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Nº 168 - TOMO 347 - 17 DE MARZO DE 1992

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

1ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR SERGIO ABREU Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y EL SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Alonso Tellechea por el término de 31 días.
- Concedida.

5) Integración del Cuerpo

- Encontrándose en antesala el señor Abadie, suplente convocado del señor senador Alonso Tellechea se le invita a pasar al hemiciclo y habiendo prestado ya el juramento de estilo se le declara incorporado al Cuerpo.

6) Proyecto presentado

- Enajenaciones por expropiación o por ejecución forzada judicial que prescindirán de los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social.
- Iniciativa del señor senador Cadenas Boix.

7 y 9) Conservación de bienes públicos, especialmente el Palacio Legislativo y su entorno

- Manifestaciones del señor senador Arana.
- Aclaración del señor Presidente.
- Intervenciones de los señores senadores Pereyra, Santoro, Korzeniak y del señor Presidente.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Comisión de Asuntos Administrativos.

8) Situación de la industria nacional

- Manifestaciones del señor senador Pérez.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, a AITU, al Congreso Obrero Textil y al PIT-CNT.

10) Elección de Vicepresidentes

- Se designa como primer Vicepresidente al señor senador Abreu; como segundo Vicepresidente el señor senador Ricaldoni y como tercer Vicepresidente al señor senador Gargano.
- Constancias de los señores senadores Batalla, Pérez y Gargano.

11) Elección de miembros de la Comisión Permanente

- Se resuelve por moción del señor senador Pérez postergar la consideración de este asunto.

12) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

- Se resuelve integrarla con los señores senadores Santoro y Belvisi.
- Constancia del señor senador Batalla.

13) Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Su aprobación

- En consideración.
- Manifestaciones del señor senador Blanco.

14) Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires. Atentado

- El señor senador Cassina solicita que la Comisión de Asuntos Internacionales eleve para la sesión que celebra el Senado en el día de mañana, un proyecto de declaración repudiando el hecho.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 13 de marzo de 1992.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 17, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de Vicepresidentes.

2º) Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución).

3º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4º) por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

(Carp. N° 545/91 - Rep. N° 341/91)

5º) por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.

(Carp. Nº 663/91 - Rep. Nº 328/91)

6º) Proyecto de declaración elevado por la Comisión de Constitución y Legislación sobre las facultades de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

(Carp. Nº 418/91 - Rep. Nº 320/91)

7º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se faculta a la Dirección Interventora y Liquidadora del Frigorífico Nacional a enajenar determinados padrones que integran el patrimonio en liquidación.

(Carp. Nº 630/91 - Rep. Nº 342/91)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abadie, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Librán Bonino, Millor, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, el señor senador Alonso Tellechea; y con aviso, el señor senador Bruera.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 05 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 17 de marzo de 1992.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley, por el que se autoriza a dos contingentes del Ejército de los Estados Unidos de América, a visitar nuestro país entre el 22 de abril y el 29 de mayo para realizar el Programa de Destacamentos para Entrenamiento y entre el 8 de mayo y el 20 de junio para realizar ejercicios de campo.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes por los que solicita venia para conferir los ascensos a:

al grado de Coronel del Ejército a varios señores Tenientes Coroneles; y,

al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, a varios señores Tenientes Coroneles.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

Por haber cesado en sus funciones la Comisión Permanente pasan a estudio del Senado los siguientes Mensajes del Poder Ejecutivo:

por los que solicita venia para exonerar de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, que le fuera devuelta por resolución del Senado de fecha julio 10 de 1991, a fin de que se diera cumplimiento a lo establecido en los artículos 227, 228, 229 y 230 del Decreto 640/73 y en el artículo 181, ordinal 5 de la Constitución de la República;

a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que le fuera devuelta por resolución de la Comisión Permanente de fecha 23 de diciembre de 1991, a fin de completar antecedentes (sobreseimiento posterior)

cinco funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas

un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional

un funcionario del Ministerio de Salud Pública

un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería

un funcionario de la Presidencia de la República

un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

y un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

designar Miembro Integrante Militar de la Suprema Corte de Justicia al señor Coronel en situación de retiro don Ademar Cordones

designar integrante del Supremo Tribunal Militar como miembro Letrado Civil al doctor Joaquín Reyes Delgado

conceder ascensos al grado de Capitán de Navío a varios señores Capitanes de Fragata

-A la Comisión de Defensa Nacional.

acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, en la República Popular de China al doctor Julio Durañona

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

y designar a la doctora Beatriz María de Paula como Miembro del Tribunal de Apelaciones

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La Suprema Corte de Justicia remite nota a la que adjunta los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo, y a los departamentos del interior de la República, referentes al cuarto trimestre del año 1991, en relación a desalojos, acciones de rebaja de alquileres y lanzamientos de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 25 de la Ley Nº 15.799, de 30 de diciembre de 1985.

-Repártase.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo remite nota comunicando que de conformidad con lo preceptuado por los artículos 3 y 105 de la Ley Nº 15.524, asumió la señora Ministra doctora Aurelia Pereira Nuñez de Balestrino, la Presidencia del Organismo durante el presente año.

-Téngase presente.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite la información solicitada por el señor senador Carlos W. Cigliuti, sobre la situación contributiva de la Intendencia Municipal de Canelones.

-Oportunamente le fue entregado al señor senador Carlos W. Cigliuti.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acusa recibo de las versiones taquigráficas de las palabras pronunciadas en Sala por el señor senador Carlos Cassina, sobre los problemas que afectan a los habitantes del Barrio Villa Sara, en la ciudad de Treinta y Tres; y relacionadas con las familias afectadas por las corrientes del río Uruguay.

-Oportunamente le fueron entregados al señor senador Carlos Cassina.

El señor senador Enrique Cadenas Boix presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se declara por vía interpretativa que las enajenaciones que se lleven a cabo por expropiación o por ejecución forzada judicial prescindirán de los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social a que se refieren los artículos 663 numeral 8 y 664 numerales 3, 4 y 5 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

-A la Comisión de Constitución y Legislación".

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Alvaro Alonso Tellechea solicita licencia por el término de 31 días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 13 de marzo de 1992.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Solicito al señor Presidente, licencia por el término de 31 días, a partir del 16 de marzo del año en curso, por tener que ausentarme del país en Misión Oficial.

Sin otro particular, le saludo con mi más alta estima.

Cr. Alvaro Alonso Tellechea. Senador"

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Encontrándose en antesala, el señor Horacio Abadie, suplente convocado del señor senador Alonso Tellechea, se le invita a pasar al hemiciclo y habiendo prestado el juramento de estilo se le declara integrado al Cuerpo.

6) PROYECTO PRESENTADO

"ENAJENACIONES POR EXPROPIACION O POR EJECUCION FORZADA JUDICIAL QUE PRESCINDIRAN DE LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR EL BANCO DE PREVISION SOCIAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al aprobarse los artículos 661 a 668 de la Ley Nº 16.170, del 28 de diciembre de 1990, no se tuvo en cuenta, en razón del procedimiento de incluir en las Leyes de Presupuesto y Rendición de Cuentas disposiciones ajenas a dichas materias, que la exigencia de certificados del Banco de Previsión Social para la enajenación de ciertos bienes (inmuebles, muebles, diques, aeronaves, buques, automotores y vehículos de transporte de uso público o de carga) impedía la transferencia de los mismos en los casos en que la actuación del enajenante es forzada, ya sea como consecuencia de una expropiación o por el cumplimiento de una promesa de enajenación inscripta o el mandato judicial en su ejecución.

Al impedirse la inscripción en los Registros Públicos de dichas enajenaciones y decretarse la responsabilidad solidaria por los adeudos de los intervinientes (adquirentes, jueces, actuarios, rematadores, por ejemplo), profesionales (abogados y escribanos) y funcionarios públicos actuantes (registradores, y los actuantes en materia de expropiación) se han producido y se producirán situaciones de profunda injusticia y dificultades insuperables, al atribuir indirectamente que los adeudos de previsión social del enajenante forzado, deben ser cubiertos por los adquirentes o por terceros ajenos que ninguna intervención ni responsabilidad tienen en la generación de los adeudos. Al mismo tiempo las enajenaciones forzadas no podrán culminar en razón de la atribución de deudas a personas ajenas a las actividades que crearon dichas deudas de previsión social.

Igualmente, las normas citadas de la Ley Nº 16.170, plantean serias dudas, en cuanto a que hayan producido la derogación tácita de lo dispuesto en el Art. 6º de la Ley Nº 13.296, de fecha 29 de octubre de 1964, en cuanto establece excepciones justificadas para prescindir de los certificados aludidos.

El adjunto proyecto de ley tiende a aclarar dichas dudas y a establecer un principio de equidad, buscando al mismo tiempo no paralizar la actividad económica del país ni la correcta administración de justicia.

Enrique Cadenas Boix. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Declárase por vía interpretativa que para las enajenaciones previstas en los artículos 663 numeral 8 y 664 numerales 3, 4 y 5 de la Ley Nº 16.170, de fecha 28 de diciembre de 1990, se prescindirá de los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social a que se refieren dichas normas, cuando las enajenaciones se lleven a cabo por expropiación, por cumplimiento de la Ley Nº 8.733, de fecha 17 de junio de 1931 (y concordantes) o por ejecución forzada judicial. En tales casos no serán de aplicación los artículos 667 y 668 de la referida ley.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Enrique Cadenas Boix. Senador".

7) CONSERVACION DE BIENES PUBLICOS, ESPECIALMENTE EL PALACIO LEGISLATIVO Y SU ENTORNO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: es mi propósito en la tarde de hoy tratar un problema que es, por cierto, delicado. Quiero referirme a lo que entiendo son serias irregularidades e, incluso, a lo que me parece percibir como dilapidación de bienes públicos; lo que es peor, a lo que es la dilapidación de bienes públicos cuya directa responsabilidad recae en el Poder Legislativo y que, por lo tanto, es asunto que nos concierne.

Quiero comenzar, señor Presidente, por expresar un pensamiento de un arquitecto compatriota muy querido, que ha fallecido hace algunos años. Se trata de un gran arquitecto nacional, autor de alguna de las obras más lúcidas y mejor construidas de nuestro acervo arquitectónico y cultural. Me estoy refiriendo al arquitecto Carlos Surraco. En 1923, Surraco decía que "la belleza es obra de siglos; pero lo deforme es obra de segundos. Legislar la construcción es, pues, obra de Gobierno". Y completaba su idea diciendo que "los caminos tortuosos que llevan al extravío del equilibrio y del criterio tienen su puerta de entrada allí donde se olvidan los legados de la herencia, de la raza, de la influencia del clima; las irrefutables vinculaciones de la obra con el medio ambiente".

Pues bien, señor Presidente, hace unos pocos días -todavía está vigente el problema en el departamento de Maldonado- se formuló una denuncia, por cierto valerosa, por parte de una edila de esa Junta Departamental con relación a que los intereses privados y la especulación inmobiliaria están presionando para deformar nuestro paisaje y disminuir la calidad de aspectos que nos conciernen a todos, como son, precisamente, aquellos referidos a los bienes escasos de las zonas costeras.

Este problema aún no se ha dilucidado -y espero que ello se haga de la forma más justa para todos los uruguayos- así como hay otras situaciones que tampoco han sido encarriladas como personalmente hubiera deseado. Por ejemplo, en el caso de ciertas transformaciones de reglamentaciones llevadas a cabo a fin de lograr que la aspiración de especulación inmobiliaria pueda tener cauce, como en Piriápolis, generando obras realmente deformadoras del ámbito paisajístico particularmente privilegiado de nuestra zona costera.

Sin duda, hay quienes piensan que determinadas construcciones, por el hecho de ser grandes y particularmente volumétricas, significan un avance. El arquitecto Surraco que fue, precisamente vanguardista en su época, era capaz de percibir lo realmente valeroso en cuanto a las nuevas propuestas en materia urbana y urbanística y, sin embargo, era especialmente cuidadoso de la preservación de los bienes culturales trascendentes, de los construidos por el hombre y de aquellos que la naturaleza nos legó para bien de todos.

Pero yo quiero hablar, también, de esta Casa, porque me preocupa su mantenimiento. Comparto y me alegra la idea de establecer un vehículo con el extranjero para que nos visitara una de las personas que nos resultó especialmente destacada, el arquitecto y técnico francés en fotogrametría, señor Saint-Aubin. Este profesional, que hace poco vino a nuestro país, brindó una charla muy lúcida a través de la cual nos hizo notar la calidad de este edificio, sobre la que, obviamente, no teníamos duda alguna y, además, hizo una cuidadosa mención de todo su equipamiento así como del entorno urbano que tanto en este recinto como en cualquier otro lugar de la tierra -ya sea Francia, Italia; Uruguay o cualquier otro país latinoamericano- tiene tanta o más importancia que los grandes monumentos considerados y clasificados como tales por las comisiones respectivas.

Me preocupa el estado de mantenimiento del Palacio Legislativo en materia de pintura y de desprendimiento, pero mucho más que las acciones climáticas, me inquietan las acciones de los hombres. ¿Los señores legisladores, han percibido lo que se está efectuando en el Palacio Legislativo y la manera que se está tergiversando este monumento nacional? ¿Se ha consultado quizá a la Comisión de Asuntos Administrativos para hacer estas deformaciones? ¿Han percibido lo que se está realizando en el ala del sector de la Cámara de Representantes en la segunda planta? Allí se están haciendo deformaciones absolutamente grotescas -no concibo otra calificación para expresarme sobre ellas- como por ejemplo circulaciones absolutamente ridículas, afectaciones a la carpintería, a las pinturas y molduras, así como también se está destruyendo el pavimento original de gres que este edificio inaugurado en 1925 tiene desde sus orígenes.

Con todo esto, ya no tendrán sentido las calificaciones que los extranjeros nos hacen notar respecto a esta Casa y que seguramente divulgarán porque quedaron muy impresionados. Pero más que estas calificaciones que han hecho a nuestros grandes monumentos, me importa destacar lo que el propio Saint-Aubin nos recordó -que por otra parte tantos técnicos latinoamericanos, europeos y uruguayos ha sabido clasificar- en cuanto a la importancia que tienen estos monumentos en el contexto urbano específico donde están implantados.

Hemos tenido oportunidad de referirnos al conjunto habitacional que estaba regulando y calificando el espacio público circundante al Palacio Legislativo. Un conjunto de viviendas de singular jerarquía que había merecido el análisis específico de los organismos públicos que el propio país se ha dado, como por ejemplo la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Historia de la Arquitectura, a través de publicaciones específicas y visitas permanentes de los estudiantes de arquitectura.

Algunos señores legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Administrativos, nos dijeron que por razones económicas era mejor destruir que conservar esas viviendas.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR ARANA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo al artículo 164 del Reglamento, en la hora previa no se pueden hacer alusiones personales o políticas. Sin embargo, el señor senador Arana está haciendo una crítica a las actuaciones de la Comisión Administrativa, integrada por el Presidente del Senado y por los señores senadores Jude -en este momento ausente- y Pereyra.

Me hago cargo de la preocupación que el señor senador tiene por este tema y que ha manifestado en diversas instancias. En otra oportunidad podremos considerar este asunto -que no lo estimo menor- ya que es importante, porque atañe a la conservación del Palacio Legislativo y a su entorno edilicio. Pero quiero hacer ver al señor senador que ni la Mesa ni los demás integrantes de la Comisión Administrativa podrán rectificar, en este momento, sus expresiones ni entrar en debate con usted. Por lo tanto, le solicito que trate este asunto con la mayor objetividad posible. Si usted lo considera conveniente, podríamos incluir el tema en el orden del día de una próxima sesión del Senado, para que todo el Cuerpo se ilustre sobre lo que ha sucedido al respecto.

Puede continuar el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Agradezco mucho las observaciones del señor Presidente y trataré de atenerme a lo que corresponde desde el punto de vista reglamentario.

Lamentablemente no todos los señores senadores podremos participar de esta Comisión de Asuntos Administrativos y quizá ésta sea una de las desventajas que nos están haciendo perder un patrimonio que es de todos y no solamente de los señores legisladores.

No entiendo en base a qué argumentos, llamados a licitaciones, regularidades e irregularidades, se pueden haber dilapidado los bienes culturales colectivos de nuestro país.

Desde ya solicito la oportunidad de efectuar el debate correspondiente para tratar estos temas tan importantes, para que no vuelvan a ocurrir estas irregularidades. Lamento que esto que yo siento como una vergüenza nacional, como ciudadano uruguayo y, desde luego, como parlamentario, haya tenido que suceder precisamente en un ámbito que debería estar destinado a las más cuidadosa y detenida preservación del patrimonio colectivo de todos los ciudadanos de este país.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Facultad de Arquitectura, a la Comisión de Patrimonio Histórico Nacional, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador, pero antes le aclaro que en la hora previa no se pueden contestar alusiones.

SEÑOR PEREYRA. - No considero pertinente que una falla de nuestra Casa sea comunicada a otros organismos del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si al señor senador no le parece pertinente, deberá votar en contra la moción presentada.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción del señor senador Arana en el sentido de que se pase copia de la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, a la Sociedad de Arquitectos, a la Comisión del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, y a la Facultad de Arquitectura.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

8) SITUACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: estamos preocupados por la situación que se está dando en algunas empresas de la industria nacional y en particular, referidas a la industria textil. Nos inquieta el hecho de que fábricas con características diferentes, estén afectadas por problemas que ponen en riesgo el mantenimiento del trabajo en las mismas.

Hace ya un largo período que el personal de la empresa Campomar de Juan Lacaze está realizando movilizaciones a raíz del incumplimiento salarial. Hace varias semanas atrás tuvimos la oportunidad de referirnos a esta situación de preconflicto en Sala. En esa oportunidad expresábamos la preocupación que existe en el pueblo ya que, como es por todos conocido, la casi totalidad de sus habitantes dependen del trabajo de esta fábrica. De los 1.600 trabajadores de antaño, solamente 700 están cumpliendo sus funciones e incluso existe la posibilidad de un cierre casi definitivo de la empresa.

Durante muchos años la empresa Campomar, junto a otras, también del rubro de los textiles -no todas, pero sí una cantidad importante- recibieron préstamos del Banco de la República. Me estoy refiriendo a las décadas del 60 y 70, no sé lo que ocurrió durante la dictadura, pero sí sé que a partir de 1985 comenzaron a recibir empréstitos. Lamentablemente estas empresas han incumplido sus obligaciones para con el Banco de la República y otros organismos, a raíz de lo cual no pueden obtener préstamos para ir resolviendo los problemas que tienen relación con su producción. En este caso concreto la maquinaria es bastante obsoleta, ya que tiene entre 30 y 50 años, por lo que sus condiciones de competitividad se ven muy mermadas. Pero la interrogante es esta, señor Presidente: ¿Qué va a pasar con el personal? ¿Qué va a suceder con la población de Juan Lacaze?

