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Nº 279 - TOMO 357 - 1º DE OCTUBRE DE 1993

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

50ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y WALTER R. SANTORO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES DARDO ORTIZ ALONSO Y GUILLERMO FACELLO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 1992. Proyecto de ley

- En discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- (Cuarto intermedio)
- Continúa su consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

4) Se levanta la sesión

- Se resuelve, por moción del señor senador Ricaldoni, pasar a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 10.

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 30 de setiembre de 1993.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana viernes 1º de octubre, a la hora 10, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 1992.

(Carp. Nº 1225/93 - Rep. Nº 677/93 Anexos I, II y III)

LOS SECRETARIOS».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Astori, Batalla, Blanco, Bouzas, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Boismenu, Elso Goñi, Gargano, González Modernell, Grenno, Irurtia, Jude, Korzeniak, Lenzi, Millor, Moreira Graña, Pereyra, Pérez, Pozzolo, Priore, Ricaldoni, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Belvisi, Bouza, Librán Bonino y Silveira Zavala.

3) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1992. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 10 y 19 minutos)

-Continúa la consideración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1992.

(Antecedentes: ver 49ª S.E.)

-En discusión particular.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Si hay acuerdo, para facilitar la tarea, propongo el siguiente método de trabajo. Antes que nada, debemos considerar el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. A mi juicio, se podría poner esa iniciativa a votación excluyendo los artículos que algunas bancadas indiquen que desean estudiarlos por separado. Me parece que esa sería la mejor forma de trabajar ante un texto de esta naturaleza. Por lo tanto, si los señores senadores no tienen inconveniente, hago moción en ese sentido, aunque si esto diera lugar a una discusión extensa, retiraría esta propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia, que comparte el criterio del señor senador Zumarán, expresa que ya se le han hecho llegar los artículos de las bancadas del herrerismo, el Frente Amplio y el Partido Por el Gobierno del Pueblo desean considerar separadamente.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Deseo apoyar la propuesta formulada por el señor senador Zumarán -el año pasado quien habla presentó una igual y fue aceptada- por la cual, luego de descartados los artículos desglosados para una consideración específica, o sea aquellos que cualquier sector objeta, ya sea por no estar dispuesto a votarlos o a fin de modificarlos, votaremos todos los demás en bloque.

SEÑOR PEREYRA. - Solicitaría que el estudio se realizara por capítulos.

SEÑOR CASSINA. - Realizamos la consideración de los artículos en bloque y, luego, pasamos a los capítulos para tratar aquellas disposiciones que se dejan para una discusión separada.

Creo que en este proyecto de ley, que no es tan extenso como otros, se puede actuar de la manera que se ha indicado, beneficiando el trabajo que tenemos por delante.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: en el mismo sentido que el señor senador Cassina, creo que la primera votación podría ser sobre todo el proyecto, y no por capítulo, porque tenemos la posibilidad de realizar un análisis en este sentido en el caso de los artículos desglosados. Inclusive, hemos empleado este criterio cuando consideramos la Carta Orgánica del Banco Central, por lo que pienso que podríamos ceñirnos a él en el día de hoy. Luego, haríamos un estudio por capítulo sobre los artículos desglosados.

Entonces, propongo que se vote este criterio y que la Presidencia dé cuenta de la lista de artículos que quedarían desglosados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Zumarán en el sentido de que se voten en bloque todos los artículos cuyo desglose, o consideración por separado, no ha sido solicitado.

(Se vota:)

-22 en 25. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Deseo señalar que no he votado la moción, no porque discrepe con la forma de tratar el asunto, sino porque entiendo que votar por capítulos nos permite tener el tiempo necesario para acercar a la Mesa aquellos artículos cuya consideración especial me propongo solicitar. Al aprobarse este mecanismo, me reservo el derecho de pedir la reconsideración de aquellos artículos que entiendo deben ser enmendados o rechazados.

SEÑOR PRESIDENTE. - De todas maneras, la Presidencia va a leer lentamente, a fin de que se tome nota y quede constancia en la versión taquigráfica, todos aquellos artículos cuya consideración separada se ha solicitado. Concretamente, se trata de los artículos 1º, 3º, 5º, 8º al 11, 14 al 16, 22 al 24, 26 al 28, 32, 36, 37, 39, 43 al 45, 49, 50, 52 al 55, 59 al 62, 65 al 67, 80, 82, 92, 94, 104, 107, 117, 134, 142 al 145, 150, 151, 163 al 166, 172, 177, 193, 197, 200 al 203, 205, 207, 216 al 218, 222, 223, 231 al 233, 235, 242 y 247.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Señor Presidente: quisiera agregar algunos artículos a la nómina que se ha leído. Me refiero a los artículos 100, 199, 204 y 243.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se incluyen en la lista, señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: me gustaría saber si en el caso de realizar simples modificaciones de redacción, agregar o intercalar una palabra, hay que dejar constancia previa o se solicita el desglose.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace la aclaración previa, el artículo queda con la redacción que venía de Comisión.

SEÑOR PEREYRA. - No me queda claro si hay que hacer la aclaración antes de votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como vamos a votar en bloque habría que separarlos.

SEÑOR PEREYRA. - Entonces, solicito que se desglosen los artículos 47 y 171.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

Corresponde pasar a leer los artículos que no han sido desglosados.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 2º. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1994, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Los créditos establecidos para sueldos, gastos e inversiones, corresponden a valores de 1º de enero de 1993. Dichos créditos se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 68, 69, 70 y 82 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones, numéricos o formales, que se comprueben en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 6º. - Incorpórase al literal A) del artículo 17 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a los del Tribunal de Cuentas y a los de la Corte Electoral.

ARTICULO 7º. - El fiscal de corte y procurador general de la Nación y el procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo percibirán por concepto de gastos de representación el porcentaje establecido en el literal B) del artículo 17 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 12. - El Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio respectivo, podrá disponer las modificaciones necesarias para racionalizar las estructuras de cargos y contratos de función pública de las unidades ejecutoras de los Incisos 02 al 14, en las cuales hubiera quedado un remanente de la partida establecida por el artículo 31 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, una vez cumplido lo dispuesto por la referida norma y su reglamentación.

Las modificaciones de cargos y funciones no podrán causar lesión de derechos y las regularizaciones deberán respetar las reglas del ascenso, cuando correspondiera.

Las racionalizaciones requerirán el previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación y una vez aprobadas se dará cuenta a la Asamblea General.

El remanente correspondiente al ejercicio 1993 se distribuirá entre los funcionarios pertenecientes a la Unidad Ejecutora respectiva, en función de sus retribuciones permanentes sujetas a montepío, de monto fijo o variable, excluida la prima por antigüedad, de tal forma que resulte un porcentaje igual para todos los funcionarios.

ARTICULO 13. - Derógase el inciso segundo del artículo 22 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 17. - Declárase por vía interpretativa, que quienes ejercieron el derecho de opción consagrado en los artículos 7º de la ley Nº 15.851, de 24 de noviembre de 1986, 23 de la ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, 20 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, debieron ser incorporados en la oficina de destino, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en los apartados A y B de dichos artículos, aplicándose, en su caso, los artículos 22 a 25 de la ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990. Las incorporaciones y adecuaciones presupuestales correspondientes, deberán estar concluidas dentro de los sesenta días de publicada la presente ley.

ARTICULO 18. - Los funcionarios públicos destituidos que dedujeron sus pretensiones de acuerdo a la ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, cuyo trámite no ha culminado por paralización o perención en sede administrativa y contencioso administrativa o porque no se ha operado la recomposición de su carrera administrativa, podrán continuar los procedimientos compareciendo en los expedientes respectivos, dentro de un plazo de 60 días a contar de la vigencia de la presente ley.

ARTICULO 19. - Los jerarcas de los diferentes Incisos, previa autorización del Poder Ejecutivo, podrán disponer de los fondos establecidos en los artículos 98 y 99 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a efectos de dar cumplimiento a convenios internacionales.

ARTICULO 20. - Sustitúyese el artículo 57 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

«ARTICULO 57. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a realizar trasposiciones debidamente fundadas -en cuanto a la obra a realizar y aquella cuya ejecución se postergue- entre proyectos de diferentes programas del Inciso, así como a utilizar los excedentes de asignaciones de proyectos ya ejecutados, en otros de inversión sin asignación presupuestal, o con asignación presupuestal insuficiente, sin incrementar el monto máximo de ejecución establecido para el ejercicio.

En todos los casos se dará cuenta a la Contaduría General de la Nación, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General.

En las trasposiciones, los proyectos reforzantes serán exclusivamente los de «Mantenimiento» de los programas del inciso y los reforzados serán en todos los casos, los creados legalmente.

En ningún caso las trasposiciones podrán obstar ni hacer inviable la ejecución de los proyectos autorizados por las normas presupuestales.

El procedimiento que se autoriza no podrá ser empleado a los fines de reforzar el Proyecto 702 «Convenios del Programa 01 del Inciso 10».

ARTICULO 21. - Incorpóranse los siguientes proyectos de inversión:

A) En el Inciso 02 «Presidencia de la República», Programa 002 «Planificación, Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal Sector Público», Unidad Ejecutora 006 «Proyecto de Infraestructura Social», el Proyecto «Fortalecimiento al Area Social», con una asignación presupuestal para 1994 de $ 348.200 (peso uruguayos trescientos cuarenta y ocho mil doscientos), equivalentes a U$S 100.000 (dólares de los Estados Unidos de América cien mil), financiada con cargo a Rentas Generales y $ 1:392.800 (pesos uruguayos un millón trescientos noventa y dos mil ochocientos), equivalentes a U$S 400.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos mil), financiada con cargo a Endeudamiento Externo.

B) En el Inciso 02 «Presidencia de la República», Programa 002 «Planificación, Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal Sector Público», Unidad Ejecutora 004 «Oficina de Planeamiento y Presupuesto», el Proyecto «Fortalecimiento al Area Social», con una asignación presupuestal para 1994 de $ 348.200 (pesos uruguayos trescientos cuarenta y ocho mil doscientos), equivalentes a U$S 100.000 (dólares de los Estados Unidos de América cien mil), financiada con cargo a Rentas Generales y $ 1:392.800 (pesos uruguayos un millón trescientos noventa y dos mil ochocientos), equivalentes a U$S 400.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos mil), financiada con cargo a Endeudamiento Externo.

C) En el Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», el Proyecto 748 «Desarrollo de recursos Hídricos y Naturales» del Programa 001 «Administración Superior» con una asignación presupuestal para 1994 de $ 12:187.000 (pesos uruguayos doce millones ciento ochenta y siete mil), equivalentes a U$S 3:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones quinientos mil), con cargo a Rentas Generales y $ 17:410.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos diez mil), equivalentes a U$S 5:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones), con cargo a Endeudamiento Externo.

D) A la nómina de proyectos establecida en el artículo 58 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, Programa 003 «Dirección Nacional de Vialidad», el Proyecto «R. 9: R. 99 - Pan de Azúcar».

E) En el Inciso 11 «Ministerio de Educación y Cultura», Programa 001 «Administración General», el Proyecto «Fortalecimiento al Area Social», con una asignación presupuestal para 1994 de $ 174.100 (pesos uruguayos ciento setenta y cuatro mil cien), equivalentes a U$S 50.000 (dólares de los Estados Unidos de América cincuenta mil), financiada con cargo a Rentas Generales y $ 696.400 (pesos uruguayos seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos), equivalentes a U$S 200.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos mil), financiada con cargo a Endeudamiento Externo.

F) En el Inciso 12 «Ministerio de Salud Pública», Programa 001 «Administración Superior», el Proyecto «Fortalecimiento al Area Social», con una asignación presupuestal para 1994 de $ 5:223.000 (pesos uruguayos cinco millones doscientos veintitrés mil), equivalentes a U$S 1:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón quinientos mil), financiada con cargo a Rentas Generales y $ 20:892.000 (pesos uruguayos veinte millones ochocientos noventa y dos mil), equivalentes a U$S 6:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América seis millones), financiada con cargo a Endeudamiento Externo.

G) En el Inciso 13 «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», Programa 001 «Administración General» el Proyecto «Fortalecimiento al Area Social», con una asignación presupuestal para 1994 de $ 417.840 (pesos uruguayos cuatrocientos diecisiete mil ochocientos cuarenta), equivalentes a U$S 120.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento veinte mil), financiada con cargo a Rentas Generales y $ 1:671.360 (pesos uruguayos un millón seiscientos setenta y un mil trescientos sesenta), equivalentes a U$S 480.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos ochenta mil), financiada con cargo a Endeudamiento Externo.

ARTICULO 25.- Incorpórase al Plan de Inversiones Públicas del Inciso 10 «Ministerio de Transporte y Obras Públicas», el Proyecto de Inversión «Acceso Ferroviario al Puerto de Nueva Palmira. Ramal: Estación Grito de Asencio-Puerto de Nueva Palmira», declarado de interés nacional por el artículo 63 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Para los ejercicios 1993 y 1994 el referido Proyecto tendrá una asignación presupuestal anual de $ 1:741.000 (pesos uruguayos un millón setecientos cuarenta y un mil), equivalentes a U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil), para cuyo financiamiento tendrá carácter prioritario en el procedimiento autorizado por el artículo 57 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 20 de la presente ley.

ARTICULO 29.- Fíjase en $ 1.540 (pesos uruguayos un mil quinientos cuarenta), la compensación mensual que por concepto de equipo perciben los oficiales generales y oficiales superiores.

Declárase que la referida compensación, así como el reintegro que por igual concepto percibe el Personal Superior no comprendido en el inciso anterior, tienen carácter salarial, de conformidad con la legislación vigente quedando, en consecuencia, a partir del 1º de enero de 1994, sujetas a montepío.

ARTICULO 30.- Fíjanse como Gastos de Representación, sobre las retribuciones básicas y complementarias sujetas a montepío, excluidas la prima por antigüedad y la permanencia en el grado, en $ 801 (pesos uruguayos ochocientos uno), para los comandantes en jefe y en $ 412 (pesos uruguayos cuatrocientos doce), para los oficiales generales de las Fuerzas Armadas.

ARTICULO 31.- Transfórmase en el Programa 001 «Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional», Subprograma 001 «Administración Superior», Unidad Ejecutora 001 «Dirección General de Secretaría de Estado» un cargo Técnico 8 Administración Pública, escalafón B, grado 5, en Asesor 9 Médico Veterinario, escalafón A, grado 5.

ARTICULO 33.- Facúltase al Poder Ejecutivo a extender lo previsto en los artículos 280 y 281 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, a todo el personal del Area de Enfermería del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

ARTICULO 34.- Declárase por vía interpretativa del Capítulo I del Título I de la ley Nº 16.333, de 1º de diciembre de 1992, que el Personal Superior que haya pasado a situación de excedencia, en virtud de lo previsto en los artículos 78 a 90 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, cuando pase a situación de retiro militar se regirá por el régimen vigente en el momento en que se generó la situación de excedencia.

ARTICULO 35.- Declárase comprendido en las disposiciones del literal A) del artículo 9º de la ley Nº 16.333, de 1º de diciembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 1º de la ley Nº 16.336, de 9 de diciembre de 1992, al personal militar que pasó a situación de retiro en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 1990.

ARTICULO 38.- Establécese la compensación otorgada por el artículo 118 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en los siguientes porcentajes:

%

Inspector general  

30

Inspector principal  

30

Inspector mayor  

30

Comisario inspector  

30

Comisario   

30

Subcomisario   

30

Oficial principal  

30

Oficial ayudante  

30

Oficial subayudante  

30

Suboficial mayor  

25

Sargento 1ro.  

25

Sargento   

25

Cabo   

25

Agente de 1ra.  

20

Agente de 2da.  

20

Cadete   

20

A partir del 1º de enero de 1994 la referida compensación estará sujeta a montepío.

Otórgase a los inspectores generales, inspectores principales e inspectores mayores una compensación mensual sujeta a montepío de $ 1.540 (pesos uruguayos mil quinientos cuarenta), por concepto de equipo.

ARTICULO 40.- Autorízase a elevar hasta el 4% (cuatro por ciento), el descuento dispuesto por el artículo 86 de la ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

ARTICULO 41.- Otórgase al Ministerio del Interior, con destino al Centro de Terapia Intensiva del Hospital Policial, una partida de U$S 2:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones quinientos mil), para el ejercicio 1994, que se financiará con los recursos provenientes del abatimiento dispuesto por el artículo 69 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 42.- Extiéndese lo previsto en los artículos 280 y 281 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, a todo el personal del Area de Enfermería de la Dirección Nacional de Sanidad Policial.

ARTICULO 46. - Autorízase a la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado a contratar, a término, por el régimen de arrendamiento de servicios, a personal que preste tareas en el Jardín Maternal para los hijos de los funcionarios pertenecientes al Ministerio de Economía y Finanzas, quienes no tendrán la calidad de funcionarios públicos. Los fondos para dichas contrataciones provendrán de lo recaudado por lo establecido en el numeral 2) del artículo 207 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 160, de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 47. - Los funcionarios que cumplan tareas en la Unidad Ejecutora 011 «Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común» del Programa 011 «Apoyo a las tareas ejecutivas del Tratado de Asunción», percibirán, hasta tanto comience a regir la nueva estructura de cargos y funciones, una compensación mensual sujeta a montepío, por concepto de tareas especiales. Los funcionarios que perciban dicha compensación deberán cumplir como mínimo un régimen de cuarenta horas semanales de labor.

Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a habilitar una partida anual de $ 430.000 (pesos uruguayos cuatrocientos treinta mil), a fin de atender las erogaciones generadas por el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior.

ARTICULO 48. - Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer dentro de los ciento ochenta días de promulgada la presente ley, las modificaciones necesarias a los efectos de racionalizar la estructura de cargos y contratos de función pública de la Unidad Ejecutora 005, «Dirección General Impositiva».

Tales modificaciones no podrán causar lesión de derechos debiendo las regularizaciones que se dispongan preservar estrictamente las reglas de ascenso y la carrera administrativa cuando correspondiere.

Las dotaciones básicas de cada cargo se corresponderán con las tablas de sueldos fijadas por el artículo 26 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Los recursos presupuestales previstos para financiar el régimen del artículo 142 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que se deja sin efecto, incrementarán a partir del 1º de enero de 1994 el crédito del Rubro 0 de la Unidad Ejecutora 005 del Inciso 05 a los fines previstos en el inciso primero.

El referido crédito no excederá a valores constantes del 1º de enero de 1992 la suma de $ 6:943.000 (pesos uruguayos seis millones novecientos cuarenta y tres mil) y cubrirá las erogaciones por todo concepto emergentes de la aplicación del inciso primero de este artículo.

Las racionalizaciones previstas tendrán vigencia desde el 1º de enero de 1994.

De todo lo actuado se dará cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 51. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a utilizar por única vez, el monto existente al 31 de diciembre de 1993, del producido reglamentado por el artículo 283 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, exclusivamente para instrumentar un Programa de informatización aplicable a dicha Secretaría de Estado

ARTICULO 56. - Autorízase al Ministerio de Turismo a efectuar una reestructura de sus cuadros funcionales, la que deberá contar con la aprobación previa de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

La nueva estructura podrá financiarse con la totalidad de las asignaciones presupuestales vigentes en el Rubro 0 del Programa 001, disponiendo, por resolución fundada del Ministerio de Turismo, las trasposiciones que sean necesarias, pudiendo habilitarse el Renglón 0.6.1.304.

Los Subrubros 01, 02 y 03 podrán ser reforzados en los importes que se consideren necesarios.

ARTICULO 57. - Autorízase a la Dirección Nacional de Transporte a cobrar hasta 5 UR (cinco unidades reajustables), por los permisos, certificados o autorizaciones que expida. El destino de dichos fondos será el Tesoro de Obras Públicas (FIMTOP).

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

ARTICULO 58. - El Registro de Automotores no inscribirá transferencias de vehículos gravados por el Impuesto a los Ejes, creado por el artículo 15 de la ley Nº 12.950, de 23 de noviembre de 1961, sin que se compruebe estar al día con el pago del impuesto. El escribano interviniente en la contratación a registrar, certificará dicha situación.

ARTICULO 63. - Modifícase el artículo 303 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, fijando en la suma equivalente a U$S 900.000 (dólares de los Estados Unidos de América novecientos mil), la transferencia en favor del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas. La misma deberá realizarse por duodécimos a lo largo de cada ejercicio.

ARTICULO 64. - Los fondos resultantes de la aplicación del literal B) del artículo 390 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 269 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, serán distribuidos mensualmente y en efectivo entre los funcionarios que presten efectivamente servicios en la Biblioteca Nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas depositará mensualmente en la cuenta correspondiente al «Fondo de Promoción y Desarrollo de la Biblioteca Nacional» los recursos afectados por el inciso segundo del artículo 337 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 68. - Facúltase al Poder Ejecutivo a crear la Fiscalía Letrada Departamental de Tacuarembó de Segundo Turno, la que actuará con los cometidos que le son asignados a los fiscales letrados departamentales, dentro de la jurisdicción de los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Tacuarembó.

Facúltase al Poder Ejecutivo a crear un cargo de Fiscal Letrado Departamental y un cargo Ab 06 Administrativo V, destinados a la Fiscalía Letrada Departamental que se crea por la presente ley.

Dispónese que la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación determinará los turnos de las Fiscalías Letradas Departamentales y el criterio de redistribución de expedientes, todo lo cual será sin perjuicio de la homologación posterior por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 69. - En todo documento que se presente a inscribir en los registros públicos dependientes de la Dirección General de Registros, deberá consignarse el número de cédula de identidad de los otorgantes u otro documento oficial identificatorio, si se tratare de otorgantes extranjeros, así como el número de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva cuando corresponda.

ARTICULO 70. - El Registro Nacional de Actos Personales tomará razón de los embargos generales de derechos y demás medidas cautelares, siempre que se indique, en los oficios respectivos, nombres y apellidos completos y cédula de identidad de la persona a la que se refieren, u otros documentos idóneos en caso de extranjeros.

Respecto de las asociaciones civiles, sociedades y demás personas jurídicas se indicará nombre, tipo social, domicilio y número de Registro Unico de Contribuyentes, cuando corresponda.

El Registro no admitirá dichos documentos si no constan todos los datos referidos, salvo orden del juez interviniente dictada por resolución fundada de la que se deberá dejar constancia en el oficio respectivo, en cuyo caso deberán aportarse otros datos identificatorios, tales como nombre del cónyuge, edad, profesión u oficio, domicilio, credencial cívica u otro documento oficial de la persona a quien afecte la medida.

En el caso de embargos de cualquier especie, deberá indicarse además, el monto reclamado o el derecho que se pretende tutelar con la medida cautelar.

El Ministerio del Interior, por intermedio de la Dirección Nacional de Identificación Civil, proporcionará a los profesionales abogados, escribanos o procuradores, debidamente acreditados, los nombres y apellidos, número de cédula de identidad de las personas que les sean requeridos, para presentarlo como medida preparatoria, en juicio iniciado o a iniciarse, o con otra finalidad e interés igualmente legítimo. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento correspondiente y la tasa a abonarse por cada solicitud de información.

ARTICULO 71. - Sustitúyese el literal A) del artículo 32 de la ley Nº 10.793, de 25 de setiembre de 1946, por el siguiente:

«A) Los embargos de bienes raíces determinados, debiendo indicarse en el oficio que ordena la inscripción los siguientes datos: número de padrón, zona, localidad o sección catastral, según corresponda, y tratándose de propiedad horizontal, número de unidad, plano de fraccionamiento con indicación del nombre del agrimensor, del número y de la fecha de inscripción, y del block y de la torre en su caso».

ARTICULO 72. - Sustitúyense los numerales III) y IV) del artículo 153 del título VIII de la ley Nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo 10 de la ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, por los siguientes:

«III) Nombres y apellidos y números de cédula de identidad de los herederos, legatarios y cónyuge supérstite, según corresponda y fecha del auto de declaratoria correspondiente.

IV) Departamento, localidad o sección catastral, según corresponda, número de padrón y, si los hubiere, datos del plano (fecha, nombre del agrimensor y número de inscripción), o plano Proyecto de fraccionamiento, en su caso, superficie, extensión del frente y número de puerta, si lo tuviere, de los inmuebles denunciados».

ARTICULO 73. - Autorízase a la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado y a la Dirección General de Registros actuando conjuntamente, a establecer subdivisiones territoriales en cada departamento, que se denominarán Secciones o Localidades Catastrales, para lo cual diagramarán un plano con determinación de dichas secciones y localidades, así como su correspondencia con parajes existentes actualmente.

En zona rural, toda referencia legal o reglamentaria establecida para la individualización de bienes inmuebles referida a Secciones Judiciales, deberá efectuarse en relación a las secciones catastrales, y en zona urbana y suburbana, toda referencia a parajes deberá efectuarse, a la localidad catastral.

La Dirección del Catastro Nacional deberá incluir preceptivamente en las cédulas que expida, la sección o localidad catastral a la que corresponde el padrón solicitado.

La Dirección General de Registros establecerá la competencia o jurisdicción territorial de sus distintas oficinas, en base a la nueva organización catastral.

ARTICULO 74. - El Registro Nacional de la Propiedad no inscribirá los instrumentos que se presenten en sus secciones correspondientes por los que se reconozca, modifique, transfiera, declare o extinga el dominio sobre bienes inmuebles, el usufructo, uso, habitación, servidumbre y cualquier desmembramiento del dominio, así como las promesas de compraventa sobre los mismos que refieran a solares o fracciones de padrones en mayor área.

Sólo se procederá a la inscripción en caso que la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado deje constancia por escrito que no es posible el empadronamiento individual.

En todo caso en que se verifique mutación del número de padrón, deberá consignarse en la cédula catastral correspondiente, así como en los instrumentos respectivos, la referencia al número de padrón anterior.

Simultáneamente a la inscripción de un plano de fraccionamiento o reparcelamiento, la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado procederá preceptivamente a adjudicar a cada solar o fracción, su correspondiente número de padrón.

ARTICULO 75. - Sustitúyese el artículo 29 de la ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931, por el siguiente:

«ARTICULO 29. - Los efectos de la inscripción caducarán de pleno derecho a los diez años de efectuada.

No obstante la parte promitente compradora podrá solicitar su reinscripción, por períodos de cinco años, y hasta dos veces, previamente al vencimiento del plazo original o prórroga que corriere, acompañando testimonio notarial de protocolización preceptiva de la misma y ficha registral; a cuyos efectos es de aplicación lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 3.003, de 24 de noviembre de 1905.

Vencido el plazo original o prórroga que corriere, la parte promitente compradora podrá volver a inscribir la promesa, con carácter de nueva inscripción, por períodos de cinco años, y hasta por dos veces, mediante la presentación de testimonio de su protocolización preceptiva y ficha registral correspondiente.

Esta facultad alcanzará los promitentes compradores de promesas cuya caducidad se verifique a partir de la vigencia de la presente ley, y a las que hayan caducado con anterioridad a esa fecha».

ARTICULO 76. - A los efectos de las reinscripciones en los Registros Nacional de Propiedad y de Actos Personales, el plazo respectivo se computará desde el día siguiente al del vencimiento del plazo original o de las sucesivas prórrogas que corrieren.

ARTICULO 77. - El Registro Público y General de Comercio no inscribirá los actos y contratos modificativos y extintivos relativos a sociedades comerciales sin que conste en los mismos el número de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva.

ARTICULO 78. - Derógase el artículo 508 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 79. - Declárase, a los efectos interpretativos, que el porcentaje afectado por el artículo 337 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, al Ministerio de Educación y Cultura debe ser transferido en forma íntegra, no siendo de aplicación, en este caso, lo dispuesto por el artículo 594 de la ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Asígnase al Fondo de Promoción y Desarrollo de la Biblioteca Nacional, el 1% (uno por ciento), de las sumas que el Estado obtenga por concepto de impuestos a los premios y billetes de lotería, apuestas de quiniela, tómbola y 5 de oro y de todo otro que se creare sobre juegos, suertes, rifas o similares que se autoricen en el futuro.

ARTICULO 81. - Agrégase al artículo 392 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el siguiente literal:

«G) Creación de un Banco de Datos Electrónico en materia jurídica de toda la legislación nacional, cuya información será liberada al usuario en general».

ARTICULO 83. - Los integrantes del Cuerpo de Baile del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), que tengan una actividad en el Organismo no inferior a veinticinco años, continua o alternada tendrán derecho a jubilación conforme a lo dispuesto por el artículo 382 de la ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, percibiendo como asignación de pasividad el promedio mensual del total de sus remuneraciones en concepto de sueldos y compensaciones recibidas en el último año de labor.

ARTICULO 84. - El Tribunal de Cuentas y sus Delegados, así como la Contaduría General de la Nación, sólo intervendrán y darán curso en su caso, a las planillas de gastos de los organismos a que refiere el artículo 66 de la ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, previa verificación de que los mismos han imputado al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), el porcentaje establecido en la citada norma legal.

En caso que, por incumplimiento de la obligación que establece dicha norma, el Tribunal de Cuentas o la Contaduría General de la Nación no intervengan las planillas de gastos indicadas en el inciso anterior, dichos gastos no podrán efectuarse.

Las empresas de publicidad que tengan a su cargo campañas publicitarias de organismos estatales, deberán cumplir la disposición del artículo 66 de la ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964. De no hacerlo, no podrán ser contratados nuevamente por cualesquiera de dichos organismos.

ARTICULO 85. - Equipárase la remuneración de los integrantes del elenco de radioteatro del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), con las de los integrantes del Coro del Organismo.

ARTICULO 86. - Establécese que el porcentaje referido en el inciso segundo del artículo 61 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, destinado a financiar obras civiles y equipamiento del Estudio Auditorio, incluyendo anexos de carácter cultural, será hasta el 60% (sesenta por ciento).

ARTICULO 87. - Increméntase el monto del impuesto «Servicios Registrales» establecido en el artículo 270 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 en un 20% (veinte por ciento), para cada una de las tasas.

El 100% (cien por ciento) del producido de lo dispuesto en el inciso anterior, una vez deducido el costo de impresión y distribución de los timbres y la comisión de los distribuidores, será transferido a la Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, y será destinado a incrementar en igual porcentaje, las retribuciones permanentes sujetas a montepío con excepción de la prima por antigüedad de los funcionarios de las Unidades Ejecutoras: Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno, Dirección General de Registros, Fiscalías de Corte y Procuraduría General de la Nación, Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo y Dirección General del Registro de Estado Civil de las Personas, equiparados a los escalafones II a VI del Poder Judicial.

La retribución establecida en el artículo 134 para los escalafones II al VI del Poder Judicial no será considerada para el cálculo de las equiparaciones de los funcionarios de las unidades mencionadas.

ARTICULO 88. - Transfórmanse los cargos de fiscales letrados de lo Civil de 17º, 18º, 19º y 20º Turno, en fiscales letrados de lo Penal de 9º, 10º, 11º y 12º Turno.

ARTICULO 89. - Transfórmanse las actuales Fiscalías Letradas de lo Civil de 17º, 18º, 19º y 20º Turno, en las Fiscalías Letradas de lo Penal de 9º, 10º, 11º y 12º Turno, con los cometidos asignados a sus similares existentes de 1º a 8º Turno.

ARTICULO 90. - Créase la Fiscalía Letrada Departamental de Río Branco, la que actuará con los cometidos que les son asignados a las Fiscalías Letradas Departamentales, dentro de la jurisdicción del Juzgado Letrado Departamental de Primera Instancia de la ciudad de Río Branco.

Creánse un cargo de fiscal letrado departamental y un cargo de administrativo IV, destinados a la Fiscalía Letrada Departamental que por el presente artículo se crea.

ARTICULO 91. - Créase la Fiscalía Letrada Departamental de Chuy, la que actuará con los cometidos que les son asignados a las Fiscalías Letradas Departamentales, dentro de la jurisdicción del Juzgado Letrado Departamental de Primera Instancia de la ciudad de Chuy.

Créanse un cargo de fiscal letrado departamental y un cargo de administrativo IV, destinados a la Fiscalía Letrada Departamental que por el presente artículo se crea.

ARTICULO 93. - Otórgase a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, con exclusión de los cargos políticos, de particular confianza, funciones incluidas en la nómina del artículo 7º de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y quienes perciban los beneficios establecidos por el artículo 305 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, una compensación mensual del 6,95% (seis con noventa y cinco por ciento).

Dicha compensación se calculará a valores de 31 de diciembre de 1992 más los aumentos dispuestos para el Inciso 12 a partir del 1º de mayo de 1993 sobre:

A) Sueldo básico.

B) Compensación máxima al grado.

C) Artículo 278 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

D) Decreto 203, de 12 de mayo de 1992.

Otórgase a los funcionarios presupuestados, contratados y eventuales del Ministerio de Salud Pública que revistan en los Escalafones A, B, D, E y F, las siguientes compensaciones mensuales

Grado

Importe

  

$

02

307,36

03

274,13

04

253,75

05

227,95

06

188,52

07

163,99

08

150,25

09

131,23

10

100,77

11

61,91

12

72,15

13

64,85

14

60,26

15

37,15

16

53,00

ARTICULO 95. - Transfiérese al Banco Nacional de Organos y Tejidos del Ministerio de Salud Pública una partida, por única vez, de U$S 30.000 (dólares de los Estados Unidos de América treinta mil), con destino a la adquisición de los complementos de los equipos del sistema de computación ya instalado, para permitir conexión, mediante red «Urupac», de los diecinueve hospitales departamentales con el registro central con cargo a las economías del artículo 11 de la presente ley.

ARTICULO 96. - Refuérzase el Renglón 0.3.4.333 en la cantidad necesaria a fin de incrementar las remuneraciones de las cuidadoras de ancianos, internas y externas, del Hospital Piñeyro del Campo para que perciban el equivalente a lo que cobran los integrantes del último grado del escalafón de Servicios del Ministerio de Salud Pública, debiendo desempeñarse las tareas en la misma cantidad horaria.

ARTICULO 97. - Incorpóranse los Escalafones «C» y «R» a los escalafones mencionados en el artículo 281 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 98. - Modifícase el artículo 286 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, el que quedará redactado de la siguiente forma:

«ARTICULO 286. - De las economías que se produzcan en los Centros de Tratamiento Intensivos del sistema CTI del Ministerio de Salud Pública como consecuencia de la no contratación con terceros del servicio del CTI, se utilizará el 75% (setenta y cinco por ciento), para incrementar las retribuciones del personal del Ministerio de Salud Pública.

Las economías se determinarán por la diferencia entre el monto de la contratación y los costos de servicios, incluidas las amortizaciones».

ARTICULO 99. - Agrégase al artículo 327 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, como tercer inciso, el siguiente:

«Con cargo a este Fondo se atenderán los viáticos a ser percibidos por la delegación de los trabajadores ante la Junta Nacional de Empleo.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reglamentará esta disposición».

ARTICULO 101. - Establécese que, de acuerdo al reordenamiento de competencias dispuestas para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Programa 010, «Estudio, Coordinación, Contralor, Evaluación y Seguimiento de las Políticas de Comercialización» a aplicar por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Unidad Ejecutora 010, «Dirección Nacional de Comercio», integra el Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 102. - Los ingresos extrapresupuestales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se afectarán de la siguiente manera:

a) un 25% (veinticinco por ciento), para gastos de funcionamiento;

b) un 35% (treinta y cinco por ciento), para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 442 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990;

c) un 40% (cuarenta por ciento), con destino a lo establecido por el artículo 294 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en el cual queda incluido el importe correspondiente a los aportes patronales.

ARTICULO 103. - Los funcionarios de la Dirección Nacional de Comercio percibirán un complemento por equiparación, equivalente a lo percibido por los funcionarios del Inciso 13, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», por concepto de «Fondo de Participación», en virtud de lo establecido por el artículo 294 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 y artículo 439 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 inciso 2º, literal B), que se financiará con ingresos del giro comercial de la Unidad Ejecutora 010, «Dirección Nacional de Comercio».

Quedan exceptuados dichos funcionarios de percibir lo dispuesto por los artículos mencionados anteriormente.

ARTICULO 105. - Autorízase a la Suprema Corte de Justicia a realizar un Programa con financiamiento externo, correspondiente a la solicitud de préstamo gestionada ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Proyecto «Fortalecimiento de Area Social» UR-0087, por $ 8:705.000 (pesos uruguayos ocho millones setecientos cinco mil), equivalentes a U$S 2:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones quinientos mil), de los cuales $ 1:741.000 (pesos uruguayos un millón setecientos cuarenta y un mil), corresponden a la contrapartida nacional.

Dicho Programa tendrá una asignación presupuestal para 1994 de $ 417.840 (pesos uruguayos cuatrocientos diecisiete mil ochocientos cuarenta), equivalentes a U$S 120.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento veinte mil), financiada con cargo a Rentas Generales y $ 1:671.360 (pesos uruguayos un millón seiscientos setenta y un mil trescientos sesenta), equivalentes a U$S 480.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos ochenta mil), financiada con cargo a Endeudamiento Externo.

ARTICULO 106. - Otórgase una partida de $ 1:463.000 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos sesenta y tres mil), la que se destinará a nivelar las retribuciones de los funcionarios.

ARTICULO 108. - El ministro de Feria tendrá, en materia administrativa, las facultades del presidente de la Corporación.

ARTICULO 109. - En los asuntos relativos al contencioso anulatorio, a que refieren el llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, las leyes Nos. 9.940, de 2 de julio de 1940, 10.062, de 15 de octubre de 1941, 12.128, de 13 de agosto de 1954, y el decreto-ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, concordantes y modificativas, de competencia de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, así como en los relativos a la acción de amparo, establecidos en la ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, la determinación del turno del respectivo Tribunal, se fijará por el sistema aleatorio y computarizado de distribución.

ARTICULO 110. - Declárase, por vía interpretativa, que lo dispuesto en el artículo 386 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, está vigente desde el 1º de enero de 1993 respecto a los funcionarios secretarios letrados (abogado) III y IV existentes al 30 de junio de 1992.

ARTICULO 111. - Sustitúyese el artículo 119 de la ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

«ARTICULO 119. - Para ser secretario de los Tribunales de Apelaciones se requiere tener veinticinco años de edad y ser abogado o escribano.

Serán designados por la Suprema Corte de Justicia entre los secretarios de los jueces, los actuarios de los Juzgados Letrados y actuarios adjuntos de Juzgados letrados o actuarios de Juzgados de Paz a que refiere el artículo 470 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990".

ARTICULO 112. - Agrégase al artículo 209 de la ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, el siguiente inciso:

«Sin perjuicio de la facultad de los jueces suplentes o subrogantes de dictar sentencia en las sedes que subroguen, sólo relevarán necesariamente al titular de su deber de dictar sentencia definitiva, en aquellos casos en que, por licencia, ocupen el cargo por período superior a treinta días y siempre que hayan intervenido en la audiencia preliminar y, en su caso, en la complementaria de la causa que se trate».

ARTICULO 113. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a instalar, por resolución fundada y comunicando al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General, Juzgados de Paz determinando su categoría en zonas que, por su importancia y volumen de trabajo, así lo requieran.

ARTICULO 114. - Los Juzgados de Paz, cualquiera sea su categoría, serán competentes para entender en primera instancia en los juicios en materia laboral cuya cuantía no exceda de $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil), monto que se actualizará conforme con lo dispuesto por los artículos 50 de la ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, y 321 de la ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

En segunda instancia conocerán los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia laboral que correspondan por razón de turno y territorio.

La Suprema Corte de Justicia determinará la fecha de vigencia de esta competencia en los departamentos o zonas que así lo requieran de acuerdo al artículo 332 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 115. - Transfórmanse tres cargos de juez de Paz de Ciudad en tres cargos de juez de Paz Departamental del Interior o juez de Paz Departamental del Interior suplente, facultándose a la Suprema Corte de Justicia a asignar el destino de los mismos.

ARTICULO 116. - Suprímese al vacar el carácter de particular confianza de los cargos de secretario letrado administrativo, director general y subdirector general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial.

ARTICULO 118. - Las retribuciones del director general de los Servicios Administrativos y subdirector general de los Servicios Administrativos serán equivalentes a las que perciben, por todo concepto, los jueces letrados de Primera Instancia de la Capital y los jueces letrados de Primera Instancia del Interior, respectivamente, si en este último caso el titular se encuentra en régimen de dedicación total o exclusiva. Si no fuere así, la remuneración será del 83,88% (ochenta y tres con treinta y tres por ciento), de la retribución de los jueces letrados de primera Instancia del Interior.

