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Nº 271 - TOMO 356 - 24 DE AGOSTO DE 1993

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

42ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente,

WALTER R. SANTORO Primer Vicepresidente y

HUGO BATALLA
Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Blanco por los días 30 y 31 de agosto y 1° de setiembre.
- Concedida.

5, 7 y 11) Calendario de liquidaciones y pagos de los aportes rurales referidos en la Ley Nº 15.852. Se faculta al Poder Ejecutivo para determinarlos. Proyecto de ley

- Se resuelve, por moción del señor senador Olascoaga, repartirlo, declararlo urgente y considerarlo de inmediato.
- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- Fundamento de voto del señor senador Ferrés Pacheco.

6 y 14) Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. Proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

8) Adquisición de una red meteorológica automática para la Dirección Nacional de Meteorología. Autorización del Poder Ejecutivo para destinar una partida al Ministerio de Defensa Nacional a tales efectos. Proyecto de ley

- Se resuelve, por moción del señor senador Santoro, declararlo urgente y considerarlo de inmediato.
- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) Equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Autorización al Poder Ejecutivo para destinar una partida al Ministerio de Defensa Nacional a tales efectos. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) Adquisiciones para el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Autorización al Poder Ejecutivo para destinar una partida al Ministerio de Defensa Nacional a tales efectos. Proyecto de ley.

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Comisión de Presupuesto

- La Mesa da cuenta de que según comunicación de la bancada del Frente Amplio el señor senador Pérez sustituye al señor senador Bruera como miembro de la misma.

13) Proyectos de ley

- "Eduardo Fabini". Se designa con su nombre a la Escuela Nº 6, infantil, de iniciación musical, del departamento de Rivera.
- "Maestro Gerardo Grasso". Se designa con su nombre a la Escuela Nº 80, infantil, de iniciación musical, del departamento de Artigas.
- Los presentan varios señores senadores.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 20 de agosto de 1993.

La CAMARA DE SENADORES, se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 24, a la hora 15 y 30, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establece la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

(Carp. Nº 915/92 - Rep. Nº 649/93. Anexos I, II, III, IV, V y VI)

2º) Continúa la discusión general y particular de los proyectos de ley, sobre Reforma del Estado y Empresas Públicas:

del señor senador Juan Carlos Blanco.

(Carp. Nº 469/91 - Rep. Nº 642/93 Anexo I)

de los señores senadores Mariano Arana, Danilo Astori, Hugo Batalla, Carlos Bouzas, Leopoldo Bruera, Carlos Cassina, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Jaime Pérez y Alberto Zumarán.

(Carp. Nº 1143/93 - Rep. Nº 642/93 Anexo I)

de los señores senadores Walter Belvisi, Carlos W. Cigliuti, Dante Irurtia, Pablo Millor y Américo Ricaldoni.

(Carp. Nº 1153/93 - Rep. Nº 642/93 Anexo I)

Los proyectos de ley son enunciados en el orden del día por orden cronológico de acuerdo a la fecha de su presentación, sin que ello establezca ninguna prioridad en su tratamiento.

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Astori, Belvisi, Blanco, Bouza, Bouzas, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Elso Goñi, Ferrés Pacheco, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Librán Bonino, Millor, Olascoaga, Pereyra, Pérez, Ricaldoni, Silveira Zavala, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, el señor senador Grenno.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 42 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 24 de agosto de 1993

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, por los que se modifican las asignaciones a varios proyectos de inversión y por los que se amplía el proyecto "adquisición de tierras e inmuebles".

-Ténganse presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando haber designado Ministro de Defensa Nacional al doctor Daniel Hugo Martins.

-Téngase presente.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por los señores senadores Alvaro Alonso Tellechea, Ernesto Amorín, Enrique Cadenas Boix, Wilson Elso Goñi, Julián Olascoaga, Carlos Julio Pereyra, Walter Santoro, Omar Urioste y Alberto Zumarán, relacionada con la evaluación de la posición en moneda extranjera del Banco Central del Uruguay desde el 1º de enero de 1988 al 28 de febrero de 1990.

-Oportunamente le fue entregado a los mencionados señores senadores.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por los señores senadores Wilson Elso Goñi y Julián Olascoaga, referentes al saneamiento en la localidad de José Pedro Varela.

-Oportunamente le fue entregado a los señores senadores Wilson Elso Goñi y Julián Olascoaga.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el calendario de liquidaciones y pagos de los aportes rurales referidos en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Cámara de Representantes comunica la sanción del proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública la expropiación de dos inmuebles del departamento de Montevideo.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa con el nombre "Pedro Oliveri Rodríguez" la Escuela Nº 84 de 1er. grado Rural de Barra del Sauce de Mansavillagra, departamento de Florida.

por el que se designa "Euskadi" la Escuela Nº 267 del departamento de Montevideo.

-Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión del Senado.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Convenio de Cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones;

por el que se aprueba la modificación al artículo XV del acuerdo de Transporte Aéreo Comercial con el Reino de España.

-Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión del Senado.

El señor Gustavo Muñoz Durán remite escrito por el que formula diversas denuncias.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

Varios funcionarios del Escalafón Administrativo de la Cámara de Senadores remiten un escrito reclamando sobre las designaciones dispuestas por el artículo 8º de la resolución de la Cámara de Senadores de fecha 11 de agosto de 1993.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos".

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Blanco solicita licencia durante los días 30 y 31 de agosto, y 1º de setiembre de 1993".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 24 de agosto de 1993

Sr. Presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

Señor presidente: solicito por la presente licencia durante los días 30 y 31 de agosto, y 1º de setiembre de 1993.

Saludo al señor presidente, con la más alta consideración.

Juan Carlos Blanco. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro).- Se va a votar la solicitud de licencia presentada por el señor senador Blanco.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

5) CALENDARIO DE LIQUIDACIONES Y PAGOS DE LOS APORTES RURALES REFERIDOS EN LA LEY Nº 15.852. Se faculta al Poder Ejecutivo para determinarlos. Proyecto de ley.

SEÑOR OLASCOAGA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLASCOAGA.- Es para solicitar que se reparta el proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el calendario de liquidaciones y pagos de aportes rurales al Banco de Previsión Social, del que se dio cuenta en los asuntos entrados.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro).- Así se procederá, señor senador.

6) CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro).- El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay (Carp. Nº 915/92 - Rep. Nº 649/93).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 915/92
Rep. Nº 649/93

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

PROYECTO SUSTITUTIVO

CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

CAPITULO I
NATURALEZA JURIDICA, FINALIDADES, DOMICILIO, REPRESENTACION

Artículo 1º (Naturaleza Jurídica).- El Banco, creado por el artículo 196 de la Constitución de la República, que se denomina Banco Central del Uruguay, es un servicio del dominio comercial del Estado, organizado bajo la forma de Ente Autónomo y dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera en los términos de la Constitución y de la presente Ley Orgánica, sus complementarias y modificativas.

Cada vez que en esta ley se use la expresión Banco, se entenderá que se alude al ente público mencionado en este artículo.

Art. 2º (Persona Jurídica, Domicilio, Sucursales).- El Banco es persona jurídica capaz de todos los derechos y obligaciones; tendrá su domicilio legal y principal asiento en la ciudad de Montevideo. Podrá establecer y cerrar sucursales y agencias en todo el país, designar representantes y bancos corresponsales en la República y en el exterior, y actuar como representante o banco corresponsal de entidades extranjeras o internacionales.

Art. 3º (Finalidades).- La finalidad principal del Banco será asegurar la estabilidad de la moneda nacional.

Además, tendrá las siguientes finalidades complementarias:

a) asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

b) mantener un nivel adecuado de las reservas internacionales.

c) promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional.

Art. 4º (Poderes Jurídicos).- El Banco está facultado para realizar todos los actos jurídicos y contraer todas las obligaciones conducentes a la ejecución de los cometidos que le asignan la Constitución y la Ley. Su Directorio tendrá, al efecto, poderes de amplia, franca y general administración.

Art. 5º (Representación).- La representación del Banco y del Directorio estará confiada al Presidente, asistido del Secretario General. En materia patrimonial será ejercida conjuntamente por el Presidente y el Gerente General. El Presidente, asistido por los funcionarios señalados, podrá otorgar, también conjuntamente, poderes y conceder por medio de ellos todas las facultades.

Art. 6º (Garantía del Estado).- Todas las obligaciones del Banco gozarán de la garantía del Estado.

El Banco Central del Uruguay estará exento de toda clase de tributos nacionales, aun de aquellos previstos en leyes especiales.

CAPITULO II
FUNCIONES Y COMETIDOS PRINCIPALES

Artículo 7º (Funciones).- Las funciones y cometidos del Banco serán conducentes al logro de las finalidades indicadas en el artículo 3º.

En tal sentido, el Banco:

a) tendrá a su exclusivo cargo la emisión de billetes, acuñación de monedas y retiro de circulación de billetes y monedas en todo el territorio de la República;

b) aplicará los instrumentos monetarios, cambiarios y crediticios que fueren necesarios para cumplir las finalidades que le asigna el artículo 3º;

c) actuará como asesor económico, banquero y representante financiero del Gobierno;

d) administrará las reservas internacionales del Estado;

e) actuará como banquero de las instituciones de intermediación financiera;

f) podrá representar al Gobierno de la República en los organismos financieros internacionales y ejecutará las transacciones financieras relacionadas con la participación del Estado en dichos organismos;

g) regulará normativamente y supervisará la ejecución de aquellas reglas por parte de las entidades públicas y privadas que integran el sistema financiero. A tal efecto, podrá autorizar o prohibir, en todo o en parte, operaciones en general o en particular, así como fijar normas de prudencia, buena administración o método de trabajo; e informará, en el caso de las entidades públicas, al Poder Ejecutivo, a sus efectos.

CAPITULO III
CAPITAL, UTILIDADES Y RESERVAS

Artículo 8º (Capital).- El capital del Banco se fija en $U 450:000.000, (cuatrocientos cincuenta millones de pesos uruguayos).

La diferencia entre esta suma y el patrimonio neto de la Institución, según estado de situación patrimonial a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, será aportada por el Poder Ejecutivo. La correspondiente transferencia, así como los mecanismos a través de los cuales se realizará, deberán ser autorizados por ley.

Por decisión unánime del Directorio del Banco y previa autorización del Poder Ejecutivo, podrán incorporarse al capital las reservas a que refiere el artículo siguiente.

Art. 9º (Reservas).- Al cierre de cada ejercicio, se asignará a reservas una cantidad equivalente al 25% (veinticinco por ciento), de las utilidades netas, hasta que el saldo de aquella cuenta ascienda al doble del capital del Banco. El Banco, previa autorización del Poder Ejecutivo, podrá transferir a reservas un monto superior a ese porcentaje anual y permitir que el saldo en dicha cuenta pueda ser superior al doble del capital del Banco.

Art. 10 (Utilidades).- Después de completadas las transferencias a reservas previstas en el artículo precedente, el resto de las utilidades netas del ejercicio se acreditarán a la cuenta Tesoro Nacional del Poder Ejecutivo, pudiendo compensar débitos impagos de este último con el Banco.

Art. 11 (Control de gastos y pagos).- El Banco estará sujeto al control constitucional del Tribunal de Cuentas, de conformidad con los artículos 211 y siguientes de la Constitución.

CAPITULO IV
GOBIERNO, ADMINISTRACION Y CONTROL

Artículo 12 (Directorio).- El gobierno y dirección del Banco estarán a cargo de un Directorio, que será responsable por la política y la administración general del Banco.

Corresponde al Directorio:

a) ejercer las atribuciones y hacer cumplir las funciones que la ley encomienda al Banco;

b) proyectar el presupuesto de sueldos, gastos e inversiones conforme a lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución;

c) proyectar el estatuto del funcionario de acuerdo al artículo 63 de la Constitución;

d) designar, promover, trasladar, sancionar y destituir al personal, respetando las normas y garantías estatutarias, pudiendo realizar las contrataciones que fueran necesarias;

e) aprobar reglamentos, resoluciones y órdenes, a fin de hacer efectivas las disposiciones de la presente ley y hacer posible el funcionamiento normal y regular del Banco;

f) delegar atribuciones, por unanimidad de sus miembros, pudiendo avocar las que fueron objeto de delegación.

Art. 13 (Reglamento).- El Reglamento del Banco, aprobado por el Directorio, abarcará todos los aspectos relativos a la organización administrativa de la Institución y a sus atribuciones, así como a las diversas funciones y deberes de los funcionarios de mayor jerarquía del ente y de las divisiones administrativas no especificadas en esta ley.

Art. 14 (Integración del Directorio).- El Directorio del Banco estará integrado por un Presidente, un vicepresidente y tres Directores, que serán designados, conforme al artículo 187 de la Constitución de la República, entre ciudadanos de reconocido prestigio y experiencia en los asuntos financieros.

Los miembros del Directorio durarán en sus cargos ocho años, renovándose la integración del Directorio parcialmente, cada dos años.

El primer Directorio que se designa luego de promulgada la presente ley será renovado del modo siguiente: el Presidente y Vicepresidente a los ocho años de ser designados y los restantes Directores según el orden de su designación, a los seis, cuatro y dos años de designados.

Las disposiciones de este artículo regirán a partir del 1º de marzo de 1995.

Art. 15 (Presidente del Directorio).- El Presidente será encargado de ejecutar y dar cumplimiento a las resoluciones del Directorio, debiendo responder ante el mismo por el desempeño de sus funciones.

Son cometidos y atribuciones del Presidente, entre otros:

a) convocar y presidir las reuniones del Directorio y darle cuenta de todos los asuntos que puedan interesar a la Institución;

b) actuar, contratar y firmar instrumentos y documentos en representación del Banco, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º, con sujeción a las resoluciones del Directorio;

c) adoptar las resoluciones administrativas y aprobar las órdenes requeridas por el buen funcionamiento y el orden interno del Banco;

d) realizar los demás actos y gestiones necesarios para asegurar la marcha del Banco y la continuidad de su gestión;

e) firmar y hacer publicar dentro de los siguientes ciento veinte días corridos y previa aprobación del Directorio, el balance anual, conforme al artículo 191 de la Constitución de la República.

Art. 16 (Vicepresidente).- En caso de ausencia o incapacidad del Presidente, o si quedare vacante el cargo, las funciones y cometidos del mismo serán asumidas transitoriamente por el Vicepresidente.

Art. 17 (Dedicación al Banco).- Los miembros del Directorio dedicarán toda su actividad profesional al servicio del Banco, debiendo abstenerse, mientras ocupen el cargo, de ejercer otra profesión o empleo, remunerados o no, u otras actividades de carácter comercial, industrial, agropecuario o financiero que pudieran interferir con su gestión directriz o la afecten en su necesaria independencia e imparcialidad.

Ello no impedirá que puedan:

a) integrar comisiones designadas por el Poder Ejecutivo;

b) ser nombrados gobernadores, gobernadores suplentes, directores o miembros de cualquier órgano de un organismo financiero internacional creado en virtud de acuerdo o convenio al que la República se haya adherido o al que haya dado su apoyo o aprobación; y

c) dedicarse a tiempo parcial, a la enseñanza en instituciones docentes.

Art. 18 (Remuneración de Directores).- Las remuneraciones de los miembros del Directorio se fijarán en el presupuesto del Banco en función de las especiales características de la gestión bancocentralista y estarán sujetas a los términos y condiciones que sean propuestos por el Directorio y aprobados por el Poder Ejecutivo.

Art. 19 (Inelegibilidades)..- No podrán ser nombrados miembros del Directorio ni mantenerse en dicho cargo:

a) las personas que no estén en ejercicio de la ciudadanía natural o no tengan al menos cinco años de ejercicio de la ciudadanía legal;

b) los menores de veinticinco años de edad;

c) los que hayan sido declarados en quiebra o concurso por juez competente, o sean Directores de sociedades comerciales sujetas a procedimientos judiciales de declaración de quiebra, liquidación o concurso;

d) los que hayan incurrido en irregularidades y estuvieren inhabilitados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de diciembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327. de 11 de noviembre de 1992; y

e) las personas que hayan sido condenadas por delitos conexos con la función o la fe públicas.

Art. 20 (Renuncia).- Los miembros del Directorio podrán renunciar a su cargo por escrito ante el Poder Ejecutivo, dando cuenta al Directorio. Dicha renuncia no se hará efectiva hasta que sea aceptada por el Poder Ejecutivo, salvo el caso de lo dispuesto en el artículo 201 de la Constitución.

Art. 21 (Remoción).- El Poder Ejecutivo sólo podrá remover de su cargo a cualquier miembro del Directorio con arreglo a lo dispuesto en los artículos 197 y 198 de la Constitución.

Art. 22 (Vacancia).- Si quedare vacante el cargo de cualquier miembro del Directorio antes de la expiración del plazo por el cual haya sido nombrado, se designará su sustituto por lo que reste de dicho plazo, en la forma prevista en el artículo 14 de la presente ley.

En los casos de requerirse quórum especial y en los que, por acefalía temporaria o ausencia no sea posible obtenerlo y a ese solo objeto, el Directorio será integrado mediante designación del Poder Ejecutivo, con un miembro del Directorio de uno de los Bancos Oficiales ya designado en la forma prevista en el artículo 187 de la Constitución de la República.

El voto que emita este miembro lleva implícita la responsabilidad a que se refiere el artículo 26.

En la referida hipótesis de acefalía temporaria, el plazo de suplencia no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de enfermedad del titular en el que el término será de un año. Si vencidos los plazos establecidos precedentemente el titular no se reintegra al cargo o persiste la causal de enfermedad, el Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días siguientes, podrá aplicar lo dispuesto en los artículos 198 y 187 de la Constitución de la República.

En tal supuesto, la suplencia se prorrogará hasta la provisión definitiva del cargo.

Art. 23 (Comisiones del Directorio).- El Directorio podrá establecer las comisiones asesoras permanentes o temporales que juzgue oportunas.

Dichas comisiones dependerán del Directorio y desempeñarán su labor de acuerdo con sus instrucciones.

Art. 24 (Independencia respecto de intereses ajenos a la función).- Los miembros del Directorio darán cumplimiento a lo establecido en el numeral 4) del artículo 77 y en el artículo 200 de la Constitución y en tal sentido serán independientes y no actuarán en el Directorio representando intereses ajenos a la función pública.

Al asumir sus cargos, los miembros del Directorio se comprometerán mediante declaración jurada, a cumplir estrictamente lo establecido en el inciso anterior.

Art. 25 (Declaración de intereses).- Los miembros del Directorio declararán ante el mismo -sin reserva alguna- todos los intereses de carácter privado que puedan tener en asuntos que deban ser tratados o resueltos por el Directorio y se abstendrán de intervenir o votar en los acuerdos y resoluciones del Directorio que se relacionen con dichos intereses. No obstante, si se han declarado ante el Directorio, dichos intereses no inhiben al interesado a efectos de la constitución de quórum.

La declaración a que refiere el inciso precedente se efectuará en oportunidad de iniciarse la reunión de Directorio en que sean considerados o resueltos dichos asuntos.

Art. 26 (Responsabilidades).- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución, los miembros del Directorio son personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la Constitución, las leyes o a los reglamentos. Quedan dispensados de esta responsabilidad: a) los presentes que hubieran hecho constar en actas su disentimiento con la resolución adoptada y el fundamento que lo motivó; b) los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución, siempre que hagan constar en actas su disentimiento en la primera oportunidad en que sea posible.

En ambos casos el Secretario General del Banco deberá remitir al Poder Ejecutivo testimonio del Acta respectiva.

Art. 27 (Secreto y Reserva).- El Banco estará obligado a guardar secreto, en los términos establecidos en el Artículo 25 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, cuando ejerza actividad financiera. En todos los demás casos, los miembros del Directorio deberán ajustar la divulgación de sus informaciones y opiniones a las reservas propias de la materia objeto de competencia del Banco, sin perjuicio de su inherente transparencia pública propia de la responsabilidad que les compete.

Art. 28 (Obligación del secreto).- Los funcionarios del Banco tienen el deber de guardar el más estricto secreto y la más absoluta reserva sobre cada uno de los asuntos bancarios que lleguen a su conocimiento en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, bajo la más severa responsabilidad administrativa, civil y penal, si fuere del caso (artículo 25 in fine del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y artículo 163 del Código Penal).

Art. 29 (Auditoría Interna).- El Directorio nombrará un auditor interno, que dependerá de dicho órgano y se hará cargo de:

a) vigilar el funcionamiento del Banco y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables;

b) examinar los estados contables periódicos remitidos por el Directorio;

c) hacer recomendaciones sobre el presupuesto, el balance y las cuentas anuales y certificarlos;

d) efectuar arqueos y examinar los libros, las bóvedas y las cajas fuertes del Banco regularmente y cada vez que lo estime necesario, con arreglo a las medidas de seguridad pertinentes;

e) señalar a la atención del Directorio todos los asuntos que, a su juicio, deban ser considerados y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto que el Directorio le remita.

CAPITULO V
INSTRUMENTOS DE POLITICA MONETARIA Y ADMINISTRACION DE RESERVAS NTERNACIONALES

Artículo 30 (Régimen cambiario).- El Banco reglamentará el funcionamiento del mercado de cambios y la convertibilidad de la moneda nacional en medios de pago internacionales.

Art. 31 (Emisión y Acuñación).- La emisión de billetes y la acuñación de monedas de la República Oriental del Uruguay será competencia exclusiva del Banco.

Art. 32 (Curso legal y poder cancelatorio).- Los billetes emitidos y monedas acuñadas por el Banco tendrán curso legal en todo el territorio nacional.

El poder cancelatorio de esos billetes para toda clase de obligaciones en moneda nacional no tendrá límite alguno. El Banco determinará el monto hasta el cual tendrán pleno poder cancelatorio las monedas que acuñe.

Art. 33 (Otros instrumentos de política monetaria).- Incumbe al Banco llevar a cabo la política monetaria de la República con vistas a cumplir con la finalidad señalada en el artículo 3º de la presente ley y, para ello, estará facultado para:

a) realizar operaciones de mercado abierto en valores negociables emitidos por el Poder Ejecutivo o por empresas o entidades públicas y privadas, o emitidos por el propio Banco;

b) fijar las tasas de los encajes mínimos que deberán mantener los bancos y otras instituciones receptoras de depósitos en relación a sus depósitos y otras obligaciones análogas, tanto en moneda nacional como extranjera, así como los activos que podrán componerlos y demás condiciones pertinentes;

c) fijar la posición neta máxima y mínima en divisas que podrán mantener las instituciones de intermediación financiera;

d) comprar y vender oro y otros metales preciosos, cambio extranjeros, letras de tesorería y otros activos financieros emitidos por gobiernos extranjeros y entidades públicas internacionales, realizar depósitos en bancos del exterior, comprar y vender certificados de depósitos; y,

e) establecer y anunciar públicamente las tasas de descuento, redescuento y adelantos. Con respecto a dichas operaciones el Banco podrá determinar límites cuantitativos y tasas diferenciales para diversas clases de transacciones o plazos de vencimiento, o para una clase dada de instituciones de intermediación financiera.

Art. 34 (Ajustes al patrimonio).- Los resultados que obtenga el Banco en un ejercicio financiero derivados de la variación de la cotización de las monedas extranjeras, del oro y de los derechos especiales de giro, se reflejarán en una cuenta de ajustes al patrimonio.

El Poder Ejecutivo asumirá el saldo neto negativo que pudiera registrar la mencionada cuenta, entregando al Banco valores públicos rentables, no negociables. El interés que generarán estos valores será el que devenguen los valores públicos en circulación a un año de plazo o, en su defecto, aquéllos cuyo plazo sea el más aproximado al período referido.

Art. 35 (Servicios bancarios por cuenta y orden).- El Banco, tanto en nombre propio como por cuenta y orden del Poder Ejecutivo, podrá celebrar convenios de pagos y compensación o cualquier otro tipo de contrato con fines similares, o relacionados con instituciones públicas y privadas, que proporcionen esos servicios.

Art. 36 (Reservas internacionales de la República).- El Banco administrará las reservas internacionales de la República, cuyos activos estarán compuestos por oro, divisas en forma de saldos bancarios mantenidos en plazas financieras del exterior, billetes y monedas extranjeras, así como otros activos aceptados para tal finalidad por la práctica internacional.

En la selección de la Cartera de activos el Banco tomará debidamente en cuenta el riesgo, la liquidez y la rentabilidad de los distintos activos que la compongan, conforme lo disponga el programa diseñado anualmente por el Directorio y sus modificaciones por la correspondiente coyuntura.

Art. 37 (Nivel neto de Reservas).- Si las reservas internacionales de la República disminuyen o si el Directorio considera que es inminente su disminución, al punto de resultar inadecuadas a las transacciones internacionales de la República, el Banco deberá informar inmediatamente al Poder Ejecutivo sobre la posición de reservas y de las causas que han motivado o puedan motivar ese descenso, así como las recomendaciones que considere necesarias para remediar la situación.

Art. 38 (Inventario de compromisos externos).- El Banco se encargará de mantener un inventario actualizado de todos los empréstitos externos contraídos o garantizados por el Estado. Asimismo, podrá recopilar datos sobre los préstamos externos a otros entes públicos y personas privadas, residentes en el territorio nacional.

Art. 39 (Presupuesto monetario).- El Banco formulará el presupuesto monetario de cada ejercicio financiero, dentro del primer cuatrimestre, incluyendo un informe circunstanciado de los supuestos tomados como base para su elaboración. Conjuntamente, el Banco informará sobre la evolución de la economía nacional en el ejercicio inmediato anterior.

Dicho presupuesto y el mencionado informe serán comunicados al Poder Ejecutivo, el que dará cuenta de inmediato a la Asamblea General.

CAPITULO VI
RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Artículo 40 (Instituciones de Intermediación Financiera).- Se considerarán Instituciones de Intermediación Financiera los bancos públicos, los bancos privados, las casas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito que reciban depósitos de sus socios o de terceros, las empresas y mutuas de seguros públicas y privadas, cualquiera sea su modalidad, las instituciones financieras externas, las empresas que organicen o administren consorcios, así como toda otra empresa, siempre que se dedique habitual y profesionalmente a la intermediación en recursos financieros.

No se considerarán tales, las empresas que realicen colocaciones e inversiones financieras con recursos propios, o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público, ni aquellas que se limiten a aproximar a las partes en negocios de carácter financiero sin asumir obligación o riesgo alguno. El Banco podrá reglamentar y controlar la actividad de todas las empresas previstas en el presente inciso de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Art. 41 (Cuentas y Depósitos en el Banco).- El Banco podrá abrir cuentas y aceptar depósitos de las instituciones de intermediación financiera o del Estado, conforme a los términos y condiciones que determine su Directorio.

Art. 42.- (Préstamos de última instancia).- El Banco actuará como prestamista en casos extremos respecto de las instituciones y de intermediación financiera y, en tal carácter, en los términos y condiciones que el Directorio determine por unanimidad de sus miembros podrá comprar, vender, descontar y redescontar a las instituciones de intermediación financiera:

a) letras de cambio, vales y pagarés girados o ejecutados con fines comerciales, industriales o agrícolas, que llevan dos o más firmas autorizadas, de las cuales, por lo menos una sea la de una institución de intermediación financiera y que venzan dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco;

b) letras de Tesorería u otros valores emitidos o garantizados por el Poder Ejecutivo, que forman parte de una emisión pública y que venzan dentro de los 365 días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco; y,

c) valores emitidos por el Banco Central.

Cuando los préstamos superen el monto de capital y reservas de la empresa asistida, la decisión requerirá además de la unanimidad del Directorio, dar cuenta oportunamente al Poder Ejecutivo.

Art. 43 (Adelantos de asistencia financiera).- Asimismo, y en igual carácter, el Banco podrá en las condiciones que en cada caso determine el Directorio, conceder adelantos financieros a las instituciones de intermediación financiera, por plazos no superiores a los noventa días, siempre que ellos sean adecuadamente garantizados por:

a) algunos de los instrumentos previstos en el artículo 42;

b) cualquiera otro valor emitido o garantizado por el Poder Ejecutivo y que forme parte de una emisión pública;

c) certificados de depósito y documentos de título emitidos con respecto a productos básicos y otros bienes debidamente asegurados; y,

d) tenencias de los activos que el Banco puede legítimamente comprar, vender o negociar conforme al artículo 33 literal d).

En casos excepcionales el Banco podrá, asimismo, realizar tales adelantos con garantías reales, distintas a las previstas anteriormente en este artículo, o con garantías personales, con la salvedad de que sólo podrá otorgar dichos adelantos hasta el límite del 20% (veinte por ciento), del pasivo en depósitos del prestatario y aprobando la resolución respectiva por la unanimidad del Directorio del Banco.

El Banco podrá autorizar la apertura de líneas de crédito a las empresas de intermediación financiera para facilitar el adecuado funcionamiento de las operaciones entre dichas entidades, hasta un monto que no supere el 25% (veinticinco por ciento), de la responsabilidad patrimonial neta de cada una de las mismas.

Art. 44 (Prórrogas de asistencia).- En caso que una institución financiera que hubiese sido destinataria de la asistencia prevista en los artículos 42 y 43 solicitare prórroga del crédito recibido por encima de los plazos pactados originariamente, tal institución deberá presentar ante el Banco un plan de recuperación y, si éste contare con la aprobación de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, que se crea por el artículo 47, el Directorio podrá acceder a la prórroga gestionada, requiriéndose para ello el voto conforme de todos sus miembros.

Art. 45 (Sistemas de pagos). El Banco reglamentará:

a) la compensación y cobro de cheques, letras a la vista y demás instrumentos usados como medio de pago de crédito; y,

b) la coordinación de la información sobre el riesgo de incumplimiento de los préstamos.

La instrumentación de estas actividades podrá efectuarse con la participación de las instituciones de intermediación financiera.

Art. 46 (Exigencia de relaciones técnicas y publicación de información). El Banco podrá establecer con respecto a una clase dada de instituciones de intermediación financiera, o con relación a todas ellas, las relaciones técnicas que estime del caso adoptar, así como el régimen de información al público sobre las tasas activas y pasivas de interés anual -efectivas o nominales- así como sobre las comisiones por servicios. En particular, se brindará a los clientes información relativa a las condiciones pactadas en cada operación.

Las instituciones de intermediación financiera tendrán la obligación de publicar periódicamente la información que el Banco determine.

CAPITULO VII
SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Artículo 47 (Supervisión de Instituciones de Intermediación Financiera). El Banco ejercerá la supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas, que integran el sistema de intermediación financiera, a través de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

Dicha Superintendencia, que dependerá del Directorio, actuará con autonomía técnica y operativa, en régimen de desconcentración orgánica y funcional. Estará a cargo de un Superintendente con adecuada formación profesional, prestigio e idoneidad técnica. Dicho funcionario actuará por un período de ocho años en sus funciones y su designación o remoción serán dispuestas por la unanimidad de los miembros del Directorio y continuará en el cargo hasta la designación de su sucesor.

Las resoluciones del Superintendente podrán ser impugnadas con el recurso de revocación, ante el mismo, y con el recurso jerárquico, ante el Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución.

Art. 48 (Cometidos y atribuciones de la Superintendencia).- Corresponderá a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera:

a) dictar normas genéricas de prudencia, así como instrucciones particulares, tendientes a preservar y mantener la estabilidad y solvencia de las empresas de intermediación financiera;

b) habilitar la instalación de empresas de intermediación financiera, una vez autorizadas por el Poder Ejecutivo;

c) autorizar la apertura de dependencias de empresas de intermediación financiera ya instaladas;

d) emitir opinión sobre los proyectos de fusiones, absorciones y toda transformación de empresas de intermediación financiera;

e) autorizar la transferencia de acciones de las empresas de intermediación financiera organizadas como sociedades anónimas;

f) aprobar los planes de recomposición patrimonial o adecuación que presenten las empresas de intermediación financiera;

g) requerir a los intermediarios financieros que le brinden información con la periodicidad y bajo la forma que juzgue necesaria, así como la exhibición de registros y documentos;

h) establecer el régimen informativo-contable al que deberán ceñirse las empresas de intermediación financiera;

i) reglamentar la publicación periódica de los estados contables y otras informaciones de las instituciones de intermediación financiera;

j) realizar el seguimiento de cada integrante del sistema de intermediación financiera, a efectos de verificar su situación económico-financiera y el cumplimiento de las normas vigentes;

k) aplicar observaciones, apercibimientos y multas, hasta el 10% (diez por ciento), de la respectiva responsabilidad patrimonial básica, a las empresas de intermediación financiera privadas que infrinjan las leyes y decretos que rijan su actividad o las normas generales o particulares dictadas por el Directorio o por la Superintendencia;

l) proponer al Directorio la aplicación, a los mencionados infractores, de sanciones pecuniarias más graves o de otras medidas, tales como la intervención, la suspensión de actividades o la revocación de la habilitación para funcionar. Asimismo, podrá recomendar al Directorio que gestione ante el Poder Ejecutivo la revocación de la autorización para funcionar, por razones de legalidad o de interés público;

m) resolver la instrucción de sumarios conducentes a comprobar la responsabilidad de las personas que puedan ser pasibles de las multas o inhabilitaciones previstas en el artículo 23 del decreto-ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992; y,

n) establecer la organización funcional de la Superintendencia y tener iniciativa privativa, ante el Directorio, para la designación de su personal, previamente seleccionado, así como disponer su destino y promoción, conforme a las normas presupuestales y al estatuto del funcionario.

El Directorio, además, podrá delegar en la Superintendencia otros cometidos y atribuciones del Banco en relación con la supervisión y fiscalización de las empresas de intermediación financiera.

Art. 49 (Control de las causas de cambio).- La supervisión y fiscalización de las casas de cambio se ejercerá a través de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

CAPITULO VIII
RELACIONES CON EL PODER EJECUTIVO

Artículo 50 (Asesoría).- El Banco asesorará al Poder Ejecutivo en los asuntos relacionados con las finalidades y los cometidos del ente.

Art. 51 (Informe sobre estabilidad de la moneda).- Toda vez que se presenten circunstancias que afecten de modo excepcional y significativamente a la estabilidad interna o externa de la moneda nacional, El Banco presentará -con la mayor antelación y urgencia posible- un informe al Poder Ejecutivo, que deberá referirse a:

a) los factores que han dado lugar a la referida situación;

b) el impacto que han tenido o que podrían tener tales hechos en diversas variables económicas; y,

c) las medidas que hayan tomado o que deberían tomarse para remediar la situación.

Mientras el Banco considere que la situación no ha sido superada seguirá elevando nuevos informes y recomendaciones al Poder Ejecutivo a intervalos no mayores a tres meses. Tales informes, de acuerdo con lo que disponga el Directorio, podrán combinarse y coordinarse con los requeridos por el artículo 37..

Art. 52 (Otros informes económicos).- El Banco informará detalladamente al Poder Ejecutivo de toda circunstancia, factor o situación que esté en su conocimiento y que pueda afectar gravemente a la economía nacional y propondrá al mismo tiempo las medidas y correctivos apropiados que podrían adoptarse al respecto.

Art. 53 (Consultoría sobre créditos externos). El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como los Gobiernos Departamentales, toda vez que contemplen la realización de operaciones de crédito externo de mediano y largo plazo, deberán informarlo detalladamente al Banco, antes de otorgar ningún contrato. En caso que, a juicio del Directorio del Banco, esas operaciones, individual o conjuntamente puedan revestir magnitudes o condiciones inapropiadas en relación con la situación económica imperante, el Banco deberá informarlo al Poder Ejecutivo.

Art. 54 (Suministro de información).- El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales deberán suministrar toda la información, documentación económica y financiera, que les sea solicitada por el Banco y que éste requiera para cumplir sus finalidades, funciones y cometidos. Los restantes Poderes del Estado y los demás órganos de la administración pública y personas de derecho público, prestarán al respecto la colaboración del caso, con relación a los pedidos de información que les solicite el Banco.

Art. 55 (Adelantos al Estado).- El Banco podrá conceder al Estado adelantos temporarios que no superen el 5% (cinco por ciento) del monto del Presupuesto General de Gastos. Dichos adelantos devengarán intereses a una tasa equivalente al promedio de las tasas de interés por depósitos a plazo fijo a 180 días.. El plazo de vencimiento de esos adelantos no podrá exceder los 180 días.

Las disposiciones de este artículo entrarán en vigor al 1° de enero siguiente a la fecha de vigencia de esta ley.

Art. 56 (Compras de Valores Públicos).- El Banco podrá comprar y vender por cuenta propia, valores de emisión pública.

La tenencia de dichos valores por parte del Banco no podrá superar el 10% (diez por ciento) del Presupuesto General de Gastos del Estado.

Art. 57 (Prohibición).- El Banco sólo adquirirá, directa o indirectamente, valores públicos u otorgará adelantos al Poder Ejecutivo, o adelantos o servicios de créditos a cualesquiera personas jurídicas públicas (incluyendo en su caso gobiernos departamentales) de conformidad con las disposiciones de esta Ley Orgánica.

Art. 58 (Administración de la Deuda Pública y préstamos).- El Banco se encargará, en los términos y condiciones que acuerde con el Poder Ejecutivo, de la emisión y gestión de los valores públicos con garantía del Estado y en este sentido, podrá negociar directamente con el público.

El Banco desempeñará los cometidos de administración de los servicios de la Deuda Pública interna y externa, Letras de Tesorería y Bonos del Tesoro y préstamos internacionales.

CAPITULO IX
CUENTAS Y ESTADOS CONTABLES

Artículo 59.- El ejercicio financiero del Banco incidirá con el año civil.

Art. 60.- El Presidente del Banco presentará a consideración del Directorio el proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero siguiente, a más tardar el 30 de junio de cada año. Tras su aprobación por el Directorio, el Banco presentará el proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 221 de la Constitución.

Art. 61 (Estados contables anuales). El Banco presentará al Poder Ejecutivo el estado de situación patrimonial al cierre de cada ejercicio financiero anual y el estado de resultados correspondiente a dicho ejercicio, elaborados de acuerdo con normas contables adecuadas, dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente.

Los mencionados estados contables serán publicados, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 de la Constitución, una vez comunicados al Poder Ejecutivo y visados por el Tribunal de Cuentas.

Art. 62 (Balances monetarios mensuales).- El Banco confeccionará el balance monetario al cierre de cada mes, lo comunicará al Poder Ejecutivo y lo divulgará, con la mayor brevedad, por los medios que considere más adecuados.

CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 63.- El Banco también estará facultado para:

a) Emitir valores en nombre y por cuenta propios;

b) Fijar y percibir comisiones por prestación de servicios;

c) Cobrar intereses por los créditos que otorga.

Art. 64.- El Banco podrá otorgar y revocar la autorización para funcionar de las casas de cambio, de acuerdo a razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia y reglamentar su funcionamiento, así como el régimen de control y sanciones al cual se encontrarán sometidas, el que se cumplirá a través de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

Art. 65.- A los efectos del cumplimiento de la presente ley y en ejercicio de las funciones y cometidos conferidos por la misma, el Banco podrá requerir, con carácter obligatorio y con fines estadísticos, de cualquier individuo o persona jurídica, ya sea pública o privada, toda la información que necesite para cumplir en debida forma sus funciones y cometidos. Dicha información estará amparada por el secreto administrativo y será estrictamente confidencial.

El Banco podrá aplicar multas a toda persona o entidad que no presente la información legalmente requerida por el mismo, o que presente información incompleta o inexacta. El monto de la multa oscilará entre 50, (cincuenta), y 100, (cien), Unidades Reajustables, tratándose de personas jurídicas y será de 20, (veinte), unidades reajustables en caso de personas físicas. El pago de la multa no exonera de la obligación de presentar la información solicitada.

CAPITULO XI
DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo 66.- El Banco elaborará un estado de situación patrimonial a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, visado por el Tribunal de Cuentas, a fin de determinar el patrimonio neto de la entidad a esa fecha. En esa ocasión se fijará el nuevo capital del Banco en pesos uruguayos.

CAPITULO XII
DEROGACIONES

Artículo 67.- Deróganse expresamente las siguientes disposiciones: artículo 12 de la ley N° 13.243, de 20 de febrero de 1964, artículo 29 de la ley N° 13.608, de 8 de setiembre de 1967, artículo 483 de la ley N° 13.892, de 19 de octubre de 1970, y en cuanto refiere al Poder Ejecutivo, se deroga el artículo 131 de la ley N° 13.241, de 31 de enero de 1964, en la redacción dada por el artículo 255 de la ley N° 13.320, de 28 de diciembre de 1964, y todas las demás normas que se opongan a la presente ley.

Juan Carlos Blanco (Miembro Informante). Alvaro Alonso. Danilo Astori (Con salvedades que expondrá en Sala). Federico Bouza (Con salvedades). Enrique Cadenas Boix. Carlos Cassina (Con salvedades que expondrá en Sala). Julio C. Grenno. José Korzeniak (Con salvedades que expondrá en Sala). Américo Ricaldoni (Con salvedades). Alberto Zumarán. Senadores


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda integrada ha considerado el Mensaje y proyecto de ley del Poder ejecutivo para establecer la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay (el Banco). Al respecto, propone un proyecto sustitutivo (el proyecto) e informa lo siguiente:

I ANTECEDENTES

1. El proyecto original es de fecha 24 de agosto de 1992 y fue destinado al Senado. En éste, a su vez, fue radicado en la Comisión de Hacienda integrada con tres miembros de la Comisión de Constitución y Legislación (la Comisión).

2. El Senado, en sesión de 3 de noviembre de 1992, sancionó un proyecto de ley en materia de intermediación financiera que, posteriormente, se transformó en la ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, modificativa del decreto-ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

II TRABAJO DE LA COMISION

1. La Comisión consideró el proyecto durante dieciocho sesiones, entre el 29 de octubre de 1992 y el 29 de julio de 1993. Las seis primeras sesiones fueron destinadas a discusiones en general y a recibir el asesoramiento y las opiniones de personas e instituciones. Las restantes doce se dedicaron al estudio de los artículos del proyecto.

2. La Comisión escuchó la opinión del Directorio del Banco, del Banco de la República, de la Asociación de Bancos del Uruguay, de la Cámara de Entidades Financieras, de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, del Cr. Ricardo Lombardo (entonces Director del Banco) y del Cr. Ricardo Pascale (ex Presidente del Banco). El Sr. Ministro de Economía y Finanzas expresó que la opinión de esa Cartera era coincidente con la del Banco y sería expuesta por éste, poniéndose de todos modos a disposición de la Comisión.

3. Una delegación del Banco, encabezada por su Vicepresidente e integrada por técnicos de la institución, participó en las doce sesiones destinadas a la discusión de los artículos, asesoró a la Comisión y, a pedido de ésta, proyectó textos modificativos o sustitutivos para numerosas disposiciones. Corresponde destacar la alta calidad del asesoramiento y el notable espíritu de cooperación exhibidos durante este largo período.

4. Corresponde también subrayar el ambiente constructivo que reinó en la Comisión en todo momento. Ello permitió realizar una labor fructífera, con aportes significativos para el perfeccionamiento del texto en examen, de lo cual surgió el proyecto sustitutivo. La Comisión solicitará la incorporación de las versiones taquigráficas de sus sesiones a los antecedentes a fin de ilustrar el sentido de las disposiciones y de las modificaciones introducidas.

5. El proyecto sustitutivo fue aprobado por unanimidad de la Comisión, aun cuando algunos señores senadores lo hicieron con salvedades que expondrán en Sala.

El texto original del proyecto consta de 74 artículos, habiéndose suprimido 7. De los artículos aprobados, 57 lo fueron por unanimidad y 10 por mayoría.

Un anexo a este informe contiene un cuadro con las referencias a los números originales de los artículos, la forma como fueron aprobados y la indicación de la versión taquigráfica.

III ANALISIS DEL PROYECTO

1. Organización y normas varias. El proyecto está organizado en doce capítulos. Los números IX, X, XI y XII corresponden, respectivamente a cuentas y estados contables, disposiciones generales (normas no comprendidas en otros capítulos), una disposición transitoria sobre la fijación del patrimonio neto del Banco a la vigencia de la ley y un artículo con derogaciones expresas de normas contenidas en otras leyes que no se avienen con el texto proyectado.

2. Finalidades y funciones y cometidos. El Capítulo I, aparte de normas usuales sobre naturaleza jurídica, domicilio y representación, se refiere a las finalidades del Banco (artículo 3°), en tanto que el Capítulo III establece las funciones y cometidos principales (artículo 7°). Los artículos 3° y 7° constituyen obviamente uno de los aspectos medulares del proyecto: para qué existe el Banco y cuál es su competencia.

La finalidad principal es asegurar la estabilidad de la moneda nacional (artículo 3°). La redacción original decía "estabilidad interna y externa", lo que se entendió redundante, ya que el concepto de estabilidad comprende lógicamente la dimensión exterior e interior.

Las finalidades complementarias (artículo 3°) se refieren a los pagos internos, el nivel de reservas internacionales y el funcionamiento del sistema financiero nacional. En esos ámbitos, el Banco debe actuar para asegurar o mantener niveles normales y adecuados.

Las funciones y cometidos del Banco deben ser ejercidas para el logro de las finalidades. "Serán conducentes al logro" es la expresión textual del artículo 7°. Esto es, las tareas y poderes jurídicos de que se dota a la institución habrán de estar teleológicamente orientados a su objeto y determinados en su alcance por éste. El mismo artículo enumera seguidamente las funciones y cometidos principales (como indica el título del Capítulo II: emisión de billetes y acuñación de monedas; administración de las reservas internacionales del Estado; aplicación de instrumentos monetarios, crediticios y cambiarios; asesor económico, banquero, representante financiero y en organismos internacionales, del gobierno; y banquero, regulador normativo y supervisor de las instituciones de intermediación financiera.

Finalidades y funciones están, pues, en una relación estrecha. La asignación de aquéllas al Banco sin la disponibilidad de éstas sería una norma de aplicación imposible por falta de medios jurídicos para cumplirla. A la inversa, las funciones y cometidos, para ser ejercidos regularmente, deberán estar ordenados a alcanzar las finalidades del artículo 3°.

Las previsiones de los artículos 3° y 7° están a su vez, desarrolladas y complementadas en los Capítulos V, VI y VII que tratan, respectivamente, de los instrumentos de política monetaria y administración de reservas internacionales (Capítulo V), relaciones con las instituciones de intermediación financiera (Capítulo VI) y superintendencia de las instituciones de intermediación financiera (Capítulo VII).

