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Nº 210 - TOMO 351 - 2 DE OCTUBRE DE 1992

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

43ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

SERGIO ABREU Primer Vicepresidente

y AMERICO RICALDONI Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 5) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1991. Proyecto de ley

- Continúa la discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

4) Solicitudes de licencia

- La formulan los señores senadores Urioste y Bouza por el término de 31 días.
- Concedidas.

6) Retribución extraordinaria. Proyecto de resolución

- Se considera a propuesta del señor senador Korzeniak.
- Aprobado.

7) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 1º de octubre de 1992.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria -en régimen de cuarto intermedio- mañana viernes 2, a la hora 9, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1991. (Carp. Nº 900/92 - Rep. Nº 472/92 y Anexos I, II, III y IV).

LOS SECRETARIOS."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Bianchi, Blanco, Borges, Bouza, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Lenzi, Moreira Graña, Pereyra, Pozzolo, Raffo, Riesgo, Santoro, Singlet, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Belvisi, Jude, Librán Bonino, Millor, Pérez y Silveira Zavala.

3) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL; EJERCICIO 1991. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 14 minutos)

-Continúa la discusión particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 1991.

(Antecedentes: ver 41a. S.E.)

-Está en discusión particular el artículo 37, referente a los funcionarios redistribuidos de la ex Administración Nacional de los Servicios de Estiba.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Nosotros vamos a votar negativamente este artículo, pero, de todas maneras, en el día de ayer estuvimos intercambiando ideas sobre su contenido y, fundamentalmente, acerca de su última frase que dice que a los referidos funcionarios no se les aplicará incompatibilidad por ingresos que percibieran provenientes de otra actividad pública o privada, o pasividad.

Puede aceptarse que la Ley de Puertos ya prevé la posibilidad u opción para la redistribución de los funcionarios, pero votaríamos favorablemente la disposición si se eliminara su última parte, que acabamos de mencionar.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Este tema se había comenzado a discutir y se había explicado la fundamentación -que es racional- al margen de la cuestión gramatical, de que no se aplique la incompatibilidad, como aquí se dice. El hecho de que los funcionarios que quedan con una incompatibilidad no preparada ni ejecutada por ellos, sino porque disposiciones legales les unifica su calidad con la de funcionarios públicos, tiene su lógica en que cuando hay una norma que contempla su situación no se les sancione, diríamos, en un sentido muy laxo, haciendo valer esa incompatibilidad. Esta es la razón por la cual la frase en cuestión parece justa.

Por otro lado, es una situación que en el Uruguay siempre tuvo una aplicación práctica. La existencia de personas de Derecho Público no estatales en nuestro país, en algún momento con una profusión, hacía que mucha gente desempeñara esas dos tareas que no eran incompatibles.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Voy a ser breve, porque este tema ya ha sido discutido ampliamente. Es evidente que la parte final de la oración es verdaderamente clave para quienes defendemos el artículo, sin la cual, para nosotros, éste no existe. Recuerdo que en la jornada de ayer, el señor Presidente observó, no sólo por razones de fondo, sino también de forma, este tipo de redacción y, sobre todo, la expresión "no se les aplicará incompatibilidad".

SEÑOR PRESIDENTE. - Aunque soy contrario al artículo -no lo voy a votar- había pensado que si se vota afirmativamente, se podría decir lo siguiente: "Los referidos funcionarios podrán continuar percibiendo ingresos provenientes de otra actividad pública o privada, o de pasividad".

SEÑOR ASTORI. - Exactamente, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 37, que de resultar aprobado sufrirá la modificación propuesta.

(Se vota:)

-13 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 42.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Artículo 42. - La adecuación presupuestal de los funcionarios de PLUNA redistribuidos deberá tener en cuenta el sueldo y todas las sumas percibidas por antigüedad, mayor horario, viático de alimentación y reestructura, según Resolución de Directorio Nº 8191/92, de 18 de agosto de 1992".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 24. Negativa.

En consideración el artículo 43.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Artículo 43. - Declárase que el personal marítimo de ANCAP (tripulantes) está comprendido dentro de lo establecido por el artículo 23 de la presente ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 24. Negativa.

En consideración el artículo 44.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Artículo 44. - Los funcionarios despedidos por el Banco Central según resoluciones del 2 de junio, 29 de julio, 22 de setiembre de 1976 y resoluciones posteriores emanadas de las mismas, o en caso de fallecimiento sus causahabientes, tendrán derecho a la jubilación o pensión o a la reforma de la cédula jubilatoria o pensionaria en su caso con aplicación del artículo 18 y concordantes de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, fijándose la jubilación en el equivalente al 125% de todas las asignaciones computables del cargo de que eran titulares, rigiendo los topes establecidos para las jubilaciones y asignaciones bancarias.

Las personas comprendidas deberán ejercitar sus derechos ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-11 en 24. Negativa.

Los artículos 45 y 46 se refieren al 44, que acaba de ser votado negativamente, por consiguiente, no tendría sentido votarlos.

Se van a votar conjuntamente los artículos 45 y 46.

SEÑOR IRURTIA. - Solicito que se rectifique la votación del artículo 44.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Quisiera pedir la reconsideración de los artículos 43, 44 y 45.

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo 45 aún no se votó. Se votaron negativamente los artículos 43 y 44.

SEÑOR ASTORI. - En ese caso, solicito la reconsideración de los artículos 43 y 44, que fueron largamente debatidos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la reconsideración de los artículos 43 y 44.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 43.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - El artículo 43, como decíamos antes, fue largamente debatido en Comisión. Inclusive, quiero recordar a mis colegas de Comisión que este tema lo estuvimos discutiendo en los corrillos laterales -llamémosle así- como siempre ocurre en un trabajo intenso como es el de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. No diría -porque me estaría extralimitando- que la votación favorable en la Comisión fue fruto de un acuerdo político, porque ello no es cierto en rigor, pero sí podemos decir -y creo que en ello no me extralimito- que encontramos comprensión de parte de todas las bancadas políticas con respecto a este problema.

Concretamente, se trata del personal marítimo de ANCAP, es decir, de unas pocas decenas de personas que históricamente nunca fueron consideradas como funcionarios del Ente. Luego el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante una demanda de este personal, falló favorablemente considerándolo funcionarios de ANCAP. Pero el hecho notorio, público y claro es que ANCAP no proyecta a tener una flota propia, entonces, estas personas que son consideradas funcionarios por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al mismo tiempo, no tienen futuro en una empresa pública que no piensa tener una flota propia, lo que me parece muy correcto. Por lo tanto, ¿qué se está postulando en el artículo 43 para estos funcionarios? Lo que se establece es que queden comprendidos en el artículo 23 de la presente ley, es decir, en el llamado beneficio de retiro -que aprobamos ayer- o eventualmente en el tema de la reforma de la cédula jubilatoria.

Creo que es de total justicia acceder a este pedido porque, de lo contrario, esta gente no tendrá futuro y se trata, reitero, de un escaso número de personas. En consecuencia, solicito que se reflexione y se recuerde lo que conversamos en la Comisión.

Insisto -y finalizo porque no quiero seguir ocupando tiempo- y les pido a los compañeros de Comisión que recuerden que ellos mismos accedieron, si bien no va a votar, por lo menos a comprender el problema.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Solicitamos la postergación de los artículos 43 y 44, teniendo en cuenta que los artículos 45 y 46 son derivados de éstos.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Deseo manifestar nuestra disposición de votar afirmativamente este artículo, por cuanto lo que acaba de manifestar el señor senador Astori está ajustado a la verdad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Siendo así, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 43.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 44.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Este artículo se refiere a la situación de funcionarios bancarios que fueron afectados por resoluciones del 2 de junio, del 29 de julio y del 22 de setiembre de 1976. Como surge de su propia ubicación cronológica, estas resoluciones se dictaron durante el gobierno de la dictadura. En este caso, ingresa un grupo de trabajadores bancarios que estaban afectados por una situación de intervención de bancos que habían cerrado, por la intervención del propio Banco Central, cuyas jerarquías, como bien es sabido, no eran ejercidas de acuerdo con la Constitución. Reitero que se trataba de bancos intervenidos no por el propio Banco Central, sino por el gobierno de facto.

En estas resoluciones que fueron dictadas por una intervención, el criterio que se tomaba para hacer varias categorías de funcionarios estaba teñido en este momento -como todos sabemos- de listas de funcionarios a los cuales se les declaraba cesantes y de nóminas de personas a las cuales no era necesario declararlas cesantes en sus cargos, por su ubicación en las categorías A, B o C, o por órdenes directas de que ha determinada personas se la mantuviera o alejara del cargo.

En estas listas -y ello me consta- los documentos, obviamente, no reflejaban estas órdenes o estas categorías A, B, o C. Además, el Banco Central, fue uno de los pocos lugares del país donde si bien se manejó el tema, no llegaron las listas con categorizaciones y si lo hicieron, estuvieron en lugares tan reservados que, incluso, los Directores interventores de la época no la conocieron.

De modo que, señor Presidente, llegada la época democrática, ningún Tribunal -ni siquiera el Tribunal de lo Contencioso Administrativo- tuvo oportunidad de discernir en qué casos se había aplicado un criterio de buena administración para decir que por haber adquirido el derecho jubilatorio, determinados funcionarios debían cesar, y en qué circunstancias se había manejado un criterio de discriminación ideológica que, como todos sabemos, era el que predominaba en la época de la dictadura. En consecuencia, lo que aquí se establece es una presunción -por lo menos, esto es lo que se vislumbra en cuanto al sentido de la norma- absolutamente fundada; presunción que, sin duda, ha sido reconocida en el ambiente bancario, no sólo por las organizaciones gremiales y ni siquiera afiliados a la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, recuerdan con total precisión estos casos. Personalmente, los tenemos presentes con toda claridad, e inclusive podemos dar nombres y apellidos; me constan, porque seguí de cerca estos casos en la medida en que pude hacerlo, sin otear demasiado para no caer en situaciones más difíciles. Me refiero a casos ocurridos, por ejemplo, en el Banco de Cobranzas y en el Banco Mercantil.

¿Qué ocurrió? Que se confeccionaron tres formularios: en uno de ellos se decía que tales funcionarios de bancos intervenidos iban a quedar cesantes por tener derecho a acogerse a la jubilación; en otro, que algunos quedaban cesantes porque sí y, en lo que era el tercer formulario, se determinaba que había quienes permanecerían trabajando, y no se sabía si era por sus méritos personales o por sus méritos ideológicos.

Por consiguiente, entendemos que este artículo no hace otra cosa que incrustarse en una solución de reconocimiento de la irregularidad jurídica en que se incurrió durante ese período.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: además de señalar que nos vamos a oponer a la aprobación de los artículos 44, 45 y 46 -que, como se dijo, están concatenados- queremos aclarar que cuando solicitamos la palabra no era para emitir nuestro punto de vista contrario a estas disposiciones, sino para solicitar que a posteriori -y, en tal sentido, pido que la Mesa tome nota- se reconsidere el artículo 42, cuya votación resultó negativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: tal como señaló la Presidencia, los artículos 45 y 46 están absolutamente ligados al artículo 44. En este sentido, lo único que deseo expresar es que la articulación referida implica limitaciones fundamentales a los alcances de esta disposición. La primera limitación refiere a que no estarán comprendidos en lo dispuesto por el artículo precedente aquellos funcionarios que ya obtuvieron algún tipo de reparación en virtud de disposiciones diferentes a ésta; los excluye totalmente. La segunda es esencial, puesto que determina que esta disposición no será de aplicación retroactiva.

Tal como ocurrió en el artículo 43, cuyo destino era otro, aquí está haciendo justicia, también, con pocas decenas de funcionarios, en este caso, bancarios; son muy pocos -al igual que los de ANCAP- los que por algún motivo resultaron desplazados de la legislación reparadora a la que hemos venido haciendo referencia.

Reitero que los artículos 45 y 46 otorgan suficientes garantías de que aquí no existirá exceso de ningún tipo y, al mismo tiempo, encuadran la justicia de este planteo en términos que consideramos apropiados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 44.

(Se vota:)

-13 en 26. Negativa.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Es, simplemente, para solicitar la reconsideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara al señor senador que ya ha sido reconsiderado.

SEÑOR ARAUJO. - Pregunto, entonces, si no se lo puede hacer por segunda vez.

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor senador; en cambio sí se puede rectificar la votación hasta tres veces.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: creo que los argumentos expuestos por los señores senadores Korzeniak y Astori fueron muy contundentes. En particular, la última reflexión realizada por el señor senador Astori no fue escuchada por legisladores que, en todo caso, podrían revisar su acto de votación, ya que, según pude comprobar, estaban solucionando otros problemas. Por lo tanto, entiendo que si se pudiera reiterar esa argumentación, es muy factible que se revise la votación, habida cuenta de que ya se accedió a algo similar, aunque reconozco que en ese caso eran otros los argumentos que se manejaban.

Esta es la razón por la que solicitaba -naturalmente, si ello es posible- la reconsideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa ya ha expresado al señor senador Araújo que reglamentariamente no es posible reconsiderar un artículo en dos oportunidades; lo que sí se puede hacer es rectificar la votación.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: me propongo fundamentar el voto con la intención de que los señores senadores reflexionen particularmente sobre esta situación. Con ello, abrigo la esperanza de que la rectificación cuente con algún voto que hasta ahora no se obtuvo.

Tal como señalaba el señor senador Astori, aquí no hay un planteo de retroactividad. La hipótesis por la que el artículo 44 tiene en cuenta a quienes quedaron cesantes, no por no estar amparados, sino por no haber resultado así en la práctica, en virtud de la Ley Nº 15.783, es de una tremenda injusticia. Cuando hice uso de la palabra me pareciera una infidencia, sino porque simplemente omití hacerlo, a pesar de que las conocí muy de cerca.

El problema de estas personas es que eran funcionarios que se encontraban, digamos, en pasaje de un banco intervenido a ser absorbidos por el Banco Central. Sin embargo, no fueron absorbidos porque no se concluyó la resolución, y tampoco reparados como empleados de la banca privada, habida cuenta de que estaban trabajando en el Banco Central. Puedo dar nombres y hasta decir en qué oficina del Banco Central cumplían tareas.

Ocurrió, señor Presidente, que la única lista de esos funcionarios en tránsito hacia la absorción de un banco oficial, fue la que el gobierno de la dictadura envió a las autoridades del Banco Central. No es posible que el Senado valide una actitud de esa naturaleza y aclaro que tampoco estoy echando culpas sobre ningún Tribunal, porque esa situación era absolutamente imposible de probar.

Me parece, entonces, que no contemplar algo de tal injusticia, estaría absolutamente fuera de la racionalidad de este Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como fundamento de voto, la Presidencia desea expresar que luego de siete años de restablecido el régimen democrático en nuestro país, da que pensar que por alguna causa todos los Partidos Políticos representados en el Parlamento anterior al dictar la Ley Nº 15.783, no incluyeron esta situación, que debía estar más fresca en el recuerdo y que se supone era tan injusta como lo ha señalado el señor senador preopinante. Pienso que habrá existido alguna razón para que, repito, en siete años no se haya contemplado esto.

Por otra parte, es sabido que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias se opone terminantemente a esta disposición.

Asimismo -aclaro que para mí este es el argumento fundamental- cabe señalar que este artículo es claramente inconstitucional en tanto no cuenta con la iniciativa del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, violenta lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución de la República, que determina que todo establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo. No debemos olvidar que aquí se hace referencia a un derecho jubilatorio que no está reconocido en la ley y se fija la asignación de jubilación en un 125%. Es evidente, pues, que esto transgrede lo establecido por el citado artículo.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Es cierto lo que acaba de expresar la Presidencia en el sentido de que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias envió una nota a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en la que señalaba su oposición, no sólo a este texto, sino al hecho de que pudieran sancionarse normas que hicieran referencia a esa Caja, sin que la misma pudiera opinar previamente. Pero también es cierto -y esto es, para nosotros, algo muy importante- que la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay -que cuenta con un representante en la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias- luego de tomar conocimiento de la mencionada nota, remitió un mensaje a la Comisión apoyando la solución que para los ex funcionarios bancarios se consagra a través de estos artículos.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Comprendemos la preocupación que nos anima a todos en el sentido de defender determinados artículos; creemos que con respecto a cada uno de ellos, cada señor senador podrá tener mayor o menor interés, pudiendo insistir un poco más de lo que lo hizo en la discusión previa a la votación. Sin embargo, nos encontramos ahora en el proceso de fundamentación del voto, y parecería que estuviéramos replanteando la discusión del tema. Considero que debemos ser prácticos, ya que tenemos cientos de artículos por considerar. Sugeriría, pues, que votemos, se computen los votos y luego éstos se fundamenten, pero no como una reapertura de la discusión. Si así fuera, tanto este artículo como la enorme cantidad que están pendientes, serían objeto de este mismo procedimiento y, naturalmente, perderíamos la posibilidad de discutir acerca de los temas que realmente nos interesan.

Concretamente, solicito que nos ajustamos al procedimiento de discutir previamente a la votación, votar y luego fundamentar el voto, de acuerdo con lo que establece el Reglamento.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Creo que la inquietud que plantea el señor senador Abreu es correcta y compartible, por lo que a esta altura en realidad haré un fundamento-aclaración.

Concretamente, quisiera decir que la insistencia a que se ha hecho referencia se debe al hecho de que en la Comisión esto fue recibido de otra manera, aun por quienes votaron en contra de la disposición. En ese ámbito, este asunto fue ampliamente discutido. Aclaro que no pretendo hacer esto en lo que respecta a todos los artículos que el Plenario resuelva modificar; sin embargo, quiero decir que recuerdo que existió comprensión con relación a este tema por parte de todas las bancadas.

Como fundamento de voto, me interesa señalar dos cosas. En principio, que es factible que a siete años de la transformación democrática, se planteen todavía situaciones confusas de este tipo, sobre todo porque se trataría de funcionarios de Blancos en liquidación por parte del Banco Central.

Por otra parte, deseo insistir en el hecho de que los artículos 45 y 46 limitan totalmente el alcance del artículo 44; el primero de ellos, lo limita respecto a otras disposiciones reparadoras, y el otro, respecto al mismo.

Reitero que no me parece extraño que aún queden pequeños retazos de injusticia en relación con situaciones muy complejas que se crearon durante la dictadura. Considero que hoy estamos en condiciones de repararlas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 44.

(Se vota:)

-12 en 28. Negativa.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Quiero decir que soy totalmente sensible a este problema y creo que él puede ser muy bien planteado como una iniciativa, que sería estudiada luego por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Considero que ese debería ser, a partir de este momento, el criterio general a tenerse en cuenta en la discusión, porque todos sabemos que entre los artículos aditivos se plantean cosas muy importantes, en las que están en juego los intereses de los trabajadores.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que se rectifique la votación del artículo 44.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar por tercera y última vez la votación del artículo 44.

(Se vota:)

-14 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 45 y 46.

(Se votan:)

-0 en 28. Negativa.

SEÑOR RAFFO. - Solicito que se reconsidere el artículo 42.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 42.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 42.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar la Sección III, "Ordenamiento Financiero", Capítulo I, "Funcionamiento", que comprende los artículos 47 a 50.

Se ha solicitado que se voten por separado los artículos 49 y 50.

En consideración los artículos 47 y 48.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Artículo 47. - Facúltase a los jerarcas de los Incisos 02 al 14 del Presupuesto Nacional a transferir en forma definitiva al resto del Rubro 2 "Materiales y Suministros", los créditos asignados para efectuar compras a la ex Industria Lobera y Pesquera del Estado.

A tales efectos, se comunicarán a la Contaduría General de la Nación las resoluciones fundadas que dispongan tales transferencias, dentro del término de noventa días contados a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 48. - En las actuaciones referentes a solicitudes de pago de retribuciones personales correspondientes a ejercicios vencidos por importes menores a medio Salario Mínimo Nacional y que no superen el 20% (veinte por ciento) de la retribución permanente del funcionario a la fecha de la liquidación, el jerarca de la unidad ejecutora, en los Incisos 02 al 27, podrá disponer su pago con cargo al Fondo Permanente. Cuando se trate de ex funcionarios se considerará el último sueldo percibido actualizado a la fecha de liquidación.

Una vez realizado el pago, la Contaduría General de la Nación habilitará el crédito que corresponda con cargo al Renglón 0.9.1 "Retribución de Ejercicios Vencidos" a efecto de proceder al planillado para la reposición del Fondo Permanente.

Lo dispuesto precedentemente, será sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y no será de aplicación para retribuciones de los cargos políticos y de particular confianza.

Si verificara una utilización indebida de las facultades que concede la presente norma, el Tribunal de Cuentas o la Contaduría General de la Nación, en su caso, podrán suspender su aplicación en las unidades ejecutoras en que se verificare tal transgresión".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 49.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 49. - El Poder Ejecutivo podrá contratar con particulares la prestación de los servicios de asistencia médica, guardería y prestación de alimentos en favor de los funcionarios de sus dependencias, que no sean inferiores en cantidad y calidad a los vigentes cuando el costo derivado de mantenerlos demande mayores erogaciones que aquélla.

Las economías resultante se verterán a Rentas Generales".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 50.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 50. - En los Ejercicios 1993 y 1994 los gastos estrictos de funcionamiento y suministros en su conjunto, de los Incisos 02 al 14, quedarán limitados al 90%, (noventa por ciento), de lo efectivamente gastado en el Ejercicio 1992 a valores constantes en los rubros y subrubros siguientes: 2 "Materiales y suministros", 3 "Servicios no personales" y 4.7 "Materiales y partes para reemplazo".

Trimestralmente, no se podrán efectuar afectaciones en los rubros y subrubros mencionados, que excedan el 25%, (veinticinco por ciento) de sus créditos anuales.

Se podrá superar el 25%, (veinticinco por ciento), de afectación trimestral cuando la conveniencia de efectuar el gasto así lo requiera, manteniendo el límite anual".)

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Esta disposición tiene que ver con los artículos 15 y 16, cuya votación fue postergada en el día de ayer. Concretamente, solicitamos que estos dos artículos sean votados ahora, ya que están directamente vinculados con el artículo 50.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden planteada por el señor senador Santoro, en el sentido de que se pasen a votar los artículos 15 y 16, que habían sido extensamente discutidos en el día de ayer y cuya votación fue postergada.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 15. - El Poder Ejecutivo podrá disponer, por resolución fundada en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio o Ministerios que correspondan, las modificaciones necesarias para racionalizar la estructura orgánica de los Incisos 02 al 14, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Podrá disponer la supresión, fusión, transformación o reordenamiento de unidades ejecutoras.

b) Las modificaciones de estructura orgánica no podrán causar lesión de derechos.

c) La racionalización deberá ser adecuada a los objetivos de cada programa y requerirá el previo informe conjunto de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

d) Las racionalizaciones deberán ser aprobadas dentro del plazo de dos años contados a partir de la vigencia de la presente ley.

e) De las racionalizaciones que se efectúen, se dará cuenta a la Asamblea General.

Si las funciones de las unidades reordenadas, fusionadas, transformadas o suprimidas no fueran incorporadas a otra unidad, los funcionarios serán redistribuidos de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

En caso de fusión el Ministerio respectivo, en un plazo no mayor de ciento ochenta días posteriores a la resolución que la disponga, someterá a aprobación del Poder Ejecutivo una reestructura presupuestal y racionalización administrativa que permita la integración de los cargos y funciones contratadas en la nueva planilla unificada, sin que ello implique costo presupuestal, previo informe conjunto de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

Si con la reordenación, transformación, supresión o fusión de unidades ejecutoras quedaran sin justificar cargos de particular confianza, el Poder Ejecutivo propondrá su eliminación en la primera instancia presupuestal siguiente.

Art. 16. - Al efectuar las racionalizaciones a que refiere el artículo anterior, se suprimirán automáticamente las vacantes existentes en cargos presupuestados o contratos de función pública, con excepción de los que deban llenarse por concurso y de los contratos de función pública correspondientes a proyectos de funcionamiento e inversión".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

Habiendo votado los artículos 15 y 16, continúa en consideración el artículo 50.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en la exposición que realizamos durante la discusión general de este proyecto de ley, dijimos que entre los factores que caracterizaban a esta Rendición de Cuentas se encontraba, precisamente, este artículo -producto del acuerdo a que han llegado el Partido de Gobierno y el Partido Colorado, que también es Partido de Gobierno- a través del cual a las reducciones de gasto público ya existentes se suma esta nueva medida de restricción del gasto de funcionamiento. Obsérvese que se trata de los Incisos 02 al 14, entre los que figura nada menos que el Ministerio de Salud Pública, entre otras dependencias muy importantes que atienden sectores sociales y áreas de funcionamiento del Estado imprescindibles, donde el equipamiento constituye un factor decisivo. Justamente en estos sectores, los gastos van a ser reducidos en un 10% con respecto a lo ejecutado en 1992. Al respecto, cabe recordar que en 1990 se aplicó una restricción del gasto público del 15% y que en 1991, nuevamente, el Poder Ejecutivo aplicó una política de reducción del gasto público. Por esta disposición, sobre lo ejecutado en 1992, se aplicarán nuevas restricciones en 1993 y 1994, lo cual, de acuerdo con las informaciones que nos han sido proporcionadas, equivaldrá a unos U$S 30:000.000 anuales.

Queremos decir que no compartimos esta política, que apunta a lograr un superávit aún mayor que el que existe actualmente. En este sentido, cabe recordar que en los ocho primeros meses de este año, el Tesoro Central ha atenido un superávit de U$S 90:000.000. Esta norma tiende a incrementarlo, reduciendo drásticamente el gasto público, en perjuicio, naturalmente, del funcionamiento del Estado.

En consecuencia, vamos a votar negativamente este artículo, porque creemos que es una propuesta que afecta el funcionamiento de servicios esenciales para el país.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Dado que ya nos hemos referido a este tema en la discusión general, simplemente queremos dejar constancia de nuestro voto negativo a este artículo, remitiéndonos a lo que expresamos en esta oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 50.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

En consideración el Capítulo II, "Inversiones", que comprende los artículos 51 a 70.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"CAPITULO II

Inversiones

Artículo 51. - Los fondos percibidos con carácter de adelanto de inversión por los Organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional al amparo del artículo 92 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, deberán ser devueltos, por las partidas no ejecutadas en la segunda Rendición de Cuentas que se efectúe a partir del Ejercicio al que corresponde el adelanto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley Nº 15.809 referida.

Art. 52. - Sustitúyese el artículo 58 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 58. - Las trasposiciones de fuentes de financiamiento presupuestal dentro de un proyecto de inversión o entre proyectos de un mismo programa, serán autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los créditos presupuestales aprobados para proyectos de inversión financiados total o parcialmente, con Endeudamiento Externo, no podrán ser utilizados para reforzar créditos de proyectos financiados exclusivamente con recursos internos.

Derógase el artículo 44 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987".

Art. 53. - Modifícanse los proyectos de inversión de la Presidencia de la República, contenidos en el Planillado Anexo a la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y en el Planillado Anexo a la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre 1991, de acuerdo al siguiente detalle:

"Proyecto de Infraestructura Social", Programa 002 - Proyecto 760. Increméntase la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales en N$ 1.020:490.000 (nuevos pesos un mil veinte millones cuatrocientos noventa mil) equivalente a U$S 410.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos diez mil) para el año 1993 y en N$ 684:475.000 (nuevos pesos seiscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil) equivalente a U$S 275.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos setenta y cinco mil) para el año 1994.

"Inversiones de la Cuenca Arrocera", Programa 002-Proyecto 720. Disminúyese la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales en N$ 1.727:366.000 (nuevos pesos un mil setecientos veintisiete millones trescientos sesenta y seis mil) equivalente a U$S 694.000 (dólares de los Estados Unidos de América seiscientos noventa y cuatro mil) para 1993 y N$ 10.949:111.000 (nuevos pesos diez mil novecientos cuarenta y nueve millones ciento once mil) equivalente a U$S 4:399.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro millones trescientos noventa y nueve mil) para 1994. Disminúyese la asignación presupuestal financiada con Endeudamientos trece millones ciento setenta y cuatro mil) equivalente a U$S 166.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento pesos seis mil ochocientos dos millones cuatrocientos treinta y siete mil) equivalente a U$S 2:733.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones cuatrocientos treinta siete mil) equivalente a U$S 2:733.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones setecientos treinta y tres mil) para 1994. Increméntase la asignación presupuestal financiada con FIMTOP y en N$ 1.244:500.000 (nuevos pesos un mil doscientos cuarenta y cuatro millones quinientos mil) equivalente a U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil) para 1993 y N$ 1:244:500.000 (nuevos pesos un mil doscientos cuarenta y cuatro millones quinientos mil) equivalente a U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil) para 1994.

Art. 54. - Autorízase al Ministerio de Defensa Nacional -Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas- a contratar con el Banco de la República Oriental del Uruguay, un préstamo de hasta U$S 500.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos mil) destinado a las obras de ampliación y reciclaje del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, incluido su equipamiento. Dicho préstamo será amortizado con fondos provenientes de recursos extrapresupuestales de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º del decreto-ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984.

Art. 55. - Incorpórase en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el proyecto de inversión "Desarrollo Rural" en el Programa 001 "Administración Superior" con la siguiente asignación presupuestal: financiada con Rentas Generales N$ 1.493:400.000 (nuevos pesos un mil cuatrocientos noventa y tres millones cuatrocientos mil) equivalente a U$S 600.000 (dólares de los Estados Unidos de América seiscientos mil) para 1993 y N$ 3.733:500.000 (nuevos pesos tres mil setecientos treinta y tres millones quinientos mil) equivalente a U$S 1:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón quinientos mil) para 1994; financiada con Endeudamiento Externo N$ 298:680.000 (nuevos pesos doscientos noventa y ocho millones seiscientos ochenta mil) equivalente a U$S 120.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento veinte mil) para 1993 y N$ 597:360.000 (nuevos pesos quinientos noventa y siete millones trescientos sesenta mil) equivalente a U$S 240.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos cuarenta mil) para 1994.

Art. 56. - Modifícase, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el proyecto de inversión "Sanidad Animal" (Programa 007-Proyecto 840) contenido en el Planillado Anexo a la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, de acuerdo con el siguiente detalle:

Disminúyese la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales en N$ 522:690.000 (nuevos pesos quinientos veintidós millones seiscientos noventa mil) equivalente a U$S 210.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos diez mil) para 1992.

Disminúyese la asignación presupuestal financiada con Endeudamiento Externo en N$ 1.941:420.000 (nuevos pesos un mil novecientos cuarenta y un millones cuatrocientos veinte mil) equivalente a U$S 780.000 (dólares de los Estados Unidos de América setecientos ochenta mil) para 1992 y N$ 2.538:780.000 (nuevos pesos dos mil quinientos treinta y ocho millones setecientos ochenta mil) equivalente a U$S 1:020.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón veinte mil) para 1994. Increméntase la asignación presupuestal financiada con Endeudamiento Externo en N$ 2.489:000.000 (nuevos pesos dos mil cuatrocientos ochenta y nueve millones) equivalente a U$S 1:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón) para 1993.

Art. 57. - Incorpórase en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el proyecto de inversión "Desarrollo de Recursos Hídricos y Naturales" en el Programa 001 "Administración Superior" con una asignación presupuestal para 1993, de N$ 1.319:170.000 (nuevos pesos un mil trescientos diecinueve millones ciento setenta mil) equivalente a U$S 530.000 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos treinta mil) financiada con Rentas Generales y de N$ 3.559:270.000 (nuevos pesos tres mil quinientos cincuenta y nueve millones doscientos setenta mil) equivalente a U$S 1:430.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón cuatrocientos treinta mil) financiado con Endeudamiento Externo.

Art. 58. - Modifícanse los proyectos de inversión del Ministerio de Industria, Energía y Minería en el Programa 008 "Administración de la Política de Energía" contenido en el Planillado Anexo a la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, de acuerdo con el siguiente detalle:

Proyecto 742 "Renovación de equipamiento de computación". Increméntase la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales en N$ 12:445.000 (nuevos pesos doce millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil) equivalente a U$S 5.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco mil) para 1992; en N$ 2:489.000 (nuevos pesos dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil) equivalente a U$S 1.000 (dólares de los Estados Unidos de América un mil) para 1993 y N$ 12:445.000 (nuevos pesos doce millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil) equivalente a U$S 5.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco mil) para 1994.

Proyecto 786 "Ahorro Energético". Increméntase la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales en N$ 43:365.000 (nuevos pesos cuarenta y tres millones trescientos sesenta y cinco mil) que incluye U$S 5.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco mil), para cada uno de los Ejercicios 1992, 1993 y 1994.

Art. 59. - Los proyectos de inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas contenidos en los Planillados Anexos a las Leyes Nos. 16.170 y 16.226 de 28 de diciembre de 1990 y 29 de octubre de 1991 respectivamente, se podrán ejecutar durante el Ejercicio 1993 hasta un monto de N$ 323.570:000.000 (nuevos pesos trescientos veintitrés mil quinientos setenta millones) equivalente a U$S 130:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento treinta millones).

Derógase a partir de la promulgación de la presente ley el artículo 62 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 60. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a utilizar en los años 1993 y 1994 los excedentes de asignaciones presupuestales de proyectos ya ejecutados en proyectos de inversión de distintos programas del Inciso, sin incrementar el monto máximo de ejecución establecido para cada año en el artículo anterior.

Art. 61. - Incorpóranse en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas los siguientes proyectos de inversión:

Programa 003 "Dirección Nacional de Vialidad"

Proyecto "R. 101: Interbalnearia - Avda. Giannasttasio"
Proyecto "R. 5: Km. 256 - Km. 380"
Proyecto "R. 5: Rivera - Arroyo Tres Cruces"
Proyecto "R. 6: Montevideo - Empalme R. 7"
Proyecto "R. 8: Arroyo del Medio - Cerro Amaro"
Proyecto "R. 9: San Carlos - Arroyo Rocha"
Proyecto "R. 11: Canelones - San José"
Proyecto "R. 26: Puentes y Accesos - Arroyo Conventos"
Proyecto "R. 101: Avda. de las Américas - R. 8"

Programa 004 "Dirección Nacional de Hidrografía"

Proyecto "Monitoreo Hidrológico Cuenca del Río Santa Lucía"
Proyecto "Estudio y proyecto Puerto Deportivo San José"
Proyecto "Estudio y proyecto Puerto Deportivo Canelones"
Proyecto "Balneario Laguna Merín: Muelle y Rampa"
Proyecto "Terminación Edificio Administración La Paloma"

Programa 006 "Dirección Nacional de Topografía"

Proyecto "Cartografía Decreto de 12 de diciembre de 1991".

La asignación presupuestal de los proyectos que se incorporan, se financiará mediante el mecanismo de trasposición dispuesto por el artículo 60 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, con la modificación dispuesta por el artículo 32 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 62. - Incorpórase en el Ministerio de Educación y Cultura, Programa 007 "Organización de Espectáculos Artísticos, Administración de Radio y T.V. Oficiales", el proyecto "Equipamiento básico de los medios de comunicación masiva del Estado" que se financiará con la partida por única vez dispuesta en la Ley Nº 16.229, de 11 de noviembre de 1991 y una ampliación por una sola vez de N$ 9.789:734.800 (nuevos pesos nueve mil setecientos ochenta y nueve millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos) equivalente a U$S 3:933.200 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones novecientos treinta y tres mil doscientos) provenientes de créditos concedidos por el Gobierno del Reino de España.

Art. 63. - Modíficase en el Ministerio de Educación y Cultura, el Programa 004 "Fomento de la Actividad Científico-Técnica", Unidad Ejecutora 012 "Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas" Proyecto 810 "Desarrollo Científico y Técnico", contenido en el Planillado Anexo a la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, de acuerdo con el detalle siguiente:

Disminúyese la asignación presupuestal financiada con Endeudamiento Externo del año 1992 en N$ 12.870:619.000 (nuevos pesos doce mil ochocientos setenta millones seiscientos diecinueve mil) equivalente a U$S 5:201.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones doscientos un mil).

Increméntase la asignación presupuestal financiada con Endeudamiento Externo en N$ 74:670.000 (nuevos pesos setenta y cuatro millones seiscientos setenta mil) equivalente a U$S 30.000 (dólares de los Estados Unidos de América treinta mil) para 1993 y en N$ 12.876:619.000 (nuevos pesos doce mil ochocientos setenta y seis millones seiscientos diecinueve mil) equivalente a U$S 5:171.000 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones ciento setenta y un mil) para 1994.

Increméntase la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales en N$ 1.214:632.000 (nuevos pesos un mil doscientos catorce millones seiscientos treinta y dos mil) equivalente a U$S 488.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos ochenta y ocho mil) para 1992; en N$ 263:834.000 (nuevos pesos doscientos sesenta y tres millones ochocientos treinta y cuatro mil) equivalente a U$S 106.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento seis mil) para 1993 y N$ 2:202:765.000 (nuevos pesos dos mil doscientos dos millones setecientos sesenta y cinco mil) equivalente a U$S 885.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochocientos ochenta y cinco mil) para 1994.

Art. 64. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Servicio Oficial de Difusión, Radio-Televisión y Espectáculos para financiar la reconstrucción del Estudio Auditorio, obras complementarias y su adecuado equipamiento hasta la suma de N$ 62.225:000.000 (nuevos pesos sesenta y dos mil doscientos veinticinco millones) equivalente a U$S 25:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinticinco millones) con recursos provenientes de un préstamo concedido por el Gobierno del Reino de España.

Se establece que hasta el 20% de dicho préstamo, será destinado para financiar obras complementarias y equipamiento, y el monto restante, para financiar las obras civiles del Estudio Auditorio.

Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa, sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del acuerdo de préstamo realizado con el Gobierno del Reino de España.

Facúltase, a estos efectos, a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

Art. 65. - Incorpórase en el Ministerio de Educación y Cultura, Programa 001 "Administración General", el Proyecto "Equipamiento Secretaría Mercado Común del Conocimiento" con una asignación presupuestal financiada con Rentas Generales de N$ 16:850.000 (nuevos pesos dieciséis millones ochocientos cincuenta mil).

Art. 66. - Modifícanse en el Ministerio de Salud Pública, Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud" los siguientes proyectos de inversión contenidos en el Planillado Anexo a la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990:

Proyecto 735 "Equipamiento y reciclaje del Pereira Rossell". Increméntase la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales en N$ 13.791:797.900 (nuevos pesos trece mil setecientos noventa y un millones setecientos noventa y siete mil novecientos) equivalente a U$S 5:541.100 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones quinientos cuarenta y un mil cien) para 1993 y N$ 3.337:997.900 (nuevos pesos tres mil trescientos treinta y siete millones novecientos noventa y siete mil novecientos) equivalente a U$S 1:341.100 (dólares de los Estados Unidos de América un millón trescientos cuarenta y un mil cien) para 1994.

Proyecto 770 "Hospital Pasteur". Disminúyese la asignación presupuestal financiada con Endeudamiento Externo en N$ 13.791:797.900 (nuevos pesos trece mil setecientos noventa y un millones setecientos noventa y siete mil novecientos), equivalente a U$S 5:541.100 (dólares de los Estados Unidos de América cinco millones quinientos cuarenta y un mil cien) para 1993 y N$ 3.337:997.900 (nuevos pesos tres mil trescientos treinta y siete millones novecientos noventa y siete mil novecientos) equivalente a U$S 1:341.100 (dólares de los Estados Unidos de América un millón trescientos cuarenta y un mil cien) para 1994.

Art. 67. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al Ministerio de Salud Pública para financiar la terminación de las obras y el equipamiento médico de los nuevos hospitales de Canelones y Las Piedras, la suma de hasta N$ 42.313:000.000 (nuevos pesos cuarenta y dos mil trescientos trece millones), equivalentes a U$S 17:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América diecisiete millones) con recursos provenientes de un préstamo concedido por el Gobierno del Reino de España.

Autorízase a contratar directamente y con ajuste a los principios generales de la contratación administrativa, sólo las obras y suministros condicionados por el contenido del acuerdo de préstamo realizado con el Gobierno del Reino de España.

Facúltase, a esos efectos, a la Contaduría General de la Nación a habilitar el crédito correspondiente.

Art. 68. - Modifícase en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Programa 004 "Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación Planes Protección Medio Ambiente", el Proyecto 730 "Colector Industrial de la Cuenca del Arroyo Chacarita", incluido en el Planillado Anexo a la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Disminúyese la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales para el Ejercicio 1992 en N$ 1.991:200.000 (nuevos pesos un mil novecientos noventa y un millones doscientos mil) equivalentes a U$S 800.000 (dólares de los Estados Unidos de América ochocientos mil) e increméntase dicho monto en el Ejercicio 1993.

Art. 69. - Increméntase en el Inciso 05 - Ministerio de Economía y Finanzas - Programa 005 Recaudación de Impuestos-Proyecto 993 - Ampliación Edificio Sede de la Dirección General Impositiva, la asignación presupuestal financiada con Rentas Generales en N$ 3.733:500.000 (nuevos pesos tres mil setecientos treinta y tres millones quinientos mil) equivalente a U$S 1:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón quinientos mil), para el Ejercicio 1993.

Art. 70. - Autorízase al Poder Ejecutivo a contratar préstamos con el Gobierno del Reino de España, hasta la suma de N$ 124.450:000.000 (nuevos pesos ciento veinticinco mil cuatrocientos cincuenta millones), equivalente a U$S 50:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cincuenta millones) y a destinarlos al Inciso 12 - Ministerio de Salud Pública, para financiar el equipamiento técnico asistencial e instrumental (tecnología, equipos de radiología, vehículos utilitarios y equipamiento en general) de sus dependencias".)

-Dado que no se ha solicitado la votación en forma separada de ningún artículo, corresponde votar en bloque el Capítulo II de esta Sección III.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Quiero aclarar, en nombre de nuestra Bancada, que no existe contradicción entre nuestro discurso condenatorio del Plan de Inversiones y la votación afirmativa de estos 20 artículos. Hemos expresado nuestro desacuerdo con el Plan de Inversiones por lo que no incluye, pero compartimos su contenido.

Creemos que lo manifestado es suficiente para fundar nuestro voto afirmativo a estos 20 artículos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Como ha expresado el señor senador Araújo, hemos votado afirmativamente este Capítulo II.

Sin perjuicio de esto, deseo dejar constancia de que existe un aditivo, sobre el tema concreto de la construcción del puente Buenos Aires-Colonia, que puede tener relación con el Capítulo referente a inversiones. Quisiera saber si el criterio de la Mesa apunta a que estos artículos sean tratados con posterioridad o, en cambio, se entiende que los aditivos que tengan relación específica con las disposiciones en consideración serán tratados en este momento.

El aditivo a que me refiero figura en el número 56.

SEÑOR PRESIDENTE. - Consulto al señor senador si figuran en el repartido de aditivos que viene de la Comisión.

SEÑOR KORZENIAK. - Este artículo figura como aditivo, pero no integra el texto que la Comisión aprobó.

SEÑOR PRESIDENTE. - El criterio de la Mesa es que se traten, en primer lugar, los artículos del proyecto y, con posterioridad, los aditivos.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Quiero dejar constancia de que este artículo no integra el Cuerpo de aditivos que no fueron considerados por la Comisión.

SEÑOR BRUERA. - Ese aditivo fue entregado a tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor Secretario Farachio me aclara que hubo una omisión y que ese aditivo había sido presentado en el término reglamentario, por lo que debe entenderse que forma parte del repartido. De cualquier modo, corresponde que sea tratado junto con los demás aditivos, una vez concluida la consideración del articulado aprobado en Comisión.

SEÑOR LENZI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LENZI. - Hemos votado con satisfacción el artículo 67, que se refiere a una inversión muy importante y necesaria que consiste en la instalación de un Hospital en Canelones y otro en Las Piedras.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a considerar la Sección IV, "Incisos de la Administración Central", Inciso 02 "Presidencia de la República", que comprende los artículos 71 a 79.

Se ha solicitado la consideración en forma separada de los artículos 71, 72, 74 y 76.

En consideración los artículos 73, 75, 77, 78 y 79.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Art. 73. - Sustitúyese la denominación de la actual Unidad Ejecutora 007 "Dirección General de Estadística y Censos" por la de "Instituto Nacional de Estadística".

Art. 75. - Increméntase en la cantidad de N$ 35:000.000 (nuevos pesos treinta y cinco millones) el monto destinado a gastos del proyecto de funcionamiento Encuesta de Gastos e Ingresos creado por el artículo 45 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 77. - Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 por el siguiente:

"ARTICULO 79. - Suprímense al vacar en la Unidad Ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes", Subprograma 002 "Administración General", los cargos correspondientes a las series Médico, Teletipista, Radiotelefonía, Radiotécnico, Electrotécnica, Mecánica, Mantenimiento Automotriz, Pintor Chapista, Peluquero, Electricista, Mecánico, Mecánico Gomero, Carpintero, Dibujo, Fotografía, Técnico Agropecuario, Ayudante Arquitecto e Ingeniero y de la serie Servicios del Grado 5 hasta el último grado del Escalafón. La supresión se realizará una vez efectuadas las promociones.

La Contaduría General de la Nación transferirá el crédito de los cargos que se vayan suprimiendo al Subrubro 0.2 y al Renglón 0.6.1.404 por partes iguales".

Art. 78. - Asígnase para el Ejercicio 1993, una partida por una sola vez de N$ 622:250.000 (nuevos pesos seiscientos veintidós millones doscientos cincuenta mil), equivalentes a U$S 250.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos cincuenta mil) al Programa 002 "Planificación de Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal Sector Público", para apoyo al Subprograma de "Fortalecimiento Institucional del Programa de Desarrollo de Obras Municipales II".

Art. 79. - El jerarca de dicho programa dispondrá de un plazo de noventa días para comunicar a la Contaduría General de la Nación la desagregación en rubros, subrubros, renglones y proyectos de la partida establecida en el artículo anterior".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 71.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Art. 71. - Asígnase a la Unidad Ejecutora 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto" del Programa 002 "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público", las siguientes partidas por una sola vez:

A) N$ 99:560.000 (nuevos pesos noventa y nueve millones quinientos sesenta mil) equivalente a U$S 40.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuarenta mil) para atender las necesidades correspondientes a la Comisión nacional para la Construcción de un Eje Vial para el Cono Sur.

B) N$ 99:560.000 (nuevos pesos noventa y nueve millones quinientos sesenta mil) equivalente a U$S 40.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuarenta mil) con destino al funcionamiento de la Comisión Nacional de Informática.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación de las referidas partidas en rubros, subrubros, renglones y proyectos".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 72.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Art. 72. - Autorízase al Poder Ejecutivo a contratar con cargo a las partidas fijadas en el artículo 55, el personal necesario a efectos de dar cumplimiento a los cometidos asignados a dichas Comisiones Nacionales".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 74.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Art. 74. - Extiéndese el plazo del artículo 71 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, hasta el 31 de diciembre de 1993".)

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Vamos a votar en contra del artículo tal como ha sido aprobado en Comisión y, al mismo tiempo, solicitaremos que el Senado dé su aprobación a esta disposición con el texto votado en la Cámara de Representantes.

Creo, señor Presidente, que es una especie de acto de masoquismo organizar desde ya a este grupo de funcionarios para que en la próxima Rendición de Cuentas vuelvan a gestionar la prórroga de un año, cuando tienen un carácter permanente.

La norma aprobada por la Cámara de Representantes fue redactada por la propia Directora de la Oficina y, posteriormente, sufrió un recorte en el trámite que, habitualmente, tienen los proyectos de Rendición de Cuentas cuando se centralizan en el Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez replanteada y aprobada por la Comisión de la Cámara de Representantes, fue a su vez votada por el Pleno.

Por lo tanto, a fin de evitar que desde ya comiencen a organizarse estos funcionarios para solicitar una nueva prórroga, la Cámara de Representantes aprobó un régimen que garantiza la tranquilidad a este grupo de funcionarios, que tienen, en su mayoría, una antigüedad de más de cinco años en el cargo. Creo que es necesario eliminar esta especie de "espada de Damocles" que cada Rendición de Cuenta pone sobre ellos.

En consecuencia, solicito que el Senado se pronuncie favorablemente respecto a esta norma, tal como fue aprobada por la Cámara de Representantes.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Mi pensamiento va en la misma dirección de la argumentación del señor senador Pozzolo. Es importante destacar que debatimos largamente este artículo en Comisión donde señalamos reiteradamente que el Poder Ejecutivo debe ahorrarse el proceso casi burocrático de tener que reiterar, en cada oportunidad, la prórroga del plazo del contrato de estos funcionarios, cuando se podía hacer directamente a través de un procedimiento que viene aprobado por la Cámara de Representantes. Asimismo, y tal como se ha dicho aquí, este procedimiento cuenta con el aval de la Dirección Nacional de Estadística y Censos. Además, entendemos que es de estricta justicia que este personal que ya lleva años trabajando y que se ha especializado en la tarea sea contratado en forma permanente.

Por estas razones, vamos a votar negativamente el artículo 74 y a apoyar el artículo 60 proveniente de la Cámara de Representantes.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: coincido totalmente con las manifestaciones expresadas por los señores senadores Pozzolo y Gargano.

Deseo señalar tres aspectos que enfatizan este artículo. En primer lugar, éste no implica gastos. En segundo término, los trabajadores de la Dirección General de Estadística y Censos son personas especializadas que vienen desempeñando funciones desde hace varios años. Y, por último, este artículo está avalado y redactado por la propia Directora del Ente.

Por todas estas razones, nos preguntamos por qué esos funcionarios deben permanecer con la incertidumbre de la inestabilidad, cuando este problema podría resolverse de una manera mucho más racional, dándole garantías mínimas a quienes vienen desarrollando durante tantos años esas tareas especializadas.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: deseo añadir un argumento que me parece muy claro. Esto que se hace figurar como una especie de contratación, desnaturaliza el contrato de estos funcionarios designados. En la Ley de Funcionarios Públicos del año 1990, hay un artículo que tiende a evitar la desnaturalización de los contratos y aquí, repito, esto no se está llevando a cabo. En ese sentido, entiendo que son funcionarios públicos y se disfraza un acto de designación bajo una forma restrictiva de contratación, sin ventajas de ninguna índole -ni de dinero ni de gastos para el Erario- sólo para mantener una sensación de inquietud en los funcionarios.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: me limito a expresar que comparto lo dicho por todos los colegas preopinantes acerca de la necesidad de aprobar, en sustitución de este artículo 74, el artículo 60 del texto sancionado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Señor Presidente: deseo dejar constancia de que también nosotros vamos a apoyar el artículo que viene de la Cámara de Representantes con el número 60, no sólo por las consideraciones que se han hecho, sino también por los gastos que ha tenido el Estado en preparar y especializar a esos funcionarios en el tema.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: deseo expresar que en la oportunidad en que se trató este tema en Comisión voté afirmativamente la fórmula en contra del proyecto de ley venido de la Cámara de Representantes. Sin embargo, con posterioridad a ese hecho, me he informado que los funcionarios de que se trata, en realidad, están cumpliendo funciones de carácter permanente durante un tiempo bastante prolongado. De modo que en esta sesión voy a dar mi voto afirmativo a la fórmula proveniente de la Cámara de Representantes. Deseo aclarar que mi voto negativo en aquella instancia se debió a que no es de buena administración darle carácter permanente a quienes están cumpliendo funciones transitorias. En ese sentido, no sería bueno engrosar las filas de los funcionarios del Estado con aquellos trabajadores que cumplen tareas transitorias. En cambio, si a esos funcionarios contratados se les ha renovado su contrato sucesivamente, me parece adecuado darles una mayor estabilidad y, por eso, voy a votar afirmativamente la fórmula tal como se ha sugerido en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 74.

(Se vota:)

-9 en 27. Negativa.

En consideración el artículo 74 con el texto venido de la Cámara de Representantes, correspondiente al artículo 60.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 60. - El personal eventual de la Dirección General de Estadística y Censos contratado antes del 31 de diciembre de 1991, que a la fecha de vigencia de la presente ley se encuentre prestando servicios en dicha unidad ejecutora y que tenga una calificación y asiduidad mínima, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, percibirá sus retribuciones con cargo al subrubro 0.2. "Retribuciones básicas de personal contratado para funciones permanentes".

La Contaduría General de la Nación transferirá, a tales efectos, la partida anual autorizada por el artículo 71 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, al subrubro mencionado en los montos que en cada caso correspondan".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

La Mesa desea hacer una aclaración que considera importante. En el Repartido que contiene el proyecto de ley venido de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se ha cometido un error importante incluyéndose un artículo 389 que refiere al aumento de sueldo de los funcionarios de todos los escalafones del Poder Judicial, incluido el propio escalafón de los jueces, que fue votado negativamente en ese ámbito por 5 votos en 12. De modo tal que ese artículo está mal incluido en el Repartido, y no podrá ser sometido a votación.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Debo aclarar que, personalmente, he estudiado el nuevo Repartido venido de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y constato que es correcta la información del señor Presidente, salvo que el resultado de la última votación sobre ese artículo no fue el que él expresó, sino 7 en 14.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa tiene dos informaciones; la que viene de las funcionarias de la Contaduría General de la Nación, que es coincidente con la que expresa el señor senador Cassina, y la de la grabación que se ha revisado de donde surge que el resultado de la votación fue de 5 en 12 votos.

SEÑOR CASSINA. - Yo confío en mis apuntes, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo concreto es que ese artículo no consiguió una votación afirmativa y, por lo tanto, no puede figurar en el Repartido.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: en el día de ayer hubo un repartido dando una fe de erratas en el cual figura también el artículo 354 venido de la Cámara de Representantes que nosotros habíamos anotado y coincidimos con el señor senador Cassina en que la última votación fue 7 en 14.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: cuando llegue el momento de tratarse este Inciso, solicitaré que se considere este asunto con modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si figura como aditivo, por supuesto que se considerará.

SEÑOR CIGLIUTI. - Este no es un artículo aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ya veremos, porque el Reglamento ha sido modificado.

SEÑOR CIGLIUTI. - He querido advertir al señor Presiente para no incurrir en falta cuando llegue el momento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiero advertir al señor senador Cigliuti que el Reglamento tiene una norma clara y terminante en este sentido.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: para podrá sustentar la solicitud que voy a hacer, quiero señalar que tuve que salir de Sala y también, quiero justificarme ante el Cuerpo porque he llegado tarde a causa de la grave enfermedad de un familiar. Por esa razón tampoco estuve presente en el momento en que se votó el Capítulo de Inversiones. Por lo tanto, solicito que se reconsidere el Capítulo porque deseo formular algunas aclaraciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera el Capítulo II "Inversiones".

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

Nuevamente en consideración el Capítulo II, "Inversiones".

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en la discusión general de este proyecto de ley se hicieron consideraciones sobre la baja inversión que, con respecto a lo autorizado, había realizado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Creo que todos estamos de acuerdo en que la inversión es baja en el país y eso lo hemos señalado el año pasado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. En esta oportunidad, también se ha puesto de manifiesto por diversos señores senadores. Pero, en la apreciación final sobre lo realmente invertido, los números que aquí se manejaron son equivocados si los comparamos con los que da el Ministerio correspondiente. Observo que el porcentaje que aquí se dio es equivocado y surge de cifras erróneas que fueron proporcionadas a la Comisión. Tengo en mi poder la documentación que me envió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y es la siguiente. Sobre un total autorizado de N$ 216.164:000.000, se ejecutaron N$ 151.241:000.000; es decir que el porcentaje ejecutado es el 90.57% de lo autorizado.

Quería dejar constancia y me gustaría que los señores senadores pudieran verla porque creo que en este debate tiene que quedar estampada esta aclaración que no pude realizar cuando se analizó en general el proyecto de ley, porque no contaba con ella. Tampoco pude dejar constancia de ella cuando se estudió el Capítulo de Inversiones, por las razones que ya he expresado.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: como integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, rogaría a la Mesa que si fuera posible dicha documentación fuera enviada a esta Comisión porque, tal como lo señaló el señor senador Pereyra, las cifras que se dieron en Sala fueron las aportadas a la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Si hay otras, sería conveniente que la Comisión las pudiera analizar en forma detallada. Mi solicitud es en el sentido de que en forma oficial se haga llegar a la Comisión mencionada la documentación que posee el señor senador Pereyra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se procederá, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el Capítulo II de la Sección III, relativo a Inversiones. Me refiero a los artículos 51 al 70 inclusive.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Volvemos a considerar la Sección IV, Inciso 02, correspondiente a la Presidencia de la República. La Mesa aclara que solamente falta analizar el artículo 76 y señala, además, que la referencia al artículo 79 de la Ley Nº 16.170 es errónea, pues se trata del artículo 78 de dicha ley.

En consideración el artículo 76.

(Texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir:

"Art. 76. - Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 por el siguiente:

"ARTICULO 78. - Establécese un complemento de sueldo para el personal de seguridad afectado a las tareas de custodia y vigilancia según la siguiente escala: N$ 37.000 (nuevos pesos treinta y siete mil) mensuales para el personal de custodia y N$ 93.000 (nuevos pesos noventa y tres mil) para la custodia móvil, que se ajustará conforme a los aumentos salariales del sector público".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde ahora pasar a considerar el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" que comprende los artículos 80 a 121.

Cabe señalar que se ha solicitado por parte de la bancada del Frente Amplio el desglose de los artículos 92 y 106; el señor senador Cassina ha pedido el desglose del artículo 112 y la bancada del Herrerismo, el del artículo 121.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Estaba señalando a viva voz que, además, la bancada del Frente Amplio pidió que el artículo 88 se votara en forma separada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que ocurre señor senador es que aparece con unos caracteres tan pequeños que no se distingue si se trata de números o de dos puntos.

Entonces, el artículo 88 también será considerado en forma separada.

En consideración los artículos números 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120, que serán votados en bloque.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Artículo 80. - Otórgase al Personal Superior de los Cuerpos de Comando, determinado en el artículo 116 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, en la redacción dada por el artículo 94 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 una compensación del 10% (diez por ciento) sobre el total de retribuciones sujetas a montepío, para retribuir el régimen de dedicación integral previsto en el literal C), del artículo 61 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974.

Otórgase el mismo beneficio al personal subalterno que determine el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Defensa Nacional, de los Programas 002 "Ejército Nacional", 003 "Armada Nacional", 004 "Fuerza Aérea Uruguaya" y del Subprograma 003 "Asesoramiento e Información Estratégica" del Programa 001, "Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional".

La compensación que se crea no estará sujeta a montepío, no será tenida en cuenta a los efectos de la aplicación del artículo 42 de la Ley Nº 12.801, de 30 de noviembre de 1960 modificativas y concordantes y no será considerada para calcular ninguna otra retribución de carácter porcentual.

Quedan excluidos de su percepción el personal perteneciente al Escalafón H del Cuerpo Técnico de la Fuerza Aérea Uruguaya, los reservistas incorporados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 111 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, y el Personal en Situación de Excedencia establecido por el artículo 81 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 81. - Al personal militar designado en misión diplomática y oficial en el exterior, le será de aplicación lo dispuesto por el inciso primero del artículo 174 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 82. - El personal que integre el Escalafón de Oficiales de la Dirección General de los Servicios, del Servicio de Viviendas, Tutela Social, Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el perteneciente a la Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, pasará a situación de retiro obligatorio por haber alcanzado el límite de edad que se establece a continuación:

Capitán   

65 años

Teniente 1º   

60 años

Teniente 2º   

58 años

Alférez   

56 años

Art. 83. - Transfórmanse en la Dirección General de Secretaría de Estado, un cargo Subjefe de Departamento Administrativo Especializado, Escalafón C/D, Grado 8, en un cargo Subjefe de Departamento Administrativo, Escalafón C, Grado 8 y un cargo Jefe de Departamento Mantenimiento, Escalafón E, Grado 10, en un cargo Jefe de Departamento Especialización, Escalafón D, Grado 10.

Art. 84. - Fíjanse en unidades reajustables los valores de las multas administrativas por infracciones al Reglamento de Explosivos y Armas, las guías para transporte de materias explosivas, la expedición de carnés y habilitaciones y las inspecciones técnicas, cuya recaudación compete al Servicio de Material y Armamento del Programa 002 "Ejército Nacional" en las siguientes cantidades:

Multas

Armas cortas y largas adquiridas en comercios no inscriptos en el Servicio de Material y Armamento o introducidas al país como efecto de uso personal, U.R. 1,80.

Armas cortas y largas usadas que no hayan sido registradas (artículo 205 del Reglamento de Explosivos y Armas) U.R. 1.

Personas o empresas que no remiten el estado mensual de consumo de explosivos antes del día 10 de cada mes (artículo 104 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

2

Segunda vez

4

Tercera vez

8

Cuarta vez

16

Casas que venden armas que no figuran en los estados mensuales remitidos antes de los diez primeros días de cada mes (artículo 223 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

5

Segunda vez

10

Tercera vez

20

Cuarta vez

40

Casas comerciales que venden armas y municiones sin haberse inscripvo para tales fines en el Servicio de Material y Armamento:

UR 25 e inscripción

Rematadores que venden o subasten armas sin estar inscriptos para tales fines en el Servicio de Material y Armamento:

UR 25 e inscripción

Casas comerciales que no remiten los estados antes de los diez primeros días de cada mes:

UR

Primera vez

2

Segunda vez

4

Tercera vez

8

Cuarta vez

16

Casas comerciales que venden armas sin Guía (entregar el arma sin antes obtener la Guía en el Servicio de Material y Armamento):

UR

Primera vez

10

Segunda vez

20

Tercera vez

30

Casas comerciales que no eleven al Servicio de Material y Armamento los estados mensuales (artículo 223 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

4

Segunda vez

8

Tercera vez

16

Cuarta vez

32

Venta de armas o préstamos entre particulares o entre particulares y casas comerciales sin intervención del Servicio de Material y Armamento (artículo 206 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

5

Segunda vez

10

Tercera vez

20

Cuarta vez

40

Coleccionistas de armas que no estén registrados en el Servicio de Material y Armamento o que no eleven al mismo la relación de las armas que integran su colección. Esto se hace extensivo para los coleccionistas de munición:

UR 5 e inscripción

Particulares o casas comerciales que reparen armas sin estar registradas en el Servicio de Material y Armamento:

UR 5 e inscripción

Particulares o casas comerciales que reparen armas sin Guía (artículo 210 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

10

Segunda vez

30

Realizar compras de armas o municiones o accesorios en el exterior sin antes obtener el despacho directo:

UR 5

Clubes de tiro que no se registren en el Servicio de Material y Armamento con especificación de cantidad de armas con que cuentan y relación de las Guías correspondientes a ellas:

UR 5 e inscripción

Elaboración, depósito y empleo de todo tipo de material explosivo o agresivo químico sin autorización expresa del Servicio de Material y Armamento:

UR 40 y elevación de antecedentes a la Justicia

Transporte de explosivos sin la Guía correspondiente (artículo 163 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR 8 y pago de la Guía correspondiente

Personas que operen con explosivos sin autorización del Servicio de Material y Armamento (artículo 119 del Reglamento de Explosivos y Armas) en caso de pertenecer a alguna empresa se aplicará a ella:

UR 40 y elevación de antecedentes a la Justicia

Comercializar armas montadas totalmente con piezas importadas como repuestos (Decreto 24.200/959, de 2 de abril de 1959):

UR 40

No poseer libros al día de salida de munición, ventas de armas y reparación, por parte de casas comerciales o particulares (artículo 219 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

3

Segunda vez

6

Tercera vez

12

Cuarta vez

24

Empresas que operan con explosivos depositados en polvorines no autorizados por el Servicio de Material y Armamento:

UR 40

Venta de munición por parte de casas comerciales sin especificar correctamente la Serie y número de Guía (artículo 213 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

5

Segunda vez

10

Tercera vez

20

Omisiones de armas y municiones en las declaraciones de las partes mensuales (artículos 213 y 223 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

2

Segunda vez

4

Tercera vez

8

Cuarta vez

16

Importadores y mayoristas que venden armas y municiones a comercios que no se encuentren inscriptos en el Servicio de Material y Armamento (Decreto Nº 24.928/969, de 4 de diciembre de 1969):

UR

Primera vez

25

Segunda vez

50

Casas comerciales que venden armas a menores de veintiún años (artículo 222 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

8

Segunda vez

16

Tercera vez

30

Casas comerciales que no comuniquen los movimientos de armas realizadas dentro de los cinco días de producido el mismo (artículo 208 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR

Primera vez

2

Segunda vez

4

Tercera vez

8

Cuarta vez

16

Adulteración de Guías de posesión de armas y transferencias realizadas por personas no autorizadas (artículo 206 del Reglamento de Explosivos y Armas):

UR 25 y la elevación de los antecedentes a la Justicia

Casas comerciales o particulares que realicen modificaciones sustanciales en armas de fuego, respecto al calibre o sistema, sin autorización expresa y particular para cada caso, extendida por el Servicio de Material y Armamento:

UR

Primera vez

40

Segunda vez

100

Sin perjuicio de la aplicación del artículo 192 del Decreto 2.605/943, de 7 de octubre de 1943.

Realizar actividades de fabricación, carga o recarga de munición sin autorización expresa del Servicio de Material y Armamento:

UR 60 y decomiso preventivo o definitivo de mercaderías y maquinarias

El Servicio de Material y Armamento podrá disponer la suspensión de los locales hasta por un plazo máximo de noventa días, así como el retiro definitivo de los correspondientes permisos, de acuerdo con la Reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Expedición de Guías

Guías para transporte de materiales explosivos:

UR

Hasta 50 Kg.

neto

0,60

Más de 50 Kg.

neto

1,20

Más de 125 Kg.

neto

2,40

Más de 1.000 Kg.

neto

3,60

Guía de posesión de armas

0,68

Guía provisoria

0,50

Guía de arma

0,50

Expedición de carnés y habilitaciones

UR

Carné de barrenista

1

Carné de coleccionista

1

Habilitación anual de coleccionista

0,50

Inspecciones Técnicas

Inspecciones técnicas solicitadas por usuarios:

UR

Montevideo

10

Interior

20

Estos valores no incluyen los gastos de hospedaje, almuerzo o cena del personal que concurra, los que también son con cargo al usuario.

Art. 85.- Transfórmase en el Programa 002 "Ejército Nacional", trece cargos Soldado de 1ra., en un cargo Asesor IV, ingeniero químico, Escalafón A, Grado 10, un cargo Asesor IV, ingeniero industrial, Escalafón A, Grado 10, un asesor VII, ingeniero agrimensor, Escalafón A, Grado 07 y un cargo Asesor IV, Contador, Escalafón A, Grado 10.

Art. 86.- Sustitúyase el artículo 166 del decreto – ley N° 15.688, de 30 de noviembre de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 166.- La Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército, para los Oficiales desde Alférez hasta Teniente Coronel inclusive, estará integrada por un Oficial General o Superior que la presidirá, un Oficial Superior en actividad, como delegado del Poder Ejecutivo, los Inspectores de Armas, y un Jefe como Secretario, este último sin voz ni voto. Integrarán además esta Comisión, un Coronel procedente de cada Arma, al solo efecto de intervenir en las calificaciones de los Oficiales de su Arma".

Art. 87.- Agrégase al literal C) del artículo 113 del decreto – ley N° 15.688, de 30 de noviembre de 4984, el siguiente numeral:

"5) Presidente de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército".

Art. 89. - Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 10.808, de 16 de octubre de 1946, en la redacción dada por el decreto-ley Nº 14.956, de 16 de noviembre de 1979, por el siguiente:

"ARTICULO 9º. - El Estado Mayor General de la Armada es el órgano asesor del Mando Naval que tiene como funciones primordiales la preparación de los elementos para la toma de decisiones que una vez adoptadas, transformará en órdenes, cuya ejecución supervisará. El Estado Mayor General de la Armada, estará constituido por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, sus Divisiones y las Dependencias que fije su reglamentación.

La Jefatura del Estado Mayor General de la Armada será ejercida por un Oficial Almirante u Oficial Superior del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor.

Las Jefaturas de las Divisiones del Estado Mayor General de la Armada serán ejercidas por Oficiales Superiores o Jefes diplomados de Estado Mayor".

Art. 90. - Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 10.808, de 16 de octubre de 1946, por el siguiente:

"ARTICULO 11. - La Dirección General de Personal Naval es el órgano encargado del reclutamiento, formación profesional y movilización del Personal de la Armada, que velará por la salud y bienestar social del titular y su familia, como asimismo del reclutamiento y formación de Oficiales de la Marina Mercante.

Estará constituida por las Direcciones y Jefaturas que establezca el Poder Ejecutivo y será ejercida por un Oficial Almirante u Oficial Superior diplomado en Estado Mayor".

Artículo 91. - Agrégase a la Ley Nº 10.808, de 16 de octubre de 1946, el siguiente artículo:

"ARTICULO... . - La Dirección General de Material Naval es el órgano de apoyo de la Armada, para crear, conservar y rehabilitar los medios materiales que hagan posible la ejecución de sus cometidos.

Estará constituida por los Servicios que establezca el Poder Ejecutivo y será ejercida por un Oficial Almirante u Oficial Superior".