Deróganse a estos efectos y exclusivamente para estos cargos todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior.

ARTICULO 119. - Establécese que la retribución complementaria por alta especialización a que refiere el artículo 477 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, será del 25% (veinticinco por ciento), de las retribuciones permanentes sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad.

ARTICULO 120. - Para acceder a cargos vacantes de defensores de oficio, tendrán preferencia los procuradores del Poder Judicial que posean título de abogado.

ARTICULO 121. - Créanse los siguientes cargos en los Programas que se indican:

Programa  

Escalafón

Grado

001   

«Administración Superior de Justicia y Superintendencia General»

  

3 actuario adjunto suplente  

II

12

  

3 chofer  

VI

7

003   

«Administración de Justicia a Nivel de Juzgados del Interior»

  

30 oficial alguacil  

V

10

004   

«Servicios Conexos y de Apoyo a la Administración de Justicia»

  

2 defensor de oficio interior  

II

13

  

8 médico forense (con destino al interior)  

II

12

  

2 médico forense suplente (con destino al interior)  

II

12

  

5 médico psiquiatra (con destino al interior)  

II

12

  

2 químico farmacéutico (ITF)  

II

12

  

2 asesor contador (ITF)  

II

11

  

5 inspector asistente social (con destino al interior)  

II

10

Los presentes cargos deberán ser llenados con personal perteneciente al Poder Judicial o con personal declarado excedente.

ARTICULO 122. - Créanse un cargo de director del Centro de Cómputos, Escalafón II, Grado 15, un cargo de subdirector del Centro de Cómputos, Escalafón II, Grado 14, un cargo de director de Capacitación en Informática, Escalafón II, Grado 13 y un cargo de técnico en Electrónica, Escalafón IV, Grado 10.

Los presentes cargos deberán ser llenados con personal perteneciente al Poder Judicial o con personal declarado excedente y, en su defecto, con personas que ya revistan la calidad de funcionarios públicos.

ARTICULO 123. - Agrégase al artículo 135 de la ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, el siguiente inciso:

«Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Suprema Corte de Justicia podrá proveer hasta ciento veinte cargos de administrativo VI y hasta cincuenta de auxiliar III, los que serán designados entre funcionarios del Poder Judicial o funcionarios públicos que hayan sido declarados excedentes».

ARTICULO 124. - Asígnase una partida anual de $ 17.000 (pesos uruguayos diecisiete mil), a fin de compensar a los funcionarios que desempeñan tareas de chofer al servicio directo de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, la que se discutirá de acuerdo a la reglamentación que dicte la Suprema Corte de Justicia.

ARTICULO 125. - Increméntase la partida creada por el inciso tercero del artículo 341 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en $ 300.000 (pesos uruguayos trescientos mil).

ARTICULO 126. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 385 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

«Los funcionarios que ocupen cargos en el Poder Judicial y los incluidos en los Escalafones A y B en el Programa 008 «Asesoramiento Letrado a la Administración Pública» y en el Programa 010 «Ministerio Público y Fiscal» del Inciso 11 «Ministerio de Educación y Cultura» percibirán la extensión horaria a cuarenta horas semanales y el 60% (sesenta por ciento), por cumplir sus tareas en régimen de dedicación exclusiva, calculado sobre las retribuciones sujetas a montepío correspondientes a dicho régimen horario. Quedan excluidos de lo dispuesto precedentemente los funcionarios a que refiere el artículo 388 de la presente ley».

ARTICULO 127. - Sustitúyese el artículo 317 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 317. - Los funcionarios de los Escalafones II a VI, con excepción de los incluidos en el artículo 311 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 388 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que durante tres meses consecutivos demuestren tener una especial asiduidad, de acuerdo a la reglamentación que, a tales efectos dicte la Suprema Corte de Justicia, percibirán, durante dicho lapso, una compensación a la asiduidad equivalente al 10% (diez por ciento), del total de sus remuneraciones permanentes de naturaleza salarial. Sin perjuicio de otras situaciones que prevea la reglamentación a dictarse, en ningún caso tendrán derecho quienes hayan gozado de licencias especiales de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IX de la ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, o hayan registrado inasistencias, sean éstas justificadas o no».

ARTICULO 128. - Todo bien mueble depositado, por orden de cualquier Tribunal, en el Depósito Judicial de Bienes Muebles o en depósitos pertenecientes a organismos públicos o privados, será rematado trimestralmente en el caso que se cumplieran las siguientes condiciones:

A) Que estuviere depositado por uno o más años.

B) Que estuviere paralizado el expediente por el plazo de más de un año.

C) Que se tratare de efectos de difícil conservación cualquiera fuera el tiempo de depósito. A los efectos de acreditar este extremo, el depositario dará cuenta al Depósito Judicial de Bienes Muebles, quien recabará sobre el particular las pericias que considere del caso, de todo lo cual se dará conocimiento al juez de la causa.

D) Los hallazgos, vencidos los plazos acordados en los artículos 725 y siguientes del Código Civil.

En todos los casos deberá notificarse con la suficiente antelación al Tribunal que ordenó el depósito, procediendo al remate si no mediare oposición antes de treinta días de la fecha fijada al efecto.

ARTICULO 129. - Los rematadores serán designados por los Tribunales respectivos, de acuerdo a las disposiciones vigentes en la materia. Esta designación se hará saber a los depositarios mencionados en el artículo anterior.

En caso de no poder individualizar el Juzgado o autoridad competente a cuya disposición se encuentren los bienes depositados, éstos serán rematados por el Depósito Judicial de Bienes Muebles, siendo el rematador designado por la Dirección General de los Servicios Administrativos.

ARTICULO 130. - El producido del remate, previa deducción de los gastos de comisión correspondientes, será depositado en el Banco Hipotecario del Uruguay a la orden del Juzgado y bajo el rubro de los autos correspondientes o, en el caso del inciso segundo del artículo anterior, a la orden de la Suprema Corte de Justicia.

El monto de las comisiones debidas al Depósito Judicial de Bienes Muebles, depositado en la cuenta pertinente del Banco Hipotecario del Uruguay, será considerado fondo extrapresupuestal de libre disponibilidad del Poder Judicial.

ARTICULO 131. - La Suprema Corte de Justicia establecerá por Acordada los aspectos operativos que permitan la aplicación de los artículos 128, 129 y 130 de la presente ley.

ARTICULO 132. - Derógase el artículo 461 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

ARTICULO 133. - Créase, a valores de 1º de enero de 1993, una tasa de $ 20 (pesos uruguayos veinte), que se reajustará el 1º de enero de 1994 por la variación del Indice de Precios al Consumo (IPC), durante el año 1993, a ser recaudada por el Poder Judicial, que gravará los siguientes actos: las peticiones de citación a conciliación; la presentación de escritos de demandas y contestaciones de demandas; la presentación de escritos de apelaciones y contestaciones de apelaciones; la presentación de escritos de transacciones para su homologación judicial; la presentación de escritos de desistimientos; la presentación de escritos con recursos de casación y contestaciones de dicho recurso; la presentación de escritos de intimaciones de pago; escritos de diligencias preparatorias y medidas cautelares; y el primer escrito de los asuntos de jurisdicción voluntaria. El monto de dicha tasa deberá ser actualizado cuatrimestralmente de acuerdo al Indice de Precios al Consumo (IPC), a partir del 1º de enero de 1994.

La tasa prevista en el inciso precedente entrará en vigencia en la fecha de promulgación de la presente ley.

Quedan excluidas de la aplicación de esta tasa, en lo pertinente, las actuaciones establecidas en el artículo 364 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 135. - Increméntanse los Rubros 2, «Materiales y Suministros», en $ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil), 3, «Servicios no personales», en $ 128.000 (pesos uruguayos ciento veintiocho mil), y 9, «Asignaciones Globales», en $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil), a valores de 1º de enero de 1993.

ARTICULO 136. - Increméntanse los proyectos de inversión en $ 240.000 (pesos uruguayos doscientos cuarenta mil), a valores de 1º de enero de 1993.

ARTICULO 137. - Transfórmase al vacar un cargo de secretario general, Escalafón «C», Grado 14, en un cargo de secretario general, Escalafón «A», Grado 15.

Créase un cargo de director de Secretaría, Escalafón «C», Grado 14.

ARTICULO 138. - Transfórmanse tres cargos de ayudante técnico, Escalafón «D», Grado 5, en tres cargos de técnico I - contador, Escalafón «A», Grado 11; dos cargos de ayudante técnico, Escalafón «B», Grado 7, en dos cargos de técnico I - contador, Escalafón «A», Grado 11; un cargo de ayudante técnico, Escalafón «B», Grado 7, en un cargo de técnico I - abogado, «Escalafón «A», Grado 11; cuatro cargos de ayudante técnico, Escalafón «B», Grado 7, en cuatro cargos de técnico I - escribano, Escalafón «A», Grado 11; dos cargos de administrativo I, Escalafón «C», Grado 8, en dos cargos de técnico I - escribano, Escalafón «A», Grado 11; un cargo de administrativo III, Escalafón «C», Grado 6, en un cargo de técnico I - escribano, Escalafón «A», Grado 11, y un cargo de bibliotecólogo, Escalafón «B», Grado 10, en un cargo de bibliotecólogo, Escalafón «A», Grado 10.

ARTICULO 139. - Transfórmanse diecinueve cargos de ayudante técnico, Escalafón «B», Grado 7, en diez cargos de ayudante técnico, Escalafón «B», Grado 9 y nueve cargos de ayudante técnico, Escalafón «B», Grado 10; diecinueve cargos de administrativo V, Escalafón «C», Grado 4, en diecinueve cargos de administrativo III, Escalafón «C», Grado 6; treinta y ocho cargos de administrativo II, Escalafón «C», Grado 6, en treinta y ocho cargos de administrativo I, Escalafón «C», Grado 8; cincuenta y ocho cargos de ayudante técnico, Escalafón «D», Grado 5, en veintiocho cargos de ayudante técnico, Escalafón «D», Grado 7 y treinta cargos de ayudante técnico, Escalafón «D», Grado 8; un cargo de intendente Escalafón «F», Grado 8, en un cargo de intendente, Escalafón «F», Grado 10; dos cargos de subintendente, Escalafón «F», Grado 7, en dos cargos de subintendente, Escalafón «F», Grado 9; un cargo de encargado I, Escalafón «F», Grado 6, en un cargo de encargado I, Escalafón «F», Grado 8, seis cargos de encargado II, Escalafón «F», Grado 5, en seis cargos de encargado II, Escalafón «F», Grado 7 cuatro cargos de auxiliar de servicio, Escalafón «F», Grado 4, en cuatro cargos de auxiliar de servicio, Escalafón «F», Grado 6; cuatro cargos de chofer, Escalafón «F», Grado 4, en cuatro cargos de chofer, Escalafón «F», Grado 6; cuatro cargos de auxiliar de servicio, Escalafón «F», Grado 3, en cuatro cargos de auxiliar de servicio, Escalafón «F», Grado 5; cuatro cargos de auxiliar de servicio, Escalafón «F», Grado 2, en cuatro cargos de auxiliar de servicio, Escalafón «F», Grado 4, y cuatro cargos de auxiliar de servicio, Escalafón «F», Grado 1, en cuatro cargos de auxiliar de servicio, Escalafón «F», Grado 3.

ARTICULO 140. - Transfórmanse dieciséis cargos de ayudante técnico, Escalafón «D», Grado 5, contratado, en dieciséis cargos de ayudante técnico, Escalafón «D», Grado 5, presupuestado; un cargo de ayudante técnico, Escalafón «B», Grado 7, contratado, en un cargo de ayudante técnico, Escalafón «B», Grado 7, presupuestado; un cargo de técnico 1 - abogado, Escalafón «A», Grado 11, contratado, en un cargo de técnico 1 - abogado, Escalafón «A», Grado 11, presupuestado, y un cargo de administrativo V, Escalafón «C», Grado 4, contratado, en un cargo de administrativo V, Escalafón «C», Grado 4, presupuestado.

ARTICULO 141. - Auméntase en un 30% (treinta por ciento), las remuneraciones de carácter permanente de los funcionarios del Tribunal de Cuentas de los Escalafones «A», «B», «C», «D» y «F».

ARTICULO 146. - Fíjase una retribución adicional sobre las remuneraciones básicas y complementarias sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, en base a la siguiente escala:

Escalafón

Grado

Cargo

%

A

16

director de departamento contador  

40

A

15

subdirector de departamento contador   

40

B

15

ingeniero en computación  

40

A

14

abogado asesor jefe  

40

C

14

director de departamento  

40

C

14

jefe de sección OED I  

40

A

13

asesor I escribano  

40

C

13

subdirector de departamento y secretario de la ONE  

40

C

13

secretario OED I  

40

C

12

jefe de sección OED II  

20

C

11

jefe de sección OED III  

20

C

11

secretario OED II  

20

C

10

secretario OED III  

20

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

ARTICULO 147. - Auméntanse en 40% (cuarenta por ciento), las remuneraciones que perciben los funcionarios de la Corte Electoral, con cargo a los créditos presupuestales y leyes especiales, con excepción de los comprendidos en los Escalafones «P» y «Q».

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

ARTICULO 148. - Increméntase el Renglón 0.6.4.307, «Permanencia a la orden», en $ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil).

ARTICULO 149. - Prorrógase hasta el 30 de junio de 1994 el plazo establecido en el artículo 499 de la ley Nº 16.170, de 28 de octubre de 1990, en la redacción dada por el artículo 363 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, no siendo de aplicación para la Corte Electoral el artículo 12 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y el artículo 11 de la presente ley.

ARTICULO 152. - La dotación de los directores de Departamento Técnico y actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aumentará progresivamente hasta equipararse con la dotación del escribano de actuación del Poder Judicial. La progresión se efectuará cada dos años y será igual al 25% (veinticinco por ciento), de la diferencia existente entre ambas dotaciones hasta llegarse a la equiparación, tomándose como punto de partida la fecha de toma de posesión de los respectivos cargos.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable al secretario del Departamento Jurídico y el porcentaje de progresión será con respecto al director del Departamento Jurídico.

La progresión mencionada en los incisos anteriores sólo será aplicable si los cargos se encuentran en régimen de dedicación exclusiva.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 153. - Para los funcionarios de los cargos mencionados en el artículo anterior que no optaren por el régimen de dedicación exclusiva, la progresión será del 62,5% (sesenta y dos con cinco por ciento), del aumento que les correspondería en dicho régimen.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 154. - Inclúyese el Escalafón «D» en el artículo 390 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 155. - Incorpóranse a la Unidad Ejecutora 001 en el último grado del escalafón administrativo, los funcionarios que presten funciones en comisión en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 156. - Facúltase al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a disponer las modificaciones necesarias para racionalizar las estructuras de cargos de los Escalafones «C», «F», «E» y «D», de acuerdo a las siguientes normas:

A) Las modificaciones de cargos no podrán causar lesión de derechos.

B) El costo de la racionalización de la estructura no podrá exceder el 5% (cinco por ciento), del Rubro 0 del Organismo

C) De la racionalización que se efectúe se dará cuenta a la Asamblea General, al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 157. - Los funcionarios del Escalafón «D» Especializado, que cumplan tareas en el Servicio de Informática Documental y de Gestión del Tribunal, percibirán una compensación del 15% (quince por ciento), sobre sus remuneraciones de naturaleza salarial.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 158. - La partida anual establecida en el artículo 517 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, será de $ 163.293 (pesos uruguayos ciento sesenta y tres mil doscientos noventa y tres).

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.

ARTICULO 159. - Auméntase en un 50% (cincuenta por ciento), el valor del Timbre «Tribunal de lo Contencioso Administrativo».

El producido de este aumento se destinará exclusivamente a los fines establecidos en el artículo 85 de la ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

ARTICULO 160. - Establécese una partida de U$S 12.000 (dólares de los Estados Unidos de América doce mil), para la adquisición de un vehículo para uso de los servicios del organismo.

ARTICULO 161. - Increméntanse los Rubros 2, «Materiales y Suministros», en $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), y 3, «Servicios no personales» en $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), y el Renglón 3.0.0.824, «ANTEL», en $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil).

ARTICULO 162. - Asígnase una partida de $ 100.000 (pesos uruguayos cien mil), para terminar las obras y refaccionar la sede del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 167. - Estarán exonerados del pago de la tasa creada en el artículo anterior:

A) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, con excepción de aquéllos de carácter comercial o industrial.

B) Los que perciban ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos, así como sus demandados (artículos 254 de Constitución de la República). El Tribunal de lo Contencioso Administrativo reglamentará la forma de acreditar el extremo.

C) Los escritos presentados con la firma de los letrados dependientes de la Asesoría de la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

D) Los escritos presentados con la firma de los letrados integrantes de los Consultorios Jurídicos que, con fines docentes, funcionen en la Universidad de la República o Universidades Privadas.

ARTICULO 168. - Increméntase la retribución de los funcionarios dependientes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con excepción de los pertenecientes al Escalafón «N», en el mismo porcentaje de aumento que resulte de la aplicación del artículo 134 de la presente ley para los funcionarios de los escalafones II a VI del Poder Judicial.

ARTICULO 169. - Asígnase a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), una partida especial, por única vez, de $ 141:645.500 (pesos uruguayos ciento cuarenta y un millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos), para incorporar a los sueldos de su personal, a partir del 1º de marzo de 1993, las partidas de alimentación y de contribución por asistencia médica vigentes, al sólo efecto de la liquidación del montepío y del Impuesto a las Retribuciones Personales.

Será de aplicación lo previsto por el artículo 394 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Una vez efectuada por el Ente la liquidación establecida en el inciso primero, éste comunicará a la Contaduría General de la Nación los montos en que deberán disminuirse los créditos correspondientes al Rubro 2, «Materiales y Suministros», de cada Programa del Inciso, a fin de proceder a su adecuación en el Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 1993.

ARTICULO 170. - Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a realizar un Programa con financiamiento externo, correspondiente a la solicitud de préstamo gestionada ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Proyecto «Fortalecimiento de Area Social», UR-0087, por $ 27:856.000 (pesos uruguayos veintisiete millones ochocientos cincuenta y seis mil), equivalentes a U$S 8:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América ocho millones), de los cuales $ 5:571.200 (pesos uruguayos cinco millones quinientos setenta y un mil doscientos), corresponden a la contrapartida nacional.

Dicho Programa tendrá una asignación presupuestal para 1994 de $ 1:392.800 (pesos uruguayos un millón trescientos noventa y dos mil ochocientos), equivalentes a U$S 400.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos mil), financiada con cargo a Rentas Generales y $ 5:571.200 (pesos uruguayos cinco millones quinientos setenta y un mil doscientos), equivalentes a U$S 1:600.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón seiscientos mil), financiada con cargo a Endeudamiento Externo.

ARTICULO 173. - Increméntase el Rubro 0, «Retribuciones de Servicios Personales», de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en $ 218:061.000 (pesos uruguayos doscientos dieciocho millones sesenta y un mil), a valores del 1º de enero de 1993, a efectos de incorporar a las retribuciones del personal del Ente las partidas de alimentación y de contribución por asistencia médica y de recomponer la relación entre grados de los escalafones docente y no docente vigentes al 1º de enero de 1993.

Será de aplicación lo previsto por el artículo 394 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 174. - Las asignaciones previstas en los artículos 612 y 613 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y en los artículos 417 y 418 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, para la realización de los proyectos de inglés e informática en Educación Primaria, Fortalecimiento de la Educación Técnica y Mejoramiento de la Calidad en Educación Primaria, se mantendrán vigentes hasta la aprobación del próximo Presupuesto Nacional, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 228 de la Constitución.

ARTICULO 175. - Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a contraer un crédito de uso en las siguientes condiciones:

A) El objeto será un inmueble, propiedad actual de un organismo estatal o paraestatal, con destino a la sede del Consejo de Educación Secundaria.

B) Dador, Banco de la República Oriental del Uruguay.

C) Plazo, diez años.

D) Monto, no superior a 100.000 UR (cien mil unidades reajustables), más costos administrativos, financieros, e intereses que fije el dador, incluidos en las correspondientes cuotas.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos necesarios, y en su caso trasferirá los que resulten liberados del pago del arrendamiento de la actual sede del referido Consejo.

ARTICULO 176. - La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), podrá aplicar sus ingresos extrapresupuestales provenientes de los productos o servicios que los establecimientos del organismo vendan o arrienden, al pago de incentivos a funcionarios del organismo y becas de ayuda económica a estudiantes que contribuyan a generarlos. El incentivo no podrá exceder el 40% (cuarenta por ciento), de las retribuciones mensuales permanentes sujetas a montepío.

ARTICULO 178. - Sustitúyese el artículo 1º del decreto-ley Nº 14.414, de 12 de agosto de 1975, por el siguiente:

«ARTICULO 1º. - Los funcionarios docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que no deseen acogerse a la pasividad al cumplir los veinticinco años de actividad, podrán continuar en ésta por períodos sucesivos de cinco años, siempre que lo manifiesten en los treinta días subsiguientes a la fecha en que el funcionario haya cumplido los veinticinco o, en su caso, treinta o treinta y cinco años de servicio.

El Consejo dispondrá de un plazo máximo de ciento ochenta días corridos, contados a partir de la fecha de la solicitud para verificar la correcta actuación docente y la capacidad psicofísica requerida para el cumplimiento de sus tareas. Vencido dicho plazo, sin resolución denegatoria por las causales antes mencionadas, la prórroga correspondiente se reputará concedida de pleno derecho».

ARTICULO 179. - Facúltase a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a constituir un fondo con los descuentos que, por inasistencias, fuera cual fuere su naturaleza, se practiquen a sus funcionarios, con destino a incremento del Rubro 0.

A tal efecto, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), comunicará a la Contaduría General de la Nación las trasposiciones resultantes de la aplicación del inciso anterior, realizándose la habilitación en el Rubro 0, «Retribuciones de Servicios Personales».

ARTICULO 180. - Increméntase el Rubro 0, «Retribuciones de Servicios Personales», del Inciso 25 «Administración Nacional de Educación Pública» (ANEP), en la cantidad necesaria, y a valores del 1º de enero de 1993, a fin de otorgar un aumento general de sueldos de un 6,6% (seis con seis por ciento), a partir del 1º de enero de 1994, a los funcionarios docentes y no docentes del organismo, con excepción de los cargos de los Escalafones «P», «Q» y «R».

ARTICULO 181. - Increméntase el Rubro 9, «Asignaciones Globales», del Inciso 25 «Administración Nacional de Educación Pública» (ANEP), en $ 3:482.000 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil), equivalentes a U$S 1:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón), a valores de 1º de enero de 1993.

Será de aplicación lo previsto por el artículo 394 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 182. - Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a adquirir material y equipamiento didáctico con financiación externa por hasta $ 87:050.000 (pesos uruguayos ochenta y siete millones cincuenta mil), equivalente a U$S 25:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinticinco millones), en el marco del convenio celebrado por la República con el Reino de España.

Autorízase a contratar directamente las obras y suministros necesarios con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa.

ARTICULO 183. - Sustitúyese los literales «D», «E», y «F» del artículo 519 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

«D) Para reforzar las asignaciones de inversiones con créditos asignados a gastos corrientes o al Rubro 0, «Retribuciones de Servicios Personales».

E) Para reforzar los créditos de los Rubros 2, «Materiales y Suministros» y 3, «Servicios no Personales», se podrá utilizar hasta un 10% (diez por ciento), de los créditos asignados a inversiones.

F) No podrán servir como partidas de refuerzo para otros rubros, las de carácter restimativo del Rubro 8, «Servicios de Deudas y Anticipos», y Subrubro 7.5, «Transferencias a Unidades Familiares», por personal en actividad. El Consejo Directivo Central podrá disponer trasposiciones de crédito entre renglones pertenecientes al Subrubro 7.5, «Transferencias a Unidades Familiares», con el límite del crédito permanente asignado al Inciso en dicho subrubro».

ARTICULO 184. - Increméntase el Rubro 0 de la Universidad de la República en el equivalente a U$S 18:161.765 (dólares de los Estados Unidos de América dieciocho millones ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y cinco).

ARTICULO 185. - Consolídase la partida establecida en el artículo 424 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, con cargo a Rentas Generales y con el destino previsto en el artículo 408 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, la que tendrá carácter permanente.

ARTICULO 186. - Consolídase la partida establecida en el artículo 425 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, con cargo a Rentas Generales y con destino a los gastos de funcionamiento del Hospital de Clínicas «Doctor Manuel Quintela», excluidas las retribuciones personales, la que tendrá carácter permanente.

ARTICULO 187. - Otórgase una partida anual de $ 1:392.800 (pesos uruguayos un millón trescientos noventa y dos mil ochocientos), equivalentes a U$S 400.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos mil), para financiar el dictado de cursos intensivos de actualización, especialización y reciclaje de graduados.

ARTICULO 188. - Otórgase una partida anual de $ 2:089.200 (pesos uruguayos dos millones ochenta y nueve mil doscientos), equivalentes a U$S 600.000 (dólares de los Estados Unidos de América seiscientos mil), a efectos de ser utilizada como contrapartida de convenios de carácter nacional o internacional.

ARTICULO 189. - Otórgase una partida anual de $ 696.400 (pesos uruguayos seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos), equivalentes a U$S 200.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos mil), a efecto de apoyar las actividades que desarrollen los investigadores que se han perfeccionado en el exterior.

ARTICULO 190. - Otórgase una partida anual de $ 1:392.800 (pesos uruguayos un millón trescientos noventa y dos mil ochocientos), equivalentes a U$S 400.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos mil), destinada a la mejora de gestión de los servicios universitarios.

ARTICULO 191. - Otórgase una partida anual de $ 2:785.600 (pesos uruguayos dos millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos), equivalentes a U$S 800.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochocientos mil), con destino al Proyecto «Construcción, Reparación y Mantenimiento del Hospital de Clínicas Doctor Manuel Quintela».

Autorízase a la Universidad de la República a gestionar un Programa con financiamiento externo para el reciclaje del Hospital de Clínicas «Doctor Manuel Quintela».

ARTICULO 192. - Otórgase una partida anual de $ 2:785.600 (pesos uruguayos dos millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos), equivalentes a U$S 800.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochocientos mil), a efecto de atender el funcionamiento del Hospital de Clínicas «Doctor Manuel Quintela».

ARTICULO 194. - Otórgase a los funcionarios del Instituto Nacional del Menor (INAME), con excepción de los titulares de los cargos políticos y de particular confianza y personal docente, una compensación mensual de $ 248,48 (pesos uruguayos doscientos cuarenta y ocho con cuarenta y ocho centésimos), y un incremento del 13,38% (trece con treinta y ocho por ciento), sobre sus retribuciones de carácter permanente sujetas a montepío, con excepción de la prima por antigüedad y la compensación establecida en el presente artículo.

ARTICULO 195. - Otórgase a los funcionarios del Instituto Nacional del Menor (INAME), con excepción de los cargos políticos y de particular confianza, una compensación mensual del 6,6% (seis con seis por ciento), a partir del 1º de enero de 1994, y del 3,19% (tres con diecinueve por ciento), a partir del 1º de julio de 1994, las que se calcularán sobre el total de retribuciones sujetas a montepío, con excepción de la prima por antigüedad.

ARTICULO 196. - Sustitúyese el artículo 230 de la ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

«ARTICULO 230. - Los establecimientos privados de tiempo completo que alberguen menores a cargo del Instituto Nacional del Menor, percibirán mensualmente por el cuidado y mantenimiento integral de los mismos, sin perjuicio de los aportes en especies que se convengan, un reintegro de gastos de $ 400 (pesos uruguayos cuatrocientos). Este importe se incrementará en un 10% (diez por ciento), en un 20% (veinte por ciento), o en un 100% (cien por ciento), según se trate de escolares, liceales o discapacitados, respectivamente.

Dichos reintegros se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 68, 69 y 70 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

ARTICULO 198. - Declárase, por vía interpretativa, que los docentes del Instituto Nacional del Menor (INAME), que se acogieron a los beneficios jubilatorios en el período comprendido entre el 1º de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1991 tienen derecho a reformar sus cédulas jubilatorias en base a los sueldos docentes de la Administración Nacional de Educación Pública de ese período, en virtud de la equiparación resultante del artículo 413 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

ARTICULO 206. - Los contribuyentes del Banco de Previsión Social promitentes compradores o poseedores de vehículos de carga o transporte, cuya adquisición sea anterior al 1º de enero de 1989, podrán inscribir la compraventa ante los Registros correspondientes previa presentación del certificado habilitante que a estos solos efectos expedirá el Banco de Previsión Social siempre que se hagan cargo de las obligaciones tributarias generadas desde la fecha antes referida y regularicen su situación contributiva.

ARTICULO 208. - Fíjase en el equivalente a U$S 60.000 (dólares de los Estados Unidos de América sesenta mil), la partida anual destinada a funcionamiento e inversiones de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado creada por la ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989.

ARTICULO 209. - Incorpórase a la nómina del artículo 618 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, la siguiente institución sin fines de lucro, con el monto que se indica:

«Museo Marítimo Malvín» $ 12.000 (pesos uruguayos doce mil).

ARTICULO 210. - Increméntase en $ 40.000 (pesos uruguayos cuarenta mil), la partida anual establecida en el artículo 435 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, con destino a la Asociación Uruguaya de Enfermedades Musculares.

ARTICULO 211. - Fíjase en $ 50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil), la partida anual destinada a la Asociación Nacional para el Niño Lisiado (Escuela Franklin Delano Roosevelt) y en $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), la partida anual destinada a la Escuela Nº 200 de Discapacitados.

ARTICULO 212. - Increméntase en el Inciso 21 «Subsidios y Subvenciones», Programa 002 «Subsidios», Renglón 7.3.5.001, la partida, con destino al Movimiento de la Juventud Agraria en $ 30.000 (pesos uruguayos treinta mil), establecida por el artículo 618 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

ARTICULO 213. - Asígnase una partida anual para los años 1993 y 1994 de $ 17:400.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos mil), equivalentes de U$S 5:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones), que se financiará con recursos del Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ejecución directa de obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura física departamental que esté a cargo de las Intendencias Municipales del interior del país o como contrapartida local de obras financiadas con recursos provenientes de organismos internacionales de crédito.

Las Intendencias Municipales del interior no podrán aplicar, en ningún caso, estos fondos al pago de sueldos y jornales.

Dichos montos se aplicarán proporcionalmente al coeficiente de distribución en función de superficie y población establecido en el artículo 2º de la ley Nº 14.082, de 29 de agosto de 1972.

La asignación de estas partidas no excluye la participación de todas las Intendencias Municipales en la concesión de recursos provenientes de organismos internacionales de crédito.

ARTICULO 214. - Asígnase a la Asociación de Ayuda y Servicio la suma de $ 135.000 (pesos uruguayos ciento treinta y cinco mil), la que será vertida directamente al Banco de Previsión Social por concepto de adeudos los que estarán exentos de multas y recargos.

Otórgase asimismo, una partida anual de $ 70.000 (pesos uruguayos setenta mil), para la referida Asociación, destinada a solventar sus cometidos específicos. Dicha partida será liberada mensualmente, previa certificación de estar al día en sus aportes al Banco de Previsión Social.

ARTICULO 215. - Otórgase, por única vez, una partida de U$S 100.000 (dólares de los Estados Unidos de América cien mil), a la Caja de Auxilio de Vendedores de Diarios y Revistas, destinada a la compra de un montacargas con su estructura especial y equipamiento de su sanatorio propio.

La referida institución deberá recabar del Ministerio de Salud Pública la aprobación preliminar de las compras a efectuar y posteriormente presentará los recaudos necesarios en el Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTICULO 219. - Agrégase al artículo 24 del Título 4 del Texto Ordenado 1991, el siguiente literal:

«E) Los dividendos o utilidades no comprendidos en el literal D) del artículo 2º».

ARTICULO 220. - Sin perjuicio de la facultad que otorga al Poder Ejecutivo el artículo 5º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, para determinar las operaciones que quedan comprendidas en el concepto de exportación de servicios, se entienden por tales los fletes internacionales para el transporte de bienes que circulan en tránsito en el territorio nacional.

ARTICULO 221. - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«En los casos previstos en los apartados precedentes se requerirá que dichos impuestos provengan de bienes y servicios que integran directa o indirectamente el costo de bienes y servicios destinados a las operaciones gravadas. Cuando se trate del impuesto incluido en la adquisición de vehículos, sólo se permitirá deducir, en las condiciones de este inciso, el correspondiente a vehículos utilitarios (camiones y camionetas) y el de los restantes vehículos que en base a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, sean necesarios para la gestión del contribuyente, debiéndose comunicar a la Dirección General Impositiva, en cada caso, el precio de compra, marca, tipo, modelo de vehículo y finalidad de su uso».

ARTICULO 224. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 9º del Título 14 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«Las personas físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas, solamente podrán deducir como pasivo el promedio en el ejercicio de los saldos a fin de cada mes de las deudas contraídas en el país con los sujetos pasivos del Impuesto a los Activos Bancarios, a condición de que dichos saldos sean computables para el pago de dicho impuesto. A este último efecto, será prueba suficiente para el deudor, la constancia de tales extremos expedida por el acreedor».

ARTICULO 225. - Sustitúyese el artículo 13 del Título 14 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

ARTICULO 13. - El patrimonio de las personas jurídicas, de las personas jurídicas del exterior y el afectado a actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, se avaluarán, en lo pertinente, por las normas que rijan para dicho impuesto.

El valor de los inmuebles urbanos y suburbanos, a excepción de los que sirvan de asiento a explotaciones industriales o comerciales, se computará por el mayor entre el valor real y el determinado conforme a las normas aplicables para la liquidación del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, vigente al cierre del ejercicio.

Los bienes muebles del equipo industrial directamente afectado al ciclo productivo y que se adquieran con posterioridad al 1º de enero de 1988, se computarán por el 50% (cincuenta por ciento), de su valor fiscal.

Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder a las industrias manufactureras y extractivas una deducción complementaria de hasta el 25% (veinticinco por ciento), del patrimonio ajustado fiscalmente, en función de la distancia de su ubicación geográfica con respecto a Montevideo.

Sólo se admitirá deducir como pasivo:

A) El promedio en el ejercicio de los saldos a fin de cada mes de las deudas contraídas en el país con los sujetos pasivos del Impuesto a los Activos Bancarios, a condición de que dichos saldos sean computables para el pago de dicho impuesto. A este último efecto, será prueba suficiente para el deudor, la constancia de tales extremos expedida por el acreedor.

B) Las deudas contraídas con organismos internacionales de crédito que integre el Uruguay.

C) Las deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de todo tipo, salvo préstamos, colocaciones, garantías y saldos de precios de importaciones, siempre que dichos bienes y servicios se destinen a la actividad del deudor. Las deudas a que refiere este literal, cuyo acreedor sea una persona de Derecho Público, no serán deducibles.

D) Las deudas por tributos y prestaciones coactivas a personas públicas no estatales, cuyo plazo para el pago no haya vencido al cierre del ejercicio.

Las limitaciones establecidas en el presente inciso no serán aplicables a los sujetos pasivos del Impuesto a los Activos Bancarios.

Cuando existan activos en el exterior y activos exentos se computará como pasivo el importe de las deudas deducibles que exceda el valor de dichos archivos.

El patrimonio de las sociedades personales y en comandita por acciones afectado a explotaciones agropecuarias se determinará de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 9º y 10º.

ARTICULO 226. - Considéranse como activo exento para el Impuesto al Patrimonio, los bienes inmuebles, excluidas las mejoras, destinados a la explotación agropecuaria.

El porcentaje máximo a que refiere el literal F) del artículo 10 del Título 14 del Texto Ordenado 1991, será del 40% (cuarenta por ciento).

Estas disposiciones regirán para los ejercicios finalizados entre el 31 de diciembre de 1993 y el 30 de noviembre de 1995.

ARTICULO 227. - Considéranse activos no computables a los efectos del Impuesto al Patrimonio de los Ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 1995 inclusive, los bienes muebles e inmuebles y sus mejoras, directamente afectados al ciclo productivo industrial, incorporados entre el 1º de agosto de 1993 y el 31 de diciembre de 1995. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, estos bienes serán considerados como activos gravados a los efectos del cálculo del pasivo computable para determinar el patrimonio neto gravado.

ARTICULO 228. - Agréganse al artículo 619 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 457 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, los incisos siguientes:

«En este último caso, el impuesto se considerará mensual tomándose un duodécimo de su importe anual para cada mes que restare del ejercicio.

Facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a aplicar esta disposición a los adeudos pendientes de ejercicios anteriores».

ARTICULO 229. - Sustitúyese, con vigencia al 1º de enero de 1993, el artículo 6º del Título 19 del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 6º. (Tasas). - Los hechos gravados por este impuesto tributarán de acuerdo con las siguientes tasas: a) enajenante 2% (dos por ciento); b) adquirente 2% (dos por ciento), y c) los demás contribuyentes el 4% (cuatro por ciento), excepto los herederos y legatarios en línea recta ascendente o descendente con el causante, para los cuales será el 3% (tres por ciento)».

ARTICULO 230. - Lo dispuesto por el artículo 461 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, será aplicable a las obligaciones de los sujetos pasivos de los tributos que recauda la Dirección General Impositiva.

ARTICULO 234. - Sustitúyese el artículo 1º de la ley Nº 16.298, de 18 de agosto de 1992, por el siguiente:

«ARTICULO 1º. - En las enajenaciones previstas en el numeral 8) del artículo 663 y en los numerales 3), 4) y 5) del artículo 664 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se prescindirá de los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social a que refieren esas normas, cuando dichas operaciones se lleven a cabo por expropiación, por cumplimiento forzado de la ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931 y concordantes, o por ejecución forzada judicial o extrajudicial y en las adjudicaciones al Banco Hipotecario del Uruguay posteriores a remates frustrados.

En tales no serán de aplicación los artículos 667 y 668 de la referida ley».

ARTICULO 236. - La cuantía de las sanciones por infracciones al régimen de aportaciones a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, una vez que se hubieren cancelado los aportes, será actualizada de acuerdo con el procedimiento previsto por el decreto-ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976.

ARTICULO 237. - Cuando los beneficiarios de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones no cumplieran con las obligaciones a su cargo, o con los deberes formales que les sean impuestos, podrán ser suspendidos en el goce de las prestaciones hasta tanto regularicen su situación.

ARTICULO 238. - El aporte jubilatorio de montepío notarial que devengue la actividad de los afiliados referidos en los literales B) y C) del artículo 20 de la ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941, corresponderá por mitades entre patrono y empleado y se calculará sobre las remuneraciones fijadas administrativamente o por convenio colectivo, o sobre las reales percibidas si fueren superiores.

El patrono será agente de retención del aporte del empleado. En caso de que la parte empleadora esté constituida por más de un escribano, los mismos responderán solidariamente por las obligaciones para con la Caja.

En el caso de reconocimiento de servicios anteriores a la vigencia de la presente ley, la aportación correspondiente deberá hacerse sobre los sueldos fictos vigentes al momento de la resolución respectiva, con más el interés previsto por el decreto-ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976 desde la fecha de comienzo de la actividad.

ARTICULO 239. - Cuando los afiliados comprendidos en el literal A) del artículo 20 de la ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941, no alcancen a satisfacer en el año civil una suma equivalente a la que resulte de la aplicación de la tasa fijada por el artículo 18 de la referida ley y sus modificativas, sobre el monto anual de la jubilación mínima por la causal común, deberán completar la aportación hasta la suma concurrente.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso anterior, el Directorio podrá reducir dicha suma estableciendo proporciones diferentes de aportación mínima, o fraccionar su pago, atendiendo a la antigüedad en la afiliación, la situación económico-financiera del Instituto y el nivel de la actividad profesional.

ARTICULO 240. - La Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones estará dirigida por un Directorio honorario compuesto de siete miembros, que se integrará de la siguiente manera:

- Un miembro afiliado escribano en actividad designado por el Poder Ejecutivo.

- Un miembro escribano integrante del Poder Judicial, designado por la Suprema Corte de Justicia.

- Un miembro afiliado jubilado, electo por los jubilados.

- Un miembro afiliado empleado en actividades, electo por los empleados activos.

- Tres miembros afiliados escribanos en actividad, electos por los escribanos activos.

