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Nº 163 - TOMO 346 - 23 DE ENERO DE 1992

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

90ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitudes de licencia

- La formula el señor senador Abreu por el término de 31 días.
- Concedida.
- La formula el señor senador Cassina por el día de la fecha.
- Concedida.

5) Proyecto presentado

- Ley Nº 16.226 de 29 de octubre de 1991. Derogación de los artículos 499 y 500.
- Iniciativa de los señores senadores Irurtia y Millor.

6, 8 y 10) Levantamiento del receso

- Lo solicita el Poder Ejecutivo para considerar un proyecto de ley tendiente a la regularización de adeudos por parte de los contribuyentes al Banco de Previsión Social.
- Se resuelve levantar el receso y celebrar sesión.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- La Presidencia, a sugerencia del señor senador Bouza, resuelve que el proyecto sea enviado a la Comisión de Hacienda integrada con tres miembros de la de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

7) Integración del Cuerpo

- El contador Forné, suplente convocado del señor senador Abreu, comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.
- Estando en antesala el señor Enrique de Fuentes, suplente convocado del señor senador Abreu, se le invita a pasar al hemiciclo y, habiendo ya prestado el juramento de estilo, se le declara incorporado al Cuerpo.

9) Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991. Derogación de los artículos 499 y 500

- El señor senador Millor solicita que un proyecto presentado en tal sentido sea repartido.

11) Se levanta la sesión

- Así se resuelve por moción del señor senador Batalla.

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 20 de enero de 1992.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo jueves 23, a la hora 17, a fin de dar cuenta de los asuntos entrados y la solicitud de levantamiento del receso parlamentario formulado por el Poder Ejecutivo a efectos de considerar el proyecto de ley tendiente a la regularización de adeudos por parte de los contribuyentes al Banco de Previsión Social.

LOS SECRETARIOS».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Bruera, Cadenas Boix, Cigliuti, de Fuentes, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Singlet y Urioste.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Abrey y Cassina; con aviso, los señores senadores Librán Bonino, Silveira Zavala y Urioste.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, queda abierto el acto.

(Es la hora 17 y 8 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 23 de enero de 1991.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el levantamiento de receso parlamentario para considerar un proyecto de ley por el que se tiende a la regularización de adeudos por parte de los contribuyentes al Banco Hipotecario del Uruguay.

-A la Comisión de Hacienda.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se desafecta de su actual destino el padrón Nº 156.661, ubicado en la 13a. Sección Judicial del departamento de Montevideo y se le afecta -a título gratuito- al patrimonio de la Intendencia Municipal de Montevideo.

-Oportunamente pasará a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación.

Los señores senadores Millor e Irurtia presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se derogan los artículos 499 y 500 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, relacionado con las cuotas de los préstamos que otorga el Banco Hipotecario del Uruguay.

-A la Comisión de Hacienda.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que aprueba la Racionalización Presupuestal del Escalafón A «Técnico Profesional» en las series de Abogado y Escribano y del Escalafón B «Técnico Profesional» en las series de Procurador y Doctor en Diplomacia, de las unidades ejecutoras que la lleven a cabo.

por el que aprueba el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y Plan Anual de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos.

por la que se declara monumento histórico a la denominada «Pirámide de la Paz de Abril de 1872», sito en la ciudad de San José de Mayo.

por la que se autoriza una trasposición presupuestal en el Programa 004 «Dirección Nacional de Hidrografía», del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

por la que se libra Orden de Entrega a favor de la Administración Nacional de Educación Pública a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por Sentencia Nº 14 de 21 de febrero de 1991, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en autos «Reyes de Paladino, María Amelia c/CONAE - Daños y Perjuicios - Casación», Ficha Nº 606/89.

por la que se libra Orden de Entrega a favor del Ministerio de Educación y Cultura para dar cumplimiento al acuerdo transaccional con la Dra. Blanca Grompone, según lo dispuesto en los autos «Grompone Blanca c/Estado - Reparación Patrimonial», Ficha Nº 330/90.

y por la que se aprueba el Pliego de Condiciones Generales para la adquisición de Maquinaria Vial, Equipos y Vehículos con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifican varias disposiciones de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968 (Ley de Vivienda).

por el que se integra el Directorio del Banco de Previsión Social.

por el que se establecen normas para la enajenación de los bienes ingresados al patrimonio de los Bancos de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado.

por el que se designa con el nombre «Agustín Ramón Bissio» a la Escuela Nº 112 del departamento de Rivera.

y por el que se establece que el Banco Central del Uruguay llevará un registro con los datos de los integrantes de empresas de intermediación financiera que hayan sido sancionados con la pena de inhabilitación para ejercer dichos cargos.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas.

por el señor Juan A. Toledo, relacionada con la difícil situación por la que atraviesa la industria textil.

-A disposición del señor senador Juan A. Toledo.

y por el señor senador Jaime Pérez, relacionada con los problemas que padecen los trabajadores zafreros de Bella Unión.

-A disposición del señor senador Pérez.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas acusa recibo de las siguientes exposiciones escritas:

La formulada por el señor senador Mariano Arana, relacionada con los costos del boleto para estudiantes en el interior del país.

-A disposición del señor senador Mariano Arana.

y la formulada por el señor senador Carlos J. Pereyra, relacionada a las obras de drenaje que se estaban efectuando en determinada zona del departamento de Rocha, sin requerir la autorización correspondiente.

-A disposición del señor senador Carlos J. Pereyra.

El Ministerio de Educación y Cultura acusa recibo de las manifestaciones formuladas por el señor senador Mariano Arana, referentes a diversos problemas que afectan a los habitantes de los departamentos de Soriano y Río Negro.

-A disposición del señor senador Mariano Arana.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República el señor senador Jaime Pérez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el Carné de Salud que expide dicho Ministerio.

-Oportunamente fue tramitado.

El Secretario General de la Unión Interparlamentaria remite el texto de una comunicación recibida del Presidente de la Cámara de Representantes de la República del Yemen, por la que solicita ayuda a todos los Parlamentos del mundo, para que se le suministre urgente asistencia a la población de la gobernación de Ebb de dicho país, asolada por un reciente terremoto.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales».

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

-"El señor senador Sergio Abreu solicita licencia por el período comprendido entre el 19 de enero y el 21 de febrero de 1992".

Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 15 de enero de 1992.

Sr. Presidente
del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia por el período comprendido entre el 19 de enero y el 21 de febrero del corriente.

Motiva esta solicitud el hecho de viajar el próximo domingo en representación del Senado a la República Francesa para una reunión con miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales de América Latina y la Comunidad Europea.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Sergio Abreu. Senador».

-Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se convocará a su primer suplente, que lo es el contador Pedro Juan Forné.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

-»El señor senador Carlos A. Cassina solicita licencia por el día de la fecha».

Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, enero 22 de 1992. Señor Presidente de la Cámara de Senadores, doctor Gonzalo Aguirre Ramírez. Presente. De mi mayor consideración: por medio de la presente solicito a usted licencia por el día de la fecha. Saludo al señor Presidente muy atentamente. Carlos Alberto Cassina. Senador».

-En el entendido de que la solicitud que se acaba de leer abarca las dos sesiones que eventualmente se celebrarán en esta fecha, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) PROYECTO PRESENTADO

«LEY Nº 16.226, DE 29 DE OCTUBRE DE 1991. DEROGACION DE LOS ARTICULOS 499 Y 500.

I) EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 499 de la Ley Nº 16.226, de fecha 29 de octubre de 1991 (Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1990), determinó una serie de modificaciones en la fijación de las cuotas de los préstamos otorgados o que se otorguen por el Banco Hipotecario del Uruguay, así como las que estuvieren abonando o que se abonen por los promitentes compradores de viviendas construidas dentro del Sistema Público de Producción de Viviendas, indicando que las mismas se reajustarán conforme con la variación de la Unidad Reajustable, por períodos no inferiores a cuatro meses. Tratándose de viviendas de las Categorías I y II o similares, de acuerdo con la reglamentación del Banco Hipotecario del Uruguay, el reajuste referido no podrá efectuarse por períodos inferiores a seis meses.

La disposición mencionada no es novedosa; ya había sido introducida mediante un Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo, al considerarse por el Senado la Ley de Presupuesto. En el artículo 17 del citado Mensaje Complementario, de fecha 9 de noviembre de 1990, se establecía textualmente: «Las cuotas de los préstamos otorgados o que se otorguen por el Banco Hipotecario del Uruguay, así como las que se abonen por promitentes compradores de unidades construidas dentro del Sistema Público de Producción de Viviendas, se ajustarán en los meses de enero, mayo y setiembre de cada año, de acuerdo a la variación de la Unidad Reajustable». Puede apreciarse que el artículo 499 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991 reproduce casi textualmente el transcripto artículo 17 del Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo de 9 de noviembre de 1990.

La disposición contenida en ese artículo del Mensaje Complementario fue recogida sin modificación alguna en el artículo 708 del informe producido por la Comisión de Presupuesto, integrada con la de Hacienda, del Senado. Sin embargo, cuando éste la trató en el Plenario, fue sustituida por el artículo 717 -después 716- por el cual se facultó al Banco Hipotecario del Uruguay «a reajustar las cuotas de los préstamos que otorgue, utilizando para ello los índices de ajuste de la Unidad Reajustable (UR) o de la Unidad Reajustable de Alquileres (URA)». Además se agregó un segundo inciso por el que se estableció que «dichos reajustes no podrán hacerse en períodos menores a cuatro meses».

Adviértase que mientras el Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo se refería a los «préstamos otorgados o que se otorguen», el Senado sólo se refirió a los «préstamos que otorgue» el Banco Hipotecario del Uruguay.

Sin embargo, el hecho de que este Organismo interpretara que los reajustes comprendían a todos sus deudores, y que hiciera público su propósito de aplicarlo de esa manera, dio origen a que se levantara el receso parlamentario y se declarara «que la facultad concedida al Banco Hipotecario del Uruguay, de reajustar las cuotas de los préstamos, que establece el artículo 716 de la Ley Nº 16.170, refiere exclusivamente a aquéllos que conceda a partir de la vigencia de dicha ley». Por un segundo inciso se indicaba que la disposición referida precedentemente «es de Orden Público». Esta ley declarativa fue aprobada por 18 senadores en 22 y por 54 en 63 representantes, siendo sancionada oportunamente por el Poder Ejecutivo.

Quedaba así explícitamente demostrado que el Parlamento se oponía a que los anunciados reajustes cuatrimestrales de las cuotas a percibir por el Banco Hipotecario del Uruguay fueran aplicados a los que ya eran deudores del mismo, limitándolos «exclusivamente» a los préstamos «que conceda a partir de la vigencia» de la Ley Nº 16.170.

No obstante, una vez más volvió a introducirse en el Senado la misma norma que siete meses atrás había sido derogada, reiterando el procedimiento de incluirla a último momento en una ley que contenía 501 artículos (Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal del Ejercicio 1990), cuando prácticamente no existía el tiempo razonable para proceder a su detallado estudio y discusión. En un articulado que -reiteramos- contenía 501 artículos recibió el número 499, fue aprobada por 17 senadores en 31 presentes (sin que ningún senador la defendiera en Sala) y finalmente sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de octubre de 1991.

Basta repasar los Diarios de Sesiones de ambas Cámaras cuando se trató este mismo tema en los meses de enero y febrero de 1991, para comprender las razones que motivaron la derogación de una norma similar a la que hoy proyectamos derogar. No obstante, reiteramos a manera de síntesis que en ningún caso corresponde la alteración de los términos contractuales originales de los préstamos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, específicamente en lo que se refiere al artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el que textualmente dispone:

«Artículo 38. - Créase una ‘Unidad Reajustable’ cuyo valor será de $ 1.000.000 (pesos mil m/n) durante el período siguiente al 1º de setiembre de 1968.

El Poder Ejecutivo procederá a corregir anualmente el valor de la Unidad Reajustable, de acuerdo a la variación registrada en el índice medio de salarios a que hace referencia el artículo 39 en los doce meses anteriores al 1º de agosto inmediato anterior.

La reglamentación podrá establecer, a los fines que especifique, reajustes intermedios hasta por períodos trimestrales, que éstos no afectarán ni los depósitos de ahorro, ni el valor de las Obligaciones Reajustables, ni las cuotas y saldo de los préstamos, los que seguirán rigiéndose por el valor de la Unidad Reajustable al 1º de setiembre del año respectivo».

Obsérvese que expresamente se prohibe la afectación, entre otros, de las cuotas y saldos de los préstamos, «los que seguirán rigiéndose por el valor de la Unidad Reajustable al 1º de setiembre del año anterior.

La aplicación del artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y de conformidad a lo que se expresara anteriormente, justifica plenamente la derogación del artículo 499 de la Ley Nº 16.226, de fecha 29 de octubre de 1991, propuesta en el artículo 1º del proyecto de ley que acompaña a la presente.

El artículo 2º, recoge los dos primeros incisos del citado artículo 499, con la modificación consistente en dejar fuera de los reajustes a las cuotas de los préstamos ya otorgados y a las que ya se estuvieran abonando por los promitentes compradores de viviendas construidas dentro del Sistema Público de Producción de Viviendas.

El artículo 3º del proyecto de ley que estamos presentando, se refiere al tope de las cuotas que se abonen en el Banco Hipotecario del Uruguay.

El inciso 3º del artículo 499 de la Ley Nº 16.226, de fecha 29 de octubre de 1991 establece que «el tope de las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay estará sujeto al límite máximo del 26% (veintiséis por ciento), de afectación de los ingresos de carácter permanente del núcleo familiar, o al límite máximo contractualmente acordado.