Por otra parte, los cometidos del Banco como asesor, representante financiero y banquero del gobierno se encuentran desarrollados en el Capítulo VIII, relaciones con el Poder Ejecutivo. En suma, entonces, los Capítulos V, VI, VII y VIII, sin perjuicio de otros alcances, constituyen un conjunto de disposiciones que definen con más detalle y hacen más explícitas las tareas y poderes jurídicos del Banco establecidas en los artículos medulares 3° y 7°.

3. Cambios, moneda y reservas internacionales. El Capítulo V, entre otras disposiciones, confía al Banco la reglamentación del mercado cambiario y la convertibilidad de la moneda nacional en medios de pago internacionales; le atribuye la exclusividad en la emisión de billetes y acuñación de monedas; le autoriza a realizar operaciones de mercado abierto en valores negociables diversos, a fijar tasas de encaje y tasas de descuento, redescuentos y adelantos, así como posiciones mínimas y máximas en divisas. El mismo Capítulo encarga al Banco la administración de las reservas internacionales de la República y le señala al efecto criterios de razonabilidad y obligación de informar al Poder ejecutivo acerca de disminuciones que tornen inadecuado su nivel. También se establece la obligación de formular anualmente un presupuesto monetario y un informe de situación económica, que serán transmitidos al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General.

4. Intermediación financiera. Los Capítulos VI y VII constituían uno solo en el texto original. Se entendió mejor dividirlo para separar, por un lado, la regulación jurídica de las relaciones del Banco con las instituciones de intermediación financiera y, por el otro, las normas orgánicas que estructuran la superintendencia.

La Comisión, con el asesoramiento de la delegación del Banco, buscó asegurar la concordancia de las normas del Capítulo VI -relaciones- con las disposiciones del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, modificado por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992. Algunas normas se reiteran, debidamente concordadas, por entender necesaria su inclusión en la Carta Orgánica. Tal es el caso de las disposiciones relativas a préstamos y asistencia de última instancia, que explicitan una de las funciones asignadas al Banco y cuyo ejercicio, como es notorio, requiere extrema sensibilidad. Se define, claramente, además, el alcance del concepto de instituciones de intermediación financiera. Y el Banco recibe la autoridad legal de reglamentar las actividades del "clearing" y de "la central de riesgos".

El Banco -según el Capítulo VII- ejercerá sus funciones de supervisión y fiscalización de las instituciones de intermediación financiera a través de una Superintendencia. Esta es constituida como un órgano desconcentrado del Banco, con autonomía técnica y funcional, a cargo de un funcionario de prestigio e idoneidad designado por un término de ocho años. Sin embargo, sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el Directorio y se le reserva a éste la aplicación de las sanciones más graves. Las atribuciones de la Superintendencia -que tienen así una competencia originaria de fuente legal- son descritas en detalle.

5. Asesoría, consultoría y agencia financiera. Las funciones de asesoría, consultoría y agencia financiera con respecto al gobierno son desarrolladas en el Capítulo VIII, previéndose allí, también, informes diversos para el Poder Ejecutivo. El proyecto determina en este Capítulo límites a los adelantos que el Banco puede hacer al Estado, así como a las compras de valores públicos. Dichos límites reglamentan en términos cuantitativos las atribuciones del Banco como banquero del Estado (artículo 7º, literal c). Este tema será expuesto con más amplitud en otra parte del informe.

6. Gobierno y administración. Las normas sobre gobierno, administración y control del Banco están contenidas en el Capítulo IV. Sin embargo, una adecuada inteligencia del tema aconseja relacionar también los Capítulos VII -superintendencia de instituciones de intermedición financiera- y VIII -relaciones con el Poder Ejecutivo- a los que se hizo mención más arriba desde otro punto de vista.

El gobierno y dirección corresponden al Directorio quien determina la política y ejerce la administración general (artículo 12). Los Directores se encuentran en un régimen exigente en materia de inelegibilidades, independencia de intereses ajenos, declaración de intereses, responsabilidades, secreto y reserva. Se prevé una auditoría interna.

El Directorio consta de cinco miembros. La duración del mandato de los Directores es de ocho años y su renovación es parcial, cada dos años. Deberán ser ciudadanos de reconocido prestigio y experiencia en asuntos financieros.

Las disposiciones de este Capítulo, así como todas las normas del proyecto relacionadas a atribuciones del Banco, deben ser entendidas de conformidad con la naturaleza jurídica de la institución, definida en el artículo 1º, o sea, su carácter de Ente Autónomo del dominio industrial y comercial del Estado.

7. Capital, reservas y utilidades. El Capítulo III se refiere a capital, reservas y utilidades. El monto del capital -pesos uruguayos 450:000.000- aumentado en el proyecto sustitutivo, se considera adecuado para el Banco, equivalente en términos aproximados a cien millones de dólares de Estados Unidos. La diferencia entre el estado patrimonial del Banco cuando entre en vigencia la ley y ese monto será aportado por el Poder Ejecutivo en la oportunidad y forma que autorice la ley. Con esta fórmula se procura recomponer el nivel patrimonial de la institución, sin que ello implique una facultad del Banco para exigir su crédito en cualquier momento. En este sentido, la Comisión adoptó la solución de la Ley Nª 16.299, de 22 de agosto de 1992 sobre pasivos a cargo del Banco Central del Uruguay y que deberá asumir el Poder Ejecutivo.

El Parlamento tiene el control en ambos casos.

IV EVALUACION Y RECOMENDACION

La Comisión, en su examen del proyecto, llama la atención acerca de los siguientes aspectos positivos:

1. Un régimen orgánico para el Banco. El proyecto, en primer término, pone fin a un indudable y demasiado prolongado vacío normativo. El Banco, creado por el artículo 196 de la Constitución de 1967, ha debido funcionar hasta ahora en base a un conjunto inorgánico de disposiciones, principalmente las que correspondían al Banco de la República y a su Departamento de Emisión, además diseminadas en diversas leyes (entre otras, Nros. 9.808, de 2 de enero de 1939; 12.670, de 17 de diciembre de 1959; 13.243, de 20 de febrero de 1964; 13.608, de 8 de setiembre de 1967 y 15.322, de 17 de setiembre de 1992). Una Carta, estructurada sistemáticamente, contribuye al fortalecimiento institucional del Banco y lo habilita para el mejor cumplimiento de sus funciones. Aparte de disipar dudas, eliminar incoherencias y colmar vacíos, se diseñan nítidamente los instrumentos jurídicos necesarios para actuar.

2. Cobertura del sector financiero. El proyecto se relaciona estrechamente con la regulación de las instituciones de intermediación financiera, contenida en el decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y en la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, modificativa de aquél.

Esta última y el proyecto, permiten una cobertura completa del importante sector financiero, con normas sustantivas acerca de las instituciones y disposiciones que habilitan al Banco a cumplir una eficaz función de banquero, regulador normativo y supervisor de esas instituciones.

El tema muy delicado de la asistencia como banquero de última instancia, en casos extremos de crisis, tiene una regulación precisa y al tiempo ágil. La exigencia del voto de todos los Directores establecida para las distintas modalidades de asistencia y la obligación de informar al Poder Ejecutivo constituyen garantías adecuadas de prudencia y participación oportuna de los diferentes niveles de responsabilidad.

La Superintendencia que se crea en el Banco equilibra la necesaria delegación y descentralización para la tarea de vigilancia del sistema financiero con la intervención del Directorio en los casos más graves y en la resolución de los recursos administrativos. A la vez, la exigencia de calificaciones especiales en el Superintendente, la duración de su mandato -ocho años- su actuación como órgano desconcentrado con autonomía orgánica y funcional y la atribución al mismo de competencias originarias, lo dotan de una fuerte posición institucional, aunque dependiente del Directorio. Su régimen se completa con una nómina precisa de cometidos y atribuciones. La Superintendencia tiene un papel central en el mantenimiento de la salud del sistema financiero. En efecto, las disposiciones sustantivas sobre las instituciones, las reglas para la asistencia de última instancia y aun la propia competencia del Banco como regulador normativo del sistema, resultarían insuficientes sin un instrumento idóneo para ejercer las funciones de vigilancia.

La cuestión polémica acerca de las facultades del Banco con respecto a las instituciones bancarias estatales no es afectada por el proyecto. Se mantiene, sin modificación alguna, la solución elaborada en la Cámara de Representantes y recogida en la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992. El Banco podrá inspeccionar e investigar pero no podrá aplicar sanciones.

3. Definición del objeto del Banco y de sus medios jurídicos. La finalidad principal es asegurar la estabilidad de la moneda nacional (artículo 3º). Esta es una definición fundamental, inexistente hasta el momento. El Banco debía actuar sin una referencia concreta, de rango legal, acerca de su propia razón de ser. Ahora, según el proyecto, el Legislador da una clara respuesta, inscripta en las tendencias más modernas y prestigiosas en materia de bancos centrales. Entre otros y siguiendo la línea prestigiosa del Bundesbank alemán y de la Reserva Federal de Estados Unidos, se hallan, en América Latina, los bancos centrales de Argentina, Bolivia, Chile, México y Perú.

La estabilidad de la moneda es un objetivo reconocido como deseable y medular para el éxito de las diversas políticas y para la salud de la economía. Correlativamente, el Banco es dotado -como se anotó antes- de los instrumentos necesarios para lograr ese objetivo (artículo 7º). Estos son, entre otros, instrumentos monetarios, cambiarios y crediticios (literal b), emisión (literal a) y administración de reservas (literal d).

La Comisión consideró con particular atención los artículos 3º y 7º, cuya redacción difiere de la propuesta por el Poder Ejecutivo.

Las modificaciones principales consistieron en eliminar del artículo 3º la referencia a que en el ejercicio de sus finalidades el Banco "procurará la coordinación con la dirección de la política económica que compete al Poder Ejecutivo", así como el corolario de que el Banco podría persistir en su criterio en tanto que el Poder Ejecutivo podía poner en movimiento el artículo 197 de la Constitución. A su vez, el artículo 7º literal b) disponía que el Banco "diseñará y aplicará las políticas monetaria, crediticia y cambiaria del país".

La redacción original dio lugar a un animado debate acerca de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Banco, en particular, sobre la conducción de la política económica.

La Comisión optó por zanjar esa discusión con los textos que propone al Senado. La eliminación, en el artículo 3º, de las referencias incluidas en el texto original, significa que las relaciones entre el Poder ejecutivo y el Banco habrán de regirse por las normas constitucionales relativas a los Entes Autónomos (Sección XI), sin incluir en la ley menciones que, si coinciden con la Constitución, serían redundantes y si se apartan de ella, serían inconstitucionales. Por su parte, la nueva fórmula del literal b) del artículo 7º reconoce al Banco la disponibilidad de instrumentos que notoriamente le son indispensables para cumplir sus fines, sin incursionar en el campo del diseño de políticas.

La solución para el artículo 7º tuvo acogida unánime en la Comisión, mientras que el artículo 3º fue aprobado por mayoría. Sin embargo, la finalidad principal -estabilidad de la moneda- y las finalidades complementarias no fueron cuestionadas. (Comisión de Hacienda integrada, Acta Nº 168, Versión Taquigráfica, Distribuido Nº 2268/93, sesión del 15 de julio de 1993, págs. 2 a 29).

4. Delimitación de las relaciones con el Poder Ejecutivo. Las relaciones del Banco con el Poder Ejecutivo, como toda su actividad, se hallan determinadas por su condición de Ente Autónomo, regido por la Sección XI de la Constitución.

La especialidad de este Ente, definida en el artículo 3º supone, por su naturaleza, actividades en el campo de la economía, en el que el Poder Ejecutivo tiene competencia. El proyecto procura delimitar cuidadosamente la materia confiada al Banco y sus atribuciones para actuar en ella y, sobre todo, establece numerosos mecanismos de cooperación. Entre otras disposiciones que ilustran esto cabe mencionar:

Las funciones del Banco, previstas en el artículo 7º y desarrolladas en los Capítulos V, VI, VII y VIII (este último, titulado precisamente, relaciones con el Poder Ejecutivo) que en nada vulneran las potestades del Poder Ejecutivo y señalan claramente el alcance de los poderes del Ente.

Las tareas del Banco como asesor económico, banquero, representante financiero y en organismos internacionales (artículo 7º).

La información que debe darse al Poder Ejecutivo, por ejemplo: presupuesto monetario y situación de la economía, nivel de las reservas internacionales y recomendaciones al respecto, asistencia de última instancia a instituciones de intermediación financiera.

Autorización del Poder Ejecutivo para incorporar reservas al capital y para aumentar el porcentaje de aquéllas.

Aprobación del presupuesto por el Poder Ejecutivo y trámite de renuncia y remoción de Directores.

Los mecanismos de cooperación apuntan a crear relaciones armónicas entre el Poder Ejecutivo y el Banco en cuyo contexto -como ocurre en los países avanzados- se sustancien y solucionen las eventuales diferencias, respetándose tanto la competencia del gobierno como la situación jurídica del Ente según la Sección XI.

El Poder Ejecutivo, en todo caso, tiene siempre a su disposición las facultades que le otorgan los artículos 197 y 198 de la Constitución. Estas disposiciones, de carácter general para todos los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cobran un significado particularmente útil y pertinente en el caso del Banco. Los conflictos que pudieran surgir -entre el Poder Ejecutivo y el Banco- en materias tales como estabilidad monetaria, emisión, cambios o aplicación de instrumentos crediticios, es más que apropiado que sean referidos al Senado para su resolución. Camino similar es seguido por legislaciones modernas como la de Nueva Zelanda.

Esas materias, en efecto, se hallan vinculadas a algunas de las potestades originarias de los parlamentos, por lo que resulta lógico que sean éstos -o una de sus Cámaras según dispone nuestra Constitución- quienes diriman dichas cuestiones. Máxime cuando el organismo encargado de administrarlas es de creación constitucional y existencia necesaria, en el régimen de la Sección XI, obviamente para sustraerlo de la dependencia del Poder Ejecutivo.

El Parlamento, además, a través de cualquiera de sus dos Cámaras, puede utilizar los procedimientos de los artículos 118, 119 y 120, y eventualmente de la Sección VIII de la Constitución, para informarse primero y responsabilizar después al Poder Ejecutivo, en caso de entender que éste no ejerce debidamente las facultades de los artículos 197 y 198, ya sea por omisión (culpa in vigilando) o por concordancia con la actuación del Ente que se juzga equivocada.

En definitiva, de acuerdo con las normas citadas, la decisión final corresponde al Parlamento.

El Capítulo VIII del proyecto también define el monto y las condiciones de la asistencia financiera al Estado, por la vía de adelantos o de compra de valores públicos (artículos 55 y 56). La Comisión coincidió en la conveniencia de fijar un límite así como de reglamentar las condiciones del otorgamiento -plazo e interés- pero hubo discrepancias en cuanto al nivel del límite. La posición mayoritaria, recogida en el proyecto, fue el 5% del presupuesto, habiéndose planteado también el 17% (que es, básicamente, equivalente a los dos duodécimos actuales establecidos en la Ley Nº 13.320, de 28 de diciembre de 1969. El proyecto original se refería al 10%. (Ver Acta Nº 165, Versión Taquigráfica en Distribuido 2253/93).

5. Independencia del Banco. El proyecto en su conjunto determina para el Banco una posición independiente, acorde con las soluciones recibidas en los países con economías generalmente estables. Esa posición, en nuestro ordenamiento jurídico, no puede ser otra que la correspondiente a los Entes Autónomos, regidos por la Sección XI de la Constitución. El proyecto se ubica en ese marco.

En consecuencia, como el propio proyecto reafirma, le son aplicables el Control del Tribunal de Cuentas (artículo 11), su gobierno y administración a cargo de un Directorio (artículo 12), las normas sobre renuncia y remoción de Directores (artículos 20 y 21) y, en general, las facultades del Poder Ejecutivo de conformidad con los artículos 197 y 198 de la Constitución. Estas últimas, como se comentó antes, permiten impulsar cambios en la actuación del Banco si el Poder Ejecutivo lo entiende necesario y, eventualmente, abren la posibilidad de una intervención parlamentaria decisiva. Otros aspectos de la intervención del Poder Ejecutivo fueron expuestos antes.

Derivado en la propia Sección XI, el Banco cuenta, correlativamente, con amplios poderes de gestión autónoma -como los demás Entes- en la materia cuya especialidad le confía la ley (artículo 4º). En esa línea, la definición precisa de sus finalidades y funciones (artículos 3º y 7º es, además de un medio idóneo para su eficacia, una firme defensa de su independencia. En efecto, al quedar fuera de duda el ámbito de actuación del Banco, éste puede ejercer con toda libertad sus atribuciones en el marco indicado.

La reglamentación detallada de la asistencia al Estado (ya sea mediante adelantos o compras de valores, artículos 55 y 56) es otra importante garantía de independencia para el Banco frente a posibles requerimientos de la Administración. Aun cuando hubiera voluntad de ceder ante ellos, la existencia de límites estrictos y condiciones precisas, de rango legal, ponen a cubierto al Banco de pretensiones exageradas. Al colocar esta asistencia -cuando fuere superior al nivel fijado- fuera del alcance del propio Ente, su independencia para cumplir la finalidad principal se ve grandemente fortalecida.

La organización de su Directorio con miembros que se renuevan parcialmente cada dos años y cuyos mandatos, por tanto, no coinciden con los períodos de gobierno, es también un elemento central para la independencia del Banco. A los aspectos jurídicos que tutelan la independencia -régimen autonómico de nivel constitucional, regulado por la ley- se añade un aspecto político de gran importancia. Los Directores no dependerán en su designación del Poder Ejecutivo, del Senado, o de la situación política existente al comenzar el período de gobierno. Un mandato prolongado los coloca a cubierto de las contingencias político-partidarias. Su renovación cada dos años evita, por su parte, que los factores mencionados conduzcan a una esclerosis del cuerpo directivo, asegurando una incorporación regular -cada dos años- de nuevos puntos de vista.

Por todas las consideraciones expuestas, la Comisión recomienda al Senado la sanción del proyecto sustitutivo.

Sala de la Comisión, 29 de julio de 1993.

Juan Carlos Blanco (Miembro Informante), Alvaro Alonso, Danilo Astori (Con salvedades que expondrá en Sala), Federico Bouza (Con salvedades), Enrique Cadenas Boix, Carlos Cassina (Con salvedades que expondrá en Sala), Julio C. Grenno, José Korzeniak (Con salvedades que expondrá en Sala), Américo Ricaldoni (Con salvedades), Alberto Zumarán. Senadores.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

ANEXO

Num. Art. Pr. Orig.

Num. Art. Pr. Sust.

Estado
Final

Votac.

Número de Acta

Distribuido

01

01

SM

U

139

2040/93

02

02

SM

U

139

2040/93

03

03

SUS

4/7

168

2268/93

04

04

SM

U

139

2040/93

05

05

CM

U

139

2040/93

06

06

SM

U

139

2040/93

07

07

CM

U

168

2268/93

08

08

CM

U

168

2268/93

09

09

CM

U

159

2203/93

10

10

CM

U

159

2203/93

11

11

SM

U

139

2040/93

12

12

SM

U

139

2040/93

13

13

SM

U

139

2040/93

14

14

SM

5/6

172

2287/93

15

15

CM

U

139

2040/93

16

16

CM

U

139

2040/93

17

17

CM

U

143

2076/93

18

18

CM

U

143

2076/93

19

19

CM

8/9

143

2076/93

20

20

CM

U

143

2076/93

21

21

SM

U

143

2076/93

22

22

CM

5/6

172

2287/93

23

-

SUP

U

172

2287/93

24

23

CM

U

145

2095/93

25

-

SUP

U

150

2142/93

26

24

CM

8/9

143

2076/93

27

25

CM

U

143

2076/93

28

26

CM

U

145

2095/93

29

27

SM

4/7

145

2095/93

30

28

SM

4/7

145

2095/93

31

29

SM

U

145

2095/93

32

30

CM

U

148

2131/93

33

31

CM

U

148

2131/93

34

32

SM

U

148

2131/93

35

33

CM

U

148

2131/93

36

34

SUS

U

150

2142/93

37

35

CM

U

148

2131/93

38

36

CM

U

148

2131/93

39

37

CM

U

148

2131/93

40

-

SUP

U

148

2131/93

41

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SM

U

148

2131/93

42

39

SUS

U

159

2203/93

43

40

CM-ADI

U

152

2164/93

44

41

SM

U

150

2142/93

45

42

CM

U

150

2142/93

46

43

CM

U

152

2164/93

47

44

CM

U

152

2164/93

48

-

SUP

U

148

2131/93

49

45

CM

U

152

2164/93

50

47

SUS

6/7

155

2201/93

51

48

SUS

U

155

2201/93

52

49

SUS

U

155

2201/93

53

46

CM

U

157

2214/93

54

-

SUP

U

157

2214/93

55

50

CM

U

157

2214/93

56

51

CM

U

157

2214/93

57 52 SM U 157 2214/93
58 53 INC 1 SUP 2/6 165 2253/93

INC 2 CM

U

165

2253/93

59

54

CM

U

157

2214/93

60

-

SUP

U

159

2203/93

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4/6

165

2253/93

62

-

SUP

2/6

165

2253/93

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SUS

4/6

165

2253/93

64

57

CM

U

157

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CM

U

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CM

U

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SM

U

157

2214/93

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159

2203/93

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SUS

U

159

2203/93

70

63

SM

U

157

2214/93

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CM

U

157

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CM

U

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2214/93

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CM

U

157

2214/93

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CM

5/7

172

2287/93

Referencia: SM = sin modificaciones
SUS = sustitutivo
CM = con modificaciones
SUP = suprimido
CM-ADI = con modificaciones-aditivo
U = unanimidad

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Economía y Finanzas

MENSAJE Y PROYECTO DE LEY

Montevideo, 24 de agosto de 1992.

Señor Presidente de la
Asamblea General.
Presente.

Señor Presidente:

El Poder ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referente a la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

EXPOSICION DE MOTIVOS

- I -

El proyecto de ley sobre la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay se inscribe dentro de un vasto programa de reformas en el sector financiero en proceso de la ejecución. Dicho programa tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

a) mejorar la eficiencia y competitividad de las instituciones que integran el sistema financiero.

b) procurar en todo momento, la estabilidad y transparencia de dicho sistema combinando adecuadamente: su desregulación y consiguiente eliminación de sesgos discriminatorios entre los distintos intermediarios financieros y tendiendo correlativamente, al fortalecimiento de su supervisión, confiriéndose a la institución pública responsable de la misma una mayor jerarquía e independencia técnica.

El Gobierno, consciente que el logro de los objetivos antes referidos, requería introducir -entre otras medidas- reformas legislativas propició en octubre del pasado año, un proyecto de ley conteniendo modificaciones al decreto-ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982 sobre Intermediación Financiera, el que se halla en trámite de aprobación en la Cámara de Representantes.

En el Mensaje del citado proyecto el Poder Ejecutivo consignaba expresamente que "...en una segunda etapa, ...remitirá a ese Poder, un proyecto de Carta Orgánica del Banco Central, consciente de la importancia que reviste dotarlo de un instrumento normativo de que ha carecido desde su creación misma en la Constitución vigente de 1967".

El proyecto en examen, en suma, procura llenar un vacío legal de un cuarto de siglo en el país. En tal sentido, el Poder Ejecutivo, no hace más que actuar siguiendo el mandato de lo que dispuso el propio Constituyente de 1966, al crear el Banco Central y al anunciar que "tendrá los cometidos y atribuciones que determine la ley" (artículo 196 y su disposición transitoria letra H).

El presente proyecto de ley teniendo en cuenta que la Constitución de la República establece que el Banco Central es un ente Autónomo, tiende a reforzar su independencia técnica, orientación que se aprecia claramente en el Derecho Comparado, determinando claramente sus cometidos y atribuciones.

Dichos cometidos y atribuciones, en la actualidad, se hallan regulados de un modo inorgánico y asistemático, lo cual conspira contra su adecuada aplicación, no obstante la sistematización realizada por el profesor Doctor Carlos Delpiazzo en sus tesis "El Banco Central del Uruguay", Montevideo 1983.

Cabe consignar que este proyecto es el producto de un detenido estudio en el que se tuvo en cuenta variada y múltiple legislación comparada, la más reciente y moderna del área regional (Chile, Argentina, Bolivia, Perú, México). También se consultó la legislación de naciones con alto nivel de desarrollo, como la Deutsche Bundesbank Act de Alemania, la Nederlandsche Bank N.V., la Federal Reserve Act de USA, así como la legislación, doctrina y documentación contenida en los Proyectos de Carta Orgánica de 1969 y 1976 elaborados en el Banco Central.

- II - Contenido básico del proyecto

a. Cuestión previa

Los conceptos básicos que sirven de sustento al presente proyecto apuntan a dotar al Banco Central, en su carácter de ente rector de la actividad financiera y orientador de las políticas monetaria, crediticia y cambiaria del país, de las potestades y atribuciones que normalmente posee una institución de este tipo, que despliega su actividad en un contexto de libre mercado.

No puede hoy discutirse el rol esencial que juega todo Banco Central en el diseño de las políticas tendientes a alcanzar la estabilidad en los precios y del tipo de cambio, entre otras variables fundamentales de la economía, esto es, asegurar la estabilidad interna y externa de la moneda.

Tampoco admite discusión la finalidad de velar por la solidez y funcionamiento adecuado del sistema financiero para que se pueda desenvolver el proceso de ahorro, inversión que facilite el crecimiento económico dentro de una economía sana y estable.

Estima el Poder Ejecutivo que estas metas no son fáciles de alcanzar a menos que el Banco Central posea efectiva independencia técnica y capacidad real para el diseño y puesta en ejecución de las políticas que le competen, de acuerdo con la Constitución y la ley.

A la vez, para asegurar un sistema financiero estable y sólido, se estima que deberá existir una superintendencia de la actividad financiera altamente tecnificada, que sirva para proteger los intereses de los ahorristas. Una regulación prudencial en este sentido se vuelve necesaria entre otras razones para prevenir y conjurar posibles crisis del sistema, cuyos efectos no deseados puedan recaer en toda la comunidad, como ha acontecido en distintos momentos de la vida nacional.

En esencia este proyecto da cumplimiento a lo prescripto en la Constitución dotando de un marco jurídico unitario a un ente que, pese a tener un cuarto de siglo de existencia, carecía del mismo.

Paralelamente, se consagran los instrumentos y mecanismos jurídicos que la experiencia histórica del país impone y los propios e inherentes a una institución de este tipo, tomando en cuenta para ello las experiencias y modelos del área regional que integramos y la del derecho comparado en general, adaptadas obviamente a nuestra realidad nacional.

El proyecto adjunto se compone de once capítulos cuyo análisis se realiza seguidamente:

Capítulo I del Proyecto

El capítulo primero enuncia el cometido principal del Ente: asegurar la estabilidad interna y externa de la moneda. Asimismo establece cometidos complementarios: asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos; mantener un nivel adecuado de las reservas internacionales y promover y mantener la solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero.

Cabe consignar que el señalamiento de un objetivo principal para la institución bancocentralista sigue la tendencia reciente de la legislación comparada: concentrar la actividad del Banco Central en un objetivo preeminente, básicamente, el mantenimiento de la estabilidad de los precios y el tipo de cambio.

Capítulo II del Proyecto

En este capítulo se mencionan las principales funciones del Banco Central: emitir moneda; diseñar y aplicar las políticas monetaria, crediticia y cambiaria del país; asesorar al Gobierno en materia de política económica; ser su banquero y su representante financiero; administrar las reservas internacionales del Estado; promover el equilibrio de la balanza de pagos y ser banquero de las instituciones de intermediación financiera.

Dentro de sus funciones se enumeran también las siguientes: representar al Gobierno en los organismos financieros internacionales; ejecutar las transacciones financieras relacionadas con la participación del Estado en dichos organismos y, finalmente, regular y supervisar las entidades públicas y privadas que integran el sistema financiero.

Capítulo III del Proyecto

En este capítulo se incluyen los temas del capital, las utilidades y las reservas del Banco Central. Se prevé, por una parte, una base de capital suficiente para el Ente y, por la otra, la contabilización de sus pérdidas y ganancias. Asimismo se dispone la creación de una cuenta de reserva (Art. 9º), y se instituye el principio de la transferencia al Poder Ejecutivo de las utilidades netas una vez practicado el balance del ejercicio (Art. 10).

Finalmente, se consigna, con base en los artículos 211 y siguientes de la Constitución, el control constitucional del Banco Central por parte del Tribunal de Cuentas.

Capítulo IV del Proyecto

Este capítulo se ocupa de la organización, funcionamiento y administración del Banco Central. El proyecto establece que el gobierno y dirección del Banco estarán a cargo de un Directorio, que será responsable por la política y la administración general del Ente.

El Directorio - a partir del 1º de marzo de 1995- estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente y por tres Directores, que serán designados conforme al artículo 187 de la Constitución entre ciudadanos de reconocido prestigio y experiencia en los asuntos financieros.

En cuanto a la duración del mandato de los Directores se proyecta que durarán en sus cargos ocho años, renovándose parcialmente, cada dos años, previéndose al respecto la situación especial del primer Directorio luego de promulgada la presente Ley (Art. 14). Con esta disposición se propicia que el mandato de los Directores no coincida con la del Poder Ejecutivo que los nombró. Período similar se prevé en el caso del Bundesbank alemán; en la ley chilena de Banco Central de 1990 el Directorio es nombrado por un período de diez años, con renovación parcial de Directores a razón de uno cada dos años.

El capítulo incluye también las normas que regulan el estatuto de los Directores: obligaciones, retribución, condiciones habilitantes para el cargo, remoción, renuncia, vacancia, incompatibilidades, inelegibilidades, responsabilidades, etc., y el régimen de reuniones del Directorio.

Asimismo, se faculta al Directorio para expedir el reglamento del Banco y se prevén disposiciones para proteger el carácter reservado y confidencial de la información a la que tienen acceso los Directores y todo el personal del ente en el ejercicio de sus funciones (Arts. 29 y 30).

El capítulo incluye el principio que los Directores, en el desempeño de sus cargos, deberán actuar con absoluta independencia de todo interés ajeno a la función y que no participarán en actividades políticas (Arts. 26 y 27), dedicando toda su actividad profesional al servicio del Banco (Art. 17). Serán personal y solidariamente responsables de las resoluciones que voten en oposición a las leyes o a los reglamentos (Art. 28), sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Constitución.

Capítulo V del Proyecto

Este capítulo incluye normas sobre políticas monetarias y administración de reservas. Se explicita la competencia del Banco para determinar el régimen cambiario y por ende si ha de ser de tipo fijo o fluctuante, definiéndose éstos y el rol y cometidos del Banco según la opción que al respecto se adopte (Art. 32).

Se dispone el privilegio exclusivo que el Banco Central tendrá en materia de emisión de billetes y acuñación de monedas (Art. 33), el curso legal que tendrán estos medios monetarios en el país y su poder cancelatorio (Art. 34).

Respecto al retiro de billetes y monedas el proyecto se ocupa en el artículo 7º, literal A.

Se enuncian en el capítulo los instrumentos y las facultades con que contará el Ente para llevar a cabo la política monetaria de la república en el marco del objetivo general de asegurar la estabilidad de la moneda (Art. 35). A ese efecto podrá realizar operaciones de mercado abierto. Podrá fijar las tasas de los encajes mínimos que mantendrán las instituciones de crédito. Podrá asimismo el Banco fijar la posición máxima neta en divisas que mantendrán las instituciones de intermediación financiera y comprar y vender oro y realizar las demás operaciones enunciadas en el artículo 35, literal d, esenciales para llevar a cabo la política monetaria.

El capítulo incluye, a texto expreso, la importante función bancocentralista de la administración y conservación de las reservas internacionales de la República (Art. 38) así como los mecanismos tendientes a mantener el nivel adecuado de aquéllas en relación a las necesidades del país en la materia (Art. 39).

Se consigna asimismo la misión de asesor del Poder Ejecutivo en materia de empréstitos externos que pueda contraer el Estado (Art. 40).

Se encomienda finalmente al Ente que elabore un programa de evolución de la base monetaria, a efectos de hacerla compatible con los objetivos de política económica, entre los que -como se vio antes- se prioriza el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda. El programa será objeto de evaluación trimestral (Art. 42).

Capítulo VI del Proyecto

El capítulo norma las "Relaciones con las Instituciones de Intermediación Financiera".

En este sentido, el proyecto incluye, tomando como antecedente directo el artículo 1º, inciso 2º del decreto-ley Nº 15.322 (mejorándolo y actualizándolo en este sentido) un concepto de intermediación financiera determinando a texto expreso los distintos tipos institucionales (bancos, compañías de seguros, cooperativas de intermediación financiera, etc.) que integran la categoría, lo que, entre otras ventajas despeja dudas interpretativas.

La respectiva disposición (Art. 43) considera I.F. en definitiva, a "...toda ...institución que se dedique habitual y profesionalmente a la intermediación en recursos financieros" descartando ser consideradas como tales "...a las empresas que realicen colocaciones e inversiones financieras con recursos propios, o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público, así como tampoco lo serán (las) que se limiten a aproximar a las partes en negocios de carácter financiero".

El capítulo incluye el cometido del Banco Central de actuar como prestamista de última instancia "en casos extremos" de las I.F. con el alcance que la respectiva disposición le confiere, sistematizándolo mejor y adaptándolo a nuestra realidad presente.

En tal carácter, el proyecto autoriza al Banco Central (respecto de la I.F) entre otras operaciones las de descontar y redescontar ciertos documentos de crédito (Art. 45), y la de conceder adelantos adecuadamente garantizados (Art. 46). Ello como manera de hacerlas destinatarias a las I.F. de una asistencia de último grado, tendiente a atender toda demanda razonable de crédito.

El Banco Central establecerá y anunciará en forma pública sus tasas de descuento, redescuento y adelantos y respecto a tales operaciones, podrá determinar límites cuantitativos y tasas para diversas clases de transacciones o plazos de vencimiento (Art. 48).

El capítulo incluye disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. Servicio éste, encargado de hacer efectiva la importante función del Banco Central en su carácter de órgano rector del sistema financiero de regular y supervisar las entidades públicas y privadas que lo integran (Art. 6º, literal g) y 50). Este importante servicio, dependerá del Banco Central, pero tendrá autonomía técnica y operativa en régimen de desconcentración orgánica y funcional. (A este respecto, cabe establecer, que en nuestro derecho la institución de un servicio desconcentrado en la órbita bancocentralista halla un antecedente orgánico similar, en la Comisión de Análisis Financiero, artículo 27 de la Ley Nº 15.786 de 4 de diciembre de 1985).

La administración de la citada Superintendencia estará a cargo de un funcionario con especial aptitud y condiciones para la misma enunciadas en el proyecto. Actuará (dicho funcionario), por un período de ocho años y su desginación o remoción será dispuesta por la unanimidad de integrantes del Directorio.

Se procura a través de un período superior al quinquenio y de la indicada unanimidad requerida, tanto para la nominación como para la remoción del Superintendente, darle al servicio efectiva independencia técnica y operativa y estabilidad en el cumplimiento de su delicada función. La duración en el cargo, coincide con la prevista respecto del mandato del Directorio en el artículo 14 del proyecto.

La Superintendencia, tendrá todos los cometidos y prerrogativas necesarias para poder realizar su función en materia supervisora de entidades financieras y desde luego las que el Directorio en el artículo 14 del proyecto.

La Superintendencia, tendrá todos los cometidos y prerrogativas necesarias para poder realizar su función en materia supervisora de entidades financieras y desde luego las que el Directorio del Banco Central le delegue especialmente.

Cabe establecer que, en esta materia, el proyecto no hace más que seguir las tendencias del derecho comparado. En la región, a vía de ejemplo, el reciente Decreto Legislativo Nº 37 del Perú de 26 de abril de 1991. También el proyecto de ley sancionado por el Senado de la República Argentina de 6 de noviembre de 1991, véase artículo 43 y siguientes, se orienta en esta dirección.

Por último, debe señalarse que el capítulo regula las facultades de examen e inspección de la actividad financiera con que cuenta el Ente (artículo 54) que completan y sistematizan mejor las ya previstas en la legislación general, sobre intermediación financiera.

Capítulo VII del Proyecto

El capítulo se ocupa de las "Relaciones con el Poder Ejecutivo". En tal sentido, hace referencia al cometido del Banco Central de actuar como asesor económico, banquero y representante financiero del Gobierno (artículo 7º, literal c) del proyecto).

El capítulo incluye una disposición por la que se establece que el Banco Central asesorará al Gobierno en los asuntos relacionados con los objetivos del Ente enunciados en el artículo 3º y los cometidos establecidos por la ley orgánica (artículo 55).

Según el proyecto, el Banco Central deberá ser consultado por el Poder Ejecutivo en ocasión del respectivo presupuesto, a fin de adoptar criterio sobre el crédito que aquél puede otorgar al Gobierno (artículo 58, inciso 1º). También será consultado en relación a operaciones de crédito externo de mediano y largo plazo (artículo 58, inciso 2º).

El Banco Central actuará como banquero del Estado, aceptando depósitos y efectuando pagos en nombre de éste (artículo 60), concediéndose adelantos temporarios o comprándole valores públicos en las condiciones y con los límites previstos en el texto del artículo 61.

El Poder Ejecutivo descuenta que no escapará a la percepción de los señores Legisladores la trascendencia de estas normas.

Se establecen las facultades que tendrá el Ente en materia de deuda pública.

Capítulo VIII del Proyecto

Este capítulo refiere a las "Cuentas y Estados Contables".

Se consagra en el capítulo la obligación del Banco Central de presentar al Poder Ejecutivo el informe anual del Ente, conteniendo copia del balance y las cuentas anuales con un cuadro de situación que refleje su vida financiera, que será publicado y objeto de visación por el Tribunal de Cuentas.

Por último, se establece la confección y publicación períodica por el Banco Central de un informe sobre sus activos y pasivos con copia del mismo enviada al Poder Ejecutivo (artículo 69).

Las precedentes disposiciones procuran organizar con estrictez la contabilidad de la institución, haciéndola en todo momento transparente y controlable tanto por la opinión pública como por los organismos de control.

Capítulo IX del Proyecto

Este capítulo se ocupa de un conjunto de normas que completan aspectos relevantes de la competencia del ente bancocentralista.

Por una parte se le confieren facultades para emitir valores en nombre y por cuenta propia. Podrá también fijar y percibir comisiones por prestación de servicios (facultad ésta que tiene su antecedente directo en el artículo 24 de la Ley de Emergencia Nº 13.608 de 8 de setiembre de 1967). Y finalmente, se le autoriza a cobrar intereses por el crédito que otorga lo que responde a su carácter expreso de Ente Autónomo Comercial (artículo 1º). Todas estas facultades se hallan regladas en el artículo 70 del proyecto.

Como se sabe las personas jurídicas públicas se hallan sujetas al principio de la especialidad, por lo que les está permitido sólo aquello que expresamente las normas legales le autorizan. Para despejar cualquier duda al respecto, se incluyó el literal c) del artículo 70 en examen, que confiere al Ente el derecho a la percepción de intereses por el crédito que otorgue.

El capítulo consagra la competencia del Banco Central en materia de casas de cambio. El punto recientemente fue legislado, incluyéndose una disposición en la Ley Nº 16.170 de Rendición de Cuentas de 28 de diciembre de 1990 (artículo 702), que fuera objeto de reglamentación mediante Decreto del Poder Ejecutivo de 12 de diciembre de 1991.

Se estimó que la ley orgánica no podía dejar de incluir una disposición sobre este relevante tema que definiera su régimen definitivo.

En tal sentido, el proyecto en el capítulo en examen (artículo 71) confiere al Banco Central la prerrogativa de autorizar o revocar el funcionamiento de las casas de cambio, de acuerdo a razones de legalidad, de oportunidad y conveniencia.

El capítulo incluye una disposición que refiere a un importante medio de contralor de que se vale el Banco Central, las que la doctrina denomina "vías de información".

En tal sentido, se establece la prerrogativa del Banco Central, para el cumplimiento de la ley orgánica y en ejercicio de las funciones y cometidos conferidos por la misma (esto es, en su estricto marco) de "requerir con carácter obligatorio y con fines estadísticos, de cualquier persona o corporación pública o privada toda la información que necesite para cumplir en debida forma (tales) funciones y cometidos".

Como contrapartida, la persona requerida gozará de la garantía que la información que brinde estará amparada por el secreto (secreto estadístico) y será estrictamente confidencial.

Capítulo X del Proyecto

Este Capítulo del proyecto se ocupa de establecer una disposición de carácter transitorio (artículo 73) que debe ser coordinada con el artículo 8º de la Ley. Por la misma se hace posible fijar una base de capital suficiente para el Ente.

Capítulo XI del Proyecto

El capítulo incluye en su única disposición (artículo 74) la derogación de todas las normas que se opongan a la presente ley y la de las disposiciones legales que a texto expreso menciona y que refieren a dos materias: el crédito en cuenta corriente del Poder Ejecutivo y la asistencia financiera a las instituciones de intermediación financiera.

Sobre la primera materia, el proyecto incluye la derogación del artículo 131 de la Ley Nº 13.241 de 31 de enero de 1964 el que fuera modificado por el artículo 255 de la Ley Nº 13.320 de 28 de diciembre de 1964, norma esta última que también fue objeto de derogación expresa en el proyecto.

El referido artículo 255 de la Ley Nº 13.320 modificó el artículo 131 de la Ley Nº 13.241, dándole la redacción que sigue:

"Fíjase en dos duodécimos de sus obligaciones presupuestales anuales, el límite de los créditos en cuenta corriente que con el Banco de la República (Banco Central) tendrán el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales. Dichos créditos no podrán ser inferiores a..."

A su vez, el proyecto derogó también el artículo 483 de la Ley Nº 13.892 de 19 de octubre de 1970 que aludía al crédito en cuenta corriente del Poder Ejecutivo establecido por el artículo 255 de la Ley Nº 13.320 de 28 de diciembre de 1964, que quedará radicado en el Banco Central y será suministrado por dicha Institución. El citado artículo 483 expresamente consignaba que dicho crédito no devengará intereses (ver Texto Ordenado de Carta Orgánica artículo 34, en C.E. Delpiazzo o.c. ps. 142 y 86).

El proyecto derogó dichas disposiciones, sustituyendo el régimen de asistencia crediticia al Poder Ejecutivo que las mismas instituían por el que consagran preceptivamente los artículos 61 y ss. del proyecto.

El nuevo régimen proyectado posibilita la concesión al Poder Ejecutivo de adelantos temporarios o la compra directa al mismo de valores públicos, dentro de límites estrictos que se consagran en el artículo 61, concediéndose tales adelantos a tasas de interés no inferiores al promedio de las tasas bancarias por depósitos a plazo fijo y no pudiendo exceder los ciento ochenta días el respectivo vencimiento de tales adelantos y el de los valores comprados por esta vía. Otros aspectos de tal asistencia son abordados en los artículos 62 a 64 del proyecto. Interesa especialmente esta última norma, por la cual se consagra que "el Banco Central sólo adquirirá... valores públicos u otorgará adelantos al Poder Ejecutivo, o adelantos o servicios de crédito a cualesquiera corporaciones públicas, de conformidad con... esta ley".

El capítulo en examen, por último, deroga el artículo 29 de la Ley Nº 13.608 que se ocupaba de la "asistencia financiera a la banca privada" (ver Texto Ordenado artículo 34 o.c. Delpiazzo pg. 142).

El Banco Central continuará desplegando su cometido de ser "prestamista de última instancia" respecto de las instituciones de intermediación financiera y, en tal carácter, podrá asistirlas crediticiamente en las condiciones que determine el Directorio, a través de los instrumentos y operaciones que prevé estrictamente, en sus artículos 45 y ss., el proyecto. Ello, en sustitución del régimen de asistencia financiera que consagra el artículo 29 de la Ley Nº 13.608.

En suma, como reflexión final, estima este Poder que el presente proyecto, enmarcado en la finalidad impuesta por el Constituyente, de dotar al Banco Central de un marco legal unitario y sistemático consagratorio de su Carta Orgánica, completa y actualiza la normativa vigente sobre el tema.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Ignacio de Posadas Montero.

PROYECTO DE LEY

CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

CAPITULO I
NATURALEZA JURIDICA, FINALIDADES, DOMICILIO, REPRESENTACION

Artículo 1º - (Naturaleza Jurídica) - El Banco, creado por el artículo 196 de la Constitución de la República, que se denomina "Banco Central del Uruguay", es un servicio del dominio comercial del Estado, organizado bajo la forma de Ente Autónomo y dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera en los términos de la Constitución y de la presente Ley Orgánica, sus complementarias y modificativas.

Cada vez que en esta Ley se use la expresión "Banco", se entenderá que se alude al ente público mencionado en este artículo.

Artículo 2º - (Persona Jurídica, Domicilio, Sucursales) - El Banco es persona jurídica capaz de todos los derechos y obligaciones; tendrá su domicilio legal y principal asiento en la ciudad de Montevideo. Podrá establecer y cerrar sucursales y agencias en todo el país, designar representantes y bancos corresponsales en la república y en el exterior, y actuar como representante o banco corresponsal de entidades extranjeras o internacionales.

Artículo 3º - (Finalidades) - La finalidad principal del Banco será asegurar la estabilidad interna y externa de la moneda nacional.

Además, tendrá las siguientes finalidades complementarias:

a) Asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos del país;

b) Mantener un nivel adecuado de las reservas internacionales del país; y

c) Promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional.

En el ejercicio de estas finalidades, el Banco procurará la coordinación con la dirección de la política económica que compete al Poder Ejecutivo. Si el Banco considera que la decisión en cuestión afecta sustancialmente las finalidades que le son atribuidas por este artículo, podrá mantener su criterio haciéndoselo así saber al Poder Ejecutivo a los efectos de la pertinencia que pudiera corresponder conforme al procedimiento establecido por el artículo 197 de la Constitución.

Artículo 4º - (Poderes Jurídicos) - El Banco está facultado para realizar todos los actos jurídicos y contraer todas las obligaciones conducentes a la ejecución de los cometidos que le asignan la Constitución y la Ley. Su Directorio tendrá, al efecto, poderes de amplia, franca y general administración.

Artículo 5º - (Representación) - La representación del Banco y del Directorio estará confiada al Presidente, asistido del Secretario General; y en materia patrimonial será ejercida conjuntamente por el Presidente y el Gerente General. El Presidente, asistido por los funcionarios señalados, podrá otorgar, también conjuntamente, poderes y conceder por medio de ellos todas las facultades, aun aquellas para las cuales las Leyes exigen autorización expresa.

Artículo 6º - (Garantía del Estado) - Todas las obligaciones del Banco gozarán de la garantía del Estado.

El Banco Central del Uruguay estará exento de toda clase de tributos nacionales, aun de aquellos previstos en leyes especiales.