ARTICULO 241. - Sustitúyese el artículo 695 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

«ARTICULO 695. - Autorízase al Banco Central del Uruguay a vender estas monedas a un precio que considere el valor del oro que contienen según el mercado vendedor de cada jornada, más el costo de acuñación y gastos de administración, más un 20% (veinte por ciento), de la suma resultante, cuyo destino se determina en la presente ley».

ARTICULO 244. - Modifícase la frase final del literal j) «in fine» del artículo 4º del decreto-ley Nº 15.031, de 4 de julio de 1980, en la redacción dada por el artículo 27 de la ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991, la que queda redactada en los siguientes términos:

«A tales fines podrá asociarse en forma accidental o permanente con otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como contratar o subcontratar con ellas la complementación de sus tareas».

ARTICULO 245. - Extiéndese a las Intendencias Municipales desde la fecha de promulgación de esta ley, lo dispuesto en el artículo 239 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, para la ejecución de obras públicas a su cargo.

ARTICULO 246. - Interprétase que la Cooperativa de Trabajadores Hábiles e Inhábiles de capacitación y desarrollo laboral del discapacitado intelectual por sistema cooperativo (COTHAIN), está incluida en las instituciones declaradas exoneradas de tributos por el artículo 134 de la ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 (artículo 69 de la Constitución).

ARTICULO 248. - El organismo coordinador de las actividades que se requieren para el manejo de la Línea de Crédito a que refiere el Convenio mencionado en el artículo anterior, será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que aprobará el uso de los recursos a escala nacional, recibirá los recursos y los transferirá a los organismos ejecutores responsables de los proyectos y designará funcionarios que la representen en el cumplimiento de dichas responsabilidades.

En caso de no suscribirse el contrato de préstamo respectivo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitirá la información pertinente al Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos que autorice la cancelación del endeudamiento correspondiente.

ARTICULO 249. - Incorpórase en el giro de todos los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados el prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en las áreas de su respectiva especialidad, tanto en el territorio de la República como en el exterior. A tales fines podrán asociarse en forma accidental o permanente con otras entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, así como contratar o subcontratar con ellas la complementación de sus tareas.

ARTICULO 250. - La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos del caso para la ejecución de las normas presupuestales previstas en la presente ley.»)

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos que no ameritaron su desglose.

(Se votan:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa al tratamiento de los artículos desglosados.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1992, con un superávit de $ 38:351.995 (pesos uruguayos treinta y ocho millones trescientos cincuenta y un mil novecientos noventa y cinco), según los anexos que acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.»)

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Me gustaría saber quién solicitó que se desglosara este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Fue un representante del Partido Por el Gobierno del Pueblo .

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - En el día de ayer, para marcar la votación negativa de este artículo, en la discusión general señalamos que nuestra discrepancia con el mismo no radica en la Rendición de Cuentas en su sentido estricto, sino en el balance de Ejecución Presupuestal. Tal como lo afirmé en el día de ayer, nuestra oposición, en términos muy radicales, es sobre algunos aspectos de la ejecución presupuestal.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - El Frente Amplio también solicitó el desglose de este artículo a fin de marcar nuestra votación negativa por discrepancias con la ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 1992. Nuestros motivos ya los hemos expuesto en la discusión general realizada en el día de ayer.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-18 en 27. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 3º. - Fíjase en $ 6.752 (pesos uruguayos seis mil setecientos cincuenta y dos), a valores de 1º de julio de 1993, la retribución de los siguientes cargos:

Ministro de Estado.
Secretario de la Presidencia de la República.
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Ministro del Tribunal de Cuentas.
Ministro de la Corte Electoral.
Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.
Rector de la Universidad de la República.
Presidente, vicepresidente y director del Banco de Previsión Social.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Fíjase en $ 5.871 (pesos uruguayos cinco mil ochocientos setenta y uno), a valores de 1º de julio de 1993, la retribución de los siguientes cargos:

Subsecretario de Estado.

Consejero del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

Presidente del Instituto Nacional del Menor.

Las retribuciones establecidas para los cargos referidos en los incisos precedentes no incluyen la retribución complementaria por dedicación permanente dispuesta por el artículo 16 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 5º de la presente ley, ni los gastos de representación establecidos por el artículo 17 de la ley Nº 16.170.

El monto total de las retribuciones sujetas a montepío de los cargos antes referidos no podrá superar el que corresponda a los titulares del Poder Legislativo.»)

-Este artículo lo incluyó en la lista de desglosados la propia Presidencia, para formular la siguiente pregunta.

En esta disposición se fijan las retribuciones de una cantidad de cargos jerárquicos de la organización del Estado. En realidad, se fijan los sueldos de los jerarcas de todos los organismos -excepto los de la Presidencia de la República- comprendidos en el Presupuesto nacional, es decir el Poder Ejecutivo y los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución. No obstante, noto aquí una anomalía o una falta. Por ejemplo, en el Banco de Previsión Social están comprendidos todos los cargos, es decir, el de presidente, el de vicepresidente y el de director; en la Administración Nacional de Educación Pública consta el sueldo del presidente con un determinado nivel y luego, en otro, el de los consejeros. Pero, en el caso del Instituto Nacional del Menor, aparece el sueldo del presidente en un nivel inferior y, como este organismo cuenta con tres directores, pregunto cuál es el sueldo de los otros miembros del directorio.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Este artículo vino propuesto por el Poder Ejecutivo y, prácticamente, no se le hicieron modificaciones, por lo que la inquietud planteada por el señor Presidente es pertinente.

Es probable -y como no estoy seguro pienso que sería conveniente aplazarlo hasta obtener la información correspondiente- que en la Ley Orgánica del Instituto Nacional del Menor esté fijada la remuneración de los otros señores consejeros en función de la del señor presidente. De no ser así, habría que establecerlo en este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pienso que no nos cuesta nada poner «presidente y consejeros del Instituto Nacional del Menor».

SEÑOR CASSINA. - Estoy de acuerdo.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Esa salida podría ser conveniente siempre que en las normas a las que aludía el señor senador Cassina no existiera una correlación entre el sueldo del presidente y de los restantes directores. Formulo moción para que se aplace este artículo hasta que no tengamos dudas sobre su contenido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Mientras algún señor senador se ocupa de obtener dicha información, pasamos a votar el aplazamiento de este artículo.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aplazado el artículo 3º.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 4º. - La retribución de los presidentes de los Directorios de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, será equivalente al total de la retribución de los ministros de Estado, y la de los miembros de los referidos Directorios será equivalente a la de los subsecretarios de Estado.»)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Quisiera hacer una modificación en la redacción, pues seguramente se trata de un error.

A través de este artículo se fija la retribución de los presidentes de los Directorios de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución, así como de sus miembros. Creo que desde el punto de vista constitucional corresponde que el propio organismo fije su presupuesto y que posteriormente sea sometido a consideración del Poder Ejecutivo aunque nos hemos encontrado con varios inconvenientes. En primer lugar, pienso que los miembros de estos Directorios se sienten en una situación muy especial al tener que fijar sus propios sueldos y, además, se ven enfrentados a que algunos funcionarios administrativos estén ganando el doble o el triple de lo que ellos perciben. En la Comisión se manejó la posibilidad de equipararlos con estos funcionarios, aunque no pareció ser la solución más conveniente. Por esa razón se incorporó una disposición que establece un límite, expresando que la retribución de los presidentes de los Directorios de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República será equivalente al total de la retribución, pero cuando menciona a los miembros no expresa que será igual al total de lo que perciben los subsecretarios. Por lo tanto, en el último párrafo, luego de «equivalente», habría que agregar «al total de la de los subsecretarios de Estado.» De esta forma, quedaría igual que en el párrafo primero, cuando se refiere a los presidentes.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - En realidad, señor Presidente, prefiero que primero se resuelva la situación que plantea el artículo 4º. Pedí la palabra porque he resuelto la duda que teníamos acerca del artículo 3º, pero me referiré a esa información luego de votado el artículo 4º.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: advierto que no formulo ninguna objeción al contenido ni a la intención de este artículo, sino simplemente manifiesto que, a mi juicio, no está bien redactado porque no queda claro qué es lo que se quiere expresar cuando se dice que la retribución de los presidentes de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución será equivalente al total de la retribución de los ministros de Estado. ¿Quiere decir que se suma lo que deben ganar todos los presidentes y todos los ministros y ambas cifras deben ser iguales? A mi entender, debería establecerse «de cada ministro» o «de un ministro».

SEÑOR PEREYRA. - También podría hablarse en singular.

SEÑOR KORZENIAK. - En segundo término, quiero dejar constancia de que esta disposición no violenta el sistema de los presupuestos de los Entes Autónomos, aun de los comerciales e industriales, porque el artículo 221 de la Constitución en su parte final sostiene que es la ley la que fija las cantidades que se pueden asignar a los gastos de dirección y administración.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - En primer lugar, señalo que voté en Comisión esta disposición un poco a contrapelo de mis propias ideas, debido a que hay ciertos argumentos que justifican su inclusión, dado que en casi todos los organismos del Estado los gerentes ganan más que los directores, lo que no parece muy equilibrado.

Concretamente, en este artículo se expresa que la retribución de los presidentes de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución será equivalente al total -y me adelanto a introducir la modificación señalada- de la retribución de un ministro de Estado. En tal sentido, me pregunto qué significa el total de la retribución. ¿Quiere decir que se trata del sueldo más los gastos de representación y más todos los otros beneficios o solamente de la retribución que figura en planilla? Digo esto porque debemos tener en cuenta que en la Ley de Presupuesto se establece un porcentaje del sueldo de los ministros como gastos de representación. Asimismo, el inciso final del artículo 3º expresa: «El monto total de las retribuciones sujetas a montepío de los cargos antes referidos no podrá superar el que corresponda a los titulares del Poder Legislativo». Sin duda, se trata de un giro poético, pero normalmente los sueldos no sujetos a montepío que tienen los ministros de Estado y los directores de Entes Autónomos son muy importantes y superan con creces el de los propios legisladores. Aclaro que no pretendo comenzar una discusión sobre este punto, sino que simplemente formulo estas preguntas porque parecen pertinentes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Es cierto que los ministros de Estado tienen gastos de representación, pero también los tienen los presidentes de los organismos del artículo 221 de la Constitución. En consecuencia, sólo habría que ajustar las cantidades. Por otra parte, en cuanto a la observación que hacía el señor senador Korzeniak, creo que alcanzaría con expresar «del ministro de Estado y del subsecretario».

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Insisto en que la parte final del artículo 221 de la Constitución expresa que la ley puede fijar los porcentajes que cada Ente podrá destinar a sueldos y gastos de dirección y administración. Si bien como decía el señor senador Pereyra ello no significa fijar el sueldo de los directores, sino el porcentaje que cada Ente podrá establecer -que es un criterio mucho más amplio- lo que alguna vez se ha entendido es que cuando se trata de normas generales como estas, pueden ser aplicadas -como disposiciones estatutarias- a todos los directores de los Entes.

Por último, repito, considero que no estamos votando un artículo que se contradiga con el sistema presupuestal de los Entes Autónomos.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: simplemente deseo destacar que estamos de acuerdo con las modificaciones que se proponen a este artículo. Asimismo, entendemos que el límite que establece el inciso final del artículo 3º en cuanto a que no se pueden superar las remuneraciones de los titulares del Poder Legislativo, obviamente rige también para el artículo 4º. Si así no se entendiera, habría que establecerlo claramente. Esto es así en tanto el sueldo de los ministros y de los subsecretarios de Estado tiene esa limitación.

SEÑOR PRESIDENTE. - A juicio de la Presidencia, el problema quedaría resuelto con la siguiente redacción: «La retribución de presidentes de los Directorios de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República será equivalente al total de la retribución de ministro de Estado y la de los miembros de los referidos Directorios será equivalente al total de las de subsecretario de Estado».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con la redacción propuesta.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para referirse al artículo 3º -que había sido oportunamente aplazado- tiene la palabra el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - El literal C) del artículo 9º de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, establece que la retribución de los directores del INAME será equivalente al 85% de la del presidente. Por lo tanto, se puede votar el artículo 3º tal como viene redactado, ya que al fijar la retribución del presidente quedan establecidas las de los restantes directores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 3º.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Con respecto al artículo 4º, debo decir que a mi juicio habría que buscar un sistema distinto para fijar la retribución de los presidentes de los Directorios de los Entes Autónomos y de los distintos cargos, y no hacerlo vinculándolos con otros cargos de tipo electivo, porque estamos llegando a límites en los que estos últimos son los que perciben menos retribución. En tal sentido, tengo la seguridad de que hay jerarcas de la Administración que cobran más que el presidente de la República y que los legisladores. A su vez, señalo esto sin ninguna violencia porque del sueldo que me corresponde como senador solamente llevo la mitad para mi casa. Quise efectuar estas manifestaciones porque en muchas oportunidades los integrantes del Parlamento son enjuiciados por el conjunto de la opinión pública por lo que perciben, cuando hay gerentes del Estado que ganan el triple. De todas formas, con esto no quiero decir que no cumplan una función muy importante. Además, quienes se desempeñan en la actividad privada ganan más que los que lo hacen en la actividad pública.

En conclusión, dejo constancia de que he votado esta disposición en el entendido de que los presidentes de los Directorios de las empresas públicas y de los bancos del Estado van a ganar el total de la retribución de un ministro de Estado, lo que quiere decir el sueldo más los gastos de representación y todos los demás beneficios.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 5º. - Sustitúyese el artículo 5º de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

«ARTICULO 16. - Fíjase una retribución complementaria por dedicación permanente, de un 45% (cuarenta y cinco por ciento), de sus respectivas retribuciones sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, para los cargos pertenecientes a los escalafones P ‘Personal Político’, Q ‘Personal de Particular Confianza’, N ‘Personal Judicial’, I del Poder Judicial, magistrados del Ministerio Público y Fiscal, II del Poder Judicial, y para los funcionarios referidos en el artículo 326 de la ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

En estos dos últimos casos la compensación se percibirá cuando exista incompatibilidad total o parcial para el ejercicio de la profesión, estando los funcionarios referidos excluidos del beneficio dispuesto por el artículo 477 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.»)

-El artículo 5º fue incluido por la Presidencia entre los desglosados, porque tiene una redacción deficiente desde el punto de vista de la técnica legislativa y no porque ella esté en contra de su aprobación.

El artículo 16 de la ley Nº 16.170 fue modificado por el artículo 5º de la ley Nº 16.226, que le dio otra redacción. La disposición aprobada en la Comisión establece: «Sustitúyese el artículo 5º de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente: ‘Artículo 5º. - Sustitúyese el artículo 16 de la ley Nº 16.170’, etcétera. Se trata de una sustitución, como diríamos en la técnica del derecho penal, en reiteración real.

Por consiguiente, sugiero que el artículo quede redactado de la siguiente forma: «Sustitúyese el artículo 16 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 5º de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:», continuando con la misma redacción.

Si no hay inconveniente, se va a votar el artículo 5º con la redacción sugerida.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 8º. - Increméntase la compensación al grado establecida en el artículo 26 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, al porcentaje máximo establecido en dicho artículo para todos los cargos y funciones contratadas pertenecientes a las unidades ejecutoras de los Incisos 02 al 14. A efectos de determinar el porcentaje de compensación vigente se tomarán en cuenta también los ingresos percibidos con cargo a fondos extrapresupuestales, fondos de participación, redistribución de economías o cualquier otro recurso de similar naturaleza, con excepción de horas extras e incentivos o primas al rendimiento que no alcancen a la totalidad de los funcionarios de la unidad ejecutora.

En aquellas unidades ejecutoras que no tengan prevista la facultad de otorgar retribuciones o partidas permanentes de gastos con cargo a los fondos referidos en el inciso precedente, el incremento se financiará con cargo a Rentas Generales.

En las restantes unidades ejecutoras el Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas y el ministro respectivo, podrá modificar la afectación en hasta el 80% (ochenta por ciento), de la parte de libre disponibilidad de fondos extrapresupuestales, a efecto de alcanzar el tope máximo de compensación al grado. Dicha modificación no podrá generar distorsión en las sumas necesarias para cubrir los gastos de funcionamiento.

Cuando la recaudación por fondos extrapresupuestales no sea suficiente para alcanzar dicho tope máximo, el Poder Ejecutivo podrá disponer un incremento de hasta un 10% (diez por ciento), de los ingresos respectivos.

Alcanzado el tope máximo de compensación al grado el Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas y el ministro respectivo, podrá autorizar igualmente la afectación de hasta el 80% (ochenta por ciento), de los fondos de libre disponibilidad de cada Unidad Ejecutora, para atender el pago de retribuciones personales.

Las propuestas de modificación con las respectivas fundamentaciones serán elevadas, por el jerarca del inciso a propuesta de cada Unidad Ejecutora al Poder Ejecutivo que resolverá, previo informe conjunto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

En ningún caso la aplicación de esta disposición supondrá disminución de los haberes actualmente percibidos por los funcionarios».)

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: este artículo 8º fue aprobado prácticamente por unanimidad en la Comisión, pero los señores senadores del Frente Amplio y, si no me equivoco, el señor senador Zumarán, no estuvimos de acuerdo con que se suprimiera el siguiente inciso: «Si aún resultara insuficiente, el Poder Ejecutivo habilitará la transferencia de fondos de otras unidades ejecutoras del inciso».

Este inciso fue producto de un acuerdo minuciosamente trabajado por los legisladores de todos los partidos y permite que las unidades ejecutoras que tienen proventos en abundancia, y que no son muchas en el conjunto de los ministerios, puedan hacer una redistribución, por lo menos relativa, entre aquellas unidades ejecutoras, cuyos funcionarios tienen retribuciones más bajas. Por lo tanto, introducía un elemento de cierta -aunque no total o absoluta- solidaridad hacia quienes tienen menores retribuciones.

Si bien la disposición aprobada establece. «Cuando la recaudación por fondos extrapresupuestales no sea suficiente para alcanzar dicho tope máximo, el Poder Ejecutivo podrá disponer un incremento de hasta un 10% (diez por ciento), de los ingresos respectivos», el inciso suprimido posibilitaba una distribución más adecuada entre el conjunto de los ministerios. Las unidades ejecutoras que tenían ingresos mayores no perdían nada, pero se permitía que determinado porcentaje fuera redistribuido entre aquellas unidades ministeriales cuyos funcionarios tienen retribuciones más bajas.

Por todas estas razones, señor Presidente, solicito que este artículo se vote incluyendo el inciso aprobado en la Cámara de Representantes y que, insisto, fue producto de un acuerdo entre todos los partidos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: quiero dejar constancia de que votamos este artículo en la interpretación de que para calcular el monto de la compensación al grado, se tomarán en cuenta las compensaciones que, por distintos conceptos, se perciben. Sin embargo, esas compensaciones deberían mantenerse fuera de la compensación al grado. Entonces, se cobrará el íntegro de la compensación al grado y, a la vez, se continuará percibiendo las retribuciones con cargo a proventos, etcétera.

Esta fue la interpretación que, junto con la señora subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dimos a esta disposición en Comisión, aclarando de esta forma este artículo que legisla de una manera muy compleja este tema.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: el inciso a que ha hecho referencia el señor senador Pérez se eliminó en Comisión a propuesta de quien habla, en razón de que funcionarios de varias unidades ejecutoras resistían la posibilidad de esta trasposición de fondos de una Unidad Ejecutora a otra. Concretamente, recuerdo que funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas entendían que de mantenerse este mecanismo, se podían quitar de algunas unidades ejecutoras rubros que tienen recursos extrapresupuestales, destinados en algunos casos a cubrir aspectos de promoción social de la actividad de dichos trabajadores. Seguramente, en otros ministerios esa situación puede darse a la inversa, pero esa fue la razón por la que propuse en Comisión que se suprimiera este inciso. En esa oportunidad tuvimos un intercambio de puntos de vista con la señora subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que no hizo objeción a la supresión de este inciso. No ignoro que el mismo fue producto de un acuerdo en la Cámara de Representantes pero, repito, el tema es que algunos funcionarios de determinadas unidades ejecutoras -particularmente, del Ministerio de Economía y Finanzas- expresaron su preocupación por la posible aprobación de este agregado.

Simplemente, quería realizar esta aclaración. Seguramente, también hay buenas razones en favor del criterio que sostiene el señor senador Pérez.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde, de acuerdo con el Reglamento, votar primeramente el texto tal como fue aprobado en la Comisión. Si la votación resultare negativa, se procederá a votar el texto con la redacción aprobada en la Cámara de Representantes.

El artículo 70 del Reglamento establece: «Salvo resolución expresa del Cuerpo, se tomará como base en la discusión particular de los proyectos:

1. El de la Comisión dictaminante.

2. El del autor o el venido de la otra Cámara.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Creo que en este caso, por tratarse de un pequeño agregado, puede votarse el texto aprobado en la Comisión y luego el inciso propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Desde el punto de vista lógico, no hay ningún inconveniente. Si el Cuerpo no objeta el criterio, se procederá de esta forma.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º con el texto aprobado en Comisión.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa consulta al señor senador Pérez en qué lugar desea que se incluya ese inciso.

SEÑOR PEREZ. - Incluiríamos este agregado a continuación del párrafo que expresa: «Cuando la recaudación por fondos extrapresupuestales», etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia solicita al señor senador Pérez que vuelva a leer el inciso propuesto.

SEÑOR PEREZ. - El texto sería el siguiente: «Si aun resultara insuficiente, el Poder Ejecutivo habilitará la transferencia de fondos de otras unidades ejecutoras del Inciso».

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º con el agregado propuesto por el señor senador Pérez.

(Se vota:)

-8 en 27. Negativa.

En consideración el artículo 9º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 9º. - Los funcionarios de los Incisos 02 y 05 al 14, que desempeñen efectivamente funciones de mayor jerarquía en cada Unidad Ejecutora, que constituyan el primer nivel inmediato inferior a la Dirección de la misma y que ocupen un cargo o función contratada correspondiente a los dos grados superiores de los escalafones respectivos de la Unidad Ejecutora, percibirán una compensación equivalente al 20% (veinte por ciento), del total de sus retribuciones presupuestales permanentes, sujetas a montepío con exclusión de la prima por antigüedad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.»)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Simplemente, deseo marcar mi voto negativo y no quiero extenderme en una fundamentación que ya realicé en Comisión.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Del mismo modo en forma muy breve, queremos dejar constancia de nuestra discrepancia con este artículo, que nos parece puede dar lugar a situaciones injustas en su aplicación práctica, en términos de retribuciones de funcionarios de jerarquía.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Quiero señalar que a este artículo, a nivel de la Comisión, se le eliminó la expresión «revocable», por lo que la compensación quedó en condiciones de ser permanente. Recuerdo que esa propuesta fue realizada por representantes del Frente Amplio.

SEÑOR ZUMARAN. - No, señor senador, fue por iniciativa de quien habla.

SEÑOR GARGANO. - Efectivamente, fue planteada por el señor senador Zumarán.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea que se precise el sentido de la disposición, en cuanto a quiénes son los beneficiarios, porque es realmente confusa su identificación, con la actual redacción. En el artículo se establece: «...que desempeñen efectivamente funciones de mayor jerarquía en cada Unidad Ejecutora, que constituyan el primer nivel inmediato inferior a la Dirección de la misma y que ocupen un cargo o función contratada correspondiente a los dos grados superiores de los escalafones respectivos de la Unidad Ejecutora...» Si los funcionarios deben estar en el primer nivel inmediato inferior a la Dirección de la misma, se supone que tienen que estar en el grado superior del escalafón respectivo. Si bien la subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dio una explicación en la Comisión, sigue resultando confusa la redacción, porque, de algún modo, parece reiterativa o contradictoria.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Esa es una de las razones por las cuales no votamos esta disposición, que está enlazada con un artículo de la Rendición de Cuentas anterior, por el cual los jerarcas tienen la facultad de adjudicar funciones superiores al personal que está en un grado inmediatamente inferior a las Direcciones Generales. Con esto se coloca a personal, prácticamente de su confianza, no se permite que se culmine la carrera administrativa y las funciones son desempeñadas por quienes indiquen los jerarcas del Ministerio respectivo. Para compensar eso, se les da un 20%. Quiere decir que es una facultad que da un margen de arbitrio al jerarca que no corresponde que funcione en la carrera administrativa. Este es un nuevo elemento de funcionamiento en materia administrativa en el país que está rigiendo desde hace dos o tres años.

Por las razones expuestas, es que votamos negativamente esta disposición.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Consideramos que esta disposición, leída en forma detenida y cuidadosa, evidentemente está dando los requisitos que se deben cumplir a los efectos de que los funcionarios de los incisos que aquí se indican puedan percibir el sueldo correspondiente a funciones de mayor jerarquía, porque exige que las funciones sean desempeñadas efectivamente y que tengan mayor jerarquía. Esta última referencia se hace en cada Unidad Ejecutora. Además, se exige que constituyan el primer nivel inmediato inferior a la Dirección de la misma y que ocupen un cargo o función contratada correspondiente a los dos grados superiores de los escalafones respectivos de la Unidad Ejecutora. Quiere decir que ordenando los requisitos, no creemos que a nivel de la Contaduría General de la Nación puedan surgir problemas cuando liquiden los sueldos correspondientes.

SEÑOR PRESIDENTE. - En el segundo inciso, después de la referencia al Poder Ejecutivo, en lugar de decir «que resolverá», debería establecerse «el cual resolverá».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º con esta modificación.

(Se vota:)

-15 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 10. - La Contaduría General de la Nación incrementará de oficio los créditos necesarios para efectivizar de inmediato, en oportunidad de cada modificación de las retribuciones, las equiparaciones con el personal docente del Consejo de Educación Primaria, de los docentes de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional del Menor, dispuestas por las leyes Nos. 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y 16.226, de 29 de octubre de 1991, respectivamente».)

Este artículo fue desglosado por la Presidencia porque entiende que la referencia a las leyes en forma imprecisa, sin aludir a la disposición concreta de la cual surge el régimen que se quiere votar, no corresponde, porque hay que identificar cuáles son las normas legales. Concretamente, se trata del artículo 344 de la ley Nº 16.170 y del artículo 413 de la ley Nº 16.226. Por consiguiente, la disposición en su parte final diría: «dispuestas respectivamente por el artículo 344 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y por el artículo 413 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991».

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Quiero aclarar que consideramos adecuada la modificación que propone el presidente del Cuerpo, porque mejora la redacción ya que hace referencia a las disposiciones en forma precisa. También queremos señalar que esta disposición fue un aditivo incorporado a nivel de la Cámara de Representantes, por iniciativa de legisladores del Partido Por el Gobierno del Pueblo .

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Este artículo procura que se cumplan dos disposiciones legales que son las que el señor Presidente citó de manera concreta, esto es, que las equiparaciones dispuestas del personal docente de Educación Física con el personal docente de Primaria, se paguen sin tener que realizar ajustes cada mes o cada vez que se producen ajustes. Por lo tanto, se solicita que se incorporen al planillado presupuestal del personal de Educación Física estas equiparaciones, sin tener que estar haciendo cuentas ajustadas cada vez que hay un incremento salarial.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Creo que en lugar de emplearse el término «efectivizar», podría establecerse «hacer efectivo».

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 con las modificaciones que se han propuesto en sala.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 11. - A partir del 1º de enero de 1994 los cargos vacantes presupuestados existentes y las vacantes que se generen serán suprimidos, salvo aquellos que deban ser provistos por las reglas del ascenso.

Serán, asimismo, suprimidas las funciones contratadas asimiladas a las vacantes del último grado, en la misma forma prevista en el inciso anterior.

Las unidades ejecutoras dispondrán de un plazo máximo de un año, a partir del vencimiento de cada ejercicio, para realizar los ascensos que correspondan o disponer las modificaciones contractuales que se entiendan indispensables, de acuerdo con los artículo 8º y 9º del decreto-ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Vencido dicho plazo serán suprimidas las vacantes de cargos presupuestados y funciones contratadas, así como la totalidad del crédito respectivo.

Exceptúanse de lo dispuesto en el presente artículo los siguientes cargos presupuestados y funciones contratadas:

1) Electivos, políticos, de particular confianza, incluidos en la nómina del artículo 7º de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, militares, policiales, docentes y del Servicio Exterior.

2) Aquéllos cuyos titulares ejerzan la función jurisdiccional.

3) Directores de unidades ejecutoras que no integren los escalafones referidos en el numeral 1).

4) Los cargos del Ministerio de Salud Pública correspondientes a los Escalafones A, B, D, E y F.

5) Los cargos del Instituto Nacional del Menor.

6) La totalidad de las vacantes existentes y las que en el futuro se produzcan, para atender el quehacer artístico de la Orquesta Sinfónica, Cuerpo de Baile, Coro Oficial y servicios técnicos de radio y televisión del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE).

7) Los cargos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo.

8) Las vacantes a que se hace referencia en el artículo 12, de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

No se suprimirán los cargos presupuestados y funciones contratadas en el caso que daban proveerse por concurso, cuando se haya determinado la persona a la cual le corresponda la designación por acto definitivo del tribunal correspondiente.

Derógase el artículo 12 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992".)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Ayer señalé, al comentar la ejecución presupuestal, que éramos partidarios de la política de contención del gasto público, pero que discrepábamos con la forma en que el Poder Ejecutivo la lleva a cabo, por cuanto no es selectiva. En lo que hace a este artículo, que establece un régimen de supresión de vacantes más estricto que el que existe actualmente, planteamos en Comisión la exclusión de algunos servicios que, por la naturaleza de los cometidos que tienen, no se les puede suprimir vacantes. De acuerdo con un planteo que se nos ha hecho llegar, así como también a otros señores senadores, por parte del señor fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, formulamos moción para que se agregue un numeral 9º con la siguiente redacción: «Los cargos de magistrados y técnicos (abogados) del Ministerio Público Fiscal».

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Queremos manifestar que estamos de acuerdo con la propuesta del señor senador Cassina porque consideramos realmente necesario el mantenimiento de estos cargos, por lo que nos parece correcto exceptuarlo de la supresión de vacantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11 con el agregado propuesto.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 14. - El Poder Ejecutivo podrá autorizar, por un plazo no mayor de un año, aquellos pases en comisión del personal excedente del establecimiento «El Espinillar» de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland, que se hagan imprescindibles por razones de servicio derivadas de necesidades supervenientes, siempre que el organismo receptor lo solicite, en las condiciones que establezca la reglamentación».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 cuyo desglose había sido propuesto por la bancada del Herrerismo.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 15. - Sólo podrán celebrarse contratos de arrendamiento de obra con personas físicas cuando éstas no tengan la calidad de funcionarios públicos, salvo el caso de funcionarios docentes de enseñanza pública superior, ocupen o no otro cargo público.

Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos contratos que sean necesarios para el cumplimiento de convenios internacionales, convenios celebrados por la Universidad de la República y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

En el ámbito de la Administración Central dichos contratos deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas y el ministro respectivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

Los contratos de arrendamiento de obra que celebren los Servicios Descentralizados y los Entes Autónomos industriales y comerciales deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo, debiendo contar con el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil .

Las disposiciones de este artículo serán de aplicación para la renovación de los contratos de arrendamiento de obras vigentes.

Deberá dejarse expresa constancia que:

A) El contrato cumple estrictamente con la descripción del artículo 37 de la ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

B) Que el comitente no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arriendo.»)

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: hemos acompañado este artículo que nos parece establece normas necesarias, dada la realidad a que aludimos en la tarde de ayer, en oportunidad de la discusión general. Sin embargo, quisiéramos aportar una constancia y, quizás, una sugerencia que puede ser útil para la redacción del artículo. Tal como se ha visto desde la aprobación de la llamada Ley de Funcionarios Públicos, de 1990, existe una cantidad de situaciones específicas que podrían ser malinterpretadas a la luz del planteo del artículo 15. Nos estamos refiriendo a una serie de casos conocidos por todos, en los que ciertos profesionales liberales, en ejercicio de su profesión, realizan tareas para el sector público. Tal es el caso de médicos, que son consultantes en determinadas reparticiones públicas, avaluadores del Banco de Previsión Social, supernumerarios del Banco Hipotecario, tasadores, rematadores, etcétera, es decir, una serie de actividades que, reitero, son cumplidas en ejercicio de la profesión liberal y que plantean una cantidad de casos específicos que podrían ser -y utilizo un tiempo condicional- malinterpretados si se aplicara incorrectamente este artículo.

En oportunidad de discutirse la ley de agosto de 1990, el entonces miembro informante, señor senador Ignacio de Posadas Montero, dejó constancia específica en la versión taquigráfica -de la que el señor senador Alonso Tellechea dispone en estos momentos- de que estos casos quedaban excluidos de una restricción a los contratos de arrendamiento de obra. Como esa exclusión es absolutamente justa, creo que en este momento también hay que hacer la salvedad correspondiente. Si el Senado lo entiende conveniente, creo que se podría reforzar la afirmación que realizo aludiendo al artículo 37 de la ley Nº 16.127, del 7 de agosto de 1990, que es la conocida como Ley de Funcionarios Públicos. En caso de que el plenario no lo considere apropiado -y a esos efectos he elaborado una redacción alternativa- pienso que al menos debe quedar la constancia en la versión taquigráfica de que casos como los que he mencionado -que, reitero, aluden al ejercicio de la profesión liberal en apoyo de alguna repartición u organismo del sector público- están excluidos de lo dispuesto por el artículo 15.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Con el mismo ánimo del señor senador Astori, quiero recordar unas breves palabras pronunciadas por el entonces señor senador de Posadas Montero, en su condición de miembro informante. Ante un planteo exactamente igual al presente, formulado por el entonces señor senador Singlet y por quien habla, expresó lo siguiente: «Los casos señalados por los señores senadores Batalla y Singlet abarcarían a los liquidadores del Banco de Seguros, a los tasadores y avaluadores del Banco de Previsión Social, a los rematadores y a los profesionales como, por ejemplo, médicos, abogados, etcétera. Al respecto, debo decir que la norma no pretende abarcarlos y que, además, la aclaración en la versión taquigráfica es procedente».

Creo que esto constituye un factor coadyuvante con la argumentación que efectuó el señor senador Astori y que otorga a este artículo el debido alcance, sin que comprenda situaciones que, evidentemente, ni el legislador ni la realidad pueden abarcar.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Coincido con el planteo formulado por el señor senador Astori. Se trata de una propuesta que fue considerada anteriormente, en el sentido de dejar constancia en la versión taquigráfica de referencias a determinadas normas, la cual nos parece que no está de más y que con eso sería suficiente.

De todas maneras, y teniendo en cuenta que estamos considerando una disposición que prevé, específicamente, la contratación de arrendamiento de obra, quisiera referirme a un aspecto que fue planteado en la tarde de ayer y que debemos analizar con la mayor cautela. Digo esto porque no se trata de manejar cifras o procedimientos, sino nombres de personas. Creo que la honorabilidad de los profesionales que actúan debe ser un objetivo en sí mismo. Nuestra Constitución y nuestras leyes amparan a los ciudadanos en el buen uso de su nombre. En este sentido, pienso que lejos del espíritu de lo planteado en la tarde de ayer, los medios de comunicación han dado al tema un tratamiento que no es el deseado.

Con respecto a la exposición del señor senador preopinante, referente a una suerte de oposición de intereses que se produciría cuando un Estado está, por un lado tratando de reducir costos y rebajar el número de sus funcionarios y, por otro efectúa contratos de obra y requiere el servicio de profesionales para cumplir determinados objetivos, debo expresar que no comparto su criterio y no pienso que se esté actuando sin una línea de acción única. El gobierno ha intentado trabajar, dentro de sus responsabilidades, en la reducción del número de efectivos.

Se han presentado diferentes proyectos de ley, algunos de los cuales han sido aprobados, en tanto otros no. Incluso, en esta misma Rendición de Cuentas se había incluido otra norma que otorgaba incentivos a los funcionarios públicos, a fin de quitar el peso que existe sobre la sociedad, en virtud del incremento desmedido que a lo largo de los años han adquirido, en distintas áreas de la actividad del Estado.

Concretamente, es este mismo Poder Ejecutivo que, a través del artículo 11 del Mensaje originalmente enviado al Parlamento -y que, actualmente, lleva el número 15- plantea una norma que restringe aún más la posibilidad de contratar personal para determinadas obras.

Deseo dejar claramente establecido que, sin duda, estamos frente a una identidad de objetivos, es decir, buscar la eficiencia de las funciones que desempeña el Estado a fin de atender las necesidades de la gente. Los ciudadanos -sean o no funcionarios públicos- serán los beneficiados, en la medida en que el gobierno desempeñe correctamente su tarea. Asimismo, los ciudadanos -y me incluyo- aplaudimos cuando el Estado hace un esfuerzo para realizar más eficientemente su función. No escapa a la consideración de nadie que hay algunas oportunidades puntuales en las que el Estado necesita recurrir a determinados conocimientos técnicos, a los efectos de poner en práctica ciertos planes, analizar alternativas o evaluar gestiones. En estos casos es donde operan, normalmente, los contratos de obra.

Estoy absolutamente convencido de que no estaba en el ánimo del señor senador Cassina desatar una polémica. En realidad, lo que planteó en la tarde de ayer estaba inscripto en una línea argumental que tenía como fin demostrar lo que, a su juicio, eran incongruencias. Además, tuvo la delicadeza -que lo caracteriza- de no mencionar nombres. Pero, lamentablemente, en pocas horas los medios de difusión se encargaron de recabar ese mismo informe del Tribunal de Cuentas y dar algunos nombres. Fue así como se comenzó a mancillar la honorabilidad de distintas personas, a quienes mucho respetamos. En consideración de ellas, es que deseábamos decir estas palabras.

Por otra parte, cabe destacar que el procedimiento de contratación de obras que ha sido aplicado por este gobierno, es idéntico al que han utilizado otros. Este Estado ha procedido a realizar determinados contratos de obras a nivel de distintos Ministerios y Entes Autónomos, en los cuales no sólo está representado el Herrerismo, sino también otros sectores políticos. Esta manera de gobernar es tradicional y le ha dado a nuestro país todo lo bueno que tiene. Muchos contratos de obra obedecen a necesidades funcionales que el propio Poder Ejecutivo quiere restringir a través del artículo 11 que figuraba en su Mensaje, y que, ahora, reitero, lleva el número 15.

Deseo destacar que los contratos de obra constituyen un procedimiento legal y transparente. Además, cuentan con la intervención del Tribunal de Cuentas, que es el encargado de elaborar el informe, sobre cuya base se analizan estos hechos.

Reitero que no tengo dudas de que quien planteó este tema en sala no tenía el ánimo de producir ningún escándalo sino que, en realidad, sus expresiones se inscribían dentro de su línea argumental. Sin embargo, a pesar de su intención, en el día de hoy, el sistema político en su conjunto ha sido golpeado, porque los ataques a determinadas personas que actúan en la vida política, repercuten directa o indirectamente en cada uno de nosotros.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en realidad, los señores senadores Astori, Batalla y Alonso Tellechea han hecho algunas constancias que, quien habla, pensaba realizar.

Deseo señalar que, con respecto a este tema, tengo en mi poder algunas manifestaciones de los entonces señores senadores Singlet y de Posadas Montero y del señor senador Batalla quienes, representando un espectro ideológico político muy amplio, coincidían en la interpretación de una norma similar a este artículo 15. Concretamente, expresaban que esa disposición no abarcaba a los liquidadores del Banco de Seguros, a los tasadores y evaluadores del Banco de Previsión Social, a los rematadores ni a los profesionales en general, como por ejemplo, médicos, abogados y escribanos.

Por lo tanto, en ese sentido, me pliego a la conveniencia de que, en lo posible, se modifique el texto del artículo tal como lo ha sugerido el señor senador Astori. En caso de que no se considere necesario aprobar ese agregado, implicaría que el Senado -sin excepciones personales ni sectoriales- ha compartido esa interpretación a la que todos nos hemos referido. En consecuencia, se debería atener, no a la interpretación auténtica, sino a la historia de la sanción de la ley, por la cual, ningún juez en un caso de litigio opinaría de manera diferente.

