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Nº 167 - TOMO 346 - 12 DE MARZO DE 1992

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

94ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y el PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 6) Exposición escrita

- La formula el señor Senador Singlet para ser enviada al Ministerio de Defensa Nacional relacionada con la suspensión de las transmisiones que venía efectuando T.V. Cable Limitada en la ciudad de Sarandí del Yí.
- Se resuelve afirmativamente.

5) Solicitud de sesión y levantamiento del receso

- La formulan varios señores Senadores.
- Se resuelve celebrar sesión.

7) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Abreu por el término de 31 días.
- Concedida.

8) Integración del Cuerpo

- Los señores Pedro Juan Forné y Enrique de Fuentes, suplentes convocados del señor Senador Abreu comunican que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
- Encontrándose en antesala el Contador Pintos, suplente convocado del señor Senador Abreu, se le invita a pasar al Hemiciclo para prestar el juramento de estilo, declarándosele incorporado al Cuerpo.

9) Banco de Previsión Social. Regularización de adeudos por parte de sus contribuyentes

- En consideración.
- Manifestaciones del miembro informante, señor Senador Cassina.
- Intervenciones de varios señores Senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 10 de marzo de 1992.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores Senadores, el próximo jueves 12, a la hora 16, a fin de hacer cesar el receso y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se regularizan los adeudos por parte de los contribuyentes del Banco de Previsión Social.

(Carp. Nº 719/92 - Rep. Nº 346/92)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Batalla, Blanco, Bouza, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Librán Bonino, Millor, Pérez, Pintos, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, el señor Senador Abreu y con aviso, los señores Senadores Astori y Belvisi.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 7 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 12 de marzo de 1992.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

complementario del que fuera enviado con fecha 13 de enero de 1992, tendiente a la regularización de adeudos por parte de los contribuyentes del Banco de Previsión Social.

-Oportunamente pasó a estudio de la Comisión de Hacienda integrada con la de Asuntos Laborales y Seguridad Social a fin de que se agreguen a sus antecedentes.

por el que se aprueba el Protocolo para la solución de Controversias en el Mercado Común del Sur, "Protocolo de Brasilia" entre los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

por el que se declara de utilidad pública la expropiación del inmueble, terreno y construcciones, sito en la 2da. Sección Judicial de Montevideo.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se designa a la Escuela Nº 267 de 1er. Grado de Montevideo con el nombre "País Vasco".

-A la Comisión de Educación y Cultura.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas acusa recibo de las palabras pronunciadas en Sala por el señor Senador Danilo Astori, relacionadas con distintas deficiencias en la Villa de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo.

-Oportunamente le fue entregado al señor Senador Danilo Astori.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite el informe solicitado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social relacionado con el proyecto de ley por el que se adoptan medidas de amparo a la maternidad.

-Oportunamente le fue entregado a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor Senador José Korzeniak, relacionada con el cargo de Encargado de la Unidad Operativa Departamental de Artigas de la Dirección General Impositiva en virtud de su vacancia.

-Oportunamente fue entregado al señor Senador José Korzeniak.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por los señores Senadores Dante Irurtia y Walter Riesgo relacionada con los motivos que determinaron el traslado de la cabina telefónica ubicada en Arroyo Blanco, departamento de Rivera.

-Oportunamente le fue entregado a los señores Senadores Dante Irurtia y Walter Riesgo.

El señor Senador Jaime Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

al Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionadas con la situación de la empresa ONDA, con el llamada a licitación para el otorgamiento de líneas nacionales e internacionales y con la situación de los trabajadores y ex-trabajadores de dicha empresa y;

al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con las obras de abastecimiento de agua potable a Pajas Blancas.

-Oportunamente fueron tramitados.

El señor Senador Reinaldo Gargano de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, solicita se curse un pedido de informes, al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Desconcentrado de Educación Técnico-Profesional, relacionado con la supresión de horas de docencia compartida.

-Oportunamente fue tramitado.

El señor Senador José Korzeniak, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas sobre si es que se han impartido instrucciones a la Contaduría General de la Nación para que no se paguen los aumentos correspondientes al mes de febrero que resulten de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 16.226, y que fueran impugnadas por inconstitucionalidad por el Poder Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia.

-Oportunamente fue tramitado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, los señores Senadores Pablo Millor y Dante Irurtia solicitan se curse un pedido de informes al Banco Hipotecario del Uruguay relacionado con las características diferenciales que determinan las categorías de las viviendas.

-Oportunamente fue tramitado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, los señores Senadores, Mariano Arana, Germán Araújo, Danilo Astori, Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, José Korzeniak y Jaime Pérez solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes:

Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas: relacionados con las copias de los certificados de necesidad presentados en 1991 por las empresas de transporte colectivo urbano, y con la Licitación Pública Nº 1/92 para la compra de omnibuses urbanos, suburbanos y departamentales.

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionados con el monto de eventuales deudas con el Banco de Previsión Social de las empresas ONDA, ONDA CARGO, ONDA TOUR, EL PAIS y Ediciones de la Plaza S.A.; y con la nómina de funcionarios y profesionales universitarios ingresados al seguro de paro durante 1991 y 1992 provenientes de la empresa COOPTROL.

Al Ministerio de Industria y Energía, relacionado con la evolución de los precios al consumidor del gas-oil y la energía eléctrica, desde enero de 1990 a la fecha; consumo de energía eléctrica anual de la empresa COOPTROL en los años 1988 a 1991.

Al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con los últimos balances de la empresa COOPTROL y nombre del contador público de la empresa, a la fecha de su cierre.

-Procédase como se solicita.

La Embajada de la República Popular Democrática de Corea remite nota por la que, por encargo de la Asamblea Popular Suprema de dicha República, invita a una delegación parlamentaria compuesta por dos personas encabezadas por el señor Presidente o alguno de los Vicepresidente, para asistir a la conmemoración del 80 aniversario del natalicio del Presidente de dicho país, señor Kim II Sung.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales".

4) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - De conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento, el señor Senador Manuel María Singlet solicita se curse una exposición escrita al de las transmisiones que venía efectuando TV Cable Limitada, en la ciudad de Sarandí del Yí.

Una vez que se resuelva si se desea realizar sesión, se votará la solicitud del señor Senador Singlet.

5) SOLICITUD DE SESION Y LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE. - Los señores Senadores Raffo, Astori, Abreu, Blanco y Arana han solicitado la convocatoria del Cuerpo a fin de hacer cesar el receso y considerar el proyecto de ley por el que se establece un régimen de refinanciación de los adeudos de los contribuyentes del Banco de Previsión Social.

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 10 de marzo de 1992.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

Los abajo firmantes solicitamos a usted se cite al Senado, para el próximo jueves 12, a la hora 16, a fin de hacer cesar el receso y considerar el proyecto de ley por el que se regularizan los adeudos por parte de los contribuyentes del Banco de Previsión Social. (Carpeta Nº 719/92).

Saludamos a usted muy atentamente.

Abreu, Arana, Astori, Blanco, Raffo. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se levanta el receso y se resuelve celebrar sesión a efectos de considerar el asunto que en la misma solicitud se menciona.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierta la sesión. En primer término se va a votar la solicitud de envío de exposición escrita presentada por el señor Senador Singlet relacionada con la suspensión de las transmisiones que venía efectuando la firma TV Cable Ltda. En la ciudad de Sarandí del Yí.

(Se vota:)

-20 en 24. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 12 de marzo de 1992.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De acuerdo a lo establecido en el Art. 166 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito se curse la siguiente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional.

Deseamos dar traslado a la preocupación que nos han hecho llegar numerosos vecinos de la ciudad de Sarandí del Yí que se sienten afectados por la suspensión de las transmisiones que venía efectuando el TV Cable Ltda., de acuerdo a la resolución adoptada por el Ministerio.

Al no existir una legislación en la materia; al incursionar en nuestro medio esta forma de comunicación, resulta razonable la intención del Ministerio de Defensa Nacional de regular las concesiones y condiciones de funcionamiento de la televisión por cable que se ha instalado en la generalidad de los casos por la iniciativa de vecinos de cada zona que recogen una experiencia que ha alcanzado gran difusión en países limítrofes y que ya tiene también un importante desarrollo en el nuestro.

Este sistema, cuya instalación significa una inversión considerable para sus propulsores, representa una fuente de trabajo nada desdeñable en las actuales circunstancias y ha encontrado especial receptividad en aquellas localidades en las que no se captan otros canales por lo menos con cierta regularidad.

Tal es el caso de Sarandí del Yí, cuyos habitantes, sin el servicio de TV Cable quedan prácticamente al margen de un medio de comunicación de tanta importancia en la vida moderna, como la televisión y aspiran, creemos que con razón, a una revocación de la Resolución de ese Ministerio para que pueda rehabilitarse a la brevedad, este servicio importante para la comunidad, así sea en forma precaria y hasta que se otorgue la concesión con carácter definitivo.

Es evidente que la actual situación, provoca un perjuicio a la población.

Dejamos constancia que en la nota que suscriben aproximadamente un millar de ciudadanos -lo que evidencia la importancia que asignan a la gestión- se expresa total conformidad con la forma en que se ha venido prestando el servicio, y cabe acotar además que oportunamente, la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Durazno -esta última por unanimidad- declararon de "interés departamental" al TV Cable de Sarandí del Yí.

Considerando que existen razones valederas que avalan la solicitud de los vecinos. Le saluda atentamente.

Manuel M. Singlet. Senador".

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Abreu solicita licencia por el término de 31 días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de marzo de 1992.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. licencia reglamentaria a partir del 12 de marzo próximo y por el término de 31 días.