CAPITULO II
FUNCIONES Y COMETIDOS PRINCIPALES

Artículo 7º - (Funciones) - Las funciones y cometidos del Banco serán conducentes al logro de las finalidades indicadas en el artículo 3º.

En tal sentido, el Banco:

a) Tendrá a su exclusivo cargo la emisión de billetes, acuñación de monedas y retiro de circulación de billetes y monedas en todo el territorio de la República;

b) Diseñará y aplicará las políticas monetaria, crediticia y cambiaria del país;

c) Actuará como asesor económico y representante financiero del Gobierno;

d) Administrará las reservas internacionales del Estado y promoverá el equilibrio de la balanza de pagos;

e) Actuará como banquero de las instituciones de intermediación financiera;

f) Representará al Gobierno de la República en los organismos financieros internacionales y ejecutará las transacciones financieras relacionadas con la participación del Estado en dichos organismos;

g) Regulará normativamente y supervisará la ejecución de aquellas reglas por parte de las entidades públicas y privadas que integran el sistema financiero. A tal efecto, podrá autorizar o prohibir, en todo o en parte, operaciones en general o particular, así como fijar normas de prudencia, buena administración o método de trabajo; e informará, en su caso, al Poder Ejecutivo, a los efectos de lo dispuesto por los artículos 197 y 198 de la Constitución.

Lo dispuesto en este literal, así como toda otra referencia a cometidos del Banco o del órgano a que refiere su artículo 50 que esta ley realice a las instituciones financieras públicas o a los bancos públicos, será de aplicación al Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Hipotecario del Uruguay y Banco de Seguros del Estado, a cuyo efecto, se entenderán ajustadas sus respectivas Leyes Orgánicas conforme lo establece el artículo 199 de la Constitución.

CAPITULO III
CAPITAL, UTILIDADES Y RESERVAS

Artículo 8º - (Capital) - El capital del Banco se fija en N$ 300.000:000.000,00 (nuevos pesos trescientos mil millones).

La diferencia entre esta suma y el patrimonio neto de la Institución, según balance a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, será aportada por el Poder Ejecutivo mediante la entrega de instrumentos de adeudo negociables a distintos plazos que devenguen tasas de mercado, sin perjuicio de posibles acuerdos a que, en cuanto a otras formas de integración, pueda llegar el Poder Ejecutivo y el Banco. En la próxima instancia presupuestal, el Poder Ejecutivo proyectará la iniciativa legal que autorice la correspondiente transferencia.

El Banco practicará un balance a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, visado por el Tribunal de Cuentas, a fin de determinar el patrimonio neto de la entidad a esa fecha.

El capital del Banco será aumentado anualmente a efectos de mantener su valor por el Indice de Precios al Consumo. Podrá ser aumentado por las transferencias del Fondo a que refiere el artículo siguiente, previa aprobación del Poder Ejecutivo, adoptada por decisión unánime del Directorio del Banco.

Artículo 9º - (Reserva General) - Al cierre de cada ejercicio, se asignará a la cuenta de reserva general una cantidad equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de las utilidades netas, hasta que el saldo de aquella cuenta ascienda al doble del capital del Banco. El Banco, previa autorización del Poder Ejecutivo, podrá transferir a la cuenta de reserva general un monto superior a ese porcentaje anual y permitir que el saldo en dicha cuenta pueda ser superior al doble del capital del Banco.

Artículo 10 - (Utilidades) - Después de completadas las transferencias a la cuenta de reserva general previstas en el artículo precedente, el resto de las utilidades netas del ejercicio se acreditarán a la cuenta Tesoro Nacional a cargo del Poder Ejecutivo, pudiendo compensar débitos impagos del Estado aplicándolos a su cancelación una vez practicado el balance de ejercicio.

Artículo 11 - (Control de gastos y pagos) - El Banco estará sujeto al control constitucional del Tribunal de Cuentas, de conformidad con los artículos 211 y siguientes de la Constitución.

CAPITULO IV
GOBIERNO, ADMINISTRACION Y CONTROL

Artículo 12 - (Directorio) - El gobierno y dirección del Banco estarán a cargo de un Directorio, que será responsable por la política y la administración general del Banco.

Corresponde al Directorio:

a) Ejercer las atribuciones y hacer cumplir las funciones que la ley encomienda al Banco;

b) Proyectar el presupuesto de sueldos, gastos e inversiones conforme a lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución;

c) Proyectar el estatuto del funcionario de acuerdo al artículo 63 de la Constitución;

d) Designar, promover, trasladar, sancionar y destituir al personal, respetando las normas y garantías estatutarias, pudiendo realizar las contrataciones que fueran necesarias;

e) Aprobar reglamentos, resoluciones y órdenes, a fin de hacer efectivas las disposiciones de la presente Ley y hacer posible el funcionamiento normal y regular del Banco;

f) Delegar atribuciones, por unanimidad de sus miembros, pudiendo avocar las que fueron objeto de delegación.

Artículo 13 - (Reglamento) - El Reglamento del Banco, aprobado por el Directorio, abarcará todos los aspectos relativos a la organización administrativa de la Institución y a sus atribuciones, así como a las diversas funciones y deberes de los funcionarios de mayor jerarquía del Ente y de las divisiones administrativas no especificadas en esta Ley.

Artículo 14 - (Integración del Directorio) - El Directorio del Banco estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente y tres Directores, que serán designados, conforme al artículo 187 de la Constitución de la República, entre ciudadanos de reconocido prestigio y experiencia en los asuntos financieros.

Los miembros del Directorio durarán en sus cargos ocho años, renovándose la integración del Directorio parcialmente, cada dos años.

El primer Directorio que se designe luego de promulgada la presente ley será renovado del modo siguiente: el Presidente y Vicepresidente a los ocho años de ser designados y los restantes Directores según el orden de su designación, a los seis, cuatro y dos años de designados.

Las disposiciones de este artículo regirán a partir del 1º de marzo de 1995.

Artículo 15 - (Presidente del Directorio) - El Presidente dirigirá la administración ejecutiva del Banco, encargado de aplicar la política de la Institución y de ocuparse de la administración diaria de la misma, debiendo responder del desempeño de estas funciones ante el Directorio.

Son cometidos y atribuciones del mismo, entre otros:

a. convocar y presidir las reuniones del Directorio y darle cuenta de todos los asuntos que puedan interesar a la Institución.

b. actuar, contratar y firmar instrumentos y documentos en representación del Banco, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º, con sujeción a las resoluciones del Directorio.

c. adoptar las resoluciones administrativas y aprobar las órdenes requeridas por el buen funcionamiento y el orden interno del Banco.

d. realizar los demás actos y gestiones necesarios para asegurar la marcha del Banco y la continuidad de su gestión.

e. firmar y hacer publicar dentro de los siguientes ciento veinte días corridos y previa aprobación del Directorio, el Balance anual, conforme al artículo 191 de la Constitución de la República.

Artículo 16 - (Vicepresidente) - En caso de ausencia o incapacidad del Presidente, o si quedare vacante el cargo, las funciones y cometidos del mismo serán asumidas transitoriamente por el Vicepresidente hasta la designación, conforme lo dispuesto por el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 17 - (Incompatibilidades) - Los miembros del Directorio dedicarán toda su actividad profesional al servicio del Banco y, mientras ocupen el cargo, no podrán participar en ninguna actividad comercial, industrial, agropecuaria o financiera, ni ejercer otra profesión o empleo, ya sean remunerados o no, pero podrán:

a. formar parte de comisiones nombradas por el Poder Ejecutivo.

b. ser nombrados gobernadores, directores o miembros de cualquier órgano de un organismo financiero internacional creado en virtud de acuerdo o convenio al que la República se haya adherido o al que haya dado su apoyo o aprobación.

c. dedicarse, a tiempo parcial, a la enseñanza en instituciones docentes.

Artículo 18 - (Remuneración de Directores) - El sueldo y las asignaciones de los miembros del Directorio serán pagados por el Banco y estarán sujetos a los términos y condiciones que sean propuestos por el Directorio y aprobados por el Poder Ejecutivo.

Los miembros del Directorio no podrán recibir ninguna clase de sueldos, honorarios o prestaciones por servicios prestados a terceros durante el desempeño de su cargo. Sin embargo, esta limitación no impedirá que reciban remuneración por algún cargo que ocupen de conformidad con los literales a), b) y c) del artículo 17 y jubilaciones o pensiones con cargo a institutos de previsión social.

Artículo 19 - (Inelegibilidades) - No podrán ser nombrados miembros del Directorio ni mantenerse en dicho cargo:

a. las personas que no estén en ejercicio de la ciudadanía natural o no tengan al menos cinco años de ejercicio de la ciudadanía legal.

b. los menores de veinticinco años de edad.

c. las personas en régimen de quiebra o concurso; o que fueran Directores de una Sociedad Anónima en liquidación.

d. las personas que hayan incurrido en irregularidades comprobadas o notorias en el medio financiero, actúen en la administración de una institución de intermediación financiera pública o privada.

e. las personas que hayan sido condenadas por delitos que pudieran tener conexión con la función pública.

Artículo 20 - (Renuncia) - Los miembros del Directorio podrán renunciar a sus cargos por escrito ante el Poder Ejecutivo. Dicha renuncia no se hará efectiva hasta que sea aceptada por el Poder Ejecutivo.

Artículo 21 - (Remoción) - El Poder Ejecutivo sólo podrá remover de su cargo a cualquier miembro del Directorio con arreglo a lo dispuesto en los artículos 197 y 198 de la Constitución.

Artículo 22 - (Vacancia) - Si quedara vacante el cargo de cualquier miembro del directorio antes de la expiración del plazo por el cual haya sido nombrado, se designará su sustituto por lo que reste del período, en la forma prevista en el artículo 14 de la presente Ley.

En los casos de requerirse quórum especial y en los que, por acefalía temporaria o ausencia no sea posible obtenerlo y a ese solo objeto, el Directorio será integrado mediante designación del Poder Ejecutivo, con un miembro del Directorio de uno de los Bancos Oficiales ya designado en la forma prevista en el artículo 187 de la Constitución de la República. El voto que emita este miembro lleva implícita la responsabilidad a que se refiere el artículo 28.

En la referida hipótesis de acefalía temporaria, el plazo de suplencia no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de enfermedad del titular, en el que el término será de un año. Si vencidos los plazos establecidos en el inciso precedente el titular no se reintegra al cargo o persiste la causal de enfermedad, el Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días siguientes, podrá aplicar lo dispuesto en los artículos 198 y 187 de la Constitución de la República.

En tal supuesto, la suplencia se prorrogará hasta la provisión definitiva del cargo.

Artículo 23 - (Régimen de Reuniones del Directorio) - El Directorio se reunirá con la frecuencia que la actividad del Banco lo requiera, pero, en cualquier caso, no menos de una vez por semana. De conformidad con sus reglamentos, el Directorio celebrará reuniones ordinarias, para las cuales no será necesario convocar expresamente a sus miembros, y reuniones extraordinarias, a ser convocadas por medio de solicitud escrita del Presidente o cualesquiera otro miembro del Directorio, para lo cual se requerirá una notificación adecuada y su convocatoria con suficiente antelación, extremos ambos a ser regulados reglamentariamente por el Directorio.

Las decisiones serán adoptadas por mayoría simple de votos de los miembros del Directorio presentes y en caso de igualdad de votos, el miembro al que competa ejercer la Presidencia de la Reunión, tendrá doble voto. El quórum del Directorio quedará constituido cuando haya mayoría de miembros del Directorio presentes y asista el Secretario General o quien haga sus veces.

De los acuerdos que adopte el citado Cuerpo, deberá dejarse constancia en el acta de la respectiva sesión.

Artículo 24 - (Comisiones del Directorio) - El Directorio podrá establecer -según las circunstancias- las comisiones asesoras permanentes o temporales que juzgue oportunas.

Dichas comisiones dependerán del Directorio y desempeñarán su labor sujetas a sus instrucciones.

Artículo 25 - (Personal) - El Directorio podrá delegar en el Gerente General la designación y contratación de personal, así como, en su caso, su traslado.

El Banco no podrá vincular los sueldos, salarios ni ninguna otra clase de retribución o asignación que pague a sus empleados, a las utilidades que obtenga la Institución.

Artículo 26 - (Incompatibilidades) - Además de lo establecido en el numeral 4 del artículo 77 y en el artículo 200 de la Constitución de la República, los miembros del Directorio no actuarán en el Directorio ni como síndicos, empleados, auditores o asesores de ninguna empresa comercial, financiera, agrícola, industrial, ni como representantes de ningún otro tipo de intereses y no recibirán ni aceptarán instrucciones de ellos con respecto a las funciones que deben desempeñar con arreglo a la presente Ley.

Inmediatamente después de nombrados mediante declaración jurada otorgada ante escribano público, a abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de Partido y, en general, de ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto, siendo de aplicación al caso el artículo 77, numeral 4 de la Constitución de la República.

Artículo 27 - (Declaración de Intereses) - Los miembros del Directorio declararán -sin reserva alguna- ante ese órgano, todos los intereses comerciales, financieros, agrícolas, industriales o cualquier otro tipo de interés, que puedan tener directa o indirectamente en un momento dado y se abstendrán de votar e intervenir en los acuerdos y resoluciones del Directorio que se relacionen con dichos intereses. No obstante, si se han declarado ante Directorio, dichos intereses no inhiben al interesado a efectos de la constitución de quórum.

La declaración a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en oportunidad de iniciarse cada reunión de Directorio en relación al examen de los asuntos en los que sus miembros puedan tener los mencionados intereses.

Los miembros del Directorio o los funcionarios del Banco no podrán aceptar ningún regalo para sí ni para las personas con quienes tengan lazos familiares, si la aceptación puede menoscabar su imparcial desempeño de las funciones que les asigna la presente Ley.

Artículo 28 - (Responsabilidad) - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución, los miembros del Directorio son personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la Constitución, las leyes o a los reglamentos. Quedan dispensados de esta responsabilidad: a) los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución, siempre que hagan constar en forma expresa su disentimiento en la primera oportunidad en que sea posible; b) los que hubieran hecho constar por escrito su disentimiento y el fundamento que lo motivó, en cuyo caso el Secretario General del Banco deberá remitir al Poder Ejecutivo testimonio del Acta respectiva.

Artículo 29 - (Secreto y Reserva) - El Banco estará obligado a guardar secreto, en los términos establecidos en el artículo 25 del decreto-ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, cuando ejerza actividad financiera. En todos los demás casos, los miembros del Directorio deberán ajustar la divulgación de sus informaciones y opiniones a las reservas propias de la materia objeto de competencia del Banco, sin perjuicio de su inherente transparencia pública propia de la responsabilidad que les compete.

Artículo 30 - (Obligación de secreto) - Los funcionarios del Banco tienen el deber de guardar el más estricto secreto y la más absoluta reserva sobre cada uno de los asuntos bancarios que lleguen a su conocimiento en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, bajo la más severa responsabilidad administrativa, civil y penal, si fuere del caso (artículo 25 in fine del decreto-ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982 y artículo 163 del Código Penal).

Artículo 31 - (Auditoría Interna) - El Directorio nombrará a un auditor interno, que dependerá de dicho órgano y se hará cargo de:

a) Vigilar el funcionamiento del Banco y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables;

b) Examinar los estados contables periódicos remitidos por el Directorio;

c) Efectuar arqueos y examinar los libros, las bóvedas y las cajas fuertes del Banco regularmente y cada vez que lo estime necesario, con arreglo a las medidas de seguridad pertinentes;

e) Señalar a la atención del Directorio todos los asuntos que, a su juicio, deban ser considerados y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto que el Directorio le remita.

CAPITULO V
POLITICA MONETARIA Y ADMINISTRACION DE RESERVAS

Artículo 32 - (Régimen cambiario) - El Banco reglamentará el funcionamiento del mercado de cambios y la convertibilidad de la moneda nacional en medios de pago internacionales.

Podrá establecer un tipo de cambio fijo, con la frecuencia que estime oportuna, dando a publicidad por medios idóneos, los tipos a los cuales comprará o venderá moneda extranjera a las entidades del sistema financiero.

Si el tipo de cambio fuera fluctuante, el Banco podrá intervenir en el mercado de cambios sin comprometerse a comprar o vender moneda extranjera a precios predeterminados.

En tal caso, deberá establecer trimestralmente metas máximas y mínimas para el crecimiento de sus pasivos

monetarios, abarcando el conjunto de los cuatro trimestres siguientes, dándoles adecuada publicidad.

Artículo 33 - (Emisión y Acuñación) - El Banco tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes y la

acuñación de monedas de la República Oriental del Uruguay.

Ninguna persona u organismo que no sea el Banco podrá emitir billetes de banco o acuñar moneda metálica, o expedir ninguna otra clase de documentos, efectos a la vista, pagaderos al portador, que tengan la apariencia o pretendan ser, o que puedan pasar por o ser confundidos con moneda de curso legal. Los cheques y letras de cambio a la vista pagaderos al portador no serán considerados como instrumentos que tengan las funciones de un billete de banco a los efectos de este artículo.

Artículo 34 - (Curso legal y poder cancelatorio) - Los billetes emitidos y monedas acuñadas por el Banco tendrán curso legal en todo el territorio nacional.

El poder cancelatorio de esos billetes para toda clase de obligaciones en moneda nacional no tendrá límite alguno. El Banco determinará el monto hasta el cual tendrán pleno poder cancelatorio las monedas que acuñe.

Artículo 35 - (Cometidos de Administración de Reservas) - Incumbe al Banco llevar a cabo la Política monetaria de la República con vistas a procurar la finalidad señalada en el artículo 3 de la presente Ley y, para ello, estará facultado para:

a) Realizar operaciones de mercado abierto en valores negociables emitidos por el Poder Ejecutivo o por empresas o entidades públicas y privadas, o emitidos por el propio Banco.

b) Fijar las tasas de los encajes mínimos que deberán mantener los bancos y otras instituciones receptoras de depósitos en relación  a sus depósitos y otras obligaciones análogas, tanto en moneda nacional como extranjera, así como los activos que podrán componerlos y demás condiciones pertinentes.

c) Fijar la posición máxima neta en divisas que podrán mantener las instituciones de intermediación financiera.

d) Comprar y vender oro y otros metales preciosos, cambio extranjero, letras de tesorería y otros activos financieros emitidos por gobiernos extranjeros y entidades públicas internacionales, realizar depósitos en bancos del exterior, comprar y vender certificados de depósito.

Artículo 36 - (Fondo de Ganancias y Pérdidas de Reservas) - La ganancia neta que obtenga el Banco en un ejercicio financiero derivada de la revaloración de su activo o la desvalorización de su pasivo en, o expresado en, oro, derechos especiales de giro o divisas por haber variado el valor en moneda nacional, o los tipos de cambio, o el precio del oro, de los derechos especiales de giro o las divisas, se acreditará en una cuenta especial de reservas.

La pérdida neta que tenga el Banco en un ejercicio a raíz de cualquiera de esas variaciones, se compensará contra el saldo positivo que hubiera en la cuenta especial de reservas al final del ejercicio, y si ese saldo fuera insuficiente para cubrirla, el Gobierno emitirá a favor del Banco valores públicos no negociables que devengarán interés, por el monto de la pérdida. La tasa del interés pagadero por estos conceptos será el que devenguen los valores públicos a un año o, si no hay valores a un año en circulación, el tipo de título de deuda pública cuyo vencimiento se aproxime más a un año.

Las utilidades y las pérdidas netas a que se refiere este artículo no se incluirán en el cómputo de las utilidades anuales del Banco.

Sólo podrá acreditarse o debitarse la cuenta especial de reservas de conformidad con o dispuesto en el presente artículo.

Artículo 37 - (Servicios bancarios por cuenta y orden) - El Banco, tanto en nombre propio como en representación y por cuenta y orden del Poder Ejecutivo, podrá celebrar convenios de pagos y compensación o cualquier otro tipo de contrato con fines similares, o relacionados con instituciones públicas y privadas, que proporcionen esos servicios.

Artículo 38 - (Reservas de la República) - El Banco, conservará y administrará las reservas internacionales de la República, cuyos activos estarán compuestos por oro, divisas en forma de saldos bancarios mantenidos en plazas financieras del exterior, billetes y monedas extranjeras, así como otros activos aceptados para tal finalidad por la práctica internacional, incluyendo en ellos:

a) El derecho a efectuar una compra en el tramo de reservas del Fondo Monetario Internacional;

b) Derechos especiales de giro;

c) Letras de tesorería y otros valores expresados en monedas extranjeras, emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros, expresados en las monedas y pagaderos en los lugares que el Directorio apruebe;

d) Valores emitidos o garantizados por instituciones financieras internacionales aceptadas con tal finalidad por el Directorio.

En la selección de la cartera de activos del Banco tomará debidamente en cuenta el riesgo, la liquidez y la rentabilidad de los distintos activos que la compongan, conforme lo disponga el programa diseñado anualmente por el Directorio y sus modificaciones por la correspondiente coyuntura.

Artículo 39 - (Nivel neto de Reservas) - El Banco procurará mantener el nivel neto de las reservas internacionales de la República a un grado que el Directorio juzgue acorde con las necesidades del país en la materia.

En caso que esa reserva internacional disminuya, o que el Directorio considere que es inminente que disminuya, al punto de resultar inadecuada a las transacciones internacionales de la República, el Banco presentará un informe al Poder Ejecutivo sobre la posición de reservas y de las causas que han motivado o puedan motivar ese descenso, así como las recomendaciones que considere necesarias para remediar la situación.

Mientras no considere rectificada la situación, el Banco deberá presentar informes y recomendaciones a intervalos de no más de tres meses.

Artículo 40 - (Préstamos externos) - El Banco asesorará al Poder Ejecutivo sobre los términos y condiciones del endeudamiento externo que pueda contraer o garantizar el Estado. En caso que no se pronuncie dentro del término de 20 días hábiles de consultado, se entenderá que el Banco emite dictamen favorable.

Artículo 41 - (Inventario de compromisos externos) - El Banco se encargará de mantener un inventario actualizado de todos los empréstitos externos contraídos o garantizados por el Estado. Asimismo, podrá recopilar datos sobre los préstamos externos a otros entes públicos y personas privadas, residentes en el territorio nacional.

Artículo 42 - (Programa financiero) - Se hará un programa anual para los pasivos monetarios del Banco incluida la moneda en circulación y otros pasivos a la vista expresados en moneda nacional que el Directorio examinará trimestralmente a fin de coordinar la gestión de las reservas en divisas y la concesión de crédito del Banco con las finalidades señaladas en el artículo 3º de la presente Ley.

CAPITULO VI
RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Artículo 43 - (Instituciones de intermediación financiera) - Se considerarán instituciones de intermediación financiera los bancos públicos, los bancos privados, las casas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito que reciban depósitos de sus socios o de terceros, las compañías de seguros públicas y privadas, las instituciones financieras externas, las empresas que organicen o administren consorcios, así como toda otra empresa, siempre que cualquiera de ellas se dediquen habitual y profesionalmente a la intermediación en recursos financieros.

No se considerarán tales, las empresas que realicen colocaciones e inversiones financieras con recursos propios, o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público, así como tampoco lo serán aquellas que se limiten a aproximar a las partes en negocios de carácter financiero.

Artículo 44 - (Cuentas y Depósitos en el Banco) - El Banco no podrá abrir cuentas y aceptar depósitos de las instituciones de intermediación financiera o del Estado, conforme a los términos y condiciones que determine su Directorio.

Artículo 45 - (Préstamos al Sistema) - El Banco actuará como prestamista en casos extremos respecto de las instituciones de intermediación financiera y, en tal carácter, en los términos y condiciones que el Directorio determine por unanimidad de sus miembros, podrá comprar, vender, descontar y redescontar a las instituciones de intermediación financiera:

a) Letras de cambio, vales y pagarés girados o ejecutados con fines comerciales, industriales o agrícolas, que lleven dos o más firmas autorizadas, de las cuales, por lo menos una sea la de una institución de intermediación financiera, y que venzan dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco;

b) Letras de Tesorería u otros valores emitidos o garantizados por el Poder Ejecutivo, que formen parte de una emisión pública y que venzan dentro de los 365 días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco;

c) Valores emitidos por el Banco Central.

Cuando los préstamos superen el monto de capital y reservas de la empresa asistida, la decisión requerirá además de la unanimidad del Directorio, dar cuenta oportunamente al Poder Ejecutivo.

Artículo 46 - (Adelantos de Asistencia Financiera) - Asimismo, y en igual carácter, el Banco podrá en las condiciones que en cada caso determine el Directorio, conceder adelantos financieros a las instituciones de intermediación financiera, por plazos no superiores a los noventa días, siempre que ellos sean adecuadamente garantizados por:

a) Algunos de los instrumentos previstos en el artículo 45;

b) O por cualquier otro valor emitido o garantizado por el Poder Ejecutivo y que forme parte de una emisión pública;

c) Certificados de depósito y documentos de título emitidos con respecto a productos básicos y otros bienes debidamente asegurados; y

d) Tenencias de los activos que el Banco puede legítimamente comprar, vender o negociar conforme al artículo 35 inciso 4).

En casos excepcionales, el Banco podrá, asimismo, realizar tales adelantos con garantías reales distintas a las previstas anteriormente en este artículo, o con garantías personales, con la salvedad de que sólo podrá otorgar dichos adelantos hasta el límite del 20% del pasivo en depósitos del prestatario y aprobando la resolución respectiva con la unanimidad del Directorio del Banco.

Artículo 47 - (Prórrogas de asistencia) - En caso que una institución de intermediación financiera que hubiese sido destinataria de la asistencia prevista en los artículos 45 y 46 solicitare prórroga del crédito recibido por encima de los plazos pactados originariamente, tal institución deberá presentar ante el Banco un plan de recuperación y, si éste contare con la aprobación de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, que se crea por el artículo 50 siguiente, el Directorio podrá acceder a la prórroga gestionada, requiriéndose para ello el voto conforme de todos sus miembros.

Artículo 48 - (Tasas del Banco) - El Banco establecerá y anunciará públicamente sus tasas de descuento, redescuento y adelantos, y con respecto a dichas operaciones podrá determinar límites cuantitativos y tasas diferenciales para diversas clases de transacciones o plazos de vencimiento, o para una clase dada de instituciones de intermediación financiera.

Artículo 49 - (Sistema de pagos) - El Banco, por sí, o en cooperación con las instituciones de intermediación financiera, podrá instrumentar y reglamentar:

a) La compensación y cobro de cheques, letras a la vista y demás instrumentos usados como medio de pago o de crédito, y

b) La coordinación de la información sobre riesgo de incumplimiento de los préstamos.

Artículo 50 - (Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera) - La supervisión a cargo del Banco de las instituciones financieras públicas y privadas que integran el sistema financiero se realizará a través de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

Dicha Superintendencia, que dependerá del Directorio, actuará con autonomía técnica y operativa en régimen de desconcentración orgánica y funcional. Estará a cargo de un Superintendente con adecuada formación profesional, prestigio e idoneidad técnica. Dicho funcionario actuará por un período de ocho años y su designación o remoción, en su caso, será dispuesta por la unanimidad de miembros del Directorio.

Las resoluciones del Superintendente podrán ser recurridas con el recurso de revocación ante el mismo y con el recurso jerárquico ante el Directorio, conforme el artículo 317 de la Constitución.

Artículo 51 - (Cometidos de la Superintendencia) - Corresponderá a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera:

a) Autorizar la apertura de nuevas empresas de intermediación financiera no bancarias y la de filiales o sucursales de entidades financieras extranjeras.

b) Autorizar la apertura de sucursales de empresas de intermediación financiera y los proyectos de fusión de las mismas.

c) Aprobar la transferencia de acciones de las empresas de intermediación financiera privadas o, en su caso, las cuotas sociales de las cooperativas.

d) Aprobar los planes de regularización y/o saneamiento de las entidades financieras.

e) Establecer el régimen informativo y contable al que estarán obligatoriamente sujetas las instituciones financieras.

f) Establecer, con la periodicidad que estime oportuno, los balances mensuales y otros estados que sirvan para el análisis de su situación patrimonial.

g) Intimar el abandono de políticas crediticias que pongan en riesgo la solvencia.

h) Determinar sanciones en caso de infracción.

i) Establecer las normas e impartir las órdenes de servicio necesarias para la organización y gestión de la Superintendencia, y de los servicios y oficinas dependientes de la misma, y

j) Nombrar, remover, promover, trasladar y destituir al personal de la Superintendencia de acuerdo con las normas presupuestales pertinentes.

Artículo 52 - (Atribuciones y poderes de la Superintendencia) - La Superintendencia referida podrá:

a) Instruir los procedimientos administrativos conducentes a determinar o comprobar responsabilidades por infracciones a las normas de índole cambiaria y financiera, y en su caso, para incoar las acciones y realizar las gestiones que correspondan, incluyendo la formulación de cargos ante los órganos competentes, a efectos que se responsabilice y sancione a los transgresores;

b) Solicitar, como medida cautelar ante el Juzgado competente, embargos preventivos u otras medidas precautorias dirigidos contra las empresas privadas comprendidas en esta Ley cuya estabilidad económica o financiera estuviera afectada y sobre aquellas persona físicas o jurídicas que, en nombre propio o integrando el Directorio de dichas instituciones o el de otras sociedades, hubieran participado en operaciones presuntivamente dolosas que, directa o indirectamente, pudieran haber contribuido a provocar la situación que motivó la solicitud de la medida cautelar.

También podrán solicitarse tales medidas precautorias y cautelares por los montos que se estimen suficientes para garantizar las multas y reintegros que sean impuestos por los órganos competentes;

c) Recomendar al Directorio del Banco la intervención o liquidación, en su caso, de una empresa de intermediación financiera;

d) Requerir directamente de las empresas de intermediación financiera la exhibición de sus libros y documentos, pudiendo disponer el secuestro hasta por 6 días de la documentación y demás elementos relacionados con el incumplimiento de dichas normas.

e) Requerir de los demás servicios del Banco la colaboración que estime necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, y

f) Ejercer, para el cumplimiento de las medidas enumeradas por esta Ley, la representación del Banco ante el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y requerir el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 53 - (Exigencia de relaciones técnicas y publicación del Balance y Estados de Deuda) - El Banco podrá establecer con respecto a una clase dada de instituciones de intermediación financiera, o con relación a todas ellas, las relaciones técnicas que estime del caso adoptar, así como el régimen de información al público y en particular a cada depositante, de la tasa de interés anual -efectiva o no- pagadera por los depósitos, y a cada persona a la que se otorgue crédito sobre las condiciones de su obtención, incluidas la tasa de interés anual -efectiva o no- pagadera sobre el mismo.

Las instituciones de intermediación financiera tendrán la obligación de publicar mensualmente sus balances y estados de deuda.

A efectos de asegurar el efectivo cumplimiento de esta obligación, el Banco Central implementará los controles pertinentes.

Artículo 54 - (Examen de Actividad Financiera) - El Banco podrá requerir y examinar las cuentas, libros y documentos de cualquier persona, empresa o institución, cuando tenga en su poder evidencias que hagan presumir, razonablemente, que la misma ha estado realizando o realiza actividad de intermediación financiera sin estar autorizada legalmente.

El Banco periódicamente dispondrá un examen de cada empresa de intermediación financiera, siempre que lo estime necesario, a efectos de comprobar que la misma goza de una situación financiera normal y viene cumpliendo legalmente con todas sus obligaciones.

CAPITULO VII
RELACIONES CON EL PODER EJECUTIVO

Artículo 55 - (Asesoría) - El Banco asesorará al Poder Ejecutivo en los asuntos relacionados con las finalidades del ente enunciadas en el artículo 3º de la presente Ley y los cometidos establecidos por esta Ley.

Artículo 56 - (Informe sobre estabilidad de la moneda) - Toda vez que se presenten circunstancias que graviten de modo excepcional y desfavorable respecto de la estabilidad interna o externa de la moneda nacional, el Banco presentará -con la mayor antelación y urgencia posible- un informe al Poder Ejecutivo, que deberá referirse a:

a) Los factores que han dado lugar a la referida situación;

b) El impacto que han tenido o que podrían tener tales hechos en diversas variables económicas, y

c) Las medidas que se hayan tomado y/o que deberían tomarse para remediar la situación.

Mientras el Banco considere que la situación no ha sido superada, seguirá elevando nuevos informes y recomendaciones al Poder Ejecutivo a intervalos no mayores a tres meses. Tales informes, de acuerdo a lo que disponga el Directorio, podrán combinarse y coordinarse con los requeridos por el artículo 39.

Artículo 57 - (Otros informes económicos) - El Banco informará detalladamente al Poder Ejecutivo de toda circunstancia, factor o situación que esté en su conocimiento y que pueda afectar gravemente a la economía nacional y propondrá al mismo tiempo las medidas y correctivos apropiados que podrían adoptarse al respecto.

Artículo 58 - (Consultoría al Banco) - El Poder Ejecutivo consultará al Banco en ocasión de la preparación del Presupuesto Nacional y de cada una de las Rendiciones de Cuentas (artículo 214 de la Constitución), a fin de adoptar criterio sobre el monto total del crédito que el Banco está en condiciones de otorgar al Estado durante el siguiente ejercicio financiero anual, ello sin perjuicio de los límites establecidos en los artículos 61 y 63.

El Poder Ejecutivo, los Ministerios, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como los Gobiernos Departamentales, toda vez que contemplen la realización de operaciones de crédito externo de mediano y largo plazo, deberán informarlo detalladamente al Banco, antes de otorgar ningún contrato. En caso que, a juicio del Directorio del Banco, esas operaciones, individual o conjuntamente, puedan revestir razonablemente una magnitud o entidad inapropiada con relación a las condiciones o situación económica imperantes, el Banco deberá informarlo al Poder Ejecutivo, llamando su atención al respecto y recomendándole las medidas que pudieran corresponder en el caso.

Artículo 59 - (Suministro de información) - El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales deberán suministrar toda la información, documentación económica y financiera, que razonablemente les sea solicitada por el Banco y que éste requiera para cumplir sus finalidades, funciones y cometidos. Los restantes Poderes del Estado y los demás órganos de la administración pública y personas de derecho público, prestarán al respecto la colaboración del caso, en relación a los pedidos de información que les solicite razonablemente el Banco.

Artículo 60 - (Banquero del Estado) - En los términos y condiciones que establecerá el Directorio, el Banco aceptará depósitos de fondos por cuenta del estado y efectuará pagos en nombre del mismo, debitándolos en las cuentas de este último. A solicitud del Poder Ejecutivo, el Banco podrá autorizar a otras instituciones del sistema financiero que reciban esos depósitos y que efectúen esos pagos, en los términos y condiciones que el Banco establezca.

Artículo 61 - (Adelantos al Estado) - El Banco podrá conceder al Estado adelantos temporarios o comprarle directamente valores públicos en importes que no pasen del 10% del monto del Presupuesto General de Gastos vigente. Dichos adelantos se concederán a tasas de interés al promedio de las tasas bancarias por depósitos a plazo fijo. El plazo de vencimiento de esos adelantos y el de los valores comprados de conformidad con este literal no podrá exceder los 180 días.

Las disposiciones de este artículo entrarán en vigor en la fecha de apertura del primer ejercicio financiero posterior a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 62 - (Adelantos adicionales al Estado) - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Banco podrá otorgar adelantos adicionales al Poder Ejecutivo, en los términos y condiciones que se establezcan de común acuerdo, para que se pague la suscripción y se hagan efectivos los demás pagos y emolumentos a que esté obligado el país por su condición de miembro de un banco u otro organismo internacional establecido en tal carácter bajo los auspicios del Gobierno de la República, o que se deriven de su participación como país miembro, en las cuentas de esos organismos, y en las respectivas transacciones y operaciones.

Artículo 63 - (Compras de Valores Públicos) - El Banco podrá comprar y vender, por cuenta propia, valores emitidos o garantizados por el Estado que forman parte de una emisión pública y, con ese motivo, podrá negociar directamente con el público, sujeto a las siguientes condiciones:

a) Que los indicados valores no se comprarán directamente al Estado, salvo los importes permitidos conforme al artículo 61.

b) El monto total de valores públicos mantenidos por el Banco, deducidas las obligaciones del Banco a favor del Estado, excepto los pagos de principal, no podrá ser superior a 10% del presupuesto general de gastos vigente.

Artículo 64 - (Prohibición) - El Banco sólo adquirirá, directa o indirectamente, valores públicos u otorgará adelantos al Poder Ejecutivo, o adelantos o servicios de crédito a cualesquiera personas jurídicas públicas (incluyendo en su caso gobiernos departamentales) de conformidad con las disposiciones de esta Ley orgánica. Toda otra Ley en la materia requerirá de la mayoría establecida por el artículo 199 de la Constitución.

Artículo 65 - (Administración de la Deuda Pública y Préstamo) - El Banco se encargará, en los términos y condiciones que acuerde con el Poder Ejecutivo, de la emisión y gestión de los valores públicos y con garantía del Estado que forman parte de una emisión pública y, en este sentido, podrá negociar directamente con el público.

El Banco desempeñará los cometidos de administración de los servicios de la Deuda Pública interna y externa, Letras de Tesorería y Bonos del Tesoro y préstamos internacionales.

CAPITULO VIII
CUENTAS Y ESTADOS CONTABLES

Artículo 66 - Las fechas de apertura y cierre del ejercicio financiero del Banco serán: el 1ro. de enero y el 31 de diciembre, respectivamente.

Artículo 67 - El presidente del Banco presentará a consideración del directorio el proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero siguiente, a más tardar el 30 de junio de cada año. Tras su aprobación por el Directorio, el Banco presentará el proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 221 de la Constitución.

Artículo 68 - El Banco presentará al Poder Ejecutivo el informe anual del ente, que contendrá:

a) Dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, copia del balance y las cuentas anuales con un estado y cuadro de situación exacto que reflejen claramente su vida financiera;

b) Dentro de los 180 días de cerrado el ejercicio, un examen del estado de la economía nacional.

El informe anual del Banco referido en el literal a) de este artículo, será publicado de conformidad con el artículo 191 de la Constitución en cuanto se presente al Poder Ejecutivo y, previamente, deberá ser objeto de visación por el Tribunal de Cuentas.

Artículo 69 - El Banco confeccionará y publicará, lo antes posible después del último día hábil, y cada mes, un informe sobre sus activos y pasivos al cierre de operaciones de ese día, y enviará una copia del mismo al Poder Ejecutivo.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 70 - El Banco también estará facultado para:

a) Emitir valores en nombre y por cuenta propios;

b) Fijar y percibir comisiones por prestación de servicios;

c) Cobrar intereses por los créditos que otorga.

Artículo 71 - El Banco podrá otorgar y revocar la autorización para funcionar de las casas de cambio, de acuerdo a razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia y reglamentar su funcionamiento, así como el régimen de control y sanciones al cual se encontrarán sometidas, el que se cumplirá a través de la Superintendencia a que refiere el artículo 50.

Artículo 72 - A los efectos del cumplimiento de la presente Ley y en ejercicio de las funciones y cometidos conferido por la misma, el Banco podrá requerir, con carácter obligatorio y con fines estadísticos, de cualquier individuo o persona jurídica, ya sea pública o privada, toda la información que necesite para cumplir en debida forma sus funciones y cometidos. Dicha información estará amparada por el secreto administrativo y será estrictamente confidencial.

Podrá aplicarse una multa en Unidades Reajustables, a toda persona o entidad que no presente la información legalmente requerida por el Banco, o que presente información incompleta o inexacta. El monto de la multa oscilará entre cincuenta y cien Unidades Reajustables, tratándose de personas jurídicas, y será de veinte Unidades Reajustables en caso de personas físicas. El pago de la multa no exonera de la obligación de presentar la información solicitada.

CAPITULO X
DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo 73 - La suma en nuevos pesos a que refiere el Inciso 1º del artículo 8º, a efectos de mantener su valor, se ajustará al cierre de cada ejercicio y en ocasión de aprobarse el primer balance previsto en el inciso 3º del artículo 8º, fijándose el nuevo capital del Banco en nuevos pesos.

CAPITULO XI
DEROGACIONES

Artículo 74 - Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley, así como las siguientes disposiciones legales: el artículo 131 de la Ley Nº 13.241 de 31 de enero de 1964, el artículo 255 de la Ley Nº 13.320 de 28 de diciembre de 1964, el artículo 483 de la Ley Nº 13.892 de 19 de octubre de 1970 y el artículo 29 de la Ley Nº 13.608 de 8 de setiembre de 1967.

Ignacio De Posadas Montero."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO.- Señor Presidente: debo dar cumplimiento al encargo de la Comisión de Hacienda integrada de informar al Senado acerca del proyecto sustitutivo de Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay que, en forma unánime, fue aprobado días pasados.

En primer lugar, voy a hacer referencia a los antecedentes de este proyecto de ley sustitutivo en lo que dice relación con el trabajo que llevó adelante la Comisión de Hacienda integrada.

En este sentido, deseo señalar que, a los efectos de tratar esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, la Comisión celebró dieciocho sesiones. De éstas, seis fueron dedicadas a la discusión en general del tema y a recibir el asesoramiento y opiniones de diversas entidades públicas y privadas vinculadas a él, así como de personas que por su versación podían aportar elementos de juicio para una mejor ilustración en la materia.

Luego de esta primera etapa, la Comisión procedió al análisis del articulado del proyecto originario del Poder Ejecutivo, disposición por disposición durante doce sesiones, a las que concurrió una delegación del Banco Central del Uruguay encabezada por el ex Vicepresidente del Directorio de ese Ente, el actual ministro de Defensa Nacional, doctor Daniel Hugo Martins, a quien acompañaron varios asesores jurídicos y económicos de esa Institución.

Me extiendo en este tema que, aparentemente, no tiene relación con el fondo del proyecto que está a consideración, porque creo que es mi deber -y hacerlo, me parece que interpreto el sentimiento de mis compañeros de Comisión- destacar la labor cumplida, puesto que es sumamente valiosa como ejemplo de trabajo constructivo de un cuerpo parlamentario, en el que los distintos sectores políticos allí representados junto a este grupo muy distinguido de técnicos -como se deja constancia en el informe escrito de la Comisión- trabajamos ahincadamente en el análisis de este proyecto que, sin duda, tiene grandes complejidades desde el punto de vista técnico-económico y técnico-jurídico. Realmente existió un espíritu admirable y encomiable de objetividad y de deseo de llevar adelante las mejores soluciones, invariablemente durante esas doce largas sesiones de las que se tomó versión taquigráfica y cuyos antecedentes vamos a solicitar se incorporen, a modo de referencia, en la discusión de este proyecto de ley. En esta etapa pudimos apreciar, también, un espíritu de cooperación y colaboración de todos los participantes, lo cual finalmente hizo posible plasmar un texto sustitutivo.

Como anexo al informe de la Comisión, los señores senadores podrán encontrar, en la página 33 del repartido Nº 649, una tabla en la que figuran todos los artículos del proyecto original, su concordancia con los del proyecto sustitutivo presentado y la votación tomada en Comisión con respecto a cada una de las disposiciones.

Como se podrá observar, en lo que refiere a la mayor parte de los artículos, la Comisión se expidió por unanimidad. Hubo, sí discrepancias sobre algunos artículos específicos que están allí señalados, pero el resultado fue la aprobación en general del proyecto, aun cuando algunos señores senadores lo hicieron con salvedades.

En suma, deseaba comenzar mi explicación en cuanto al trabajo realizado en la Comisión sobre el proyecto sustitutivo, haciendo referencia al encomiable espíritu que privó en las deliberaciones del Cuerpo, así como también al apoyo brindado por los distintos sectores políticos a la mayor parte de las soluciones contenidas en el referido proyecto.

En definitiva, la Comisión aconseja al Senado la sanción de este proyecto de ley sustitutivo, en función de cinco grupos de consideraciones principales, tal como se señala en el informe escrito.

En principio, porque este documento provee un régimen orgánico para el funcionamiento del Banco Central del Uruguay. En este sentido, es de hacer notar que, pese a que la creación del referido Banco data de la Constitución de 1967, hasta el momento no se había dictado ninguna ley orgánica o reguladora de la estructura de esa institución. Entonces, ella debió funcionar basándose en un cúmulo de disposiciones dispersas en distintos textos, muchas de las cuales estaban relacionadas con el antiguo Departamento de Emisión del Banco de la República Oriental del Uruguay, y con otras leyes referidas a dicho organismo, diseminadas en varios cuerpos normativos. Obviamente, esto creaba y crea una situación inconveniente, por lo que la primera y clara ventaja que tiene el texto que se somete a la consideración del Senado es que provee un cuerpo normativo orgánico para regular el funcionamiento y la estructura del Banco Central. De esta manera, se cumple con una de las finalidades principales de la labor legislativa que es regular las actividades y los derechos de los particulares y, al mismo tiempo, dictar las normas que estructuran los órganos principales o más importantes del Estado. Así, se da cumplimiento a una imperiosa necesidad derivada de la existencia constitucional de un organismo como el Banco Central que, por su significación en el funcionamiento de la economía de nuestro país -como generalmente sucede en el mundo entero- requería forzosamente un texto legal que disciplinara su funcionamiento.

En segundo término, este proyecto de ley que se somete a consideración del Senado completa la cobertura normativa del sistema de intermediación financiera. Como se recordará, el Poder Legislativo, en la presente legislatura, aprobó la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, modificativa del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982. Ambos constituyen normas sustantivas relacionadas con el sistema de intermediación financiera. Ahora, con la aprobación de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay se completa la cobertura de regulación legal de todo el mencionado sistema. En la Comisión, se anotó que tal vez habría sido más coherente o más congruente que se hubiera aprobado, en primer lugar, la Carta Orgánica del Banco Central y, luego, las normas sobre intermediación financiera.

El hecho es que ahora ya se ha promulgado la Ley de Intermediación Financiera y existe un proyecto completo de Carta Orgánica del Banco Central. Entonces, a los efectos de guardar la debida armonía y correspondencia con la Ley de Intermediación Financiera, se encargo a la delegación asesora del Banco Central la realización de un estudio pormenorizado sobre ese punto. Aun cuando en algunos casos existe cierta reiteración de determinadas normas, no existe contradicción entre las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Central -que ahora debe considerar el Senado- y las referentes a la Ley de Intermediación Financiera en esa materia. Si ahora se incorporan al proyecto que está tratando el Senado es, precisamente, para que en la normativa orgánica del Banco Central encuentren debida ubicación las disposiciones relacionadas con sus facultades respecto a las instituciones de intermediación financiera.