Aprovecho la ocasión para referirme -aclaro que no voy a contestar ninguna alusión- a otro carácter de este artículo, que ya fue señalado por el señor senador Alonso Tellechea, y que tiene que ver con las críticas que se han realizado con motivo de algunas contrataciones que se han hecho durante este período. Al respecto, aclaro que me consta que hay muchas causas para efectuar dichas contrataciones. Conozco este tema muy de cerca, ya que me tocó vivirlo en la época en que fui funcionario del Banco Central, y estoy en condiciones de afirmar que, a veces, no tiene que ver con la eficiencia del Estado. En realidad, en ciertas ocasiones, un organismo internacional que otorga un préstamo impone, entre sus condiciones, que haya una cláusula a través de la cual se pueda contratar a determinado técnico. En esos casos, ni siquiera estoy inculpando a nuestros débiles Estados que, más de una vez, necesitan aceptar algunas cláusulas para poder obtener otras ventajas.

Sin embargo, a título personal, deseo dejar constancia de que, en algunas ocasiones se puede determinar -quizá se pueda percibir cierta arrogancia de mi parte- si el técnico contratado es mejor que aquel del que dispone el organismo. Por ejemplo, en materia jurídica me siento más o menos cómodo, es decir, con algún conocimiento como para poder apreciar este aspecto. Me consta que en muchos casos se han hecho -y se van a continuar realizando- contrataciones dejando de lado a funcionarios que pertenecen a determinado organismo y que han sido declarados excedentarios; incluso, permanecen en sus casas. Sin embargo, hay personas que, en mi modesta opinión, tienen más capacidad para mejorar la eficiencia del Estado que aquellos que se van a contratar. Aclaro que esto no sólo se aplica en materia jurídica, sino también a nivel de computación, entre otras.

Simplemente, deseaba dejar esta constancia que, por supuesto, no se refiere a todas las hipótesis. Sólo conozco algunos casos en los que la crítica es perfectamente valedera.

Muchas gracias.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: en primer término, en relación con el planteamiento original del señor senador Astori, quiero señalar que preferiría no modificar el artículo y que las constancias formuladas en sala sirvieran para su interpretación, tal como ocurrió con el artículo 37 de la ley Nº 16.127.

Este artículo que estamos considerando tiene el propósito de volver más severo el régimen de celebración de contratos de arrendamiento de obra por el Estado en su conjunto.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Señor presidente: quiero señalar brevemente que mi propuesta no altera en absoluto el grado de prioridad que inspiró este artículo. Eso fue lo primero que destaqué. Simplemente, se trata de una aclaración a los efectos de fijar con precisión los límites de su alcance, pero compartimos totalmente lo relativo a su severidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Descuento que ese es el propósito del señor senador Astori, pero creo que la modificación del artículo puede llevar a interpretaciones que disminuyan su severidad. Prefiero que queden las constancias, que servirán para la aplicación de la norma. Si se quiere, este es un criterio personal, pero reitero que fue lo que se hizo en el caso de la ley Nº 16.127.

En la sesión de ayer, planteé el tema de los contratos de arrendamiento de obra, al efectuar una crítica a la ejecución presupuestal. Lo señalé como un procedimiento que desvirtúa la política de contención del gasto público, política con la que estoy de acuerdo, pero que no se realiza con el criterio selectivo que, a mi juicio, debería aplicarse.

Como mencioné, nuestro Partido votó con entusiasmo la ley Nº 16.127, denominada «Ley de Funcionarios Públicos», pero muchos funcionarios públicos y sus gremiales no nos entendieron. Queríamos racionalizar la Administración Pública, pero después, cuando se aplicó esta norma, tanto el señor senador Batalla y quien habla, como nuestros compañeros de la Cámara de Representantes, nos sentimos en buena medida defraudados porque se dejaron de lado o se violaron estas vías establecidas para volver más severo el régimen de la función pública y para evitar un mayor ingreso de funcionarios públicos, salvo en aquellas áreas en las que son imprescindibles.

Quiero aclarar, señor presidente -el señor senador Alonso Tellechea me comprendió bien- que en tono muy sereno formulé afirmaciones referidas a un informe del Tribunal de Cuentas -cuyas omisiones critiqué, por otra parte- que fue solicitado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por varios de sus integrantes, entre otros, por el señor senador Zumarán y quien habla. Este informe nos llegó la semana pasada, por lo que tuve poco tiempo de estudiarlo. Por ello, pedía a mi querido compañero, el señor representante Melo Santa Marina -como se sabe, es uno de los legisladores con mayor especialización en materia presupuestal- que lo examinara más detalladamente. Lo que denuncié, cuidando de no dar nombres ni de hacer escándalo -no soy escandaloso y, por otra parte, mi Partido trata de no hacer política, ya sea de oposición o de gobierno, por medio del escándalo- fue un mecanismo que vulnera no sólo disposiciones legales sino, además, la pregonada política de contención del gasto público.

Todos sabemos en qué consisten los arrendamientos de obra, por lo que no los voy a explicar. La diferencia existente entre el contrato de arrendamiento de servicios y el contrato de arrendamiento de obra radica en que este último tiene un término y un precio por todo el contrato y, además, refiere a la realización de una determinada obra y no a la prestación de servicios personales. Por ejemplo, si en algún lugar de la Administración Pública se carece de abogados para servicios profesionales, se efectúa un contrato de arrendamiento de servicios. Esto tendría que suceder sólo en aquellos casos en que no se tienen abogados; sin embargo, como muy bien decía el señor senador Korzeniak, hay organismos que cuentan con esos profesionales -además, se trata de excelentes abogados- pero los marginan y terminan contratando por la vía del arrendamiento de obra o por figuras jurídicas similares. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del Banco Central del Uruguay.

Por otra parte, señor presidente, este país ha librado una larga lucha contra este tipo de procedimientos que no he querido calificar, entre otras cosas, porque no he tenido tiempo de estudiar en profundidad el informe del Tribunal de Cuentas. Cuando haya podido culminar ese análisis -posiblemente, pasada la semana próxima, cuando consideremos el proyecto de ley de urgencia en materia de desmonopolización de seguros- en mi Partido examinaremos si caben algunas instancias parlamentarias complementarias de la que tuvimos ayer con relación a este tema.

La Ley de Presupuesto Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953, que tiene cuarenta años de vigencia, es tan terminante que no deberíamos tener que votar ninguna disposición más. Sin embargo, aprobamos la ley Nº 16.127 y ahora estamos considerando una norma aún más severa. Voy a leer el artículo 32 de la ley Nº 11.923, porque algunas personas ni se enteran de la existencia de esta norma jurídica, que establece lo siguiente: «Ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados ni percibir más de una remuneración con cargo a fondos públicos ya dependan de la Administración Nacional, ya de la Municipal, ya de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados u otros servicios de naturaleza estatal creados por ley, ya de una y otros, quedando en consecuencia prohibida la acumulación de sueldos en una misma persona sea con este título o con el de dieta, gratificación, pensión, emolumento u honorarios o cualquier otro título o concepto. Los que se hallaren actualmente en esta situación, dentro de los trescientos sesenta días de la promulgación de esta ley deberán optar por uno de esos empleos. El que omitiera denunciar dicha situación incurrirá en la pena prevista por el artículo 164 del Código Penal. Vencido el plazo precedentemente establecido, el Tribunal de Cuentas dará cuenta a la Asamblea general sobre la forma en que se ha cumplido esta disposición y remitirá la nómina de las opciones ocurridas y de los funcionarios que se encuentren en las condiciones legales».

Cuando era asesor de la Administración, primero en la Caja de Jubilaciones de Industria y Comercio y luego en el Banco de Previsión Social, siempre informé acerca de esta disposición y de la obligación de cumplirla. Recuerdo que en un caso, a raíz de un informe que elaboré, el Directorio del Banco de Previsión Social sancionó severamente a funcionarios de la Caja Civil, que habían celebrado un contrato de arrendamiento de obra, creo que con Enseñanza Secundaria o con el CODICEN de la época, para asesorar a dicho organismo en materia jubilatoria. Los sancionó severamente y estuvo a punto de destituirlos en función de esta norma, que está vigente y que ha sido reforzada, por ejemplo, por el artículo 37 de la ley Nº 16.127. Ahora vamos a tratar de volverla aún más severa, mediante el artículo 15 de este Proyecto, que vino propuesto por el Poder Ejecutivo -quiero decir toda la verdad- y con normas que fueron incluidas en la Cámara de Representantes.

Esperamos que las disposiciones se cumplan; es ese el propósito, señor presidente. No me interesa colocar en la picota pública a las personas; estoy combatiendo una política que pregona la contención del gasto público y luego, por vías oblícuas, no la cumple.

Por último, quiero señalar -porque hace a la lealtad con que actúo- que en la mañana de hoy se comunicó con quien habla el ingeniero Ruperto Long, presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay -que, como se sabe, es un organismo paraestatal- para informar que su nombre aparecía incluido hoy en una lista de este tipo de contrataciones, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas. Además, me hizo saber que su situación no responde a las críticas que formulé porque él integró durante mucho tiempo, sin percibir ninguna clase de remuneración extra, un comité de calidad que asesoró en la materia pertinente. Me he hecho un deber el efectuar este señalamiento, cumpliendo además con un compromiso que asumí ante el propio ingeniero Long.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Señor presidente: justamente a eso hacíamos referencia cuando nos ocupamos del tema hace unos minutos; las intenciones pueden haber sido unas, pero los resultados son otros. Por ejemplo, el nombre del señor Long fue uno de los que en el día de hoy, de una forma o de otra, quedó a la intemperie por las denuncias que se hicieron en la tarde de ayer. Lo que escrito quedó en algunos medios, podemos tratar de repararlo en esta sala haciendo las salvedades que consideremos necesarias, pero igualmente han caído buenos, malos y mediocres. Es con ese espíritu que hice este planteamiento, no para reabrir el debate o hacer recriminaciones, sino para dar por terminado el episodio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - El tema es que los legisladores tenemos el deber de realizar el control de la Administración. Se trata de una facultad, pero como todas ellas, en lo que hace a los titulares de organismos públicos, son derechos-deberes. Tenemos el deber de controlar, de pedir informes al Tribunal de Cuentas sobre este aspecto y de difundirlos cuando son reveladores de políticas inconvenientes o que violan normas legales. Cuando se realizan contratos como los efectuados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para una Comisión que estudia la evasión fiscal, teniendo funcionarios competentes en las áreas respectivas para examinar el tema y se otorgan, en algunos casos, emolumentos mensuales muy altos, decimos que se está violando la ley y simulando, a través del régimen del contrato de arrendamiento de obra, verdaderos contratos de función pública. Decimos esto con todas las letras y no nos interesa hacer escándalo ni señalar personas, sino criticar severamente estas políticas.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: naturalmente, vamos a votar afirmativamente esta disposición del artículo 15 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Quiero expresar -todo debe ser dicho- que este tema fue planteado públicamente y con anterioridad en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a la subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de que brindara informes sobre los contratos de arrendamiento de obra que se estaban celebrando. En el día de ayer relaté la respuesta que ella nos dio, diciendo que el Poder Ejecutivo no estaba en condiciones de informar sobre cuántos arrendamientos de obra se celebraron, el monto de ellos y las personas, empresas públicas y dependencias del Poder Ejecutivo involucradas, sino que lo debía hacer el Tribunal de Cuentas. Entonces, propusimos que la Comisión se hiciera solidaria con este análisis y remitiera un pedido a dicho organismo, a fin de que nos informara sobre los contratos de arrendamiento de obra que se habían realizado desde 1990 a la fecha. En la Administración pasada se nos informó que para la ejecución de determinados contratos con organismos internacionales se procedía a la realización de este tipo de contratos de arrendamiento de obra por parte de determinadas dependencias. Luego, entre las disposiciones de las leyes de la función pública, se introdujo esta posibilidad. Al respecto, tenemos información de que ocurrían cosas que se podían calificar como asombrosas. Por ejemplo, existen funcionarios que se retiraron incentivados -solamente voy a dar el nombre de las instituciones, pero no el de las personas, aunque los tengo- de la Imprenta Nacional, casi al límite de la edad jubilatoria y luego fueron contratados para desempeñar la misma función bajo el sistema de arrendamiento de obra. En esa misma dependencia -y cito una nada más- hay una serie de funcionarios expertos en computación que fueron pasados a disponibilidad o que cobran el sueldo sin trabajar. La Administración gastó dinero para prepararlos en esa materia, pero luego contrata gente por el sistema de arrendamiento de obra para prestar dichos servicios.

Reitero que hace mucho tiempo que conozco esta situación y ya hemos articulado planteamientos públicos, hemos pedido informes y los hemos hecho conocer por la Comisión. Naturalmente, me importa mucho la honorabilidad de las personas y no he hecho ninguna imputación de tipo individual. Lo que es escandaloso no es lo que aparece en los titulares de los diarios, sino los hechos, los $ 900.000 que OSE le paga a una persona para hacer quién sabe qué cosa. En realidad, eso implica un gasto de U$S 250.000.

Aquí y en la Comisión peleamos para que los 1.400 trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas -en eso nos ha apoyado el ex-ministro de esa Cartera y actual senador Wilson Elso Goñi- puedan recibir el mismo tratamiento que los obreros de la construcción, en el sentido de percibir un salario vacacional acorde con sus remuneraciones como trabajadores de esa industria. Eso significaría un gasto de U$S 300.000, que es lo que se pagó por un arrendamiento de obra. Esto es realmente escandaloso.

Además, la sección «Jurídica» del Banco Central ha sido literalmente desmantelada de personal porque el Directorio, en lugar de hacerse informar por su Departamento Jurídico -que seguramente es el mejor del país- contrata arrendamientos de obra y paga informes que, naturalmente, se hacen de acuerdo con lo que piensa dicho Directorio y no como lo hacía la Sala Jurídica, según lo que dicen las normas respectivas. Insisto que eso es escandaloso y no puede suceder.

Estas situaciones son las que nos han llevado a plantear el tema en Comisión, porque no se puede propagandear que actuamos de determinada manera en la Administración Pública, saneándola, bajando el gasto, peleando el salario de los trabajadores, ajustándolo cuatrimestralmente al 50% de lo que aumenta el IPC, si luego permitimos que se hagan este tipo de contratos de arrendamiento de obra.

El principio para que las cosas puedan empezar a corregirse es este artículo 15. Seguramente, dentro de este tipo de contratos de arrendamiento de obra algunos se hacen por «chirolas» -como se dice actualmente- para limpiar baños, pero esas personas no ganan $ 60.000 por mes, sino que están contratadas por ocho meses o un año, ganando $ 1.000 mensuales. Estos también aparecen en el documento que remitió el Tribunal de Cuentas.

Es cierto que hay que controlar esto y montar un dispositivo con ese fin. No puede ser que el Tribunal de Cuentas diga que sólo puede proporcionar los datos desde diciembre del año pasado al presente, porque antes no tenía una sitematización de la información sobre los contratos de arrendamiento de obra. Esto no lo digo yo, sino el presidente del Tribunal de Cuentas en la Comisión y también en el informe. ¿Acaso el Poder Ejecutivo no tenía ningún sistema para saber qué hacían sus Ministerios en esta materia? Entonces, ¿cómo se manejan los dineros del Estado? Precisamente, este artículo 15 es un principio de control. Repito que lo escandaloso no son los nombres de personas muy respetables aparecidos en los titulares de la prensa -eso importa poco- sino los hechos que están detrás de estos contratos de arrendamiento de obra.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: aquí se han hecho aclaraciones respecto al sentido del texto de esta disposición y se han fundamentado las razones por las cuales se establecen limitaciones a las contrataciones de arrendamiento de obra, no obstante lo cual tengo una preocupación que quiero compartir a los efectos de que de ella quede constancia en la versión taquigráfica de la presente sesión, y acerca de la cual consulté al señor presidente hace dos días.

Como se recordará, en el último Presupuesto del Senado se autorizó a la Presidencia a contratar técnicos para asesorar a las Comisiones Permanentes del Parlamento. Entre las excepciones previstas en el artículo 15, nada se dice respecto al Poder Legislativo.

En consecuencia, quisiera saber si es necesario que se lo incluya expresamente, o si simplemente basta con hacer una aclaración en la versión taquigráfica, a los efectos de que luego no se presenten dificultades cuando las Comisiones resuelvan hacer este tipo de contratos de arrendamiento de obras.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea expresar de manera clara, que entiende que el Poder Legislativo no está comprendido en esta disposición, como tampoco lo está, salvo mención expresa, en las demás normas de las leyes presupuestales, puesto que éstas, como todos sabemos, rigen para la Administración Central y para los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República. Prueba de ello es que, cuando se quiere que una disposición refiera, por ejemplo, a los organismos del artículo 221, expresamente se habla de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados industriales y comerciales.

Además, la Presidencia entiende que el Poder Legislativo no está comprendido, por una segunda razón, y es que la Constitución de la República -si no recuerda mal, en el artículo 108- le concede absoluta independencia presupuestal. Esta quedaría anulada o, por lo menos menoscabada, si lo que disponemos en ejercicio de esa competencia constitucional -es decir, tanto el Senado como la Cámara de Representantes- pudiera luego quedar anulado por una ley presupuestal, a pesar de que en ella, naturalmente, tiene participación fundamental el propio Parlamento.

En síntesis, la Presidencia considera que es claro que no está en la intención de esta norma, en su «ratio legis», comprender al Poder Legislativo.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Es obvio que en la contratación que hizo la Comisión de Salud Pública de tres técnicos, dos de ellos eran funcionarios públicos. Por ello, creo que es pertinente el planteo formulado por el señor senador Bouzas y también la aclaración hecha por la Presidencia del Senado. Pero no es a esto a lo que me quiero referir, sino al tema de las profesiones liberales.

Todos somos conscientes de las dificultades por las que pasa un joven que se recibe, para comenzar a desarrollar su profesión. La situación económica que vive el país ha llevado a que, por ejemplo, un abogado, un médico o un escribano, se vean obligados a manejar un taxímetro. Entiendo, pues, que nuestra juventud carece del imprescindible apoyo que debe prestarle el Estado. Entonces, me parece que lo que debemos hacer, sobre todo por el gran número de personas que se reciben de médicos y abogados -aprovecho para señalar que no creo que sea desdoroso, ni mucho menos, el hecho de que se tenga que manejar un taxímetro- es ver el modo de que los profesionales puedan insertarse como corresponde en el mercado de trabajo y prestar su servicio a la sociedad.

De pronto, podría resultar adecuado incluir la constancia hecha por el señor senador Astori. No quiero insistir en esto, pero me parece que no estaría de más referirnos a la Ley de Funcionarios Públicos, porque defender la libertad de las profesiones liberales es algo que, a mi juicio, no se contrapone con lo que se ha señalado y, por otra parte, es coadyuvante con un concepto que se ha utilizado en distintas épocas en el Senado de la República.

En síntesis, voy a acompañar -naturalmente, en la medida en que la Comisión lo acepte- la propuesta formulada por el señor senador Astori u otra semejante por la que, de alguna manera, reivindiquemos la libertad en materia de profesiones liberales.

Es cuanto deseábamos señalar.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor presidente: queremos dejar algunas constancias con relación al tema de los contratos de arrendamiento de obra.

Fundamentalmente, nos interesa señalar que fue preocupación del Poder Ejecutivo legislar respecto a la regulación de tales contratos. En particular, esto fue establecido en el Mensaje referido a la ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, que en su artículo 37 define lo que es un contrato de arrendamiento de obra, con la finalidad de evitar la proliferación de contratos de esta naturaleza que pudieran tener la condición de ser de función pública.

Esa inquietud del Poder Ejecutivo, que se concretó en una serie de normas, también estuvo presente cuando con fecha 11 de diciembre de 1992, éste se dirigió al Tribunal de Cuentas solicitándole información acerca de los contratos de arrendamiento de obra de la Administración Central, de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y de los gobiernos departamentales. Tal como se señala en la nota correspondiente, esta preocupación se enmarcaba en la racionalización del gasto público. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo señalaba al Tribunal de Cuentas que la ausencia de información se debía a la inexistencia, a nivel de aquél, de un órgano que pueda tener acceso a los datos en cuestión. Asimismo, precisaba que es únicamente el Tribunal de Cuentas el que tiene tales facultades, en virtud de su competencia. También expresaba que era importante -naturalmente, si el Tribunal de Cuentas así lo estimara y no lo considerara inconveniente e inoportuno- que ese órgano constitucional estableciera un registro para los arrendamientos de obra en los casos en que los contratados fuesen personas físicas, así como que periódicamente diera cuenta a la Presidencia de la República de los contratos pendientes, con los elementos básicos de información que le parecieran necesarios.

Entendemos que la opinión pública debe saber que, en lo que tiene que ver con estos contratos de arrendamiento de obra la preocupación ha surgido del propio Poder Ejecutivo, que reclamó al Tribunal de Cuentas la realización de un registro.

A raíz de la nota que con fecha 11 de diciembre enviara el Poder Ejecutivo, el 21 de diciembre el Tribunal de Cuentas comunica que ha resuelto adoptar la siguiente resolución: «Previa formación de carpeta, pase a la División Auditoría para que, conjuntamente con la División Jurídica, se proceda al estudio de los procedimientos administrativos correspondientes para implementar un Programa que permita el archivo de todos los antecedentes referidos a los arrendamientos de obra de la Administración con personas físicas».

Esa actitud de tratar de regular, de precisar y de racionalizar el uso de los contratos de arrendamiento de obra, se manifiesta nuevamente en el Mensaje original del Poder Ejecutivo que dice relación con esta Rendición de Cuentas, puesto que es mucho más severo que el texto del artículo 15 venido de la Cámara de Representantes.

Queríamos dejar esta constancia porque creemos que la verdad es lo que tiene que salir a luz. Reiteramos que ha sido preocupación del Poder Ejecutivo regular y racionalizar esta materia, dar a conocer todo lo ocurrido y ser severo en la utilización de este sistema.

Es cuanto por el momento deseábamos señalar respecto a esta disposición y a la política seguida por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más oradores anotados para hacer uso de la palabra, corresponde pasar a votar el artículo 15, con el texto venido de la Comisión. En caso de que la votación resulte negativa, habría que votar el texto propuesto por el señor senador Astori, al cual luego se daría lectura.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Me parece justo que se le dé lectura antes porque el Senado no conoce su texto que, simplemente, enfatiza la aplicación del artículo 37 de la ley de 1990.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo sustitutivo propuesto por el señor senador Astori.

(Se lee:)

«Los contratos de arrendamiento de obra que se formalicen de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la ley Nº 16.127, de 17 de agosto de 1990, sólo podrán celebrarse con personas físicas cuando éstas no tengan la calidad de funcionarios públicos, salvo los casos de funcionarios docentes de Enseñanza Pública Superior, ocupen o no otro cargo público.

Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior aquellos contratos que sean necesarios para el cumplimiento de convenios internacionales, convenios celebrados por la Universidad de la República y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

En el ámbito de la Administración Central dichos contratos deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas y el ministro respectivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación.

Los contratos de arrendamiento de obra que celebren los Servicios Descentralizados y los Entes Autónomos industriales y comerciales deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo, debiendo contar con el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

En ambos casos, el comitente deberá dejar expresa constancia de que no se encuentra en condiciones materiales de ejecutar el objeto del arriendo con sus funcionarios.

Las disposiciones de este artículo serán de aplicación para la renovación de los contratos de arrendamiento de obra vigentes».

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en primer término, el artículo 15 con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-19 en 29. Afirmativa.

A modo de fundamento de voto, la Presidencia desea expresar que no votó a favor de este texto porque considera que el propuesto por el señor senador Astori es más claro.

SEÑOR ASTORI. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar nuevamente el artículo 15.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 16.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 16. - Interprétase el artículo 25 de la ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en el sentido que los funcionarios que hubieran sido restituidos al amparo de las leyes Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, y 15.783, ya citada, y que se hubieran hecho acreedores a los beneficios a los que se remite el artículo 34 de dicha ley Nº 15.783, podrán acogerse al amparo jubilatorio previsto en el artículo 18 y concordantes del capítulo IV de la misma ley o reformar su cédula jubilatoria, debiendo presentar al efecto la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social dentro de los noventa días siguientes a la promulgación de la presente ley.

Extiéndese el presente amparo a los funcionarios que habiéndose encontrado en la misma situación a que refiere el inciso anterior, se hubieran acogido con posterioridad a los beneficios jubilatorios previstos por la legislación común o leyes especiales, quienes podrán reformar su cédula jubilatoria presentándose en el mismo plazo y forma.»)

-La Presidencia acota que la bancada herrerista había propuesto la inclusión de esta disposición a los efectos de votarla negativamente.

SEÑOR SANTORO. - Así es, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de proceder a la votación, la Presidencia expresa que ha estudiado este artículo y que lo considera inconveniente y que va mucho más allá de lo que disponían las leyes a que refiere: la Nº 15.737 -mal llamada «de emergencia» para la Enseñanza, en cuanto dispuso la obligación de reintegrar a los funcionarios destituidos o perseguidos por razones políticas y similares- y la Nº 15.783, propiamente llamada «de destituidos».

Vale decir que las dos leyes mencionadas -particularmente la Nº 15.783- establecían dos sistemas. Por un lado, el de reintegro de los funcionarios que hubieran sido destituidos por las razones expresadas, dándoles la opción, si tenían causal jubilatoria, de ampararse a un régimen jubilatorio especial. Los funcionarios ejercieron el derecho a reintegrarse y, en función de ello, se beneficiaron con una retroactividad, en algunos casos muy importante, al 1º de marzo de 1985. Desde ese punto de vista, el régimen fue excepcionalmente favorable.

Si no he leído mal la disposición o si no está mal redactada, ahora se establece que, además de haber gozado del mencionado beneficio, de haberse reintegrado -a lo que tenían derecho- y luego de haber cobrado sumas importantes por concepto de retroactividad -tal como ocurrió en muchísimos casos en el Poder Legislativo- tendrán un régimen jubilatorio excepcional, que no existe para el común de los ciudadanos.

Entonces, pienso que deberíamos optar por una cosa u otra: esos funcionarios se reintegraban o se acogían a un régimen jubilatorio especial, con la reforma de la cédula jubilatoria. Digo esto, porque luego de haber transcurrido ocho o nueve años desde su reintegro, no parece razonable que ahora aprobemos un régimen jubilatorio especial.

La Presidencia admite que puede estar equivocada en este aspecto, porque no ha estudiado a fondo el asunto. Sin embargo, su primera impresión con respecto a esta disposición es que va mucho más allá de lo que se dispuso y de lo que se quiso hacer en el año 1985.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Quiero decir que en la Comisión realicé una exposición bastante extensa acerca de esta disposición; ahora, por razones obvias -de falta de tiempo- no deseo tener que reproducirla aquí en sala.

Entiendo las objeciones que ha planteado el señor presidente. El tema es que a través de esta norma, que no es novedosa -más adelante explicaré por qué no lo es- se procura colocar, desde el punto de vista jubilatorio, a los funcionarios destituidos que optaron por la restitución en lugar de la jubilación -es decir, los que tenían derecho a ello, porque, como se recordará, aquellos destituidos que al 1º de marzo de 1985 tenían 60 años de edad cumplidos no se podían reintegrar, sino que tenían que jubilarse; esa fue una de las transacciones que en aquella época hizo la Comisión de la Cámara de Representantes que trabajó en el tema con el Poder Ejecutivo- en una situación no inferior a la de aquellos que pudiendo reintegrarse, optaron por jubilarse.

Ahora bien; ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los funcionarios tuvieron expectativas de desarrollo de la carrera administrativa que, en los hechos, no se vieron colmadas. Entonces, actualmente procuran volver a tener la opción que oportunamente tuvieron.

No deseo desarrollar una explicación extensa; simplemente, diré que esto no beneficia al conjunto de los funcionarios restituidos, sino sólo a aquellos -y supongo que su número es limitado- que si fueran a jubilarse hoy en día por el régimen actual no obtendrían una jubilación mejor que la que les habría correspondido según el régimen establecido en la ley Nº 15.783.

Tal como lo señaló el señor presidente, es cierto que algunos de estos funcionarios cobraron importantes sumas por concepto de la retroactividad generada desde el 1º de marzo de 1985; pero no es culpa de ellos. La ley Nº 15.783 preveía plazos muy breves para que los funcionarios que tenían el derecho de ser reincorporados, efectivamente lo fueran. El tema es que, en muchos casos, su restitución se demoró, aunque no por culpa de los propios funcionarios, que plantearon la solicitud a tiempo. Actualmente, hay casos de funcionarios que todavía están demandando su restitución; entonces, la demora de uno, dos, tres, cuatro o cinco años, no es responsabilidad de ellos. Tampoco tienen que ver con el hecho de que, si son reintegrados -es decir, si en definitiva hay una resolución favorable de la Administración o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo- deban cobrar lo que se les adeuda por concepto de retroactividad al 1º de marzo de 1985, porque eso es lo que establece la ley. Reitero que los funcionarios no tienen la culpa de no haber sido reintegrados dentro de los plazos brevísimos que establecía la norma.

Finalmente, deseo señalar que el año pasado, en el artículo 34 de la Ley de Rendición de Cuentas, se aprobó una disposición similar, interpretativa del artículo 25 de la ley Nº 15.783 para los funcionarios de ANCAP. Por lo tanto, ya existe una ley vigente que interpreta el mencionado artículo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si no votamos esta disposición -que, a mi juicio, es absolutamente defendible en lo que hace a la interpretación de la ley Nº 15.783- cualquier funcionario en la misma situación que los de ANCAP, o sea, comprendido en el artículo 34 de la ley Nº 16.320, se presentará ante el Banco de Previsión Social demandando su jubilación conforme a lo establecido en la ley Nº 16.320 ya que en ella se hizo una interpretación de una norma de carácter general, aunque a efectos particulares. Lo cierto es que la interpretación está hecha y en relación a una norma de carácter general de la ley de restitución de funcionarios públicos. Si el Banco de Previsión Social les niega ese derecho, recurrirán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, generándose así miles de juicios -espero que no tantos- en los que probablemente dicho Tribunal acabará dándoles la razón.

Entonces, en tanto hay una norma vigente que interpreta una disposición de la ley Nº 15.783 -si bien lo hace a efectos particulares de un sector específico de funcionarios, los de ANCAP- aquí tratamos de darle carácter general.

Personalmente, si fuera necesario, volvería -aunque fuese por vía de interrupción- a intervenir sobre este tema, pese a que no quiero extender el debate, porque no deseo demorar la consideración de otros artículos, así como tampoco de muchos aditivos que quiero que por lo menos sean examinados por el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si bien la Presidencia no puede polemizar, quiere decir que esta disposición no es para los funcionarios que se puedan restituir en el futuro, ya que se refiere a los que «hubieran sido restituidos». Por lo tanto, les otorga un derecho que no les brinda la ley Nº 15.783. En consecuencia, la disposición no es interpretativa sino modificativa y carece de la iniciativa del Poder Ejecutivo, requerida por el artículo 86 de la Constitución.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Respecto de las últimas palabras de la Presidencia -y sin entrar a polemizar, porque si no ambos estaríamos violando el Reglamento- quiero decir que el tema fue tratado en Comisión muy detalladamente. Allí, se sostuvieron dos tesis, con argumentos muy serios.

Una de ellas sostenía que faltaba la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo porque se estaba creando, no un nuevo beneficio -porque este tema no siempre requiere iniciativa del Poder Ejecutivo- sino una nueva causal jubilatoria. La otra, mantenida por otros señores senadores que también expusieron sus razones con mucha seriedad, expresaba que en realidad de lo que se trataba era de renovar un plazo para una causal jubilatoria que ya existía y que, por lo tanto, era válido interpretar que no se necesitaba iniciativa del Poder Ejecutivo.

Este es el primer aspecto al que quería hacer referencia.

Con respecto al segundo punto que deseo desarrollar, pido a mis compañeros de Senado que realicen el esfuerzo intelectual de situarse en el momento en que los funcionarios eran llamados para restituirse a sus cargos. Algunos de ellos tenían la opción de reintegrarse a su trabajo o jubilarse con un 125% de lo que hubiesen ganado en caso de volver a la actividad. Es decir que si trabajando ganaban 100, sin trabajar, jubilados, percibirían 125. Esta era la situación concreta, y reitero que se refiere a los que tenían derecho a optar, que son los involucrados por esta ley y no aquellos que estaban obligados a jubilarse. Insisto en que se trata de los funcionarios que, o bien entraban a trabajar ganando 100 o dejaban de hacerlo y ganaban 125.

Pido que pensemos en las personas que prefirieron cobrar 100 por un tiempo que podía ser más o menos largo y no 125 porque querían volver a su lugar de trabajo a fin de demostrar, con dignidad, trabajando, ante sus compañeros -algunos de ellos excelentes personas y otros que, quizás, habían dicho «este señor es subversivo» o bien, «está contra la dictadura»- que preferían cobrar 100 desempeñando sus tareas, en lugar de 125 jubilados, sin trabajar. Puedo decir que este grupo de funcionarios es muy grande y pertenece a la Administración Central y a la descentralizada. No niego que entre ellos pueda haber alguno que, al optar, haya pensado que le convenía más reintegrarse a sus labores porque, con el correr del tiempo, podía rehacer su carrera administrativa, llegando a percibir un emolumento mayor a la jubilación. Es posible que ello haya sucedido, ya que en aquel momento las jubilaciones se deterioraban con una rapidez tremenda, cosa que luego se logró detener con la reforma del artículo 67 de la Constitución. Sin embargo -lo repito, porque me consta- muchos quisieron reintegrarse por la dignidad de volver a ocupar un cargo del que se les había echado por razones puramente ideológicas o políticas; querían demostrar ante sus jerarcas y compañeros de trabajo que allí estaban nuevamente, trabajando, ganándose el derecho a cobrar 100, en lugar de 125.

A continuación, quiero decir unas palabras sobre el tema de la retroactividad. Antes que nada, y tal como lo aclaró muy bien el señor senador Cassina, la ley fijó plazos brevísimos y muy razonables para presentarse. La retroactividad que se cobró era hasta el 1º de marzo de 1985 y la ley fue de por ahí...

SEÑOR PRESIDENTE. - De por ahí no, señor senador, fue de noviembre de 1985. La retroactividad nunca fue inferior a diez meses.

SEÑOR KORZENIAK. - Hay casos que conozco, señor presidente, en que la retroactividad fue de dos días, porque el reintegro estaba dispuesto también para los destituidos por el Acto Nº 7, que fue anterior a esa ley. Y hubo gente que se reintegró así.

(Interrupción del señor presidente que no se oye)

SEÑOR KORZENIAK. - Vamos a aclarar, señor presidente, este tema de la retroactividad.

Si hablamos de una retroactividad de diez meses, digo que ella fue fruto de una disposición. Tal como lo expresarían los contractualistas de la época del iluminismo francés, la ley Nº 15.783 fue un pacto social, una renovación del pacto social, tal como diría Rousseau, con esa elegancia que tenía en su literatura política, tan apreciada por mí.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa retroactividad que, repito, creo que era lo máximo que podía pagar el Estado, no era lo que establecía la Constitución, que la fijaba desde el día en que habían sido destituidos con la arbitrariedad más dura y dolorosa que existe, que es la que pena lo que se piensa -a veces también lo que se hace- políticamente. Esto era lo que la Constitución marcaba en el momento de sancionarse la ley Nº 15.783. Hubo una renovación del pacto social al expresar que, dado que no habían sido los que gobernaban en ese momento los que cometieron la tropelía de expulsar gente porque tenía una filosofía distinta a la de la dictadura, lo lógico y equitativo -no estoy planteando ninguna queja- era fijar el límite del 1º de marzo, o sea, la fecha en que la democracia volvió a tener vigencia. Pienso que esto es lo menos que se pudo hacer. No se trata de un regalo del país para esos funcionarios; la retroactividad fijada siempre fue menor a la marcada por la Constitución. Pienso que ha habido mucha dignidad por parte de la gente, ya que no se hizo esa reclamación. Quién sabe lo qué tendría que haber respondido un Tribunal al que se le hubiera planteado este problema, o sea que el Estado y sus órganos -como dice el artículo 24- al ejecutar sus servicios -nada menos que de un gobierno en manos de usurpadores- les provocó no sólo un daño en sus sueldos, ya que no los percibieron por muchos años, sino el perjuicio de haberlos tenido presos, torturados e, incluso, haberlos asesinado.

Personalmente, ante la justicia de esta norma que involucra a personas que llegaron a cobrar una retroactividad que en la mayoría de los casos no alcanzaba siquiera a la décima parte de lo que manda la Constitución, pienso que es justo y equitativo reabrir el plazo. Reitero una vez más que no descarto que la actuación de alguno de ellos fue el fruto de un cálculo, al pensar que les convenía más reintegrarse que acogerse a la pasividad. Sin embargo, tengo la satisfacción de hacerle el honor a la mayoría de ellos de creer que lo hicieron por dignidad personal y, en lugar de retirarse con 125, prefirieron quedarse cobrando 100.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Señor presidente: al igual que el señor senador Korzeniak, me voy a referir a la discusión que se dio en la Comisión de artículos desglosados cuando se analizó este tema. Originalmente, el texto venido de la Cámara de Representantes comprendía cuatro disposiciones relativas a esta misma situación: el artículo 16, para los funcionarios de OSE; el 143, para los del Ministerio de Economía y Finanzas; el 153, para algunos funcionarios de la enseñanza, y el 17, que en términos generales, decía lo siguiente: «Declárase que lo establecido en el inciso primero del artículo 34 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, comprende a todos los funcionarios públicos en situaciones similares, quienes dispondrán del plazo de 90 días establecido en la norma citada». Deseo señalar que esta norma referida en el artículo 17 es la relativa a los funcionarios de ANCAP, a que aludió recientemente el señor senador Cassina. En la Comisión mi sector se opuso, habida cuenta de que la ley Nº 15.783, fijaba un plazo a aquellos que tenían causal, para optar por la jubilación o para reintegrarse a sus funciones. Sin embargo, al haber caducado ese plazo, la causal se extinguió, por lo que este artículo 16 no puede prorrogarla -como dice el señor senador Korzeniak- porque ya estaba extinguida. Entonces, esta disposición configura una nueva causal que hace necesaria la iniciativa del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 86.

Además de lo expuesto, quiero señalar que comparto plenamente lo expresado por el señor presidente del Cuerpo. Este artículo no sólo interpreta la ley Nº 15.783 en el sentido que se quiso dar, sino que amplía su marco de aplicación en una forma que no fue la que tuvo en cuenta la Comisión de artículos desglosados cuando estudió este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea expresar que es muy claro que la ley no se refiere únicamente a quienes en su momento tuvieron el derecho a optar entre la restitución y la jubilación, tal como señaló el señor senador Korzeniak. La ley habla de los funcionarios que hubieren sido restituidos al amparo de las leyes tales y cuales y se hubieren hecho acreedores a los beneficios a que se remite el artículo 34, que eran todos los comprendidos en ésta. Quiere decir que si un funcionario tenía 40 años de edad y no poseía causal jubilatoria, está comprendido en este artículo.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Como las posiciones ya han sido fijadas, simplemente voy a agregar algunos argumentos.

Creo que -pido disculpas por el término que voy a utilizar- no debemos ser mezquinos cuando consideramos este problema. Pregunto, ¿a quiénes refiere esta norma? Se trata de los funcionarios públicos, trabajadores de los Entes, que fueron objeto de represalias durante la dictadura; unos fueron presos -no hablo ya de los muertos, que también los hubo- otros entraron en la categoría C, por causas diversas, entre otras, por ser familiares de quienes estaban en el Penal de Libertad, otros, por razones equivalentes a éstas y algunos porque al jefe no les gustaba la cara que tenían y se aprovecharon de la dictadura, simplemente para destituirlos de sus cargos, cuando no había ninguna norma ni organización sindical que los protegiera. Con el advenimiento de la democracia, se busca una norma, a la cual no me voy a referir ahora porque aquí ya ha sido explicada. Por diversas razones, mucha gente no se enteró que tenía ese derecho, por lo que quedó fuera de los beneficios que ella otorgaba. No voy a mencionar lo que con razón decía el señor senador Korzeniak, en cuanto a que muchos por defensa de la camiseta y por su propia dignidad, prefirieron ir a trabajar, porque se sentían con fuerza y querían demostrar a sus compañeros que habían salido de esa difícil situación que vivieron durante la dictadura y estaban dispuestos a contribuir con la democracia. También es justo decir que ni siquiera a esta gente se le reparó totalmente. Todos sabemos que figuran en una planilla aparte del resto del funcionariado en todos los ministerios. Se trata de planillas expresamente elaboradas para estos sectores, que cuando se jubilan, sus cargos cesan al vacar, lo que significa que no ingresa otro funcionario en su lugar. Repito que aun cuando entraron a trabajar, no se los reparó totalmente, muchas veces porque había desinteligencia entre los que se quedaron trabajando y los que fueron restituidos.