Motiva esta solicitud el hecho de integrar la delegación parlamentaria a la Conferencia Internacional sobre el Estado de la Democratización en el Conosur a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile.

Sin otro particular lo saludo muy atentamente.

Sergio Abreu. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un desistimiento ante una convocatoria efectuada.

(Se da del siguiente:)

"El Contador Pedro Juan Forné, suplente convocado del señor Senador Abreu, comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 12 de marzo de 1992.

Señor Presidente del
Senado de la República
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, quien suscribe, Cr. Pedro Juan Forné, suplente del señor Senador Sergio Abreu, comunica a Ud. que a los efectos pertinentes, se tome nota que por esta vez no hará uso de la suplencia respectiva.

Reitera, su consideración más distinguida.

Cr. Pedro Juan Forné".

-Téngase presente.

Dése cuenta de otro desistimiento ante una convocatoria efectuada.

(Se da del siguiente:)

"El Señor Enrique de Fuentes, suplente convocado del señor Senador Abreu, comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 12 de marzo de 1992.

Señor Presidente del
Senado de la República
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, quien suscribe, don Enrique de Fuentes, suplente del señor Senador Sergio Abreu y del Cr. Pedro Juan Forné, comunica a Ud. que a los efectos pertinentes, se tome nota que por esta vez no haré uso de la suplencia respectiva.

Reitera, su consideración más distinguida.

Enrique de Fuentes".

-Téngase presente.

Corresponde convocar al siguiente suplente que es el señor contador Gustavo Pintos. Encontrándose el mismo en antesala se le invita a pasar al Hemiciclo para prestar el juramento reglamentario e incorporarse al Cuerpo.

(Entra a Sala el señor contador Pintos)

-El Senado y la Barra se ponen de pie.

(Así se hace)

-Señor contador Gustavo Pintos: "¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?"

SEÑOR PINTOS. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - "¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR PINTOS. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

9) BANCO DE PREVISION SOCIAL. Regularización de adeudos por parte de sus contribuyentes.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el único punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se regularizan los adeudos por parte de los contribuyentes del Banco de Previsión Social. (Carp. Nº 719/92 - Rep. Nº 346/92).

(Antecedentes:)

"Carp. N° 719/92
Rep. N° 346/92

Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 11 de marzo de 1992.

Señor Presidente de la
Asamblea General
Doctor Gonzalo Aguirre Ramírez

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese alto Cuerpo el proyecto de ley, que se acompaña, complementando el que fuera enviado con fecha 13 de enero de 1992 tendiente a la regularización de adeudos por parte de los contribuyentes del Banco de Previsión Social y que se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda integrada de la Cámara de Senadores.

El mismo tiene por objetivo la obtención de los recursos para financiar el aumento salarial extraordinario que el Poder Ejecutivo estaría facultado a otorgar en mérito al texto adjunto.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Carbone, Ignacio de Posadas Montero.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 15.809 de 8 de abril de 1986, el Poder Ejecutivo podrá, por única vez, adecuar las remuneraciones de los funcionarios de los incisos 02 al 14, en período menor de tres meses, ajustándose a las disposiciones de dicha norma.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Alvaro Carbone, Ignacio de Posadas Montero.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Los contribuyentes al Banco de Previsión Social con obligaciones tributarias impagas devengadas hasta el 31 de diciembre de 1991, podrán acoger al régimen de refinanciación que establece la presente ley.

Para poder acceder al régimen, deben demostrar aportes consecutivos por sus obligaciones corrientes, durante seis meses.

Los que, a la fecha de promulgación de la presente ley, estén en esa situación, dispondrán de un plazo de 30 (treinta) días, a contar de dicha fecha, para presentar una declaración jurada de lo adeudado y expresar su propósito de ampararse al régimen.

Aquellos contribuyentes que aún no han registrado aportes por sus obligaciones corrientes durante seis meses, dispondrán de un plazo de 30 (treinta) días para presentarse con posterioridad al sexto mes de pago de contribuciones consecutivas.

En el caso de las empresas rurales, la refinanciación comprenderá lo adeudado, y el derecho a presentarse para acogerse al régimen, se generará cuando hayan existido dos aportes consecutivos, por sus obligaciones corrientes.

En el caso de deudas por aportes a la construcción, en que la misma haya finalizado o se encuentre paralizada y, en general, en casos de adeudos de empresas clausuradas, se dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días, para presentarse, desde la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 2º. - La declaración jurada estimará la deuda total, con exclusión de multas y recargos, calculada en base a la suma de las obligaciones impagas de cada año, convertidas a dólares estadounidenses al tipo de cambio comprador interbancario del último día hábil del año respectivo, a lo que se le agregará un recargo anual del 5% (cinco por ciento).

Art. 3º. - El monto resultante de la declaración jurada, con los ajustes que pudieran corresponder a juicio del Banco de Previsión Social, podrá ser pagado hasta en 120 (ciento veinte) cuotas mensuales y consecutivas, la primera de las cuales deberá abonarse conjuntamente con la presentación de la declaración jurada, y las demás, conjuntamente con las obligaciones corrientes, a partir del mes siguiente.

En los casos de empresas rurales, el monto resultante podrá ser abonado hasta en 40 (cuarenta) cuotas trimestrales, la primera de las cuales será abonada conjuntamente con la presentación de la declaración jurada y las siguientes conjuntamente con las obligaciones corrientes, a partir del vencimiento posterior al pago de la primera cuota.

Art. 4º. - El contribuyente podrá optar en forma irrevocable por uno de los siguientes sistemas de pago:

A) El monto resultante en dólares estadounidenses se dividirá en tantas cuotas como determine el contribuyente, con los máximos indicados, devengando un interés anual del 5% (cinco por ciento) por los saldos deudores. Las cuotas se convertirán en Nuevos Pesos al tipo de cambio comprador interbancario del último día hábil del mes anterior al del vencimiento de cada una de ellas.

B) El monto resultante en dólares estadounidenses se convertirá a Nuevos Pesos al tipo de cambio comprador interbancario del día de vigencia de la presente ley, y se dividirá en tantas cuotas como determine el contribuyente, con los máximos indicados. El monto así convertido devengará un interés anual sobre saldos equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) de las tasas medias de interés anual efectivo del mes anterior, del mercado de operaciones corrientes de créditos bancarios en moneda nacional no reajustable, publicadas por el Banco Central del Uruguay para el mes de diciembre de 1991. Dicho interés de financiación será modificado si las tasas publicadas en diciembre de cada año sufrieran variaciones en más o en menos, que superasen el 20% (veinte por ciento) de las vigentes en el convenio a esa fecha.

Art. 5º. - La falta de pago de 3 (tres) cuotas consecutivas de refinanciación u obligaciones corrientes por el mismo lapso, determinará la caducidad de la refinanciación y será exigible la totalidad de lo adeudado originariamente, con las multas y recargos correspondientes, tomándose las cuotas abonadas como pago a cuenta.

En el caso de las empresas rurales la caducidad referida se producirá por el incumplimiento de un trimestre a la fecha de hacerse exigible el pago correspondiente al siguiente trimestre.

Por única vez, podrá rehabilitarse el convenio incumplido, siempre que se salden, previamente, las cuotas vencidas a la fecha de rehabilitación, acrecidas con las multas y recargos originados por el atraso en el pago.

Art. 6º. - Los montos estimados por el contribuyente serán objeto de reliquidación por el Banco de Previsión Social y si se comprobara una diferencia entre los montos de los tributos declarados por el deudor y el determinado por la Administración que supere el 25% (veinticinco por ciento) de aquél, dicha diferencia, más los cargos y multas correspondientes deberá ser regularizada dentro de los 30 (treinta) días de notificado el deudor. El importe de las multas que perciba el Banco de Previsión Social será adjudicado al avaluador o al personal de fiscalización que compruebe la diferencia mencionada.

La regularización referida podrá realizarse, a opción del deudor, pagando al contado o en la forma dispuesta por el artículo 32 del Código Tributario.

Si el contribuyente no regularizara la deuda en el plazo establecido, quedarán sin efecto las facilidades otorgadas al amparo de esta ley y se procederá al inmediato cobro judicial de lo adeudado originariamente.

Si la diferencia comprobada no supera el 25% (veinticinco por ciento) referido, la misma se incluirá en el monto adeudado y se procederá a suscribir un nuevo convenio de pagos tomándose las cuotas abonadas como pago a cuenta.

Art. 7º. - Las acciones judiciales que el Banco de Previsión Social hubiere iniciado para el cobro de los tributos, multas y recargos contra los contribuyentes que se acojan a la refinanciación de la presente ley, quedarán en suspenso mientras exista un cumplimiento regular de las cuotas de refinanciación y obligaciones corrientes, manteniéndose los embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio de las reinscripciones que correspondan.

Durante la suspensión de los procedimientos no correrá el plazo de la perención de la instancia.

El régimen de refinanciación previsto en esta ley no afectará las garantías reales otorgadas en beneficio del Banco de Previsión Social.

Art. 8º. - El Banco de Previsión Social procederá al inmediato cobro, en vía judicial, de lo adeudado con sus multas y recargos, a los contribuyentes sin convenio de pago vigente que no se acojan a la refinanciación de la presente ley, en algunas de las opciones establecidas en el artículo 1º. A esos efectos el Organismo podrá contratar, mediante arrendamiento de obra, a profesionales abogados que se inscriban con tal fin en el Banco, dentro de los 30 (treinta) días hábiles de vigencia de la ley, a los que se les adjudicarán, por sorteo, la gestión de las acciones judiciales que correspondan.