Art. 93. - Autorízase al Programa 003 "Armada Nacional" a liquidar los presupuestos de sueldos y gastos presupuestales de todas sus unidades ejecutoras con cargo a la Unidad Ejecutora 018 "Comando General de la Armada".

Art. 94. - Transfórmanse en la Prefectura Nacional Naval, un cargo de Asesor II, Contador, Escalafón A, Grado 12 y un cargo Técnico III, Analista programador, Escalafón B, Grado 10 en un cargo Asesor II, Escribano, Escalafón A, Grado 12 y un cargo Asesor III, Abogado, Escalafón A, Grado 10.

Art. 95. - Sustitúyese el artículo 84 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente:

"ARTICULO 84. - La coordinación y centralización de todo plan, estudio, información, investigación que los diversos órganos o comisiones ejecuten con relación a la oceanografía e hidrografía, que indica el Programa 003 "Armada Nacional" se efectuará por intermedio del Comando General de la Armada.

A tales efectos, se autoriza a la Armada Nacional a requerir de los organismos nacionales oficiales y privados, la información y resultados de los levantamientos e investigaciones oceanográficas, hidrográficas y meteorológicas marinas que lleven a cabo de acuerdo con las normas en vigencia, en las aguas jurisdiccionales de la República y que incluya las que efectúen organismos extranjeros o internacionales que actúen por encargo, acuerdo o autorización, con el fin de incrementar la seguridad marítima en las cartas y publicaciones náuticas que se editan bajo su responsabilidad.

La Armada Nacional determinará, a través del Servicio competente cuáles serán la cartografía y las publicaciones náuticas, nacionales o extranjeras, que deban considerarse válidas para la navegación marítima en las aguas jurisdiccionales de la República y que puedan ser exigidas por los organismos de contralor correspondientes".

Art. 96. - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 13.390, de 18 de noviembre de 1965, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. - La Prefectura Nacional Naval, en su función de contralor de las normas internacionales estipuladas por la Organización Marítima Internacional en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, dispondrá los servicios de vigilancia adecuados a las características de cada operación".

Art. 97. - Agrégase al artículo 1º del decreto-ley Nº 15.009, de 9 de mayo de 1980, lo siguiente:

"Título de Práctico 40 UR".

Art. 98. - Los funcionarios de la Armada Nacional que cumplan funciones policiales - Unidad Ejecutora 021 "Prefectura Nacional Naval- estarán facultados, dentro de la jurisdicción que establece el artículo 34 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, para efectuar los procedimientos que determinan los artículos 272 y 273 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 99. - En los casos previstos en el artículo anterior los funcionarios actuantes y el Ministerio de Defensa nacional participarán respectivamente en todos los casos que acuerdan los literales A) y B) de los artículos 273 y 274 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 100. - Inclúyese a las dependencias de la Armada Nacional que cumplan funciones policiales -Unidad Ejecutora 021 "Prefectura Nacional Naval"- en el inciso 2º del artículo 273 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, con la redacción dada por el artículo 183 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, como posibles destinatarios de los productos forestales decomisados.

Art. 101. - La facultad acordada por el Poder Ejecutivo por el artículo 162 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se extiende en la misma forma y condiciones a los casos en que los procedimientos hayan sido efectuados por personal de la Armada Nacional -Unidad Ejecutora 021 "Prefectura Nacional Naval"- que cumplen funciones policiales.

En estos casos la facultad acordada se ejercerá a través del Ministerio de Defensa Nacional.

Art. 102. - Declárase comprendido en el cometido de la policía marítima de la Unidad Ejecutora 021 "Prefectura Nacional Naval" del Programa 003 "Armada Nacional", las operaciones respectivas en las aguas de los embalses de las represas Gabriel Terra, Baygorria y Constitución.

Art. 103. - Destínase una partida anual de N$ 35:638.000 (nuevos pesos treinta y cinco millones seiscientos treinta y ocho mil) para atender el pago de la compensación máxima al grado establecida en el artículo 26 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, para los cargos civiles de la Prefectura Nacional Naval del Programa 003 "Armada Nacional".

Suprímense en dicho programa tres cargos de Guardiamarina y dos de Alférez de Fragata en el Cuerpo Auxiliar.

Art. 104. - Sustitúyense los artículos 7º, 27, 44, 45, 73, 74 y 90 del decreto-ley Nº 14.747, de 28 de diciembre de 1977, por los siguientes:

"ARTICULO 7º. - La Fuerza Aérea se organizará en: Comando y Cuartel General, Direcciones, Tribunales y Comisiones, Grandes Unidades, Unidades Básicas, Institutos, Servicios y Reparaciones, de acuerdo a las necesidades y de conformidad con las reglamentaciones respectivas".

"ARTICULO 27. - La Comisión Calificadora del Personal Subalterno de la Fuerza Aérea, estará integrada por tres miembros: un Oficial Superior, que la presidirá y dos Oficiales Jefes.

Contará con la asistencia administrativa de un Oficial del Grado de Capitán.

Compete a esta Comisión:

A) Discernir la nota final de aptitudes del Personal Subalterno de las jerarquías de Cabo de 1ra. a Sub Oficial Mayor.

B) Confeccionar las listas de ascensos para los grados de Sub Oficial Mayor, Sargento 1ro., Sargento y Cabo de 1ra., dentro de los escalafones respectivos".

"ARTICULO 44. - Complementando lo establecido en el artículo 31 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, (Orgánico de las Fuerzas Armadas), los cargos que se especifican a continuación serán desempeñados por los Oficiales en actividad de los siguientes grados:

A. Por Teniente General (Av)

1. Comandante en Jefe

B. Por Brigadieres Generales

1. Vicecomandante en Jefe

2. Miembro de Tribunales Superiores

3. Jefe de Misión en el exterior

C. Por Brigadier General o Coronel

Jefe del Estado Mayor General

Comandante en Grandes Unidades

Presidente o Miembro de Comisiones Calificadoras

Director de Direcciones Nacionales

D. Por Coroneles

2do. Comandante de Grandes Unidades

Subdirector de Direcciones Nacionales

Director de Direcciones Generales

Comandante de Unidades

Director de Institutos

Jefe de Estados Mayores

Subjefe del Estado Mayor General

E. Por Coroneles o Tenientes Coroneles

Director de Servicios

Director de Direcciones

Inspector Delegado del Comando General

Subdirector de Direcciones Generales

Subdirector de Institutos

Agregado Aéreo Adjunto

Ayudante del Comandante en Jefe

Secretario del Comandante en Jefe

F. Por Teniente Coronel

2do. Comandante de Unidades

Subdirector de Direcciones

Jefe de División

G. Por Teniente Coronel y Mayor

Jefe de Estudios de Institutos

Ayudante del Vicecomandante y Comandantes de Grandes Unidades

Jefe de Cursos de Institutos de Personal Superior

Secretario de Tribunales y Comisiones

Comandante de Unidades Básicas

H. Por Mayores

Jefe de Cuerpo de Institutos

Jefe de Departamento

2do. Comandante de Unidades Básicas

B) Para ascender a Cabo de 2da.

1. Tener menos de cuarenta y cuatro años de edad.

2. Tener un año de antigüedad computable como Soldado de 1ra.

C) Para ascender a Cabo de 1era.

1. Tener menos de cuarenta y siete años de edad.

En principio las designaciones para los cargos que puedan ser ocupados por dos jerarquías, mantendrán el escalonamiento jerárquico".

"ARTICULO 45. - El Poder Ejecutivo determinará por vía reglamentaria a propuesta del Comando General de la Fuerza Aérea, los grados exigidos para desempeñar los distintos cargos no contemplados por el artículo anterior".

"ARTICULO 73. - Para el ascenso del Personal Subalterno, además de las aptitudes reglamentarias de conducta, física y militar, se requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Para ascender a Soldado de 1ra.

1. Tener menos de cuarenta y cuatro años de edad.

2. Haber computado seis meses de antigüedad, como Soldado de 2da.

3. Reunir condiciones intelectuales suficientes que le ofrezcan la posibilidad de obtener futuros ascensos.

B) Para ascender a Cabo de 2da.

1. Tener menos de cuarenta y cuatro años de edad.

2. Tener un año de antigüedad computable como Soldado de 1ra.

C) Para ascender a Cabo de 1ra.

1. Tener menos de cuarenta y siete años de edad.

2. Tener dos años de antigüedad computable en el Grado de Cabo de 2da.

D) Para ascender a Sargento.

1. Tener menos de cuarenta y nueve años de edad.

2. Tener dos años de antigüedad computable como Cabo de 1ra.

E) Para ascender a Sargento 1ro.

1. Tener menos de cincuenta y un años de edad.

2. Tener dos años de antigüedad computable como Sargento.

F) Para ascender a Sub Oficial Mayor

1. Tener menos de cincuenta y cuatro años de edad.

2. Tener dos años de antigüedad computable como Sargento 1ro".

"ARTICULO 74. - Para estar en condiciones de ascenso los integrantes de los diversos escalafones del Personal Subalterno, deberán aprobar los cursos que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo".

"ARTICULO 90. - Al Personal Militar que no cumpla actividad de vuelo permanente, se les computarán doble los años de servicio, siempre que en el período transcurrido desde el 1º de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente de acuerdo a lo que establezcan las reglamentaciones respectivas, haya computado lo exigido en el literal D) del artículo 194 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974. (Orgánico de las Fuerzas Armadas).

Esta bonificación sólo beneficiará a quienes computen un mínimo de veinte años simples, con excepción de los casos establecidos en los literales A), B) y C) del artículo 192 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974".

Art. 105. - Deróganse los artículos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del decreto-ley Nº 14.747, de 28 de diciembre de 1977.

Art. 107. - Transfórmanse en la Dirección General de Aviación Civil los siguientes cargos: un Subdirector de División Piloto Instructor, Escalafón B, Grado 11, en Subdirector de División Instructor de Simulador, Escalafón B, Grado 11 y un Encargado II, Servicios, Escalafón F, Grado 6, en Especialista IV, Telefonista, Escalafón D, Grado 6.

Art. 108. - Sustitúyese el artículo 118 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 118. - La Dirección General de Aviación Civil abonará a sus funcionarios presupuestados y contratados una compensación equivalente al 30% (treinta por ciento) de sus retribuciones de naturaleza salarial, con cargo a sus recursos extrapresupuestales de libre disponibilidad".

Art. 109. - Transfórmase en la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica, un cargo Técnico II, Analista Programador, Escalafón B, Grado 11, en un Técnico IV, Electrónico, Escalafón B, Grado 9.

Art. 110. - Transfórmase en el Programa "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario", Subprograma "Administración y Control de los Aeropuertos Nacionales", Unidad Ejecutora "Dirección General de Infraestructura Aeronáutica", un cargo de Sub-Jefe de Departamento D10 Operaciones en un cargo de Asesor III de la Dirección del Aeropuerto Internacional de Carrasco, Escalafón B, Grado 12.

Art. 111. - Inclúyese en la serie Piloto del Escalafón B de la Dirección General de Aviación Civil, el actual cargo de Instructor Paracaidista, Técnico 4, Escalafón B, Grado 7 de la referida Unidad Ejecutora.

Art. 113. - Agrégase al decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el siguiente artículo:

"ARTICULO 271. - Sustitúyese la actual denominación del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas por la de Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas que tendrá como misión dar apoyo a las mismas protegiendo o recuperando la salud de sus integrantes, servicio que se hará extensivo a los familiares de éstos, de acuerdo a lo que establecen las normas pertinentes del decreto-ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984 y su reglamentación".

Art. 114. - Sustitúyese el literal B) del artículo 31 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, por el siguiente:

"B) Por Generales, Contralmirantes o Brigadieres Generales (Av) en actividad.

1) Jefe del Estado Mayor Conjunto.

2) Miembros del Tribunal Superior de Ascensos y Recursos de las Fuerzas Armadas.

3) Director General de los Servicios.

4) Director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas".

Art. 115. - Sustitúyese el artículo 27 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 27. - Dichos servicios son:

A) El Servicio de Seguridad Social, que comprende:

1) El Servicio de Viviendas, que tiene por misión la obtención de viviendas propias para Oficiales y para el Personal Subalterno, con intervención de los organismos oficiales de crédito.

2) El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, que tiene por misión realizar el control administrativo y liquidación de pasividades militares y los servicios de seguridad social que se le encomienden para el personal militar y sus familiares.

3) El Servicio de Tutela Social, que actúa en beneficio de los componentes de las Fuerzas Armadas y sus familiares en todo aquello no comprendido en las misiones de los Servicios de Viviendas y Retiros y Pensiones Militares.

B) Los servicios que fueren unificados de los que actualmente administra cada Fuerza, o los que se crearen por razones de la especialización.

Tanto la Dirección General, como los servicios dependientes se regirán por las reglamentaciones respectivas".

Art. 116. - Suprímese en el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, el crédito del Renglón 3.0.0.817 "Administración Nacional de Puertos", incrementándose en el mismo importe el crédito del Renglón 2.0.0.805 "CONAPROLE".

Art. 117. - Transfórmanse en el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, a partir del 1º de julio de 1992 dos cargos Técnico II, Ingeniero, Escalafón A, Grado 11, un cargo Técnico IV, Veterinario, Escalafón A, Grado 11, un cargo Técnico IV, Veterinario, Escalafón A, Grado 8; un cargo Jefe Departamento Administrativo, Escalafón C, Grado 10; un cargo Especialista VI, Optico, Escalafón D, Grado 6; un cargo Especialista VII, Podólogo, Escalafón D, Grado 5; dos cargos Especialista IX, Vacunador, Escalafón D, Grado 4; dos cargos Guardafrontera II, Escalafón D, Grado 3; un cargo Guardafrontera III, Escalafón D, Grado 2; tres cargos Hermana de Caridad, Escalafón D, Grado 1 y dos cargos Oficial II, Linotipista, Escalafón E, Grado 2 en veintitrés cargos Cabo de 2a. en el subescalafón Especializado A.

Art. 118. - Transfórmanse en el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, a partir del 1º de julio de 1992, treinta y dos cargos de Alférez del subescalafón de Nurses en dieciséis cargos Sargento del subescalafón Técnico Especializado, veintisiete de Cabo de 2a. del subescalafón Especializado A y uno de Soldado de 1ra. en el subescalafón de Servicios.

Art. 119. - Sustitúyese el artículo 1º del decreto-ley Nº 15.569, de 1º de junio de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 1º. - El Fondo Especial creado por el artículo 11 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, sus modificativos y concordantes, se denominará Fondo Especial de Tutela Social, será administrado por el Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas y será destinado a atender los fines del Servicio establecido en el literal A) del artículo 27 del decreto-ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974. La reglamentación establecerá las condiciones de realización de los servicios y determinará las áreas que comprendan así como los montos a invertir".

Art. 120. - El cónyuge, padres e hijos del personal aportante al Fondo Especial de Tutela Social tendrán derecho al servicio fúnebre únicamente si a la fecha del fallecimiento no tenían otra cobertura de ese tipo, sea pública o privada".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 88.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 88. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 10.808, de 16 de octubre de 1946, por el siguiente:

"ARTICULO 1º. - La Armada Nacional como parte integrante de las Fuerzas Armadas, tiene por misión esencial la defensa de la Constitución y las Leyes del Estado, la integridad territorial y la policía marítima de la República, a fin de contribuir a defender el honor, la independencia y la paz de la misma".)

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Este es un artículo que define lo que en la jerga militar se llama la misión esencial de un Arma, en este caso de las Fuerzas Armadas y equivale, más o menos, a lo que en el lenguaje de Derecho Administrativo se define como competencias fundamentales o básicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Son competencias esenciales.

SEÑOR KORZENIAK. - Preferiría no usar esa expresión porque, como es sabido, eso tiene que ver con una clasificación de cometidos y podríamos confundir la terminología.

En el seno de la Comisión sostuvimos que aunque el artículo tal como está redactado no contiene ninguna frase que escape a la actividad que habitualmente desarrollan las Fuerzas Armadas -y que no nos chocan en sus consideraciones fundamentales- luego de algunas mejoras que introdujo el señor senador Ricaldoni, ordenando en primer lugar la defensa de la Constitución por jerarquía normativa, no debería estar incluido en una Rendición de Cuentas. Se trata de un artículo típico para la parte programática de una ley orgánica de las Fuerzas Armadas y, en todo caso -como ocurre en muchos países- en derecho comparado, hasta para una Constitución. Esta es la definición de la misión esencial de las Fuerzas Armadas.

Dejando de lado ese aspecto que podríamos llamar documental, en el sentido de si este artículo debe incluirse en una Rendición de Cuentas -lo que no nos agrada- quiero señalar que esto implica modificaciones a normas vigentes y a aquellas que existían en esta materia antes de que sobreviniera el período de la dictadura, predominantemente militar.

En realidad, existe una modificación exclusiva para una de las tres fuerzas, es decir que la Armada, con lo cual se puede generar una diferencia conceptual entre la misión que se le asigna a una de las fuerzas con respecto a las otras. Esto debe ser una definición general contenida en una ley orgánica de todas las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, nos parece absolutamente desubicado el sitio donde se ha previsto esta norma. Allí se hace una definición de la misión esencial, repito, de una de las tres armas de las Fuerzas Armadas del país.

Esas son las razones básicas por las que entendemos que este artículo no debe ser aprobado, aclarando que su rechazo no obedece a discrepancias radicales con lo que aquí se establece, es decir la defensa de la Constitución, de las leyes, de la integridad territorial y de la policía marítima. Inclusive tiene el mérito de no hablar del tema de la seguridad en un sentido tan trágico de la doctrina como el que fue utilizado durante el período de facto.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - La objeción de que esta norma se incluya en una Rendición de Cuentas, a nuestro juicio carece de mayor significación, porque lo que se procede a sustituir es el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Marina, definiéndose impecablemente los cometidos de la Armada Nacional. Además no colide con ninguna otra disposición que regule a las demás fuerzas que integran las Fuerzas Armadas del país.

Por estas razones, creemos que se trata de una disposición que encaja perfectamente en la Ley Orgánica de la Marina y que la perfecciona porque procede a dar una definición más precisa, perfecta y técnica de los cometidos de la Armada Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia quiere expresar que, en realidad, esta Rendición de Cuentas -como todas- está compuesta por una multitud de disposiciones -si es que cabe esta expresión- que no tienen nada que ver con el tema presupuestal y violan el artículo 216 de la Constitución de la República. En las Legislaturas pasadas efectué observaciones en este sentido sin el menor éxito, por lo que no tiene sentido reiterarlas y, al igual que el señor senador Santoro, tampoco considero oportuno expresar que esta norma no es propia de una Ley Presupuestal porque, además, si fuera por eso, deberíamos suprimir 500 artículos.

Deseo destacar que, a mi entender, el texto no es malo, ya que expresa correctamente lo siguiente: "La Armada Nacional, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, tiene por misión la defensa de la Constitución y las Leyes del Estado" -sería conveniente suprimir la expresión "del Estado" -"la integridad territorial y la policía marítima de la República, a fin de contribuir a defender el honor, la independencia y la paz de la misma". Me pregunto, ¿quién puede estar en discrepancias con estos conceptos? Personalmente, creo que nadie, a menos que sea por una razón exclusivamente formal en el sentido de que no se trata de una norma presupuestal. De lo contrario, no veo que existan motivos para la exclusión de este artículo.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Como es de conocimiento de mis colegas, siempre he sostenido que no es inconstitucional la inclusión en estas leyes de normas ajenas a la materia presupuestal; posición que, por otra parte, ha sido esgrimida invariablemente por la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, en lo que refiere específicamente al texto de este artículo, debo decir que me parece excelente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Compartimos el hecho de que tradicionalmente se incluyan en las Leyes de Presupuesto y Rendición de Cuentas temas ajenos a su contenido y a su interpretación o ejecución. Sin embargo, considero que todo tiene sus límites por lo que no estamos dispuestos a votar, por ejemplo, modificaciones de códigos ni a establecer una definición que, en tanto refiere a todas las Fuerzas Armadas, no puede tomarse en cuenta como si fuera solamente para una de sus Armas. Si comparamos esta definición que, repito, no contiene ningún concepto que roce con las otras dos Armas, podremos advertir que las referencias específicas que se hacen a la policía marítima no tienen un equivalente en normas relativas a las otras Armas, lo cual no es bueno ni cortés con el Ministerio de Defensa Nacional, ya que estaríamos separando las definiciones de una y otra arma.

Estos son los motivos, señor Presidente -aclaro que no existen conceptos que violenten nuestra posición acerca de lo que deben hacer las Fuerzas Armadas- por lo que no hemos dado nuestro voto a este artículo. Además, entendemos que, tal como se había prometido por parte del Poder Ejecutivo, este tipo de definiciones deben ser incluidas específicamente en una Ley Orgánica para las Fuerzas Armadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 92.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 92. - Sustitúyense las denominaciones del Subprograma 004 "Coordinación de la Enseñanza Naval" y la Unidad Ejecutora 022 "Dirección de Enseñanza Naval" del Programa 003 "Armada Nacional", por las de "Administración de Personal Naval" y "Dirección General de Personal Naval", respectivamente".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Antes de pasar a la consideración del artículo 106 la Presidencia hace notar que en el extensísimo texto del artículo 104 en la página 50 del repartido, luego del literal H, figuran dos literales B y C, que son reiterativos de otra disposición que figura en la página 51 del mismo repartido. Esto quiere decir que existe un error de copia por lo que deben suprimirse en la página 50 los literales B y C que acabo de indicar.

En consideración el artículo 106.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 106. - Sustitúyese el artículo 527 del decreto-ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 527. - La totalidad de los fondos de dicha cuenta, serán destinados por la citada Dirección General a brindar apoyo a:

A) Los aeroclubes en actividad, debiendo tenerse en cuenta para su otorgamiento los siguientes factores:

I) Escuela de vuelo, vuelo a vela, paracaidismo y aeromodelismo.

II) Entrenamiento de pilotos.

III) Servicios de abastecimientos, mantenimiento y comunicaciones.

IV) Instalación, infraestructura, y todo otro servicio que tienda a la seguridad de vuelo.

B) Las instituciones aerodeportivas en todos sus aspectos como vuelo a motor, vuelo a vela, paracaidismo, aeromodelismo, y similares.

C) El Instituto de Adiestramiento Aeronáutico dependiente de la Dirección General de Aviación Civil.

D) Reparaciones y mantenimiento en general de las aeronaves de la Dirección General de Aviación Civil y todo gasto relativo a las mismas.

E) En general a toda actividad que contribuya al desarrollo y fomento y seguridad de la aviación".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 112.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 112. - Los Oficiales que, ingresados a la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza Aérea con anterioridad a la fecha de promulgación del decreto-ley Nº 14.747, de 28 de diciembre de 1977, con beca para el Cuerpo Aéreo, o que fueron seleccionados para los cursos correspondientes al Cuerpo Aéreo, que no renunciaron al mismo y que egresaron como integrantes de los Cuerpos de: Seguridad Terrestre (Escalafón C) y Técnico (Escalafones D, E, F y G), quedarán comprendidos en lo dispuesto por los artículos 110, 111 y 113 al 116 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Dichos Oficiales revistarán en el Escalafón B "Navegantes" en actividad fuera de cuatros, sin ocupar ni generar vacantes en el mismo".)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: este artículo refiere a un tema que examinamos reiteradamente en Comisión el cual fuera aprobado, finalmente, con un texto propuesto por el señor senador Santoro. Resulta un asunto bastante complejo de explicar a aquellos señores senadores que no integran la Comisión, pero deseo señalar que esta disposición tiene que ver con una serie de integrantes de la Fuerza Aérea que han quedado excluidos de lo dispuesto por los artículos 110, 111 y 113 al 116 de la Ley Nº 16.170, que suponían una forma de regularización.

Se nos ha señalado -y ruego al señor senador Santoro que preste atención a lo que voy a expresar- que, más allá de la intención de excluir de esta regularización solamente a quienes renunciaron a integrar el Cuerpo Aéreo -que obviamente, deben quedar excluidos por las propias razones expuestas por el señor senador Santoro en Comisión- sería conveniente, a los efectos de que el propósito quedara realmente entendido, que elimináramos la expresión "con beca para el Cuerpo Aéreo, o que fueron seleccionados para los cursos correspondientes al Cuerpo Aéreo" y que luego de la fecha "28 de diciembre de 1977" continuara "y que no renunciaron al Cuerpo Aéreo" con lo que el concepto quedaría claro. Digo esto porque, aun cuando podría entenderse que de la discusión que mantuvimos en Comisión, en la que el señor senador Santoro fue muy explícito al señalar que sólo quedan excluidos quienes renunciaron al Cuerpo Aéreo, la referencia "con beca para el Cuerpo Aéreo o que fueron seleccionados para los cursos correspondientes al Cuerpo Aéreo" puede inducir a confusión, por lo menos, en un sector reducido de este núcleo de funcionarios -de acuerdo con la información que poseemos llega a 100 personas- cuando lo importante es excluir claramente a quienes renunciaron al Cuerpo Aéreo, ya que, obviamente, ellos no tendrían derecho a la inclusión en los beneficios de los artículos 110, 111 y 113 al 116 de la Ley Nº 16.170.

SEÑOR RIESGO. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Deseo aclarar que hemos propuesto un sustitutivo que figura como artículo 109/2 en el Distribuido Nº 1799, el que a nuestro entender comprendería ese aspecto.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Debo decir que esta disposición procura superar una situación que se produjo como consecuencia de medidas que se adoptaron en circunstancias especiales, que provocaron ciertas injusticias. A los efectos de superar esa situación, la norma tiende a que todos los Oficiales que ingresaron a la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza Aérea con anterioridad a la promulgación del Decreto Nº 14.747, de 28 de diciembre de 1977, con beca para el Cuerpo Aéreo y que, por medidas adoptadas dentro del funcionamiento de la escuela, posteriormente no pudieron integrar ese Cuerpo Aéreo, pasando a los Cuerpos de Seguridad Terrestre o Técnico, que corresponde a los escalafones "C", "D", "E", "F" y "G".

La norma excluye, únicamente, a los señores oficiales que renunciaron expresamente al Cuerpo Aéreo. Comprende a los que renunciaron al Curso de Pilotaje, pero no al Cuerpo Aéreo. Tampoco están incluidos en ella aquellos que, luego de rendir las pruebas de suficiencia, no fueron seleccionados para lo cursos de pilotaje, en razón de carecer de las aptitudes sicofísicas requeridas. Es decir, que no van a estar comprendidos en esta disposición los que renunciaron al Cuerpo Aéreo, así como tampoco los que, por razones sicofísicas, perdieron las pruebas correspondientes; pero sí van a estarlo los que renunciaron al Curso de Pilotaje.

Reitero que del conjunto de oficiales que reclaman ser atendidos, prácticamente va a quedar excluido un número muy reducido de ellos, porque manifestaron que no querían estar en el Cuerpo Aéreo. Lo hicieron expresamente con su renuncia. Otros fueron excluidos, porque desde el punto de vista sicofísico, no podían estar en el Cuerpo Aéreo. Están, sí comprendidos, los que renunciaron al curso de pilotaje y quedaron realizando los otros cursos de la Escuela de Oficiales de Aeronáutica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me concede una interrupción?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero señalar que, dentro de los oficiales amparados por este artículo, hay un grupo que no fue seleccionado para los cursos correspondientes al Cuerpo Aéreo.

Ahora bien; si la interrupción es que cumplen con todos los requisitos anteriores, aunque no hayan sido seleccionados para los cursos correspondientes al Cuerpo Aéreo, no tenemos ningún problema en cuanto a la presente redacción. Es más; creemos que debe ser ésa; "Los oficiales que, ingresados a la Escuela", etcétera, "o que fueron seleccionados para los cursos correspondientes", etcétera. Es decir que habría una nueva categoría.

Si es así, entendemos que esta es la redacción correcta. Si no es ésa la interpretación, hemos estado leyendo el artículo aditivo propuesto por el señor senador Riesgo y, en ese caso, nos plegaríamos a él.

Reitero que si de la interpretación surge que la "o" del artículo es disyuntiva, por lo que se trata de dos categorías, la norma parece buena.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Abreu)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Personalmente, sería partidario de que el artículo se votara con la siguiente redacción: "Los oficiales que, ingresados a la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza Aérea con anterioridad a la fecha de promulgación del decreto-ley Nº 14.747, de 28 de diciembre de 1977, que no renunciaron al Cuerpo Aéreo y que egresaron como integrantes de los Cuerpos de Seguridad Terrestre", etcétera, continuando con la redacción actual, hasta el final.

Creemos que con esta redacción se contempla también el texto votado en la Cámara de Representantes, según lo que hemos conversado con el señor senador Pozzolo hace unos momentos.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Deseo hacer una aclaración.

Cuando estos oficiales ingresaron a la Escuela de Aeronáutica, lo hicieron bajo un régimen que, durante los cursos, se cambió. Es de hacer notar que para cambiar de escalafón, ellos fueron seleccionados; nunca fueron voluntarios.

Conviene hacer mención a lo que dice un informe del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Teniente General (Av.) Carlos Pache, elevado al señor Ministro de Defensa Nacional, con fecha 21 de julio del corriente año, como consecuencia de una información solicitada por los señores representantes Luis Pozzolo y Edén Melo Santa Marina. El mismo expresa que, "de acuerdo a lo que surge de las órdenes de la Escuela Militar de Aeronáutica, por las cuales se dieron de alta (ingreso) en los años 1975 y 1976, Nos. 10.921 y 10.432, cuyas fotocopias se adjuntan, no se dio ingreso con destino específico a un Cuerpo", etcétera.

Esta es la razón por la que nosotros hemos propuesto el artículo sustitutivo Nº 109/2.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 112 con la modificación propuesta por el señor senador Cassina. El inciso primero de este artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Los oficiales que, ingresados a la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza Aérea con anterioridad a la fecha de promulgación del decreto-ley Nº 14.747, de 28 de diciembre de 1977, que no renunciaron al Cuerpo Aéreo y que egresaron como integrantes de los Cuerpos de Seguridad"... y sigue igual.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Ocupa la Presidencia el Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez)

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 121.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 121. - Decláranse en situación de retiro a los oficiales pasados a reforma, cuyos haberes hayan sido reparados o se reparen, de conformidad con los criterios aprobados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, en su sesión del 22 de abril de 1991".)

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Este artículo no genera innovaciones importantes. Se trata, simplemente, de una unificación de haberes que, en situaciones especiales, se cobran por separado entre la persona y sus familiares.

El efecto práctico que propone es la referida unificación.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Consideramos que esta disposición difiere de los criterios que se siguieron oportunamente, porque aquí las medidas se adoptan por disposición legal. En cambio, los otros señores oficiales que se vieron perjudicados durante el gobierno de facto fueron atendidos por disposiciones de carácter administrativo.

Además, tiene una serie de consecuencias sobre situaciones legales vigentes, que necesitan otro tipo de solución.

Asimismo, implica una toma de posición especial frente a un cuadro de oficiales que, por las mismas razones, se vieron en situaciones similares, aunque con algunas diferencias. Me refiero, por ejemplo, a los que están en situación de reforma.

Personalmente, consideramos que esta disposición va a generar una situación de verdadera injusticia con respecto al resto de los oficiales que fueron atendidos en forma distinta.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea expresar que esta norma le genera varias dudas y objeciones.

En primer lugar, el declarar a alguien en situación de retiro tiene obvias consecuencias jubilatorias y, sin embargo, esta norma no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo.

En segundo término, su redacción parece, por lo menos, original, y jurídicamente absurda. Digo esto con todo respeto por la persona que la redactó.

Establecer en una ley que la situación de retiro de determinados funcionarios públicos se determina, en cuanto a sus haberes, de conformidad con criterios aprobados por el Poder Ejecutivo -que no sabemos cuáles son- en acuerdo con una Comisión de Parlamento, es una figura que no existe en la Constitución de la República. De acuerdo con el artículo 160 de la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo funciona en acuerdo del Presidente con el Ministro o Ministros respectivos o en el Consejo de Ministros. Pero un acuerdo del Poder Ejecutivo con una Comisión del Senado, es algo bastante original, por no decir completamente fuera de lugar; es dar validez legal a una forma de funcionar que no tiene precedentes ni cuenta con respaldo de la Constitución.

Realmente, si se quiere establecer que los haberes de quienes están en situación de retiro sean calculados o estimados de determinada manera, habría que decir cuál es el criterio y no remitirse a algo que es absolutamente incomprensible y que, reitero, es jurídicamente improcedente.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: deseo realizar dos aclaraciones.

En primer lugar, quiero expresar que esta norma no produce ninguna consecuencia en el cálculo ni modificación de ningún cómputo jubilatorio. Por lo tanto, la referencia al inciso 2º del artículo 86 de la Constitución de la República es improcedente, porque no se lo violenta de ninguna manera.

En segundo término, los oficiales pasados a reforma perciben sus haberes de esta manera: un tercio lo cobran personalmente, y dos tercios, su familia. Esta es la regla general.

En cuanto a los criterios referidos en esta norma, era muy difícil aludir a ellos de otra forma, porque no están en un decreto, sino en un conjunto de pautas aprobadas por el Ministerio de Defensa Nacional en la Comisión respectiva del Senado. Los criterios son muy sencillos y a continuación los voy a explicar. Se trata de oficiales pasados a reforma por razones políticas, ideológicas o por mera arbitrariedad. Esto consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Inclusive hace poco falleció uno de esos oficiales y el Senado tuvo oportunidad de rendirle un homenaje en el que participaron señores senadores de todos los lemas.

Por lo tanto, de lo que se trata -si se puede hacer más explícita la norma- es de que los oficiales pasados a reforma por razones políticas, ideológicas o de mera arbitrariedad -y tal es la pauta, repito, aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional en acuerdo con la Comisión respectiva del Senado, que oportunamente, por qué no decirlo, pronunció su acuerdo- se declaren en situación de retiro. El efecto que se persigue no es que estos oficiales cobren más o menos -la reparación ya fue establecida con los mencionados criterios del Poder Ejecutivo- sino, simplemente, que no cobren su tercio en forma separada de los dos tercios de la familia, porque eso genera una serie de situaciones en muchos casos complejas; tal es el caso de alguno de estos oficiales pasados a reforma por razones ideológicas, que tiene cerca de 90 años, al igual que su esposa.

De manera que esta norma no persigue ninguna finalidad espuria ni viola la Constitución y tampoco tenía otra posibilidad de referirse a los criterios adoptados por el Poder Ejecutivo, porque ellos no están en un decreto ni en una resolución. Simplemente se trata de pautas enviadas por el citado Poder, a una Comisión del Senado, en donde todos sus miembros manifestaron su acuerdo. Entonces, con arreglo a esos criterios, el Ministerio de Defensa Nacional está precediendo a sacar resoluciones reparatorias. Precisamente, a estos casos se refiere inequívocamente este artículo. Naturalmente, acepto la posibilidad de que hubiera que leer la versión taquigráfica de la sesión en que dichas pautas fueron aprobadas. Repito que se trata de oficiales pasados a reforma por razones ideológicas, políticas o de mera arbitrariedad. Es exactamente lo mismo que establece un artículo de la Ley Nº 15.783 para todos los funcionarios públicos.

Estos son los motivos, señor Presidente, que inspiraron este artículo que, naturalmente, podría ser mejorado en su redacción, pero entendemos que es de estricta justicia que el mismo se apruebe.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por vía de aclaración, la Presidencia quiere expresar que si el artículo declara en situación de retiro a estos oficiales, es porque actualmente no lo están; esto es obvio. De acuerdo al artículo 86 de la Constitución, para crear retiro se necesita Ley y la iniciativa corresponde privativamente al Poder Ejecutivo. Si estos funcionarios no están en situación de retiro, pasan a estarlo en virtud de esta disposición que no cuenta con iniciativa del Poder Ejecutivo. Eso es irrefutable.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 121.

(Se vota:)

-11 en 29. Negativa.

Corresponde pasar a considerar el Inciso 04, "Ministerio del Interior", artículos 122 al 143.

De acuerdo con la información que obra en poder de la Mesa, la bancada del Frente Amplio había solicitado que se considerara separadamente el artículo 132, pero lo incluía en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", al cual no corresponde. Por lo tanto, preguntamos si aún así la bancada del Frente Amplio, desea que se considere separadamente este artículo que establece la derogación del artículo 153 de la Ley Nº 14.106.

SEÑOR ASTORI. - Tal como dice el señor Presidente, es cierto que está incluido en otro Inciso y, por lo tanto, retiramos nuestra solicitud.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Inciso 04, Ministerio del Interior, que incluye los artículos 122 a 143 inclusive.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"INCISO 04

MINISTERIO DEL INTERIOR

Artículo 122. - Otórgase a los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior, con estado policial, una compensación del 10% (diez por ciento) sobre el total de retribuciones sujetas a montepío, para retribuir la obligación de permanencia que dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica Policial.

La compensación que se crea no estará sujeta a montepío, no será tenida en cuenta a los efectos de la aplicación del artículo 137 del decreto-ley Nº 14.252, de 22 de agosto de 1974 modificativos y concordantes y no será considerada para calcular ninguna otra retribución de carácter porcentual.

Art. 123. - Sustitúyese el artículo 151 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 151. - El Ministerio del Interior percibirá de las empresas prestadoras de servicios de seguridad, vigilancia y afines, las tasas siguientes:

A) Permiso de habilitación, 39 UR.

B) Renovación anual de permiso, 22 UR.

C) Solicitud de habilitación por funcionario, concedida, 1,80 UR.

D) Solicitud de habilitación por funcionario, no concedida, 0,70 UR.

E) Habilitación vehículo blindado, 4,30 UR.

F) Inspección anual de vehículo blindado, 2,25 UR.

G) Inscripción de modificación de estatuto social, cambio denominación, 1,30 UR.

H) Peritajes sistemas de seguridad, 17 UR.

I) Habilitación de sistemas de seguridad en casas bancarias, bancos, casas de cambio, empresas públicas o instituciones financieras en general, de valores de fácil convertibilidad, 32,50 UR".

Art. 124. - Sustitúyese el acápite del artículo 152 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 152. - Facúltase al Ministerio del Interior a aplicar a quienes incumplieren las normas que rigen la actividad de las empresas prestadoras de servicios de seguridad, vigilancia y afines y de las empresas públicas o privadas tenedoras de dinero o valores de fácil convertibilidad, las siguientes multas:"

Art. 125. - Las multas previstas en el Libro III Título I "De las Faltas" del Código Penal, se pagarán mediante depósito en una cuenta especial que abrirá el Banco de la República Oriental del Uruguay en su Casa Central y en todas las Agencias a nombre y orden del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, el cual destinará los importes respectivos al cumplimiento de sus fines específicos.

Art. 126. - Sustitúyese el artículo 145 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 145. - Autorízase, por única vez al Poder Ejecutivo para transformar, en el cargo inmediato superior, a los cargos ocupados por policías del personal superior del subescalafón ejecutivo que, al 1º de febrero de 1991, se encuentren percibiendo las remuneraciones salariales del cargo superior, por aplicación del beneficio "permanencia en el grado".

Cuando vuelvan a ascender al grado inmediato superior, aquellos que lo hicieron amparados en el beneficio de permanencia en el grado, el cargo que dejan se transforman en el que tenían anteriormente. Igual procedimiento se aplicará en cualquier caso de vacancia del cargo transformado".

Art. 127. - Incorpórase al personal médico y paramédico del Programa 009 "Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación" al régimen de acumulación de cargos establecido en el artículo 107 del decreto-ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Art. 128. - Créanse en el Escalafón L con fecha 1º de febrero de 1992 los siguientes cargos ejecutivos: un Inspector Principal en la Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior"; un Inspector Mayor en la Unidad Ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo" con destino al Cuerpo de Regimiento Guardia Republicana-Guardia de Coraceros.

Los ascensos que se efectuaren de acuerdo con la norma precedente no generarán derecho a diferencia de remuneración con carácter retroactivo.

Art. 129. - Las notificaciones oficiales que se solicitaren de la policía por organismos públicos serán de cargo del organismo requirente de acuerdo con la siguiente escala:

A) En zona urbana y sub urbana, 0,20 UR.

B) En zona rural, 0,40 UR.

Exceptúanse de lo dispuesto precedentemente las notificaciones ordenadas por la Justicia Penal y de Menores.

Art. 130. - El Ministerio del Interior podrá aplicar lo dispuesto por el artículo 222 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964 y sus modificativos a tareas distintas de las de vigencia, sean o no ejecutivas.

No obstante ello, dichas tareas deberán ser policiales, cuando el solicitante sea una persona privada.

Art. 131. - Sustitúyese el artículo 371 del decreto-ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 371. - La Dirección Nacional de Migración percibirá por los trámites que a continuación se detallan, los valores que en cada caso se determinan:

A) Presentación de solicitud de residencia definitiva, 2,1 UR y permiso de entrada permanente, 1,7 UR.

B) Permiso de reingreso para extranjeros residentes permanentes o temporarios, por viaje, 0,85 UR.

C) Prórroga del plazo de permanencia temporaria de extranjeros en el país, con el plazo vigente, 0,85 UR; con plazo vencido 1,3 UR.

D) Autorización de salida para extranjeros temporarios, 1,3 UR.

E) Inspección migratoria de los transportes de pasajeros de empresas áreas, marítimas, fluviales y terrestres, al arribo o salida del país, hasta un máximo de 12,7 UR.

El Ministerio del Interior establecerá dentro del límite fijado en el inciso anterior, los importes a percibir, considerando el lugar donde se cumpla la inspección, medio de transporte y el número de pasajeros y tripulantes y fijará el viático a percibir de estos fondos por los funcionarios que realicen las tareas inspectivas.

F) Autorización, constancia o certificación, salvo excepciones establecidas por leyes especiales, 0,21 UR.

G) Permiso de menor, por viaje, 0,21 UR".

Art. 132. - Derógase el artículo 153 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973.

Art. 133. - Suprímense diez cargos de Agentes de 2da. en la Jefatura de Policía de Montevideo, creándose en la Secretaría del Ministerio los siguientes: un cargo de Inspector Mayor (PT) (CP) Contador Director del Departamento de Auditoría; un cargo de Comisario Inspector (PT) (CP) Contador Subdirector del Departamento de Auditoría y dos cargos de Oficial Principal (PT) (CP) Contador Auditor.

Art. 134. - Facúltase al Ministerio del Interior a crear un fondo con los descuentos que se practiquen a su personal médico y paramédico por inasistencias y multas, destinándolo al pago de la remuneraciones de los funcionarios que los sustituyan en sus funciones.

El Ministerio del Interior comunicará mensualmente a la Contaduría General de la Nación los montos descontados por los conceptos referidos precedentemente transfiriéndose al Renglón "Suplencias en la Dirección Nacional de Sanidad Policial".

Art. 135. - Transfórmanse en la Dirección Nacional de Sanidad Policial, a efectos de regularizar los servicios de Oncología, Oftalmología y Endocrinología, ocho cargos vacantes de Agente de 1ra. (PE Grupo A) en tres cargos de Comisario (PT) (CP) Médico Jefe de Servicio.

Art. 136. - Transfórmanse en la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, dos cargos de Agente de 2da. (PA) en un cargo de Oficial Subayudante (PE) Programador.

Art. 137. - Autorízase al Ministerio del Interior a acordar con las empresas aseguradoras formas de contribución económica, destinadas a mejorar los servicios de seguridad a su cargo, y en especial aquellos relacionados con la prevención y represión de delitos contra la propiedad.

Art. 138. - Facúltase al Poder Ejecutivo a transformar en cargos de Policía Femenina (PF) cuando las necesidades del servicio lo requieran, cargos pertenecientes al último grado del personal superior y de todos los grados del personal subalterno de la Policía Ejecutiva, manteniendo el grado correspondiente.

Art. 139. - Sustitúyese el artículo 143 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 143. - El cargo de Subdirector General de Secretaría del Ministerio del Interior deberá ser ocupado necesariamente por un Inspector Principal o Inspector General de la Policía Ejecutiva en situación de actividad o retiro, sin perjuicio de lo cual seguirá manteniendo la característica de particular confianza.

A dicho cargo corresponden los cometidos de la Inspección Nacional de Policía, dependiendo directamente de la Dirección General de Secretaría y ésta a su vez, del Ministro y Subsecretario en su calidad de superiores jerárquicos de los servicios policiales".

Art. 140. - Sustitúyese el artículo 160 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 160. - Fíjase el valor de la Cédula de Identidad en 0,26 UR el trámite común y en 0,52 UR el trámite urgente".

Art. 141. - Fíjase el valor del Certificado de Habilitación Policial que percibe la Dirección Nacional de Policía Técnica en los siguientes importes: trámite común 0,10 UR y trámite urgente 0,20 UR.

Art. 142. - Transfórmanse en el inciso 04 Ministerio del Interior, en el Programa 09 Unidad Ejecutora 26 Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, los siguientes cargos:

1 Inspector de Escuela de Reclusos J 10 vacante en 1 Sub Comisario P.E. Director Maestro de Escuela;

1 Inspector de Escuela de Reclusos J 1 9 vacante en 1 Sargento Primero P.E. Maestro de Escuela;

1 Inspector de Escuela de Recursos J 1 vacante en 1 Sargento Primero P.E. Jefe de Escuela;

1 Profesor de Dibujo J 1 vacante en 1 Sargento Primero P.E. Maestro de Escuela;

3 Directores de Escuela de Reclusos J 5 en 3 Oficiales Principales P.E. Jefe Maestro de Escuela;

1 Maestro de Escuela J 7 en 1 Oficial Ayudante P.E. Maestro de Escuela;

3 Maestros de Escuela J 6 en 3 Oficiales Ayudantes P.E. Maestro de Escuela;

2 Maestros de Escuela J 5 en 2 Oficiales Sub-Ayudante P.E. Maestro de Escuela;

2 Maestros de Escuela J 2 en 2 oficiales Subayudantes P.E. Maestro de Escuela;

1 Maestro de Escuela J 1 en 1 Sargento Primero P.E. Maestro de Escuela;

2 Sargentos P.E. V.C., 1 Sargento P.F. Ejecutivo y 1 Agente de Segunda P.S. V.C. en 4 Sargentos Primero P.E. Maestro de Escuela;

Suprímase en la mencionada unidad ejecutora un cargo de Profesor de Música J 1;

Suprímase en el Programa 04 Unidad Ejecutora 004 Jefatura de Policía de Montevideo 7 cargos de Agentes de Segunda Ejecutivos vacantes.

Art. 143. - Transfórmanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior" en el Programa 09, Unidad Ejecutora 026, "Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarías y Centros de Recuperación" tres cargos de Agente de Segunda en el Subescalafón Ejecutivo en un cargo de Comisario Inspector (P.T.) C.P. Médico o Abogado, Director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Instituto de Criminología".)

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 122 a 143.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde considerar ahora el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", artículos 144 a 188.

Oportunamente se había solicitado la votación separada de los artículos 146, 147, 151, 153, 155, 162, 163, 173, 174, 179 y 188.

SEÑOR RAFFO. - Solicito que el artículo 164 también sea votado separadamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

En consideración el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" excluyendo los artículos que se solicitó que se votaran separadamente.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"INCISO 05

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Artículo 144. - Efectúanse en la Contaduría General de la Nación las siguientes modificaciones de cargos:

Créanse un cargo Técnico I serie Administración Pública Escalafón B Grado 13; un cargo Técnico II serie Procurador, Escalafón B, Grado 12; dos cargos Técnico III serie Sicología Escalafón B, Grado 11; dos cargos Especialista I serie Ciencias Económicas-Administración Pública-Abogacía-Escribanía-Arquitectura-Medicina Escalafón D Grado 11; un cargo Especialista III serie Especialización, Escalafón D, Grado 11; un cargo Especialista II, serie Relaciones Públicas, Escalafón D, Grado 10; un cargo Encargado, serie Oficios, Escalafón E, Grado 13; cuatro cargos Director, serie Computación, Escalafón R, Grado 16 y tres cargos Asesor III, serie Sicólogo, Escalafón A, Grado 12.

Suprímense un cargo Técnico III serie Administración Pública, Escalafón B, Grado 11; un cargo Técnico III, serie Procurador, Escalafón B, Grado 11; dos cargos Técnico IV, serie Sicología, Escalafón B, Grado 10; dos cargos Especialista III, Escalafón D Grado 9, en la serie que corresponda según las reglas del ascenso; un cargo en el Escalafón D, del grado y serie que corresponda según las reglas del ascenso; un cargo Especialista III, serie Relaciones Públicas, Escalafón D, Grado 9; un cargo Oficial IV, serie Oficios, Escalafón E, Grado 5; cuatro cargos del Escalafón R, del grado y serie que corresponda según las reglas del ascenso y tres cargos Asesor IV, serie Sicólogo, Escalafón A, Grado 11.

Art. 145. - Transfórmanse en la Contaduría General de la Nación, los cargos que se detallan a continuación:


1 Técnico II

Administración Pública

B 12

4 Técnico III

Procurador

B 11

6 Técnico III

Ciencias Económicas

B 11

1 Jefe de Sección

Administrativo

C 10

1 Especialista II

Administración Pública

D 10

2 Especialista III

Administración Pública

D 9

2 Especialista III

Ciencias Económicas

D 9

1 Administrativo I

Administrativo

C 8

1 Administrativo III

Administrativo

C 6

2 Administrativo IV

Administrativo

C 5

1 Administrativo V

Administrativo

C 4

1 Administrativo VII

Administrativo

C 2

2 Auxiliar IV

Servicios

F 5

1 Auxiliar V

Servicios

F 4

En:

6 Asesor III

Contador

A 12

5 Asesor III

Abogado

A 12

1 Asesor III

Licenciado Bibliotecólogo

A 12

3 Técnico III

Administración Pública

B 11

2 Técnico III

Ciencias Económicas

B 11

2 Especialista III

Abogacía

D 9

2 Especialista III

Administración Pública

D 9

1 Especialista III

Escribanía

D 9

3 Oficial VI

Oficios

E 5

1 Controlador III

Control

R 9

Art. 148. - Asígnase al Renglón 3.2.1 "Publicidad y Propaganda" del Programa 005 "Recaudación de Impuestos" la suma de N$ 746:720.000 (nuevos pesos setecientos cuarenta y seis millones setecientos veinte mil) equivalente a U$S 300.000 (dólares de los Estados Unidos de América trescientos mil).

Art. 149. - Inclúyense a los funcionarios de la Dirección General Impositiva en el régimen establecido por el artículo 420 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 150. - Autorízase a la Dirección General Impositiva a conceder hasta setenta becas simultáneas a favor de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración para controlar en todo el territorio nacional el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el objetivo de mejorar la recaudación.

Dichos becarios no podrán permanecer en el mencionado régimen por un plazo mayor a tres años, improrrogable y percibirán la retribución equivalente al grado de ingreso del Escalafón que corresponda.

A estos efectos se habilitará el crédito que corresponda en el Rubro 7 "Subsidios y otras Transferencias".

Art. 152. - Los tributos aduaneros y toda aquella sanción pecuniaria que se imponga como consecuencia de infracciones en materia aduanera que no se perciban en forma inmediata así como las finanzas dispuestas en el artículo 10 del decreto-ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977, serán actualizadas en el momento del pago.

La actualización se efectuará en función de la variación producida en el valor de la unidad reajustable desde el momento en que se devenguen o se impongan, hasta el momento de su efectivo pago.

Art. 154. - Sustitúyese el artículo 13 del decreto-ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977 por el siguiente:

"ARTICULO 13. - Las acciones u omisiones que tiendan a distorsionar u ocultar el precio normal de las mercaderías a importar, definido como tal por la presente ley, constituirán la infracción aduanera de defraudación.

Se presumirá la defraudación cuando:

A) Se compruebe la presentación de declaraciones inexactas o incompletas que pretendan desvirtuar el valor imponible de los tributos.

B) Se compruebe la adulteración de documentos o registros contables de los importadores, relacionados con la operación aduanera de importación que corresponda.

C) El precio normal determinado por la Dirección Nacional de Aduanas supere como mínimo en un 100% (cien por ciento) el valor declarado por el importador.

En los casos de defraudación se impondrá una multa igual al doble del importe de los gravámenes adeudados, siendo ésta también de cargo del importador.

Si los hechos dieran lugar simultáneamente a más de una infracción aduanera, se aplicará la sanción mayor.

La responsabilidad de estas infracciones será siempre del importador de la mercadería, o de su mandante si actuara por poder. Esta responsabilidad será sin perjuicio de la subsidiaria que se pueda hacer efectiva contra el despachante o solicitante de la operación.

Lo dispuesto en este artículo referido a la responsabilidad rige, exclusivamente, para diferencias de valor, no excluyendo lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964".

Art. 156. - Sustitúyese el artículo 25 del decreto-ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977 por el siguiente:

"ARTICULO 25. - Los errores cometidos en la declaración de valor de las mercaderías que puedan advertirse y calificarse como de buena fe en mérito de la documentación aportada en el acto de presentación de la declaración de valor estarán exentos de sanción.

Los errores cometidos en dicha declaración de valor, que no pudieren advertirse y calificarse como de buena fe en mérito a la documentación aportada en el acto de la presentación y puedan traducirse en perjuicio fiscal, serán sancionados con una multa equivalente al 20% (veinte por ciento) de los gravámenes que correspondan a la mercadería a importar.

La comprobación de la reiteración de errores como los indicados en el inciso primero, será sancionada con multas progresivas, que se establecerán desde un mínimo equivalente al 10 UR hasta un máximo de 50 UR. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la presente ley y en el artículo 287 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964".

Art. 157. - El Poder Ejecutivo establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar el derecho a recurrir en las controversias que se susciten, por aplicación de la presente ley, entre la administración aduanera y los importadores.

El importador podrá recurrir, en todos los casos en que la Dirección Nacional de Aduanas ajuste, por aplicación de la presente ley, el valor que haya declarado, sujetándose a las disposiciones generales y especiales vigentes, observando los plazos y procedimientos establecidos en materia de recursos administrativos.

Art. 158. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 254 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, con la redacción dada por el artículo 243 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"En todos los casos de contrabando, se impondrá el Comiso (comiso principal) de las mercaderías o efectos, el pago de los tributos correspondientes, las costas y costos del juicio, el pago del doble de los recargos a la importación que integran la Tasa Global Arancelaria y una multa del 20% (veinte por ciento) del valor comercial de las mercaderías o efectos, los que serán liquidados y percibidos por la Dirección Nacional de Aduanas. El funcionario actuante podrá disponer la publicación de las resoluciones jurisdiccionales o administrativas, con cargo al o a los condenados".

Art. 159. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 285 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, con la redacción dada por el artículo 245 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 285. - A los efectos de la determinación del monto de las infracciones aduaneras previstas por la legislación vigente a la fecha de numeración y registro del despacho aduanero, se consideran tributos todos los gravámenes, aduaneros o no, que afecten a las mercaderías o efectos en ocasión de su importación o exportación".

Art. 160. - Sustitúyese el artículo 257 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en su actual redacción por el siguiente:

"ARTICULO 257. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 250 en cuanto a competencia de la Junta de Aranceles, el conocimiento de los asuntos relativos a infracciones aduaneras, corresponderá a la Dirección Nacional de Aduanas, Juzgados Letrados de Primera Instancia con excepción de Canelones y Montevideo, Juzgados Letrados de Aduanas y Tribunales de Apelaciones en lo Civil, con sujeción a las siguientes reglas:

1º) A la Dirección Nacional de Aduanas le incumbirá la resolución de los casos previstos en los artículos 253 y 256, cuya cuantía no exceda de 350 Unidades Reajustables.

El Poder Ejecutivo reglamentará las atribuciones precedentemente conferidas.

2º) A los Juzgados Letrados de Primera Instancia, con excepción de Canelones y Montevideo, y a los Juzgados Letrados de Aduanas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, incumbirá:

A) La decisión en alzada de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Dirección Nacional de Aduanas.

B) La calificación e instrucción de los sumarios sobre hechos ocurridos dentro de los límites de su jurisdicción.

C) El conocimiento plenario, en primera instancia, de dichos sumarios.

3º) A los Tribunales de Apelaciones en lo Civil incumbirá la resolución en segunda instancia, de las apelaciones deducidas contra las sentencias de los Juzgados Letrados de Primera Instancia y de los Juzgados Letrados de Aduanas".

Art. 161. - Sustitúyese el literal A) del artículo 261 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 495 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente:

"A) Si se trata de la imputación de contrabando, la cuantía del asunto se reputará fijada por su valor normal en aduana establecido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 268. En todos los casos, si se hubiere empleado cualquier medio o elemento para la conducción o transporte de las mercaderías o efectos (comiso secundario), su valor normal en aduana integrará la cuantía".

Art. 165. - La distribución de la competencia en el represivo aduanero y por razón de la cuantía que se establece en la presente Ley será aplicable a los asuntos que se inicien a partir del 1º de enero de 1993.

Art. 166. - Agrégase al inciso segundo del artículo 14 del decreto-ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977, en la redacción dada por el artículo 148 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, la siguiente disposición:

"En caso de que el o los denunciantes abonen el tributo referido, el monto del mismo será reducido en un 50% (cincuenta por ciento)".

Art. 167. - Deróganse los artículos 185 y 193 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y el artículo 147 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 168. - Deróganse los artículos 186, 187, 188, 192, 197 y 198 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, con la redacción dada respectivamente por los artículos 137, 138, 139, 142, 144 y 145 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 169. - Interprétase que en la redacción del artículo 196 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 cuando se dice "mercaderías incautadas en presunta infracción aduanera", debe entenderse cualquier clase de bienes incautados en dicha situación.

Art. 170. - Atribúyese a la Dirección Nacional de Aduanas legitimación procesal para actuar como actor, demandado o tercerista, en aquellas contiendas referidas a asuntos de su competencia.

Art. 171. - Prorrógase el plazo establecido en el artículo 134 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, hasta el 31 de enero de 1993. Esta disposición entrará en vigencia a la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 172. - Créase para el Ejercicio 1993 una partida de N$ 1.778:412.500 (nuevos pesos mil setecientos sesenta y ocho millones cuatrocientos doce mil quinientos) para la Dirección Nacional de Aduanas, Programa 007, "Recaudación de Renta Aduanera y Contralor del Tránsito Aduanero de Bienes", destinado a la prevención y represión de las infracciones aduaneras y de la evasión fiscal. Con cargo a dichas partidas, que administrará la Dirección Nacional de Aduanas, sólo podrá girarse para:

A) Adquirir bienes materiales necesarios para cumplir sus cometidos.

B) Atender gastos extraordinarios de funcionamiento e inversiones y, en particular, solventar traslados, estadías y gastos de manutención del personal afectado a la represión de la evasión fiscal.

La Dirección Nacional de Aduanas presentará a la Contaduría General de la Nación la apertura en proyectos, rubros, subrubros, renglones y derivados según corresponda, de la partida referida.

Art. 175. - Extiéndese, al año 1993, el beneficio creado por la Ley Nº 16.085, de 18 de octubre de 1989, el que se distribuirá de la misma forma que refiere la citada norma, y en las mismas condiciones que se dispuso para el año 1988.

Art. 176. - Extiéndese hasta el 30 de junio de 1993 el plazo dispuesto por el artículo 206 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en las condiciones establecidas por el artículo 180 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Lo dispuesto en el inciso precedente entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 177. - Establécese que la omisión en el cumplimiento de la obligación de inscribir en el Registro de la Propiedad Nacional a cargo de la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, regulado por el decreto de 25 de febrero de 1935, de todo acto jurídico que signifique la enajenación o adquisición de un inmueble por cualquier persona jurídica pública a cualquier título o modo o la constitución de derechos de nuda propiedad o usufructo, sea total o parcial, hará pasible al funcionario público competente de una multa equivalente a diez unidades reajustables.

En igual sanción incurrirá todo escribano que en el ejercicio liberal de su profesión o investido de la calidad de funcionario público, autorice dichos actos referentes a los inmuebles que debiendo estar inscriptos en el mencionado registro, no lo estuvieren.

Los Registros de Traslaciones de Dominio no inscribirán ningún acto o contrato relativo a estos inmuebles sin que se pruebe el cumplimiento de esta obligación.

Todos los organismos y personas públicas estatales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad Nacional los inmuebles de que sean titulares en el término de 180 días a partir de la vigencia de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 178. - La Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado afectará el 50% (cincuenta por ciento) de la suma que recaude anualmente, por concepto de fondos extrapresupuestales, a fin de procurar la nivelación de la máxima compensación al grado dispuesta por el artículo 26 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, para todos los funcionarios de los escalafones, A, B, C, D, E y F.

Art. 180. - Extiéndese, hasta el 30 de junio de 1993, el plazo establecido por el artículo 210 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 181. - Créanse el Programa 011 "Apoyo a las tareas ejecutivas del Tratado de Asunción" y la Unidad Ejecutora 011 "Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común".

Asígnase al referido programa, las siguientes partidas anuales:

Rubro 2

N$ 195:000.000 (nuevos pesos ciento noventa y cinco millones).

Rubro 3

N$ 171:000.000 (nuevos pesos ciento setenta y un millones).

Subrubro 4.7

N$ 30:000.000 (nuevos pesos treinta millones).

Art. 182. - Habilítanse en la Unidad Ejecutora 011 "Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común", los siguientes cargos:


1 Especialista,

Bilingüe, Escalafón D, Grado 12

2 Especialista,

Especialización, Escalafón D, Grado 10

1 Especialista,

Archivólogo/Bibliotecólogo, Escalafón D, Grado 10

2 Auxiliar,

Servicios, Escalafón F Grado 5

1 Oficial,

Chofer Escalafón E Grado 7

Art. 183. - Habilítase una partida de N$ 20:000.000 (nuevos pesos veinte millones) para equipamiento de la sede central de la Unidad Ejecutora 011 "Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común".

Art. 184. - Autorízase a la Secretaría Administrativa del Grupo Mercado Común a contratar los traductores necesarios, para cubrir las sesiones a realizarse en nuestro país, habilitándose a tales efectos, en el Renglón 0.4.0 una partida anual de N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones).

Art. 185. - La Dirección General de Comercio Exterior, podrá vender las publicaciones que edite. Su producido será recaudado por la misma y se destinará a financiar el costo de dichas publicaciones.

El precio de venta será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas en unidades reajustables.

Art. 186. - Sustitúyese el apartado cuarto del inciso segundo del artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 por el siguiente:

"Unidad Ejecutora 013, ‘Dirección General de Casinos’. El porcentaje se aplicará sobre el monto de las utilidades que resulten, una vez deducido de los ingresos todos los egresos que deban realizarse, de acuerdo a las normas vigentes, para el desarrollo de las actividades de la Dirección General de Casinos y sin perjuicio de lo que corresponda a Rentas Generales, las Intendencias Municipales y el Instituto Nacional de Alimentación".

Art. 187. - La Inspección General de Hacienda podrá disponer de los fondos que recaude por concepto de las sanciones que aplique a las sociedades sujetas a su contralor, previstas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, para gastos de funcionamiento e inversiones".)

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los artículos del Inciso 05, salvo los mencionados que se votarán separadamente.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 146.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 146. - Facúltase al Poder Ejecutivo a implantar un régimen de dedicación exclusiva e incompatibilidad total para los funcionarios de la Dirección General Impositiva que cumplan tareas de fiscalización tributaria y la correspondiente que cumplan tareas de fiscalización tributaria y la correspondiente supervisión, el que será optativo en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Los funcionarios incluidos en dicho régimen percibirán una compensación mensual complementaria equivalente al 100% (cien por ciento) de las retribuciones que perciban por todo concepto, con la sola excepción de los beneficios sociales y la prima por antigüedad. Deberán cumplir un horario de labor no menor de cuarenta horas semanales, y no podrán realizar directa o indirectamente ninguna actividad pública o privada, horaria o rentada, salvo la docente, en la educación formal de primaria, secundaria, técnico-profesional, formación docente o universitaria.

Tanto la inclusión como la exclusión de los funcionarios será dispuesta por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección General Impositiva por resolución fundada".)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Cassina, quien había solicitado el desglose de este artículo.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: en cuanto a este artículo ha ocurrido algo un tanto curioso. Entendemos que esta disposición crea una situación que puede generar verdaderos problemas en la Dirección General Impositiva, porque permite al Poder Ejecutivo implantar un régimen de dedicación exclusiva e incompatibilidad total para algunos funcionarios de dicho organismo, con absoluta discrecionalidad. A mi juicio, este régimen de dedicación exclusiva supone la incompatibilidad total y debe ser establecido por ley, indicando los cargos a que refiere.

Por esta vía, el Poder Ejecutivo queda facultado a establecer, para los funcionarios que, a su juicio, considera necesario, este régimen de dedicación exclusiva, con una compensación, además, muy alta, del 100% de las retribuciones que perciben por todo concepto. Cabe aclarar que en la Dirección General Impositiva los funcionarios, además del sueldo, perciben una compensación de un fondo de participación votado en leyes anteriores. Asimismo, la discrecionalidad resulta particularmente del inciso tercero, pues establece lo siguiente: "tanto la inclusión como la exclusión de los funcionarios será dispuesta por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección General Impositiva, por resolución fundada". Nos parece claro que un régimen de dedicación exclusiva debe resultar de la declaración de la ley que atribuye a un cargo esa calidad, y no es posible delegar esa facultad en el Poder Ejecutivo para que éste la aplique, no sólo declarando a determinados funcionarios en régimen de dedicación exclusiva, con una compensación importante, sino además para excluirlo. Esto quiere decir que la declaración no tiene un efecto permanente mientras se desempeña ese cargo o función, sino que el Poder Ejecutivo, por resolución fundada, puede excluirlos del régimen de dedicación exclusiva que se crea por este artículo.

De modo que esta norma plantea en el seno de la Dirección General Impositiva una enorme preocupación entre los funcionarios porque, obviamente, va a suponer una discriminación muy importante entre aquéllos que el Poder Ejecutivo seleccione para otorgarles esta dedicación exclusiva y la compensación del 100% sobre todas las remuneraciones o, eventualmente, excluirlos de ella. En consecuencia, esto va a generar una situación que, de alguna manera, ya planteamos en la sesión de ayer cuando referíamos a otro artículo de carácter general por el que se proponía crear un incentivo por productividad, limitado a un 5% de los funcionarios de cada unidad ejecutora. Obviamente, los funcionarios que no reciben esta declaración de dedicación exclusiva, con esta compensación, van a sentirse relegados y, seguramente, esto va a crear una situación interna que, sin duda, nadie quiere.

Por las razones expuestas, adelantamos que vamos a votar negativamente esta disposición.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Antes que nada, debo decir que comparto integralmente los fundamentos que ha expuesto el señor senador Cassina.

Por otra parte, los colegas de la Comisión recordarán que hemos acompañado sin vacilación alguna, todas y cada una de las medidas de este proyecto de ley, tendientes a mejorar el control de la recaudación fiscal, pues nos parece una tarea prioritaria del país. Hemos mejorado los medios materiales de la Dirección General Impositiva, hemos votado normas que tienden a mejorar la administración tributaria, pero queremos señalar que en esta circunstancia se introduce un elemento que puede neutralizar totalmente este tipo de normas, porque resulta evidente que para que el control de la recaudación fiscal funcione eficientemente, debe existir una armonía, un equilibrio absolutamente positivo entre aquellos que realizan esta tarea. De lo contrario, si ello no es así, los objetivos perseguidos no habrán de ser logrados. Precisamente, esta propuesta contenida en el artículo 146 puede romper seria y gravemente ese equilibrio.

Estoy en condiciones de señalar que la unanimidad de los funcionarios inspectores de la Dirección de Fiscalización de la Dirección General Impositiva está en contra de esta propuesta y que todos sus funcionarios -que, como es notorio, dirigieron a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda una abundante información en este sentido- se oponen a esta medida. Esta, sin duda, puede originar una situación indeseable, no ya dentro del punto de vista de los medios materiales o de las normas que mejoran la administración tributaria de la Dirección General Impositiva, sino desde aquel que importa, fundamentalmente, y que son los recursos humanos encargados de ejecutar esta labor.

Por los motivos expuestos, es que llamamos a la reflexión y exhortamos a no acompañar este artículo 146, ya que puede tener consecuencias muy malas, desde el punto de vista del objetivo que todos compartimos.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: creo que este tema debería analizarse con un criterio general. Como ustedes recordarán, en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda discutimos extensamente cómo funciona el régimen de dedicación total.

La ley madre de este régimen es la Nº 12.803, de 30 de noviembre de 1960. Por su artículo 158, se establece las condiciones a que estará sujeto al régimen de dedicación total. Al respecto, debo aclarar que el régimen de dedicación exclusiva no existe desde el punto de vista legislativo ni legal, por lo que la definición de este sistema es la de dedicación total.

Cabe aclarar que la Ley Nº 12.803 fue modificada por la Nº 14.189, del 30 de abril de 1974. Allí se establece que el régimen que se sigue es el que está sometido a las siguientes condiciones de carácter general. El Poder Ejecutivo, a propuesta de los distintos Ministerios, con la firma del Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, está facultado para incorporar cargos existentes en los distintos programas al régimen de dedicación total. De modo que la ley ya establece que la consagración integral a las funciones del cargo, con exclusión de otra actividad, es la consecuencia natural de esta disposición. Además, se determina el cumplimiento mínimo de 40 horas semanales.