Recién en la Rendición de Cuentas anterior, concretamente mediante el artículo 34, se reparó a los trabajadores de ANCAP que se encontraban en esta situación; lo mismo se hizo para con los funcionarios de la Administración Nacional de Puertos.

En el último inciso del artículo 34 de la ley Nº 16.320 se dice: «Extiéndese el presente amparo a los funcionarios que habiéndose encontrado en la misma situación a que se refiere el inciso anterior, se hubieran acogido con posterioridad a los beneficios jubilatorios previstos por la legislación común o leyes especiales, quienes podrán reformar su cédula jubilatoria». En el Senado esto se aprobó por amplia mayoría, y ello figura en el inciso final del artículo 16. Por eso digo que con esto estamos cerrando la página de un período triste y trágico en la vida de la República, aun cuando mucha gente no ha sido reparada.

Pienso que le haría bien al Senado de la República aprobar esta norma.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: en la Comisión de artículos desglosados votamos este texto que está a consideración del Senado, junto con otra fórmula -de mi autoría- que personalmente entendía que era más simple y sencilla, pero sometiendo la decisión final a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. Como estas dos Comisiones integradas han optado por la otra fórmula, deseo señalar que el Foro Batllista la va a acompañar, porque apunta al mismo objetivo que la que propuse en esa ocasión. En cuanto a este tema, no quiero extenderme demasiado, porque sabemos lo que es la tiranía del reloj durante la consideración de este tipo de leyes.

Digo sí que comparto íntegramente las expresiones del señor senador Cassina sobre el contenido y el propósito de este artículo, así como lo manifestado por los señores senadores Korzeniak y Pérez.

Creo que es hasta innecesario decir que cuando situaciones como éstas nos obligan a reflexionar sobre cuál debe ser nuestra actitud legislativa, primero hay que pensar en la justicia, y cuando se llega a la conclusión de que esta última transita por determinados caminos, habrá que buscar las normas jurídicas que le den el apoyo correspondiente. En este caso, por las circunstancias que han señalado los señores senadores preopinantes, pienso que la justicia es de toda evidencia.

Tal como se ha señalado correctamente, ha habido actitudes muy dignas, que hacen honor al funcionario público de este país, en tanto y cuanto la preocupación principal de muchos fue volver con la frente alta a los cargos de los que habían sido despojados arbitrariamente durante el período de facto.

Luego, se adoptaron prácticas torcidas -si se me permite la expresión- absolutamente inadecuadas e ilegales, por parte de muchos sectores de la Administración Pública en cuanto a los alcances de las normas aplicables. Ahora, le toca al legislador interpretar cuál fue el sentido de las normas anteriores.

Esta no es la primera vez que el Parlamento procede de esta manera y no puedo advertir cuál es la preocupación que surge del hecho de que hagamos una propuesta al Senado determinando cuáles son los alcances de una ley, porque esa es tarea de todos los días en este recinto. Por supuesto que nadie defiende casos en los cuales, so pretexto de interpretar, se están creando situaciones legislativas que por una u otra razón no pueden darse. En ese sentido, alguien ha sostenido -cosa que no comparto- que en algunos casos se estaría configurando una nueva causal jubilatoria y, por lo tanto, según esta tesis, se estaría vulnerando el texto constitucional que confiere exclusivamente al Poder Ejecutivo el derecho de proponer o modificar causales.

Este no es el caso, señor presidente; lo expresé en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y lo vuelvo a repetir ahora, quizás en términos menos técnicos de los que algunos de mis colegas han manejado esta mañana. En ese sentido, debo decir que la causal no se está creando sino que ya existe. Se está tratando de determinar cuáles son los alcances de una causal que viene desde hace mucho tiempo, y de decirle al poder administrador que la misma -que existió y existe- en muchos casos fue mal interpretada por las jerarquías de la Administración Pública, en perjuicio de los funcionarios. A partir de allí, me parece que es inobjetable que quienes votamos este artículo en Comisión, propongamos al Senado una norma que ponga en claro, para quienes parecen estar muy confusos a este respecto, cuáles fueron los propósitos de aquéllos a los que se refieren las leyes contenidas en esta disposición.

En síntesis, creo que no tengo nada más que agregar, porque me siento bien representado por la fundamentación jurídica de los señores senadores Cassina y Korzeniak. Asimismo, debo expresar -y en esto sí coincido con el señor senador Cadenas Boix- que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, tanto quienes estaban en contra de esta norma -que no es mi caso- como a favor, coincidíamos en que era de buena técnica legislativa y de estricta justicia no actuar como el año pasado, a través de «parches o aspirinas» como se hizo con respecto a los funcionarios de ANCAP. No podemos hacer lo mismo ahora con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas o de OSE, sino que se debe establecer una norma de alcance general para todos los funcionarios públicos, ya que el problema se ha producido en todos los sectores de la Administración.

Por estas razones, el Foro Batllista va a acompañar esta norma.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Santoro).

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Tiene la palabra el señor presidente del Senado.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - En primer lugar, quiero expresar que no es argumento para establecer este régimen de carácter general, el hecho de que en alguna Rendición de Cuentas anterior se haya deslizado entre el fárrago de centenares de normas que se votan y aprueban bajo el apremio del vencimiento de los plazos constitucionales, alguna disposición injustificada para algún sector concreto de la Administración, como pudo ser el caso de ANCAP.

Sin embargo, quiero enfocar el problema en su integralidad.

Me sorprende poderosamente -y pido atención al señor senador que me ha precedido en el uso de la palabra- que esta preocupación y deseo de hacer justicia en los funcionarios que fueron perseguidos por la dictadura surja ahora en el año 1993, y no en 1985, cuando gobernaba el Partido del señor senador preopinante y era su Ministerio de Economía y Finanzas el que tenía que hacer frente a las erogaciones consiguientes. En ese sentido, en 1993 muchos se preguntan cómo no se fue sensible ante las personas que fueron perseguidas y que solamente por dignidad se reintegraron a su función en lugar de jubilarse, y no percibieron, en consecuencia, ese beneficio excepcional en materia jubilatoria. ¿Pero eso no se percibió cuando estaban frescas, aún no cerradas, las cicatrices dejadas en esta materia por la dictadura? ¿En ese momento nadie se dio cuenta de la injusticia que significaba condenar -según la tesis que se está exponiendo en Sala- a algunas personas a reintegrarse con el 100% de su salario en lugar de jubilarse con el 125%? ¿Nadie se percató de que había miles de personas -que parece que todos conocíamos- que habían estado en las mazmorras de la dictadura o en el exilio? ¿Recién nos dimos cuenta de esto ocho años después? ¡No, señor presidente! Lo que ocurre es que todos sabíamos en aquel momento que no se podía generalizar ese régimen jubilatorio y que quien no tenía causal jubilatoria era reintegrado de inmediato, si el caso era manifiesto en cuanto a la violación de las normas, o previa realización de un procedimiento que todos votamos entonces. En ese sentido, si tenía la posibilidad de jubilarse, le dábamos la opción de reintegrarse a su trabajo, y en 1985 nadie vio en eso injusticia alguna, ningún procedimiento arbitrario, ni que se erigían en privilegiados a los que se les daba el 125% de la jubilación y, en cambio, se perseguía o se trataba de un modo discriminatorio a los otros. ¿Cómo podemos hablar de discriminación, si la gente se reintegraba a sus cargos, por ejemplo, en enero, marzo o mayo de 1986, cobrando de doce a quince sueldos juntos?

El señor senador Korzeniak, con razón y en estricta teoría jurídica, dice que la restitución tenía que operar a la fecha en que se produjo la destitución arbitraria y, por lo tanto, la indemnización debía retrotraerse a ese momento. De esta manera, algunos hubieran debido cobrar ocho, diez o doce años de retroactividad, lo que, multiplicado por cientos o miles de casos, hubiera significado una erogación absolutamente imposible de solventar por el erario. De modo que esa fue la razón, pero no se diga que esas personas fueron víctimas de la arbitrariedad del Estado, porque cobraron indemnizaciones importantes en muchísimos casos. Además, se dieron casos de expedientes que se demoraron años, porque referían a casos que no eran claros, cuyos titulares se vieron más beneficiados, porque han cobrado indemnizaciones de tres, cinco y seis años. Esto ha ocurrido aquí en el Poder Legislativo, y en todos los organismos públicos.

Entonces, señor presidente, ¡por qué ahora hay que darles el derecho que no les reconoció la ley de 1985? Si ella se los hubiera dado, no tendríamos ninguna duda de que no habría que dictar ninguna ley interpretativa. Al respecto, es claro que la norma no es interpretativa sino modificativa, porque el sistema de la ley Nº 15.783, sin ninguna duda, establecía que la persona que no tenía causal jubilatoria sólo tenía derecho a reintegrarse y mantenía el régimen jubilatorio de todos los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, para el día en que generara la causal correspondiente. Por otro lado, el que tenía la causal jubilatoria o se reintegraba y, por lo tanto, quedaba en el régimen jubilatorio general, o no lo hacía y entraba en el régimen jubilatorio especial.

Por lo tanto, esta norma pretendidamente interpretativa, establece que las personas que se reintegraron, hubieren tenido o no causal jubilatoria a la fecha de la ley Nº 15.783, entran ahora en el régimen jubilatorio especial. En consecuencia, no cabe la menor duda y no hay esfuerzo dialéctico que pueda rebatirme esta argumentación, de que se está modificando la ley Nº 15.783, otorgando a miles de personas un amparo jubilatorio que no tuvieron en aquel entonces, o sea, cuando el gobierno del Partido Colorado, presidido por el doctor Julio María Sanguinetti, no consideró del caso dar a estos ciudadanos el beneficio que ahora el señor senador Ricaldoni manifiesta que es justo otorgar, cuando el gobierno es del Partido Nacional. Esto es claramente violatorio de la Constitución, porque no tiene la iniciativa del Poder Ejecutivo, que exige el artículo 86 de la Carta.

De todos modos, señor presidente, no hago esta argumentación basándome particularmente en el aspecto jurídico que, si se quiere, lo puedo dejar de lado. Lo que sí digo es que existen dos criterios: uno de ellos, supuestamente restrictivo, se aplicó en el año 1985, cuando todo el mundo tenía presente la naturaleza del problema, cuando se manejaban nombres propios y había gente que estaba reclamando; el otro, mucho más amplio, se sostiene ocho años después, argumentándose que se trata de una injusticia que se está cometiendo con las víctimas de la dictadura. Por tanto, si hay injusticia, ésta se cometió en el año 1985, cuando todos votamos esa ley y no ahora.

Para finalizar, deseo agregar algo más, teniendo en cuenta que soy el jerarca de esta Casa, que conozco muchos casos concretos y sé cuánto se ha pagado a determinadas personas; sin embargo no voy a citar nombres propios, para no incomodar a nadie. El inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 15.783 establece que a los efectos de esta ley se consideran destituidas a las personas separadas de hecho de sus cargos, declaradas cesantes por abandono de los mismos o compelidas a jubilarse o renunciar además de las destituidas en sentido estricto. Frente a esto, digo que no hay duda de que aquellas personas destituidas en sentido estricto, aquellas que fueron víctimas de la aplicación del Acto Institucional Nº 7 y las que fueron declaradas cesantes por abandono de los cargos -algunos de estos ciudadanos tuvieron que ocultarse o irse del país- por supuesto que tienen derecho al tratamiento que les otorga la ley Nº 15.783 y a su amparo generoso. Por el contrario, en la hipótesis de aquellas personas «compelidas a jubilarse o a renunciar», han habido muchísimos casos en los cuales la veracidad de que realmente se les hubiere compelido a jubilarse o a renunciar o de que hubieren sido objeto de presión y que por temor se hubieren retirado de los cargos para no sufrir un perjuicio mayor y, eventualmente, la privación de la libertad, fue algo puramente ilusorio, imaginario. Es más: a quien quiera comprobar esto, le puedo exhibir el nombre de muchos funcionarios de esta Casa que se ampararon en esta ley e, incluso, de personas que me expresaron que cobraban porque los demás lo habían hecho, pero, en realidad, consideraban que se trataba de un privilegio que se les había otorgado indebidamente, porque ellos mismos reconocían que se habían jubilado por no tener deseos de trabajar en el Palacio Legislativo durante la dictadura, percibiendo salarios menguados y en un clima que seguramente no era el más grato, pero no por haber sido perseguidos. Esto es algo que ocurrió aquí en el Palacio Legislativo y en muchas otras oficinas públicas. Incluso, las dudas que se dieron en muchísimas situaciones, fueron resueltas con un espíritu generoso en el entendido de que si determinada persona percibía la indemnización, la debía recibir también otro funcionario que era conocido de toda la vida. Repito que esto ocurrió en esta Casa.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo manifestar al señor presidente del Cuerpo que más allá de esa vehemencia que en algunos aspectos es digna de mejor causa, tenga en cuenta que lo que la Comisión de Desglose modestamente pretendió fue que se entendiera lo que establecía el artículo 34 de la ley Nº 16.320, que también hizo un esfuerzo interpretativo y no recuerdo que esto haya puesto en un estado tan emocional al doctor Aguirre Ramírez. Sucede que el artículo 34 de la ley Nº 16.320 que estamos interpretando ahora, tenía dos incisos: uno de ellos se refería a los funcionarios de ANCAP y el segundo -quizás fue incluido utilizando una muy mala técnica legislativa, pero es claramente de alcance general y no sólo referido a los funcionarios de ANCAP- señala que se extiende el presente amparo -es decir el del inciso primero referido a los funcionarios de ANCAP, y obsérvese con qué serenidad me expreso- a los funcionarios que, habiéndose encontrado en la misma situación a que refiere el inciso anterior se hubieren acogido con posterioridad a los beneficios jubilatorios previstos por la legislación común o leyes especiales, quienes podrán reformar su cédula jubilatoria. Entonces, esta ley que data de menos de un año -digo esto porque algunos la olvidan y justamente en el tiempo que ha transcurrido es donde está la justificación- no fue aprobada durante el gobierno del doctor Sanguinetti; tampoco pertenece al gobierno del doctor Lacalle, sino que es una ley que votó el Parlamento. Sin embargo, esta norma interpretativa que en el error o en el acierto -pobres mortales nosotros- establecimos el año pasado, no ha sido entendida por algunos durante estos 11 meses y por esa razón hemos tenido que proyectar esta otra iniciativa para que esas personas se den cuenta de que hay un modesto inciso segundo de un artículo que no se refiere a los funcionarios de ANCAP y que tiene alcance general.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede continuar el doctor Aguirre Ramírez.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Antes de conceder la interrupción al señor senador Korzeniak, quiero aclarar que el señor senador Ricaldoni se ha expresado con serenidad, pero no ha sido ese el tono de todas las intervenciones que se han producido sobre este problema. Lo que ocurre es que el señor senador Ricaldoni se ha mantenido simplemente en el plano de las interpretaciones jurídicas, acertadas o no, porque esto siempre es materia opinable.

Respecto de su última intervención, quiero decir que no tengo en este momento a la vista el artículo 34 de la ley Nº 16.320, pero de la lectura que el señor senador hizo de su segundo inciso, resulta que éste se aplica a los funcionarios que, habiendo sido restituidos, se jubilaron posteriormente por el régimen común. Entonces, si no entendí mal, a estas personas el artículo 34 les pretendió extender el amparo que en materia jubilatoria otorgaba la Ley de Destituidos. Sin embargo, lo que establece el artículo 16 de este Proyecto de Rendición de Cuentas es mucho más amplio, porque extiende ese amparo jubilatorio a todos los funcionarios que hubieren sido restituidos por las leyes Nos. 15.737 y 15.783, se hubieren o no jubilado con posterioridad.

Con mucho gusto concedo la interrupción que me había solicitado el señor senador Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Puede interrumpir el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Muchas gracias.

Deseo referirme exclusivamente a una parte de la exposición del señor presidente de la Asamblea General; concretamente, a los casos que mencionó y que efectivamente existen -muchos de los cuales conozco personalmente- que refieren a funcionarios que no fueron objeto de persecución política o ideológica y, sin embargo, tal como lo dice la jerga popular, «se subieron al carro». Repito que conozco algunas situaciones y vaya mi reproche público y expreso para ellos pero, al mismo tiempo, vaya mi reproche mucho más duro para los jerarcas que aprobaron esa práctica y que no tuvieron la valentía de manifestar a algunos ciudadanos que si bien estábamos en un período de generosidad democrática, no les asistía ese derecho.

Personalmente integré una comisión tripartita que fue creada en aquel momento, y sin ningún dolor pude objetar algunas pretensiones de esa naturaleza; es más, lo hice representando honrosamente a los funcionarios del Banco Central que me habían elegido para integrar dicha comisión. De todos modos, así como existen algunos casos de personas que «se subieron al carro», existen otras situaciones relativas a funcionarios que si bien fueron perseguidos ideológica y políticamente no se les ha reparado ni restituido. Algunos de esos casos, señor presidente, fueron considerados en este Senado. Uno de ellos fue el de una persona homenajeada que murió hace pocos días -se trataba de un militar constitucionalista- y cuya reparación finalmente fue aprobada. Sin embargo, muchas de ellas no han salido, porque todos somos seres humanos con carencias.

Pienso que debemos alcanzar un justo equilibrio. Algunos se «subieron al carro», pero considero que la responsabilidad es tanto de los jerarcas que los acogieron como de ellos, por haberse presentado. En esos casos, no niego mi reproche, pero considero que hay otras situaciones que debieron ser reparadas y que aún no lo han sido. En esas ocasiones, la responsabilidad es exclusivamente del Estado, porque se trata de personas que quisieron que se les reparara. Entonces, repito que debemos hacer el balance equilibrado del asunto que nos conduce a encontrar más o menos justo este artículo 16.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Comparto parcialmente lo que ha expresado en su interrupción el señor senador Korzeniak, con respecto a que las responsabilidades deben distribuirse en forma equitativa, en relación con las situaciones de personas que no habiendo sido perseguidas durante el período de facto, pudieron acogerse a los beneficios de la ley Nº 15.737.

En cuanto a que existan personas que efectivamente fueron perseguidas, destituidas o separadas arbitrariamente de sus cargos y cuya situación aún no se haya reparado, advierto que el artículo 16 no corrige este problema. Esta disposición se refiere a un amparo jubilatorio excepcional para los funcionarios que hubieran sido restituidos. Es decir que no comprende a aquellos que todavía no hayan sido reparados. Ese es un problema diferente, que no se trata ni encuentra solución en el artículo 16.

Concluyo expresando que, en síntesis, no acompaño el artículo 16 porque es claramente inconstitucional, pero sobre todo no lo acompaño porque establece un régimen que no fue votado en 1985 por ninguno de los partidos políticos representados en este Parlamento, porque no lo entendían procedente. Pensaron que lo justo era que quienes no tenían causal jubilatoria se reintegraran y cobraran retroactividad al 1º de marzo y que, quienes sí la tenían, podían optar entre reintegrarse en esas condiciones o jubilarse en ese momento por un régimen excepcional. Por lo tanto, no comprendo por qué ocho años más tarde se propone ampliar de modo extraordinario el régimen jubilatorio que se entendió razonable en 1985.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16.

(Se vota:)

-19 en 30. Afirmativa.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente deseo solicitar que a las 13 horas se pase a cuarto intermedio hasta la hora 16. Lo que ocurre es que, oportunamente, hubo una reunión de senadores en la que se acordó solicitar este cuarto intermedio para que dicho grupo pudiera reunirse a las 15 y reanudar la sesión a las 16 horas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Este tipo de mociones no admite discusión. Por lo tanto, se va a votar si a las 13 horas se pasa a cuarto intermedio hasta las 16 horas.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 22, 23 y 24.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 22. - Incorpórase al Plan de Inversiones Públicas del Programa 004 perteneciente al Inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional», Programa 004, «Fuerza Aérea Uruguaya», Unidad Ejecutora 023, «Comando General de la Fuerza Aérea», el Proyecto «Reconversión Edilicia» por un monto de $ 1:392.800 (pesos uruguayos un millón trescientos noventa y dos mil ochocientos), equivalente a U$S 400.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos mil), para el ejercicio 1994.

ARTICULO 23. - Amplíase el Proyecto 706, «Adquisición de Aeronaves», perteneciente al Inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional», Programa 004, «Fuerza Aérea Uruguaya», Unidad Ejecutora 023, «Comando General de la Fuerza Aérea», en $ 3:482.000 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil), equivalentes a U$S 1:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón), para el ejercicio 1993 y en $ 4:178.400 (pesos uruguayos cuatro millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos), equivalentes a U$S 1:200.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón doscientos mil), para el ejercicio 1994.

ARTICULO 24. - Incorpórase al Plan de Inversiones Públicas del Inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional», Programa 004, «Fuerza Aérea Uruguaya», Unidad Ejecutora 023, «Comando General de la Fuerza Aérea», el Proyecto «Operaciones Aeronaves C-130» por un monto de U$S 1:840.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón ochocientos cuarenta mil), equivalente a $ 6:406.880 (pesos uruguayos seis millones cuatrocientos seis mil ochocientos ochenta), para el ejercicio 1994".)

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Con mucha brevedad, deseo referirme a los artículos 22, 23 y 24. Nuestra bancada no los acompaña, no porque discrepe con la pertinencia de estas partidas y disposiciones, sino porque en el panorama general de inversiones contenido en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas -al que hicimos alusión en nuestro análisis en general en el día de ayer- nos parece que ésta constituye una situación de inequidad. No podemos compartir su criterio en el sentido de que, siendo pertinentes estas propuestas, consideramos que lo son mucho más otras que este Proyecto no contiene, al igual que aquellas actividades que deberían ser reforzadas desde el punto de vista de la inversión y que ni siquiera se mencionan. Esta es la razón por la que no vamos a acompañar los artículos 22, 23 y 24.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por la misma razón en cuyo mérito el señor senador Astori ha fundamentado su voto con respecto a las tres disposiciones, parece pertinente votarlas en conjunto.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Solicito que se voten los tres artículos separadamente, porque nuestro sector va a votar afirmativamente los dos primeros.

SEÑOR MOREIRA GRAÑA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MOREIRA GRAÑA. - Estas tres disposiciones fueron incluidas en la Rendición de Cuentas en la instancia de la Cámara de Representantes; no figuraban en el Mensaje del Poder Ejecutivo. Fueron acordadas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y remitidas al Senado.

Todas ellas se refieren a incrementos de recursos relacionados con la Fuerza Aérea Uruguaya. El artículo 22 establece mejoras destinadas a reciclar las instalaciones, alojamientos, comedores, guarderías y algunos de los edificios fundamentales de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Por su parte, el artículo 23 corresponde a un préstamo que el Banco de la República hizo a las Fuerzas Armadas. Existe un endeudamiento de éstas con la Institución, como consecuencia de un desfase en las tasas de cambios e intereses.

El artículo 24 es un nuevo Proyecto que se establece para el mejoramiento y el mantenimiento de la adquisición de repuestos y, sobre todo, de obras necesarias para continuar lo que se traduce como consecuencia de una donación de los Estados Unidos de dos aeronaves C-130.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Reitero nuestro voto afirmativo a estos artículos, como ya lo señalamos en la Comisión. Además, deseo señalar que las inversiones totales para Defensa Nacional representan menos del 5% de las inversiones totales realizadas en el ejercicio, de acuerdo con los datos con que contamos en la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 22.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 23.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 24.

(Se vota:)

-20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 26. - Increméntase al 4% (cuatro por ciento), la partida establecida en el artículo 44 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Fíjase en un 50% (cincuenta por ciento), el porcentaje a que refieren los artículos 76 y 83 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Los funcionarios que pasen a prestar servicios en comisión en el Inciso 02, a partir del 30 de junio de 1993, sólo podrán percibir la compensación por «Permanencia a la orden» cuando cuenten con un año de antigüedad en la referida situación.

Duplícase la partida anual establecida en el artículo 43 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

Derógase el artículo 39 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991".)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Hemos solicitado la votación separada de este artículo, por el cual se instrumenta una mejora a los funcionarios de la Presidencia de la República, para hacerla extensiva a todos los del Inciso; esto es, a los de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los de la Oficina Nacional del Servicio Civil y a los del Instituto Nacional de Estadística.

En tal sentido, hacemos moción a los efectos de que se comprenda a todos estos funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar, previamente, el texto aprobado por la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda.

Con respecto a dicho artículo, la Presidencia hace notar que debe suprimirse la coma ubicada luego de «Inciso 02», a fin de que quede claro que la restricción en cuanto a la percepción de la compensación por permanencia a la orden se opera cuando los funcionarios están en esa situación a partir del 30 de junio de 1993 y no que sólo lo cobran a partir de esa fecha.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 26 aprobado por la Comisión, suprimiendo la coma luego de «Inciso 02».

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

SEÑOR CASSINA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 27.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 27. - Las remuneraciones correspondientes a los cargos de maestro del Ministerio de Defensa Nacional se equipararán a las de los cargos de igual denominación pertenecientes al Consejo de Educación Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública».)

-La inclusión de este artículo entre los que consideramos separadamente se debe a que la Presidencia ha observado que esta situación es idéntica a la que prevé el artículo 10 respecto a los docentes de la Comisión Nacional de Educación Física y del Instituto Nacional del Menor, en cuanto a que su equiparación con el personal docente del Consejo de Educación Primaria debe hacerse en forma automática por la Contaduría General de la Nación, cada vez que se modifican las retribuciones.

En esta norma se establece que los cargos de maestros del Ministerio de Defensa Nacional se equipararán a los de igual denominación pertenecientes al Consejo de Educación Primaria. Si no tomamos una determinación similar a la del artículo 10, en la práctica va a ocurrir lo mismo que obligó a votar dicha disposición. Por tanto, la Presidencia sugiere que al final del artículo se establezca: «y les será aplicable el artículo 10 de la presente ley», con lo cual la adecuación será automática.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 27 con la modificación sugerida.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 28.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 28. - Establécese la compensación otorgada por los incisos primero y segundo del artículo 77 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en los siguientes porcentajes:

  

%

Personal superior  

30

Suboficiales y clase  

25

Alistados y cadetes  

20

A partir del 1º de enero de 1994 la referida compensación estará sujeta a montepío.

Créase una compensación mensual del 20% (veinte por ciento), sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío, por concepto de «Permanencia a la orden», para el siguiente personal:

- Personal superior de los cuerpos de Servicios Generales determinado por el artículo 94 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

- Personal reservista incorporado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 111 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974.

- Personal del Escalafón H del cuerpo técnico de la Fuerza Aérea Uruguaya.

- Personal superior y subalterno de los Subprogramas 001 ‘Administración Superior’ y 002 ‘Asesoramiento, Coordinación y Planificación de las Fuerzas Armadas’ del Programa 001 ‘Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional’, Programa 005 ‘Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario’, Programa 006 ‘Salud Militar’, Programa 007 ‘Seguridad Social Militar’, Programa 008 ‘Justicia Militar’ y 009 ‘Investigaciones y Estudios Meteorológicos’.

- Personal civil equiparado de todos los programas del Inciso. Esta compensación estará sujeta a montepío, no será tenida en cuenta a los efectos de la aplicación del artículo 42 de la ley Nº 12.801, de 30 de noviembre de 1960, modificativas y concordantes, y no será considerada para calcular ninguna otra retribución de carácter porcentual.

Queda excluido de su percepción el personal en situación de excedencia establecido por el artículo 81 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Suprímense las vacantes de cargos del Escalafón K ‘Personal Militar’ existentes al 30 de junio de 1993.

Lo dispuesto por el inciso anterior será sin perjuicio del derecho a ascender, a la prosecución de la carrera administrativa y de la relación fundacional en su caso, no pudiéndose suprimir ninguna vacante que afecte de alguna manera lo establecido en el presente inciso».)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicitamos que este artículo se considerara por separado porque en la Comisión propusimos una modificación en el párrafo cuarto del segundo inciso, por denominarlo de alguna manera, donde dice: «personal superior y subalterno de los Subprogramas 001, ‘Administración Superior’ y 002 ‘Asesoramiento’, etcétera. Sugerimos que se corrigiera la disposición estableciendo: «personal superior, subalterno y civil de los subprogramas».

En la Comisión expresamos que esta modificación permitiría incluir a los funcionarios civiles de la Dirección Nacional de Meteorología, que padecen una situación de deterioro muy grave en sus ingresos, porque no se les realizó la reestructura que estaba planteada debido a que no hubo posibilidades de hacerlo. A tales efectos, cuentan con el apoyo de la Dirección del Servicio.

El señor subsecretario de Defensa Nacional, seguramente mal informado, señaló que estos funcionarios percibían sueldos superiores a los del personal equiparado, lo cual no es así. De acuerdo con lo que ha sucedido en todas las Rendiciones de Cuentas, siempre los funcionarios equiparados al personal militar llevan una compensación mayor. Justamente por ello accedieron a esa situación, pues si ganaran lo mismo, nadie hubiera pasado a la condición de equiparado. Tengo en mi poder una lista de sueldos y allí se puede observar que en el escalafón técnico, el P5, la diferencia es de $ 500 en un grado, en algunos de $ 530 y en otros alcanza a $ 672.

Mediante esta disposición estaríamos otorgando un 20% de compensación a 100 funcionarios por el servicio que prestan. Se debe tener en cuenta que quienes recibirían este incremento representan el 0,03% de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Por estas razones, propongo que se vote el artículo 28 con la modificación propuesta.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente quiero señalar que en Comisión el tema fue planteado en la forma en que se acaba de exponer aquí y se respondió en el sentido de que los funcionarios civiles de la Dirección Nacional de Meteorología están comprendidos en otras disposiciones de este proyecto de ley, que tienen que ver fundamentalmente con lo que establece el artículo 12 para quienes se encuentran al tope de la tabla de sueldos en su carácter de personal de esta Dirección. Ello significa que tendrán la posibilidad de ser contemplados en lo relativo a aumentos en sus asignaciones.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - A mi juicio, el señor senador Santoro padece de un error. Los funcionarios de la Dirección Nacional de Meteorología tienen «topeadas» las compensaciones al grado, tal como se explica meticulosamente en uno de los repartidos. Quiero destacar que se trata de técnicos que perciben entre $ 800 y $ 1.000 por mes y que desempeñan funciones esenciales para el país.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Hicimos la precisión de que quienes tenían sus remuneraciones topeadas tenían la posibilidad de recibir aumentos por el artículo 12, que alude a una racionalización y no a topes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 28 con el texto aprobado por la Comisión. Si la votación resultara negativa, entonces votaríamos el texto propuesto por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 16 horas.

(Así se hace. Es la hora 13 y 03 minutos)

(Vueltos a sala)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 16 y 56 minutos)

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor presidente: deseo formular una moción poco simpática, pero si seguimos deliberando en la forma en que lo hemos hecho hasta ahora, se va a vencer el plazo constitucional y no habremos terminado de considerar el proyecto de ley que tenemos a estudio. Por eso, dada la cantidad de artículos que aún restan del texto aprobado en Comisión y los distintos aditivos que se han repartido, parece imprescindible a esta altura de la jornada disponer que se limite el tiempo de cada orador a cinco minutos, así como que se elimine el uso de la palabra para fundar el voto.

Mediante estas dos limitaciones esperamos agilizar más el trámite legislativo. Entonces, hago moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea señalar que aún restan considerar 65 artículos, al margen de los aditivos.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Simplemente quiero señalar que comparto la propuesta formulada por el señor senador Zumarán y propongo que la misma se ponga a votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Zumarán.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1992.

En consideración el artículo 32.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 32. - Autorízase en el Programa 004 «Fuerza Aérea Uruguaya», a la Unidad Ejecutora 023 «Comando General de la Fuerza Aérea», a disponer de hasta un 5% (cinco por ciento), de lo recaudado anualmente en el Programa 005 «Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario» por la Unidad Ejecutora 032 «Dirección General de Infraestructura Aeronáutica», con destino a la financiación de obras de infraestructura comprendidas dentro de la competencia de la Unidad Ejecutora 023.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a esos efectos, a habilitar anualmente los créditos correspondientes».)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - En Comisión votamos negativamente este artículo por entender que el mismo importa una disposición de los recursos con los que cuenta la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica para inversiones en materia de aeropuertos. Esta norma no posee iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional. Además, la Comisión rechazó otro artículo que también incursionaba en la materia de disposición de esos recursos, que por el artículo 511 de la última Rendición de Cuentas fueron distribuidos a fin de materializar una ecuación económica que permitía la retribución decorosa de los funcionarios del Aeropuerto, así como la asignación de fondos de parte de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica para las inversiones que comprenden áreas fundamentales de su trabajo.

Dejamos constancia de que no compartimos esta disposición, pues va a erosionar gravemente los recursos de esta Dirección que serían destinados a la financiación de obras de infraestructura comprendidas en las competencias de la Unidad Ejecutora 023 para autorizar al Programa Fuerza Aérea Uruguaya a disponer de ese 5%.

Reiteramos que este artículo no cuenta con la iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional; no lo compartimos cuando se planteó en Comisión y creemos que, entonces, no debe votarse a fin de mantener la actual situación que permite el funcionamiento regular de esa Dirección.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 32.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-19 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 36.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 36. - Es incompatible la calidad de afiliado activo o pasivo del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, con la situación de funcionamiento civil, contratado o presupuestado de los Diques del Estado (SCRA)».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-21 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 37.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 37. - Los funcionarios civiles de los Diques del Estado (SCRA) que al 31 de diciembre de 1992 tengan 3 o más años de antigüedad serán regularizados a partir del 1º de enero de 1993 tomando en cuenta la tarea más calificada realizada por los mismos, y serán presupuestados a partir del 1º de enero de 1994».)

-Con respecto a esta disposición, la Presidencia quiere preguntar a alguno de los miembros de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda qué quiere decir que los funcionarios a que refiere este artículo serán regularizados.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor presidente: el hecho de regularizar a esos funcionarios desde el punto de vista presupuestal es una muy vieja aspiración y tal como señalaba el señor senador Santoro en Comisión, esto ya se había planteado en el período de gobierno anterior. Concretamente, se refiere a la perspectiva presupuestal de la regularización, o sea, a la presupuestación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, ¿por qué no se establece que dichos funcionarios serán presupuestados?

SEÑOR ZUMARAN. - Ello se establece en la parte final del artículo.

SEÑOR ASTORI. - Sí, efectivamente, ello es así. Aunque la redacción de la norma no es feliz, propongo no discutir al respecto porque la aclaración figura al final de la línea.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor senador, pero no se trata de un sinónimo, porque se expresa: «regularizados a partir del 1º de enero de 1993» y, luego, «presupuestados a partir del 1º de enero de 1994».

SEÑOR ASTORI. - El problema consiste en la calificación de la tarea en la regularización previa y, luego, a partir de la fecha subsiguiente se lleva a cabo la presupuestación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 37.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 39.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 39. - El personal docente perteneciente al Inciso 04 «Ministerio del Interior», Programa 009, Unidad Ejecutora 026 «Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarias y Centros de Recuperación», cuyos cargos fueron transformados por aplicación del artículo 138 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, tendrá derecho al reconocimiento de sus servicios anteriores prestados como docentes en dicha Unidad Ejecutora por la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, que los computará, a los efectos de los retiros respectivos, desde la fecha de su ingreso a dicha Unidad Ejecutora».)

-Antes de votar esta disposición, deseo expresar que solicité una explicación sobre esta norma al señor ministro del Interior. Al respecto, me dijo que no tuvo oportunidad de defenderla en Comisión, porque no estaba incluida en el Mensaje original, pero que el artículo, de inteligencia difícil por defectos de redacción, tiende a subsanar una situación de irritante injusticia, cual es la de personas que cumplían funciones en las cárceles, o sea en la Dirección Nacional de Cárceles. En concreto, desempeñaban tareas de carácter docente, pero en realidad, en la medida en que trataban con el elemento humano de esos establecimientos, desarrollaban actividades policiales. En ese sentido, estaban desprovistos de los beneficios que tienen los funcionarios policiales, entre otros en cuanto a su régimen de pasividades y al cómputo de los años. Asimismo, tampoco se les aplicaban las normas generales que se disponen para los funcionarios públicos. Por esos motivos, el señor ministro indicó que, a su juicio, se trata de una disposición eminentemente justa y conveniente. Entonces, me sugirió que se hiciera una variante en la redacción, a los efectos de aclarar el punto. Donde dice: «Dirección Nacional de Asistencia Social Policial»..., se agregaría «la cual los computará» -ya que se trata del reconocimiento de los servicios a efectos jubilatorios- «a los efectos de los retiros respectivos desde la fecha de su ingreso a la prestación efectiva de funciones en aquella Unidad Ejecutora». Es decir, que se refiere a la Dirección Nacional de Cárceles. En dos oportunidades se hablaba, en el texto proyectado, de «la citada Unidad Ejecutora», induciendo a confusión.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor presidente: coincido totalmente con lo que acaba de señalarse ya que efectivamente este artículo no estaba incluido en el Mensaje del Poder Ejecutivo, sino que fue producto de una iniciativa planteada en la Cámara de Representantes por parte de la bancada de la Lista 94. Asimismo, nos consta que el señor ministro está de acuerdo con esta disposición. Obviamente, se trata de un acto de estricta justicia y, por nuestra parte, estamos de acuerdo con las modificaciones que se acaban de señalar.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Brevemente, deseo dejar constancia de que no votamos esta disposición en Comisión debido a que la misma carecía de iniciativa. Tal como se dijo, fue incorporada en la Cámara de Representantes y, repito, esa fue la razón de que no diéramos nuestro voto favorable a dicho artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 39.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 43.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 43. - Sustitúyese el literal B) del artículo 174 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

«B) 50% (cincuenta por ciento), a un fondo que se distribuirá mensualmente y en efectivo, entre la totalidad de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora en forma igualitaria y de acuerdo a las disposiciones del mismo».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 44.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 44. - Amplíase hasta el 30 de junio de 1994 el plazo para que la Inspección General de Hacienda concluya la liquidación del grupo patrimonial a que refiere el decreto-ley Nº 14.672, de 27 de junio de 1977».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 45.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 45. - El excedente no afectado del artículo 9º del decreto-ley Nº 15.716, de 6 de febrero de 1985, por aplicación del artículo 217 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se destinará a la promoción social y bienestar de los recursos humanos de la Dirección de Loterías y Quinielas.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 49.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente: «Artículo 49.- Sustitúyese el texto del artículo 44 de la ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985, por el siguiente:

«ARTICULO 44. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a contratar un seguro colectivo de asistencia médico hospitalario válido para todos los países en beneficio de los funcionarios pertenecientes a los escalafones M y A y de su núcleo familiar.

Quedarán comprendidos en este beneficio los funcionarios de los escalafones B, C, D, E y F, a los que se incluirá su núcleo familiar cuando presten servicios en el exterior.

La Contaduría General de la Nación habilitará en cada ejercicio el crédito necesario, por un importe equivalente al costo anual de dicho seguro. En el ejercicio 1994, el monto no podrá exceder de lo gastado por dicho concepto durante el ejercicio 1993").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 50.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 50. - El Ministerio de Relaciones Exteriores dispondrá de la totalidad de los ingresos extrapresupuestales que por cualquier concepto recauden sus oficinas consulares, así como en Cancillería.

El 50% (cincuenta por ciento), como mínimo, de dichos recursos se destinarán al Fondo Permanente de Compensación creado por el artículo 192 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y el resto a inversiones y gastos de funcionamiento de la Cancillería.

Déjase sin efecto la limitación dispuesta por el artículo 130 de la ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 52.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 52.- Agrégase al artículo 458 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el siguiente literal:

«G) El área total del bosque indígena del Queguay que comprende el «Rincón de Andrés Pérez» y su prolongación aguas abajo de la confluencia de los ríos Queguay Grande y Queguay Chico en una extensión aproximada a las trece mil quinientas hectáreas, así como los bañados y esteros existentes en la zona circundante.»

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Creo que sobre este punto existe una equivocación, ya que el artículo 52 debería pasar al Inciso correspondiente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Precisamente, la Presidencia iba a realizar la misma puntualización. Si este artículo se vota afirmativamente, hay que ubicarlo en el inciso correspondiente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque el artículo 458 de la ley Nº 16.170 enuncia competencias de la citada Cartera.