Los abogados contratados percibirán como única retribución, hasta el 20% (veinte por ciento) de lo percibido por el Banco de Previsión Social, excepto las multas, las cuales serán destinadas a estimular la recaudación. La reglamentación determinará las condiciones para la fijación de las retribuciones y los estímulos referidos.

Art. 9º. - Quieren tengan convenios celebrados en curso de pago, podrán optar por mantenerlos o acogerse al presente régimen en la forma, plazo y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 10. - Los trabajadores deberán recibir de sus empleadores, en cada oportunidad de cobro de sus salarios, una constancia de su situación laboral, que deberá contener los datos que establezca la reglamentación.

La omisión de la entrega de esa constancia, será sancionada por el Banco de Previsión Social con una multa de hasta 5 (cinco) veces, el importe del salario mensual del respectivo trabajador, la que se duplicará en caso de reincidencia.

Si se probara fehacientemente que la empresa empleadora realizó una constancia dolosa, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, el Banco de Previsión Social le aplicará una multa de hasta 20 (veinte) veces el importe del salario mensual correcto.

El 50% (cincuenta por ciento) del importe de las multas previstas en los incisos anteriores, corresponderá al trabajador denunciante.

La reglamentación establecerá las pruebas, preferentemente documentales, que deberán acompañarse a las denuncias que se formulen.

El Poder Ejecutivo, con el previo asesoramiento del Banco de Previsión Social, determinará la fecha a partir de la cual será obligatoria la entrega de la referida constancia.

Art. 11. - El Banco de Previsión Social expedirá dos tipos de certificados a los que se acojan a este régimen.

Con el pago de la primera cuota del convenio tendrán derecho a un certificado "común" que sólo será hábil para el desarrollo de la actividad comercial.

Una vez completado el pago de las cuotas del convenio generará el derecho a un certificado "único especial", el que será hábil para enajenar o gravar.

Los certificados referidos tendrán, respectivamente, los efectos previstos en los artículos 663 y 664 de la Ley Nº 16.10, de 28 de diciembre de 1990’, y la vigencia y demás condiciones que establece el artículo 665 de la referida ley,.

El Banco de Previsión Social podrá asimismo otorgar constancia de pago, con una vigencia mensual, para quienes se encuentren en la situación prevista en el inciso 2º) del artículo 1º de la presente ley. Dicha constancia tendrá, en ese lapso, el efecto del certificado "común".

Art. 12. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6º, de la Ley Nº 1.809, de 8 de abril de 1986, el Poder Ejecutivo podrá, por única vez, adecuar las remuneraciones de los funcionarios de los Incisos 02 al 14, en período menor de tres meses, ajustándose a las disposiciones de dicha norma.

Sala de Sesiones de la Comisión, 12 de marzo de 1992.

Carlos Cassina (Miembro Informante verbal), Sergio Abreu, Mariano Arana, Danilo Astori, Juan Carlos Blanco, Federico Bouza, Carlos W. Cigliuti, Juan Carlos Raffo, Manuel Singlet, Alberto Zumarán Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: la Comisión de Hacienda integrada con tres miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social finalizó sobre el mediodía de hoy el estudio del proyecto de ley que ahora se somete a consideración del Senado. Por tal razón, los señores Senadores que no integran la Comisión se encuentran, seguramente, ante la situación -que no es normal- de examinar un proyecto de ley de importancia y que posee aspectos que, obviamente, obligan a una meditación amplia.

Creo importante señalar que a pesar del tiempo transcurrido desde el momento en que la Comisión integrada recibió este proyecto en el mes de enero de este año hasta el día de hoy, la Comisión ha actuado sin pausa y con diligencia. Naturalmente, tuvo que conocer la opinión del Poder Ejecutivo que, en una primera instancia, estuvo representado por el ex señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Enrique Braga y por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Alvaro Carbone. También debió recabar la posición del Banco de Previsión Social. Luego, ante las alternativas que se presentaron a este proyecto -empezando por las observaciones que al mismo formuló el Directorio del Banco de Previsión social- que manifestó ante la Comisión no haber participado en su elaboración, su estudio determinó un examen muy cuidadoso de las disposiciones. Además, para cada uno de los textos originales propuestos por el Poder Ejecutivo se atendió a las observaciones -en algunos casos de carácter total- que formuló el Directorio del Banco de Previsión social. A su vez, durante el transcurso de las deliberaciones de la Comisión, ésta recibió un proyecto alternativo presentado por uno de sus miembros, el señor Senador Bouza, lo que determinó que se hicieran las consultas correspondientes, particularmente al Directorio del Banco de Previsión Social que, con diligencia, las evacuó por escrito. Digo esto, porque teniendo en cuenta que el estudio de este tema en la Comisión insumió varias semanas, es decir, desde el mes de enero hasta la fecha, la demora no le es imputable.

La Comisión somete con urgencia a la consideración del Senado el proyecto modificativo que ha elaborado, al punto que el día martes decidió, aun cuando no había finalizado su análisis, que se convocara al Cuerpo para esta oportunidad atendiendo a dos razones fundamentales. En primer lugar, porque entiende que el proyecto de ley por el que se otorga un régimen de facilidades para los contribuyentes que adeudan al Banco de Previsión Social, tiene urgencia en ser aprobado y entrar en vigor para que, por la aplicación de sus disposiciones, dicha Institución comience a recaudar sumas más importantes por la vía de la regularización de los adeudos por parte de quienes han dejado de contribuir -o nunca lo hicieron- y, asimismo, de aquellos que contribuyen sin sujetarse estrictamente al cumplimiento de las obligaciones legales.

La otra razón que determina la urgencia para la aprobación de este proyecto, es que el mismo viene, desde el Mensaje inicial del Poder Ejecutivo, vinculado necesariamente a un aumento de las remuneraciones de los funcionarios públicos, que se haría efectivo a partir del 1º de marzo de 1992. Concretamente, en el proyecto original del Poder Ejecutivo, que recibimos en el mes de enero, esta fórmula, para otorgar un aumento de carácter extraordinario a los funcionarios públicos a partir del 1º de marzo, se instrumentaba por la vía de una disposición que lo autorizaba a rebajar sin condiciones los aportes obreros y patronales al Banco de Previsión Social. Esta disposición fue descartada en la primera sesión de la Comisión, a la que asistieron los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, así como el Directorio del Banco de Previsión Social. En esa oportunidad, los representantes de esa Institución se opusieron totalmente a dicha iniciativa porque, en la situación actual, ésta no podía dejar de percibir los aportes patronales y obreros. Es decir, que en las actuales circunstancias no podían admitir una disminución de las alícuotas o tasas de aportación. Además, entendían que el mecanismo propuesto por el Poder Ejecutivo tenía una generalidad que el Banco estimaba inconveniente.

La Comisión por su parte, expresando el sentir de la mayoría de sus miembros -aunque no en un pronunciamiento formal- también consideró en esa oportunidad que este instrumento no era viable ni compatible, lo que determinó que en esa misma sesión los representantes del Poder Ejecutivo plantearan otra alternativa. A través de ellas se proponía autorizar al Poder Ejecutivo para conceder un aumento, por única vez, a partir del 1º de marzo; lo que, con la legislación vigente, no era posible. Como se sabe, el régimen de aumento a los funcionarios públicos está previsto por el artículo 6º de la Ley de Presupuesto Nº 15.809 aprobada durante la Administración anterior. En él se establece que el Poder Ejecutivo deberá otorgar aumentos siguiendo determinadas pautas como, por ejemplo, la recuperación o mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios públicos y las posibilidades del Tesoro Nacional, en períodos no menores de tres meses ni mayores de cuatro. Dado que el 1º de enero se les había concedido un aumento, de acuerdo con la legislación vigente, no podía darse otro antes del 1º de abril. Para hacerlo a partir del 1º de marzo, era necesario contar con una expresa autorización legal.

En lo que hace a la urgencia de la aprobación de la norma que se incluye en este proyecto y por la que se autoriza por única vez al Poder Ejecutivo -conforme a las pautas del artículo 6º de la Ley Nº 15.809 ya mencionada- a otorgar un aumento en las remuneraciones de los funcionarios públicos, debemos decir que está determinada por las dificultades de su procesamiento administrativo en término hábil, para que dicho aumento sea abonado a principios del mes de abril junto con las remuneraciones correspondientes a marzo.

Naturalmente, si el Senado aprueba hoy este proyecto de ley, dependerá de la determinación de la Cámara de Representantes que estas normas se sancionen en término hábil como para que pueda hacerse efectivo el aumento a los funcionarios públicos -que, como se ha indicado, será equivalente al 5% de sus remuneraciones- cuando perciban los salarios del mes de marzo. En todo caso, si esto se dilata unos días más, el pago de dicho aumento podrá hacerse efectivo por planilla complementaria en el transcurso del mes de abril. Reitero que estas son las razones que determinan la urgencia en la aprobación de este proyecto en lo que hace al aumento de los salarios de los funcionarios públicos.

Por otra parte, en la propuesta del Poder Ejecutivo relativa al proyecto de facilidades de pago con el Banco de Previsión social -que, en los aspectos sustanciales, la Comisión conserva en la iniciativa que somete a consideración del Cuerpo- se propugnaba conceder un régimen de facilidades a todos los contribuyentes de dicha Institución, con obligaciones tributarias impagas hasta el 30 de noviembre de 1991 y que puede llegar hasta 120 cuotas mensuales -es decir, hasta diez años- sobre la base de una liquidación de la deuda generada hasta esa fecha, por el que se eliminan las multas y recargos. La deuda se actualiza a valores constantes, teniendo en cuenta para ello el de la moneda estadounidense al vencimiento de cada año, con un interés anual reducido, de tal modo de producir el efecto de una licuación o dilución de la deuda que facilite -en términos hasta ahora no otorgados en anteriores planes de facilidades de pago aprobados legalmente- una solución generosa que permita, en definitiva, la regularización de adeudos con el Banco de Previsión Social.

