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Nº 162 - TOMO 346 - 27 DE DICIEMBRE DE 1991

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

89ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR RAUMAR JUDE 2do. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 6) Ley de Vivienda Nº 13.728. Proyecto modificativo

- En discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- Manifestaciones de varios señores senadores solicitando una rápida comunicación.

4) Artículo aditivo

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se vota negativamente.
- Se resuelve, por moción del señor senador Zumarán, pasarlo a la Comisión de Vivienda como un proyecto autónomo.

5, 7, 9 y 13) Alteración del orden del día

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se vota negativamente la propuesta para considerar en bloque todos los asuntos incluidos en el orden del día.
- El señor senador Gargano solicita se excluyan los que figuran en los puntos 4º) y 6º) y que sean considerados en las primeras sesiones de marzo.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se vota afirmativamente.
- Se vota negativamente la propuesta del señor senador de Posadas Montero en el sentido de que el 8º) punto del orden del día pase a considerarse en tercer término.

8 y 10) Prohibición de fumar en Sala. Proyecto de resolución

- Se resuelve, por moción del señor senador de Posadas Montero, reconsiderarlo.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se ratifica su aprobación.

11) Banco de Previsión Social. Procedimiento para la integración de su Directorio. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Pasivos a cargo del Banco Central del Uruguay que deberá asumir el Poder Ejecutivo. Proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Sistema global de preferencias comerciales entre países en desarrollo. Acuerdo

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Fondo complementario jubilatorio de la industria periodística. Modificación del artículo 18 de la Ley Nº 13.641. Proyecto de ley

- En consideración.
- Se aprueba un artículo aditivo propuesto por el señor senador Silveira Zavala.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Jornada nocturna de trabajo y bonificación mínima que corresponde a la misma. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Agustín Ramón Bisio. Se designa con su nombre a la Escuela Nº 112 del departamento de Rivera. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) General Basilio Muñoz. Se designa con su nombre un tramo de la Ruta 19. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Barra de Valizas. Departamento de Rocha. Su urbanización, desarrollo y regulación jurídica. Proyecto de ley

- En consideración.
- Se aprueba el proyecto sustitutivo que se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Empresas de intermediación financiera. Registro de inhabilitaciones. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Bonos ingresados al patrimonio de los Bancos de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado. Normas para su enajenación. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Comisión administrativa del Poder Legislativo. Facultades. Proyecto de declaración

- En consideración.
- Se resuelve, por moción del señor senador Zumarán, postergar su consideración hasta la primera sesión ordinaria del próximo año.

23) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 26 de diciembre de 1991.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria -en régimen de cuarto intermedio- mañana viernes 27, a la hora 15, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión particular del proyecto de ley modificativo de la Ley de Vivienda (Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968).

(Carp. Nº 697/91 - Rep. Nº 339/91 y Anexos I, II y III)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Integración del Directorio del Banco de Previsión Social.

(Carp. Nº 362/90 - Rep. Nº 340/91 y Anexo I)

3º) Relacionado con los pasivos a cargo del Banco Central del Uruguay y que deberá asumir el Poder Ejecutivo.

(Carp. Nº 627/91 - Rep. Nº 332/91)

4º) Por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

(Carp. Nº 545/91 - Rep. Nº 341/91)

5º) Por el que se aprueba el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo.

(Carp. Nº 555/91 - Rep. Nº 329/91)

6º) Por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.

(Carp. Nº 663/91 - Rep. Nº 328/91)

7º) Por el que se modifica el artículo 18 de la Ley Nº 13.641, de 2 de enero de 1968, por la que se crea el Fondo Complementario Jubilatorio de la Industria Periodística.

(Carp. Nº 653/91 - Rep. Nº 312/91)

8º) Por el que se establecen normas sobre jornada nocturna de trabajo y la bonificación mínima que corresponde a la misma.

(Carp. Nº 314/90 - Rep. Nº 318/91)

9º) Por el que se designa con el nombre «Agustín Ramón Bisio» la Escuela Nº 112 del departamento de Rivera.