Observo que el señor senador Cassina concuerda con lo que acabo de indicar.

SEÑOR DE BOISMENU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE BOISMENU. - Brevemente, deseo expresar que en el seno de la Comisión votamos negativamente el artículo en consideración. Con todo respeto, debo decir que nos sorprendió lo específico de esta disposición. En virtud de que conocemos estas áreas, creemos que con esta situación se puede ver afectada nuestra responsabilidad como legisladores, ya que estaríamos dejando en manos de administradores la interpretación del significado del término «zona ecológica». A este respecto, debo decir con sinceridad que no conozco cabalmente el sentido de esa expresión. Por ese motivo, preferiría votar sabiendo específicamente qué significado tiene la citada denominación y qué normas pueden aplicarse en el caso en que una determinada área se incluya en este tipo de leyes.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor presidente: deseo aclarar que dos artículo de idéntica índole al que estamos considerando fueron rechazados por la Comisión en virtud de que se entendió que los mismos competían directamente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sin embargo, posteriormente se introdujo esta disposición que refiere a la misma materia. En aquel momento, se argumentó que se votaban las tres normas y en ese sentido es que las apoyé. No obstante, estos artículos no aparecen en el repartido y por ello creo firmemente que en última instancia no se votaron o si se lo hizo no me percaté de ello. Por consiguiente, considero que deben incluirse los tres puntos o ninguno, ya que todos entran en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por lo tanto, reitero, debería rechazarse este artículo.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El artículo 458 de la ley Nº 16.170 es el que establece cuáles son las áreas sujetas a la acción del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En la Cámara de Representantes se cambió la jurisdicción, determinándose que la competencia no correspondió a la citada Cartera, sino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El propósito del legislador fue rechazarlo en Comisión y, en consecuencia, queda vigente el texto del artículo original que mantiene en el área del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la atención de estos asuntos. Asimismo, me permití proponer un agregado al artículo que quedó vigente desde el momento que se rechazó en Comisión la sustitución de un Ministerio por otro.

Al quedar esto comprendido en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, propuse la incorporación de este texto que se refiere a un área correspondiente al departamento de Paysandú, la cual está perfectamente delimitada, sumándola a otras que habían sido tenidas en cuenta por el legislador en este mismo artículo 458. No se trata, entonces, de que traspasemos un área determinada al Ministerio correspondiente, sino que esto ya está dispuesto en la ley vigente desde el período anterior. Ahora simplemente agregamos esta y no veo el motivo por el que pueda considerarse distinto, peor, inadmisible o inaceptable con respecto a las otras que figuran en el articulado.

De modo que de aprobarse el artículo 52 se estaría manteniendo en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente las cuatro o cinco zonas establecidas por el artículo 458 de la ley aprobada en 1990, a las que se agregaría la del departamento de Paysandú, en virtud de sus especiales características.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Quisiera aclarar que el artículo 53 que fue rchazado por consejo de la Comisión de Artículos Desglosados, ya que se entendió que pertenecía al Inciso «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente», establecía que se encomendaba al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el estudio y definición precisa de las áreas de protección y reserva ecológica, así como la reglamentación de su uso y manejo, etcétera. Más adelante citaba varios decretos y fijaba otras zonas. Estas áreas no se incorporaron por consejo de la Comisión de Artículos Desglosados. Por lo tanto, si estos artículos no se incorporan no veo por qué deben incluirse otros de la misma índole.

Por lo expuesto, adelanto que no voy a votar este artículo, salvo que se revea y se incluyan todos en el lugar que corresponda.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Voy a procurar dar una explicación que comprende también la posición que sostuvo el señor senador Pereyra, que fue similar a la mía, en relación con varios artículos que venían de la Cámara de Representantes y que la Comisión Especial de Artículos Desglosados aconsejó suprimir.

Estos artículos suprimidos refieren a disposiciones por las cuales competencias que actualmente, de acuerdo con leyes vigentes, pertenecen al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pasarían a la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Al igual que el señor senador Pereyra, defendí esta posición, porque aun comprendiendo que en definitiva estos cometidos deben ser del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, es cierto que quien está preparado para cumplirlos es la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, si es que queremos que esto se cumpla de inmediato. Esto no fue un invento de los señores representantes, ya que fue acordado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero este no fue el criterio de la Comisión Especial de Artículos Desglosados ni de la mayoría de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Por este motivo, todos estos artículos fueron suprimidos. Sin embargo, este artículo que estamos considerando está vigente, con los literales que llegan hasta el F), en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El texto venido de la Cámara de Representantes proponía, en primer lugar, pasar estos cometidos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, en segundo término, agregarle el literal G), que refiere a una determinada área que no está contemplada en la ley. En la medida en que la Comisión Especial de Artículos Desglosados no estuvo de acuerdo con este traspaso de cometidos de un Ministerio a otro, se optó por agregar al artículo vigente, que refiere a cometidos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, este literal G) para proteger también esta área.

Personalmente, dejé constancia, al igual que el señor senador Pereyra, de que discrepábamos con la idea de mantener estos cometidos en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, aunque fuera por cierto tiempo, porque creemos que no está preparado para ello. En realidad, deberían ser cometidos de la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por lo menos durante un tiempo. Lamentablemente, este no fue el criterio adoptado por la mayoría de la Comisión y no es del caso replantear ahora este tema.

En consecuencia, creo que el artículo debe ser votado como viene, porque aun con una ubicación que tanto el señor senador Pereyra como quien habla consideramos desaconsejable dentro de la órbita de los Ministerios, incorpora un área que, a mi juicio, debe incluirse dentro de las de reserva y protección ecológica.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - En conversaciones con algunos señores senadores, he comprobado que existe cierta confusión, la que sería conveniente aclarar.

Lo que planteaba el artículo proveniente de la Cámara de Representantes era un traspaso de competencias hacia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que de acuerdo con la legislación vigente estaban en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Se trataba de una serie de disposiciones, de las que una de ellas comprendía la definición de esta área que se está considerando en este artículo 52 como área ecológica. En el tratamiento de la Comisión se resolvió por mayoría no otorgar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la supervisión de esta área, sino que esto quedara en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Esta sería una forma de aclarar el problema, es decir, ver si estamos de acuerdo o no con que la supervisión sea realizada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Otro aspecto importante es el que refiere a si esta área corresponde que sea declarada ecológica. En ese caso, habría que analizar si lo que se determina en este artículo delimita un área que tenga que ser declarada zona ecológica.

En cuanto al primer aspecto, quien habla opina que la supervisión debería estar a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En lo que respecta al segundo tema, adelantamos que votaremos en contra de este artículo 52, ya que el mismo denomina como «ecológica» un área de 13.500 hectáreas que incluye una sola zona de explotación agropecuaria, tal como lo demostrara la información que hemos recogido. Se trata de una extensión de tierra de la que casi el 70% se destina a la explotación agropecuaria, por lo que esta disposición dificultaría enormemente su posibilidad de desarrollo.

En síntesis, puedo decir que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda votamos a favor de que la responsabilidad de la aplicación de estas normas quede en manos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mientras lo referente a la declaración de zona ecológica lo votamos en contra.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Muy brevemente deseo expresar que compartimos el criterio de que una serie importante de disposiciones trasladaran competencias del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hacia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La Comisión entendió que no era correcto que eso ocurriese, en virtud del contenido de la mayoría de esas normas. Pero, en este caso, se trata simplemente de agregar un inciso a un artículo para que se considere área ecológica a una determinada zona.

Por lo tanto, desde ya adelanto que estamos en condiciones de votarla.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Deseo reiterar la opinión que expuse en Comisión en contra de la incorporación de este artículo.

En primer lugar, coincido con la decisión que se tomó inicialmente en Comisión, recogiendo la opinión y el dictamen de la Comisión Especial de Artículos Desglosados, en cuanto a no trasladar las competencias en esta materia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Cuando se discutió en el Senado la Ley de Medio Ambiente, se puso de relieve la necesidad de que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fuera el centro desde el cual emanara la política y el control en la materia, sin perjuicio de la participación, colaboración y coordinación con otros organismos -inclusive con los Gobiernos Departamentales- que por mucho tiempo continuarán cumpliendo importantes funciones en lo que se refiere a la protección ecológica. Creo que está bien que esto sea así porque dicho Ministerio no podría de un día para otro suplir lo que otros organismos ya están haciendo con eficiencia, aunque sería bueno que en un futuro lo hiciera. Esta Cartera es la que tiene las competencias originarias y, por lo tanto, corresponde que ejerza la coordinación en esta materia.

En lo que se refiere a la incorporación de esta área de protección ecológica, debo decir que en la Comisión señalé -y lo reitero ahora- que no habíamos recibido información sobre el tema. El Senado cuenta con la Comisión de Medio Ambiente que es un ámbito adecuado para estudiar estos temas. Me parece que incorporar una zona al área de protección ecológica sin contar con una información suficiente, sería incurrir en un apresuramiento.

Muchas gracias.

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Aparentemente hay acuerdo mayoritario en el Senado a fin de que lo que establece este artículo 52 sea competencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Por otra parte, quisiera realizar una breve defensa en el sentido de mantener la zona a que se hace referencia como «área protegida». Sobre «Rincón de Andrés Pérez» existe literatura realizada por el periodismo en Paysandú; y también por ese medio se tratan los problemas ecológicos en Montevideo. Por su parte, en la Comisión de Medio Ambiente hemos hablado sobre este tema sin tomar ninguna resolución en lo que tiene que ver con las áreas naturales a ser preservadas. Asimismo, pienso que hay una equivocación cuando se plantea que puede haber un impedimento para la explotación ganadera o agrícola, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52. Lo que considero que está prohibido y no debe hacerse, es terminar con el monte indígena o tomar medidas negativas -como se ha hecho en otros casos- en los bañados y esteros de las zonas circundantes.

En el artículo 458 de la ley Nº 16.170 se habla de que se reglamentará el uso y manejo, particularmente, dentro de la zona que se determine como áreas naturales reservadas. Esto quiere decir que posteriormente a nuestra votación, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, adoptará medidas para reglamentar lo que estamos aprobando. Con respecto a la explotación ganadera y agrícola, pienso que es un problema que está en manos de los actuales propietarios.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRUERA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Lo que planteaba era que en este artículo 52 se declara un área total del bosque indígena. Sin embargo, en la misma disposición se menciona una extensión aproximada a las 13.500 hectáreas. Por lo que pudimos averiguar, el monte indígena ocupa un área menor a las 2.000 hectáreas -estaría en el orden de las 1.700 hectáreas- por lo que esta declaratoria sería por demás extensiva y podría traer -si bien no formalmente- algunas dificultades para la explotación.

En uso de esta interrupción, me permitiría remitir a la Mesa una redacción sustitutiva que delimitaría mejor el área a los efectos de ser declarada en el sentido que se propone.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - No puedo opinar sobre la propuesta del señor senador Alonso Tellechea porque no la conozco. Por otra parte, considero que puede ser discutible la cantidad de hectáreas que se plantea en el artículo 52, pero no estoy en condiciones de rebatir las cifras que se puedan manejar.

Por el momento, es cuanto quiero expresar.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Antes que nada, quisiera manifestar mi alegría por el hecho de que aparezca el monte indígena porque, como he dicho en Comisión, no hay Rendición de Cuentas que no tenga alguna disposición sobre este tema. En las ocho o nueve Rendiciones de Cuentas en que he participado, hemos discutido largamente sobre la protección de esta zona; sin embargo, con los años, el monte indígena disminuye. Creo que pocos ejemplos podría haber encontrado Carlos Quijano acerca del progreso manuscrito; vamos a agobiar el monte indígena de disposiciones, pero año a año desaparece.

Sin perjuicio del tema planteado referente a qué Ministerio le compete este problema -naturalmente, que desde la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente esta parecería ser la Cartera racionalmente competente, aunque no se ha preparado para esta función -me parece que existe una cuestión de fondo y mientras no la resolvamos, nos vamos a encontrar con estos inconvenientes. Por ejemplo, se fija un área que queda bajo protección ambiental, pero allí existen padrones que son propiedad privada y están dedicados a la agricultura o a la ganadería. Entonces, sometemos a esos propietarios a ciertas restricciones en el uso de su propiedad, por supuesto que con una finalidad muy loable, como es el hecho de preservar el medio ambiente. No tengo dudas de que entre el interés general de preservar el medio ambiente y el particular de explotar el predio, la sociedad hará prevalecer el interés general, pero considero que la carga de esa preservación no puede ser soportada exclusivamente por el propietario del padrón. Estimo que la misma debe ser distribuida entre el conjunto de la comunidad, es decir, que habría que indemnizar de algún modo a dicho propietario -quizás expropiando esas tierras- para que las zonas de reserva ecológica formen parte de parques nacionales -y por lo tanto sean de propiedad pública- como en muchas partes del mundo. Pienso que aquí hay una contradicción insalvable porque queremos preservar un área -creo que hay sobrados motivos para ello y el Uruguay ha estado omiso en ese sentido- pero damos el paso ineludible que consiste en sacar estas tierras del ámbito privado, para que integren un patrimonio de la sociedad, es decir, un parque nacional. Sin embargo, lo que hacemos es ponerle al particular, dueño de esa zona, una serie de limitaciones para usarla, porque si un particular explota intensivamente la agricultura o la ganadería en un predio de este tipo, inexorablemente se produce un daño ecológico. Esa es la naturaleza de las cosas y no puede ser de otra manera. Entonces, estos problemas los vamos a seguir teniendo hasta que no formemos un patrimonio de la sociedad, en forma de parques nacionales donde se preserven esos valores ecológicos.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - No tenía intención de hacer uso de la palabra, pero considerando que la disposición que estamos discutiendo corre el riesgo de no ser aprobada, haré los siguientes comentarios.

El área que ahora se pone bajo protección es muy importante desde el punto de vista ecológico. Todos sabemos la significación que siempre ha tenido el Rincón de Andrés Pérez, en la confluencia del Río Queguay Grande con el Queguay Chico. En realidad, pienso que no se ha leído correctamente la disposición citada.

Es necesario aclarar que este artículo no agrega facultades al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino que a las actuales potestades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se le incorpora una disposición por la cual, además de otras áreas que están bajo protección, como reserva ecológica, se agrega el Rincón de Andrés Pérez y su prolongación -de aquí surge el error en que incurre el señor senador Alonso Tellechea- aguas abajo de la confluencia. Se establece, también, que se va a reglamentar el uso y manejo y se aclara que no puede haber obras que alteren el ecosistema y que para efectuar cualquiera de ellos se requerirá la autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Por lo tanto, no se está restringuiendo el derecho de propiedad, sino que, en realidad, se impide al propietario -lo que debería hacerse con todos, independientemente de que tengan su área bajo control ecológico- efectuar cualquier acción que interrumpa el equilibrio del ecosistema. Este aspecto es fundamental para esta zona por tratarse de la masa de agua más importante de Paysandú que nutre el Río Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Brevemente, señor presidente, quiero hacer algunas puntualizaciones, puesto que cuanto iba a expresar fue expuesto con mayor brillo por el señor senador Zumarán.

No soy contrario a declarar áreas ecológicas y que determinadas zonas del país sean individualizadas y protegidas en el sentido que lo pretende esta disposición. Sin embargo, confieso que necesitaría mayor información sobre las razones por las cuales ciertas áreas deben ser objeto de esa protección. Si bien comparto la idea de que la protección de un ecosistema debe ser de fundamental atención por parte de la sociedad, no puedo votar afirmativamente este artículo sin contar con los elementos de juicio que demuestren que este predio en particular es esencial para la preservación del ecosistema.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Apoyamos las expresiones del señor senador Zumarán porque entendemos que si en realidad hay interés -que existe- en conservar algunas especies del monte indígena, no hay otro medio para hacerlo que mediante la creación de un parque nacional. En este sentido, pienso que sería absurdo pretender de los propietarios del campo, que pagan impuestos, el no uso de sus tierras.

Existen algunas variedades de árboles que deben ser podadas, sobre las que nada se dice en esta disposición, lo cual me obliga a votar en su contra. Creo que la única manera de conservar los montes indígenas es que el Estado pague por ellos. De lo contrario, no tiene sentido, puesto que, por ejemplo, hay determinadas especies que son invasoras, como el espinillo, que es considerado un mal endémico y que cuando se lo deja avanzar, prácticamente no se puede arar los campos ni entrar, ya sea a caballo o a pie; únicamente, utilizando una expresión vulgar, en cuatro patas.

Entonces, hablar de montes indígenas supone una discusión en la que debe tomarse en cuenta una serie de elementos muy importantes y no un mero enunciado como en este caso, que, repito, carece de sentido. Como ya dije, la única forma de encarar el tema del monte indígena es creando un parque nacional y que sea el Estado el encargado de organizar su conservación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Luego de esta clase, por parte del baquiano del monte indígena, probablemente el artículo resultará con una votación negativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para dejar una constancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Deseo dejar constancia de que cuando este tema se planteó en Comisión, recibió una votación unánime de 12 en 12.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Blanco dice lo contrario.

De todas maneras, la votación en Comisión no condiciona el pronunciamiento del Senado.

SEÑOR CIGLIUTI. - No lo dije por eso, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa informa que existe un texto sustitutivo, propuesto por el señor senador Alonso Tellechea, que se agregaría como literal G) al artículo 458 de la ley Nº 16.170, y que expresa lo siguiente: «El área natural de los bosques indígenas del Queguay, que comprenden los existentes en la confluencia de los Ríos Queguay Grande y Queguay Chico, así como su prolongación aguas abajo de dichos ríos, con sus bañados y esteros ribereños.»

SEÑOR DE BOISMENU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE BOISMENU. - Debo hacer una aclaración porque al comienzo de esta discusión afirmé que en Comisión había votado en contra de este artículo y luego, el señor senador Cigliuti -digo esto con todo respeto- manifestó que en aquella oportunidad la votación había sido 12 en 12, cuando, en realidad, hubo 12 voluntades a favor en un total de 14.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 52 con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-11 en 31. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 52 con el texto propuesto por el señor senador Alonso Tellechea.

(Se vota:)

-18 en 31. Afirmativa.

Este artículo se incluirá, variando su numeración, en el Inciso 14, correspondiente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En consideración el artículo 53.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 53. - Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a proceder a la venta directa de los productos madereros procedentes del manejo del patrimonio forestal del Estado, que administra el citado Ministerio.

Queda, asimismo, facultado a fijar los precios de venta, que se reajustarán semestralmente sobre la base de los que rijan en el mercado interno.»)

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: es probable que este artículo, dentro de la totalidad del Proyecto de Rendición de Cuentas, constituya una cuestión menor. Sin embargo, debo decir que en la Comisión Especial de Artículos Desglosados esta disposición fue rechazada por diversas razones aunque, posteriormente, fue rehabilitada en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Se trata de un artículo que tiene una serie de disposiciones que no logra convencerme y creo que fueron el motivo de su rechazo por parte de la Comisión dedicada al estudio de los artículos desglosados.

En primer lugar, se establece una autorización al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para proceder a la venta directa de los productos madereros procedentes del manejo del patrimonio forestal del Estado. Esto significa que se permitiría que ciertas ventas que pueden alcanzar montos muy importantes, se harían al margen de las normas del TOCAF, es decir sin llamado a precios, sin licitación y directamente por el Ministerio. Por supuesto, esta situación supone que no exista la más mínima norma de contralor respecto a la comercialización de bienes del Estado.

En segundo término, en el inciso final del artículo, ello es aun más claro -y, por lo tanto, más inconveniente- por cuanto se establece que el Ministerio queda facultado a fijar los precios de venta, lo cual pone todavía más al descubierto lo inapropiado de esta disposición que, por otra parte, no establece que los precios de venta sean aquéllos más favorables para el Estado, sino los que éste disponga unilateralmente. Esto, en definitiva, me parece un mal precedente.

Todas estas razones fueron esgrimidas en la Comisión Especial de Artículos Desglosados. Sin embargo, advierto que aquí se le introdujo un agregado que acota la importancia de lo que he señalado, porque se refiere - no ocurre lo mismo con el texto remitido a nuestra Comisión- a los productos madereros que administra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por su parte, la otra norma citaba a todos los Ministerios.

De todos modos, señor presidente, adelanto que no voy a acompañar este artículo por los argumentos que acabo de exponer.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: el señor senador Ricaldoni acaba de sintetizar con total exactitud los argumentos que fueron expuestos en la Comisión Especial para el estudio de los artículos desglosados a los efectos del rechazo inicial de esta norma.

Cabe destacar que luego la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda introdujo algunas mejoras a este artículo, por lo menos estableciendo que se refería exclusivamente a los productos madereros que administra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y no a toda la producción maderera del Estado, tal como se disponía originalmente en el texto de la norma, lo que era inaceptable. No obstante ello, compartiendo la argumentación que acaba de formular el señor senador Ricaldoni, nos parece que la disposición podría aprobarse con las siguientes enmiendas. En primer lugar, habría que suprimir la palabra «directa» del primer inciso, sustituir el punto final por una coma y agregar la expresión «conforme a las normas vigentes». Es decir que la redacción quedaría de la siguiente manera: «Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a proceder a la venta de los productos madereros procedentes del manejo del patrimonio forestal del Estado, que administra el citado Ministerio, conforme a las normas vigentes.» Propongo este último agregado porque, efectivamente, en dichas normas existen algunas excepciones ya autorizadas que, en muchos casos, justifican una venta directa o mediante un llamado de precios, sin tener que llegar a la licitación. Si no incluimos esa expresión, podría estarse impidiendo una venta de parte de ese patrimonio. En resumen, esa sería la propuesta para el primer inciso.

Por otra parte, en el inciso segundo, en lugar de decirse: «Queda, asimismo, facultado a fijar los precios de venta, que se reajustarán semestralmente», debería establecerse lo siguiente: «Queda, asimismo, facultado a fijar los precios de venta base, que se reajustarán semestralmente», etcétera. Esto quiere decir que cuando se realiza un llamado de precios o cuando se maneja una de las excepciones ya autorizadas legalmente, se tiene que poder partir de una fijación de precios de venta base, para lo cual se necesita una disposición especial.

Deseo aclarar que estas propuestas se refieren al texto actual del artículo 53 y adelanto que en las condiciones que acabo de citar, estamos dispuestos a acompañarlo.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: estoy totalmente de acuerdo con lo propuesto por el señor senador Korzeniak para el primer inciso de este artículo porque, en realidad, refleja una adecuada respuesta a la preocupación que tuvimos en la Comisión Especial. Por lo tanto, lo voy a acompañar.

Con respecto al segundo inciso, debo decir que estoy de acuerdo con casi todo, salvo en algo que el señor senador no mencionó y que quien habla omitió en su intervención inicial. Me parece que la construcción de la frase deja una duda acerca de si la referencia al mercado interno tiene que ver con el reajuste de los precios o con su fijación. De modo que, por lo menos para el que habla, eso fue absolutamente ininteligible en la Comisión y por lo tanto creo que deberían cambiarse de lugar las partes de esta oración para que se sepa que esta mención al mercado interno tiene que ver con el precio base y no con los reajustes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: voy a realizar otra propuesta, en el sentido de que este artículo incluya una frase final, que fuera aprobada por unanimidad en la Comisión Especial de Artículos Desglosados. Me refiero, concretamente, a un inciso por el que se establecería la facultad para que, en régimen de comodato precario, se autorice al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a entregar la gestión ecológica de la denominada «Isla de las Gaviotas» a una sociedad sin fines de lucro llamada «Museo Marítimo Malvín». Lo cierto es que, hoy en día, esa isla está protegida en los hechos por esta sociedad constituida por un matrimonio que, sin ningún fin de lucro, desde hace muchísimos años se encarga de su limpieza y conservación.

(Suena el timbre indicador del tiempo)

-Considero que la razón por la que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda no votó este aditivo que voy a hacer llegar a la Mesa -y que figuraría como último inciso del artículo 53- se deriva de que hubo una confusión.

(Suena el timbre indicador del tiempo)

-El señor senador Alonso Tellechea, al redactar su informe en contra del Capítulo, lo incluyó inmediatamente después de la lectura de este inciso. Eso fue interpretado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda como una oposición a ese aditivo en particular. Sin embargo, luego mantuvimos conversaciones informales con los señores senadores Alonso Tellechea y Cadenas Boix, y nos dio la impresión de que esa Comisión en realidad no tenía una opinión contraria a esta disposición que, como fruto de esa confusión global originada en torno al capítulo, fue votada negativamente.

Por lo expuesto, haremos llegar a la Mesa la propuesta para que este inciso sea agregado al final del artículo 53.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa exhorta a los señores senadores a respetar el plazo de cinco minutos porque si por cada artículo va a hablar una pluralidad bastante amplia de senadores, y no respetamos el plazo, no vamos a poder terminar la consideración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas dentro del plazo constitucional.

SEÑOR JUDE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR JUDE. - Señor presidente: en este artículo se hace referencia a los productos madereros. Me gustaría saber de qué tipo de madera se trata, es decir, si es madera de leña, de postes, de piques o de tablas.

Tengo entendido que existen dos clases de maderas: por un lado, la que se destina a leña -que se vende por medidas o por quilos- que tiene un mayor valor en invierno que en verano y, por otro, la que se emplea para postes, piques y tablas de tubo, que tiene otro grosor y proviene de otros árboles.

En otro orden de cosas, no me parece mal la redacción, ya que se dispone que los precios se reajustarán semestralmente. No olvidemos que ellos varían de un año a otro. Sin embargo, insisto en que habría que aclarar el tipo de madera cuya venta se quiere controlar.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa recuerda al señor senador que, donde no distingue la norma, no distingue el intérprete. Si en este artículo no se hace referencia a los productos madereros, abarca a todos, tal como asiente el señor senador Korzeniak.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 53, con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-10 en 30. Negativa.

El señor senador Korzeniak había hecho una propuesta de modificación, pero no la hizo llegar a la Mesa, sino que la planteó verbalmente. Solicito al citado señor senador que nos recuerde las modificaciones sugeridas.

SEÑOR KORZENIAK. - En el inciso primero habría que suprimir la palabra «directa» y, al final, en lugar del punto poner una coma, agregando la siguiente expresión: «conforme a las normas vigentes».

A su vez, en el inciso segundo, en lugar de establecer «facultado a fijar los precios de venta», habría que disponer «facultado a fijar los precios base de venta».

A pesar de que no creo que sea indispensable establecerla en el texto, me parece pertinente la aclaración efectuada por el señor senador Ricaldoni acerca de la intelección de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El problema es que el artículo cambia de sentido al poner o no una coma, luego de la palabra «semestralmente».

SEÑOR CASSINA. - Pregunto a la Presidencia si se puede hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Lo que ocurre es que creo que los compañeros del Senado no han entendido lo que se propone.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es muy lamentable, pero nada se puede hacer, porque cada señor senador dijo lo que quería y ahora lo que corresponde es pasar a votar.

Se van a votar los dos incisos del artículo 53 con el texto propuesto por el señor senador Korzeniak, que expresa: «Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a proceder a la venta de los productos madereros procedentes del manejo del patrimonio forestal del Estado, que administra el citado Ministerio, conforme a las normas vigentes.

Queda, asimismo, facultado a fijar los precios de venta base, que se reajustarán semestralmente sobre la base de los que rijan en el mercado interno.»

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

El otro inciso que el señor senador Korzeniak ha propuesto agregar a este artículo dice: «Igualmente podrá otorgar, en régimen de comodato precario, la gestión ecológica de la denominada Isla de las Gaviotas, situada en aguas del Río de la Plata frente a costas de Playa Malvín, a la persona jurídica sin fines de lucro «Museo Marítimo Malvín». Prohíbese el acceso a la Isla de las Gaviotas sin previa autorización de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. La Prefectura Nacional Naval velará por el cumplimiento de este inciso.»

Creo que si partimos de la base de que este asunto es competencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, debería decirse: «sin la previa autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.»

SEÑOR KORZENIAK. - De acuerdo, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, se va a votar el inciso con la modificación a que acaba de hacer referencia la Mesa.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

(Campana de orden)

-La Presidencia ruega a los señores senadores que mantengan el orden.

En consideración el artículo 54.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 54. - Declárase de interés nacional la producción, el desarrollo y la investigación en las diferentes áreas integrantes de la biotecnología, en los términos del artículo siguiente.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 55.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 55. - El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de su unidad asesora de Promoción Industrial, recibirá y considerará solicitudes de amparo a la presente ley, de proyectos biotecnológicos y, con el asesoramiento preceptivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, podrá proponer la declaratoria de interés nacional y la concesión de las franquicias previstas en el decreto-ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974 (artículo 43 del Título 3 del Texto Ordenado 1991).

Esta declaratoria no podrá recaer sobre proyectos de aplicaciones biotecnológicas que puedan ocasionar daños o generar riesgos para la salud humana, animal o vegetal, así como para el medio ambiente.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

23 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 59.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 59. - Habilítase el Puerto de Punta Carretas, en el área ubicada en el departamento de Montevideo, comprendida en el Plano de Mensura del ingeniero agrimensor Hugo Lalanne, de marzo de 1993, individualizado en el Archivo General de la Dirección Nacional de Hidrografía con el Nº 10.048, el cual tiene un área de : 10 hectáreas 2.600 metros cuadrados y se deslinda de la siguiente forma: al Este, siete tramos rectos de 11 m.41, 22m.74, 38m.82, 31m.69, 15m.96, 63m.33 y 36m.33, lindando con la calle de entrada al Puerto y Club de Pesca «La Estacada» y 171m.44, dentro del álveo del Río de la Plata. Al Norte, tramo de recta de 257m00, dentro del álveo. Al Oeste, dos tramos rectos de 246m61 y 248m.17, dentro del álveo. Al Sur, tres tramos rectos de 141m66, parte dentro del álveo y el resto en zona terrestre, 50m.56 y 12m.86, dentro de zona terrestre lindando con más áreas sin padrón.

El Puerto de Punta Carretas será administrado por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, salvo en un área terrestre de administración conjunta por dicha Dirección y la Intendencia Municipal de Montevideo. El área terrestre así administrada será, en el mismo plano, la situada al Sur y al Este de la perpendicular al tramo 8-9 trazada desde el punto 8 hacia el Suroeste hasta el límite de la costa.»)

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - A pesar de que en la Comisión esta disposición me mereció algunos reparos, finalmente la voté. Pero, no obstante ello, sigo pensando que aquí se concede una autorización excesivamente genérica para el uso de un bien de dominio público -no olvidemos que estamos hablando de 10 hectáreas situadas en Punta Carretas- que es un lugar extraordinario y privilegiado de Montevideo- para hacer un puerto. Me pregunto de qué tipo de puerto se trata. Me parece, entonces, que por lo menos se tendría que decir que es un puerto con fines deportivos, recreativos y que va a estar abierto al público. De acuerdo con esta redacción, podríamos terminar habilitando un puerto privado y estoy seguro que esa no ha sido la intención ni siquiera de quienes han proyectado esta disposición.

En consecuencia, sugiero que se incluya algún elemento que califique la autorización. Por ejemplo, repito, se podría decir que se va a realizar un puerto con fines deportivos o recreativos, librado al uso público.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Señor presidente: adelanto que comparto lo expresado con el señor senador Zumarán.

Por otra parte, deseo señalar que este problema fue planteado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y se estuvo discutiendo en torno a él con los representantes de la Dirección Nacional de Hidrografía, sin que se contara con mayores elementos de juicio. Además, sabemos que se ha llegado a un acuerdo entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio. No obstante, deseo dar cuenta de una resolución adoptada por el Directorio de la Administración Nacional de Puertos, que hace que nuestras dudas aumenten y que señala lo siguiente:

«VISTO:

Que este Directorio ha tomado conocimiento, en el día de la fecha, de una proposición existente en la Cámara de Senadores en el sentido de habilitar un puerto en la Zona de Punta Brava (o Punta Carretas) de la ciudad de Montevideo.

RESULTANDO:

I) Que dicha proposición, en cuanto es de conocimiento del Directorio, no fue precedida por los estudios acerca del impacto ambiental que la instalación del puerto podría generar ni tampoco del asesoramiento respecto a su compatibilidad con los planes de mediano y largo plazo existentes en materia portuaria;

II) Que en el supuesto de habilitarse un puerto en la zona antes mencionada, entraría probablemente dentro de la jurisdicción de la Administración Nacional de Puertos, en función de lo dispuesto por el artículo 1º del Reglamento para el Puerto de Montevideo, de 22 de octubre de 1912.»

Luego de señalarse en el considerando IV que el Proyecto actualmente a examen de la Cámara de Senadores, aunque incuestionablemente presidido por el propósito de utilizar la eventual instalación de un puerto deportivo, no distingue acerca de la naturaleza de éste, se dice que el Directorio de la Administración Nacional de Puertos resuelve hacer saber al Poder Ejecutivo la preocupación de este organismo, con motivo de la iniciativa a que se refieren estas actuaciones, y solicitar se sirva adoptar las medidas conducentes para que dicha iniciativa esté acompañada de los estudios técnicos pertinentes, así como del asesoramiento que a la Administración Nacional de Puertos incumbe brindar sobre la materia.

Dado que para quienes estuvimos en la Comisión este es un elemento nuevo, creí necesario hacerlo conocer al Cuerpo puesto que, sin duda, debe ser tenido en cuenta al votar este artículo.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor presidente: tal como señalaba el señor senador Elso Goñi, esta propuesta obedece a un acuerdo celebrado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal de Montevideo.

Pensamos, como lo expusimos en el seno de la Comisión, que la finalidad principal de este artículo es tratar de limitar las competencias del Ministerio y de la muy restringida área en la que habría una administración conjunta de la Dirección Nacional de Hidrografía y de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Tanto el señor senador Zumarán como el señor senador Elso Goñi han puesto el acento en la posibilidad de acotar el alcance de este artículo, estableciéndose explícitamente el carácter deportivo del puerto. Recuerdo claramente que eso fue lo sugerido por el señor senador Zumarán y me parece que también en ese sentido concluyó su intervención el señor senador Elso Goñi.

A nuestro juicio, la disposición es aceptable, y en la Comisión dijimos que incluso las propias características naturales del puerto no lo habilitan a ser otra cosa que deportivo o recreativo; pero, si da más tranquilidad el hecho de que aquí se hable de puerto deportivo, no tenemos objeciones que hacer. En este sentido, pensamos que, inclusive, con una leve modificación de redacción se puede solucionar el problema. Por ejemplo, al principio de la disposición podría decirse: «Habilítase el Puerto de Punta Carretas, que tendrá un carácter deportivo, en el área ubicada», etcétera.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Señor presidente: probablemente este no sea el mejor momento para analizar un tema como este porque, entre otras cosas, puede tener connotaciones, particularmente en lo que hace a la utilización de los recursos de que se dispone.

Si bien la costa de Montevideo posee diferentes accidentes geográficos, existen muy pocas posibilidades de desarrollar puertos deportivos u otros que no sean el de la Bahía de Montevideo -ocupado por un sector industrial y por el Puerto de Montevideo- el Puerto del Buceo que prácticamente cumple las funciones de un puerto deportivo y es utilizado como recalada por pescadores artesanales. Desde la costa de Montevideo hasta la de Piriápolis, no existe ningún otro puerto que, con un mínimo de infraestructura, pueda servir para albergar cualquier tipo de embarcaciones.

Por otra parte, la navegación deportiva se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, sobre todo con relación al Puerto de Punta del Este, en el que -si no me equivoco- se ha quintuplicado el número de amarras. Los ingresos obtenidos por ese turismo, muy especializado -que es el que utiliza la navegación deportiva en los meses del verano- representa para el Uruguay la obtención de una cantidad importante de divisas. Dicha navegación deportiva se ha visto dificultada por el hecho de que no existen muchos otros puertos en nuestras costas, sobre todo desde Montevideo hacia el este. Hacia el oeste sí hay otras posibilidades de desarrollo, pero se trata de una navegación de distinto tipo, que presenta otra clase de problemas, entre los que se encuentra el relativo al mayor calado, necesario por tratarse de tránsito en zonas de río arriba, donde las profundidades son más variables y bajas.

Como decía, nos encontramos frente a la posibilidad de legislar con relación a un tema que sería más oportuno considerar en otra instancia. De todos modos, debemos aceptar que el artículo fue presentado y está en discusión.

En la zona de Punta Carretas se ha generado naturalmente un puerto y, con motivo de las obras de infraestructura llevadas a cabo a raíz de la instalación del colector de la planta terminal, se ofrece a la navegación deportiva una posibilidad muy buena de conexión con el otro puerto deportivo de la ciudad de Montevideo, que es el del Buceo.

En todos los lugares del mundo donde se lleva a cabo con éxito la navegación deportiva, se dispone de puertos entre los cuales la distancia de navegación no es demasiado grande. En este caso, nos encontraríamos ante una de esas situaciones, es decir que el Puerto del Buceo y el de Punta Carretas podrían nutrirse mutuamente de embarcaciones que recalen en una u otra terminal.

Coincidiendo con lo que decía el señor senador Astori, pienso que sería bueno y hasta imprescindible que ese puerto -que no tendrá mayor extensión como para albergar todo tipo de embarcaciones- fuera destinado, en forma exclusiva, a embarcaciones de tipo deportivo.

A efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica, diría que, para hacerlo más restrictivo, habría que incluir la palabra «exclusivamente», permitiendo que, una vez que las obras finalicen, la ciudad de Montevideo pueda, a través de las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas -por un convenio celebrado con la Intendencia Municipal de Montevideo o mediante la Dirección Nacional de Hidrografía que, por ejemplo, administra el Puerto de Punta del Este -utilizar esa base de conocimientos e infraestructura en relación con el Puerto de Punta Carretas. Con ello se pretende que dicho puerto, a semejanza de lo que sucede con los de Punta del Este y Buceo, se dedique a albergar embarcaciones deportivas. Todo ello potenciaría el turismo de la ciudad de Montevideo, y una industria turística que está en expansión en todo el mundo y, a su vez, no nos dejaría el sabor amargo de comprobar que, por no habernos puesto de acuerdo en este momento, una obra que podría ser utilizada, no lo es. En este sentido, formulo moción para que, a la corrección introducida por el señor senador Astori, se le agregue la palabra «exclusivamente» luego de «carácter».

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Señor presidente: adelanto que seré muy breve debido a que las explicaciones dadas por los señores senadores Astori y Alonso Tellechea me eximen de otros comentarios. Sin embargo, me interesa dejar constancia de dos puntualizaciones.

En principio, como se ha dicho, este Puerto de Punta Carretas -y concretamente, su emisor subacuático, para cuya construcción se utilizó la zona que en su momento fue «El Obrador»- tendrá un uso público, además de ser puerto deportivo, debido a que el texto del artículo 59 dice: «Habilítase el Puerto de Punta Carretas...» la administración será ejercida conjuntamente por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal de Montevideo. Aclaro esto, porque la redacción es bastante distinta a la del artículo 61 que trataremos posteriormente y que señala: «Desaféctase del uso público...» unos terrenos que pertenecen al departamento de Colonia. El artículo 59 no se refiere a desafectar del uso público sino a habilitar la construcción del puerto.

El otro aspecto que deseo que conste en la versión taquigráfica es la necesidad de un estudio de impacto ambiental por parte de la Dirección respectiva del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, si bien aún no se aprobó la Ley de Impacto Ambiental por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia se siente en la obligación de expresar brevemente su opinión, porque considera que este es un tema muy delicado y de enorme importancia.

Ante todo, corresponde decir que esta disposición no estaba contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo ni en el texto de la Cámara de Representantes, sino que nació, no se sabe en qué momento, durante el trámite del proyecto en el Senado.

SEÑOR ASTORI. - Sí se sabe el momento en que surgió, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia no lo sabe.

En sala se ha dicho que hubo un acuerdo entre la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal de Montevideo. Entonces, me pregunto si porque dos organismos se pongan de acuerdo con respecto a algo en lo que, en principio, no tienen competencia, debemos habilitar el puerto. Personalmente, aclaro que no estoy en contra de esto último, ni lo estaría en todos los casos en los que la naturaleza permitiera hacerlo, pero creo que es un tema de enorme trascendencia, en el que no puede ni debe improvisarse.