El domingo pasado, mientras aquí escuchábamos al señor Presidente de la República y se inauguraba el nuevo Período Legislativo, los trabajadores, con sus familias, realizaban una marcha a pie -la gente de mayor edad y los enfermos se trasladaban en vehículos- desde Juan Lacaze hasta Rosario a fin de dar difusión a un preconflicto que realmente angustia a toda la zona y que, de una manera u otra, golpea también a casi todo el departamento de Colonia.

No debemos olvidar que este no es el único caso ya que tanto en Montevideo como en otras zonas del país hay fábricas que se encuentran en condiciones similares. Por ello creo que es necesario hallar en otras épocas, cuando una vez resuelto transitoriamente el problema, mediante una determinada solución económica, se lo olvida en forma automática y a los pocos meses los trabajadores deben verse enfrentados al mismo drama del peligro de la pérdida de sus fuentes de trabajo. Por otra parte, considero que no se puede mantener una actitud de indiferencia, de no buscar soluciones y de no tratar de encontrar las vías para lograr el restablecimiento del trabajo y dar así tranquilidad a una población que, justamente, se caracteriza por su laboriosidad.

Por estos motivos, señor Presidente, queríamos plantear este problema y unirlo, además, con otro de características diferentes, como es el caso de PAYLANA en Paysandú.

Deseo recordar que junto con los compañeros de las Comisiones de Industria, Energía y Minería y de Ciencia y Tecnología del Senado, hace unos meses visitamos esta firma y comprobamos que se trata de una empresa que posee una tecnología bastante avanzada y en la que se han realizado importantes inversiones. No conozco fehacientemente el tema, pero creo que tiene adeudos importantes con el Estado y, particularmente, con el Banco de la República. En estos momento se está llevando a cabo una reestructura, de acuerdo con la cual se va a despedir a 108 trabajadores. Incluso se dice que ellos ya han recibido los telegramas respectivos. Sin embargo, por lo que pude observar la relación laboral, por lo menos en el momento en que visitamos la empresa, era bastante satisfactoria. Los problemas se zanjaban sobre la base de negociaciones y conversaciones y todo parecía indicar que no se iba a crear condiciones negativas para el funcionamiento de la fábrica. Ahora nos llegan noticias realmente preocupantes pues se dice que la fábrica estaría por cerrar.

Cabe destacar, señor Presidente, que actualmente en el país existe una gran desocupación, aunque algunas estadísticas muestran pequeñas diferencias. De todas maneras, lo cierto es que ésta ha ido aumentando; algunas grandes empresas están reduciendo al máximo su personal. Por lo tanto, creo que sería realmente trágica, para Juan Lacaze, la extinción de esta fuente de trabajo, al igual que lo sería para Paysandú el cierre de este complejo industrial, que abarca PAYLANA, PAYCUEROS, AZUCARLITO, AZUCITRUS, etcétera, y que durante toda una época posibilitó la revitalización de la ciudad y del departamento de Paysandú. Estimo que sería una tragedia que en este departamento también se entrara en un proceso de reversión, que resultaría nefasto para sus habitantes, para los trabajadores y para toda la zona, y que golpearía también las exportaciones de la República.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito que se estudie este problema y que la versión taquigráfica de mis palabras se pase a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, así como a AITU -es decir, a la patronal Textil- al Congreso Obrero Textil y al PIT-CNT.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Pérez.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) CONSERVACION DE BIENES PUBLICOS, ESPECIALMENTE EL PALACIO LEGISLATIVO Y SU ENTORNO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en uso de su legítimo derecho, el señor senador Arana formuló un planteo en la hora previa y, a cierta altura de su exposición, recibió la sugerencia del señor Presidente en el sentido de que el tema fuera considerado por el Cuerpo en virtud de tratarse de un asunto relativo a nuestra Casa, al lugar donde trabajamos, y a la custodia del Palacio Legislativo, que está reservada a la Comisión Administrativa.

Este último año he integrado la Comisión Administrativa y en momento alguno participé -creo que los demás miembros tampoco lo hicieron- en ninguna de las decisiones que motivan la denuncia del señor senador Arana.

Si el señor senador Arana no tiene inconveniente, me voy a permitir sugerirle que, no obstante la posible participación posterior de los organismos que él ha citado, se cumpla una instancia previa en la que la Comisión lo recibiría para conversar sobre el tema y requerir la información necesaria a los efectos de obtener una completa visión del problema, de su magnitud y de las posibilidades de enmendar los errores cometidos antes de trasladar fuera de nuestro ámbito lo que debe ser nuestra preocupación como legisladores.

Lamento que no se encuentre en Sala el señor senador Arana.

(Entra a Sala el señor senador Arana)

-Ahora que el señor senador se encuentra en Sala, con los respetos debidos, voy a reiterar mi sugerencia. Antes de dar trámite a organismos extraños a nuestra Casa -la denuncia refiere, precisamente, a la forma en que el Palacio Legislativo estaría siendo afectado por obras secundarias- pienso que sería conveniente que la comisión Administrativa recibiera al señor senador Arana, conversara con él y viera la manera de corregir todo esto y determinar las razones por las que se produjeron esos hechos. Reitero que como miembro de la Comisión Administrativa, nunca participé en ninguna de las decisiones que ha censurado el señor senador Arana, en su condición de técnico en la materia.

En consecuencia, solicito, si es posible, rever lo resuelto anteriormente y abrir la instancia de una intervención de la Comisión Administrativa en este aspecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Con el simple objetivo de ilustrar a los señores senadores y sin que ello signifique rechazar o dejar de compartir la moción de orden formulada por el señor senador Pereyra, quiero expresar que, si la memoria no me es infiel, por demora en la designación de los nuevos miembros de la Comisión Administrativa, dicho señor senador se integró a ella en junio o julio del año anterior. Asimismo, hace aproximadamente un año, el señor senador Arana formuló este planteo ante la Comisión, la que a su vez requirió un informe de los ganadores del proyecto que condujo a la realización de la obra, arquitectos Casal Rocco y Ortega. Particularmente, el primero de ellos -reconocida autoridad en la materia- formuló un informe contrario a las ideas expresadas por el señor senador Arana. Cabe agregar que esta documentación consta en los archivos de la Comisión Administrativa y los he solicitado a fin de, si es posible, distribuirla a los señores senadores en el día de hoy.

De todas formas, la preocupación del señor senador Arana no se refirió solamente a este asunto, sino que en su exposición hizo una crítica bastante cáustica sobre la costumbre -que yo comparto en el sentido de que es absolutamente negativa- de atentar contra la estructura original del Palacio, haciendo oficinas, cubículos o entrepisos, por todas partes -y especialmente en el ala de la Cámara de Representantes- lo que ha dado lugar a sonados enfrentamientos con determinadas autoridades de esta Casa. A fin de no entrar en conflicto, no las identificaré. Lo que sí debemos decir es que han existido criterios disímiles en virtud de los distintos Presidentes que tuvo la Cámara. Por ejemplo, cuando lo era el extinto representante Sturla, había una sensibilidad más acusada para planteos del tipo del que ha formulado el señor senador Arana.

Por otro lado, debemos tener presente que no sólo el Senado y la Comisión Administrativa tienen arte y parte en este asunto, sino que se trata de un problema político en virtud de requerimientos de los señores representantes.

No obstante lo expresado, me parece prudente lo que ha planteado el señor senador Pereyra, en el sentido de que todo este tema vuelva al seno de la Comisión Administrativa, se reciba allí al señor senador Arana y se reconsideren todos estos problemas que, seguramente, también van a ser de la preocupación del nuevo Presidente de la Cámara de Representantes, ya que en oportunidad de integrar dicha Comisión fue un implacable enemigo de que se desfigurara la estructura original del Palacio con este tipo de construcciones "sui géneris".

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: en primer lugar, deseo manifestar que coincidimos con el sentido de la propuesta que ha formulado el señor senador Pereyra, en el bien entendido de que este tema debe ser debatido en el seno del Cuerpo.

Por otro lado, deseo hacer notar que no solamente hice referencia a la conservación y al buen mantenimiento de esta Casa, sino también a todo lo que la doctrina contemporánea de largas décadas atrás viene sosteniendo en el sentido de que la verdadera calidad patrimonial no consiste sólo en el monumento aislado, sino en la obra en su conjunto, que le da una significación especial. Inclusive, fui a hablar con los arquitectos que ganaron el proyecto para construir y no para destruir un patrimonio urbanístico, puesto que es particularmente discutible el concepto que se emplea en estos casos.

De todas formas, bienvenida sea la posibilidad de concurrir a la Comisión respectiva para luego considerar el tema en el Senado. Asimismo, señor Presidente, se han efectuado dilapidaciones culturales que cuestan mucho dinero. Por lo visto, para alguna gente preservar es más costoso que construir. A mi juicio, preservar debe ser mucho más barato y culturalmente más sensato. Sin temor a equivocarme, la Comisión de Patrimonio Histórico de nuestro país, también lo entiende así. Se han destrozado alrededor de doce o quince casas que podrían haber significado cuarenta o cincuenta despachos de primera calidad y no los cubículos que están deformando la propia calidad arquitectónica y cultural de este edificio.

Por último, reitero, comparto la propuesta del señor senador Pereyra.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: aquí se han planteado ciertas observaciones a la manera y forma en que la Comisión Administrativa ha realizado su tarea, en lo que tiene que ver con el Palacio Legislativo y, fundamentalmente, con las modificaciones que se están realizando en su entorno a fin de habilitar las obras del llamado "Edifico de las Comisiones".

Queremos señalar que nos referiremos únicamente al procedimiento que se desea seguir. Cabe recordar que el señor senador Arana ya ha formulado estas manifestaciones en otra oportunidad, sosteniendo un pleno convencimiento de que en el Uruguay es conveniente mantener ciertas construcciones que tienen valor arquitectónico y que, en algún momento, pueden tener valor histórico.

Como consecuencia de dichas afirmaciones, el señor senador Pereyra solicitó que la Comisión Administrativa reciba al señor senador Arana. En tal sentido, queremos precisar que de acuerdo con la naturaleza jurídica de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, estimamos que el procedimiento no puede ser el que plantea el señor senador Pereyra; esto es, que el Senado resuelva que la Comisión Administrativa reciba al señor senador Arana. Creemos que lo que debe hacer el Cuerpo es pasar dichas manifestaciones y algunos otros antecedentes que puedan haber en la materia -tal como lo manifestó el señor Presidente- a la Comisión Administrativa. Reitero, que se trata de una solicitud o de una manifestación de voluntad que debe hacer el Senado a la Comisión Administrativa; en nuestro concepto, el Senado no puede disponer que dicha Comisión reciba a un señor senador. La Comisión Administrativa, una vez que tome conocimiento de esa solicitud, de ese planteamiento o de las manifestaciones formuladas, resolverá en consecuencia.

En resumen, estimamos que lo que debe hacer el Senado es enviar la versión taquigráfica de lo que aquí se ha manifestado a dicha Comisión, acompañándolas de una solicitud a fin de que sea recibido el señor senador Arana como también aquellos otros que deseen ocuparse del tema relativo a las modificaciones que se hacen en el aspecto ambiental del Palacio Legislativo.

Es cuanto queríamos manifestar, señor Presidente, porque estimamos que es la forma en que la Comisión Administrativa pueda mantenerse dentro de su categoría -como Comisión integrada por senadores y representantes con una regulación especial- y así habilitaríamos a que el planteamiento del señor senador Arana fuera viable.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: considero que por esta vía no se puede estar resolviendo o argumentando en favor o en contra de las distintas tesis que existen en torno a la naturaleza jurídica de la Comisión Administrativa. Por consiguiente, estoy dispuesto a votar una fórmula a través de la cual se contemple lo que planteaba el señor senador Pereyra, es decir, que la versión taquigráfica no salga del Poder Legislativo antes de que la Comisión Administrativa escuche al señor senador Arana. Me parece que esta sería una actitud razonable. Sin embargo, no estoy dispuesto a votar ninguna resolución por la cual el Senado le formule una solicitud a la Comisión Administrativa, ya que esta vía se utiliza con los jerarcas u organismos superiores.

Estimo que si se procediera de esta manera, se estaría afirmando una de las tantas tesis que existen acerca de la naturaleza de dicha Comisión, tema que ya le ha dado bastante trabajo a este Senado. Pienso que este Cuerpo puede tomar una resolución y luego, si la Comisión entiende que no la pueda cumplir, tomará sus providencias. Pero insisto en que el Senado no puede hacerle una solicitud.

Simplemente, deseaba dejar esta constancia.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Considero que lo que acaba de manifestar el señor senador Korzeniak significa sostener la otra tesis. Si él ha expresado que lo que nosotros dijimos no embandera con determinadas tesis con respecto a la naturaleza jurídica de la Comisión Administrativa, estimo que ahora el señor senador, a su vez, se embandera con la otra que se ha sostenido en este Senado. En consecuencia, se han planteado las dos tesis, tal como se ha querido denominar la asunción de posiciones que en este Cuerpo se han manejado.

No deseamos enlentecer el tratamiento de este asunto. Pensamos que correspondería enviar este asunto a la Comisión Administrativa, si es que se desea que esto no trascienda el ámbito del Poder Legislativo, tal como se ha expresado. Además, tendríamos que eliminar lo relativo a la solicitud, pero sin presentarlo como una decisión del Senado que pueda parecer una imposición a la Comisión Administrativa. Concretamente, este Cuerpo tendría que resolver enviar a dicha Comisión, la versión taquigráfica de todo lo que aquí se ha expresado, así como también todos los antecedentes que se quieran agregar.

Por lo tanto, el tema de las tesis lo trataremos en otro momento.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado no le solicita ni le ordena nada a la Comisión Administrativa sino que, simplemente, le envía todo los antecedentes y lo que se ha manifestado en Sala. Como aquí están presentes algunos miembros de la Comisión Administrativa, sabemos que el tema se tendrá que volver a tratar en ese ámbito, contando con la presencia del señor senador Arana.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden del señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) ELECCION DE VICEPRESIDENTES

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figuraba en primer lugar del orden del día: "Elección de Vicepresidentes".

Tómese la votación nominal para designar al Primer Vicepresidente del Cuerpo.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ABREU. - Por el señor senador González Modernell.

SEÑOR ABADIE. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR ARANA. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR ARAUJO. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR ASTORI. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR BATALLA. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR BELVISI. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR BLANCO. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR BOUZA. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR CASSINA. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR GARGANO. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR GONZALEZ MODERNELL. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR IRURTIA. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR JUDE. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR KORZENIAK. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR PEREYRA. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR PEREZ. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR RAFFO. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR RICALDONI. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR SANTORO. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR SINGLET. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR URIOSTE. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR ZUMARAN. - Por el señor senador Abreu.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por el señor senador Abreu.

Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - Han sufragado 28 señores senadores; 27 lo han hecho por el señor senador Abreu y uno por el señor senador González Modernell.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por lo tanto, ha resultado electo Primer Vicepresidente del Cuerpo, el señor senador Abreu.

A continuación, corresponde pasar a tomar la votación nominal para designar al Segundo Vicepresidente del Cuerpo.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ABREU. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR ABADIE. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR ARANA. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR ARAUJO. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR ASTORI. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR BATALLA. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR BELVISI. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR BLANCO. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR BOUZA. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR CASSINA. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR GARGANO. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR GONZALEZ MODERNELL. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR IRURTIA. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR JUDE. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR KORZENIAK. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR PEREYRA. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR PEREZ. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RAFFO. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Por el señor senador Cigliuti.

SEÑOR SANTORO. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR SINGLET. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR URIOSTE. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR ZUMARAN. - Por el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por el señor senador Ricaldoni.

Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - Han sufragado 28 señores senadores; 27 lo han hecho por el señor senador Ricaldoni y uno por el señor senador Cigliuti.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por lo tanto, ha resultado electo segundo Vicepresidente del Cuerpo, el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para dejar una constancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: vamos a votar con mucha satisfacción al candidato del Frente Amplio, que será el señor senador Gargano, para ocupar la tercera Vicepresidencia del Cuerpo.

Sin perjuicio de ello, deseo recordar que cuando se inició esta Legislatura, se acordó entre todos los sectores que las Vicepresidencias -que son quince- se iban a distribuir de tal modo que al Partido Por el Gobierno del Pueblo le correspondiera la tercera Vicepresidencia durante un año. Según tengo entendido, se había previsto que este año nuestro Partido ejerciera dicho cargo. Sin embargo, como se ha presentado la candidatura de un compañero del Frente Amplio, creemos que no tiene sentido insistir en que fuera precisamente este año que el Partido Por el Gobierno del Pueblo ocupara dicho puesto.

No obstante, simplemente queremos recordar el acuerdo establecido en su momento en cuanto a que durante un año de esta Legislatura, la tercera Vicepresidencia sería ejercida por un integrante del Partido Por el Gobierno del Pueblo. De cualquier manera, cabe señalar que no tenemos ningún inconveniente en que esto suceda el próximo año.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia avala lo expresado por el señor senador Batalla, ya que en su momento así se había acordado, claro que de modo informal.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para ocuparme de lo expresado por el señor senador Batalla.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: voy a ocuparme del tema con la intención de que no tenga una visión que, quizás, sea justa pero parcial.

No pongo en tela de juicio lo que se ha expresado en forma previa a quien habla; pero el problema es el siguiente.

He intentado rastrear cómo se llegó al acuerdo primario, y para ello me puse en contacto con los señores senadores integrantes de nuestra bancada. Sucede que, teniendo el Frente Amplio siete senadores, parecía bastante lógico que cada año hubiese un Vicepresidente de este sector político. De pronto, lo que podía estar en tela de juicio era si correspondía que tal cargo fuese ocupado en el tercero o segundo año, pero no el hecho de que hubiera un Vicepresidente del Frente Amplio.

Ahora bien, es cierto que cuando se trató este tema, tanto los señores senadores del Frente Amplio como los del Partido Por el Gobierno del Pueblo, plantearon la necesidad de una cuarta Vicepresidencia. En ese momento, no sé exactamente por qué razón no se optó por ese camino. Por consiguiente, señalo esto con el ánimo de que el problema sea mirado hacia el futuro -ya sea que se trate de tres Vicepresidentes o no- sin entrar a juzgar a qué sectores deben pertenecer quienes ocupen esa Vicepresidencia, ni cuestionar la posibilidad de una cuarta Vicepresidencia que, en determinado momento, nos parecería un planteo correcto. Reitero que mis expresiones no tienen un carácter controvertido ni agresivo, sino que lo que queremos es que no se parta de la base de que podría haber algún año en el que el Frente Amplio no ejerciera una Vicepresidencia.

Asimismo, deseamos señalar que entendemos totalmente lógico que los señores senadores integrantes del Partido Por el Gobierno del Pueblo ejerzan también una Vicepresidencia.

En síntesis, he realizado esta aclaración en virtud de que la cuestión ha sido planteada, pero supongo que nadie va a insistir en esto y podremos pasar, entonces, a votar el tercer Vicepresidente, es decir, al señor senador Gargano, postulante que surgió del acuerdo a que arribó nuestra bancada.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: obviamente, respeto la posición del señor senador Pérez, sin perjuicio de lo cual creo que nada tiene que ver con lo que en su momento acordamos.