En tercer lugar, el proyecto de la ley define cuidadosamente la finalidad del Banco Central y las funciones que le corresponden. Es decir, establece con claridad cuál es la especialidad o el objetivo de este Ente, así como también cuáles son los medios jurídicos de que dispone para cumplirlos. Entonces, señala que la finalidad principal del Banco -de acuerdo con lo que establece el artículo 3º- es asegurar la estabilidad de la moneda nacional. Como finalidades complementarias agrega la de asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos, mantener un nivel adecuado de las reservas internacionales y asegurar la solvencia, solidez y funcionamiento de acuerdo del sistema financiero nacional.

De acuerdo con la mencionada definición de objetivos y cometidos, la finalidad principal del Banco Central es conservar la estabilidad de la moneda nacional. De esta forma, el proyecto se sintoniza con las corrientes más modernas y avanzadas en lo que refiere a la estructuración y funciones de los Bancos Centrales del mundo entero. Así, nos situamos en el nivel de las soluciones admitidas en la actualidad en lo que hace a las responsabilidades y cometidos de los organismos de esta naturaleza, tal como se ven en el derecho comparado. A su vez, existen otras finalidades complementarias que, al mismo tiempo, cubren áreas tradicionalmente asignadas a los Bancos Centrales. Reitero que, en lo que respecta a la regulación de los medios de pago interno, el Banco Central vela por la liquidez suficiente en plaza para que se puedan realizar las transacciones necesarias que hagan al buen funcionamiento de la economía. También trata de que exista un nivel adecuado de las reservas internacionales, es decir, de las reservas de divisas necesarias para atender los compromisos internacionales y el comercio exterior de la República.

Por otro lado, el Banco debe asegurar un sistema financiero que funcione con solidez y solvencia.

Este es, pues, el núcleo de la especificidad o especialidad de los cometidos que se asignan al Banco Central. Para que pueda llevar a cabo sus objetivos, se le dan los medios jurídicos necesarios que, en particular, son los siguientes: emisión y utilización de instrumentos monetarios, cambiarios y crediticios adecuados para lograr, asegurar la estabilidad de la moneda nacional; funciones de asesoramiento, de banquero, de representante financiero del gobierno, administrador de las reservas internacionales, banquero y regulador normativo, supervisor de las instituciones de intermediación financiera y, eventualmente, representante del gobierno ante los organismos financieros internacionales.

Señor Presidente: deseo poner particular énfasis -y creo interpretar cabalmente el sentimiento de la Comisión- en la importancia que tienen los artículos 3º y 7º del Proyecto de la Carta Orgánica, que, a mi juicio, son medulares.

El artículo 3º está referido a las finalidades del Banco y, el 7º a sus funciones. En ambos, debidamente correlacionados, se encuentra la sustancia, el meollo y el núcleo de la especialidad del Ente que ahora se regula normativamente por ley -según lo establece el proyecto- y por los poderes jurídicos de que estará dotado para llevarlos adelante. Asimismo, señalo que sobre este punto no hubo discrepancias en la Comisión en lo que dice relación con estas finalidades -ni en la principal ni en las secundarias- ni con las funciones, ya que el artículo relativo a las mismas fue votado por unanimidad.

En cuanto al aspecto relacionado con los objetivos o con las finalidades, podemos decir que si bien hubo salvedades por parte de algunos señores senadores, no se debieron a discrepancias o discordancias con las que allí se establecen, sino con la supresión de ciertas normas complementarias que había en el proyecto original, que vinculaban a esta artículo con el tema de las relaciones del Banco Central del Uruguay con el Poder Ejecutivo. No obstante, insisto que en los aspectos medulares relativos a definir las funciones que deberá desarrollar el Banco para cumplir con su finalidad, el parecer de la Comisión ha sido unánime. Estas funciones han sido definidas técnicamente, de acuerdo con los criterios avanzados en materia bancocentralista.

En cuarto lugar considero que el proyecto delimita claramente, las relaciones entre el Banco y el Poder Ejecutivo o viceversa. Me interesa destacar este punto, en varios sentidos. Por un lado, el proyecto establece una serie de mecanismos que promueven la colaboración entre el Banco y el Poder Ejecutivo. Me refiero, concretamente, al Ministerio de Economía y Finanzas que por medio de un proceso de información recíproca, de consultas y de contactos evidentemente ayuda a lo mejor inteligencia de las relaciones recíprocas entre la Institución mencionada y el gobierno. Es importante señalar que éste es uno de los temas más difíciles en lo que dice relación con la elaboración de la Carta Orgánica de un Banco Central, por la naturaleza de sus funciones, que tienen primordial gravitación e incidencia en la mecánica de la economía.

Por otra parte, es obvio e incuestionable la competencia que tiene el Poder Ejecutivo en esta materia. De manera que el relacionamiento entre este Poder y el Banco Central, es un tema particularmente sensible que el proyecto tiende a solucionar por medio de mecanismos que promuevan la colaboración mediante el informe y las recomendaciones o sugerencias que se puedan formular sobre los temas de interés común. Pero además estas relaciones están reguladas claramente por lo preceptuado en la Sección XI de la Constitución, estableciendo las vinculaciones del Poder Ejecutivo con los Entes Autónomos y, por lo tanto, está sujeto a las disposiciones y preceptos de la Sección mencionada. De manera que la inteligencia de la Comisión con respecto al proyecto sustitutivo es, precisamente, en el sentido de que estos preceptos habrán de interpretarse en el contexto orgánico de la disposición establecida en la Sección XI de la Constitución en cuanto a las vinculaciones que ineludiblemente se marcan entre los dos órganos.

Con respecto a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central corresponde mencionar también el tema de la asistencia financiera del Estado, porque constituye un punto particularmente sensible, que está regulado en los artículos 55 y 56 del proyecto de ley. Estos fijan un límite cuantitativo a la asistencia que el Banco Central podrá prestarle a la Tesorería, estableciéndolo en un 5% del monto total del Presupuesto. Además, expresa que esta asistencia durará, como máximo, seis meses y generará la obligación de pago de intereses por parte del Tesoro al Banco Central por los adelantos que éste le efectuara. La Comisión no obtuvo una opinión unánime con respecto a este punto, pero sí coincidió en el sentido de que debe haber un límite cuantitativo y temporal para la vigencia o para el mantenimiento de la asistencia. También sus miembros estuvieron de acuerdo en que existiría la necesidad de establecer un interés por estos adelantos. En cambio, la discrepancia versó sobre el monto de la asistencia. Al respecto, se expusieron tres posiciones: la primera, en el sentido de que ese quántum oscilara en el 17% del Presupuesto, que es aproximadamente el monto actual. La segunda argumentación apuntó al 10% del Presupuesto, y la tercera -que obtuvo la mayoría de votos- ubicaba al quántum en el 5%. A esta altura de la información, señor Presidente, no creo pertinente extenderme en el análisis de la fundamentación o justificaciones de estos puntos de vista, pues son bastante obvios. Seguramente, la oportunidad se dará en la discusión particular de los artículos.

Por otra parte, quisiera señalar que con respecto a los demás aspectos de los artículos 55 y 56 del proyecto hubo concordancia, excepto en lo relativo al monto del límite cuantitativo que habría que establecer.

Otro elemento que la Comisión consideró importante para justificar la sanción de este proyecto de ley, fue la independencia del Banco Central. Aclaramos que cuando hablamos de independencia, no nos referimos a un organismo que estuviera como una rueda suelta, fuera de los esquemas y del orden constitucional-nacional. En su momento expresé que el Banco Central, por mandato constitucional, es un Ente Autónomo del dominio industrial y comercial del Estado y, como tal, está sujeto a las mismas reglas y controles de todos los demás Entes de esa naturaleza. Entonces, no podrá tener más autonomía ni menos que estos. En ese marco hay que juzgar la independencia del Banco Central.

Y ésta surge por la definición y la especialidad del Ente acerca de cuáles son sus cometidos y poderes jurídicos. Al haber sido detallados cuidadosamente y en forma nítida, le otorga una capacidad de acción y de gestión autónoma muy importante en el marco de la Sección XI de la Constitución, pero contando con una definición clara de sus objetivos y poderes jurídicos, trae como consecuencia determinados conflictos, así como la restricción de la legítima autonomía de los Entes.

En el caso de los Bancos Centrales, el derecho comparado muestra que para que éstos cumplan su misión -si es que han de cumplirla- es esencial que gocen de una situación de independencia o, en nuestra terminología, de autonomía. Esto se consigue, por un lado, a través de la definición cuidadosa de los objetivos y de los poderes jurídicos, unido al régimen de los Entes Autónomos, que le da un poder de gestión propia muy importante dentro de la Constitución. Por otra parte, se puede incluir a la independencia por medio de la limitación del quántum o del monto de la asistencia financiera que el Tesoro podrá requerir al Banco Central. Si este organismo tiene una limitación en la asistencia que puede prestarle al Tesoro, los pedidos de éste podrán ser fácilmente contestados por el Directorio del Banco exhibiendo la limitación legal y, por lo tanto, quedando fuera de las posibles presiones -aun de naturaleza jurídica- que sobre él se pudieran plantear.

Otro elemento que podría reforzar la independencia, sería la forma de integración del Directorio, que fue un tema polémico en la Comisión.

La Comisión recomienda al Senado integrar el Directorio con cinco miembros, cada uno con ocho años de mandato y renovándose parcialmente cada dos años. De esta manera se aseguraría -en el caso de ser aprobada esta fórmula- que los directores no estén vinculados a una determinada situación política coyuntural y, al mismo tiempo, la situación política que le dio origen a esos miembros no quedaría esclerosada y congelada en el tiempo, sino que se iría modificando en el curso o desarrollo de los acontecimientos. Cabe destacar que sobre este punto hubo opiniones distintas en la Comisión: y este artículo fue aprobado por mayoría.

En resumen, la Comisión señala una serie de aspectos que justifican la sanción de este proyecto de ley. En primer lugar, cubre con un régimen orgánico, el vacío legislativo existente en materia de organización del Banco Central. En segundo término, completa la total cobertura del sistema financiero, o sea de las normas reguladoras del sistema de intermediación financiera. En cuanto al tercer punto, tiene una definición precisa de los objetivos del Banco y de los medios jurídicos para cumplirlos. En cuarto lugar, delimita, en forma adecuada, las relaciones de este Instituto con el Poder Ejecutivo. Por último, fortalece la independencia del Banco Central, aun cuando la mantiene celosamente dentro de los preceptos de la Sección XI de la Constitución.

A los efectos de completar los medios de control del sistema financiero, el proyecto crea un instrumento nuevo que es la Superintendencia de Intermediación Financiera. Este es un órgano desconcentrado del Banco Central que cuenta con una fuerte autonomía propia dentro del organismo y con competencias originarias. Por otro lado, hay que destacar que en los casos mayores, la capacidad sancionatoria depende del Directorio y las resoluciones de la Superintendencia son recurribles ante el mismo, de acuerdo con la Constitución. El derecho comparado también recoge este organismo que visualizamos de enorme importancia para asegurar la buena salud del sistema financiero. De nada valdría que hubiera normas sustantivas que rigieran la actividad de las instituciones de intermediación financiera, ni que el Banco Central emitiera normas de prudencia -tal como está autorizado por la Carta Orgánica- si ello no estuviera acompañado por un medio práctico, idóneo y funcional para vigilar el cumplimiento de esas disposiciones. Este es el objetivo que buscamos al proponer la creación de la Superitendencia de Intermediación Financiera.

Quisiera manifestar que en la Comisión hubo acuerdo en ubicar el capital del Banco en el entorno de los U$S 100.000.000, cuyo monto final será complementado por la Administración un vez que se realice el balance del estado patrimonial del Banco, en caso de que se sancione esta ley, y la diferencia será aportada por el Poder Ejecutivo. La Comisión resolvió que eso se hiciera al igual que con ciertas obligaciones del Estado con el Banco Central, o sea, por medio de la decisión del Parlamento, que señalará la forma y oportunidad en que se deben realizar estos aportes para complementar el monto de capital del Banco Central.

Otro punto en el que la Comisión buscó seguir un precedente y de esta manera solucionar cuestiones que en su momento habían sido polémicas y controvertidas, es el relacionado con las potestades de control o fiscalización del Banco Central sobre los institutos de naturaleza financiera del Estado, específicamente los Bancos de la República e Hipotecario así como también el Banco de Seguros del Estado, tal como lo discutimos los otros días a propósito de la Ley de Desmonopolización. El criterio seguido es el mismo que se adoptó con respecto a la ley modificativa del Régimen de Intermediación Financiera que fue elaborado por acuerdo político en la Cámara de Representantes, que el Senado ratificó. Esto se refiere a que si bien el Banco Central posee capacidad como para realizar inspecciones, dictar normativas, etcétera, no puede efectuar la aplicación de sanciones, sino que deberá dar cuenta al Poder Ejecutivo.

En cuanto al complejo tema de las relaciones entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, el criterio del proyecto es buscar que las mismas se canalicen por caminos de colaboración y cooperación a través de la información y mutuo conocimiento de los temas que se están tratando, de manera tal de alcanzar un buen entendimiento e inteligencia. Naturalmente, se pueden presentar situaciones de discrepancia y discordancia y, en este caso, se planteará la cuestión acerca de cómo se dirimen estas diferencias. El proyecto de ley no innova en ese sentido, sino que sencillamente se remita a la aplicación de la norma constitucional. Al respecto, lo puede hacer si el Poder Ejecutivo en cuenta que la conducta del Directorio del Banco Central es susceptible de observación, no ya por razones de legalidad, que es obvio sino de mérito. Por ejemplo, si el Poder Ejecutivo encuentra que la conducta del Directorio del Banco Central -cualquiera sea la composición de su Directorio- está siguiendo un curso de acción contradictorio al que considera adecuado en cuanto al cumplimiento de su responsabilidad primordial de asegurar la estabilidad de la moneda, por razones de mérito y de conveniencia podrá acudir al Parlamento, específicamente, a la Cámara de Senadores, de acuerdo al mandato constitucional, para buscar los correctivos del caso. Este que es nuestro sistema normal y habitual para los Entes Autónomos, resulta particularmente adecuado para este tipo de situaciones. Por otro lado, esta línea es la más utilizada en alguna de las formas más modernas de organización de bancos centrales, como por ejemplo la de Nueva Zelanda donde las diferencias que existen entre la rama ejecutiva y el Banco Central se dirimen a nivel del Parlamento.

Para culminar, deseo agradecer a los miembros de la Comisión por la forma constructiva en que han manejado el tema. Pese a algunas diferencias a las que he aludido en el informe, ninguno de los señores senadores miembros de la Comisión han expresado un voto discorde con el proyecto de ley. Por lo tanto, el proyecto de ley cuenta con la unanimidad de los miembros de la Comisión, con salvedades en algunos de los puntos específicamente planteados. Concretamente, en lo que se refiere al monto de la asistencia que el Banco podría prestarle a la Tesorería y a la integración de su Directorio.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Tiene la palabra el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Vamos a acompañar en general este proyecto de ley tal como lo hicimos en la Comisión de Hacienda integrada con Constitución y Legislación.

Quisiéramos hacer una breve reflexión general sobre el proyecto de ley, con el fin de poder resolverlo lo más rápidamente posible. Como la materia es muy técnica, entendemos que la votación en particular será relativamente difícil y, en ese sentido, los señores senadores que no formaron parte de la Comisión, legítimamente querrán examinar detalladamente el contenido de estas disposiciones. Por lo tanto, es bueno reservar tiempo para esta discusión.

En primer lugar, deseo expresar que estamos ante un proyecto de ley de capital importancia.

Personalmente no vacilo en identificarlo como uno de los proyectos de ley más importantes de esta 43 Legislatura, y no por el hecho de referirse a una institución como el Banco Central que fue creada hace 27 años y aún no cuenta con una Carta Orgánica -situación bastante difícil de explicar- sino porque como en estos tiempo se habla mucho de reforma del Estado, tampoco dudo en manifestar que esta iniciativa implica la reforma de un organismo importante del mismo.

SEÑOR CADENAS BOIX.- Apoyado.

SEÑOR ASTORI.- A nuestro juicio, en el balance general, es indudable que se trata de un proyecto de reforma positiva del Estado. Incluso, señor Presidente, me interesa destacar que con esta iniciativa queda demostrado que fuerzas político-partidarias que tienen concepciones diferentes sobre el Estado y su reforma, de todos modos pueden ponerse de acuerdo en aspectos importantes de la misma. En tal sentido, considero que este proyecto de ley de Carta Orgánica del Banco Central, reitero, está indicando que también hay espacios de acuerdo en materia de reforma del Estado. No obstante ello, lógicamente, como bien decía el señor miembro informante, tenemos algunos puntos de discordia -bueno fuera que no existieran- aunque los mismos no están referidos a la concepción general de este instrumento. Asimismo, me interesa señalar la tolerancia que reinó entre los miembros de la Comisión -en la que este proyecto fue objeto de un tratamiento bastante sui generis- lo que también marca una situación nueva a tener en cuenta en el futuro -ojalá en reiteradas oportunidades- cuando se traten temas que al mismo tiempo de ser trascendentales, sean polémicos en virtud de que encierran una discusión en la que todos quieren participar por la importancia del asunto a estudio.

Por otro lado, creo que estamos ante un proyecto de ley de suma importancia pero que, lamentablemente, llega un poco tarde, razón por la cual deriva nuestro apuro -y cuando digo esto me atrevo a representar a todos los miembros de la Comisión- en que el mismo sea aprobado, no sólo porque, repito, hace 27 años que estamos esperando esta Carta Orgánica, sino porque está en vigencia la Ley de Intermediación Financiera -la considero una muy buena norma aprobada el año pasado y transformada en ley- que tiene un agente que la debe poner en práctica y ese es, precisamente el Banco Central del Uruguay. La ley le atribuye cometidos, funciones y responsabilidades para los que este organismo aún no tiene un respaldo jurídico; más bien actúa de facto, en el buen sentido de la palabra, o basado en la vieja Carta Orgánica del Banco de la República, en el entendido de que es una prolongación de aquel viejo Departamento de Emisión, lo que entiendo también es una mala solución.

En consecuencia, queda claro que estamos operando con retraso y que el país necesita urgentemente esta ley. Personalmente, entiendo que hemos actuado a la inversa, porque primero aprobamos la Ley de Intermediación Financiera y recién ahora consideramos ésta, lo que evidentemente no hubiese sido lo más deseable, pero de todas formas ahora tenemos la posibilidad de remediar esa situación sancionando rápidamente esta iniciativa. Inclusive, recuerdo que hace muy poco tiempo en este Cuerpo se aprobó el proyecto de ley de desmonopolización de seguros que encarga la Superintendencia de instituciones de intermediación financiera que esta Carga Orgánica crea, lo que constituye una razón más para acelerar el trámite y sanear jurídicamente todo este proceso que hasta ahora solamente lo está en forma parcial.

Por otra parte, el señor miembro informante ya adelantó que este proyecto se inscribe en una orientación de independencia del Banco Central respecto al gobierno; se trata de una orientación que se ha venido intensificando en el mundo en los últimos años. Al respecto, debo decir que comparto esa dirección, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque entendemos que la materia monetaria es, entre las herramientas de la política económica, particularmente compleja desde el punto de vista técnico, y quizás sea la más difícil de entender en cuanto a lo que son sus vericuetos más específicos de funcionamiento y aplicación en la práctica. En segundo término, estamos de acuerdo con esta orientación porque se trata de una materia muy sensible a la sucesión de fuerzas político-partidarias en el gobierno. Asimismo, entendemos que, tal vez, además de la más compleja, sea la herramienta más sensible por razones que sería largo de exponer aquí y que no quiero detallar porque estaría contradiciendo el objetivo de que esta sea una breve exposición. Por lo tanto, y en virtud de esa doble razón -complejidad técnica y alta sensibilidad- no es malo que esta materia de regulación monetaria se vaya alejando lo más posible de las peripecias gubernamentales, es decir, de las fuerzas que se suceden cada tanto en el ejercicio de la conducción del país.

No obstante lo expuesto, señor Presidente, en mi modesta opinión sería un gran error copiar textualmente las experiencias que viven los países altamente desarrollados, que están en este camino de independencia bancocentralista, también en forma muy avanzada. Particularmente, me refiero a Alemania, que es el caso paradigmático que orienta e inspira esta posición sobre el tema que tenemos a estudio. Debemos tener en cuenta que antes de que estos países alcanzaran la estabilidad monetaria que hoy ostentan -si bien tiene sus propios problemas, distintos a los nuestros- ya habían logrado una estabilidad económica muy sólida en base a un crecimiento vertiginoso que superó con creces al nuestro, debido a un avance tecnológico formidable y a una gran acumulación de capital. Esa estabilidad económica está en los cimientos de la estabilidad monetaria, por lo que en esos países es perfectamente entendible que el Banco Central -incluso en el marco de una experiencia de integración tan importante como la europea- se independice en forma casi radical de los gobiernos que se suceden en el poder. Evidentemente, esa no es la situación de países como el Uruguay, ya que además de estar muy lejos de alcanzar la estabilidad monetaria, todavía, desafortunadamente, estamos muy lejos de alcanzar la estabilidad económica, el crecimiento sólido y el progreso técnico que hoy muestran la mayoría de los países europeos y, en particular, éste que ha hecho punta en materia de modernización de la banca central. Digo esto porque si se copiara textualmente el modelo de los países avanzados -como en el texto original del Poder Ejecutivo- le estaríamos amputando al Ministerio de Economía y Finanzas -a nuestro juicio cabeza indiscutible del equipo económico- herramientas muy importantes de influencia en la realidad económica. A nuestro entender, en los casos de países como el Uruguay en los que todavía hay bastante por hacer no sólo en materia de estabilidad monetaria sino en cuanto al crecimiento económico, al desarrollo productivo y al progreso técnico, es conveniente que la cabeza del equipo económico tenga el más amplio panel de instrumentos que resulte posible, incluido el monetario, para utilizarlos como entienda pertinente.

Por eso no compartimos la versión original del Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que, desde este punto de vista, casi resultaba, por decirlo de alguna manera, una copia textual del modelo más avanzado, porque le asignaba al Banco Central cometidos que a nuestro juicio, por un tiempo, debe seguir teniendo el Ministerio de Economía y Finanzas.

No afirmo que en un futuro -y esto lo digo a título personal- que ojalá sea cercano para el Uruguay, podamos tener un modelo de banca central más independiente, y lo digo sin temor a ningún debate sobre el punto. No dudo de que esta sea una Carta Orgánica que rija durante un cierto lapso, que habrá de ser sucedida por otra quizás todavía más independiente en materia de concepción bancocentralista. Sin embargo, creo que el Uruguay aún no está preparado para esta propuesta maximalista -llamémosle así- desde el punto de vista de la independencia. Pienso que si nuestro país cometiera el error de asumir esa postura maximalista, experimentaría trastornos graves que se traducirían en disidencias permanentes entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central y que luego tendrían que ser resueltas por este Cuerpo. Sinceramente, no creo que el Senado de la República, en las actuales circunstancias que vive el país, debe dirimir diferencias de política económica interna del gobierno; no estoy hablando de este gobierno, sino en general del Poder Ejecutivo que conduce los destinos del país, ya se trate de éste, el que vendrá a partir del 1º de marzo de 1995 o el subsiguiente.

En mi humilde opinión, necesitamos transitar todavía unos años -espero que no sean muchos- para que el Uruguay se vaya transformando económicamente, pueda alcanzar condiciones de crecimiento sólido, logre la estabilidad económica, no sólo la monetaria, y se plantee a sí mismo un mayor grado de independencia de la autoridad monetaria, es decir, del Banco Central del Uruguay.

Hoy en día, considero que son mucho más aconsejables las propuestas de transición. Entre la nada, que es lo que tenemos ahora o la actuación de facto -porque no hay respaldo jurídico para ella, y sí el respaldo de la Carta Orgánica del Banco de la República- y aquella situación de independencia total, hay pasos intermedios que son, reitero, los que a mi juicio resultan más prudentes, aconsejables y beneficiosos en la actual situación del Uruguay.

Señor Presidente: creo que desde esta perspectiva -que para mí es la fundamental, porque en esta Carta Orgánica hay una cantidad de materias importantes que detalló el miembro informante y sobre las cuales no voy a volver- existe un corazón, que son los cometidos del Banco Central. ¿Para qué tenemos un Banco Central? Desde este puntos de vista, la Comisión llegó a un acuerdo que valoro muy positivamente. No escapará a la atención de los integrantes del Cuerpo que entre decir -como afirmaba el proyecto original- que el Banco Central diseñará y aplicará las políticas monetaria, cambiaria, y crediticia y establecer que el Banco Central aplicará los instrumentos monetarios, crediticios y cambiarios necesarios para le cumplimiento de sus finalidades, hay una diferencia absolutamente sustancial. En ese sentido, desaparece de esta iniciativa el concepto de diseño de política. En materia de economía se entiende que quien diseña una política define sus objetivos y las herramientas que va a utilizar. Decir en una Carta Orgánica del Banco Central que ese diseño se le encomendaba a dicho Banco, era lo mismo que afirmar que se le sacaba ese cometido al Ministerio de Economía y Finanzas. La solución encontrada fue establecer que se aplicarán los instrumentos monetarios, cambiarios y crediticios -que fue una propuesta del miembro informante- y creo que resultó de recibo para todos los sectores, ya que fue aprobada por unanimidad. Pero aquí quiero destacar el hecho inusual de que hablaba hace unos minutos. Es la primera vez que me ocurre que, habiendo perdido una votación en general en una Comisión y en forma solitaria -porque si no recuerdo mal, el resultado fue de cinco a uno- se le reconsideró y se la postergó para después de procesada la discusión particular, a fin de ver si a través de las soluciones específicas podíamos llegar a un acuerdo que permitiera una votación en general unánime, como efectivamente ocurrió.

Quiero destacar este hecho y reitero que es mi primera experiencia en este sentido, porque nunca me había ocurrido. Quiero agradecer a los colegas de la Comisión que esto haya sucedido porque, entre otras cosas, se debió a la aceptación de esa propuesta por parte de ellos. Me parece que se percibió que el argumento de no amputar instrumentos fundamentales al ministerio de Economía y Finanzas, como cabeza indiscutible del equipo económico, fue de suficiente fuerza como para que pudiéramos llegar a esta solución de consenso en la Comisión. A nuestro juicio, este es el elemento que hoy nos habilita a votar en general el proyecto de ley, aunque con salvedades que luego expondremos en sala y que básicamente se refieren a dos puntos fundamentales, que también fueron adelantados en el muy completo informe del miembro informante, por lo menos desde nuestro punto de vista. Estoy haciendo alusión, concretamente, al Directorio y al crédito del Banco Central al sector público. Pero ya habrá tiempo de discutir estos puntos. Sólo quiero agregar que también en esos planos, aunque con una importancia incomparablemente menor, se define qué grado de independencia se le da al Banco Central. Por eso tenemos salvedades y discordias, que habremos de plantear en su momento.

En muy resumidas cuentas, estos son los temas que nos gustaría analizar en la discusión en particular. También queremos dejar la constancia de cuáles son los argumentos por los cuales habremos de votar afirmativamente en general este proyecto de Carta Orgánica del Banco Central.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter R. Santoro).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA.- De acuerdo con el compromiso que asumimos los miembros de la Comisión de Hacienda integrada en su última sesión, procuraré ser muy breve. Declaro que este propósito me lo facilitan las exposiciones anteriores, en particular, la del miembro informante, señor senador Blanco que, además, en su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda realizó en el Senado un planteo objetivo del trabajo y de los logros de la Comisión , de los alcances de este proyecto de ley, y hasta del clima de trabajo, que es el aspecto al que quiero referirme en primera instancia. En ocho años y medio en el Parlamento y habiendo tenido un trabajo en Comisiones bastante intenso, sólo en dos o tres oportunidades rescato esa labor que a uno lo entusiasma y lo tonifica, donde todos los miembros de la Comisión -que obviamente en la mayoría de los casos tenemos discrepancias que son el producto natural de las diferentes concepciones que sostenemos ante la ciudadanía y en función de las cuales determinados sectores de la población nos otorgan su representación- sentimos que estamos cumpliendo una labor en la que, como se atiende al interés general en su expresión más pura, el esfuerzo se realiza colectivamente en la búsqueda de las mejores soluciones.

Incluso, hasta las discrepancias se procuran dejar de lado por la vía de soluciones que se van consensuando en el curso de las liberaciones.

Recuerdo el trabajo que cumplimos en la Cámara de Representantes sobre la Ley de Sociedades Comerciales junto a mi recordado amigo Martín Sturla, al representante Daniel Lamas y a los profesores de derecho comercial y, en particular éste que llevó a cabo la Comisión de Hacienda integrada para lo cual contó con el aporte realmente invalorable del ex vicepresidente del Banco Central del Uruguay, doctor Daniel Hugo Martins, y asesores de esa Institución, quienes no sólo nos dieron sus valiosos puntos de vista, sino que, además, colaboraron con nosotros para lograr una mejor redacción sobre los textos legales. Realmente éste fue un trabajo legislativo de los que uno sale reconfortado y deseo dejar expresa constancia de ello, porque se trató de una labor cumplida a partir de un proyecto elaborado por el propio Banco Central que no vacilo en calificar como excelente, más allá que hayamos tenido discrepancias con alguna de las soluciones propuestas. Incluso, en el seno de la Comisión se introdujeron modificaciones de mucha importancia, pero lo cierto es que el punto de partida fue un anteproyecto que el Poder Ejecutivo hizo suyo y que fuera elaborado por el Banco Central respondiendo a un trabajo de gran valía técnica que nos da la tranquilidad -tal como lo hemos señalado en el debate de la ley sobre desmonopolización de seguros- de saber que el país cuenta en esa Institución con un conjunto de funcionarios de primerísimo nivel y que todos sabemos preservar.

El propósito que guía este proyecto de ley -compartido además por toda la Comisión- es el de consagrar a través de la Ley Orgánica del Banco Central -éste fue creado en 1967 y hasta ahora no la había tenido- un grado de independencia que parece imprescindible en una Institución que cumple los cometidos que normalmente tiene éste y cualquier otro banco central. Precisamente esa búsqueda de independencia de la que se pretende dotar a este banco, está razonablemente equilibrada en el texto que viene a consideración de la Cámara de Senadores con la preservación -como con otras palabras también lo decía hace un momento el señor senador Astori- para el Poder Ejecutivo, de las facultades que éste tiene en materia de conducción o dirección de la política económica. Por lo tanto, queda claro, a través de este proyecto de ley, que la dirección de la política económica sigue siendo una facultad, una competencia, una responsabilidad del Poder Ejecutivo. En este sentido, la mención que se hacía sobre la modificación que se introdujo luego de un muy rico debate de la Comisión -precisamente la propuesta del señor senador Blanco- en el literal b) del artículo 7º, creo que es indicativa por sí sola y para todo el proyecto en cuanto al grado de razonable equilibrio que para la actual coyuntura de nuestro país éste logra ente ese propósito compartido por todos en lo que tiene que ver con la independencia del Banco Central, y la preservación de la dirección de la política económica para el Poder Ejecutivo. Tal como se señaló hace un momento, este proyecto, de acuerdo a la redacción que traía del Banco Central y del Poder Ejecutivo, establecía que entre los cometidos o atribuciones del Directorio del Banco estaba el de diseñar y aplicar la política monetaria, crediticia y cambiaria. Posteriormente, y después de una larga deliberación que contó incluso con la participación del señor vicepresidente del Banco Central y de los asesores de la Institución que estuvieron de acuerdo con ello, se llegó a una solución adoptada por unanimidad mediante la cual el texto establece que es competencia del Banco Central la aplicación de aquellos instrumentos de política económica, monetaria y crediticia necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales de éste, entre los que se cuenta, fundamentalmente, el de asegurar la estabilidad de la moneda nacional.

En consecuencia, creo que estamos ante un buen proyecto de ley que se ubica dentro de esas normas legislativas que el país debe tener, en el entendido de que éstas le sirven al actual y a los futuros gobiernos, cualquiera sea su signo político.

SEÑOR ASTORI.- Apoyado.

SEÑOR CASSINA.- Ahora, por la vía de la ley se estarían afirmando los cometidos, los poderes jurídicos y la vida futura de una institución tan importante para el país como es el Banco Central del Uruguay.

Nosotros, señor Presidente, no queremos insistir en otros aspectos del proyecto de ley, porque entraríamos a reiterar conceptos ya expresados por el miembro informante y el señor senador Astori que, además, compartimos. Sin perjuicio de ello, señalamos que hemos firmado -a pesar de aprobar en general este proyecto y la abrumadora mayoría de las disposiciones- con salvedades, porque discrepamos con una solución que se estableció en Comisión por mayoría, en relación con el monto de los adelantos al Estado que el Banco Central queda facultado a hacer. Estoy hablando de la disposición del artículo 55 en donde creemos que si bien el criterio fijado por la mayoría de los colegas en Comisión puede ser razonable para un futuro no mediato ni inmediato, sino a largo plazo, a un país con un nivel de estabilidad y crecimiento económicos como el que hoy no tenemos, pensamos que es necesario darle, en lo que hace al crédito del Banco Central, soluciones más flexibles que las que se han consagrado en Comisión.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-Por nuestra parte, somos partidarios de la solución que está vigente por imperio de una Ley Presupuestal del año 1964, pero en caso de no existir mayoría, nos inclinamos por la propuesta del propio Directorio del Banco Central y del Poder Ejecutivo que limitaba los adelantos al Estado en un porcentaje fijado en un 10% sobre el monto del Presupuesto General de Gastos.

El otro aspecto, que seguramente es polémico, está referido al artículo 14, que habla de la integración y el mandato del Directorio. Creo que opinamos unánimemente en cuanto a que el número de directores del Banco debe ascender de tres -como está integrado actualmente- a cinco. Parece razonable que una entidad que tiene cometidos y poderes jurídicos de tanta trascendencia posea un número de directores que no la sujeten a las contingencias que crea la necesaria integración -como ocurre actualmente- cuando falta un director o tiene que viajar en cumplimiento de obligaciones internacionales. En cambio con un Directorio más numerosos -como es lo corriente en el caso de los Entes Autónomos y en otros países- estas necesidades de integración no se plantearán. Además, somos decididos partidarios de la solución propuesta en el proyecto de ley original, por la cual el mandato de los directores es de ocho años, porque queremos contribuir de esta forma a una mayor independencia del Banco Central de la gestión de cada gobierno. A este respecto se nos ha opuesto un argumento de carácter jurídico muy respetable por el cual, conforme a lo que resulta de los textos constitucionales, el mandato debe ser de cinco años, coincidente con los períodos de gobierno. En este sentido, decimos con toda lealtad que no dudamos de que en el ánimo del constituyente estuvo la idea de que los mandatos fueran similares a los períodos de gobierno; sin embargo, ello no está plasmado en la letra de la Constitución y siendo así, deseamos contribuir a una mayor autonomía del Banco Central con respecto al gobierno, al poder político, por la vía de otorgar a sus directores un mandato mayor. Este, naturalmente, está sujeto a la posible revocación, de acuerdo a las normas constitucionales que facultan al Poder Ejecutivo y al Senado a sancionar hasta con la destitución a aquel director o Directorio que no actúe correctamente. Consideramos que en este aspecto del mandato del Directorio existe un elemento relacionado con la reforma del Estado -tema sobre el cual hemos hablado durante mucho tiempo en el país- que para nosotros es de capital importancia. Siempre que hemos discutido sobre la reforma del Estado expresábamos que desde nuestro punto de vista, más que trabajar sobre los aspectos de la propiedad del Estado, de determinadas empresas o actividades públicas, lo importante es reformar la gestión del mismo y volverla eficaz, procurando despolitizarla y hasta despartidizarla.

Es por estas razones que apoyamos la solución de que los directores tengan un mandato de ocho años, el cual se renovará parcialmente, sin perjuicio que los miembros del primer Directorio tendrán mandatos diferentes para permitir la renovación de un tercio del mismo cada dos o tres años.

De esta forma, el Banco Central adquirirá una característica muy particular dentro de lo que son los Entes Autónomos del país que, a nuestro juicio, debe poseer para que esté dotado de independencia sin perjuicio, reitero, de mantener en el Poder Ejecutivo la dirección de la política económica.

Por último, deseo expresar nuestro reconocimiento al ex-vicepresidente del Directorio del Banco Central y a los asesores de la Institución por la valiosísima colaboración prestada a la Comisión, como también a los compañeros de ese grupo de trabajo, porque de alguna manera su esfuerzo nos permitió participar de una labor que fue realmente gratificante.

Con la salvedades expresadas, señalamos nuestra disposición de acompañar en general este proyecto de ley, así como también en particular la casi totalidad de sus disposiciones.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Muy brevemente deseo hacer algunas reflexiones sobre la formulación de la Carta Orgánica del Banco Central, sin pretender complementar la exposición del señor miembro informante, que ha sido lo suficientemente amplia como para que quedaran bien explicados la metodología, los acuerdos y el significado del trabajo efectuado.

En nombre del Herrerismo, deseo declarar nuestra conformidad con la forma en que se ha trabajado, así como con el resultado final alcanzado. En ese sentido, quiero mencionar que si bien es verdad que se introdujeron modificaciones significativas a algunos de los artículos del proyecto de ley, la sustancia del mismo se mantiene, tal cual -como creo es justicia marcarlo- lo expresó el Poder Ejecutivo a través de su iniciativa. No es mi intención reivindicar originalidades, porque en este caso en la mayoría de los artículos del proyecto de ley se ha conseguido la unanimidad de los votos, tanto con respecto al sustitutivo, como al original. Además la Comisión ha trabajado en forma armoniosa con los representantes del Banco Central.

Como ya se ha manifestado, este es uno de los más importantes proyectos de ley que esta legislatura seguramente va a aprobar. Es trascendente desde el punto de vista que señala un nuevo rumbo en la forma de relación entre las instituciones de nuestro país, haciéndolo "a la uruguaya", solución que otros países ya se ha encontrado.

Considero que en la búsqueda del proceso de estabilización de nuestro sistema económico este tipo de instrumentación es imprescindible, porque no podemos pretender correr una carrera sin estar íntegramente preparados para ello. Asimismo, debemos dotar a nuestros sistemas productivo, financiero y económico de los instrumentos que, como esta Carta Orgánica del Banco Central, le permitan armonizar las relaciones entre los diferentes Poderes.

Dentro de lo que se puede denominar el programa de reforma del sector financiero, se define como objetivo mejorar la eficiencia y la competitividad y asegurar la estabilidad y la transparencia de las instituciones del sistema. Estas metas tienden a otorgar al sistema económico la posibilidad de que se desarrollen empresas de intermediación financiera más eficientes, con el consecuente beneficio para los usuarios de las mismas. Además, se busca minimizar los costos y la producción de riquezas -aun dentro de este sistema que, en primera instancia, parecería no identificarse como típicamente generador de bienes -para alcanzar la estabilización en forma definitiva y proceder a nuestro desarrollo. Esta modernización de las relaciones entre los sectores de la actividad económica se puede traslucir mediante la búsqueda de la independencia del accionar del Banco Central del Uruguay y de la constatación de un mayor nivel jerárquico para ese accionar.

Es de destacar, asimismo, como ha sido planteado anteriormente, la creación de la Superintendencia de Instituciones de intermediación financiera, que tendrá como cometidos la supervisión y la fiscalización de las instituciones que integran el sistema. Este es uno de los elementos básicos recogidos del proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo, al igual que la definición de competencias y el instrumental otorgado al Banco Central del Uruguay en forma precisa a los efectos de facilitar su accionar.

Es verdad que se ha modificado en cierta medida -en algunos casos sustancialmente- la definición de las atribuciones del Banco Central, pero se cumple estrictamente con el sentir que reflejaron en la Comisión todos los sectores políticos en ella representados, en cuanto a dotar al Banco de independencia técnica y política y darle un mayor nivel jerárquico. Este nuevo marco legal con que contará el Banco Central del Uruguay a partir de su promulgación -suponemos que el trámite será rápido- no nos pondrá a la vanguardia sino que nos va a permitir sumarnos a la evolución que están teniendo en todo el mundo las instituciones bancarias.

La creación del Banco Central del Uruguay por la Constitución de 1967 obedeció en aquella época a un "aggiornamento", una puesta al día de la forma de organizar nuestro sistema financiero.

Para el Herrerismo es una satisfacción que una iniciativa, con la trascendencia de la que estamos a punto de votar en esta sala, cuente con mayorías tan amplias y con consensos que provienen de todas las tiendas políticas. Cuando se trata de temas como el que nos ocupa en este momento, que tiene que ver con la estabilización definitiva de nuestra sociedad por medio del fortalecimiento de sus instituciones y de la búsqueda de generación de mayores riquezas, a través de la interacción de todos los sectores que intervienen en ello, es satisfactorio constatar que prima la responsabilidad y triunfa la razón. Por eso queremos expresar nuevamente nuestra conformidad -como decíamos al iniciar nuestra breve exposición- en cuanto a la forma en que se trabajó y al producido de esta labor.

SEÑOR ZUMARAN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN.- Ratifico todo lo que han expresado los compañeros de Comisión que han hecho uso de la palabra precedentemente con respecto a la satisfacción con que se encaró este trabajo, los resultados que se obtuvieron y, especialmente, la colaboración del Banco Central en la persona de su ex vicepresidente y un calificado grupo de asesores de muy alto nivel que permanentemente estuvieron a disposición de la Comisión para ayudar en esa tarea legislativa.

Simplemente, deseo dejar dos constancias. La primera de ellas se refiere a la satisfacción de que el Banco Central del Uruguay pueda contar con una ley orgánica. Es algo increíble que estando dicha institución en funcionamiento desde el año 1967 -es decir, desde hace 26 años- lo haya hecho sin una ley orgánica propia y debiendo remitirse a las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco de la República. Siendo la principal autoridad bancaria y monetaria del país, no es correcto que durante un cuarto de siglo dicha institución haya actuado sin una ley orgánica propia. Pensamos que quizás corresponda a esta legislatura -si obtenemos la sanción de esta ley aquí y también en la Cámara de Representantes- terminar con esta situación que, evidentemente, es anómala.

El otro punto que deseaba mencionar, que fue sobre el que más tuvimos que meditar en estos meses, es el relativo a la obtención de un equilibrio entre la necesaria independencia o autonomía -como siempre se ha dicho en nuestra jerga constitucional y administrativa- del Banco Central del Uruguay en relación con los poderes políticos, especialmente el Poder Ejecutivo, pero también el Parlamento, y la necesidad de que no se transforme en un centro que produzca un desequilibrio entre las relaciones de Poderes que hay en el país. En esa tensión, la Comisión estuvo "navegando" durante todo este período.

Pensamos, señor Presidente -y por eso hemos dado nuestro voto afirmativo- que el proyecto logró un equilibrio razonable con respecto a esta difícil tensión. Sin embargo, admitimos que pueda pedirse una mayor autonomía o independencia para el Banco Central, así como también que se exija que quien ejerce el gobierno del país -o sea el Poder Ejecutivo- y las mayorías parlamentarias que lo respaldan, puedan tener una incidencia mayor en la dirección de temas tan importantes como el de los cometidos del Banco Central, principalmente en lo que tiene relación con las políticas monetarias y cambiaría.

De esta manera, puede ocurrir que un partido gane las elecciones y se encuentre con un Banco Central con tal autonomía que sus decisiones no estén de acuerdo con las orientaciones que desea imprimir el Poder Ejecutivo. Tampoco parece prudente poner la moneda del país y su tipo de cambio, al arbitrio de quienes ganen las elecciones o quienes tienen mayorías, que siempre son transitorias. De hecho, este dilema político con que se enfrentó la Comisión de Hacienda integrada del Senado, también lo han sufrido otros países del mundo. Es conocida la reiterada experiencia de los últimos dos ex presidentes norteamericanos, que debieron enfrentarse a la Reserva Forestal bajo una conducción contraria a lo que ellos querían.

En estos tiempos, también se ha puesto como paradigma de organización al Banco Central alemán, el Bundesbank. No sé si hoy, luego de lo que ha ocurrido con las monedas europeas, se pueda seguir con este ejemplo, ya que ese banco ha demostrado independencia no sólo frente al gobierno alemán, sino a todos los países de la Comunidad Económica Europea; puso de rodillas no a su Majestad la Reina, pero sí al primer ministro británico, al primer ministro italiano y al primer ministro francés. Asimismo desoyó el clamor que se levantó para que esa institución redujera las tasas de intereses y le evitara a Europa la corrida monetaria que tuvo hace apenas unas semanas. El Banco Central alemán no prestó atención y siguió adelante.

En la Comisión narré una anécdota que quiero relatar al Senado, porque me parece que es algo más gráfico que leer un tratado. Personalmente, me encontraba en una recepción diplomática -a los colegas les consta que voy a muy pocas- y estaba conversando con el embajador alemán y el embajador italiano, acreditados en el país. Al traerse a colación ese tema de coyuntura, de oportunidad, se comentó el cambio que en esos días había ocurrido en el gobierno italiano. Se manifestó que al caer el primer ministro, se fue a buscar al presidente del Banco Central italiano para que sacara al país de la crisis y ejerciera el gobierno. Entonces, el embajador alemán, con una sonrisa, dijo que en Alemania no se precisaba nombrar al presidente del Banco Central como primer ministro para que fuera quien gobernara la nación.

Me parece que, aparte del humor manifestado por el señor embajador de Alemania, esta anécdota representa muy gráficamente la situación.

Tratamos que eso no ocurriera, para que en el Uruguay no se dijera que, después de aprobado este proyecto, no era necesario colocar al presidente del Banco Central en la jefatura de gobierno para que efectivamente fuera el mandatario de nuestro país. Sin embargo, buscamos la existencia de mecanismos que aseguraran la independencia del Banco Central y que le permitieran formular observaciones al gobierno en cuanto a los temas de competencia.

Entonces, este es un capítulo abierto que no va a ser cerrado por el trabajo de la Comisión ni por el proyecto en consideración. Aunque el Senado acompañe otro tipo de decisiones, seguirá siendo un capítulo abierto porque es muy difícil en esta materia lograr una verdad absoluta, revelada y aceptada por todos los sectores de opinión. En esto hay tendencias. Evidentemente, la fuerte independencia del Banco Central alemán cuenta con el beneplácito de buena parte de la doctrina. Además, la experiencia que en ese mismo sentido recogió el Banco Central de Chile -que se inclinó por la solución de dar una gran independencia a la institución- también ha cosechado buenos comentarios en la prensa y en la doctrina. Por lo tanto, al país están llegando todas estas tendencias que tratamos de mitigar en cierta forma, buscando el necesario equilibrio que debe existir en esta materia.