Las mismas razones que llevan a impugnar las modificaciones que ignoran las disposiciones del artículo 38 de la Ley Nº 13.728 en cuanto a los reajustes de las cuotas, provocan el rechazo de esta imposición referida al límite máximo o tope de las cuotas que percibe el Banco Hipotecario del Uruguay. El inciso 1º del artículo 35 de la citada Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, determina que «ninguna persona podrá recibir del Fondo Nacional de Vivienda, préstamos de vivienda cuyo servicio de amortizaciones e intereses supere el 20% (veinte por ciento) de los ingresos nominales totales de la familia.

Siendo esa la norma vigente en el momento de efectuarse los referidos contratos de préstamos hipotecarios, no se comprende cómo ahora puede pretenderse modificar ese tope, con el agravante de que si, como se asegura en diversos medios, ese 26% se va a aplicar sobre las remuneraciones líquidas (nominal menos montepío), el tope alcanzaría al 29,885% sobre los ingresos nominales del núcleo familiar.

Por lo expuesto, proponemos el artículo 3º que dispone: «El tope de las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay estará sujeto al límite máximo del 20% (veinte por ciento) de los ingresos nominales de carácter permanente del núcleo familiar, sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 13.728 de 17 de diciembre de 1968.

El artículo 4º del proyecto de ley que estamos presentando, reproduce textualmente el inciso 4º del artículo 499 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por considerar de estricta justicia que se faculte al Banco Hipotecario del Uruguay «a otorgar, ante circunstancias excepcionales, plazos y condiciones diferenciales, contemplando la situación social de los deudores, con el propósito de flexibilizar las fórmulas de pago».

El artículo 5º del proyecto de ley, impide la modificación de las tasas vigentes y proviene contra la posible pérdida de derechos al Seguro de Vida contratado con el Banco Hipotecario del Uruguay por parte de sus deudores, en los casos en que haya que procederse a la modificación de contratos en razón de las refinanciaciones a que dé lugar la aplicación de los artículos 3º y 4º del mismo.

El artículo 6º tiene directa referencia con lo que ya se expresara anteriormente en relación a la vigencia del artículo 38 de la Ley Nº 13.728.

El Banco Hipotecario del Uruguay, a partir del mes de marzo de 1991, aumentó las tasas de interés que venía percibiendo (con el consiguiente reajuste de las cuotas), aplicando las tasas contractuales. Hasta ese momento las tasas de interés eran las que unilateralmente el mismo Banco Hipotecario del Uruguay había rebajado en varias oportunidades, atendiendo a la práctica imposibilidad financiera de sus deudores para poder hacer frente a las mayores erogaciones que la tasa contractual -precisamente- les imponía.

Ese aumento de las tasas de interés dispuesto por el citado Organismo repercutió, además, en la fijación de la cuota a partir de setiembre de 1991, por cuanto el monto de la misma, de acuerdo a la variación de la Unidad Reajustable, se estableció tomando como base la cuota de setiembre de 1990 aumentada con la diferencia de intereses aplicada desde marzo de 1991.

En consecuencia se interpreta en el artículo 6º del Proyecto de ley que estamos presentando que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el Banco Hipotecario del Uruguay no pudo y -por consiguiente- no debió efectuar reajustes de las cuotas de sus deudores por préstamos de viviendas, correspondientes al período comprendido entre el 1º de setiembre de 1990 y el 31 de agosto de 1991. Se establece, además, que el citado Banco deberá reajustar las cuotas mencionadas al 1º de setiembre de 1991, tomando como base exclusivamente las cuotas devengadas en el mes de setiembre de 1990 y como única variación la de la Unidad Reajustable entre el 31 de julio de 1990 y el 31 de julio de 1991.

A efectos de no provocar egresos extraordinarios del Banco Hipotecario del Uruguay, no se ha estimado conveniente exigir la devolución de lo percibido de más, sino que las diferencias cobradas en demasía a partir de las cuotas devengadas en marzo de 1991, quedarán acreditadas en los respectivos préstamos.

El artículo 7º de la ley proyectada establece que las disposiciones contenidas en ella son de Orden Público.

En cuanto a la derogación del artículo 500 de la Ley Nº 16.226 de 29 de octubre de 1991, la misma se justifica por cuanto dicha norma se refiere al reajuste previsto en el artículo 499, el que también se deroga.

Montevideo, 23 de enero de 1992

Dante Irurtia, Pablo Millor. Senadores.

II) EXPOSICION DE MOTIVOS

El 4 de noviembre de 1991, el diputado Hugo Ferrari presentó en la Cámara de Representantes el presente proyecto de ley con su correspondiente exposición de motivos. Esta última se transcribe íntegramente por compartirse en todos sus términos, es sumamente ilustrativa, fundamentando sobradamente las causas y fines que anidan en esta iniciativa.

La razón por la cual nuestra bancada haya decidido impulsar en el Senado este proyecto, como forma de sumar esfuerzos, radica en un hecho nuevo, y a nuestro entender, determinante, que ha cobrado estado público el 6 del presente mes al ser publicado en nuestra prensa el dictamen que emitiese el Fiscal de Corte, Dr. Rafael Robatto, ante el reclamo de un deudor del Banco Hipotecario del Uruguay, que había contratado un préstamo con la entidad antes de la vigencia de la Ley Nº 16.226, del 29 de octubre de 1991, que se consideraba perjudicado por la implantación del nuevo sistema de reajuste de las cuotas que debía abonar al Banco, instrumentado en los artículos 499 y 500 de dicha ley.

Ante dicho reclamo, el Fiscal dictaminó la inconstitucionalidad de este nuevo régimen de reajuste, si el mismo se aplica a deudores anteriores a la vigencia de la ley.

Nuestra bancada comparte íntegramente las razones esgrimidas por el Fiscal el cual de una manera impecable en su fundamentación jurídica y doctrinaria concluye que el alterar las reglas de juego pactadas entre el Banco Hipotecario del Uruguay y el reclamante, al amparo del marco normativo vigente antes del 29 de octubre de 1991 que se basaba en la Ley Nº 13.728, del 17 de diciembre de 1968, implicaba avasallar derechos adquiridos por el deudor vulnerando uno de los pilares de nuestro derecho como es el principio de seguridad y certeza jurídica.

Estos argumentos fueron expuestos, claro está que sin el mismo brillo, por nuestra bancada en la sesión del 9 de enero de 1991, en la cual el Senado, al consagrar la Ley Nº 16.171, desechó la aplicación de los ajustes cuatrimestrales a quienes ya revestían la calidad de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay.

Si la Suprema Corte de Justicia, adopta el criterio del Fiscal, es de suponer que se producirá una avalancha de reclamos por parte de los casi 90.000 deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y es fácil inferior que todos estos pleitos serán perdidos por el Estado, con el consiguiente incalculable perjuicio económico.