Naturalmente, admito el derecho pleno que tiene el Frente Amplio -inclusive, me parece totalmente legítimo- a cambiar de opinión. Tal como manifestaba el señor senador Pérez, en su momento se habló de una cuarta Vicepresidencia, pero el planteo no tuvo éxito, primando así el criterio de las tres Vicepresidencias.

Asimismo, se acordó -por lo que recuerdo, contando con la presencia de los cuatro lemas- que el tercer año la Vicepresidencia iba a ser ejercida por un representante del Partido Por el Gobierno del Pueblo. Sin duda, lo expresado por el señor senador Pérez modifica sustancialmente las reglas de aquél acuerdo, en la medida en que el Partido Por el Gobierno del Pueblo aparecería ejerciendo una eventual y utópica cuarta Vicepresidencia que, si bien la acompañamos antes y también lo hacemos ahora, en su momento se había desechado.

Entonces, si hubo un acuerdo, éste debe cumplirse. De esto son testigos todos los señores senadores que en ese momento, en su calidad de coordinadores, participamos en una reunión que creo se realizó en la Presidencia del Senado. Honestamente, no recuerdo quienes estaban presentes, a excepción del señor senador Ricaldoni, que representaba al Partido Colorado. Lo concreto es que en esa oportunidad se planteó un acuerdo que hoy, con todo derecho, el Frente Amplio señala que no se va a reconocer. Por lo menos, eso fue lo que entendí.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia exhorta a los señores senadores a que este problema, que no lo podemos dilucidar ahora, se resuelva en otro momento, en el mismo marco en que se planteó oportunamente, es decir, en reunión de coordinadores y fuera del ámbito público del Senado.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: deseo recordar que el coordinador del Frente Amplio en las reuniones preparatorias -como recordará el señor Presidente, antes de que se iniciara la Legislatura- en las que se conversó sobre distintos temas, inclusive, acerca de los que hoy se están analizando, fue quien habla. Por esa razón, tengo muy presente que, por ejemplo, en las reuniones de coordinadores que se realizaron para analizar la distribución de las Presidencias de las Comisiones, se llegó a un acuerdo por el que se estructuró una tabla en función de la representación que cada lema tenía, y se distribuyeron Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones.

En lo que tiene que ver con las Vicepresidencias del Senado, lo que recuerdo, tal como lo ha manifestado el señor senador Pérez es que luego de un debate en el que nosotros propusimos que hubiera cuatro Vicepresidentes, se acordó que la tercera Vicepresidencia le correspondía al Frente Amplio. Por supuesto, no hubo versión taquigráfica de esa sesión; pero reitero que el análisis que hicimos del tema fue ese.

Naturalmente, me disgusta profundamente tener que ocuparme de esto en estas circunstancias, y adelanto que voy a verificar si alguno de los que trabajamos como coordinadores aún tenemos en nuestro poder información en este sentido. Por el momento, lo que puedo decir es que ésta fue la información que brindé al señor senador Batalla cuando él me consultó por primera vez sobre el tema. Reitero que lo que recuerdo es que hubo una negociación en torno a las Vicepresidencias y también un reclamo del Partido Por el Gobierno del Pueblo en cuanto a ejercer una de ellas. Asimismo, el Frente Amplio propuso una cuarta Vicepresidencia -que, naturalmente, estábamos dispuestos a votar- criterio en el que no hubo acuerdo, no por falta de voluntad de nuestro sector político.

En síntesis, quería dejar esta constancia para que no se crea que el Frente Amplio está tratando de desligarse de un compromiso que haya asumido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tómese la votación nominal para designar al tercer Vicepresidente del Cuerpo por este Período de la Legislatura.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ABREU. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR ABADIE. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR ARANA. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR ARAUJO. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR ASTORI. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR BATALLA. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR BELVISI. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR BLANCO. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR CASSINA. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Por el señor senador Korzeniak.

SEÑOR GONZALEZ MODERNELL. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR IRURTIA. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR JUDE. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR KORZENIAK. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR LIBRAN BONINO. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR PEREYRA. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR PEREZ. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR RAFFO. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR RICALDONI. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR SANTORO. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR SINGLET. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR URIOSTE. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR ZUMARAN. - Por el señor senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por el señor senador Gargano.

Dése cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - Han sufragado 26 señores senadores; 25 lo han hecho por el señor senador Gargano y 1 por el señor senador Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por 25 votos en 26, ha sido electo el señor senador Reinaldo Gargano para ocupar la tercera Vicepresidencia del Senado durante el Período de la Legislatura.

11) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Elección de miembros de la Comisión Permanente, con arreglo al artículo 127 de la Constitución".

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: solicito que se postergue la consideración de este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden del señor senador Pérez para que la consideración de este tema pase a una próxima sesión ordinaria.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: "Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo".

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Deseo proponer, en nombre del Partido Nacional, al señor senador Walter Santoro.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por mi parte, y en nombre del Partido Colorado, propongo al señor senador Walter Belvisi.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción conjunta de los señores senadores Cadenas Boix y Cigliuti para que se vote, como integrantes de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, a los señores senadores Santoro y Belvisi.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Hemos votado por la negativa, tal como lo hemos hecho siempre con respecto a la integración de la Comisión Administrativa, porque pensamos que debe integrarse en forma distinta. Pensamos que para su funcionamiento ha habido un planteo equivocado, no sólo en la sustancia, sino también en la forma.

Obviamente, en nuestro voto negativo, no hay ningún tipo de condicionante personal que nos lleve a votar como lo hemos hecho.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación, ya que pensamos que fue mal proclamada.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

13) TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos de América. (Carp. Nº 545/91 - Rep. Nº 341/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 545/91
Rep. Nº 341/91

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 9 de julio de 1991.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscripto el día 6 de mayo de 1991.

La solicitud de aprobación se fundamenta en la exposición que se desarrolla a continuación:

1) CONSIDERACIONES GENERALES

Fácil es comprobar que en las dos últimas décadas la criminalidad de carácter internacional se ha agravado de una manera inquietante, sobe todo en lo que se refiere a ciertos delitos de clara nocividad social, como sucede con el tráfico de drogas.

Precisamente, respecto del narcotráfico se observa en este final de siglo, un redimensionamiento de la importancia del factor económico y simultáneamente, la multiplicación del poder desequilibrante de los grupos delictivos trasnacionales que manejan el negocio, dando lugar a un vertiginoso aumento del crimen organizado, tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo, especialmente en los latinoamericanos.

En tal sentido, es cada día más frecuente la presencia de conductas criminales cuyas manifestaciones se extienden a diversos países y sitúan los elementos del delito en diferentes territorios. Esta trasnacionalización es, sin duda, el aspecto más saliente de la criminalidad organizada contemporánea, ante la cual los Estados aislados pueden verse reducidos a una virtual importancia.

El campo de acción del crimen organizado cubre, como se sabe, diversas actividades ilegales (tráfico de armas, narcotráfico, delitos financieros, blanqueo de "dinero sucio" producto de estas actividades, etc.), que al localizarse en diversos países ven facilitada de alguna manera su impunidad, habida cuenta que la acción policial y judicial está delimitada, fundamentalmente, por el principio de la territorialidad. En este contexto, es evidente que la función represiva se vea enfrentada a problemas específicos, sobre todo en materia probatoria cuando, por ejemplo, es necesario tomar la declaración de un testigo en el extranjero o es preciso realizar cualquier otro acto de investigación o diligencia sumarial. Asimismo, la diferencia que a menudo se observa en las legislaciones procesales de los distintos países, contribuye a acentuar estos problemas.

Surgió así la necesidad de promover una nueva forma de cooperación internacional, moderna, dinámica, ágil y eficaz, que respondiera a la trasnacionalización del delito con la internacionalización de las responsabilidades para combatirlo.

Uno de los remedios a esta situación es la armonización legal y la colaboración entre los diferentes Estados en materia procesal-penal, aspectos éstos sólo pasibles de efectivización en la medida que se logre el debido equilibrio entre los intereses de una acción judicial proyectándose fuera de fronteras y los principios que fundamentan los ordenamientos jurídicos internos de los países.

Hasta no hace mucho tiempo, los Estados encararon la cooperación internacional en materia procesal-penal, únicamente entre jueces y dentro de los procesos judiciales. Uno de los textos más importantes en este género de colaboración es la Convención Europea sobre Asistencia Mutua en materia penal del 13 de diciembre de 1957. Naturalmente, restringida al ámbito judicial, esta cooperación no podía sino ser el resultado de un acercamiento de países con sistemas jurídicos afines.

En cambio, en relación a los países en donde imperan sistemas procesales-penales basados en principios jurídicos diversos, la cooperación internacional exigía un importante esfuerzo de adaptación y de compatibilización de las normas vigentes en cada Estado.

Esta particular situación se puso de manifiesto precisamente cuando se encaró la cooperación entre los países de "Derecho Civil" (países Latinoamericanos y de Europa continental), que adoptan en materia procesal-penal el sistema inquisitivo, y los países de "Common Law" (Estados Unidos e Inglaterra), en los cuales impera el sistema acusatorio, lo que significa que en el primer caso sean los propios jueces los encargados de la etapa instructiva del proceso penal, y en el segundo que este cometido corresponda a ciertos funcionarios dependientes de la rama ejecutiva de gobierno (fiscales y agentes fiscales).

A partir de la década de los años 70 comienza una efectiva cooperación entre países con diversos sistemas jurídicos, que celebran convenios bilaterales con el objetivo de instrumentar fórmulas ágiles y eficaces de asistencia jurídica para combatir el crimen organizado y sus repercusiones internacionales. Los textos negociados constituyen la mejor prueba de que no existen obstáculos insalvables para alcanzar soluciones convencionales que viabilicen una colaboración entre Estados con diferentes concepciones jurídicas sobre la base del respeto a las tradiciones jurídicas imperantes en cada uno de ellos.

El primer convenio celebrado entre países con diversos sistemas procesales-penales, fue el Tratado sobre Asistencia Penal entre la Confederación Suiza y los Estados Unidos de América concluido el 25 de mayo de 1973. Luego de este primer ensayo, los Estados Unidos de América han celebrado acuerdos de este tipo con diversos países, tales como Holanda (1984), Canadá (1985), Islas Caimán (1986), México (1987), Argentina (1990). También Gran Bretaña ha firmado acuerdos similares con Canadá, Suiza, Alemania, Australia, España, Suecia, México, Italia, Arabia Saudita, etc. Actualmente, los ámbitos de negociación tendientes a celebrar tratados bilaterales de la misma índole, se han multiplicado a tal extremo que no es difícil pronosticar su próxima entrada en vigor en una gran cantidad de países.

No puede desconocerse, además, la labor de la OEA en esta materia, ámbito en el cual se viene estudiando una convención sobre asistencia mutua que prevé también su aplicación entre Estados miembros con sistemas jurídicos diferentes.

Asimismo, corresponde recordar que la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas aprobada en Viena el 19 de setiembre de 1988 y suscripta por nuestro país en diciembre de 1989, contiene disposiciones sobre la asistencia judicial recíproca entre los Estados Parte en las investigaciones procesales y actuaciones judiciales referentes a los delitos de narcotráfico tipificados en dicho instrumento internacional.

La cooperación internacional alcanzada en esta materia, especialmente la convenida entre países con distintos sistemas procesales-penales, exigió como se ha afirmado, un importante esfuerzo de armonización y conciliación de los regímenes nacionales en juego, permitiendo ella la instrumentación de fórmulas y modalidades de asistencia innovadoras, y, al mismo tiempo, plenamente compatibles con las tradiciones jurídicas de los Estados Parte.

Nuestro país, de acuerdo a su larga y prestigiosa tradición internacionalista, y también para constituir un imperativo ético, no podía quedar al margen de esta nueva forma de cooperación que se viene consolidando para combatir el crimen organizado de carácter multinacional. Fue así que el Gobierno, por intermedio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, aceptó la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América de establecer un ámbito de negociación con el objeto de elaborar un instrumento bilateral en esta materia.

Importa señalar que el Poder Ejecutivo, teniendo presente las dificultades técnicas que se presentaban con motivo de las diferencias existentes en los sistemas jurídicos en juego, impartió precisas instrucciones a la delegación negociadora a fin de que la asistencia a instrumentarse fuera clara y plenamente compatible con las normas constitucionales y el sistema procesal-penal vigentes en el país.

Es de interés destacar que el Uruguay se enfrentaba por primera vez a formas y modalidades de cooperación hasta ese momento desconocidas. En efecto, salvo en materia de extradición, no existían en el país antecedentes de acuerdos específicos de cooperación internacional en materia procesal-penal con ningún Estado. Por otra parte, ni siquiera había con los países anglosajones textos convencionales de cooperación judicial internacional en otras ramas del Derecho (Civil, Comercial). Por último, al presentarse la necesidad de salir de los moldes clásicos con vistas a la adopción de nuevas modalidades de asistencia que sirvan de contribución a una más eficaz lucha contra el crimen organizado multinacional, hubo que tener el especial cuidado que las fórmulas a convenirse fueran plenamente compatibles con nuestros principios constitucionales y los conceptos fundamentales del sistema procesal-penal vigentes en el país.

Las soluciones consagradas en el Tratado son plenamente satisfactorias y plasman el doble propósito del país de alcanzar un acuerdo innovador y eficaz en la lucha contra el crimen de tráfico internacional y al mismo tiempo plenamente conciliable con nuestro ordenamiento jurídico. Puede afirmarse, por lo tanto, que se trata de un acuerdo que se inscribe dentro de la firme y prestigiosa tradición del país en el campo de la cooperación internacional en materia judicial.

2) EL TRATADO

PREAMBULO

El Tratado, tal como se señala en el Preámbulo, se basa en el reconocimiento de ambas Partes de la amenaza que representan para la humanidad muchas actividades criminales, cuyas pruebas u otros elementos a ellas vinculados pueden estar en ocasiones en diversos Estados. A partir de esta constatación, y respetando entre otros el principio de soberanía nacional, manifiestan su intención de promover una cooperación eficaz a través del referido tratado.

AMBITO DEL TRATADO

El ámbito del Tratado, según lo dispone el artículo 1.1 es la asistencia mutua en procedimientos relacionados con asuntos penales y en la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Como puede advertirse, si bien el Tratado responde a la actual necesidad de luchar contra el crimen organizado de carácter internacional, se entendió inconveniente proceder a una enumeración taxativa de las figuras delictivas, siempre difícil de realizar, acordándose un ámbito material amplio que abarca el universo delictual, pero consagrándose a texto expreso ciertas excepciones que no podían quedar comprendidas.

No se tomará en cuenta, salvo la excepción prevista en el Art. 21, si el acto que motiva el trámite de asistencia constituye o no delito en el Estado requerido (artículo 1.2).

Se ha seguido en este punto la doctrina más moderna que no exige la doble incriminación para que la asistencia pueda hacerse efectiva. No obstante, cuando se trata de medidas coercitivas susceptibles de afectar los derechos fundamentales de la persona humana, garantizados por nuestra Constitución, recobra todo su imperio la exigencia de la doble incriminación. De ahí la referencia a la excepción prevista en el Art. 21.

La cooperación que se acuerda no implica conferir facultad alguna a las autoridades o particulares del Estado requirente, para realizar tareas que conforme a las leyes internas del Estado requerido están reservadas a las autoridades (artículo 1.3).

El párrafo precedente atiende a los principios de territorialidad y oficialidad consustanciales a nuestra función jurisdiccional y por tanto, a la imposibilidad de que autoridades o particulares de los Estados Unidos de América puedan actuar extraterritorialmente en nuestro país. Esta posibilidad es allí admitida y hacía necesario una referencia a texto expreso de estos principios tan caros a nuestro sistema.

ALCANCE DE LA ASISTENCIA

Entre las diversas acciones comprendidas en el concepto de asistencia pueden citarse la notificación de documentos, la recepción de testimonios, la localización de personas, medidas cautelares, solicitudes de registro, etc.; así como todo otro tipo de asistencia compatible con el ordenamiento jurídico del Estado requerido (Art. 2).

AUTORIDADES COMPETENTES

Para la coordinación y prestación de la asistencia, el Art. 3 prevé el establecimiento de Autoridades Centrales. Esta función será cumplida por el Ministerio de Educación y Cultura en nuestro país y por el Procurador General en los Estados Unidos.

En el artículo 4, se establece que las solicitudes formuladas por la Autoridad Central del Estado requirente se basarán en pedidos de asistencia de las Autoridades encargadas de la investigación o enjuiciamiento de los delitos. Esta disposición refleja con toda claridad el esfuerzo de armonización de los sistemas procesales-penales de ambos Estados, en cuanto se reconoce recíprocamente el papel que cumplen las Autoridades competentes en cada país en materia de investigación y enjuiciamiento de delitos y, por tanto, la potestad que tienen de solicitar auxilio internacional. La innovación que implica la recepción en nuestro país de solicitudes de asistencia procedentes de funcionarios de gobierno (fiscales y agentes fiscales), cobra real dimensión en otras disposiciones del Tratado que ponen implícitamente en manos de nuestros jueces el contralor de la asistencia y la decisión de acuerdo a la ley interna, de la procedencia y el diligenciamiento de las medidas que se solicitan.

La cooperación judicial internacional en base a la intervención de Autoridades Centrales tiene ya una importante tradición en materia procesal-penal. El Tratado ha optado también por esta modalidad de cooperación, dotando a las Autoridades Centrales de atribuciones lo suficientemente amplias a fin de asegurar, a través de estos órganos especializados, una colaboración moderna, ágil y eficaz. Empero, al establecer el artículo 7 que las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con la ley del Estado requerido, preceptivamente confiadas por el ordenamiento interno a las autoridades judiciales.

La ubicación de la Autoridad Central uruguaya dentro del Ministerio de Educación y Cultura era la más conveniente, habida cuenta que ya existe dentro de ese Ministerio una repartición que cumple funciones similares en materia civil, por lo que la ampliación de su cometido a la órbita penal se estimó útil.

LIMITES DE LA ASISTENCIA

Los límites de la asistencia, es decir, aquellos casos en que la Autoridad Central del Estado requerido puede denegar la asistencia solicitada, informando las razones de dicha denegatoria, se refieren, entre otras situaciones, a la solicitudes vinculadas a delitos tipificados como tales en la legislación militar pero no en el derecho penal ordinario; a delitos políticos o conexos con ellos; a delitos tributarios, o, en general, en aquellos casos en que el cumplimiento de la solicitud afecta a la seguridad, el orden público, etc. del Estado requerido (Art. 5).

Se trata de las salvaguardias con larga tradición en los tratados de extradición y generalmente admitidas en los nuevos acuerdos de cooperación jurídica en materia penal. La utilización de la expresión "podrá" no significa una absoluta discrecionalidad de parte de las autoridades competentes sino que responde más bien al lenguaje al que recurren habitualmente los textos internacionales en esta materia.