En consecuencia, señor Presidente, en una arquitectura que es muy difícil y opinable, creo que este proyecto da al Banco Central una suficiente dosis de autonomía y preserva al país de un poder excesivo en dicha Institución que haga inútiles los esfuerzos del gobierno electo popularmente -o que lo sustituya- en las decisiones últimas de la política económica. A mi juicio, éstas siguen siendo responsabilidad de los gobernantes electos por el pueblo, quienes deben comparecer a dar cuenta de sus actos en la contienda electoral.

Con estos comentarios, señor Presidente, y reiterando que hago mías las palabras pronunciadas por los compañeros de Comisión que expusieron su posición anteriormente, pongo punto final a mis comentarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 EN 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: como es sabido, fueron oportunamente repartidos tres proyectos de ley que integraron el orden del día de la última sesión del Senado y que cuentan con la aprobación de la Cámara de Representantes. El primero de ellos refiere al equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas; el segundo, se relaciona con la adquisición de una red meteorológica automática para la Dirección Nacional de Meteorología y, el último, trata sobre adquisiciones para el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. En estos textos se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar determinadas inversiones en las adquisiciones que hemos señalado con fondos provenientes de un acuerdo oportunamente celebrado por el país con el Reino de España.

Concretamente, proponemos que se declaren urgentes y se pase a analizarlos de inmediato.

7) CALENDARIO DE LIQUIDACIONES Y PAGOS DE LOS APORTES RURALES REFERIDOS EN LA LEY Nº 15.582. Se faculta al Poder Ejecutivo para determinarlos. Proyecto de Ley.

SEÑOR OLASCOAGA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLASCOAGA.- Señor Presidente: solicito que se declare urgente y se trate de inmediato un proyecto de ley que cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes, por el que se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el calendario de liquidaciones y pagos de los aportes rurales referidos a la ley Nº 15.852.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: fuimos consultados por el señor senador Olascoaga a los efectos de plantear el tratamiento urgente de este último proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia interpretó que el señor senador iba a pedir la aclaración de urgencia de otro proyecto.

SEÑOR ASTORI.- No, señor Presidente; iba a emitir opinión sobre este punto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Eso no puede hacerse, porque el literal B) del artículo 66 del Reglamento expresa: "No admiten discusión, pudiendo fundarlas los mocionantes sólo durante cinco minutos, las siguientes cuestiones de orden". A su vez, en su numeral 5 se hace referencia a la declaración de urgencia.

Por lo tanto, lo lamento pero no se puede opinar sobre este asunto.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para referirme a un problema de procedimiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que se vote, por un lado, la declaración de urgencia del primer paquete de proyectos y, por otro, la del texto a que hizo mención el señor senador Olascoaga.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, se va a votar si se declara urgente la consideración de los tres proyectos a que hizo referencia el señor senador Santoro.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

Corresponde votar ahora si se declara urgente la consideración del proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el calendario de liquidaciones y pagos de los aportes rurales referidos en la ley Nº 15.852.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) ADQUISICION DE UNA RED METEOROLOGICA AUTOMATICA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE METEOROLOGÍA. AUTORIZACION AL PODER EJECUTIVO PARA DESTINAR UNA PARTIDA AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A TALES EFECTOS. Proyecto de Ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el "Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a destinar una partida al Ministerio de Defensa Nacional a los efectos de la adquisición de una red meteorológica automática para la Dirección Nacional de Meteorología. (Carp. Nº 1202/93 -Rep. Nº 661/93)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1.202/93
Rep. Nº 661/93

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 5:000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar la adquisición de una red meteorológica automática.

Artículo 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo del Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.

Artículo 3º.- Facúltese, a esos efectos, a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de julio de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio Catalurda Secretario

INFORME

Al Senado:

Por el proyecto de ley, que con media sanción legislativa, debe proceder a considerar el Senado, se procura autorizar al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional una suma de hasta U$S 5:000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) para la adquisición de una red meteorológica automática para la Dirección Nacional de Meteorología, con los mayores adelantos técnicos, sin que necesite incremento de personal para su atención, que permitirá cumplir con las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para la Mitigación de los Desastres Naturales -inundaciones y sequías- y tener capacidad de respuesta para todos requerimientos que en la parte técnica se formulen.

Los fondos para estas adquisiciones son provenientes del crédito concedido por el gobierno del Reino de España, cuyas condiciones favorables para el país son de pública aceptación.

Sala de la Comisión, 16 de agosto de 1993.

Walter Santoro (Miembro Informante), Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, Carlos A. Cassina (Discorde por los fundamentos que expresará en Sala), Gustavo Ferrés Pacheco, Raumar Jude, José Korzeniak (Discorde por los fundamentos que expresará en Sala), Senadores.


PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 8 junio 1993

SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir, adjunto al presente Mensaje, un proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional, la suma de hasta U$S 5:000.000 (cinco millones de dólares estadounidenses), con fondos provenientes de un crédito concedido por el gobierno de España, a efectos de la adquisición de una red meteorológica automática para la Dirección Nacional de Meteorología.

En la actualidad la información que se brinda a la comunidad es generada en veinticinco centros regionales, la mayor parte de los cuales fueron como consecuencia del Acuerdo de Cooperación Técnica celebrado en 1968 con la Organización Meteorológica Mundial. Dicha información es posteriormente procesada y difundida para fines múltiples.

El avance tecnológico en la materia así como la creciente demanda de información en el sector del quehacer nacional hacen necesario una mayor capacidad de respuesta a efectos de asegurar la debida confiabilidad y oportunidad de dicha información.

La red que se pretende adquirir reúne los requerimientos anteriores, dado que no sólo está diseñada como de última generación sino que además su automaticidad de manejo produce mayor cantidad de datos meteorológicos y climatológicos y puede ser operada sin incremento alguno de personal especializado.

Con la adquisición que se proyecta, nuestro país cumple con las recomendaciones de la Asamblea General de las NN.UU. que oportunamente dispusiera un llamado a la comunidad internacional para el último Decenio del Siglo XX destinado a la Mitigación de los Desastres Naturales, (manejo de inundaciones y sequías, entre otros) en cuanto al fortalecimiento de las redes meteorológicas internacionales, y en particular a la aportación de datos con el debido rigor científico, que otorgue una capacidad de respuesta aun más eficiente y se constituya en elemento dinamizador de la labor socio-económica de la Nación.

En atención a las razones explicitadas en cada caso se considera imprescindible y urgente la provisión del equipamiento propuesto, por lo que se solicita de ese Cuerpo, una rápida sanción del proyecto.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Gonzalo Aguirre Ramírez VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Mariano R. Brito, Gustavo Licandro, Juan Andrés Ramírez.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 5:000.00 (cinco millones de dólares estadounidenses), con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar la adquisición de una red meteorológica automática.

Artículo 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo del Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.

Artículo 3º.- Facúltese, a esos efectos, a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Mariano R. Brito, Gustavo Licandro, Juan Andrés Ramírez".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO.- No creemos que sea necesario proceder a informar sobre este texto, ya que en el repartido constan los datos consiguientes. Además, este proyecto mereció la aprobación de la Cámara de Representantes.

Corresponde sí señalar que los fondos para dicha adquisición provienen de un Acuerdo oportunamente suscrito por el Uruguay con el Reino de España. Además, las compras que se autorizan están plenamente justificadas porque tienen por objeto colocar a nuestro país en condiciones de utilizar una tecnología que ya es imprescindible en todo el mundo para el trabajo en materia meteorológica.

En este sentido, creemos que las razones están más que justificadas. Asimismo, el gasto es relativo, ya que se trata de U$S 5:000.000 provenientes de un préstamo concedido, como señalé, por el Reino de España. O sea que las razones para fundamentar esta solicitud son fácilmente comprensibles.

SEÑOR CASSINA .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA.- Señor Presidente: con su tolerancia y la de los colegas voy a realizar una brevísima referencia -con el ánimo de volver lo más rápidamente posible al tratamiento del proyecto de Carta Orgánica del Banco Central- a los tres proyectos de ley tratados recientemente en la sesión de la Comisión de Defensa Nacional integrada con tres miembros de la de Hacienda, entre los que figuraba quien habla.

En la Cámara de Representantes nos hemos opuesto a la sanción de estos proyectos y vamos a mantener esta posición en el Senado. Más allá de la necesidad de cumplir con los propósitos que se persiguen con estas iniciativas del Poder Ejecutivo, creemos que -y es paradigmático el caso del Hospital Central de las Fuerzas Armadas- es necesario examinar este tema en la oportunidad en que consideremos, con la generalidad del caso, las diferentes necesidades de todos los servicios públicos. Considero que no debemos actuar aisladamente en función de determinados requerimientos, dejando de lado otros que son de la misma o aun de mayor urgencia. Aclaro que aquí no se trata de jerarquizar las necesidades de unos y otros sectores. Por ejemplo, en materia de Salud Pública, pensamos que debemos abocarnos a un examen -a través de las leyes presupuestales- de aquellas necesidades más apremiantes. Me refiero a la Salud Pública oficial que es atendida por el Ministerio de Salud Pública, así como a lo que suele denominarse, con cierta impropiedad, Sanidad Militar y Sanidad Policial.

Si bien consideramos necesarias las mejoras a introducir en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y en otros servicios de ese ámbito con los recursos provenientes de este préstamo del Gobierno de España -del que ya hemos destinado parte a la reparación de un buque escuela de la Armada Nacional- creemos que es preciso realizar un examen detenido de los requerimientos que el país tiene en todas estas áreas. Debemos tener en cuenta las necesidades que existen dentro y fuera del ámbito militar, para guardar la urgencia de las mismas y asignarles en forma equitativa los escasos recursos de que disponemos.

En consecuencia, no estamos de acuerdo con esta priorización que, además, deja de lado el procedimiento presupuestal, que es el que nos parece normal. Se podrá decir que ya se han atendido algunos requerimientos importantes del Ministerio de Salud Pública -como los referentes a los Hospitales de Las Piedras y de Canelones- en la Rendición de Cuentas del año pasado, precisamente, con cargo a los recursos provenientes de este préstamo del Reino de España. Sin embargo, esto lo hicimos en una ley presupuestal, donde examinamos el conjunto de las inversiones que el país se propone hacer en función de sus requerimientos y de la graduación de las necesidades a atender. No estamos de acuerdo en seguir este tipo de procedimientos que, de alguna manera, parecen privilegiar a un sector muy importante -cuya relevancia nadie niega- pero que no toma en consideración otras áreas nacionales, que requieren de soluciones urgentes.

Por estos motivos, votaremos en forma negativa los tres proyectos de ley propuestos.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- La bancada del Frente Amplio tampoco va a acompañar estos proyectos de ley, ratificando una posición ya asumida en la Comisión de Defensa Nacional en oportunidad de su tratamiento. La razón fundamental coincide con lo expuesto por el señor senador Cassina, es decir, que estos proyectos que aisladamente considerados pueden tener fines de indiscutible utilidad, deberían tratarse en el conjunto de las necesidades del país, lo que habitualmente se lleva a cabo en el tratamiento de las leyes de Presupuesto o de Rendiciones de Cuentas.

No es mi intención discutir ahora que la instrumentación propuesta para Meteorología es la que se utiliza habitualmente en los países desarrollados y aun en algunos que todavía no lo son. Sin embargo, me parece bastante más necesario comprar lápices y hojas, reparar algunos techos que se llueven en las escuelas, colocar lámparas donde no las hay o adquirir sábanas y frazadas para los hospitales. Al respecto, debo señalar que en este período he tenido amigas y familiares internados en el Hospital Pereira Rossell y he constatado que, por lo menos en una de las salas se carece completamente de sábanas y frazadas, las que deben ser llevadas por los familiares.

Por lo tanto, si comparamos las necesidades, parece que el país está cometiendo un error muy grave -no dejo de considerarlo así- al priorizar en temas en los que ostensiblemente no se lo puede hacer desde el punto de vista de los requerimientos.

En cuanto a los tres préstamos -a los que me voy a referir en forma global- que en conjunto suman U$S 35:000.000, no se puede decir, en ningún caso, que se esté ante destinos suntuarios -por lo menos ello no surge de la letra de la disposición- pero sí muchísimo menos urgentes que otros servicios del país que no necesitan argumentación.

Por estas razones, repito, nos vamos a oponer a los proyectos de ley presentados.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- En la Comisión de Asuntos Internacionales tuve oportunidad de discutir el texto del Tratado de Cooperación General con el Reino de España e, incluso, de ser miembro informante del mismo en el Pleno Tratado en el marco del cual se ejecuta este tipo de préstamos. Precisamente, en el Anexo Nº 1 de este Tratado, se establece la línea de crédito de U$S 300:000.000, con plazos de gracia y de carácter blando.

Lo único que deseo señalar es que no me parece un buen camino comenzar a ejecutar por más del 10% del volumen total del crédito solamente en estas áreas. Tal como decía el señor senador Cassina, considero que debemos hacer un análisis mucho más riguroso del tema porque, si bien los créditos son blandos, habrá que pagarlos y, además, significan colocación de producción industrial de servicios por parte del Reino de España. Debemos tener en cuenta que lo que se realiza en el marco de este Tratado son negocios con el gobierno español. En consecuencia, repito, me parece importante que se analice la ejecución de este Tratado son negocios con el gobierno español. En consecuencia, repito, me parece importante que se analice la ejecución de este Tratado ya que, a mi juicio, el Poder Legislativo no tiene que ver solamente con su firma sino, también, con el control del marco de su aplicación. En ese sentido, se deberá estudiar por qué se empezó por éste y no por otros sectores que, a lo mejor, eran más importantes. No niego que exista la necesidad de llevar a cabo inversiones en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas porque conozco muy bien sus carencias. Incluso, sé que existen más necesidades en el Hospital Policial que en el de las Fuerzas Armadas, del mismo modo que las puede haber en cuanto a equipamiento meteorológico. De todas formas, repito, creo que pueden existir otras prioridades.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede proseguir el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- A fin de no recargar la argumentación, finalizo mis palabras insistiendo en nuestra oposición global a los tres proyectos y en que los destinos aquí establecidos no son suntuarios. Nuestra posición se basa en que es ostensible que el Estado debe atender otros sectores que poseen necesidades harto mayores que las planteadas en estos proyectos.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA.- Me voy a referir en forma exclusiva al proyecto que tiene que ver con el equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Precisamente, en la mañana de hoy, respondiendo a una invitación que se me formulara, he visitado dicho centro asistencial y he podido apreciar las dos caras de este problema. Por un lado, existe la parte antigua del Hospital y, por otro, un sector muy moderno y económico -de ninguna manera suntuoso- ubicado en el edificio que se está levantando sobre la calle Centenario.

Allí ya se han habilitado algunas secciones pero, en realidad, se está construyendo una obra de gran significación, que contrasta notoriamente con lo que vimos, por lo menos, en la parte antigua del Hospital Militar, donde todavía están en funcionamiento algunas de las viejas salas subterráneas, y los enfermos se encuentran hacinados, en condiciones totalmente improcedentes para la atención de la salud.

Contrariamente a lo que se puede pensar, la mayor parte de las personas que se atienden en el hospital -pude constatarlo en esta visita- son gente sumamente modesta, familiares de soldados que reciben asistencia y un trato decoroso.

En consecuencia, estimo, señor Presidente, que esta erogación que se va hacer no significa ningún privilegio para las Fuerzas Armadas, sino que constituye, a mi juicio, la forma de atender a numerosas personas, el menor número de las cuales pertenece a los grados más altos de las Fuerzas Armadas, mientras que la inmensa mayoría está formada por el personal subalterno y familiares.

Reitero, señor Presidente, que pienso que esto no constituye ningún privilegio; lo digo sin desconocer las necesidades de Salud Pública. Pero, esta obra, en gran parte, ya está realizada y tiende a cubrir las necesidades de un gran sector de la población, ya que cerca de 300.000 personas se atienden, por año, en este centro hospitalario.

En consecuencia, para mí no constituye una violencia, sino que, por el contrario, lo siento como un cumplimiento del deber luego de haber visto por dentro el Hospital, dar mi voto afirmativo par la sanción de este proyecto.

Muchas gracias.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA.- Contrariamente a lo manifestado, me siento perturbado y molesto por este tipo de proyectos que ahora se han votado, con carácter de grave consideración. A través de estos sentimientos estoy seguro de interpretar el sentir general de nuestra población.

Personalmente, he conocido y visitado el Hospital Policial, el Hospital Militar, el Hospital de Clínicas, el Hospital Maciel, el Pereira Rossell y muchos otros del interior del país y debo decir que las desigualdades y las carencias son múltiples en todos ellos. Obviamente, en todos se atiende gente de muy modestos recursos.

Entonces, uno se pregunta si esto no constituirá un importante desequilibrio -más allá del hecho de que allí se traten los soldados, los agentes de policía y sus familiares- y si no deberíamos tener las mismas consideraciones para con el resto de la población.

Lo lógico sería pensar que toda esta asignación de recursos nacionales debe ser hecha con un carácter global, equilibrado, sensato, equitativo y verdaderamente eficiente, para lograr que no se generen situaciones que la población no puede ver sino como discriminatorias.

Pienso que, justamente, este tipo de proyecto está reñido con los criterios de asignación de recursos equitativos y eficientes sobre los que, reiteradas veces, hemos sentido hablar tanto en este ámbito como en el del Poder Ejecutivo.

Desde luego, señor Presidente, no nos vamos a oponer, en la medida de nuestras posibilidades y siempre que los recursos de asignación sean auténticamente razonables, a que en el país exista una red meteorológica automática que esté en manos de personas competentes, como son las que existen, inequívocamente, en nuestras Fuerzas Armadas.

Tampoco nos vamos a oponer al equipamiento necesario para la preservación de áreas protegidas y forestales, en la medida, reitero, que las asignaciones de recursos sean compatibles con las respuestas y los requerimientos de nuestra población.

Tampoco lo vamos a hacer respecto de todo el equipamiento que tiene que ver con la cartografía nacional, el transporte y los trabajos de vialidad y la obtención de agua que aquí se consigna.

Asimismo, no está en nuestro ánimo, ya que sería una insensatez, oponernos al establecimiento de un sistema de observación y control de comunicaciones aerotransportado, modular. Sin embargo, debemos decir que son los importes de todo esto lo que nos llama la atención.

En relación con esto, señor Presidente, debo decir que en ocasión del tratamiento de la Rendición de Cuentas del año pasado, recuerdo que se negó para el Hospital de Clínicas una dotación de U$S 500.000 para medicamentos. Sé perfectamente que los enfermeros y médicos, verdaderos paniaguados de nuestro país, a menudo deben sacar de sus propios bolsillos el dinero necesario para la adquisición de medicamentos o sábanas para muchos enfermos que no tienen otro recurso que el de la asistencia pública.

No tenemos nada en contra de la buena atención desde el punto de vista sanitario del hombre humildad o del que requiere una asistencia justa y equitativa, sea uniformado o no.

Lo que no entendemos es que aquí se manejen cifras que llaman la atención, cuando las carencias son tantas, tan grandes los recortes al presupuesto, tratando de achicar el gasto público. Sin embargo, en este Senado estamos a punto de votar esto, contrariamente a todo lo que aquí ha afirmado o ha expresado el Poder Ejecutivo.

Obviamente, hago mías las palabras que recientemente pronunciaron los señores senadores Gargano y Cassina.

Muchas gracias.

SEÑOR BOUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA.- Deseo hacer algunas observaciones respecto de los tres proyectos, pero desde un ángulo distinto al que se ha desarrollado en Sala.

Veo que los tres resuelven compras en forma directa. Por supuesto, sé que lo hacen en el marco del convenio de crédito con el gobierno de España. Sin embargo, lo que no surge de estos es que el Poder Ejecutivo haya pedido precios a otros posibles oferentes. Pienso que el hecho de que el gobierno español haya ofrecido créditos en condiciones bastante generosas, no significa que no puedan existir ofertas de otros posibles proveedores, en condiciones iguales o mejores.

Además, como considero que es una muy mala política de parte de la Administración hacer adjudicaciones directas, no los voy a acompañar con mi voto. Lo haría si el Poder Ejecutivo hubiese solicitado ofertas, por ejemplo, del Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, España y la mejor hubiese sido la de este último país. Pero no fue así. El Poder Ejecutivo nos dice que tenemos un crédito del gobierno de España y nos propone una compra directa. Pienso que esto no da las garantías necesarias para el procedimiento de compra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de poner a votación los proyectos, deseo hacer algunas apreciaciones referidas a lo expresado por el señor senador Bouza. En líneas generales, puede compartirse la idea de que la contratación directa no es el mejor procedimiento en materia administrativa. Sin embargo, leyendo el articulado de estos proyectos, no veo que en ellos se diga que se va a comprar al gobierno de España.

SEÑOR BOUZA.- No es así, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dice textualmente: "a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo del préstamo realizado con el gobierno del Reino de España". Quiere decir que es a determinadas obras y suministros a lo que refiere este Acuerdo, pero eso no significa que se vayan a contratar con el gobierno español. La Presidencia no cree que lo que afirma el señor senador Bouza se ajuste al texto.

SEÑOR BOUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA.- No estoy diciendo que se le compre al gobierno de España, sino que me pregunto cómo se utiliza un crédito otorgado por éste, sin comprar en ese país. Evidentemente, el gobierno español no ha dado un crédito para que se compre en Alemania.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habría que leer el Acuerdo; lamentablemente, la Mesa no lo tiene a la vista.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- El crédito se puede usar siempre que se compren suministros o equipo español; así lo establece el acuerdo. De modo que la argumentación dada por el señor senador Bouza lleva razón en cuanto se ejecuta el Tratado si es más conveniente que otra opción de compra; me parece perfecto el razonamiento. De igual manera, si existe otra opción de compra más beneficiosa, será la que se ejecute. Quiere decir que, entonces, aquí se suma una razón más, la del procedimiento de conveniencia que hay que determinar previamente y que me parece es a lo que se refería el señor senador Bouza.

SEÑOR BOUZAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS.- Tengo las mismas inquietudes en cuanto a que se haga una compra directa porque, según tengo entendido, el préstamo concedido por el gobierno de España está condicionado a que dicha compra se haga en ese país.

Hace pocos días aquí se aprobó un proyecto de ley por el que se destinaban U$S 6:000.000 para la reparación del Buque de la Armada Nacional "Capitán Miranda" en astilleros españoles, con fondos de este mismo préstamo.

Me preocupan varios aspectos del asunto. Se propone una discusión con carácter urgente de tres proyectos de ley que implican que el Estado haga determinadas inversiones, en momentos en que está a consideración de este mismo Cuerpo el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Pienso que hubiera sido conveniente que dichas iniciativas estuvieran incluidas en este último proyecto porque, como bien dijo el señor senador Arana -también lo recuerdo de memoria por haber leído el texto aprobado en la Cámara de Representantes- para reparar el Hospital de Clínicas se destina una partida fijada en U$S 3:000.000 para 1993 y 1994. Asimismo -guiándome por algunas opiniones vertidas en Sala por otros señores senadores- para un hospital que alberga la mitad de gente que el de Clínicas, destinamos una partida de U$S 15:000.000.

Por otra parte, como lo dijo el señor senador Gargano, me preocupa el hecho de que de un préstamo por un total de U$S 300:000.000, se destine el 15% de la suma, a los tres proyectos de ley que están en consideración, más el ya aprobado para reparar el buque de la Marina de Guerra antes mencionado. Si al mismo tiempo nos informamos sobre las opiniones de los diferentes actores políticos de los gobiernos del mundo desarrollado, vemos que...

SEÑOR BRUERA.- Solicito que la Mesa ponga orden en la Sala.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay murmullos que dificultan la posibilidad de escuchar al orador.

Puede continuar el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS.- Gracias, señor presidente.

Decía, señor Presidente, que estos préstamos se originaron en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, aconsejando -y no obligando- a los países desarrollados a invertir hasta un 0,7% de su Producto Bruto Interno para ayudar al desarrollo de las naciones del Tercer Mundo. Utilizando ese 0,7%, el gobierno de España prestó al Uruguay U$S 300:000.000 en condiciones muy favorables, es decir, con un período de gracia, un interés del 1%, pagos a largo plazo, etcétera, pero con la condición de comprar productos de ese país. Ahora bien; si las compras que hacen los países del Tercer Mundo utilizando esos préstamos que se supone son de ayuda, implican, como en nuestro caso, una cifra del 15% destinada a gastos del Ministerio de Defensa Nacional, creo que con ello se alienta a quienes en los países desarrollados dicen que se está haciendo un mal uso de los fondos prestados a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas, porque en lugar de emplearlos en todo lo que ayude al desarrollo, se están destinando a exportar desechos de guerra a los países del Primer Mundo. A mi juicio, hay que tener en cuenta esta consideración.

Deseo saber, entre otras cosas, si se consideró que el reparto de los fondos para la asistencia hospitalaria dirigida a los distintos sectores de la sociedad es equitativo, en términos de atender de igual forma a todos los ciudadanos. Asimismo, también quiero saber si estamos seguros de que los precios a los que estamos comprando son competitivos, habida cuenta del precio y las condiciones de pago. De igual modo, ¿estamos convencidos de que en cierta medida estamos restando la posibilidad de adquirir nuevos préstamos debido a la utilización que se ha hecho de éste que estamos considerando, destinando por lo menos un 15% a los gastos del Ministerio de Defensa Nacional? Me parece que todo esto no fue suficientemente discutido, por lo que sería adecuado que el asunto, a fin de ser considerado en una mejor forma, volviera a estudio de la Comisión. La Comisión analizaría nuevamente estos tres proyectos de ley y eso permitiría que estuviéramos mejor informados, develando las dudas que han surgido d esta discusión.

SEÑOR ARANA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOUZAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Deseo consignar, simplemente, que estos tres proyectos de ley, más aquel que el Senado votó hace pocos días relacionado con las reparaciones del Buque "Capitán Miranda", elevan la cifra que deberá pagar el Uruguay, los ciudadanos uruguayos, a prácticamente U$S 40:000.000. Esto lo digo considerando que muy habitualmente retaceamos recursos que parecen producto de un criterio que por momentos nos parece hasta mezquino, sobre todo cuando se trata de necesidades que son muy básicas y que atienden requerimientos de la población común.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bouzas.

SEÑOR BOUZAS.- Por los argumentos dados por otros señores senadores en Sala y por los que hemos tratado de agregar, para poder razonar con tranquilidad lo que significa hacer un gasto de estas características en nuestro país, reitero que en mi opinión estos tres proyectos de ley deberían pasar nuevamente a estudio de la Comisión a fin de que vuelvan mejor informados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley relativo a la adquisición de una red meteorológica automática para la Dirección Nacional de Meteorología.

(Se vota:)

-13 en 27. Negativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería pasas a consideración el segundo proyecto de ley propuesto, que refiere al equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: cuando solicitamos la urgente consideración de estos proyectos de ley creímos que habiendo sido votados favorablemente en la Cámara de Representantes, tendrían aquí el mismo eco. Sin embargo, parece que el bicameralismo ha tenido una profunda incidencia. Por tal razón, ahora formulamos moción en el sentido de que estos proyectos vuelvan a Comisión, incluyendo el que acaba de ser votado negativamente.

Queremos manifestar que lamentamos profundamente esta situación por cuanto el préstamo que fue otorgado por el gobierno de España y que en uno de los créditos alcanza la cantidad de U$S 200:000.000 para el período 1992-1996, está destinado a financiar exportaciones de bienes y servicios españoles hacia el Uruguay. Precisamente, estos proyectos estaban basados en ese acuerdo con el Reino de España y resultaban altamente beneficiosos para nuestro país.

Cabe destacar que se trata de préstamos blandos, con intereses bajos -ya hemos señalado el monto de los mismos para algunos de los proyectos- con plazos de gracia muy importantes y significan para el país adquisiciones que de otra manera no podrá lograr.

Teniendo en cuenta la voluntad del Senado, que se ha expresado en forma negativa, entendemos que no es posible insistir. Si no existe un cambio de orientación en las mayorías que hoy se han expresado a nivel de este Cuerpo, el Uruguay perderá la posibilidad de incorporar bienes tan importantes e imprescindibles para su patrimonio, ya sean para el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, para la Fuerza Aérea, para el Ejército Nacional o para la Dirección Nacional de Meteorología.

Salvo que se manifieste un cambio de orientación en las mayorías, mantenemos la solicitud en el sentido de que estos proyectos vuelvan a Comisión a fin de ser tratados en otra oportunidad. De otra forma, el tema podría tramitarse a través de la Rendición de Cuentas.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no nos vamos a oponer a que estos proyectos vuelvan a Comisión, pero adelantamos que para poder tratarlos allí sería muy importante que el Poder Ejecutivo hiciera llegar una especie de estado de situación, especificando cuáles son sus proyectos con respecto a los fondos provenientes de este crédito, a fin de poder manejarnos con un poco más de racionalidad.

Cabe destacar que cuando se abre un crédito de esta naturaleza, sus fondos no se ponen materialmente en el país, sino que se van usando.

Reitero que para poder tratar estos proyectos -u otros similares- solicitaríamos que el Poder Ejecutivo nos dijera cuál es el plan de uso de estos créditos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando dimos la palabra la señor senador Santoro, el señor senador Millor adelantó que haría un planteamiento

Tiene la palabra el señor senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- No nos encontrábamos en Sala cuando fue votado en general el proyecto y dado que pensábamos hacerlo afirmativamente, solicitamos que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el proyecto en general.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA.- Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-19 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:)

"ARTICULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 5:000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar la adquisición de una red meteorológica automática.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:)

"ARTICULO 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo del Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

SEÑOR BOUZAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZAS.- Señor Presidente: solicito que se rectifique la votación y, de ser posible, pediría votación nominal, porque los números que proclama el señor presidente no me cierran.

SEÑOR PRESIDENTE.- Al señor senador no le cierran los números, pero debo manifestar que hemos votado 11 Senadores nacionalistas, a quienes se suman los señores senadores Blanco, Irurtia y Millor. De esa forma , se llega a los 14 votos.

Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:)

"ARTICULO 3º.- Facúltase a esos efectos a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

9) EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. Autorización al Poder Ejecutivo para destinar una partida al Ministerio de Defensa Nacional a tales efectos. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a consideración el segundo asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar una partida al Ministerio de Defensa Nacional para el equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. (Carp. Nº 1200/93 - Rep. Nº 662/93)"

(Antecedentes)

"Carp. Nº 1200/93
Rep. Nº 662/93

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 15:000.000 (quince millones de dólares de los Estados Unidos de América) con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar el equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Art. 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo del Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.

Art. 3º.- Facúltase a esos efectos a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de julio de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Defensa Nacional

INFORME

Al Senado:

Por el proyecto de ley, que con media sanción, ingresa al Senado, se procura autorizar al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional, la suma de hasta U$S 15:000.000 (quince millones de dólares de los Estados Unidos de América)

Los recursos son provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España.

El destino de la inversión es financiar el equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Como se establece en el Mensaje del Poder Ejecutivo, si bien en el momento se ha cumplido la casi totalidad de la etapa de ampliación del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista tecnológico hay sectores del centro hospitalario que requieren tecnología que se aplique a los recursos materiales, en razón de obsolecencia de equipos en algunos casos; en otros por exigencias de actualización tecnológica y en otros por ser sectores que deben ser reciclados.

El Hospital Central de las Fuerzas Armadas atiende una población de alrededor de doscientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y una personas, equivalente a la tercera parte de las personas que atiende el Ministerio de Salud Pública, debiéndose denotar que en ese número se incluyen militares y sus familiares. Cabe puntualizar que es una población donde el 71% percibe menos de dos salarios mínimos.

Las condiciones del préstamo son favorables para el país, en razón de los plazos de 10 y 15 años, con plazos de gracia de 3 y 4 años, con intereses del 1,5% y 3% anual. La solicitud que el Poder Ejecutivo solicita para que se autorice la contratación directa, con arreglo a los principios generales de la contratación administrativa, para las obras y suministros condicionados por el contenido del acuerdo del préstamo con el gobierno del Reino de España, está dentro de la normativa dispuesta por el convenio y la legislación nacional.

Sala de la Comisión, 16 de agosto de 1993.

Walter R. Santoro (Miembro informante), Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, Carlos A. Cassina (Discorde por los fundamentos que expresará en sala), Gustavo Ferrés Pacheco, Raumar Jude, José Korzeniak (Discorde por los fundamentos que expresará en sala). Senadores.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 8 de junio de 1993.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir, adjunto al presente Mensaje, un proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional, la suma de hasta U$S 15:000.000 (quince millones de dólares estadounidenses), con fondos provenientes de un crédito concedido por el gobierno de España, a efectos de la adquisición de equipamiento hospitalario para la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Al momento actual se ha cumplido la casi totalidad de la etapa de ampliación del Hospital Central, contando el mismo con una planta física de Consulta Externa (Policlínicas y Emergencia), Blocks Quirúrgico y Obstétrico, y de Servicios Intermedios como Imagenología, Laboratorio de Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, etc. Comenzará en el corto plazo, la etapa de reciclaje del Sector Internación, que permitirá una vez concluida contar con áreas de cuidados moderados de internación semiprivada.

Desde el punto de vista de su equipamiento tecnológico, puede decirse que coexisten en el Hospital Central tres situaciones que ameritan su análisis en forma separada, pero que todas ellas fundamentan los requerimientos de tecnología aplicada a los recursos materiales:

a) Sectores en los que el equipamiento resulta obsoleto: Se trata de áreas en las que no se han producido recambios por períodos prolongados, y que su vida útil ha llegado a su término, será por su obsolescencia propiamente dicha o por haber sido largamente superados tecnológicamente. Se encuentran englobados en esta situación, los Servicios de Cirugía - Gineco - Obstetricia, Gastroenterología, Anatomía Patológica y Servicios de Apoyo como Lavadero Hospitalario, Sección Calderas, Departamento de Alimentación, Centro de Materiales (esterilización) y Departamento de Higiene Ambiental.

b) Sectores en los que se requiere actualización tecnológica: son departamentos y servicios del Hospital que no cuentan con la tecnología que existen en otros centros asistenciales del medio, debiéndose en muchos casos recurrir a la derivación de pacientes a otras Instituciones públicas o privadas con la consiguiente erogación económica. La adquisición de dicho equipamiento constituye uno de los elementos de mínima garantía de calidad asistencial para los usuarios de esta Sanidad, en la medida que sí se cuenta con los recursos humanos capacitados para absorverla. Estos sectores son: Block Quirúrgico (incluyendo equipamiento anestesiológico), Cuidados Intensivos de Adultos y Niños, Medicina Física y Rehabilitación, Imagenología, Laboratorio de Análisis Clínicos, Neonatología, Cardiología, Hemotalogía, Hemoterapia, Odontología y Acupuntura.

c) Sectores de habilitación una vez cumplido en período de reciclaje: son fundamentalmente áreas de internación que requieren disponer del equipamiento necesario para el funcionamiento normal de un centro hospitalario, y se refieren sobe todo a mobiliario y artefactos de tipo doméstico en apoyo a la función administrativa.

En atención a las razones explicitadas en cada caso se considera imprescindible y urgente la provisión del equipamiento propuesto, por lo que se solicita de ese Cuerpo, una rápida sanción del proyecto.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Gonzalo Aguirre Ramírez, VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Mariano R. Brito, Gustavo Licandro, Juan Andrés Ramírez.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 15:000.000 (quince millones de dólares estadounidenses), con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar el equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Art. 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo del Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.

Art. 3º.- Facúltase, a esos efectos a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Mariano R. Brito, Gustavo Licandro, Juan Andrés Ramírez".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA.- Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 15:000.000 (quince millones de dólares de los Estados Unidos de América) con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar el equipamiento del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo de Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 3º.- Facúltase a esos efectos a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

10) ADQUISICIONES PARA EL EJERCITO NACIONAL Y LA FUERZA AEREA URUGUAYA. Autorización al Poder Ejecutivo para destinar una partida al Ministerio de Defensa Nacional a tales efectos. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el tercer asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar una partida a los efectos de realizar adquisiciones para el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. (Carp. Nº 1202/93 - Rep. Nº 663/93)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1201/93
Rep. Nº 663/93

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase l Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 13:739.222 (trece millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares de los Estados Unidos de América) con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar:

- La adquisición para el Ejército Nacional de equipamiento para la preservación de áreas protegidas y forestales, la cartografía nacional, el transporte y trabajos de vialidad y la obtención de agua por un importe de U$S 12:000.000 (doce millones de dólares de los Estados Unidos de América).

- La adquisición para la Fuerza Aérea Uruguaya de un Sistema de Observación y Control de Comunicaciones Aerotransportado Modular por un importe de U$S 1:749.222 (un millón setecientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares de los Estados Unidos de América)

Artículo 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo de Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.

Artículo 3º.- Facúltase, a los efectos del artículo 1º, a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de julio de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Defensa Nacional

INFORME

Al Senado:

Por el proyecto de ley, que ya tiene media sanción legislativa, se trata de autorizar al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional, la suma de hasta U$S 13:749.222 (trece millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares de los Estados Unidos de América) para atender adquisiciones para el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya.

Para el Ejército Nacional, se adquirirán equipamientos para la preservación de áreas protegidas y forestales, tendientes fundamentalmente al combate contra el fuego, así como se adquirirá equipamiento para el Servicio Geográfico Militar, actualizándose la tecnología a aplicar y distintos vehículos para el parque de maquinaria vial y afines del Ejército Nacional. A la vez para la Fuerza Aérea, se procederá a adquirir equipos de comunicaciones para mantener operativo el sistema aerotransportado de observación y Control de las comunicaciones así como el relativo al sistema de Búsqueda y Rescate.

La financiación de estas operaciones se realizará con un crédito concedido por el gobierno del Reino de España, con condiciones favorables para el país en plazos e interés.

Sala de la Comisión, 16 de agosto de 1993.

Walter R. Santoro (Miembro informante), Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, Carlos A. Cassina (Discorde por los fundamentos que expresará en Sala), Gustavo Ferrés Pacheco, Raumar Jude, José Korzeniak (Discorde por los fundamentos que expresará en Sala). Senadores.


PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 3 de junio de 1993

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir, adjunto al presente Mensaje, un proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional, la suma de hasta U$S 13:749.222 (trece millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares estadounidenses), con fondos provenientes de un crédito concedido por el gobierno del Reino de España, a efectos de atender las adquisiciones para el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya que a continuación se detallan:

Ejército Nacional

Se considera imprescindible y urgente contar con:

La renovación e incorporación de equipamiento para la preservación de áreas protegidas y forestales, bajo responsabilidad del Ejército Nacional, incluyendo autobombas, maquinaria polivalente y especial para trabajo en los bosques y aserraderos, a fin de efectuar eficazmente el combate contra el fuego y realizar trabajos forestales en aquellas áreas que así lo requieran.

El equipamiento necesario para la actualización tecnológica del Servicio Geográfico Militar, a través de la incorporación de equipos de geodesia, topografía, fotogrametría, cartografía, informática e impresión, de acuerdo a la tecnología de proyección internacional.

La renovación de una parte de la flota vehicular, parque de maquinaria y vehículos para trabajos viales y afines que, además de su misión específica, cumplen tareas de apoyo al desarrollo y bienestar de la comunidad. Incluye maquinaria, camiones y equipos para trabajos viales y afines, equipos perforadores y purificadores para obtención de agua, vehículos de carga y transporte de personas.

Fuerza Aérea Uruguaya

Es impostergable la reposición de equipos de comunicaciones, para mantener operativo el Sistema Aerotransportado de Observación y Control de las Comunicaciones, a fin de cumplir efectivamente con las tareas de apoyo al vuelo y control aéreo, comunicaciones con la Base Antártica "Artigas" y todas las actividades relacionadas con la Búsqueda y Rescate por accidente o desastes naturales dentro y fuera del país.

En atención a las razones explicitadas en cada caso se considera imprescindible y urgente la provisión del equipamiento propuesto, por lo que se solicita de ese Cuerpo, una rápida sanción del proyecto.

Saluda al Presidente con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Mariano R. Brito, José María Gamio, Ignacio de Posadas Montero.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 13:749.222 (trece millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares estadounidenses), con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar:

- La adquisición para el Ejército Nacional de equipamiento para la preservación de áreas protegidas y forestales, la cartografía nacional, el transporte y trabajos de vialidad y la obtención de agua por un importe de U$S 12:000.000 (doce millones de dólares estadounidenses).

- La adquisición para la Fuerza Aérea Uruguaya de un Sistema de Observación y Control de Comunicaciones Aerotransportado Modular por un importe de U$S 1:749.222 (un millón setecientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares estadounidenses).

Artículo 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo de Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.

Artículo 3º.- Facúltase, a los efectos del artículo 1º a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Mariano R. Brito, José María Gamio, Ignacio de Posadas Montero."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA.- Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:)

"ARTICULO 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Defensa Nacional la suma de hasta U$S 13:749.222 (trece millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares de los Estados Unidos de América) con recursos provenientes de un préstamo concedido por el gobierno del Reino de España para financiar:

- La adquisición para el Ejército Nacional de equipamiento para la preservación de áreas protegidas y forestales, la cartografía nacional, el transporte y trabajos de vialidad y la obtención de agua por un importe de U$S 12:000.000 (doce millones de dólares de los Estados Unidos de América).

- La adquisición para la Fuerza Aérea Uruguaya de un Sistema de Observación y Control de Comunicaciones Aerotransportado Modular por un importe de U$S 1:749.222 (un millón setecientos cuarenta y nueve mil doscientos veintidós dólares de los Estados Unidos de América).")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 2º.- Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del Acuerdo de Préstamo realizado con el gobierno del Reino de España.")

-Si no se hace uso de la palabra , se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 3º.- Facúltase, a los efectos del artículo 1º, a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

11) CALENDARIO DE LIQUIDACIONES Y PAGOS DE LOS APORTES RURALES REFERIDOS EN LA LEY Nº 15.852. Se faculta al Poder Ejecutivo para determinarlos. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el proyecto de ley, cuya urgencia se votó, por el que se faculta al Poder Ejecutivo a determinar un calendario de liquidaciones y pagos de los aportes rurales a que refiere la ley Nº 15.582, de 24 de diciembre de 1986. (Carp. Nº 1232/93).

(Antecedentes)

"Carp. Nº 1232/93

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar el calendario de liquidaciones y pagos de los aportes rurales referidos en la ley Nº 15.582, de 24 de diciembre de 1986.

Al ejercer esta facultad, el Poder Ejecutivo no podrá fijar plazos para efectuar liquidaciones y pagos que superen los seis meses.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de agosto de 1993.

Luis A. Heber Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente este proyecto de ley en atención a la situación realmente excepcional y de urgencia por la que pasa la producción agrícola y pecuaria nacional, y al alivio que podría representar para los productores el hecho de que el Poder Ejecutivo extienda los plazos de los calendarios de pagos.

No obstante, entendemos que no es bueno delegar atribuciones específicas del Poder Legislativo. Aquí estamos legislando para el futuro, sin límite alguno, salvo el establecido en el inciso segundo, en el que se señala que, al ejercer esta facultad, el Poder Ejecutivo no podrá fijar plazos para efectuar liquidaciones y pagos que superen los seis meses.

Dejamos esta constancia porque todos sabemos que, en la órbita del Banco de Previsión Social, el sector rural es uno de los que tiene más dificultades para el cumplimento de sus obligaciones y, por ende, es el que incurre en una mayor evasión.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Señor Presidente: simplemente quería dejar constancia en el sentido de que este proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, se enmarca dentro de una serie de medidas que él ha venido impulsando, a efectos de contemplar a un sector como el agropecuario, que está teniendo una serie de dificultades en cuanto a la rentabilidad. Alguna de esas dificultades pueden atribuirse a la presión tributaria. En ese sentido, quería manifestar que la presión tributaria no sólo obedece a medidas que el gobierno nacional pueda adoptar sino a muchos de los tributos que se hacen efectivos por la Dirección General Impositiva y al tratamiento que el Poder Ejecutivo pueda darle a determinadas iniciativas. En ese sentido, el sector agropecuario tributa actualmente por las rentas a través del IMAGRO o del Impuesto a las Rentas Agropecuarias, los cuales variarán según la rentabilidad que el sector tenga. Por otra parte, también tributa el Impuesto al Patrimonio que, de aprobarse lo establecido en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal -que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes- tendrá una significativa rebaja. Así, la tributación que el sector agropecuario hace a la Dirección General Impositiva se ubicará en cifras mínimas históricas.

Asimismo, vale la pena señalar que se ha tomado otras medidas a los efectos de rebajar la carga impositiva que el sector está soportando. A este respecto, si se considera -adelanto que no tengo en mi poder la cifras correspondientes, porque no tenía pensado referirme a ellas- la evolución del costo de los combustibles, concretamente, del gas oil, que es uno de los insumos más importantes del sector, se podrá comprobar la rebaja sustancial que se producirá en los impuestos que inciden directamente en estos costos.

A su vez, este proyecto de ley al que le hemos dado la sanción completa, no sólo favorece al sector agropecuario en cuanto a evitar que en reiteradas ocasiones el productor tenga que desplazarse para hacer el pago de sus aportes al Banco de Previsión Social sino que, además, permite que esta Institución, atendiendo a los ciclos productivos del sector, pueda establecer las fechas de cobro de los aportes en función del momento en que éste genera sus ingresos. En este sentido, pues, este es un instrumento válido que viene a completar una serie de medidas -algunas de las cuales han tenido tratamiento legislativo- que demuestran la sensibilidad que se tiene en relación con un sector que está pasando por las dificultades que todos conocemos.

Es cuanto deseaba señalar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar el calendario de liquidaciones y pagos de los aportes rurales referidos en la ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986.

Al ejercer esta facultad, el Poder Ejecutivo no podrá fijar plazos para efectuar liquidaciones y pagos que superen los seis meses."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente este artículo por las mismas consideraciones que hace unos momentos señaló el señor senador Gargano.

Pensamos que el tema agropecuario en nuestro país no se resuelve con este tipo de medidas que, en definitiva, lo único que hacen es dar la posibilidad de postergar situaciones financieras límite, como las que parecería haber en el sector agropecuario por la inexistencia de rentabilidad. A nuestro juicio, este es el problema de fondo que se vincula, precisamente, a la producción y no a un aspecto financiero. Queremos dejar bien claro esto porque creemos que, cuando venzan los plazos por los que se establecerá la nueva prórroga, seguramente se volverá a plantear el mismo problema de fondo: la inexistencia de rentabilidad por la falta de consideración y de aplicación de medidas que protejan y que estimulen la producción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

SEÑOR FERRES PACHECO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR FERRES PACHECO.- Señor Presidente: simplemente, deseo señalar que tal como indicaba hace unos momentos el señor senador Alonso Tellechea, estas medidas tienden a solucionar, aunque sea en forma parcial, el problema de la incidencia de la carga tributaria sobre el sector agropecuario. Pero, además, coinciden con lo que ha sido la política puesta en práctica por esta Administración y, en cierta medida, son la continuación de la que también llevó a cabo el gobierno anterior, y que el actual se encargó de consagrar e implementar. Todos sabemos que, por todos los medios, se ha tratado de mejorar la rentabilidad del sector.