Pero lo más grave radica en que de persistirse en la aplicación de los ajustes cuatrimestrales y semestrales de la Ley Nº 16.226, el Banco Hipotecario del Uruguay estaría violando la Constitución, extremo que nos exime de todo comentario.

Este proyecto no pretende agraviar a quienes votaron a favor de los artículos 499 y 500; por el contrario, desde nuestra posición discorde con dichos artículos entendemos que quienes lo apoyaron, lo hicieron atendiendo legítimas razones de oportunidad y conveniencia financiera para el Banco Hipotecario del Uruguay. Pero votaron cuando aún, obviamente, no se había producido el dictamen de inconstitucionalidad que invocamos.

El principal cometido de un Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes. Si no las cumple no puede exigir su acatamiento a los demás.

Si el Gobierno fuese omiso en este mandato, queda como reserva el Parlamento para imponerles a todos, gobernantes y gobernados, el acatamiento de las leyes.

En ese sentido es que propiciamos en el Senado este proyecto y transcribimos a continuación la exposición de motivos que lo acompañó en la Cámara de Diputados.

Los senadores firmantes quieren dejar la constancia, en nombre de nuestro sector que el tenor del artículo 2º en el cual se admiten los ajustes cuatrimestrales y semestrales para el futuro, es una concesión que se realiza en aras de lograr un consenso que posibilite la aprobación de este proyecto, pero no implica abdicar a nuestra prédica de que este nuevo sistema que sustituye al ajuste anual de la Ley Nº 13.728 al ocasionar un aumento en las cuotas le cerrará las puertas del Banco Hipotecario del Uruguay a muchos orientales de modestos recursos, con lo cual se desvirtúa la finalidad social que dicha Institución venía cumpliendo.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Deróganse los artículos 499 y 500 de la Ley Nº 16.226 de fecha 29 de octubre de 1991.

Art. 2º. - Las cuotas de los préstamos que en lo sucesivo otorgue el Banco Hipotecario del Uruguay y las que se abonen por los promitentes compradores de viviendas a construirse dentro del Sistema Público de Producción de Viviendas, podrán reajustarse conforme con la variación del valor de la Unidad Reajustable (artículo 38 de la Ley Nº 13.728 del 17 de diciembre de 1968), por períodos no inferiores a cuatro meses.

Tratándose de viviendas de las categorías I y II o similares, de acuerdo con la reglamentación del Banco Hipotecario del Uruguay, el reajuste referido en el inciso precedente no podrá efectuarse por períodos inferiores a los seis meses.

Art. 3º. - El tope de las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay estará sujeto al límite máximo del 20% (veinte por ciento) de los ingresos nominales de carácter permanente del núcleo familiar, sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 13.728, del 17 de diciembre de 1968.

Art. 4º. - Facúltase al Banco Hipotecario del Uruguay a otorgar ante circunstancias excepcionales, plazos y condiciones diferenciales, contemplando la situación social de los deudores, con el propósito de flexibilizar las fórmulas de pago.

Art. 5º. - Las refinanciaciones que se deriven de la aplicación de los artículos 3º y 4º de esta Ley no modificarán las tasas de interés de los créditos refinanciados ni harán perder los derechos al Seguro de Vida contratado entre el Banco Hipotecario del Uruguay y parte de sus deudores, rigiéndose -además- por las disposiciones del artículo 38 de la Ley Nº 13.728 del 17 de diciembre de 1968.

Art. 6º. - Interprétase que de acuerdo al artículo 38 de la Ley Nº 13.728 del 17 de diciembre de 1968, el Banco Hipotecario del Uruguay no pudo ni debió efectuar reajustes de las cuotas de sus deudores por préstamos de vivienda, correspondiente al período comprendido entre el 1º de setiembre de 1990 y el 31 de agosto de 1991.

El Banco Hipotecario del Uruguay reajustará las cuotas mencionadas al 1º de setiembre de 1991, tomando como base exclusivamente las cuotas devengadas en el mes de setiembre de 1990 y como única variación la de la Unidad Reajustable entre el 31 de julio de 1990 y el 31 de julio de 1991.

El referido reajuste se aplicará a partir del mes de la sanción de la presente Ley.

Las diferencias cobradas de más por el Banco Hipotecario del Uruguay a partir de las cuotas devengadas en marzo de 1991, quedarán acreditadas en los respectivos préstamos.

Art. 7º. - Las disposiciones de esta Ley son de Orden Público.

Art. 8º. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 23 de enero de 1992.

Dante Irurtia, Pablo Millor. Senadores».

6) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado ha sido convocado a reunirse en sesión extraordinaria, a fin de considerar una solicitud del levantamiento del receso parlamentario presentada por el Poder Ejecutivo a efectos de analizar un proyecto de ley tendiente a la regularización de adeudos por parte de los contribuyentes al Banco de Previsión Social.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución...

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara que cuando dio la palabra al señor senador incurrió en un error porque no estamos en sesión y, por lo tanto, no se puede hacer uso de la palabra. Si se levanta el receso, se podrá hacer uso de la palabra; de lo contrario, lo que corresponde es levantar el acto.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite, para una aclaración?

SEÑOR PRESIDENTE. - Reitero que no podemos estar haciendo uso de la palabra porque el Senado no está en sesión. El Cuerpo simplemente puede dar cuenta de los asuntos entrados. Ahora bien, si levanta el receso, se podrán efectuar todos los planteos que se desee. En caso contrario, la Mesa se verá obligada a levantar el acto.

SEÑOR GARGANO. - Había pedido la palabra para realizar una aclaración sobre el trámite que el señor Presidente dio a este tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Le repito una vez más al señor senador que no estamos en sesión.

Por otra parte, deseo aclarar que la Mesa ha estudiado el punto que preocupa al señor senador y, en su momento, cuando levantemos el receso, explicaré por qué se dio este trámite al tema. Asimismo, como corresponde, le dará la palabra al señor senador Gargano.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Vuelvo a reiterar que no estamos en sesión y, por lo tanto, no puedo dar la palabra al señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Entonces, no deberían haberse leído los asuntos entrados.

SEÑOR PRESIDENTE. - No es así, señor senador. Desde el punto de vista reglamentario, hay que dar cuenta de los asuntos entrados cuando el Cuerpo está reunido. Sin embargo, luego debe determinarse si se levanta el receso para celebrar la sesión y considerar el orden del día.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota:)

-18 en 24. Afirmativa.

Está abierta la sesión.

Tiene la palabra el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: considero que la interpretación de la Mesa no es correcta porque el Cuerpo tiene que deliberar y decidir si el tema que le ha planteado el Poder Ejecutivo reúne las condiciones que exige el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución, es decir, si se trata de un asunto grave y urgente que merece el levantamiento del receso. En este caso hemos levantado el receso sin siquiera considerar si el tema es grave y urgente.

Insisto en que, obviamente, para poder pronunciarnos al respecto deberíamos haber analizado la gravedad y urgencia del tema en forma previa.