Previo a la resolución denegatoria de la asistencia, la Autoridad Central del Estado requerido deberá consultar a su similar del Estado requirente, respecto a si se acepta que la solicitud se cumpla sujeta a ciertas condiciones y si aquella da su consentimiento, ella cumplirá de acuerdo a los términos establecidos (artículo 5.2.).

Esta disposición habilita a las Autoridades competentes del Estado requerido a solicitar en ciertos casos especiales de prestación de asistencia que se traduzcan en medidas asegurativas sobre bienes de particulares, las contracautelas que garanticen los eventuales daños resarcibles de conformidad a la ley local.

FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD

En el artículo 6 se detalla exhaustivamente la forma y el contenido de la solicitud que deberá, en principio, formularse por escrito salvo casos de urgencia en los que igualmente deberá confirmarse por aquella vía en un plazo no mayor de 10 días.

La solicitud deberá incluir todos aquellos puntos que contribuyan a una adecuada apreciación y un efectivo cumplimiento de la asistencia solicitada.

CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD

El cumplimiento de la solicitud será realizado con la debida prontitud por la Autoridad Central del Estado requerido y, cuando proceda, la trasmitirá a la autoridad competente para su diligenciamiento. Dicha actividad se regirá por la ley del Estado requerido, salvo excepciones dispuestas por el propio Tratado (Art. 7.1).

Esta norma consagra el principio básico en que se funda la cooperación objeto del Tratado, cual es la aplicación de la ley territorial a la actividad de asistencia. Caben, claro está, ciertas excepciones que fueron producto del esfuerzo de armonización y que se encuentran expresamente recogidas en el texto, a cuyo respecto puede mencionarse la prevista en el numeral 3 de este artículo, relativo al cumplimiento de la solicitud sujeto a formas o procedimientos especiales que, en cualquier caso, deberán siempre ser compatibles con la ley interna del Estado requerido.

El cumplimiento de la solicitud de asistencia podrá ser aplazado o condicionado previa consulta con la Autoridad Central del Estado requirente, si interfiere con una investigación o enjuiciamiento en curso en el Estado requerido (artículo 8).

El artículo 9 dispone que a pedido del Estado requirente, la tramitación de la solicitud será confidencial, salvo que dicha tramitación sea imposible bajo esa condición, en cuyo caso el Estado requirente decidirá sobre la prosecución o no de los trámites.

Las pruebas y demás elementos que se obtengan del cumplimiento de una solicitud solo podrán ser utilizadas en el procedimiento en el cual fueran solicitadas, salvo consentimiento del Estado requerido, hasta tanto se hayan hecho públicas de acuerdo a lo estipulado en el propio Tratado. El Estado requerido pueda solicitar que la información obtenida tenga carácter confidencial (artículo 11).

En lo que refiere a los costos de la asistencia, el artículo 12 dispone que serán de cuenta del Estado requerido, salvo entre otros, aquellos correspondientes a procedimientos especiales, traducciones, pericias, gastos de viajes, etc., los cuales serán abonados por el Estado requirente.

FORMAS DE ASISTENCIA

Con respecto a las formas específicas de asistencia, el Tratado prevé lo siguiente:

a) La notificación de documentos o la comparecencia de una persona en el Estado requirente, serán tramitados por la Autoridad Central del Estado requerido, la cual devolverá los respectivos comprobantes del diligenciamiento, o bien informará sobre su no cumplimiento, especificando las razones del mismo (artículo 13).

b) La Autoridad Central del Estado requerido proporcionará copia de documentos oficiales que consten en sus dependencias, accesibles al público o no. En el último caso se respetarán las condiciones exigidas para su entrega a las Autoridades locales, pero el Estado requerido podrá siempre negarse a cumplir las solicitudes sin necesidad de expresar las razones de dicha negativa (artículo 14).

c) Los elementos de prueba o documentos que se faciliten en el curso del cumplimiento de la asistencia deberán ser devueltos si así lo solicita el Estado requerido (artículo 15).

d) Las personas que deben prestar testimonio o aportar otras pruebas y se encuentren en el Estado requerido, estarán obligadas a comparecer ante las Autoridades competentes de dicho Estado, según sus leyes (artículo 16.1).

Durante el diligenciamiento podrán estar presentes las personas que el Estado requirente especifique en su solicitud, las que estarán facultadas para interrogar a la persona que preste el testimonio o aporte las pruebas solicitadas. En todo caso la ley aplicable será la del Estado requerido (artículo 16.3).

Naturalmente, cabe enfatizar que el ejercicio de esta facultad excepcional debe sujetarse a las formas y procedimientos previstos por las leyes del Estado requerido.

Las inmunidades, privilegios o incapacidades alegadas por las personas citadas serán resueltas previamente por las autoridades competentes del Estado requerido, si se basan en su ordenamiento jurídico. Si, en cambio, se fundaran en las leyes del Estado requirente las mismas no obstarán al cumplimiento de la solicitud, comunicándose la situación especial alegada a la Autoridad Central requirente para que las Autoridades competentes del mismo decidan sobre el punto (artículo 16.4).

e) Cuando la presencia de las personas a que se hace referencia en el numeral d) sea necesaria en el Estado requirente, las Autoridades del Estado requerido procederán a invitarlas a comparecer voluntariamente ante la Autoridad competente de aquél, pudiéndose registrar por escrito el consentimiento correspondiente (artículo 17).

f) Con respecto al traslado de personas sometidas a procedimiento penal, el artículo 18 prevé que éste sólo será posible si se cuenta con el consentimiento de la persona en cuestión y del Estado en cuyo territorio se encuentre la misma. Además, deberán respetarse las condiciones previstas en la misma disposición y en la siguiente para el cumplimiento de dicho traslado.

Entre dichas condiciones se destaca el otorgamiento, si la persona o el Estado remitente lo solicitan, de un salvoconducto bajo el cual la persona no podrá ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores al cumplimiento de la solicitud o por la declaración que preste, salvo que incurra en desacato o falso testimonio. Asimismo no podrá ser requerida para declarar en un procedimiento distinto al que motivó la solicitud. El salvoconducto perderá vigencia cuando la persona permanezca más de diez días en el Estado requirente luego de cumplida la solicitud.

Esta disposición, incorporada a iniciativa de la delegación uruguaya, crea un estatuto de inmunidad en beneficio del testigo que se traslada a prestar declaración en el Estado requirente, quedando así protegidos sus derechos durante su permanencia y garantizado su retorno al país.

g) Cuando la solicitud de asistencia incluya medidas de registro, embargo, secuestro o entrega de objetos, la misma será cumplida de conformidad a la ley procesal y sustantiva del Estado requerido y previo examen por la Autoridad competente de que dichas medidas están justificadas de acuerdo a la información contenida en la solicitud, pudiendo ésta también adoptar medidas complementarias para proteger derechos de terceros sobre los bienes en cuestión (artículo 21).

Es importante señalar que esta disposición salvaguarda plenamente nuestro régimen vigente en materia de secreto bancario. La fórmula adoptada ordena expresamente la aplicación de la ley territorial, tanto procesal como sustantiva, en todos los casos en que la medida de asistencia, en todos los casos en que la medida de asistencia pueda afectar el derecho de los particulares sobre sus bienes, incluido naturalmente el derecho al secreto bancario.

h) Cada Parte podrá informar a la otra sobre la existencia en el territorio de esta última de instrumentos o frutos de delitos, pasibles de medidas cautelares o incautación. Recibida la información, la Autoridad Central correspondiente la comunicará a la Autoridad competente y notificará a la otra Parte de las medidas que dicha Autoridad adopte (artículo 22.1).

La Parte en cuyo territorio se encuentren dichos frutos o instrumentos podrá disponer de ellos según su ordenamiento jurídico; si éste lo permitiese y según lo acordado con la otra parte, podrá transferir a esta última el bien confiscado o el producto de su venta (artículo 22.3).

i) A los efectos de la certificación y autenticación de documentos y objetos, el Estado requerido procederá en la forma solicitada por el Estado requirente, siempre que ello no colida con su ordenamiento jurídico (artículo 23).

COMPATIBILIDAD CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

El artículo 24 prevé que las disposiciones del Tratado no impedirán la aplicación de otros instrumentos internacionales o prácticas más favorables.

RESPONSABILIDAD

En cuanto a la responsabilidad por daños emergentes de actos cumplidos en ocasión de la ejecución del Tratado, el artículo 26 establece que las Partes no serán responsables por los daños que sean consecuencia de actos de las Autoridades de la otra Parte, regulándose la responsabilidad emergente por la ley interna respectiva.

Fue ésta, quizá, la disposición de más difícil incorporación al texto del Tratado. Nuestro país insistió en la idea de que la cooperación jurídica objeto de regulación; no es ajena a la eventualidad de que se produzcan daños resarcibles de acuerdo a la ley interna de los Estados Parte. Por ende y habida cuenta que nuestro ordenamiento jurídico admite la responsabilidad del Estado por los actos imputables a sus distintos Poderes, era lógico y coherente estatuir una norma al respecto a efectos de deslindar la situación de las Partes.

La trascendencia que el Tratado puede alcanzar, en lo que respecta a una mayor y más efectiva cooperación en la investigación y enjuiciamiento de delitos, otorga singular importancia a la entrada en vigencia del mismo, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Gonzalo Aguirre Ramírez VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA en ejercicio de la Presidencia, Héctor Gros Espiell, Guillermo García Costa, Juan Andrés Ramírez.


Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de Industria,
Energía y Minería
Ministerio del Interior
Ministerio de
Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscripto el día 6 de mayo de 1991.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Héctor Gros Espiell, Guillermo García Costa, Juan Andrés Ramírez.

TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Capítulo I - Disposiciones Generales

Artículo 1 Ambito del Tratado
Artículo 2 Alcance de la asistencia
Artículo 3 Autoridades Centrales
Artículo 4 Autoridades competentes
Artículo 5 Límites de la asistencia

Capítulo II - Cumplimiento de las solicitudes

Artículo 6 Forma y contenido de las solicitudes
Artículo 7 Ley aplicable
Artículo 8 Aplazamiento o condiciones para el cumplimiento
Artículo 9 Carácter confidencial
Artículo 10 Informe sobre el cumplimiento
Artículo 11 Limitaciones al empleo de la información o prueba obtenida
Artículo 12 Costos

Capítulo III - Formas de Asistencia

Artículo 13 Notificación de documentos
Artículo 14 Entrega de documentos oficiales
Artículo 15 Devolución de documentos y elementos de prueba
Artículo 16 Testimonio en el Estado requerido
Artículo 17 Testimonio en el Estado requirente
Artículo 18 Traslado de personas sujetas a procedimiento penal
Artículo 19 Salvoconducto
Artículo 20 Localización e identificación de personas
Artículo 21 Registros, embargos, secuestros y entregas de objetos
Artículo 22 Inmovilización, confiscación y transferencia de bienes
Artículo 23 Autenticación de documentos y certificaciones

Capítulo IV - Disposiciones finales

Artículo 24 Compatibilidad con otros tratados, acuerdos o convenios
Artículo 25 Consultas
Artículo 26 Responsabilidad
Artículo 27 Ratificación, entrada en vigor y denuncia

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América (en adelante "las Partes").

Animados por el deseo de estrechar aún más sus vínculos jurídicos y promover una más eficaz cooperación internacional por medio de la asistencia jurídica mutua en materia penal para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Reconociendo que muchas actividades criminales representan una grave amenaza para la humanidad y se manifiestan a través de modalidades criminales transnacionales en las que frecuentemente las pruebas o los elementos relacionados con los delitos se radican en diversos Estados.

Han resuelto, sobre la base de los principios de soberanía nacional y la igualdad de derechos y ventajas mutuas, concluir un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en los siguientes términos:

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1
Ambito del Tratado

1. Las Partes se prestarán asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, para la investigación y enjuiciamiento de delitos, así como en los procedimientos relacionados con asuntos penales.

2. Salvo en las situaciones previstas en el artículo 21, la asistencia se prestará sin considerar si la conducta que motiva la investigación, enjuiciamiento o procedimientos en el Estado requirente constituye o no delito conforme a la legislación del Estado requerido.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 numeral 3, el presente Tratado no faculta a las autoridades o a los particulares del Estado requirente a emprender en el territorio del Estado requerido funciones que conforme a las leyes internas están reservadas a sus autoridades.

4. El presente Tratado tiene por objeto únicamente la asistencia jurídica mutua entre las Partes. Por lo tanto, las disposiciones del presente Tratado no confieren derechos a los particulares para la obtención, supresión o exclusión de pruebas, o para oponerse al cumplimiento de una solicitud de asistencia.

Artículo 2
Alcance de la Asistencia

La asistencia comprenderá:

a. notificación de documentos;

b. recepción de testimonios o declaraciones de personas, así como también la realización de peritajes y examen de objetos y lugares;

c. localización o identificación de personas;

d. notificación a testigos o peritos para la comparecencia voluntaria para prestar testimonio en el Estado requirente;

e. traslado de personas sujetas a un proceso penal a efectos de comparecer como testigos o con otros propósitos expresamente indicados en la solicitud;

f. medidas cautelares o inmovilización de bienes;

g. cumplimiento de solicitudes de registro y secuestro;

h. entrega de documentos y otros elementos de prueba;

i. inmovilización, confiscación o transferencia de bienes confiscados, así como en materia de indemnizaciones y multas impuestas por sentencia penal; y

j. cualquier otra forma de asistencia no prohibida por las leyes del Estado requerido para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

Artículo 3
Autoridades Centrales

1. En cada una de las Partes habrá una Autoridad Central que tendrá a su cargo la presentación y recepción de las solicitudes a que se refiere el presente Tratado.

2. La Autoridad Central en la República Oriental del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura. La Autoridad Central en los Estados Unidos de América será el Procurador General o las personas designadas por él.

3. Las Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre sí a todos los efectos del presente Tratado.

Artículo 4
Autoridades Competentes

1. La asistencia de que trata el presente Tratado se prestará a través de las respectivas Autoridades Centrales de las Partes.

2. Atento a la diversidad de los sistemas jurídicos de las Partes, las solicitudes formuladas por una Autoridad Central al amparo del presente Tratado, se basarán en pedidos de asistencia de aquellas autoridades del Estado requirente encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos.

3. En todos los casos, la asistencia deberá tratar de la investigación o enjuiciamiento de delitos, así como de procedimientos relacionados con asuntos penales.

Artículo 5
Límites de la Asistencia

1. La Autoridad Central del Estado requerido podrá rehusarse a brindar asistencia si:

a. la solicitud se refiere a un delito tipificado como tal en la legislación militar pero no en el derecho penal ordinario;

b. la solicitud se refiere a un delito que el Estado requerido considerare como político o conexo con un delito político o perseguido por razones políticas;

c. la solicitud se refiere a un delito tributario. No obstante, procederá la asistencia si el delito se comete por una declaración intencionalmente falsa efectuada en forma oral o por escrito, o por una omisión intencional de declaración, con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito comprendido en el presente Tratado;

d. la persona requerida en la solicitud, ha sido absuelta o ha cumplido condena en el Estado requerido por el mismo delito mencionando en la solicitud. Sin embargo, esta disposición no podrá ser invocada para negar asistencia en relación a otras personas; o

e. el cumplimiento de la solicitud es contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido.

2. Antes de negar asistencia de conformidad con el presente artículo, la Autoridad Central del Estado requerido deberá consultar a la Autoridad Central del Estado requirente si acepta que la asistencia se brinde sujeta a las condiciones que considere necesarias. Si el Estado requirente acepta la asistencia sujeta a dichas condiciones, el Estado requerido dará cumplimiento a la solicitud en la forma establecida.

3. Salvo lo dispuesto en el artículo 14, si la Autoridad Central del Estado requerido deniega la asistencia, deberá informar a la Autoridad Central del Estado requirente, las razones en que se funda la denegatoria.

CAPITULO II
Cumplimiento de las solicitudes

Artículo 6
Forma y contenido de la solicitud

1. La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito salvo en los casos de urgencia, en que la Autoridad Central del Estado requerido podrá aceptar una solicitud cursada de otra manera. En tal caso, la solicitud deberá confirmarse por escrito dentro de los diez días siguientes. Salvo acuerdo en contrario, la solicitud se cursará en el idioma del estado requerido.

2. La solicitud deberá contener las siguientes indicaciones:

a. nombre de la Autoridad encargada de la investigación, el enjuiciamiento o procedimiento al cual se refiera la solicitud;

b. descripción del asunto a que se refiere y naturaleza de la investigación, enjuiciamiento o procedimiento, incluyendo los delitos concretos a que se refiera el asunto;

c. descripción de la prueba, información u otro tipo de asistencia solicitada;

d. declaración de los motivos por los cuales se solicita la prueba, información u otro tipo de asistencia;

e. normas legales aplicables acompañadas de su texto; y

f. en la medida de lo posible, la identidad de las personas sujetas a investigación o enjuiciamiento.

3. En la medida que sea necesario, la solicitud deberá también incluir:

a. información sobre la identidad y domicilio de las personas cuyo testimonio se desea obtener;

b. información sobre la identidad y dirección de las personas a ser notificadas y la relación de dichas personas con los procedimientos;

c. información sobre la identidad y paradero de las personas a ser localizadas;

d. descripción exacta del lugar o de la persona que ha de someterse a registro y de los bienes que hayan de ser cautelados;

e. el texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción de la prueba testimonial en el Estado requerido, así como la descripción de la forma en que ha de tomarse y registrarse cualquier testimonio o declaración;

f. descripción de las formas y procedimientos especiales con que han de cumplirse las solicitudes;

g. información sobre el pago de los gastos a que tendrá derecho la persona cuya presencia se solicite en el Estado requerido; y

h. cualquier otra información que pueda ser sugerida al Estado requerido a los efectos de facilitar el cumplimiento de la solicitud.

Artículo 7
Ley Aplicable

1. Las solicitudes se cumplirán de conformidad con la ley del Estado requerido salvo disposición en contrario del presente Tratado.

2. La Autoridad Central del Estado requerido dará cumplimiento con prontitud a la solicitud y, cuando proceda, la transmitirá a la autoridad competente para su diligenciamiento.

3. A solicitud del Estado requirente, el Estado requerido cumplirá la asistencia de acuerdo con las formas o procedimientos especiales, a menos que éstos sean incompatibles con su ley interna.

Artículo 8
Aplazamiento o condiciones para el cumplimiento

La Autoridad Central del Estado requerido podrá aplazar el cumplimiento de la solicitud o, después de celebrar consultas con la Autoridad Central del Estado requirente, sujetarla a condiciones en caso de que se interfiera con una investigación o procedimiento penal en curso en el Estado requerido. Si la Autoridad Central del Estado requirente acepta la asistencia sujeta a condiciones la solicitud se cumplirá de conformidad con las condiciones propuestas.

Artículo 9
Carácter Confidencial

A solicitud de la Autoridad Central del Estado requirente se mantendrá el carácter confidencial de la solicitud y de su tramitación. Si la solicitud no puede cumplirse sin infringir ese carácter confidencial, la Autoridad Central del Estado requerido informará de ello a la Autoridad Central del Estado requirente, que decidirá si insiste en la solicitud.