Por su parte, este artículo que estamos considerando faculta al Poder Ejecutivo -lo que, naturalmente, ya hace la Ley Nº 12.803, con las modificaciones que hemos citado anteriormente- a consagrar cargos de dedicación total.

Por lo tanto, creo que este artículo podría ser votado, en la medida que estuviera referido a cargos y no a funcionarios que, en primera y última instancia, son quienes ocupan estos cargos. De manera que dicho régimen se reduciría a cargos de carácter presupuestal -y no a funcionarios contratados- y la dedicación total podría quedar incluida agregando, simplemente, "Facúltase al Poder Ejecutivo a implantar" o "Implántase un régimen de dedicación total" de aquellos cargos de la Dirección General Impositiva que cumplen tareas de fiscalización tributaria y de supervisión. De ese modo, el régimen funcionaría en el marco general.

Concretamente, formulo esta propuesta para relacionar esta iniciativa con las disposiciones vigentes en la Ley Nº 12.803 y las modificaciones respectivas de la Ley Nº 14.189. Adelanto que este es el criterio que vamos a sostener, invariablemente, para el resto de las disposiciones presupuestarias de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que se refieren al régimen de dedicación total.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no entendí mal, lo que propone el señor senador Abreu es que el artículo 146, en su inciso primero diga: "Implántase un régimen de dedicación exclusiva e incompatibilidad total para los cargos de la Dirección General Impositiva, cuyos titulares cumplan tareas de fiscalización tributaria", etcétera.

SEÑOR ABREU. - Exactamente, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: al principio, este artículo establece una facultad para el Poder Ejecutivo. Es decir que no dispone un régimen de dedicación total, sino que faculta al Poder Ejecutivo a implantarlo de acuerdo con la reglamentación que dicte. A su vez, en el último inciso se dice que tanto la inclusión como la exclusión de los funcionarios será dispuesta por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección General Impositiva, por resolución fundada.

Nos parece que el criterio racionalizador en el sentido de que determinados cargos dentro de la Dirección General Impositiva deban ser de dedicación exclusiva, debiera tener pautas mucho más concretas en la ley, a fin de no extender la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo de un modo tan amplio, sobre todo porque esto implica, de una manera evidente, la limitación de la actividad personal de los individuos. Como todos sabemos, esta clase de limitaciones deberían estar establecidas en la ley o, en todo caso, en la Constitución, como ocurre con las declaraciones de incompatibilidad. De todas maneras, no parece correcto que deban surgir de un reglamento porque esa no es la forma de limitar las posibilidades de actuación personal en la vida profesional o laboral de los individuos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 146 con el texto venido de la Comisión. Si resultare negativo, se votará con la modificación propuesta por el señor senador Abreu.

(Se vota:)

-12 en 22. Afirmativa.

SEÑOR BRUERA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 146.

(Se vota:)

-14 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 147.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 147. - Facúltase al Poder Ejecutivo a contratar en el Programa 005 "Recaudación de Impuestos", hasta:

40 Contador, asimilados al Escalafón A, Grado 7

4 Ingeniero de Sistemas, asimilados al Escalafón A, Grado 7

10 Analista Programador, asimilados al Escalafón B, Grado 6

10 Digitador asimilados al Escalafón D, Grado 3

Estas contrataciones se realizarán en las condiciones previstas por el artículo 5º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, y en igualdad de condiciones de los postulantes, se asignará prioridad a quienes actualmente fueren funcionarios públicos, y entre estos últimos -por su orden- a los provenientes del programa y, en su defecto, del resto de la Administración Central.

El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de los ciento veinte días de promulgada la presente ley el régimen y oportunidad de las contrataciones autorizadas".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Deseo hacer un pequeño ajuste en la redacción del artículo 147. Me parece que debería decirse "Contadores", "Ingenieros", "Analistas Programadores" y "Digitadores", porque no habla de cargos sino de personas que contratarán.

SEÑOR PRESIDENTE. - Perfecto, señor senador; se hará la corrección que usted ha mencionado.

En consideración el artículo 151.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 151. - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 234 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"El monto anual a distribuir no podrá exceder del 130% (ciento treinta por ciento) del total de la suma de las remuneraciones que por concepto del Rubro 0 perciban anualmente los funcionarios comprendidos en este beneficio, incrementadas con idénticos renglones que perciban los funcionarios que no pertenezcan a la misma, pero presten servicios en ella.

Esta suma será distribuida en la relación de 100% (cien por ciento) respecto a la dotación presupuestal y 30% (treinta por ciento), sujeto a calificación".")

-Si la Presidencia no está confundida, se le ha informado que esto supone un aumento de esta partida y, de hecho, un incremento salarial para los funcionarios comprendidos en esta distribución, porque creo que el fondo llegaba hasta el 90% y ahora se extiende al 130%.

Corresponde señalar que este artículo no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo e implica un costo bastante importante. La Presidencia considera que el señor senador Raffo puede tener alguna información al respecto.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite señor Presidente?

Según las últimas cifras remitidas por la Contaduría General de la Nación, el costo ascendería a U$S 2:600.000. Por otra parte, estos datos fueron leídos por el señor senador Santoro en su exposición general sobre el tema recursos.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: respetuosamente digo que esta cifra, como cualquier otra, es inaceptable porque es incorrecta, ya que si se lee el texto del artículo, se verá que estamos hablando de que no se podrá exceder determinado porcentaje. ¿Cómo se calcula el costo, señor Presidente? ¿Partiendo del supuesto de que se va a llegar al máximo, y comparando 90% con 130%? Pues eso es lo que no dice este texto. Entonces no se puede decir el costo es tanto, ni citar las cifras que acabamos de escuchar ni ninguna otra, porque el supuesto que se está haciendo cuando se da un costo no tiene nada que ver con lo que expresa el artículo que estamos considerando. Por lo tanto, no se puede decir lo que aquí se acaba de afirmar, señor Presidente, y lo digo, naturalmente, con la mayor cordialidad y respeto. Pero insisto, no podemos tergiversar el sentido de la discusión.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - La cifra que se ha mencionado se calculó a partir del hecho de que se otorgara el 130%, por supuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Agradezco al señor senador Raffo el haber confirmado que se trata de un cálculo que no tiene nada que ver con lo que dice el artículo. Eso es lo que yo estaba señalando.

El texto debe ser leído con calma y rigurosidad, pues se están fijando máximos. Además, señor Presidente, con esta norma estamos de alguna manera aludiendo a un concepto y a un objetivo que ya hemos planteado en nuestra intervención precedente. Esto también tiene mucho que ver con la finalidad de mejorar la recaudación fiscal. Por supuesto que esto se relaciona con las retribuciones de los funcionarios de la Dirección General Impositiva, pero son ellos quienes, en definitiva, van a lograr la mejora de la recaudación fiscal. Si este es un objetivo del país, pido por favor que lo tengamos en cuenta a la luz del rechazo de nuestra argumentación anterior, que culminó con el voto del artículo 146, porque hay que analizar estas dos disposiciones en conjunto. Estamos convencidos de que mediante el voto afirmativo del artículo 146 se introduce una situación conflictiva en la Dirección General Impositiva; no la agravemos ahora, señor Presidente, rechazando esta norma cuyo costo no es el que se señaló en Sala.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: concuerdo con lo que ha expresado el señor senador Astori. Aquí se modifica un inciso del artículo 234 de la Ley Nº 15.809, en el texto vigente, que está dado por la Ley Nº 16.170. En definitiva, lo que se está estableciendo es una modificación del porcentaje que se distribuye entre los funcionarios, pero de un fondo que no sufre cambios.

SEÑOR PRESIDENTE. - A los efectos de aclarar el sentido de la disposición, la Presidencia quiere expresar que el artículo 234 de la Ley Nº 15.809, a que refiere esta norma creó un fondo de participación para los funcionarios de la Dirección General Impositiva, que se integrará con el 30% de las obligaciones tributarias -genéricamente- con excepción de las multas por defraudaciones percibidas por esa Dirección como consecuencia de auditorías, inspecciones y actuaciones realizadas por sus funcionarios.

El artículo 234 establece: "Créase un fondo de participación que se integrará con el 30% (treinta por ciento) de las obligaciones tributarias, excepto las multas como consecuencia de auditorías, inspecciones y actuaciones realizadas por sus funcionarios".

Esto es lo que establece el inciso primero del artículo 234 de la Ley Nº 15.809. Luego fija la forma en que se distribuirá ese fondo estableciendo: "El monto anual a distribuir no podrá exceder del 50% (cincuenta por ciento) del total de la suma de las remuneraciones que por concepto del rubro 0 perciben anualmente los funcionarios comprendidos en este beneficio", que es lo que ahora se modifica.

Luego expresa que esta suma será distribuida en la relación de 50% respecto a la dotación presupuestal y 40% sujeto a calificación. Esto es algo preceptivo porque en los hechos se otorga el 50% (cincuenta por ciento) del total de la suma de las remuneraciones que por concepto del rubro 0 perciben anualmente los funcionarios comprendidos en este beneficio", que es lo que ahora se modifica.

Luego expresa que esta suma será distribuida en la relación de 50% respecto a la dotación presupuestal y 40% sujeto a calificación. Esto es algo preceptivo porque en los hechos se otorga el 50% contra la remuneración básica y un 40% sujeto a calificación, es decir, distribuido discrecionalmente por los jerarcas.

A su vez, en el artículo 151 del proyecto se expresa que el monto anual, que no podía exceder del 50%, ahora no podrá exceder del 130%, dándose de esta manera un aumento del 80%. Se me ha dicho que esto es facultativo, pero el inciso final no lo es porque en él se establece lo siguiente: "Esta suma será distribuida" -preceptivamente- "en la relación de 100% (cien por ciento), respecto a la dotación presupuestal y 30% (treinta por ciento), sujeto a calificación". Quiere decir que lo que antes era un porcentaje del 50% ahora pasa a ser un 100%, y lo sujeto a calificación baja de un 40% a un 30%. En suma, el total sube de un 90% a un 130% y eso es lo que ha un costo de U$S 2:600.000 anuales porque la Dirección General Impositiva sabe lo que se recauda por este concepto.

En consecuencia, no es facultativo sino absolutamente preceptivo y, además, aunque fuera facultativo, en los hechos los funcionarios, desde el momento en que está dada la facultad, van a exigir que se les otorgue lo que establece la disposición y no menos. Se trata de un aumento del gasto que se incorporó como aditivo a este proyecto en la Cámara de Representantes; no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo y, por consiguiente, es claramente inconstitucional.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - He solicitado esta aclaración para señalar que lo que dice el último inciso sólo puede ser interpretado a la luz de lo que establece el primero, que expresa: "no podrá exceder del 130%", lo cual no significa que necesariamente se ubique en ese porcentaje.

A su vez, el segundo inciso está dando un criterio de distribución a la luz de la cifra que efectivamente se alcance en la práctica respecto del primer inciso. El segundo inciso no puede imponerle al primero una situación preceptiva porque este último, repito, si bien dice que no podrá exceder del 130%, no lo fija en un 115% o en un 127%, y el segundo establece un criterio de distribución.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - En la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda se discutió este punto, y si bien no tengo en mi poder la versión taquigráfica correspondiente, se me recuerda -y creo que efectivamente fue así- que la Contaduría General de la Nación, por intermedio de los técnicos que estaban presentes, indicó que este artículo no tenía costo y, en consecuencia, se podía votar. Precisamente, esta fue una de las razones por la que lo aprobamos, por lo menos, en lo que a mí respecta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Finalizo señalando que el señor senador Cigliuti recuerda bien y, además, deseo agregar -no quiero imputarle palabras a nadie- que la señora Directora de la Dirección General Impositiva señaló que se trataba más de un aumento teórico que de otra cosa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - En oportunidad de tratarse este artículo en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, lo voté afirmativamente. Tengo entendido que el inciso primero de la modificación introducida, cuando dice que el monto anual a distribuir no podrá exceder del 130%, no lo está fijando en ese porcentaje, sino que deja al Poder Ejecutivo un cierto margen.

Por otro lado, la objeción que hace el señor Presidente al inciso segundo es de importancia. Si bien esta disposición no tiene un costo directo sobre Rentas Generales, al afectar los proventos o sumas que deberían ir a esa repartición, indirectamente la está afectando.

Por esta razón pienso que deberíamos dejar al Poder Ejecutivo cierta discrecionalidad para que pueda aplicar un monto anual hasta un máximo de 130%. Asimismo solicitaría que este artículo se vote por incisos porque, personalmente, pienso votar únicamente el primero.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - El hecho de que aquí se establezca: "El monto anual a distribuir no podrá exceder del 130% del total de la suma de las remuneraciones que por concepto de rubro 0 perciban anualmente los funcionarios comprendidos en este beneficio", etcétera, implica una disminución de recursos para la Dirección General Impositiva. Esto es algo evidente, fácil de demostrar y está más allá de otros argumentos que se puedan hacer. Existe una efectiva disminución de recursos, y ello tiene un costo para la Dirección General Impositiva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el acápite y el texto del inciso primero de este artículo 151 en lo que vendría a ser la nueva redacción del artículo 234 de la Ley Nº 15.809, tal como lo ha solicitado el señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo del artículo 151 por el cual se da nuevo texto al artículo 234 de la Ley Nº 15.809.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 153.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 153. - Sustitúyese el artículo 12 del decreto-ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977, por el siguiente:

‘ARTICULO 12. - Cuando, conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley, el valor normal en Aduana determinado por la Dirección Nacional de Aduanas supere el valor declarado por el importador, éste deberá abonar los tributos correspondientes a la diferencia de valor y por concepto de multa, el importe determinado de acuerdo a lo que establece en el inciso siguiente. La fijación de las diferencias aditirá una tolerancia del 20% (veinte por ciento) con respecto al valor declarado por el importador. La tolerancia es al solo efecto de librar de la sanción correspondiente, debiendo efectuarse el pago de los tributos sobre el valor determinado por la Dirección Nacional de Aduanas’.

La multa será equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) de los tributos correspondientes a la diferencia de valor, cuando ésta sea superior a la tolerancia y no supere el 55% (cincuenta y cinco por ciento) del valor declarado por el importador y al 70% (setenta por ciento) de dichos tributos cuando el valor determinado por la Dirección Nacional de Aduanas supere en más del 55% (cincuenta y cinco por ciento) al declarado por el importador, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 13'.").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 155.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 155. - Sustitúyese el artículo 21 del decreto-ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977, por el siguiente:

‘ARTICULO 21. - La Dirección Nacional de Aduanas podrá requerir directamente a las representaciones que el país tenga en el extranjero, la información que considere necesaria sobre precios de mercaderías y servicios. Dicha información será suministrada en la misma forma directa a la mencionada repartición.

Los importadores, despachantes de aduana, o cualquier otra persona que tenga relación directa con las operaciones aduaneras, estarán obligados a proporcionar a la Dirección Nacional de Aduanas las informaciones que esta requiera para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de valoración de mercaderías.

Para las mercaderías cuyo valor dé lugar a investigación, el Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y plazos en que la misma deba llevarse a cabo teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la presente ley’.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 162.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 162. - Sustitúyense los numerales 2º y 3º del artículo 268 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 495 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, por los siguientes:

‘2º. - Se remitirán las actuaciones a la autoridad competente de acuerdo a lo previsto en el artículo 257.

3º. - En los casos en que la competencia corresponda a la Dirección Nacional de Aduanas, controlada que sea la regularidad de las actuaciones realizadas y cumplida la instrucción que la autoridad entendiere del caso ordenar, se dictará resolución dentro del plazo de veinte días, decretando la imposición de las sanciones previstas en el artículo 254 o clausurando los procedimientos. La resolución podrá ser recurrida dentro del término de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de su notificación, por el Representante Fiscal y por los denunciados sustanciándose la alzada ante la Justicia Letrada competente de acuerdo a la jurisdicción en que se hubiere radicado el asunto’.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 163.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 163. - Sustitúyese el artículo 283 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 495 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente:

‘La autoridad competente que esté interviniendo podrá:

A) Dictar las providencias necesarias para garantir el pago de tributos, multas, recargos y demás adeudos.

B) Vender directamente al Estado, a los Gobiernos Departamentales, a los Entes Autónomos, a los Servicios Descentralizados y a las Personas Públicas no Estatales, los bienes incautados en presunta infracción aduanera de contrabando, u ordenar el remate de lo denunciado cuando se entienda inconveniente o inadecuada su conservación, salvo que se trate de mercaderías que por su particular naturaleza, obligatoriamente deban ser entregadas a Organismos del Estado. A los efectos precedentemente expuestos existirá coordinación permanente entre la Dirección Nacional de Comercio y Abastecimiento, la Dirección Nacional de Aduanas y el Poder Judicial.

C) Disponer la venta directa de lo denunciado, solicitando ofertas y adjudicando a la más alta, en los casos de detención de frutas, verduras, animales vivos o faenados y comestibles de alta perecibilidad.

D) El producido líquido del remate o la venta será depositado en el Banco Hipotecario del Uruguay en obligaciones hipotecarias reajustables u otras unidades de valor constante.

En caso de dictarse resolución condenatoria y de no abonarse los tributos correspondientes, su cobro se verificará sobre los fondos depositados’.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 164.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 164. - Sustitúyese el artículo 202 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 150 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

‘En caso de que la mercadería denunciada haya sido comercializada, de los fondos depositados el 20% (veinte por ciento) se destinará al fondo creado por los artículos 242, 243, 253 y 254 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. No obstante lo dispuesto, el denunciante recibirá, en todos los casos, como adjudicación, una suma que no podrá ser inferior al 50% del monto obtenido en la comercialización. El remanente se verterá a Rentas Generales en sustitución de la tributación aplicable en el caso’.")

-Según interpreta la Presidencia, este artículo cambia el destino del producido de la venta de las mercaderías denunciadas y establece que en todos los casos el denunciante recibirá como adjudicación una suma no inferior al 50% del monto obtenido en la comercialización de dicha mercadería, lo que disminuye el producido que se verterá a Rentas Generales. Por esa causa, la Presidencia lo va a votar en forma negativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: simplemente deseo manifestar que este artículo fue calurosamente defendido por la Dirección Nacional de Aduanas ante la Comisión Especial de Artículos Desglosados. En ese sentido, la fundamentación que se expuso es bastante obvia y, aunque en teoría el tema es discutible, esa es la razón por la cual la Comisión aconsejó su aprobación.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Como bien señaló desde la Mesa el señor Presidente del Senado, esta disposición implica un cambio de destino del producido de la venta de mercaderías denunciadas. Esta norma fue, efectivamente, incorporada a solicitud del señor Director Nacional de Aduanas. Por nuestra parte, no compartimos el mismo criterio y no le vamos a dar nuestro voto a este artículo, ya que sustentamos la posición del Ministerio de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 164.

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 173.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 173. - La Dirección Nacional de Aduanas percibirá una tasa de hasta U$S 50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por el trámite de cada permiso de importación de trámite preferencial e ingresado por despachantes al centro de cómputos del organismo. Su producido se destinará a adecuar las remuneraciones de los funcionarios de dicho organismo.

El Poder Ejecutivo reglamentará la distribución de esta partida en un plazo no mayor de sesenta días, teniendo en cuenta la suma total de retribuciones presupuestales de cada cargo o función".)

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Esta es una disposición que no tenemos inconveniente en calificar como particularísima, por no decir insólita, en razón de que se dispone que la Dirección Nacional de Aduanas percibirá una tasa de U$S 50 por cada permiso de importación de trámite preferencial que sea ingresado por despachantes de Aduana al Centro de Cómputos del Organismo. Naturalmente, no se define ni se dan los elementos suficientes como para comprender cuál es el trámite preferencial. Por tal razón, a partir de la aprobación de esta norma no se podrá decir que quien tenga los pies más ligeros tendrá la posibilidad de alcanzar el trámite preferencial, sino que lo hará el que posea la computadora más rápida y, además, deberá abonar los U$S 50 por el trámite.

A nuestro juicio, se trata de una disposición infeliz y que no hace bien a la Administración, aunque nos consta que, en su momento, el señor Director Nacional de Aduanas la defendió.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Precisamente, me iba a referir a lo último que mencionó el señor senador Santoro.

Después de ser analizado extensamente en la Comisión, este artículo, por el que se cobra una tasa de hasta U$S 50 y se destina su producido a adecuar las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, fue acompañado expresamente por el Director de ese Organismo argumentando que ello contribuía a mejorar el funcionamiento del servicio.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Simplemente, deseo corroborar lo expresado por el señor senador Santoro. Además, debo afirmar que el señor Director Nacional de Aduanas, que me hizo el honor de visitarme en mi despacho, me expresó su preocupación a raíz de la aprobación de una serie de normas informadas por la Comisión Especial de Artículos Desglosados -creo que ya se han aprobado todas- y con respecto a este artículo votado por la Cámara de Representantes, me señaló su conveniencia por los objetivos que persigue.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - No tuvimos el honor de ser visitados por el señor Director Nacional de Aduanas. De todas maneras, tenemos una posición contraria a este artículo, tal como fundamentáramos oportunamente en el seno de la Comisión. Ello es así, en primer lugar, porque no somos partidarios de establecer tareas preferenciales en el funcionamiento de los trámites que se gestionan en los recintos aduaneros.

En segundo término, creemos que en algún momento se manejó, a nuestro juicio, erróneamente, el fundamento de que esta norma va a contribuir al mejoramiento de las redes de comunicación y de telecomunicación de la Dirección Nacional de Aduanas. Esto no es así, ya que el producto de estas tareas no estará destinado a la mejora de la infraestructura, sino que será utilizado en una redistribución de carácter salarial para los funcionarios.

En tercer lugar, pensamos que el criterio que se utiliza en este artículo no está claramente definido ya que simplemente se dice que el producido se destinará a adecuar las remuneraciones de los funcionarios de dicho Organismo y se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar esa distribución, teniendo en cuenta la suma total de retribuciones presupuestales de cada cargo o función.

Por todos estos motivos, e incluso por razones constitucionales, ya que esta redistribución que se realizará del producido de una tasa diferencial no cuenta con la iniciativa del Poder Ejecutivo, vamos a votar en forma negativa esta disposición, aun conociendo la preocupación del señor Director Nacional de Aduanas en torno a este tema que, en algunos casos, fue expuesta de una manera personal, y en otros, como el de quien habla, se manifestó por vía indirecta.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Por más que esta norma puede tener el justificativo de un aumento salarial al que, naturalmente, no nos podríamos oponer, considero -al igual que el señor senador Santoro- que la redacción y el contenido en esta disposición se establece que el Estado aplicará dos clases de trámite: uno más ágil para aquella persona que pague más y una prestación del servicio más lenta para aquel que pague menos. Desde nuestro punto de vista, esto es realmente inaceptable. Por lo tanto, la vamos a votar en forma negativa.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Deseo dejar constancia de que en esta disposición se establece que la Dirección Nacional de Aduanas percibirá una tasa de hasta U$S 50 y, según informaciones de ese Organismo, esto no sería inflacionario pues representa sólo dos centavos de dólar por tonelada de mercadería. Además, se debe tener en cuenta que ya hay despachantes de Aduana que están utilizando la computadora del Organismo. Por otra parte, esta recaudación será destinada a la capacitación de los funcionarios, aunque se ha hablado de que va a mejorar los recursos.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RIESGO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Me voy a referir a un tema que omití en mi anterior intervención.

A mi juicio, es obvio que algunos aspectos que pueden ser objetables en la redacción de esta norma, podrán ser corregidos posteriormente con la reglamentación del Poder Ejecutivo. Conforme a la Constitución, este Poder tiene la facultad reglamentaria y, naturalmente, deberá reglamentar esta norma, incluso en el aspecto señalado por el señor senador Riesgo en cuanto a la suma precisa que se habrá de percibir, porque, de esta norma se establece un tope, pero no se determina la suma que se recaudará.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Riesgo.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR RIESGO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Sólo deseo comentar que se ha venido argumentando que no sería conveniente que el Poder Ejecutivo pudiera tener discrecionalidad en el manejo y distribución de determinadas partidas, ya que sería importante que ello fuera fijado por la ley.

En este caso, señalo que se presenta una contradicción si otorgamos al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar este tema, porque también le dejaríamos la posibilidad de distribuir en forma discrecional estos producidos; esto repercutiría en forma negativa -tal como han señalado muchos señores senadores- en la motivación y el funcionamiento de las retribuciones de la Administración, ya que el Poder Ejecutivo estará habilitado para distribuir el producido a los funcionarios y en el porcentaje que considere conveniente, en forma discrecional y según su criterio. Reitero, creo que se trata de una contradicción con lo que se ha sostenido en Sala desde la aprobación de algunos artículos.

Por lo expuesto, ratificamos nuestra posición contraria a esta norma.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO. - Supongo que esa contradicción no la dirá por mí, sino que será una alusión al señor senador Cassina.

No tengo ningún inconveniente en que el Poder Ejecutivo reglamente la norma para la Dirección Nacional de Aduanas, si ésta está de acuerdo en que estos recursos se destinen a la capacitación de sus funcionarios.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RIESGO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Al votar a favor de este artículo no ha incurrido en ninguna contradicción. Al mismo tiempo señalo que estoy de acuerdo en que el Poder Ejecutivo reglamente los aspectos que considere necesarios. Lo que no acepto, es darle discrecionalidad para que haga lo que quiera, por ejemplo, en materia de reestructura o racionalización de escalafones. Sin embargo, cuando le damos pautas, como en este caso, no tengo inconveniente en acompañar la propuesta. Por lo tanto, reitero, que no he incurrido en contradicción alguna.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de poner a votación este artículo, la Presidencia quiere expresar que algunas de las virtudes que se le han adjudicado a su juicio, son defectos.

Se habla de una tasa de «hasta 50,00». La tasa es una contraprestación por un servicio administrativo que brinda el Estado, por lo que el Organismo que la recauda no puede ser el encargado de fijar su monto. Se trata de un tributo, y la ley debe establecer su cuantía. Por otra parte, parece que es la Dirección Nacional de Aduanas, no el Poder Ejecutivo, la que va a decidir si se cobra U$S 10,00, U$S 20,00 o U$S 50,00. A mi juicio, esto no puede ser.

Además, en este artículo no se dice que el producido se va a destinar a mejorar la preparación o calificación de los funcionarios, sino a adecuar las remuneraciones de los mismos. Quiere decir que se trata de un aumento de sueldo. Esto lo establece el artículo claramente.

Pienso que, como bien dijo el señor senador Pereyra, por cumplir obligaciones normales de la Administración, no hay que cobrarle a los usuarios de los servicios. Los permisos de importación deben tramitarse por su orden de presentación. No es posible que alguien que haya presentado un permiso hace diez días, pague U$S 50,00 para que le den un trámite preferencial, cuyo producido será destinado a mejorar remuneraciones. Considero que eso es la subvención del correcto funcionamiento de la Administración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 173.

(Se vota:)

-14 en 26. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero decir que no comparto la gráfica expresión de que la solución de este artículo implica una especie de subversión administrativa, cuando el país asiste a la existencia de trámites de partidas de nacimiento, de matrimonio o de cédulas de identidad, normales o urgentes. Asimismo, cuenta con cantidad de normas presupuestales que han establecido que los montos de las partidas que se obtienen por la expedición de documentos en forma urgente se destinan al aumento de remuneraciones.

Si pensamos que en esos pequeños locales existe subversión porque se cobra un trámite urgente más que uno normal, me parece que estamos exagerando la nota.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 174.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Art. 174. - Autorízase a la Dirección Nacional de Aduanas a utilizar el 5% (cinco por ciento) del excedente a que refiere el articulo 169 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la parte cuyo destino no sea la de los funcionarios a fin de solventar los gastos de la guardería de esa unidad ejecutora».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 179.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Art. 179. - Del monto excedente por la aplicación del artículo 217 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, para los recursos a que refiere el literal b) del artículo 7º del decreto-ley Nº 15.716, de 6 de febrero de 1985, la Dirección General de Loterías y Quinielas podrá destinar hasta un 10% (diez por ciento), en promoción social y bienestar de los recursos humanos de dicha unidad ejecutora. El resto será transferido al Programa 001 «Administración de Recursos de Apoyo a la Conducción Económico-Financiera» y distribuido entre los Programas 001, ya citado, 002 «Auditoría Interna y Contabilidad General de la Gestión Estatal» y 004 «Servicio de Pagaduría de la Administración Central» con el fin de adecuar las retribuciones de los funcionarios que efectivamente se desempeñen en los mismos.

Los excedentes generados antes de la vigencia de la presente ley se destinará a atender los gastos de inversión de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas».)

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Aclaro que no vamos a votar a favor de este artículo, tal como fue aprobado en Comisión. Creemos que deberían modificarse algunos de los porcentajes que aquí se establecen o, en todo caso, votarlo tal como vino de la Cámara de Representantes.

Donde dice: «la Dirección General de Loterías y Quinielas» podrá destinar hasta un 10%», seríamos partidarios de que la redacción quedara de la siguiente manera: «la Dirección General de Loterías y Quinielas destinará un 30% (treinta por ciento), en promoción social y bienestar de los recursos humanos de dicha unidad ejecutora».

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Comparto lo expresado por el señor senador Cassina y adelanto mi voluntad de votar negativamente este artículo tal como viene de Comisión y aprobar el venido de la Cámara de Representantes que con mucha claridad establece un criterio más adecuado.

En virtud de ello, solicitamos a la Mesa que si la votación del artículo venido de Comisión resultare negativa, se ponga a votación el artículo 153 aprobado por la Cámara de Representantes. En última instancia, de fracasar también esta última votación, solicitaríamos que se considerara la moción formulada por el señor senador Cassina, si él estuviera de acuerdo.

SEÑOR CASSINA. - Estoy de acuerdo, señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Asintiendo el señor senador Cassina, dejo planteada esta moción.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Al inicio de esta sesión, recordábamos el clima existente en el seno de la Comisión, lo que motivó que se cambiara el criterio y se aprobaran algunos artículos cuya votación había resultado negativa.

El artículo 153 aprobado por la Cámara de Representantes se correlaciona con el 139 del Mensaje original del Poder Ejecutivo. En Comisión, el artículo 153 fue votado negativamente, 4 en 14, por lo que se puso a votación el artículo 139 venido del Poder Ejecutivo que resultó aplazado por 12 votos en 12. Finalmente, se encontró una redacción sustitutiva, que es la que figura en este artículo 179 que fue aprobado por unanimidad, 14 en 14.

Quería recordar cuál había sido el trámite de este artículo en Comisión, y adelantar nuestro voto favorable a esta disposición tal como viene de Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 179 con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-13 en 26. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 153 venido de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-13 en 26. Negativa.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: debo recordar que con el señor senador Cassina habíamos solicitado que en caso de fracasar las dos primeras votaciones, se pusiera a consideración la propuesta por él formulada. Asimismo, creemos que hay una voluntad mayoritaria en el sentido de aprobar una disposición con un contenido más o menos similar, ya que sería bastante inconveniente que ninguna recibiera una votación afirmativa. Por lo tanto, estimamos pertinente que el señor senador Cassina reitere su propuesta a fin de que luego procedamos a votarla.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Concretamente, había formulado la siguiente modificación: luego de donde dice: «de 6 de febrero de 1985», el artículo rezaría: «la Dirección General de Loterías y Quinielas destinará un 30% en promoción social y bienestar de los recursos humanos de dicha unidad ejecutora». El resto de la disposición seguiría con la misma redacción.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 179 con el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-13 en 26. Negativa.

SEÑOR RIESGO. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 179 con el texto del artículo 153 aprobado por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - El gran tema en esta disposición es atender las necesidades de naturaleza social, motivo por el cual en la Comisión del Senado se modificó la norma aprobada por la Cámara de Representantes. Ahora, el señor senador Cassina propone una redacción en la que se aumenta el porcentaje al 30%, que salvo que disminuya la atención de las necesidades de carácter social, en una primera instancia, creemos que modifica para peor la redacción del artículo 179.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Me gustaría insistir en lo que hemos venido conversando desde que se inició la discusión de este proyecto. En ese sentido, cabe destacar que tal como señaló el señor senador Raffo después de intensas discusiones el artículo 179 fue votado por 14 en 14, lo que demuestra que existió unanimidad en la Comisión. De todas formas, comprendo la inquietud y el giro que quiere otorgar el señor senador Cassina a la disposición, pero advierto que ya hemos modificado nuestro criterio desde el proyecto del Poder Ejecutivo, que estaba muy acotado, incorporando la redistribución del producido para promoción social y bienestar de los recursos humanos de dicha unidad ejecutora, y ahora estaríamos cambiando esos porcentajes y modificando el carácter de criterio preceptivo.

En consecuencia, a fin de evitar estas votaciones tan encontradas que no se compadecen con la unanimidad alcanzada en Comisión, solicitaría la rectificación del artículo 179 a fin de poder aprobar alguna de las tres propuestas, porque de lo contrario estamos imposibilitando una solución que todos quisimos hallar y que habilitamos con una votación de la naturaleza a que hacía referencia el señor senador Raffo.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Si no recuerdo mal, se había establecido que por último debía votarse la propuesta del señor senador Cassina. Aclaro que si ésta fracasara no tendría inconveniente en volver a considerar el tema y rectificar la primera votación. De todas formas, insisto, falta votar una de las tres redacciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea aclarar al señor senador que la rectificación de la votación siempre es previa y se realiza de inmediato. Además, se trata de la segunda vez que se rectifica, por lo que quedaría la posibilidad de una tercera instancia.

Se va a rectificar la votación del artículo 179.

(Se vota:)

-13 en 26. Negativa.

Se va a votar el artículo 179 con la modificación propuesta por el señor senador Cassina.

(Se vota:)

-13 en 26. Negativa.

SEÑOR ABREU. - Solicito que se rectifique la votación del artículo con el texto venido de Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 179 con el texto aprobado en Comisión.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Por vía de fundamento de voto, debo confesar que en el último inciso del artículo que acaba de aprobarse se hace referencia a «los gastos de inversión de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas». Al respecto, desearía saber si se trata de un error, si se alude a una secretaría técnica o administrativa o si, concretamente, se quiere mencionar a dicha Cartera. Aclaro que he tratado de averiguarlo, pero nadie ha podido disipar mi duda.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia confiesa que le genera la misma perplejidad que al señor senador y espera que en el curso de la sesión se pueda aclarar el punto, ya que así vino redactado en el Mensaje original del Poder Ejecutivo.

En consideración el artículo 188.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Art. 188. - El régimen aplicable al artículo 181 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, se hace extensivo al Convenio que realice la Dirección de Loterías y Quinielas con la organización representativa de los funcionarios de dicho organismo. Sin perjuicio de la normativa general que a dicho respecto esté vigente, el Fondo Social de Vivienda que se establece mediante la aplicación de este artículo, será financiado con la afectación del 2% (dos por ciento), del producido por venta de billetes de loterías, que al presente se vuelva al Fondo Nacional de Vivienda».)

-En virtud de la incertidumbre que se advierte en Sala, la Presidencia quiere expresar cómo interpreta este artículo.

Por este artículo se afecta al Fondo Social de Vivienda que la misma disposición establece para la organización representativa de los funcionarios de la Dirección General de Loterías y Quinielas, el 2% del producido de la venta de billetes de lotería, que al presente se vuelca al Fondo Nacional de Vivienda. Queda claro, pues, que se desvían recursos del Fondo Nacional de Vivienda para la organización gremial de los funcionarios de la Dirección General de Loterías y Quinielas, lo que realmente parece improcedente.

De acuerdo con las cifras que se le han hecho llegar a la Mesa con motivo del aumento del impuesto al juego de quinielas, el de la lotería representa aproximadamente el 13.5% del total de los juegos de azar del país, que oscila en los U$S 250:000.000 por año. Por lo tanto, el 13.5% significa alrededor de U$S 35:000.000, con lo que el 2% viene a ser U$S 700.000 que se desvían del Fondo Nacional de Vivienda y se destinan exclusivamente a la organización sindical de los funcionarios de la Dirección General de Loterías y Quinielas.

Ello no parece razonable; significa un desvío de fondos que legalmente tienen otra afectación y no cuenta con la iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Abrumado por su disertación, adelantamos que vamos a votar en contra de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - No fue intención de la Mesa abrumarlo, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 188.

(Se vota:)

-2 en 25. Negativa.

Se pasa a considerar el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, que comprende los artículos 189 a 195 inclusive.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 189. - Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentren prestando funciones en el exterior podrán interponer recursos administrativos sin necesidad de firma letrada. Dicho requisito tampoco será necesario para los escritos que se presenten durante su tramitación.

En ambos casos, los escritos respectivos podrán ser transmitidos por los sistemas de comunicación con que cuente la Misión u Oficina Consular, sin costo para el funcionario.

Art. 190. - Los funcionarios del actual escalafón M (Servicio Exterior), ascendidos a dicho escalafón proveniente del escalafón C, y a los que se hubiera perjudicado su carrera funcional debido a actos administrativos dictados durante los años 1973 a 1985, deberán ser regularizados, recomponiéndoseles aquélla.

Dicha regularización consistirá en la promoción a los grados, categorías y denominaciones que les hubiera correspondido ocupar a la fecha de producida la vacante.

En todo caso se estará al criterio dispuesto por los artículos 9º y 34 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985.

Art. 191. - Sustitúyese el artículo 80 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, por el siguiente:

«ARTICULO 80. - Cuando un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores fallezca, encontrándose en el extranjero en cumplimiento de Resolución del Poder Ejecutivo, el Estado se hará cargo de los gastos de repatriación y sepelio de los restos, así como del embalaje, transporte, flete y seguro de sus efectos personales.

Iguales derechos corresponderán en caso de fallecimiento de familiares, siempre que estuvieran a cargo y residieran conjuntamente con los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encontraren en el extranjero en cumplimiento de Resoluciones del Poder Ejecutivo. Si el sepelio del familiar tuviera lugar en la República, el funcionario tendrá derecho a un pasaje de ida y vuelta.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se hará cargo de los pasajes de los hijos mayores de los funcionarios fallecidos en el exterior siempre que estuvieran a su cargo y residieran con él en el momento del deceso.

Los sucesores y el cónyuge del funcionario fallecido tendrán derecho a percibir o en su caso, retener las compensaciones trimestrales que corresponda le sean liquidadas en virtud del pago por trimestre adelantado, salvo la reliquidación que hubiere lugar en función de la aplicación del artículo 228 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. El carácter de los sucesores del funcionario fallecido podrá ser acreditado por certificación notarial».

Art. 192. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a contratar a término, con cargo a sus propias economías, mediante arrendamientos de obras o de servicios, al personal necesario para las tareas del Comedor destinado a sus funcionarios y del Jardín Maternal para los hijos de éstos.

Las personas contratadas no revestirán la calidad de funcionarios públicos.

Art. 193. - Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de la República en el exterior podrán utilizar la partida de complemento de gastos de oficinas para la adquisición de los bienes necesarios para su equipamiento e infraestructura. Las adquisiciones que se realicen con cargo a dicha partida no serán consideradas inversión a los efectos legales.

Las adquisiciones que se realicen en cada año deberán ser cubiertas por las asignaciones establecidas por el mismo ejercicio. En caso de déficit, deberá ser cubierto por el propio peculio del Jefe de Misión o titular de la Oficina Consular respectiva.

Art. 194. - Autorízase al Poder Ejecutivo a ajustar periódicamente los precios de los pasaportes y títulos de identidad y viaje que expida el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 195. - Créase a partir del 1º de enero de 1993 un Fondo Permanente de Compensación en el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cometido de atender complementaciones económicas mensuales a los funcionarios del Servicio Exterior (escalafón M) que desempeñen funciones en la Cancillería en régimen de dedicación total, durante los períodos de su adscripción a la República.

Para atender a la financiación de este Fondo, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá:

a) Destinar los superávit generados en las partidas de funcionamiento de las Misiones Diplomáticas y Consulares en el exterior, al cierre de cada ejercicio.

b) Habilitar el crédito equivalente a la diferencia entre lo planillado para atender los gastos de funcionamiento del Inciso en el presente ejercicio y el gasto proyectado para los ejercicios siguientes.

La distribución de dicho Fondo se realizará de acuerdo al rango presupuestal, con una diferencia del 5% entre grado y grado del escalafón, conforme a la reglamentación que a tal efecto dicte el Ministerio de Relaciones Exteriores».)

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Solicito que el artículo 190 se considere en forma separada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ya fue solicitada la consideración separada de los artículos 190 y 195, de modo que corresponde votar conjuntamente los artículos 191, 193 y 194.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Pido excusas al Senado por no haber estado en Sala hace unos momentos, pero sugeriría que se agregara un inciso final al artículo 156 -que a mi entender resulta obvio- que establezca: «Siendo de exclusiva competencia de la Dirección Nacional de Aduanas la valoración de las mercaderías declaradas en los despachos de importación».

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo 156 sustituye el artículo 25 del decreto-ley Nº 14.629, y consta de cuatro incisos, por lo que no sabemos en cuál de ellos el señor senador Singlet quiere hacer ese agregado.

SEÑOR SINGLET. - Este agregado debe figurar al final del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La verdad es que en esta materia tan técnica y no habiendo estudiado las disposiciones a que se hace referencia, la Mesa se encuentra un poco confundida y no tiene ninguna posición a favor o en contra.

En consecuencia, la Mesa entiende conveniente postergar el tratamiento de este artículo y que, en su momento, el señor senador Singlet solicite su reconsideración y dé las explicaciones correspondientes del agregado que propone.

SEÑOR ASTORI. - De todas maneras, hay que pedir la reconsideración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por supuesto, señor senador. Por ahora, el artículo ya fue votado y en su momento se solicitará su reconsideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 191, 193 y 194.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 190.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Hemos presentado un agregado a este artículo extendiéndolo de la siguiente manera: «Los Embajadores y Ministros del Servicio Exterior de la República, que desempeñaron sus cargos en forma ininterrumpida por un período mayor de cinco años hasta el 9 de febrero de 1973 y hubieren cesado posteriormente en sus funciones, serán considerados a todos los efectos como funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que a la entrada de la vigencia de la presente ley se encontraran en el ejercicio de dicho cargo».

Es decir, que en el inciso primero se contempla a los funcionarios provenientes del escalafón C) que pasaron al escalafón M) y, por éste, se ampara a los Embajadores y Ministros que durante más de cinco años prestaron servicios y que, a raíz de los sucesos del año 1973, cesaron en sus funciones. Este agregado es a los efectos de la recomposición de su carrera. Quisiera aclarar que se trata de cinco o seis funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia tiene una confusión con respecto a lo que plantea el señor senador Pereyra. ¿Este es un aditivo que se encuentra en el Repartido correspondiente o es una fórmula sustitutiva que presenta el señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Simplemente, es un agregado a la redacción del artículo original.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa le solicita al señor senador que le haga llegar el texto propuesto.

SEÑOR PEREYRA. - Se hizo llegar en el día de ayer.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR SANTORO. - Deseo manifestar nuestro acuerdo con el agregado que formula el señor senador Pereyra, en razón de que por el primer inciso se atiende a la situación de los funcionarios del actual escalafón del Servicio Exterior, que provenían del escalafón (C) del Ministerio de Relaciones Exteriores y que fueron perjudicados en su carrera funcional por los actos que todos conocemos, en la época del gobierno de facto.

Ahora bien; el inciso que propone el señor senador Pereyra trata de incorporar una norma similar para Embajadores y Ministros del Servicio Exterior de la República, que también se vieron perjudicados durante la dictadura, a los efectos de que puedan recomponer su carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Reitero que participamos de la redacción que en carácter de ampliatoria se incorpora a esta norma.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Voy a solicitar que esta disposición y el aditivo que propone el señor senador Pereyra se voten por separado. Es decir que, en una primera instancia, se votaría el contenido del actual artículo 190 y, en una segunda oportunidad, el aditivo propuesto por el señor senador Pereyra.

La razón de ello es la siguiente. A pesar de que estoy total y radicalmente en contra del artículo 190, concuerdo con este agregado que se propone y voy a dar las explicaciones del caso. En la primera parte del artículo se trata de repasar la situación de los funcionarios que puedan estar afectados por los actos ocurridos en 1973. No discrepo con este propósito y el régimen jurídico nacional, después del retorno al Gobierno de Derecho, exhibe una cantidad de normas en esa materia así como también lo ha hecho el Senado, sobre las que he tenido oportunidad de pronunciarme, respaldando este tipo de reparaciones. Pero, coherente con la posición que asumí al considerarse el artículo 121 de este mismo proyecto de ley, pienso, que este acto debe encararse de manera que no afecte las estructuras escalafonarias y los cuadros funcionales en áreas, como por ejemplo, la Defensa Nacional o el Servicio Exterior. Además, a mi entender, aunque tiene el propósito de reparar ciertas situaciones funcionales -lo que no discuto- introduce graves alteraciones en el escalafón del Servicio Exterior. Esto sumado a normas de carácter general que ha aprobado el Parlamento en ocasión de considerar el Presupuesto y la Rendición de Cuentas de este período legislativo, ha contribuido a ocasionar un desorden total del escalafón, afectando gravemente la profesionalidad de la carrera en ese Ministerio.

Esas son las razones por las que no voy a acompañar la primera parte del artículo 190. En cambio, sí voy a apoyar la segunda parte, propuesta por el señor senador Pereyra ya que, por todo lo que he mencionado anteriormente, no afecta los cuadros escalafonarios, puesto que se refiere a los funcionarios que están, precisamente, en la parte superior del escalafón y que ya prestan funciones como tales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De esa manera, se regulariza la actual situación y no se altera la carrera profesional de los funcionarios del Servicio Exterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia quisiera preguntar -y supone que varios de los señores senadores lo deben saber- cuáles son los escalafones M) y C).

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene al palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - El escalafón C corresponde al personal administrativo y el escalafón M, al diplomático. En virtud de este artículo 190, el personal del escalafón C será incluido en el escalafón M. Es el mismo caso que ocurriría si, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas el personal subalterno fuera incorporado a los cuadros de oficiales.

Insisto en que no discuto el objetivo reparatorio que se busca con esta norma. Lo que cuestiono es la forma cómo se quiere atender ese aspecto. Como decía, esto no se aplica al caso de la propuesta del señor senador Pereyra.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Deseo señalar que estos funcionarios que figuraban en el escalafón C, corresponde al personal administrativo, ya están incluidos, de hecho en el escalafón M, Servicio Exterior. Es decir que puede ocurrir alguna situación compleja al recomponer una carrera funcional, pero esta norma no implica que estos funcionarios pasen al escalafón Servicio Exterior, puesto que ya pertenecen a él. Repito que lo que se busca con la disposición es recomponer su carrera funcional en las actuales circunstancias.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - En un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con fecha 20 de marzo de 1990, relativo al Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior, se dice: «Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que ocupaban cargos de Embajador o Ministro con anterioridad a la vigencia del decreto-ley Nº 14.206 de 6 de junio de 1974, y que los hayan desempeñado en forma ininterrumpida o que habiendo cesado en la relación funcional por cualquier causal, ocuparen nuevamente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, alguno de dichos cargos, serán considerados como funcionarios de carrera a todos los efectos». De modo que esta iniciativa del Poder Ejecutivo tiene el mismo sentido que el artículo que estamos considerando.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Deseo señalar que concuerdo con lo expresado por el señor senador Santoro. Agrego que estos funcionarios, en base a un derecho concebido por ley, debían pasar al Servicio Exterior. En ese momento, ocurrió un hecho singular, propio de lo que sucedía durante el gobierno de facto, que puedo demostrar con las dos resoluciones que tengo en mi poder. En aquel entonces ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores el Embajador Folle, quien reconoció que estos funcionarios habían sido tratados injustamente -lo dice la resolución- por lo que los incluyó en el escalafón del Servicio Exterior.

Pocas semanas después, como todos sabemos, el Embajador Folle cesó -en circunstancias por todos conocidas- y el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, mediante otra resolución, dejó sin efecto la anterior.

Por lo tanto, se trata de una clara reparación a una arbitrariedad cometida durante el gobierno de facto.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero adherir a las manifestaciones de los señores senadores Santoro y Cassina. No existe, por efecto de esta norma, ningún cambio en el escalafón y la reparación tiene como base los criterios de justicia prístina que se han aprobado en este Parlamento desde que en 1985 se restableció la democracia. Ellos son la recomposición de la carrera administrativa, cuando ésta fue perjudicada por actos ilegítimos; estos criterios, además, ya están definidos en la Ley Nº 15.783, como dice el último inciso del artículo que estamos considerando.

De manera que, si se los aplica más o menos correctamente, estos criterios no pueden conducir a situaciones de desorden administrativo o de injusticia.

SEÑOR PRESIDENTE. - A la Presidencia le surgen dos dudas, que quizás puedan evacuar los señores senadores.

El inciso segundo dice que la regularización se hará promoviendo a estos funcionarios a los grados, categorías y denominaciones que les hubiera correspondido ocupar a la fecha de producida la vacante. No comprendo de qué vacante se trata.

Posteriormente se establece: «En todo caso se estará al criterio dispuesto por los artículos 9º y 34 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985». Se trata de la ley de destituidos. Mi pregunta concreta es la siguiente: si estos funcionarios fueron perjudicados en su carrera funcional debido a actos administrativos de la época de la dictadura, ¿por qué no fueron amparados por la Ley Nº 15.783? Creo que esta ley no podría haber sido más amplia. Toda persona que hubiera sido perjudicada, destituida o postergada por razones de persecución ideológica, tenía derecho a que se le restituyera el cargo, se le recompusiera la carrera administrativa y, si ya se había jubilado, a que se le reformara la cédula jubilatoria. Entonces, me pregunto cómo puede ser que siete años después debemos reparar a estos funcionarios. ¿Por qué quedaron fuera de la Ley Nº 15.783? Esto me genera una perplejidad bastante grande porque, repito, la Ley Nº 15.783 no podría haber sido más amplia y generosa y de esto tenemos abundantes ejemplos en el Poder Legislativo.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - He trabajado en la Comisión integrada por tres abogados que asesoraba a la Presidencia de la Cámara de Representantes sobre este aspecto y puedo decir que el Poder Legislativo es uno de los lugares donde la ley se aplicó con un más amplio sentido de justicia. Ahora, en Comisión de Presupuesto, consideramos que esta reparación era necesaria y, aunque el texto puede ofrecer dudas, entendemos que la redacción es la apropiada. Obviamente, no soy especialista en los temas de la Cancillería y no puedo brindar una información más precisa al señor Presidente. Sin embargo, deseo recordarle que en Comisión este texto fue aprobado -si mal no recuerdo- casi por unanimidad.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Confieso que el artículo 190 aditivo, tal como está redactado, me presenta varias dudas de carácter administrativo y, sobre todo, en lo que respecta a la regularización de la carrera de los funcionarios que involucra. Lo he analizado técnica y jurídicamente y creo que será una fuente de conflictos y dificultades inacabable.

Por lo tanto, entendemos que lo más conveniente es que este tema forme parte de un proyecto de ley específico que sea tratado oportunamente por los órganos legislativos. Creemos que no es adecuado que sea incluido como aditivo en un proyecto de ley de Rendición de Cuentas, habida cuenta de las dificultades que puede presentar.

Sin perjuicio de esto, coincido con la preocupación del señor senador Pereyra y con la posición que ha expuesto el señor senador Blanco. Creo que el aditivo presentado por el primero puede ser considerado, en función de que ha sido también iniciativa del Poder Ejecutivo en un proyecto de 1990, que está todavía en la Cámara de Representantes y que, con buen criterio, está destinado a dar seguridad jurídica al Estatuto de los funcionarios del Servicio Exterior.

Por tal razón, vamos a votar afirmativamente el aditivo propuesto por el señor senador Pereyra y negativamente este artículo 190. Creemos adecuado esperar a que se puedan incorporar, por la vía legislativa y los canales correspondientes, con mayor certeza jurídica, que es lo que se persigue.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 190, tal como ha sido aprobado en Comisión.

(Se vota:)

-15 en 25. Afirmativa.

SEÑOR ABREU. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso propuesto por el señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido excusas a la Mesa porque no percibí si el artículo 189 fue votado en bloque o si, por algún motivo especial, quedó postergada su consideración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ya fue votado, señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Un señor senador que tiene más memoria que quien habla nos ha señalado que ello no fue mencionado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dado que nadie había solicitado su exclusión, fue votado en bloque.

SEÑOR KORZENIAK. - En consecuencia, solicito a la Mesa que nos permita dejar una constancia respecto del artículo 189, que me parece es muy útil.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por vía de fundamento de voto, está autorizado a hacerlo, señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: si bien estoy de acuerdo con esta disposición, deseo señalar que aquí se establece que los funcionarios del Servicio Exterior que se encuentran fuera del país puedan -lo cual es muy justo- presentar recursos administrativos sin necesidad de firma letrada. Esto no innova. No obstante, el problema es que cuando en las acciones de nulidad se revisa el agotamiento de la vía administrativa, es en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde la persona que no ha utilizado firma letrada al interponer los recursos, se le presentan dificultades. Este es el régimen vigente.

En consecuencia, pienso que si existe acuerdo en cuanto que la intención de este artículo es, además de lo que establece que no se pueda hacer valer esa circunstancia formal para rechazar la acción de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto no generaría problemas. Pero si no es así, me parece que habría que agregar una frase que corrigiera esa situación, porque este es el punto central. El recurso administrativo lo puede presentar cualquier persona; pero si cuando se inicia la acción de nulidad, falta firma letrada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por razones fundadas, deshecha la demanda.

Esta es la constancia que quería dejar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que es muy oportuna la intervención del señor senador Korzeniak.

Si se desea dar garantías a los administrados que están imposibilitados de recurrir a Letrados por ser funcionarios del Ministerio y desempeñar sus tareas en el exterior, lo que habría que hacer luego de reconsiderar el artículo es agregar en el primer inciso a continuación del vocablo «tramitación» una coma y decir «así como para interponer la respectiva acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo».

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - No era esa mi intención, señor Presidente, sino lo siguiente.

El régimen vigente establece que si la persona que presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad -lo cual debe hacerse con firma letrada, y estoy totalmente de acuerdo con que así sea- no agotó la vía administrativa con firma letrada, aquél podrá decir, en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente, que tal vía no se agotó en la forma debida.

En consecuencia, cuando aquí se dice que estos funcionarios podrán interponer recursos administrativos sin necesidad de firmada letrada, lo que debemos entender es que están habilitados para hacerlo -como cualquier persona- pero, además, que esa circunstancia no tendría que ser invocada cuando presenten acción de nulidad. Aclaro que, de cualquier modo, me parece una exageración que, a su vez, pudiera elevarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo sin firma letrada puesto que ya ha transcurrido mucho tiempo desde que se inició la vía administrativa y, naturalmente, podría haberse otorgado un poder.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que ahora la Mesa ha interpretado correctamente al señor senador Korzeniak.

En consecuencia, lo que se podría decir al final de este artículo es: «así como para que en tal caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dé por correctamente agotada la vía administrativa».

Si se solicita la reconsideración del artículo, entonces, lo podríamos votar con ese texto, quedando así satisfecha la legítima inquietud planteada por el señor senador Korzeniak.

SEÑOR ZUMARAN. - Solicito que se reconsidere el artículo 189.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la reconsideración del artículo 189.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 189 con el texto venido de Comisión y con el agregado a que ha dado lectura la Presidencia.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 192.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Art. 192. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a contratar a término, con cargo a sus propias economías, mediante arrendamientos de obras o de servicios, al personal necesario para las tareas del Comedor destinado a sus funcionarios y del Jardín Maternal para los hijos de éstos.

Las personas contratadas no revestirán la calidad de funcionarios públicos».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 28. Negativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Simplemente, es a los efectos de solicitar la reconsideración de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la reconsideración solicitada.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 192.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: con el afán de obtener un voto afirmativo de parte de algún señor senador, deseo señalar -y así lo expresó el señor Ministro interino de Relaciones Exteriores, doctor Mezzera- que el Ministerio dispone de un equipamiento en el que se han gastado una cantidad enorme de recursos a fin de poner en funcionamiento un comedor, una cocina, una guardería, etcétera, destinado a atender no sólo el servicio a los funcionarios, sino también a otras actividades que existen allí. Como es sabido, aquí se dice: «Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores a contratar a término, con cargo a sus propias economías, mediante arrendamiento de obras o de servicios, al personal necesario para las tareas del Comedor destinado a sus funcionarios y del Jardín Maternal para los hijos de éstos. Las personas contratadas no revestirán la calidad de funcionarios públicos». Quiere decir pues, que si no aprobamos esta disposición, será imposible poner en funcionamiento este equipamiento que, como señalábamos, ha costado mucho dinero.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Simplemente deseo agregar a lo ya dicho por el señor senador Gargano que si reflexiona sobre lo que se está proponiendo, seguramente se advertirá que esto redundará en economías en el futuro, puesto que permitirá utilizar una infraestructura ya disponible. Estamos hablando de importantes economías. Esto es, que en el futuro, por ejemplo, la utilización del comedor al que aquí se alude permitirá ahorrar recursos que hoy se gastan en razón de que no se usa la infraestructura que está disponible. Esto también lo señaló el doctor Mezzera en Comisión.

En consecuencia, entiendo que al no votar este artículo estaríamos cometiendo un error importante, ya que obligaríamos a continuar gastando sumas que hoy forman parte de las erogaciones de la Cancillería, y que podrían ahorrarse, reitero, en caso de ponerse en funcionamiento esto que materialmente está construido, de lo cual se dispone y que, por otra parte es de una calidad excelente.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: corroboro lo expresado por los señores senadores Gargano y Astori. Señalo, también, que todos los miembros de la Comisión sabemos que esto fue manifestado por el señor Ministro interno de Relaciones Exteriores, doctor Mezzera.

Agrego, además -no recuerdo si lo manifestó el señor Ministro interino o quien habla, que fue el que introdujo este artículo en Comisión- que es muy importante la infraestructura que el Ministerio no sólo ha adquirido sino que también tiene montada para prestar este servicio, lo que le permitiría economizar mucho, entre otras cosas, porque podría brindar almuerzos o cenas de carácter diplomático. Si esto lo realiza fuera de allí, supondría una erogación mayor. Al respecto digamos que el costo en equipos se ubica en, aproximadamente, U$S 300.000.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 192.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 195.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Art. 195. - Créase a partir del 1º de enero de 1993 un Fondo Permanente de Compensación en el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cometido de atender complementaciones económicas mensuales a los funcionarios del Servicio Exterior (escalafón M) que desempeñen funciones en la Cancillería en régimen de dedicación total, durante los períodos de su adscripción a la República.

Para atender a la financiación de este Fondo, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá:

a) Destinar los superávit generados en las partidas de funcionamiento de las Misiones Diplomáticas y Consulares en el exterior, al cierre de cada ejercicio.

b) Habilitar el crédito equivalente a la diferencia entre lo planillado para atender los gastos de funcionamiento del inciso en el presente ejercicio y el gasto proyectado para los ejercicios siguientes.

La distribución de dicho Fondo se realizará de acuerdo al rango presupuestal, con una diferencia del 5% entre grado y grado del escalafón, conforme a la reglamentación que a tal efecto dicte el Ministerio de Relaciones Exteriores».)

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Tal como los señores senadores recordarán, durante el trámite que tuvo este artículo en Comisión se generó un fundamento afirmativo del mismo, a partir de la injusta situación de los funcionarios del Servicio Exterior durante su permanencia en el país. Naturalmente, no voy a abundar en detalles acerca de esta situación, pues ya todos tenemos conocimiento de ella y sabemos que es de estricta justicia repararla.

Sin embargo, pensamos que tan justa como esa vieja y legítima aspiración que acabo de mencionar, es la de mejorar la situación en que se encuentran todos los funcionarios del Ministerio, inclusive la de aquellos que no pertenecen al Escalafón M, o sea, al Servicio Exterior.

Estos últimos se encuentran, en las actuales circunstancias, viviendo una situación tan negativa como la de quienes están contemplados directamente en esta disposición. Por ello, quisiéramos proponer una pequeña modificación al texto del primer inciso del artículo 195. Como fundamento de mi propuesta, aludiré a las remuneraciones que perciben los funcionarios del escalafón M, así como también los que no están aún contemplados a través de este artículo. Simplemente, plantearé cuatro cifras, que corresponden a los extremos de cargos en una y otra situación.

En lo que respecta al Servicio Exterior, el sueldo líquido de Embajador apenas supera en este momento, los N$ 1:000.000, mientras que un Secretario de tercera, percibe una remuneración inferior a los N$ 600.000. En lo que respecta a los funcionarios administrativos de la Cancillería, en el caso del escalafón A 15, el sueldo líquido de un Director de División Técnico Profesional es de N$ 1:005.000; en lo que tiene que ver con el escalafón F 02, el sueldo líquido que percibe un auxiliar es de N$ 401.000.

Creemos que es fundamental mejorar la situación de los funcionarios del Servicio Exterior, pero consideramos igualmente importante mejorar la otra situación a que he hecho referencia. Por eso, pensamos que la redacción del primer inciso de esta disposición debería ser la siguiente: «Créase a partir del 1º de enero de 1993 un Fondo permanente de compensación en el Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cometido de atender complementaciones económicas mensuales a los funcionarios de dicho Inciso que desempeñen funciones en la Cancillería». Así, se hace extensiva esta disposición al resto de los funcionarios.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Estoy de acuerdo con la propuesta formulada por el señor senador Astori, y no voy a reiterar su argumentación. Señalo, además -y creo que es importante hacerlo- que los funcionarios del Servicio Exterior que, de aprobarse el artículo tal como fue votado en Comisión, serían los únicos beneficiarios, se han comunicado conmigo, solicitando precisamente la modificación que acaba de proponer el señor senador Astori. Deseo destacar este gesto, ya que considero muy importante que quienes beneficiándose de esta disposición tal como ella está redactada, se preocupan porque la misma se extienda al resto de sus compañeros de la Cancillería.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - En el mismo sentido de la reflexión que acaba de hacer el señor senador Cassina -que comparto totalmente- quiero señalar que la gremial de funcionarios del Servicio Exterior comparte la propuesta que se acaba de formular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Quiero dejar constancia de que también nosotros mantuvimos una entrevista con los funcionarios a quienes beneficiaba originalmente el texto de este artículo, en la que ellos solicitaron, precisamente, la modificación que acaba de proponer el señor senador Astori. En lo personal, hago el mismo elogio de esa actitud que ha hecho el señor senador Cassina.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto. He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: en Comisión nos pronunciamos negativamente con respecto a este artículo, por varios motivos. En primer lugar, porque desde el punto de vista constitucional, no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, y significa un aumento de sueldos, tal como se ha demostrado claramente.

En segundo término, desde el punto de vista presupuestal, significa una modificación del funcionamiento de la política presupuestal y de administración de los recursos, ya que se está destinando eventuales superávit de gastos de funcionamiento aumentos de sueldos -dentro del Inciso- distribuidos entre todos los funcionarios.

Por lo tanto, más allá de las razones de justicia que pueda haber para el mejoramiento de las retribuciones de los funcionarios del Servicio Exterior que luego de haber estado en el exterior vuelven y cumplen funciones en Montevideo, y más allá de todas las consideraciones que puedan ser extensibles al resto de los funcionarios de la Cancillería, creemos que la circunstancia en la que se plantea este aumento de sueldo no es adecuada desde el punto de vista legal ni presupuestal.

Por esta razón, votaremos negativamente este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea manifestar que si bien los sueldos a que ha hecho referencia el señor senador Astori son concretos, es decir, responden a cifras reales, es sabido que desde tiempo inmemorial, y a los efectos de paliar la situación en la que se encuentran los funcionarios del Servicio Exterior cuando tienen que pasar el período de su adscripción en Montevideo, existe un Fondo especial, denominado «Caja Mutua». Esto hace que su verdadera situación financiera, durante el período de su adscripción en Montevideo, no sea angustiosa, tal como aquí se ha querido señalar. Aclara ésta que esto no quiere decir que esa situación sea justa; simplemente, está haciendo referencia a la situación real.

Además, la forma de financiar este Fondo puede generar cifras muy abultadas. En el literal a) de la disposición se habla de destinar los superávit generados en las partidas de funcionamiento de las misiones diplomáticas y consulares en el exterior al cierre de cada Ejercicio. Concretamente, puedo decir que en el Ejercicio anterior, sólo en nuestra Embajada en Buenos Aires hubo un superávit de U$S 100.000.

Por otra parte, se habla de habilitar el crédito equivalente -debería decir «un» crédito- a la diferencia entre lo planillado para atender los gastos de funcionamiento del Inciso en el presente Ejercicio y el gasto proyectado para los Ejercicios siguientes. Esto quiere decir que toda vez que se habilite un crédito de gastos de funcionamiento superior al del presente Ejercicio -correspondiente al año 1992- la diferencia generará un crédito suplementario para este Fondo. Si se entiende que los gastos de funcionamiento deben aumentar en U$S 1.000.000, simultáneamente se habilita un crédito equivalente de U$S 1:000.000, para este Fondo. Creo que esto no es razonable desde ningún punto de vista.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - No pensaba intervenir en la discusión de este artículo. Sin embargo, creo que a esta altura de las cosas, está claro para los miembros de la Comisión -ya que en ese ámbito este tema fue discutido- que los recursos de la Caja Mutua no alcanzan para cubrir compensaciones durante el lapso de cinco años en el que la gente debe esperar que se le otorgue un nuevo destino.

SEÑOR PRESIDENTE. - El lapso jamás es de cinco años, señor senador, sino de dos.

SEÑOR GARGANO. - Si el señor Presidente me lo permite, pienso que se podría presentar aquí información que seguramente eliminaría lo terminante de las afirmaciones categóricas que ha realizado la Mesa. Quien habla lo podría hacer. Precisamente, la Comisión recibió la documentación en ese sentido.

En este momento el señor senador Arana me señala que el período mínimo es de dos años, pero puede extenderse a cinco. Inclusive, hay mucha gente que ha esperado 10 años, aunque quizás esto haya ocurrido debido a otras razones. Es decir que la Caja Mutua compensa según el aporte que se ha hecho a ella. Entonces, la disposición que traemos de la Comisión para que el Pleno la analice, tiende a buscar una retribución que permita que esos sueldos -que se ubican en los U$S 1:000.000- de alguna manera compensen a aquellos funcionarios que tienen una trayectoria muy larga. Además, por disposición del Estado -y aquí radica el problema- deben cumplir con determinados requisitos como por ejemplo el de la vestimenta. Un embajador no puede recibir a un diplomático extranjero vistiendo una campera. Esto que puede parecer algo absurdo, en la vida cotidiana ocurre. Pienso que para que estos funcionarios cumplan con lo que se les solicita, se les deben proporcionar los recursos adecuados. También parece evidente que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores deberían ser incluidos en esta disposición porque, aunque parezca mentira, son de los peor pagos de la Administración. Inclusive, el año pasado casi se declararon en huelga. El hecho fue muy especial; repartieron dentro de la Cancillería volantes que informaban que sus sueldos no llegaban a los N$ 400.000. Por estas razones, su inclusión en esta disposición me parece de estricta justicia. Por lo tanto, el Fondo a que hacía alusión el señor Presidente y que calificaba de exagerado por su volumen, no lo es tanto, porque se trata de recursos que se obtienen de lo presupuestado para el Ministerio.

Por estas razones, acompañaré el artículo 195, con las modificaciones propuestas por el señor senador Astori.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 195 con el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-3 en 30. Negativa.