En tanto el Cuerpo ya se ha pronunciado -creo que en un procedimiento equivocado- me voy a referir a las características del pedido del Poder Ejecutivo. Deseo además aclarar que estaba dispuesto a acompañar el levantamiento del receso, pero considerando previamente, en términos generales, lo planteado por el Poder Ejecutivo.

A nuestro juicio, señor Presidente, el asunto planteado por el Poder Ejecutivo es grave porque los adeudos que tienen las empresas con el Banco de Previsión Social constituyen uno de los resortes fundamentales para que haya desfinanciamiento dentro de la institución. Sin embargo, entendemos que este no es un tema urgente porque actualmente están vigentes disposiciones contenidas en la Ley Nº 16.170, de Presupuesto, que preven un régimen de financiamiento del endeudamiento de las empresas en hasta 120 meses, y con determinadas quitas y beneficios. Se trata específicamente de los artículos 577, 578, 579 y 580 de la Ley de Presupuesto, que establecen que los adeudos determinados conforme a los artículos precedentes podrán ser abonados en hasta 120 cuotas mensuales y consecutivas. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo contiene prácticamente las mismas disposiciones, con algunos agregados novedosos.

De lo expuesto, entonces, se deduce que no hay urgencia en tratar este tema. Por el contrario, consideramos que el Poder Ejecutivo ha vinculado públicamente el asunto de la refinanciación de los adeudos de las empresas con el Banco de Previsión Social con el de la rebaja de los aportes de los trabajadores del Estado a dicho organismo en un 5%. A su vez, este tema se deriva del ajuste de los salarios efectuados a principios de este mes por el Poder Ejecutivo. A pesar de que el Indice de Precios al Consumo del último cuatrimestre se incrementó en casi un 20%, el Poder Ejecutivo por decreto resolvió aumentar los salarios de los funcionarios públicos en un 12%. A renglón seguido, en el mismo acto, anunció que habría un 5% de rebaja de los aportes al Banco de Previsión Social a partir del 1º de marzo si el Poder Legislativo sancionaba una ley que refinanciara los adeudos de las empresas con dicha institución.

Entiendo que este es un recurso que ha utilizado el Poder Ejecutivo para trasladar al Poder Legislativo la responsabilidad de que los trabajadores del Estado obtengan un incremento en sus ingresos a partir del 1º de marzo. Me parece que el problema de los salarios de los funcionarios públicos debe ser resuelto por el Poder Ejecutivo que, además, ha trasladado al Parlamento el peso de decidir acerca de una nueva ley de refinanciación de los adeudos de las empresas, que contiene disposiciones que en gran parte tienden a licuarlos.

Consideramos que el Poder Legislativo se ve enfrentado al tratamiento de un tema que, de hecho le ha sido trasladado por el Poder Ejecutivo, desvinculándose así de toda responsabilidad. No es correcto que esto suceda y, además, este tema de por sí no ameritaría el levantamiento del receso. Sin embargo, como pensamos que hay un hecho político, porque de facto se ha trasladado una realidad política al Poder Legislativo, queríamos ocuparnos del asunto y por eso íbamos a votar el levantamiento del receso siempre y cuando el señor Presidente le diera un trámite diferente, como el de la consideración previa de este asunto para determinar si ameritaba o no su consideración como grave y urgente por el Cuerpo, tal como lo requiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución.

Estos eran los fundamentos que íbamos a dar en forma previa, pero como ya se ha votado el levantamiento del receso, los planteamos a modo de fundamento de voto de nuestra parte.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia se siente en el deber de aclarar, ante algunas de las manifestaciones del señor senador Gargano y la protesta que en su momento también formuló en ese sentido el señor senador Korzeniak de viva voz, que no deja de asistir razón al señor senador Gargano en cuanto al orden de la fundamentación lógica del problema. Es exacto que si se va a votar una resolución sobre si un asunto es grave y urgente, en virtud de la cual se debe o no levantar el receso podría proceder una discusión previa. Lamentablemente, mientras no se levante el receso el Cuerpo no está sesionando; estamos en receso. Por consiguiente, mientras no lo levantemos, no podemos sesionar, hacer uso de la palabra, ni tomar resoluciones.

La práctica invariable, inmemorial, es que, cuando se pide el levantamiento del receso, éste se vota sobre tablas. Siempre se ha procedido así, y luego se discute. Además, es la misma práctica que se sigue, no estando en receso, cuando se solicitan sesiones extraordinarias por parte de los señores senadores. No se discute antes, si procede o no la sesión extraordinaria. Se vota sobre tablas. Quien está de acuerdo con la sesión extraordinaria, vota a favor; quién está en desacuerdo, vota en contra.

En síntesis, la Mesa no ha hecho otra cosa que seguir con lo que siempre ha sido de estilo.

Por otra parte, deseo aclarar que creí que el señor senador Gargano iba a plantear una cuestión de orden, cuando, en realidad, hizo uso de la palabra por la vía del fundamento de voto. La Mesa puntualiza que por esa vía solamente se puede hablar durante tres minutos, y el señor senador Gargano hizo uso de la palabra por un lapso mayor. Además en su fundamento de voto el señor senador se refirió al fondo del tema e hizo una serie de consideraciones políticas, que no proceden en un fundamento de voto. Como se trata de un caso muy especial, la Mesa no va a disponer que se supriman sus manifestaciones de la versión taquigráfica, pero, de todas maneras, en caso de que continúen los fundamentos de voto, precisa cuál es el cauce reglamentario que se debe seguir.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - A modo de fundamento de voto, señor Presidente -he votado en contra el levantamiento del receso, aunque lo iba a acompañar- deseo aclarar, en primer término, que es cierto que la práctica ha sido la que señala la Mesa, pero no en forma invariable. Esta discusión que ahora se está procesando se dio varias veces en la historia parlamentaria uruguaya, tanto con el actual artículo 104 de la Constitución como con los textos anteriores.

Por otra parte, cuando se ha iniciado una sesión se puede deliberar y votar. No advierto, desde el punto de vista lógico, como se puede admitir que se vote el levantamiento del receso -lo que también debe hacerse dentro de una sesión- y no -porque no se está en sesión- que se discuta acerca de si están dadas las condiciones para tratar un determinado tema. Desde el punto de vista lógico, eso es insostenible.

El Reglamento no establece nada al respecto. La Constitución, a su vez, establece que el Parlamento o el Poder Ejecutivo podrán convocar a sesiones extraordinarias para hacer cesar el receso. Por lo tanto, es el Cuerpo el que lo hace cesar, y para llegar a esa determinación, debe discutir, tal como sucede en las demás oportunidades.

En definitiva, que no estábamos en sesión, no lo creo. Porque si era así, la votación no existe, pues para votar se debe sesionar.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: declaro que puedo estar confundido con respecto a la forma en que se ha votado y al sentido de esta sesión.