El señor senador Elso Goñi -creo que con toda razón- ha leído una nota de la Administración Nacional de Puertos, que es el órgano competente en la materia, que expresa que no ha sido consultado, así como tampoco se han realizado estudios sobre el impacto ambiental que la habilitación del puerto podría generar. En esto espero contar con el apoyo del ecólogo del Cuerpo, señor senador Bruera.

Por otra parte, señalo que este sistema es absolutamente incompatible con el de la ley Nº 16.246 -llamada Ley de Puertos- que aprobamos hace aproximadamente un año y medio en el Parlamento. De acuerdo con el artículo 7º de la ley, la política portuaria es competencia del Poder Ejecutivo, a quien también le corresponde su ejecución y control. Según el artículo 9º de dicha ley, son cometidos de la Administración Nacional de Puertos, en primer lugar, la administración, conservación y desarrollo del puerto de Montevideo y de aquellos otros que le encomiende el Poder Ejecutivo.

Desde el momento en que el ente portuario se denomina Administración Nacional de Puertos, le compete -y así ha sido siempre- la administración de todos los puertos del país. Sin embargo, innovando, se establece que la administración no corresponderá a la Administración Nacional de Puertos sino a la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, en el área terrestre, dicha competencia será compartida con la Intendencia Municipal de Montevideo. Me parece que, de actuar así, estaríamos improvisando en un tema enormemente delicado, improvisación en la que no debemos incurrir. Si es necesario habilitar un puerto en Punta Carretas, preséntese un proyecto de ley, consúltese al Poder Ejecutivo, llámese al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, escúchese el Directorio de la Administración Nacional de Puertos y luego legislese en la materia.

Por ello, creo que insertar este tema en la Rendición de Cuentas constituye una improvisación que no prestigia al Cuerpo.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente, deseo recordar al Cuerpo que la administración del Puerto de Punta del Este -y creo que también del de Piriápolis- están a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía. Por lo tanto, la materia deportiva estaría bajo la órbita de dicha Dirección.

Esta es la constancia que queríamos dejar.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Quiero aclarar que la forma en que se plantea la administración de este futuro Puerto de Punta Carretas es exactamente igual a la que posee el Puerto del Buceo, que tiene libre circulación y una administración conjunta entre la Dirección Nacional de Hidrografía y la Intendencia Municipal de Montevideo. O sea que, en esto, no hay innovación ya que existen antecedentes en el país.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Quiero decir que el Poder Ejecutivo no sólo fue consultado al respecto, sino que fue quien lo propuso, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En cuanto a la improvisación aludida, discrepo con la Presidencia porque este artículo fue estudiado con bastante detenimiento tanto en el seno de la Comisión de Transporte y Obras Públicas como en la de Presupuesto. En consecuencia, expreso que no estamos improvisando; tal vez nos equivoquemos, pero no improvisamos.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Quiero dejar una constancia, de la que son testigos todos mis compañeros de la Comisión de Transporte y Obras Públicas . Allí simplemente tomamos conocimiento de este artículo, así como de otros que fueron planteados por el señor subsecretario y los directores del Ministerio. La Comisión entendió -personalmente, creo que correctamente- que sólo se podían tratar los artículos enviados por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Los otros se remitieron a la referida Comisión, pero no se discutieron ni se estudiaron; reitero que simplemente se tomó conocimiento de ellos. Además, los demás integrantes de la Comisión son testigos de lo que estoy diciendo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que se habían propuesto algunas modificaciones a este artículo.

SEÑOR ASTORI. - La modificación propuesta diría: «Habilítase al Puerto de Punta Carretas, que tendrá un carácter exclusivamente deportivo, en el área ubicada...» y el artículo continuaría tal como está redactado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 59 con la modificación propuesta por el señor senador Astori.

(Se vota:)

-21 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 60.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 60. - Decláranse que no están comprendidos en la disposición del inciso final del artículo 174 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, los inmuebles del Estado ocupados por carreteras, vías férreas, los inmuebles del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Banco Hipotecario del Uruguay.»)

-La Presidencia entiende que es necesario modificar la redacción, ya que no se puede hablar de inmuebles del Estado ocupados por carreteras y vías férreas. En consecuencia, tendría que decir: «los inmuebles del Estado que comprendan tramos de carreteras y vías férreas».

En ese entendido y si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 60.

(Se vota:)

-24 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 61.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 61. - Desaféctase del uso público la siguiente parcela: predio de 23.370 m2 ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Colonia sobre la barranca de la Costanera con el siguiente deslinde: por el Sur limitando con el Campus Municipal varios tramos rectos por un total de 137,80 m., por el Este limitando con el borde de la barranca paralelo a la Rambla Costanera en una longitud de 610 m., hasta la intersección de la prolongación del eje de la calle Zorrilla de San Martín, por el Norte un tramo recto de 44,50 m., hasta la intersección con la línea de ribera, por el Oeste la línea de ribera hasta la intersección con el límite del Campus Municipal según plano H-8846 de la Dirección Nacional de Hidrografía.

Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los referidos inmuebles en beneficio del Proyecto «Puertos de Yates de Colonia» propuesto por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas».)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Este artículo debe haber sido estudiado por la Comisión de Artículos Desglosados o por la de Transporte y Obras Públicas, porque no recuerdo que lo hayamos tratado, por lo menos detenidamente, en el seno de la de Presupuesto.

Quisiera saber si, tratándose de un predio que está prácticamente dentro de la ciudad de Colonia, la respectiva Intendencia ha sido consultada sobre el tema.

Lo pregunto a quienes estudiaron el asunto.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ELSO GOÑI. - Quiero hacer una aclaración respecto de un aspecto anterior a la pregunta formulada por el señor senador Pereyra.

Debo decir que este artículo es exactamente igual al 59 y que la Comisión tomó conocimiento de él por el mismo conducto a que hice referencia hace unos momentos. Además, se entendió que no estaba dentro del articulado cuyo estudio había sido determinado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por lo que, sin tomar posición, lo remitió a la Comisión nombrada en último término.

SEÑOR BOUZAS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS. - Cuando hablamos del artículo 59 dije que había una diferencia con respecto a este artículo 61 que, para nosotros, es importante. Ello se debe a que se desafectan terrenos que, tal como nos lo explicó el señor director de la Dirección Nacional de Hidrografía, no pueden ser utilizados por el público en virtud de sus características.

Al igual que en el caso del Puerto de Punta Carretas, nos preocupamos por hacer indagaciones en el departamento de Colonia, como consecuencia de lo cual nos enteramos de que allí este tema no es de conocimiento público.

Además, dichos terrenos se están desafectando para construir un puerto cuyas características no se conocen. Por otra parte, ello no es fruto de ningún acuerdo entre el gobierno departamental y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tal como en el caso del artículo 59 que acabamos de votar.

Por lo tanto, expresamos que nuestra bancada va a votar en contra este artículo 61.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Me parece que este artículo tiene tres defectos importantes. El primero es la falta de consulta con el Gobierno Departamental, a diferencia de lo que se hizo con el artículo 59. El segundo, señalado inteligentemente por el señor senador Bouzas, tiene que ver con el hecho de que se desafectan terrenos del uso público, si bien ello no es imprescindible para constituir un predio deportivo. El tercer defecto está relacionado con el hecho de que en el último inciso se autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los referidos inmuebles, pero no se expresa a quién. Se utiliza una expresión bien curiosa según la cual se autoriza a enajenar los inmuebles en beneficio del Proyecto «Puertos Yates de Colonia», sin manifestar si se trata de una sociedad abierta, sin fines de lucro o de otro tipo de sociedad. Generalmente, aquellas entidades que tienen predios en los cuales se han construido estadios, los mismos no se enajenan sino que se entregan, por ejemplo, en comodato. Aquí, parecería que lo que se quiere lograr es una autorización legislativa para vender, aunque no sabemos a quién. Por lo tanto, a las objeciones expuestas respecto del artículo 59, debo sumar las que tengo en relación con este artículo 61, por esta desafectación del uso público y la autorización a enajenar, no a una persona, sino a un Proyecto. En consecuencia, me parece que este artículo no se puede votar y debe ser retirado del texto.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: probablemente, esta norma sea justa y tenga sus razones pero, en virtud de lo expuesto por el señor senador Zumarán, deseo preguntar a los que están familiarizados con este tema si no sería mejor que el segundo inciso -aclaro que la pregunta puede ser fruto de mi ignorancia- dijera: «Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los referidos inmuebles a los beneficiarios del proyecto» y no «en beneficio del Proyecto».

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Quiénes son esos beneficiarios?

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa considera que lo que expresa el señor senador Ricaldoni mejoraría la redacción del Proyecto, pero en ningún modo, deja sin efecto las objeciones del señor senador Zumarán.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - No pensaba hablar porque mis compañeros de bancada se han pronunciado en contra de este artículo. Sin embargo, quiero decir que hace poco concurrió a mi despacho una delegación de la Junta Departamental de Colonia, integrada por ediles de todos los Partidos. Si bien venían por otro asunto, les pregunté sobre este artículo. Me respondieron que lo veían con buenos ojos y me explicaron el por qué.

Concretamente, me dijeron que a Colonia -teniendo en cuenta toda la remodelación que se estaba haciendo en la ciudad, preparándose para recibir el máximo de turistas- le resultaría muy útil tener un puerto con características deportivas ya que, quienes la visiten, en lugar de alojarse en hoteles, podrían alojarse en sus propias embarcaciones. Por lo tanto, la atención de este tipo de turismo no significaría una erogación económica para la Intendencia. Además, los recursos se podrían aprovechar mucho mejor.

Sin embargo, considero que son importantes las objeciones que se han realizado en sala. En consecuencia, creo que sería necesario examinar nuevamente el texto de este artículo, a fin de encontrar una solución en este sentido y, de esa manera, poder votarlo sin ninguna aprehensión.

SEÑOR IRURTIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IRURTIA. - Señor presidente: simplemente, deseo indicar que este artículo tiene por objeto crear el marco jurídico de algo que es una realidad, no sólo en la ciudad de Colonia, sino también en el entorno de todo el departamento. No debemos olvidar que en este lugar existen puertos que pueden alojar embarcaciones, fundamentalmente, argentinas. Sabemos que, en virtud de la vecindad con Argentina, el «yachting» tiene enormes posibilidades en toda esa zona. En realidad, esa inquietud se ha ido despertando en el ámbito social, y la Junta Departamental de Colonia se ha preocupado por esa propuesta.

Desde mi punto de vista, la creación de dicho puerto constituye una real necesidad de la zona, en función de las perspectivas turísticas que tiene. Lógicamente, el lugar geográfico que se ha seleccionado está muy cercano al barrio histórico de Colonia; concretamente, está ubicado en los fondos del Campus Municipal.

Entiendo que la construcción de ese puerto es algo muy enriquecedor para una ciudad en la cual todos los aspectos turísticos merecen ser atendidos, en virtud del real desarrollo que van adquiriendo. Por supuesto que esto depende, en gran parte, de las estructuras que se les pueda suministrar a los turistas que lleguen a esta zona.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - He escuchado con especial atención al señor senador Irurtia porque, en este caso, se está tratando un tema relacionado con el departamento de Colonia que él conoce mejor que quien habla.

Deseo manifestar que no estoy en contra de que se construya un puerto deportivo cercano a la ciudad antigua de Colonia. En realidad, me parece que es una obra de progreso y que va a atraer el turismo. Pero en la proximidad de esta zona hay un inmueble de elevado valor, de características especiales y que forma parte del patrimonio público. Entonces, si hay un Proyecto interesante que cuenta con el apoyo de la gente de Colonia -y que ha sido expresado en su Junta Departamental- estoy dispuesto a ofrecer todo mi apoyo para llevarlo adelante. Pero no creo que ello implique desafectar estos bienes del uso público y, menos aun, autorizar una venta en los términos en que ha sido planteada.

Concretamente, el último párrafo del artículo 61 expresa: «Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los referidos inmuebles en beneficio del Proyecto «Puertos de Yates de Colonia» propuesto por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas». ¿Quién es el titular de esto? ¿Hay alguna empresa privada atrás? ¿En qué condiciones se va a realizar esta venta? Pienso que esto es un cheque en blanco que, además, no sabemos a quién se le da.

Me parece que, por la seriedad del emprendimiento y el buen éxito del mismo, es necesario precisar quién va a ser el titular de esta obra y quién será el adquirente eventual del predio. Si se conocen estos datos, estaremos en condiciones de formalizar una autorización con conocimiento de causa, y no concebida en estos términos tan genéricos.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Brevemente, deseo señalar que vamos a votar esta disposición que fue propuesta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que, además, cuenta con el respaldo de la Junta Departamental de Colonia.

Sin perjuicio de pensar que son fundadas las objeciones que se le han realizado a este artículo, consideramos que con esta norma se abre una posibilidad importante para el desarrollo turístico de esta zona del departamento de Colonia.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor presidente: a los efectos de superar algunas de las objeciones que se han planteado, estimamos que el segundo párrafo de este artículo, debe quedar redactado de la siguiente manera: «Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los referidos inmuebles con destino a puerto de yates o puerto deportivo». De esta manera, no se estaría indicando una persona jurídica como adquirente sino que, simplemente, se otorga la autorización necesaria. Asimismo, mantenemos la desafectación porque, evidentemente, lo que se quiere es desafectar estos terrenos del uso público, a los efectos de que allí se construya un puerto que va a tener una administración privada.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Considero que es de recibo la duda que plantea el señor senador Zumarán. Sin embargo, creo que existe un malentendido porque en este artículo, tal como lo ha señalado el señor senador Irurtia, se establece un marco jurídico para poder llevar adelante una obra cuya conveniencia nadie discute. ¿Quiénes van a ser los titulares? Se supone que, en función del Proyecto, estos surgirán de una licitación, en la cual los oferentes determinaran las diferentes estructuras que se le pueda brindar a todo este entorno que, actualmente, es un terreno baldío. Nos parece que, junto con el puerto, se podrán realizar diferentes obras, como por ejemplo, paradores y hoteles. Pero, se parte de la base de que todo esto será debidamente licitado.

Nosotros, como legisladores, creamos el marco jurídico necesario, y si posteriormente se cometen irregularidades en la concesión de estos terrenos, se podrá acudir a los diferentes mecanismos de control que existen en la materia, entre los cuales sitúo, en primer lugar, al Parlamento Nacional.

Insisto en que si creamos el marco jurídico, se van a respetar todas las reglas que garantizan la forma en que estos terrenos se adjudicarán posteriormente. Parto de la base que, si votamos este artículo, se va a proceder en la forma debida, mediante licitaciones transparentes y cristalinas. De no ser así, existe más de un mecanismo legal de control, entre los que menciono, en primer término, el Parlamento Nacional, para detener alguna irregularidad que se cometa.

Reitero que esta norma, simplemente, crea el marco jurídico necesario para realizar una obra cuya conveniencia nadie ha discutido en sala.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Me parece que, en ese caso, sería más lógico autorizar al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a destinar el predio de 23.370 metros cuadrados -especificando tal como figura en el artículo, el detalle y la ubicación exacta del terreno- para construir un puerto deportivo. De esta manera, no se autorizaría a nadie a enajenar. Luego se verá de qué forma jurídica se logra ese destino.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MILLOR. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: la modificación que plantea el señor senador Zumarán, tiene el siguiente inconveniente. Si autorizamos la construcción, parece claro que ésta debe realizarla el Estado. Sin embargo, el Proyecto parte de la base de que éste no tiene los recursos como para llevar adelante toda la infraestructura, ni el trabajo que se debe hacer en la barranca -que cae verticalmente- con el fin de atender y promover el turismo en esta zona.

Por esa razón se autoriza a enajenar con este destino. Considero que con la redacción propuesta por el señor senador Santoro, se evita cualquier dificultad, en la medida en que se habilita a enajenar, pero siguiendo los procedimientos legales para la enajenación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Millor.

SEÑOR MILLOR. - Redondeo mi pensamiento y agradezco al señor senador Cassina, porque en parte allana la inquietud planteada por el señor senador Zumarán.

Se parte de la base de que no existen los recursos y se trata de utilizar una herramienta de larga data en el derecho uruguayo: la complementación del capital público y el privado.

Vamos a suponer -entre las inquietudes que legítimamente plantea el señor senador Zumarán- que mañana se enajenasen estos terrenos para un destino que no fuese un puerto y su estructura accesoria. Se estaría violando la ley; en este caso se realizarían los controles necesarios para que esto no ocurriese.

También podría suceder que las concesiones se realizaran sorteando las garantías de las licitaciones cristalinas y transparentes, pero al respecto hay controles que han jugado más de una vez en la historia de la legislación uruguaya para evitar que esto ocurra.

Debemos partir de la base de que si votamos el marco jurídico, posteriormente todo se hará en la debida forma. De no ser así, supongo que no van a faltar controles y ámbitos en los cuales expresar las irregularidades que pudieran cometerse. Sin embargo no debemos suponer que las irregularidades ya se cometieron, cuando aún no creamos el marco jurídico.

Reitero que nos referimos a una obra tremendamente beneficiosa más allá de la ciudad de Colonia e insisto, además, en que el Estado no tiene los medios para llevarla a cabo por sí y ante sí.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que todos estaremos de acuerdo, si partimos de la premisa de que, en realidad, lo importante aquí es la desafectación del uso público. Una vez que el bien está desafectado del uso público, el Poder Ejecutivo puede enajenarlo, aunque, por supuesto, con sujeción a las normas legales. Lo que aquí se hace es limitar el destino del bien, porque se expresa que es exclusivamente para este Proyecto.

Por consiguiente, propongo redactar el inciso final de esta disposición de la siguiente manera: «Autorízase al Poder Ejecutivo a enajenar los referidos inmuebles con destino al Proyecto «Puertos de Yates de Colonia» y con sujeción a las disposiciones de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera». Creo que de esta manera queda todo claro.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - No sé si los señores senadores conocen el terreno donde se va a ejecutar esta obra. Considero que, efectivamente, en la proyección del desarrollo de la política de puertos deportivos, está bien que se realice un puerto de esta naturaleza. De todas maneras, no sé si el lugar elegido -al lado de la barranca- es el más apto; personalmente, lo conozco bien porque mi familia vivió allí durante 20 años.

Lo que me parece inaudito es que por medio de una disposición legal estemos autorizando la construcción de un puerto privado. Es decir que desafectamos del uso público y vendemos al sector privado un terreno que da al mar para que construya un puerto. Esto no me parece correcto. Acabamos de estudiar una norma en la que se estableció «para fines exclusivamente deportivos» porque se trataba de la Intendencia Municipal de Montevideo. En este caso, como se trata de Colonia, damos la concesión al sector privado. Pienso que, por lo menos, aquí deberíamos tener el mismo cuidado.

SEÑOR MILLOR. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Quiero aclarar al señor senador Gargano que partimos de la base de que esto se establece con destino a un puerto deportivo. Si brinda mayores garantías expresarlo en la redacción del aditivo, no tenemos inconveniente. Además, este no sería el único puerto privado de características deportivas. En este momento, con gran éxito, se está promocionando una marina muy original - se trata de un Proyecto pionero- en plena Barra Santa Lucía, que es un lugar tremendamente estratégico. Es un emprendimiento privado que está dando a nuestro país otras posibilidades, acercando un turismo cada vez más extendido, como es el del «yachting» o de la navegación. Repito que este es un emprendimiento privado, igual que otros que existen en el país.

Reitero que lo que manifiesta el señor senador Gargano es correcto y me parece que si da mayor tranquilidad que en la redacción se establezca a texto expreso que es con destino a un puerto deportivo, está bien que ello se incluya.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Si existe una disposición que garantice el uso público, podemos dar la autorización para que se construya el puerto deportivo sin desafectar el uso público. Como me señala mi ilustre colega, profesor de Derecho, la autorización al Poder Ejecutivo es a los efectos de enajenar los referidos inmuebles en beneficio. Esto quiere decir que puede ser una venta o hipoteca, comodato o donación, que son figuras jurídicas. Sin embargo, también se podría tratar de un regalo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Sigo pensando en que la forma más clara de eliminar lo que no está demasiado identificado en la letra de la norma, es hacer mención a enajenar los referidos inmuebles a los beneficiarios del Proyecto «Puerto de Yates de Colonia». Con esto, incluso, se desvanece también la objeción del señor senador Gargano, porque es evidente que este Proyecto tiene el contenido que se está señalando en sala. No tenemos que definirlo, pero es posible que el Proyecto no sea únicamente con fines deportivos, sino que también tenga que ver con alguna cuestión de índole turística. De modo que, señor presidente, si no existen objeciones formulo moción en el sentido que acabo de mencionar.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia sugiere votar el artículo 61 por incisos, ya que toda la discusión está relacionada con el inciso segundo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo, con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-0 en 28. Negativa.

Se va a votar el inciso segundo con el texto propuesto por el señor senador Santoro, que dice «con destino al Proyecto ‘Puerto de Yates de Colonia’» y con el agregado propuesto por la Mesa «con sujeción a las disposiciones de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera».

(Se vota:)

-15 en 28. Afirmativa.

SEÑOR MILLOR. - Solicito que se rectifique la votación, porque no tuvimos en cuenta la propuesta del señor senador Ricaldoni.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Propongo que se llame a sala.

(Así se hace)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar nuevamente el artículo 61 con la modificación del señor senador Santoro y el agregado propuesto por la Presidencia.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 62.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 62. - Créase en el Programa 004 «Fomento de la Investigación Técnico-Científica» el «Fondo Profesor Clemente Estable de Investigación Científica y Tecnológica». El objeto será exclusivamente contribuir a la prosecución de proyectos de investigación científica de excelencia, calificados como prioritarios para el país, y que eventualmente pudieran carecer de fuente de financiación específica o que ésta pudiera haber cesado por cualquier razón.

El referido Fondo será administrado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas quien otorgará los subsidios de acuerdo con la evaluación realizada por una Comisión Asesora Honoraria integrada por investigadores científicos activos. Esta Comisión estará presidida por el ministro de Educación y Cultura o su delegado e integrada además por dos delegados de la Universidad de la República, un delegado del Instituto de Investigaciones Biológicas «Clemente Estable», un delegado de la Dirección de Laboratorios Veterinarios «Doctor Miguel C. Rubino» y un delegado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que ejercerá la Secretaría de la Comisión. La Comisión Honoraria fijará, asimismo, las prioridades de financiación y el monto de la asignación de recursos con cargo al «Fondo Profesor Clemente Estable» de Investigación Científica y Tecnológica.

El Fondo a que refiere la presente disposición estará dotado de una asignación presupuestal anual equivalente como mínimo a U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil).

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo dentro de los noventa días de promulgada la presente ley.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 29. Negativa.

SEÑOR CASSINA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Este artículo fue votado en Comisión 14 en 14, según mis anotaciones, es decir que hubo un acuerdo unánime. Por lo tanto, es inaudito que en el pleno sólo se alcancen 12 votos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación del artículo 62.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 65.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 65. - El Ministerio de Educación y Cultura realizará a propuesta del Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), la reestructura escalafonaria de la Orquesta Sinfónica del Organismo, tomando como referencia la totalidad de las retribuciones de naturaleza salarial que perciban sus integrantes, con exclusión de la compensación establecida por el artículo 260 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991. El padrón de la Orquesta Sinfónica estará integrado exclusivamente por profesores, archivistas e inspectores directamente vinculados a la misma:

99 en la Orquesta Sinfónica:
5 en Conjunto de Cámara;
1 Inspector;
1 Archivista; y,
1 Ayudante de Archivista.

Aféctase a esta reestructura la partida establecida en el artículo 301 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 65.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 66.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 66.- El porcentaje a que se refiere el artículo 260 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, podrá ser llevado hasta el 10% (diez por ciento), siempre que no se alteren las actuales afectaciones de los recursos extrapresupuestales de libre disponibilidad del Servicio Oficial de Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE).

Inclúyese en el inciso primero del artículo 100 de la ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, al Instituto Nacional del Libro, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

Declárase que el cargo de director del Instituto Nacional del Libro mantiene el carácter docente establecido por el artículo 167 de la ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970".)

-La Presidencia quiere señalar que este artículo incluye dos materias que no tienen nada que ver una con la otra.

El inciso primero del artículo 66 original se refiere a la libre disposición de recursos extrapresupuestales del SODRE, cuyo porcentaje se eleva con referencia a la norma legal vigente en la materia.

Por su parte, el inciso segundo tiene que ver con el Instituto Nacional del Libro y con la declaración como docente de su Director.

Considero que estos dos temas deberían figurar en dos artículos separados.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Por las razones que ha señalado el señor presidente, mociono para que se vote como dos artículos separados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar solamente el inciso primero como artículo 66.

(Se vota:)

-20 en 28. Afirmativa.

Respecto de los dos incisos siguientes, la Presidencia solicitaría que se diera una explicación, porque parecen bastante confusos, especialmente el segundo, porque no tiene sentido declarar que un cargo mantiene el carácter docente establecido por una norma legal que está vigente. A ese respecto, si el artículo 167 de la ley Nº 13.892 declara que el cargo de director del Instituto Nacional del Libro es de carácter docente, ¿por qué se lo reitera?

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Este artículo fue propuesto en Comisión por el señor senador Pereyra, quien en este momento no se encuentra en sala. En esa oportunidad explicó que aun cuando puede dudarse del carácter docente de este cargo, sin embargo esa calidad ha sido puesta en tela de juicio. Por esa razón sugerí que la norma tuviera carácter declarativo, porque el señor senador Pereyra había propuesto un artículo con una frase inicial diferente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Comparto lo expresado por el señor senador Cassina en cuanto a la incongruencia de estas disposiciones, pero como el señor senador Pereyra manifestó una preocupación en Comisión, se votó este artículo a pesar de tener esas características.

Por otro lado, hay otra cosa que me preocupa. Aquí se dispone una facultad que tiene el Directorio del SODRE para llevar hasta el 10%...

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Gargano se está refiriendo al inciso que ya votamos.

SEÑOR GARGANO. - Sí, pero me voy a referir a otra cosa que tiene relación con la afectación de algunos recursos. Entre otras cosas, quien habla propuso la afectación de esos recursos para la conservación de instrumentos en la Rendición de Cuentas pasada.

También está la situación del cuerpo de baile, que tiene una afectación del 3,5% de recursos para la atención médica de sus componentes, que es muy costosa y deben atender en forma privada. En ese sentido, propongo que se duplique esa cantidad hasta el 7% como facultad del SODRE. Tenemos ejemplos muy claros de integrantes del cuerpo de baile que debieron atender con sus menguados recursos, porque ganan salarios muy bajos, operaciones que cuestan entre U$S 2.000 y U$S 3.000.

Por lo expuesto, formulo moción para que se extienda la facultad de llevar hasta el 7% lo dispuesto en el artículo 302 de la ley Nº 16.320.

SEÑOR PRESIDENTE. - Cuando le dije al señor senador Gargano que esa parte del artículo ya se había votado, entendió que tenía derecho a seguir hablando de ese asunto, pero hoy votamos una moción de orden en el sentido de que se puede hablar cinco minutos sobre cada artículo y no puede haber fundamentos de voto. Por lo tanto, solamente podremos volver a un artículo que ya se ha votado, por la vía de la reconsideración. Hace unos momentos, cuando estábamos tratando otro tema referido a un artículo presentado por el señor senador Pereyra, el señor senador Gargano propone una especie de aditivo que no había sido formulado en ningún lado, como un agregado a lo que sería el artículo 66. Debo expresar que creo que no podemos proceder de esta manera, porque si el señor senador Gargano quiere agregar un aditivo al artículo que ya se votó, tendrá que pedir su reconsideración.

Ahora estamos tratando lo que vendría a ser el artículo 67.

(Campana de orden)

-Llamo la atención por los rumores continuos que hacen difícil entendernos. Tenemos por delante una labor muy difícil y larga, por lo tanto, exhorto a todos a guardar silencio y prestar atención.

El artículo 100 de la ley Nº 15.851 establece que las actividades docentes prestadas por diversos funcionarios de las Escuelas de Danza, de Opera y del Centro de Capacitación y Producción del Ministerio de Educación y Cultura, de las Escuelas de Arte Dramático y Música dependientes de las Intendencias Municipales, así como otras actividades, estarán comprendidas en la excepción prevista por el artículo 74 del llamado Acto Institucional Nº 9.

Quiere decir que es un beneficio de carácter jubilatorio, pero allí se incluye a los funcionarios docentes, y esta disposición determina que abarque al Instituto Nacional del Libro. Esto no tiene sentido, porque el organismo, como tal, no tiene derechos jubilatorios. Creo que el artículo debería decir que se incluye a los funcionarios docentes de este Instituto , si es que los hay.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Tradicionalmente el Instituto Nacional del Libro ha tenido funciones docentes y dentro de él se cumplen dichas actividades, pero un decreto-ley de la dictadura le quitó esta facultad que le permitía a los funcionarios la acumulación de funciones en su carácter de docentes. Lo que deseamos en la actualidad es restablecer la situación anterior, manteniendo las funciones docentes que tiene el organismo y, por lo tanto, las de su director.

SEÑOR PRESIDENTE. - Estamos en un diálogo de sordos, no digo que lo que el señor senador ha expresado no sea justo, pero pienso que la norma se tiene que referir a los funcionarios y no al Instituto, porque éste, como tal, no es docente, y sí lo son sus funcionarios. En ese sentido, como el beneficio es para los funcionarios, creo que el artículo debería expresar que se incluya en el artículo tal de la ley cual, a los funcionarios del Instituto Nacional del Libro.

SEÑOR PEREYRA. - Perfecto. Asimismo, el inciso final debe mantenerse porque se refiere al cargo de director.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si la ley vigente establece que se trata de un cargo docente, creo que habría que cumplirla y no reiterarla, pero si existe un desconocimiento de hecho, vamos a repetirla.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dos incisos finales del artículo 66, que pasaría a conformar el artículo 67 y luego se hará un corrimiento de un número en todos los demás artículos.

(Se vota:)

-22 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 67, que pasa a ser 68.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 67.- Facúltase al Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), a abonar a todo el personal de su dependencia, con excepción de los integrantes de los Cuerpos Estables y de los funcionarios equiparados a los mismos, una compensación extraordinaria por diferencia escalafonaria.

El pago de esta compensación se realizará con cargo a recursos extrapresupuestales de libre disponibilidad del organismo por un monto al 1º de enero de 1994 de $ 1:000.000 (pesos uruguayos un millón), incrementados con los recursos previstos en el artículo 385 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

La compensación referida se abonará en tal concepto hasta que sea integrada a la remuneración de los funcionarios en la racionalización administrativa y reestructura del Organismo.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 80.

(El texto del artículo cuya lectura resolvió suprimirse es el siguiente:

«ARTICULO 80.- Transfórmase en el Programa 001, Unidad Ejecutora 001, Administración General, un cargo de administrativo VI, Escalafón C, Grado 01, en un cargo de licenciado en Ciencias de la Educación, escalafón A, grado 12.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 82.

(El texto del artículo cuya lectura resolvió suprimirse es el siguiente:

«ARTICULO 82.- Transfórmase en la Procuraduría del Estado de lo Contencioso Administrativo, dos cargos de jefe de departamento Escalafón A, Grado 12; en dos cargos de abogado adjunto del escalafón N, con la misma jerarquía y dotación de la de los actuales abogados adjuntos de dicha unidad ejecutora.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 92.

(El texto del artículo cuya lectura resolvió suprimirse es el siguiente:

«ARTICULO 92.- Créase en el Ministerio de Educación y Cultura el Programa «Prevención de la Violencia y Rehabilitación de sus Víctimas», que estará a cargo de la Unidad Ejecutora «Instituto de Prevención de la Violencia y Rehabilitación de sus Víctimas», con la finalidad de asesorar sobre la forma de prevenir la violencia sexual y doméstica, procurar el amparo integral de sus víctimas, así como la recuperación del victimario.

La referida Unidad Ejecutora dependerá directamente del Ministerio de Educación y Cultura, debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar su funcionamiento.»)

-Este artículo refiere al famoso tema del Instituto de Prevención de la Violencia y Rehabilitación de sus Víctimas y fue largamente discutido. Por lo tanto, espero que no reeditemos la polémica sobre el mismo.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Muchas gracias, señor presidente. En lo que me es personal, voy a tratar de ajustarme todo lo que sea posible a las aspiraciones planteadas desde la Mesa.

De todos modos, no quiero dejar pasar la oportunidad de que esto conste en la versión taquigráfica, porque si bien podemos compartir la inquietud de legisladores de diferentes sectores que se preocuparon por este tema cuando se discutió el Proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes, entendemos que probablemente no es este el mejor momento para analizar una norma de esta naturaleza. Debemos recordar que originalmente, de acuerdo con el Proyecto considerado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el resultado de la elaboración de estas normas por parte de legisladores integrantes de la Cámara de Representantes que habían profundizado en el tema, incluía varias normas, es decir, no sólo la definición del Programa sino también los cometidos. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, lo que básicamente faltaba eran los instrumentos para ponerlo en práctica.

Por otro lado, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de este Cuerpo, consideró que como forma de demostrar su voluntad, de todas maneras podía votarse un artículo que es, precisamente, éste que lleva el número 92.

Tal como lo habíamos señalado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, preferiríamos no incorporar esta norma en el Proyecto de Rendición de Cuentas, aunque sí admitiríamos analizarlo en profundidad de acuerdo a los tiempos que sean necesarios, a efectos de que el resultado sea más completo que el que surge de un único artículo como éste en el que se crea un Programa y no se otorgan posibilidades de funcionamiento. Por esta razón, vamos a votar negativamente esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 94.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

«ARTICULO 94. - De las vacantes que se suprimen por el artículo 11 de la presente ley exclúyense dieciocho cargos, que se transforman y se destinan al Registro Nacional de Donantes del Ministerio de Salud Pública que funciona en el Banco Nacional de Organos y Tejidos se transforman en los siguientes:

Escalafón

Grado

1 analista programador  

R 10

3 programadores  

R 6

3 jefes de repartición  

C 9

12 jefes de sección  

C 7

Los mismos serán designados por el Banco de Organos y Tejidos con arreglo a las normas de provisión de cargos públicos, dándose prioridad absoluta a los funcionarios que actualmente desarrollen efectivamente dichas tareas.

La Contaduría General de la Nación transferirá los créditos necesarios».)

-La Presidencia fue la que solicitó la consideración separada de este artículo, porque en su parte final el mismo establece que una serie de cargos de la Administración Pública -cuya necesidad la Presidencia no discute- serán designados por el Banco Nacional de Organos y Tejidos. Sin duda esta es una novedad de carácter constitucional, porque hasta donde nosotros sabíamos, de acuerdo con el artículo 168 numeral 9), de la Constitución la provisión de los empleos públicos en la Administración Central corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, desde el punto de vista jurídico, esto supone una innovación insólita, porque a estos funcionarios ni siquiera los nombra el Ministerio correspondiente, sino el Banco Nacional de Organos y Tejidos. Creo que esto no es correcto y quizás lo que se podía establecer es que serán propuestos por dicho organismo al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Utilizando los mismos términos del señor presidente, propongo que se establezca que los mismos serán propuestos por el Banco Nacional de Organos y Tejidos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quizás sea más correcto que el artículo diga que «los mismos serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Banco Nacional de Organos y Tejidos, con arreglo a las normas de provisión de cargos públicos...». Luego la norma seguiría tal como está redactada.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 94 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 100.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 100. - Créase el Fondo «Fortalecimiento y Desarrollo de la Inspección Nacional de Trabajo y la Seguridad Social», que se integrará con el producido del impuesto a las entradas a las Salas de Juego y Casinos que se crea en la presente ley.

El referido Fondo financiará una retribución complementaria porcentual sobre las retribuciones mensuales sujetas a montepío, con excepción de la prima por antigüedad, del personal inspectivo del Programa 007.

Podrá destinarse hasta un 10% (diez por ciento), del producido del Fondo para atender los gastos por reintegro de locomoción, alimentación y capacitación técnica de los referidos inspectores de trabajo».)

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pienso que este artículo 100 crea un Fondo de «Fortalecimiento y Desarrollo de la Inspección Nacional del Trabajo y la Seguridad Social» y debería corregirse a los efectos de que quede claro que lo que se va a usar es el 100% de lo recaudado.

En este sentido, entonces, plantearía que el primer inciso del artículo dijera: «Créase el Fondo «Fortalecimiento y Desarrollo de la Inspección Nacional del Trabajo y la Seguridad Social», que se integrará con la totalidad del producido del impuesto a las entradas a las Salas de Juego y Casinos que se crea en la presente ley».

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 100 con la modificación propuesta por el señor senador Alonso Tellechea y sustituyendo la palabra «producido» por «producto».

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 104.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

«ARTICULO 104. - Modifícase el artículo 8º de la ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTICULO 8º. - Los ascensos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con excepción del Instituto Nacional de Alimentación y de la Dirección Nacional de Comercio, se realizarán dentro del Inciso».)

-La Presidencia pregunta cuál es la modificación que se introduce en este artículo.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Este artículo, en realidad, fue propuesto por el Poder Ejecutivo aunque no tiene iniciativa formal y lo que sucede es que se incorporó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -a través de un decreto reciente- y la Dirección Nacional de Comercio. Hasta este momento, el régimen de ascensos en este Ministerio se hacía considerando a todos sus funcionarios con escalafones únicos de acuerdo con los mismos. En cambio ahora, lo que se procura es estructurar tres cuerpos separados, a efectos de no perjudicar a ninguno de los sectores de funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE. - A la Presidencia le preocupa que, a través de esta disposición se abra un camino a la discrecionalidad absoluta en los ascensos, porque la norma que se modifica establecía que «Los ascensos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con excepción del Instituto Nacional de Alimentación, se realizarán dentro del Inciso y por escalafón o grupo ocupacional y serie de clases de cargos, de grado en grado, de acuerdo con el puntaje resultante del mérito, la capacitación y la antigüedad computables, en la forma que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo».

Resulta que aquí se borra todo eso y se dice, simplemente, que se realizarán dentro del Inciso. Por lo tanto, desaparece todo lo referente a realizar los ascensos por grupo ocupacional, por serie de clase de cargos, de grado en grado y con el puntaje resultante del mérito, la capacitación y la antigüedad. Si todo esto desaparece y estaba en la ley, la interpretación es que se ha abierto la puerta a una discrecionalidad total y a que los ascensos se realicen de cualquier manera. Se me podrá decir que esta no era la intención, pero la interpretación es perfectamente lícita y si se borran todas las garantías y criterios que existían, la disposición se aplicará de cualquier manera.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Creemos que las observaciones realizadas por el señor presidente son justas, pero debemos señalar que esta disposición, a nuestro juicio, se estableció a los efectos de que no se introdujeran dentro de las posibilidades de ascensos a los funcionarios provenientes de la Dirección Nacional de Comercio. Este es un problema que se generó por la distribución que se realizó de esos funcionarios y, a nivel del estudio de la Rendición de Cuentas, en varias oportunidades, consideramos disposiciones que trataban de evitar posibles enfrentamientos por su incorporación. En consecuencia, lo que se quiso hacer fue una excepción con los funcionarios de la Dirección Nacional de Comercio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, el asunto se resuelve fácilmente, expresando: «Exceptúase a los funcionarios de la Dirección Nacional de Comercio de lo dispuesto por el artículo 8º de la ley Nº 16.002» y posteriormente se señala la fecha y se dice: «con relación a los ascensos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».

(Apoyados)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Me parece que la intención está bien encaminada, pero creo que sería mejor que donde dice «Instituto Nacional de Alimentación», en el artículo original se agregara «y de la Dirección Nacional de Comercio», continuando la disposición tal como está redactada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Eso obligaría a incluir todo lo que señalé anteriormente, mientras que con exceptuar a esos dos organismos, el problema quedaría resuelto. De manera que, si los señores senadores no tienen inconveniente, la disposición quedaría redactada de la siguiente manera: «Exceptúase a los funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación y de la Dirección Nacional de Comercio, de lo dispuesto en el artículo 8º de la ley Nº 16.002, con relación a los ascensos de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».

Se va a votar el artículo 104 con la redacción propuesta.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 107.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 107. - Extiéndese la compensación especial, no sujeta a montepío, dispuesta por los artículos 112 de la ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, y 49 de la ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, a todos los magistrados del Poder Judicial, defensores de oficio y fiscales, a quienes el Estado no les proporcione vivienda.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde considerar ahora el artículo 117.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Espero no generar incomodidad en el Cuerpo, pero omití solicitar que el artículo 110 se tratara de manera especial. En consecuencia, tengo que recurrir reglamentariamente a solicitar su reconsideración, salvo que la Mesa -con su benevolencia característica- entienda que esta petición fue realizada anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Este artículo aún no fue votado, por lo que se pondrá a votación su reconsideración.

