habla transmitió en el despacho del señor senador Astori y esa sí fue rechazada por el Frente Amplio.

SEÑOR IRURTIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IRURTIA. - Al solo efecto de realizar una fundamentación de voto, deseo señalar, en nombre de mi sector político, que votaré negativamente el proyecto en general. No estamos de acuerdo con algunos aspectos de su contenido, fundamentalmente, en lo que respecta a la oportunidad de su presentación.

Queremos dejar expresada nuestra convicción acerca de la necesidad de promover reformas sustanciales a nuestra Carta Magna mediante las cuales haya mejores posibilidades de gobernabilidad en lo nacional. En cuanto a lo departamental, creemos que deben crearse las herramientas que promuevan una efectiva descentralización.

8) JUAN CARLOS ONETTI. Homenaje póstumo.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Como lo que estamos tratando es el único punto del orden del día y, de ponerse a votación, quizá se levante la sesión, quería solicitar la realización de un homenaje recordatorio de la figura de Juan Carlos Onetti, fallecido en el día de ayer en Madrid.

SEÑOR SANTORO. - Propongo que el homenaje se realice en el día de mañana.

SEÑOR ARANA. - No tengo inconveniente en postergar este homenaje para el día de mañana, si nos acompañan en esta propuesta los demás miembros del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Arana en el sentido de que en el día de mañana se realice un homenaje a la memoria del fallecido escritor, Juan Carlos Onetti.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Reforma. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión general del proyecto de ley de reforma de la Constitución.

Por vía de fundamento de voto adelantado y con la mayor brevedad posible, la Presidencia quiere expresar que no va a votar este proyecto de ley constitucional por las razones que han expresado reiteradamente en Sala quienes se oponen al mismo y, particularmente, por las consideraciones que desde un punto de vista político ha hecho el señor senador Pereyra y, en cuanto al fondo del problema, ha formulado el señor senador Bouza.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 24. Negativa.

10) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 36 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Arana, Astori, Batalla, Belvisi, Besozzi, Bianchi, Blanco, Bouza, Bouzas, Bruera, Cassina, Elso Goñi, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Olascoaga, Pereyra, Pérez, Priore, Ricaldoni, Santoro y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don. Mario Farachio Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora Gral. del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.