No es por falta de responsabilidad o porque el gobierno no haya atendido -y tampoco lo haga ahora- los problemas, que el sector agropecuario sufre hoy la incidencia de una baja rentabilidad. Como todos sabemos -sobre todo, quienes hemos seguido de cerca lo que se refiere al tema de la actividad productiva nacional del sector agropecuario- el problema de la caída de precios internacionales nos ha afectado directamente, en cuanto nuestra economía agropecuaria está basada en la producción de bienes primarios, que en el mercado internacional han sufrido un menguado deterioro de precios, a lo que se debe agregar las prácticas desleales de comercio. A ello se suma, además, la incidencia de factores adversos, negativos, como por ejemplo, los agentes climáticos que nuestro país soportó entre los años 1987 y 1988. Hoy, todo esto está tratando de ser revertido a través de una política agropecuaria que, según creo, es una de las que ha recogido mayor consenso a nivel nacional, teniendo en cuenta los esfuerzos que se vienen llevando a cabo por parte de todos los sectores, dejando de lado enfoques ideológicos o sectoriales.

Simplemente, quería dejar constancia de esta aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quedarán registradas en la versión taquigráfica las palabras pronunciadas por el señor senador Ferrés Pacheco, a título de fundamento de voto.

12) COMISION DE PRESUPUESTO

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia desea dar cuenta de que, en función de una comunicación de la bancada del Frente Amplio, el señor senador Pérez ha sustituido al señor senador Bruera como integrante de la Comisión de Presupuesto.

13) PROYECTOS DE LEY

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos proyectos de ley llegados a la Mesa.

(Se da de los siguientes:)

"Los señores senadores Arana, Bruera, Pérez, Bouzas, Astori, Korzeniak y Gargano presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Eduardo Fabini" la Escuela Nº 6, Infantil, de Iniciación Musical, del departamento de Rivera.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

Los señores senadores Arana, Bruera, Pérez, Bouzas, Astori, Korzeniak y Gargano presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Maestro Gerardo Grasso" la Escuela Nº 80, Infantil, de Iniciación Musical, del departamento de Artigas.

- A la Comisión de Educación y Cultura."

PROYECTOS PRESENTADOS

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Eduardo Fabini fue un hombre de campo. Nació el 18 de mayo de 1882 en el departamento de Lavalleja, en Solís de Mataojo, donde pasó la mayor parte de su vida. Allí convivió en contacto directo con la naturaleza. De ella rescató sus sonidos y los trasladó a la música.

Supo volcar en sus melodías toda la dulzura melancólica de las colinas, la presencia erguida de los árboles nativos, la particularidad de nuestra flores autóctonas, la presencia multifacéticamente sonora de nuestra fauna, así como el sonar del agua de nuestros ríos y arroyos.

Fueron muchos los años que Fabini dedicó a la composición musical, incorporando elementos físicos y humanos de nuestra geografía.

Entre su múltiple producción se encuentran obras tales como: "La Isla de los Ceibos", "Campo", "Mburucuyá", "Mañana de Reyes", "Melga", "Fantasía" y sus conocidos "Tristes".

Fabini falleció el 17 de mayo de 1950, desapareciendo con él uno de los máximos compositores de nuestra tierra.

Justo es reconocer lo pródiga que fue su obra, así como el realce que dio a todo lo atinente a nuestro suelo. Por lo expresado en relación a la importancia de la obra de Eduardo Fabini, se considera oportuno rendir homenaje a tan destacado hombre, designando la escuela Nº 6, Infantil, de Iniciación Musical del departamento de Rivera, con su nombre.

Mariano Arana, Jaime Pérez, Leopoldo Bruera, Carlos Bouzas, José Korzeniak, Danilo Astori, Reinaldo Gargano, Senadores."

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre de "Eduardo Fabini" la Escuela Nº 6, Infantil, de Iniciación Musical, del departamento de Rivera.

Jaime Pérez, Mariano Arana, Danilo Astori, Carlos Bouzas, Leopoldo Bruera, José Korzeniak, Reinaldo Gargano, Senadores".

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Gerardo Grasso, nacido en 1864, en Italia, en el pueblo de Capocele, cercano a la ciudad de Nápoles, abandonó su país natal cuando tenía once años de edad, para instalarse en Montevideo, acompañando a su padre, el músico Estanislao Grasso.

De origen europeo por su nacimiento, el joven Grasso se convirtió en ciudadano uruguayo, viviendo en nuestro país hasta el fin de su vida, en junio de 1937.

Con marcada vocación por la música -al igual que su padre- Gerardo Grasso inició desde muy joven los estudios de flauta con el profesor Antonio Frank.

Dedicado y entusiasta en sus estudios, llegó rápidamente a ser maestro de flauta y luego instrumentista y director de la Banda de la Escuela de Artes y Oficios, institución que luego pasó a ser la Universidad del Trabajo del Uruguay.

Además de docente en el área musical, fue creador. Entre sus múltiples obras se encuentran: "Marcha de los Treinta y Tres", "Himno de los Cadetes de la Escuela Militar", "Danzas de Salón", "Auras Criollas", varios "Cielitos", "Vidalitas" y "Estilos", siendo su máxima creación el "Pericón Nacional". Esta última obra mencionada, se convirtió casi de inmediato en algo así como un "símbolo" más de nuestra Patria.

Otra tarea de singular importancia fue el arreglo del "Himno Nacional" quedando tal como hoy es conocido y divulgado.

Destacada labor, la de Gerardo Grasso, en el área de la música que refleja nuestra tradición, a través de una cuantiosa obra por la cultura de nuestro país. Por todo ello se considera oportuno homenajearlo designando la Escuela Nº 80, Infantil de Iniciación Musical del departamento de Artigas, con su nombre.

Mariano Arana, Jaime Pérez, Danilo Astori, Leopoldo Bruera, Carlos Bouzas, José Korzeniak, Reinaldo Gargano. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre de "Maestro Gerardo Grasso" la Escuela Nº 80, Infantil, de Iniciación Musical, del departamento de Artigas.

Mariano Arana, Jaime Pérez, Danilo Astori, Leopoldo Bruera, Carlos Bouzas, José Korzeniak, Reinaldo Gargano. Senadores".

14) CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley relativo a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

En discusión particular.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera hacer referencia al tema de la metodología de trabajo. En ese sentido, propongo que el proyecto sea votado en bloque, con los desgloses que los señores senadores deseen solicitar. Varios fundamentos abonan este pedido. En primer término, como todos sabemos, existe la necesidad de aprobarlo lo antes posible. En segundo lugar, se debe tener en cuenta la gran cantidad de horas que se dedicó a este trabajo en la Comisión, habiéndose realizado un análisis muy detallado, con asesoramiento especializado. En tercera instancia, debemos recordar la circunstancia en que se encuentra el Senado de la República, ya que se está estudiando en Comisión el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, lo que hace que puedan existir pocas oportunidades de celebrar sesiones.

Por los fundamentos expuestos, proponemos al Cuerpo que se adopte la metodología de trabajo señalada anteriormente. Si ella resultara aprobada, luego se solicitarían los desgloses correspondientes.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA.- Quisiera hacer un agregado a la moción formulada por el señor senador Astori, en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador Astori, con el agregado propuesto por el señor senador Cassina.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Los artículos cuya lectura se resolvió suprimir, son los siguientes:

"ARTICULO 1º (Naturaleza Jurídica).- El Banco, creado por el artículo 196 de la Constitución de la República, que se denomina "Banco Central del Uruguay", es un servicio del dominio comercial del Estado, organizado bajo la forma de ente autónomo y dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera en los términos de la Constitución y de la presente Ley Orgánica, sus complementarias y modificativas.

Cada vez que en esta ley se use la expresión "Banco", se entenderá que se alude al ente público mencionado en este artículo.

ARTICULO 2º (Persona Jurídica, Domicilio, Sucursales).- El Banco es persona jurídica capaz de todos los derechos y obligaciones; tendrá su domicilio legal y principal asiento en la ciudad de Montevideo. Podrá establecer y cerrar sucursales y agencias en todo el país, designar representantes y bancos corresponsales en la República y en el exterior, y actuar como representante o banco corresponsal de entidades extranjeras o internacionales.

ARTICULO 3º (Finalidades).- La finalidad principal del Banco será asegurar la estabilidad de la moneda nacional.

Además, tendrá las siguientes finalidades complementarias:

a) asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos;

b) mantener un nivel adecuado de las reservas internacionales;

c) promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional.

ARTICULO 4º (Poderes Jurídicos).- El Banco está facultado para realizar todos los actos jurídicos y contraer todas las obligaciones conducentes a la ejecución de los cometidos que le asignan la Constitución y la Ley. Su Directorio tendrá, al efecto, poderes de amplia, franca y general administración.

ARTICULO 5º (Representación).- La representación del Banco y del Directorio estará confiada al Presidente, asistido del secretario general. En materia patrimonial será ejercida conjuntamente por el Presidente y el gerente General. El Presidente, asistido por los funcionarios señalados, podrá otorgar, también conjuntamente, poderes y conceder por medio de ellos todas las facultades.

ARTICULO 6º (Garantía de Estado).- Todas las obligaciones del Banco gozarán de la garantía del Estado.

El Banco Central del Uruguay estará exento de toda clase de tributos nacionales, aun de aquellos previstos en leyes especiales.

ARTICULO 7º (Funciones).- Las funciones y cometidos del Banco serán conducentes al logro de la finalidades indicadas en el artículo 3º.

En tal sentido, el Banco:

a) tendrá a su exclusivo cargo la emisión de billetes, acuñación de monedas y retiro de circulación de billetes y monedas en todo el territorio de la República;

b) aplicará los instrumentos monetarios, cambiarios y crediticios que fueren necesarios para cumplir las finalidades que le asigna el artículo 3º;

c) actuará como asesor económico, banquero y representante financiero del Gobierno;

d) administrará las reservas internacionales del Estado;

e) actuará como banquero de las instituciones de intermediación financiera;

f) podrá representar al Gobierno de la República en los organismos financieros internacionales y ejecutará las transacciones financieras relacionadas con la participación del Estado en dichos organismos;

g) regulará normativamente y supervisará la ejecución de aquellas reglas por parte de las entidades públicas y privadas que integran el sistema financiero. A tal efecto, podrá autorizar o prohibir, en todo o en parte, operaciones en general o en particular, así como fijar normas de prudencia, buena administración o método de trabajo; e informará, en el caso de las entidades públicas, al Poder Ejecutivo, a sus efectos.

ARTICULO 8º (Capital).- El capital del Banco se fija en SU 450:000.000, (cuatrocientos cincuenta millones de pesos uruguayos).

La diferencia entre esta suma y el patrimonio neto de la Institución, según estado de situación patrimonial a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, será aportada por el Poder Ejecutivo. La correspondiente transferencia, así como los mecanismos a través de los cuales se realizará, deberán ser autorizados por ley.

Por decisión unánime del Directorio del Banco y previa autorización del Poder Ejecutivo, podrán incorporarse al capital las reservas a que refiere el artículo siguiente.

ARTICULO 9º (Reservas).- Al cierre de cada ejercicio, se asignará a reservas una cantidad equivalente al 25% (veinticinco por ciento), de las utilidades netas, hasta que el saldo de aquella cuenta ascienda al doble del capital del Banco. El Banco, previa autorización del Poder Ejecutivo, podrá transferir a reservas un monto superior a ese porcentaje anual y permitir que el saldo en dicha cuenta pueda ser superior al doble del capital del Banco.

ARTICULO 10 (Utilidades).- Después de completadas las transferencias a reservas previstas en el artículo precedente, el resto de las utilidades netas del ejercicio se acreditarán a la cuenta Tesoro Nacional del Poder Ejecutivo, pudiendo compensar débitos impagos de este último con el Banco.

ARTICULO 11 (Control de gastos y pagos).- El Banco estará sujeto al control constitucional del Tribunal de Cuentas, de conformidad con los artículos 211 y siguientes de la Constitución.

ARTICULO 12 (Directorio).- El gobierno y dirección del Banco estarán a cargo de un Directorio, que será responsable por la política y la administración general del Banco.

Corresponde al Directorio:

a) ejercer las atribuciones y hacer cumplir las funciones que la ley encomienda al Banco;

b) proyectar el presupuesto de sueldos, gastos e inversiones conforme a lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución;

c) proyectar el estatuto del funcionario de acuerdo al artículo 63 de la Constitución;

d) designar, promover, trasladar, sancionar y destituir al personal, respetando las normas y garantías estatutarias, pudiendo realizar las contrataciones que fueran necesarias;

e) aprobar reglamentos, resoluciones y órdenes, a fin de hacer efectivas las disposiciones de la presente ley y hacer posible el funcionamiento normal y regular del Banco;

f) delegar atribuciones, por unanimidad de sus miembros, pudiendo avocar las que fueron objeto de delegación.

ARTICULO 13 (Reglamento).- El Reglamento del Banco, aprobado por el Directorio, abarcará todos los aspectos relativos a la organización administrativa de la Institución y a sus atribuciones, así como a las diversas funciones y deberes de los funcionarios de mayor jerarquía del ente y de las divisiones administrativas no especificadas en esta ley.

ARTICULO 14 (Integración del Directorio).- El Directorio del Banco estará integrado por un presidente, un vicepresidente y tres directores, que serán designados, conforme al artículo 187 de la Constitución de la República, entre ciudadanos de reconocido prestigio y experiencia en los asuntos financieros.

Los miembros del Directorio durarán en sus cargos ocho años, renovándose la integración del Directorio parcialmente, cada dos años.

El primer Directorio que se designe luego de promulgada la presente ley será renovado del modo siguiente: el presidente y vicepresidente a los ocho años de ser designados y los restantes directores según el orden de su designación, a los seis, cuatro y dos años de designados.

Las disposiciones de este artículo regirán a partir del 1º de marzo de 1995.

ARTICULO 15 (Presidente del Directorio).- El presidente será el encargado de ejecutar y dar cumplimiento a las resoluciones del Directorio, debiendo responder ante el mismo por el desempeño de sus funciones.

Son cometidos y atribuciones del presidente, entre otros:

a) convocar y presidir las reuniones del Directorio y darle cuenta de todos los asuntos que puedan interesar a la Institución;

b) actuar, contratar y firmar instrumentos y documentos en representación del Banco, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º, con sujeción a las resoluciones del Directorio;

c) adoptar las resoluciones administrativas y aprobar las órdenes requeridas por el buen funcionamiento y el orden interno del Banco;

d) realizar los demás actos y gestiones necesarios para asegurar la marcha del Banco y la continuidad de su gestión;

e) firmar y hacer publicar dentro de los siguientes ciento veinte días corridos y previa aprobación del Directorio, el balance anual, conforme al artículo 191 de la Constitución de la República.

ARTICULO 16 (Vicepresidente).- En caso de ausencia o incapacidad del presidente, o si quedare vacante el cargo, las funciones y cometidos del mismo serán asumidas transitoriamente por el Vicepresidente.

ARTICULO 17 (Dedicación al Banco).- Los miembros del Directorio dedicarán toda su actividad profesional al servicio del Banco, debiendo abstenerse, mientras ocupen el cargo, de ejercer otra profesión o empleo, remunerados o no, u otras actividades de carácter comercial, industrial, agropecuario o financiero que pudieran interferir con su gestión directriz o la afecten en su necesaria independencia e imparcialidad.

Ello no impedirá que puedan:

a) integrar comisiones designadas por el Poder Ejecutivo;

b) ser nombrados gobernadores, gobernadores suplentes, directores o miembros de cualquier órgano de un organismo financiero internacional creado en virtud de acuerdo o convenio al que la República se haya adherido o al que haya dado su apoyo o aprobación; y,

c) dedicarse a tiempo parcial, a la enseñanza en instituciones docentes.

ARTICULO 18 (Remuneración de Directores).- Las remuneraciones de los miembros del Directorio se fijarán en el presupuesto del Banco en función de las especiales características de la gestión bancocentralista y estarán sujetas a los términos y condiciones que sean propuestos por el Directorio y aprobados por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 19 (Inelegibilidades).- No podrán ser nombrados miembros del Directorio ni mantenerse en dicho cargo:

a) las personas que no estén en ejercicio de la ciudadanía natural o no tengan al menos cinco años de ejercicio de la ciudadanía legal;

b) los menores de veinticinco años de edad;

c) los que hayan sido declarados en quiebra o concurso por juez competente, o sean Directores de sociedades comerciales sujetos a procedimientos judiciales de declaración de quiebra, liquidación o concurso;

d) los que hayan incurrido en irregularidades y estuvieren inhabilitados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de diciembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992; y

e) las personas que hayan sido condenadas por delitos conexos con la función o la fe publicas.

ARTICULO 20 (Renuncia). - Los miembros del Directorio podrán renunciar a su cargo por escrito ante el Poder Ejecutivo, dando cuenta al Directorio. Dicha renuncia no se hará efectiva hasta que sea aceptada por el Poder Ejecutivo, salvo el caso de lo dispuesto en el artículo 201 de la Constitución.

ARTICULO 21 (Remoción). - El Poder Ejecutivo sólo podrá remover de su cargo a cualquier miembro del Directorio con arreglo a lo dispuesto en los artículos 197 y 198 de la Constitución.

ARTICULO 22 (Vacancia). - Si quedare vacante el cargo de cualquier miembro del Directorio antes de la expiración del plazo por el cual haya sido nombrado, se designará su sustituto por lo que reste de dicho plazo, en la forma prevista en el artículo 14 de la presente ley.

En los casos de requerirse quórum especial y en los que, por acefalía temporaria o ausencia no sea posible obtenerlo y a ese solo objeto, el Directorio será integrado mediante designación del Poder Ejecutivo, con un miembro del Directorio de uno de los Bancos Oficiales ya designado en la forma prevista en el artículo 187 de la Constitución de la República.

El voto que emita este miembro lleva implícita la responsabilidad a que se refiere el artículo 26.

En la referida hipótesis de acefalía temporaria, el plazo de suplencia no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de enfermedad del titular en el que el término será de un año. Si vencidos los plazos establecidos precedentemente el titular no se reintegra al cargo o persiste la causal de enfermedad, el Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días siguientes, podrá aplicar lo dispuesto en los artículos 198 y 187 de la Constitución de la República.

En tal supuesto, la suplencia se prorrogará hasta la provisión definitiva del cargo.

ARTICULO 23 (Comisiones del Directorio). - El Directorio podrá establecer las comisiones asesoras permanentes o temporales que juzgue oportunas.

Dichas comisiones dependerán del Directorio y desempeñarán su labor de acuerdo con sus instrucciones.

ARTICULO 24 (Independencia respecto de intereses ajenos a la función). - Los miembros del Directorio darán cumplimiento a lo establecido en el numeral 4) del artículo 77 y en el artículo 200 de la Constitución y en tal sentido serán independientes y no actuarán en el Directorio representando intereses ajenos a la función pública.

Al asumir sus cargos, los miembros del Directorio se comprometerán mediante declaración jurada, a cumplir estrictamente lo establecido en el inciso anterior.

ARTICULO 25 (Declaración de intereses). - Los miembros del Directorio declararán ante el mismo -sin reserva alguna- todos los intereses de carácter privado que puedan tener en asuntos que deban ser tratados o resueltos por el Directorio y se abstendrán de intervenir o votar en los acuerdos y resoluciones del Directorio que se relacionen con dichos intereses. No obstante, si se han declarado ante el Directorio, dichos intereses no inhiben al interesado a efectos de la constitución de quórum.

La declaración a que refiere el inciso precedente se efectuará en oportunidad de iniciarse la reunión de Directorio en que sean considerados o resueltos dichos asuntos.

ARTICULO 26 (Responsabilidades). - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución, los miembros del Directorio son personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la Constitución, las leyes o a los reglamentos. Quedan dispensados de esta responsabilidad: a) los presentes que hubieran hecho constar en actas su disentimiento con la resolución adoptada y el fundamento que lo motivó; b) los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución, siempre que hagan constar en actas su disentimiento en la primera oportunidad en que sea posible.

En ambos casos el secretario general del Banco deberá remitir al Poder Ejecutivo testimonio del Acta respectiva.

ARTICULO 27 (Secreto y Reserva). - El Banco estará obligado a guardar secreto, en los términos establecidos en el artículo 25 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, cuando ejerza actividad financiera. En todos los demás casos, los miembros del Directorio deberán ajustar la divulgación de sus informaciones y opiniones a las reservas propias de la materia objeto de competencia del Banco, sin perjuicio de si inherente transparencia pública propia de la responsabilidad que les compete.

ARTICULO 28 (Obligación por secreto). - Los funcionarios del Banco tienen el deber de guardar el más estricto secreto y la más absoluta reserva sobre cada uno de los asuntos bancarios que lleguen a su conocimiento en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, bajo la más severa responsabilidad administrativa, civil y penal, si fuere del caso (artículo 25 in fine del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y artículo 163 del Código Penal).

ARTICULO 29 (Auditoría interna). - El Directorio nombrará un auditor interno, que dependerá de dicho órgano y se hará cargo de:

a) vigilar el funcionamiento del Banco y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables;

b) examinar los estados contables periódicos remitidos por el Directorio;

c) hacer recomendaciones sobre el presupuesto, el balance y las cuentas anuales y certificados;

d) efectuar arqueos y examinar los libros, las bóvedas y las cajas fuertes del Banco regularmente y cada vez que lo estime necesario, con arreglo a las medidas de seguridad pertinentes;

e) señalar a la atención del Directorio todos los asuntos que, a su juicio, deban ser considerados y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto que el Directorio le remita.

ARTICULO 30 (Régimen cambiario). - El Banco reglamentará el funcionamiento del mercado de cambios y la convertibilidad de la moneda nacional en medios de pago internacionales.

ARTICULO 31 (Emisión y Acuñación). - La emisión de billetes y la acuñación de monedas de la República Oriental del Uruguay será competencia exclusiva del Banco.

ARTICULO 32 (Curso legal y poder cancelatorio). - Los billetes emitidos y monedas acuñadas por el Banco tendrán curso legal en todo el territorio nacional.

El poder cancelatorio de esos billetes para toda la clase de obligaciones en moneda nacional no tendrá límite alguno. El Banco determinará el monto hasta el cual tendrán pleno poder cancelatorio las monedas que acuñe.

ARTICULO 33 (Otros instrumentos de política monetaria). - Incumbe al Banco llevar a cabo la política monetaria de la República con vistas a cumplir con la finalidad señalada en el artículo 3º de la presente ley y, para ello, estará facultado para:

a) realizar operaciones de mercado abierto en valores negociables emitidos por el Poder Ejecutivo o por empresas o entidades públicas y privadas, o emitidos por el propio Banco;

b) fijar las tasas de los encajes mínimos que deberán mantener los bancos y otras instituciones receptoras de depósitos en relación a sus depósitos y otras obligaciones análogas, tanto en moneda nacional como extranjera, así como los activos que podrán componerlos y demás condiciones pertinentes;

c) fijar la posición neta máxima y mínima en divisas que podrán mantener las instituciones de intermediación financiera;

d) comprar y vender oro y otros metales preciosos, cambio extranjeros, letras de tesorería y otros activos financieros emitidos por gobiernos extranjeros y entidades públicas internacionales, realizar depósitos en bancos del exterior, comprar y vender certificados de depósitos; y,

e) establecer y anunciar públicamente las tasas de descuentos, redescuento y adelantos. Con respecto a dichas operaciones el Banco podrá determinar límites cuantitativos y tasas diferenciales para diversas clases de transacciones o plazos de vencimiento, o para una clase dada de instituciones de intermediación financiera.

ARTICULO 34 (Ajustes al patrimonio). - Los resultados que obtenga el Banco en un ejercicio financiero derivados de la variación de la cotización de las monedas extranjeras, del oro y de los derechos especiales de giro, se reflejarán en una cuenta de ajustes al patrimonio.

El Poder Ejecutivo asumirá el saldo neto negativo que pudiera registrar la mencionada cuenta, entregando al Banco valores públicos en circulación a un año de plazo o, en su defecto, aquellos cuyo plazo sea el más aproximado al período referido.

ARTICULO 35 (Servicios Bancarios por cuenta y orden). - El Banco, tanto en nombre propio como por cuenta y orden del Poder Ejecutivo, podrá celebrar convenios de pagos y compensación o cualquier otro tipo de contrato con fines similares, o relacionados con instituciones públicas y privadas, que proporcionen esos servicios.

ARTICULO 36 (Reservas internacionales de la República). - El Banco administrará las internacionales de la República, cuyos activos estarán compuestos por oro, divisas en forma de saldos bancarios mantenidos en plazas financieras del exterior, billetes y monedas extranjeras, así como otros activos aceptados para tal finalidad por la práctica internacional.

En la selección de la cartera de activos el Banco tomará debidamente en cuenta el riesgo, la liquidez y la rentabilidad de los distintos activos que la compongan, conforme lo disponga el programa diseñado anualmente por el Directorio y sus modificaciones por la correspondiente coyuntura.

ARTICULO 37 (Nivel neto de Reservas). - Si las reservas internacionales de la República disminuyen o si el Directorio considera que es inminente su disminución, al punto de resultar inadecuadas a las transacciones internacionales de la República, el Banco deberá informar inmediatamente al Poder Ejecutivo sobre la posición de reservas y de las causas que han motivado o puedan motivar ese descenso, así como las recomendaciones que considere necesarias para remediar la situación.

ARTICULO 38 (Inventario de compromisos externos). - El Banco se encargará de mantener un inventario actualizado de todos los empréstitos externos contraídos o garantizados por el Estado. Asimismo, podrá recopilara datos sobre los préstamos externos a otros entes públicos y personas privadas, residentes en el territorio nacional.

ARTICULO 39 (Presupuesto monetario). - El Banco formulará el presupuesto monetario de cada ejercicio financiero, dentro del primer cuatrimestre, incluyendo un informe circunstanciado de los supuestos tomados como base para su elaboración. Conjuntamente, el Banco informará sobre la evolución de la economía nacional en el ejercicio inmediato anterior.

Dicho presupuesto y el mencionado informe serán comunicados al Poder Ejecutivo, el que dará cuenta de inmediato a la Asamblea General.

ARTICULO 40 (Instituciones de Intermediación Financiera). - Se considerarán instituciones de intermediación financiera los bancos públicos, los bancos privados, las casas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito que reciban depósitos de sus socios o de terceros, las empresas y mutuas de seguros públicas y privadas, cualquiera sea su modalidad, las instituciones financieras externas, las empresas que organicen o administren consorcios, así como toda la empresa, siempre que se dedique habitual y profesionalmente a la intermediación en recursos financieros.

No se considerarán tales, las empresas que realicen colocaciones e inversiones financieras con recursos propios, o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público, ni aquellas que se limiten a aproximar a las partes en negocios de carácter financieros sin asumir obligación o riesgo alguno. El Banco podrá reglamentar y controlar la actividad de todas las empresas previstas en el presente inciso de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del segundo artículo 15 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

ARTICULO 41 (Cuentas y Depósitos en el Banco). - El Banco podrá abrir cuentas y aceptar depósitos de las instituciones de intermediación financiera o del Estado, conforme a los términos y condiciones que determine su Directorio.

ARTICULO 42 (Préstamos de última instancia). - El Banco actuará como prestamista en casos extremos respecto de las instituciones de intermediación financiera y, en tal carácter, en los términos y condiciones que el Directorio determine por unanimidad de sus miembros, podrá comprar, vender, descontar y redescontar a las instituciones de intermediación financiera:

a) letras de cambio, vales y pagarés girados o ejecutados con fines comerciales, industriales o agrícolas, que lleven dos o más firmas autorizadas, de las cuales, por lo menos una sea la de una institución de intermediación financiera y que venzan dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco;

b) letras de tesorería u otros valores emitidos o garantizados por el Poder Ejecutivo, que forman parte de una emisión pública y que venzan dentro de los 365 días siguientes a la fecha de sus adquisición por el Banco; y,

c) valores emitidos por el Banco Central.

Cuando los préstamos superen el monto de capital y reservas de la empresa asistida, la decisión requerirá además la unanimidad del Directorio, dar cuenta oportunamente al Poder Ejecutivo.

ARTICULO 43 (Adelantos de asistencia financiera). - Asimismo, y en igual carácter, el Banco podrá en las condiciones que en cada caso determine el Directorio, conceder adelantos financieros a las instituciones de intermediación financiera, por plazos no superiores a los noventa días, siempre que ellos sean adecuadamente garantizados por:

a) algunos de los instrumentos previstos en el artículo 42;

b) cualquier otro valor emitido o garantizado por el Poder Ejecutivo y que forme parte de una emisión pública;

c) certificados de depósito y documentos de título emitidos con respecto a productos básicos y otros bienes debidamente asegurados; y,

d) tenencias de los activos que el Banco puede legítimamente comprar, vender o negociar conforme al artículo 33 literal d).

En casos excepcionales el Banco podrá, asimismo, realizar tales adelantos con garantías reales, distintas a las previstas anteriormente en este artículo, o con garantías personales, con la salvedad de que sólo podrá otorgar dichos adelantos hasta el límite del 20% (veinte por ciento), del pasivo en depósitos del prestatario y aprobando la resolución respectiva por la unanimidad del Directorio del Banco.

El Banco podrá autorizar la apertura de líneas de crédito a las empresas de intermediación financiera para facilitar el adecuado funcionamiento de las operaciones entre dichas entidades, hasta un monto que no supere el 25% (veinticinco por ciento), de la responsabilidad patrimonial neta de cada una de las mismas.

ARTICULO 44 (Prórrogas de asistencia). - En caso que una institución financiera de intermediación que hubiese sido destinataria de la asistencia prevista en los artículos 42 y 43 solicitare prórroga del crédito recibido por encima de los plazos pactados originariamente, tal institución deberá presentar ante el Banco un plan de recuperación y, si éste contare con la aprobación de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, que sea crea por el artículo 47, el Directorio podrá acceder a la prórroga gestionada, requiriéndose para ello el voto conforme de todos sus miembros.

ARTICULO 45. - (Sistemas de pagos). El Banco reglamentará:

a) la compensación y cobro de cheques, letras a la vista y demás instrumentos usados como medio de pago o de crédito; y,

b) la coordinación de la información sobre el riesgo de incumplimiento de los préstamos.

La instrumentación de estas actividades podrá efectuarse con la participación de las instituciones de intermediación financiera.

ARTICULO 46. - (Exigencia de relaciones técnicas y publicación de información). El Banco podrá establecer con respecto a una clase dada de instituciones de intermediación financiera, o con relación a todas ellas, las relaciones técnicas que estime del caso adoptar, así como el régimen de información al público sobre las tasas activas y pasivas de interés anual -efectivas o nominales- así como sobre las comisiones por servicios. En particular, se brindará a los clientes información relativa a las condiciones pactadas en cada operación.

Las instituciones de intermediación financiera tendrán la obligación de publicar periódicamente la información que el Banco determine.

ARTICULO 47. - (Supervisión de Instituciones de Intermediación Financiera). El Banco ejercerá la supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas, que integran el sistema de intermediación financiera, a través de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

Dicha Superintendencia, que dependerá del Directorio, actuará con autonomía técnica y operativa, en régimen de desconcentración orgánica y funcional. Estará a cargo de un Superintendente con adecuada formación profesional, prestigio e idoneidad técnica. Dicho funcionario actuará por un período de ocho años en sus funciones y su designación o remoción serán dispuestas por la unanimidad de los miembros del Directorio y continuará en el cargo hasta la designación de su sucesor.

Las resoluciones del Superintendente podrán ser impugnadas con el recurso de revocación, ante el mismo, y con el recurso jerárquico, ante el Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución.

ARTICULO 48. - (Cometidos y atribuciones de la Superintendencia). Corresponderá a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera:

a) dictar normas genéricas de prudencia, así como instrucciones particulares, tendientes a preservar y mantener la estabilidad y solvencia de las empresas de intermediación financiera;

b) habilitar la instalación de empresas de intermediación financiera, una vez autorizadas por el Poder Ejecutivo;

c) autorizar la apertura de dependencias de empresas de intermediación financiera ya instaladas;

d) emitir opinión sobre los proyectos de fusiones, absorciones y toda transformación de empresas de intermediación financiera;

e) autorizar la transferencia de acciones de las empresas de intermediación financiera organizadas como sociedades anónimas;

f) aprobar los planes de recomposición patrimonial o adecuación que presenten las empresas de intermediación financiera;

g) requerir a los intermediarios financieros que le brinden información con la periodicidad y bajo la forma que juzgue necesaria, así como la exhibición de registros y documentos;

h) establecer el régimen informativo-contable al que deberán ceñirse las empresas de intermediación financiera;

i) reglamentar la publicación periódica de los estados contables y otras informaciones de las instituciones de intermediación financiera;

j) realizar el seguimiento de cada integrante del sistema de intermediación financiera, a efectos de verificar su situación económico-financiera, y el cumplimiento de las normas vigentes;

k) aplicar observaciones, apercibimientos y multas, hasta el 10% (diez por ciento), de la respectiva responsabilidad patrimonial básica, a las empresas de intermediación financiera privadas que infrinjan las leyes y decretos que rijan su actividad o las normas generales o particulares dictadas por el Directorio o por la Superintendencia;

l) proponer al Directorio la aplicación, a los mencionados infractores, de sanciones pecuniarias más graves o de otras medidas, tales como la intervención, la suspensión de actividades o la revocación de la habilitación para funcionar. Asimismo, podrá recomendar al Directorio que gestione ante el Poder Ejecutivo la revocación de la autorización para funcionar, por razones de legalidad o de interés público;

m) resolver la instrucción de sumarios conducentes a comprobar la responsabilidad de las personas que puedan ser pasibles de las multas o inhabilitaciones previstas en el artículo 23 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992; y,

n) establecer la organización funcional de la Superintendencia y tener iniciativa privativa, ante el Directorio, para la designación de su personal, previamente seleccionado, así como disponer su destino y promoción, conforme a las normas presupuestales y al estatuto del funcionario.

El Directorio, además, podrá delegar en la Superintendencia otros cometidos y atribuciones del Banco en relación con la supervisión y fiscalización de las empresas de intermediación financiera.

ARTICULO 49. - (Control de las casas de cambio). La supervisión y fiscalización de las casas de cambio se ejercerá a través de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

ARTICULO 50. - (Asesoría). El Banco asesorará al Poder Ejecutivo en los asuntos relacionados con las finalidades y los cometidos del ente.

ARTICULO 51. - (Informe sobre estabilidad de la moneda). Toda vez que se presenten circunstancias que afecten de modo excepcional y significativamente a la estabilidad interna o externa de la moneda nacional, el Banco presentará -con la mayor antelación y urgencia posible- un informe al Poder Ejecutivo, que deberá referirse a:

a) los factores que han dado lugar a la referida situación;

b) el impacto que han tenido o que podrían tener tales hechos en diversas variables económicas; y,

c) las medidas que hayan tomado o que deberían tomarse para remediar la situación.

Mientras el Banco considere que la situación no ha sido superada seguirá elevando nuevos informes y recomendaciones al Poder Ejecutivo a intervalos no mayores a tres meses. Tales informes, de acuerdo con lo que disponga el Directorio, podrán combinarse y coordinarse con los requeridos por el artículo 37.

ARTICULO 52. - (Otros informes económicos). El Banco informará detalladamente al Poder Ejecutivo de toda circunstancia, factor o situación que esté en su conocimiento y que pueda afectar gravemente a la economía nacional y propondrá al mismo tiempo las medidas y correctivos apropiados que podrían adoptarse al respecto.

ARTICULO 53. - (Consultoría sobre créditos externos). El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como los Gobiernos Departamentales, toda vez que contemplen la realización de operaciones de crédito externo de mediano y largo plazo, deberán informarlo detalladamente al Banco, antes de otorgar ningún contrato. En caso que, a juicio del Directorio del Banco, esas operaciones, individual o conjuntamente, puedan revestir magnitudes o condiciones inapropiadas en relación con la situación económica imperante, el Banco deberá informarlo al Poder Ejecutivo.

ARTICULO 54. - (Suministro de información). El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales deberán suministrar toda la información, documentación económica y financiera, que les sea solicitada por el Banco y que éste requiera para cumplir sus finalidades, funciones y cometidos. Los restantes Poderes del Estado y los demás órganos de la administración pública y personas de derecho público, prestarán al respecto la colaboración del caso, con relación a los pedidos de información que les solicite el Banco.

ARTICULO 55. - (Adelantos al Estado). El Banco podrá conceder al Estado adelantos temporarios que no superen el 5%, (cinco por ciento), del monto del Presupuesto General de Gastos. Dichos adelantos devengarán intereses a una tasa equivalente al promedio de las tasas de interés por depósitos a plazo fijo a 180 días. El plazo de vencimiento de esos adelantos no podrá exceder los 180 días.

Las disposiciones de este artículo entrarán en vigor al 1º de enero siguiente a la fecha de vigencia de esta ley.

ARTICULO 56. - (Compras de Valores Públicos). El Banco podrá comprar y vender por cuenta propia, valores de emisión pública.

La tenencia de dichos valores por parte del Banco no podrá superar el 10%, (diez por ciento), del Presupuesto General de Gastos del Estado.

ARTICULO 57. - (Prohibición). El Banco sólo adquirirá, directa o indirectamente, valores públicos u otorgará adelantos al Poder Ejecutivo, o adelantos o servicios de créditos a cualesquiera personas jurídicas públicas (incluyendo en su caso gobiernos departamentales) de conformidad con las disposiciones de esta Ley Orgánica.

ARTICULO 58. - (Administración de la Deuda Pública y préstamos). El Banco se encargará, en los términos y condiciones que acuerde con el Poder Ejecutivo, de la emisión y gestión de los valores públicos con garantía del Estado y en este sentido, podrá negociar directamente con el público.

El banco desempeñará los cometidos de administración de los servicios de la Deuda Pública interna y externa, Letras de Tesorería y Bonos del Tesoro y préstamos internacionales.

ARTICULO 59. - El ejercicio financiero del Banco coincidirá con el año civil.

ARTICULO 60. - El presidente del Banco presentará a consideración del Directorio el proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero siguiente, a más tardar el 30 de junio de cada año. Tras su aprobación por el Directorio, el Banco presentará el proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 221 de la Constitución.

ARTICULO 61. - (Estados contables anuales). El Banco presentará al Poder Ejecutivo el estado de situación patrimonial al cierre de cada ejercicio financiero anual y el estado de resultados correspondientes a dicho ejercicio, elaborados de acuerdo con normas contables adecuadas, dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente.

Los mencionados estados contables serán publicados, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 de la Constitución, una vez comunicados al Poder Ejecutivo y visados por el Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 62. - (Balances monetarios mensuales). El Banco confeccionará el balance monetario al cierre de cada mes, lo comunicará al Poder Ejecutivo y lo divulgará, con la mayor brevedad, por los medios que considere más adecuados.

CAPITULO X

Disposiciones generales

ARTICULO 63. - El Banco también estará facultado para:

a) emitir valores en nombre y por cuenta propios;

b) Fijar y percibir comisiones por prestación de servicios;

c) Cobrar intereses por los créditos que otorga.

ARTICULO 64. - El Banco podrá otorgar y revocar la autorización para funcionar de las casas de cambio, de acuerdo a razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia y reglamentar su funcionamiento, así como el régimen de control y sanciones al cual se encontrarán sometidas, el que se cumplirá a través de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

ARTICULO 65. - A los efectos del cumplimiento de la presente ley y en ejercicio de las funciones y cometidos conferidos por la misma, el Banco podrá requerir, con carácter obligatorio y con fines estadísticos, de cualquier individuo o persona jurídica, ya sea pública o privada, toda la información que necesite para cumplir en debida forma sus funciones y cometidos. Dicha información estará amparada por el secreto administrativo y será estrictamente confidencial.

El Banco podrá aplicar multas a toda persona o entidad que no presente la información legalmente requerida por el mismo, o que presente información incompleta o inexacta. El monto de la multa oscilará entre 50, (cincuenta), y 100, (cien), unidades reajustables, tratándose de personas jurídicas y será de 20, (veinte), unidades reajustables en caso de personas físicas. El pago de la multa no exonera de la obligación de presentar la información solicitada.

ARTICULO 66. - El Banco elaborará un estado de situación patrimonial a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, visado por el Tribunal de Cuentas, a fin de determinar el patrimonio neto de la entidad a esa fecha. En esa ocasión se fijará el nuevo capital del Banco en pesos uruguayos.

ARTICULO 67. - Deróganse expresamente las siguientes disposiciones: artículo 12 de la ley Nº 13.243, de 20 de febrero de 1964, artículo 29 la ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1967, artículo de la ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970, y, en cuanto refiere al Poder Ejecutivo, se deroga el artículo 131 de la ley Nº 13.241, de 31 de enero de 1964, en la redacción dada por el artículo 255 de la ley Nº 13.320, de 28 de diciembre de 1964, y todas las demás normas que se opongan a la presente ley.")

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE . - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor presidente: en la menor parte de los casos por razones de fondo, y en la mayor parte de ellos por motivos formales, de redacción, solicito el desglose de los artículos 14, 27, 31, 33, 39, 42, 55 y 67.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE . - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que se desglose el artículo 17.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si hay otras solicitudes en ese sentido, la Presidencia, por razones formales, de redacción, pide que se desglosen los artículos 1º, 3º, 4º y 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en conjunto todas las disposiciones del proyecto de ley, con excepción de sus artículos 1º, 3º, 4º, 7º, 14, 17, 27, 31, 33, 39, 42, 55 y 67.

(Se vota: )

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continúa la discusión particular con la consideración del artículo 1º, que fue desglosado.

La Mesa ha solicitado el desglose de este artículo porque quiere, más que nada, formular una pregunta a los integrantes de la Comisión.

Esta disposición expresa: "El Banco, creado por el artículo 196 de la Constitución de la República, que se denomina ‘Banco Central del Uruguay’ , y luego lo define jurídicamente, como corresponde, con total acierto. Pero la preocupación de la Presidencia es que el artículo 196 de la Constitución no lo llama "Banco Central del Uruguay", sino "Banco Central de la República". Dicha norma establece: "Habrá un Banco Central de la República, que estará organizado como Ente Autónomo y tendrá los cometidos y atribuciones que determine la ley aprobada con el voto de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara". Entonces, me pregunto, ¿de dónde se extrae la denominación "Banco Central del Uruguay" que, en realidad, es violatoria de la Constitución, porque le da un nombre distinto?

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE . - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - No es mi intención tomar partido por el tema ni entablar una discusión de orden constitucional en torno a este punto que, en última instancia, genera exclusivamente un problema de denominación y no normativo. Sin embargo, sí voy a aportar un breve relato respecto al tema, dado que conozco sus fundamentos desde la época en que era funcionario del Banco Central.

Efectivamente, la Constitución llama a esta Institución "Banco Central de la República" mientras que en diversas normas legales figura la denominación "Banco Central del Uruguay", por lo cual se genera la discusión acerca de la constitucionalidad del nombre del Banco. La realidad es que en la vida de la relación de los Bancos Centrales -que es muy intensa- cuando en el exterior, en las listas figuraba "Banco Central de la República", nadie sabía de qué República se trataba. Entonces, si la ley hubiera seguido exclusivamente la denominación establecida por la Constitución, efectivamente se habrían generado algunos problemas prácticos parecidos, por ejemplo, a los que se les presenta a los partidos políticos que tienen un secretario general, puesto que en Europa siempre se habla de Presidente de los partidos. Ese fenómeno se da en la vida de relación de los partidos políticos, y aquí sucede lo mismo, pero a nivel de los Bancos Centrales.

Si mal no recuerdo, la primera norma de carácter legal que reglamentó este artículo se refirió al Banco Central de la República, pero luego de la ley Nº 13.608 siempre se habló del Banco Central del Uruguay, y se le llamó así a sabiendas de que no era el nombre que se le daba en nuestra Constitución. Desde el punto de vista práctico esa forma de designación tenía la ventaja -ya que no tenía trascendencia a nivel constitucional- de que en cualquier parte del mundo, cuando se hablara del Banco Central del Uruguay, se sabía a qué Institución se hacía referencia.

Este es el aporte que quería hacer, que no tiene otro sentido más que el de la historia legislativa. Pienso que la redacción actual del artículo 1º, cuando expresa en presente "se denomina Banco Central del Uruguay", quiere hacer referencia a una realidad. En este momento, todos los uruguayos le llaman así a esta Institución; inclusive, en los organismos internacionales y en los Tratados de esa naturaleza se lo conoce como Banco Central del Uruguay. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional -ya sea para bien o para mal- lo tiene en sus listas con ese nombre. Entonces, a mi juicio, lo que quiere expresar ese artículo es que en la actualidad dicha Institución se llama Banco Central del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE. - Atento a la clara exposición del señor senador Korzeniak, referida a un problema que de hecho no se puede desconocer, la Presidencia no va a hacer cuestión por este asunto porque sus explicaciones además de racionales, son ampliamente satisfactorias. No obstante, la Presidencia cree que podría mejorarse la redacción haciendo algunas correcciones. En lugar de decir la palabra Banco y luego expresar "se denomina Banco Central" debiera decir directamente: "El Banco Central del Uruguay, creado por el artículo 196 de la Constitución de la República, es un servicio del dominio comercial del Estado", etcétera. No sé si hay algún inconveniente en la modificación propuesta.

SEÑOR KORZENIAK. - De acuerdo, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con la modificación sugerida.

(Se vota: )

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Con respecto a este artículo quiero señalar que quien habla había pedido su desglose por una razón puramente de carácter jurídico y terminológico, pues está relacionado con lo establecido en el artículo 7º. Ambos artículos hablan de las finalidades del Banco y de las funciones y cometidos principales. Desde ya quiero señalar que no creo que deba hablarse de cometidos principales, sino tan sólo de cometidos, porque ello podría sugerir que hay otros que no lo son o que tienen menor importancia, cuando todas las atribuciones del Banco tienen que estar explicitadas en la ley por el principio del Derecho Público que todos conocemos, según el cual las personas jurídicas de Derecho Público y sus órganos, no tienen más poderes jurídicos o cometidos que aquellos que les son asignados expresamente en las normas atributivas de competencia.