Por su parte, el Poder Ejecutivo había contemplado en su propuesta una solución que la Comisión no compartió, y es que tratándose de sociedades anónimas, la deuda pudiera ser parcialmente pagada con la entrega de parte del paquete accionario, el que sería administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo y, dentro de determinado plazo, si la situación no se regularizaba, con la presentación ante la Bolsa de Valores de esas acciones, a los efectos de que fueran absorbidas por el mercado. El Banco de Previsión social se opuso a esta disposición, que tampoco encontró ámbito propicio en la mayoría de la Comisión, razón por la cual fue descartada.

Tal como he señalado, también la Comisión examinó un proyecto de ley alternativo propuesto por el señor Senador Bouza, que presentaba una variante importante en torno a las modalidades con que hasta ahora ha operado el Banco de Previsión Social en relación con regímenes de facilidades.

En todas las leyes que han otorgado facilidades para pagar adeudos con el Banco de Previsión Social, no se ha exigido otra cosa que la formulación de una declaración jurada estimando la deuda -que luego es reliquidada por este Organismo- así como el pago inmediato de las obligaciones corrientes junto a las cuotas del convenio a que se ampara el deudor.

Concretamente, el señor Senador Bouza planteó una solución que consistía en reclamar del deudor la demostración de lo que llamaríamos una buena conducta contributiva, a fin de adquirir el derecho de acogerse al régimen de refinanciación. En la propuesta original del señor Senador Bouza, esta demostración requería que la empresa deudora hubiera abonado sus obligaciones corrientes durante los doce meses anteriores a la vigencia de la ley -en cuyo caso, de inmediato accedería al régimen de facilidades- o que durante los doce meses posteriores a la vigencia de la ley pagara esas obligaciones corrientes. En este caso, a partir del décimotercer mes recién estaría en condiciones de acogerse a dicho régimen. Esta iniciativa encontró eco en la Comisión, en tanto entrañaba una variante sustancial, puesto que determinaba que el deudor del Banco de Previsión Social demostrara, digamos, una vocación de pago durante un cierto período. No obstante, la Comisión entendió que doce meses de tributaciones corrientes era un plazo excesivo, particularmente, cuando se deseaba que la mayor cantidad de deudores del Banco de Previsión Social se pudieran acoger a este régimen de facilidades en el menor tiempo posible y, además, que como consecuencia de ello el organismo comenzara a recaudar sumas considerables por la vía de la regularización de los adeudados: por un lado, por el pago de las obligaciones corrientes y, por otro, por el pago de las cuotas resultantes del convenio que se suscribe.

En este sentido, y aceptando la alternativa planteada por el señor Senador Bouza, la Comisión, en el artículo 1º, resolvió reducir el plazo a seis meses. Por esta razón, quienes a la fecha de la promulgación de la ley hayan pagado durante seis meses sus obligaciones corrientes, inmediatamente podrán acogerse a este régimen de facilidades, para lo cual disponen de treinta días de plazo; plazo breve que se ha querido mantener, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo, a los efectos de que no se dilate excesivamente en el tiempo la posibilidad de regularizar los adeudos con el Banco de Previsión Social. Quienes no estén enmarcados en esta buena conducta contributiva a la fecha de promulgación de la ley, pues, deberán demostrarla en los seis meses siguientes.

No se dice en el proyecto de ley, pero parece obvio, que aquellos que pueden esperar seis meses para acogerse al régimen que en él se prevé, mientras van pagando puntualmente las obligaciones corrientes, también podrían -seguramente esto será objeto de la reglamentación- ampararse a la ley inmediatamente, si promulgada ésta abonan al contado las obligaciones corrientes que corresponden a los últimos seis meses.

En relación con este aspecto de las obligaciones adeudadas al Banco de Previsión Social, también importa señalar que en la Comisión se planteó el tema de la caducidad o prescripción del derecho de este Organismo a la percepción de los tributos impagos. En este sentido, y luego de una consulta hecha al Presidente del Banco de Previsión Social, doctor Rodolfo Saldain, quedó en claro que en esta materia se aplican -porque así corresponde- las disposiciones del Código Tributario, en este caso, los artículos 38 y 39. En tanto la ley no innova al respecto, esas son las normas que rigen lo que tiene que ver con los adeudos que se pueden incluir en el régimen de facilidades de pago que otorgaría este proyecto de ley, de ser aprobado.

En el caso de las empresas rurales que, como se sabe, abonan las obligaciones corrientes en períodos trimestrales, en lugar de 120 cuotas, se les otorgan facilidades hasta 40 cuotas trimestrales. El procedimiento que se sigue aquí es el que se ha aplicado en otras leyes. Esto es, que el contribuyente se presenta al Banco de Previsión Social y formula una declaración jurada estimando su deuda hasta el 31 de diciembre de 1991, como dije, sin intereses ni recargos, en base a un procedimiento de actualización previsto en los artículos 3º y 4º. Sobre la base de la estimación que se realiza, la empresa comienza a pagar de inmediato, junto con las obligaciones corrientes, las cuotas mensuales del convenio, que luego es reliquidado por el Banco de Previsión Social. En caso de que la reliquidación arroje una diferencia menor al 25%, el convenio se mantiene en pie y la diferencia se imputa al pago de las cuotas posteriores. Pero si la diferencia entre la liquidación hecha por el Banco de Previsión Social y la estimación original de la empresa deudora excede el 25%, el convenio cesa, salvo que ésta abone al contado, con intereses y recargos, la diferencia.

Se establece también que las acciones judiciales iniciadas por el Banco de Previsión Social, se mantienen en pie. Obviamente, en el caso de aquellos contribuyentes que se acojan a las facilidades, no se sigue adelante con la vía ejecutiva, suspendiéndose ésta en la etapa del procedimiento en que se encuentre, dejándose en claro que no opera el instituto de la perención de la instancia por la inacción del Banco de Previsión Social determinada por la suspensión de los juicios.

Asimismo, se mantienen las garantías reales otorgadas en beneficio del Banco de Previsión Social.

En el artículo 8º se incluye una disposición que venía en el proyecto original del Poder Ejecutivo y a la que le asignamos importancia. En el caso de aquellas empresas que no se acojan a esta refinanciación o que habiéndose acogido no cumplan con la misma, el Banco de Previsión Social deberá iniciar la vía judicial para el cobro de lo adeudado, con intereses y recargos. Hasta ahora, el acudir a la vía judicial para el cobro de lo adeudado por las empresas afiliadas al Banco de Previsión Social era una facultad de la Administración.

Con el propósito de dejar en claro que esta generosa refinanciación, realizada con el fin de regularizar la situación contributiva de todas las empresas, es la última que se va a conceder, se especifica que a partir de ahora el Banco no va a tener opciones. Es decir, que deberá iniciar acción judicial cuando las empresas se encuentren en situación de incumplimiento.

A estos efectos, se autoriza al Banco de Previsión Social a contratar abogados, en caso de que aquellos que integran su elenco presupuestal no sean suficientes a los que se les va a remunerar con un porcentaje de lo que el Banco perciba a través del cobro judicial de la deuda.

En el artículo 9º se establece que quienes tengan convenios de pago vigente podrán optar por acogerse a este régimen de facilidades que tiene condiciones más generosas. Como se recordará, la Ley de Presupuesto de 1990 otorgó un régimen de facilidades al que se acogieron algunas empresas, si bien no fueron tantas como las que se esperaba.

En el artículo 10, la Comisión acoge una propuesta del Poder Ejecutivo, efectuándole una leve modificación. Allí se determina que la empresa empleadora deberá entregar a sus trabajadores, cada vez que cobren sus salarios, una constancia con los datos que establezca la reglamentación. Es de presumir que la misma estará referida a la categoría laboral del trabajador, al salario nominal que percibe y a los descuentos que se le practiquen, por distintas vías. Dicha constancia laboral permitirá conocer la situación contributiva de la empresa en relación con cada trabajador. Sin embargo, está destinada fundamentalmente, a evitar la maniobra de subfacturación de salarios, hecho en el que a veces hay connivencia entre la empresa y el empleado. La constatación del otorgamiento de una constancia dolosa podrá ser sancionada con una multa de hasta veinte veces el monto salarial correcto, la mitad de la cual beneficiará al trabajador denunciante.

Asimismo, se ha previsto -cosa que no estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo- que se sanciona la omisión en entregar la constancia.

Entonces, la variante que se introdujo es la siguiente: en el proyecto del Poder Ejecutivo, la obligación de entregar la constancia por parte de la empresa empleadora comenzaba a regir a partir de la fecha de vigencia de la ley, pero ateniéndonos a algunas sugerencias formuladas por los integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social, preferimos establecer que la fecha de vigencia esté determinada por el Poder Ejecutivo, contando con el asesoramiento previo del Banco de Previsión Social. Obviamente, será necesario que antes se realice un reordenamiento administrativo que el Banco de Previsión Social viene encarando a fin de establecer la cuenta corriente de las empresas y de los trabajadores, o sea, la historia laboral de cada trabajador.

En el artículo 11 se establece cuáles van a ser los certificados que el Banco de Previsión Social otorgará a las empresas que se acojan a este convenio. Con el pago de la primera cuota se va a dar un certificado común, ya previsto en la Ley Nº 16.170, que habilita para el desarrollo de las actividades comerciales. Con la cancelación de la deuda, se va a entregar un certificado llamado "único especial" según definición que encontramos en los artículos 663 y 664 de la antedicha ley que habilita a las empresas para realizar todo tipo de operaciones, incluso las de enajenar o gravar sus bienes.