(Carp. Nº 648/91 - Rep. Nº 317/91)

10) Por el que se designa con el nombre de «General Basilio Muñoz», el tramo de la Ruta 19, comprendido entre la Ruta 7 «General Aparicio Saravia» y la Ruta 6.

(Carp. Nº 696/91 - Rep. Nº 333/91)

11) Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a convenir con la Intendencia Municipal de Rocha, la urbanización, desarrollo y regulación jurídica del núcleo poblado denominado Barra de Valizas, ubicado en el departamento de Rocha.

(Carp. Nº 602/91 - Rep. Nº 336/91)

12) Por el que se establece que el Banco Central del Uruguay llevará un registro con los datos de los integrantes de empresas de intermediación financiera que hayan sido sancionados con la pena de inhabilitación para ejercer dichos cargos.

(Carp. Nº 519/91 - Rep. Nº 338/91)

13) Por el que se establecen normas para la enajenación de los bienes ingresados al patrimonio de los Bancos de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado.

(Carp. Nº 509/91 - Rep. Nº 337/91)

14) Proyecto de declaración elevado por la Comisión de Constitución y Legislación sobre las facultades de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

(Carp. Nº 418/91 - Rep. Nº 320/91)

LOS SECRETARIOS».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Fuentes, de Posadas Montero, Gargano, Irurtia, Korzeniak, Librán Bonino, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Riesgo, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores González Modernell y Millor; con aviso: los señores senadores Amorín Larrañaga y Pereyra.

3) LEY DE VIVIENDA Nº 13.728. Proyecto modificativo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 18 minutos)

-El Senado entra al orden del día continuando con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley modificativo de la Ley de Vivienda (Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968) (Carp. Nº 697/91 - Rep. Nº 339/91 y Anexos I, II y III, Distr. Nº 1157/91)».

(Antecedentes: ver 87a. S.E.)

-En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

«Artículo 1º. - Sustitúyense los artículos 4º, 5º, 7º, 17, 26, 29, 48, 57, 61, 67, 76, 81, 86, 88, 89, 92, 95, 96, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 125, 128, 132, 148, 149, 162 y 169 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, por los siguientes:

«ARTICULO 4º. - El Poder Ejecutivo, tomando en cuenta las propuestas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ajustará y enviará al Parlamento, dentro del primer año de cada período de Gobierno y simultáneamente con el Presupuesto Nacional, un Plan Quinquenal de Vivienda, integrado en los planes de desarrollo económico y social, que incluya: un diagnóstico de la situación, un cálculo de las necesidades para el período, por áreas geográficas y categoría de ingresos, las inversiones, los requerimientos en préstamos y subsidios por programas, las metas de producción de viviendas del sistema público, la previsión de recursos, su distribución y las medidas y los proyectos de ley complementarios que se consideren necesarios.

Todas las referencias formuladas en esta ley a la Dirección Nacional de Viviendas se entenderán hechas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente».

«ARTICULO 5º. - Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo, simultáneamente con la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, enviará cada año al Parlamento la propuesta de ajuste del Plan Quinquenal de Vivienda que incluya un detalle ajustado del mismo para el período anual correspondiente».

«ARTICULO 7º. - Cada plan quinquenal formulado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º establecerá una clasificación de las familias en categorías de ingresos, determinando para cada categoría la afectación del ingreso familiar que puede destinarse al servicio de préstamos para vivienda.

Esta afectación no podrá sobrepasar en ningún caso el 20% (veinte por ciento) del ingreso familiar, teniéndose en cuenta a aquellas familias de menores ingresos relativos, a los efectos del otorgamiento de subsidios que posibiliten su acceso a la vivienda.

Entiéndese por familia, exclusivamente a los fines de esta ley, al núcleo familiar que ha de convivir establemente bajo un mismo techo, esté o no vinculado por razones de parentesco».