Por lo tanto, ahora procederemos a votar el artículo 195, con el texto propuesto por el señor senador Astori.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

(Aplausos en la Barra)

-La Mesa advierte que la Barra no puede realizar manifestaciones y, aunque la Presidencia comprende las razones del aplauso, solicita que no se insista en este tipo de actitudes, pues se va a ver en la desagradable obligación de hacerla desalojar.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Antes de ingresar al estudio de un nuevo Inciso, queremos hacernos eco de una solicitud del señor senador Singlet y, en consecuencia, vamos a pedir la reconsideración del artículo 156.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera el artículo 156.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 156.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Este artículo se refiere a los cometidos de la Dirección Nacional de Aduanas. Pienso que habría que agregar un inciso final que dijera: «Es de exclusiva competencia de la Dirección Nacional de Aduanas la valoración y verificación de todas las mercaderías declaradas en los despachos de importación que se pretendan introducir en el país». La finalidad de esta disposición es aclarar cuál es la competencia que hace mención expresa al artículo 156, así como la verificación de toda la mercadería introducida en el país. Este último es el procedimiento en virtud del cual la Dirección Nacional de Aduanas revisa si los objetos se corresponden con lo declarado, tanto en cantidad como en calidad. La valoración, se refiere al valor de la mercadería.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Como no tengo en mi poder el repartido, quizás interpreté mal su contenido. Si no entendí mal, la Dirección Nacional de Aduanas tendría la exclusividad en la fijación del valor que corresponda a la mercadería. Entonces, pregunto al señor senador proponente si esto no entra en colisión con las facultades legales que tiene el Banco de la República en el sentido de efectuar el contralor. Este Banco, por realizar dicho contralor, percibe un ingreso importante. Me gustaría que se me aclarara este aspecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Pienso que esto no tiene relación con lo manifestado por el señor senador Pereyra. En el seno de la Comisión surgió la preocupación de una tendencia destinada a sustraerle competencias en materia de comercio exterior al Banco de la República. Pienso que éste las debe seguir ejerciendo, en cuanto a la liquidación cambiaria, que es su tarea típica, pero esta operación se relaciona con las dudas que puedan surgir en el valor de cada mercadería.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Me voy a referir en forma muy breve a lo que ha expresado el señor senador Zumarán. Se está hablando de dos tareas totalmente diferentes: la aduanera es de valoración de la mercadería y la del Banco de la República, además de lo que expresó el señor senador Zumarán, es la de clasificar dicha mercadería en función de ciertas categorías que hacen a su participación en el contralor del comercio exterior. Que quede claro que la valoración debe ser hecha por parte de la Dirección Nacional de Aduanas y que no colide en absoluto con las funciones que realiza el Banco de la República. Es más; en este proyecto de ley se han realizado propuestas en el sentido de transferir a la Dirección Nacional de Aduanas lo que hoy realiza el Banco de la República, tal como lo señalaba el señor senador Zumarán. Los señores senadores que integran la Comisión recordarán que discutimos este punto y lo referimos, sobre todo, a la vigencia de algunos artículos de la Ley Nº 10.000. Evidentemente, no vamos a abrir ahora el debate sobre las otras propuestas porque sería oportuno discutirlo en otro momento. Lo que analizamos aquí es la valoración de mercaderías que a los efectos correspondientes realiza la Dirección Nacional de Aduanas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Por lo tanto, mociono para que se incluya este inciso final que me parece tiene la virtud de despejar definitivamente cuál es el cometido de la Dirección Nacional de Aduanas, dándole certeza a los funcionarios aduaneros y a su Dirección, sobre sus cometidos en el recinto aduanero. Debe decirse claramente que les incumbe la determinación de la tarea de valoración de la mercadería que se introduce al país, así como su verificación.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Quiero señalar que este artículo fue objeto de estudio en la Comisión Especial y se refiere fundamentalmente a los errores cometidos en la declaración de valor de las mercaderías que pueden advertirse o calificarse de buena fe. También hace alusión, a aquellos errores cometidos en dicha declaración de valor, que no pudieran advertirse o calificarse como de buena fe, así como a la comprobación de la reiteración de errores como los indicados en los dos incisos anteriores.

Este artículo trata de una materia totalmente diferente a lo que es la valoración y verificación de las mercaderías. «Prima facie», la inclusión de este último inciso en esta disposición no tendría una relación razonable con lo que se establece en los incisos precedentes. Normalmente, la verificación y la valoración de la mercadería la realiza la Dirección Nacional de Aduanas.

En consecuencia, entiendo que si existe intención de incluir este inciso, no estaría en condiciones de pronunciarme sobre si esta propuesta de los señores senadores Singlet y Zumarán es conveniente o compatible con todo un régimen orgánico de verificación y valoración aduanera.

En ese sentido, quiero manifestar que mi voto será negativo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia considera que el tema se clarifica si tenemos en cuenta cuál es el contenido de la norma que se quiere sustituir, ya que no tiene nada que ver -como bien expresó el señor senador Cadenas Boix- con lo que ahora se está planteando. A estos efectos, conviene tener en cuenta el artículo 25 del decreto-ley Nº 14.629 que, si no recuerdo mal, es el Código Aduanero y que dice lo siguiente: «Cuando la declaración de valor en la importación sea incorrecta y no se traduzca en perjuicio fiscal, se impondrá una sanción por la Dirección Nacional de Aduanas, de acuerdo con el artículo 95 del Código Tributario». Ese artículo 95 a que hace referencia esta norma, es el que pena con una multa la contravención, que es la violación de leyes o reglamentos que establecen deberes formales.

Sin embargo, con la inclusión de este inciso se establece un sistema mucho más complicado. Se distingue entre errores cometidos de buena fe y aquellos en lo que existe dolo. Sobre estos puntos trata el artículo 96 del Código Tributario que pena la defraudación. A nuestro entender, este sistema modifica normas del Código Tributario en lo que tiene que ver con las infracciones cometidas en materia aduana, en las que hay obligaciones impositivas, que están regidas por dicho Código. Sinceramente, no comprendo con qué fin se propone esta reglamentación de una norma que en su origen era muy sencilla y que cuando no abarcaba la hipótesis de hecho comprendida en el error en la declaración de valor, regía el Código Tributario que comprende todas las hipótesis en las que no se pagan los impuestos o se hacen declaraciones falsas a fin de obtener rebajas al momento de pagar los mismos.

En consecuencia, por esa razón de carácter general a la que siempre se alude, en el sentido de que no es conveniente modificar los Códigos en las Leyes Presupuestales -que es en realidad lo que se está haciendo con esta modificación del artículo 25- consideramos que no corresponde introducir una norma sobre la competencia de la Dirección General de Aduanas en materia de verificación de valor de mercaderías importadas, que constituye un tema diferente al que regula el artículo 156 de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - De las palabras expresadas por la Presidencia, interpreto -ruego ser corregido si me equivoco- que su duda radica en el hecho de que la materia a la que refiere la propuesta de los señores senadores Singlet y Zumarán, sería ajena a la del artículo 156.

SEÑOR PRESIDENTE. - Su interpretación es la correcta, es ajena al artículo 156, y más aún al 25 del Código Aduanero que es el que sufre la modificación.

SEÑOR ASTORI. - Eso significa que una disposición está contenida en la otra, ya que el artículo 156 es una modificación del 25. ¿Incurro en una equivocación al hacer esta interpretación?

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor senador, su conclusión es correcta.

SEÑOR ASTORI. - Estamos tratando dos temas: el que plantea el señor Presidente -que recibo con mucho respeto, ya que considero que es muy legítimo- que, en lo que me es personal, me genera dudas en cuanto a la vinculación entre las materias y el tema de fondo, que refiere a si es necesaria o no esta declaración. Tengo en mi poder una reciente resolución del Ministerio de Economía y Finanzas que pienso fundamenta la necesidad de que exista una norma de este tipo, ya que en ella se autoriza la contratación directa de los servicios de asesoramiento necesario a la mesa de valoración creada por el artículo 8º del Decreto de 16 de julio de 1992. Esto se establece al amparo de lo dispuesto por el literal J) del numeral 3º del artículo 33 del Texto Ordenado.

En definitiva, queremos dejar en claro que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado una resolución que puede quitar a la Dirección Nacional de Aduanas la competencia de valoración, lo que constituye algo que quisiéramos evitar.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Mi intención es traer a la memoria de los señores senadores algunas aclaraciones realizadas, precisamente, por el Director Nacional de Aduanas y el asesor letrado que le acompañó, cuando los recibimos en el seno de la Comisión Especial de Artículos Desglosados.

En ese sentido, debo decir que este artículo implica efectivamente una modificación del Código, lo que fue apoyado por la Comisión. Se invocaron acuerdos, convenios y costumbres internacionales en esta materia, por los que se distingue, en la declaración de valor de las mercaderías los errores de buena fe y aquellos que no lo son. Esta situación aparecía siempre como una especie de responsabilidad objetiva, debido a que nosotros no lo teníamos demasiado regulado, así como tampoco lo reglamentaba el Código Aduanero.

Por otra parte, es evidente que el aditivo que se propone procura disipar dudas. A mi entender, obviamente, lo que aquí se está estableciendo es una competencia de la Dirección Nacional de Aduanas. Trata la comparación del valor normal -que es el valor a los efectos aduaneros- con el valor declarado. Como existen tantas normas que podrían introducirse respecto a este punto, una forma de evitar que se puedan encontrar otras soluciones, es declarar específicamente que esto corresponde a la Dirección Nacional de Aduanas.

Por tales razones, nos parece perfectamente razonable el aditivo que se ha propuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 156 venido de la Comisión.

(Se vota:)

-12 en 30. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 156 con el texto de Comisión, agregando el aditivo propuesto por los señores senadores Singlet y Zumarán.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Concuerdo con la redacción del texto aprobado en Comisión, pero en lo que tiene que ver con el aditivo que se ha presentado, se me plantean dudas en cuanto a la naturaleza de las modificaciones que se procuran introducir. Creo que hay aspectos de valoración que corresponden al Banco de la República, así como otros que le competen a la Dirección Nacional de Aduanas. En el entendido de que esta diferenciación no queda claramente establecida, he votado negativamente este artículo.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Quisiera aclarar que la valoración es competencia pura y exclusiva de la Dirección Nacional de Aduanas, tanto en nuestro país como en cualquier parte del mundo. Muy diferente es el tema de la verificación, ya que ésta puede ser realizada tanto por la Dirección Nacional de Aduanas como por el Banco de la República. Considero que el aditivo propuesto por los señores senadores Zumarán y Singlet, que hemos votado afirmativamente, es más que importante respecto a este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde tratar el Inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», que comprende los artículos 196 al 215, habiendo quedado desglosados los Nos. 197, 200, 206, 207 y 215.

En consideración los artículos del Inciso 07, excluidos los que han sido desglosados.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 196. - Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a proceder a la venta de todas las publicaciones que edite, de servicios de información, de asesoramiento técnico, de relevamiento, de elaboración e interpretación de estadísticas físicas y económicas del sector agropecuario.

Queda igualmente facultado a fijar el precio de venta de los referidos servicios y de las publicaciones que edite.

No será de aplicación en este caso lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Art. 198. - Sustitúyese el artículo 58 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, por el siguiente:

«ARTICULO 58. - Inclúyense a las plantaciones forestales y a los bosques, dentro de los bienes sobre los que puede recaer el contrato de prenda rural o agraria dispuesto por la Ley Nº 5.649, de 21 de marzo de 1918».

Art. 199. - Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a ajustar semestralmente en los meses de enero y julio de cada año, el monto de todas las tasas, tarifas, precios y multas que perciben los distintos servicios, no pudiendo superar la variación operada en el semestre anterior en el Indice de Precios al Consumo.

Las tasas, tarifas, precios y multas que tienen asignado expresamente un sistema de reajuste especial o por fórmulas paramétricas, podrán seguir regulándose por los mismos.

Art. 201. - Autorízase a la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Forestal, para atender con las partidas previstas en el artículo 45 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988 y en el artículo 251 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, los costos que demanden las inspecciones para el pago de subsidios a la forestación establecidas en las citadas normas.

A este efecto podrá disponerse de hasta el 2% (dos por ciento) de la recaudación del citado Fondo.

Art. 202. - Créase el Fondo de Investigación Pesquera, cuya titularidad y administración corresponderá al Instituto Nacional de Pesca, que se integrará con los siguientes recursos:

A) El producido de la comercialización del excedente de captura de los buques de investigación del Instituto Nacional de Pesca.

B) Los fondos generados por los convenios que se celebren con organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros.

C) La tasa que por la expedición de permisos de pesca perciba el Instituto Nacional de Pesca, según el artículo 29 de la Ley Nº 13.833, de 29 de diciembre de 1969. Esta será fijada anualmente por el Poder Ejecutivo, relacionándola con el tonelaje de registro bruto de cada embarcación involucrada, sin exceder las 15 UR por tonelada de registro bruto.

D) La tasa que percibe el Instituto Nacional de Pesca por la certificación de calidad de las exportaciones de productos pesqueros conforme al artículo 82 del decreto-ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979 y las disposiciones reglamentarias correspondientes.

E) Las tasas, tarifas, precios, cánones, derechos, multas y decomisos, que determinen las leyes y reglamentaciones respectivas.

F) Herencias, legados y donaciones.

G) Los otros ingresos que se le asignen por vía legal o reglamentaria.

Art. 203. - Agrégase al artículo 36 de la Ley Nº- 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el siguiente literal:

"M)Las contrataciones que realice el Instituto Nacional de Pesca del personal destinado a atender las tareas de los buques de investigación a su cargo.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta del Instituto Nacional de Pesca, aprobará las bases para las contrataciones de referencia".

Art. 204. - Declárase que la afectación al uso a que refiere el artículo 29 de la Ley Nº 16.065, de 6 de octubre de 1989, alcanza exclusivamente a los bienes inmuebles. Los demás bienes, derechos y obligaciones a que refiere dicha norma quedan transferidos de pleno derecho al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

La presente disposición será aplicable en lo pertinente, a los bienes adquiridos por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias como organismo ejecutor del Contrato de Préstamo Nº 524 OC/UR celebrado entre el Estado Uruguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Art. 205. - Cométese al Poder Ejecutivo el nombramiento de una Comisión Especial que proyecte un Código de Derecho Agrario.

Art. 208. - Facúltase a la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales a afectar al pago de horas extras de sus funcionarios, hasta un máximo del 10% (diez por ciento) de sus recursos extrapresupuestales de libre disponibilidad.

Art. 209. - Declárase, por vía interpretativa, que dentro de los cometidos asignados al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el artículo 3º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, no se encuentran comprendidas la formulación y ejecución de las políticas relativas a los recursos naturales renovables, así como la delimitación, manejo y administración de áreas protegidas y parques nacionales. Tales cometidos seguirán siendo competencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al que también corresponderán las relaciones con los organismos internacionales vinculados con dichas materias, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las referidas políticas deberán guardar armonía con los planes nacionales de protección del medio ambiente formulados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Art. 210. - Cométese a los funcionarios policiales, aduaneros de la Prefectura Nacional Naval en su jurisdicción, e inspectivos de la División Fauna de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, el contralor y represión de ilícitos contra la fauna silvestre y el monte indígena en todo el territorio nacional.

Incurrirán en falta grave los funcionarios antedichos que en conocimiento de ilícitos o acciones depredatorias de la fauna silvestre o el monte indígena no adopten medidas conducentes a su represión.

Art. 211. - Las infracciones a la Ley Nº 9.481, de 4 de julio de 1935, y su reglamentación, serán sancionadas en vía administrativa con:

A)Multa entre 10 UR y 1.000 UR.

B)Comiso de animales vivos de la fauna silvestre o sus productos; armas, artes de caza, implementos utilizados para la misma y vehículos en que los frutos de la caza se transporten.

En la aplicación de las sanciones antedichas deberá guardarse una razonable proporción entre la sanción y la infracción cometida.

Art. 212. - Sustitúyese el artículo 274 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 274. - El producto de las multas aplicadas por violaciones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de fauna indígena como el producto por la venta de pieles, cueros, plumas, vehículos, implementos y efectos decomisados por dichas infracciones, se distribuirá en la siguiente forma:

A) 50% (cincuenta por ciento) entre los funcionarios inspectivos o policiales actuantes.

B) 10% (diez por ciento) para el Ministerio del Interior o Prefectura Nacional Naval, según corresponda.

C) 40% (cuarenta por ciento) para la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Art. 213. - Sustitúyese el artículo 183 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 183. - Sustitúyese el artículo 273 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

‘ARTICULO 273. - Las violaciones o infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia forestal, además de las multas establecidas en el artículo 6º de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, podrán ser sancionadas con el comiso de los productos forestales en infracción y los vehículos, maquinarias, herramientas y demás efectos utilizados para su corta, extracción o tránsito.

Los productos forestales decomisados serán donados por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables a hospitales, escuelas, institutos de enseñanza, comedores públicos, hogares de ancianos, dependencias del Instituto Nacional del Menor o dependencias policiales.

El producto de las multas aplicadas por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia forestal. así como el producido de la venta de vehículos, maquinaria, herramientas y demás efectos utilizados para su corta, extracción o tránsito, decomisados por dichas infracciones, se distribuirá de la siguiente manera:

A) 50% (cincuenta por ciento) entre los funcionarios inspectivos de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y policiales que intervengan en los procedimientos.

B) 10% (diez por ciento) para el Ministerio del Interior o Prefectura Nacional Naval, según corresponda.

C) 40% (cuarenta por ciento) para la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Art.214. - Sustitúyese el artículo 23 de la Ley Nº 16.211, de 10 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 23. - El Instituto Nacional de Pesca tendrá a su cargo la conservación y preservación de los lobos, ballenas, delfines y demás mamíferos marinos y tendrá al respecto los más amplios poderes de policía en todas las costas e islas del país y en las zonas de derecho exclusivo de pesca".)

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos correspondientes al Inciso 07, con excepción de los artículos 197,200,206,207 y 215, que fueron desglosados.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 197.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 197. - Fusiónanse todas la unidades ejecutoras del programa 001 "Administración Superior" así como la Unidad Ejecutora 005 "Dirección de Investigaciones Económicas Agropecuarias" del programa 002 "Contralor y Estudios Agropecuarios" en la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General" del programa 001.

La asignación de bienes, ingresos presupuestales y extrapresupuestales que las disposiciones vigentes prevén respecto de las reparticiones que se fusionan, se reputarán hechas a la Unidad Ejecutora 001 citada.

Las mencionadas reparticiones mantendrán la asignación de cometidos y atribuciones desconcentradas previstas en las disposiciones vigentes".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 197.

(Se vota:)

-20 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 200.

El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 200. - Sustitúyese el artículo 199 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 199. - Sustitúyese el párrafo final del artículo 319 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

‘Las recaudaciones serán vertidas a Rentas Generales y, de ellas, el 50% (cincuenta por ciento) será entregado trimestralmente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el mejor cumplimiento de las funciones de la Dirección de Industria Animal. Con cargo a estos recursos podrá atenderse el pago de horas extras’.")

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Queremos hacer notar que con su actual redacción, que aumenta en un 25% la disponibilidad del Fondo de Inspección Sanitaria del Ministerio, este artículo tiene un costo de U$S 1:000.000, para Rentas Generales.

En virtud de ello, vamos a votarlo negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra. se va a votar el artículo 200.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Solicito la reconsideración del artículo 179.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 179.

(Se vota:)

-26 en 30. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 179.

SEÑOR CIGLIUTI. Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Recuerdo a los señores senadores que este artículo se votó con la redacción que venía de la Cámara de Representantes, con la del Poder Ejecutivo y, finalmente aquí con el texto de la Comisión. Ella implica un 10% destinado a gastos de promoción social y bienestar de los recursos humanos de dicha unidad ejecutora. El señor senador Cassina propuso un 30%.

Ahora, propongo que se vote nuevamente este artículo 179, con la enmienda propuesta por el señor senador. O sea, que en lugar de decir: "podrá destinar hasta un 10%", diga "destinará un 30%", continuando el mismo texto.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - De acuerdo con mis anotaciones, esta disposición fue votada en todas sus posibilidades, por lo que su votación no puede ser nuevamente rectificada. Aclaro que este artículo fue votado cuatro veces.

SEÑOR PRESIDENTE. - Esta disposición se votó en tres oportunidades por vía de rectificación, por lo que su redacción no se puede rectificar más. Lo que sí se puede hacer, es solicitar su reconsideración, cosa que aún no se realizó.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Creo que este problema también se planteó en Comisión y, por lo tanto, sería razonable que pensáramos en conjunto sobre el mismo.

Si se pide una reconsideración es para rectificar la votación, no para hablar en vano. O sea, que si se efectúa dicha reconsideración no será, señor Presidente, para "saludar la bandera" sino, simplemente para rectificar una votación. Si el límite ya está establecido, lamentablemente, no podremos votar nuevamente.

Si fijamos este precedente, luego lo aplicaremos para todos los demás artículos, con lo que no habrá límite para las votaciones y rectificaciones.

Personalmente, no me opongo a este artículo, dado que no es de vital importancia, pero luego se puede plantear el caso de que tengamos un especial interés en reconsiderar un artículo y con este criterio, vamos a entrar en un camino que no será el más adecuado para el funcionamiento del tema. Por lo tanto, creo que deberíamos manejarnos con cierta coherencia y prudencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo 99 del Reglamento dice que si cualquier senador solicitase la rectificación de la votación, después de proclamado su resultado y antes de pasarse a otro punto, el Presidente hará que se rectifique. Además expresa que no se podrá rectificar más de tres veces una misma votación.

Debo decir que ya se rectificó tres veces la votación de este artículo.

Además, el artículo 102 dice que fuera de la rectificación, no podrá volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que deberá plantearse en la misma sesión o en la primera que se celebre, pudiendo fundarse durante un término no mayor de cinco minutos y resolverse, sin ulterior debate, por mayoría de votos de los Senadores presentes.

Asimismo agrega que, acordada la reconsideración, se reabrirá la discusión de inmediato y para que la resolución pueda ser anulada o modificada, se requerirá la conformidad de un número mayor que el que la sancionó o más de la mitad de los votos del total de componentes del Cuerpo, según corresponda.

Debo decir que no sólo se pidió la rectificación de esta disposición, sino también su reconsideración, la que se acordó.

Personalmente, concuerdo, en el fondo, con lo que ha expresado el señor senador Abreu. Sin embargo, la Mesa tiene la obligación de hacer cumplir el Reglamento y no puede prohibir a un señor senador que pida que sea reconsiderada una disposición que aún no lo ha sido, por más que su votación se haya rectificado en tres oportunidades.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Lo que voy a decir es muy sencillo.

Recién estamos en el artículo 200 y aún nos queda un largo trecho por caminar. Sólo queríamos advertir -porque en este caso parecería que se va a conformar una mayoría para votar el artículo en forma distinta- que no parece lógico que entremos a la reconsideración de distintos artículos, como consecuencia de estar mirando el quórum que hay en Sala, para ver si se tiene, o no, mayoría. Sabemos que, reglamentariamente, no nos podemos oponer a ello, pero queremos dejar esta constancia, porque luego se puede dar el caso de que frente a un artículo que votamos negativamente, y que el Senado aprobó por mayoría, tengamos la posibilidad de que cuando veamos que el quorúm está a nuestro favor, planteemos su reconsíderación y posterior votación.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Concuerdo con el criterio expuesto por el señor Presidente de la lectura del Reglamento. Sin embargo, me parece que, en este caso, al solicitarse la reconsideración, habrá que agregar algún elemento nuevo y no volver a votar las opciones que se plantearon con anterioridad. De lo contrario, esto no tendrá limite.

Reitero que pienso que la reconsideración supondrá plantear algún elemento nuevo en la discusión.

VARIOS SEÑORES SENADORES. - Apoyados.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Quiero decir que, cuando se votó este texto, el Cuerpo no estaba totalmente integrado. Además, no sé cómo va a resultar la votación en este momento. Hace unos instantes había 26 senadores en Sala y ahora hay 29 ó 30.

El único interés que me anima es que pueda salir una buena solución del Senado. No es una cuestión de oportunidad o de conveniencia.

Con respecto a este artículo, no tengo nada que agregar; si de mi dependiera, votaría el texto de la Cámara de Representantes, no éste, que se propuso a último momento como una posible solución. Por último, se votó con la especificación del 10%, porque algunos señores senadores cambiaron su voto.

Repito que, ahora, no sé cómo va a resultar la votación. Sin embargo, creo que la reconsideración es pertinente.

Además, luego de efectuada una reconsideración, hay que proceder a la votación, que es la única manera de cerrar el debate.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 179 con el texto propuesto por el señor senador Cassina, es decir, que en lugar de "podrá destinar hasta un 10%" diga "se destina un 30%".

(Se vota:)

-14 en 30. Negativa.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Hago moción en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio hasta las 14 horas y 15 minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 14 y 15 minutos.

(Así se hace. Es la hora 13)

4)SOLICITUDES DE LICENCIA

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número continúa la sesión.

(Es la hora 14 y 25 minutos)

Dése cuenta de dos solicitudes de licencia.

(Se da de las siguientes:)

"El señor senador Omar Urioste solicita licencia por el término de 31 días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 2 de octubre de 1992

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Señor Presidente licencia por el término de 31 días a partir del día 5 del mes en curso.

Sin otro particular le saludo con mi más alta estima.

Omar Urioste. Senador".

-Se va a votar la solicitud de licencia presentada por el señor senador Urioste.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Se convocará al suplente respectivo.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Bouza solicita licencia por el término de 31 días.

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, octubre 2 de 1992

Señor
Presidente del Senado
Doctor Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente vengo a solicitar al Senado que me conceda licencia por 31 días a partir del día 5 de octubre del corriente. Motiva este pedido el hecho de que integro una misión oficial en representación de la República.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Federico Bouza Senador".

-Se va a votar la solicitud de licencia presentada por el señor senador Bouza.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se convocará al suplente respectivo.

5)RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 1991. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Al disponerse el cuarto intermedio se estaba considerando el Inciso 07, del cual se habían votado en bloque las disposiciones que no habían sido objeto de una solicitud para que se consideraran separadamente.

En consideración el articulo 206.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art 206. - Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a otorgar a los funcionarios de la Unidad Ejecutora 014 "Dirección de Laboratorios Veterinarios Miguel C. Rubino" Programa 005 "Servicios Veterinarios", una partida por concepto de alimentación.

El monto global de la misma no podrá exceder del 40% (cuarenta por ciento) de los recursos extrapresupuestales de la referida unidad ejecutora y se atenderá con cargo a los recursos extrapresupuestales que ella genere.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-10 en 17. Afirmativa.

En consideración el articulo 207.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 207. Asígnase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la aplicación y ejecución de las sanciones por infracciones que comprueben la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales, el Instituto Nacional de Pesca y la Dirección de Granos, sin perjuicio de sus actuales cometidos.

Esta disposición no altera el actual destino del producido de las multas".)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: de acuerdo con este artículo se asigna al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la aplicación y ejecución de las sanciones por infracciones que compruebe la Dirección de Contralor de Semovientes, DICOSE. Esta disposición trae consecuencias de carácter burocrático que son absolutamente negativas para el funcionamiento del mencionado Ministerio. Según lo que se nos ha planteado estos trámites se transferirían de DICOSE -que es la oficina donde se comprueban y tramitan los expedientes de las multas, que al cabo del año son miles- a una dependencia distinta del Ministerio. La idea es que sigan en una Unidad Ejecutora dentro del área jurídica del Ministerio. Hasta este momento estos expedientes tenían curso dentro de la propia Dirección de Contralor de Semovientes, y lo que se pretende es que no se complique aún más este trámite de sanciones a las infracciones que se materializan y que el círculo se cierre dentro de ese marco. El artículo, en vez de mejorar el proceso lo empeora y lo vuelve más engorroso. Creo que al respecto no existen dos opiniones en cuanto a la eficacia con que ha trabajado siempre DICOSE.

En consecuencia solicitamos al Senado que no vote este artículo y que se mantenga el actual esquema de funcionamiento de la Dirección de Contralor de Semovientes.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia quiere recordar que respecto a este artículo hay una fe de erratas y la verdadera redacción no contiene el inciso final. Esta dice: "Artículo 207. - Compete a la Dirección de Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la determinación y ejecución de las sanciones por infracciones que comprueben la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales, el Instituto Nacional de Pesca y la Dirección de Granos, según sus materias".

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: la fe de erratas empeora la actual redacción porque todo el trámite recae en la Dirección de Contralor de Semovientes que debe constatar la infracción y la ejecución corre por cuenta de la otra unidad ejecutora y por la eliminación del artículo lo que se hace es transferir la partida de proventos a otros destinos. Me parece que la enmienda -es decir la fe de erratas- es peor que el soneto y esta es una razón más para no votar el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Al dar cuenta de la fe de erratas, el Presidente no abrió juicio sobre el mérito de la disposición. Lo único que se hace es restablecer lo que se votó en Comisión que es lo que resulta del Acta Nº 131 del 7 de setiembre de 1992. Esto es lo que está a consideración del Senado.

En opinión de la Presidencia, no debería decir "compete a la Dirección de Servicios Jurídicos" sino compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por intermedio de su Dirección de Servicios Jurídicos, la aplicación y ejecución de las sanciones", etcétera. La competencia no puede ser de una Dirección sometida a jerarquías dentro del Ministerio, sino que, en todo caso, es el Ministerio.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: quiero dejar constancia de que no voy a acompañar esta disposición por los argumentos expuestos por el señor senador Gargano.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: no sé si éste es el momento oportuno, pero solicito que se rectifique la votación del artículo 206.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación del artículo 206.

(Se vota:)

-10 en 22. Negativa.

SEÑOR RAFFO. - Solicito que se rectifique nuevamente la votación del artículo 206.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar nuevamente la votación del artículo 206.

(Se vota:)

-10 en 22. Negativa.

SEÑOR RAFFO. - Solicito que se rectifique nuevamente la votación del artículo 206.

SEÑOR GARGANO. - De esta manera no se puede trabajar, señor Presidente.

SEÑOR ASTORI. - Esta no es una manera leal de legislar.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Esto lo vi hacer en otras oportunidades cuando no era Presidente del Senado; cualquier senador tiene la facultad de solicitar la rectificación y la Mesa no puede impedirlo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar nuevamente el artículo 206.

(Se vota:)

-10 en 22. Negativa.

SEÑOR ASTORI. - Esta no es una manera leal de trabajar.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE. - Estos dialogados están fuera de lugar y el tiempo apremia, por lo que vamos a continuar con la consideración del articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 207 con el texto venido de la Comisión, según la fe de erratas.

(Se vota:)

-12 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 215.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 215. - Sustitúyese el artículo 636 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 636. - Facúltese al Poder Ejecutivo a fijar la tasa del impuesto creado en el artículo 321 de la Ley número 15.809, de 8 de abril de 1986, entre el 0% (cero por ciento), y el 2,5% (dos y medio por ciento)."

-Si la Presidencia no recuerda mal, actualmente el Poder Ejecutivo tiene la facultad de fijar la tasa entre un 1,5% y un 3% o un 1% y un 2,5%. Por este articulo se autoriza a bajarla al 0%.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: nosotros no vamos a votar este artículo con la redacción venida de la Comisión. Creemos que el Plan de Silos es una parte esencial que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en materia de política agrícola. Dentro de esa estrategia de construcción de silos y de su mantenimiento, no se ha cumplido totalmente con los objetivos que se habían trazado. Por ello es necesario mantener los recursos con los cuales no sólo se construyen silos, sino se hace su mantenimiento lo que está a cargo, en general, de las cooperativas agrarias. Pensamos que los beneficios que puede traer la desgravación total, va a enlentecer y llevar en muy breve plazo, prácticamente, a la inoperencia este Plan.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 215.

(Se vota:)

-14 en 24. Afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: voy a solicitar la reconsideración del artículo 199 que, por inadvertencia, se incluyó entre los que no fueron desglosados, ya que voy a proponer un aditivo al mismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud del señor senador Cigliuti en el sentido de que se reconsidere el artículo 199.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: por este artículo 199 se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a ajustar semestralmente el monto de las tasas, tarifas, precios y multas que perciben los distintos servicios. Junto con esta redacción el total de lo recaudado por este ajuste se destinará, naturalmente, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Los funcionarios de la Dirección de Sanidad Animal intentan obtener un 50% de este producido para mejorar sus escasas remuneraciones. Entonces, se trataría de incluir luego de la expresión "Indice de Precios al Consumo", lo siguiente: "Los recursos provenientes de este ajuste, que correspondan a la Dirección de Sanidad Animal, serán destinados, en un 50%, para gastos de funcionamiento y el restante 50% para compensar a sus funcionarios. La citada Dirección" -se entiende que es la Dirección de Sanidad Animal- "quedará exceptuada de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley Nº 15.905".

Propongo que se hagan estos agregados, de modo que del conjunto que resulte de estos recursos, los que correspondan a esta Dirección se dividan en partes iguales para gastos de funcionamiento y para compensar a sus funcionarios.

Formulo moción en ese sentido y entrego el texto del artículo sustitutivo a la Mesa.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: simplemente deseo recordar que este artículo 199, tenía el Nº 172 en el proyecto de la Cámara de Representantes y el 154 en el Mensaje original del Poder Ejecutivo. la redacción es idéntica en los tres casos y, en su momento, se votó 12 en 12 en la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La votación de este artículo en el Senado fue de 30 en 30.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: aunque ha sido permanentemente reiterado, queremos señalar que la propuesta del señor senador Cigliuti, por más que tenga la mejor buena voluntad y simpatía, carece de posibilidades a nivel constitucional como para ser apoyada, por cuanto se trata de un aumento de sueldo que se otorgaría, simplemente, por inspiración de un legislador. Hasta ahora no es posible realizar esto a nivel parlamentario. Si lo fuera, todos tendríamos las mejores intenciones para plantear aumentos de sueldo a los funcionarios públicos. Sin embargo, la Constitución es en ese sentido estricta y muy clara, tal como lo hemos expresado muchas veces.

Por las razones expuestas, más allá de la justicia y de la simpatía de la disposición propuesta por el señor senador Cigliuti, constitucionalmente resulta imposible acompañar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 199 con el texto propuesto por el señor senador Cigliuti por vía de reconsideración.

(Se vota:)

-14 en 26. Negativa.

La Presidencia aclara que el resultado de la votación es negativo porque, por tratarse de una reconsideración, este artículo precisaba mayor cantidad de votos que los obtenidos en la votación original. De todas maneras, igualmente precisaba mayoría absoluta y tampoco la ha obtenido.

A esta altura, por razones prácticas -y visto que va pasando el tiempo- la Presidencia quiere sugerir lo siguiente al Senado. Tiene en su poder la numeración de todos los artículos cuya votación por separado se ha propuesto. Si no hubiera inconveniente, se podría votar en bloque el resto del proyecto. Los artículos cuya votación separada se ha solicitado son los números: 216, 244, 251, 256, 257, 267, 268, 270, 271, 272, 276, 284, 285, 304, 307, todo el Inciso 13...

SEÑOR RAFFO. - Como el señor Presidente los va nombrando en forma correlativa, quiero saber qué sucedió con el artículo 298, que tenía anotado porque también había sido pedido su desglose.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, señor senador, este artículo también fue desglosado; simplemente omití su lectura.

Como decía, también se pidió la votación separada de todo el Inciso 13, correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los artículos 348, 354, 384, 387 a 391, 393, 407, 415, 417, 418, todo el Inciso 28, que corresponde al Banco de Previsión Social, y los artículos 472, 473, 476, 481 a 484, 486 y 494.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Por una cuestión práctica, nada más, deseo saber si es posible repartir una fotocopia a los señores senadores de la hoja con la numeración que leyó el señor Presidente a los efectos de no estar consultando a la Mesa a cada instante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor senador; aunque se trata de un borrador sin ninguna formalidad, la Mesa lo fotocopiará y repartirá un ejemplar a cada señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Agradezco a la Mesa, porque de esa manera no la vamos a estar molestando a cada instante y se agilitará el trámite de la sesión.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que también se desglose el artículo 305.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Solicito que se voten por separado los artículos 333 y 479.

SEÑOR PRESIDENTE. - Con respecto al artículo 333, la Mesa aclara que ha sido postergado todo el Inciso, que es el correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que se desglose el artículo 488.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así se hará, señor senador.

En consideración, entonces, el resto del articulado, con excepción de los artículos cuyo desglose se ha solicitado.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 217. - Modificase el artículo 175 de la Ley Nº- 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 175. - Autorízase a la Dirección Nacional de Industrias la venta de formularios referidos a los trámites, solicitudes y certificados que se cursen ante dicha Dirección, en 0,20 UR (unidades reajustables 20/100)

Estos ingresos se destinarán en su totalidad a gastos de funcionamiento e inversión de dicho servicios, no pudiendo ser utilizados para el pago de retribuciones personales".

Art. 218. - Sustitúyese el artículo 174 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 174. - Fíjanse los siguientes valores para las tasas creadas por el artículo 331 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986:

1) Tasa de aprobación de modelo

Por cada modelo sometido a aprobación se exigirá la Tasa de acuerdo a la siguiente tabla:

Precio de venta al público (N$)                               Tasa (N$)

Hasta 7 UR                                                                      0.75 UR

de 7 UR a 14 UR 0,75 UR + 100% del exceso sobre 7 UR

de 14 UR a 28 UR 1.5 UR + 50% del exceso sobre 14 UR

de 28 UR a 70 UR 2.0 UR + 25% del exceso sobre 28 UR

de 70 UR a 140 UR 3.0 UR + 10% del exceso sobre 70 UR

de l40 UR a 7OO UR 3.5 UR + 5% del exceso sobre 140 UR

de 700 UR en adelante 4.5 UR + 1% del exceso sobre 700 UR

2) Tasa por verificación primitiva

Por cada unidad verificada se exigirá la tasa de acuerdo con la siguiente tabla:

Precio de venta al público (N$)                                 Tasa (N$)

Hasta 7 UR 5% sobre precio de venta al público

de 7 UR a 14 UR O.35 UR + 10% del exceso sobre 7 UR

de 14 UR a 28 UR 0.70 UR + 7.5% del exceso sobre 14 UR

de 28 UR a 70 UR 1.4 UR + 5% del exceso sobre 28 UR

de 70 UR a 140 UR 3.0 UR + 2.5% del exceso sobre 70 UR

de 140 UR a 700 UR 4.O UR + 1% del exceso sobre 140 UR

de 700 UR en adelante 7.0 UR + 0.5% del exceso sobre 700 UR

3) Tasa por verificación periódica

Su valor será el 50% (cincuenta por ciento) de la que correspondería satisfacer por verificación primitiva.

4) Serán sujetos pasivos de las tasas las personas naturales o jurídicas que presenten modelos para su aprobación o verificación o que sean titulares de los instrumentos de medición, que sean objetos de verificación.

5) A los efectos de lo dispuesto por este artículo, entiéndese por "Precio de Venta al Público" el vigente al 31 de diciembre del año anterior por el industrial, comerciante o importador, que comercializa el instrumento de medición, en función del cual se aporta al Valor Agregado del mismo.

Aquellos instrumentos de medición respecto de los cuales no se obtengan sus precios de venta, tributarán la tasa mínima, de acuerdo con las características técnicas del instrumento.

Cométese a la Dirección Nacional de Metrología Legal el cumplimiento de los procedimientos administrativos tendientes a la obtención de los respectivos "Precios de Venta al Público", así como la determinación de precios "promedio" en caso de existir distintos precios respecto de una misma clase de instrumento".

Art. 219. - Sustitúyese la denominación de Director Profesional, Escalafón A, Grado 16 creado por el artículo 329 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por la de Director Nacional de Metrología Legal.

Art. 220. - Autorízase a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear la prestación de los siguientes servicios:

1) Servicios de mantenimiento de instrumentación y equipamiento electrónico nuclear.

2) Servicios de diseño y desarrollo de instrumentación y equipamiento electrónico nuclear y de sistemas de control nuclear para la industria.

3) Servicios de ensayos no destructivos.

4) Servicios de mecánica de la fractura.

5) Servicios de cálculos de blindaje.

6) Servicios de diseño y puesta en marcha de sistemas informáticos dedicados a las aplicaciones nucleares.

7) Servicios de aplicación de trazadores en procesos industriales en hidrología y en estudios destinados a la preservación del medio ambiente.

La fijación del precio de los servicios se hará por el Poder Ejecutivo en base a su costo real de realización, incluyendo los costos directos y los de amortización de equipos que se utilizarán en su prestación.

Art. 221. - Sustitúyese el artículo 172 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 172. - Sustitúyese el artículo 347 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

‘ARTICULO 347. - Las tasas a que refiere el artículo anterior se calcularán de acuerdo con la siguiente escala, expresada en unidades reajustables.

1) Hasta 5 m² de superficie de calefacción 8,0934 UR más 0,3854 UR por cada metro cuadrado o fracción.

2) Por más de 5 m² y hasta 10 m² 10,0204 UR más 0,2898 UR por cada metro cuadrado o fracción que exceda los 5m².

3) Por más de 10 m² y hasta 50 m² 11,4694 UR más 0,1928 UR por cada metro cuadrado o fracción que exceda los 10m².

4) Por más de 50 m² 19,1814 UR más 0,0972 UR por cada metro cuadrado o fracción que exceda los 50 m².

5) Para los generadores de vapor en base a energía eléctrica se considerarán las mismas escalas con una equivalencia de 1 m2 cada 25 KW.

Las cantidades resultantes en nuevos pesos se redondearán a la centena superior"’.

Art. 222. - El valor del derecho de presentación de Permisos de Prospección dispuesto por el artículo 207 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, quedará fijado en 2 UR por cada 100 hectáreas o fracción.

Art. 223. - Sustitúyese el artículo 176 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 176. - Autorízase al Programa 010 "Desarrollo Tecnológico y de Productividad Industrial", a percibir de los usuarios, los costos derivados de las solicitudes de documentación e información tramitadas a través del Servicio de Información Industrial y Tecnológico, que realiza el Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial.

A estos ingresos no les será aplicable lo dispuesto por el artículo 594 de la presente ley".

Art. 224. - Autorízase a la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas a percibir ingresos provenientes de la cesión de lugares en el Centro Nacional de Artesanías para la exhibición y venta de productos artesanales.

Los precios y condiciones de las cesiones serán determinadas por el Poder Ejecutivo.

Estos ingresos se destinarán en su totalidad a gastos de funcionamiento e inversión, no pudiendo ser utilizados para el pago de retribuciones personales.

Art. 225. - Autorizase a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear a disponer de los fondos percibidos del Organismo Internacional de Energía Atómica en concepto de reintegro de costos que por motivo de entrenamiento de los becarios, técnicos o profesionales, reciban para ser capacitados en sus laboratorios.

Los fondos recibidos se destinarán en su totalidad a atender los gastos de funcionamiento y de inversión de los Laboratorios de Investigación y Desarrollo y de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear y estarán sujetos a rendición de cuentas trimestral.

Art. 226. - Autorízase al Laboratorio Tecnológico del Uruguay a asociarse con empresas o inversionistas privados nacionales o extranjeros, para el desarrollo de proyectos en el área tecnológica, su aplicación industrial, así como a comercializar los resultados obtenidos en esa materia.

A esos efectos el Laboratorio Tecnológico del Uruguay realizará un llamado público convocando a los posibles interesados estableciendo los criterios de selección en cada oportunidad. El procedimiento deberá garantizarle a los participantes la igualdad y objetividad en el tratamiento de sus ofertas.

Art. 227. - Sustitúyese el artículo 167 de la Ley Nº 15.903 de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 167. - Créanse las siguientes tasas de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear por los servicios encomendados a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear del Programa 006 ‘Investigación para la Aplicación de la Energía Atómica’ que se determinan:

Por cada servicio de contralor de instalaciones y equipos nucleares, radioactivos, generadores de radiaciones ionizantes 8 UR.

Por cada servicio anual de dosimetría personal externa 7 UR."

Art. 228. - Agréganse al artículo 18 de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940 los incisos siguientes:

"En los casos de oposición, recurso o anulación de una marca se admitirá la prueba del uso notorio en el país o en el extranjero, la que podrá efectuarse por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación. En caso de impugnarse por una de las partes o de oficio dichas pruebas, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá requerir de los interesados las pruebas adicionales que estime pertinentes, o aún solicitarías, de oficio, por cualquier medio técnico adecuado.

Asimismo podrá eximirse de la prueba de la notoriedad al oponente que acredite que el solicitante, al momento de pedir el registro de la marca, conocía o debía conocer su existencia.

De igual forma se podrá exigir a las partes que afiancen sus eventuales responsabilidades civiles hasta en la suma de 2.000 UR."

Art. 229. - Facúltase al Poder Ejecutivo, previo informe de los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, a racionalizar y simplificar las tasas que percibe la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de modo de uniformizar y redondear los montos y conceptos de las mismas de acuerdo con lo que se establece seguidamente:

A) Se deberá mantener el mismo monto global de recaudación.

B)El número de tasas deberá disminuir a menos de la tercera parte de la actual, acumulándose las que correspondan a la misma secuencia de trámites.

C) Se podrá admitir una variación de hasta el 20% (veinte por ciento) en más o en menos respecto de los valores establecidos en el artículo 168 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

D) No se podrá introducir ningún nuevo hecho generador;

E) El pago de las tasas se podrá efectuar en efectivo, a través de timbres o por cuenta corriente en el caso de

los Agentes de la Propiedad Industrial que se encuentren interconectados con la red informática de dicha Dirección a través del sistema URUPAC.

De lo actuado el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General.

Art. 230. - Sustitúyese el artículo 82 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 82. - Asígnase al Ministerio de Industria, Energía y Minería, una partida anual de N$ 55:000.000 (nuevos pesos cincuenta y cinco millones) a ser utilizada como contrapartida de gastos nacionales de los acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación y asistencia técnica, en el campo del uso de la energía atómica con fines pacíficos, suscritos por el país con el Organismo Internacional de Energía Atómica, demás organismos internacionales y comisiones nacionales de energía atómica."

Art. 231. - Prohíbese en todo el territorio nacional el tránsito y la disposición final de residuos radioactivos, provenientes de terceros países.

Encomiéndase a la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear el contralor de lo dispuesto precedentemente.

INCISO 09

MINISTERIO DE TURISMO

Art. 232. - Auméntase en un 1%, (uno por ciento), los impuestos creados por los literales a) y b) del artículo 146 de la Ley Nº 13.637, de 21 de diciembre de 1967.

El producido de la totalidad del aumento dispuestos será vertido directamente en el fondo "Fomento del Turismo", creado por el artículo 18 del decreto-ley Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, cuya administración corresponde al Ministerio de Turismo y su destino será financiar el pago de promoción turística en el exterior.

Art. 233. - Suprímese el Programa 002 "Investigación, Desarrollo y Promoción del Turismo", incorporándose los cargos y los créditos presupuestales al Programa 001 "Administración Superior".

Art. 234. - Autorízase al Ministerio de Turismo a proceder a la venta de las publicaciones que efectúe, así como a fijar su precio en función de sus costos respectivos. Su producido se destinará en su totalidad a financiar las erogaciones que las citadas publicaciones generen.

Art. 235. - Facúltase al Ministerio de Turismo, a descentralizar territorialmente la prestación de sus servicios, mediante la instalación de oficinas regionales en aquellos puntos de la República que repute de interés turístico.

La contratación de personal eventual para cumplir tareas en las oficinas a instalarse, podrá ser atendida con la partida presupuestal creada por el artículo 185 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Art. 236. - Increméntase el Renglón 0.6.1.301 "Horas Extras" del Programa 001 "Administración Superior" en N$ 896:040.000 (nuevos pesos ochocientos noventa y seis millones cuarenta mil).

INCISO 10

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Artículo 237. - Los montos correspondientes a indemnizaciones de expropiaciones de bienes inmuebles que realicen los Incisos 01 al 28 del Presupuesto Nacional serán fijados en unidades reajustables de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 del decreto-ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981.

Los depósitos que realice el órgano expropiante deberán efectuarse en el Banco Hipotecario del Uruguay, tomándose por dicha entidad bancaria en unidades reajustables y entregándose iguales valores en el momento del retiro.

Art. 238 - Otórgase competencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Hidrografía, para intimar administrativamente, cuando lo juzgue conveniente, la extracción de las embarcaciones nacionales o extranjeras, hundidas, semihundidas o varadas, ubicadas en el espejo de aguas o en el área portuaria de los puertos de carácter deportivo, turístico o comercial de la República, a cuyo cargo se halle la administración o conservación.

Dicha intimación se practicará en forma personal cuando el propietario de la embarcación o su representante legal tuviere domicilio constituido en el país, realizándose la misma por medio de funcionario comisionado, entendiéndose ésta con el interesado o persona hábil que acreditará su identidad mediante el documento respectivo, quien deberá firmar la constancia correspondiente. En caso de no encontrarse ninguna de las personas indicadas, así como cuando éstas se negaren a firmar la constancia, el funcionario dejará cedulón en lugar visible, instrumentando por acta la diligencia.

Cuando el propietario, armador o su representante legal no tenga domicilio constituido en el país, la intimación establecida se efectuará mediante avisos que se publicarán durante dos días seguidos en el Diario Oficial y en otro periódico de circulación nacional, teniendo un plazo de quince días hábiles y perentorios para presentarse a cumplir con dicha intimación. Asimismo, en todo caso también se intimará por edictos a todos aquellos que se consideren con derecho sobre la embarcación, para que se presenten a deducirlos en el mismo plazo anteriormente citado. Se tendrá por notificadas a las personas indicadas, mediante la última publicación. A tal fin, en el expediente administrativo se justificará la publicación mediante la agregación de los avisos indicándose número, fecha y nombre del diario o periódico.

Vencido el plazo dispuesto en la intimación practicada para la iniciación de la extracción o para la finalización de aquélla o su prórroga, y si dicha extracción no se hubiere iniciado o no se hubiere cumplido o sólo se hubiere efectuado parcialmente, se reputará abandonado el buque o la embarcación en favor del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria por los gastos que demanden las operaciones. La relación de estos últimos, aprobada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, constituirá título ejecutivo. Se documentará la correspondiente traslación de dominio mediante certificado notarial con las resultancias del expediente del caso.

El Poder Ejecutivo cometerá al organismo del Estado o contratará con la persona física o jurídica privada, o con la persona pública estatal que considere conveniente, las operaciones necesarias para la eliminación o extracción del obstáculo que será de cargo del propietario.

Asimismo queda facultado para disponer mediante resolución fundada, el depósito, la enajenación o el hundimiento del buque o embarcación.

Se notificará en la forma indicada en el presente artículo al propietario, armador o representante legal, la verificación del abandono y la traslación de dominio en favor del Estado quedando sin efecto todos los derechos reales, personales o de cualquier especie que existan a favor de los terceros respecto de la embarcación abandonada, salvo que éstos asuman a su cargo la extracción de la misma y el pago de todos los gastos y deudas pendientes.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, reglamentará el procedimiento administrativo a seguir para la ejecución de la extracción referida, así como su vigencia y control.

Art. 239. - La autoridad minera competente no podrá otorgar Títulos Mineros en las áreas a expropiarse para rutas nacionales a partir de la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de las correspondientes planimetrías. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicará a la Dirección Nacional de Minería y Geología la mencionada aprobación a efectos de que ésta, previa notificación a los gestionantes, deje sin efecto los trámites pendientes en las zonas expropiadas.

Art. 240. - Dispónese que la Dirección Nacional de Minería y Geología previamente al otorgamiento a terceros del Título Minero sobre las explotaciones abiertas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberá requerir la opinión de éste, que se expedirá dentro del término de treinta días.

El plazo se contará a partir de la fecha de recibida la comunicación y en caso de no existir pronunciamiento en dicho lapso, se tendrá por emitido favorablemente.

Art. 241. - Establécese que para la apertura y explotación de canteras de materiales de Clases III y IV que fueren necesarias para la ejecución de obras públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la tramitación para la obtención del Titulo Minero correspondiente, se efectuará por el citado Ministerio.

A tales efectos se suspende la reserva minera del propietario del predio superficial, prevista en los artículos 5º y 116 del Código de Minería, y se fija en treinta días corridos el plazo dispuesto en los artículos 300 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y 64 del citado Código, para expedirse los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Defensa Nacional.

Para la tramitación del Título Minero referido quedará sin efecto la constitución de la garantía prevista en el literal H) del artículo 100 del Código de Minería.

Art. 242. - Exonérase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de obtener la autorización previa dispuesta en el literal B) del artículo 24 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, para proceder al corte, tala o raleo de los montes indígenas, en una longitud que determinaran conjuntamente la Dirección Nacional de Vialidad de dicho Ministerio y la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a efectos de proceder a la limpieza de cauces de los cursos de agua sobre rutas nacionales, atendiendo la mayor eficiencia de la obra civil y el menor impacto ambiental.

El producto que se obtenga del manejo acordado del monte indígena será donado a hospitales, hogares de ancianos, Instituto Nacional del Menor o dependencias de los Ministerios de Educación y Cultura e Interior, mediante resolución de la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Art. 243. - Facúltase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a regularizar la faja dominial de las rutas nacionales desafectándose genéricamente del dominio público las áreas que el Poder Ejecutivo determine mediante resolución fundada.

Art. 245. - Los haberes del personal obrero de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, comprendido en el régimen establecido en el artículo 228 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, cuando no fuere posible atenderlos en la forma prevista en el inciso cuarto de la citada disposición, se harán efectivos con cargo al Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Dicho Ministerio ampliará los respectivos créditos de la Dirección Nacional de Arquitectura a efectos de cubrir la erogación que se menciona.

Art. 246. - Increméntase en N$ 1.950:000.000 (nuevos pesos mil novecientos cincuenta millones) el crédito previsto por el artículo 366 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, para financiar gastos de traslado de docentes.

Dicho aumento será financiado por el Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Art. 247. - Establécese que el 100% (cien por ciento) del producido de la multa dispuesta por eludir el pago de peajes, corresponderá al funcionario que haya comprobado la infracción e impuesto la sanción.

Art. 248. - Autorízase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a ceder al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el bien inmueble Padrón 142.555 de la 17ª Sección Judicial del departamento de Montevideo, a fin de proceder a su enajenación definitiva a los ocupantes titulares del asentamiento ubicado en el mismo.

Art. 249. - Exceptúase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, cuando los gastos de anuncios o información relativos a resoluciones del Ministerio se deban realizar en la prensa escrita.

Art. 250. - Extiéndese lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 a todas las expropiaciones que realice el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la ejecución de obras públicas incluidas en el Plan de Inversiones 1992 a 1994.

Art. 252. - Cométese a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la confección del Inventario de Canteras de Obras Públicas, incluidas en el Presupuesto Nacional, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

La autorización para explotar las canteras incluidas en el inventario de Canteras de Obras Públicas será otorgada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien tendrá a su cargo el control y fiscalización de las mismas.

La Dirección Nacional de Minería y Geología del Ministerio de Industria, Energía y Minería no podrá dar trámite ni otorgar Títulos Mineros sobre las áreas incluidas en el Inventario de Canteras de Obras Públicas. A tales efectos la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicará a las autoridades mineras las altas y las bajas ocurridas en el Inventario, al vencimiento de cada semestre.

Las canteras incluidas en el referido Inventario no estarán regidas por las disposiciones del Código de Minería. El Poder Ejecutivo reglamentará su funcionamiento.

Art. 253. - Agrégase al artículo 4º del Código de Aguas, decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, el siguiente inciso:

"Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas por el Ministerio competente del modo siguiente: a) Con multa graduada entre 100 UR (cien unidades reajustables), y 5.000 UR (cinco mil unidades reajustables), según la gravedad de la infracción, de conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo. B) Con la caducidad del permiso o concesión de uso que se le hubiere otorgado al infractor.

Las sanciones mencionadas podrán imponerse conjuntamente y se entenderán sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere cuando el hecho constituyere delito."

INCISO 11

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Artículo 254. - Asígnase, al Ministerio de Educación y Cultura, una partida, por una sola vez, de N$ 62:225.000 (nuevos pesos sesenta y dos millones doscientos veinticinco mil), equivalente a U$S 25.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinticinco mil) con la finalidad de contribuir a las obras para la erección del Monumento "Holocausto del Pueblo Judío", a cargo de la Comisión de Honor creada por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 140/992, de 15 de abril de 1992.

Art. 255. - Sustitúyese el artículo 234 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 234. - Créase en el Prograrna 001 "Administración General", el Instituto Nacional de la Familia y de la Mujer, que tendrá como cometidos:

A) Promover, planificar, diseñar, formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la mujer y a la familia.

B) Coordinar y coejecutar con los organismos estatales dichas políticas, a través de la articulación de acciones y de la capacitación de los recursos humanos, necesarias para la consecución de sus cometidos.

C) Asesorar a los organismos estatales, sobre los temas de la mujer y la familia, tanto a nivel nacional como departamental.

D) Coordinar y supervisar las actividades de sus dependencias.

E) Realizar convenios internacionales de cooperación técnica y financiera, de los cuales el país forma parte."

Art. 258. - Asígnase una partida anual de N$ 100:000.000 (nuevos pesos cien millones) para el desarrollo de las actividades y cometidos a cargo del Instituto Nacional de la Juventud, creado por el artículo 331 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 259. - El Museo Nacional de Antropología creado por el artículo 61 del decreto-ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, tendrá los siguientes cometidos:

1) Realizar la investigación, documentación, conservación, exhibición, educación y divulgación del patrimonio antropológico de la Nación.

2) Promover la investigación, documentación -impresa, computarizada, audio, video y cine-y divulgación de las ciencias antropológicas (arqueología terrestre y subacuática, antropología física, antropología social, etnomusicología, folclore).

3) Acrecentar el acervo del patrimonio antropológico del Museo por medio de la recuperación de testimonios a través de investigaciones de campo, excavaciones, registros documentales en audio, video o cine, adquisiciones o donaciones de colecciones, publicaciones u otros de interés antropológico.

4) Constituir un repositorio nacional donde se exhiban al público o conserve para estudios, muestras (tanto objetos como registros documentales) representativas de todas las manifestaciones antropológicas de interés científico o cultural de la Nación.

5) Desarrollar la museología en el terreno de las ciencias antropológicas y afines brindando apoyo en la materia a instituciones públicas y privadas.

6) Asesorar al Poder Ejecutivo en todos los requerimientos relacionados a la investigación y preservación del patrimonio antropológico de la Nación.

7) Desarrollar una labor educativa en el conocimiento y divulgación de la realidad nacional y universal de la antropología en coordinación con instituciones de enseñanza y culturales, a través de distintos medios y técnicas de comunicación, experimentación y expresión.

8) Coordinar, auspiciar y realizar con instituciones nacionales o extranjeras proyectos de investigación e intercambio, como así también reuniones y congresos vinculados al desarrollo de las ciencias antropológicas.

Art. 260. - El Museo Nacional de Antropología podrá obtener recursos extrapresupuestales a través de la prestación de servicios y la comercialización de reproducciones, publicaciones y bienes de divulgación de las ciencias antropológicas y afines. Con tal propósito podrá firmar convenios con personas e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Dichos recursos se destinarán en su totalidad al financiamiento de gastos de funcionamiento e inversiones del Museo Nacional de Antropología.

Art. 261. - Habilítase en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Programa 004 "Fomento de la Investigación Técnico-Científica", una partida de N$ 672:030.000 (nuevos pesos seiscientos setenta y dos millones treinta mil) equivalente a U$S 270.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos setenta mil) en el Renglón 0.3.2. Retribuciones de Técnicos, a efecto de contratar personal bajo el régimen del artículo 22 del decreto-ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, para dar cumplimiento a las condiciones de los Convenios Nos. 646 y 647 OC-UR suscrito por la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (Programa de Ciencia y Tecnología). El personal de dicho programa estará exceptuado de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Art. 262. - Increméntase en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del Programa 004 "Fomento de la Investigación Técnico-Científica", el Rubro 3, "Servicios No Personales" en N$ 124:450.000 (nuevos pesos ciento veinticuatro millones cuatrocientos cincuenta mil) equivalente a U$S 50.000 (dólares de los Estados Unidos de América cincuenta mil), en el marco de los Convenios Nos. 646 y 647 OC-UR suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo el 23 de diciembre de 1991.

Art. 263. - Autorízase al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a percibir por concepto de "Reintegro de Gastos de Gestión" un porcentaje de todos los montos que adjudique en favor de beneficiarios a cualquier título. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas reglamentará la forma de aplicación y establecerá anualmente las tasas, las que no serán inferiores al 1% (uno por ciento) ni mayores al 2% (dos por ciento).

Art. 264. - Exceptúase al Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable" de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Art. 265. - Sustitúyese el artículo 244 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. por el siguiente:

'ARTICULO 244. - Sustitúyese el artículo 165 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970, por el siguiente:

"ARTICULO 165. - Todas las instituciones del Estado que editen publicaciones remitirán al Instituto Nacional del Libro el 10% (diez por ciento) de la edición respectiva con un máximo de cien ejemplares de cada una de ellas, para que éste. en cumplimiento de sus cometidos, la destine al Fomento Bibliotecario, al canje internacional y al cumplimiento de convenios internacionales o a su venta'."

Art. 266. - Sustitúyese el artículo 345 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 345. - Sustitúyese el artículo 67 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

'ARTICULO 67. - Autorízase a la Unidad Ejecutora 015, "Dirección General de la Biblioteca Nacional" a hacer efectivo el cobro de los servicios de información que brinda a nivel nacional e internacional.

El total de lo recaudado por este concepto, integrará el Fondo de Promoción y Desarrollo de la Biblioteca Nacional, creado por el artículo 389 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

El Ministerio de Educación y Cultura, fijará las tarifas del servicio internacional en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de América) y las del servicio nacional en unidades reajustables y reglamentará la forma de percepción de las mismas."

Art. 269. - Transfórmase en la Unidad Ejecutora 015 "Biblioteca Nacional", un cargo de Administrativo I, Escalafón C, Grado 11, en un cargo de Subjefe de Sección Investigación, Escalafón D, Grado 11.

Art. 273. - Sustitúyese el inciso 3º del artículo 7º de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, el que quedará redactado así:

"La inscripción caducará cada cinco años y podrá reinscribirse por períodos iguales, a solicitud de cualquiera de las partes, sin otro requisito que la presentación del contrato original y una fotocopia firmada por la institución acreditante."

Art 274. - Los Registros del Programa "Inspección y Certificación de Actos y Contratos" no atenderán al público en el período comprendido entre el 1º y el 20 de enero inclusive de 1993. Esta circunstancia no suspenderá los plazos legales de registración ni de caducidad de las inscripciones. Si el vencimiento del plazo se operare en el período señalado, el mismo se extenderá hasta el día hábil inmediato siguiente.

Art. 275. - Sustitúyese el artículo 64 de la Ley Nº 10.793, de 25 de setiembre de 1946, por el siguiente:

"ARTICULO 64. - Cuando una sola persona otorgue varios contratos en una misma escritura aunque sea con distintas personas sólo podrá expedirse una sola copia para cada contratante.

Cuando en una escritura se adquieran por una sola persona varios inmuebles, podrán expedirse tantas copias como sean los inmuebles adquiridos.

Cuando en una escritura se graven con hipoteca varios inmuebles podrá expedirse una copia por cada registro donde deban inscribirse las hipotecas.

El escribano autorizante deberá dejar constancia, en la nota de suscripción, para qué inmueble servirá de título la copia expedida, en el caso de las enajenaciones: en el caso de las hipotecas deberá indicarse el registro donde se efectuará la inscripción.

No haciéndolo se entenderá que la copia se ha expedido para todos los bienes de la adquisición o gravamen."

Art. 277. - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 12.480, de 19 de diciembre de 1957, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Dichos instrumentos llevarán nota en que conste el número, día y hora de presentación; número, folio y libro de inscripción.

Exceptúanse de esta disposición los instrumentos que se presentaren al Registro de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos o a la Sección correspondiente de los Registros Departamentales o Locales de Traslaciones de Dominio, los que se inscribirán mediante la protocolización de la ficha registral, de la que deberán venir acompañados.

Tratándose de escrituras públicas se presentarán, para la inscripción, las primeras copias expedidas para cada parte contratante.

Tratándose de instrumentos privados se autenticará su otorgamiento de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931, se protocolizarán y se presentaran para su inscripción los primeros testimonios de la protocolización, expedidos para cada parte contratante.

El honorario a devengarse por la intervención notarial referida en el párrafo anterior comprenderá tanto la autenticación de firmas como la protocolización y no podrá ser superior al 1,5% (uno con cinco por ciento) del precio estipulado.

Tratándose de inscripciones decretadas judicialmente, en sustitución de la Ficha Registral, se protocolizará el oficio judicial respectivo.

Los documentos presentados deberán ser devueltos, una vez inscriptos, con nota que firmará el Registrador, en la que hará constar número, fecha y hora de presentación y número, folio y libro de la inscripción. La inscripción se hará por orden de presentación y sus efectos se retrotraerán a la fecha de ésta.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que se realicen las inscripciones a que refiere esta ley y la forma en que se expedirá la información registral correspondiente."

Art. 278. - Serán aplicables al Registro Público y General de Comercio las disposiciones establecidas en la Ley Nº 10.793, de 25 de setiembre de 1946, concordantes y modificativas, relativas a la información y presentación de documentos que deberán cumplir, cuando corresponda, con el artículo 39 del decreto-ley Nº 1.421, de 31 de diciembre de 1878.

Las fichas concentrarán todo el movimiento jurídico del comerciante sustituyendo el régimen establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Art. 279. - Transfórmanse en la Dirección General de Registros, dos cargos de Especialista III Digitación, Escalafón D, Grado 7, en dos cargos de Especialista II Digitación, Escalafón D, Grado 8; un cargo de Jefe de Departamento, Escalafón B, Grado 13, en un cargo de Director de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, Escalafón B, Grado 14; y un cargo de Jefe de Departamento, Escalafón D, Grado 13, en un cargo de Director de Operaciones, Escalafón D, Grado 14.

Art 280. - Suprímese en la Dirección General de Registros un cargo de Administrativo V, Escalafón C, Grado 1.

Art. 281. - El Ministerio de Educación y Cultura, a propuesta de la Dirección General de Registros, podrá crear hasta ocho cargos de Especialista IV Digitación, Escalafón D, Grado 6, en los que serán designados funcionarios de la referida Dirección, actualmente afectados a la tarea de digitadores, suprimiéndose los cargos y funciones contratadas que ocupaban los mismos así como el número de vacantes disponibles en el último grado del Escalafón C, que compense el aumento de créditos generado.

Art. 282. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 261 de la Ley Nº 16.220, de 29 de octubre de 1991, por los siguientes:

"La Dirección General de Registros dispondrá de la totalidad de lo recaudado conforme al presente artículo, hasta el equivalente a la suma de U$S 400.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos mil), la que será destinada a la computarización del servicio, incluyendo gastos de inversiones y retribuciones personales exclusivamente para los funcionarios que realicen el ingreso de la información al nuevo sistema de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Cuando la recaudación exceda la referida suma será de aplicación lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987."

Art. 283. - La Dirección General de Registros podrá destinar créditos generados por las vacantes disponibles al 31 de diciembre de 1992, resultantes de la aplicación de las normas legales vigentes, únicamente para financiar la reestructura prevista por el artículo 385 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 286. - Autorízase a la Comisión Nacional de Educación Física a conceder hasta veinticinco becas simultáneas, a favor de los egresados mejor calificados de los cursos del Instituto Superior de Educación Física, para cumplir funciones en el interior de la República a razón de no más de cuatro por departamento. Dichos becarios percibirán una retribución equivalente a la de Profesor de Educación Física Grado 1 y no podrán permanecer en dicho régimen por un plazo mayor de tres años, no prorrogable.

La Contaduría General de la Nación habilitará el crédito correspondiente en el Rubro 7 "Subsidios y Otras Transferencias".

Art. 287. - La certificación médica a cargo de la Comisión Nacional de Educación Física estará sujeta al pago de las siguientes tasas:

A) Exámenes de alta especialización: automovilismo, motociclismo, karting, pesca submarina, boxeo profesional, salvavidas y árbitros deportivos y personas de más de cuarenta años, N$ 30.000 (nuevos pesos treinta mil).

B) Exámenes no comprendidos en el literal anterior, N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil).

C) Reexámenes, duplicados, reválidas que no impliquen exámenes complementarios, N$ 2.000 (nuevos pesos dos mil).

D) Expedición de carné de salud por igual valor al que expide el Ministerio de Salud Pública.

Art. 288. - Declarase que las penas del Código Penal sustituidas por el artículo 216 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, son exclusivamente las penas de multa establecidas en los artículos mencionados en dicha disposición.

Art. 289. - Transfórmase en Especialista en Computación, Escalafón D, Grado 8, el actual cargo de Especialista en Computación, Escalafón D, Grado 4, de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo.

Art. 290. - Exclúyense de lo dispuesto por el artículo 12 de la presente ley, los cargos de Inspector, Escalafón D, Grado 8 y Oficial de Estado Civil, Escalafón D, Grado 8, de la Dirección General de Registro de Estado Civil.

Art. 291. - Declarase que no están comprendidos en las disposiciones de esta ley y de las leyes Nos. 16.127, de 7 de agosto de 1990 y 16.170, de 28 de diciembre de 1990 que suprimen vacantes, los cargos del escalafón técnico-profesional del Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable", así como los cargos de orquesta, coro, cuerpo de baile y personal técnico del Servicio Oficial de Difusión, Radio y Televisión y Espectáculos, (SODRE).

Art. 292. - Declárase que no están comprendidos en las disposiciones de esta ley y de las Leyes Nos. 16.127, de 7 de agosto de 1990 y 16.170, de 28 de diciembre de 1990 que suprimen vacantes, los cargos de magistrados y técnicos (abogados) del Ministerio Público y Fiscal, de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo y de las Fiscalías de Gobierno, así como los cargos de oficiales e Inspectores de Registro del Estado Civil.

Art. 293. - Crease una sobretasa del 100% (cien por ciento) sobre el tributo del Registro de Estado Civil, dispuesto por el literal D) del artículo 417 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a la que no se aplicará lo dispuesto por los artículos 418 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y 369 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Las sumas recaudadas por este concepto serán destinadas íntegramente a la promoción del bienestar social de los recursos humanos de la unidad ejecutora que no perciban el beneficio establecido por los artículos 418 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y 369 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la forma que establezca la reglamentación que a estos efectos dicte la Dirección General de Registro de Estado Civil.