Asimismo hemos acordado establecer un documento al que llamamos "constancia de pago", que se otorgará a quienes demuestren una buena conducta contributiva. Es decir, a aquellas empresas que estén cumpliendo obligaciones corrientes para acogerse a las facilidades de pago. El mismo tendría los efectos previstos para el certificado común, o sea, que permiten desarrollar actividades comerciales pero con un plazo limitado, ya que sólo tendrá validez mensual.

El artículo 12 consagra la solución a que nos hemos referido, que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar un aumento a los funcionarios públicos a partir del 1º de marzo. El texto, que es muy claro y fue elaborado en la Comisión, contó con la aprobación y la iniciativa del Poder Ejecutivo. El mismo, siguiendo la redacción del artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, establece que el Poder Ejecutivo podrá, por única vez, adecuar las remuneraciones de los funcionarios de los Incisos 02 al 14 en un período menor de tres meses, ajustándose a las disposiciones de dicha norma, o sea, a las pautas establecidas en el artículo 6º que son las de recuperar o mantener el poder adquisitivo de los salarios, teniendo en cuenta las posibilidades de la Tesorería.

Señor Presidente: con lo expuesto creo haber culminado el informe que me propuse realizar. En esta exposición procuré hacer también el comentario particular de cada una de las disposiciones, sin perjuicio de las consideraciones que se puedan hacer respecto de cada una de ellas posteriormente.

Por lo tanto, quedamos a disposición del Senado para las aclaraciones que se estimen necesarias.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: tal vez pueda pensarse que lo que voy a plantear sería pertinente proponerlo en la discusión particular del proyecto que estamos considerando, pero temo que al haber sido aprobado por la unanimidad en la Comisión, sea votado ahora en bloque.

Por otra parte, he recibido el proyecto de ley esta tarde y, si bien no es mi intención hacer un reproche a la Comisión que ha trabajado en él intensamente, ello me ha impedido la realización de una lectura más detenida de su articulado. Tampoco voy a cometer la impertinencia de hacer objeciones a un proyecto que viene al Plenario luego de un análisis serio y concienzudo por parte de legisladores que dominan el tema y que han dedicado mucho tiempo a su estudio, para luego aprobarlo por la unanimidad de los miembros que representan a todos los sectores políticos.

Planteadas estas consideraciones, desearía saber si existe la posibilidad de modificar el plazo que se fija a las empresas para que puedan presentarse ante el Banco de Previsión Social. A mi entender, un plazo de treinta días es excesivamente exiguo. La práctica demuestra que todas las leyes de refinanciación de adeudos con el Banco de Previsión Social, aún aquellas que otorgaban un plazo de noventa, ciento veinte o ciento ochenta días, han tenido poco éxito en su propósito de recaudación de fondos para dicha Institución. Una de las características de la idiosincrasia del uruguayo es que siempre espera a último momento para presentarse.

Así ocurrió con la última ley de facilidades de pago que se dio, por medio de la Ley Presupuestal, a deudores del Banco de Previsión Social. A través de esa ley se estableció una prórroga de los plazos que fracasó en su objetivo. Sucede que el Banco de Previsión Social recibe estos proyectos de ley, pero en el país nadie se entera que existen esos beneficios. Sí los conocen los contadores públicos, las gestorías o los escritorios de administración de empresas, que tienen un importante núcleo de empresas comerciales, industriales y rurales. Pero, el contribuyente que no usufructúa los servicios de una gestoría, de un escritorio de contadores públicos o de una empresa de administración de propiedades, cuando se presenta ante el Banco de Previsión Social y no liquida su deuda, recibe un formulario y se le exige que lo presente luego completo.

A mi juicio, el Banco de Previsión Social no va a tener tiempo en treinta días de atender a todos los clientes. Además, las empresas de pequeños productores no van a tener conocimiento de lo que aquí se establece. Repito, que aquellas grandes empresas que tienen la posibilidad de utilizar los servicios de un escritorio contable, sí van a poder manejarse con este plazo.

Por todas estas razones, considero que sería conveniente ampliar el plazo y exigir al Banco de Previsión Social, la realización de una intensa propaganda, a los efectos de lograr una mayor divulgación de este proyecto de ley. Digo esto, porque la mayoría de la población por lo general desconoce los beneficios sociales a que puede acogerse. Más aun, cuando se trata de proyectos de ley como el que estamos considerando, que no son debidamente publicitados en todo el territorio del país.

En tal sentido, propongo la extensión del plazo a sesenta o noventa días. Asimismo, la solicitud al Banco de Previsión social de que realice una intensa campaña de divulgación, a los efectos de que todas las empresas del país sepan a qué atenerse, sobre todo, teniendo en cuenta que las que no se acojan a este régimen corren el riesgo de ser ejecutadas vía judicial, por el Banco de Previsión Social.

Como comprenderá el señor miembro informante -por su vinculación a todo lo referente a la Seguridad Social- el motivo de mi preocupación es el fracaso que han tenido todos los sistemas de facilidades de pago otorgados por el Banco de Previsión Social, como consecuencia, precisamente, de la falta de publicidad y promoción de las virtudes de los regímenes anteriores. Reitero, el objetivo es que la gente esté informada; pero si el Banco de Previsión Social no hace una debida divulgación y promoción de este proyecto, que además establece el exiguo plazo de treinta días, va a ocurrir lo mismo que con las facilidades establecidas en la Ley Presupuestal. Esto es, que luego de la prórroga de sesenta o noventa días, ni siquiera se recogió el 8% de los adeudos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante para contestar la consulta que le ha sido formulada.

SEÑOR CASSINA. - El tema del plazo -no así el de la publicidad de los beneficios de este proyecto de ley- que atinadamente plantea el señor Senador Silveira Zavala, fue considerado por la Comisión con los representantes del Poder Ejecutivo y del Directorio del Banco de Previsión Social. La opinión que se nos trasmitió, fundamentalmente, por parte de las autoridades de esa Institución, es que cualquiera sea el plazo que se establezca, existe un modo de ser nacional que determina que los deudores que se acogen a las facilidades de pagos, lo hacen siempre en los últimos días. Por lo tanto, poco importa establecer un plazo de treinta, sesenta o noventa días, porque el grueso de los contribuyentes que se amparen a este beneficio lo van a hacer siempre sobre el final de los plazos. Entre otras cosas, porque se especula con el tiempo de que se dispone para ir haciendo uso de los recursos que, de otro modo, tendrían que verter al Banco de Previsión Social.

Otra de las razones que determina la fijación de este plazo que es, sin duda, muy breve -expuesta por el Poder Ejecutivo- es la idea de que aquí se están otorgando facilidades realmente en condiciones excepcionales -a partir de un plazo, repito, muy breve- porque se confía que este régimen de facilidades permitirá regularizar la situación contributiva de muchas empresas con el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, es necesario mejorar su recaudación de inmediato. En consecuencia, no se desea extender el plazo, sino que las empresas comiencen a regularizar su situación contributiva cuanto antes. De ahí que el Poder Ejecutivo alienta muchas esperanzas en cuanto a que esta solución signifique para el Banco de Previsión social una recaudación mucho más importante que la actual, en términos breves. Es en ese entendido que la Comisión acogió este criterio, teniendo en cuenta, también la opinión del Directorio del Banco de Previsión Social, en el sentido de que la experiencia demuestra que en todos los regímenes de facilidades de pago que se han otorgado hasta la fecha -como sabe el señor Senador Silveira Zavala han sido muchos- los contribuyentes que tienen intención de ampararse a estos beneficios, lo hacen siempre en los últimos días.

En cuanto al tema de la publicidad, debo decir que no fue tratado en la Comisión. Concuerdo con el señor Senador en que para que este régimen de facilidades tenga éxito, es decir, que comiencen a contribuir el mayor número de empresas deudoras, es necesario que se realice por parte del Banco de Previsión Social, una gran publicidad acerca del mismo.

Pero, no me parece que este aspecto de la publicidad deba ser contemplado en este proyecto de ley.

Creo que es responsabilidad de la Administración actuar en consecuencia, máxime teniendo presente, repito, que el Poder Ejecutivo ha sido muy enfático en expresar ante la Comisión la confianza que tiene en cuanto a que, por vía de estos mecanismos, la recaudación del Banco de Previsión Social podrá incrementarse en breve término y en cantidades muy importantes. De ahí que se señalara que el aumento de salarios de los funcionarios públicos, previos en cualesquiera de las dos alternativas -tanto en la original como en la que estamos proponiendo- se podrá financiar con cargo a lo que el Banco de Previsión Social habrá de recibir en más, a partir del momento en que empiece a percibir las contribuciones por la vía del pago de las obligaciones corrientes y de las cuotas del convenio de pasividades.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción señor Senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Quiero manifestar que comprendo que la intención de este proyecto es de que en un plazo de treinta días se comiencen a recaudar por parte del Banco de previsión Social las obligaciones pendientes de las empresas que se presenten a refinanciar sus deudas. También expresé que una de las características de la idiosincrasia del uruguayo consiste en presentarse a último momento. De manera que aunque el plazo sea de treinta o sesenta días la mayoría de los deudores concurrirán al término de este período.