«ARTICULO 17. - Todas las viviendas que se construyan en el país deberán cumplir con el mínimo habitacional definido en el artículo siguiente. Sólo quedan exceptuadas y tan sólo en cuanto a las exigencias contenidas en el literal A) de dicha norma, las viviendas que se construyan por el sistema del Núcleo Básico Evolutivo a que refiere el artículo 26 de esta ley, así como los programas que atiendan situaciones de emergencia o económico-sociales especiales, por resolución fundada del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Los Gobiernos Departamentales podrán conceder a los particulares permisos que les habiliten para construir viviendas de acuerdo con la excepción establecida en el inciso anterior y en el marco de la filosofía evolutiva que la inspira, debiendo asumir el seguimiento y control de dichos permisos, a fin de evitar infracciones o desviaciones que la desnaturalicen, dictando a ese fin las normas reglamentarias que vieren convenientes, conforme a los artículos 61 y 115 de esta ley».

«ARTICULO 26. - Entiéndese por Vivienda de Interés Social cualquier vivienda definida como Económica o Media, según los artículos anteriores de esta ley, así como aquella designada como Núcleo Básico Evolutivo, entendiéndose por tal la vivienda mínima, destinada a los sectores más carenciados de la población, capaz de brindar a sus destinatarios una solución habitacional inicial que debe cumplir con las siguientes condiciones:

A) Que su superficie no sea inferior a treinta metros cuadrados.

B) Que esté construida en un predio cuya superficie no sea inferior a cien metros cuadrados.

C) Que permita como mínimo la ampliación de doce metros cuadrados, con un dormitorio adicional.

D) Que para el caso de estar constituida por un ambiente y cuarto de baño, admita una subdivisión posterior de aquél en dos.

E) Que su valor de construcción no supere los límites máximos establecidos por la reglamentación.

Dichos Núcleos Básicos se destinarán exclusivamente a atender situaciones de carencias habitacionales graves que requieran proveer en forma urgente una solución habitacional inicial».

«ARTICULO 29. - El Poder Ejecutivo en los planes de vivienda, podrá introducir modificaciones a estos límites o agregar específicamente adicionales a las definiciones de los tipos, documentando que los valores propuestos son compatibles con las necesidades, con las metas físicas del plan y con la capacidad económica del país y de los beneficiarios».

«ARTICULO 48. - Los planes quinquenales deberán establecer para cada categoría de ingresos familiares:

A) Los tipos de solución habitacional con áreas mínimas de superficie, valor de construcción y valor de tasación.

B) Montos máximos del subsidio y de préstamo a conceder por unidad de vivienda, condiciones del préstamo y cuotas máximas resultantes.

C) Aporte previo exigido a cada familia para acceder al préstamo y forma de integrarlo en cuanto corresponda; ello es sin perjuicio de que se prevea la integración de ese aporte en especie o mano de obra, teniendo en cuenta las posibilidades reales del destinatario».

«ARTICULO 57. - Existirán las siguientes categorías de préstamos para vivienda usada:

A) Préstamo para la adquisición de vivienda usada y refacción con destino a residencia propia.

B) Préstamo para adquisición o transformación de vivienda usada con la finalidad de aumentar el número de unidades habitacionales en la construcción original.

Los planes quinquenales deberán establecer programas habitacionales específicos para promover los préstamos comprendidos en la categoría B) y la reglamentación establecerá las condiciones de los créditos».

«ARTICULO 61. - La reglamentación establecerá líneas especiales de préstamo para conservación, ampliación y complementación de viviendas usadas. Estos préstamos deberán facilitar particularmente la realización de las obras que permitan alcanzar y mantener el mínimo habitacional definido en el artículo 18.

En particular los planes deberán prever recursos destinados a programas de préstamos a acordarse a los beneficiarios de Núcleos Básicos Evolutivos, a fin de financiarles los materiales necesarios para construir uno o dos dormitorios adicionales, de acuerdo con la estructura del núcleo familiar y, en los plazos y condiciones que establezca la reglamentación».

«ARTICULO 67. - Los subsidios otorgados en las formas indicadas en los literales A), B) y C) del artículo anterior se entenderán subsidios directos y sólo podrán otorgarse a las categorías de ingreso que establezca cada plan quinquenal.

En ningún caso el subsidio a acordar a viviendas de las categorías Económica y Media a que refieren los artículos 22 y 25 podrán sobrepasar el tope máximo que se acuerde a las designadas como Núcleo Básico Evolutivo en el artículo 26".