Art. 294. - Las escrituras públicas deberán extenderse sin abreviaturas ni iniciales, pudiendo las fechas y cantidades expresarse en letras o en números. Necesariamente se indicarán en letras:

A) La fecha en que se extiende la propia escritura, como también la de su autorización en caso de diferir de aquélla.

B) El precio o monto de la prestación principal en su caso.

C) El número de padrón, sección judicial y superficie de los inmuebles objeto de las escrituras.

D) Lo que sea solicitado por alguno de los otorgantes.

Art. 295. - Deróganse todas las normas que regulan el pasaje de foja del protocolo que llevan los escribanos u oficinas autorizadas, pudiendo pasarse de una a otra con el texto de la escritura, con las firmas de los otorgantes, testigos o del propio escribano autorizante.

Art. 296. - Necesariamente el membrete de las escrituras públicas deberá comenzar en el primer renglón del anverso del papel notarial en el que corresponda extenderla, excepto la primera escritura de cada año que comenzará a continuación de la apertura del protocolo.

Art. 297. - Si autorizada, dejada sin efecto o errada una escritura, quedaren espacios en blanco en la foja, el escribano los inutilizará estampando una nota que signará y firmará, debiendo comenzar la escritura que le sigue en la foja inmediata siguiente, en la forma establecida en el artículo anterior.

Art. 299. - Transfórmase en el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos un cargo Administrativo III, Escalafón C, Grado 2, en un cargo Programador, serie Cómputos, Escalafón D, Grado 2.

Art. 300. - Créase el cargo de Director del Centro de Cómputos del Servicio Oficial de Radiotelevisión y Espectáculos, (SODRE), Escalafón B, Grado 12, y un cargo de Programador, Escalafón D, Grado 8.

Suprímanse dos cargos del Escalafón B, Grado 7, para financiar los cargos mencionados.

Art. 301. - El Servicio Oficial de Radiotelevisión y Espectáculos, (SODRE), dispondrá de un 3.5% (tres y medio por ciento), de los proventos a efectos de pagar una compensación a los integrantes del Cuerpo de Baile. La misma será para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de su actividad profesional en dicho Cuerpo (especialmente atención médica especializada y vestimenta de trabajo).

Art. 302. - Increméntase el Rubro 7 de la Unidad Ejecutora 012 del Programa 004, Ministerio de Educación y Cultura, en el equivalente a U$S 350.000, (dólares de los Estados Unidos de América trescientos cincuenta mil), para ser transferidos al PEDECIBA, los que se destinarán por éste a cubrir sus costos de operación por hasta los siguientes montos:


a)

Fondo de Operaciones

U$S

195.000

b)

Inversiones

"

68.000

e)

Gastos de Funcionamiento

"

87.000

Art. 303. - Declárase que los cargos y retribuciones del Escalafón "N", Personal Judicial, continuarán equiparados a los del Poder Judicial, por todo concepto.

INCISO 12

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Art. 306. - Los funcionarios médicos que revistan en el Escalafón A del Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud" que efectivamente presten funciones en el mismo, recibirán un incentivo por productividad médica, calculado porcentualmente sobre el sueldo básico, en las condiciones que establezca la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo, atendiendo a la asiduidad, calidad de la prestación y productividad por actividad médica cumplida.

Los parámetros a adoptarse tendrán en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Créase, a tal efecto, una partida de N$ 2.776:000.000 (nuevos pesos dos mil setecientos setenta y seis millones) destinada a incrementar el Renglón 0.6.4.401 "Asiduidad", el que pasará a denominarse "Incentivo por Productividad Médica".

Créase asimismo una partida de N$ 1.062:000.000, (nuevos pesos mil sesenta y dos millones), la cual será disminuida en su mismo monto del Programa 002 "Prestación Integral de Servicios de Salud" Proyecto Nº 770 "Hospital Pasteur". Plan de Inversiones Públicas 1993, financiado con Endeudamiento Externo.

Art. 308. - Créase el régimen de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria. Se entenderá por tal el sistema laboral y de capacitación progresiva que vincula funcionalmente con el Ministerio de Salud Pública a profesionales universitarios recién egresados de las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Administración -incluyendo la Escuela de Administración- Arquitectura e Ingeniería.

La denominación del régimen de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria es privativa del sistema creado por el inciso precedente.

Art. 309. - Créase la Comisión de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria, la que estará integrada por tres representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales la presidirá y tres representantes de la Universidad de la República. En caso de empate el Presidente de la Comisión tendrá doble voto. Son requisitos para integrar dicha Comisión poseer título de las carreras involucradas en el sistema y un mínimo de cinco anos de ejercicio de la profesión.

Art. 310. - Los cargos de Residentes Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria serán provistos por concurso de oposición de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a la reglamentación que para el caso se dicte, entre aquellos egresados de las facultades y escuelas a que refieren las normas precedentes, que no tengan más de dos años de titulados a la fecha del cierre de la inscripción para el concurso. Se entenderá por titulación la fecha de expedición del título.

Las Residencias se extenderán por el término de tres anos, sujeto el primero al régimen de ingreso previsto en el inciso anterior, y los dos restantes a la reelección anual a propuesta de la Comisión.

La Residencia Técnico Profesional de Administración Hospitalaria importará el siguiente régimen:

A) Cumplimiento de un horario de trabajo mínimo de cuarenta horas semanales;

B) Prohibición de realizar cualquier otra actividad que a juicio de la Comisión Técnica de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria interfiera con la residencia.

C) Observancia al Reglamento de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria que elabore el Ministerio de Salud Pública, oyendo previamente a la Universidad de la República, el que será sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo.

D) Sujeción a las directivas de la Comisión de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria.

Art. 311. - El número de cargos que conforman el régimen de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria será fijado anualmente por resolución del Poder Ejecutivo.

Los residentes serán designados por la autoridad competente, previo dictamen de la Comisión de Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria, quedando investidos de la calidad de funcionarios públicos y sujetos a su estatuto.

Art. 312. - El régimen de Residencias Médicas Hospitalarias será aplicable en forma subsidiaria y, en lo pertinente, a lo establecido por los artículos anteriores para las Residencias Técnico Profesionales de Administración Hospitalaria.

Art.313. - Increméntase en N$ 80:000.000 (nuevos pesos ochenta millones) el Renglón 0.4.1 "Dietas" del Programa 003 "Formulación de Políticas de Salud".

Art. 314. - Declárase de utilidad pública la expropiación de los Padrones 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 13835, 13836 y 13837 ubicados en la 3a. Sección Judicial del departamento de Montevideo, los que se destinarán a la ampliación del Hospital Maciel.

INCISO 14

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 346. - Exceptúase, hasta el 31 de diciembre de 1993, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 1º y 5º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Art. 347. - Prorrógase para el Ejercicio 1993, lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, para los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Art. 349. - Exceptúase hasta el 1º de enero de 1994 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de lo dispuesto por el artículo 12 de la presente ley.

Art. 350. - Declárase que el control sobre las Cooperativas de Vivienda que resulta del numeral 4) del artículo 3º de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, se refiere al cumplimiento de los objetivos que se persiguen con su constitución; ello sin perjuicio del mantenimiento de las demás normas de control establecidas por la ley y, en particular, por la Ley Nº 15.853, de 24 de diciembre de 1986, que seguirán siendo ejercidas por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Inspección General de Hacienda.

Art. 351. - Declarase "Parque Nacional de Reserva de Fauna y Flora de San Miguel", al actual "Parque Nacional de San Miguel", con la superficie incorporada por el artículo 303 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 352. - La veda absoluta de caza y captura de todas las especies vivas, y la destrucción por cualquier procedimiento de su flora, en especial el palmeral y el monte indígena, regirá en todo tiempo, respecto a las áreas de reserva.

INCISO 16

PODER JUDICIAL

Artículo 353. - Créanse dos cargos de Juez Letrado de Primera Instancia del Interior, dos cargos de Actuario, dos cargos de Actuario Adjunto y dos cargos de Defensor de Oficio, para las ciudades de Chuy y de Río Branco, respectivamente.

Art. 355. - Créase una partida de inversión, por una sola vez, de U$S 1:500.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón quinientos mil) para la expropiación del Padrón 8322 ubicado en la 2a. Sección Judicial del departamento de Montevideo y la posterior remodelación del inmueble sito en dicho padrón.

Art. 356. - En los Juzgados del Interior de la República los gastos de menor cuantía, por un monto total mensual inferior al 5% (cinco por ciento) del tope de la compra directa establecida en el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, podrán ser documentados cada mes mediante una sola declaración global firmada por el Juez y el Actuario o el funcionario de mayor jerarquía de no existir éste.

Los comprobantes o autorizaciones respectivas quedarán archivados en el Juzgado donde se realizó el gasto.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará esta facultad de acuerdo con las localidades y Juzgados correspondientes.

Art. 357. - Créase una tasa denominada "Timbre Palacio de Justicia".

Art. 358. - El valor del tributo a que refiere el artículo anterior será de N$ 30.000 (nuevos pesos treinta mil).

La Suprema Corte de Justicia actualizará semestralmente dicho monto redondeándolo en miles de nuevos pesos.

Dicha actualización se realizará el 1º de enero y el 1º de julio de cada año y se efectuará teniendo en cuenta la variación del Indice de Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadística, en los períodos 1º de diciembre a 31 de mayo y 1º de junio a 30 de noviembre, respectivamente.

Art. 359. - El tributo creado por el artículo 357 gravará:

A) La primera comparecencia de toda parte ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, en calidad de actor, demandado, tercerista o cada sujeto peticionante en proceso voluntario.

B) Por cada información y legalización que proporcione el Registro de Testamentos y Legalizaciones.

Art. 360. - El tributo que se crea por el artículo 357 deberá ser abonado en forma simultánea con la presentación del escrito o comparecencia que lo genere.

Art. 361. - El "Timbre Palacio de Justicia" será emitido, recaudado y administrado por la Suprema Corte de Justicia, la que queda autorizada a percibir la tasa en otra forma, pudiendo en su caso convenir con otros organismos o entidades públicas o privadas su distribución, comisiones a abonar y demás actos necesarios para su percepción.

Art. 362. - Los fondos líquidos resultantes, deducidos los gastos de emisión y distribución, serán destinados a financiar las obras del Palacio de Justicia.

Art. 363. - Estarán exonerados del pago de dicho tributo:

1) El Estado y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial.

2) Las personas físicas o jurídicas que disfruten de auxiliatoria de pobreza.

3) Los que gestionan la auxiliatoria de pobreza sin perjuicio de la resolución definitiva.

4) Los escritos presentados con el asesoramiento de la Defensoría de Oficio y del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, con fines docentes.

5) Los exhortos y cartas rogatorias del exterior cuando en el país de origen exista reciprocidad para con la República respecto a la liberación de tributos judiciales y los que se cursen en materia penal.

6) Las gestiones con las que se tramitan acciones de alimentos, litis expensas, guardas, tenencias de menores y acción de amparo.

7) La comparecencia ante la Justicia Penal, de Menores, Juzgados de Paz Rurales y los de la parte del trabajador en la Justicia Laboral, así como el previo proceso conciliatorio, en todos los casos.

Art. 364. - Autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay a conceder un préstamo a la Suprema Corte de Justicia de hasta U$S 10:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América diez millones) destinado a la construcción del Palacio de Justicia.

Dicho préstamo será amortizado con lo que el Poder Judicial recaude por concepto de la tasa denominada "Timbre Palacio de Justicia" creada por la presente ley, y con la venta de sus activos.

Art. 365. - Créanse en el Programa 002, "Administración de Justicia a nivel de Tribunales y Juzgados de la Capital", siete cargos de Juez Letrado de Primera Instancia de la Capital, Escalafón I, y siete cargos de Secretario III Abogado, Escalafón II, Grado 12.

Art. 366. - Transfórmanse dos cargos de Procurador, Escalafón III, Grado 10, existentes en la Dirección General del Servicio de Asistencia Letrada de Oficio, encargados del Servicio de Atención al Penado, creado por Acordada 6988 de la Suprema Corte de Justicia, en dos cargos de Defensor de Oficio Capital, Escalafón II, Grado 13.

Los actuales titulares de los cargos que se transforman no estarán comprendidos en las prohibiciones dispuestas por el artículo 252 de la Constitución de la República.

Art. 367. - Declárase por vía interpretativa del articulo 510 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, que para los cargos de Subdirector General de los Servicios Administrativos y Director de División, el régimen de dedicación exclusiva o total, tendrá carácter optativo. No obstante, todos estarán comprendidos en las prohibiciones del artículo 252 de la Constitución de la República.

Art. 368. - Créase un Juzgado Letrado de Primera Instancia en la ciudad de Río Branco.

Su jurisdicción territorial, sede locativa y materias en las que entenderá, así como su fecha de instalación y demás aspectos reglamentarios, se determinarán conforme con lo dispuesto por el artículo 332 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art 369. - Créanse siete Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal. Su fecha de instalación y demás aspectos reglamentarios, se determinarán conforme con lo dispuesto por el artículo 332 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 370. - Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a elevar, por resolución fundada, a la categoría de Juzgados de Paz de Ciudad, a Juzgados de Paz del Interior situados en zonas que por su importancia y volumen de trabajo así lo requieran, procediendo en lo demás con arreglo al artículo 526 de la Ley Nº l5.809,de 8 de abril de 1986.

Cuando mediaren circunstancias similares a las referidas en el inciso anterior la Suprema Corte de Justicia queda facultada para que, por resolución fundada y comunicándolo al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General, instale Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con la competencia material, territorial y lugar de asiento de su sede que ella determine.

Dichas sedes sólo podrán ser provistas con los cargos vacantes de Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior creados por la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, y con otros dos de similar categoría cuya creación se dispone por el presente artículo.

A los mismos efectos, créanse dos cargos de Actuario, dos de Actuario Adjunto y dos de Defensor de Oficio.

Art. 371. - Toda vez que se instale un Juzgado Letrado de Primera Instancia en el Interior, el Juzgado de Paz que tenga asiento en la localidad respectiva, se transformará en Juzgado de paz Departamental, con la competencia que las leyes asignan a esta categoría de Juzgado.

Art. 372.- Sustitúyese el artículo 67 de la Ley Nº 15.170, de 24 de junio de 1985, por el siguiente:

"ARTICULO 67.- Los Juzgados Letrados de Menores entenderán en todos los procedimientos preventivos, educativos y correctivos a que den lugar los hechos antisociales cometidos por menores y de las situaciones de abandono, entendiéndose por éstas las definidas en el artículo 121 del Código del Niño".

Art. 373.- Agrégase al artículo 69 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, el siguiente literal:

"K) Las cuestiones personales o patrimonales a que dé lugar el concubinato. En estos asuntos la pretensión se ejercitará o la medida pertinente se adoptará, cuando la norma sustancial así lo autorice, y siguiéndose los procedimientos del caso".

Art. 374.- Agréganse al artículo 69 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, como últimos incisos, los siguientes:

"En los procedimientos a que den lugar las situaciones de menores materialmente abandonados.

La suprema Corte de Justicia regulará la competencia por turno de estos Juzgados, en las situaciones antes referidas, de carácter urgente".

Art. 375.- Agrégase al artículo 14 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, como último inciso, el siguiente:

"Las disposiciones anteriores rigen también en materia de jurisdicción voluntaria".

Art. 376.- En los asuntos relativos a arrendamientos, para la determinación del monto a que refiere el numeral 3º del artículo 269 del Código General del Proceso, se estará a lo que dispone el artículo 40 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

En su defecto, la cuantía se fijará por un monto equivalente a sesenta veces el alquiler mensual vigente al momento de deducirse la pretensión correspondiente.

Art. 377.- Cuando los asuntos a que alude el artículo anterior no refieran a la totalidad del bien, se aplicará proporcionalmente el sistema allí establecido.

Art. 378.- Los Juzgados de Paz del Interior, cualquiera sea su categoría, tendrán competencia, en situaciones de urgencia, en materia de guarda, visita y pensión alimenticia de menores, pudiendo disponer de manera provisoria las medidas que estimen pertinentes en interés de los mismos, conforme a lo dispuesto por el artículo 317.1 del código General del Proceso, debiendo elevar los asuntos al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente, necesariamente dentro de las cuarenta y ocho horas de dictada la decisión, a cuya resolución se estará.

Será aplicable a estas medidas urgentes lo previsto por el artículo 311.2 del Código anteriormente citado.

Art. 379. - Sustitúyese el artículo 86 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, en la redacción dada por el artículo 117 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, y por el artículo 343 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 86. - Los Jueces tendrán derecho a licencia, que gozarán durante los dos períodos de receso de los Tribunales: uno del 25 de diciembre al 31 de enero del año siguiente, y el otro del 1º al 15 de julio de cada año, sin perjuicio de las licencias especiales autorizadas por otras normas y de las que la Suprema Corte de Justicia, a petición del interesado, estimare oportuno concederles por motivos fundados.

La Suprema Corte de Justicia designará los Magistrados y funcionarios que actuarán durante los períodos de receso y también en Semana de Turismo, pudiendo establecer períodos de receso distintos a los indicados, para determinadas sedes, por razones fundadas de mejor servicio y con antelación no menor a sesenta días".

Art. 380. - Exonérase del pago de la tasa registral creada por el artículo 83 del decreto-ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 437 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y de la sobretasa registral creada por el artículo 334 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, a las inscripciones de documentos y solicitudes de certificados de información registral, formuladas a requerimiento de las Defensorías de Oficio y del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho.

Art. 381. - Agrégase al artículo 93 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, el siguiente numeral:

"6) Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya designado Defensor de Oficio, sin perjuicio de las condenaciones o reposiciones que correspondan".

Art. 382. - Transfiérese a la competencia del Ministerio de Educación y Cultura, el Registro Público de Comercio, actualmente a cargo del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia, en acuerdo con dicho Ministerio, determinará la oportunidad y forma en que se efectuará dicha transferencia.

Art. 383. - Toda vez que se demande al Estado -persona pública mayor- ante la jurisdicción ordinaria, y cualquiera sea la naturaleza de la pretensión deducida, la citación y el emplazamiento deberán entenderse con el órgano máximo de cada Poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) del cual emane el acto, hecho u omisión, o que hubiere intervenido en el negocio jurídico que da mérito al litigio. Quedan comprendidos en este régimen el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

Cuando se trate de demandas referidas al Poder Ejecutivo, en asuntos correspondientes a algún Ministerio, la citación, el emplazamiento y, en su caso, las sucesivas notificaciones, se practicarán con el Ministerio respectivo.

La autoridad demandada podrá hacerse representar o asesorar por quien crea conveniente.

Art. 385. - La retribución de los Secretarios Letrados (Abogado) grados III y IV, será equivalente al 75%, (setenta y cinco por ciento) de la que perciben los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital.

Art. 386. - Declárase que los Defensores de Oficio tienen absoluta autonomía e independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ejercitar las potestades que les confieren la Constitución y las leyes en defensa de sus patrocinados. En el caso que se afecte la eficacia o se menoscabe la función de los Defensores de Oficio, deberán ponerlo en conocimiento del Director de la respectiva Defensoría, quien con anuencia de la Sala de Defensores correspondiente adoptará las medidas pertinentes para hacer cesar tal situación.

INCISO 17

TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 392. - Increméntase los Rubros 2 "Materiales y Suministros" en N$ 15:000.000 (nuevos pesos quince millones); 3 "Servicios no Personales" en N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones) y 7 "Subsidios y otras Transferencias" en N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones) respectivamente.

Art. 394. - Se incrementa la partida de "Permanencia a la Orden" destinada a los funcionarios que cumplan tareas, en el Tribunal de Cuentas en la suma de N$ 157:000.000 (nuevos pesos ciento cincuenta y siete millones).

Art. 395. - Las auditorías y actuaciones que efectúe el Tribunal de Cuentas a solicitud de la Administración Central, Entes Autónomos comerciales e industriales, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y organismos públicos, serán abonadas por éstos. El precio deberá establecerse en función del costo de la tarea a realizarse.

Art. 396. - Derógase lo establecido en el artículo 495 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y artículo 351 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 397. - Sustitúyese el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 (artículo 29 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), por el siguiente:

"ARTICULO 479. - En especial, son ordenadores secundarios:

A) Los Ministros en su Ministerio, el Secretario de la Presidencia de la República, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dentro de sus dependencias, con el límite del cuádruple del máximo de las licitaciones abreviadas vigente para cada organismo.

B) Los Directores, Gerentes y otros jerarcas de dependencias directas de los ordenadores primarios o de los ordenadores secundarios mencionados en el literal anterior que se determinen, con el límite máximo del doble de las licitaciones abreviadas vigente para cada organismo.

C) Los funcionarios a cargo de las dependencias que se determinen, ponderando la naturaleza, sus características y la jerarquía de dichos funcionarios, con el limite máximo de las licitaciones abreviadas vigente para cada organismo".

Art. 398. - Sustitúyese el artículo 504 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 (artículo 56 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), por el siguiente:

"ARTICULO 504. - La apertura de las ofertas se hará en el lugar día y hora fijados en el pliego respectivo en presencia de los funcionarios que designe a tal efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes, que deseen asistir.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante los presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si las propuestas contienen defectos o carencias formales, si se ha adjuntado la documentación exigida en los pliegos de condiciones, así como la garantía constituida cuando ello correspondiera.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán efectuar las constancias que estimen necesarias.

Una vez analizadas las ofertas y el acta de apertura, la Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia, así como para complementar la garantía de mantenimiento de la oferta cuando estime que hubo error en su cuantificación y siempre que no se trata de una diferencia significativa. Ello podrá hacerse cuando no se altere materialmente la igualdad de los oferentes. La Administración podrá negarse a otorgar dicho plazo adicional para complementar carencias o salvar defectos o errores cuando los mismos sean habituales en un oferente determinado, o se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida".

Art. 399. - Sustitúyese el artículo 466 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 17 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), por el siguiente:

"ARTICULO 466. - No podrán comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones, cuyo monto exceda el limite de la asignación anual, salvo los siguientes casos:

1) Para el cumplimiento de leyes cuya vigencia exceda de un ejercicio financiero.

2) Para la locación de inmuebles, obras o servicios sobre cuya base sea la única forma de asegurar la regularidad y continuidad de los servicios públicos o la irremplazable colaboración técnica o científica especial.

3) Para las operaciones de crédito por el monto de los correspondientes servicios financieros, amortizaciones, intereses, comisiones y otros gastos vinculados.

No obstante lo dispuesto precedentemente el monto de la afectación anual no podrá exceder el limite del crédito anual respectivo".

Art. 400. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 517 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 63 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), por el siguiente:

"También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean de interés para la Administración y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación".

Art. 401. - La Inspección General de Hacienda podrá autorizar a funcionarios públicos de la localidad que sean escribanos públicos, la certificación de libros de contabilidad de los organismos públicos, establecida en el artículo 539 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 81 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera).

Art. 402. - Agrégase al artículo 41 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado el siguiente inciso:

"Cuando no exista acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas o no haya dictamen de éste luego de sesenta días de solicitado, la resolución del Poder Ejecutivo será remitida a conocimiento de la Asamblea General".

INCISO 18

CORTE ELECTORAL

Artículo 403. - El beneficio establecido en el artículo 365 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, se liquidará semestralmente.

Art. 404. - A efecto de solventar los gastos que demande la inscripción cívica en el año 1993, créanse las siguientes partidas para el Ejercicio 1993:

A) Para gastos de funcionamiento y retribuciones personales, N$ 1.255:000.000 (nuevos pesos un mil doscientos cincuenta y cinco millones).

B) Para gastos de inversión, N$ 45:000.000 (nuevos pesos cuarenta y cinco millones), para atender el proyecto 702 "Adquisición de equipos de oficina".

Art. 405. - Fíjase una partida, de N$ 37:335.000 (nuevos pesos treinta y siete millones trescientos treinta y cinco mil) para cubrir los gastos que demande la participación en reuniones internacionales relativas a la materia electoral.

Art. 406. - Increméntase el crédito para inversiones en el Ejercicio 1993 en N$ 350:000.000 (nuevos pesos trescientos cincuenta millones) y N$ 149:340.000 (nuevos pesos ciento cuarenta y nueve millones trescientos cuarenta mil) equivalente a U$S 60.000 (dólares de los Estados Unidos de América sesenta mil), con la formalidad de atender los siguientes proyectos:


713


"Instalación eléctrica O.E.D. Montevideo", N$ 250:000.000 (nuevos pesos doscientos cincuenta millones).

714

"Adquisición grupo electrógeno" N$ 149:340.000 (nuevos pesos ciento cuarenta y nueve millones trescientos cuarenta mil) equivalente a U$S 60.000 (dólares de los Estados Unidos de América sesenta mil).

715

"Reparaciones otros edificios", N$ 100:000.000 (nuevos pesos cien millones).

INCISO 19

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo 408. - Incorpóranse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el último grado del Escalafón Administrativo, los funcionarios que al 30 de junio de 1992 presten funciones en comisión en el mismo.

Art. 409. - Créase en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo:

A) El Servicio de Informática Documental y de Gestión.

B) El Escalafón Especializado en el área de Informática

El Servicio referido en el literal A), tendrá como cometido prestar asesoramiento a nivel nacional en el ámbito de competencia del Tribunal y se integrará con:

1 Director de Servicio de Informática.

1 Jefe de Servicio de Informática (Sector Documental).

1 Jefe de Servicio de Informática (Sector Gestión).

3 Operador 1 del Servicio de Informática.

2 Operador II del Servicio de Informática.

Art. 410. - A los fines determinados en el artículo anterior, efectúanse las siguientes transformaciones de cargos:

1 Director de Departamento en 1 Escalafón C, Grado 12 Director de Servicio de Informática, Escalafón D, Grado 13

1 Jefe Escalafón C, Grado 11 en 1 Jefe de Servicio de Informática (Sector Gestión), Escalafón D, Grado 12

1 Jefe Escalafón C, Grado 11 en 1 Jefe de Servicio de Informática (Sector Documental), Escalafón D, Grado 12

3 Administrativo 1 Escalafón C, Grado 8 en 3 Operador I del Servicio de Informática, Escalafón D, Grado 8

2 Administrativo II Escalafón C, Grado 7 en 2 Operador II del Servicio de Informática, Escalafón D, Grado 7

Art. 411. - El Tribunal de lo Contencioso Administrativo procederá a designar entre sus actuales funcionarios, a quienes ocuparán los cargos referidos en el artículo anterior seleccionándolos, por resolución fundada, y atendiendo a su idoneidad técnica comprobada y experiencia, valoradas en función de una anterior actuación en labores de esa naturaleza en el organismo.

Art. 412. - Asígnase, por única vez, una partida de N$ 99:560.000 (nuevos pesos noventa y nueve millones quinientos sesenta mil) equivalente a U$S 40.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuarenta mil) destinada a la adquisición y ampliación de equipos de computación para el Servicio de Informática Documental y de Gestión.

Art. 413. - Asígnase una partida anual complementaria de N$ 62:225.000 (nuevos pesos sesenta y dos millones doscientos veinticinco mil) equivalente a U$S 25.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinticinco mil), que incrementará las disponibilidades creadas por el artículo 512 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Exclúyense a los Organismos de la Administración Central del pago del servicio dispuesto en el artículo 383 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 414. - Sustitúyese el artículo 496 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 496. - Agrégase al artículo 17 del decreto-ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, el siguiente inciso:

‘Vencido el plazo a que refiere el inciso anterior sin que haya habido dictamen escrito, se entenderá que el Procurador del Estado ha producido informe a favor del actor. Todo ello sin perjuicio de dar cuenta al Poder Ejecutivo’."

Art. 416. - Transfórmanse las partidas presupuestales creadas por los artículos 512 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y 378 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en dólares de los Estados Unidos de América, calculadas al momento de creación de las respectivas partidas.

INCISO 25

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

Art. 419. - Sustitúyese el artículo 397 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 397. - El fondo permanente que se asigne a la Administración Nacional de Educación Pública será equivalente a dos duodécimos de la suma total asignada presupuestalmente, incluidos refuerzos de rubros para gastos de funcionamiento e inversiones, con excepción de los correspondientes a retribuciones, cargas legales y prestaciones de carácter social de funcionarios y los correspondientes a suministros de bienes o servicios efectuados por organismos estatales.

Dicho monto será ajustado al lº de enero de cada año, de acuerdo a los créditos permanentes vigentes a esa fecha".

Art. 420. - Sustitúyese el artículo 368 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 368. - Sustitúyese el artículo 639 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

‘ARTICULO 639. - Las alícuotas del Impuesto de Enseñanza Primaria serán las siguientes:

Valor de N$ 4:000.001 a N$ 7:000.000 1,5 por mil.

Valor de N$ 7:000.001 a N$ 30:000.000 2 por mil.

Valor de N$ 30:000.001 a N$ 70:000.000 2,5 por mil.

Valor de N$ 70:000.001 en adelante 3 por mil.

Los valores que se indican corresponden a los valores reales de los inmuebles determinados por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, vigentes al lº de enero de 1991, y se actualizarán mediante la determinación que fije el Poder Ejecutivo respecto de dichos valores reales."

Art. 421. - Facúltase al Poder Ejecutivo a declarar la remisión del crédito fiscal emergente del Impuesto de Enseñanza Primaria correspondiente a los ejercicios 1988 y 1989.

Art. 422. - Increméntase el Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales" del Inciso 25 ANEP en N$ 29.604:984.000 (nuevos pesos veintinueve mil seiscientos cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil) a valores del lº de enero de 1992, a fin de otorgar un aumento general de sueldos del 8% a partir del 1º de enero de 1993 a los funcionarios docentes y no docentes del organismo.

El Consejo Directivo Central de la ANEP comunicará la apertura de los créditos por programa, rubro y renglón a la Asamblea General, Tribunal de Cuentas de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y Contaduría General de la Nación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 394 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Art. 423. - Declárase que lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, en el sentido que los funcionarios docentes dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública que hubieren obtenido la reincorporación de acuerdo a dicha ley, y tengan aún pendiente, a la fecha de sanción de la presente ley, la plena recomposición de su carrera administrativa, podrán optar por la misma o ejercitar sus derechos ante el Banco de Previsión Social a efecto de obtener la pasividad o de modificar su cédula jubilatoria, en la forma dispuesta en el artículo 18 de la misma ley y concordantes.

Los funcionarios aludidos en el inciso anterior deberán ejercitar la opción en un plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

INCISO 26

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

Artículo 424. - Prorrógase, para el Ejercicio 1993, hasta N$ 24.890:000.000 (nuevos pesos veinticuatro mil ochocientos noventa millones) equivalente a U$S 10:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América diez millones) de la partida establecida en el artículo 408 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, con el destino allí dispuesto y se financiará con cargo a Rentas Generales.

Art. 425. - Prorrógase para el Ejercicio 1993 hasta N$ 4.978:000.000, (nuevos pesos cuatro mil novecientos setenta y ocho millones), equivalente a U$S 2:000.000, (dólares de los Estados Unidos de América dos millones), de la partida prevista en el inciso 2º del artículo 406 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, con destino a atender gastos de funcionamiento del Hospital de Clínicas, excluidas las retribuciones personales, que se financiará con cargo a Rentas Generales.

Art. 426. - Tendrán el carácter de partidas por una sola vez, las asignadas a la Universidad de la República por el artículo 615 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, para la ejecución de los siguientes programas: a) de funcionamiento del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela; b) de desarrollo de descentralización territorial en el interior del país, en el área de la salud, agropecuaria, veterinaria, social y tecnológica y, c) de formación de investigadores, de investigación y de innovación tecnológica.

En su ejecución anual no se excederá los montos establecidos en dicho artículo.

Art. 427. - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, los cargos presupuestados y contratados asignados al Escalafón F del Hospital de Clínicas.

Art. 428. - El Fondo Permanente que se asigne al Inciso 26, Universidad de la República, será equivalente a dos duodécimos de la suma total asignada en el respectivo presupuesto para Inversiones y Gastos de Funcionamiento, con excepción de la correspondiente a retribuciones de servicios personales, cargas legales y prestaciones de carácter social y suministros de bienes o servicios efectuados por organismos estatales y paraestatales. Dicho monto será ajustado anualmente al 1º de enero de cada año, de acuerdo a los créditos permanentes vigentes a esa fecha.

Art. 429. - Extiéndese a la Universidad de la República, lo dispuesto por el artículo 395 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

INCISO 27

INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR

Artículo 430. - Incorpórase al régimen establecido por el artículo 541 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, el cargo de Director de la Escuela de Funcionarios.

Art. 431. - Sustitúyense las denominaciones y funciones de Regente y Jefe de Hogar pertenecientes a la Serie Educación del Menor del Escalafón D con prescindencia de su grado, por la de Coordinador, manteniendo sus demás características presupuestales (serie, Escalafón y grado) a partir de la fecha de aprobación de la presente ley.

Art. 432. - Sustitúyese el articulo 243 del decreto-ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 243. - Sustitúyese el artículo 324 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, por el siguiente:

‘ARTICULO 324. - Facúltase al Instituto Nacional del Menor a determinar en qué establecimientos deberán vivir obligatoriamente los Directores y Coordinadores asignados’."

Art. 433. - Sustitúyese el artículo 323 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, por el siguiente:

"ARTICULO 323. - Los cargos y funciones de Directores de Establecimiento serán de dedicación total.

Podrán estar comprendidos en tal régimen de trabajo los titulares de cargos y funciones de Coordinador, quedando facultado el Instituto Nacional del Menor a determinar en qué casos corresponde el mismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Nº 12.803, de 30 de noviembre de 1960. Los funcionarios que a la fecha de aprobación de esta ley y en virtud de disposiciones legales anteriores hubiesen optado o se hallaren comprendidos por el régimen de dedicación total, lo conservarán hasta que el cargo o función quede vacante".

Art. 434. - Fíjanse las siguientes partidas de inversión para 105 Ejercicios 1992 a 1994:

Año 1992 N$ 5.953:880.000

Año 1993 N$ 6.571:990.000

Año 1994 N$ 7.228:310.000

Art. 435. - Quienes ocupen cargos de Médico en el Instituto Nacional del Menor podrán acumular a su sueldo el de otro cargo público, sea o no docente, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos en el artículo 650 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1991, y del Decreto Reglamentario 185/91,de 3 de julio de 1991.

SECCION VI

INCISO 21

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Artículo 464. - Interprétase que la partida fijada por el artículo 430 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, equivale a U$S 1:365.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón trescientos sesenta y cinco mil).

Art. 465. - Fíjase en N$ 300:000.000 (nuevos pesos trescientos millones) la partida anual establecida en el artículo 618 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, con destino a la Fundación Procardias.

Art. 466. - Increméntase en N$ 55:000.000 (nuevos pesos cincuenta y cinco millones) la partida anual fijada por el artículo 65 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, en favor del Instituto Psicopedagógico Uruguayo.

Art. 467. - Sustitúyense los numerales 3) y 4) del artículo 589 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por los siguientes:

"3) Año 1993, N$ 16.427:400.000 (nuevos pesos dieciséis mil cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos mil).

4) Año 1994, N$ 12.345:440.000 (nuevos pesos doce mil trescientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta mil)".

Art. 468. - Increméntase en N$ 86:400.000, (nuevos pesos ochenta y seis millones cuatrocientos mil), la partida anual establecida en el artículo 591 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, con destino a la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata.

Art. 469. - Auméntase en N$ 6:000.000, (nuevos pesos seis millones), la partida asignada en el artículo 618 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, con destino al Renglón 743-001, "Cruz Roja Uruguaya".

INCISO 24

DIVERSOS CREDITOS

Artículo 470. - Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a disponer de una partida anual de N$ 373:350.000 (nuevos pesos trescientos setenta y tres millones trescientos cincuenta mil) equivalente a U$S 150.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento cincuenta mil) para financiar el pago de la contribución al Convenio de la Cuenca del Plata para la Lucha y Erradicación de la Fiebre Aftosa.

Art. 471.- Increméntase la partida fijada por el artículo 610 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. en la cantidad de N$ 672:030.000 (nuevos pesos seiscientos setenta y dos millones treinta mil) equivalente a U$S 270.000 (dólares de los Estados Unidos de América doscientos setenta mil).

Art. 474. - Sustitúyese el artículo 608 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 608. - Asígnanse las siguientes partidas al Plan Nacional de Obras Municipales, Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

A) Con cargo a Rentas Generales, la cantidad de N$ 3.076:404.000 (nuevos pesos tres mil setenta y seis millones cuatrocientos cuatro mil) equivalente a U$S 1:236.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón doscientos treinta y seis mil) para el Ejercicio 1992; la cantidad de N$ 6.254:857.000 (nuevos pesos seis mil doscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil) equivalente a U$S 2:513.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones quinientos trece mil), para el Ejercicio 1993, y la cantidad de N$ 2.496:467.000 (nuevos pesos dos mil cuatrocientos noventa y seis millones cuatrocientos sesenta y siete mil) equivalente a U$S 1:003.000 (dólares de los Estados Unidos de América un millón tres mil), para el Ejercicio 1994.

B) Con cargo a Endeudamiento Externo, la cantidad de N$ 8.776:214.000 (nuevos pesos ocho mil setecientos setenta y seis millones doscientos catorce mil) equivalente a U$S 3:526.000 (dólares de los Estados Unidos de América tres millones quinientos veintiséis mil), para el Ejercicio 1992; la cantidad de N$ 1.704:716.000 (nuevos pesos un mil setecientos cuatro millones setecientos dieciséis mil) equivalente a U$S 6:849.000 (dólares de los Estados Unidos de América seis millones ochocientos cuarenta y nueve mil).

C) La cantidad de N$ 915:952.000 (nuevos pesos novecientos quince millones novecientos cincuenta y dos mil) equivalente a US$ 368.000 (dólares de los Estados Unidos de América trescientos sesenta y ocho mil), para el Ejercicio 1994.

Dichas partidas serán destinadas a la ejecución de los subprogramas de obras y de fortalecimiento institucional de acuerdo a los montos que figuran en el Contrato de Préstamo, para cada uno de ellos y serán administradas por los organismos ejecutores, que en su caso designe el Poder Ejecutivo. Al efecto autorízase a la Contaduría General de la Nación a realizar las transferencias entre los organismos o unidades ejecutoras correspondientes".

SECCION VII

RECURSOS

Artículo 475.- La Dirección General de Infraestructura Aeronáutica deberá depositar en Rentas Generales el equivalente a U$S 1, (dólar de los Estados Unidos de América uno), por cada pasajero que abone la tarifa por la prestación del Servicio de Embarque.

Art. 477. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Nº 16.065, de 6 de octubre de 1989, en la redacción dada por el articulo 196 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"A los efectos del adicional que se crea, extiéndese la nómina de los bienes a que refiere el artículo mencionado en el inciso anterior, a: la leche, los productos de origen forestal, el ganado porcino, las aves y otros productos derivados de la avicultura, la miel y las exportaciones en estado natural y sin proceso de transformación de los productos hortícolas, frutícolas y citrícolas, y las de flores y de semillas".

Art. 478.-Ratifícase la vigencia de los artículos 61 y 68 de la Ley Nº 13.349, de 27 de julio de 1965 y concordantes, respecto a las empresas de prensa escrita radicadas en el interior de la República.

Declárase, con carácter interpretativo, que el artículo 88 de la Ley Nº 14.100, de 29 de diciembre de 1972 y el numeral 5º del artículo 28 del decreto-ley Nº 14.948, de 7 de noviembre de 1979, incorporados al Texto Ordenado 1991 (artículo 18 del Título 10), no excluyeron a las empresas de prensa escrita del interior, de la exoneración del Impuesto al Valor Agregado.

Art. 480.- Sustitúyese el artículo 1º del Título 19 del Texto Ordenado 1991 por el siguiente:

"ARTICULO 1º.- (Hecho generador). Créase un impuesto a las Transmisiones Patrimoniales de Bienes ubicados en el país, que gravará los siguientes actos y hechos:

A) Las enajenaciones de bienes inmuebles, de los derechos de usufructo, de nuda propiedad, uso y habitación.

B) Las promesas de las enajenaciones, referidas en el literal anterior y las cesiones de dichas promesas.

C) Las cesiones de derechos hereditarios y las de derechos posesorios sobre bienes inmuebles. Estas últimas, a los efectos del impuesto, serán consideradas como enajenación del dominio pleno.

D) Las sentencias declarativas de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles.

E) La transmisión de bienes inmuebles operada por causa de muerte o como consecuencia de la posesión definitiva de los bienes del ausente".

Mantiénense las exoneraciones existentes a la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 485.- Interprétase que la facultad concedida al Poder Ejecutivo por el artículo 94 del Código Tributario comprende la de establecer la capitalización cuatrimestral de los recargos por mora.

Art. 487.- Rebájase en un 2%, (dos por ciento), el aporte patronal al Banco de Previsión Social, que se aplicará sobre todas las remuneraciones sujetas a montepío.

Esta rebaja no se aplicará al aporte patronal de los organismos estatales ni a los empresarios rurales.

Art. 489.- Sustitúyese en el literal a) del artículo 5º de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, su primer parágrafo, por el siguiente:

"ARTICULO 4º.(Monto Imponible). - El monto imponible será:

a) Para actos y hechos relativos a bienes inmuebles, el valor real fijado de acuerdo con el artículo 43 del Título I del Texto Ordenado 1991, vigente en el momento en que se configure el hecho gravado, actualizado de acuerdo con la variación operada en el índice de precios al consumo entre el mes en que la fijación tuvo lugar y el anterior al de dicha configuración.

Si esa actualización determinare un valor mayor que el precio establecido en cualquiera de los actos jurídicos a que refieren los literales A), B) y C) del artículo 1º, el monto imponible, en tales casos, será dicho precio".

SECCION VIII

DISPOSICIONES VARIAS

Art. 490. - Derógase el artículo 5º de la Ley Nº 13.118, de 31 de octubre de 1962.

Art. 491. - Derógase el artículo 224 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, y establécese el plazo de seis años para la enajenación de las unidades automotoras dispuesta por los artículos 4º y 9º de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962.

Quedan comprendidas en lo estipulado en el presente artículo todas las importaciones realizadas y a realizar al amparo de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962, independientemente de la fecha de su autorización por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 492. - Las sociedades comerciales emitentes de acciones al portador y con giro industrial quedan exceptuadas de la prohibición establecida por el artículo 9º de la Ley Nº 13.608, de 8 de setiembre de 1967, respecto de los inmuebles rurales que ocupen o exploten para cumplir su giro industrial o la forestación con fines energéticos.

Dichos destinos serán declarados ante escribano público en el acto de adquisición, arrendamiento o cualquier otro destino, del inmueble rural de que se trate, debiendo éste comunicar a la Inspección General de Hacienda, en la forma que la reglamentación establezca, todo contrato en que se verifique tal declaración.

Mientras no se inicie la plantación forestal proyectada, queda vedada toda actividad agropecuaria en los predios a que se refiere la presente disposición.

La violación a lo precedentemente establecido será sancionada con una multa de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del valor real del área del padrón rural en infracción. La precedente sanción será aplicada por la Inspección General de Hacienda quien coordinará con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca el contralor de esta disposición.

Art. 493. - Derógase el artículo 17 de la Ley Nº 13.663, de 14 de junio de 1968.

Art. 495. - Los empleados de la Administración Nacional de los Servicios de Estiba, presupuestados o contratados, que se encontrarán prestando funciones en comisión en otro organismo público podrán optar por su incorporación a éste, en los mismos términos y condiciones establecidos en el artículo 32 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en el plazo de sesenta días a partir de la fecha de publicación de la presente ley.

Art. 496. - A los efectos del cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 39 de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992, auméntase al 7,5o/oo, (siete y medio por mil), el gravamen previsto en el artículo 1º del decreto-ley Nº 15.097, de 22 de diciembre de 1980.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a reducir este gravamen hasta el porcentaje vigente del 2,5o/oo, (dos y medio por mil) en la medida en que se vayan cancelando las obligaciones establecidas en el artículo 39 de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992.

Art. 497. - La Administración Nacional de Puertos deberá depositar mensualmente en el Banco de la República Oriental del Uruguay con destino a Rentas Generales, las cantidades que correspondan al aumento dispuesto en el artículo anterior, y el saldo se depositará a la orden de la Administración Nacional de los Servicios de la Estiba.

Art. 498. - Sustitúyese el literal H) del artículo 23 de la Ley Nº 12.997, de 28 de noviembre de 1961, modificado por el artículo 95 de la Ley Nº 13.426, de 2 de diciembre de 1965, que quedará redactado de la siguiente forma:

"H) Cada solicitud de inspección contable, de evaluación o de certificado referente a tributos, y a cada presentación de estados contables, estados de responsabilidad o declaraciones juradas ante oficinas públicas o instituciones de intermediación financiera, generará una prestación de N$ 1.000 (nuevos pesos un mil).

Exceptúanse las declaraciones juradas que deban presentar ante instituciones de seguridad social sus afiliados pasivos, así como las que deban incluirse en facturas.

Cada certificado de libro de comercio que realice el Registro Público de Comercio o intervención que haga las veces de aquélla, generará una prestación de N$ 3.000 (nuevos pesos tres mil). Igual prestación se aplicará en caso de presentación de registros contables ante organismos públicos.

El activo fiscalmente ajustado según las normas del Impuesto al Patrimonio estará gravado con una prestación del 0,01% (un centésimo por ciento) fijándose como importe máximo la suma de N$ 100.000 (nuevos pesos cien mil), cuya aplicación controlará la Dirección General Impositiva en ocasión de la presentación de la declaración jurada del impuesto, excluyendo el de las personas físicas, núcleos familiares, sucesiones indivisas y cuentas bancarias con denominación impersonal.

Las oficinas ante las que se presenten las solicitudes, libros y demás documentos referidos, controlarán el cumplimiento de estas normas según los valores vigentes a la fecha de la presentación".

Art. 499. - Los gravámenes porcentuales sobre sueldos fictos de los afiliados activos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, recaudados por ésta según las normas vigentes, integrarán los recursos de la misma.

Derógase el inciso segundo del artículo 37 de la Ley Nº 12.997, de 28 de noviembre de 1961, en el texto resultante de la modificación dispuesta por el artículo 3º de la llamada Ley Especial Nº 4, de 10 de abril de 1981.

Art. 500. - Sustitúyese el inciso tercero del artículo 691 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"En el segundo semestre del año civil, regirá un valor incrementado en la mitad del porcentaje de incremento sufrido por el respectivo valor entre el primer semestre del año anterior y el primer semestre del año corriente".

Art. 501. - El monto a que refiere el apartado b) del artículo 6º agregado por el ordinal 5) del artículo 29 del decreto-ley Nº 14.948, de 7 de noviembre de 1979, no podrá ser inferior al 15%, (quince por ciento).

Art. 502. - Declárase que el secreto profesional a que refiere el artículo 25 del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, no alcanza a la información obtenida por las empresas que administren créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizados por terceros, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin. Esta disposición será aplicable cuando lo solicite la Dirección General Impositiva.

Art. 503. - Declárase que lo establecido en los artículos 79 numeral 4º, 137 numeral lº y 512 numeral 1º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, comprende también además de los egresados de la Universidad de la República, a los egresados de las Facultades de Derecho de Universidades Privadas.

Art. 504. - Las cooperativas de consumo de segundo grado o superior, podrán establecer en sus estatutos regímenes de ponderación de votos o representatividad que, sin perjuicio de garantizarse siempre la participación de todas las entidades afiliadas, evite el predominio absoluto de algunas de ellas.

Art. 505. - Inclúyese en el derecho a la opción establecida por el artículo 102 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, a los integrantes del Directorio del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, al Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y al Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Art. 506. - La justificación del dominio de los vehículos automotores cuando se refiera a persona distinta de la que solicita la inscripción, a los efectos registrales, podrá hacerse por los interesados en la siguiente forma:

1) Posesión del vehículo, con ánimo de dueño, en forma pacífica e ininterrumpida durante seis años, acreditada por certificado notarial o mediante acta si la prueba fuere testimonial.

2) Diez publicaciones en el Diario Oficial y en otro diario del lugar donde el vehículo estuviere empadronado, de un aviso cuyo texto suministrará el Registro de Vehículos Automotores, anunciando la inscripción del mismo a nombre del peticionante.

Esta disposición sólo ampara las situaciones jurídicas concretas que expresa, siempre que las mismas sean anteriores a la vigencia de la presente ley.

Art. 507. - Facúltase a la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa a proyectar su presupuesto anual de recursos, gastos e inversiones y elevarlo al Ministerio de Economía y Finanzas, previo dictamen del Tribunal de Cuentas, para su aprobación por el Poder Ejecutivo. Dicho presupuesto se elaborará con el preventivo de recaudación elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Art. 508. - De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución en el artículo 211 (inciso B) la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, podrá proponer al Tribunal de Cuentas que delegue la intervención previa de los gastos y pagos en Contadores de la Institución quienes actuarán como Contadores Delegados (titular y suplente) del Tribunal de Cuentas. Dicha facultad regirá a partir de la aprobación de la presente ley.

Art. 509. - Modifícase el artículo 695 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 695. - Autorízase al Banco Central del Uruguay a vender estas monedas a un precio no menor al equivalente de la Cantidad de oro que contienen, calculado a la cotización vendedora de cierre en el mercado financiero internacional el día hábil anterior.

A ello deberá agregarse el costo de acuñación, a cuyo monto se le adicionará un importe acorde a los valores del mercado de piezas similares. Eventualmente, estas monedas podrán ser comercializadas, por su valor numismático".")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 216, que es el único que fue desglosado del Inciso 08, Ministerio de Industria, Energía y Minería.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Artículo 216. - Modifícase el artículo 290 de la Ley número 16.170, de 28 de diciembre de 1990, con la redacción dada por el articulo 214 de la Ley Nº 16.226, de 19 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 290. - El Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá disponer de sus recursos de libre disponibilidad de la siguiente manera:

a) 50% (cincuenta por ciento) de lo recaudado para gastos de funcionamiento e inversiones.

b) 50% (cincuenta por ciento) para el pago de incentivos por rendimiento. Dicho beneficio podrá alcanzar a los funcionarios presupuestados y contratados que revistan en las planillas presupuestales del Inciso siempre que presten efectivamente funciones en éste así como aquellos funcionarios de otros Organismos del Estado que se encuentren en comisión en el Inciso.

Dicha compensación no podrá superar por funcionario el 25% (veinticinco por ciento) de las retribuciones permanentes sujetas a montepío excepto la prima por antigüedad. No tendrán derecho a percibir el beneficio aquellos que no tengan una antigüedad mínima de seis meses en el Inciso".")

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: vamos a solicitar que este artículo se vote por incisos, porque en el literal b), donde se establece que un 50% de los recursos de libre disponibilidad tendrá como destino el pago de incentivos por rendimiento, se regula la forma en que se percibirá esa compensación. Se dice: "Dicho beneficio podrá alcanzar a los funcionarios presupuestados y contratados que revistan en las planillas presupuestales del Inciso siempre que presten efectivamente funciones en éste así como aquellos funcionarios de otros Organismos del Estado que se encuentren en Comisión en el Inciso".

Vamos a proponer que se eliminen las tres últimas líneas a los efectos de que este literal termine donde dice: "siempre que presten efectivamente funciones en éste".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar el acápite y el literal a) del artículo 216.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde votar ahora el literal b) en la forma en que venía redactado de Comisión.

(Se vota:)

-15 en 27. Afirmativa.

Corresponde pasar ahora a los artículos que fueron desglosados del Inciso 10, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En primer lugar habría que considerar el artículo 244.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para dejar una constancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Al votar en bloque se votó el artículo 238 de este inciso y como hay una fe de erratas que se distribuyó en su momento, supongo que habrá sido votado con ese texto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Así es, señor senador. El artículo 238 no se votó con el texto que figuraba en el Repartido sino con el que consta en la fe de erratas.

En consideración el artículo 244.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 244. - Exonérase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas del pago de la tasa a que refiere el artículo 160 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por los planos de mensura relacionados con el trámite expropiatorio".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 251.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 251. - Sustitúyese el literal F) del artículo 3º del decreto-ley Nº 14.396, de 10 de julio de 1975, el que quedará redactado con el siguiente texto:

"F) Retirar y reponer material ferroviario (vías, durmientes, etc.) cuando lo considere conveniente, manteniendo siempre un trazado para los destinos previstos para la línea afectada. En estos casos AFE gozará de los derechos y potestades inherentes a su calidad respecto de esa línea. Esta medida deberá ser adoptada mediante resolución fundada de Directorio aprobada por el voto conforme de tres de sus miembros, con autorización del Poder Ejecutivo, el que dará cuenta de ello a la Asamblea General".)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - El ritmo frenético de la votación de los artículos no nos permite, a veces, dejar constancia de lo que se está tratando. En este caso concreto se está modificando la Carta Orgánica de AFE y se autoriza al Directorio, por resolución fundada, a eliminar vías, es decir líneas, cuando en realidad -y esto no sólo lo prevé la Carta de ese Ente sino también normas de más altas jerarquías- esto sólo se puede hacer a través de mayorías especiales o por leyes aprobadas en el Parlamento.

Pienso que es altamente inconveniente que se proceda a realizar esto; ya se ha demolido bastante y, quizá, la tarea que se le encomiende al Directorio es que levante todas las vías. No sé donde las van a poner, quizás las puedan vender, aunque de los vagones todavía no se han podido desprender.

SEÑOR URIOSTE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR URIOSTE. - No sé el alcance técnico que puede tener esta disposición pero la razón de ser de la misma es que existen una serie de líneas que no es posible poner nuevamente en funcionamiento porque son inviables. Un ejemplo que podemos citar es el de la línea que une Flores con Durazno. No obstante estas vías tienen materiales que pueden servir para mejorar líneas que pueden ser viables.

En resumen, la intención de este artículo es que se puedan utilizar los materiales de algunas vías para otras líneas que realmente pueden servir.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Si hacemos una lectura cuidadosa de este artículo observaremos que se está refiriendo al retiro y reposición de material ferroviario que incluye vías, durmientes, etcétera, manteniendo siempre un trazado para los destinos previstos para la línea afectada. Esto no significa una eliminación de las vías sino, simplemente, se trata de reparar, mantener y retirar sobre la base del mantenimiento de la vía afectada. Tampoco implica otorgar una especie de cheque en blanco para terminar de desmantelar -digo esto entre comillas- lo que se supone es una desarticulación total de AFE.

En consecuencia, desde mi punto de vista se trata de una medida de mantenimiento, de índole técnico, que puede acompañarse con una resolución del Directorio y, por esa razón, vamos a votar afirmativamente.

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Es posible que desde el punto de vista técnico tengan razón los señores senadores que han opinado sobre el tema. No obstante creo que lo debemos estudiar porque no es un problema presupuestal y no creo que haya que resolverlo hoy de tarde. Por este motivo, voy a votar en contra.

SEÑOR BORGES. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORGES. - Este tema fue muy debatido en la Cámara de Representantes y desde nuestra modesta opinión creemos que el Directorio de AFE, dentro de sus competencias, puede realizar determinados trabajos, al igual que cualquier otro Ente del Estado. Sin perjuicio de ello, entendemos que a través de esta disposición se está cometiendo un exceso que no le es permitido por la Carta Orgánica ni por las leyes.

A modo de ejemplo, puedo afirmar que en la terminal de Colonia se acaba de instalar -nadie sabe quién autorizó ni por qué- una nueva empresa de transporte de pasajeros que cruza el Río de la Plata con personas que se desplazan entre Colonia y Buenos Aires. Esto está dentro de los predios de AFE y, prácticamente, se ha edificado sobre los rieles de esa terminal.

Por lo tanto, no creo que se esté transitando dentro de una política de cuidado, de análisis de la perspectiva futura en el marco de una posible corriente de transporte dentro de lo que va a significar el MERCOSUR, sino que, en realidad, estamos asistiendo -en algunos lugares- a un desmantelamiento que será irreversible.

Cuando hablamos de un proceso irreversible no nos referimos sólo al transito de pasajeros sino al ferrocarril como medio de transporte y esto no sólo lo podemos observar en la terminal que mencioné sino también a lo largo y ancho de todo el país.

A través de esta disposición se plantea retirar y reponer material ferroviario. Pero yo pregunto si alguien puede creer que esto va a ser resuelto mirando la perspectiva del mantenimiento de los trazados cuando estamos acostumbrados a escuchar denuncias de legisladores del interior del país -a nivel de la Cámara de Representantes en forma reiterada se han hecho denuncias- que nos informan cómo de la noche a la mañana aparecen instalaciones de diversos tipos de empresas, similares a la que cité hace un momento.

Por esta razón nosotros vamos a votar en contra. Más allá de que el texto pueda tener un sentido, nosotros no confiamos en lo que vaya a hacer el Directorio. Personalmente narré en la Cámara de Representantes lo que sucedió en AFE cuando se instaló el Directorio. El señor Presidente de AFE manifestó: "vengo a desmantelar todo". No obstante, cambió de parecer porque el señor Director López Balestra lo acompañó a hacer una recorrida por todo el Ente y se convenció de que era un verdadero crimen liquidar el ferrocarril como medio de transporte. De esa forma frenó su idea inicial porque comprobó que el ferrocarril podía ser útil. Sin embargo veo estampado en este artículo el peligro de que en el futuro y con esta autorización se retire material y se haga irreversible el proceso de deterioro del ferrocarril, tal como se ha hecho en otras partes. Me parece que eso tiene que hacerse por medio de una ley, en el momento en que el Directorio de AFE o el Poder Ejecutivo entiendan que por determinadas razones debe levantarse una vía. Entonces, que venga un proyecto de ley con nombre y apellido, diciendo qué es lo que se propone levantar o corregir. Esto fue lo que se discutió en general y la que he señalado fue nuestra posición, que vamos a mantener aquí.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - No voy a votar este artículo, porque la propia redacción me hace pensar que existe un problema más profundo, que requiere un nuevo análisis. Creo que para retirar y reponer material ferroviario cuando lo considere conveniente, el Directorio de AFE no necesita una ley. En consecuencia, prefiero esperar una instancia en la que sea posible estudiar más a fondo el tema.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Quiero señalar que la red vial de AFE es de una precariedad que va en aumento. La solución que aporta el artículo 251, es que permite que con el material existente se mejore la situación, a fin de que el ferrocarril sea viable. De no aprobarse esta norma, cada vez será más difícil que los ferrocarriles sigan funcionando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 251.

(Se vota:)

-15 en 30. Negativa.

SEÑOR ASTORI - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Solicito que se reconsidere el artículo 206.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera el artículo 206.

(Se vota:)

-27 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 206.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE~ - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: el artículo 206 hace referencia a una solicitud que habían planteado oportunamente -y fue atendida en Comisión- los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca asignados a la Unidad Ejecutora 014 "Dirección de Laboratorios Veterinarios Miguel C. Rubino". Se trata de la concesión de una partida por concepto de alimentación. La Comisión había acogido favorablemente esta propuesta y por eso fue aprobado el artículo 206, ya que engloba funcionarios que por la clase de tareas que desempeñan y el horario que tienen asignado, no están en condiciones de solventar o asegurarse por otra vía su alimentación durante la jornada laboral.

En estas circunstancias, el artículo 206 propone que por la vía del financiamiento que explicita en el inciso segundo, se pueda colaborar para que estos funcionarios dispongan de mejores condiciones de trabajo. Por cierto, no es una medida extralimitada ni mucho menos; es una contribución modesta al mejoramiento de su situación. Reitero que se trata de funcionarios que, por su horario de trabajo, no están en condiciones de asegurarse su alimentación por otras vías.

Por los motivos expuestos, la Comisión votó favorablemente esta disposición y solicité su reconsideración para recordar a los miembros del Senado cuáles son los fundamentos del planteo.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Acompaño las expresiones del señor senador Astori, pero creo que el inciso segundo merece una mejor redacción.

En definitiva, primero se establece una limitación y, luego, se indica cuál es la procedencia de los recursos, cuando debería ser a la inversa. Por lo tanto, propondría que el inciso segundo dijera lo siguiente: "La referida partida será atendida con recursos extrapresupuestales y su monto global no podrá exceder el 40% de los mismos". Creo que esto es más correcto que comenzar diciendo que la partida no podrá exceder el 40% y luego establecer de dónde surgen los recursos.

SEÑOR ASTORI. - Exactamente, señor senador, esa redacción es más correcta.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Vamos a votar esta disposición con la redacción venida de la Cámara de Representantes. Hemos analizado este articulo porque nos parece que, más allá de su redacción, la modificación que se desea hacerle puede entorpecer la aprobación de este artículo en la Cámara de Representantes. A mi juicio, lo remitido por dicha Cámara, está suficientemente claro y al aceptarlo ya se convierte en norma definitiva.

Por lo tanto, reitero que nuestra bancada va a votar el artículo 206 tal como fue redactado por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 206 con la redacción venida de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 256, correspondiente al Inciso 12, Ministerio de Educación y Cultura.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 256. - Créase la Secretaria Mercado Común del Conocimiento e Información, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

A esta Secretaría compete:

A) Apoyar las tareas asignadas a la Secretaria Ejecutiva y la Comisión Nacional del Mercado Común del Conocimiento.

B) Llevar a cabo las acciones y proyectos dispuestos por el Consejo del Sistema Nacional de Información.

Se adjudicarán a esta Secretaría todos los bienes que posee actualmente la Oficina del Sistema Nacional de información dependiente del Archivo General de la Nación, incluidos los obtenidos por donación de organismos internacionales".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota: )

-21 en 29. Afirmativa.

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Solicito que se reconsidere el artículo 15.

SEÑOR SANTORO. - Ese artículo ya fue reconsiderado.

SEÑOR BRUERA. - No, señor senador, fue suspendido.

(Dialogados)

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Esta disposición fue considerada, votada, reconsiderada y, posteriormente, suspendida. En el día de hoy se volvió a considerar y se votó 17 en 28 presentes. Debemos determinar cuántas veces se podrá reconsiderar los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia debe manejarse con la información que le brinda la Secretaria y ésta, de acuerdo con sus anotaciones, le ha indicado que la consideración de esta disposición fue aplazada. Precisamente, la Presidencia recuerda este hecho, pero no si anteriormente había sido votada, aunque le parece que no.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: en primer lugar, por un deber de lealtad, aclaro que lo que voy a decir es sólo en base a memoria, no dispongo de ningún antecedente.

En segundo término, cabe señalar que la Presidencia tiene razón. En el día de ayer, el señor senador Santoro pidió la postergación de este artículo, antes de que fuera votado. Entonces, esta es la primera solicitud de reconsideración de este artículo 15. Reitero que estas apreciaciones son en base a mi memoria, ya que no poseo ningún antecedente escrito.

SEÑOR PRESIDENTE - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 15.

(Se vota:)

-19 en 29. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 15.

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Señor Presidente: creo que es inconveniente la votación afirmativa de este artículo, ya que si así fuera, daríamos al Poder Ejecutivo potestades para disponer por resolución fundada, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas -y los Ministerios que correspondan- las modificaciones necesarias para racionalizar las estructuras orgánicas de los Incisos 02 al 14.

En otro momento de esta prolongada reunión del Senado expresé que con este artículo se legaliza, en cierta forma, una resolución del Poder Ejecutivo que, en la práctica, liquidó la Imprenta Nacional. Por esta vía, el Poder Ejecutivo tiene facultades que le otorga el Poder Legislativo para liquidar, reitero, diferentes instituciones y organismos de los Ministerios.

Pienso que esto es incorrecto, sobre todo, teniendo en cuenta las opiniones del Gobierno acerca de que la racionalización de muchas operaciones del Estado supone suspensiones y dejar de lado a una cantidad de funcionarios de los lugares en los que trabajaban.

Tal como se ha señalado en este Cuerpo, si el Poder Ejecutivo quiere llevar a cabo una reestructura, lo puede plantear normalmente en la próxima Rendición de Cuentas.

Por lo tanto, señor Presidente, considero que debemos votar negativamente este artículo.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Aclaro que, en otra ocasión, ya nos hemos referido a esta disposición.

Se trata de una norma de carácter técnico que no procura perseguir a nadie ni disminuir los derechos de ningún funcionario. Este artículo se ha establecido a los efectos de reestructurar y superar las situaciones de una excesiva multiplicación de Unidades Ejecutoras. Es lo que se hace técnicamente en cualquier Presupuesto del mundo.

Cabe señalar que esta norma está vinculada con el artículo 50, que establece una disminución, del gasto que, en lo que tiene que ver con funcionamiento deberá ser del 10% para 1993. Entonces, se le exige al Estado que reduzca los gastos de funcionamiento, y cuando éste procede a dar los elementos para ello, se le dice que no, aduciendo que se ataca a los funcionarios. En realidad, ninguno de ellos va a perder su fuente de trabajo. Reitero que esto es lo que se hace permanentemente en un Presupuesto de cualquier país del mundo.

Llama poderosamente la atención que se ingrese en forma tan errónea a la consideración de esta disposición. Insisto en que esta norma procura reducir la posibilidad de la multiplicación de oficinas, tendiendo a la fusión y la reestructura. No existe el ánimo de eliminar determinados servicios. No tiene nada que ver con esto, sino con la reducción del gasto que está establecido en el artículo 50 que ya fue votado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 257, perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Art 257. - Asígnase una partida de N$ 16:850.000 (nuevos pesos dieciséis millones ochocientos cincuenta mil), a la Secretaría del Mercado Común del Conocimiento, destinada a inversiones; y una partida de N$ 9:900.000 (nuevos pesos nueve millones novecientos mil), para gastos de funcionamiento".)

-Tal como iba a decir el señor senador Moreira Graña, este artículo duplica el artículo 65 del Capítulo de Inversiones, que ya fue votado, y que asigna una partida de N$ 16:850.000 para el proyecto de equipamiento de la Secretaría del Mercado Común del Conocimiento. Por lo tanto, es de elemental sentido común que debemos votarlo.

SEÑOR CASSINA. Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Si me permiten, quisiera hacer una consulta al señor senador Moreira Graña que trabajó en la Comisión que estudió el Plan de Inversiones.

El artículo 257 no refiere solamente a la partida de N$ 16:850.000 para inversiones, sino que también establece una de N$ 90:000.000 para gastos de funcionamiento que no figura en el artículo 65.

SEÑOR MOREIRA GRAÑA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MOREIRA GRAÑA. - Ibamos a realizar algunas observaciones con respecto a lo que se plantea para inversiones, pero en este artículo se agrega una partida para gastos de funcionamiento, que tendría que ser votada en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea informar a los señores senadores que el texto de esta disposición, originariamente, estaba contenido en el artículo 203 del Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo; en consecuencia, tiene iniciativa de éste.

Si bien no se debe reiterar la primera de las dos partidas que ya fue votada, la otra si debe serlo, tal como lo ha señalado el señor senador Cassina.

Por lo tanto, el artículo 257 debería quedar redactado de la siguiente manera: "Asígnase una partida de N$ 9:900.000 (nuevos pesos nueve millones novecientos mil), para gastos de funcionamiento de la Secretaría del Mercado Común del Conocimiento".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 257 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 267.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 267. - Créase un impuesto del 5% (cinco por ciento) al valor de enajenación de las obras de arte u objetos de valor artístico o histórico.

Serán sujetos pasivos del impuesto a que refiere el inciso anterior, los adquirentes a cualquier título de Obras u objetos de arte que se mencionan en el artículo 15 de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, así como de toda obra de valor artístico o histórico ofrecido en subasta, remate público o intermediario comercial de cualquier naturaleza.

Serán agentes de retención que, en caso de incumplimiento responderán solidariamente hasta por el 300% (trescientos por ciento) del monto del tributo en caso de omisión, los martilleros, comisionistas e intermediarios de cualquier naturaleza según el caso.

La presentación del comprobante de pago del impuesto será requisito indispensable en toda acción administrativa o judicial relativa a dichos bienes".)

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: compartimos la inquietud que anima a quienes han propuesto este tributo, pero creemos que desde el punto de vista técnico adolece de una serie de imprecisiones en materia de definición del hecho generador, que podría provocar confusión no sólo en la tipificación del hecho tributario, sino también en el ámbito de la liquidación y determinación de éste.