Lo que resulta del artículo 1º es que el moroso tiene más plazo que el que realmente cumple con sus obligaciones. Digo esto basándome en la redacción del inciso tercero de este artículo, que dice que los que a la fecha de la promulgación de la presente ley están en esa situación dispondrán de un plazo de treinta días a contar de esta fecha para presentar una declaración jurada de lo adeudado y expresar su propósito de ampararse al régimen. Asimismo, en el inciso cuarto del mismo artículo, se expresa que aquellos contribuyentes que aún no han registrado aportes por sus obligaciones corrientes durante seis meses dispondrán de un plazo de treinta días para presentarse con posterioridad al sexto mes de pago de contribuciones consecutivas. Esto quiere decir que el moroso tiene siete meses de plazo, mientras que el que cumple con sus obligaciones cuenta con treinta días. Considero que se trata de una diferencia apreciable.

Por otro lado, cuando me refería a la divulgación y propaganda de esta ley, no dije que fuera materia de la misma, porque no lo es, pero convendrá conmigo el señor miembro informante en lo exiguo del plazo y la falta de publicidad de esta norma. Este último punto es muy importante, ya que, como se recordará, la última Ley de Refinanciación pasó prácticamente desapercibida. Es más; cuando se implantó el sistema de que los productores unipersonales podían ampararse en el régimen de DISSE, muchos de ellos no lo hicieron porque desconocían la existencia del mismo. Si a veces la ciudadanía desconoce el derecho a recibir un beneficio social por su falta de divulgación, ¡cómo será cuando se apruebe una ley de refinanciación que no va a ser publicitada!

Para terminar quiero manifestar que no hago cuestión de este tema, ya que me atengo a lo resuelto por la Comisión , pero creo que luego de sancionada esta ley veremos pasar por esta Sala un proyecto de prórroga de las ejecuciones.

(Ocupa la Presidencia del señor Senador Pereyra)

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: acepto que puede tener razón el señor Senador Silveira Zavala, ya que puede ocurrir que luego de sancionada esta ley surja alguna iniciativa para prorrogar el plazo. Pero la Comisión se atiene a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Repito que, en lo que al plazo refiere, el Poder Ejecutivo fue muy claro y enfático en reclamar que fuera breve.

En cuanto a la modalidad de acogimiento a estas facilidades, la Comisión -y no el Poder Ejecutivo- estableció el requisito de la demostración de una buena conducta contributiva durante cierto tiempo. De hecho, tienen más plazo aquellas personas que no están contribuyendo -ya que tienen seis meses para hacerlo- pero también es cierto que quienes ya hace seis que están aportando y pueden acogerse a este ley, de inmediato quedarán en condiciones de recibir un certificado que los habilite para desarrollar su actividad comercial e industrial en condiciones distintas de quienes no se encuentren comprendidos en ella.

El miembro informante aclara que no se encuentra en condiciones de acoger la propuesta del señor Senador Silveira Zavala -aunque la reconoce atinada- en función, fundamentalmente, de los argumentos que nos expusieron los miembros del Directorio del Banco de Previsión Social, así como de la voluntad expresada por el Poder Ejecutivo.

Para finalizar y a título personal, quiero manifestar que sobre las bondades de este régimen de facilidades de pago y las posibilidades que a través de él se tengan para que la mayoría de las empresas que hoy día no contribuyen al Banco de Previsión Social se pongan al día, pueden tenerse múltiples opiniones y se pueden hacer todo tipo de pronósticos. Lo que es claro es que el Poder Ejecutivo expresó en la Comisión su absoluta confianza en la aptitud de estos instrumentos para que se regularice la situación de los adeudos con el Banco de Previsión Social. A este respecto, la Comisión -y en particular el miembro que habla- ha creído que en tanto el Poder Ejecutivo era muy claro en reclamar estos instrumentos, no había objeciones de ningún tipo que oponerle, ya que este reclamo era razonable. En todo caso, como dijo ante la Comisión en su momento el Ministro de Economía y Finanzas de entonces, contador Braga, si la Administración no aplica bien estos instrumentos, será responsable de ello. En opinión del Poder Ejecutivo, estos instrumentos son aptos para cambiar la actual situación contributiva de las empresas deudoras con el Banco de Previsión Social y facilitar de manera importante su regularización.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASSINA. - Quien habla se hace cargo de que la mayoría de los señores Senadores apenas han podido leer este proyecto en sus bancas en esta sesión del Senado, pero, en tanto la Comisión ha estado integrada por casi todos los sectores políticos -excepto la Cruzada 94- si nadie se opone, propongo que se suprima la lectura de todos los artículos en la discusión particular y que se vote el proyecto en bloque.

(Apoyados)

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: a fin de reafirmar y apoyar el planteamiento del señor miembro informante, quiero manifestar que a nuestro Partido se le ofreció participar en dicha Comisión -ya que había cuotas limitadas por partido político- pero entendimos que por estar los otros tres sectores que actuaron por unanimidad nos sentimos representados.

Por lo expuesto, no planteamos ninguna objeción en el sentido de que se proceda como ha indicado el señor Senador Cassina.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO. - Como Presidente de la Comisión de Hacienda integrada que trató este proyecto quiero hacer unas breves reflexiones que van a ir al encuentro de lo que acaba de proponer el señor Senador Cassina.

La Comisión comenzó sus trabajos el día 29 de enero y realizó sesiones semanales, e incluso en algunas semanas sesionó más de una vez, hasta culminar su trabajo en el mediodía de hoy. A tales efectos, recibió a los representantes del Poder Ejecutivo, los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, así como al Directorio del Banco de Previsión Social, sobre todo durante el tratamiento del último artículo de este proyecto.

Creo que podemos avalar lo que surge de la documentación que lamentablemente los señores Senadores no pueden tener a la vista. No obstante, después podrán, a través de las versiones taquigráficas, observar con mucha nitidez los comparativos que en su momento se hicieron entre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, las observaciones formuladas por el Banco de Previsión Social y un posterior proyecto sustitutivo presentado por el señor Senador Bouza. Asimismo se podrá apreciar el exhaustivo, prolongado y meticuloso trabajo de la Comisión donde participaron todos los sectores políticos presentes en el Senado, menos la Cruzada 94, como decía recién el señor Senador Millor. La Comisión trató todos los temas; muchas veces tuvo en cuenta las opiniones del Poder Ejecutivo, en otras ocasiones consideró las sugerencias del Banco de Previsión Social y en algún caso, como en el artículo 1º, recogió lo que en su momento eran conceptos del proyecto presentado por el señor Senador Bouza. Pero si se leen los artículos que finalmente se fueron pergeñando -que hoy están a consideración de los señores Senadores- se nota el trabajo efectivo y meticulosos que se realizó por parte de todos los integrantes de la Comisión, porque hubo aportes importantes y muy valiosos de todos los miembros. Sabiendo que el tema es complejo, árido y que tiene sus idas y vueltas, trataron de ir estampando en el articulo, de la mejor forma posible, las soluciones que se entendían más convenientes.

Por lo tanto, queremos dar garantía que la Comisión ha trabajo de la mejor manera posible y que los integrantes que han representado a todas y cada una de las bancadas allí presentes, han puesto su mayor esfuerzo para que esto saliera por unanimidad. Es decir que, cuando ha habido criterios diferentes sustentados por diversas bancadas -a veces hasta con fervor y entusiasmo- se ha trabajado una y otra vez en la redacción de los artículos para lograr el entendimiento. En la versión taquigráfica ha quedado constancia de que algún señor Senador no compartía totalmente la redacción de cierto artículo, pero igualmente se avino a encontrar esa solución unánime. De esta manera que el proyecto no sólo cuenta con la firma unánime de todos los Senadores -lo que habilitaría su discusión general- sino que, en la discusión particular, todas y cada una de las disposiciones también fueron aprobadas siempre por unanimidad y siempre -si sirve como garantía- con altísimo quórum de presentes. Por lo tanto, la Comisión nunca vio mermar el número de legisladores que se hacían presentes en las reuniones, sino que, como he dicho, se trabajó con un muy alto quórum, como puede comprobarse leyendo las actas correspondientes.

Por ende, señor Presidente, habiéndose dejado constancia en la versión taquigráfica de que no queremos incurrir en una descortesía para con nuestros compañeros del Cuerpo, en el sentido de que se enteraran de este proyecto cuando llegaran al Senado, los Senadores integrantes de la Comisión decidimos que, dado que todas las bancadas estaban allí presentadas y como los integrantes del Partido Colorado habían quedado encargados de contactarse con el grupo que lidera el señor Senador Millor -para interiorizarlo de este acuerdo a que arribamos en la Comisión- podíamos dar garantías de que el trabajo fue hecho de la mejor manera y de que este proyecto puede perfectamente ser votado en bloque en su votación particular. Decidimos esto, convencidos de que no estaríamos cometiendo ningún inequívoco; de lo contrario, tendríamos que enzarzarnos en una discusión que podría resultar engorrosa. Así ha sido muchas veces el trámite de la discusión en Comisión, pero por suerte ha podido ser despejado. Por lo tanto adhiero a la tesitura del señor Senador Cassina en el sentido de que en la discusión particular votemos en bloque el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de poner a votación la moción del señor Senador Cassina, la Presidencia desea hacer dos consultas al señor miembro informante y a los integrantes de la Comisión.

En el repartido que debió ser elaborado con bastante apuro -y por eso no guarda todas las formalidades habituales, puesto que la Comisión culminó su labor hoy al mediodía- creo que hay un error de copia. Efectivamente, en el artículo 6º, cuando se refiere a cómo se hará la reliquidación por el Banco de Previsión Social, en los casos en que éste comprobara una diferencia entre el monto de lo estimado por el deudor y el determinado por los propios servicios del Banco, se expresa "dicha diferencia más los cargos y multas correspondientes". Interpreto que se trata de los "recargos".