Artículo 10
Informes sobre el Cumplimiento

1. A pedido de la Autoridad Central del Estado requirente, la Autoridad Central del Estado requerido informará, dentro de un plazo razonable, sobre la marcha del trámite referente al cumplimiento de la solicitud.

2. La Autoridad Central del Estado requerido informará a la brevedad el resultado del cumplimiento de la solicitud y remitirá toda la información o prueba obtenidas a la Autoridad Central del Estado requirente.

3. Cuando la solicitud no ha podido ser cumplida en todo o en parte, la Autoridad Central del Estado requerido lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central del Estado requirente e indicará las razones por las cuales no ha sido posible su cumplimiento.

4. Los informes serán redactados en el idioma del Estado requerido.

Artículo 11
Limitaciones al Empleo de la información o Prueba Obtenida

1. Salvo consentimiento previo del Estado requerido, el Estado requirente solamente podrá emplear la información o la prueba obtenidas en virtud del presente Tratado con la investigación o el procedimiento indicado en la solicitud.

2. La Autoridad Central del Estado requerido podrá solicitar que la información o la prueba obtenidas en virtud del presente Tratado tengan carácter confidencial, de conformidad con las condiciones que especificará. En tal caso, el Estado requirente procurará respetar dichas condiciones.

3. La información o prueba que se hayan hecho pública en el Estado requirente de conformidad con los párrafos 1 ó 2 que anteceden, podrá a partir de ese momento ser utilizada en otros asuntos.

Artículo 12
Costos

El Estado requerido pagará la totalidad de los gastos relativos al cumplimiento de la solicitud, salvo los correspondientes a los informes periciales, traducción y transcripción, gastos extraordinarios que provengan del empleo de formas o procedimientos especiales, y gastos y estipendios de viajes de las personas referidas en los artículos 17 y 18, los cuales correrán a cargo del Estado requirente.

CAPITULO III
Formas de Asistencia

Artículo 13
Notificación de Documentos

1. La Autoridad Central del Estado requerido dispondrá lo necesario para diligenciar la notificación de los documentos relativos a cualquier solicitud de asistencia formulada de acuerdo con el presente Tratado.

2. La Autoridad Central del Estado requirente trasmitirá las solicitudes de notificación para la comparecencia de una persona ante una autoridad del Estado requirente con una razonable antelación a la fecha prevista para la misma.

3. La Autoridad Central del Estado requerido devolverá el comprobante del diligenciamiento de las notificaciones en la forma especificada en la solicitud.

4. Si la notificación no pudiere realizarse, la Autoridad Central del Estado requerido deberá informar a la Autoridad Central del Estado requirente las razones por las cuales no pudo diligenciarse.

Artículo 14
Entrega de Documentos Oficiales

A solicitud de la Autoridad Central del Estado requirente, la Autoridad Central del Estado requerido:

a. proporcionará copias de documentos oficiales, registros o información accesibles al público que obren en las reparticiones y los organismos estatales de ese Estado y;

b. podrá proporcionar copias de documentos oficiales, registros o información no accesibles al público que obren en las reparticiones por las cuales esos documentos se proporcionarían a sus propias autoridades. Si la asistencia prevista en este párrafo es denegada, la Autoridad Central del Estado requerido no estará obligada a expresar los motivos de la denegatoria.

Artículo 15
Devolución de Documentos y Elementos de Prueba

A solicitud de la Autoridad Central del Estado requerido, el Estado requirente deberá, tan pronto como sea posible, devolver los documentos u otros elementos de prueba facilitados en cumplimiento de una solicitud cursada conforme al presente Tratado.

Artículo 16
Testimonio en el Estado requerido

1. Cualquier persona que se encuentre en el Estado requerido y a la que se solicite la aprobación de pruebas en virtud del presente Tratado, será obligada a comparecer, de conformidad con las leyes del Estado requerido, ante autoridad competente para prestar testimonio o aportar documentos, antecedentes o elementos de prueba.

2. El Estado requerido informará con suficiente antelación el lugar y la fecha en que se recibirá la declaración del testigo o los mencionados documentos, antecedentes o elementos de prueba. Cuando sea posible, las Autoridades Centrales se consultarán a los efectos de fijar una fecha conveniente para ambas Partes.

3. El Estado requerido autorizará la presencia de las personas que se especifiquen en la solicitud durante el cumplimiento de la misma, facultándolas para interrogar a la persona cuyo testimonio o pruebas hayan de recibirse en la forma prevista por las leyes del Estado requerido. La audiencia tendrá lugar según los procedimientos establecidos por las leyes del Estado requerido.

4. Si la persona a que se hace referencia en el párrafo 1, alega inmunidad, incapacidad o privilegio las leyes del Estado requerido, esta alegación será resuelta por la autoridad competente del Estado requerido con anterioridad al cumplimiento de la solicitud.

Si la persona a que se hace referencia en el párrafo 1, alega inmunidad, incapacidad o privilegio según las leyes del Estado requirente, el testimonio o las pruebas serán, no obstante, recibidas y la alegación será informada a la Autoridad Central del Estado requirente, a fin de que las autoridades competentes de ese Estado resuelvan al respecto.

5. Los documentos, antecedentes y elementos de prueba entregados por el testigo u obtenidos a consecuencia de su declaración o en ocasión de la misma, serán enviados al Estado requirente junto con la declaración.

Artículo 17
Testimonio en el Estado requirente

Cuando el Estado requirente solicite la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o rendir informe, el Estado requerido invitará al testigo perito a comparecer en forma voluntaria ante la autoridad competente del Estado requirente. Si se considera necesario, la Autoridad Central del Estado requerido podrá registrar por escrito el consentimiento de la persona a comparecer en el Estado requirente. La Autoridad Central del Estado requerido informará con prontitud a la Autoridad Central del Estado requirente de dicha respuesta. Al solicitar la comparecencia, el Estado requirente indicará los gastos de traslado y de estadía a su cargo.

Artículo 18
Traslado de Personas Sujetas a Procedimiento Penal

1. La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requerido, cuya comparecencia en el Estado requirente sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en el presente Tratado, será trasladada con ese fin al Estado requirente, siempre que esa persona y el Estado requerido consientan dicho traslado.

2. La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requirente cuya comparecencia en el Estado requerido sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en el presente Tratado, será trasladada al Estado requerido, siempre que lo consienta esa persona y ambos Estados estén de acuerdo.

3. A los efectos del presente artículo:

a. el Estado receptor tendrá la potestad y la obligación de mantener bajo custodia física a la persona trasladada, a menos que el Estado remitente indique lo contrario;

b. el Estado receptor devolverá a la persona trasladada al Estado remitente tan pronto como las circunstancias lo permitan o con sujeción a lo acordado entre las Autoridades Centrales de ambos Estados;

c. respecto a la devolución de la persona trasladada, no será necesario que el Estado remitente promueva un procedimiento de extradición;

d. el tiempo transcurrido en el Estado receptor será computado, a los efectos del cumplimiento de la sentencia que le hubiera sido impuesta en el Estado remitente; y

e. la permanencia de esa persona en el Estado receptor en ningún caso podrá exceder del período que le reste para el cumplimiento de la condena o de noventa días según el plazo que se cumpla primero, a menos que la persona y ambos Estados consientan prorrogarlo.

Artículo 19
Salvoconducto

1. La comparecencia o traslado de la persona que consienta declarar o dar testimonio según lo dispuesto en los artículos 17 y 18, estará condicionado, si la persona o el Estado remitente lo solicitan con anterioridad a dicha comparecencia o traslado, a que el Estado receptor conceda un salvoconducto bajo el cual, mientras se encuentre en ese Estado, no podrá:

a. ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del territorio del Estado remitente;

b. ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud; o

c. ser detenida o enjuiciada en base a la declaración que preste, salvo en caso de desacato o falso testimonio.

2. El salvoconducto previsto en el párrafo anterior cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía en el territorio del Estado receptor por más de diez días a partir del momento en que su presencia ya no fuere necesaria en ese Estado, conforme a lo comunicado al Estado remitente.

Artículo 20
Localización o Identificación de Personas

El Estado requerido adoptará las providencias necesarias para averiguar el paradero o la identidad de las personas individualizadas en la solicitud.

Artículo 21
Registro, Embargo, Secuestro y Entrega de objetos

1. El Estado requerido cumplirá la solicitud relativa a registro, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos entre otros, documentos, antecedentes o efectos, si la Autoridad competente determina que la solicitud contiene la información que justifique la medida propuesta. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva del Estado requerido.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 5, párrafo 2, el Estado requerido determinará según su ley cualquier requerimiento necesario para proteger los intereses de terceros sobre los objetos que hayan de ser trasladados.

Artículo 22
Inmovilización, Confiscación y Transferencia de Bienes

1. Cuando una de las Partes tenga conocimiento de la existencia de frutos o instrumentos de delitos en el territorio de la otra Parte que puedan ser objeto de incautación o medidas cautelares según las leyes de ese Estado, podrá informarlo a la Autoridad Central de dicho Estado. Esta remitirá la información recibida a sus autoridades competentes a efectos de determinar la adopción de las medidas que corresponda. Dichas autoridades actuarán de conformidad con las leyes de su país y comunicarán de conformidad con las leyes de su país y comunicarán a la otra Parte, las medidas tomadas, a través de su Autoridad Central.

2. Las Partes se prestarán asistencia, de conformidad con sus respectivas leyes, en los procedimientos de incautación y confiscación, indemnización a las víctimas de delitos y cobro de multas impuestas por sentencia penal.

3. La Parte que tenga bajo su custodia frutos o instrumentos del delito, dispondrá de los mismos de conformidad con lo establecido en su ley interna. En la medida que lo permitan sus leyes, y en los términos que se consideren adecuados, cualquiera de las Partes podrá transferir a la otra, los bienes confiscados o el producto de su venta.

Artículo 23
Autentificación de Documentos y Certificaciones

1. Sin perjuicio de las autenticaciones o certificaciones exigidas según sus leyes, el Estado requerido autenticará todo documento o sus copias, así como proporcionará certificaciones referentes a objetos, en la forma solicitada por el Estado requirente, siempre que ello no sea incompatible con las leyes del Estado requerido.

2. A los efectos de facilitar el empleo de las referidas formas especiales de autenticación o certificación, el Estado requirente adjuntará a la solicitud los respectivos formularios o describirá el procedimiento especial a seguirse.

CAPITULO IV
Disposiciones finales

Artículo 24
Compatibilidad con otros Tratados, Acuerdos o Convenios

La asistencia y los procedimientos establecidos en el presente Tratado no impedirán que cada una de las Partes preste asistencia a la otra al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales más favorables en los que sea parte. Las Partes también podrán prestar asistencia de conformidad con cualquier convenio, acuerdo o práctica aplicables de carácter bilateral más favorables.

Artículo 25
Consultas

Las Autoridades Centrales de las Partes celebrarán consultas, en la oportunidad que convengan mutuamente, con el fin de facilitar la aplicación del presente Tratado.

Artículo 26
Responsabilidad

1. La ley interna de cada Parte regula la responsabilidad por daños que emerjan de los actos de sus autoridades en la ejecución de este Tratado.

2. Ninguna de las Partes será responsable por los daños que puedan surgir de actos de las autoridades de la otra Parte en la formulación o ejecución de una solicitud conforme a este Tratado.

Artículo 27
Ratificación, Entrada en Vigor y Denuncia

1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación y el canje de los instrumentos respectivos tendrá lugar en Washington.

2. El presente Tratado entrará en vigor cuando tenga lugar el canje de los instrumentos de ratificación.

3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación por escrito a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de notificación.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Tratado.

HECHO en Montevideo, el seis de mayo de 1991, en dos ejemplares originales en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

POR EL GOBIERNO
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha solicitado al Parlamento la aprobación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, por nuestro Gobierno y el de los Estados Unidos de Norteamérica el 6 de mayo de 1991.

Consideraciones preliminares

Según se señala en el Mensaje remitido al Presidente de la Asamblea General, en las últimas décadas se ha producido un aumento de la criminalidad internacional, particularmente en actividades especialmente nocivas para la sociedad tales como los delitos vinculados al narcotráfico.

La aparición y consolidación de grupos criminales de gran poder económico, ha llevado a la transnacionalización de su actividad delictiva afectando por igual países desarrollados y subdesarrollados, tornando la actuación aislada de los distintos Estados en gran medida inoperante.

Es sabido que el campo de acción del crimen organizado cubre infinidad de actividades ilegales (tales como tráfico de armas, narcotráfico, delitos financieros, "blanqueo de dinero", etc.), que al localizarse en diversos países y en virtud, primordialmente, del principio de territorialidad, han dado un cierto grado de impunidad a los autores de las mismas.

Esta situación hace necesaria la instrumentación de una nueva forma de cooperación internacional, que mediante soluciones modernas, ágiles, dinámicas y eficaces, permita responder a la nueva actividad delictiva transnacional.

Lograr lo anterior se ve dificultado, entre otras causas, por la existencia de dos grandes sistemas procesales-penales, el "Common Law" propio de los países anglosajones (donde impera un sistema acusatorio a cargo de funcionarios diversos a los propios magistrados judiciales, sean éstos fiscales o agentes fiscales) y el sistema de "Derecho Civil" propio de Europa Continental y América Latina (con un sistema inquisitorio a cargo de los propios jueces).

El problema jurídico mencionado, fue decididamente encarado a partir de la década del setenta, con la suscripción del Tratado sobre Asistencia Penal suscrito entre la Confederación Suiza y los Estados Unidos de Norteamérica el 25 de mayo de 1973. Posteriormente, Estados Unidos celebró tratados internacionales con Holanda (1984), Canadá (1985), Islas Caimán (1986), México (1987) y Argentina (1990). También Gran Bretaña ha suscrito acuerdos similares con Canadá, Suiza, Alemania, Australia, México, España, Suecia, Italia, Arabia Saudita, etc.

La cuestión ha sido planteada y estudiada asimismo en el seno de la OEA y de la ONU, debiendo destacarse la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas aprobado en Viena el 19 de setiembre de 1988 y suscrita por nuestro país en diciembre de 1989.

El Poder Ejecutivo, fiel a la tradición internacionalista del Uruguay y considerando como un imperativo ético la cooperación de nuestro país en la lucha contra el crimen transnacional, aceptó una propuesta formulada por el Gobierno de los Estados Unidos, iniciándose una etapa de negociación tendiente a lograr un acuerdo bilateral en la materia, que se concretó en el Tratado cuya aprobación se solicita.

Principios del Tratado

Como se destaca en el Mensaje, era la primera vez que nuestro país se enfrentaba a estas formas y modalidades de cooperación internacional, lo que se sumaba a los problemas propios de la diversidad del régimen procesal-penal imperante en los Estados partes. Esta falta de antecedentes y diversidad de sistemas jurídicos tornó especialmente ardua la negociación a efectos de lograr mecanismos de cooperación idóneos para el propósito perseguido y que al mismo tiempo se ajustaran a las características propias del derecho interno de ambos países.

Ambito de aplicación del Tratado

Representa uno de sus aspectos más relevantes y en el cual las posiciones iniciales guardaban considerable distancia.

Estas fueron superadas mediante una fórmula transaccional, estableciéndose en el numeral 1 del artículo 1º que las Partes se prestarán asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, para la investigación y enjuiciamiento de delitos, así como en los procedimientos relacionados con asuntos penales. Este ámbito amplio, coincidente con la intención norteamericana, fue limitado en el artículo 5º, excluyéndose aquellos casos en que a juicio de nuestro Gobierno no era oportuno que rigiera el acuerdo (delitos establecidos en la legislación militar, políticos o conexos con políticos, tributarios, en aquellos casos en que el cumplimiento de la solicitud sea contraria a la seguridad, orden público o intereses esenciales del Estado requerido, o cuando la persona requerida en la solicitud haya sido absuelta o cumplido condena en el Estado requerido por el mismo delito por el cual se le requiere).

En el ordinal 2 del artículo 1º, se establece el principio de la no necesidad de doble incriminación, exigencia que sólo hubiera dificultado la asistencia en la materia.

Como lo señalara en Comisión el Director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor Jorge Tálice:

"En este aspecto el Tratado adopta la corriente más moderna que señala que en materia de cooperación no cabe la doble incriminación. Esta es esencial y fundamental en los tratados de extradición, porque ahí están en juego otros bienes jurídicos, otros aspectos que no juegan en un simple Tratado de cooperación judicial internacional donde lo que importa fundamentalmente es el relevamiento de pruebas y de integración de otros aspectos vinculados al delito".

Sin embargo, dicho principio no se acoge en forma absoluta y total, sino que recobra su imperio la exigencia de la doble incriminación "cuando están en juego los derechos fundamentales de las personas o cuando existe la posibilidad de que se afecten. En ese caso, la remisión que hace el artículo 1.2 al artículo 21 pone de relieve que cuando se trata de medidas coercitivas sobre las personas o sobre los bienes recobra todo su imperio el principio de la doble incriminación".

Sin perjuicio de lo anterior y de la excepción prevista en el numeral 3 del artículo 16, se mantienen los tradicionales principios de la territorialidad y oficialidad en todos sus términos, prohibiéndose a funcionarios o particulares del Estado requirente, el ejercicio de funciones en territorio del otro Estado, cuando el ordenamiento jurídico de éste reserve las mismas a sus autoridades.

Alcance y características de la asistencia

El artículo 2º establece en forma precisa las medidas que podrán ser solicitadas por uno de los Estados parte, que van desde la simple notificación de documentos hasta la inmovilización o transferencia de bienes, así como "cualquier otra forma de asistencia no prohibida por las leyes del Estado requerido para la investigación y enjuiciamiento de delitos".

En el ordinal 2 del artículo 5º se prevé que cuando el Estado requerido se disponga a negar la asistencia requerida, deberá previamente, consultar al Estado requirente sobre si acepta dicha asistencia sujeta a los requisitos que se entiendan convenientes o necesarios.

El Tratado regula en su artículo 6º y sin perjuicio de las circunstancias de urgencia que puedan habilitar otro medio de solicitud, la forma que deberá contener el pedido de asistencia. La solicitud, escrita, deberá contener elementos suficientes que permitan al Estado requerido el análisis de la misma a efectos de determinar su procedencia, pertinencia, alcance y efectos posibles de la misma.

A efectos de cumplir con la asistencia solicitada, será aplicable la ley del Estado requerido y resultará pertinente y necesaria la participación de las autoridades competentes para su diligenciamiento (artículo 7º). De esta forma se aclara el papel a desempeñar por las Autoridades Centrales (artículos 3º y 4º), que en ningún caso podrán sustituir a la autoridad jurisdiccional competente en las distintas materias en razón del derecho interno de cada Estado parte.