A lo que me quiero referir, fundamentalmente, es a esta denominación o "nomen iuris" de estos dos artículos. En primer lugar, creo que no guarda relación con la teoría más recibida en nuestro Derecho Público, de acuerdo con el Tratado del doctor Sayagués Laso, que hace una distinción entre cometidos y atribuciones y no entre finalidades y funciones. Las funciones (en nuestra terminología jurídica, son las jurídicas clásicas del Estado, es decir, las administrativas, las legislativas y las jurisdiccionales. La función del Banco Central es puramente administrativa.

Además observo que hay ciertas contradicciones con otros artículos del proyecto en donde se emplean otras terminologías. Por ejemplo, el artículo 15, cuando se refiere al presidente del Directorio, expresa: "Son cometidos y atribuciones del presidente". Más adelante, el artículo 48, cuando se refiere a la "Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera", que se crea por este proyecto, dice: "Artículo 48. - (Cometidos y Atribuciones de la Superintendencia)". Es decir que en determinadas normas se usa la terminología clásica, que en mi concepto es la correcta, pero al principio de la ley, en lo que es más importante, se utiliza otra que considero inadecuada.

Si bien es viable que se varíe la terminología, por lo menos debe guardarse coherencia dentro del mismo proyecto de ley porque, éste cuando se refiere al Banco en forma general, hablamos de finalidades y funciones, y cuando lo hace con respecto a sus órganos, menciona los cometidos y las atribuciones. En realidad, no estoy proponiendo que se modifique la redacción de los artículos sino el "nomen iuris". A mi juicio, en el artículo 3º se debería decir "cometidos" y en el 7º, "atribuciones".

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE . - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: todos debemos reconocer que el tema de la terminología es bastante complejo.

Comenzaría por aclarar un punto que quizás fue un desliz fonético del señor Presidente, pues Sayagués Laso no distingue los cometidos de las atribuciones; por el contrario, propone que ambos términos sean sinónimos, y si bien explica que en algunos países se hace esta distinción, termina diciendo que los cometidos y las atribuciones se refieren a lo mismo. Sí hace la diferencia entre los cometidos y los poderes jurídicos y sugiere que las Cartas Orgánicas tienen el defecto de confundirlos. El artículo 3º, "Finalidades", no alude a tareas concretas, sino a objetivos o logros que se deben alcanzar. El concepto de fines también está manejado por el propio Sayagués Laso. Intelectualmente, se trata de hechos que uno los sitúa en el futuro. Por ejemplo, la finalidad de asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos es un objetivo o una meta, y no se puede decir que es un cometido porque éstos son un conjunto de tareas que puede tener el Banco. De manera que a mí no me disgustaría que se dejara este vocablo tal como está porque, además, en el Derecho comparado así se redactan todas las Cartas Orgánicas de los Bancos Centrales. Las finalidades también se analizan al estudiar los órganos y las personas públicas en cuanto a los fines que persiguen. Yo diría que tiene una ubicación intelectual en el futuro, porque es lo que se quiere alcanzar. Lógicamente, si partimos de otras terminologías, se va a crear una confusión.

El punto que más me inquieta es, en realidad, el referido a la distinción entre las funciones y los cometidos; pero que se incluya el vocablo "finalidades", me parece perfecto. En general, se trata de aquello que los Bancos Centrales se proponen. Luego, en los literales se establecen las tareas concretas que se deben realizar y, finalmente, los poderes jurídicos que se pueden utilizar para cumplir con ellas, que a la vez están destinadas a cumplir con los fines. Comparto, sí, que todos reservamos la palabra "función" para lo que dice relación con la materia legislativa, administrativa o jurisdiccional y que no parezca adecuada cuando se establece como cometido. Pienso, entonces, que en el Capítulo II, se podría quitar la palabra "Funciones".

SEÑOR PRESIDENTE. - Observo que nos podemos poner de acuerdo con el señor senador Korzeniak. Dejaríamos la palabra "Finalidades" en el artículo 3º; en el encabezamiento del Capítulo II diríamos "Cometidos" y no "Funciones y cometidos principales"; y luego, en el artículo 7º, el "nomen iuris" sería "Cometidos" y el artículo expresaría: "Los cometidos del Banco serán conducentes al logro de las finalidades indicadas en el artículo 3º ".

Se van a votar los artículos 3º y 7º en forma conjunta, de la manera que se ha indicado.

(Se votan: )

24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Con respecto a este artículo, quiero decir lo siguiente. Cuando se habla de "contraer todas las obligaciones conducentes a la ejecución de los cometidos", entiendo que hay un error pues éstos no se ejecutan sino que se cumplen. Por lo tanto, debería decirse: "conducentes al cumplimiento de los cometidos que le asigna la ley", porque la Constitución no le impone ninguna al Banco Central. El artículo 196 dice que "tendrá los cometidos y atribuciones que le asigne la ley".

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE . - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Considero que eso no es necesario puesto que existe una disposición transitoria que se refiere al Banco Central y que, de alguna manera, está hablando de esos cometidos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, sustituiríamos la palabra "ejecución" por "cumplimiento".

SEÑOR KORZENIAK. - Estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 4º.

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

SEÑÓR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE . - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Hemos solicitado el desglose de este artículo, que ya votamos negativamente en la Comisión por la duración de los mandatos que aquí se atribuyen a los Directores del Banco Central, cuya extensión total es de ocho años complementándolo con una rotación alternada.

Debo aclarar que hemos votado negativamente este artículo habida cuenta de la decisión que tomó nuestra organización política, más allá de las posturas personales que tenemos sobre él. El Banco Central es una Institución que tiene una incidencia muy importante en la política económica, y por ello nuestra bancada entendió que disponer que la duración del mandato de sus directores exceda a la del gobierno, puede plantear situaciones inconvenientes desde el punto de vista de su conducción.

Queríamos dejar planteada esta discrepancia para que el Cuerpo esté en condiciones de discutir sobre el punto y, precisamente, por ese motivo hemos solicitado el desglose del artículo.

Debo recordar que en el Directorio del Banco Central -que estaba conformado por tres miembros cuando se envió este mensaje y proyecto de ley al Senado- su Presidente y Vicepresidente defendían el texto del mensaje llegado al Senado, mientras que su vocal, el contador Lombardo, se inclinaba por la designación de un Presidente cuyo mandato coincidiera con el período de gobierno, en tanto el resto del Directorio operaría de la forma indicada por este artículo que estamos considerando.

Estas dos posturas, originaron una discusión en la Comisión, que se solucionó de la manera indicada en el informe.

Por otro lado, queremos señalar que compartimos totalmente la designación de un Directorio con cinco miembros. Creemos que es absolutamente inconveniente que esté conformado por tres personas, particularmente en al caso del Banco Central del Uruguay, porque se trata de un Instituto en el que frecuentemente su presidente y su vicepresidente deben ausentarse del país, razón por la cual el Directorio queda totalmente desintegrado, sin poder tomar resoluciones importantes.

Asimismo, como se trata de una actividad muy compleja desde el punto de vista técnico, es muy importante -más que en ningún otro caso- que se equilibre la capacidad de conducción política con la solvencia técnica en el manejo de la Institución. Por lo tanto, a todas luces, un Directorio de cinco miembros da más posibilidades de articular estos dos criterios que uno de tres.

En definitiva, respaldamos la disposición de que el Directorio cuente con cinco miembros, pero discrepamos con la duración de sus mandatos.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Durante la deliberación de este proyecto de ley en la Comisión, me opuse a la solución planteada por este artículo, que luego fue consagrado por la mayoría. En ese sentido, entendí que establecer para los directores del Banco Central una duración superior al período del mandato de gobierno, con renovaciones parciales cada dos años, va en contra de lo que ha sido la inveterada práctica constitucional. No digo que la Constitución establezca preceptivamente que los Directorios deban designarse con una duración igual a la de los períodos de gobierno, pero sí expreso que la práctica adoptada desde la vigencia de estas normas constitucionales ha sido la de que en cada período de gobierno se renueven los Directorios y los Directores Generales, que no sean de carácter electivo, serán designados por el Presidente de la República -en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores- etcétera.

Considero que el hecho de que este proyecto de ley plantee una forma de designación diferente para los directores del Banco Central, estaría sentado el precedente de que este Ente tiene una característica tan distinta a la de los demás como para ser merecedor de un procedimiento original. Evidentemente, las funciones del Banco Central son distintas de las del Banco de la República, de UTE, o de la ANCAP; pero no creo que esto justifique otra manera de designar su Directorio.

Por otro lado, si se quiere buscar una solución similar para los Directorios de todos los Entes Autónomos, me parece que lo mejor sería hacerlo en una futura reforma constitucional y no en la Ley Orgánica del Banco Central.

Además, pienso que cuando el artículo 187 expresa: "La ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara podrá establecer otro sistema de designación", no debe interpretarse en el sentido de que la designación pueda ser en tiempos distintos al período de gobierno, como se propone en este proyecto, sino que el sistema de designación establecido en los incisos primero y segundo del artículo 187 de la Constitución, podrá variarse por ley.

Por consecuencia, señor presidente, ateniéndome, además, a la realidad política y económica que todos conocemos impera en el país y sabedores que para un gobierno que llega es casi tan importante la designación de la mayoría del directorio del Banco Central como la de las principales Carteras de su gabinete, creo que resulta bastante difícil pensar que a partir de la sanción de una norma como ésta en el futuro los gobiernos puedan resignar esa facultad y aceptar que existan mayorías en dicha Institución que no sean coincidentes con los lineamientos más generales de la política económica para cuyo desarrollo ha obtenido el respaldo de la ciudadanía. Para decirlo en términos más vulgares, es tan importante en el desarrollo de la economía el ministro de Economía y Finanzas como el presidente del Banco Central. Esto es algo que todos lo hemos venido viviendo en la realidad política cotidiana.

Por lo tanto, señor presidente, no voy a dar mi voto afirmativo a esta modificación, sin perjuicio de entender que si se desea ir transitando por este camino habría que hacerlo a través de una reforma constitucional a fin de abarcar a todos los Entes Autónomos. Reitero, si se quiere tener un acompasamiento diferente entre el período de gobierno y los mandatos de los Directorio de Entes, creo que esto debe reflexionarse para todos los Entes Autónomos y no sólo para el Banco Central, ya que no me parece justificable que haya dos mecanismos diferentes según el caso de que se trate. En síntesis, creo que en esta oportunidad lo que la ley debiera hacer es aceptar lo que ha sido la práctica constitucional inveterada en el país en cuanto a la designación de los Directorios de los Entes Autónomos y, en particular, del Banco Central desde su creación en la Constitución de 1966, la que se hace en forma contemporánea a cada período de gobierno.

Por otro lado, en referencia a una afirmación del señor senador Astori, señalo que no he observado que la práctica que desde 1967 hasta ahora se ha venido desarrollando en la integración del Directorio del Banco Central con tres miembros y no con cinco haya supuesto limitaciones o perjuicios para el buen funcionamiento de la autoridad monetaria. Incluso, pienso que en la medida en que aumentemos el número de integrantes, lo único que estaremos haciendo es dando una mayor comodidad a la necesidad de contemplar intereses políticos en la integración del Directorio y al respecto, creo que debe estar lo más alejado posible de los intereses políticos menores.

Por lo expuesto y a fin de no distraer demasiado tiempo al Senado sobre un tema que me parece bastante claro, voy a proponer que el artículo 14 se vote por inciso, adelantando que daré mi voto afirmativo al primero de ellos, siempre y cuando se reduzca a tres el número de miembros del Directorio.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - En la Comisión acompañamos la medida planteada en el proyecto original del Poder Ejecutivo que establecía que fueran cinco los directores que tuvieran a su cargo la conducción del Banco Central y que los mismos duraran ocho años en sus funciones.

En lo que tiene que ver con el número de integrantes, entendemos que dado el tipo de negocios que atienden los directores en representación del Banco, la comunicación que necesariamente deben tener con el mundo exterior y la innumerable cantidad de veces que tienen que ausentarse del país, es conveniente aumentarlo a cinco a fin de que no opere la desintegración y que las decisiones puedan ser tomadas en cualquier momento.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Confieso que ese argumento no me convence. Creo que sería mucho mejor que nuestras empresas públicas y el Banco Central también pensaran que la concurrencia al exterior -que lógicamente debe mantenerse porque el país no puede quedar aislado del mundo- no siempre tiene que estar a cargo del Presidente del Directorio o de otro de sus integrantes, ya que hay funcionarios de jerarquía técnica en su plantilla -que tanto hemos destacado a lo largo de esta deliberación- que están en perfectas condiciones de representar al Banco y al país. Además, destaco que esta situación se da en todos los demás Entes Autónomos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Alonso Tellechea.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Coincido con el señor senador Bouza en el sentido de que muy probablemente los mandos medios del Banco Central estén preparados para viajar al exterior para tratar algunos negocios; de todas formas, no escapa al conocimiento de nadie que también existen otros asuntos de primera línea que hacen recomendable que sea el titular de la institución quien los lleve adelante. Asimismo, destaco que esto no opera sólo para el Banco Central sino también para muchas de las otras empresas del país en las que la representatividad máxima de su presidente, de por sí, facilita las negociaciones que se puedan llegar a emprender. De cualquier manera, quería agregar el hecho de que parece que la cantidad de miembros que deben integrar al Directorio del Banco Central no tendría dificultades de ser aumentada a través de la sanción de este artículo.

Por otra parte, quisiera efectuar algunas puntualizaciones con respecto a la duración del mandato de estos jerarcas. En tal sentido, señalo que la argumentación básica que ha sido manejada por cada uno de los sectores o de los señores senadores que hicieron uso de la palabra en la discusión general del proyecto de ley pasa por dotar al Banco Central de una independencia técnica que le permita desenvolverse con prescindencia de presiones o de las vicisitudes que se puedan llegar a dar en el ámbito político. Sobre el particular, considero que es saludable y recomendable que quienes ocupen el Directorio del Banco Central lo hagan con el mayor grado de independencia de lo que el poder político les puede llegar a exigir o reclamar. A su vez, pensamos que la experiencia -que es corta en el tiempo- de los Directorio del Banco Central en un país muy partidizado ha sido buena, puesto que ellos siempre han contado con integrantes muy capaces técnicamente. Sin duda, existen muy buenos elementos humanos para conformar ese Directorio, por lo que haríamos un buen aporte si aprobáramos esta norma que le otorga un grado importante de independencia con respecto al sistema político. Precisamente, esa es la justificación básica para establecer un período de ocho años, como forma de buscar que no necesariamente los relevos tengan que darse simultáneamente con la renovación de las autoridades nacionales. Inclusive, la renovación parcial que operará cada dos años permitirá que se pueda incorporar algún técnico o persona que reúna las condiciones necesarias a los efectos de prestar sus servicios en el Directorio de este Banco, uno de los más importantes del país.

En ese sentido, en nombre de mi sector quiero dejar constancia de que apoyamos el planteamiento original que dispone que el mandato de los Directores del Banco Central durará ocho años.

Muchas gracias.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor presidente: deseo expresar que compartimos totalmente las reflexiones del señor senador Bouza, por lo que vamos a acompañar exclusivamente el inciso primero, con la modificación que él propone, en el sentido de mantener el número actual de directores del Banco Central.

No quiero entrar en polémicas con mi amigo, el señor senador Alonso Tellechea, sobre lo bueno o malo que sería que los directores estuvieran durante un plazo mayor y con una forma de elección desvinculada de la realidad política de cada momento al país; sin embargo, deseo señalar que discrepo, más que con sus intenciones con sus palabras que creo no reflejan adecuadamente su punto de vista.

Entiendo que es absolutamente necesaria una identificación política entre la conducción económica del país y la del Banco Central. En ese sentido, me parece muy claro que no debe confundirse esa coordinación de actividades que es elemental y absolutamente necesaria para que haya una determinada política económico-financiera o bancocentralista coherente con la del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, esto es fundamental para no crear ingredientes de perturbación impensados. No puedo imaginar qué sucedería si luego de ocurrido un cambio de gobierno que significara una sustitución de partidos políticos, de orientaciones distintas, superviviera un determinado número de directores del Banco Central afiliados a otra línea económica, financiera, bancaria y, aunque se diga lo contrario, también política, con las nuevas realidades que resultan de una elección nacional. Otra cosa es lo que solemos llamar politiquería -con el perdón de la expresión- y quizás a eso se refería el señor senador Alonso Tellechea. Pero la politiquería está prohibida por otras normas de la propia Constitución y, además, no se fomenta ni se desalienta por el hecho de que la norma tenga la redacción que viene de Comisión o la que propone el señor senador Bouza. Repito, señor presidente, que para mí esto es muy claro. Este es un tema realmente trascendente en lo que tiene que ver con una adecuada marcha de una de las áreas fundamentales de cualquier gobierno y en las que más se puede hacer para tratar de construir un determinado modelo político o de país. Las innovaciones o las modificaciones del texto legal, en su casi totalidad, cuentan con nuestro apoyo; en cambio, esto significa algo que realmente dista de ser conveniente.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - He votado favorablemente esta disposición en Comisión. Al respecto, quiero distinguir en el análisis dos aspectos.

En un primer momento, era partidario de mantener tres directores y no cinco; así lo consignamos en un proyecto de ley de reforma del Estado. Sin embargo, esto no es una cuestión de principios, ya que no es una reforma fundamental el hecho de pasar de tres a cinco directores del Banco Central. Pero, dado que se ha mencionado el tema en Sala, debo decir que preferiría que fueran tres. El país no cuenta con un elenco tan numeroso de jerarcas, de técnicos, como para poner en primera línea a cinco personas en 10, 12 ó 15 organismos del Estado. De todas formas, no hago cuestión fundamental de esto.

Lo que sí es una transformación profunda -a la que me adherí- es este mecanismo doble de, por un lado, darles más duración en el mandato que la del período de gobierno -los directores durarán 8 años, mientras que el período de gobierno es de 5- y, por otro, hacer una renovación parcial de los miembros del Directorio. Con el juego de ambas disposiciones se busca dotar a la Dirección de este organismo de una mayor independencia respecto del poder político. Justamente, se pretende lograr un efecto contrario al que acaba de mencionar el señor senador Ricaldoni, quien señalaba que hay que evitar conflictos inútiles en el sentido de que el que gana una elección deba enfrentarse con la autoridad que está al frente del Banco Central. Precisamente, ese es el efecto que se quiere evitar. No es cierto que el que gana la elección es el dueño y señor de la moneda del país, ya que ésta pertenece a todos los uruguayos, a la sociedad en su conjunto.

Entonces, tenemos que buscar algún medio que permita preservar una independencia en las decisiones fundamentales del Banco Central que está organizado bajo la forma de Ente Autónomo, como lo dispone la Constitución. Quizás el Constituyente no tuvo otra solución, pero creo que no tiene mucho sentido considerarlo como un Ente Autónomo más, ya que es un organismo con funciones de gran trascendencia para la vida del país. Basta repasar lo que dice el artículo 3º del proyecto de ley referido a las finalidades del Banco Central para ver que no pueden quedar al arbitrio del que gana las elecciones. El mencionado artículo dice que la finalidad principal del Banco será asegurar la estabilidad externa e interna de la moneda nacional. Por tanto, el objetivo de esta iniciativa es dotarlo de un mecanismo por el que la estabilidad externa e interna de la moneda sea independiente de los resultados electorales. Más adelante, el artículo 3º expresa: "Además, tendrá las siguientes finalidades complementarias: a) asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos". En este sentido, quisiéramos llegar a tener un país en el que los acreedores internacionales no estén pensando en quien gana las elecciones, sino que los compromisos se cumplan con absoluta independencia. Por eso aquí se dice: "asegurar el normal funcionamiento de los pagos internos y externos". A mi juicio, debe haber una autoridad que no dependa de los resultados electorales -en todo caso, éstos se trasmitirán a lo largo de 8 años- sino que represente un consenso social más amplio, que vele por asegurar la estabilidad de la moneda, el normal funcionamiento de los pagos o un nivel adecuado de reservas, que promueva la solidez, la solvencia y el buen funcionamiento del sistema financiero nacional. Entonces, son los fines del Banco Central los que aconsejan que le demos la mayor independencia posible. En tal sentido, este es un mecanismo que tiende a dotar al Banco Central de esa independencia.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Bouza.

SEÑOR BOUZA. - Estoy absolutamente de acuerdo con el señor senador Zumarán en cuanto a que se debe asegurar la estabilidad de la moneda, porque es algo muy importante y además le interesa a todos los uruguayos. Sin embargo, no coincido con él en que ese objetivo tan trascendente no dependa de las elecciones; el señor senador debe tener en cuenta que del acto eleccionario depende el presidente que el pueblo elige, y los Ministros que éste designa y, de acuerdo con la Constitución, también depende, por ejemplo, la forma en que ese presidente va a ejercer nada menos que la conservación del orden y la tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior. ¿Acaso esos objetivos son menos trascendentes que la conservación del valor de la moneda? A mi entender son tan importantes unos como otros; todos son muy trascendentes y, sin duda, conservar el orden y asegurar en el exterior a la República es una facultad que la Constitución le otorga a quien es elegido por el pueblo en las elecciones.

Por otro lado, considero que el pueblo tiene derecho a elegir en las elecciones es la forma en que va a administrarse la moneda y el crédito en la vida económica del país. Por supuesto que estoy de acuerdo con el señor senador Zumarán en procurar que estas cosas no estén sometidas a los embates de los enfrentamientos políticos y que se busquen los elementos de estabilidad. No obstante, lo que no podemos eludir nunca -además no sería correcto desde el punto de vista del funcionamiento democrático- es que esto no dependa del pronunciamiento del soberano.

Temo que pudiéramos llegar a una situación de riesgo y de desorden si hubiera un pronunciamiento del pueblo a favor de determinada corriente política con cierta orientación económica y que no pudiera llevarla adelante porque existiera una mayoría en el Directorio del Banco Central que sostuviera una orientación opuesta. Si así fuera, ese gobierno sentiría que tiene detrás de sí toda la legitimidad y la autoridad que le da el voto popular, que es mucho más que la que pueden tener directores del Banco Central que han sido designados por una administración anterior.

En consecuencia, podríamos llegar a que se provocara ese enfrentamiento y la búsqueda de la sustitución de los directores opuestos al gobierno, no por actos inconvenientes en su gestión, como lo reclama la Constitución, sino por discrepancias en la orientación; y creo que eso no le haría bien al orden institucional del país.

Entonces, señor senador Zumarán, creo que estamos hablando de valores muy importantes; que creo son objetivos y acciones a las cuales no puede renunciar el gobierno, porque en definitiva será éste el que va a ser juzgado por el pueblo según cómo utilice sus instrumentos y cómo alcance sus metas. No es la misma situación la de los directores, que con un largo mandato van a estar alejados de lo que es la decisión más legítima en una democracia: la de los ciudadanos a través de las urnas. Por esa razón mantengo con el señor senador Zumarán la discrepancia que he expresado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Pienso que el ejemplo utilizado por el señor senador Bouza en cuanto a mantener el orden no es asimilable a mi planteo; no creo que en lo que hace a la Presidencia de la República pueda haber dos teorías: una partidaria del orden y otra del desorden. Sobre este aspecto hay unanimidad, ya que todo Presidente de la República debe velar por el orden. Sin embargo, en materia de moneda, el señor senador Bouza sabe que no ocurre lo mismo y que puede haber gobernantes tentados a buscar soluciones que impliquen que nuestra moneda pierda estabilidad. La sensibilidad de esta materia es muy diferente a la del orden y seguramente el señor senador Bouza podría haber utilizado otros casos, por ejemplo, la Salud Pública, que es un valor que todos queremos preservar y, a pesar de ello, su ejecución es atribuida al Poder Ejecutivo que es un organismo político por excelencia. De todos modos, nadie gana las elecciones diciendo que va a introducir una determinada plaga o peste en este país.

Por otro lado, en materia de manejo de moneda hay dos circunstancias diferentes. En primer lugar, el hecho de que puede existir una tendencia o posición en el sentido de que no es un valor realmente importante el hecho de preservar la estabilidad de la moneda para un gobernante que legítimamente gane las elecciones. En segundo término, está la sensibilidad que tiene este tema, ya que una declaración imprudente quizás no desate una enfermedad o una epidemia en el país, ni traerá el cólera, pero sí puede hacer subir o bajar el precio de la moneda. Generalmente, si se trata de una manifestación imprudente, la cotización de la moneda desciende. Se trata de un área extremadamente sensible, y quizás lo que más le puede afectar es que el manejo de estos temas sea susceptible de ser teñido políticamente, porque ello genera de inmediato una absoluta desconfianza.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Nuevamente coincido con las expresiones del señor senador Bouza cuando hizo uso de la interrupción que también le concediera el señor senador Zumarán.

De todos modos, deseo agregar otros aspectos. La filosofía de la Constitución actual apunta hacia otro lado y, a mi entender, lo hace sabiamente. En el artículo 174 de nuestra Carta, en una forma cuya interpretación puede ser dudosa en cuanto a su concreción efectiva, pero no en cuanto a su intención, se establece que los ministros deben contar con apoyo parlamentario. Existe una razón que justifica esta disposición, pero creo que no vale la pena que la explicite; basta con decir que no es concebible que un gobierno tenga un Consejo de Ministros o uno de los integrantes de éste que no cuente -al menos tácitamente, por omisión en cuanto a decidir una determinada sanción consistente en una censura y todo el mecanismo previsto en la Carta- con apoyo parlamentario y lo mantenga empecinadamente.

Supongo que aquí en el Senado todos hemos coincidido -y no sólo en esta oportunidad que estamos considerando este tema, porque también lo hemos evidenciado en muchas otras ocasiones y lo sostenemos permanentemente fuera de este recinto- en que es un tema de extraordinaria sensibilidad el que tiene que ver con el manejo de aquellas materias incluidas en las competencias del Banco Central. Quiere decir, entonces, que se reclamaría apoyo parlamentario para los ministros y en cambio se pasaría "en puntas de pie" sobre este tema, cuando se trata nada más y nada menos que del Banco Central. Diría lo mismo si estuviéramos hablando del Banco de la República, pero por encima de todos ellos está el Banco Central.

Por lo tanto, cuando se está discutiendo a distintos niveles la posibilidad de hacer enmiendas al texto constitucional hoy en día vigente y se están reclamando fórmulas mucho más explícitas y definidas en lo que tiene que ver con el apoyo parlamentario que debe tener un gobierno a la hora de designar sus ministros, no veo cómo se puede hacer una dicotomía de tal entidad que suponga no aplicar ese mismo tipo de consideraciones al Banco Central.

De modo que me parece que involuntariamente se está incurriendo en una contradicción, que creo es todavía mayor en el caso del Banco Central que en el de algún Ministerio que tiene, sin duda, menos importancia que otros en la distribución de competencias del Poder Ejecutivo, tal cual están estructuradas actualmente.

Insisto en que los argumentos expuestos por el señor senador Bouza son, a mi juicio, muy fuertes y deben ser considerados "mutatis mutandi" en el tema que estamos analizando en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN,. - Saliendo del tema específico del Banco Central y yendo al planteo que hace el señor senador Ricaldoni, debo decir que sostengo una posición opuesta. Creo que en general todos los directores de Entes Autónomos deben estar preservados al máximo del ajetreo político. Si algo le ha quitado imagen a la empresa pública ha sido la designación politizada de los directores que la conducen. Una auténtica reforma del Estado tiene que pasar inexorablemente por este capítulo, en el sentido contrario del que se propone. Me refiero, incluso, a algún proyecto de reforma que ha esclarecido la necesidad de que los directores de Entes Autónomos renuncien o cesen si cae el gabinete, lo cual ya sería la máxima politización imaginable en esta cuestión. A mi manera de ver, debemos profundizar en el análisis de los mecanismos necesarios para que todos los directores de Entes Autónomos sean conducidos con una mayor profesionalización de la tarea y que podamos tener en el país un cuerpo de directores de empresas públicas, que sean profesionales, técnicos, que no tengan que estar al servicio de ningún partido ni dependan de las ocasionales mayorías políticas que se logren para desempeñar sus funciones. Creo que ese día su función estará mucho más jerarquizada, será mas eficiente y, por lo tanto, gozará de mayor respetabilidad desde el punto de vista social.

Es en ese sentido que apunta el proyecto de ley que hoy estamos considerando. Este Ente Autónomo, que tiene características inusuales y una gran trascendencia en sus cometidos y funciones, puede ser el primero que reciba la aplicación de un mecanismo de designación orientado a otorgarle una mayor independencia. Por este medio, se exigiría al Senado de la República el otorgamiento de la venia a un solo miembro, de acuerdo con esta forma de rotar paulatinamente. Entonces, la venia tendrá que recaer necesariamente en un candidato que logre un apoyo importante del Senado y, por lo tanto, en una persona que esté más allá de un partido político, capaz de alcanzar un consenso. Si concretamos esta solución, entiendo que el Estado se va a ver beneficiado en gran medida.

Señor presidente: el Banco Central, la Reserva Federal en los Estados Unidos y el Banco de Londres poseen mecanismos de designación de sus autoridades que las independizan del poder político, aun en el tiempo. No sólo en el caso de Bundesbank, sino también en el de la Reserva Federal americana, la designación de su presidente no coincide con el período de Gobierno de los presidentes, sino que se renueva en la mitad del mandato; lo mismo sucede en el caso del director del Banco de Londres. Creo que son países de los que algo podemos aprender cuando sus resultados así lo justifican.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Voy a apoyar el texto del artículo 14 tal como viene de la Comisión. Además, coincido con los argumentos expuestos en sala por los señores senadores Alonso Tellechea y Zumarán.

En primer lugar, creo que es conveniente clarificar el aspecto jurídico. Si la Constitución impide una solución de la naturaleza proyectada en el artículo 14, entonces no es cuestión de procurar imponerla, puesto que eso sería legislar contra ella. Desde este punto de vista, para mí es absolutamente claro que la Constitución no prohibe una solución como la proyectada en este artículo. ¿Por qué? La Constitución se refiere exclusivamente a la forma de designación de los directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a través del Poder Ejecutivo con la venia del Senador. Luego, en el último párrafo de este artículo -como lo recordaba hoy el señor senador Bouza- se autoriza que la ley establezca otra forma de designación, como por ejemplo la de carácter electivo. En ningún caso se refiere a la duración del mandato. No hay ninguna disposición en la Sección XI que diga que los directores durarán cinco años y que su mandato coincidirá con el período de Gobierno. Reitero: ninguna disposición lo dice. Es verdad -y sería absolutamente absurdo y deshonesto desconocerlo- que la aplicación de este precepto constitucional ha tenido lugar en el sentido de que los directores actúen en la Administración durante la cual fueron designados o a consecuencia de cuya instalación resultaron nombrados. Tradicionalmente, ha existido la distribución de los Entes Autónomos al comienzo de cada período de Gobierno. A este respecto y a título personal y en forma lateral al tema en discusión digo que estoy radical, total y absolutamente en contra de este sistema que ha corrompido el funcionamiento de las empresas del Estado -Entes Autónomos y Servicios Descentralizados- politizándolos de una forma completamente inconveniente. Estoy en contra de lo que en la terminología anglosajona se llama "spoil system", el sistema de los despojos en beneficio del ganador. De modo que si así pienso con respecto al conjunto de los Entes, con más razón lo hago en relación al Banco Central del Uruguay. Pero insisto, señor presidente, en que no existe ninguna disposición en la Constitución de la República que establezca que la duración en sus funciones de los directores de los Entes Autónomos deba ser de cinco años y que coincida con el período de gobierno.

Aclarado este punto, también quiero expresar que respeto como el que más las tradiciones y los precedentes para observarlos y, muchas veces, para seguirlos, pero no me siento atado ni ligado a ellos y experimento la responsabilidad como legislador, frente a cada uno de esos precedentes o tradiciones de ponerlos en tela de juicio y, si encuentro soluciones mejores, más modernas y más convenientes, de seguirlos y, precisamente, este es el caso.

Así, clarificado el punto jurídico ante la integración del Directorio del Banco Central, me coloco mentalmente en la posición de poder elegir cualquier solución en cuanto a la duración del mandato y a la renovación parcial o no de sus miembros. Y creo que la propuesta del proyecto es equilibrada, balanceada y adecuada.

Digo esto, porque antes de analizar nuevamente nuestro proyecto de ley, me sumo a las consideraciones que el señor senador Zumarán hacía recién sobre la experiencia en otros países. Es necesario mirar qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué hacen los países que tienen éxito en las soluciones institucionales para este tema, aquellos a los que les va bien con su Banco Central. Precisamente, esos países hacen lo que se está proponiendo en este proyecto; es decir que hay un elemento de estabilidad que no es afectado por las renovaciones de la Administración. A modo de ejemplo, podemos decir que el señor Clinton, presidente de los Estados Unidos, deberá convivir con el presidente de la Reserva Federal durante el tiempo de su mandato y, a su vez, el canciller Kohl deberá coexistir con el presidente del Bundesbank durante el mandato de este último. Eso es lo que hacen los países exitosos en los cuales la moneda es efectivamente estable.

En su intervención, el señor senador Zumarán se preguntaba si a raíz de la última crisis monetaria europea no se pondría, tal vez, en tela de juicio o en duda el eficaz funcionamiento del Banco Central alemán. Debo responder que no, señor presidente; que, por el contrario, ella confirma el acierto del funcionamiento independiente. El marco sigue firme, la situación de inflación está siendo controlada y lo que implicaría un terrible riesgo para la estabilidad de la economía alemana está siendo sorteado con dificultades pero con firmeza, a través de un organismo independiente.

¿Por qué se plantea esta solución, señor presidente? No basta simplemente con decir que como otros lo hacen, nosotros debemos sumarnos y hacer lo mismo. Tenemos la obligación de preguntarnos por qué actúan de esa manera, es porque sabemos que veleidosa es la prioridad de los hombres y que la carne es débil, para citar otra fuente. Nos consta que el manejo de la estabilidad de la moneda, si no es colocado bajo alguna clase de protección, corre el terrible riesgo de ser conducido de una manera peligrosa o irresponsable. Por esa razón, los países exitosos actúan de esa manera y defienden y protegen su moneda con eficacia.

Analizando nuevamente la iniciativa, al artículo 14 se relaciona con el artículo 3º donde se establece la finalidad principal de defender la estabilidad de la moneda, con el agregado de otros fines complementarios que no son poca cosa; normal funcionamiento de los pagos internos y externos, las reservas internacionales y la conducción idónea y adecuada de todo el sistema financiero nacional. Se reclama la estabilidad por ocho años de los mandatos y la renovación parcial de los directores del Banco Central, precisamente, por la delicada naturaleza de los fines que se le encomiendan que, por sus características, son susceptibles de ser malamente conducidos por un interés político circunstancial.

En sala se ha expresado un argumento que debemos respetar -tal como hacemos con todos- en el sentido de cómo se concilia esta situación con el funcionamiento del sistema democrático representativo, con las elecciones, con los controles políticos y del Parlamento y, fundamentalmente, de la ciudadanía. Podría suceder, entonces, se piensa que hubiera una isla atrincherada en un fortín de disposiciones que quedara aislada e insensible ante los cambios de las circunstancias políticas del país. No es así, existen mecanismos para solucionar eso. En primer lugar, se produciría una renovación parcial, de tal modo que a pesar de la permanencia durante ocho años en los cargos, el Directorio no quedaría esclarecido o congelado -tal como dice el informe en general- con la configuración que tuvo al formarse, ya que se iría renovando al permitirse la entrada de vientos nuevos, por así decirlo.

En segundo término, y más importante que lo anterior, el Banco Central, al igual que todos los Entes Autónomos, está sujeto al control del Poder Ejecutivo, que dispone de los artículos 197 y 198 de la Constitución para aplicar no sólo cuando la conducta del Directorio es ilegal, sino también cuando la juzga inconveniente. Entonces, en ese caso, el Parlamento -es decir, la auténtica y legítima representación popular que, en esta situación, actuaría por mandato de la Constitución- y, en particular, el Senado será quien dirima las diferencias de criterios o conceptos que pueda haber entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central. A mi juicio, es bueno que esto sea así, porque lo que se va a discutir en esa oportunidad es una materia que tiene que ver con una de las razones de ser del Parlamento, como es el manejo y control de la moneda, su salud y, en definitiva, su responsabilidad en el manejo tributario. Sin este control parlamentario, podría suceder que un Poder Ejecutivo con un Banco Central que actuara en tandem, perfectamente coordinados y sincronizados, sustrayéndose del contralor parlamentario, pudieran, a través de la emisión y de la inflación, realizar las financiaciones de actividades al margen de dicho control. Entonces, de la combinación de los mecanismos establecidos en esta iniciativa con las normas que dispone el sistema constitucional normal para los Entes Autónomos en la Sección XI, se prevé de una decisión del Parlamento. Esto, que resulta de nuestro régimen constitucional antiguo, coincide casualmente con las soluciones más avanzadas en materia de organización de bancos centrales, como es la Nueva Zelanda, que ante situaciones de esa naturaleza difiere al Poder Legislativo la solución del punto en cuestión.

Por estos fundamentos, señor presidente, es que voy a acompañar con mi voto al artículo 14 con la redacción dada por la Comisión.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: en forma rápida voy a referirme a diversos temas que se han planteado en torno al contenido de este artículo 14, que diría que son tres: el número de directores, su duración en el cargo y la constitucionalidad o no de establecer un sistema de duración distinto a lo que es la tradición de nuestro país hasta el presente. Naturalmente, se han manejado otros temas, pero considero que ellos han surgido por vía argumental. De todos modos, reitero, me parece que los que voy a plantear son los más importantes.

En cuanto al número de miembros del Directorio, admito que la discusión en abstracto puede ser factible; por algo la Constitución dispuso que pueden ser tres o cinco para todos los Entes Autónomos, según lo establezca la ley. Sin embargo, me parece que en el panorama uruguayo el hecho de que el Banco Central sea uno de los organismos que tenga tres miembros en el Directorio, no guarda relación con la existencia de cinco miembros en otras instituciones del Estado. Eso me parece absolutamente claro. Por eso digo que en abstracto pueda ser factible; no niego que se pueda discutir. Quizá todos los organismos deberían tener tres Directores o, como alguien ha sostenido en una especie de paroxismo de unilateralidad, todos deberían tener solo uno.

El segundo punto a que quería referirme es a la duración en el cargo. A título personal, queremos decir que siempre nos ha parecido mucho más saludable que dicha duración no coincida con la del mandato político. Digo esto aun cuando hay una decisión orgánica de la fuerza política que integro -el Frente Amplio- por la que ha resuelto no votar la fórmula concreta que figura en el artículo 14. He trabajado en varios proyectos de Carta Orgánica del Banco Central y, particularmente, recuerdo los últimos dos que se elaboraban ya cuando languidecía mi posibilidad de trabajar en el Banco Central en la época de la dictadura. Uno de ellos, que le fuera presentado al entonces usurpador de la Presidencia, el doctor Aparicio Méndez, fue devuelto en menos de tres minutos. En ese proyecto la opinión jurídica del Banco Central efectivamente proponía que su duración no coincidiera con el mandato político. Esto no quiere decir que ésa sea la mejor solución. Como anunció hace un rato el señor senador Astori, no la vamos a votar porque existe una decisión política de no hacerlo. Sin embargo, la fuerza política que integramos está de acuerdo con ese carácter general y, en ese sentido, ha apoyado y suscrito proyectos por los que se buscan fórmulas que desliguen el mandato político del de los Directores de los Entes Autónomos. Esto ha sido presentado en dos oportunidades: en un proyecto anterior al plebiscito del 13 de diciembre y en otro texto más reciente sobre reforma del estado.

Compartiendo el razonamiento que hace instantes realizó el señor senador Blanco, necesariamente me tengo que referir a si la Constitución prohibe que ese mandato se establezca de manera separada, desligada del mandato político. A mi juicio, no sólo lo prohibe sino que, de manera explícita, prevé que el tema del mandato quede en el ámbito de la legislación ordinaria; no está fijado por la Constitución.

Cabe señalar que la forma de designación es un asunto compartido entre la Constitución y la ley. La primera establece una modalidad tipo -que ha sido denominada 3 y 2 tradicionalmente en el Uruguay- y dice que la ley puede fijar otra forma de designación. Incluso, puede establecer el sistema electivo, como está previsto en el artículo 187.

De modo que sobre la forma de designación, no hay duda de que el rango normativo legal puede legislar sin problemas. Sin embargo, aquí se ha sostenido que eso no significa que la Constitución admita mandatos separados de los períodos de gobierno. Considero que lo admite expresamente. Además, como manifestó el señor senador Blanco, ningún artículo expresa cuándo se designan los directores de los Entes Autónomos. Entonces, un gobierno puede -tradicionalmente no lo ha hecho- dejar un Directorio tal como está durante todo su mandato; es decir que puede resultar electo y, sin embargo, dejar la integración de un Directorio tal como vino del período anterior.

Por otra parte, el artículo 192 de la Constitución regula el tema expresamente y señala que los miembros de los Directorios cesarán en sus funciones cuando estén designados o electos, conforme a las normas respectivas, quienes hayan de sucederlos. ¿Cuáles son las normas respectivas? ¿Las de la Constitución? No, porque ella nada dice al respecto; se trata, pues, de las normas legales, que son las que pueden fijar cuándo cesan los Directores de los Entes Autónomos. En ese sentido, pueden determinar que el período sea de dos, cinco, diez o veinte años. Es cierto que habrá algunas fórmulas más racionales que otras, pero de todas maneras la Constitución ha dejado este aspecto en manos de la ley. Considero que en este caso lo que existe es una práctica impuesta por la realidad política: una vez que un gobierno electo comienza a ejercer su función, designa a un Directorio que tenga una mayoría de integrantes de su confianza política. Sin embargo, ello no quiere decir que ésa sea la mejor solución.

La Constitución permite que la ley ordinaria establezca un sistema de suplencias distinto al que rige actualmente, por el que se eligen nada más que los titulares que van a integrar el Directorio. Cuando falta uno de sus miembros, el cargo se llena con un director de otro Ente Autónomo, o se designa uno nuevo si la vacante es definitiva. Como decía, por ley incluso se puede establecer que se nombren los suplentes. Esto tampoco está previsto en el artículo 192, que expresa: "Las vacancias definitivas se llenarán por el procedimiento establecido para la provisión inicial de los cargos respectivos, pero la ley podrá establecer que, conjuntamente con los titulares de los cargos electivos, se elijan suplentes que los reemplazarán en caso de vacancia temporal o definitiva". Es decir que la ley puede determinar que los cargos de directores de Entes Autónomos sean electivos. A este respecto, existe una propuesta de varias fuerzas políticas -no sólo del Frente Amplio- para que uno de los integrantes del Directorio sea designado por elección de los funcionarios. Además, puede establecerse un sistema de suplentes en esos casos.

En síntesis, señor presidente, estamos de acuerdo con que sean cinco los miembros del Directorio del Banco Central, por las razones que aquí se han dado y, además, por un fundamento de comparación relativa con la cantidad de integrantes que existen en los Directorios de otros organismos -cito el SODRE por poner un ejemplo- cuya responsabilidad sin duda es menor.

Por otra parte, en lo personal soy partidario de que se separen los mandatos de los directores de los Entes Autónomos de éste y de todos los mandatos políticos. Existe una razón, no sólo de disciplina política derivada de una decisión tomada en la Mesa Política del Frente Amplio, sino también planteada en una fórmula concreta relativa al tema de la renovación parcial, etcétera, que podrá ser discutible. Por lo tanto, no voy a votar ese punto.

Por último, quiero señalar que desde el punto de vista constitucional nada impide que la ley ordinaria establezca sistemas de elección distintos al clásico previsto en el artículo 187, y regímenes de duración de los mandatos de los directores que no coinciden con el mandato político.

Muchas gracias.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: voy a ser muy breve porque comparto todo lo que han expresado en defensa del texto venido de la Comisión los señores senadores Zumarán y Blanco; incluso, coincido con el señor senador Korzeniak, quien expuso su propio punto de vista al respecto.

Me referí a este tema en la discusión general con bastante detalle, pese a la brevedad de mi exposición. Señalé que, a nuestro juicio, esto va por el buen camino de la reforma del estado que queremos. Además, quiero destacar que desde nuestro punto de vista se atribuye una excesiva importancia a lo que puede resultar de una falta de coordinación política -en el mejor sentido de la palabra- entre un Poder Ejecutivo electo por la ciudadanía y un directorio del Banco Central que no se compadezca íntegramente con las orientaciones de la política económica de aquél.

Expresé que este proyecto, que tiende a la independencia del Banco Central, no la consagra absolutamente, a la manera de otras instituciones líderes en el mundo, como el Bundersbank, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. En realidad, realiza un avance en el buen sentido, pero a diferencia de lo que venía en el proyecto original del Poder Ejecutivo electo por la ciudadanía y un Directorio del Banco Central que no se compadezca íntegramente con las orientaciones de la política económica de aquél.

Expresé que este proyecto, que tiende a la independencia del Banco Central, no la consagra absolutamente, a la manera de otras instituciones líderes en el mundo, como el Bundersbank, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. En realidad, realiza un avance en el buen sentido, pero a diferencia de lo que venía en el proyecto original del poder Ejecutivo, deja en manos de éste la dirección de la política económica. Lo que tiene el Banco Central son cometidos muy precisos y poderes jurídicos claramente determinados, para cumplir con una finalidad esencial para todos los uruguayos, que es la defensa de la estabilidad de la moneda nacional. Además, naturalmente, tendrá una serie de cometidos y competencias en relación con el control de la actividad bancaria.

El Banco Central no es un Ente Autónomo como los demás; tan es ello así que, conforme al sentido natural de ser un banco central y a la ley, controla y orienta la actividad de bancos oficiales, lo que indica que no se trata de un Ente Autónomo igual a los demás. Entonces, parece razonable que a una institución de esa naturaleza se la dote, en lo que hace a la integración y al mando de sus directores, de una mayor independencia del poder político. Por otra parte, y como muy bien señalaba el señor senador Blanco, eso no supone la facultad de hacer cualquier cosa en cualquier sentido porque, además, juegan las normas constitucionales que disponen el control del Poder Ejecutivo y, eventualmente, la intervención del Parlamento por medio del Senado de la República.