SEÑOR RAFFO. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Además, en el literal b) del artículo 4º se establece que "el monto así convertido devengará un interés anual sobre saldos equivalentes al 50%". Entiendo que corresponde el singular y no el plural, porque la equivalencia no es con los saldos, sino con el interés. ¿Es así, señor Senador Cassina?

SEÑOR CASSINA. - Efectivamente, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, con esas dos pequeñísimas correcciones -y si no hay inconveniente- primero votaremos la moción de orden presentada por el señor Senador Cassina para que se omita la lectura del articulado y se proceda a votar todas las disposiciones en bloque.

(Se vota:)

-27 en 29. Afirmativa.

SEÑOR BRUERA. - ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"Artículo 1º. - Los contribuyentes al Banco de Previsión Social con obligaciones tributarias impagas devengadas hasta el 31 de diciembre de 1991, podrán acogerse al régimen de refinanciación que establece la presente ley.

Para poder acceder al régimen deben demostrar aportes consecutivos por sus obligaciones corrientes, durante seis meses.

Los que, a la fecha de promulgación de la presente ley, estén en esa situación, dispondrán de un plazo de 30 (treinta) días, a contar de dicha fecha, para presentar una declaración jurada de lo adeudado y expresar su propósito de ampararse al régimen.

Aquellos contribuyentes que aún no han registrado aportes por sus obligaciones corrientes durante seis meses, dispondrán de un plazo de 30 (treinta) días para presentarse con posterioridad al sexto mes de pago de contribuciones consecutivas.

En el caso de las empresas rurales, la refinanciación comprenderá lo adeudado, y el derecho a presentarse para acogerse al régimen se generará cuando hayan existido dos aportes consecutivos, por sus obligaciones corrientes.

En el caso de deudas por aportes a la construcción, en que la misma haya finalizado o se encuentre paralizada y, en general, en casos de adeudos de empresas clausuradas, se dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días, para presentarse, desde la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 2º. - La declaración jurada estimará la deuda total, con exclusión de multas y recargos, calculada en base a la suma de las obligaciones impagas de cada año, convertidas a dólares estadounidenses al tipo de cambio comprador interbancario del último día hábil del año respectivo, a lo que se le agregará un recargo anual del 5% (cinco por ciento).

Art. 3º. - El monto resultante de la declaración jurada, con los ajustes que pudieran corresponder a juicio del Banco de Previsión Social, podrá ser pagado hasta en 120 (ciento veinte) cuotas mensuales y consecutivas, la primera de las cuales deberá abonarse conjuntamente con la presentación de la declaración jurada, y las demás, conjuntamente con las obligaciones corrientes, a partir del mes siguiente.

En los casos de empresas rurales, el monto resultante podrá ser abonado hasta en 40 (cuarenta) cuotas trimestrales, la primera de las cuales será abonada conjuntamente con la presentación de la declaración jurada y las siguientes conjuntamente con las obligaciones corrientes, a partir del vencimiento posterior al pago de la primera cuota.

Art. 4º. - El contribuyente podrá optar en forma irrevocable por uno de los siguientes sistemas de pago:

A) El monto resultante en dólares estadounidenses se dividirá en tantas cuotas como determine el contribuyente, con los máximos indicados, devengando un interés anual del 5% (cinco por ciento) por los saldos deudores. Las cuotas se convertirán en Nuevos Pesos al tipo de cambio comprador interbancario del último día hábil del mes anterior al del vencimiento de cada una de ellas.

B) El monto resultante en dólares estadounidenses se convertirá en Nuevos Pesos al tipo de cambio comprador interbancario del día de vigencia de la presente ley, y se dividirá en tantas cuotas como determine el contribuyente, con los máximos indicados. El monto así convertido devengará un interés anual sobre saldos equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) de las tasas medias de interés anual efectivo del mes anterior, del mercado de operaciones corrientes de créditos bancarios en moneda nacional no reajustable, publicadas por el Banco Central del Uruguay para el mes de diciembre de 1991. Dicho interés de financiación será modificado si las tasas publicadas en diciembre de cada año sufrieran variaciones en más o menos, que superasen el 20% (veinte por ciento) de las vigentes en el convenio a esa fecha.

Art. 5º. - La falta de pago de 3 (tres) cuotas consecutivas de refinanciación u obligaciones corrientes por el mismo lapso, determinará la caducidad de la refinanciación y será exigible la totalidad de lo adeudado originariamente, con las multas y recargos correspondientes, tomándose las cuotas abonadas como pago a cuenta.

En el caso de las empresas rurales la caducidad referida se producirá por el incumplimiento de un trimestre a la fecha de hacerse exigible el pago correspondiente al siguiente trimestre.

Por única vez, podrá rehabilitarse el convenio incumplido, siempre que se salden, previamente, las cuotas vencidas a la fecha de rehabilitación, acrecidas con las multas y recargos originados por el atraso en el pago.

Art. 6º. - Los montos estimados por el contribuyente serán objeto de reliquidación por el Banco de Previsión Social y si se comprobara una diferencia entre los montos de los tributos declarados por el deudor y el determinado por la Administración que supere el 25% (veinticinco por ciento) de aquél, dicha diferencia, más los cargos y multas correspondientes deberá ser regularizada dentro de los 30 (treinta) días de notificado el deudor. El importe de las multas que perciba el Banco de Previsión Social será adjudicado al avaluador o al personal de fiscalización que compruebe la diferencia mencionada.

La regularización referida podrá realizarse, a opción del deudor, pagando al contado o en la forma dispuesta por el artículo 32 del Código Tributario.

Si el contribuyente no regularizara la deuda en el plazo establecido, quedarán sin efecto las facilidades otorgadas al amparo de esta ley y se procederá al inmediato cobro judicial de lo adeudado originariamente.

Si la diferencia comprobada no superara el 25% (veinticinco por ciento) referido, la misma se incluirá en el monto adeudado y se procederá a suscribir un nuevo convenio de pagos tomándose las cuotas abonadas como pago a cuenta.

Art. 7º. - Las acciones judiciales que el Banco de Previsión Social hubiere iniciado para el cobro de los tributos, multas y recargos contra los contribuyentes que se acojan a la refinanciación de la presente ley, quedarán en suspenso mientras exista un cumplimiento regular de las cuotas de refinanciación y obligaciones corrientes, manteniéndose los embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio de las reinscripciones que correspondan.

Durante la suspensión de los procedimientos no correrá el plazo de la perención de la instancia.

El régimen de refinanciación previsto en esta ley no afectará las garantías reales otorgadas en beneficio del Banco de Previsión Social.

Art. 8º. - El Banco de Previsión Social procederá al inmediato cobro, en vía judicial, de lo adeudado con sus multas y recargos, a los contribuyentes sin convenio de pago vigente que no se acojan a la refinanciación de la presente ley, en algunas de las opciones establecidas en el artículo 1º. A esos efectos el Organismo podrá contratar, mediante arrendamiento de obra, a profesionales abogados que se inscriban con tal fin en el Banco, dentro de los 30 (treinta) días hábiles de vigencia de la ley, a los que se les adjudicarán, por sorteo, la gestión de las acciones judiciales que correspondan.

Los abogados contratados percibirán como única retribución, hasta el 20% (veinte por ciento) de lo percibido por el Banco de Previsión Social, excepto las multas, las cuales serán destinadas a estimular la recaudación. La reglamentación determinará las condiciones para la fijación de las retribuciones y los estímulos referidos.

Art. 9º. - Quienes tengan convenios celebrados en curso de pago, podrán optar por mantenerlos o acogerse al presente régimen en la forma, plazo y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 10. - Los trabajadores deberán recibir de sus empleadores, en cada oportunidad de cobro de sus salarios, una constancia de su situación laboral, que deberá contener los datos que establezca la reglamentación.

La omisión de la entrega de esa constancia, será sancionada por el Banco de Previsión Social con una multa de hasta 5 (cinco) veces, el importe del salario mensual del respectivo trabajador, la que se duplicará en caso de reincidencia.

Si se probara fehacientemente que la empresa empleadora realizó una constancia dolosa, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, el Banco de Previsión Social le aplicará una multa de hasta 20 (veinte) veces el importe del salario mensual correcto.

El 50% (cincuenta por ciento) del importe de las multas previstas en los incisos anteriores, corresponderá al trabajador denunciante.

La reglamentación establecerá las pruebas, preferentemente documentales, que deberán acompañarse a las denuncias que se formulen.

EL Poder Ejecutivo, con el previo asesoramiento del Banco de Previsión Social, determinará la fecha a partir de la cual será obligatoria la entrega de la referida constancia.

Art. 11. - El Banco de Previsión Social expedirá dos tipos de certificados a los que se acojan a este régimen.

Con el pago de la primera cuota del convenio tendrán derecho a un certificado "común", que sólo será hábil para el desarrollo de la actividad comercial.

Una vez completado el pago de las cuotas del convenio generará el derecho a un certificado "único especial", el que será hábil para enajenar o gravar.

Los certificados referidos tendrán, respectivamente, los efectos previstos en los artículos 663 y 664 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y la vigencia y demás condiciones que establece el artículo 665 de la referida ley.

El Banco de Previsión Social podrá asimismo otorgar constancia de pago, con una vigencia mensual, para quienes se encuentren en la situación prevista en el inciso 2º) del artículo 1º de la presente ley. Dicha constancia tendrá, en ese lapso, el efecto del certificado "común".

Art. 12. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6º, de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el Poder Ejecutivo podrá, por única vez, adecuar las remuneraciones de los funcionarios de los Incisos 02 al 14, en período menor de tres meses, ajustándose a las disposiciones de dicha norma").