Después de haber reflexionado sobre este artículo -en su esencia lo compartimos- creemos que sería más conveniente separarlo y hacerlo objeto de un proyecto de ley específico para poder darle una adecuada precisión técnica y jurídica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Este artículo fue introducido en la Comisión de Presupuesto del Senado, según tenemos entendido, por el señor senador Arana. La Presidencia quiere expresar que no discrepa con la intención de la disposición pero, como dijo el señor senador Abreu, toda la materia específica es técnicamente muy compleja y aquí se grava no sólo la adquisición de obras u objetos de arte, sino también la de obras de valor histórico, concepto que puede dar lugar a dudas. Además, se establece que si los agentes de retención, que son los martilleros, comisionistas o intermediarios de cualquier naturaleza, se encuentran ante un caso de incumplimiento por parte del sujeto pasivo, que es el adquirente, responderán solidariamente hasta por el 300% del monto del tributo. Obsérvese que se trata de un impuesto del 5% y si se vende una obra de arte, por ejemplo, en U$S 30.000, dicho gravamen ascenderá a U$S 1.500 y el 300% a U$S 4.500. Aunque es una materia delicada no me opongo a la fijación del impuesto, pero me parece razonable que el tema se trate separadamente de la Rendición de Cuentas.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Creo que si debiéramos separar de la Rendición de Cuentas todas las materias delicadas, tendríamos que empezar por no tratar, precisamente, el conjunto de artículos que están vinculados, nada menos, que a la seguridad social. Me parece que esto es algo mucho más puntual, especifico y, por otra parte, extremadamente justo porque consiste en imponer gravámenes que, además, representan cantidades bastante reducidas a la adquisición de obras de arte que salen mayoritariamente del país sin que éste se beneficie a través de esa pequeña retención que se está pagando por parte de personas seguramente pudientes. De esta manera, se estaría contribuyendo a que ámbitos vinculados a la cultura, como la Biblioteca Nacional o la Comisión de Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de la Nación, se vean beneficiados. Este artículo, que ha sido propuesto por el señor senador Cassina y que hemos contribuido a modificar en la discusión de la Comisión está planteando, a mi juicio, la posibilidad de retraer una mínima fracción de lo mucho que se comercializa y que escapa, como dije, de nuestro país, en materia de bienes culturales, artísticos e históricos para cooperar en una proporción bastante reducida en aquellos organismos que tienen como misión fundamental hacer algo para mantener y superar estos valores.

Estimo que esta es una buena oportunidad para dar algunas de las señales imprescindibles -aclaro que deberían ser en número mucho mayor y más audaces que ésta- y positivas en aras de la cultura nacional.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: voy a hacer tres brevísimos comentarios. El primero, para redundar en la justicia de la propuesta. Creo que esta es un área donde hasta ahora ha habido, de hecho una excención tributaria absolutamente injustificable.

En segundo lugar, considero que el señor senador Abreu tiene razón cuando señala que aquí hay vacíos; es imposible no reconocerlo. Pero sobre este punto planteo lo siguiente. Legalmente, en las disposiciones tributarias hay siempre vacíos que llena la reglamentación. Creemos que la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de una propuesta de este tipo puede colmar todas las aspiraciones que en materia de perfección del tributo que se establece se requieran. De hecho, es así; ninguna propuesta tributaria en el ámbito legal llena todas estas dudas o carencias que, con justicia, se señalan aquí.

En tercer término, aludo al ejemplo que, a mi entender, ha puesto, con mucha ilustración, el señor Presidente del Cuerpo. Imaginemos la venta de una obra de arte en U$S 30.000 con un impuesto de un 5% que sitúa el gravamen en U$S 1.500 y una multa del 300% que representa U$S 4.500. Eso es perfecto; encuadra en el sentido común. Si de alguna manera hay desviación en la aplicación de este tributo por una comercialización de U$S 30.000, no me parece exagerado en absoluto, que haya una multa de U$S 4.500. Por eso, recibo con beneplácito el ejemplo puesto, y celebro que haya sido el señor Presidente quien lo trajo al debate porque, en nuestra opinión, coadyuva a la propuesta que estamos tratando.

Sin embargo, para mí, lo fundamental es lo segundo. El Poder Ejecutivo reglamenta esto y, de tal manera, que le da precisión a lo que aquí no la tiene.

SEÑOR PRESIDENTE. - A continuación voy a dar lectura al artículo 23 del Código Tributario porque reconocemos el vicio de modificar las normas generales de los Códigos, que han sido redactados por ilustres especialistas, que saben más que nosotros. Dice así: "Artículo 23. - (Agentes de retención y de percepción). - Son responsables en calidad de agentes de retención y de percepción, las personas designadas por la ley o por la Administración, previa autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales pueden retener o percibir el importe del tributo correspondiente.

Efectuada la retención o percepción, el agente es el único obligado ante el sujeto activo por el importe respectivo; si no la efectúa, responderá solidariamente con el contribuyente".

Si el agente de retención de este impuesto -si la norma se vota- es el rematador de una obra de arte, éste debe retener el importe del impuesto y, si no lo vierte, responde solidariamente con el contribuyente por el importe del tributo, no por uno que sea el 300% del tributo, porque si incurre en una evasión fiscal, hay otras normas que lo sancionan. El Código Tributario ya prevé estas situaciones. No hay razón para que al crear un impuesto establezcamos que el agente de retención tiene responsabilidades o sanciones mayores que la que tienen todos los agentes de retención cuando no vierten los impuestos.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Yo que propuse este artículo que está estrechamente ligado al que sigue, señalo que si facilita su aprobación, no tengo inconveniente en que el inciso tercero quede redactado de la siguiente manera: "Serán agentes de retención que responderán solidariamente por el monto del tributo, los martilleros, comisionistas...", etcétera.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Simplemente, quería hacer una reflexión referida a los artistas nacionales. Pensemos, por ejemplo, en la situación de los pintores uruguayos que se encuentran en plena producción. El sujeto pasivo del derecho tributario va a ser el adquirente. Un pintor nacional, teniendo en cuenta la situación que atraviesan en general quienes realizan esta actividad más por vocación, repercutirá naturalmente sobre el precio de su pintura. La fijación de un tributo de esta naturaleza va a repercutir negativamente en el precio final. No hablo de los valores artísticos o históricos de piezas que tienen un valor importante hasta por la propia desaparición física de sus creadores. Pero consideremos a los pintores que actualmente están volcados al mercado por vocación y que no tienen siquiera medios para vivir. Como se va a pagar el tributo -porque incluso se establece quiénes son los responsables- lo que va a suceder es que la repercusión del peso de este impuesto caerá sobre el precio del artista nacional, del escritor, del pintor, etcétera, es decir, del que realmente hoy está en condiciones de sobrevivir o tiene la intención de hacerlo en función de su vocación y no de su afán profesional.

Creo que deberíamos meditar mucho sobre esto, no sólo por el sujeto pasivo, sino también por la repercusión que pueda tener a nivel artístico nacional, es decir, sobre aquellos que contribuyen en forma viva al mejoramiento del acervo cultural del país.

SEÑOR PRESIDENTE - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - No discrepo con el planteamiento formulado por el señor senador Abreu. Sin embargo, creo que este modesto impuesto no afecta en absoluto el desarrollo del arte pictórico nacional, que todos estamos dispuestos a promover.

Por lo tanto, en aras de facilitar la votación de este artículo y de todo lo que queda por delante, no hablaré más del asunto.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Debo aclarar que lo que voy a decir es exclusivamente a título personal y coincidirá sustancialmente con lo que señaló el señor senador Abreu y con lo que desde la Mesa insinuó el señor Presidente.

Se trata de un tema que por su profundidad y delicadeza no deberíamos tratar en la presente Rendición de Cuentas. Sobre este tema tengo una posición muy personal y madura.

Hace pocos años, en el Uruguay se vendió en un remate un cuadro de Blanes llamado "Así muere un oriental" que fue comprado por el Estado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Fue comprado por el Banco de la República, señor senador.

SEÑOR POZZOLO. -Como decía, creo que el Banco de la República, invirtió U$S 300.000 en este cuadro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Invirtió U$S 80.000.

SEÑOR POZZOLO. -Así hubieran sido U$S 5.000, pienso que fue un profundo error del Gobierno haber comprado ese cuadro, porque de esa manera limitó -como sucede con otras obras de esa jerarquía que están en algún sótano del museo nacional- a que lo vean unas 3.000 personas anualmente en el Uruguay y, comprado por un museo de importancia en el mundo, se hubiera difundido el arte y el nombre de un artista uruguayo.

En nuestro país dejamos que se lleven hasta los jugadores de fútbol mas destacados para beneficiarnos y lograr un prestigio en esa rama. A los grandes artistas nacionales -porque estoy hablando del pintor de la patria- los constreñimos a nuestro ámbito, impidiendo que los conozca el mundo. De esa forma, hacemos una inversión con un espíritu absolutamente conservador y aclaro que el sentido conservador que le dio el señor senador Abreu a sus expresiones el otro día no tiene nada que ver con el que yo le doy a éste, porque me incluyo en ello. Entonces, este tema tiene que ser considerado desde otro punto de vista, en una gran ley de protección a nuestros artistas para que el mundo los conozca y no los obliguemos permanecer entre nosotros, con un espíritu aldeano. En tal sentido, entiendo que no podemos negarle un Blanes al mundo, porque aquí debido a la importación, cuatro rayas hechas por cualquier pintorzuelo adquiere connotación y precio porque proviene de Alemania, de Francia, etcétera.

Por lo expuesto, apoyo calurosamente el desglose de este artículo -de acuerdo con lo sugerido por el señor senador Abreu y con lo que expresó el señor Presidente- porque creo que este es un tema que tiene que ser tratado en profundidad y debe integrar una ley de protección y de expansión del artista nacional. Con ello, intentaremos romper esa frontera de que las grandes obras de nuestros artistas -y no estoy hablando, por supuesto de vender el cuadro de Artigas frente a la Ciudadela o el del Desembarco de los Treinta y Tres- sean vistas solamente por 1.500 uruguayos anualmente en el museo nacional. De esta forma, estamos negando el prestigio artístico del país a miles de ciudadanos en el mundo que valorarían en mayor medida nuestro arte si abriéramos nuestras fronteras.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Deseo expresar que apoyo lo expresado por los señores senadores Abreu y Pozzolo. Pienso que este artículo, fundamentalmente, perjudica la creación artística de quienes están orientados a esa vocación.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Quiero hacer notar que coincido en gran medida con lo que expresaron los señores senadores Cadenas Boix y Pozzolo. Sin embargo, quiero señalar que esta preocupación no está relacionada con estos dos artículos, porque éstos lo único que establecen es detraer de una venta de obras nacionales o no, un pequeño porcentaje para beneficiar a dos entidades culturales del país que están carenciadas, con el objeto de defender en forma prioritaria a los artistas nacionales.

Precisamente, ese es el destino que tendrán estos recursos. En razón de que apoyamos a la Biblioteca Nacional y a la Comisión del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de la Nación, podemos decir que esta última ni una sola vez ha impedido que salga una obra de artista nacional al exterior. Fundamentalmente, me estoy refiriendo a artistas vivos, en virtud de que queremos beneficiar a la gente que está en plena creación, de que se la conozca, se la valore y de que sobreviva con una mayor posibilidad de expansión personal en todos los planos.

Coincidiendo con las preocupaciones manifestadas anteriormente, hago notar, reitero, que estos dos artículos tienen un sentido diferente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 267, con la modificación que había sugerido el señor senador Cassina.

(Se vota:)

-10 en 29. Negativa.

En consideración el artículo 268.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 268. - El producido del impuesto a que refiere el artículo anterior, incrementará por partes iguales el Fondo de Promoción y Desarrollo de la Biblioteca Nacional creado por el artículo 389 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y los recursos de libre disponibilidad de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.

No será de aplicación en este caso lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, debiendo calcularse lo asignado a la Biblioteca Nacional sobre el 100% (cien por ciento) del porcentaje atribuido de las utilidades líquidas referidas.

El producido por dicho impuesto deberá ser depositado en las cuentas abiertas en el Banco de la República Oriental del Uruguay destinadas al Fondo de Promoción y Desarrollo de la Biblioteca Nacional".)

-El artículo 268 debe ser votado negativamente porque el impuesto no se ha votado y, por lo tanto, no se creará.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 29. Negativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE~ - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito la reconsideración del artículo 216.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera el artículo 216.

(Se vota:)

-23 en 28. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 216.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Voy a proponer que se vote negativamente esta disposición, porque el grueso de estos artículos están contemplados dentro de las normas legales vigentes y la redacción que tenemos por delante, contribuye a distorsionar el funcionamiento del incentivo por rendimiento que se aplica actualmente en el Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Este artículo fue votado afirmativamente y el señor senador Gargano, por los fundamentos que expresó, solicita que se vote en forma negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 216.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 270.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 270. - Al cesar el actual titular del cargo de particular confianza de Director de la Unidad Ejecutora 014 "Instituto Nacional del Libro", ésta se fusionará con la Unidad Ejecutora 015 "Dirección General de la Biblioteca Nacional", ambas del Programa 006 "Promoción Editorial y Bibliotecaria".

La nueva unidad pasará a denominarse Dirección General de Promoción Editorial y Bibliotecaria y estará a cargo del Director General de la Biblioteca Nacional, cuya denominación será Director General de Promoción Editorial y Bibliotecaria.

El Ministerio de Educación y Cultura, en un plazo no mayor de ciento ochenta días, someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo una reestructura y racionalización administrativa que permita la integración de los cargos y funciones contratadas en la nueva planilla unificada, sin que ello implique costo presupuestal, previo informe conjunto de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación".)

-Sin perjuicio de que va a votar afirmativamente este artículo, la Presidencia quiere hacer notar que lee por primera vez esta disposición y le parece una aberración que el tradicional Director de la Biblioteca Nacional se le llame en adelante Director General de Promoción Editorial y Bibliotecaria. Este cargo tiene una denominación tradicional, que siempre se ha identificado con la función. Me parece que esta nueva denominación es completamente absurda. Creo que se pueden fusionar las dos Unidades Ejecutoras sin modificar el nombre del cargo.

SEÑOR ASTORI. - Apoyado.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo manifestar que estoy de acuerdo con lo que acaba de establecer el señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE - El segundo inciso de este artículo 270 podría quedar redactado de la siguiente forma: "La nueva unidad pasará a denominarse Dirección General de Promoción Editorial y Bibliotecaria y estará a cargo del Director de la Biblioteca Nacional". Obsérvese, además, que no diríamos "Director General".

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 270 con la modificación indicada.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 271, cuyo desglose fue solicitado por la bancada herrerista.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 271. - Sustitúyese el artículo 390 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

‘ARTICULO 390. - El fondo a que refiere el artículo anterior se destinará a:

A) El 20% (veinte por ciento) a funcionamiento e inversiones de la Biblioteca Nacional.

B) El 80% (ochenta por ciento) a la promoción social y bienestar de los recursos humanos de la unidad ejecutora.

No será de aplicación, en este caso, lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987’.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 272.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 272. - El monto del impuesto "Servicios Registrales" establecido en el artículo 83 del decreto-ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 437 de la Ley Nº l5.809, de 8 de abril de 1986, será de 0,60 UR (sesenta centésimos de Unidad Reajustable) por cada certificado que se solicite a los Registros de Montevideo, o a cada una de las secciones de los Registros Departamentales o Local de Pando; de 0,20 UR (veinte centésimos de Unidad Reajustable) cuando se trate de segundas o ulteriores ampliaciones de los mismos; y de 1,20 UR (una con veinte centésimos de Unidad Reajustable) por cada documento que se presente a inscribir o cuando el certificado sea solicitado con carácter de urgente despacho. Las solicitudes de información no podrán hacer referencia a más de diez nombres ni a más de tres bienes".)

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. -Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Este artículo 272 fija nuevos montos para el impuesto denominado "Servicios Registrales". Su distribución se establece en el penúltimo inciso, que establece: "El producido, una vez deducidos el costo de impresión y distribución de los timbres y la comisión de los distribuidores, se destinará:

A) El 70% (setenta por ciento) a Rentas Generales.

B) El 30% (treinta por ciento) a solventar las necesidades del servicio registral, pudiendo destinarse hasta el 25% (veinticinco por ciento) de este porcentaje para el pago de viáticos y horas extras cuando sea imprescindible para el servicio".

Los funcionarios de este Inciso solicitan una modificación que me parece justa: Actualmente, se les puede asignar hasta el 25% del 30%, es decir, un 7.5%. Me pregunto si no sería apropiado que, en lugar de ser el 22.5% y el 7.5% se estableciera el 15% y el 15%. Es decir que donde se expresa "hasta el 25% de este porcentaje para el pago de viáticos", etcétera, podría establecerse: "hasta el 50%". De este modo, el 30% destinado al servicio se repartiría de la siguiente manera: un 50% para cubrir sus necesidades y el otro 50% -es decir, el 15% del total- para los funcionarios.

Por lo tanto, formulo moción para que se sustituya en el literal B) la expresión "hasta el 25%" por "hasta el 50%".

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea informar que esta norma deroga, en su inciso final, el artículo 334 de la Ley Nº 16.170, que es la Ley de Presupuesto actualmente vigente. Esta disposición fue modificada por el artículo 246 de la Ley Nº 16.226 -Rendición de Cuentas del año anterior- que establecía: "La recaudación por concepto del incremento se verterá íntegramente en el Tesoro Nacional". En el artículo 272, que estamos considerando, se expresa que el 70% será destinado a Rentas Generales y el 30% a solventar las necesidades del Servicio Registral. De este último 30%, un 25% tiene como finalidad el pago de viáticos y horas extras, cuando sea imprescindible para el servicio.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Coincido con el planteo que ha formulado el señor senador Cigliuti. Al respecto, deseo señalar que, tal como está redactado el artículo aprobado en Comisión, lo que se destina a horas extras y viático es una verdadera miseria.

Además, quiero significar que, en función de las distintas disposiciones que se han aprobado en materia de salarios y retribuciones personales, los funcionarios -y diría que también los jerarcas de los Registros- han quedado absolutamente desvalidos.

La modificación que introduce el señor senador Cigliuti permitirá que un 15% del producido de esa tasa se destine al pago de viáticos y horas extras que, regularmente, se realizan en los Registros que están sobrecargados de trabajo. De este modo, se pretende compensar en algo, por la vía del mayor trabajo, a los funcionarios. De manera que esto no es una regalía, sino que es simplemente disponer que se pague adecuadamente a quienes trabajan por demás, de acuerdo con los horarios reglamentarios que deben cumplir.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Esta disposición fue arduamente debatida en Comisión, en más de una oportunidad. La discusión se centró, fundamentalmente, en los porcentajes y en un elemento que luego desapareció de la redacción original, que era la posibilidad de disponer de parte de esos recursos con objeto de entregarlos al personal por concepto de pago de incentivos. Este elemento, incorporado en la redacción aprobada en la Cámara de Representantes, fue posteriormente eliminado, permaneciendo sólo lo relativo a viáticos y horas extras. Ahora se propone modificar el porcentaje, llevándolo al 50%, es decir, que quedaría con una redacción similar a la aprobada en la Cámara de Representantes. Este porcentaje sería el 50% del 30%, en lugar del 25% del 30%. Por esta vía se procura alcanzar mayor cantidad de recursos para el pago de viáticos y horas extras.

Aclaro que originariamente el Poder Ejecutivo había dispuesto que el 30% fuera destinado a solventar las necesidades del Servicio Registral y el 10% del 30%, al pago de viáticos y horas extras, cuando fuera imprescindible para el servicio. De esa iniciativa del Poder Ejecutivo -el 10% del 30%- se pasó al 25% del 30%, y hace un momento se ha sugerido que se llegue al 50% del 30%. Todo esto se ha llevado a cabo a nivel legislativo que, como es sabido, es un camino por el que no debemos transitar en esta clase de temas.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: como se recordará, en el seno de la Comisión intentamos buscar alguna solución que pudiera contemplar las distintas posiciones en juego, en virtud de que luego de efectuada la correspondiente consulta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acerca del costo de cada una de las propuestas, quedó clara la diferencia notoria que exista entre ellas.

Cuando propusimos que un 70% del producido del impuesto "Servicios Registrales" se destinara a Rentas Generales y el 30% restante a las necesidades del servicio, pudiendo asegurarse hasta un 25% a horas extras y viáticos, tuvimos en cuenta el actual sistema de redistribución. Según la información de que disponemos, hoy se reciben por este concepto aproximadamente U$S 180.000. Por la propuesta que estamos considerando, estaríamos llevando la cifra alrededor de U$S 520.000, lo que supone un aumento cercano al 170% de lo que actualmente se percibe. Naturalmente que la sugerencia del señor senador Cigliuti y algunas otras que se han planteado, significan cifras importantes y más significativas que la que estamos manejando.

La fórmula que presentamos tuvo -y tiene- dos objetivos: en primer lugar, incrementar esta tasa de Servicios Registrales para ser redistribuida entre los funcionarios por pago de horas extras y viáticos y, en segundo término, encontrar un entendimiento que pudiera contemplar las inquietudes que habla en la Comisión y, naturalmente, de los interesados en el sentido de percibir una suma más importante que la actual.

Es por esta razón, pues, que nos mantenemos en lo originariamente propuesto.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ABREU. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Si tenemos en cuenta las cifras que han sido mencionadas por el señor senador Abreu, es obvio que la propuesta del señor senador Cigliuti duplica el gasto, puesto que el monto a distribuir se ubicaría en el entorno de U$S 1:000.000.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU. - Finalizo, señor Presidente, ratificando que voy a acompañar la propuesta contenida en el proyecto venido de Comisión porque, de acuerdo con las cifras proporcionadas, aquí se prevé una notoria mejora y ello se encuadra en la intención de poder contemplar la situación -aunque no en su totalidad- de los funcionarios involucrados.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: me parece que es errónea la apreciación de los señores senadores que no están de acuerdo con esta modificación. Digo esto, entre otras cosas, porque aquí no hay un aumento de gastos frente a lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

Como se recordará, lo que sugería el Poder Ejecutivo era que ingresara a Rentas Generales el 70% del producido de este tributo y por esta propuesta se destina igual porcentaje. De modo que no hay una disminución de ingresos.

(Interrupción del señor senador Raffo que no se oye)

-Quiere decir que no se trata de rebajar esto al 50%, sino que lo que se discute es si del 30% que en el Mensaje del Poder Ejecutivo se preveía quitar a Rentas Generales para solventar necesidades del servicio, se asignará un 10%, que era lo que figuraba en la propuesta del Poder Ejecutivo, un 25%, que es lo que se sugirió en Comisión, o un 50%, que es lo que se plantea ahora. Por lo tanto, en todos los casos estamos hablando de un 30% a distribuir y, por lo tanto, repito -porque me parece importante destacar este aspecto que no hay un aumento del gasto.

¿A quién beneficiarla este aumento? A los profesionales de los Registros que, de acuerdo con sus propias declaraciones, desde el año 1925 -obsérvese que han transcurrido muchos años- están equiparados a los Magistrados judiciales. Concretamente, 45 profesionales han sido equiparados a Juez de Paz y 10 a Juez Letrado.

Este beneficio de equiparación es eliminado por el artículo 391 de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Es por esta razón que los profesionales a cargo de los Registros percibirán retribuciones notoriamente menores a las percibidas hasta el momento. En consecuencia, este cambio en la distribución, sin costo tiende a resarcir en algo esta disminución de ingresos que se producirá si tenemos en cuenta el salario de los Magistrados.

En virtud de lo que establece el artículo 35 de la Ley Nº 15.809, de los 55 profesionales pertenecientes a los Registros y equiparados a magistrados, repito que 45 lo están a Jueces de Paz y l0 a Jueces Letrados.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Si partimos de la base de que el 70% de este tributo quedaría, digamos, intocado -en algún momento nos pareció que el señor senador Cigliuti proponía que ese porcentaje se llevara al 50%- el 30% es para solventar las necesidades del Servicio Registral. Una de ellas es, por ejemplo, la computarización del servicio. Por lo tanto, entran en colisión los legítimos intereses de los funcionarios en cuanto al pago de viáticos y horas extras cuando sean imprescindibles allí, con otros destinos que el Director de Registros pudiera tener en mente. Es por esa razón que entre los dos extremos, es decir, lo que los funcionarios solicitan y el hecho de contar con un servicio más eficiente que se pueda brindar, se quiere encontrar un camino. El que preveía el Poder Ejecutivo era asignar un 10% del 30%; el que se buscó en la Comisión se ubicaba en un 25% y, finalmente, el que ahora propone el señor senador Cigliuti está dado por un 50%. Supongo que nadie debe saber cuál es el verdadero camino; pero al decir "pudiéndose destinar hasta el 25% o hasta el 50%", el Director podría administrar este recurso del modo que crea conveniente.

En síntesis, insisto en que me parece que ningún señor senador debe estar seguro si es por medio del 25%, del 38%, del 46% o del 50% que se soluciona este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Veo que ahora el señor senador Raffo ha hecho una inteligencia correcta del artículo.

SEÑOR RAFFO. - Los artículos no poseen inteligencia, señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Lo que quise decir es que había un error en cuanto a qué era lo que se buscaba.

Es obvio que al Director de Registros le será muy difícil tomar una decisión en torno a la distribución de este 30%, porque si retrae mucho lo que se asignará a los funcionarios, mejorará la computarización, pero aquéllos se mostrarán desconformes. En cambio, si le autorizamos a distribuir hasta un 50%, sin duda, podrá mejorar esta situación.

Reitero que por el artículo 391 que estamos considerando se produce lo que en la jerga de la Comisión se ha dado en llamar el célebre "desenganche" con los sueldos de los Magistrados. Como se recordará, los salarios de los técnicos de Registros estaban asimilados a los de los Magistrados en virtud de lo establecido por el artículo 435 de la Ley Nº 15.809 de Presupuesto, aprobada en el año 1986, situación que queda derogada por el artículo 391. En consecuencia, si aprobamos esta disposición, estos funcionarios que poseen título profesional habilitante y que tienen la misma competencia que los Magistrados perderían una equiparación de vieja data.

Entonces, lo que se busca a través de la propuesta que ha formulado el señor senador Cigliuti es enmendar de alguna forma, o mejor dicho dar la posibilidad de reparar el perjuicio que se causa en artículos posteriores con el famoso "desenganche" de los salarios de los Magistrados.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Creo que el planteo que se está realizando acerca de los Registros no abarca la totalidad de ellos. Aquí nos estamos refiriendo al producido de un impuesto de servicios registrales, destinado específicamente a viáticos y horas extras; es decir que aquí no existe tanta vinculación con la actividad de los técnicos sino con los funcionarios administrativos. La diferencia que existe entre la propuesta del Poder Ejecutivo y la de la Cámara de Representantes es que en la primera se establecía una tasa de una Unidad Reajustable por cada aumento que se presentara, mientras que en la segunda se aumentó esa cifra a 1,20, y así permaneció en el proyecto que hoy está a consideración del Senado.

A los efectos de ser claros y transparentes en lo que hace a este tema, sería bueno saber qué diferencia existe entre el proyecto de la Cámara de Representantes y el de la Cámara de Senadores. Pues bien, en el primero, se establece un porcentaje diferente para estos funcionarios; destinado no sólo a viáticos y horas extras sino también a incentivos; esta es, precisamente, la propuesta que ha formulado el señor senador Cigliuti. De manera que los jerarcas del Registro podrían, discrecionalmente, utilizar criterios diferentes. Seguramente esto no va a satisfacer a algunos sectores políticos en la medida en que podrían utilizarse de una forma distinta de la que se considera correcta, en relación con incentivos, horas extras y viáticos.

Por otra parte, la propuesta que esta a consideración del Senado hace referencia a horas extras y viáticos, con el aumento de la tasa, tal como surge del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. Esto permite que las cifras que hoy perciben los funcionarios por estos conceptos supere el 150%, de acuerdo con el aumento de la tasa y el mantenimiento de un criterio.

Esto es, pues, lo que hemos propuesto a través de esta fórmula transaccional. Reitero que no hace referencia a la totalidad de los funcionarios técnicos y de Registros, sino que se vincula explícitamente con las horas extras y los viáticos, contemplando necesidades imprescindibles del servicio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Reitero que creo que esta norma es de justicia. Estamos hablando de un sector que se ve perjudicado en esta Rendición de Cuentas, por lo que sería realmente importante contemplar su situación. Además, hay que tener en cuenta que, en general, todos los demás sectores -incluso el de los defensores de oficio y otros- recibirán alguna satisfacción.

Esta ingeniosa solución que se ha encontrado para contemplar la situación de los funcionarios de los Registros no implica ningún costo para el Poder Ejecutivo y no provoca disminución alguna en Rentas Generales. Simplemente, el proceso de computarización deberá llevarse a cabo en forma un poco más lenta; ésta será, en realidad, la única consecuencia práctica.

Por todo lo expuesto, adhiero a la propuesta del señor senador Cigliuti.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia, quizás corriendo el riesgo de confundir más aun las cosas en torno a la discusión de este problema, desea hacer dos o tres puntualizaciones.

En primer lugar, el tema que ha introducido el señor senador Zumarán en cuanto a la supresión de la equiparación de los técnicos profesionales de los Registros con los magistrados judiciales, no tiene que ver con el asunto que ahora se está considerando, y el Senado se ocupará de analizarlo en el momento en que se trate el artículo 391. La supresión de la equiparación es simplemente para los que están equiparados para el Escalafón 1. Todos los demás funcionarios de los Registros que están equiparados con alguaciles o funcionarios administrativos del Poder Judicial, mantienen la equiparación. Creo que éste es otro tema:

En segundo término, es necesario señalar cuál es la situación actual. Este impuesto fue creado por el artículo 83 del decreto-ley Nº 15.167. Su texto se sustituyó en el artículo 409 de la Ley de Presupuesto Nº 15.809, correspondiente al Gobierno anterior. Allí se estableció que esos fondos se afectarán a solventar las necesidades del servicio registral; aclaro que la disposición se refiere a los fondos provenientes del impuesto. Asimismo, establece que hasta un 10% de ellos podrá corresponder al pago de horas extras y viáticos. Esto quiere decir que un 10% de lo recaudado a través del impuesto cuyo monto fue establecido por la Ley de 1986, se podría destinar al mejoramiento de las retribuciones de los funcionarios.

Por otra parte, a través de la Ley Nº 16.170, el impuesto se aumentó en un 40%, pero allí se estableció también que ese incremento iría íntegramente a Rentas Generales. Por lo tanto, los funcionarios no obtuvieron ninguna mejora.

Ahora, se vuelve a aumentar el impuesto, aunque ignoro cuánto ya que no se establecen porcentajes, sino que se dice simplemente cuánto se abona por cada certificado. Por ejemplo, aquí se habla de 0,60 U.R. cuando el certificado se inscriba en los Registros de Montevideo, mientras que se hace referencia a otros valores cuando la inscripción tenga lugar en Registros del interior de nuestro país.

Ahora bien; en lo que tiene que ver con lo que estaban percibiendo los funcionarios, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, están de acuerdo con otorgar un aumento a los funcionarios, aunque se discrepa en cuanto al porcentaje. El Poder Ejecutivo acepta que, en lugar de destinar todo a Rentas Generales, un 30% vaya a solventar las necesidades del servicio. Esto, no por capricho, sino porque, como es sabido, el servicio se presta en forma arcaica. Quien habla, ejerció la profesión y tuvo que concurrir a 105 registros, por lo que sabe muy bien -al igual que muchos señores senadores- que existen grandes dificultades en esa materia. La informatización de los Registros es una necesidad perentoria e insoslayable y probablemente insumirá un monto apreciable de recursos. No es por destinar menos fondos a los funcionarios que se dice que un 30% irá a solventar las necesidades del servicio registral. Primero, es necesario mejorar el servicio, en función de los usuarios, pues esa es la razón de su existencia y luego habría que ver si es posible otorgar un aumento mayor a los funcionarios. De todas formas, aun en la propuesta del Poder Ejecutivo -que desde el punto de vista mencionado, es la menos generosa, por calificarla de alguna manera- había una mejora para los funcionarios. La propuesta que fue aprobada en Comisión es menos avara, si es que cabe ese término.

En definitiva, tenemos que pensar que los recursos no existen para que los funcionarios mejoren su retribución, lo que seria verdaderamente muy loable, ya que las retribuciones son magras, sino para que mejore el servicio. De lo contrario, estaríamos desvirtuando completamente el principio constitucional del artículo 79 que expresa que la ley establecerá el estatuto del funcionario, sobre la base fundamental de que éste existe para la función y no la función para el funcionario. Dicho de esta manera, esto no es nada simpático. Sé que no me voy a ganar ningún aplauso, ni la simpatía de nadie, por afirmar esto. Sin embargo, es la verdad. Si el servicio tiene que informatizarse, se debe dar a la administración los recursos, a los efectos de proceder en ese sentido. Ahí se encuentra el origen de esta disposición.

Si de ese 30% mencionado, se puede otorgar a los funcionarios un 25%, éstos obtendrán una mejora en sus salarios, pero no podemos desvirtuar el sentido original de la retribución. El impuesto no se aumenta a los efectos de mejorar los sueldos de los funcionarios sino de hacer posible la informatización de los servicios.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Concretamente, propongo que se otorgue a los funcionarios un 15% del total, mientras que el otro 15% se volcaría a cubrir las necesidades del servicio. El 70% restante se destinaría a Rentas Generales.

Como es sabido, se fijó un 30% para satisfacer las necesidades del servicio y, de acuerdo a lo que establece el artículo se puede separar hasta un 25%, es decir la cuarta parte del total; ahora, yo propongo la mitad. Más tarde, cuando se discuta acerca del otro articulo, se verá que si no es por esta vía, estos funcionarios no podrán contar con una retribución especial.

Considero que no es una demasía el pedido que se formula. Además, queda resguardado el principio esencial de que el 70% del producto se destinará a Rentas Generales. Entonces, solamente habría que cambiar el 25% por 50% en el literal b) del penúltimo inciso de la disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 272, con el texto aprobado en la Comisión.

(Se vota:)

-11 en 27. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 272 con la modificación propuesta por el señor senador Cigliuti y que ha explicado reiteradamente.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Solicito que se rectifique esta última votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación del artículo 272.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 276, que oportunamente la bancada del Frente Amplio solicitó se desglosara.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 276. - Deróganse todas las normas legales y reglamentarias que exoneran a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del pago de la tasa de Servicios Registrales establecido por el artículo 83 del decreto-ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 437 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Exceptúanse de lo dispuesto precedentemente a los Entes Autónomos de la enseñanza al Instituto Nacional del Menor, a las operaciones relativas a viviendas construidas por la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, a los prestamos sobre viviendas categoría I del Banco Hipotecario del Uruguay y a las inscripciones de las declaraciones de incapacidad, tramitadas con auxiliatoria de pobreza".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 276.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 284 cuyo desglose también fue solicitado por la bancada del Frente Amplio.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 284. - Para el Ejercicio 1993 la Dirección Nacional de Correos dispondrá de la totalidad de la recaudación que obtenga por el Servicio Expreso de Correos hasta la suma de U$S 100.000 (dólares de los Estados Unidos de América cien mil) que será destinada a incorporar la infraestructura necesaria para el desarrollo del servicio, incluidas las compensaciones o incentivos que fuere menester otorgar al personal afectado a este, lo que no podrá exceder del 40% (cuarenta por ciento) del total de las remuneraciones personales que el funcionario perciba por todo concepto.

Cuando la recaudación exceda la referida suma, será de aplicación lo dispuesto por el artículo anterior y por lo determinado en el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de l0 de noviembre de 1987".

El empleo de la referida partida no afectará el porcentaje sobre el total de proventos dispuesto por el artículo 232 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 284.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA. - Solicito que se reconsidere el artículo 251.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se reconsidera el articulo 251.

(Se vota:)

-27 en 30. Afirmativa.

Nuevamente en consideración el articulo 251.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 285.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 285.- A partir del 1º de enero de 1992, los aportes patronales correspondientes a las retribuciones que perciben los funcionarios de la Dirección Nacional de Correos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 232 de la Ley Nº 15.903, de l0 de noviembre de 1987, serán de cargo de Rentas Generales".)

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: deseo expresar que vamos a votar negativamente este artículo que fue incorporado en la Cámara de Representantes y por el cual los aportes patronales correspondientes a las retribuciones que perciben los funcionarios de la Dirección Nacional de Correos, serán de cargo de Rentas Generales.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: no sé si la Mesa tiene alguna objeción de tipo constitucional con respecto a esta norma. Lo que sí quiero decir es que en su tránsito por la Cámara de Representantes este artículo contó con la iniciativa personal -previo discurso- del entonces Ministro de Educación y Cultura y hoy titular de la Cartera de Salud Pública, doctor García Costa.

SEÑOR RAFFO. - Cambió el Ministro.

SEÑOR PRESIDENTE - Hay un Ministro menos generoso.

La Mesa considera que esta norma genera todo tipo de perplejidad, ya que como dice el señor senador Blanco, lo normal es que los aportes patronales los pague el Estado, que es el patrón, es decir, a través de Rentas Generales.

Parece que esos aportes se estaban pagando con cargo a otro rubro. Además, cabe señalar que la norma es retroactiva al lº de enero de 1992.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: creo que es la quinta oportunidad en que discutimos acerca del Correo en las sucesivas rendiciones de cuentas.

Todos tenemos conocimiento de las magras retribuciones que perciben estos funcionarios que a lo largo de este año han hecho tres meses de huelga en torno a una partida de N$ 20.000 de aumento. A efectos de no achicar esa masa de dinero con la que se retribuye parcialmente a los trabajadores, la ley disponía que el aporte patronal que se les paga por la partida de proventos, lo abone Rentas Generales. De esta forma, se dispone de una suma de recursos más limpia -digámoslo así- para los trabajadores.

Cabe destacar que las remuneraciones que perciben los funcionarios del Correo promedialmente no superan los N$ 450.000. Por lo tanto, esta norma tiende a que esos sueldos no continúen disminuyendo, ya que si deben pagar los aportes patronales de los proventos, la masa de dinero a distribuir baja en forma decisiva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que a la Presidencia se le ocurre razonar frente a esta norma es que esto significa una mejora de la retribución efectiva que cobran estos funcionarios. Al respecto, el señor senador Gargano me señala que es mínimo. Lo que no me explico es la retroactividad de la disposición porque, de cualquier manera, ese dinero ya no lo percibieron. Por lo tanto, puede ser razonable que lo cobren en el futuro, pero no parece lógico devolverles por vía de retroactividad lo que ya no recibieron. Lo mismo se podría estipular para cualquier fecha.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra:

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: considero que la norma tiene un sentido. Como el señor Presidente había razonado, lo lógico es que un aporte patronal lo pague el Estado a través de Rentas Generales. Lo malo era lo que se estaba haciendo, es decir, que se pagaba de los proventos que tienen otro destino que éste.

De manera que la retroactividad de la que se habla -que no es toda, sino que es apenas la que corresponde a estos meses- es lo mínimo que se puede hacer para corregir esta situación irregular.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra:

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Simplemente deseo señalar sobre la pregunta que formuló el señor Presidente acerca del porqué de la retroactividad al 1º de enero y no cualquier otra fecha, que es para que esos proventos queden libres en todo el Ejercicio; y no hay otra razón.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 285.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 298

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 298. - La equiparación dispuesta por el artículo 258 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, se hará efectiva con cargo a Rentas Generales, a partir del 1º de enero de 1992".)

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: recuerdo que con respecto a este artículo y a iniciativa del señor Senador Cassina, se le dio esta redacción que todos compartimos porque en relación a los funcionarios del Cuerpo Coral del SODRE -de quienes se trata esta norma- se da la insólita situación de que una equiparación votada en la última ley de Rendición de Cuentas, si no me equivoco, nunca fue cobrada. Es decir que si bien estamos en los primeros días del mes de octubre, jamás percibieron lo que deberían haber cobrado desde el 1º de enero. Lo que quiero plantear en este momento es sólo un complemento de este artículo -que, por supuesto, compartimos- ya que el artículo 258 de la Ley Nº 16.226 contiene un error, seguramente involuntario.

Quienes integramos la Comisión recordamos, porque guardamos en nuestra memoria los grandes temas que en ella se tratan en las Rendiciones de Cuentas que el espíritu fue hacer la equiparación con el último atril de la Orquesta Sinfónica. Reitero que los miembros de la Comisión lo recuerdan especialmente porque lo hemos conversado en muchas oportunidades. Sin embargo, el artículo 258 de la Ley Nº 16.226 no se refiere al último atril de la Orquesta Sinfónica sino al último grado de ella, y el concepto no es el mismo. Digo esto, porque si aplicamos estrictamente la letra de la ley, los funcionarios del cuerpo coral verán descender su remuneración, lo que resulta absurdo.

Para no seguir confundiendo el significado de atril con el de grado, quiero proponer una redacción sustitutiva del texto considerado por la Comisión, pero recogiendo lo que ella ha aprobado. En realidad, se trata de un agregado que dice lo siguiente: "Declárase por vía interpretativa que la equiparación de las remuneraciones del Coro y de los técnicos del Teatro SODRE a que refiere el inciso segundo del artículo 258 de la Ley Nº 16226, de 29 de octubre de 1991, debe entenderse en relación con las del último atril de la Orquesta Sinfónica, Escalafón D, Grado 9, Violín 7ma. Categoría". Esta es la interpretación correcta de o que en aquel entonces la Comisión y el Cuerpo entendieron. En el mismo inciso se agrega. "Esta equiparación operará en orden ascendente en el caso de los técnicos del Teatro". Aclaro que esta es la forma correcta, pero no es el caso del Coro. Luego, se agregaría un inciso final, que diría: "En todos los casos, la equiparación se hará efectiva con cargo a Rentas Generales a partir del 1º de enero de 1992", que es justamente la propuesta formulada por el señor senador Cassina.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia quiere decir que, por supuesto, no está de acuerdo con que las disposiciones legales no se cumplan por voluntad unilateral del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es exacto que el artículo 258 de la Ley Nº 16.226 dispuso la equiparación, y si ésta no se ha hecho efectiva, está bien que la ley vuelva a ordenarla desde la fecha en que debió haberse cumplido. Sin embargo, también es cierto que ese artículo no decía lo mismo que el 298 que ahora estamos considerando. El artículo 258 decía: "El Ministerio de Educación y Cultura abatirá, a tales efectos" -es decir, a efectos de pagar la equiparación- "sus créditos de rubros de gastos de funcionamiento, por el importe que demande la equiparación dispuesta en este artículo". Mientras tanto, la norma que ahora se propone dice que la equiparación se hará efectiva con cargo a Rentas Generales. Es decir que la norma votada anteriormente disponía que se abatieran rubros de gastos de funcionamiento y si se aprueba el artículo 298, tal como está redactado, esto no va a suceder y Rentas Generales tendrá que hacerse cargo de la erogación correspondiente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la información que voy a aportar es absolutamente exacta.

La norma aprobada en la Rendición de Cuentas pasada ordenaba que había que abatir gastos para pagar esa equiparación; es decir, no le daba facultades al SODRE ni al Ministerio de Educación y Cultura para hacerlo, sino que le ordenaba eso. El hecho concreto es que al no efectuarse el abatimiento, no se les ha pagado nada a los integrantes del Coro ni a los técnicos del Teatro desde el 1º de enero, hasta ahora. Pero esto no termina aquí, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, ante un pedido de informes del Parlamento, contesta -quiero creer que está mal informado- que se les está pagando, hecho que no es así.

Si no se encuentra una solución definitiva, esta situación continuará ya que el Ministerio de Educación y cultura le pide al SODRE que regule el abatimiento del gasto y éste le dice a los contadores del ministerio, que lo hagan ellos, pero lo concreto es que nunca perciben lo que se les adeuda. Entonces, creo que éste es la única solución viable desde el punto de vista legal para que no se siga retrasando ese pago.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- Señor Presidente: con esta propuesta que hicimos, que la Comisión aprobó y a la que el señor senador Asatori propone un agregado que comparto plenamente, pretendimos no solamente solucionar un problema a los funcionarios del SODRE, sino también al Consejo Directivo de este Servicio.

Como responsable de esta propuesta, he hablado en reiteradas oportunidades con el Presidente y con el Vicepresidente del Consejo Directivo del SODRE, señores Ramiro Llano y Loza Aguerrebere, quienes además son mis amigos.

El tema concreto es que las autoridades del SODRE tienen planteada una situación de conflicto con estos funcionarios, porque la ley les acuerda una equiparación que supone un aumento de sus remuneraciones a regir desde el 1º de enero de 1992. Hasta la fecha -y lo puedo asegurar porque hace tan sólo una semana hablé con las mencionadas autoridades- no se les ha pagado nada. Ante esta situación, el Ministerio de Educación y Cultura ha respondido -tanto su anterior titular como el actual- que no tiene economías y que no puede generar estos recursos.

Por supuesto que advierto las dificultades que existen para cargar a Rentas Generales un aumento de remuneración, pero esto ya está votado y vigente desde el 1º de enero de 1992. La única forma que tenemos para solucionar este problema, salvo que decidamos dar marcha atrás y quitar a estos funcionarios lo que la Rendición de Cuentas anterior les otorgó, es cargar esta partida a Rentas Generales desde el 1º de enero de 1992, fecha de entrada en vigencia de dicha ley, sobre este asunto, también he hablado con el actual Ministerio de Educación y Cultura y he llegado a la conclusión de que no existe otra solución al problema. Es decir que realicé esta propuesta con un fin concreto; solucionar un problema que no es sólo de los funcionarios, sino también de los servicios culturales del SODRE.

Respeto la posición de los señores Senadores que tratan de evitar en todo lo posible el crecimiento del gasto, pero debo decir que en este caso no existe otra solución que la que hemos propuesto, con el agregado formulado por el señor Senador Astori, que corrige un defecto de redacción del artículo 258. Lo que ocurre es que el escalafón de la Orquesta Sinfónica del SODRE está compuesto por cargos determinados por la numeración de cada atril -es decir, por su distancia con el primer atril- pero también hay otros cargos de colaboradores y la idea no fue equipararlos a los últimos cargos, porque en el caso concreto del Coro perderían dinero, sino al del primer atril.

En mi modesta opinión, la solución dada para este caso es indiscutible.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción señor Senador?

SEÑOR CASSINA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: tal como lo ha señalado el señor senador Cassina, la diferencia entre atril y grado, es absolutamente relevante.

Quiero decir, además, que si se equipara a los funcionarios del Coro de esta forma, se les rebajará el sueldo y entonces la equiparación, digamos, será con signo negativo. En consecuencia, es absolutamente imprescindible votar este texto.

SEÑOR ZUMARAN.- Me gustaría saber con qué atril se realiza la equiparación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Cassina.

SEÑOR CASSINA.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor Senador Zumarán realizó en voz alta una pregunta, cuya respuesta puede encontrarla en el mismo texto, ya que en él se define con precisión no sólo el atril, sino también el Grado al que se hace la equiparación, lo que, por otra parte, fue votado por este Parlamento el año pasado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 298 con el texto aprobado por la Comisión.

(Se vota:)

-5 en 26. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 298 con el texto propuesto por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

-15 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 304.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 304.- Increméntase el Renglón 0.6.1.304 "Por Funciones Distintas a las del Cargo", en las siguientes partidas: N$ 513:000.000 (nuevos pesos quinientos trece millones) para el Programa 001 "Administración Superior", N$ 2.231:000.000 (nuevos pesos dos mil doscientos treinta y un millones) para el Programa 002 "Prestación Integral de Servicios de Salud" y N$ 407:000.000 (nuevos pesos cuatrocientos siete millones) para el programa 003 "Formulación de la Políticas de Salud".

Dichas partidas se aplicarán a retribuir objetivamente funciones de alta responsabilidad asignadas a no más del 7% (siete por ciento) del total de los funcionarios del Ministerio en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo".)

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: solicito que se vota por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo.

(Se vota:)

-20 en 26. Afirmativa.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. . Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO.- Solicito que se reconsidere el artículo 302, por una omisión involuntaria que no advertimos en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 302.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración, nuevamente, el artículo 302.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- El artículo 302 expresa: "Increméntase el Rubro 7 de la Unidad Ejecutora 012 del Programa 004, Ministerio de Educación y Cultura", etcétera.

Deseo advertir que la suma total, que se extraía de otra cantidad, en principio era de U$S 900.000 y luego se redujo a U$S 350.000. Tal como quedó redactado el artículo, en realidad, sobre lo que ya existía, se le daría U$S 350.000 más.

En tal sentido, considero que deberíamos dar una nueva redacción a este artículo de modo tal que expresara lo siguiente: "Asígnase al Rubro 7 de la Unidad Ejecutora 012 del Programa 004, Ministerio de Educación y Cultura, el equivalente a U$S 350.000", etcétera.

SEÑOR KORZENIAK.- Deseo destacar que, si bien se mejora el texto desde el punto de vista gramatical en el caso de que el Rubro 7 no tuviera nada, con esta modificación variaría sustancialmente el sentido de la disposición.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO.- Entiendo la inquietud planteada por el señor Senador Korzeniak, por lo que propongo que en lugar de "Increméntase" se exprese "Destínase".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 302 con la redacción propuesta por el señor Senador Raffo.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 305.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 305.- Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública que efectivamente presten funciones en el mismo, con excepción de los médicos que revistan en el Escalafón A del Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud", recibirán un incentivo por asiduidad, calculado porcentualmente sobre el sueldo básico, en las condiciones que establezca la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo.

Este incentivo se generará en forma mensual. Se exceptúan las inasistencias por concepto de goce de licencia anual ordinaria, licencia por maternidad, fallecimiento de padres legítimos y o naturales y colaterales de segundo grado. Con respecto a las licencias por enfermedad, la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo determinará, qué situaciones estarán comprendidas en las excepciones, según la gravedad evolutiva de la afección, la que no podrá reiterarse dentro del año en que se generó tal beneficio.

Créase, a tal efecto, una partida de N$ 6.406:000.000 (nuevos pesos seis mil cuatrocientos seis millones) destinada a incrementar el Renglón 0.6.1.404 "Incentivo por Rendimiento".

No serán beneficiarios del incentivo a que se refiere la presente disposición quienes perciban compensaciones por funciones de alta responsabilidad distintas a la de su cargo.

Deróganse los artículos 414 y 415 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y destínase el crédito existente para el financiamiento del incentivo a que se refiere el presente artículo".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 307.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 307.- Facúltase al Poder Ejecutivo a suprimir en el Ministerio de Salud Pública hasta cuatrocientos cargos vacantes al 31 de diciembre de 1992 y hasta mil doscientos cargos vacantes al 31 de diciembre de 1993, sin que ello afecta las funciones vinculadas a la atención directa de la salud, y previa regularización en cargos vacantes de los suplentes y contratados de conformidad a normas vigentes.

El producido de las economías resultantes de las supresiones a que refiere el inciso anterior, será aplicado al financiamiento de los incentivos establecidos en los artículos 305 y 306, dando de baja por igual monto las partidas a que refieren dichos artículos.

Lo precedentemente dispuesto se ajustará a las reglas del debido proceso y en ningún caso afectará los derechos y garantías de los funcionarios".)

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Deseamos dejar constancia de nuestro voto negativo a esta disposición, ya que en ella se faculta al Poder Ejecutivo a suprimir en el Ministerio de Salud Pública hasta 400 cargos vacantes al 31 de diciembre de 1992 y hasta 1200 cargos vacantes al 31 de diciembre de 1993. Consideramos que la supresión de vacantes no resuelve los problemas que tiene este Ministerio y que, por el contrario, habría que adjudicarle partidas mayores. Mediante esta disposición se suprimen vacantes para generar economías, a efectos de incrementar el financiamiento de los incentivos. Es claro que este Ministerio necesita más cargos de auxiliares, enfermeros, médicos, etcétera y sin embargo esta disposición, a mi entender, tiende a bajar drásticamente la cantidad del personal en el área de la salud pública.

SEÑOR PEREYRA. Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Sin ánimo de polemizar y a los efectos de informar al Cuerpo, deseo expresar que en la Comisión de Salud Pública, hemos recibido a un grupo de médicos que nos planteó la problemática de la ausencia de la inmensa mayoría del personal de enfermería, concretamente, en relación con el Hospital Pereira Rosell. Por este motivo, luego llamamos a la Comisión al señor Ministro de Salud Pública, en ese entonces el doctor Delpiazzo. En esa entrevista, los médicos señalaron, además la magnitud de la ausencia del personal, por cuanto de más de 300 enfermeros concurrían apenas 60 ó 70, como consecuencia de que sus sueldos eran de N$ 275.000 por mes, cantidad que prácticamente era destinada al gasto del ómnibus.

Ante esta situación, los médicos nos dijeron que era preferible contar con un menor número de personal de enfermería, pero que efectivamente concurriera a sus labores. Entonces frente a esta posición de los médicos, el Ministro sugirió prescindir de ese personal que no concurre por las razones antedichas. Con las economías que se lograran a medida que se produjeran las vacantes, se podría incrementar notoriamente el sueldo del personal auxiliar de los médicos.

Digo esto porque, de alguna manera, viene a explicar el sentido de este artículo. Personalmente, por lo menos lo interpreto así.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 307-

(Se vota:)

-17 EN 28. Afirmativa.

SEÑOR ARAUJO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARAUJO.- Señor Presidente: esta es una norma respecto de la cual uno se pregunta por qué se ha incluido en la Rendición de Cuentas.

Como bien señalaba el senador Pereyra, este tema estaba siendo analizado por la Comisión de Salud Pública del Senado, en cuyo seno recibimos el testimonio del señor Ministro anterior, quien señaló lo que el señor Senador acaba de expresar, es decir que efectivamente hay muchos enfermeros que ya no concurren a su trabajo. Naturalmente, uno se pregunta cuál es la causa. Obviamente, la respuesta tiene que ver con los insuficientes salarios que perciben. Repito que estábamos estudiando el tema y que tal como expresó el señor Senador Pereyra, recibimos la visita de un grupo de médicos. Sin embargo, el aludido análisis no había culminado.

Por lo tanto, voy a pedir que se rectifique la votación porque creo que lo que corresponde en este caso es que el tema se pase nuevamente a la Comisión de Salud Pública, que es el ámbito correcto para una discusión más profunda.

No podemos, sin la información correspondiente y un estudio exhaustivo, autorizar la eliminación de 400 vacantes para este año y un número superior, o sea 1.200, para el año próximo.

Por lo tanto, mociono para que se reconsidere el artículo y se vote su pase a la Comisión de Salud Pública. Incluso, si es necesario, se podría establecer un plazo para que dicha Comisión se expida, porque no se trata de diferir un tema que consideramos importante. En consecuencia, a la moción voy a agregar un plazo de treinta días para que la Comisión pueda expedirse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por la vía de fundamento de voto, el señor senador Araújo ha hecho varias mociones, aunque reglamentariamente no es lo que corresponde.

En definitiva, ha solicitado la reconsideración del artículo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración del artículo 307.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración nuevamente, el artículo 307.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: personalmente, no expresé que en Comisión haya habido una resolución al respecto. Sí dije que tanto los médicos como el señor Ministro habían señalado que sería una buena medida disminuir un personal que, desde el punto de vista práctico, no existe porque no concurre a desempeñar sus tareas y, al mismo tiempo, aumentar el sueldo de los funcionarios que queden, a fin de estimular su concurrencia. Tal como señalé, con el salario que perciben apenas pueden pagar el ómnibus de ida y vuelta a sus domicilios.

Además en este artículo no se ordena la supresión de los cargos; se faculta al Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con las vacantes, y la supresión se realiza después de las regularizaciones correspondientes. Por lo tanto, aquí no se infiere ningún daño al resto del funcionariado. Creo que en parte se va a solucionar el problema de la ausencia de personal de enfermería y se podrá aumentar notoriamente los salarios de los que queden como personal auxiliar de los médicos que en las condiciones en que actualmente se encuentren los hospitales pueden trabajar.

SEÑOR ARAUJO.- Pido la palabra para ocuparme de la cuestión de orden que planteé.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARAUJO.- Deseo aclarar que en ningún momento expresé que el señor senador Pereyra hubiese manifestado que la Comisión adoptó una resolución sino todo lo contrario. Reitero que en la Comisión estábamos analizando el tema, escuchando la opinión del señor Ministro y de varios médicos. Asimismo, considero que el ámbito natural de discusión de un tema tan trascendente es, justamente, el de la Comisión de Salud Pública, personalmente no me alcanza con los testimonios que se han brindado por lo que quisiera escuchar otros, para ver si efectivamente el servicio no se va a resentir.

Si bien pienso que la vía correspondiente para mejorar los salarios del resto de los funcionarios de Salud Pública es otra y no ésta, si hubiese razones suficientes, no tendría inconveniente en compartirla.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor Senador Araújo disculpa a la Mesa, la misma se encuentra en la obligación de expresar al resto del Cuerpo que hay una serie de rumores en Sala que hacen imposible trabajar de esta manera. Por lo tanto, se ruega a los señores Senadores que hagan silencio.

Puede proseguir el señor Senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO.- Por las razones expresadas, hago moción para que el artículo 307 se pase a la Comisión de Salud Pública, la que tendría que expedirse en el término de treinta días.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Araújo.

(Se vota:)

-8 en 26. Negativa.

La Presidencia interpreta que como el artículo 307 ya había sido votado y la moción de orden para enviarlo a Comisión fue denegada, la primera votación es la que sirve.

Se pasa a considerar el Inciso 13, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desglosado en su integridad.

Si no se propone votar algunos artículos conjuntamente, tendríamos que hacerlo artículo por artículo.

En consideración el artículo 315.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 315.- Suprímense los programas y las unidades ejecutoras que se mencionan: Programa 003 "Estudio, Coordinación y Ejecución de la Política de Recursos Humanos, Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Recursos Humanos", Programa 005 "Formulación, Evaluación y Seguimiento de las Políticas de Desarrollo a aplicar por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Unidad Ejecutora 005 "Dirección Nacional de Desarrollo Social", y Programa 008 "Promoción de Empresas Asociativas y Cooperativas de Trabajadores", Unidad Ejecutora 008 "Dirección Nacional de Fomento Laboral".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 315.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 316.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 316.- Créanse el Programa 003 "Estudio, Investigación, Fomento y Coordinación de Políticas Activas de Empleo y Formación Profesional" y la Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Empleo".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 316.

(Se vota:)

-21 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 317.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 317. -Transfiéranse al Programa 003 "Estudio, Investigación, Fomento y Coordinación de Políticas Activas de Empleo y Formación Profesional", las asignaciones presupuestales, recursos humanos y materiales proyectos de inversión y recursos extrapresupuestales de los programas y unidades ejecutoras que se suprimen en el artículo 315".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 317.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 318.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 318.- Créase en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Programa 003 "Estudio, Investigación, Fomento y Coordinación de Políticas Activas de Empleo y Formación Profesional", la función de Director Nacional de Empleo. La retribución será la correspondiente a la establecida por el literal E) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 abril de 1986. La designación y cese de quien cumplirá la función se realizará por el Poder Ejecutivo y deberá recaer entre funcionarios de los Escalafones A y D del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El funcionario designado conservará su cargo presupuestal y todos los derechos inherentes al mismo".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 318.

(Se vota:)

-25 en 28. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 319.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 319.- Suprímense al vacar los siguientes cargos: en la Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Recursos Humanos" el de Director Nacional, serie Recursos Humanos, Escalafón A, Grado 16, en la Unidad Ejecutora 005 "Dirección Nacional de Desarrollo Social", el de Director, serie Promoción Social, Escalafón A, Grado 14 y el de Director de Promoción y Política Social, serie Administración, Escalafón C, Grado 14, y en la Unidad Ejecutora 008 "Dirección Nacional de Fomento Laboral", el de Director Nacional de Fomento Laboral, serie Cooperativismo, Escalafón D, Grado 14".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 320-

(EL texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 320.- El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, adecuará las estructuras de los cargos de este Inciso a la nueva estructura programática que se aprueba por la presente ley, sin perjuicio de las facultades del jerarca referidas en los artículos 92 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, 307 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969, y 17 y siguientes de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990. Si a la fecha de la promulgación de la presente ley aún no estuviera aprobada la estructura de cargos a que refiere el artículo 11 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, autorízase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a adecuar su estructura de cargos de acuerdo a lo dispuesto en los artículos precedentes".)

-Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 321.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 321.- La Dirección Nacional de Empleo tendrá los siguientes cometidos.

a) elaborar la política nacional de empleo.

b) asesorar en la programación y ejecución de planes migratorios del sector laboral.

c) programar, ejecutar o coordinar planes de colocación para grupos especiales de trabajadores;

d) ejercer la supervisión de las empresas privadas de colocación;

e) proponer y ejecutar, programas de orientación laboral y profesional, pudiendo para ello celebrar convenios con organismos públicos y entidades privadas nacionales, extranjeras e internacionales;

f) desarrollar programas de información acerca de la mano de obra y su evolución;

g) llevar una nómina del personal recapacitado o beneficiario del sistema de reconversión laboral, de acuerdo a lo que determine la reglamentación a dictarse;

h) desarrollar programas de orientación y asistencia técnica a trabajadores que deseen transformarse en pequeños empresarios;

i) implementar, ejecutar y coordinar estudios y proyectos referentes a planes nacionales, regionales, departamentales y locales de desarrollo social y económico en lo relativo a la utilización de recursos humanos;

j) actualizar la Clasificación Nacional de Ocupaciones y coordinar con otros organismos la certificación ocupacional".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- Formulo moción para que se considere y se vote en bloque el resto de este Inciso, ya que se trata de un mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 322 a 331 inclusive.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 322.- Créase en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la Junta Nacional de Empleo que se integrará con tres miembros: el Director Nacional de Empleo que la presidirá; uno designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la organización sindical más representativa y uno designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del sector patronal (Industria, Comercio y Agro).

La reglamentación a dictarse establecerá su forma de funcionamiento.

Art. 323.- Serán cometidos de la Junta Nacional de Empleo:

a) asesorar a la Dirección Nacional de Empleo en los cometidos que les fija la presente ley;

b) diseñar programas de recapacitación de la mano de obra, ya sea directamente o por acuerdo con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

c) estudiar y medir el impacto de la incorporación de nuevas tecnologías y de las políticas de integración en el mercado laboral, proponiendo las medidas correspondientes;

d) asesorar a requerimiento de otros organismos públicos o entidades privadas, en materias de su competencia;

e) colaborar y coordinar con la Dirección Nacional de Empleo en la elaboración de políticas de desarrollo local, en lo referente a los recursos humanos, coordinando su ejecución con los Gobiernos Municipales y entidades no gubernamentales;

f) colaborar en el desarrollo de programas de información acerca de la mano de obra y su evolución;

g) colaborar y coordinar con la Dirección Nacional de Empleo en la elaboración de programas de orientación laboral y profesional;

h) administrar el Fondo de Reconversión Laboral;

i) estudiar las necesidades de los trabajadores amparados por el Seguro de Desempleo, definiendo la recapacitación del trabajador de acuerdo a sus aptitudes personales y a la demanda del mercado ocupacional. A tales efectos afectará, por resolución fundada y unánime, los recursos que administra, pudiendo destinar hasta un 5% de los mismos para pago de estudios e investigaciones.

Art. 324.- Créase el Fondo de Reconversión Laboral que se integrará con los siguientes recursos:

a) el 0.25 % adicional de las retribuciones gravadas por el impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, con excepción de los funcionarios públicos, jubilados y pensionistas;

b) lo recaudado por la prestación de servicios contratados por terceros, relacionados con temas de su competencia;

c) lo recibido por herencia, donaciones, legados e intereses generados por el depósito de sus fondos;

d) lo recaudado por concepto de aporte patronal establecido en el artículo 329;

e) lo obtenido por contratos de préstamo con organizaciones nacionales e internacionales, suscriptos por el Poder Ejecutivo, con destino al Fondo de Reconversión Laboral;

f) lo recaudado por concepto de multas, impuestas por el Poder Ejecutivo por infracciones a la presente ley.

Art. 325.- Facúltase al Poder Ejecutivo a partir del 1º de enero de 1994, a elevar la tasa del 0.25% establecida en el literal a) del artículo precedente, hasta un máximo de 0.50%.

Dicha potestad podrá ser ejercida por el Poder Ejecutivo exclusivamente si mediare una recomendación fundada y unánime de la Junta Nacional de Empleo, en razón del aumento de la demanda de la recapacitación profesional.

Art. 326.- Con cargo al Fondo de Reconversión Laboral, cuyos beneficiarios serán los trabajadores amparados al Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, se atenderán las siguientes prestaciones:

a) actividades de formación para la recapacitación profesional prestadas a través de otros organismos estatales o entidades privadas. La ejecución de dichos programas se realizará mediante un contrato a formalizarse entre la Dirección Nacional de Empleo y las entidades seleccionadas por la Junta para impartir efectivamente los cursos;

b) un beneficio extraordinario para el trabajador que se recapacite, consistente en una prestación adicional a la establecida por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, por el plazo que dure la recapacitación. El beneficio, cuyo porcentaje se establecerá sobre el monto mensual del subsidio por desempleo, se seguirá percibiendo una vez vencido el amparo previsto por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en aquellos casos en que la duración de la recapacitación lo requiera. Dicho porcentaje lo fijará la Junta Nacional de Empleo, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores a recapacitar, las disponibilidades del Fondo y las condiciones establecidas en el literal i) del artículo 323.

Para que se generen las prestaciones referidas precedentemente, se requerirá la resolución del Director Nacional de Empleo que incorpore al o a los trabajadores al régimen previsto en esta norma, previo dictamen preceptivo y vinculante de la Junta Nacional de Empleo.

Si el personal recapacitado es reincorporado por la misma empresa, ésta reembolsará al Fondo los gastos de recapacitación y la reglamentación establecerá los plazos y condiciones en que se hará el pago.

Art. 327.- Son obligaciones del trabajador:

a) acudir a las entrevistas de orientación laboral que se dispongan, bajo apercibimiento de no ser inlcuido o de ser eliminado de la nómina a que se refiere el artículo siguiente;

b) concurrir a las actividades de formación profesional que se determinen. El no cumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida de los beneficios otorgados por la presente ley.

Art. 328.- La nómina de trabajadores que llevará la Dirección Nacional de Empleo comprenderá los trabajadores amparados al Seguro por Desempleo, que aspiren a ingresar o hayan ingresado al sistema previsto en la presente ley.

La reglamentación establecerá la forma de inscripción.

Art. 329.- Para la cobertura de sus vacantes, las empresas podrán acudir a la nómina de trabajadores llevada por la Dirección Nacional de Empleo de acuerdo a las características, perfil y categoría profesional que necesite.

Los empleadores que tomen personal de la nómina referida, estarán exonerados durante los primeros noventa días de la relación laboral, de abonar los aportes patronales correspondientes y deberán verter el equivalente al 50% del monto exonerado al Fondo de Reconversión Laboral. La empresa no podrá despedir al trabajador contratado en estas condiciones -salvo notoria mala conducta- por un plazo de seis meses.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Dirección Nacional de Empleo podrá autorizar contratos de trabajo a prueba que no excedan los quince días.

Art. 330.- La reglamentación a dictarse establecerá las sanciones al empleador en caso de infracción a las obligaciones que le impone la presente ley.

Será de aplicación el régimen sancionatorio establecido en el artículo 289 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Art. 331.- Disposiciones Generales.

a) Los programas que diseñe la Junta Nacional de Empleo atenderán preferentemente a los trabajadores desocupados como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías u otros procesos de reconversión;

b) los importes recaudados conforme al literal a) del artículo 324, serán acreditados mensualmente por el Banco de Previsión Social al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Fondo de Reconversión Laboral y depositados en cuenta especial en unidades reajustables que llevará el Banco Hipotecario del Uruguay. El retiro de fondos sólo se hará efectivo si el recaudo correspondiente se suscribe en forma conjunta por tres miembros de la Junta Nacional de Empleo;

c) dentro de los ciento ochenta días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación correspondiente".)

-Solicito que los señores senadores observen el artículo 331, porque tiene un comienzo absurdo, ya que se refiere a un proyecto de ley autónomo. Esta norma dice: "Disposiciones Generales". Me parece que esta expresión debe ser eliminada, al igual que su clasificación en los tres literales a), b) y c). Oportunamente corregiremos la puntuación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque los artículos 322 a 331 inclusive.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 332.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 332.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a cobrar por la venta de las publicaciones que se editen por sus distintos servicios, fijándose su precio, en cada oportunidad, por el Poder Ejecutivo".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 333.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 333.- Sustitúyese el artículo 289 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 289.- La designación y cese de quienes cumplirán funciones de Subinspector General del Trabajo y de la Seguridad Social y de Director Nacional de Coordinación en el Interior se realizará por el Poder Ejecutivo. La designación deberá recaer entre los funcionarios de los escalafones A y D del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los funcionarios así designados conservarán su cargo presupuestal, todos los derechos inherentes al mismo, incluido el ascenso, y percibirán la remuneración correspondiente al cargo de Director Nacional de Coordinación en el Interior, que fija el artículo 502 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y la correspondiente a un cargo del Escalafón A, Grado 16, para el Subinspector General del Trabajo y de la Seguridad Social.

Las erogaciones resultantes serán atendidas con cargo a los renglones 0.6.4.317 de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior y de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente".)

(Ocupa la Presidencia el doctor Abreu)

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Este artículo sustituye el 289 de la Ley Nº 16.226 que corresponde a la última Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Queremos que el segundo inciso de esta disposición quede con su redacción actual y se ponga un punto luego de donde dice: "que fija el artículo 502 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

El resto del mencionado inciso sería eliminado. En consecuencia, el inciso segundo quedaría redactado de la siguiente forma: "Los funcionarios así designados conservarán su cargo presupuestal, todos los derechos inherentes al mismo, incluido el ascenso, y percibirán la remuneración correspondiente al cargo de Director Nacional de Coordinación en el Interior, que fija el artículo 502 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

La razón de la modificación consiste en que al hacer referencia al escalafón A, grado 16, sucede que no existe una normativa con respecto al sueldo de grado 16 con la condición de abogado que varía de acuerdo a la antigüedad del funcionario.