Otra limitación aunque no referida al alcance de la asistencia eventualmente solicitable sino a su utilización, aparece en el artículo 11, que dispone que sin consentimiento previo del Estado requerido el Estado requirente no podrá emplear la información obtenida en investigaciones o procedimientos diversos a los indicados en la solicitud. También podrá el Estado requerido solicitar que la información que brinda tenga el carácter de confidencial. La excepción aparece en el ordinal 3 de este artículo que establece que "la información o prueba que se haya hecho pública en el Estado requirente de conformidad con los párrafos 1 y 2 que anteceden, podrán a partir de dicho momento ser utilizadas en otros asuntos".

Una mención especial requiere sin lugar a dudas la posibilidad de que se tome testimonio a un testigo o perito en el Estado requerido. En el ordinal 1 del artículo 16 se establece que el Estado requerido obligará a comparecer de acuerdo a las leyes del mismo, a cualquier persona que se encuentre dentro de su territorio y cuya comparecencia sea solicitada conforme al Tratado por el otro Estado, para prestar testimonio o aportar pruebas de distinta naturaleza. Como excepción se prevé en el artículo 3 de este artículo, que podrá admitirse la presencia de las personas que se especifiquen en la solicitud de asistencia, que quedan facultades para interrogar al testigo.

Distinto es el caso previsto en el artículo 17, que prevé el traslado de una persona que se encuentra en el Estado requerido al Estado requirente a efectos de prestar testimonio o brindar informes. En esta hipótesis, se exige el consentimiento del testigo o perito y que el Estado requirente se haga cargo de los gastos de traslado y estadía.

En el caso de traslado de personas sometidas a procedimiento penal, el artículo 18 numeral 1 exige el consentimiento de dicha persona y del Estado requerido. Se establece asimismo que la devolución de la persona no requerirá el procedimiento de extradición y que la permanencia de la misma en el Estado receptor no podrá exceder determinados lapsos, a menos que la persona trasladada consienta en prorrogarlo.

Complementando la regulación del traslado de testigos, peritos (artículo 17) y de personas sometidas a proceso penal (artículo 18), se regula en el artículo 19 el otorgamiento de un salvoconducto -propuesto por la delegación uruguaya- que imposibilita que la persona que se traslada al Estado requirente sea detenida por delitos anteriores al traslado o requerida a declarar en un proceso diverso al que se individualizó en la solicitud. De esta forma se salvaguardan debidamente los derechos de la persona trasladada, evitando que se burlen los procedimientos de extradición o que se desnaturalice el consentimiento de la persona al requerírsele algo distinto a lo originalmente expresado.

En materia de registro, embargo, secuestro y entrega de objetos, así como la inmovilización, confiscación y transferencia de bienes (artículos 21 y 22 respectivamente), se establece expresamente la aplicación del derecho interno del Estado requerido así como la competencia de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

Responsabilidad por los daños causados a terceros en la ejecución de este Tratado

El artículo 26 aclara la aplicación del derecho interno de cada Estado en la materia (en el caso uruguayo el artículo 24 de la Constitución de la República), así como la irresponsabilidad por los daños causados por actos del otro Estado.

Esta disposición, que en un primer momento no fue aceptada por la delegación norteamericana, resulta totalmente ajustada a nuestro ordenamiento jurídico interno, en la medida que limita la responsabilidad de nuestro Estado a aquellos daños causados directamente por el mismo, especificando que cuando los mismos sean ocasionados por el otro Estado parte, se deberán promover las acciones que correspondan directamente ante sus tribunales y de acuerdo a su legislación interna.

La norma es oportuna para evitar cualquier tipo de dudas en cuanto a la jurisdicción y derecho aplicable en cada caso y para delimitar la responsabilidad de cada Estado.

Ratificación y vigencia

El Tratado entrará en vigencia cuando tenga lugar el canje de instrumentos de ratificación y podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, pero dicha denuncia sólo surtirá efecto cuando hayan transcurrido seis meses desde la notificación de la misma (artículo 27).

Conclusiones

Según fue señalado anteriormente, el presente Tratado responde a un esfuerzo del Gobierno, de adaptar las normas internacionales aplicables a la nueva realidad que evidencia la existencia de organizaciones criminales internacionales, que no pueden ser debidamente combatidas con las herramientas tradicionales del derecho internacional.

La ratificación del mismo implicará para el Uruguay diversos beneficios:

1. desde el punto de vista jurídico constituirá una afirmación de la vocación internacionalista históricamente sostenida por nuestro país y permitirá una puesta al día de las normas aplicables en la especie, tornando las mismas, idóneas de enfrentar la nueva realidad delictiva.

2. desde el punto e vista ético, la ratificación es sin duda un imperativo, ya que no se puede mantener al país al margen de un proceso internacional que combate nuevas formas de organización delictiva de alto riesgo para la sociedad.

3. desde el punto de vista práctico, la ratificación desestimulará la utilización de nuestro territorio como base para determinadas operaciones delictivas, tales como el lavado de dinero, etc.

4. desde el punto de vista político y en razón de una cierta propaganda internacional que indicó que la nuestra era una de las plazas preferidas para determinadas operaciones delictivas, redundará en un claro beneficio al demostrar la firme voluntad de las autoridades en la represión de este tipo de delitos.

Sala de la Comisión, 25 de noviembre de 1991.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores.

INFORME EN MINORIA

Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales

Al Senado:

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento, para su ratificación, el "Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales" suscrito por nuestro Gobierno con el de los Estados Unidos de Norteamérica, el 6 de mayo de 1991.

En los considerandos generales de su Mensaje, el Poder Ejecutivo señala que "en las dos últimas décadas la criminalidad de carácter internacional se ha agravado de una manera inquietante, sobre todo en lo que se refiere a ciertos delitos de clara nocividad social, como sucede con el tráfico de drogas", dando lugar "a la multiplicación de poder desequilibrante de los grupos delictivos transnacionales que manejan el negocio".

Observa el Poder Ejecutivo, que "esta transnacionalización es sin duda el aspecto más saliente de la criminalidad organizada contemporánea, ante la cual los Estados aislados pueden verse reducidos a una virtual impotencia".

Se señala también que "el campo de acción del crimen organizado cubre, como se sabe, diversas actividades ilegales (tráfico de armas, narcotráfico, delitos financieros, blanqueo de ‘dinero sucio’ producto de estas actividades, etc.), que al localizarse en diversos países ven facilitada de alguna manera su impunidad, habida cuenta que la acción policial y judicial está delimitada, fundamentalmente, por el principio de la territorialidad". Y que "en ese contexto, es evidente que la función represiva se ve enfrentada a problemas específicos, sobre todo en materia probatoria; cuando, por ejemplo, es necesario tomar la declaración de un testigo en el extranjero, o es preciso realizar cualquier otro acto de investigación o diligencia sumarial. Asimismo, la diferencia que a menudo se observa en las legislaciones procesales de los distintos países, contribuye a acentuar estos problemas.

Menciona el Poder Ejecutivo, que "surgió así la necesidad de promover una nueva forma de cooperación internacional moderna, dinámica, ágil y eficaz, que respondiera a la transnacionalización del delito con la internacionalización de la responsabilidad para combatirlo".

Dice el Poder Ejecutivo, que "uno de los remedios a esta situación es la armonización legal y la colaboración entre los diferentes estados en materia procesal-penal, aspectos éstos sólo pasibles de efectivización en la medida que se logre el debido equilibrio entre los intereses de una acción judicial proyectándose fuera de fronteras y los principios que fundamentan los ordenamientos jurídicos de los países".

Es de destacar, como lo menciona el Poder Ejecutivo, que la cooperación internacional entre los países donde integran sistemas procesales penales basados en principios jurídicos diversos, impone un importante esfuerzo de adaptación y compatibilización de las normas vigentes en cada Estado. Y que esta particular situación "se puso de manifiesto precisamente cuando se encaró la cooperación entre los países de ‘Derecho Civil’ (países latinoamericanos y de Europa continental), que adoptan en materia procesal-penal el sistema inquisitivo, y los países de ‘Common Law’ (EEUU e Inglaterra), en los cuales impera el sistema acusativo, lo que significa que en el primer caso sean los propios jueces los encargados de la etapa instructiva del proceso penal, y en el segundo, que este cometido corresponda a ciertos funcionarios dependientes de la rama ejecutiva del Gobierno (Fiscales y Agentes Fiscales)".

El Poder Ejecutivo hace la historia de los Convenios celebrados a partir de la década del 70 entre los Estados Unidos de América y otros países (Confederación Suiza, Holanda, Canadá, Islas Caimán, México y Argentina). También señala que Gran Bretaña ha firmado acuerdos de este tipo con Canadá, Suiza, Alemania, Australia, Suecia, México, Italia, Arabia Saudita, etc. Y declara que nuestro país "de acuerdo a su larga y prestigiosa tradición internacionalista, y también por constituir un imperativo ético, no podía quedar al margen de esta nueva forma de cooperación que se viene consolidando para combatir el crimen organizado de carácter multinacional.

Entendimos que en atención a la gran trascendencia que este Tratado tendrá -por sus contenidos y por las obligaciones y modalidades de cooperación en él previstos- sobre el ordenamiento jurídico nacional en materia penal, así como por sus repercusiones sobre la protección de los derechos del individuo que ese mismo ordenamiento prevé, era necesario un cuidadoso análisis del mismo. Para ello y dada la necesaria especialización técnica que se debe tener para acometer dicha tarea, a fin de adoptar una resolución política debidamente fundada, solicitamos al señor profesor de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Gonzalo D. Fernández un informe al respecto.

Transcribimos, para mejor ilustración del Cuerpo, la totalidad de dicho informe:

"Tengo el agrado de evacuar la consulta que usted tuviera la gentileza de formularme, expresándole la opinión que me merece el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales celebrado con el Gobierno de los Estados Unidos de América el día 6 de mayo de 1991, que el Poder Ejecutivo ha sometido a la consideración parlamentaria.

Creo oportuno puntualizarle que he expuesto estas ideas con anterioridad, en el seno del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, de suerte que seguramente aparecerán reflejadas en la respuesta cursada por dicho Instituto a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de la República, al recabarse su pronunciamiento técnico acerca del Tratado en cuestión.

I) Precisión previa

1. - Como se verá, las distintas objeciones que el texto acordado me merece pueden ser reconducidas a un denominador común. En efecto, aquellas soluciones susceptibles de reparo técnico resultan extrañas y claramente ajenas al patrimonio de nuestra cultura jurídica.

2. - El Mensaje del Poder Ejecutivo admite casi explícitamente el hecho, derivándolo de la voluntad empeñada por los negociadores del Tratado, en armonizar sistemas procesales-penales de muy distinta estructura y acepta que el texto final ha exigido un importante esfuerzo de compatibilización y adaptación de las normas vigentes en cada Estado-Parte. (Ver Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, Carpeta Nº 545/91, Distribuido Nº 838/91, página 2).

3. - Sin embargo, creo que ese esfuerzo tendiente a sistematizar estructuras de procedimiento difícilmente conciliables entre sí, ha terminado por desequilibrar el fiel de la balanza en favor de soluciones propias del sistema del "Common Law", que evidentemente carece de predicamento en a legislación latinoamericana. Así, el Tratado llega a desdeñar principios jurídicos básicos o institutos cardinales de nuestro ordenamiento interno -según modestamente lo entiendo- presentando esa fisonomía de ajenidad, esa "carta de extranjería" si se permite el término, contrastante con la tradición jurídica nacional.

4. - Considero, en síntesis, que contra lo afirmado por el Mensaje del Poder Ejecutivo, algunas de las soluciones contempladas en el Tratado no resultan cómodamente conciliables -antes bien, son manifiestamente disímiles- con el ordenamiento positivo vigente, que marca un límite infranqueable para cualquier instrumento de cooperación inter-estatal en materia jurídica.

II) Abdicación del principio de doble identidad

5. - Tanto en el Preámbulo como en el Art. 1, al definirse el ámbito de aplicabilidad del Tratado, queda formalmente establecida su función y finalidad, cual es la de servir como instrumento de cooperación internacional para la investigación y enjuiciamiento de delitos.

6. - Sin embargo, a renglón seguido el propio Art. 1.2 consagra una peligrosa excepción, en cuanto permite prestar la asistencia demandada, sin detenerse a considerar si la conducta que motiva el pedido cursado por el Estado requirente constituye o no delito, conforme a la legislación interna del Estado requerido.

7. - En esta disposición radica, a mi modo de ver, el más grave defecto del texto concertado. Supone abandonar el "principio de doble identidad" que, en el fondo, no es más que la manifestación -a nivel internacional- del principio secular de legalidad penal (Art. 10 de la Constitución de la República, Art. 1º Código Penal). La referida renuncia permitiría entonces cumplir actuaciones de cooperación penal, aún cuando el hecho que las motiva no configure un delito para la legislación interna del Estado requerido.

8. - El fundamento invocado en el Mensaje (ver Distribuido Nº 838/91 cit., pág. 5) apunta a la obtención de una mayor efectividad práctica en materia de asistencia y vendría aconsejado por algunos sectores de la doctrina internacionalista contemporánea.

9. - Amén de que el fin no justifica los medios, parece inadmisible en una lectura jurídica del planteo, que una valoración de oportunidad o conveniencia (v. gr.: la agilidad de la cooperación requerida) pueda justificar apartamientos al criterio de estricta legalidad.

10. - Todo el derecho extradicional sigue, invariablemente, la regla de la doble incriminación penal del hecho, aspecto dable de constatar en todos cuantos Tratados tiene ratificados nuestro país, así como en las programáticas del Art. 32 C.P.P., que disciplinan en el plano interno la viabilidad de la extradición no convencional.

11. - Sí es cierto que las modernas orientaciones internacionalistas distinguen de la materia extradicional a la llamada "entreayuda judicial"; ámbito en el que algunas convenciones -a vía de ejemplo, la Convención Europea de Estreayuda Judicial en Materia Penal celebra en Estrasburgo el 20 de abril de 1959- no consideran imprescindible el mantenimiento de la regla de doble identidad. (ver Guillermo J. Fierro, La Ley Penal y el Derecho Internacional, Depalma, Buenos Aires 1977, pág. 215).

12. - No obstante, esa tesitura dista de ser prevaleciente y ha sido indefectiblemente repelida por la doctrina iuspenalista, que ve en la abdicación de la legalidad o identidad normativa una gravísima renuncia. Ya en 1968, sostenía Hellmuth Von Weber en el marco preparatorio del X Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal (A.I.D.P.), que la ejecución de sentencias extranjeras y la aceptación de rogatorias "no pueden ser admitidas más que dentro de los límites en los cuales la extradición es admisible (relativos a un hecho que entrañe punición...") (ver Les problémes actuels de l’extradition, en Revue Internationale de Droit Pénal, Año 39, 1968, Nº 3-4, pág. 443).

13. - Junto a la posición del catedrático de Bonn, pueden consultarse también Los Rapport norteamericanos enviados al Coloquio preparatorio de Freiburg, donde precisamente Cherif Bassiouni y Edward M. Wise destacan que los Tratados estadounidenses omiten regularmente consagrar la regla de doble identidad ("double criminality"), omisión contra la cual ambos autores reaccionan enérgicamente (ver Revue cit. págs. 501 y 523).

14. - Creo que el punto en examen marca la distancia que nos separa del sistema del "common law" (supra, ap. 3), pues la conveniencia de tales renuncias sólo puede ser proponible "entre países con intereses comunes muy generalizados, como ocurre con los pertenecientes a áreas jurídico-culturales perfectamente delimitadas" (ver José Luis Manzanares Samaniego, El Convenio Europeo de Extradición, Bosch, Barcelona, 1986, pág. 49). Indiscutiblemente, no es ése el caso.

15. - Y como prueba de que la abdicación del principio de identidad normativa no ha logrado consagrarse como doctrina dominante, me permito citar -parece un ejemplo inmejorable- al Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales, aprobado por el VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 1990), que carece de una norma semejante (ver DOC. A/CONF. 144/25).

16. - A mayor abundamiento, es posible referir también el Proyecto del Código Penal Internacional sometido al Consejo de Europa y a las Naciones Unidas, que exige a texto expreso en el Art. VI - Auxilio Judicial, Sección 1, num. 1.3 lit. a), "que el delito que dé lugar a la comisión rogatoria sea punible según las leyes de las Partes requirente y requerida". (ver M. CHERIF BASSIOUNI, Derecho Penal Internacional, Tecnos, Madrid, 1984, pág. 179). Creo pertinente resaltar que en la Comisión Revisora de ese texto tuvieron participación prestigiosos catedráticos estadounidenses; a saber: M. C. Bassiouni (Universidad De Paul), J. N. Moore (Universidad de Virginia), V. D. Nanda (Universidad de Denver), W. M. Reisman (Yale Law School), Daniel Derby (Universidad De Paul), Ferdinand Mensch (Tribunal Supremo de Illinois).

17. - En suma, contra las posiciones radicales de cierto sector de la doctrina internacionalista, prefiero seguir aferrado al principio de legalidad o doble incriminación penal, que ha sido defendido enérgicamente en materia de extradición y no veo por qué debiera declinar en el área de la cooperación judicial no extradicional.

18. - En el "nulla traditio sine legge" se ha extrapolado al ámbito del Derecho Penal Internacional un principio garantista y de seguridad jurídica, que no cabe ser obviado en las otras formas de asistencia penal internacional - "l’entraide judiciaire" - no sujetas a la rigidez sustantiva que disciplina la extradición, pero limitadas sí por la regla de la dualidad de incriminación. Por consiguiente, me pronuncio con todo énfasis contra la solución propiciada por el Art. 1.2 del Tratado, permitiéndome agregar aún un par de reflexiones de índole práctica.

III) Innecesariedad de la solución cuestionada

19. - En primer término, es del caso considerar que la falta de tipicidad simultánea en ambas legislaciones no impide, de suyo, la prestación de cooperación internacional. Sólo que ésta no corresponde ser implementada, en tal caso, en el marco de un Tratado donde se regula la asistencia en asuntos específicamente penales, sino que deberá encarrilarse por el fuero civil y sin la coerción judicial connatural a las potestades de los tribunales penales.

20. - No advierto, en segundo lugar, la necesidad de apelar a una solución del tipo de la recogida en el Art. 1.2, para efectivizar la asistencia comprometida. Dicha disposición, para colmo de males, es engañosa, pues mientras que hace salvedad de las excepciones previstas en el Art. 21, excluye las hipótesis conteladas en el Art. 22.2 (v. gr.: incautación, confiscación, indemnización de víctimas y cobro de multas impuestas por sentencia penal), algunas de las cuales suponen -a todas luces- la ejecución extraterritorial de un fallo penal, que se pretende movilizar en la jurisdicción territorial de Estado requerido, donde el hecho juzgado no es punible.

21. - De todas maneras, es posible invocar un argumento de neta textura práctica. El ordenamiento positivo uruguayo consagra, entre las normas codificadas y la legislación especial, un amplísimo espectro de figuras delictivas. Por tal manera, es difícil que un comportamiento castigado como delito por la ley extranjera perfile, sin embargo, una conducta impune en nuestro país. Y cuando así ocurre por decisión soberana del legislador patrio -puede ejemplificarse con el adulterio, la homosexualidad, la vagancia, el consumo de drogas, la objeción de conciencia al servicio militar, etc.- es porque el hecho no ofende un bien jurídico merecido de tutela penal y su criminalización legal, lejos de concitar el consenso de la "communis opinio", sólo levantaría críticas y semejaría un cuerpo extraño en el seno de la valoración comunitaria.