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo votado, corresponde en discusión particular votar el conjunto de las disposiciones del proyecto.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAFFO. - Ante las dos advertencias que acaba de hacer el señor Presidente del Senado, pienso que no sería malo encargar a Secretaría que coordinara con la Secretaría de la Comisión un prolijo repaso del articulado, por si hubiera algún otro error de esta naturaleza.

SEÑOR PRESIDENTE. - La observación del señor Senador Raffo no requiere ser votada. Así se procederá para remitir a la Cámara de Representantes un texto absolutamente fidedigno.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que será comunicado inmediatamente a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - Los contribuyentes al Banco de Previsión Social con obligaciones tributarias impagas devengadas hasta el 31 de diciembre de 1991, podrán acogerse al régimen de refinanciación que establece la presente ley.

Para poder acceder al régimen, deben demostrar aportes consecutivos por sus obligaciones corrientes, durante seis meses.

Los que, a la fecha de promulgación de la presente ley, estén en esa situación, dispondrán de un plazo de 30 (treinta) días, a contar de dicha fecha, para presentar una declaración jurada de lo adeudado y expresar su propósito de ampararse al régimen.

Aquellos contribuyentes que aún no han registrado aportes por sus obligaciones corrientes durante seis meses, dispondrán de un plazo de 30 (treinta) días para presentarse con posterioridad al sexto mes de pago de contribuciones consecutivas.

En el caso de las empresas rurales, la refinanciación comprenderá lo adeudado, y el derecho a presentarse para acogerse al régimen, se generará cuando hayan existido dos aportes consecutivos, por sus obligaciones corrientes.

En el caso de deudas por aportes a la construcción, en que la misma haya finalizado o se encuentre paralizada y, en general, en casos de adeudos de empresas clausuradas, se dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días, para presentarse, desde la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 2º. - La declaración jurada estimará la deuda total, con exclusión de multas y recargos, calculada en base a la suma de las obligaciones impagas de cada año, convertidas a dólares estadounidenses al tipo de cambio comprador interbancario del último día hábil del año respectivo, a lo que se le agregará un recargo anual del 5% (cinco por ciento).

Art. 3º. - El monto resultante de la declaración jurada, con los ajustes que pudieran corresponder a juicio del Banco de Previsión Social, podrá ser pagada hasta en 120 (ciento veinte) cuotas mensuales y consecutivas, la primera de las cuales deberá abonarse conjuntamente con la presentación de la declaración jurada, y las demás, conjuntamente con las obligaciones corrientes, a partir del mes siguiente.

En los casos de empresas rurales, el monto resultante podrá ser abonado hasta en 40 (cuarenta) cuotas trimestrales, la primera de las cuales será abonada conjuntamente con la presentación de la declaración jurada y las siguientes conjuntamente con las obligaciones corrientes, a partir del vencimiento posterior al pago de la primera cuota.

Art. 4º. - El contribuyente podrá optar en forma irrevocable por uno de los siguientes sistemas de pago:

A) El monto resultante en dólares estadounidenses se dividirá en tantas cuotas como determine el contribuyente, con los máximos indicados, devengando un interés anual del 5% (cinco por ciento) por los saldos deudores. Las cuotas se convertirán en Nuevos Pesos al tipo de cambio comprador interbancario del último día hábil del mes anterior al del vencimiento de cada una de ellas.

B) El monto resultante en dólares estadounidenses se convertirá en Nuevos Pesos al tipo de cambio comprador interbancario del día de vigencia de la presente ley, y se dividirá en tantas cuotas como determine el contribuyente, con los máximos indicados. El monto así convertido devengará un interés anual sobre saldos equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de las tasas medias de interés anual efectivo del mes anterior, del mercado de operaciones corrientes de créditos bancarios en moneda nacional no reajustable, publicadas por el Banco Central del Uruguay para el mes de diciembre de 1991. Dicho interés de financiación será modificado si las tasas publicadas en diciembre de cada año sufrieran variaciones en más o en menos, que superasen el 20% (veinte por ciento) de las vigentes en el convenio a esa fecha.

Art. 5º. - La falta de pago de 3 (tres) cuotas consecutivas de refinanciación u obligaciones corrientes por el mismo lapso, determinará la caducidad de la refinanciación y será exigible la totalidad de lo adeudado originariamente, con las multas y recargos correspondientes, tomándose las cuotas abonadas como pago a cuenta.

En el caso de las empresas rurales la caducidad referida se producirá por el incumplimiento de un trimestre a la fecha de hacerse exigible el pago correspondiente al siguiente trimestre.

Por única vez, podrá rehabilitarse el convenio incumplido, siempre que se salden, previamente, las cuotas vencidas a la fecha de rehabilitación, acrecidas con las multas y recargos originados por el atraso en el pago.

Art. 6º. - Los montos estimados por el contribuyente serán objeto de reliquidación por el Banco de Previsión Social y si se comprobara una diferencia entre los montos de los tributos declarados por el deudor y el determinado por la Administración que supere el 25% (veinticinco por ciento) de aquél, dicha diferencia, más los cargos y multas correspondientes deberá ser regularizada dentro de los 30 (treinta) días de notificado el deudor. El importe de las multas que perciba el Banco de Previsión Social será adjudicado al avaluador o al personal de fiscalización que compruebe la diferencia mencionada.

La regularización referida podrá realizarse, a opción del deudor, pagando al contado o en la forma dispuesta por el artículo 32 del Código Tributario.

Si el contribuyente no regularizara la deuda en el plazo establecido, quedarán sin efecto las facilidades otorgadas al amparo de esta ley y se procederá al inmediato cobro judicial de lo adeudado originariamente.

Si la diferencia comprobada no superara el 25% (veinticinco por ciento) referido, la misma se incluirá en el monto adeudado y se procederá a suscribir un nuevo convenio de pagos tomándose las cuotas abonadas como pago a cuenta.

Art. 7º. - Las acciones judiciales que el Banco de Previsión Social hubiere iniciado par al cobro de los tributos, multas y recargos contra los contribuyentes que se acojan a la refinanciación de la presente ley, quedarán en suspenso mientras exista un cumplimiento regular de las cuotas de refinanciación y obligaciones corrientes, manteniéndose los embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio de las reinscripciones que correspondan.

Durante la suspensión de los procedimientos no correrá el plazo de la perención de la instancia.

El régimen de refinanciación previsto en esta ley no afectará las garantías reales otorgadas en beneficio del Banco de Previsión Social.

Art. 8º. - El Banco de Previsión Social procederá al inmediato cobro, en vía judicial, de lo adeudado con sus multas y recargos, a los contribuyentes sin convenio de pago vigente que no se acojan a la refinanciación de la presente ley, en algunas de las opciones establecidas en el artículo 1º. A esos efectos el Organismo podrá contratar, mediante arrendamiento de obra, a profesionales abogados que se inscriban con tal fin en el Banco, dentro de los 30 (treinta) días hábiles de vigencia de la ley, a los que se les adjudicarán, por sorteo, la gestión de las acciones judiciales que correspondan.

Los abogados contratados percibirán como única retribución, hasta el 20% (veinte por ciento) de lo percibido por el Banco de Previsión Social, excepto las multas, las cuales serán destinadas a estimular la recaudación. La reglamentación determinará las condiciones para la fijación de las retribuciones y los estímulos referidos.

Art. 9º. - Quienes tengan convenios celebrados en curso de pago, podrán optar por mantenerlos o acogerse al presente régimen en la forma, plazo y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 10. - Los trabajadores deberán recibir de sus empleadores, en cada oportunidad de cobro de sus salarios, una constancia de su situación laboral, que deberá contener los datos que establezca la reglamentación.

La omisión de la entrega de la entrega de esa constancia, será sancionada por el Banco de Previsión Social con una multa de hasta 5 (cinco) veces, el importe del salario mensual del respectivo trabajador, la que se duplicará en caso de reincidencia.

Si se probara fehacientemente que la empresa empleadora realizó una constancia dolosa, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, el Banco de Previsión Social le aplicará una multa de hasta 20 (veinte) veces el importe del salario mensual correcto.

El 50% (cincuenta por ciento) del importe de las multas previstas en los incisos anteriores, corresponderá al trabajador denunciante.

La reglamentación establecerá las pruebas, preferentemente documentales, que deberán acompañarse a las denuncias que se formulen.

El Poder Ejecutivo, con el previo asesoramiento del Banco de Previsión Social, determinará la fecha a partir de la cual será obligatoria la entrega de la referida constancia.

Art. 11. - El Banco de Previsión Social expedirá dos tipos de certificados a los que se acojan a este régimen.

Con el pago de la primera cuota del convenio tendrán derecho a un certificado "común", que sólo será hábil para el desarrollo de la actividad comercial.

Una vez completado el pago de las cuotas del convenio generará el derecho a un certificado "único especial", el que será hábil para enajenar o gravar.

Los certificados referidos tendrán, respectivamente, los efectos previstos en los artículos 663 y 664 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y la vigencia y demás condiciones que establece el artículo 665 de la referida ley.

El Banco de Previsión Social podrá asimismo otorgar constancia de pago, con una vigencia mensual, para quienes se encuentren en la situación prevista en el inciso 2º) del artículo 1º de la presente ley. Dicha constancia tendrá, en ese lapso, el efecto del certificado "común".

Art. 12. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6º, de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el Poder Ejecutivo podrá, por única vez, adecuar las remuneraciones de los funcionarios de los Incisos 02 al 14, en período menor de tres meses, ajustándose a las disposiciones de dicha norma".

10) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 17 y 18 minutos, presidiendo el Dr. Aguirre Ramírez y estando presentes los señores Senadores Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Batalla, Blanco, Bouza, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Librán Bonino, Millor, Pereyra, Pérez, Pintos, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.