La redacción del tercer inciso quedaría tal como está dispuesta en el repartido que estamos analizando.

SEÑOR ZUMARAN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ZUMARAN.- Quisiera saber si en este caso no dejaremos sin sueldo al Subinspector General del Trabajo y de la Seguridad Social, porque creo que el agregado tenía como objetivo que esos funcionarios perciban un salario.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- El Subinspector queda con la remuneración que percibe actualmente, que en este caso estaba tomada como referencia para fijar otros sueldos.

SEÑOR ZUMARAN.- Queda aclarada mi duda, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 333 con la redacción propuesta por el señor Senador Santoro.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 334.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 334.- Créanse en el Programa 007 "Contralor de la Legislación Laboral y Seguridad Social", cuatro cargos de Inspector III CAT, Escalafón D, Grado 8, y trece cargos de Inspector IV CGT, Escalafón D, Grado 7".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 335.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 335.- Prorrógase por trescientos sesenta días el plazo establecido por el artículo 295 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, respecto de los cargos vacantes en los escalafones A y B del Instituto Nacional de Alimentación, al 1º de enero de 1992, para asistentes sociales y nutricionistas.

Los mencionados cargos deberán ser provistos por medio de concurso de oposición u oposición y méritos entre los profesionales que se presenten para acceder a los mismos, eliminándose posteriormente los cargos que resultaren vacantes, si correspondiere".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 336 a 345.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 336.- El Poder Ejecutivo fijará mensualmente el valor promedio de la cuota mutual de afiliación individual, la que servirá de base para la determinación del aporte patronal al seguro social de enfermedad, así como de la cuota mutual que el Banco de Previsión Social abonará a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva prestadoras de los servicios.

Esta última será fijada por el Poder Ejecutivo en un porcentaje del referido valor promedio ponderado por el número de afiliados, que se ubicará entre un 85% y un 90% del mismo.

El valor promedio de la cuota mutual de afiliación individual se hará teniendo en cuenta las cuotas vigentes cuyo valor será comunicado por las diferentes entidades de Montevideo y del interior del país al Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes el Poder Ejecutivo comunicará al Banco de Previsión Social el valor de la cuota mutual que éste abonará a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por beneficiarios del seguro social de enfermedad.

Art. 337.- El aporte patronal al seguro social de enfermedad, con excepción de los contribuyentes comprendidos en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente deberá cubrir la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones vigentes con destino a dicho servicio de seguro y el valor de la cuota mutual, con sus adicionales, que el Banco de Previsión Social abone a las entidades de asistencia, multiplicado por el número de dependientes beneficiarios.

Art. 338.- A partir de la vigencia de la presente ley la contribución patronal rural al seguro social de enfermedad por los dependientes de los empresarios rurales se establecerá de conformidad con las disposiciones de los numerales siguientes:

1) Quienes exploten predios de hasta doscientas hectáreas y con hasta dos dependientes, de doscientas una a mil quinientas hectáreas y con hasta tres dependientes y de más de mil quinientas hectáreas y con hasta ocho dependientes, continuarán aportando de conformidad con lo que establece la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986.-

2) Quienes exploten predios de hasta doscientas hectáreas y con tres o más dependientes, de doscientas una a mil quinientas hectáreas y con cuatro o más de cuatro dependientes y de más de mil quinientas hectáreas y con nueve o más de nueve dependientes aportarán el 5% (cinco por ciento) de las remuneraciones que perciben los trabajadores, incluyendo los fictos por alimentación y vivienda descontando la cuota parte de la contribución patronal (artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986) que corresponde al seguro social de enfermedad.

3) Quienes exploten predios de hasta doscientas hectáreas de doscientas una a mil quinientas hectáreas y de más de mil quinientas hectáreas y por los dependientes que excedan de cinco, ocho y quince, respectivamente, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 337 de la presente ley.

Para el cálculo del complemento referido en dicho artículo, se utilizará como salario unitario el promedio salarial de la nómina aportante.

La escala precedente se aplicará a los predios con Indice de Productividad CONEAT 100, debiéndose ajustar proporcionalmente dichos valores en cada caso al Indice de Productividad CONEAT de los predios respectivos.

Art. 39.- En el caso de empresas unipersonales y cónyuges colaboradores, se deberá abonar el total de la cuota fijada por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en el pago con las aportaciones al Sistema de Seguridad Social.

Art. 340.- Los afiliados al Banco de Previsión Social comprendidos en el artículo 7º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986 en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 15.953, de 6 de junio de 1988, podrán ejercer la opción de afiliarse al seguro social de enfermedad.

Quienes efectúen la opción de afiliación, exploten predios de menos de doscientas hectáreas con Indice de Productividad CONEAT 100, ajustados proporcionalmente dichos valores en cada caso, al Indice de Productividad CONEAT de los respectivos predios y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación abonarán el 50% (cincuenta por ciento) del valor de la cuota mutual establecido de acuerdo al procedimiento del artículo 336 de la presente ley.

En los restantes casos, quienes efectúen la opción de afiliación se regirán por lo dispuesto en el artículo precedente.

En todos los casos, comprendidos en la presente disposición se les descontará la cuota parte de la contribución patronal (artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986) que corresponde al seguro social de enfermedad.

Art. 341.- Los trabajadores del servicio doméstico gozarán de los seguros sociales por enfermedad siempre que sus empleadores se encuentren al día en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social.

Art. 342.- Los trabajadores a domicilio (Ley Nº 9.910, de 5 de enero de 1940 y modificativas) gozarán de los seguros sociales por enfermedad siempre que registren un ingreso anual equivalente a quince salarios mínimos nacionales y que sus empleadores se encuentren al día en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social.

Art. 343.- Queda exonerado del pago de los aportes patronales al seguro social de enfermedad, las sumas que se abonen por el décimo tercer sueldo.

Art. 344.- La reglamentación determinará la forma de aportación al seguro social de enfermedad, en el caso de los trabajadores que no cumplan el máximo de jornales y horas establecidas en la ley o los convenios, así como de los trabajadores de la Industria de la Construcción comprendidos en el régimen de aporte unificado.

Art. 345.- Derógase a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las exoneraciones tributarias con destino al seguro social por enfermedad que las leyes vigentes disponen".)

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda me refería al conjunto de disposiciones que nos envió el Poder Ejecutivo seis días antes del vencimiento del plazo constitucional para modificar sustancialmente el régimen de funcionamiento de DISSE. En esta oportunidad expuse las razones por las que ni siquiera ingresábamos a la discusión de ese proyecto de ley en el seno de la Comisión, manifestando que nos parecía altísimamente inconveniente que se introdujera "de sopetón" -cuando se estaba discutiendo la materia presupuestal- y sin ninguna participación en la discusión previa, un proyecto que prácticamente cambia las reglas de juego a todos los protagonistas del ámbito económico en relación con el seguro de enfermedad.

A continuación, voy a leer brevemente lo que nos ha hecho llegar este conjunto de organizaciones: Asociación de Colonos del Uruguay, Asociación de Cultivadores de Arroz, Asociación Nacional de Productores de Leche, Asociación Nacional de Fomento Rural, Confederación Granjera del Uruguay e Intergremial de Productores de Leche.

Estos grupos afirman que en la actualidad, el aporte del sector rural a la Previsión Social está regido por la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986. En ella se establece un régimen de aporte relacionado con la extensión de la tierra explotada, en el entendido de que la misma es indicativa de la capacidad contributiva del productor.

La iniciativa que tenemos a estudio, sustituye el régimen vigente, en cuento al aporte para el seguro social por enfermedad, por otro, mediante el cual los patronos rurales tendrán que aportar en función de los trabajadores empleados. Conceptualmente, introduce el criterio de que el que más ocupación brinda en el medio rural más debe pagar, en abierta contradicción con el espíritu de la Ley Nº 15.852. Este cambio de criterio acentuará la ya gravísima emigración rural que padece el país o terminará provocando una no deseada evasión, de lo que el país ya tiene experiencia cuando entre 1982 y 1986 rigió un sistema similar de aportes. En este caso, un gran número de trabajadores rurales quedará, en la práctica, con su salud desprotegida.

No voy a seguir haciendo referencia a estas disposiciones, pues lo demás es consecuencia de lo expuesto anteriormente.

Tengo la seguridad de que no sólo en el área de los trabajadores rurales se va a producir una absoluta desprotección, sino que este sistema, que actualmente permite que en el medio rural a los trabajadores que exploten en forma familiar los predios se les atienda la salud, hará que queden desprotegidos. A pesar de que no estoy seguro a cuántas personas alcanzará, estoy convencido de que se trata de decenas de miles en la región vecina a Montevideo y en el propio departamento, así como en Canelones, San José, Florida y Durazno. El señor Senador Astori me acota que puede afectar a más de 30.000 personas.

Asimismo, pienso que esto incidirá no sólo en los productores, sino también en otros trabajadores independientes, a los cuales se los va a obligar a salir del sistema solidario del seguro de enfermedad, para hacerse cargo directamente de la cuota mutual. A mi juicio, creo que sería preferible decir, lisa y llanamente, que ellos pasen a pagar la cuota mutual íntegra y que no se haga cargo de ella el Seguro de Enfermedad.

Durante la última interpelación que se realizó el señor Ministro de Economía y Finanzas manifesté que existía una tendencia en la política de Gobierno a instaurar un sistema relacionado con la salud, en el sentido de que se atendiera a quien dispusiera de recursos y, quien no pagara, no tendría esa atención. Al respecto, este es un paso decisivo. Naturalmente estoy seguro de que con este procedimiento el déficit que padece este subsector de la seguridad social descenderá a U$S 3:500.000, aproximadamente. Sin embargo, no se tiene en cuenta lo que tendrá que pagar el conjunto de la sociedad uruguaya, pues decenas de miles de trabajadores quedarían desprotegidos y no tendrían asistencia médica. Precisamente, este es un aspecto que no se valora cuando los técnicos hacen las cuentas y juzgan matemáticamente los ingresos y los egresos en un sistema determinado de seguridad social. Reitero que el conjunto de la sociedad va a tener que pagar mucho más en perspectiva de lo que pretendidamente se va a ahorrar con el cambio del sistema que se propone.

Adelanto que voy a votar globalmente en contra de estas disposiciones, pues son absolutamente negativas y, además, porque se han incorporado en una forma rebuscada dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, destinados a tratar de conseguir el voto número 16 que sea suficiente para ser aprobadas.

SEÑOR ALONSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu) - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALONSO.- Deseo referirme al verdadero espíritu de esta propuesta que se incluye dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, tendiente a buscar el equilibrio que el subsistema necesita para seguir sobreviviendo.

A las dificultades a que se ve enfrentada la seguridad social de nuestro país, como consecuencia de los ajustes en el pago de las pasividades, se suman las que se le presentan todos los meses cuando debe realizar giros o pagos a cada una de las mutualistas que cubren los seguros de enfermedad de los afiliados. En consecuencia, el propósito de estos artículos incluidos en este proyecto de ley, básicamente es el de reducir el desfinanciamiento del seguro social por enfermedad y asegurar -a través de la adecuación del valor de la cuota que abona el Banco de Previsión Social a las instituciones prestatarias de servicios médicos- la continuidad del servicio. Uno de estos artículos determina la forma en que se calculará la cuota, que es motivo de prestación, de cada una de las instituciones de asistencia.

Por otra parte, cabe aclarar que dentro de los sectores que conforman nuestra sociedad, algunos de ellos pueden tener mayores dificultades respecto al equilibrio puntual que, en este tema, se puede llegar a buscar. Básicamente en el sector rural, en virtud de la forma de aportación, se pueden generar grandes injusticias, al punto que, una vez más -y como en otras oportunidades ya lo hemos manifestado- la sociedad en su conjunto deberá estar subsidiando algunas actividades puntuales. Sin embargo, y a los efectos de que la transición sea lo menos dolorosa y traumática posible, ser establecen dentro de este articulado algunas contemplaciones especiales favoreciendo, sobre todo, a los pequeños productores. Para efectuar esta categorización, se toma como unidad de medida por un lado, la cantidad de hectáreas de las que dispone el pequeño productor para su explotación y, por otro, la cantidad de personal que ocupa. Esta búsqueda de eliminación del desequilibrio de la sociedad también es aplicable a cada uno de sus sectores. En función de ello, las partes intervinientes van a salir beneficiadas, tanto las instituciones que prestan los servicios -pues van a cobrar puntualmente y mejor y será mejor remunerada la asistencia que prestan actualmente- como la sociedad en su conjunto, que no tendrá que subsidiar y el usuario, que debería haber sido nombrado en primer término, que tendrá un servicio de mejor calidad.

SEÑOR ZUMARAN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ZUMARAN.- Antes que nada, debo manifestar que no he podido leer profundamente este articulado ni lo he analizado de acuerdo con la importancia que tiene este tema. En ese sentido, hago mías las críticas respecto a la introducción de esta propuesta en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal el domingo próximo pasado, oportunidad en la que aprobamos 200 artículos, aproximadamente. En ese momento, nos resultó absolutamente imposible estudiarlo pues nuestra capacidad mental no nos permitía analizar detenidamente esa iniciativa del sistema de la seguridad social y del Seguro por Enfermedad. De modo que lo que voy a expresar seguidamente está condicionado por este marco general, ya que, simplemente, he leído los artículos, pero no los he estudiado en profundidad.

Advierto que voy a votar afirmativamente el artículo 336, pues me parece que tiene la virtud de darle alguna certeza a las instituciones mutuales, de tal modo que la cuota que van a percibir de DISSE no queda, prácticamente, al arbitrio del Poder Ejecutivo, como ocurre en este momento. Digo esto porque recientemente hemos asistido a un gravísimo problema en el sistema mutual, como consecuencia de que DISSE resolvió, por sí y ante sí, bajar el aporte que hacía a las mutualistas. Estas, para poder equilibrar sus ingresos, se vieron obligadas a aumentar las cuotas que percibían fuera del sistema de DISSE. En virtud de ello, existen dos cuotas diferenciadas, lo que es muy malo y ha provocado el retiro de miles de afiliados del sistema mutual.

Entonces, por estas consideraciones y porque creo que por lo menos en esta disposición se dan algunas pautas o parámetros para que el Poder Ejecutivo fije el valor promedio de la cuota mensual -es decir que no va a poder manejarla un poco a su antojo- voy a acompañar el artículo 336.

Por otra parte, adelanto que voy a votar negativamente el artículo 337. Considero que el hecho de que esté a cargo del patrono el costo del servicio por el seguro de enfermedad va a terminar con el sistema de la seguridad social.

SEÑOR CASSINA.- Así es, señor Senador.

SEÑOR ZUMARAN.- No es para eso que tenemos un sistema de seguridad social, cuya base es lograr una solidaridad en el seno de una comunidad nacional y en virtud del cual el rico pague más para subsidiar las prestaciones del pobre. Pero si partimos de la base -como lo han hecho con todo respeto, los autores de esta disposición al fundamentarla- de que deben eliminarse los subsidios, a mi juicio, desaparece el concepto mismo de la seguridad social. Es como si hoy o mañana decimos que se debe pagar el costo de la enseñanza y que se deje de lado lo que ocurre ahora en el sentido de que los ricos, con sus impuestos, solventan la educación de los pobres. Ahí está la base del concepto de seguridad social.

Me parece que este artículo 337 supone un retroceso muy grave en cuanto a los textos legales que regulan la materia social en el país. Además, la exigencia de que cada patrono deba multiplicar por el número de dependientes beneficiarios la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones vigentes con destino al seguro de enfermedad y el valor de la cuota mutual que el Banco de Previsión Social abona -es decir, la pérdida que le ocasiona el sistema- a mi juicio, le da una dureza al régimen, un criterio tan mercantil que, verdaderamente, desnaturaliza el sistema de seguridad social.

Como esto me preocupa, voy a pedir que se medite sobre el alcance, que juzgo tremendamente grave, del artículo 337.

En lo que respecta al artículo 338, creo que también tiene una orientación muy perjudicial. Aquí ocurre lo mismo que señalé anteriormente, pero con los productores rurales. Es muy probable que en el sistema actual un productor rural latifundista, con una gran extensión de campo, aporte más por los peones que tiene que lo que le cuestan esos asalariados al sistema. Por el contrario, es muy factible que un minifundista aporte menos y que, en ese sentido, genere pérdidas. Lejos de merecerme una crítica, eso me parece bien. Considero que el sistema de seguridad social tiene que ser así. Entiendo que es coherente que se pague tanto por hectárea, de modo que aquel que tiene una gran extensión de campo pague más que quien tiene pocas tierras.

Además, estimo que esto se inscribe en toda una campaña de la que recientemente se hizo eco un representante nacional, en el sentido de que los pequeños productores no pagan impuesto. Eso no es verdad; me parece que hay una terrible confusión. No pagan IRA, que es el Impuesto a la Renta Agropecuaria, ni Impuesto al Patrimonio, pero eso no quiere decir que no tengan que hacer frente a otros tributos. Es más; pagan muchísimos impuestos. Por ejemplo, un pequeño productor intensivo agrícola paga por hectárea una cantidad descomunal por concepto de IMESI al gasoil; no paga IRA, pero sí IMESI. Además, si utiliza fertilizantes, debe abonar el IVA correspondiente. Aclaro, por las dudas, que el fertilizante de urea paga el 12% de IVA; esto es algo inexplicable, ya que nadie sabe por qué debe tributar por ese impuesto.

En consecuencia, no es cierto que el pequeño productor intensivo no pague impuestos. Por hectárea, debe abonar mucho más, aunque no pague ciertos impuestos que, parecería, son los únicos que preocupan como el IRA y el Impuesto al Patrimonio. Reitero que la idea es equivocada. Al respecto, hay trabajos realizados por las gremiales de productores intensivos que, número en mano, demuestran lo que digo. Sin embargo, hay oficinas técnicas del Ministerio que dicen lo contrario en documentos que han sido publicados, entre otros, en el semanario "Búsqueda". En ellos se informa cuánto pagan de IMESI al combustible por hectárea los productores de arroz, de trigo, de cereales, los horticultores y los fruticultores. SE puede advertir que deben hacer frente a cargas fiscales muy importantes por hectárea.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- En forma coadyuvante con lo que está exponiendo el señor Senador Zumarán, quiero expresar que las bases de leyes de aportación a la seguridad social que discutimos hace 5 años, y que modificamos en forma prácticamente unánime, tendían justamente a tomar como punto de partir a la extensión, porque se entendía que ese era un criterio justiciero para la contribución a este sistema. Sin embargo, aquí se cambian radicalmente las reglas de juego.

El señor Senador Zumarán se estaba refiriendo recién a los impuestos y mencionaba el IRA diciendo que ciertos productores no pagaban por ese concepto, debo agregar que nadie paga el IRA. El Impuesto a la Renta Agropecuaria es como decía un paisano de la Charqueada, un ficticio; existe nominalmente pero nadie lo paga. Es cierto que habrá algunos que paguen, pero muy poco, porque descuentan esto, lo otro y lo de más allá. A pesar de que el IRA es en el sector agropecuario el paralelo del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio, no lo paga nadie, a tal extremo que en algunos distribuidos de los ingresos del Estado, el Impuesto a las Rentas Agropecuarias figura en el rubro de Impuestos en "otros" porque el porcentaje que alcanza es tan pequeño que aparece, precisamente, en esa denominación.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Puede continuar el señor Senador Zumarán.

SEÑOR RICALDONI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu).- Puede interrumpir el señor Senador.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR RICALDONI.- Nuestro sector comparte lo que viene señalando el señor Senador Zumarán. No vamos a votar ninguno de estos artículos.

No resisto la tentación de hacer nuestras las expresiones de la Asociación de Colonos del Uruguay, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, de la Confederación Granjera del Uruguay y de la Intergremial de Productores de Leche, así como de muchas otras instituciones que no figuran en el memorándum que creo habrán recibido todos los señores senadores en el día de hoy. Estas palabras reflejan exactamente nuestro punto de vista a este respecto.

Naturalmente, este tema no refiere solamente al medio rural, pero también se vincula a él En lo que no tiene que ver con dicho medio, esta fórmula prácticamente significa la eliminación del beneficio que supondría -si así se aprueba- la reducción de dos puntos en el aporte patronal de algunos sectores. Evidentemente, lo que se quita por un lado se va a ver compensado -y según nuestros cálculos, con exageración- por otro, siempre que se aprueben estas normas de DISSE.

Dado que el señor Senador Zumarán viene hablando del tema rural, quiero leer simplemente dos párrafos de ese memorándum que, repito, el Foro Batllista comparte totalmente. Allí se dice: "Conceptualmente, introduce el criterio que quien más ocupación brinda en el medio rural, más debe pagar, en abierta contradicción con el espíritu de la Ley Nº 15.852. En este caso" - se sigue diciendo más adelante- "gran número de trabajadores rurales quedará en la práctica con su salud desprotegida. Su eventual aprobación" -se refiere a la aprobación del proyecto- "gravará especialmente aquellas extensiones pequeñas que empleen mucha mano de obra".

Posteriormente, este memorándum expresa: "Consideramos que el interés nacional debería fomentar precisamente lo opuesto":

Nosotros, señor Presidente, en la consideración de esta Rendición de Cuentas tratamos de ser lo más breves posible porque estamos preocupados por lo avanzado de la hora y no querríamos que una excesiva intervención de parte nuestra en este debate, dejara sin consideración y aprobación una serie de artículos aditivos y modificativos que no figuran en este texto, pero que arrojarían, sin duda soluciones que algunos sectores laborales del país están esperando con ansiedad.

En consecuencia, por esta vía de interrupción y sin perjuicio del aporte que puedan hacer algunos de mis compañeros de sector, adelanto cuál será nuestra posición al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN.- Personalmente tengo la misma inquietud que el señor Senador Ricaldoni en el sentido de no demorar la consideración de los temas y si bien mencioné otros artículos me detendré únicamente en el 341. Esta disposición refiere a los trabajadores del servicio doméstico que son, seguramente, los más humildes del país y expresa que gozarán de los seguros sociales por enfermedad, siempre que sus empleadores se encuentren al día en el pago de la cuota. Quiere decir que si el patrono se demora, se atrasa, el empleado deja de recibir el beneficio.

Creo que esto es absolutamente contrario a un sistema de seguridad social. No dudo que esta norma responda a la inquietud de evitar la morosidad, pero si la solución es suprimir el beneficio social a trabajadores muy modestos que, además por la naturaleza de su trabajo -son trabajadores del servicio doméstico- actúan generalmente solos y no pueden agremiarse para exigir que el patrono se ponga al día, me pregunto en que situación quedan estas personas cuando éste entra en mora. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué soluciones tiene? Pienso que estamos dejando a esta categoría laboral, que es una de las más modestas, absolutamente inerme e indefensa. Y además si aprobamos esta disposición estaríamos introduciendo en el Derecho Positivo uruguayo una norma que posee un contenido antisocial realmente alarmante.

Pienso que si durante muchas décadas nuestro país se enorgulleció de tener una legislación social de avanzada, si ahora incorporamos una disposición de esta índole vamos a adquirir fama de lo contrario, es decir, de ser un país que tiene en su Derecho Positivo, en materia social, normas tremendamente injustas y regresivas.

Por todo esto invito a reflexionar sobre este artículo 341 que, a mi entender, consagra una solución de un carácter tremendamente injusto y regresivo desde el punto de vista social.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR BORGES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORGES.- Creo que ninguno de nosotros ha tomado cabal conciencia de lo que se está tratando en esta sesión sin ninguna posibilidad, además, de poder analizarlo en profundidad, tal como aquí se ha dicho.

Esta reforma del sistema de DISSE, que tangencialmente incluye también una modificación al sistema de los seguros convencionales que afectan a decenas de miles de trabajadores en todo el país, provocará -y no tengo ninguna duda de que será así- la pérdida de la cobertura asistencial de los mismos.

En una exposición realizada hace unos días sobre este tema, los defensores de este proyecto manifestaban que se había producido una explosión -advierta, señor Presidente la expresión "explosión".- del sistema porque en un período de pocos años la cantidad de trabajadores cubiertos por DISSE se multiplicó considerablemente.

Frente a esta afirmación señalo que no es así; no hubo ninguna explosión. Si las políticas de los Gobiernos que nos precedieron han orientado los recursos de salud pública para que los trabajadores se atiendan por el sistema mutual privado, en perjuicio de los servicios de Salud Pública, no podemos sobrecargar más el seguro de enfermedad, la cuota mutual o la asistencia médica porque si no dónde se van a atender. Ya no se atienden por el Ministerio de Salud Pública porque se retacea el presupuesto e, incluso durante muchos años se mantuvo la tesis de que había que fomentar el sistema privado, es decir, el mutualismo.

Ahora bien, cuando los trabajadores están comprendidos dentro de la asistencia del mutualismo se les da el golpe de gracia, esto es, quedarán sin cobertura y no se podrán atender en Salud Pública ni en las mutualistas privadas. Aquí en el Senado se encuentra el señor Senador Lenzi que es además un destacado médico, integrante de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes -en este momento está haciendo una suplencia en el Senado al igual que quien habla- y sabe que éste es un tema de debate permanente. Al respecto tengo aquí un informe enviado por la Federación Médica del Interior, pero no cuento con el tiempo necesario para analizarlo.

Actualmente está en juego la cobertura asistencial para la mayoría de los trabajadores de este país y no es un problema de financiamiento, sino que estamos de nuevo frente a la misma tesitura fiscalista y monetaria según la cual el que tenga plata, tendrá asistencia. Aquella persona que no cuente con recursos tendrá que ir a los hospitales que como todos sabemos -lo sabe también el Senado- tienen enormes carencias. Entonces, pregunto, ¿dónde se van a atender todas estas personas?

Se podrá decir que los patrones deben pagar. Si es así observemos a aquellas industrias que tienen mayor prosperidad y verifiquemos si por esa vía a cargo de las mismas y por un mayor costo, se cubre a los trabajadores. No creo que esto sea posible.

Por otro lado, tenemos a consideración algunos artículos sobre los que tendría necesidad de opinar pero me siento limitado porque hay mucha gente en la Barra esperando con avidez, al igual que otras personas, que sus problemas se traten y da la impresión de que no es posible dilatar esto ni un minuto más. Hay cosas que deben decirse obligatoriamente por lo menos, para que quede constancia de la gran preocupación que sentimos sobre todos estos temas. Hay una disposición que establece que el aporte patronal debe cubrir la diferencia entre las contribuciones vigentes y el valor de la cuota mutual con sus adicionales que el BPS abonará, y esto nos hace analizar lo referente a la "salarización" de la cuota mutual.

Personalmente estuve en la Comisión cuando se trató este tema y nos preguntamos quién absorbería la diferencia, ¿acaso las empresas mediante la reducción de sus ganancias? No lo creo. ¿Quién puede creer que las empresas se van a hacer cargo de estas diferencias? Debemos mirar la realidad del mundo laboral donde hay grandes y pequeñas empresas. Entonces, reitero la misma interrogante: ¿quién se hará cargo? ¿Los trabajadores? Tampoco pienso que esto sea posible porque las personas van a optar por hacer una apuesta a su salud, a lo único que les queda. Y es lo que hacen aquellos cuando tienen un hijo enfermo: ruegan al cielo para que los demás no se enfermen porque no pueden hacerse cargo de la atención de todos dentro de la asistencia mutual. Ahora son los trabajadores los que están en esa situación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir una "borratina", como se dice en las fábricas o en los lugares de trabajo, porque no se va a poder cubrir todo esto. Por lo tanto, pienso que debemos estudiar las consecuencias que van a generar estas modificaciones si previamente no se profundiza en la discusión y no se buscan las soluciones reales con el fin de atender a la problemática de la salud y no a la de las cuentas.

Por otro parte, ¿el Estado y la sociedad deben contribuir a mantener el sistema? Claro que deben hacerlo. ¿Es tanto el gasto que origina a la sociedad la cobertura del sistema de DISSE? Bueno, este es un tema que puede mirarse desde distintas ópticas.

Reitero que, en mi concepto, este tema merece una discusión más profunda y, entonces, como existe la voluntad política de que esta iniciativa se apruebe tal como está dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, me parece que se está yendo por mal camino.

Como saben los señores Senadores, parece que el próximo miércoles se integraría totalmente el Directorio del Banco de Previsión Social. Pues bien, para esa fecha ya habrá sido aprobado en este Cuerpo la reforma del sistema de la Seguridad Social, del sistema jubilatorio y de los seguros de enfermedad. Una vez más, digo que estoy convencido de que esto no va a quedar así, no puede quedar así; la gente no va a aceptar esta reforma.

No sé si se compartirá lo que voy a decir a continuación, pero pienso que debemos arriesgarnos ante cualquier situación ya que cuando se está jugando en el área chica se pueden recibir golpes de un lado y de otro. Me consta que ya se está planteando reformar el artículo 216 de la Constitución con el fin de agregarle la prohibición de realizar estas modificaciones. Esto va a correr como reguero de pólvora; y ahora, con el 10% de firmas ni hablar.

Los trabajadores, el movimiento sindical, tiene que buscar quién los defienda; no se trata de que alguien diga que los representa, que es el Estado o el Gobierno, y ""es mete la tijera" y se acabó el problema. Estoy seguro de que esto no va a ser así porque la gente lo dice permanentemente.

Me pregunto por qué no se excluyen estas disposiciones de la Rendición de Cuentas y se las remite a la Comisión correspondiente para estudiarlas en profundidad.

En el Banco de Previsión Social va a haber ahora una responsabilidad compartida o, por el contrario, ¿alguien cree que el señor Colotuzzo -que representa a los jubilados- y los delegados de los trabajadores y de los empresarios, que asumirán el próximo miércoles, van a dejar que se hunda el sistema? Los primeros en defender el sistema de cobertura asistencial y jubilatoria serán los propios afectados, porque es ley universal que nadie defiende mejor sus intereses que los propios interesados. Eso se ha comprobado a lo largo de la historia. No se puede afirmar que Rentas Generales debe sacar las castañas del fuego porque nadie cree que ello sea posible, todos saben que se hunde. Recuerdo que cuando funcionaban los seguros de enfermedad con representación tripartita el sistema funcionaba bien, porque allí, además del empresario, participaba el trabajador que no permitía que se cometieran excesos, ya que se convertía en un celoso guardián y custodio de los dineros y de la verdad; aclaro que digo esto porque fui representante de mi gremio ante un seguro de enfermedad. En ese entonces, más allá de todas las crisis, tratábamos de que el sistema fuera viable y estuviera financiado. Entonces, no veo cómo ahora, a pocas horas de asumir la responsabilidad de conducir los destinos de la Seguridad Social -tal como indican el artículo 195 de la Constitución de la República y la Carta Orgánica del Banco de Previsión Social- se intenta borrar todo de un plumazo. Los empresarios, los trabajadores y hasta las propias mutualistas van a estar en contra de esto.

Por lo tanto, no puedo hacer más que un llamado a la reflexión. Me consta que existen presiones muy grandes de parte de los organismos de crédito internacional pero, a mi juicio, va a ser mayor la presión que ejerza "Juan Pueblo" cuando vaya a cobrar y no se le pague porque el patrón no está al día. Esto está vinculado al proyecto de reforma de la Seguridad Social cuando se establece que con la cuenta personal estarán conectadas todas las prestaciones que cumple el Banco de Previsión Social. Entonces, no se puede analizar este tema a la ligera. Digo esto porque van a quedar fuera miles de trabajadores unipersonales, personal doméstico y obreros de las fábricas que están en crisis y a las cuales habrá que encontrar una solución.

Podría extenderse mucho más en torno a este tema pero me consta que hay una gran preocupación por el escaso tiempo de que dispone el Senado. De todas maneras, quiero afirmar que en sólo seis meses se han producido más de 32.000 desafiliaciones de las instituciones asistenciales, se ha generado un aumento de la concentración de afiliados con mayor riesgo de enfermedad, existe una gran cantidad de personas que se desplazan hacia la cada vez más carenciada atención de Salud Pública, incluso peligra la existencia de muchas instituciones asistenciales privadas, lo que podría afectar a miles de trabajadores y profesionales y, consecuentemente, a todo el sistema de salud. El país carece de una política nacional de salud coherente y estructurada. Entonces, se corre el riesgo de que el sistema se venga al suelo y con estos "Parches" que se quiere poner no se soluciona una situación afectada por dificultades reales. Repito, esto no se soluciona "metiendo tijera" o tirando el lastre de un barco que se está hundiendo para ver si flota un rato más. Al final, todos sabemos que el barco se va a ir a pique porque no va a haber quién lo dirija.

Supongo que si se ha presentado este proyecto es porque existen votos para aprobarlo, pero me pregunto si no sería mejor desglosarlo o mandarlo a la Comisión respectiva. En ese caso, estoy seguro de que antes de fin de año surgirá un proyecto que reestructure el sistema de DISSE.

Por otro lado, los propios seguros convencionales de enfermedad abarcan a empresas como CALNU o fábricas textiles y de papel y cubren a decenas de miles de trabajadores y a sus familias. En ese sentido, creo que en el artículo 343 se exonera del aporte patronal al décimotercer sueldo, que es lo que oxigena a esos seguros para que a fin de año tengan algún repunte. Incluso, creo que las propias entidades patronales discrepan con esto porque han visitado a los señores legisladores cuando se discutió el proyecto de ley de urgencia en la Cámara de Representantes y lo hicieron también hace pocos días.

Por esta razón, señor Presidente, es que vamos a votar en contra de estas disposiciones. Además, con todo el respeto que nos merecen y sin ánimo de ofenderlos, creemos que quienes las redactaron no conocen la materia. Quien habla reconoce no saber mucho pero, sin embargo, escucha a los que sí saben. El camino no es el de redactar normas pensando en cómo achicar el gasto y superar el déficit. Con ello se logrará que no se otorguen beneficios a nadie y que la gente quede sin ninguna cobertura. Ese es nuestro pensamiento, señor Presidente. Además, cada vez que se habla de las políticas sociales me pregunto: ¿qué opinan los afectados? Estoy seguro de que los afectados van a opinar en contra; no van a estar de acuerdo con el Senado de la República, el último día de discusión -casi vencido el plazo constitucional- esté afilando la navaja para cortar el pescuezo de la gente trabajadora.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- Señor Presidente: si no fuera porque el tema a que refieren los artículos 336 y 345 es extraordinariamente importante -que debería ser objeto de una legislación especial, o sea, de esas que cada Cámara estudia meticulosamente, a través de las Comisiones competentes, durante semanas o meses- no haría uso de la palabra para fijar brevemente la posición de nuestro partido. Nos quedan pocas horas para el vencimiento del plazo constitucional, y aún restan considerar muchas disposiciones, algunas de ellas aditivas y otras provenientes de la Comisión.

Pienso que esta iniciativa relativa a la reforma del seguro de enfermedad, es profundamente negativa y regresiva, ya que va contra todo principio aceptable de seguridad social. La idea de que cada empresa pague el seguro de enfermedad de sus empleados, no tiene ningún asidero en un sistema de seguridad social que merezca llamarse tal. No hay solidaridad, y sin ésta, no existe seguridad social.

Además, señor Presidente, no sé si se podrá advertir el resultado que se obtendría si se aprobara esta disposición. Lo que va a suceder, por ejemplo, en el sector rural, es que las empresas más intensivas, aquellas que emplean más mano de obra, serán las que más se van a perjudicar, al igual que sus trabajadores. No hay duda de que alguno va a pagar el "pato", o las empresas, ya sea con una declinación de su rentabilidad -que incluso las coloque en una situación difícil o insostenible- o a través de la reducción de sus trabajadores.

Lo mismo ocurre en el sector urbano. ¡Vaya si el país precisa cuidar las fuentes de empleo, sobre todo, cuando está a las puertas de un proceso de integración, en donde el tema reconversión es asunto de todos los días! Este proyecto de ley va a afectar a aquellas empresas que den trabajo a una mano de obra importante. En cambio, las que trabajan con un escritorio y dos o tres personas -que pueden ser extraordinariamente rentables- no serán perjudicadas. Las grandes fábricas que tienen cientos de operarios se verán afectadas, porque deberán pagar el equivalente a la cuota mutual de tantos trabajadores como tengan en su planilla.

Entonces, lo que va a ocurrir es muy sencillo: las empresas que puedan, cargarán ese costo al precio de los servicios que prestan; reducirán su personal o se llegará a una solución aún peor, o sea, que la empresa obligue a sus empleados a aceptar quedar fuera de planilla, para no tener que abonar esa contribución. Aclaro que esto se hace con un criterio fiscalista, que es la antítesis de la forma en que se deben manejar políticas de seguridad social. De esta manera, le estamos haciendo un gol -¡y qué gol!- a la política que pretende combatir la evasión al Banco de Previsión Social.

Este proyecto, por donde se lo mire, es negativo y contraproducente. Pienso que si vamos a hacer reformas, debemos estudiarlas en profundidad a efectos de determinar cuáles son los elementos negativos y positivos. Insisto en que no se puede legislar de esta manera.

Muy respetuosamente, deseo llamar la atención sobre estos aspectos a que he hecho referencia. Podría hablar horas de este tema, pero no lo voy a hacer porque comparto lo que han dicho otros señores Senadores y, además, porque no deseo insumir más tiempo del mucho que todavía precisamos para considerar el resto de esta Rendición de Cuentas.

SEÑOR ARANA.- - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: creo que las argumentaciones dadas por los señores Senadores Cassina, Zumarán y Borges han sido suficientemente elocuentes, y explicitan la absoluta inconveniencia de pretender votar un proyecto de ley, a través de esta Rendición de Cuentas, sin contar con un análisis minucioso y claro.

Simplemente deseo señalar que estas consideraciones relativas a lo que se ha dado en llamar seguro de enfermedad -en realidad, podríamos hablar de lo opuesto, es decir, de la inseguridad, o sea, de lo desvalido que se encuentra el trabajador rural y de la capital- así como las referidas a la seguridad social -insensatamente introducidas en la Rendición de Cuentas- están vinculadas con aspectos que tienen que ver con lo económico, lo social y de naturaleza técnica. Lo que sucede, señor Presidente, es que estos aspectos, precisamente, se ordenan jerárquicamente de la siguiente manera: en primer lugar, lo económico -en un sentido reduccionista, fiscalista y puramente cuantitativo- en segundo término, el factor técnico -que queda prácticamente relegado- y, por último, lo social, que se encuentra subordinado al primero. Esto constituye un reduccionismo absolutamente negativo e inconveniente. Ciertamente, será rechazado por la mayoría de la población nacional. Este proyecto de ley que en el día de hoy podría votarse con una circunstancial mayoría, deberá regresar al Parlamento nuevamente, luego de que se verifiquen las múltiples dificultades que puede originar.

Deseo hacer notar que no se podrá tachar a este Parlamento de liviandad, o reprocharle el deseo de postergar el tratamiento de un problema que es suficientemente complejo. Por otra parte, dicha complejidad está demostrada por las propias situaciones y políticas erráticas del Poder Ejecutivo. Debemos recordar que desde el mes de diciembre de 1991 se han ido sumando una serie de resoluciones, proyectos y decretos que sentaron una política contradictoria y errática. A ello, cabe agregar la liberalización de la cuota mutual, la rebaja de aportes al Banco de Previsión social y la aplicación del IVA a los seguros de salud. El Poder Ejecutivo, lejos de fijar una política concordante y estable, no ha hecho sino generar situaciones bastante confusas, y por cierto contradictorias, con lo que la sociedad reclama y con aquello a lo que se supone debería responder un proyecto de ley de esta naturaleza.

Por lo expuesto, y en atención a lo expresado por el señor Senador Cassina, es que reduzco mi exposición a estas breves palabras. Cabe destacar que aún restan votar otros artículos que van a responder a demandas muy sostenidas de amplios sectores de la sociedad.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Señor Presidente: apenas nos quedan seis horas para el vencimiento del plazo constitucional. Aún resta mucho trabajo por hacer, pero me voy a asociar al espíritu de algunos señores Senadores que han manifestado su preocupación por el tiempo de que disponemos, aun cuando muchos de ellos han realizado verdaderos discursos reiterando cosas que ya se han señalado.

Voy a realizar, sintéticamente, el siguiente anuncio. Nuestra bancada va a votar negativamente los artículos 336 al 345, y para ello me voy a basar en argumentos de tipo económico y social que han sido formulados desde diferentes bancadas, los cuales compartimos. Asimismo, esto va a significar un ahorro para el Senado y para el trámite de la Rendición de Cuentas.

Para cada uno de estos artículos tenemos profundas modificaciones que atemperan su resultado y le dan el contenido social que ha sido reclamado aquí, a un proyecto que, desde el punto de vista social y económico, es frío y equívoco. No los hemos presentado como artículos aditivos, precisamente, para no distraer la atención del Senado en una discusión más profunda sobre un tema que consideramos -tal como se ha mencionado aquí- debe ser objeto de un análisis más exhaustivo en otro ámbito, dadas las diferencias o discrepancias existentes.

Simultáneamente, al anunciar nuestro voto negativo a estos artículos, vamos a proponer que los mismos pasen a la Comisión especializada del Senado a los efectos de que figure como cabeza de expediente. De esa manera, se podrá estudiar seriamente el proyecto, con el tiempo suficiente a que se refería el señor Senador Cassina. Por otro lado, prometemos para esa instancia hacerle llegar a la Comisión las observaciones o propuestas de modificaciones que nos sugieren los artículos que tenemos a consideración.

Por estas razones -y queremos que quede claro- votaremos en contra los artículos 336 al 345 y -reitero- simultáneamente en caso de que no se voten, proponemos que pasen a la Comisión que corresponda.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra.-

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Nuestro sector también va a votar en contra los artículos 336 al 345 por las razones que ya se han citado en Sala pero, fundamentalmente, porque por un lado se quiere rebajar el aporte patronal y, por otro, directamente se lo está aumentando, desde el momento en que se quiere cubrir la diferencia que hay entre las contribuciones actuales, con las que paga el Banco de Previsión Social a las mutualistas. Eso significa, directamente, un aumento de los aportes, aunque ello no se quiere hacer por este lado.

Además, quisiera hacer referencia al tema del agro en el que se hacen tres categorizaciones. En la primera -como ya lo dijeron varios señores Senadores- se castiga pura y directamente al buen productor, a aquel que se tecnifica, que invierte y que tiene personal, pero al que tiene su campo abandonado -como una inversión o como una caja de ahorros- con un peón o un capataz -y habría muchos ejemplos para citar- se lo ampara. En las otras dos, donde aumenta la cantidad de personal, se los castiga por ser buenos productores. Esta es una constante en el tema impositivo del sector rural, así como también en el caso de las empresas unipersonales o de cónyuges.

Nosotros tampoco queremos extendernos en el tema y vamos a ser breves. La interrogante que nos hacemos es: ¿cuando esta gente no pueda estar más amparada por el sistema de DISSE, qué va a suceder? Digo esto porque a Salud Pública no va a poder ir, ya que no tiene, ni infraestructura adecuada, ni recursos económicos o técnicos como para atender a estas personas. Por lo tanto, vamos a fomentar una desocupación importante no sólo en la industria, sino también en el sector rural. Inclusive, vamos a producir un aumento en el costo que, como decía el señor Senador Borges, no se sabe cómo se va a cubrir. A mi entender, esa diferencia en la cuota se va a trasladar a los costos que, ahora, también tendrá que pagar Industria y Comercio, tal como lo hace el sector agropecuario. En definitiva, a la gente que se le quiere hacer ahorrar por un lado, terminará pagando por otro; de eso no se tenga la menor duda.

Por lógica, esto va a producir una gran evasión ya que entre el patrón y el empleado se lograrán acuerdos para no figurar en planillas.

El tiempo de que disponemos no nos permite hacer las aclaraciones que quisiéramos, tratándose de un tema tan importante. Por otra parte, estamos dispuestos a que estos artículos pasen a la Comisión respectiva y que se traten con más profundidad por la sensibilidad que tiene este asunto. Si esto fuera así, estamos a disposición de la mencionada Comisión para buscar una mejor solución al tema de DISSE porque, lo que se propone en estos artículos, nos parece horroroso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito al señor Senador Ricaldoni, segundo Vicepresidente del Cuerpo, que me sustituya en la Presidencia ya que deseo hacer uso de la palabra.

(Ocupa la Presidencia el doctor Ricaldoni)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni). Tiene la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: ante la sucesión de manifestaciones fuertemente críticas con respecto a estos artículos del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, me siento en la obligación -aunque fuere con la mayor brevedad- de fijar la posición del Gobierno sobre este tema que es la que creo tienen otros sectores políticos que no sólo acompañan estas disposiciones, sino que han solicitado que las mismas fueran incluidas en la Rendición de Cuentas.

Una de las críticas que se ha hecho, es que éste es un proyecto del que no se tenía el menor conocimiento, que aparece en forma sorpresiva y que sin tiempo para estudiarlo hay que tomar posición y votar.

Quiero recordar a todos los señores Senadores y a la opinión pública en general, que el Poder Ejecutivo citó a una reunión a los principales dirigentes políticos del país, a la que éstos asistieron en julio del año pasado, y que se realizó en el Edificio Libertad. Allí, los jerarcas de todos los organismos de la seguridad social, incluidos los de la Caja de Retiros Militares y Policiales explicaron la situación crítica y absolutamente deficitaria, con tendencia inocultable a agravarse en el tiempo, que tiene todo el sistema de Seguridad Social.

Por otra parte, el problema de DISSE, como el de las demás prestaciones de activos que financia el Banco de Previsión Social o, mejor dicho, que paga sin financiación este organismo, no se ocultó sino que se planteó. Además, se dijo que una de las principales causas de ese desfinanciamiento es, precisamente, la falta de correspondencia entre los aportes al sistema de seguros de enfermedad y las obligaciones que, en su mérito, asume el Banco de Previsión Social.

En concreto, el desfinanciamiento alcanza la suma de U$S 46:000.000 anuales que no son -para utilizar una expresión poco académica- tres vintenes. Cualquier Gobierno responsable tendría que estar preocupado por esta situación y tratar de buscarle un financiamiento. ¿Por qué cientos de miles de personas tienen asegurada su asistencia en caso de enfermedad y no hacen las correspondientes aportaciones para financiarla y el resto de la sociedad tiene que subsidiar esa asistencia? Esa es la pregunta que hay que formularse.

Para encontrar la respuesta a esta interrogante, señor Presidente, hay que recordar cómo se ha generado esta situación. Se ha dicho que lo que aquí se propone es contrario a cualquier concepción racional de un sistema de seguridad social. Me pregunto -y pregunto a los señores Senadores- si esto ha existido siempre en el país. ¿Esto lo inventó don José Batlle y Ordóñez? ¿Lo creó, acaso, don Luis Batlle Berres? ¿Lo ideó el Gobierno del Partido Nacional cuando asumió el poder entre los años 1959 y el 1º de marzo de 1967? No; este sistema no existía en el país. Entonces, quiere decir que el batllismo tradicional, el de la década del 50, y el Partido Nacional cuando ocupó el Gobierno practicaban en esta materia un sistema inhumano, ajeno a todos los principios de la seguridad social; y esto no es así. ¿Cuál era el sistema que imperaba en el Uruguay? Existía, por un lado, asistencia estatal y, por otro, privada. Esta última era costeada por cada uno de los ciudadanos, ya que quien podía se hacía socio de una mutualista y pagaba su cuota y la de su familia. Quien no podía hacerlo debía atenderse en Salud Pública, que se financiaba con cargo a Rentas Generales, con el pago de los impuestos del conjunto de la sociedad.

Entonces, ¿de dónde ha salido este sistema? Ha salido de la dictadura, y ello no se dice. La dictadura, en 1974, inventó -quizá con acierto- un organismo que se llamaba ASSE -Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad- que era un servicio descentralizado. Allí incluyó algunas ramas de la actividad privada y financió este sistema con un aporte patronal del 5% -que, si la memoria no me falla, en un principio era del 4%- y con un obrero del 3%.

Dos años después, a la dictadura se le ocurrió hacer del Banco de Previsión Social un monstruo administrativo, al que llamó Dirección General de la Seguridad Social. Con grave error de concepto eliminó todos los sistemas que existían anteriormente par atender otros riesgos o seguros sociales. Eliminó las Asignaciones Familiares, que era un organismo ejemplar, el Seguro de Desempleo, que funcionaba perfectamente, y ASSE. Reitero que eliminó la financiación de las Asignaciones Familiares, que patrones y empleados pagaban sin protestar, porque el sistema funcionaba muy bien. Asimismo hizo lo propio con respecto al seguro de desempleo, pero mantuvo la de este seguro por enfermedad. Con el correr del tiempo fue incluyendo cada vez más mayor cantidad de actividades, tendencia que siguió en el primer Gobierno democrático posterior a la dictadura. Un sistema que en un principio estaba constituido por unos pocos miles de personas, terminó abarcando a cientos de miles, pero el aporte se mantuvo fijo sobre la cantidad que se declara como ingreso del trabajador al Banco de Previsión social. Todos sabemos que en esta materia es común la subdeclaración.

Al mismo tiempo, las cuotas que cobran las mutualistas fueron aumentando a un ritmo mucho más acelerado que lo que subía la declaración de los ingresos de los trabajadores. Para que se entienda bien, daré un ejemplo. Actualmente, el Banco de Previsión Social paga hasta N$ 70.000 por cuota mutual, y éstas oscilan ente N$ 80.000 y N$ 100.000. Entonces, las empresas declaran, por ejemplo, un ingreso del trabajador de N$ 400.000; un 8% sobre esa cantidad representa N$ 32.000, pero la cuota que paga el Banco es de N$ 70.000. Si multiplicamos esa cifra por 150.000 ó 200.000 personas, comprobaremos por qué se produce un déficit de U$S 46:000.000. ¿Quién paga este déficit? Como expresó hace un rato el señor Senador Borges, Juan Pueblo, es decir el conjunto de la sociedad que subsidia a quienes pagan de menos.

SEÑOR BORGES.- ¿Me permite una interrupción, doctor Aguirre?

SEÑOR AGUIRRE.- No, señor Senador, Discúlpeme, pero el tiempo apremia y yo lo he escuchado a usted con mucha atención.

¿Qué racionalidad hay en que el conjunto de la sociedad subsidie a quien el Banco de Previsión Social le asegura su atención por mutualista? Quienes se pagan su cuota mutual y aquellos que no lo pueden hacer, como la cantidad de funcionarios públicos que están condenados a ser asistidos, por sus bajos ingresos, en los hospitales de Salud Pública, en Sanidad Policial o en Sanidad Militar, pagan el IVA, el IMESI -cuando consumen algún artículo suntuario- y otros impuestos y de allí se destina un porcentaje del IVA al Banco de Previsión Social, a efectos de financiar el Seguro Social por Enfermedad. Esta situación es injusta e irracional. Además, para el sector rural se creó un sistema, por medio de la Ley Nº 15.852, que es un impuesto progresivo sobre la tierra y no un aporte al Banco de Previsión Social en el que están comprendidas todas las prestaciones de la seguridad social: las que deben financiar las pasividades de los trabajadores rurales, el seguro por accidentes de trabajo, el seguro por enfermedades profesionales, el seguro de desempleo y también este seguro de enfermedad. Estas aportaciones que hacen los empresarios rurales son absolutamente insuficientes para cubrir las cuotas de la asistencia médica de sus trabajadores. Esta es una realidad que nadie puede desmentir. No entendemos por qué se dice que esto viola los principios de la seguridad social, ya que ningún sistema de este tipo puede funcionar si sus beneficiarios no pagan aportes que tengan una relación con los beneficios que reciben. Por ejemplo, si se obtiene un beneficio cuyo valor es 100 y se paga un aporte equivalente a 10, el sistema se desfinancia. ¿Cómo funciona? Con el aporte del resto de la sociedad, es decir, por medio de las prestaciones que hace el Tesoro Nacional, Rentas Generales, todos los meses al Banco de Previsión Social para cubrir su crónico desfinanciamiento, que aumenta permanentemente.

Esta es la situación real, aunque no todos quieran reconocerlo.

Se nos ha dicho que este tema podría ser enviado a una Comisión, a fin de estudiarlo allí. Pero este proyecto de ley con muy pocas modificaciones fue enviado por el Poder Ejecutivo, hace muchos meses, a la Cámara de Representantes. Ha quedado allí en una Comisión, sin que se estudie, se analice o se le dé alguna solución al problema. Mientras tanto, el Tesoro Nacional tiene por año U$S 46:000.000 de déficit, porque este tema no se resuelve.

Admitimos que el punto es opinable, pero al mismo tiempo debe admitirse que lo es desde el punto de vista del Gobierno. Se ha hecho referencia a los trabajadores rurales, pero este proyecto de ley no establece ningún aporte para ellos. Sí lo fija para los patronos, que son quienes deben cubrir la diferencia entre el aporte actual y el costo de las cuotas del seguro de salud de los beneficiarios del servicio. Reitero que a los trabajadores no se les grava con un centésimo más, sino que seguirán pagando lo que abonaban hasta ahora. Inclusive, algunos patronos rurales continuarán sin realizar aportes, que son los que figuran en el numeral 1) del artículo 338. Quienes estén comprendidos en el numeral 2) de dicha disposición pagarán la mitad de la cuota de sus trabajadores y, según el numeral 3), aquellos que ocupen a mucho personal pasarán a regirse por lo dispuesto en el sistema general, establecido en el artículo 337 de este proyecto de ley. Esto, ¿qué significa? Que aquellos que tienen explotaciones intensivas y, por lo tanto, ocupan mucha mano de obra en el medio rural, es decir que tienen una rentabilidad importante, se les va a requerir -y sólo a ellos- que paguen íntegramente la cuota correspondiente al seguro social de enfermedad de sus trabajadores. A quienes no tienen esa rentabilidad y por ello ocupan mucho menos gente en el medio rural, o bien se les va a mantener en el sistema actual, que es prácticamente de exoneración total, o sólo se les va a requerir que paguen la mitad de la cuota. ¿Esto es un atropello o una barbaridad? ¿Violenta -como se ha dicho- las normas del sistema de seguridad social? No, señor. En todos los países evolucionados, los sistemas de seguridad social se financian con el aporte efectivo de los beneficiarios. En las naciones de Europa Occidental, por ejemplo, las personas no se pueden jubilar si no han hecho efectivos 25 años de cotización. Eso no ocurre en nuestro país, donde la gente se puede jubilar, aunque no hay cotizado un solo mes. Cuando se habla de los sistemas de seguridad social avanzada, se está haciendo referencia a algo que, o bien no se conoce, o, a sabiendas, se está diciendo lo contrario de lo que sí se conoce. En los países que están organizados en esta materia, las prestaciones de la seguridad social están financiadas con aportes efectivos de los beneficiarios, que se corresponden con los beneficios que posteriormente se reciben. Sólo en nuestro país se pretende que se reciban beneficios sin la correspondiente financiación, y que se paguen cuotas de un seguro social de enfermedad a gente que no paga un centésimo por recibir esa asistencia. Reitero que eso no es racional, y sólo puede existir en base a un subsidio que paga el resto de la sociedad y que no tiene por qué hacerlo. Si para recibir asistencia, la mayoría de la sociedad paga de su bolsillo la cuota mutual o, de lo contrario, recibirá atención de Salud Pública, no entiendo por qué razón tiene que haber un sector privilegiado de la sociedad que cubra la tercera o cuarta parte del costo de su asistencia y que el resto sea un déficit que deberá pagar el conjunto de la población, con cargo a Rentas Generales.

Esta situación es ilógica, inconveniente y gravosa no para el Gobierno, ni para Rentas Generales, sino para la sociedad en su conjunto. Esto es lo que se debe entender. Entonces, por un principio elemental de equidad, lo que corresponde hacer es que cada uno pague el costo del beneficio que recibe, y es precisamente a esto a lo que tiende este proyecto de ley. Naturalmente que se podría haber tratado separadamente del de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal; pero luego de que el Gobierno ha intentado ese camino, remitiéndolo a la Cámara de Representantes, y en virtud de que ésta ha ignorado la situación y también el proyecto, quedando sin resolver el problema, es que se ha decidido incluir esto dentro de la Rendición de Cuentas. Si hubiera habido otra preocupación, otra celeridad y otra sensibilidad en la Cámara de Representantes para tratar este proyecto de ley, sin duda, nos habríamos ahorrado este tiempo de discusión.

Es cuanto deseaba señalar, señor Presidente.

SEÑOR BORGES.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Américo Ricaldoni).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORGES.- "Cortita y al pie", señor Presidente.

No es cierto que la dictadura haya inventado este sistema. Por ejemplo, en el año 1959, los trabajadores textiles lograron obtener el beneficio del seguro de enfermedad y similar situación se dio en el sector de la construcción. Posteriormente, esta conquista se extendió a los trabajadores del transporte, a los de la vestimenta y así se continuó hasta que en 1967 los gestores de la reforma de la Constitución impidieron al Parlamento tener iniciativa en materia de gastos. Fue entonces que se terminó con la legislación social en el país, puesto que todo era privativo del Poder Ejecutivo.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-Aquí nadie pretende que no se aporte porque, entre otras cosas, quienes aportan y más evaden son los patrones que se quedan con el dinero que por todo concepto se descuenta a los trabajadores. Estamos hablando del montepío jubilatorio y de los aportes correspondientes al seguro de enfermedad, que no son vertidos en función de lo que establece la ley. Hay grandes empresarios en este país -inclusive los vinculados al sector periodístico- que se han quedado con el aporte de sus trabajadores.

Por otra parte, es de señalar que existe una razón para que las cuotas mutuales se vean incrementadas. La razón es el encarecimiento de los servicios -situación que es conocida por todos- y, también porque los salarios se deprimen constantemente. En consecuencia, a los trabajadores les es imposible pagar los valores mínimos de las cuotas.

Por consiguiente, cuando se habla de los problemas de los seguros de enfermedad y de cualquier otro tipo de seguro social, el tema debe ser encarado de modo global.

Esto es lo que queríamos aclarar porque, reiteramos, no es nuestro ánimo que nadie haga los aportes que corresponden. Por el contrario, pensamos -al igual que otros señores Senadores- que todos deben aportar y que también todos deben verse beneficiados. A esta altura, la gran mayoría de nosotros sabemos que existen diferencias porque hay quienes pueden aportar más que otros. Sin embargo, dado que toda política económica tiene una orientación determinada, muchas veces, los perjudicados son aquellos que perciben menores ingresos.

Entonces, a los efectos de que el tema se discutiera en un momento más propicio y se diera un debate más franco donde se pudiera analizar mejor el sistema de la Seguridad Social -porque todo está concatenado- éramos partidarios de que esa tarea se encarara en una Comisión.

Por último, deseo expresar que, prácticamente, estos temas no fueron tratados en la multipartidaria. Por iniciativa del señor Presidente, fundamentalmente se consideró la reforma del sistema jubilatorio, aun cuando todos los aspectos que mencionábamos anteriormente están pendientes en nuestra sociedad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 336 a 346, inclusive.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Simplemente, es para solicitar que se desglose el artículo 341.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que la votación se realice en forma nominal.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Entre tanto la Secretaría se organiza para tomar la votación nominal, me voy a permitir dar lectura al aditivo propuesto al artículo 341, que es muy sencillo.

Esta disposición señala: "Los trabajadores del servicio doméstico gozarán de los seguros sociales por enfermedad siempre que sus empleadores se encuentren al día en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social. "Lo que hemos agregado luego de una coma, es lo siguiente: "pero no serán dados de baja sino después de transcurridos 90 días del incumplimiento del patrono." De pronto, si esta fórmula no merece reparos, se podría votar todo en conjunto.

SEÑOR CASSINA.- De acuerdo, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- La proposición de votación nominal es una moción de orden que no admite discusión.

En consecuencia, se va a votar si se procede a realizar la votación nominal.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde, entonces, proceder a tomar la votación nominal de todos los artículos, incluido el 341 con el texto que acaba de proponer el señor Senador Pereyra.

SEÑOR BOUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BOUZA.- Sugiero que se realice una sola votación nominal para el conjunto de artículos que se refieren al seguro de enfermedad, con la modificación planteada por el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Precisamente, es eso lo que expresó la Mesa.

SEÑOR BLANCO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BLANCO.- Solicito que se precise cuáles son los artículos comprendidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trata de los artículos 336 a 345, inclusive.

Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ABREU.- Afirmativa.

SEÑOR ALONSO TELLECHEA.- Afirmativa.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA.- Afirmativa.

SEÑOR ARANA.- Negativa.

SEÑOR ARAUJO.- Negativa.

SEÑOR ASTORI.- Negativa.

SEÑOR BATALLA.- Negativa.

SEÑOR POZZOLO.- Negativa.

SEÑOR BLANCO.- Afirmativa.

SEÑOR BOUZA.- Afirmativa.

SEÑOR BRUERA.- Negativa.

SEÑOR CADENAS BOIX.- Afirmativa.

SEÑOR CASSINA.- Negativa.

SEÑOR CIGLIUTI.- Negativa.

SEÑOR GARGANO.- Negativa.

SEÑOR GONZALEZ MODERNELL.- Afirmativa.

SEÑOR IRURTIA.- Negativa.

SEÑOR BIANCHI.- Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Negativa.

SEÑOR LENZI.- Afirmativa.

SEÑOR RIESGO.- Negativa.

SEÑOR PEREYRA.- Afirmativa.

SEÑOR BORGES.- Negativa.

SEÑOR RAFFO.- Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI.- Negativa.

SEÑOR SANTORO.- Afirmativa.

SEÑOR MOREIRA GRAÑA.- Afirmativa.

SEÑOR SINGLET.- Afirmativa.

SEÑOR URIOSTE.- Afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN.- Negativa, con excepción del artículo 336 que voto por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Afirmativa.

El resultado de la votación del artículo 336 es el siguiente:

-17 en 31.- Afirmativa.

El resultado de la votación correspondiente a los artículos 337 a 345 es:

-16 en 31. - Afirmativa.

Se pasa a considerar el Inciso 14, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el artículo 348 es el único pendiente de votación.

En consideración el artículo 348.

(El texto del artículo cuya lectura se decidió suprimir es el siguiente:

"Art. 348.- Establécese un plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley, para que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990".)

SEÑOR BRUERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRUERA.- Reconozco que los señores Senadores que han votado este artículo lo han hecho con la intención de impedir que el Ministerio continúe con su política de no nombrar a la Comisión Asesora, de acuerdo con lo que establece el artículo 10 de la Ley Nº 16.112 de 30 de mayo de 1989, que es la ley de creación de este Ministerio.

Dado que han transcurrido ya 30 meses de la fecha antes mencionada, considero indispensable que el Ministerio cumpla con la obligación a que he hecho referencia, sobre todo porque vemos que en este momento renace en el país un gran espíritu de defensa del medio ambiente, lo que constituye también un afán de solucionar los problemas que existen en este sentido. Esto se ha desarrollado particularmente luego de la gran reunión que tuvo lugar en Río de Janeiro.

Sin mayor argumentación, propongo que en lugar de 180 días, establezcamos un plazo máximo de 90 días.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Bruera acaba de proponer que se reduzca el plazo de 180 a 90 días, por los fundamentos que él ha expresado. Si esta propuesta no es aceptada expresamente, corresponde votar, en primer término, el artículo tal como fue aprobado en Comisión. Posteriormente, si la votación resultare negativa, se procedería a votar el artículo con la modificación del plazo propuesta por el señor Senador Bruera.

SEÑOR POZZOLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO.- Quiero decir que, en lo personal, me resulta difícil votar en estas circunstancias. Es decir, la Comisión aprobó un artículo que establece un plazo de 180 días; ahora, el señor Senador Bruera ha planteado que ese plazo se reduzca a 90 días. Considero que tiene que haber un miembro informante que asesore al Cuerpo acerca de si esa reducción es buena o mala, o si podría crear alguna dificultad, de modo que quienes no estamos inmersos en el tema, sepamos qué es lo que vamos a votar. Confieso que me gustaría votar esa reducción porque pienso que las viviendas se construirán en forma más rápida, pero podría suceder que, sin saberlo, estuviera haciendo un daño.

SEÑOR RAFFO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR POZZOLO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RAFFO.- Quiero informar al señor Senador Pozzolo que este artículo es un aditivo, ya que no figuraba en el Mensaje que consideró la Comisión correspondiente. Se trata, pues, del artículo aditivo 307/1, que fue propuesto por el señor Senador Gargano, entre otros. El resultado de la votación en la Comisión fue de 13 en 13. En su momento, la Comisión consideró que esto estaba bien. Estos son los antecedentes que podemos brindar al señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO.- Gracias, señor Presidente.

SEÑOR BRUERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR POZZOLO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRUERA.- La ley obliga a crear una Comisión asesora que tiene, entre otros cometidos el de asesorar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y en cuyo seno deben estar obligatoriamente representados la Universidad de la República y el Congreso de Intendentes.

Cualquier persona que lea la prensa, se podrá dar cuenta de que existe algo así como una eclosión de problemas ambientales en nuestro país. El Ministerio ha sostenido que puede manejarse perfectamente sin el asesoramiento de la Comisión a que he hecho referencia, me parece que esto es llegar al absurdo.

Creo que es conveniente establecer un plazo determinado, sin embargo, no soy partidario de que él sea de seis meses.

Cabe señalar que ha habido una protesta generalizada por parte de las organizaciones no gubernamentales a raíz de la decisión asumida por el Ministerio que, además, no ha enviado el Código Ambiental -que es lo que establece la ley- así como tampoco los planes que legalmente le son exigidos. Por lo tanto, no cumple con lo que establece la ley de creación de esa Cartera. Por lo visto existe una actitud que tiende a disminuir el trabajo que le corresponde a este Ministerio.

Repito que, dado que ya han transcurrido dos años desde la creación del Ministerio, no podemos otorgar un plazo de seis meses más. Por ello, soy partidario de que el plazo máximo sea de 90 días.

Por último, quiero decir que comprendo perfectamente bien que la voluntad de quienes votaron esta propuesta fue la de poner fin a la actitud negativa asumida por el Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pozzolo.

SEÑOR POZZOLO.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 348.

(Se vota:)

-14 en 30. Negativa.

SEÑOR RAFFO.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-16 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ARAUJO.- Solicito que rectifique nuevamente la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar nuevamente la votación del artículo 348.

(Se vota:)

-24 en 30. Afirmativa.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO.- Creo que distraídos en la consideración de este artículo no hemos votado todas las otras disposiciones del Inciso 14.

SEÑOR PRESIDENTE.- Todas ellas fueron votadas en bloque con anterioridad. El único artículo que se excluyó fue el 348.

La Presidencia aclara una vez más que el repartido del proyecto venido de la Comisión tenía dos errores. El artículo 354, relativo a los Actuarios de los Juzgados Letrados y el artículo 389, referido a un aumento general de los sueldos de los funcionarios de todos los escalafones del Poder Judicial, no fueron votados en Comisión. Por lo tanto, tampoco han sido aprobados en la votación en bloque que se ha efectando.

(Dialogados)

-Repito que el artículo 354, figura en el repartido, pero no fue votado por la Comisión; por lo tanto, no puede ser considerado en este momento.

SEÑOR SINGLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGLET.- Simplemente, quería decir que tenía la intención de hacer referencia ahora al artículo 354. Sin embargo, dado que él no puede ser considerado en este momento, no tendré más remedio que tratarlo más adelante, como artículo aditivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el Inciso 16, Poder Judicial.

En consideración el artículo 384.

(El texto del artículo cuya lectura se decidió suprimir es el siguiente:

"Art. 384.- Los funcionarios que ocupen cargos en el "Escalafón II Profesional" y los alguaciles del Inciso 16 "Poder Judicial" y los incluidos en los Escalafones A y B en el Programa 008 "Asesoramiento Letrado de la Administración Pública" y 010 "Ministerio Público y Fiscal" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", así como los comprendidos en el literal e) del artículo 407 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, un director de la División Recursos Humanos y un Director de Jurisprudencia, percibirán el 60% (sesenta por ciento), por cumplir sus tareas en régimen de dedicación total, calculándose sobre las retribuciones correspondientes a las cuarenta horas semanales. Quedan excluidos de lo dispuesto precedentemente los Secretarios Letrados (Abogado) Grados III y IV y los funcionarios a que refiere el artículo 387 de la presente ley.

Lo dispuesto precedentemente no implicará incremento de la retribución de los cargos de 30 ó 40 horas semanales, en los casos en que pueda ejercerse el derecho de opción al régimen de dedicación total".)

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- Señor Presidente: con respecto a la solución que figura en este artículo -que creo fue propuesto por el señor Senador Santoro en la Comisión- se nos advierte por parte de los funcionarios involucrados que en la Contaduría General de la Nación se les ha indicado que es preciso hacer una modificación del texto para que el mismo tenga el sentido que en ese ámbito quisimos darle.

Todos entendemos, en la propuesta del señor Senador Santoro, que los funcionarios aquí mencionados percibirán en régimen de dedicación exclusiva, una compensación del 60% calculada sobre la remuneración correspondiente a 40 horas de labor.