He votado afirmativamente el levantamiento del receso porque creo que, además, siendo un tema importante es natural que el Parlamento no cierre el camino que pretende recorrer el Poder Ejecutivo a los efectos de aprobar un determinado proyecto. Pienso que a nadie se le puede ocurrir que en esta sesión se debía aprobar el proyecto de ley. Parece muy claro que el trámite que ha determinado la Mesa, que es el de darle curso a la Comisión de Hacienda, agota en la sesión de hoy el tratamiento a dársele a este proyecto. Evidentemente, se buscaba darle entrada -lo que me parece correcto- y habilitar el camino para su discusión a través del levantamiento del receso.

Evidentemente, se trata de un proyecto que puede tener aspectos positivos y negativos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo, independientemente de lo que fue la labor de la Comisión multipartidaria que está trabajando en el tema y que, sin duda alguna, requerirá de la Comisión de Hacienda una tarea de asesoramiento con distintas organizaciones, entre las cuales podemos citar al Banco de Previsión Social.

Declaro que he votado en el entendido de que estaba agotado el trámite de la sesión de hoy, dándole camino a la Comisión de Hacienda y abriendo el cauce para que ésta examinara el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia comparte el criterio del señor senador Batalla, que parece razonable, atento al articulado del proyecto y a su relativa complejidad.

De todas maneras, habiéndose levantado el receso y estando el punto en el orden del día, corresponde pasar a su discusión general. Si el Cuerpo considera que no está habilitado para tratar el proyecto sobre tablas, se hará alguna moción de orden para pasar esta sesión a cuarto intermedio o para lo que los señores senadores consideren del caso.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: no sé si este es el momento adecuado, pero deseo referirme al trámite que se ha dado al proyecto por parte de la Mesa.

En mi opinión, el proyecto de ley tendría que ser pasado a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, porque se trata de los adeudos con el Banco de Previsión Social. Esta Comisión tiene que ver con la seguridad social y la naturaleza del proyecto a estudio está relacionada con esa materia. No niego que la Comisión de Hacienda también pudiera tener conocimiento o intervenir en el estudio del caso, pero integrando con sus representantes la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. No creo que esta última pueda ser excluida de la consideración de este asunto, que es típico de la naturaleza de su trabajo.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un desistimiento ante una convocatoria efectuada.

(Se da del siguiente:)

-El contador Pedro Juan Forné comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 23 de enero de 1992.

Señor Presidente del
Senado de la República
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, quien suscribe Cr. Pedro Juan Forné, suplente del señor senador Sergio Abreu, comunica a Ud. que a los efectos pertinentes, se tome nota que por esta vez no hará uso de la suplencia respectiva.

Reitera su consideración más distinguida.

Cr. Pedro J. Forné».

-Téngase presente y convóquese al siguiente suplente, que es el señor Enrique de Fuentes, quien por haber ya prestado el juramento reglamentario e integrado el Cuerpo en varias oportunidades, si se encontrare en antesala, puede ingresar al hemiciclo.

8) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE. - Con relación al planteo efectuado por el señor senador Cigliuti, la Mesa se siente en el deber de expresar -y pide atención al Cuerpo- que le preocupó, por la naturaleza especial del proyecto el destino que debía darle a éste. En consecuencia, estudió el Reglamento en su artículo 127, que es lo que establece el ámbito de materias sobre el cual es competente cada una de las Comisiones. En lo pertinente, respecto de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, el Reglamento dice que su competencia refiere a estas áreas o materias: legislación del trabajo, que no es el caso; relaciones obrero-patronales, que tampoco es el caso; previsión social, que entiendo tampoco es el caso y salud pública que, obviamente, no lo es.

El proyecto refiere a una materia tributaria, cual es el atraso de las empresas contribuyentes con un organismo del Estado. Establece un mecanismo de financiación y disposiciones relativas a la eventual suspensión de los juicios que se siguen contra esos deudores. Se trata de una materia, en mi opinión, que está dentro de las competencias de la Comisión de Hacienda, que refiere a impuestos, es decir a tributos en el sentido amplio, como lo son los aportes a la seguridad social, al crédito público, a las instituciones bancarias, a la contabilidad del Estado y a los problemas financieros. Se trata de un problema financiero, no un problema de previsión social, ya que aquí no hay ninguna situación referida a los cómputos, causales o beneficios jubilatorios y pensionarios.

Ese ha sido, por lo tanto, el criterio que ha seguido la Mesa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social está incluido el estudio del movimiento y la vida económico-financiera del Banco de Previsión Social. Naturalmente, todas las leyes que han venido al Senado, desde el anterior Período, mientras he integrado esa Comisión, han sido consideradas y no puede ser excluida ésta, que es fundamental, porque se refiere a la forma en que se van a pagar las deudas que se mantienen con el Banco de Previsión Social. Es como decir -y se ha dicho- que para mandar este proyecto al Parlamento, el Banco no fue consultado. Esto no tendría sentido, ya que este proyecto se relaciona con la vida económica de esa Institución.

En consecuencia, insisto en que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social debe entender en este asunto. No diré que lo debe hacer ella sola, puesto que podría incluirse a la Comisión de Hacienda. Estoy de acuerdo en que sean las dos.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: creo que el tema reglamentario no nos debería llevar más tiempo. Me parece que este tema es de otro orden.

Puedo compartir el criterio de la Presidencia en cuanto a que, según el Reglamento, este proyecto está directamente vinculado con problemas financieros. Pero también tiene razón el señor senador Cigliuti cuando señala que estos problemas financieros están relacionados con la seguridad social. Tan es así, que quienes hoy no estaríamos en condiciones de votar este proyecto, entre otras razones, tomaríamos esa actitud porque, por ejemplo, nos parece que la posibilidad de mejorar las remuneraciones de los funcionarios públicos abatiendo el montepío, produce un efecto que no habrá sido el deseado por los autores del proyecto pero entiendo que parece evidente que de esa forma el Indice Medio de Salarios va a tener un ritmo de crecimiento diferente, mucho menor. Esto tiene una repercusión cierta sobre las pasividades en general. Este es un tema que debe ser analizado.

Por otra parte, tenemos nuestras dudas en cuanto a que este proyecto, que establece facilidades tan llamativas respecto de los deudores del Banco de Previsión Social, produzca el efecto que se señala en la exposición de motivos, es decir, el de aumentar los ingresos de dicho Banco.

Además, nos gustaría saber -se trata de un tema vinculado con la previsión social- por qué en este caso sí hay tanto entusiasmo por la refinanciación de deudas con el Banco de Previsión Social, cuando lo hay menos al tratarse de las deudas del agro, la industria, etcétera.