22. - Concretamente en el terreno del narcotráfico y el denominado "lavado de dólares" -objetivo al que apunta el Tratado, según se desprende del Mensaje del Poder Ejecutivo- el catálogo de figuras delictivas recogido por el Decreto-Ley Nº 14.294, amplificado todavía con los institutos del acto preparatorio, la tentativa, la coparticipación y el encubrimiento, llega a cubrir con creces cualquier maniobra delictual comisible en materia de drogas, tornando innecesaria la solución del Art. 1.2, que en cambio, abdica de un principio de identidad normativa en el que se resume una de las más caras garantías del Derecho Penal Liberal.

IV) Sobre la Autoridad Central

23. - El Art. 3 del Tratado inserta en el procedimiento de asistencia a un órgano administrativo; en nuestro caso, la Autoridad Central dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, organismo al cual el Art. 5 le adjudica sensibles atribuciones para denegar o rectificar la demanda de cooperación.

24. - El Mensaje vuelve a resaltar esta solución como un mérito obtenido de la armonización de sistemas jurídicos disímiles, que permitiría la presentación y recepción de las solicitudes de asistencia judicial, directamente a la autoridad administrativa (ver Distribuido Nº 838/91 cit., pág. 5-6).

25. - A mi criterio, ello podrá ser viable en la materia civil como lo sostiene el Poder Ejecutivo -sobre el punto excuso de pronunciarme- pero inextensible a la materia penal, donde impera la regla "sine que non" de la judicialidad. En otras palabras, esta "desjudicialización" parcial del procedimiento, lejos de significar un beneficio, me parece un demérito, un retroceso que depriva al trámite de una garantía básica de íntegra judicialidad penal, por la intromisión indebida de un órgano administrativo.

26. - Ya Fiore enseñaba que era insustituible "la correspondencia directa entre las autoridades judiciales" (ver Pascuale Fiore, Tratado de Derecho Penal Internacional, Revista de Legislación, Madrid 1880, pág. 429) y el tiempo transcurrido desde entonces no ha hecho descaecer las afirmaciones del calificado profesor de Turín.

27. - En la misma línea se situaba Santiago Vaca Guzmán (ver: Reglas de Derecho Internacional Penal, Buenos Aires 1888, pág. 254) y es la que caracteriza al sistema latinoamericano y continental europeo, que a diferencia del sistema anglosajón, se individualiza por la activa intervención judicial (ver Manuel Vieira, Cooperación Judicial Internacional en Materia Procesal, en Cuadernos de Derecho Internacional Privado, Nº 5, F.C.U., Montevideo 1982, pág. 10). Sobre el progresivo destierro de la autoridad administrativa en el área extradicional, pueden consultarse también con provecho las obras de Jacques Lemontey, Du role de l’autorité judiciaire dans la procédure d’ extradition passive, Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence, París 1966, pág. 55 y sgtes. y Casimiro García Barroso, Interpol y el procedimiento de extradición, Edersa, Madrid 1982, págs. 85-86).

28. - Es de advertir, que a raíz de la ingerencia que el texto le reconoce en el Art. 5.1 del Tratado, la Autoridad Central tiene más potestades que el propio magistrado competente, pues se halla facultada para rehusar de plano e "in limine" cualquier demanda de cooperación, usurpando así atribuciones en materia de calificación, que son de exclusivo resorte jurisdiccional.

29. - Queda así desvirtuada la judicialidad del procedimiento, desnaturalizado por la decisión de un órgano administrativo que interviene -y puede repeler o condicionar la demanda- en una fase previa al conocimiento judicial. Las atribuciones conferidas a la Autoridad Central se vuelven así de extraordinaria amplitud, máxime que en materia de extradición por ejemplo, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Suprema Corte de Justicia cumplen funciones de mero "correo" de la demanda -dicho sea sin alusión peyorativa- pues ciñen su participación procesal a la remisión de los antecedentes al tribunal competente para conocer de la solicitud. Inclusive la última jurisprudencia de la Corte ha sostenido que la sentencia de segunda instancia es insuceptible del recurso de casación, lo que acota aún más el ámbito de su "parquet" procesal.

30. - Me resulta por ende inadmisible que un organismo extrajudicial, subordinado en nuestro caso a la Administración Central, vea reconocida tan generosa ingerencia en el procedimiento, asumiendo una suerte de control de calificación (control de grado) cuando sólo le incumbiría, por su propia naturaleza, actuar como mero pivote trasmisor de la solicitud al fuero judicial. Y ello comprende tanto al plano interno, como los supuestos "hacia afuera", de presentación de solicitudes (v. gr.: cooperación activa) al Estado requerido.

V) Sobre las causales de rehusamiento

31. - Dentro de los literales enumerados por el Art. 5.1 -que dicho sea de paso, parecen responder al principio de doble incriminación y a los casos exceptuados de extradición, contrariando la permisividad genérica del Art. 1.2- se recoge la posibilidad de rehusar la prestación de asistencia si el cumplimiento de la solicitud "es contrario a la seguridad", el orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido".

32. - Los alcances de esta causal de rehusamiento, en tanto se incluye un supuesto meta-legal vinculado a los intereses esenciales del Estado requerido, subrayan el riesgo de la calificación previa por el órgano administrativo.

33. - Es bien conocido que las hipótesis puntuales de seguridad y orden público son subsumibles bajo la excepción de orden público interno de dilatada vigencia en el Derecho Internacional. Más esta tercera hipótesis, cuyo sentido no aparece clarificado ni en el texto ni en el Mensaje, permitiría denegar la solicitud por razones ajenas al criterio de estricta legalidad, es decir, extrañas al concepto jurídico de orden público interno, donde es posible que operen consideraciones políticas en la toma de la decisión. No en balde la autoridad judicial, que carece de ingerencia en esta instancia previa, se vería inhibida de homologar una denegatoria motivada en razones de ese tenor.

VI) Observaciones finales

34. - Como encendido adversario que soy de la reserva presumarial -un instituto de larga tradición nacional en el procedimiento penal preparatorio, pero lesivo a mi entender de los derechos del indagado- me opongo también a la confidencialidad del procedimiento encartada en el Art. 9, que debiera sustanciarse con asistencia o patrocinio letrado.

35. - En función de ello, también observo la confidencialidad de la prueba que permite el Art. 11.2 y el suministro de elementos de información o documentos no accesibles al público (Art. 14 lit. b), sobre los que se mantiene dicha confidencialidad.

36. - Estimo inaceptable asimismo, la facultad consagrada por el Art. 16.3, para que personas indicadas por el requirente, queden autorizadas a interrogar en la audiencia que se celebre en el Estado requerido. La disposición confirma esa especie de "capitis diminutio" que sufre a lo largo del trámite el órgano jurisdiccional y, juzgo evidente, que viene a contradecir lo establecido en el Art. 1.3, que prohibe a los particulares del Estado requirente emprender funciones reservadas a las autoridades del Estado requerido.

37. - Al igual que en cualquier asunto corriente de orden interno, también en el plano de la cooperación judicial internacional, la práctica del interrogatorio es una competencia privativa del Juez, que podrá proponer por cierto el cuestionario que le ha sido demandado, pero no puede ni debe tolerar que la audiencia de interrogatorio sea conducida por un tercero, equiparado a la calidad de interrogador.

38. - Por último, me merece críticas también el sistema de traslado de personas sujetas a procedimiento penal al territorio del Estado requirente, solución que aparece recogida en los Art. 18 y 19 del Tratado.

39. - Es sin duda un sistema confuso, que aparece garantizado por el consentimiento expreso del detenido y de ambos Estados-Parte, pero que puede facilitar negociaciones como la "bargain", de uso cotidiano en el procedimiento penal americano, pero incompatible con nuestro ordenamiento positivo.

40. - Además, si bien se determina el plazo máximo de permanencia (Art. 18.3 lit. b) y la obligación de custodia física del trasladado (Art. 18.3 lit. a), luego se prevé como hipótesis de descaecimiento del salvoconducto la permanencia voluntaria en el territorio requirente (Art. 19.2). No logra comprenderse entonces, cómo puede verificarse esa permanencia suplementaria, si el requirente está obligado a custodiar y devolver al sujeto trasladado al Estado remitente, tan pronto como fuere posible (Art. 18.3 lit b).

41. - Entiendo asimismo que la prohibición de enjuiciamiento no puede menos que ser absoluta, pues la hipótesis del Art. 19.1 a) decaería en casos de delito continuado al cual el trasladado pudiere ser vinculado como copartícipe y el falso testimonio previsto en el Art. 19.1 lit. c) es de dudoso recibo.

Le dejo así evacuada la consulta que Ud. tuviera a bien plantearme, cuyo tenor ofrezco aclarar y/o ampliar, de entendérselo pertinente.

Sin otro particular, le saludo con mi mayor consideración.

Dr. Gonzalo D. Fernández Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho".

Compartimos en su totalidad los contenidos de la consulta del Profesor doctor Gonzalo Fernández.

Entendemos, con él, que la ratificación de este Tratado, es inconveniente para el país. El principio de legalidad o doble incriminación, debe ser defendido con la misma energía con que se lo hace en materia de extradición en el área de la cooperación judicial no extradicional.

Sus reflexiones acerca de la innecesariedad de la solución cuestionada; sobre las atribuciones de la denominada "Autoridad Central" -que como lo señala el Prof. Fernández, llega a tener más potestades que el propio magistrado competente- así como sus opiniones sobre las "causales de rehusamiento", en tanto se incluye una supuesta meta-legal vinculada a los "intereses esenciales del Estado requerido", nos llevan a compartir su opinión sobre el riesgo de la calificación previa por el órgano administrativo.

Nos permitimos asimismo, subrayar sus observaciones finales sobre los temas de:

a) La confidencialidad del procedimiento (Art. 9)

b) La confidencialidad de la prueba (Art. 11.2) y el suministro de elementos de información o documentos no accesibles al público.

c) Lo inaceptable de la facultad consagrada por el Art. 16.3, para que personas indicadas por el requirente queden autorizadas a interrogar en la audiencia que se celebre en el Estado requerido. La práctica del interrogatorio es una competencia privativa del Juez, que no puede ni debe tolerar que la audiencia de interrogatorio sea conducida por un tercero, equiparado a la calidad de: interrogador.

d) Las objeciones al sistema de traslado de personas sujetas a procedimiento penal al territorio del Estado requirente (Arts. 18 y 19 del Tratado).

Subrayamos el peligro de esta solución que puede facilitar -como lo señalamos en Comisión- negociaciones como la "bargain", por medio de la cual se puede conseguir, por parte de un presunto imputado, "rebajas" en la calificación de los delitos -y por ende, en sus condenas- a cambio de información, de uso cotidiano en el procedimiento penal de EEUU, pero incompatible con nuestro ordenamiento positivo.

Por las razones expuestas, entendemos que el Senado no debe hacer lugar a la ratificación de este Tratado propuesta por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 25 de noviembre de 1991.

Reinaldo Gargano. Miembro Informante. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Deseo hacer algunas consideraciones de carácter general, porque la mayoría de la Comisión remite al informe que obra en el Repartido Nº 341/91 redactado, en su oportunidad, por el señor senador Posadas Montero.

En primer lugar, quiero decir que este Tratado de Asistencia Jurídica entre nuestra República y los Estados Unidos de América debe ser examinado en el contexto de una situación internacional caracterizada, cada vez con mayor frecuencia, por la existencia de actividades ilícitas que se desarrollan en los territorios de numerosos estados y que, por lo tanto, tienen un carácter y una dimensión transnacional. Esto es significativo, particularmente en lo que se refiere a los delitos vinculados con el narcotráfico, así como también a aquellos delitos financieros anexos al mismo, como son el blanqueo o lavado de dinero y también el tráfico de armas.

Como vemos, en el mundo contemporáneo ocurren dos fenómenos, de carácter social y económico. Por un lado, tenemos un crimen organizado internacionalmente y, por otro, la realización de actividades delictivas en los territorios o en los ámbitos de competencia o de jurisdicción de diversos Estados.

Todos estos delitos, que como ya dije son de carácter internacional, están manejados por poderosos organizaciones dotadas, en su mayor parte, de considerables recursos financieros.

Es evidente que si ante esta situación no se organiza una verdadera cooperación internacional a efectos de reprimirla y combatirla, la seguridad interna de los países se va a ver tremendamente afectada y el crimen organizado va a operar, cada vez con mayor incidencia, en los distintos países.

Nosotros consideramos que es en contra este telón de fondo, contra esta realidad penosa y apremiante, que debe ser considerado el Tratado que en este momento está a estudio del Senado.

La cooperación a que hace referencia este instrumento internacional nos pone en contacto con un delicado problema jurídico que es menester señalar con claridad. Al respecto, debemos decir que es relativamente fácil establecer una cooperación jurídica entre Estados cuyos regímenes legales y constitucionales pertenecen a un mismo tronco de las concepciones jurídicas; en cambio, cuando se trata de vincular, a los efectos de una cooperación efectiva, sistemas que pertenecen a las dos grandes ramas del Derecho que prevalecen en el mundo, las dificultades son considerables. Como es notorio, nuestro país pertenece a la rama del Derecho latino, del Derecho Civil continental; así es su tradición jurídica y a esta rama pertenece el régimen de estudio en nuestra Facultad de Derecho y nuestro ordenamiento constitucional y legal, constituyendo ésta una profunda y arraigada vocación jurídica de los uruguayos. Obviamente, este sistema no es exclusivo de nuestro país, sino que engloba a una numerosa familia de naciones, tanto en Europa como el continente americano, que participan de la misma tendencia. Frente a esta orientación, se encuentra el otro tronco, o sea, el sistema jurídico anglosajón, del "Common Law", que descansa en principios y enfoques diferentes a los del sistema latino.

Por lo tanto, debemos reconocer que la tarea jurídica de conciliación que supone este instrumento, es delicada y difícil. Por lo tanto, en mi opinión, las disposiciones del Convenio deben ser observadas e interpretadas a la luz de este criterio, reconociendo esa dificultad. Pero, si deseamos una real y efectiva cooperación internacional, a efectos de enfrentar el crimen organizado con proyección internacional, debemos extremar los esfuerzos para lograr que, por encima de las diferencias de concepción jurídica, se elaboren fórmulas suficientemente equilibradas para ser por un lado, eficientes en la cooperación necesaria y, por otro, para que se respeten en su esencia los valores fundamentales inscriptos o implícitos en los respectivos troncos jurídicos a que hemos hecho referencia, ya sea del Derecho Civil o del "Common Law".

El informe preparado por el ex señor senador de Posadas Montero, señala que existen antecedentes de este Tratado. Entre otros, menciona los celebrados por Estados Unidos de América con Suiza, Holanda, Canadá, México y Argentina, así como los firmados por el Reino Unido con Suiza, Alemania, México, España, Suecia e Italia. A través de estos Tratados los países nombrados en primer término -es decir, Estados Unidos y el Reino Unido- han logrado fórmulas de conciliación de su sistema jurídico -obviamente anglosajón- con el de otros países que integran el tronco del Derecho Civil.

En el caso de nuestro país, es la primera vez que se aborda esta tarea, pero ello es indiscutible. Insisto en que, a juicio de la Comisión -pienso que en esto no existen discrepancias- hay un aspecto fundamental que es la inserción del Uruguay en los mecanismos operativos y activos del mundo que nos habiliten a participar y a beneficiarnos de la lucha contra el crimen organizado con características transnacionales.

Sin embargo, como lo han señalado oportunamente en Comisión los técnicos que escuchamos, se trata de una tarea que insumió largas negociaciones y un trabajo sumamente prolijo, minucioso y extenso -del que, oportunamente se dio en la Comisión de Asuntos Internacionales- que, indudablemente, ofreció y ofrece dificultades.

En el mismo distribuido también puede observarse el informe discorde del señor senador Gargano que recoge la opinión de destacados juristas de nuestro país en el que se hacen conocer objeciones a este Tratado. Esto, señor Presidente, no debe sorprendernos. Como dije, estamos ante un problema difícil de carácter jurídico como es el de la conciliación de dos sistemas diferentes, no solamente en el aspecto conceptual y filosófico, sino también en lo operativo y práctico. Sin embargo, considero que la naturaleza del tema justifica el esfuerzo para sobreponernos a esas dificultades y llegar a soluciones de equilibrio.

Entrando en el análisis de las disposiciones principales del Tratado, las que voy a señalar esquemáticamente, mencionaré, en primer término, las que refieren al ámbito de aplicación del mismo.

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 1º, se establece que este Tratado es para la cooperación y asistencia mutua y para la investigación y enjuiciamiento de delitos, así como para los procedimientos relacionados con asuntos penales. Al decir investigación y enjuiciamiento de delitos, se refiere al espectro amplio de todos los delitos. En determinado momento se pensaba que una de las soluciones podría ser la de abordar algunos de los delitos más frecuentes. En la negociación se optó por una fórmula amplia que implica la investigación y enjuiciamiento de delitos y también los procedimientos penales, ambos en forma general.

Sin embargo, esta definición de carácter amplio tiene una limitación que deriva del artículo 5º, el cual excluye algunas formas delictivas del ámbito de aplicación del Tratado. Se trata, específicamente, de los delitos militares, políticos o conexos con ellos. Y los de naturaleza tributaria. Asimismo, se excluyen aquellas solicitudes de asistencia que sean contrarias a la seguridad, al orden público u otros intereses esenciales del Estado requerido. Es decir que, en cuanto al ámbito de aplicación, tenemos una definición amplia que abarca la asistencia en todos los delitos y en las actividades relacionadas con procedimientos penales en general, pero se excluye de ella lo relativo a delitos militares, políticos o conexos con ellos, los de naturaleza tributaria y aquellas gestiones que pudieran afectar la seguridad, el orden público y los intereses esenciales del Estado.

Un segundo punto que es necesario destacar es el relacionado con la doble incriminación. Cabe señalar que éste es uno de los temas sobre el que hubo discrepancia en el seno de la Comisión, y que el señor senador Gargano ha analizado prolijamente en su informe en minoría basándose en los comentarios del profesor Fernández.

Como se sabe, normalmente, en los Tratados que regulan la extradición, se hace referencia a que para que ésta sea procedente es necesario que el delito por el cual se requiere la extradición de una persona, lo sea también en el Estado requerido. El convenio que nos ocupa en el numeral 2) del artículo 1º estipula que la asistencia se prestará sin considerar si la conducta que motiva la investigación, enjuiciamiento o procedimiento en el Estado requirente, constituye o no delito conforme a la legislación del Estado requerido. Es decir que según este artículo no se requiere la doble incriminación.