Se va a votar la reconsideración del artículo 110.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, nuevamente, el artículo 110.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Esta solicitud de reconsideración no tiene como fin oponerse a este artículo tal como viene redactado. Se trata de una disposición de carácter interpretativo, no sólo porque comienza con el vocablo «Declárase», sino porque además añade que es por vía interpretativa y está referido a funcionarios secretarios letrados. La intención es que este artículo contenga otro inciso que realice la interpretación que venía aprobada por la Cámara de Representantes y fue posteriormente eliminada por la Comisión Especial de Artículos Desglosados y finalmente en la de Presupuesto integrada con Hacienda.

La Mesa cuenta con el texto de mi propuesta -que tendría que ser agregada como inciso segundo de este artículo- que refiere, concretamente, a los actuarios del Poder Judicial. Se trata de una disposición que interpreta que una norma de una ley ya vigente que les permitía a estos funcionarios optar por el régimen de «part time», era una de las excepciones a la prohibición de ejercicio profesional que tienen los actuarios en los regímenes constitucional y legal. Aclaro que la Constitución, en su artículo 252, permite que la ley establezca excepciones y, a mi juicio, la que he propuesto, es perfectamente justificable. Lo que se propone es que los actuarios puedan realizar trámites, siempre que se trata de sedes judiciales en materias que no tengan afinidad ninguna con la de los Juzgados en que ellos actúan. A este respecto, quiero señalar que en el seno de la Comisión, la Suprema Corte de Justicia -por medio de su presidente- se opuso a esta disposición. En este punto cabe realizar dos aclaraciones fundamentando mi propuesta. La primera es que esta disposición no innova en absoluto ya que en la Rendición de Cuentas anterior este Senado aprobó un artículo que es, precisamente, el que ahora se pretende interpretar en nuestra propuesta. En esta disposición se declaraba que los actuarios podrían optar por el régimen de «full time» o por el de «part time» y, cuando los señores legisladores la votaron, obviamente estaban otorgando a los actuarios la facultad de ejercer su profesión.

Creo que no tiene otro sentido establecer que puedan optar por el régimen de «part time». Por lo tanto, repito, esta disposición no innova en la materia y, tan es así, que la Suprema Corte de Justicia ya había reglamentado el artículo vigente que ahora pretendemos interpretar.

Por otro lado, me parece que, frente a este artículo los actuarios han sido objeto de algunas expresiones que pueden poner en duda el alcance del mismo. Considero que ningún actuario pretende ejercer la profesión ante su propia sede ni ante aquellas que traten materias parecidas. Esto es algo obvio que, sin embargo, se ha utilizado para simplificar el problema.

Además quiero señalar, con todo respeto -porque la Suprema Corte de Justicia ha procedido dentro de sus facultades legales- que este órgano hace excepciones a la prohibición de ejercer la profesión a funcionarios pertenecientes a las oficinas internas del Poder Judicial. Sin ánimo de crítica, debo decir que el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, por disposición expresa de ese organismo ejerce la profesión en los Juzgados. Se podrá decir que el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia cumple una función en cierto modo general, ya que se le piden consultas en materia administrativa pero está habilitado -y me parece muy bien- repito, a ejercer la profesión en esa materia. No creo que este funcionario vaya a trasponer los límites éticos y tampoco debo pensar que lo vayan a hacer los señores actuarios del Poder Judicial.

Por consiguiente, solicito que la Mesa dé lectura a la disposición que hemos propuesto que considero tiene un contenido muy razonable para agregar al artículo 110.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dado que el artículo 110 aún no ha sido votado, la Mesa lo pondrá a votación en primer lugar, con su redacción original y, en segundo término, se dará lectura al agregado propuesto y se votará.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 110 con la redacción enviada por la Comisión.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase la propuesta aditiva, como inciso segundo, del señor senador Korzeniak.

(Se lee:)

«Declárase igualmente que la opción prevista en el artículo 355 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 que comprende a los actuarios y actuarios adjuntos del Poder Judicial, constituye una de las excepciones autorizadas por el inciso segundo del artículo 252 de la Constitución. En ningún caso podrán realizar trámites ante sedes judiciales que conozcan en materias afines a las que tienen las sedes en que cumplen funciones dichos funcionarios. La Suprema Corte de Justicia determinará el concepto de materias afines a los efectos de este artículo».

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor presidente: la propuesta del señor senador Korzeniak se ha difundido públicamente -a través de los distintos medios de prensa- por distinguidos juristas que han sensibilizado a la opinión pública, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las circunstancias que se darían si una disposición de esa naturaleza fuera aprobada. Me refiero al artículo 252 de la Constitución de la República que establece en forma muy clara que a los magistrados y a todo el personal perteneciente a los despachos de las oficinas internas de la Suprema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados, les está prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales o intervenir, fuera de su obligación funcional, de cualquier modo en ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria.

Quienes en una época ejercimos la profesión de abogados observamos -y hacemos hincapié en indicar lo que siempre fue un estilo a nivel de la administración de justicia- que si a un actuario o a un adjunto de actuario se le encontraba un expediente de jurisdicción voluntaria -como puede ser un trámite de sucesión- en cualquier Juzgado dependiente de la Administración de Justicia, inmediatamente se le destituía. Más de una vez estos casos ocurrieron en el departamento de Canelones.

En este momento, la propuesta del señor senador Korzeniak procura superar esa prohibición basándose en el argumento de que la ley Nº 16.320 habilitó a los actuarios a que pudieran optar por el régimen de dedicación total o, simplemente, por el común. Creemos que se trata de una opción a los efectos de percibir la remuneración consiguiente y que más allá de eso, no tiene otro alcance. Por lo tanto, no puede elaborarse un razonamiento en el sentido de que a través de esta disposición se permitiría superar la prohibición tan terminante que establece el artículo 252 de la Constitución de la República.

Se ha dicho que razones de carácter ético posibilitarían la autorización de los actuarios a gestionar asuntos de su profesión en los distintos Juzgados, procediendo a seleccionar la Oficina más conveniente -es decir, a qué Juzgado pueden concurrir y a cual no- a fin de mantener esa diferencia, línea, conducta o cordón de sanidad que ellos mismos elaborarían. Creemos que se trata de una disposición evidentemente inconstitucional que, además, si se aprobara rompería con una tradición permanente que se ha mantenido a nivel del Poder Judicial. Si este Poder o la Suprema Corte de Justicia permiten que el secretario letrado de la Corte tramite asuntos propios en la administración de justicia, sería evidentemente un asunto que este organismo deberá modificar porque se trata de una violación a la Constitución, que tendrá otros alcances si esta disposición se autoriza.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Quiero agregar a los argumentos de mi compañero de bancada, el señor senador Santoro, que este artículo fue discutido exhaustivamente en la Comisión y la Suprema Corte de Justicia emitió opinión negativa sobre su conveniencia. Si se lleva a la práctica esta disposición, aun con las modificaciones propuestas por el señor senador Korzeniak, en el interior del país sería inaplicable, habida cuenta de que los Juzgados si bien son varios en algunas capitales departamentales, funcionan con las mismas oficinas. Esta disposición establecería un tratamiento diferencial entre los actuarios de Montevideo y los del interior de la República. Se me acota que estos últimos podrían ejercer su profesión en los departamentos limítrofes pero ello iría en desmedro de sus obligaciones funcionales con respecto a los Juzgados donde están desarrollando su actividad.

Por todas estas razones, además de las objeciones jurídicas expuestas por el señor senador Santoro, quiero hacer hincapié en la inconveniencia de la aprobación de este artículo desde el punto de vista práctico, que a todas luces sería inaplicable.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Muy brevemente, quiero expresar que no comprendo la intervención del señor senador Santoro en el sentido de que esta disposición sea inconstitucional porque el artículo 252 establece claramente: «En lo que se refiere al personal de los despachos y oficinas, se estará, además, a las excepciones que la ley establezca».

Es decir que si la ley lo establece, quedan exceptuados y lo que estamos considerando es una norma de esta naturaleza.

Por otra parte, en el interior de la República no existen abogados actuarios, sino que, según tengo entendido, son todos escribanos.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quiero expresar que comparto totalmente las expresiones de los señores senadores Santoro y Cadenas Boix.

Tal como se ha hecho referencia, este tema ha sido discutido en la Comisión y, al respecto quiero realizar algunas reflexiones adicionales. Como principio general, creo que siempre debemos tener en cuenta lo que la Suprema Corte de Justicia, como responsable del servicio, nos propone y nos aconseja. Esto no quiere decir que nos imponga una obligación pero creo que con los argumentos que se han vertido en sala por parte de algunos señores senadores, se justifica ampliamente.

Por otra parte, en muchos casos -y no digo que ocurra en todos- la inserción de una norma como la que se propondría, en el fondo estaría significando un perjuicio para el resto de los escribanos que trabajan en esa zona. Pienso que las cosas hay que decirlas como son. En numerosas localidades del interior del país sucede -sin perjuicio de la honestidad que se pueda tener en el propio ejercicio de la profesión- que algunos escribanos que forman parte de la estructura del Poder Judicial se convierten para muchos clientes potenciales en una especie «valor llave» -si se me permite la expresión- que los hace diferentes a sus colegas. De manera que la postura de mi sector político sobre esta disposición, lejos de estar en contra de la actuación de dichos escribanos, defiende esos otros profesionales porque al fin y al cabo, en muchas actividades de la vida no existe otra alternativa que la de optar. A veces, es mala cosa mezclar el agua con el aceite.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - A mi juicio, este es un tema esencialmente opinable en el que nadie puede pretender tener toda la verdad. Hay argumentos que considero aceptables en una y en otra posición, aunque creo que el tema hay que examinarlo en sus raíces. Estos cargos eran de dedicación exclusiva y la Suprema Corte de Justicia sostenía -pienso que con razón desde su posición- que debería seguir siéndolo. En la Rendición de Cuentas del año pasado dimos a estos funcionarios el derecho a optar por el abandono del régimen de dedicación exclusiva, obviamente, perdiendo parte de sus ingresos. Recuerdo que en esa oportunidad discutí el tema con los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia en el seno de la Comisión y manifesté que, a mi juicio, era comprensible el hecho de que ellos reclamaran el régimen de dedicación exclusiva para estos cargos. No obstante, en la medida en que se trataba de cargos desempeñados por profesionales universitarios, a quienes el Estado no les podía pagar decorosamente, de acuerdo con el régimen de dedicación exclusiva que les imposibilita el ejercicio de su profesión en cualquier otro ámbito, no tenía más remedio que admitir la posibilidad de que pudieran optar por abandonar dicho régimen. El Estado paga a estos profesionales tres o cuatro mil pesos -no sé exactamente cuál es la cifra, pero recuerdo que el año pasado se situaba en el orden de los dos mil pesos actuales- y, además, les exige dedicación exclusiva; creo que no se puede pretender que se conviertan en mártires. No debemos olvidar que se trata de profesionales universitarios que, si se desempeñan en régimen de dedicación exclusiva, deben abandonar su profesión. Ese criterio fue aceptado en la ley. Ahora, en una disposición que creo que no recogimos, la Suprema Corte de Justicia propone extender esa opción a otros funcionarios que no habían sido alcanzados por la norma aprobada el año anterior.

Si hemos admitido en una ley -que está vigente- que quienes estaban en régimen de dedicación exclusiva pudieran abandonarlo, es obvio que lo hicimos para que pudieran ejercer su profesión.

Destaco que hay actuarios escribanos -la mayoría- que difícilmente actúan en el Poder Judicial y, si lo hacen, es en casos excepcionales. Asimismo, debo señalar que hay algunos actuarios abogados que, por serlo ejercen su profesión en el Poder Judicial. Si bien reconozco que pueden tener asesorías, la actividad del abogado se desempeña fundamentalmente ante los estrados judiciales.

En conclusión, reconociendo lo difícil del tema y la necesidad de respetar las líneas generales de las prohibiciones del artículo 252 de la Constitución, creo que debemos optar por una solución razonable, que permita cierto ámbito del ejercicio de la profesión liberal dentro del Poder Judicial. A nuestro entender, esa propuesta razonable es la que formula el señor senador Korzeniak. En ese sentido, la vamos a votar afirmativamente, aun reconociendo que les asiste buena parte de razón a quienes se encuentran en la posición contraria ya que, reitero, se trata de un tema muy opinable.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Como bien comprenderán los demás miembros del Senado, no es esta un área en la que me pueda especializar, pero trataré de extrapolar las experiencias que en lo personal he tenido respecto a las actuaciones de arquitectos en ámbitos donde sería deseable que tuvieran actuación exclusiva. Concretamente, me refiero a los arquitectos que se desempeñan en el Banco Hipotecario y en las distintas Intendencias del país, donde quizá no deberían actuar como profesionales liberales. De todas formas, en la medida en que las retribuciones no son acordes con esas exigencias teóricamente perfectas, pienso que deberíamos actuar con criterios flexibles. En tal sentido, concuerdo con las expresiones vertidas por los señores senadores Korzeniak y Cassina. No obstante, entendería la aplicación de un criterio restrictivo, siempre que tuviera un carácter general. Al respecto confieso que me he sentido muy sorprendido con lo manifestado por el señor senador Korzeniak, en cuanto a que la Suprema Corte de Justicia ha admitido como excepción que su propio asesor letrado pueda litigar en cualquier juzgado. Aclaro que esto no va en desmedro de la honorabilidad de su titular, a quien, por otra parte, ni siquiera tengo el gusto de conocer. En realidad, no puedo comprender que se apliquen criterios que no son genéricos, en perjuicio de las expectativas lógicas de los funcionarios que desgraciadamente no perciben las retribuciones que merecerían.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dos incisos aditivos al artículo 110, propuestos por el señor senador Korzeniak.

(Se vota:)

-9 en 26. Negativa.

En consideración el artículo 117.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 117. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 530 de la ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

«Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, la Suprema Corte de Justicia podrá también designar directamente los titulares de los cargos de director, subdirector e inspector para los que se exige título profesional universitario. En estos casos se requerirá la unanimidad de los integrantes de la misma».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que se reconsidere el artículo 125.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la reconsideración del artículo 125.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, nuevamente, el artículo 125.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Concretamente, quisiera agregar un inciso al final de este artículo. Señalo que el mismo responde a un acuerdo que alcanzamos a nivel de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, no sólo entre los miembros de la mayoría, sino prácticamente con todos los señores senadores, en el sentido de recoger el artículo 31 del Mensaje del Poder Judicial, por el que se autoriza una partida, por una sola vez, de U$S 1:300.000 para la remodelación del edificio de la ex empresa ONDA, que va a ser afectado a oficinas.

Ese último inciso, quedaría redactado de la siguiente manera: «Créase una partida de Inversión por una sola vez de U$S 1:300.000 para la remodelación del Padrón Nº 8322 ubicado en la 2ª. sección judicial del departamento de Montevideo, con frente a la Plaza de Cagancha y a las calles Héctor Gutiérrez Ruiz y San José».

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente, quiero señalar que la propuesta del señor senador Pereyra tiene el inconveniente de que en el artículo 125 se incrementa una partida establecida en el artículo 341 de la ley Nº 16.226, que está referida al servicio odontológico de los integrantes del Poder Judicial.

Por consiguiente, creo que ese agregado debería establecerse en otro artículo.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Quisiera plantear la posibilidad de corregir la cifra propuesta, porque si bien es cierto que en la iniciativa propuesta por el Poder Judicial se establece una partida de U$S 1:300.000, creo que habíamos acordado que la misma fuese de U$S 1:000.000. No es nuestra intención ser avaros, pero se trata de una cifra importante.

Concretamente, propongo que la partida sea de U$S 1:000.000.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo inciso del artículo 125 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 134.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 134. - El producto de la tasa prevista en el artículo precedente será destinado por la Suprema Corte de Justicia en la forma que ésta determine, exclusivamente a incrementar en un porcentaje idéntico los sueldos de los funcionarios de los Escalafones II a VI del Poder Judicial, desde el 1º de enero de 1994.

No recibirán este aumento los funcionarios mencionados en el artículo 388 de la ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que se encuentren en régimen de dedicación exclusiva».)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: obviamente, compartimos los dos incisos que contiene este artículo, que refiere al mecanismo que se logró acordar para proporcionar incrementos en las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial. Aunque, como manifestamos en Comisión, creemos que los aumentos deben efectuarse con cargo a Rentas Generales, dadas las circunstancias, no hubo otra alternativa que apoyar la creación de una tasa que va a encarecer la prestación de Justicia.

Deseo proponer, además, que se incorpore un inciso final que dé justicia a un conjunto de funcionarios de larga trayectoria en el Poder Judicial. Me refiero a los defensores de oficio «part time» y a los procuradores que poseen título de abogado o 25 años de antigüedad y se desempeñan en la Defensoría de Oficio. La idea es relacionar a estos últimos con los defensores de oficio en sus retribuciones, porque de lo contrario, la distancia que existirá entre quienes cumplen régimen de dedicación exclusiva y los «part time», será enorme y, naturalmente, injusta desde todo punto de vista.

De modo que votaremos los dos incisos y, a la vez, propondremos un agregado en el sentido indicado, que haremos llegar a la Mesa.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Hemos votado los artículos 133 y 134, por los que se crea una nueva tasa en el Poder Judicial y se establece que la Suprema Corte de Justicia recaudará este tributo y lo distribuirá en un porcentaje igualitario para aumentar los sueldos de sus funcionarios, con excepción de los magistrados y de aquellos que tienen un régimen de retribuciones especiales.

Quiero decir que, como es notorio, estas dos disposiciones son producto de un acuerdo político del que no formamos parte, pero que ha permitido una solución a la situación de los funcionarios del Poder Judicial. Hubiéramos preferido, en todo caso, crear otro tributo a incrementar los que gravan las actuaciones judiciales, ya muy recargadas. Asimismo, hubiéramos deseado que se determinara que este aumento fuera con cargo a Rentas Generales, a fin de precisar con exactitud el porcentaje del incremento en la propia ley y de mantener, por otra parte, los regímenes de equiparaciones con los funcionarios de Registros y de Fiscalías. Dado que esto no ha sido posible, vamos a acompañar esta solución, así como la propuesta de aditivo presentada por el señor senador Gargano, que entendemos de toda justicia, tanto en lo que hace a los defensores de oficio que no actúan en régimen de dedicación total, como a aquellos -muchos de ellos profesionales- que desempeñan de hecho este cargo con una antigüedad de más de 25 años en el Organismo y que asisten en la Defensoría como técnicos. Creemos que por esta vía se consagra una retribución acorde con las funciones que prestan.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - En lo que tiene que ver con este artículo 134, queremos señalar la circunstancia de que esta tasa que se crea, que ciertamente encarece la actividad de la Administración de Justicia y que tiene un destino especial que determinará la Suprema Corte de Justicia, tiene la particularidad de que su administración estará a cargo del propio Organismo. Creemos que esta disposición incorpora a nuestra legislación lo que tanto ha reclamado nuestro Poder Judicial: la independencia desde el punto de vista financiero.

En cuanto a la propuesta del señor senador Gargano, en el sentido de incorporar en esta disposición -es decir, al aumento para los funcionarios del Poder Judicial- a los defensores de oficio que no tengan dedicación total y a los funcionarios de esa Defensoría que tengan determinadas condiciones, queremos señalar que los primeros ya tuvieron un incremento por el artículo 107, que les concede un 15% para vivienda, ya que están asimilados a los magistrados. En efecto, esta norma alude a los defensores de oficio y fiscales y no hace diferencias entre ellos.

Los otros funcionarios a que aludió el señor senador Gargano, están en condiciones de ser comprendidos en lo que establece el artículo 134.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia pregunta al señor senador Gargano qué mejora significa sobre el régimen actual el agregado que él propone, estableciendo que los defensores de oficio que no cumplen régimen «full time» percibirán una retribución equivalente al 75% de la de aquellos que están comprendidos en dicho régimen, previendo el mismo sistema para los procuradores con título de abogado que se desempeñan en la Defensoría de Oficio.

SEÑOR GARGANO. - La retribución de los defensores de oficio que tienen dedicación exclusiva está vinculada a la estructura de la ley del Poder Judicial, por lo que se fija de acuerdo con la de los magistrados. Existe una norma por la cual, quienes no tienen el régimen de dedicación exclusiva, no están comprendidos en ese mecanismo. En virtud de los artículos que se han aprobado, si no se incorpora esta disposición la distancia que existiría entre estos funcionarios se ampliaría enormemente.

Por otra parte, quiero decir, en beneficio de la justicia, que los defensores de oficio que no están comprendidos en este régimen son los funcionarios de más larga trayectoria en ese ámbito. Ocurre que estas personas compatibilizaban su función de defensores de oficio con su actividad como profesionales. Al respecto, recuerdo al doctor Carlos Martínez Moreno y a otros que se desempeñaban allí, a quienes conozco desde la época en que trabajaba en el Poder Judicial. Lo mismo sucede con los procuradores que tienen título de abogado y se desempeñan, como señalaba el señor senador Cassina, como defensores de oficio.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - En relación con lo que señalaba el señor senador Santoro, quiero decir que si esta disposición se vota afirmativamente, como espero que ocurra, y también se aprueba la propuesta del señor senador Gargano en lo que tiene que ver con los defensores de oficio que no actúan en régimen de dedicación exclusiva y de los funcionarios de la Defensoría de Oficio que cumplen de hecho esta función, resulta obvio que esas personas deberán ser excluidas del aumento que establece el inciso primero del artículo 134.

SEÑOR GARGANO. - Obviamente.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Hasta donde he sido informado, los defensores de oficio llamados «part time», piden una compensación del 75% de la que perciben los «full time». Del mismo modo, los procuradores - la mayoría de los cuales son abogados o escribanos- solicitaban un 75% del sueldo que corresponde al «part time».

Por lo tanto, solicito que se voten los dos incisos que vienen de Comisión y se postergue lo que propone el señor senador Gargano hasta la sesión que se celebrará mañana.

De modo que hago moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - En primer lugar, se va a votar el artículo 134, tal como venía redactado de la Comisión, porque es lo que corresponde reglamentariamente.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Hemos realizado una lectura un poco más detenida de la disposición que hemos votado y estimamos que este artículo ya se aplica a todos los funcionarios de los Escalafones II al VI del Poder Judicial. Por tal razón, pensamos que, salvo los defensores de oficio «full time», los demás funcionarios están comprendidos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - No me opongo a que el tema sea postergado para el día de mañana. Creo que el debate deberíamos dejarlo para esa oportunidad, para aclarar mejor el tema. Pero considero que sería conveniente dejar consolidado ahora lo que venía con acuerdo de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la postergación de los aditivos propuestos por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 142.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 142. - Créase la siguiente estructura escalafonaria para la Corte Electoral:

Escalafón I  

-

profesional universitario

Escalafón II  

-

técnico profesional

Escalafón III  

-

técnico

Escalafón IV  

-

administrativo especializado

Escalafón V  

-

oficios

Escalafón VI  

-

servicios auxiliares

El Escalafón I, «profesional universitario», comprende los cargos y contratos de función pública a los que sólo pueden acceder los profesionales que posean título universitario expedido, reconocido, o revalidado por las autoridades competentes y que correspondan a planes de estudios de duración no inferior a cuatro años.

El Escalafón II, «técnico profesional», comprende los cargos y contratos de función pública de quienes hayan obtenido una especialización de nivel universitario o similar, que corresponda a planes de estudio cuya duración deberá ser equivalente a dos años, como mínimo, de carrera universitaria y en virtud de los cuales hayan obtenido título habilitante, diploma o certificado.

El Escalafón III, «técnico» comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas en las que predomina la labor de carácter intelectual, para cuyo desempeño fuere menester conocer técnicas especiales. La versación en determinada rama del conocimiento deberá ser acreditada en forma fehaciente.

El Escalafón IV, «administrativo especializado», comprende los cargos y contratos de función pública que tiene asignadas tareas relacionadas con el registro, clasificación, manejo y archivo de datos y documentos con la planificación, coordinación, organización, dirección y control de las actividades relacionadas con los cometidos asignados por la Constitución de la República y leyes especiales a la Corte Electoral, así como toda otra actividad no incluida en los demás escalafones.

El Escalafón V, «oficios», comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas en las que predominan el esfuerzo físico o habilidad manual o ambos y requieren conocimiento y destreza en el manejo de máquinas o herramientas. La idoneidad exigida deberá ser acreditada en forma fehaciente.

El Escalafón VI, «servicios auxiliares», comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas de limpieza, portería, conducción, transporte de materiales o expedientes, vigilancia, conservación y otras tareas similares.

Los cargos políticos y de particular confianza continuarán comprendidos en los Escalafones «P» y «Q» respectivamente, los que se seguirán rigiendo por las normas que les son aplicables».)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Solicito que se voten conjuntamente los artículos 142, 143 y 144, porque forman una estructura que fue propuesta por la Corte Electoral.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por lo tanto, corresponde poner en consideración los artículos 143 y 144.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 143. - Establécese la tabla de sueldos para ocho horas diarias de labor a valores del 1º de enero de 1993, que regirán para los Escalafones: I «profesional universitario», II «técnico profesional», III «técnico», IV «administrativo especializado», V «oficios», VI «servicios auxiliares» de la Corte Electoral:

Grado

Escala

20

2.385,51

19

2.177,95

18

1.988,45

17

1.810,81

16

1.652,74

15

1.513,38

14

1.391,86

13

1.285,81

12

1.182,20

11

1.092,42

10

1.015,10

9

948,21

8

849,45

7

774,15

6

726,99

5

687,59

4

609,81

3

574,47

2

524,87

1

479,55

A los funcionarios que realicen seis horas diarias de labor, la retribución se les adecuará en forma proporcional.

ARTICULO 144. - Los grados mínimos y máximos de los escalafones a que refiere la tabla establecida en el artículo anterior, serán los siguientes:

Escalafón

Grado mínimo

Grado máximo

I

10

20

II

9

19

III

3

18

IV

3

18

V

3

17

VI

1

14".)

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - No hemos votado a favor de este artículo en la Comisión y no lo haremos ahora porque a través de esta disposición y de la siguiente se crean estructuras escalafonarias diferentes a las que existen en otras dependencias del Estado.

Si bien esto vino en el Mensaje original de la Corte Electoral, después fue rechazado y se insistió en la Comisión para incorporarlo. Creemos que es más justo mantener una misma estructura escalafonaria en los diferentes Incisos, para que queden establecidos sueldos que remuneren equitativamente cargos similares, relacionándose los cargos y los sueldos básicos.

Por lo expuesto, no vamos a acompañar el artículo 142.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 142 a 144.

(Se votan:)

-20 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 145.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 145. - La Corte Electoral dispondrá de un plazo de sesenta días a contar de la publicación de la presente ley, a fin de realizar las modificaciones necesarias para la inclusión de los funcionarios en los nuevos escalafones.

Al disponer dicha inclusión deberán respetarse las reglas del ascenso cuando correspondiere.

De todo esto se dará cuenta a la Asamblea General y se informará a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Contaduría General de la Nación.

A esos efectos se incrementarán los Rubros 0 y 1, en $ 1:056.899 (pesos uruguayos un millón cincuenta y seis mil ochocientos noventa y nueve).»)

-Este artículo es de votación preceptiva porque se fija un plazo para realizar las modificaciones necesarias, y si ya se votaron las disposiciones anteriores, hay que votar esta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 145.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

-En consideración el artículo 150.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 150.- Increméntase el crédito para inversiones en el ejercicio 1994 en $ 365.444 (pesos uruguayos trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro), equivalentes a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables), a efectos de dotar de local propio a la Junta Electoral de Tacuarembó.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 151.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 151.- Presupuéstase a los cuarenta funcionarios contratados por el artículo 368 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en el escalafón «C» (IV proyectado), grado 3 (V proyectado del Mensaje Corte).

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales necesarios para atender dicha erogación y dará de baja la partida creada por el citado artículo de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.»)

-Cabe destacar que la redacción del artículo es muy peculiar, ya que se establece: «escalafón ‘C’ (IV proyectado), grado 3 (V proyectado del Mensaje Corte).» Parece un lenguaje críptico. Me parece que sería mejor establecer: «Presupuéstase a los 40 funcionarios contratados por el artículo 368 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en el escalafón ‘C’, grado 3.» Luego el artículo seguiría tal como está redactado.

SEÑOR ASTORI. - Por lo tanto, habría que eliminar los paréntesis.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 151, con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 163.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

ARTICULO 163. - Sustitúyase el artículo 8º de la ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987, por el siguiente:

‘ARTICULO 8º. - Las peticiones que el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo formule ante cualquier órgano administrativo, se tendrán por desechadas si al cabo de 150 días siguientes al de la presentación, no se dictó resolución expresa sobre lo pedido.

El vencimiento de dicho plazo no exime al órgano de su obligación de pronunciarse expresamente sobre el fondo del asunto.

La decisión expresa o ficta sobre la petición, podrá ser impugnada de conformidad a lo prevenido en los artículos 3º y siguientes.

Cuando el peticionario sea titular de un derecho subjetivo contra la Administración, la denegatoria expresa o ficta no obstará el ejercicio de las acciones tendientes a hacer valer aquel derecho’.»)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 164.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 164. - Asígnase a los ministros, secretarios letrados y prosecretario letrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las compensaciones, beneficios y mejoras presupuestales, que por todo concepto, se otorguen a los cargos equiparados constitucional o legalmente del Poder Judicial.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes.»)

-En la parte final del artículo se establece: «se otorguen a los cargos equiparados constitucional o legalmente del Poder Judicial». Entendemos que debería decir: «se otorguen a los cargos del Poder Judicial a aquellos que estén equiparados constitucional o legalmente».

(Apoyados)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 164, con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 165 y 166.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 165. - Créase, a valores de 1º de enero de 1993, una tasa de $ 20 (pesos uruguayos veinte), que se reajustará el 1º de enero de 1994, por la variación del Indice de Precios al Consumo (IPC), durante el año 1993, a ser recaudada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que gravará los siguientes actos: la presentación de escritos de demanda, contestación, prueba y alegatos, por cada compareciente. El monto de dicha tasa deberá ser actualizado cuatrimestralmente de acuerdo al Indice de Precios al Consumo (IPC), a partir del 1º de enero de 1994.

La tasa prevista en el inciso precedente entrará en vigencia en la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 166. - El producto de la tasa prevista en el artículo precedente será vertido a Rentas Generales.»)

-Estos artículos fueron incluidos por la Presidencia por lo siguiente. El artículo 166 establece que el producto de la tasa prevista en el artículo precedente será vertido a Rentas Generales. Lo mismo se decía respecto a la tasa que se creó en el Poder Judicial. Ahora se fija todo en el mismo artículo.

Por lo tanto, proponemos que el inciso final del artículo 165 diga: «La tasa prevista en el inciso precedente entrará en vigencia en la fecha de promulgación de la presente ley y su producto será vertido a Rentas Generales», y que se suprima el artículo 166.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 165 con el agregado propuesto.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 171.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 171. - Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a realizar la adquisición de material y equipamiento didáctico con financiación externa por hasta $ 12:187.000 (pesos uruguayos doce millones ciento ochenta y siete mil), equivalentes a U$S 3:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones quinientos mil), en el marco del convenio celebrado por la República con el Estado de Israel.

La ejecución de dicho Programa no podrá superar la suma de $ 1:741.000 (pesos uruguayos un millón setecientos cuarenta y un mil), equivalente a U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil), en el ejercicio 1994.»)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PEREYRA. - El inciso final dice: «La ejecución de dicho Programa no podrá superar la suma de $ 1:741.000 (pesos uruguayos un millón setecientos cuarenta y un mil), equivalente a U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil), en el ejercicio 1994.»

Como este Programa va a continuar y no significa desequilibrar esta Rendición de Cuentas, propongo que se elimine el punto y se agregue: «e igual suma para el año 1995.»

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor presidente: esa posibilidad a la que se ha aludido fue discutida varias veces a nivel de Comisión y en reuniones de trabajo que efectuamos junto con otros señores senadores en representación de diferentes sectores políticos.

Creo que es del caso recordar lo que expresa el artículo 216 de la Constitución de la República en el sentido de que estas normas sólo podrán contener disposiciones para aplicar dentro del período legislativo o de gobierno correspondiente. Debemos tener presente que estamos trabajando en una regulación presupuestal para cinco años de gobierno.

Decimos esto sin perjuicio de señalar que existe más de una disposición que contiene este tipo de modificación en cuanto a que la partida también se establezca para el año siguiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 171, con la redacción propuesta por la Comisión.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Deseo hacer una consulta acerca del procedimiento. Existe una propuesta del señor senador Pereyra que sugiere agregar la expresión «e igual suma para 1995». Entiendo que si se vota en primer lugar el texto venido de Comisión, queda excluida la propuesta mencionada. Deseo llamar la atención sobre este punto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara que no son necesariamente contradictorias, ya que se puede votar el texto tal como vino de la Comisión y luego el otro.

SEÑOR ASTORI. - Entonces, modifico mi propuesta: que se vote primero el texto enviado por la Comisión y, luego, con el agregado propuesto por el señor senador Pereyra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Esa era la intención de la Mesa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Mi inquietud se refiere al artículo 216 de la Constitución de la República, que establece la prohibición de fijar disposiciones que excedan el mandato de gobierno.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Confieso que es cierto lo que afirma el señor senador Ricaldoni, pero también es verdad que estamos otorgando autorización a un Programa que, naturalmente, no se termina en un año, sino que abarca ése y los siguientes, o sea, hasta que se cumplan los objetivos fijados. Si no se quiere interrumpir el Programa, no hay más remedio que establecer la partida para el año siguiente, como ha ocurrido con la Universidad de la República.

SEÑOR MILLOR. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Quiero hacer una puntualización con respecto a lo manifestado por el señor senador Pereyra. Entiendo el espíritu que anima su propuesta; sin embargo, dentro de un Programa que votamos en función de un préstamo que insume U$S 3:500.000, al establecer el monto para el año 1995, ¿no estamos fijando una limitante para lo que pueda realizar la Administración que surja de las elecciones de 1994 en lo concerniente al préstamo?

Estamos votando en función de un Programa que debe tener continuidad, y partimos del supuesto que la tendrá. Pero es obvio que si fijamos el monto al que se deberá ceñir la siguiente Administración, significará una limitante para su acción futura. Estoy seguro de que éste no debe ser el espíritu del señor senador proponente.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me concede una interrupción, señor senador Ricaldoni?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Reconozco que lo que dice el señor senador Millor es cierto; pero la otra situación es peor, porque recién en 1995 vamos a tener un Presupuesto presentado en el mes de junio y aprobado a fin de año. Esto quiere decir que va a transcurrir todo el año 1995 sin que podamos adjudicar partidas. Pienso que es mejor que la partida resulte insuficiente y no que se suspenda la inversión.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador Ricaldoni?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: en relación con la norma del artículo 216 de la Constitución, hago la siguiente interpretación. Los legisladores votamos cada cinco años un Presupuesto y luego, en oportunidad de la Rendición de Cuentas, le introducimos modificaciones. Normalmente, salvo en los rubros para una obra determinada, cuando ampliamos partidas presupuestales -a menos que se exprese que es para un ejercicio, como en el caso de la Corte Electoral- ellas rigen en el futuro, excepto que una ley las modifique, ya que no podemos quedarnos sin Presupuesto hasta que se sancione otro.

Por otra parte, opino como el señor senador Millor -naturalmente, puedo estar equivocado- que en tanto se autoriza a la ANEP a contratar un préstamo para la adquisición de material por determinada suma de dinero en el marco de un Convenio firmado por nuestra República con el Estado de Israel, es claro que si no establecemos límites, cuando esta ley entre en vigencia, podrá comprar el material por el total de ese préstamo.

Por lo tanto, sólo se establece la limitación para 1994 y, en 1995 la Administración Nacional de Educación Pública podrá disponer del resto de la autorización para comprar ese material con lo que quede del préstamo.

A mi juicio, es ésta la interpretación correcta.

SEÑOR BLANCO. - Apoyado.

SEÑOR IRURTIA. - Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es absolutamente exacto lo que dice el señor senador Cassina.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 171 con la redacción propuesta por la Comisión.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 172.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 172. - Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a realizar, con financiamiento externo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, el Proyecto «Fortalecimiento de la Educación Inicial, Primaria y Básica Media», por $ 87:050.000 (pesos uruguayos ochenta y siete millones cincuenta mil), equivalentes a U$S 25:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinticinco millones), de los cuales $ 17:410.000 (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos diez mil), corresponden a la contrapartida nacional.

La ejecución del referido Programa para el ejercicio 1994 no podrá exceder de U$S 100.000 (dólares de los Estados Unidos de América cien mil».)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor presidente: solicito que el artículo 172 se vote por inciso, porque me parece que debemos suprimir el segundo. En realidad, considero un despropósito fijar un límite de U$S 100.000, frente a la magnitud de un préstamo de U$S 25:000.000. Obviamente, hay que eliminar ese límite, por lo que, reitero, solicito que la votación se realice por inciso.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor presidente: deseo hacer unos comentarios en el mismo sentido que planteaba el señor senador Pereyra. Existe una evidente desproporción en el ejercicio de 1994, entre una inversión de U$S 25:000.000, con una contrapartida nacional de $ 17:410.000, y una ejecución de U$S 100.000. Seguramente, eso obedece a un error.

Me pregunto si la mejor alternativa es eliminar el inciso o modificar el tope. Creo que si optamos por la eliminación no se hará nada porque se aducirá que hay tope de ejecución. Considero que la intención que motivó la redacción de este artículo fue la de fijar un tope a la contrapartida nacional; es la única interpretación que tiene sentido.

Si los señores senadores están de acuerdo, propongo modificar el segundo inciso, mantener un tope de ejecución razonable que haga posible la ejecución del Programa y señalar que los U$S 100.000 refieren a la contrapartida nacional. Me parece una manera más práctica para que haya ejecución, lo que estimo no ocurrirá en caso de eliminarse el segundo inciso.

Pienso que una sugerencia viable podría ser establecer en el segundo inciso lo siguiente: «En lo que refiere a la contrapartida nacional, la ejecución de este Programa para el ejercicio 1994 no podrá exceder de...»

SEÑOR ZUMARAN. - U$S 1:000.000.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - U$S 1:000.000.

SEÑOR ASTORI. - En consecuencia, me permito sugerir la siguiente redacción para el segundo inciso de este artículo: «En lo que refiere a la contrapartida nacional, la ejecución de este Programa para el ejercicio 1994 no podrá exceder al equivalente a U$S 1:000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América)».

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 172 con la modificación propuesta por el señor senador Astori.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 177.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 177. - Agrégase el siguiente inciso al artículo 449 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991:

«A los efectos antes indicados será suficiente que las comisiones y asociaciones se inscriban en los registros que llevará cada Consejo Desconcentrado de la Administración Nacional de Educación Pública».)

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor presidente: he visto que en algunos artículos, seguramente en forma inadvertida, se hace mención a cifras solamente en moneda extranjera, concretamente, en dólares. Me parece que debería indicarse en moneda nacional el equivalente de estos montos, a fin de dar mayor coherencia y seriedad a un proyecto de ley que tiene alcance a nivel nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia comparte la inquietud del señor senador Arana y siempre se ha preocupado porque las cantidades se expresen primero en moneda nacional. Entonces, si en alguna disposición no se procede de ese modo, se realizará la corrección pertinente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 177.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

4) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: formulo moción a los efectos de que el Senado pase a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 10.

SEÑOR ASTORI. - Sugiero que la sesión comience a la hora 9.

SEÑOR PRESIDENTE. - Esta moción no admite discusión, de acuerdo con el Reglamento.

En consecuencia, se va a votar si el Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 10.

(Se vota:)

-20 en 30. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 10.

(Así se hace, a la hora 20 y 8 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez, y estando presentes los señores senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Astori, Batalla, Blanco, Bouzas, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Boismenu, Elso Goñi, Gargano, González Modernell, Grenno, Irurtia, Jude, Korzeniak, Lenzi, Millor, Moreira Graña, Pereyra, Pérez, Pozzolo, Priore, Ricaldoni, Santoro, Urioste y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Dardo Ortiz Alonso Prosecretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.