No he hablado con los integrantes de la Contaduría General de la Nación, pero se me ha expresado que ellos sugieren una redacción algo diferente que diría, luego de: "Director de Jurisprudencia", lo siguiente: "percibirán la extensión horaria a 40 horas semanales y el 60% por cumplir sus tareas en régimen de dedicación exclusiva, calculándose sobre las retribuciones correspondientes a dicho régimen horario", y lo demás quedaría igual.

De otro modo, los representantes de la Contaduría General de la Nación entienden que perderían la compensación por la extensión del trabajo de 30 a 40 horas semanales. Recalco que no estamos proponiendo una modificación al espíritu de lo votado en Comisión, sino una modificación de texto que procura precisar el sentido de lo que se estipuló en ese ámbito.

Eso es lo que se me ha manifestado por parte de los funcionarios que creo que han conversado de este tema con varios señores Senadores. Debo aclarar que tengo sobre mi mesa la propuesta que, según se me dice, fue sugerida por los funcionarios de la Contaduría General de la Nación.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO.- Señor Presidente: solicité la palabra para referirme a otra cuestión y no a este artículo en particular. Por lo tanto, pediría que cuando se termine la consideración de esta norma, se me otorgue el uso de la palabra para referirme al artículo 354, ya que discrepo con el criterio de que el mismo no fue considerado en Comisión.

SEÑOR SINGLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGLET.- Quiero apoyar el criterio que expuso el señor Senador Cassina. En ese sentido, creo que la redacción que hemos recibido en el Repartido es ajena al espíritu con que fue votado el artículo. Por lo tanto, vamos a apoyar esta modificación porque nos parece que en lo salarial tiene suma importancia para los funcionarios comprendidos, ya que en lugar de otorgárseles algo así como un 33%, de mantenerse el artículo que vino de la Comisión, percibirían un 12%.

En consecuencia, repito que estamos de acuerdo con la modificación propuesta por el señor Senador Cassina.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: deseo preguntar si la modificación propuesta por el señor Senador Cassina significa que los funcionarios deban percibir las 40 horas semanales permanentemente y no que esas horas se tomen en cuenta para efectuar los cálculos. Da la impresión que el cambio de redacción llevaría a esa solución, porque la norma establece el 60% por cumplir las tareas en régimen de dedicación total y, luego, expresa cómo se calcula ese porcentaje, o sea, sobre las retribuciones correspondientes a las 40 horas semanales que antes eran 30.

Por lo tanto, si aceptamos la redacción propuesta por el señor Senador Cassina, los funcionarios en cuestión recibirán el 60% por cumplir tareas en régimen de dedicación total, que se les calculará sobre las 40 horas semanales y, asimismo, se dispondría que percibirán las 40 horas semanales.

SEÑOR CASSINA.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pude interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- Estoy de acuerdo con lo que dice el señor Senador Santoro, pero de otro modo la base de cálculo de la compensación por dedicación exclusiva, se transforma en un ficto y no en un sueldo real. Si desde el punto de vista práctico y de acuerdo al cálculo que hay que efectuar, le quitamos la compensación por las 40 horas semanales de labor, obviamente, estaríamos reduciendo extraordinariamente -tal como lo expresaba el señor Senador Singlet- el beneficio que creímos darle a través de la compensación por dedicación exclusiva. Declaro haber entendido de esa manera la propuesta original en Comisión. Evidentemente, no puedo decir cómo la entendió el señor Senador Santoro que fue quien la formuló, pero parece claro que si el texto no es precisado, los funcionarios van a quedar con un aumento extremadamente magro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO.- Estimamos que en la redacción venida de la Comisión -que aparentemente fue propuesta por quien habla- las 40 horas semanales eran el elemento básico para hacer el cálculo del 60% por dedicación total. Con la nueva redacción, evidentemente, se pasa a otra situación donde además de ese cálculo sobre las 40 horas, se van a pagar las 40 horas semanales. En ese sentido, hay que referirse al artículo 407 de la Ley Nº 15.809...

SEÑOR PRESIDENTE.- La ley que acaba de citar el señor Senador no tiene nada que ver, ya que se trata de la incompatibilidad de funcionarios del Ministerio Público y Fiscal.

SEÑOR SANTORO.- Citamos esa ley, porque estábamos tratando de orientarnos buscando el origen de la disposición.

En definitiva, el régimen de dedicación total se aplica para los funcionarios que tienen eso como actividad permanente y perciben un porcentaje por trabajar en él. En esta disposición se establece cuánto es lo que se va a pagar por trabajar en ese régimen y el cálculo se hace en base a las 40 horas semanales. Pero si se redacta la norma de acuerdo a la propuesta del señor Senador Cassina, creemos que el espíritu de la disposición se modificará y, en ese sentido, el Senado deberá resolver ya que los funcionarios van a cobrar las 40 horas semanales.

SEÑOR CIGLIUTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANTORO.- Con mucho gusto.

SEÑOR CIGLIUTI.- Señor Presidente: acá hay un conjunto de funcionarios del Poder Judicial que solicitan un beneficio fijado en el 60%, que se calcula sobre la base de las 40 horas semanales de trabajo. Si los funcionarios a los que se les otorga este beneficio no tienen 40 horas semanales de trabajo, no percibirán ese 60% como beneficio. O sea que es necesario que los trabajadores cumplan 40 horas semanales para generar derecho a ese 60%. En ese sentido, no todos estos funcionarios tienen un régimen de trabajo de 40 horas semanales.

Al agregarle la propuesta del señor Senador Cassina estamos otorgándoles la extensión del régimen horario a 40 horas y, en consecuencia, el 60% del beneficio. Esta norma comprende a aquellos funcionarios que no cuenten con las 40 horas semanales. Entonces, se les da lo necesario para que puedan acceder a la compensación del 60%, referido en este artículo. Entiendo que esto es así, tal como se ha explicado en muchas oportunidades. En ese sentido, me permití interrumpir al señor Senador por entender que ésta es la condición imprescindible que necesitan los funcionarios para poder acceder a este beneficio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Santoro.

SEÑOR SANTORO.- Comprendo que con esta redacción la disposición tiene otro alcance. Tal como lo acaba de señalar el señor Senador Cigliuti, los beneficios se incorporan con el nuevo texto.

SEÑOR BLANCO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BLANCO.- Quiero señalar que voy a acompañar con mi voto la propuesta del señor Senador Cassina.

Efectivamente, cuando se discutió este tema en la Comisión así como en conversaciones privadas de algunos integrantes de la misma, se entendió que era del caso lograr un incremento en la retribución, en el entorno del 33%, porcentaje a que hizo alusión el señor Senador Singlet. Evidentemente, mediante la redacción actual no se alcanza la cifra mencionada; entonces, la nueva redacción, que corrige el error debe ser acompañada porque a mi juicio ese fue el espíritu que animó a los integrantes de la Comisión, cuando fue analizado este tema. Además, tiene relación con una norma que, de alguna manera, "desengancha" -término que ha sido utilizado en la Comisión- la situación de los magistrados de otros funcionarios del Poder Judicial. Por lo tanto, se entendió que se trataba de una compensación.

Por esas razones, voy a acompañar lo expresado por el señor Senador Cassina.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: comparto la propuesta del señor Senador Cassina. A mi juicio se debe hacer otra modificación adicional, porque si se quiere que este beneficio sea significativo, no se puede hablar de retribuciones, sino de retribuciones sujetas a montepío. De lo contrario, este porcentaje se aplicará sobre el sueldo básico que es una pequeña proporción del total de las retribuciones. Entonces, repito, tanto cuando se dice en el artículo "retribuciones correspondientes a las 40 horas semanales", como cuando se expresa en la redacción que propone el señor Senador Cassina "retribuciones", hay que especificar que se trata de retribuciones sujetas a montepío. Reitero que el motivo de agregar esto es que puede interpretarse que la compensación se aplica al sueldo básico, en cuyo caso no les estaríamos concediendo ningún beneficio relevante a estos funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador Cassina que le haga llegar el texto del artículo propuesto.

SEÑOR CASSINA.- Así lo haré, señor Presidente.

SEÑOR SINGLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGLET.- Aclaro que si bien no participé en el trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, leí la versión taquigráfica de la misma. Esto me permite afirmar que ese era el espíritu que animaba a sus integrantes. Cuando se procedía a votar, se hizo referencia a que estos funcionarios tendrían efectivamente un aumento del 30%. Pero además, hay otro elemento a considerar. Teniendo en cuenta la calidad de los funcionarios de que se trata, hacemos confianza en la información que se nos ha brindado que, por otra parte, proviene de la Contaduría General de la Nación. Creemos que al modificar el articulado no se está violentando lo que se votó en Comisión, sino dándole el alcance exacto que en ese momento se le pretendió dar.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- Era sólo para informar a la Mesa que le he enviado el texto con las modificaciones leídas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia se ve en la obligación moral de referirse a otro tema que está incluido en este artículo y que configura un error que es de su exclusiva responsabilidad. Me refiero a la inclusión de los funcionarios comprendidos en el literal E) del artículo 407 de la Ley Nº 15.809. Esta disposición establece la equiparación de los funcionarios del Ministerio Público y Fiscal con la escala del artículo 85 de la Ley Nº 15.750, referente a los sueldos de los jueces. Este literal E) no hace alusión a los fiscales, sino a los secretarios letrados de Fiscalía Nacional y los Asesores I -abogado o escribano- cuyos sueldos aún están equiparados al de Juez de Paz de Ciudad.

En el artículo 391 -que consideraremos dentro de un momento- que fue redactado por el Presidente, se deroga el literal E) del artículo 407 de esta Ley. Esta disposición es la que deroga ciertas equiparaciones con los jueces que existen en este momento. ¿Por qué pretendíamos derogar el literal E) de esta disposición, al igual que otras normas legales? Porque entendimos que se refería a funcionarios que siendo profesionales no tenían incompatibilidad con el ejercicio profesional. Para nosotros, éste es el único fundamento que existe para que un funcionario abogado tenga una equiparación con el sueldo de Juez. Es decir que no se le permita ejercer la profesión, como en el caso de los Jueces, por razones obvias. En verdad, ésta no es la situación de dichos funcionarios, porque la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal Nº 15.365 -en realidad, se trata de un decreto-ley, porque fue dictado en el período de gobierno de facto- en su artículo 27 expresa que los cargos de fiscales y los de técnicos profesionales pertenecientes al Ministerio Público y Fiscal, son incompatibles con el ejercicio remunerado o no de las profesiones de abogado, escribano, contador o procurador, el del comercio y con el desempeño de toda otra función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la enseñanza pública superior en materias jurídicas. Es decir que la incompatibilidad no puede ser más general. Inclusive, se evade del marco del ejercicio de la profesión de abogado. De esta forma, involuntariamente, le íbamos a causar un perjuicio muy injusto a estos funcionarios. Entonces, vamos a tener que excluirlos del artículo 391, manteniéndoles la equiparación de la cual gozan en el presente. Tampoco corresponde que se los incluya en el régimen del artículo 384, que corresponde a funcionarios que no están asimilados a los sueldos de los jueces.

Por todas estas razones, reitero, que debemos excluir esta referencia a los funcionarios comprendidos en el literal E) del artículo 407 de la Ley Nº 15.809, en este artículo 384.

Si no hay observaciones al temperamento expuesto por la mesa, así procederemos.

Ahora debemos resolver si votamos el texto venido de Comisión o si lo hacemos directamente con el propuesto por el señor Senador Cassina.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: nos hemos comunicado con los espíritus...

(Hilaridad)

-... y vamos a votar la propuesta del señor Senador Cassina.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Cassina ha triunfado en toda la línea.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero señalar que comparto enteramente lo planteado por el señor Senador Cassina, así como la aclaración que ha formulado el señor Presidente del Senado con relación a los Secretarios de Fiscalía. No obstante, quisiera manifestar que en el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia, en su artículo 7º, se declaraban de dedicación exclusiva a algunos cargos que ya lo son de hecho. A pesar de esto, hasta ahora no habían obtenido ese carácter, como por ejemplo, los cargos de coordinación técnico, de Secretario IV "Abogados" -que deberían ser excluidos de este tratamiento, porque ya están comprendidos en otro artículo especial- el de sumariante, así como los de Director y Subdirector de SAYPS e inspectores y asistentes sociales. Se trata de cargos que no deben ser excluidos del tratamiento de dedicación exclusiva porque de hecho están en un régimen de trabajo que los obliga a dedicarse enteramente a sus funciones.

Si la Corte recogía esta situación fue porque en general se trata de funcionarios con larguísima trayectoria, que cumplen una función fundamental en la prestación tanto de los servicios de asistencia social como en la judicatura de familia, relativa a los menores.

Me refiero al caso específico de los inspectores de asistencia social. Entonces, no sé si será más conveniente incorporarlos en este artículo, o darles un tratamiento específico en otro. No me parece que podamos pasar en forma ligera sobre las disposiciones que habían sido proyectadas por la Suprema Corte de Justicia.

De todos modos, luego volveré a plantear este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 384 con el texto propuesto por el señor Senador Cassina y la exclusión a que hizo referencia la Presidencia.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO.- Señor Presidente: oportunamente había pedido la palabra para referirme al artículo 354 que, según se nos informa, se encuentra aquí por error. Esta circunstancia me lleva a hablar de varias paradojas, a cuenta de otras que plantearé más adelante.

En nuestros apuntes personales -en los cuales tenemos suficiente confianza- consta que este artículo, que era el 314 del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, igual al 263 del Mensaje del Poder Ejecutivo y que, además, coincidía con el 26 del Mensaje del Poder Judicial, había sido votado 9 en 10. Si uno se limita a leer nada más que el índice analítico, encuentra que en el Distribuido 1792 figura votado el artículo 313, así como el 315. No obstante, al recorrer sus páginas, en la primera de ellas puede observarse que después de que el señor Presidente dio por abierta la sesión, luego de haberse leído el artículo 313 y votado 9 en 10, y a continuación de una intervención de quien habla, el señor Presidente puso en consideración el artículo 314, agregando que coincidía con el artículo 26 enviado por la Suprema Corte de Justicia, procediéndose a su votación, cuyo resultado fue 9 en 10. Esto significa, que nuestros apuntes coinciden con la versión taquigráfica del Distribuido Nº 1792. Entonces, sostengo que paradójicamente -lo que quizás haya llevado a otra confusión- el artículo 354 del texto que teníamos en la Comisión fue incluido equivocadamente con el número 389 -confusión que reitero ya que advertida- y en una fe de errata se dijo que, lógicamente, no debía ser incluido, debido a que su votación resultó negativa, 7 en 14.

En síntesis, entendemos que debe considerarse el artículo 354, ya que en Comisión fue votado afirmativamente, 9 en 10.

SEÑOR CASSINA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RAFFO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- Deseo corroborar lo que ha expresado el señor Senador Raffo. Observando mis apuntes, en los cuales deposito mi confianza, puedo apreciar que el artículo 314 del texto aprobado por la Cámara de Representantes, fue votado afirmativamente en Comisión, una sola vez, 9 en 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Raffo.

SEÑOR RAFFO.- Quiero dejar en claro que lo mismo consta en el texto de la versión taquigráfica distribuida. Quizá lo que sucede es que fue omitido en el índice.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cabe acotar que el señor Senador Raffo está haciendo referencia a la versión taquigráfica de una sesión de la cual no tenemos la fecha; pero, posteriormente, en el Acta Nº 158, Distribuido Nº 1797, del 27 de setiembre de 1992 -último día que sesionó la Comisión- figura la votación del artículo 354, 7 en 14. Negativo. Suprimido. Procuraremos encontrar la versión taquigráfica, a fin de tener los datos concretos.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO.- Yo no había culminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entendió que sí lo había hecho, pero si el señor Senador Raffo, desea contestar a mi observación, tiene la palabra.

SEÑOR RAFFO.- Señor Presidente: reitero que nos encontramos ante una situación paradojal, ya que el que consta como artículo 354 en el Mensaje que tiene a consideración el Senado, correspondía originalmente al 314 en oportunidad de analizarlo la Comisión pertinente. Entonces, este artículo 314, según figura en el Distribuido N° 1792, se votó 9 en 10, junto con los artículos del Poder Judicial números 313 -votado 9 en 10- 314 -con el mismo resultado- y el 316, aprobado 11 en 11.

En conclusión, el artículo 354 a que hace referencia el señor Presidente, es correlativo al 314. La confusión puede provenir de que el artículo 354 que figura en la versión taquigráfica mencionada -que coincido con la Mesa fue votado negativamente- corresponde al 389 del Mensaje que estamos considerando, situación que está indicada por Secretaría.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde el uso de la palabra al señor Senador Cassina.

SEÑOR CASSINA.- Deseo manifestar que, a nuestro entender, el señor Senador Raffo está en lo cierto. Lo que sucede, es que nos encontramos frente a una confusión, dado que el artículo 354 a que se hace referencia en la fe de erratas es el número del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, el cual fue votado varias veces, siendo votado negativamente, 7 en 14, en la última reconsideración.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CASSINA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Hemos consultado el comparativo con el que trabajamos desde la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, a efectos de buscar más elementos de juicio. En él consta que el tratamiento de este artículo arrojó como resultado 9 en 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa, de todas maneras, va a esperar a contar con la versión taquigráfica correspondiente, a fin de corroborar a qué artículo se refiere, ya que el señor Senador hace referencia a una sesión anterior y requeriríamos disponer de la fe de erratas, porque en ella debe constar transcripta la disposición y no solamente el número.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO.- La disposición figura en la versión taquigráfica, del Distribuido N° 1792, que tengo en mi poder.

SEÑOR PRESIDENTE.- La fe de erratas se refiere al Distribuido N° 1797 y la disposición, como tantas otras, puede haber sido reconsiderada. Por tales razones, rogamos al señor Senador que aguarde hasta que contemos con la versión taquigráfica mencionada y podamos leerla para mayor claridad. Si como producto de ello, resulta que el señor Senador tiene razón, se procederá a la votación.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET.- Señor Presidente: a nuestro entender, la discrepancia se centra en saber si existe un impedimento reglamentario para ver si se puede o no tratar este artículo. Cuando solamente faltan cinco horas para que se venza el plazo constitucional, propongo que procedamos a votar ahora el artículo, ya que si tiene razón el señor Presidente no habría inconveniente y si, por el contrario, asiste razón al señor Senador Raffo tampoco habría impedimento. De esta forma, evitaríamos perder el tiempo en una discusión que me parece no tiene sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de pasar a considerar el artículo 354, la Presidencia quiere dejar constancia de que si el artículo había sido votado negativamente por la Comisión y no venía como aditivo, reglamentariamente no se podía votar.

A todo esto, observo que el Distribuido N° 1797 resuelve el problema dado que en la página 168 se refiere a la consideración del artículo 354 y el texto no es el que figura en el Repartido, lo que significa que tenían razón los señores Senadores Raffo y Cassina.

En consecuencia, corresponde considerar el artículo 354 que había sido suprimido por error.

En consideración el artículo 354.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 354.- Establécese que los actuales Actuarios de Juzgados Letrados, que hubieren accedido a dicho cargo con posterioridad a la promulgación de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, y que no se encontraban en régimen de dedicación total a la fecha del ascenso, podrán optar por permanecer en su actual régimen de dedicación total o volver al anterior.

Dicha opción deberá realizarse dentro de los sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley".)

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Sobre la base de la información que se había dado originariamente, de que este artículo no existía, habíamos presentado un texto modificativo del mismo, pero que ahora lo tenemos que presentar como aditivo. El texto de la modificación ya está en poder de la Secretaría.

Este artículo, tal como está redactado y de acuerdo con la información que me han proporcionado las personas interesadas y entendidas en el tema, sólo alcanzaría a cinco funcionarios. Estamos hablando de la posibilidad, para los Actuarios, de optar por el régimen de "full-time" o bien quedarse en el régimen actual.

Entendemos que este derecho a optar debe darse a todos los Actuarios. Más aún; originariamente, este artículo tenía una redacción sumamente amplia, pero cometía la falta de no decir que se trataba de los cargos de Actuarios. Como se refería a todos los funcionarios del Poder Judicial, la propia Suprema Corte de Justicia expresó que con este texto, hasta los Jueces podrían sostener -creo que esa fue la expresión del doctor Addiego- que estaban en condiciones de optar por un régimen que no fuese el de "full-time". Es decir, que podrían ejercer la profesión o bien dedicarse a otro trabajo.

El espíritu fue que, de todas maneras, la amplitud del artículo podía ser algo sano, siempre que no abarcara a los Jueces ni a los que tienen incompatibilidad con otras normas. Por lo tanto, hemos planteado un texto modificativo que autoriza a optar por el "full-time" o por un régimen que no revista estas características a todos los Actuarios y Actuarios Adjuntos, fijándose el plazo establecido en este segundo inciso. Asimismo, se realizan algunas aclaraciones para los que pudieran ser Actuarios en el futuro. Obviamente, el plazo no se podría contar desde la fecha de entrada en vigencia de la ley, sino que se haría desde la fecha de su designación.

Esta es la modificación que proponemos para el artículo 354.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia tiene el texto propuesto a la vista y advierte que la diferencia que se ha establecido es muy grande, porque el texto de la Comisión habla de los Actuarios de Juzgados Letrados y el remitido por el señor Senador Korzeniak se refiere a Actuarios y Actuarios Adjuntos del Poder Judicial.

Además, el texto venido de la Comisión, se limitaba a amparar a quienes hubieran accedido a dicho cargo con posterioridad a la promulgación de la Ley N° 15.809. Es decir, luego del 8 de abril de 1986. En el nuevo texto, no se establece dicha limitación. Si la persona es Actuario desde 1960, también se puede amparar.

Por esta razón, la Presidencia no capta bien cuál es el fundamento de la diferencia entre ambas redacciones.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Este artículo, en su redacción actual sólo ampara a cinco Actuarios, mientras que la que hemos propuesto lo hace con todos, en general. Ellos tendrán la facultad de optar, por tanto, por un régimen "full-time", como por uno que no lo sea.

Esa es la diferencia básica.

SEÑOR SINGLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGLET.- Quiero expresar que no tengo la intención de perjudicar a los Actuarios comprendidos en este artículo, sino que deseo extender el beneficio, precisamente, por los argumentos señalados por el señor Senador Korzeniak y por los que ayer mencionó el señor Senador Cassina. Creo que ello es de absoluta justicia.

Asimismo, pienso que es necesario establecer un período para que la Suprema Corte de Justicia pueda acondicionar su funcionamiento.

Pienso que trabajar en el Poder Judicial no debe convertirse en una desgracia. Debemos recordar que sus funcionarios no pueden pasar en comisión, ganan mal y pierden la posibilidad de afiliarse a la Caja Notarial. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer, es reconocerles el derecho a trabajar con incompatibilidad o bien permanecer en la situación en que actualmente se encuentran.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 354 con el texto venido de Comisión, que es el mismo que votó la Cámara de Representantes y que venía en el Mensaje del Poder ejecutivo.

(Se vota:)

-10 en 30. Negativa.

A continuación se va a votar el texto sustitutivo del artículo 354, propuesto por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

-23 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 387.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

Art. 387.- Sustitúyese el artículo 311 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 462.

A) La retribución del Director General de Defensorías de Oficio será equivalente a la de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones;

B) La retribución de los Directores de las Defensorías de Oficio, será equivalente al 95% (noventa y cinco por ciento), de las retribuciones de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones;

C) La retribución de los Defensores de Oficio de la capital y Secretario de Defensorías, será equivalente a la de los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital;

D) La retribución de los Defensores de Oficio del interior será equivalente a la de los Jueces Letrados del Interior.

Los funcionarios a que refiere este artículo percibirán dichas remuneraciones en caso de que los titulares se encuentren en régimen de dedicación exclusiva. Los demás funcionarios podrán optar por el régimen de dedicación exclusiva antes del 1º de enero de 1993. Si no lo hicieren, sus remuneraciones recibirán, a partir de la fecha, los aumentos generales del resto de la Administración Pública".)

-La Presidencia pide la benevolencia del Cuerpo, ya que ha sido ella quien incluyó este artículo para que se tratara por separado, a fin de poder exponer su posición desde la Mesa.

Se trata de un tema que ha sido largamente discutido y que todos los señores Senadores conocen. Ahora, la Presidencia pide que se reflexione nuevamente sobre el mismo.

El presente artículo mantiene la equiparación de todos los Defensores de Oficio del país con sueldos de la magistratura. En algunos casos, tenemos que la misma se realiza con los Ministros de los Tribunales de Apelaciones; en otros, se establece el 95% de estas retribuciones; también se efectúa con los cargos de los Jueces Letrados de Primera Instancia de la capital y, por último, para los Defensores de Oficio del interior, la equivalencia se da con los Jueces Letrados del interior.

Tal como ya se dijo, el fundamento de las equiparaciones es la existencia de la incompatibilidad. Los Defensores de Oficio no la tienen, salvo en aquella materia en la cual actúan como tales. Por ejemplo, un Defensor de Oficio en lo Penal no puede ejercer la profesión de abogado en materia penal, aunque sí puede hacerlo en otras.

Por otra parte, la equiparación se realiza con la escala del artículo 85 de la Ley de la Judicatura. De acuerdo con ella, los Ministros de los Tribunales de Apelaciones ganan el 90% del salario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia; los Jueces Letrados de la capital y los Jueces Suplentes, el 80% y los Jueces Letrados del interior, el 70%. La escala continúa hasta llegar a los Jueces de Paz rurales, quienes perciben el 25%.

A continuación quiero dar el ejemplo de un Juez de Paz, de segunda categoría, que gana el 35% del salario de los Ministros de la Suprema Corte.

Con respecto a esto, pensamos que aquí se da una evidente injusticia. Vemos que una persona que pasa a ejercer el cargo de Defensor de Oficio en el Interior, es nombrada directamente, puede ejercer la profesión y gana lo mismo que un Juez Letrado del interior. Para llegar a este último cargo, un abogado tiene que ingresar como Juez de Paz de segunda categoría, ascender a Juez de Paz de primera categoría, a Juez de Paz de ciudad, a Juez de Paz Departamental del interior, a Juez de Paz Departamental de la capital para, recién en ese momento, llegar a Juez Letrado de Primera Instancia del interior, quizás luego de haber paseado por todo el país, y luego de tener seis u ocho años de ejercicio de la magistratura.

Por su parte, el Defensor de Oficio accede al cargo y, al otro día, gana lo mismo que un Juez Letrado del interior. Este último tiene incompatibilidad, mientras el Defensor de Oficio, no.

Además, hay un argumento realizado por la Suprema Corte de Justicia -no sé si en el seno de la Comisión- que es de absoluta racionalidad.

La Suprema Corte de Justicia tiene que reclutar al personal, a los magistrados. Es decir, debe conseguir gente que esté dispuesta a ejercer la magistratura recorriendo ese largo vía crucis a lo largo de todo el país, desde la última categoría judicial hasta llegar a ser Juez Letrado.

Así, ¿quién va a querer ser Juez de Paz, por el 35% del salario de un Ministro de la Suprema Corte, si puede ingresar como Defensor de Oficio, con una asignación equivalente al 70% del salario de un Juez de la Suprema Corte de Justicia? Vemos que nadie quiere ser Juez de Paz, para ganar la mitad de lo que ganaría como Defensor de Oficio, sin tener incompatibilidad, es decir, pudiendo ejercer la profesión. Se puede constatar que, luego, los abogados se quejan porque el nivel de la magistratura ha descendido. Ello es inevitable, dado que estamos desalentando a todos aquellos que pueden tener vocación para ejercer la magistratura, empujándolos a actuar como Defensores de Oficio, sin tener la incompatibilidad que poseen los Jueces.

Realmente, hay que tener alma de héroe para ingresar en el último grado del escalafón judicial, a ganar la mitad de lo que se percibiría como Defensor de Oficio.

Además es incomprensible que los Jueces, con la incompatibilidad que tienen, estén equiparados a aquellos que no la tienen.

Por otra parte, ya lo dije y lo reitero, que los Jueces son titulares de uno de los Poderes del Gobierno, y tienen una enorme responsabilidad, cosa que no ostentan los Fiscales -por más que tengan incompatibilidad- ni los Defensores de Oficio, que actúan como abogados, a sueldo del Estado.

Debemos destacar que el Juez es quien dispone el procesamiento de las personas y las priva de su libertad; quien condena a un individuo a 20 años de cárcel; quien, a riesgo de equivocarse, puede poner en libertad a un criminal, porque no encuentra mérito para su procesamiento; quien dispone de la propiedad de las personas y quien falla en un litigio por U$S 1:000.000.

Todas estas inmensas responsabilidades las tienen los jueces y no los Defensores de Oficio. Entonces, ¿qué sentido tiene que los Defensores de Oficio ganen lo mismo que los jueces? La única explicación es que los Defensores de Oficio se han organizado en una especie de corporación que concurre en cada Rendición de Cuentas a hablar con todos los Legisladores, por lo consiguieron la equiparación en el año 1986, la mejoraron en 1990, la volvieron a mejorar en 1991 y la mantienen en 1992. Todo esto en perjuicio del buen funcionamiento del Poder Judicial y del reclutamiento de su personal, que es imprescindible para su buena marcha.

Tengo conocimiento de que hubo un acuerdo en la Comisión, donde se discutió mucho y se transó con esta disposición, que lo único que hace es eliminar de la equiparación a los que no opten por el régimen de dedicación exclusiva, que no es sinónimo de incompatibilidad; entiéndase bien.

Quiero hacer reflexionar la Cuerpo sobre esta situación que es absolutamente ilógica, injusta para los jueces e inconveniente para el Poder Judicial.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- Mi intención no es reiterar la discusión que se realizó en Comisión. Por supuesto que el señor Presidente tiene derecho a discrepar con esta propuesta. Este tema fue largamente debatido en Comisión y resuelto -creo que unánimemente- a través de la iniciativa del señor Senador Cigliuti.

Con la redacción actual de este artículo, la dedicación exclusiva supone que no se puede ejercer la profesión. Esto es así, porque modifica el artículo 311 de la Ley Nº 16.226 que sí establecía esa posibilidad y esto es clarísimo. Al eliminar dicha disposición, la dedicación es exclusiva y no se ejerce la profesión. Es más, diría que actualmente el setenta y cinco por ciento de los Defensores de Oficio se encuentran en ese régimen de dedicación exclusiva, en el concepto de que no pueden ejercer la profesión.

SEÑOR SANTORO.- Apoyado.

SEÑOR CASSINA.- Por otro lado, sostengo -en discrepancia con el señor Presidente- que en el juicio existen tres figuras que, desde mi punto de vista, deben estar equiparadas: el Juez, el Fiscal y el Defensor de Oficio. Esto lo he afirmado desde que soy Legislador, es decir, desde 1985. Sostengo claramente esta solución y destaco, además, que al no incluirse a los Defensores de Oficio -porque están expresamente excluidos- en el régimen de aumento especial para los jueces -que se establece en otro artículo que creo que fue redactado por el señor Presidente- en escalas de 15%, 10% y 5%, percibirán menos que aquéllos, cuando antes estaban totalmente equiparados.

Además, agrego que si eliminamos este sistema, en los hechos les rebajamos el sueldo a los Defensores de Oficio a partir del 1º de enero de 1993. Esta es la realidad.

Por otra parte, la mención inicial al artículo 311 de la Ley Nº 16.226, es equivocada ya que se trata del artículo 426 de la Ley Nº 16.170.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor Senador lo permite, voy a leer la disposición a que se refiere. El artículo 311 de la Ley Nº 16.226 que está vigente y que sustituye al artículo 462 de la Ley Nº 16.170, luego de establecer esta misma escala que aquí se reitera dice: "Los funcionarios a que se refiere este artículo percibirán dichas remuneraciones en caso de que los titulares se encuentren en régimen de dedicación exclusiva". Es decir que se establece lo mismo que en esta disposición, y luego continúa diciendo: "...o tengan más de veinticinco años de antigüedad dentro del Poder Judicial". Y esto es lo único que se elimina. Más adelante el artículo expresa: "Establécese, a partir de la vigencia de esta ley, que el régimen de incompatibilidad de los Defensores de Oficio será en razón de la materia para la cual se designen o se hallen designados, ..." Es decir que la disposición vigente -que no se deroga- establece que si un Defensor de Oficio lo es en materia penal, solamente tiene incompatibilidad para ejercer la profesión en esa materia, mientras que si es Defensor de Oficio en materia e menores, sólo tendrá incompatibilidad para ejercer la profesión en ese campo.

Por lo tanto, esta disposición que el señor Senador defiende con mucho calor -y puede tener razón- no establece la incompatibilidad, sino que mantiene el principio vigente por el cual los Defensores de Oficio pueden ejercer la profesión. Esto es así, sin ninguna duda. De lo contrario, debiera derogar esta disposición y decir que se establece la incompatibilidad con carácter general.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador para una aclaración.

SEÑOR CASSINA.- El artículo 311 de la Ley Nº 16.226 comienza modificando el texto del artículo 462 de la Ley Nº 16.170 y mediante la disposición que proponemos, lo único que hacemos es volver a modificar el texto del artículo 462 de la mencionada Ley. Por lo tanto, a partir de la vigencia de esta Ley, desaparece el texto del artículo 311 de la Ley Nº 16.226.

Disculpe, señor Presidente, pero esto es sumamente claro.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.- La disposición a que refiere el señor Senador no establecía la incompatibilidad, que nunca existió en el país y no se implementa por esta norma. Los Defensores de Oficio seguirán ejerciendo la profesión y si no fuera así dejarán de serlo, porque no van a renunciar al ejercicio profesional.

SEÑOR CIGLIUTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CIGLIUTI.- El artículo que estamos considerando consta de dos partes. La primera, reitera la forma de los beneficios que cobran en sus retribuciones estos funcionarios de acuerdo al artículo 462, que mencionaba el señor Senador Cassina. La segunda parte es completamente diferente y establece que sólo cobrarán los titulares que actúan y se encuentran en régimen de dedicación exclusiva. Más adelante la norma expresa que los demás funcionarios podrán optar por el régimen de dedicación exclusiva antes del 10 de enero de 1993. ¿Qué funcionarios? Los que tengan más de veinticinco años en la función o los que tengan régimen de dedicación exclusiva, sino parcial, como establece la otra ley.

Si no optan por las remuneraciones recibirán, a partir de dicha fecha, los aumentos generales del resto de la Administración Pública. Quiere decir que este artículo solamente comprende lo que originalmente se tomó en la Comisión como punto de referencia en el que todos coincidíamos, es decir a los funcionarios que tengan un régimen de dedicación exclusiva. Se procedió de esta manera para todos los funcionarios del Poder Judicial y también para éstos, quedando afuera, incluso profesores de la facultad que no tienen régimen de dedicación exclusiva, pero que llevan más de veinticinco años de servicio, así como también Defensores de Oficio que tienen muchos años de trabajo, pero no en régimen de dedicación exclusiva. A estos funcionarios se les da la opción hasta fin de año, ya que si no optan, no cobran los beneficios a que refiere este artículo. Aquí, se hace referencia exclusivamente -y esa es la razón de que contara con unanimidad en la Comisión- a los funcionarios comprendidos que tengan régimen de dedicación exclusiva o que resuelvan aceptarlo antes de que entre en vigencia la norma.

Desde un primer momento llegamos a un acuerdo en cuanto a esas exclusiones que, por otra parte, -tal como señaló el señor Senador Casssina- son de pocas personas, porque más de las tres cuartas partes de los Defensores de Oficio actúan en régimen de dedicación total.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: brevemente, quiero manifestar que es una pena que en Comisión hayamos dedicado mucho tiempo al Poder Judicial -así como lo estamos haciendo en el Senado- para aprobar un presupuesto que es de horror para los funcionarios y también para el conjunto de profesionales que allí trabajan.

Reafirmo absolutamente todo lo que han señalado los señores Senadores Cigliuti y Cassina, pero me interesa recalcar que la equiparación con los Jueces se realiza para los sueldos que se establecen en la Ley de la Judicatura y no en el "intríngulis" montado para dar un 15%, 10% y 5% adicional como compensación a los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, a los Jueces Letrados y a los Jueces de Paz. Es decir que aquí ya existe un distanciamiento enorme.

Ahora, a ese distanciamiento se va a agregar la peculiaridad de que quienes quieran tener ese régimen de equiparación a los sueldos que establece la Ley de la Judicatura, van a tener que hacerlo, en forma obligatoria bajo un régimen de dedicación exclusiva. Hay situaciones planteadas con algunos profesionales que tienen más de 25 años de trabajo en el Poder Judicial -30 ó 35 años- y que, en función de anteriores disposiciones, siempre pudieron ejercer la profesión. Ellos son los que tienen mayor experiencia y competencia y, a raíz de esta norma, van a perder esa condición.

Por otra parte, no quiero discutir acerca de lo que ganan los profesionales que están dedicados a trabajar como Defensores de Oficio. Al igual que cualquier ciudadano puedo observar lo que trabajan los Defensores de Oficio de Menores, quienes empiezan su trabajo atendiendo colas de hasta 200 personas por día, en la dependencia ubicada en la calle Soriano. Por supuesto, los que trabajan en el interior de la República, también atienden a legiones de gente que no pueden pagarse la defensa. Es más; hay multitud de abogados que trabajan como funcionarios judiciales y que, de hecho, hacen las labores de Defensores de Oficio y perciben por ello el sueldo de un auxiliar administrativo.

Creo que es raro que esto siga ocurriendo en el Poder Judicial de nuestro país. Estamos avanzando rápidamente para que no sólo los buenos profesionales que son Defensores de Oficio abandonen esta profesión tan importante -como decía el señor Senador Cassina- sino también para que muchos funcionarios administrativos terminen por arrojar la esponja, hartos de dedicar una enorme cantidad de tiempo a esa función por salarios miserables.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en primer lugar quiero decir que ratifico lo que decía el señor Senador Cassina, en el sentido de que no se está sustituyendo el artículo 311 de la Ley Nº 16.226, sino el Nº 462 de la Ley Nº 16.170. Por lo tanto, como se ha dicho, en la primera línea hay que sustituir "311" ‘pr"462".

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya está sustituido, señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- En segundo término, quiero manifestar que lo que está en discusión es un problema de ingresos y no de si hay o no analogía o diferencia conceptual entre incompatibilidad y dedicación exclusiva. Se puede admitir totalmente la argumentación del señor Presidente en cuanto a que la incompatibilidad de los Jueces es distinta a la selectiva de los Defensores de Oficio. Sin embargo, a nuestro juicio, no se puede discutir que desde el punto de vista de los ingresos es tan limitante la incompatibilidad de los Jueces como la dedicación exclusiva de los Defensores de Oficio. Esto es lo que fundamenta la propuesta que se ha hecho.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 387.

(Se vota:)

-26 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 388.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Art. 388.- Declárase de particular confianza el cargo de Secretario Letrado Administrativo de la Suprema Corte de Justicia.

Esta declaratoria tendrá vigencia desde la fecha de la efectiva toma de posesión por el actual titular".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 390.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"Art. 390.- Fíjase una retribución adicional sobre las retribuciones básicas y complementarias sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, de acuerdo a la siguiente escala:

A) Ministros del Tribunal de Apelaciones: 15% (quince por ciento).

B) Jueces Letrados de 1ª Instancia de la Capital, Jueces Letrados de 1ª Instancia Suplentes, Jueces Letrados de 1ª Instancia del Interior y Secretario Letrado: 10% (diez por ciento).

C) Juez de Tribunal de Faltas, Juez de Paz Departamentales de la Capital, Juez de Paz Departamentales del Interior, Juez de Paz de la Capital, Juez de Paz de 1ª Categoría, Juez de Paz de 2ª Categoría, Juez de Paz Rural y Prosecretario Letrado: 5% (cinco por ciento).

Interprétase que en ningún caso la retribución adicional establecida por la presente disposición, integra la dotación ni la retribución del cargo, a los efectos de las equiparaciones o remuneraciones que se fijan en función de otras, con excepción de la de los funcionarios pertenecientes al Escalafón N del Inciso 11 - "Ministerio de Educación y Cultura".)

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: tengo en mi poder el artículo 389, para el que presenté una redacción sustitutiva que, a juicio de los técnicos, perfecciona esta norma por la que se otorga un aumento a los funcionarios judiciales en general.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo 389 no existe; se le había incluido en el Proyecto de Ley a estudio por error, ya que no había sido votado por la Comisión. Por lo tanto, sólo puede tratarse como aditivo, cuando se termine con la consideración del articulado.

SEÑOR CIGLIUTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CIGLIUTI.- Señor Presidente: quiero referirme al artículo 390, en cuyo final se establecen las excepciones de los funcionarios pertenecientes al Escalafón N del Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura. Creo que debería agregarse a continuación la frase siguiente: "y Secretario Letrado y Prosecretario Letrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo", ya que están contemplados en otra parte.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pregunto por qué deben estar exceptuados el Secretario Letrado y Prosecretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia. De esta forma, se legisla con nombre propio, ya que se trata de dos personas que todos conocemos.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA.- Señor Presidente: a pesar de que estaríamos modificando el procedimiento y dado que tenemos, por error, incluido el artículo 389, propongo que lo votemos. Creo que el señor Senador Pereyra tiene una redacción sustitutiva del mismo.

SEÑOR ASTORI.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En este momento estamos considerando el artículo 390, por lo que creo que debemos terminar con su tratamiento. Posteriormente, si el Cuerpo está de acuerdo en considerar un aditivo de un artículo que no existe, lo haremos.

SEÑOR BLANCO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BLANCO.- Señor Presidente: consulto al señor Senador Cigliuti si la propuesta que acaba de formular tiene relación con la establecida en el artículo 415.

SEÑOR CIGLIUTI.- Efectivamente, señor Senador, está contemplada en el artículo 415. Por lo tanto, retiro la propuesta que realicé.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 390 con el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: el artículo 389 que ha venido por error, contempla algo que está en el espíritu de todos nosotros, es decir, establecer un aumento para los funcionarios administrativos del Poder Judicial.

Este artículo no lleva la misma redacción que el que presenté, ya que los técnicos la han perfeccionado.

Si el Cuerpo está dispuesto a tratarlo, pediría a la Mesa que se leyera. Me parece que es un punto importante, ya que son los únicos funcionarios del Poder Judicial que no van a recibir aumento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 389 propuesto por el señor Senador Pereyra.

(Se lee:)

"Art. 389. – Auméntase en un 10% el sueldo de los funcionarios de los escalafones II a VI del Poder Judicial y Q (artículo 43 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986), con excepción de los comprendidos en el artículo 32 y 384 de la presente ley y en el artículo 311 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, con la redacción dada por el artículo 387 de la presente ley. El incremento se financiará con cargo al producido del Impuesto Judicial, creado por la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990".

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: nuestro sector acompaña la propuesta de tratar ahora este tema y terminar con las cuestiones realmente importantes vinculadas con el Poder Judicial. Además, solicitaríamos que se incorpora a la discusión la propuesta correspondiente a la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR PRESIDENTE. – No alcanzo a comprender la propuesta del señor senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: de acuerdo con la lectura que ha hecho Secretaría, entiendo que el artículo 389 tiene una formulación distinta de la propuesta por la Suprema Corte de Justicia.

No tengo la numeración de este último, pero ambos artículos apuntan al tema vinculado a la remuneración de los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, como nuestro sector va a acompañar el texto presentado por la Suprema Corte de Justicia –creo que hay otros señores senadores que se encuentran en la misma posición- me parece conveniente que se consideren en forma conjunta.

A los efectos de dejar en claro de qué artículo se trata, señaló que el señor senador Gargano recién me acotó que lleva el número 5 en el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR PEREYRA . – Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra para una aclaración.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: indudablemente todos desearíamos un incremento más importante que el que figura en el artículo por nosotros presentado, pero todos sabemos que en la Comisión se realizó un gran esfuerzo por disminuir el déficit y que, al mismo tiempo, hubo una gran resistencia a votar recursos. Como es notorio, no se pueden aumentar en gran medida los gastos si no se incrementan también los recursos. Un elemental concepto de lo que son las normas presupuestales obliga a mantener un lógico equilibrio entre los ingresos y los egresos. Ello no se ha dado en esta Rendición de Cuentas. Entonces, si este artículo propone un aumento de sólo el 10%, es porque eso es lo que puede financiarse, según se nos ha explicado. Si es así, nos vemos obligados a votar esto o nada, por lo que preferimos presentar este aditivo que cuenta con su financiación correspondiente.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Aclaro que pedí la palabra para referirme al fondo del asunto; si es que no es el momento oportuno, cuando corresponda le ruego que me dé la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – El problema es que el señor senador ya hizo uso de la palabra sobre este artículo. Por lo tanto, sólo puede volver a referirse a él por la vía de una alusión o de una aclaración. Por ese motivo, le di la palabra para una aclaración.

SEÑOR RICALDONI. – Muy bien, señor Presidente; le agradezco la "gauchada".

Como veo que el reloj continúa avanzando, muy brevemente quiero expresar que vamos a acompañar el artículo 5º del mensaje de la suprema corte de Justicia, que eleva las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial en un 30%.

Quiero señalar, señor Presidente, que estamos hablando de uno de los tres Poderes del Estado. El Poder Judicial representa, dentro de le Rendición de Cuentas mucho menos que casi todos los Miembros, es decir que casi todas las Secretarías de Estado. Entre la afirmación de que casi todas las Secretarías de Estado. Entre la afirmación de que el dinero no alcanza –tema sobre el que no quiero abrir una discusión en estos momentos- y el hecho de que la justicia carece de los medios para cumplir con su función, me parece que tenemos que optar por las soluciones que permitan que efectivamente pueda hacerse cargo de algo que es esencial dentro del funcionamiento normal de las instituciones del país, habida cuenta de que igual postura vamos a adoptar cuando se trate el presupuesto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sus dependencias.

Aun respetando –por supuesto- el punto de vista del señor senador Pereyra, quiero llamar la atención sobre lo que representa este aumento del 30% a los funcionarios del Poder Judicial. Se trata de una ínfima parte de lo que significa el presupuesto de la mayoría de los Ministerios. Creo que con esto no es necesario agregar que, en su momento, también se someta a consideración el artículo 5º del Mensaje elevado por la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR BRUERA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. – Quiero dejar constancia de nuestra adhesión a todo el planteamiento formulado por el señor senador Ricaldoni. Aunque en estos momentos no encuentro mis papeles recuerdo que en la mañana de hoy elevé a la Mesa un planteamiento similar. Esto no inhibe, sino que subraya la necesidad de respaldar la propuesta del señor senador Ricaldoni, que es coincidente con la solicitud de la Suprema Corte de Justicia en lo que respecta a funcionarios que cumplen tareas de gran importancia y relieve nacional.

No quiero abundar en mayores consideraciones, y espero una respuesta positiva al planteamiento efectuado por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RAFFO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. – Nos encontramos ante una sorpresa que realmente no esperábamos, aunque todos los señores senadores pueden presentar lo que consideren oportuno en el momento que entiendan adecuado.

Queremos hacer algunas reflexiones de índole numérica. El artículo 389 que ahora estamos considerando, que llevaba el número 354 en la Comisión, y que no había salido con modificaciones, buscaba una solución mediante la cual se otorgaba un 10% de aumento a los funcionarios de los Escalafones I al VI del Poder Judicial. A su vez, el artículo 5º del Mensaje del Organismo establece que se aumentará el sueldo de los funcionarios de los Escalafones I a VI del Poder Judicial y artículo 43 de la Ley Nº 15.809) en un 30%.

Deseamos dejar en claro, señor Presidente, que el costo de votar el artículo 5º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia supone exactamente la cifra de N$ 11.391:000.000, que traducidos a dólares a la cotización del 1º de enero de 1992, significa U$S 4:500.000. Por lo tanto, queremos poner a consideración del Senado el relieve de esta cifra para que se sepa que en los difíciles equilibrios que hemos estado intentando lograr a los largo y ancho de esta extensa Rendición de Cuentas, este momento va a tener consecuencias de gran magnitud.

Por si fuera poco, el texto del Mensaje del Organismo incluye a los magistrados, que ya habían sido incluidos en el artículo 390. Es decir que tienen un doble aumento. Además, esta norma tendrá un efecto de arrastre en lo que hace a todos aquellos que están equiparados con el Poder Judicial.

Por último, destaco que vemos con buenos ojos la propuesta del señor senador Pereyra, que entendemos sensata y razonable, pues cuenta con su financiamiento. Por lo tanto, le vamos a dar nuestro voto. Además, las razones que acabamos de esgrimir nos llevan a oponernos a la propuesta del Foro Batllista.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RAFFO. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Voy a solicitar que el Cuerpo reflexione acerca de lo siguiente.

Hace unos minutos el Senado aprobó por mayoría una serie de normas vinculadas con DISSE. Legisladores pertenecientes al partido de gobierno señalaron que eso significa una economía de más de U$S 40:000.000. El señor senador Astori me acota recién que la cifra asciende a U$S 46:000.000. Entonces, si el incremento que se propone en el artículo 5º del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia implicaría un monto como el señalado por el señor senador Raffo –mis cálculos arrojan una cifra sensiblemente menor- eso representaría un 10% de esta economía que no nosotros, pero sí la mayoría del Senado votó con respecto a DISSE. Esto es por sí solo elocuente, máxime si comparamos lo que deberían ser remuneraciones dignas de los funcionarios del Poder Judicial con lo que implica todo el resto de las cuestionas que aquí estamos considerando.

Por último, agrego que si es necesario introducir modificaciones a este artículo para que no incluya remuneraciones que han sido tratadas –como la de los magistrados- naturalmente lo podremos hacer sobre la marcha.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Antes de devolverle la palabra al señor senador Raffo, deseo aclarar que quien habla fue el que dio la cifra de U$S 46:000.000 como déficit de DISSE. También puedo agregar que las normas que se votaron significan un ahorro de U$S 35:000.000 y no la eliminación total de dicho déficit.

Puede continuar el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. – Parto de la base de lo que acaba de manifestar el señor senador Ricaldoni para decir que aquí nadie se opone a que se otorguen aumentos a los funcionarios judiciales. Creo que a lo largo y ancho de la Administración Central, y también, de los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, todos los funcionarios tienen derecho a efectuar reclamos que, sin duda, en muchos casos son justos. Ello se debe a que sus sueldos no alcanzan el nivel necesario.

Del mismo modo, y en más de una oportunidad hemos sostenido que el esfuerzo contributivo de la población es, en última instancia, lo que financia estos recursos. Por lo tanto, más allá de que el Foro Batllista considere que algunas normas que acaban de ser votadas le puedan significar a este Gobierno determinados ingresos superavitarios donde antes no lo tenía –o por lo menos eliminar algunos déficit que tenía en materia de seguridad social, a través de las normas vinculadas al seguro de enfermedad- no quiere decir que inmediatamente se solucionen situaciones en las que hay "fuegos prendidos". Creo que deben existir diez o quince fuegos prendidos, y no parece ser una forma lógica de razonar entender que por el hecho de haberse conseguido equis recursos, estos deben ser volcados inmediatamente en una u otra dirección. Además, si esta es la filosofía debemos reiterar un concepto inicial que fuera expresado en la discusión general y lamento tener que retroceder tanto. Pero, deseamos afirmar que en cuanto a recursos se refiere y sabiendo que esta Rendición de Cuentas salió bastante desfinanciada de la Cámara de Representantes, es muy poco lo que el Senado ha logrado obtener en materia de recursos. Es más, algunos de los recursos que ha logrado los ha entregado, de buen grado a efectos de otorgar aumentos en el Poder Judicial, en la Universidad de la República, y en el sector de los no docentes de ANEP. Asimismo, en ningún caso, se hizo una especie de transacción rebajando un punto del IVA para establecer una rebaja de una 2% en los aportes patronales.

Por lo tanto, señor Presidente, decimos con mucho respeto que, como es lógico, el Foro Batllista puede plantear este tema pero, a la vez, nosotros deseamos reiterar las cifras aportadas por la Contaduría General de la Nación. También agregamos que en lo que tiene que ver con DISSE lo que puede ahorrase es opinable. Hay algunas cifras estimativas que aluden a la cantidad de U$S 35:000.000; será esa cantidad o una menor y lo veremos cuando se incremente el sistema.

En consecuencia, adelantamos nuestro voto negativo al artículo 5º del mensaje del Organismo y sí estamos dispuestos a votar un aumento para los funcionarios del Poder Judicial de acuerdo con lo que ha propuesto el señor senador Pereyra.

SEÑOR CASSINA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. – Simplemente deseo señalar que nuestro sector va a acompañar la propuesta de la Suprema Corte de Justicia que viene en el artículo 5º de su Mensaje. Eso no puede causar el asombro de nadie, porque a nivel de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, así como públicamente, en forma reiterada, a través de diversos medios, hemos manifestado nuestro apoyo a la propuesta del Poder Judicial.

Creemos, además, que sin perjuicio de las dificultades económicas o financieras del Estado, se trata aquí de un sector de funcionarios que tiene características particulares. Los que hemos ejercido la profesión de abogados sabemos que los funcionarios del Poder Judicial requieren de una capacitación que no es la habitual en otras oficinas públicas y lo digo con el mayor respeto por todos los funcionarios públicos. Pienso que esto justifica el aumento propuesto por la Suprema Corte de Justicia que, por otra parte, lo considero moderado.

SEÑOR SINGLET. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. – Evidentemente, comparto todo lo dicho sobre la situación salarial de los funcionarios del Poder Judicial. No obstante, me planteo otra opción, porque creo que de lo que se trata es de resolver si les damos un aumento que es insuficiente pero que lo van a percibir porque cuenta con el consenso político necesario o, por el contrario, les votamos un aumento que hoy les va a permitir retirarse mucho más contentos porque no sabemos qué ulterioridades puede tener.

Frente a esto opto por el camino de votar el aumento propuesto por el señor senador Pereyra, porque por el hecho de contar con el aval de la bancada oficialista está dada la garantía de que ese aumento efectivamente será percibido. Asimismo, comparto la preocupación que se ha expresado y cuando se consideren los aditivos tendremos oportunidad de analizar un artículo que se encuentra en la Mesa y que supone –en caso de que exista voluntad política- un aumento para los funcionarios del Poder Judicial sin ello implique una erogación para el Estado.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Nosotros vamos a votar el artículo que viene en el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia. El fundamento de este voto –creo que todo mi sector está de acuerdo en ello- se basa en que del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia no se ha recogido prácticamente nada. Desde hace cinco años y en forma sistemática la Suprema Corte de Justicia ha venido planteado beneficios como el seguro de salud, la asistencia odontológica, e iniciativas sobre asistencia social para sus funcionarios, y ninguno de ellos ha sido tenido en cuenta.

A efectos de tener un punto de comparación, deseo manifestar que a fines de la década del sesenta el Poder Judicial representaba el 3% del conjunto del presupuesto nacional. Si se miran las cifras de esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal se comprobará que este Poder se lleva el 1,5% del total de los gastos. Hoy en día los funcionarios del Poder Judicial son prácticamente el doble con respecto a aquella época y ello nos da una idea de la magnitud del descaecimiento de los ingresos de estos trabajadores.

Por otro lado, quiero decir –ya lo he manifestado en Comisión y lo vuelvo a reiterar ahora- que es probable que a través de los mecanismos que se han usado, como el acuerdo político para otorgar un aumento a los Magistrados –haciéndolo extensivo además a los Fiscales Letrados- puede haber un cierto apaciguamiento en las jerarquías. No obstante, hay que tener en cuenta que un 30% de aumento sobre salarios de N$ 450.000 es una miseria; imaginen, entonces, que un 10% equivalente a N$ 45.000.

Quiere decir que no se mejorará sustancialmente el ingreso de estos trabajadores, y el Poder Judicial, sin sus empleados, no puede funcionar. Los Jueces podrán dictar sentencias y los Fiscales ejercer la función del Ministerio Público, pero sin sus trabajadores, el Poder Judicial no puede cumplir sus cometidos.

Pienso que esta situación que se está viviendo ahora no se remedia con un aumento del 10%, sino que va a persistir un clima de tensión, no sólo en el Poder Judicial, sino también en las Fiscalías y Registros porque, prácticamente, se ha arrasado con las posibilidades de mejorar la situación de estos funcionarios.

SEÑOR PEREYRA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. – De acuerdo con algunas manifestaciones, parecería que los que hemos propuesto un 10% de aumento somos los verdugos de los funcionarios del Poder Judicial, mientras que quienes proponen un 30%, un 40% o hasta un 100% son los que hacen justicia con estos trabajadores. Sin embargo, para hacer justicia con los funcionarios, hay que votar recursos, porque de lo contrario. Les estamos vendiendo "espejitos de colores"; les vendemos promesas y creo que eso no le sirve a los funcionarios ni al país y, además, no prestigia al Parlamento. De manera que, así como no nos conformaba el dar un 8% a los maestros, que ganan salarios lamentables, y a los profesores, que trabajan 20 horas semanales –todos ellos con sueldos que apenas alcanzan los N$ 500.000 por mes- y sólo pudimos incorporar ese porcentaje de aumento a partir del 1º de enero, nos encontramos ante la misma situación frente a los funcionarios judiciales. Quisiéramos que cobraran sueldos más decorosos, pero en la Comisión no ha habido voluntad política para crear los recursos necesarios. Si no se crean recursos, no puede haber aumentos de sueldos, salvo que se quiera vender promesas, lo que a mi juicio no es serio.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – No quiero entrar en una polémica, pero creo que la argumentación realizada por el señor senador Pereyra carece de base sólida. En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, hemos analizado sistemáticamente la situación del Tesoro Público. En los ocho primeros meses del Ejercicio 1992, el Tesoro Público ha logrado U$S 90:000.000 de superávit. El costeo de esta Rendición de Cuentas está estimado sobre lo presupuestado y no sobre lo que realmente se va a ejecutar; los recursos también están estimados sobre lo presupuestado. Toda la estrategia del Gobierno ha sido reducir los gastos, empezando por las retribuciones personales y siguiendo por los gastos de funcionamiento. No dudo de que a mediados del año próximo, el Poder Ejecutivo tenga en sus manos no U$S 90:000.000 –como tiene ahora- sino U$S 180:000.000, que en lugar de destinarse a solucionar problemas del ingreso de los trabajadores, servirán para paliar el déficit del Banco Central provocado por el pago de los intereses de la deuda externa. Este es el mecanismo que se está utilizando y los intereses actualmente se pagan a costa de restringir las retribuciones personales, que son la vía de sustento de la gente.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Con el afecto de siempre, quiero decir al señor senador Pereyra que creo que los que estamos defendiendo estos aumentos, ni siquiera subconscientemente estamos pretendiendo venderle a nadie "pececitos de colores". Precisamente iba a hacer la referencia que acaba de realizar el señor senador Gargano. Si hay recursos para aumentar las reservas en las cifras que señala el señor senador Gargano –esto no lo decimos nosotros, sino que figura en los boletines del Banco Central, tal como me lo muestra en este momento el señor senador Borges y fue recogida por las famosas y prestigiosas hojas naranjas del diario "El País"- lo que estamos pidiendo, con las cifras que hoy brindó el señor senador Raffo, representa menos de un 5% de las reservas acumuladas en los nueve primeros meses de este año.

En consecuencia, hay recursos para comprar reservas y seguirlas acumulando y no los hay para el Poder Judicial. No votamos recursos destinados a engrosar las reservas y, sin embargo, éstas se acumulan y crecen; tampoco creemos que sean necesarios para el 5% que significa lo que solicitamos. Entonces, no vendemos "espejitos de colores"; quizás lo que tenemos, en el acierto o en el error, es una perspectiva distinta de la signación de recursos.

SEÑOR SANTORO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. – Señalo que la disposición que oportunamente propuso el señor senador Pereyra, a los efectos de aumentar el 10% los salarios de los funcionarios del Poder Judicial –con las indicaciones que contiene esta norma- tiene posibilidades de ser financiada, por cuanto establece que el incremento se financiará con el producido del Impuesto Judicial, creado por la Ley Nº 16.134, que corresponde a la Rendición de Cuentas del año 1989, que fue aprobada en 1990. Deseo significar que el aumento no es el que merecerían los funcionarios de la administración de justicia, pero está dentro de los parámetros en que se han otorgado los incrementos para los funcionarios que integran el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía, y tiene la particularidad, repito, de que está financiado por el Impuesto Judicial. Como se recordará, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley Nº 16.134, dicho impuesto tiene una suma de libre disponibilidad para la Suprema Corte de Justicia con destino a gastos e inversiones, y el resto va a Rentas Generales.

Quiere decir que el Impuesto Judicial, que es producido por la propia actividad de la administración de justicia, se va a alcanzar el financiamiento para otorgar el 10% de aumento a los funcionarios del Poder Judicial.

En cuanto a las referencias que tangencialmente se han hecho sobre los beneficios que está acumulando el Estado, brevemente debemos recordar que tenemos la obligación de proceder a pagar las modificaciones con los aumentos correspondientes para las pasividades policiales y militares, que significan un 0,75% del Producto Bruto Interno. Además, con respecto a las tasas de interés, debemos abonar sumas que alcanzan al 0,40% del Producto Bruto Interno". Si se hace un breve y rápido cálculo, se comprenderá el monto tan importante que representan estos dos rubros que, entre otros, demuestran que el Estado no está haciendo ninguna acumulación de reservas.

SEÑOR ABREU. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. – Señor Presidente: vamos a votar la iniciativa presentada por el señor senador Pereyra por los fundamentos que él, clara y transparentemente, ha expuesto, porque son parte de una verdad que nosotros también asumimos, más allá de los ejercicios de voluntarismo que puedan hacer quienes no tienen la responsabilidad de administrar hoy los fondos públicos ni de ejercer el gobierno.

Por tal razón, vamos a votar en el sentido indicado, para hacer factible este aumento que todos consideramos insuficiente; es la única manera de hacerlo realidad. También decimos que no nos satisface que se administren los recursos o los superávit de carácter financiero que se le asignan al Gobierno, por parte de quienes no nos han votado ni siquiera un artículo para posibilitar que esos recursos se obtengan. Para poder realizar el ajuste fiscal no tuvimos los votos de algunos sectores que hoy quieren ejercer el poder de distribución del dinero que no contribuyeron a recaudar. Tampoco contamos con los votos del Foro Batllista para poder distribuir los aproximadamente U$S 35:000.000 de DISSE, y parecería que en ellos está basado el argumento que esgrimen para dar el 30% de aumento al Poder Judicial. Si esto fuera así, el señor senador Ricaldoni habría votado el artículo correspondiente a DISSE y estaríamos manejando nuestros criterios para administrar esos recursos.

Por lo tanto, creemos que más allá de las alusiones políticas que se puedan manejar con conciencia y transparencia. Más allá del voluntarismo, nos vamos a manejar en un esquema de responsabilidad. No queremos hacer alusiones directas ni fuertes, pero es cierto que quienes integramos la bancada oficialista sabemos que no es cuestión de recibir cada una de las acusaciones que se nos hagan con la pasividad de no contestar ninguna.

Por motivos expuestos, vamos a votar afirmativamente la moción presentada por el señor senador Pereyra.

SEÑOR ASTORI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. – Tal como señalamos en oportunidad de discutir otra disposición, consideramos que el debate se alarga por el uso de algunos términos. Quizás si los evitáramos podríamos reforzar los argumentos que cada uno tiene.

Propongo que no nos consideramos verdugos ni vendedores de pececitos de colores, sino simplemente parlamentarios –en nuestro caso senadores- que tenemos distintas visiones de la administración presupuestal. Aquí se ha dicho, señor Presidente, que se votan propuestas de gastos pero no recursos. Podría decir también que otra clase de recursos que no son del agrado de quienes reciben la propuesta tampoco son votados. En la historia presupuestal de esta Administración se han planteado alternativas en materia de recursos y no han sido aceptadas. Entonces, no me parece justo que se diga que se proponen gastos y no se votan recursos.

Finalmente, deseo señalar –no disponemos de mucho tiempo para seguir debatiendo- que nosotros no le pedimos a nadie que piense de acuerdo con nuestra visión de las finanzas públicas. Cada uno tiene su punto de vista y sus argumentos para defenderlo. Sin embargo, quisiéramos que se aceptara que también hay argumentos para defender que un proyecto de ley de Rendición de cuentas de este tipo, no tiene por qué estar aritméticamente equilibrado. Me interesa señalar esto, porque desde hace un tiempo parece que fuera mala palabra hablar de desequilibrio presupuestal, y no creo que sea así. En realidad, ello depende de las finanzas públicas en su conjunto, y del papel que estas juegan en relación con toda la economía. Si hay un proyecto de ley como éste, que está desequilibrado, no es en sí mismo malo; en realidad, depende de muchas otras cosas, como por ejemplo, de la finanzas públicas en su conjunto y del papel que éstas juegan en la economía.

Por último, señor Presidente, deseo solicitar que no se pierde de vista –no lo digo con el ánimo de alargar el debate- que, hasta ahora, se ha planteado una ilevantable afirmación: la ejecución presupuestal no tiene nada que ver con lo que aquí se autoriza. Esto es así por economías de ejecución y factores de actualización que están absolutamente por debajo de la inflación. Nadie puede desmentir esto, porque está acordado en el Fondo Monetario Internacional y firmado por el Gobierno. De esta manera, llegamos a una ejecución que economiza recursos. Por consiguiente, nadie debe creer que el equilibrio presupuestal es el que vota este Parlamento ya que, en realidad, es el que practica el Poder Ejecutivo cuando conduce la economía. Si hay desequilibrio, es porque así lo ha decidido el Poder Ejecutivo; no ha sido autorizado por el Parlamento.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. – Señor Presidente: me parece que el tema está planteado de una manera bastante clara.

Tal como decía el señor senador Astori, nadie está afirmando que haya verdugos ni se acepta que se vendan espejitos de colores. Aclaro que voy a hacer una afirmación absolutamente clara. Si se vota un 30% para los empleados del Poder Judicial –que a nuestro juicio, es justo- es porque se puede pagar; si no se abona, es porque nos e quiere. También hay ejemplos de cifras mucho menores, algunas de las cuales aún no se han pagado, como es el caso de los funcionarios del SODRE. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que los recursos no alcancen.

Por otra parte, la cifra que aportaba el señor senador Raffo, es decir N$ 12.000:000.000 –creo que es la correcta- se refiere al costo que podría tener el artículo proyectado por la Suprema Corte de Justicia. La propuesta que ha planteado el señor senador Ricaldoni, aclara que tiene que ver concretamente con los trabajadores del Poder Judicial; no incluye a los jueces porque ellos tienen otros aumentos. La cantidad porcentual de esos aumentos, más el número de funcionarios, más el nivel del salario de los jueces, hace que esos 12.000:000.000 –que es la cifra calculada para el proyecto originario de la Suprema corte de Justicia- disminuyan sensiblemente.

Creo que si se aprobara este 30% y luego se dijera que no se puede pagar, sería una cuestión de administración no adecuada.

Creo que si se aprobara este 30% y luego se dijera que no se puede pagar, sería una cuestión de administración no adecuada.

SEÑOR CIGLIUTI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE, . Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Señor Presidente: cabe destacar que existen varios textos. Uno de ellos, que en Comisión llevaba el número 389, no se pudo aprobar porque obtuvo 7 votos en 14. Esta fue la razón por la cual no se lo incluyó en el texto que vino a consideración del Senado.

También hay un texto totalmente diferente, que es el de la Suprema Corte de Justicia, y que aquí se utilizó por razones de conveniencia inmediata, para dar a conocer lo que se deseaba. Asimismo, se ha presentado otra redacción por parte del señor senador Pereyra, con la cual estamos de acuerdo en todo, excepto en las tasa; concretamente, en lugar de que el aumento sea del 10%, nosotros proponemos que sea de un 30%. No creo que sea el momento de pensar que se necesitan ahorros o impuestos importantes para pagar, en lugar del 10%, un 30%, porque la partida es muy pequeña y los funcionarios no son muchos. El costo mensual de lo que cobran los funcionarios en este momento, es de N$ 12.000:000.000 y un aumento del 30% no insumiría una cantidad que llegue a U$S 1:500.000 anuales.

Reconozco que el señor senador Santoro tiene razón cuando habla de los gastos que giran en torno a la Rendición de Cuentas. Esa tiene un costo, y hay una ley que votar para pagar las jubilaciones de los retirados policiales y militares, que todavía no ha llegado, pero está anunciada y en la que, a "prima facie", coincidimos todos. Concretamente, costará U$S 75:000.000, aproximadamente. Es posible que después de noviembre haya que pagar más, en virtud de que los intereses actualmente son menores; probablemente, ello insuma U$S 40:000.000 adicionales. Quizás se disponga de mucho dinero, tal como ha señalado el señor senador Gargano, y que gran parte de él esté comprometido.

De todos modos, insisto en que el aumento de 30% no es demasiado excesivo y para el gasto público no irroga una quita tan grande como para poder desechar algo que no sea serio o formal; en realidad, el gasto no llega a U$S 2:000.000, en una Rendición de Cuentas que tiene U$S 130:000.000 de desfinanciamiento, según lo indicó el señor senador Santoro. Pero eso no al