Esto es así, porque se trata de un convenio que regula la asistencia y la cooperación en materia judicial y penal, en asuntos penales en general, pero que no se refiere a la extradición de personas. No se solicita que alguien sea llevado de un Estado a otro para ser juzgado por un delito que no lo es en el Estado requerido, sino que se pide la asistencia del Estado requerido para que éste coopere en la investigación y en los procedimientos penales que se desarrollan en el Estado requirente para el castigo de esos delitos. Insisto, no se trata de que la persona sea extraditada por ese motivo.

El informe del señor senador de Posadas Montero señala que esta solución está de acuerdo con lo que sostienen algunas de las corrientes más modernas en el Derecho Internacional específicamente relacionado con la materia penal. En ese sentido, el informe en minoría en la parte que transcribe la opinión del doctor Fernández en el numeral 11, que figura en la página 46, dice que sí, que es cierto que las modernas orientaciones internacionalistas distinguen de la materia tradicional de la extradición la llamada "entreayuda judicial". Por cierto, continúa criticando este concepto pero coincide con lo que señala el informe en mayoría en cuanto a que las corrientes modernas tienden a distinguir la situación de los convenios que regulan la extradición de aquellos que reglamentan la ayuda. Y estos últimos, evidentemente, no tienen una significación tan profunda y enérgica como la que posee el Tratado de extradición.

Cabe señalar, además, que el artículo 21 del Tratado exige que en aquellos casos en que se trata de aplicar medidas coercitivas en el Estado requerido, recobre su vigencia el principio de doble incriminación. En su párrafo 1º, el artículo 21 dice: "El estado requerido cumplirá la solicitud relativa a registro, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, si la Autoridad competente determina que la solicitud contiene la información que justifique la medida propuesta. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva del Estado requerido". De esta manera, en el caso de aplicar medidas coercitivas, también se protege la jurisdicción nacional.

Otro comentario de carácter general, señor Presidente, se refiere a los principios de territorialidad y oficialidad que están reconocidos en el numeral 3º del artículo 1º. Este artículo establece que el Tratado no faculta a las autoridades o a los particulares del Estado requirente a emprender en el territorio del Estado requerido funciones que conforme a las leyes internas están reservadas a sus autoridades.

Siempre dentro de las consideraciones de carácter general, quería hacer referencia a que en el preámbulo del Tratado -que, de conformidad con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del año 1969, es un elemento válido para la interpretación del contexto del Tratado- se especifica que las partes han resuelto, sobre la base de los principios de soberanía nacional, de igualdad de derechos y ventajas mutuas, concluir un Tratado, etcétera. O sea que los principios de soberanía nacional e igualdad de derechos y ventajas mutuas iluminan el texto del Tratado y sus disposiciones específicas, en virtud de lo preceptuado por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Ahora me referiré concretamente a la asistencia prevista en el Tratado. El artículo 2º señala con precisión -y no voy a darle lectura- cuáles son las medidas concretas de asistencia que pueden ser solicitadas. En los artículos 13 a 23, correspondientes al Capítulo III, se desarrollan cada una de esas medidas enumeradas por el artículo 2º. Quiere decir que el Convenio determina claramente las medidas, acciones y actos que el Estado requirente podrá solicitar del Estado requerido, los nombra expresamente y luego los desarrolla, no sólo describiendo con minuciosidad el contenido de cada uno de ellos. El artículo 6º, por su parte, establece cuáles son las formalidades que debe contener la solicitud, de modo tal que no se trate de una cualquiera, sino que debe reunir todos los elementos detallados en este extenso artículo, que además de dos numerales tiene literales que van hasta la letra h.

A su vez, es importante destacar que el artículo 7º preceptúa que las solicitudes se cumplirán de conformidad con la ley del Estado requerido, salvo disposiciones en contrario del presente Tratado. O sea que se enumeran las medidas concretas que se pueden pedir, se describe detalladamente el contenido de estas medidas y se define claramente que ellas se cumplirán conforme a la ley del Estado requerido.

De todos modos, al margen de estos comentarios de carácter general, corresponde detenernos un momento en el tema de los testigos, que es uno de los que puede suscitar mayor dificultad o controversia. La comparecencia de los testigos está regulada considerando dos situaciones diferentes una de las cuales es que el testigo sea interrogado en el Estado requerido y otra, que se solicite al Estado requerido el traslado del testigo hacia el Estado requirente. También se distingue entre la situación de que el testigo esté en libertad, es decir, al margen de procedimientos penales o que esté sujeto a uno de tales procedimientos. El testimonio en el Estado requerido está disciplinado en el artículo 16 que preceptúa que la persona cuya declaración se solicite será obligada a comparecer, pero lo será conforme a las leyes del Estado requerido y ante autoridad competente. Si se solicitara, en cambio, el traslado del testigo al Estado requirente, es necesario que el testigo manifieste por escrito su conformidad con el traslado. A la vez, el artículo 19 prevé un mecanismo de salvoconducto, o sea, que el testigo que es trasladado al Estado requirente en ningún caso podría ser enjuiciado o procesado por delitos anteriores a su salida del territorio del Estado remitente, ni ser requerido para declarar o dar testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud, o ser detenido o enjuiciado en base a la declaración que preste, salvo en caso de desacato o falso testimonio. De modo que el testimonio de una persona en el Estado requerido es obligatorio; deberá concurrir, será obligado a comparecer, pero de acuerdo con la ley de dicho Estado y ante la autoridad competente. En caso de que sea trasladada al otro Estado, se necesita su conformidad expresada por escrito.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Estoy escuchando atentamente la exposición del señor senador Blanco, que desgrana con mucha claridad y certeza las disposiciones contenidas en el proyecto de ley que estamos considerando.

Como ha abordado el tema del testimonio, me gustaría agregar un elemento que puede ser polémico pero es también importante y está vinculado con el principio de la delimitación territorial de jurisdicción. Precisamente, es el que se refiere a la posibilidad de que en el Estado requerido personas del Estado requirente puedan realizar interrogatorios o participar en estas actividades de carácter procesal en concurrencia con la actividad judicial interna. Esto es importante, en el entendido de que podría existir alguna discrepancia en virtud de que, en algunos sectores, se cuestiona esta participación que estaría vulnerando o afectando la independencia o la actividad del Poder Judicial del Estado requerido.

El artículo 16.3 del Tratado posibilita la presencia de funcionarios designados por el Estado requirente durante el cumplimiento de la medida. Estos funcionarios pueden intervenir durante el interrogatorio de las personas cuyo testimonio haya de recibirse pero, en todo caso, es importante establecerlo con sujeción a las leyes del Estado requerido. Además, este es un elemento que ha tenido tradición en el país. Precisamente, en muchas circunstancias se ha permitido este tipo de actividad que, desde nuestro punto e vista -más allá de las discrepancias que puedan surgir- no afecta la independencia ni la separación de los Poderes, ni en particular la actividad del Poder Judicial. Digo esto a modo de contribución para ubicarlo en el ámbito de la territorialidad y de la declaración del testigo en el Estado requerido y pido disculpas al señor senador Blanco por interrumpir su exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Agradezco el comentario hecho por el señor senador Abreu y creo que es muy oportuno que lo haya formulado.

En el informe en minoría también se hacen comentarios sobre este punto y me parece -como lo ha hecho el señor senador Abreu- que debemos referirnos a este tema, ya que es uno de los puntos importantes del Convenio.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Cuando dé mi punto de vista sobre el asunto que estamos considerando profundizaré más en el tema.

Deseo hacer una precisión en el sentido de que no está en la tradición jurídica de nuestro país que el personal ajeno al Estado requirente pueda venir a realizar funciones de interrogador en un proceso judicial uruguayo. Es decir que su inclusión es una novedad. Quizás a lo que se refiere el señor senador Abreu -esto podríamos compartirlo- es a otro antecedente que existe en la Comisión de Asuntos Internacionales que se relaciona con la colaboración de tipo pragmática que se da entre las autoridades policiales. Personalmente, no descarto que en determinadas circunstancias e inclusive fuera del marco legal se produzca cierta colaboración o asistencia que no está regulada por disposición legal alguna y que se materialice. Pero, repito, esto jamás se ha dado en el plano judicial.

Deseaba hacer esta aclaración como antecedente de lo que expresaré luego.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Blanco.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Si el señor Presidente me permite le concedo una interrupción al señor senador Abreu; pero pediría que luego no se me solicitaran más interrupciones a fin de continuar con mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU. - Deseo hacer una aclaración ya que puede dar la impresión de que mi aseveración no tenía fundamento. La alusión que ha realizado el señor senador Gargano es de tal contundencia que cuestionaría las manifestaciones que formulé hace un momento.

Como respaldo de la posición que he sostenido cuento con la opinión jurídica del profesor de derecho penal y catedrático de la Facultad de Derecho, doctor Cervini. El dice textualmente: "En el caso del Uruguay, su intervención no será directa" -es decir que van a participar en este interrogatorio o en la actividad judicial- "sino que se plasmará a través de preguntas que se plantearán en primera instancia al Juez uruguayo actuante y éste formulará al interrogado, de considerarlas procedentes". El doctor Cervini agrega: "Esta práctica de cooperación judicial tiene larga data en nuestros Tribunales. Recordamos diversos procedimientos penales que involucraban hechos, características trasnacionales, donde Fiscales de Holanda, Italia e Inglaterra, entre otros, presenciaron declaraciones de los indagados y sugirieron preguntas complementarias al Juez nacional de la causa".

Simplemente, sin ánimo de entrar en polémicas, deseaba aclarar el fundamento que dio lugar a mi intervención.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Como decía hace un momento, cabe señalar con toda franqueza, que esto es un punto sensible. Sin embargo estimo que por los fundamentos que expuso el señor senador Abreu que la forma como está resuelto en el convenio es adecuada.

Hay que destacar que todo el procedimiento se realiza en presencia del magistrado según lo establecido por la ley del Estado requerido. En el caso que éste se efectuara en nuestro país, se trataría del Estado uruguayo. Entonces esta práctica que en los hechos se habría dado en determinadas ocasiones, en el Convenio tendría una regulación precisa y la audiencia sería presidida por un magistrado nacional, actuando y operando de conformidad con los procedimientos de nuestro Derecho interno procesal y sustancial.

Con respecto al tema de la asistencia, ya he señalado los principios de carácter general del Convenio, en el sentido de que todas las medidas de asistencia referidas se cumplirán de conformidad con la ley del Estado requerido. Esto da la garantía de que el ordenamiento jurídico nacional, en el caso de que el Uruguay sea el Estado requerido, permanezca incólume y no se vea afectado por la dificultad de conciliación de sistemas jurídicos que pertenecen a troncos diferentes.

El informe elaborado por el doctor de Posadas Montero también hace mención al tema de la responsabilidad que está contenido en el artículo 26, que fue incluido a solicitud de la delegación uruguaya en las negociaciones correspondientes. En esta disposición se define que es la ley interna de cada parte la que regula la responsabilidad por daños que emerjan de los actos de sus autoridades en la ejecución de este Tratado. También allí se dice que ninguna de las partes será responsable por los daños que puedan surgir de actos de las autoridades de la otra parte.

Por último, señor Presidente, me gustaría hacer un comentario final con respecto a las autoridades competentes que han de intervenir en la prestación de la asistencia. El artículo 4º del Convenio expresa: "La asistencia de que trata el presente Tratado se prestará a través de las respectivas Autoridades Centrales de las Partes.

Atento a la diversidad de los sistemas jurídicos de las Partes, las solicitudes formuladas por una Autoridad Central al amparo del presente Tratado, se basarán en pedidos de asistencia de aquellas autoridades del Estado requirente encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos". Quiero detenerme donde se habla de la solicitud de asistencia en el seno del Estado requirente. En el caso de los países de Derecho Civil será una autoridad judicial, mientras que en el de los de Derecho Anglosajón podrá ser también una autoridad administrativa de las Fiscalías o investigadores dependientes de esa rama de la Administración, en el sistema del "Common Law". Entonces, el Convenio -esto es preciso señalarlo- reconoce la legalidad y procedencia de solicitudes que emanen de autoridades judiciales o administrativas, es decir de la autoridad competente en el interior o de acuerdo con el orden jurídico del Estado que lo requiere. Luego dicha solicitud es cursada a la llamada Autoridad Central del Estado requirente, la que directamente se podrá comunicar con la Autoridad Central del Estado requerido. En el Uruguay la Autoridad Central será el Ministerio de Educación y Cultura y, en los Estados Unidos de América lo será el Procurador General o las personas designadas por él. La figura de la Autoridad Central tiene precedentes en materia de Derecho Civil y, también en esta rama la Autoridad Central es el Ministerio de Educación y Cultura. Por ello en la elaboración de este documento, se ha preferido que sea en esta misma rama de la Administración en la que existe experiencia en la materia donde se ubique asimismo, la Autoridad Central en este Convenio. Sin embargo -ello se señala en el informe en minoría y es verdad- el antecedente se refiere a la Autoridad Central en materia civil y no en materia penal. La Autoridad Central en materia civil tiene facultades más restringidas que la prevista en este Convenio. En efecto, la Autoridad Central en materia civil, en realidad, obra como un expediente operativo práctico a fin de acelerar los trámites y las gestiones, pero sin la posibilidad de detener el curso de las solicitudes de asistencia. En cambio, la Autoridad Central prevista en el artículo 4º del Convenio puede rehusar, en los casos señalados en el Art. 5º, la realización de la concesión de la asistencia.

Al comienzo de mi exposición señalé los límites para el ámbito de aplicación del Tratado. Este abarca todos los delitos y la cooperación en todos los procedimientos penales, con la excepción de algunos casos que se mencionan en el artículo 5º. A la Autoridad Central del país de que se trate corresponderá aplicar o invocar las excepciones del artículo 5º para rehusar la colaboración que se le requiera de conformidad con el Tratado.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Abreu)

-A mi juicio es conveniente señalar -y ello se menciona en el informe del doctor de Posadas Montero- que este elemento de Autoridad Central, lejos de debilitar lo que podría ser la garantía de que permanezca incólume el orden jurídico nacional y de que no sean vulnerados sus principios fundamentales, es una garantía adicional, ya que la Autoridad Central en vía administrativa juzgará, en primer lugar, la pertinencia de la solicitud y, luego, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico deberá girar esa solicitud a la autoridad competente. Normalmente -no se me ocurre una hipótesis en la que no lo sea- será un Juez, quien se encargará de la tramitación del cumplimiento de ese pedido de asistencia. Ese pedido de asistencia, de acuerdo con el artículo 7º, será cumplido de conformidad con las leyes del Estado, de tal suerte que habría un doble filtro a un pedido de asistencia proveniente de los Estados Unidos, en el caso de que Uruguay fuera el país requerido: el primero de ellos estaría representado por la Autoridad Central y, el segundo, por el Magistrado judicial interviniente en la aplicación de la medida que se solicita.

En síntesis, señor Presidente, considero -y ese ha sido el criterio mayoritario de la Comisión de Asuntos Internacionales- que el Tratado es un instrumento adecuado para contribuir a la lucha contra algo tan grave como lo es el crimen organizado de carácter transnacional, que abarca ilícitos de notoriedad como el narcotráfico, que tiene enorme impacto en todas las sociedades y que convoca y estimula a la acción solidaria y cooperativa de los Estados. Además, este instrumento mantiene el necesario equilibrio entre los principios jurídicos de dos sistemas que, tenemos que reconocerlo, son diferentes y, por lo tanto, ofrecen dificultades en esa juntura de esquemas jurídicos y procesales distintos, para su inserción y complementación. Pero, en función de los criterios expuestos como principios cardinales del convenio, la Comisión en mayoría estima que los elementos sustanciales de nuestro sistema jurídico están debidamente atendidos, al tiempo que se crea un instrumento adecuado para la lucha contra estas formas modernas y lamentables de delincuencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - Tiene la palabra el señor senador.

14) EMBAJADA DE ISRAEL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Atentado.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Pido excusas al señor senador Gargano y al Cuerpo porque mi intervención, que será brevísima, de alguna manera margina el Reglamento.

Se nos acaba de informar que se ha producido un atentado muy grave contra la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, con la explosión de un cochebomba, que afectó, incluso, viviendas vecinas, entre ellas, a una escuela y a un asilo de ancianos.

Quien habla se comunicó telefónicamente con el señor Embajador de Israel en nuestro país, quien milagrosamente salvó su vida, ya que se retiró de la Embajada 15 minutos antes de que estallara la bomba con el fin de regresar al Uruguay.

No formulo ninguna moción porque creo que debemos tener un mayor conocimiento del asunto; sin embargo, pediría que, en todo caso, para la sesión ordinaria de mañana, la Comisión de Asuntos Internacionales, luego de informarse de las características de este acto, prepare un proyecto de declaración repudiando un hecho de esta naturaleza y gravedad.

Agradezco al señor senador Gargano la interrupción concedida.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - Se procederá de acuerdo con lo solicitado.

Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Muchas gracias, señor Presiente.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Deseo plantear algo relacionado con el trabajo del Cuerpo. En la tarde de hoy se va a realizar en la ciudad de Las Piedras, un homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, nominándose una de las calles de esa localidad con su nombre. Por tal motivo, legisladores del Partido Nacional asistiremos a dicho ato y, en consecuencia, señalamos la necesidad de solicitar que el Senado pase a cuarto intermedio o finalice su sesión, para cumplir con tal compromiso. Advertimos al señor senador Gargano que, en el caso de que su exposición supere las 18 y 30 horas, debemos retirarnos de Sala y no queremos interrumpirlo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - En primer lugar, quiero expresar mi absoluta solidaridad con el planteo formulado por el señor senador Cassina en relación con que la Comisión de Asuntos Internacionales elabore y presente, en la sesión de mañana, un proyecto de declaración relativo al atentado de que ha sido objeto la Embajada de Israel en Buenos Aires.

En segundo término señalo que no he medido el tiempo que va a insumir mi exposición. De todas formas, creo que si restan cuarenta minutos para que la bancada del Partido Nacional solicite un cuarto intermedio, pienso que sería mejor plantearlo ahora y continuar con el tema en la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Sergio Abreu). - La Mesa cree que lo atendible sería pasar a cuarto intermedio hasta el día de mañana ya que, más allá de la intervención del señor senador Gargano, seguramente habrá interrupciones que podrían hacer que se extienda la hora en que debe retirarse de Sala el señor senador Santoro. De manera que, si el Cuerpo está de acuerdo, pasaríamos a cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Formulo moción en el sentido de que se levante la sesión y se prosiga mañana con la consideración del orden del día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia interpreta que lo que corresponde hacer es lo que dice el señor senador Santoro. En el día de mañana hay sesión ordinaria y, por lo tanto, no tiene sentido pasar a cuarto intermedio, en cuyo caso además no habría hora previa.

Se va a votar la moción presentada por el señor senador Santoro en el sentido de levantar la sesión.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace siendo las 17 y 52 minutos presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abadie, Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Gargano, Irurtia, Korzeniak, Librán Bonino, Pereyra, Pérez, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet y Urioste).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan A. Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.