Creo que una parte del tema, como señala el señor Presidente, que tiene razón, lo repito, está relacionada con la Comisión de Hacienda, pero también el sentido común nos indica que tenemos que dar pasos firmes y seguros. Creo que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene, reglamentariamente, algo que decir. A nadie escapa que según se atribuya a una u otra de las Comisiones integrada con la que no entiende en el asunto, puedan haber diferentes decisiones en mayoría. Para ello, basta prestar atención a la integración de cada una de las Comisiones. Creo que con respecto a este tema nadie pretende obtener ventajas indebidas. Pienso que lo mejor sería acceder a lo que planteaba mi compañero de sector, el señor senador Cigliuti. Por tanto, si él no formuló moción en ese sentido, me voy a permitir hacerlo, es decir que este tema pase a consideración de las Comisiones de Hacienda y Asuntos Laborales y Seguridad Social, en forma conjunta. De esta manera, concluiríamos con la discusión de este punto.

Reconozco que reglamentariamente tienen razón tanto el señor Presidente como el señor senador Cigliuti.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: me resulta extraño que se parta de la base de que este proyecto de ley no deba ir en primer término a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, trámite que se ha seguido en todos los casos similares en que se han tratado temas relativos a la reforma del Banco de Previsión Social, al sistema jubilatorio, etcétera.

Por otra parte, pienso que si se considera necesario, se podrían incorporar, además de los miembros que ya integran esta Comisión, algunos señores senadores que no pertenecen a ella. Naturalmente, nadie estaría en contra de que se hiciera un examen lo más exhaustivo posible.

Deseo dejar constancia de que tomé conocimiento de este proyecto, precisamente, en el momento en que ingresé a este recinto. Por lo tanto, me resulta muy difícil -y no es del caso- opinar ahora sobre este asunto.

En principio, vamos a votar en contra, por las mismas razones que señalaba el señor senador Gargano y, además, porque pensamos que no debemos pasar sobre él livianamente. ¿Acaso no está funcionando una Comisión en la que participan todos los Partidos y el Poder Ejecutivo analizando lo relativo al sistema jubilatorio? Sin embrago, advertimos que ha surgido este proyecto completamente al margen de ella. Tan es así que en uno de los pocos diarios que he leído en estos días se señala que, en principio, el Presidente del Banco de Previsión Social no sería partidario de este proyecto en la forma en que está redactado. En consecuencia, ¿qué es lo que motiva un apuro semejante?

No sé si aquí estará pasando lo mismo que en Brasil, donde -aparentemente- el señor Presidente Collor debe presentar una nueva Carta de Intención ante el Fondo Monetario Internacional y está buscando una manera diferente de incorporar el tema de la previsión social. Tengo la impresión de que en este caso el apuro puede tener razones similares, es decir, que haya motivos que no tengan que ver propiamente con la previsión social, ni siquiera, con los descuentos que sufren los funcionarios públicos. Además, sería muy interesante -nunca se ha podido determinar con exactitud- saber por qué las ex Cajas Rural y Civil han sido las únicas que han tenido grandes déficit. Naturalmente, éste no es el caso de la caja de Industria y Comercio que, a pesar de que posee adeudos importantes, sin embargo, cada año tiene superávit que van creciendo.

Por lo tanto -reitero- ¿cuál es la razón para generar esta solución que, en definitiva, no nos parece clara?

Pensamos que este proyecto debe ser estudiado sin urgencia. Por ello, apoyamos la propuesta que ha hecho el señor senador Cigliuti en cuanto a que este proyecto de ley pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Creo que, como tantas veces -y sin que nadie se lo proponga de manera expresa- nos estamos enfrascando en una discusión reglamentaria y, además, haciendo consideraciones sobre el tema de fondo. La experiencia demuestra -al menos la poca que poseo- que este tipo de discusiones rara vez llegan a un fin productivo. Pensamos -tanto a nivel personal como de nuestra bancada- que el tema es prerrogativa de la Mesa y que su decisión tiene una clara base reglamentaria. La materia principal a la que hace referencia el proyecto es, nítidamente, de carácter tributario y como sucede en todos estos casos, es competencia de la Comisión de Hacienda.

Además, estimo que no es buena la experiencia en materia de Comisiones integradas, ya que esto suele causar grandes dificultades en sus sesiones, en virtud del número de sus integrantes. En realidad, llegan a ser Comisiones que tienen la mitad de miembros que el Plenario. De este modo, se trastoca el ritmo normal de trabajo.

En consecuencia, no comparto la moción formulada por el señor senador Ricaldoni en el sentido de integrar las dos Comisiones.

Por último, cabe agregar que coincidimos con la interpretación que el señor senador Batalla brindaba acerca del sentido y de la mecánica de esta sesión, es decir, que se limitara a darle entrada y trámite al proyecto. Teniendo en cuenta que ello ha sido cumplido -y reiterando que, a nuestro juicio, este tipo de discusiones reglamentarias rara vez justifican el tiempo que insumen -propondría que el Cuerpo pase a cuarto intermedio hasta que se efectúe una nueva convocatoria sobre esta materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia entiende que son pertinentes las últimas apreciaciones del señor senador de Posadas Montero, ya que, de lo contrario, habría que solicitar nuevamente el levantamiento del receso para considerar este tema. Pero la Mesa también estima que un cuarto intermedio hasta una fecha indefinida, no es la práctica habitual; por lo tanto, se debería especificar si es hasta el martes, miércoles o jueves próximos, a fin de dar tiempo para que la Comisión celebre, por ejemplo, dos sesiones de trabajo, con los informantes y asesores que considere deben concurrir.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Coincido con el criterio de la Presidencia. Por lo tanto, modificaría mi moción, fijando como fecha el primer miércoles del mes de febrero para la nueva convocatoria.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - En primer lugar, le solicitaría al señor senador de Posadas Montero que postergue su moción, ya que tratándose de un cuarto intermedio, nos inhabilita a seguir considerando cuál sería el mejor trámite que deberíamos dar a este proyecto de ley.

En ese sentido, he conversado con integrantes de algunas bancadas -no he podido hacerlo con todos, por falta de tiempo- buscando una solución intermedia, transaccional. Entiendo que es correcta la posición de la Mesa, en cuanto a que es de su competencia designar la Comisión asesora del Senado que debe estudiar un asunto que está a consideración de éste. Sin embargo, dado el interés que existe por parte de algunos miembros de las distintas bancadas en participar en la deliberación de este tema, he realizado algunas consultas a fin de llegar a un consenso acerca de una fórmula que consistiría en que el proyecto pase a estudio de la Comisión de Hacienda integrada con tres miembros de la de Asuntos Laborales y Seguridad Social. De esta forma estaríamos contemplando una persona por cada lema de las que no integran dicha Comisión, ya que el señor senador Cassina -que forma parte del PGP- es miembro de ella. En consecuencia, se lograría una integración que representaría a la inmensa mayoría de las bancadas del Senado. Además, se podría solucionar el problema relativo a qué Comisión debe considerar este proyecto de ley.