Creo que -sin voluntad de hacerlo- se exagera cuando se piensa que puede ocurrir una especie de catástrofe por el hecho de que la elección la gane un partido con una orientación de política económica diferente a la que podría resultar de la mayoría del directorio del Banco Central que permanece en funciones. No debemos olvidar que durante el mandato de un gobierno se producen dos renovaciones de Directorio porque, según esta propuesta, los cambios se harán cada dos años. Entonces, ha de tenerse presente el equilibrio que la Comisión cree haber logrado: por un lado, se tiende a la independencia de la institución mediante normas como esta y, por otro lado, se mantiene en manos del Poder Ejecutivo la conducción de la política económica. En este aspecto introdujimos cambios muy importantes en las propuestas provenientes del Banco Central y del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no puede pensarse que aquí se da un paralelismo con lo que podría suceder si el Poder Ejecutivo tuviere que gobernar un Gabinete o un Ministerio que no le fuera políticamente afín, o careciera totalmente de respaldo parlamentario. No se trata de situaciones similares.

Reitero, señor presidente, que entendemos que esta propuesta va en el buen camino de la reforma del Estado -por la que bregamos- y anunciamos nuevamente nuestro voto afirmativo a la iniciativa aprobada en Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Solicito al señor senador Batalla que me sustituya en la Presidencia.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Batalla)

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor presidente del Senado.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Comienzo por manifestar que voy a votar afirmativamente el inciso 1º del artículo 14, relativo a la integración del directorio del Banco Central con cinco miembros, por razones que en mi concepto son obvias y que no voy a reiterar ya que otros señores senadores se han referido al punto.

En cambio, discrepo con quienes me han precedido en el uso de la palabra, por cuanto considero que sería un profundo error desde el punto de vista práctico, votar esta norma tal como viene redactada, en el sentido de que la duración de los miembros del directorio del Banco Central en sus cargos, sea por un período de ocho años. Y, además, pienso que la norma ofrece serias dudas en cuanto a su constitucionalidad, no obstante los argumentos que se han expuesto en Sala. Digo esto, no remitiéndome al tenor literal de los textos que refieren a este punto en la Constitución sino considerándola como un sistema integrado en su conjunto y teniendo en cuenta, también, el espíritu de sus normas, especialmente las contenidas en su artículo 187.

En este caso la inconstitucionalidad no es lo principal porque, en mi concepto, no es flagrante; lo fundamental es el pésimo resultando práctico que traería aparejado consagrar una norma con este alcance.

Voy a comenzar explicando la cuestión de constitucionalidad. Como aquí se ha dicho, es exacto que ninguna disposición de la Constitución establece que los miembros de los directorios de los Entes Autónomos tienen un período de duración determinado en sus cargos. No existe norma alguna que establezca que permanecerán cinco años o por el período del gobierno que los haya designado. Al respecto, el artículo 192 de la Carta dice que esos miembros cesarán en sus funciones "cuando estén designados o electos, conforme a las normas respectivas, quienes hayan de sucederlos". La expresión "conforme a las normas respectivas", a mi juicio, no se refiere a la hipótesis de designación, porque ella está expresamente regulada en el artículo 187. Por lo tanto, no tendría sentido la referencia "a las normas respectivas, que supone que no se sabe cuáles son. Reitero que la designación se rige por el artículo 187. La expresión mencionada por tanto, se vincula a la hipótesis de que, haciendo uso de la facultad que este artículo da al legislador, se hubiere optado, en algún caso, por la solución de declarar electivo un directorio.

Hace unos momentos el señor senador Astori tenía dificultades para hilvanar su razonamiento porque se escuchaba en sala la voz del senador Jude que, por cierto, es de decibeles muy elevados. Ahora estoy oyendo el señor senador Cadenas Boix, a quien, si no tiene interés por mis palabras, le solicito que por lo menos me permita continuar con mi exposición.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - La Mesa va a amparar al señor presidente del Senado en el uso de la palabra.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Muchas gracias, señor presidente.

Si no hay una colisión con ningún texto expreso de la Constitución, en cuanto a que exista una solución que literalmente sea contraria a lo que establece el proyecto de ley, no está en el espíritu ni en el sistema de ella, esta disposición excepcional -no sé a quién se la habrá ocurrido, pero estoy informando de que no fue a alguien que viva y resida en la República Oriental del Uruguay- en el sentido de que los miembros en sus cargos. Digo esto porque en el artículo 187 de la Carta se establece que para designar a los miembros de los directorios se requiere la venia de la Cámara de Senadores, otorgada por un número de votos equivalente a los tres quintos de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso 1º. Es decir que la mayoría se computa sobre 30 componentes, ya que el presidente vota pero no es tenido en cuenta a los efectos de la determinación de este quórum.

Esta norma tan criticada -quizás con razón, pero ese es otro problema, porque está vigente y hay que cumplirla e integrarla al sistema de la Constitución, en su interpretación supone desde siempre -y ésta ha sido la razón de su crítica- un acuerdo político entre el partido de gobierno y otro que da los votos para alcanzar la mayoría el cual llevará en los Entes Autónomos los cargos de la minoría.

Por consiguiente, el espíritu del constituyente -y eso nadie lo puede dudar- fue el de que cuando se instalara un gobierno, el Poder Ejecutivo enviara una propuesta al Senado, previo acuerdo con otros sectores o partidos políticos, a fin de alcanzar, repito, esa mayoría. Esto es así y se ha aplicado y cumplido siempre que al término de un período de gobierno -y renovadas todas las autoridades electivas luego de la concurrencia del pueblo a las urnas- cesa el mandato, al poco tiempo, de todos los directorios de los Entes Autónomos. En tal sentido, a nadie se le ha ocurrido decir que el Poder Ejecutivo no tenga esa potestad; por cierto que la tiene y siempre la ha ejercido. Por lo tanto, ese es el sistema que ideó el constituyente, aunque no haya incluido en el artículo 192 una norma que exprese que los directores permanezcan en sus cargos cinco años o hasta que el gobierno subsiguiente al que los designó efectué las nuevas nominaciones.

Además, se está olvidando que existe responsabilidad política de los ministros integrantes del Poder Ejecutivo ante la Asamblea General -no sólo por los propios actos de dicho poder, sino por los de los directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados- los cuales, de acuerdo con los artículos 197 y 198 de la Constitución, deben fiscalizar, controlar y eventualmente observar, al punto de que en determinadas hipótesis pueden llegar a solicitar a la Cámara de Senadores su acuerdo para remover a los directores de los Entes Autónomos. Asimismo, por no controlar debidamente la aplicación o ejecución de determinadas políticas de éstos, un ministro no sólo pueda ser objeto de un pedido de informes, sino de un llamado a sala. En la legislatura pasada, el actual presidente de la República -desde la banca situada al lado de la que estoy ocupando- interpeló al señor ministro de Economía y Finanzas, contador Zerbino, porque el directorio de ANCAP, con aprobación del Poder Ejecutivo, había dispuesto un determinado aumento en el precio de los combustibles. Si es constitucionalmente indiscutible que el Poder Ejecutivo es políticamente responsable ante el Parlamento por los actos de los directorios de los Entes Autónomos me pregunto cómo puede ser que se imponga a dicho poder responsabilidad política por los actos del directorio del Banco Central -que, por cierto, existe- y no se le quiera dar, paralelamente, la facultad de designarlo de un directorio del Banco Central que estaría en funciones hasta el año 2003, oportunidad en la que se hallará en funciones otro gobierno que no podría cambiarlo durante tres años. Entonces, ese directorio designado cinco años atrás y no por ese Poder Ejecutivo, que de pronto sigue orientaciones económicas distintas de las de su predecesor, genera la responsabilidad política del ministro nominado por el primero. La incongruencia de esta solución dentro del sistema constitucional, resulta de toda evidencia.

SEÑOR KORZENIAK . - ¿Me permite una interpretación?

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero expresar que no considero efectivo el argumento manejado por el señor presidente del Senado. A pesar de que ambos votaremos en el mismo sentido de rechazo la fórmula contenida en el artículo 14, me parece que señalar que es una incongruencia que habiendo responsabilidad política de los ministros, no existía una correspondencia política con el directorio de un Ente Autónomo, no es un argumento aceptable, por una razón muy sencilla. La responsabilidad política del ministro por lo que hace un directorio de un Ente Autónomo no es por los actos realizados, sino por la omisión de los controles que debe llevar a cabo.

Los ministros se pueden censurar por sus actos de administración o de gobierno. Eso se entiende, en un sentido amplio, también por omisión. Si el directorio de un Ente Autónomo hace disparates, la responsabilidad del ministro sobreviene por no controlarlo y por no tomar las medidas correctivas correspondientes.

Si fuera cierto el argumento que el señor presidente del Senado está esgrimiendo, sería incongruente que se pudiera censurar tal como es posible hacerlo- por ejemplo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, cuando no controla adecuadamente lo que hace el directorio de una empresa privada. Evidentemente, a este ministro del ejemplo se le puede censurar y, lógicamente, no hay ninguna incongruencia. Por otra parte, a nadie se le va a ocurrir que, por esa razón, el ministro de Trabajo y Seguridad Social es el que debe designar a los integrantes de los directorios de las sociedades anónimas. Es obvio que no. Sin embargo, se le puede censurar a dicho ministro, por ejemplo, si hay un escándalo político en torno al hecho de que los inspectores de trabajo permitieran la violación de las leyes laborales. Ahí sí el ministro sería políticamente responsable. Naturalmente, el directorio de esa sociedad anónima donde se están cometiendo las violaciones, no tiene por qué tener afinidad política con el ministro. Entonces ¿por qué razón, cuando se trata del directorio de un Ente Autónomo, se dice que debe guardar una debida correspondencia política?

La responsabilidad del ministro no emerge de su afinidad política con la mayoría del directorio de un Ente Autónomo, sino de la omisión en controlar o aplicar correctivos cuando dicho directorio actúa mal.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Puede continuar el señor presidente del Senado.

SEÑOR AGUIRRE RAMIREZ. - Es exacto lo que dice el señor senador Korzeniak en cuanto a que la responsabilidad política del Poder Ejecutivo y de sus ministros no emerge de las orientaciones o de los actos del directorio de un Ente Autónomo, sino de su eventual omisión en controlarlos, si los considera inconvenientes o ilegales.

Ahora bien; sin perjuicio de que ello no deja sin efecto el argumento que ya expuse, con relación al sistema que pensó el constituyente -y que emerge claramente de la letra del artículo 187 de la Constitución, que es incompatible con este lapso o duración que se quiere establecer en el artículo 14- el mismo por probar mucho, prueba, al mismo tiempo, lo absurdo del sistema que se quiere implantar.

Vayamos a la práctica e imaginemos la situación que pudiera darse si el actual directorio del Banco Central hubiera sido electo de acuerdo a este sistema y su mandato durara hasta 1998. Si las próximas elecciones las ganase un partido que no fuese el Partido Nacional, dicho gobierno no va atener la misma orientación económica del actual Poder Ejecutivo y, particularmente, de quien preside el Banco Central. Entonces, si la norma le impone una duración en su mandato de 8 años, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que en cualquier situación similar: si el directorio del Banco Central tiene una orientación que no responde a la filosofía económica del ministro de Economía y Finanzas, en cuanto comience a dictar actos y a concretar en medidas determinadas el ejercicio de las competencias que le da este proyecto, va a entrar en colisión con el Poder Ejecutivo. Así , el Poder Ejecutivo va a considerar inconveniente la gestión, como consecuencia de esta concepción económica distinta. Por lo tanto, va a observar los actos de ese directorio, que igualmente los va a mantener. En tal caso, el Poder Ejecutivo va a tener que pedir al Senado su remoción. Pienso que todo esto no tiene sentido y es necesario simplificar las cosas. Si el gobierno siguiente mantiene la orientación económica anterior, podrá dejar en sus cargos a los directores que lo ocupaban. En cambio, si tiene otra orientación económica, es evidente que va a nombrar nuevos directores. De lo contrario, va a entrar, inevitablemente, en el conflicto que regulan los artículos 197 y 198 de la Constitución. Si no, sin llegar a eso y para evitarse todos estos problemas, el Presidente de la República podría pedir la renuncia de los directores del Banco Central. ¿Qué director se va a mantener en su cargo si el Presidente de la República le pide la renuncia? Lo único que puede hacer es presentársela. ¿Para qué se va a aferrar al cargo si sabe que de cualquier manera, por una vía o por otra, va a terminar siendo destituido? Es más elegante presentar la renuncia que llegar a ese extremo. Pienso que hablar del Bundesbank, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco de Londres está, en teoría, muy bien. Pero allí no existe un capítulo de la Constitución que regule los Entes Autónomos tal como lo hace la nuestra. Allí no existe la práctica y la costumbre política que hay en nuestro país. Estimo que la teoría puede ser muy atrayente, pero es necesario pisar la tierra, ubicarse en la realidad. Este sistema no puede funcionar en la República Oriental del Uruguay. Si este proyecto se vota, va a conducir a enfrentamientos, porque ningún Presidente de la República va a permitir que un organismo tan importante como es el Banco Central esté manejado por personas designadas por el gobierno anterior.

Esta es la única conclusión a la que podemos arribar si examinamos la realidad política y la experiencia que ha habido en el país respecto del funcionamiento de los Entes Autónomos.

Además, y saliendo del plano jurídico, del plano constitucional, pido que vayamos a lo práctico. Se dice que el Banco Central tiene como función básica el mantener la estabilidad de la moneda. Pero esta no es su única función. Además, tiene otras muy importantes en el plano de la economía. Por ejemplo, interviene en el sistema crediticio y dicta normas aplicables a las entidades públicas y privadas que integran el sistema financiero, entre otros. Al respecto, el literal c) del artículo 7º dice que : "actuará como asesor económico, banquero y representante financiero del gobierno".

Me pregunto en qué cabeza puede caber que el presidente de la República tenga un asesor económico al que no eligió, sino que fue electo por el Poder Ejecutivo anterior o que el representante de un gobierno ante los organismos financieros internacionales no sea elegido por ese gobierno, sino por el anterior. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? Considero que si pensamos de esta manera, estamos fuera de la realidad. Si votamos este artículo, lo que va a ocurrir, inevitablemente, es que el gobierno electo -no el próximo, sino el que le siga- no acepte al directorio del Banco Central nombrado por el gobierno anterior y, por una vía o por otra, se desembarace del mismo. Dicho Poder Ejecutivo no lo va a permitir y, al mismo tiempo, no se le puede imponer la obligación de tener al frente de un organismo electo bajo otras condicionantes políticas, por otras personas y, probablemente, por otro partido político. Reitero que eso no puede funcionar en la realidad.

Si esta norma hubiese estado vigente ¿alguien considera concebible que el Partido Nacional debiese mantener, en el directorio del Banco Central, una mayoría designada por el doctor Julio María Sanguinetti? ¿No fue una decisión básica del doctor Lacalle, cuando llegó a la Presidencia de la República, llevar al doctor Ramón Díaz a la Presidencia del Banco Central? Sin embargo, esa posibilidad no la hubiese tenido si esta norma absurda que se pretende votar hubiera estado vigente. El asunto es más absurdo aun si ponemos el ejemplo actual. ¿Alguien pude concebir que si votamos esta norma el próximo gobierno pueda mantener en la Presidencia del Banco Central al doctor Ramón Díaz? ¿Hay alguien, candidato a la Presidencia de la República, que esté pensando en mantenerlo? Pienso que no hay nadie, por lo menos que milite en las filas del Partido Colorado, en las del Partido Por el Gobierno del Pueblo o en las del Frente Amplio. Por lo tanto, si cualquiera de esos lemas ganara la elección, lo primero que reclamaría, sería la potestad natural de designar a los directorios del Banco Central, del Banco de la República y de los distintos Entes Autónomos. Lo mismo sucedería con algunos de los que militamos en el Partido Nacional, lo cual revela, por si falta hiciere, lo absurdo de esta norma que se propone.

Culmino con un último argumento, señor presidente.

Se dice que la Constitución no prohibe esto. Pero debemos destacar que la Constitución es la misma para todos. No hay una Constitución para el Banco Central, otra para el Banco de la República y otra para los demás Entes Autónomos. Entonces, si se dice que se puede nombrar directorios de Entes Autónomos por un período de 8 años, también se puede por 12, por 50 y por 99 años. Ahora bien; si votáramos una ley que dijera que los directorios de todos los Entes Autónomos van a durar 12 años ¿alguien diría que esto es lógico? Nadie. ¿Alguien se atrevería a aseverar que esto es constitucional? Nadie. Sin embargo, respecto del Banco Central se dice que esto se puede hacer. Eso, señor presidente, ni se puede, ni se debe hacer.

Muchas gracias.

SEÑOR BLANCO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BLANCO.- Consecuentemente, el señor presidente del Senado ha dicho que esta es una norma absurda y que a quien se le puede ocurrir votarla. Aclaro que tengo la intención de votar esta disposición -que no se le ha ocurrido a quien habla- y felicito a la persona que la ha propuesto. La comparto totalmente y quiero decir en relación con esto que no puedo aceptar en silencio las expresiones del señor presidente que descalifican intelectualmente a quienes sostienen una posición diferente. Respeto los argumentos que ha señalado, aunque también deseo indicar que el señor presidente no ha podido indicar una sola norma en la Constitución que se oponga a la solución que figura en el artículo 14. Si bien se ha referido a los antecedentes -que reconozco existen- ninguno de ellos inhibe la solución que aquí se propone.

En lo que se refiere a la posibilidad de discusión en el sentido de que halla una desinteligencia entre el Poder Ejecutivo y el directorio del Banco Central, debo decir que es lógico que pueda existir, ya sea con este sistema que propone el artículo 14 o por el actual. De hecho, en esta misma Administración, ha habido desinteligencias ente el Poder Ejecutivo y algunos miembros del Directorio de los Entes Autónomos designados según el procedimiento actual, lo que es normal que así suceda. Cuando eso ocurre, la Constitución prevé un mecanismo para dirimir ese tipo de desinteligencias. En mi exposición como miembro informante, en la discusión general traté de subrayar y de enfatizar que la intervención, del Senado para decidir tales situaciones lejos de ser un problema, una complicación o un quebradero de cabeza, es un método idóneo para resolver esas cuestiones, particularmente en el caso del Banco Central.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-De ninguna manera, es una solución anómala, puesto que cuando la ley le confía a un órgano una responsabilidad de la naturaleza de la que se da al Banco Central, es razonable que si hay una diferencia en cuanto a la forma de ejecutar esa responsabilidad, sea el propio Parlamento el que dirima.

Al comienzo de la intervención del señor presidente él se refirió a que esta idea había tenido su origen en el extranjero. No sé quién la propició, ni tampoco si es nacional o extranjera. Personalmente, no me animaría a poner fronteras a las ideas. Por ejemplo, puedo decir que soy cristiano o que soy partidario del sistema democrático republicano de gobierno, y ambas ideas no tienen carácter nacional. De modo que hay una serie de conceptos, ideas, filosofías y soluciones que se aplican y se aceptan que no han nacido en el Uruguay.

Por último, deseo expresar que, tal vez, mi discrepancia mayor con el señor presidente consiste en que él, de alguna manera, se resigna a que lo que hoy es en el Uruguay, así deba continuar. No me resigno a la mediocridad, así como tampoco a que cuando discutimos, sanciones de otros países por ejemplo, durante el debate sobre la Ley de Puertos se dijera que la solución era buena para el de Rotterdam, pero no para el Uruguay porque "ellas son holandesas". De igual modo, no me resigno a que se afirme que algo es bueno para el Bundesbank o la Reserva Federal, para los alemanes o para los americanos, pero no para nosotros. No señor; los uruguayos somos tan buenos o mejores que los holandeses, los alemanes o los norteamericanos. Por eso no me resigno a que entre una fórmula que puede funcionar en otros lados se diga que como somos uruguayos no podemos aplicarla en nuestro país. Creo que sí puede funcionar y con mucho orgullo apoyo la solución propuesta en el artículo 14.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa va a solicitar la tolerancia del Cuerpo para no pedir nuevamente al señor senador Batalla que me sustituya, a los efectos de contestar de la más breve manera posible la alusión del señor senador Blanco.

La Presidencia desea expresar que no cree haber descalificado intelectualmente a ningún integrante del Senado, ni a nadie que haya argumentado de modo distinto al suyo. Si así fuere, lo habría hecho inadvertidamente, por lo que presentaría sus excusas al Cuerpo, pero no cree que haya incurrido en esa falta. Lo que sí ha descalificado -o tratado de demostrar su sin razón- son los argumentos de quienes están en la otra posición por considerarlos faltos de realismo, ajenos a la realidad política de nuestro país.

En cuanto a la últimas expresiones del señor senado Blanco, la Mesa desea señalar que no critica esta solución que va a votar negativamente por apego a una mala tradición del Uruguay, sino que considera que si se pusiera en práctica este procedimiento, sería mucho peor que si se siguiera aplicando el vigente y se generarían conflictos absolutamente innecesarios.

En cuanto a la referencia a naciones extranjeras, la Presidencia quiere manifestar que a menudo hay en ellas normas y prácticas mucho mejores que las nuestras y nadie sueña con aplicarlas. Por ejemplo, los ingleses tienen el buen sentido de no contar con una Constitución escrita, tremendamente difícil de modificar. Por el contrario, tienen una constitución flexible, que pueden modificar por ley, cuando se les ocurre. Sin embargo, no sería concebible en el Uruguay, porque la tradición es distinta. Asimismo, en la Cámara de los Comunes -tal como me han señalado colegas que han tenido la felicidad de asistir alguna vez a sus debates, pues quien habla nunca los presenció- quien cumple la misma función que esta Presidencia, el famoso "speaker", tiene la facultad de negarle la palabra a quien se le ocurra. Cuando se considera un asunto, consulta a la Cámara quiénes quieren hacer uso de la palabra y cuando levantan la mano veinte legisladores, él decide quiénes pueden hacerlo, mientras que los demás no pueden hablar, simplemente porque él no los autoriza a hacerlo. Esto sería muy bueno y más práctico para agilitar los debates, pero la Mesa no cree que haya en el Uruguay un solo legislador que esté dispuesto a aceptar ese sistema. "Mutatis mutandis", la Presidencia no está dispuesta a aceptar el sistema que impera en el Banco Central de Inglaterra, de Alemania o de los Estados Unidos, porque podrá funcionar muy bien en esos países, pero no aquí.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Brevemente y sin ánimo de reabrir un debate que pienso está finalizando sobre este punto, deseo expresar que no he participado activamente porque me encuentro en una situación personal un poco peculiar y no me siento con derecho a intervenir más intensamente en la discusión. Solo pedí hacer uso de la palabra para hacer esta aclaración porque percibo que, aun entendiendo que se trata de un tema polémico en el que hay argumentos que hay que respetar de las dos partes, he estado absolutamente ausente de este debate en los últimos minutos en los que, precisamente, fue cuando se enfrascó más la discusión y se puso más al rojo vivo el tema de la rotación alternada de los directores. Aquí se hablo como si los directores fueran absolutamente todos y al mismo tiempo designados por ocho años, lo cual no es verdad, y no lo es según el propio artículo 14 que, en su tercer inciso, establece al mecanismo de rotación alternada. De modo que todo gobierno, a partir del 1º de marzo de 1995, que es cuando empieza a aplicarse este sistema, tiene la posibilidad de designar directores del Banco Central. A mi modo de ver , si fueran cinco sus miembros, sería mucho mejor, porque la rotación alternada no puede funcionar bien en un Directorio de tres integrantes.

Respeto los argumentos en uno u otro sentido, pero sería importante que discutiéramos toda la norma, porque lo relativo a la rotación alternada no figuró en el debate; no oí a nadie que en los últimos minutos mencionara este aspecto, aunque sí lo hizo el señor senador Cassina -como me lo acota- pero no en los últimos pasajes del debate, que fueron los más acalorados de todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- A título aclaratorio, la Presidencia desea expresar que la rotación alternada se aplica al primer Directorio.

SEÑOR ASTORI.- A todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Todos los Directorios tienen un mandato de ocho años. El primer Directorio, salvo el presidente y el vicepresidente, tendrá una renovación a los seis, cuatro y dos años de designados sus otros tres miembros. Pero cuando éstos se renueven, durarán también ocho años. El sistema normal que establece esta disposición es que todos los directores duran ocho años, salvo tres directores del primer Directorio designado. Naturalmente, se trata de distintos mandatos.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Es exacto lo que acaba de decir el señor presidente, pero a partir de esta cascada inicial que prevé el artículo 14, siendo siempre los mandatos de ocho años, nunca coinciden los cinco directores en el mismo período. Siempre hay un gobierno con posibilidad de designar directores por ocho años durante su mandato; eso es lo que estaba diciendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal como se había dispuesto y en virtud de que hay distintas posiciones sobre los incisos que componen el artículo 14, corresponde votarlos separadamente.

SEÑOR ZUMARAN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SUMARAN.- Quiero consultar a la Mesa respecto a cual es su criterio en cuanto a la mayoría exigida para que este artículo sea aprobado, ya que algunas de sus disposiciones requieren el voto afirmativo de la mayoría de los componentes del Cuerpo, es decir, 16 votos. De lo contrario, no se podrá obtener ninguna solución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Indudablemente, la aprobación de toda norma que integra la Carta Orgánica del Banco Central, de acuerdo con el artículo 199 de la Constitución, requiere la mayoría absoluta de los integrantes del Cuerpo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero, tal como viene de la Comisión.

(Se vota: )

-22 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo.

(Se vota: )

-10 en 26. Negativa.

La Mesa considera que ahora no tiene sentido votar los incisos tercero y cuarto de este artículo 14.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor presidente: como es notario, no he votado el inciso segundo del artículo 14 acatando una resolución del Frente Amplio. Sin embargo, quiero dejar una brevísima constancia personal.

Debo indicar que comparto la línea conceptual que inspira este artículo, más allá de las formas que ha adoptado su redacción. Me interesa señalar mi acuerdo con el camino que pretendía iniciar esta norma. Aclaro que hablo en pasado porque se votó negativamente. Siento el deber de expresarlo -como ya lo hice en la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación- respetando todas las posiciones que se puedan sostener sobre el mismo tema que, obviamente, son de recibo y de peso.

Pienso que para todas las empresas públicas del país, incluido el Banco Central, es saludable la propuesta postulada en este artículo. Lo seguiremos discutiendo en el futuro. Asimismo, debo indicar que creo en la vida democrática de los partidos, en sus resoluciones internas y, sobre todo, en la disciplina con las que hay que acatarlas. Por ese motivo, he votado negativamente este artículo.

Muchas gracias.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Señor presidente: deseo dejar constancia de que, lamentablemente, en esta oportunidad no se han conseguido las mayorías necesarias para avanzar un poco más en el grado de independencia que pueda tener el Banco Central del Uruguay. Creo que sobre este aspecto coinciden todos los sectores políticos. Asimismo, existe acuerdo en que es necesario avanzar en este sentido, a los efectos de que las decisiones que este organismo pueda adoptar, tengan la mayor independencia posible, no de la politiquería, sino del sistema político en sí mismo. El Banco Central es un organismo técnico y, por definición -y de acuerdo con lo que establecen los artículos que hemos votado, y los que faltan aprobar, de su Carta Orgánica- debe tener un grado de independencia mayor que el que posee actualmente con respecto a las decisiones que adopte. Si los directores pudiesen durar en sus cargos un período mayor al de los gobiernos nacionales, contribuiría a obtener ese mayor grado de independencia.

Tal como lo hemos señalado en la discusión general, pensamos que quizás esta sea una buena aproximación al tema relativo a la norma del Banco Central. Probablemente, en tiempos no muy lejanos, se vuelva a legislar sobre ese punto y, en esa oportunidad, se obtenga ese mayor grado de independencia que ahora hemos reclamado.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor presidente: deseo señalar que no hemos votado el inciso segundo, aunque admitimos que pueden haber opiniones respetables que consideren que el mandato debe superar el tiempo de duración de los períodos interelectorales.

Hemos procedido de ese modo, porque estamos profundamente convencidos de que el Banco Central es un Ente Autónomo muy especial, a través del cual se definen las estrategias económicas fundamentales del país. Asimismo, consideramos que ellas deben estar ligadas al mandato popular que da la ciudadanía.

Pensamos que la situación en la que se encuentra el resto de la empresas públicas, es diferente y requiere otro tipo de conducción, muy disímil a aquél para el cual se eligen los directores del Banco Central.

Por esa razón, hemos votado negativamente este artículo. Desde ya adelantamos que vamos a articular una propuesta que limite el período o deje a la lectura del texto constitucional la dilucidación del tiempo de duración del mandato de los miembros del Directorio del Banco Central.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Señor presidente: debo indicar que no intervine en esta discusión, pese a haberlo hecho extensamente cuando se analizó este artículo en la Comisión.

Creo que en el país hay determinadas funciones que tienen una especialidad técnica muy grande, que trascienden lo que son los avatares de la política. Por ejemplo, quien debe administrar justicia y los fiscales de Corte que ejercen funciones técnicas, deben ser ajenos a las vicisitudes de la política partidaria. Del mismo modo, la institución que debe velar por la salud de la moneda, del crédito y de la economía de un país, también debe trascender las vicisitudes político-partidarias.

Muchas gracias.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Batalla)

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor presidente: deseo señalar que he votado afirmativamente este artículo, en virtud de los argumentos que ya expuse durante el debate.

En esta ocasión, solamente deseo trasmitir las circunstancias de carácter anímico que me han llevado al voto convencido y decidido de este artículo. Lo hice porque tengo esperanza y confianza de que Uruguay puede cambiar, innovar, modernizarse y salir de la esclerosis, de la mediocridad, de la burocracia y de una interpretación tradicionalista y restringida de las normas constitucionales y legales. De este modo, se podrá avanzar hacia la modernidad, el progreso y el desarrollo.

A pesar del resultado de esta votación, mi ánimo no cambia. Volveremos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - La Mesa entiende, salvo decisión contraria del Senado, que debería ser votado el último inciso del artículo, que establece: "Las disposiciones de este artículo regirán a partir del 1º de marzo de 1995".

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Coincido totalmente con la Presidencia, porque estamos pasando a un Directorio de cinco miembros. Estimo que ese hecho justifica la presencia de este último inciso.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso cuarto del artículo 14, que pasaría a ser segundo.

(Se vota: )

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 17.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor presidente: después de la profunda y apasionada discusión que ha tenido lugar sobre la norma anteriormente votada, me siento un tanto cohibido de plantear algunas preguntas sobre la compatibilidad entre lo dispuesto por el artículo 17 y lo que establece el 25 de este proyecto de ley.

Me siento inhibido para realizar este planteo porque creo que esta debe ser una cuestión de interpretación o de fácil aclaración por parte de los señores miembros informantes.

En el artículo 17 se señala: "Los miembros del Directorio dedicarán toda su actividad profesional al servicio del Banco, debiendo abstenerse, mientras ocupen el cargo, de ejercer otra profesión o empleo, remunerado o no, u otras actividades de carácter comercial, industrial, agropecuario o financiero que pudieran interferir con su gestión directriz o la afecten en su necesaria independencia e imparcialidad".

A mi juicio, el mismo concepto aparece en el artículo 25, que establece: "Los miembros del Directorio declararán ante el mismo -sin reserva alguna- todos los intereses de carácter privado que puedan tener en asuntos que deban ser tratados por el Directorio y se abstendrán de intervenir o votar en los acuerdos y resoluciones del Directorio que se relacionen con dichos intereses".

Quiere decir que, de acuerdo con lo que determina el artículo 17, es incompatible con la integración del Directorio el permanecer vinculado a determinados intereses. Esto es así para asegurar la necesaria dependencia y parcialidad, mientras que en el artículo 25 se dice que sus miembros no podrán intervenir o votar en los acuerdos y resoluciones que se relacionen con dichos intereses.

De manera que no sé si he cometido algún error de interpretación, si hay cierta incompatibilidad o si falta alguna aclaración al respecto. En consecuencia, desearía que alguno de los miembros informantes esclareciera el punto, inclusive, a los efectos de la labor de interpretación de la ley.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Señor presidente: voy a adelantar una información respecto a la consulta planteada por el señor senador Pereyra, y desde ya pido la colaboración de los señores senadores Cassina, Cadenas Boix y Astori, a los efectos de, si corresponde, complementarla.

Como bien ha señalado el señor senador Pereyra, el artículo 17 refiere a los requisitos previos a la designación. El candidato a ser designado para este cargo deberá ceñirse escrupulosamente a la descripción que se hace en esta disposición.

Por su parte, el artículo 25 tiene por objeto contemplar el caso de un ciudadano que aun cuando haya cumplido todas las condiciones que allí se mencionan, en el curso del trámite de los asuntos del Banco Central y dentro de la duración de su mandato, tuviera algún interés particular en ellos. No se trata, pues, de que se dedique a una actividad incompatible con lo que establece el artículo 17, sino que podría llegar a la mesa del Directorio un tema que, por algún motivo, implicara un interés particular del director de que se trate.

En resumen, el artículo 17 tiene que ver con los requisitos, condiciones o prohibiciones que hay a los efectos de que pueda ser designado. En cambio, el artículo 25 refiere a una situación particular: cuando se presentan asuntos en que, por alguna circunstancia, la persona tiene cierto interés. Por ejemplo, podría tratarse de algo relacionado con un pariente cercano, o tener que ver con una sociedad anónima que pudiera tener algún interés, repito, con la actividad del director de que se trate.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor presidente: creo que los artículos 17 y 25 refieren a asuntos diferentes.

El artículo 17 prohibe que un miembro del Directorio del Banco Central, tanto antes de ser designado como en el ejercicio de su mandato -este es un aspecto que quería precisar en la aclaración que formulaba el señor miembro informante- ejerza una actividad permanente que lo ponga en colisión con los intereses generales de la Institución, o que tengan algún tipo de relación con actividades de carácter comercial, industrial, agropecuario o financiero que pudieran interferir con su gestión. Es más, por esa razón es que se dice que toda su actividad profesional debe estar dedicada al servicio del Banco.

El artículo 25 establece otra cosa. Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en el artículo 17. Podría ocurrir que en el ejercicio de su función, y aun dedicado exclusivamente a la actividad del Banco, se presenten en el seno del Directorio para su resolución, asuntos en los que esta persona pueda tener un interés directo o indirecto. Por ejemplo, podría tratarse de un hijo, de la esposa, de un hermano o de una relación con una sociedad que integró, etcétera, en cuyo caso deberá declarar el interés y abstenerse.

Insisto en que son dos materias diferentes. Ambas están destinadas a resguardar, justamente, la independencia de acción, una de ellas con carácter general, puesto que la intención es que no pueda desempeñar actividades de ninguna naturaleza que, de algún modo, tengan relación con el Banco. Tampoco puede votar, en ningún sentido, en asuntos concretos, coyunturales, circunstanciales que se pueden presentar durante su mandato de cinco años -cosa que alguna vez puede ocurrir- que tengan relación o interés directo o indirecto, lo cual nada tiene que ver con su actividad, ya que ésta debe estar plenamente dedicada al Banco.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Señor presidente: si mal no recuerdo, cuando el artículo 17 se trató en Comisión, se señaló que refería a la dedicación que el director debía prestar al ejercicio de sus funciones en el Banco. En virtud de ello, lo que se prohibe es que realice actividades ajenas a tal dedicación. Pero esto no implica que no pueda tener intereses, porque podría darse el caso de que la persona sea propietaria de cuatro o cinco inmuebles que alquila, de un campo o que, por herencia o por adquisición, haya tenido un comercio. Les está vedado ejercer la actividad agropecuaria, comercial o industrial, pero no tener intereses.

Precisamente, a esos intereses es a los que refiere el artículo 25 cuando obliga a declararlos en el Directorio y a abstenerse de su participación.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Señor presidente: confieso que no recuerdo si participé en la deliberación de este artículo en Comisión. De cualquier manera, deseo precisar lo siguiente.

Observo que ya la Constitución establece en el inciso tercero del artículo 200 -a mi juicio, con un criterio más ajustado- cuáles son las incompatibilidades, cuando dice que tampoco los miembros de los Directorios de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la Institución a que pertenecen. Esto es, hay una prohibición constitucional para los directores en cuanto a ejercer profesionales o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la del Ente en cuyo Directorio integran.

Esto, como prohibición, me parece lógico y saludable. Quiere decir que aun cuando no estuviera proyectada la norma del artículo 17, se debe aplicar el inciso tercero del artículo 200 de la Constitución.

Pero obsérvese que el artículo 17 a consideración del Cuerpo, de lo que habla es de la dedicación, no de las prohibiciones, de los límites y de lo que no pueden hacer los Directores sino, precisamente, de aquello que tienen que hacer. Dice que deben dedicarse exclusivamente al Banco. Me pregunto, entonces, si no puede darse el caso de que mañana se decida que un médico es una persona muy honorable y con muy buenas condiciones técnicas para integrar el Directorio del Banco Central. ¿Acaso se le puede impedir que atienda pacientes por el hecho de ser director del Banco Central? Cito un caso llevado al extremo, casi al absurdo, para que veamos que lo correcto es mantenernos en las condiciones que establece la disposición constitucional, y no lleguemos a esta exageración de recomendaciones en relación con la dedicación exclusiva que deben tener los Directores del Ente.

Supongamos -creo que fue ese el ejemplo que manejó el señor senador Cadenas Boix- que se designa a un hacendado como director. ¿Qué es lo que se desea? ¿Qué transfiera la propiedad de su tierra a una sociedad anónima o, en caso de no poder hacerlo, a un pariente a fin de disfrazar esa situación?

Me parece que lo que corresponde es prohibir lo que es posible y correcto. Esto es, que ningún director del Banco Central ejerza actividades vinculadas profesionalmente a la que desempeña en este Organismo. Pero prohibirle, con la única exclusión que ha sido incluida en este artículo -y que también refiere a la disposición constitucional- de ejercer sólo actividades docentes, creo que es exagerar la cosa. Es más, no me parece que exista un sinfín de actividades -inclusive comerciales- que pueda tener un director del Banco Central que interfieran con lo que es su deber y su tarea propia en el Organismo. Quien tiene un quiosco, ¿acaso no puede ser director del Banco Central? ¿Para serlo, es necesario que lo cierre?

Preferiría, pues, que el problema lo resolviéramos por la vía negativa, que es lo que establece la Constitución en materia de prohibiciones, y no por esta intención positiva de decir qué es lo que puede hacer un director y qué dedicación absoluta debe prestar como consecuencia de ejercer un cargo en el Directorio de la Institución, excluyéndolo de lo demás.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - La Mesa desea señalar que en la parte final del párrafo del artículo 17 hay dos condicionantes que creo limitan mucho esa prohibición, puesto que se habla de las actividades de carácter comercial, industrial, agropecuario o financiero que pudieran interferir con su gestión directriz o la afecten en su necesaria independencia e imparcialidad.

No sé si podríamos englobar aquí el caso del quiosco a que hacía mención el señor senador Bouza; simplemente se trata de una interpretación muy personal que, por supuesto, puede no ser compartida por el Senado.

SEÑOR CADENAS BOIX. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOUZA. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - El señor presidente se adelantó a algo que pensaba decir.

Lo que prohibe este artículo es desarrollar actividades, pero no tener intereses agropecuarios, comerciales, industriales o financieros. Es absurdo pedir a quien sea propietario de un comercio, una industria o de un establecimiento agropecuario, que lo enajene. Se trata de que durante el período en que va a ejercer el cargo en el Banco Central, se abstenga de administrarlos, puesto que ello obraría en desmedro de la dedicación total que se le exige para el desempeño de sus funciones. Fue por esta razón que votamos este artículo.

Cabe acotar, además, que se sustituyeron algunos términos en virtud de que el régimen proyectado era más severo. Se hablaba de la prohibición de tener intereses en esas actividades. Por esta modificación que se hizo en su momento se permitió tener intereses, pero no desarrollar actividades de administración que pudieran interferir con su gestión directriz o que la afectara en su necesaria independencia o imparcialidad.

Es cuanto deseaba señalar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Puede continuar el señor senador Bouza.

SEÑOR BOUZA. - Si entiendo que la propuesta es exagerada, más exagerado aún me parece lo que refería el señor senador Cadenas Boix respecto a lo que anteriormente consideró la Comisión.

En cuanto a lo que señalaba el señor presidente, es cierto que finalmente el inciso primero, en su último giro dice que se afecta la necesaria independencia o imparcialidad, pero como la generalidad inicial fue de tal alcance, no sé cuál puede ser la interpretación que se haga de esta norma. En consecuencia, pregunto al Senado si es exagerado establecer las prohibiciones para los directores del Banco Central que la Constitución dispone para todos los directores de Entes Autónomos, o no alcanzan debido a que se trata de aquellas que le prohiben ejercer profesiones o actividades que se pueden relacionar directa o indirectamente con la labor de la Institución, en este caso, el Banco Central. ¿Algo más que eso es necesario?

La Constitución también establece prohibiciones para los legisladores, pero que no tienen el alcance del artículo 17; al señor presidente de la República tampoco se le imponen condiciones de dedicación absoluta, tal como pretende esta norma. Por lo tanto, a pesar de tener las mejores intenciones, me parece que se está yendo más allá de lo que es necesario, y creo que la cristalinidad de la gestión y la separación de los intereses entre lo privado y lo público está muy bien establecido en el inciso tercero del artículo 200 de la Constitución.

A mi juicio, el artículo 25 también es correcto, en cuanto a que obliga a los directores a declarar previamente el posible interés que puedan tener los asuntos que trate el Directorio, pero no lo es todo lo que va más allá de eso y que está expresado en el artículo 17, hasta en el propio "nomen iuris" de la norma proyectada: "Dedicación al Banco". Naturalmente, alguien que sea designado para integrar el Directorio del Banco Central se dedicará a la Institución y considero que aquí no debemos establecer una norma con el título mencionado, sino una referencia a la disposición constitucional que regirá de cualquier manera, aun cuando no existiera dicha referencia.

Me parece que lo que va más allá del artículo 200 no solamente no es necesario, sino que por su redacción, puede llevar a confusiones o a que el país se prive de excelentes técnicos en materia económica y monetaria que se resistieran, frente a una norma de esta extensión, a ocupar cargos en el Directorio del Banco Central.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - En el debate que acabamos de finalizar sobre el tema del Directorio se usó frecuentemente un argumento que se refiere a que -por supuesto que no estoy señalando personas, sino argumentos- el Banco Central representaba una situación especial por su particular influencia en la política económica.

Solicito al señor senador Ricaldoni, que está hablando al lado mío, que me deje concentrar en el discurso.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Señor senador Astori, voy a ampararlo en el uso de la palabra.

SEÑOR ASTORI. - Por esa peculiaridad, debía tenerse en cuenta la inconveniencia de establecer una norma que extendiera el mandato más allá de los períodos de gobierno. Recuerdo este pasaje del debate, porque esa particularidad del Banco Central también vale para normas como la que estamos discutiendo ahora.

Estoy de acuerdo con que la Constitución contiene inhibiciones como las que se acaban de señalar y está bien que ello sea así, pero también estoy a favor de que se marque la especialidad de las correspondientes a los directores del Banco Central por los mismos argumentos que antes se usaron para imponer la extensión del mandato de los directores.

El Banco Central es una Institución muy delicada, y creo que en la Comisión se arribó a una buena solución en la que participamos todos. Como señaló el señor senador Cadenas Boix, la redacción con que venía el artículo era diferente a la que ahora estamos discutiendo. Esta es una redacción de consenso que contiene dos aspectos. Por un lado, pensamos en la especialidad de esta Institución, que no es igual a otras desde este punto de vista.

Por otra parte, si bien la Constitución establece disposiciones análogas, pienso que lo que abunda no daña, utilizando términos muy sencillos y coloquiales. A mi juicio, es beneficioso que la Carta Orgánica del Banco Central precise esas inhibiciones.

Señalo que no comparto la comparación que se ha hecho entre los directores del Banco Central con los legisladores. También quien habla quisiera que los legisladores estuvieran dedicados a tiempo completo -personalmente, lo estoy- pero reconoce que es mucho más importante que lo estén los directores del Banco Central.

Voy a mencionar lo que el señor presidente recordaba hace unos minutos. La parte final de todo el acápite del artículo tiene una escapatoria, en el buen sentido de la palabra, muy flexible, precisamente para que no se presenten casos absurdos. Desde ese punto de vista, tengo la tranquilidad de que estamos votando una norma que no es inflexible y que admite interpretaciones en casos difíciles.

Termino señalando, señor presidente que como ya explicaron los señores senadores Blanco, Cassina y Cadenas Boix, se trata de dos materias distintas, aunque complementarias. Me refiero a los artículos 17 y 25. Considero que éste último es una especie de fotografía del ingreso al cargo de director, con declaración de intereses que no inhibirán de formar quórum, tal como lo establece el artículo. No obstante, sí inhibe de opinar y más aún de votar determinados asuntos. Lo que expresa el artículo 17 es, a mi juicio, una especie de película y no de fotografía; se trata de la gestión del director durante su permanencia en el cargo. De manera que estas dos materias no sólo no coliden, sino que son absolutamente diferentes -como muy fundadamente lo señaló el señor senador Cassina- y al mismo tiempo complementarias.

El director ingresa a su cargo y declara intereses, lo que inhibirá de participar con su voto en decisiones donde haya cierta conmixtión de varios asuntos, es decir entre los intereses que haya declarado y el tema que se está resolviendo. El otro aspecto está relacionado con un problema de dedicación profesional a la tarea, que en este caso es la del director del Banco Central del Uruguay.

Finalizo diciendo, señor presidente, que la norma encuadra en este tipo de proyecto. Es evidente que aquí no se busca solamente una mayor independencia del Banco Central, sino una especialización más profunda. También se tiende a que se modernice aun más, tal como se ha expresado. Considero que para conseguir la modernización de una institución, es necesario una total dedicación. No creo que este punto que estamos discutiendo sea ajeno al artículo 18 que establece la retribución de los directores. Mi deseo es que estén bien remunerados, pues la labor que van a desempeñar es fundamental. Entonces, como compensación de esa alta retribución, deberán tener dedicación total, porque todos estamos de acuerdo en que la labor que desarrollarán será muy importante. Se ha discutido en forma acalorada la incidencia de las resoluciones del Banco sobre política económica y pienso que está muy bien que así sea, pero también hay que ser muy cuidadosos sobre este punto.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor presidente: formulo moción en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio hasta el día miércoles 1º de setiembre y que este asunto figure como primer punto del orden del día de esa sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Hugo Batalla). - Le recuerdo al señor senador que el día miércoles 1º hay sesión ordinaria. Por lo tanto, al estar en consideración, este asunto figurará en primer término.

Si el Senado está de acuerdo se levanta la sesión.

(Así se hace siendo la hora 20 y 47 minutos, presidiendo el doctor Batalla y estando presentes los señores senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Astori, Blanco, Bouza, Bouzas, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Elso Goñi, Ferrés Pacheco, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Olascoaga, Pereyra, Pérez, Ricaldoni y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.