En cuanto al planteo del señor senador de Posadas Montero considero que una vez que ha sido levantado el receso y cuando la Comisión que se designe esté en condiciones de informar al Plenario, el recurso por la vía de la convocatoria por medio de las firmas necesarias hace que el camino esté expedito a los efectos de que se reúna el Senado. En consecuencia, no me parece prudente ni conveniente que estemos previamente señalando una fecha de convocatoria del Senado cuando esa Comisión que va a estudiar el asunto tendrá que hacer las consultas del caso, por lo que no se puede fijar un plazo perentorio para su pronunciamiento. Esto no significa que yo considere que el proyecto se adormezca en la Comisión; lo que no me parece razonable es que se exprese que en tal fecha el Senado debe ser convocado teniendo en cuenta que el número de firmas necesarias para hacerlo es cinco y que pueden ser los miembros integrantes de la Comisión, que tendrá diez en total, lo cual no es difícil de lograr.

De este modo, sugiero que la Mesa dé el trámite que señalaba y no hagamos otra cosas. Simplemente esperemos la deliberación y el estudio de la Comisión y luego, por el procedimiento de la convocatoria por cinco senadores, que el Plenario vuelva a reunirse para considerar el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa quiere expresar que ha tenido amplitud de criterio para permitir debatir el punto, en relación al trámite que se le dará a este proyecto de ley. Sin perjuicio de ello, quiere precisar con mucha claridad que, de acuerdo al Reglamento -y éste no es un punto opinable- artículo 110, que refiere a las atribuciones y deberes del Presidente, numeral 8º, una de ellas es ordenar el trámite de los asuntos, lo que hace habitualmente, de modo invariable y ejerciendo esa competencia respecto de todos los asuntos entrados. De tal modo, la Presidencia, sin resignar ninguna de esas atribuciones, no puede poner a consideración una moción de orden para que sea el Plenario quien disponga el trámite. Ella está en disposición de ánimo de escuchar las argumentaciones expuestas sobre un asunto que es opinable, en la medida en que sean razonables. Desde ese punto de vista, entendiendo que parte de razón asiste en los hechos a algunos señores senadores, va a aceptar la sugerencia formulada por el señor senador Bouza y, entonces, va a disponer que el asunto sea estudiado en la Comisión de Hacienda integrada con tres miembros de la de Asuntos Laborales y Seguridad Social, en el entendido de que uno de ellos será del Partido Colorado, otro del Partido Nacional y otro del Frente Amplio, teniendo en cuenta que el señor senador Cassina integra las dos Comisiones, lo que implicaría que el Nuevo Espacio tuviera una doble representación. Es decir que, en todo caso, estaría imposibilitado de tener un nuevo representante en la Comisión integrada que estudiará el tema.

Continúa en consideración la moción de orden presentada por el señor senador de Posadas Montero, y que ha sido objetada por el señor senador Bouza.

9) LEY Nº 16.226, DE 29 DE OCTUBRE DE 191. Derogación de los artículos 499 y 500.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Deseo solicitar una pequeña postergación, ya que la moción de orden formulada por el señor senador de Posadas Montero se refiere a un cuarto intermedio lo que nos inhabilitaría a presentar otra cuestión de orden, dado que de aprobarse dicho cuarto intermedio, culmina la sesión.

La cuestión de orden que deseamos formular es que se efectúe el repartido del proyecto de ley que ha presentado nuestra bancada concerniente a la derogación de los artículos 499 y 500 de la Ley Nº 16.226 relativa a los ajustes cuatrimestrales y semestrales del Banco Hipotecario del Uruguay y que, a su vez, se habilite a la Comisión correspondiente para estudiar durante el receso, específicamente, este tema.

SEÑOR SANTORO. - La Comisión ya está habilitada.

SEÑOR MILLOR. - Tengo entendido que la habilitación no es genérica.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Efectivamente, es genérica.

SEÑOR MILLOR. - De ser así, retiro la segunda parte de mi moción, pero solicito en nombre de nuestra bancada que se efectúe el repartido mencionado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia va a disponer que el asunto se reparta, ya que es de trámite y no hay inconveniente alguno. Por otra parte, si la sesión se levantare antes, dado que a las 19 horas tenemos otra sesión en la que, evidentemente, habrá número, dicho planteo podría efectuarse de cualquier manera.

10) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - A mi entender, la moción formulada por el señor senador Bouza, en el sentido de que el asunto relativo a la refinanciación de los adeudos con el Banco de Previsión Social pase a la Comisión de Hacienda integrada con la de Asuntos Laborales y Seguridad Social, comprendía la afirmación de que el Senado no estableciera hoy cuándo continuará esta sesión. Es decir que no votaría el cuarto intermedio. En ese sentido, queremos señalar que la preocupación de nuestro sector es que este tema se trate con la mayor rapidez. Si el Poder Ejecutivo envió este proyecto de ley durante el receso y solicitó su levantamiento, naturalmente ello está indicando su inquietud -así como también lo es de la bancada del Herrerismo- en el sentido de que el mismo se trate lo antes posible.

Si se resuelve pasar este tema a la Comisión de Hacienda con la integración que se acaba de señalar, opinamos que es conveniente que el Senado fije también cuándo continuará esta sesión, por lo cual respaldamos la solicitud de cuarto intermedio hasta el primer miércoles de febrero presentada por el señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Considero que el señor senador Bouza ha dado argumentos razonables para no fijar hoy una próxima sesión del Senado.

Entiendo que el Poder Ejecutivo se encuentra ante un Senado evidentemente sensible a su requerimiento de urgencia: hemos levantado el receso, el proyecto de ley se ha pasado de inmediato a consideración de una Comisión y es allí donde deberá diligenciarse la etapa de asesoramiento y de decisiones. En tal sentido, nadie puede pensar que el Senado no ha sido diligente. Si levantamos la sesión para que la Comisión trabaje, ésta tendrá la posibilidad, por medio de sus firmas o por decisión de cualquiera de los sectores allí representados, de convocar al Senado. Me parece que cualquier otra decisión va a alterar y dificultar el trabajo de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador de Posadas Montero en el sentido indicado.

(Se vota:)

-11 en 24. Negativa.

-En discusión general el proyecto de ley.

(Interrupciones)

-La Mesa aclara que no puede levantar por sí la sesión; por eso es que lo ha expresado así.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Considero que habiendo resultado negativa la propuesta del señor senador de Posadas Montero no es incompatible que se ponga a votación la moción del señor senador Bouza.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entiendo que la propuesta del señor senador Bouza va de suyo; por ello, no hay necesidad de votarla. Si no se vota un cuarto intermedio, la sesión tendrá que levantarse cuando algún señor senador lo mocione y posteriormente, los integrantes de la Comisión, contando con las firmas necesarias, convocarán al Cuerpo.

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite, señor Presidente?

Formulo moción para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 17 y 53 minutos presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Bruera, Cadenas Boix, Cigliuti, de Fuentes, de Posadas Montero, Gargano, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Singlet y Zumarán).

DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan A. Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.