«ARTICULO 76. - Cométese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la constitución de una Comisión Asesora que será presidida por el Director Nacional de Vivienda y se integrará con: los Directores Nacionales de Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente y por un delegado de cada uno de los siguientes Organismos: Banco Hipotecario del Uruguay; Intendencia Municipal de Montevideo; de las Intendencias Municipales del interior; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; MEVIR; Ministerio de Economía y Finanzas; Ministerio de Defensa Nacional; gremiales de empresarios; gremiales de trabajadores; Sociedad Uruguaya de Arquitectos; Sociedad de Ingenieros y de los Institutos de Asistencia Técnica Cooperativa. La reglamentación establecerá el procedimiento de elección de los representantes profesionales, gremiales y del representante de los Municipios del interior».

«ARTICULO 81. - Créase el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización que se integrará con los siguientes recursos:

A) El producido del impuesto vigente del 1% (uno por ciento) a todas las retribuciones nominales sujetas a montepío, sobre sueldos de funcionarios de los Entes del Estado, de los Municipios y de la Administración Central. El impuesto será de cargo del empleador, no pudiendo ser trasladado.

B) A partir del primer día del mes siguiente al de promulgación de esta ley, el 1% (uno por ciento) sobre el monto imponible del impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, que deben pagar quienes perciben retribuciones por servicios personales se destinará al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. Esta disposición no modifica lo dispuesto por el numeral V) del artículo 618 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Esta disposición deja vigente la afectación dispuesta por el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, del producido del impuesto que grava las jubilaciones y pensiones servidas por el Banco de Previsión Social (inciso 2º del artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982), para la construcción de viviendas para dar en usufructo personal a jubilados y pensionistas cuyas asignaciones mensuales de pasividad sean inferiores al monto de dos Salarios Mínimos Nacionales.

A partir del primer día del mes siguiente a la promulgación de esta ley, deberá verterse al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización la totalidad del impuesto afectado, a los efectos del cumplimiento de esta disposición.

C) Todas las partidas de Rentas Generales que por ley se disponga destinar al rubro vivienda.

Exceptúanse de lo dispuesto en este literal las partidas establecidas en el literal A) del artículo 590 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, correspondientes a los períodos 1991/1992 y 1992/1993 por N$ 4.226:250.000.00 (cuatro mil doscientos veintiséis millones doscientos cincuenta mil nuevos pesos) equivalente a U$S 5:250.000 (cinco millones doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) cada una y de la correspondiente al período 1993/1994 por N$ 2.113:125.000 (dos mil ciento trece millones ciento veinticinco mil nuevos pesos) equivalente a U$S 2:625.000 (dos millones seiscientos veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América).

Exceptúanse asimismo, las partidas establecidas en el literal B) del artículo 590 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y en el artículo 434 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

Todas estas partidas se destinan expresamente al Banco Hipotecario del Uruguay.

D) Los préstamos internacionales que se contraigan con destino a la construcción o refacción de viviendas.

E) La proporción del producido de la colocación de valores públicos de largo plazo con garantías hipotecarias que pueda emitir el Banco Hipotecario del Uruguay que se establezca en el Plan Quinquenal.

F) El producido de la amortización y cobranza de los préstamos efectuados con los recursos previstos en esta disposición.

G) Los reintegros de subsidios que correspondan.

H) El importe de las multas que se recauden por incumplimiento de las prohibiciones de enajenación previstas en esta ley cuando el préstamo se realizó utilizando particularmente recursos de la Cuenta Subsidios.

I) Los aportes y las donaciones que reciba el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con destino a la construcción de viviendas.

J) El producido de la prestación de servicios, venta de pliegos de licitaciones y publicaciones relativas a vivienda.

El Fondo creado por esta norma se destinará a la ejecución de la política de vivienda, a la adquisición de tierras, a la realización de servicios de infraestructura urbana y de servicios comunitarios mínimos.

Todas las referencias hechas en esta ley al Fondo Nacional de Vivienda se entenderán realizadas al Fondo nacional de Vivienda y Urbanización».

«ARTICULO 86. - Los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización se distribuirán de acuerdo con esta ley y, a sus fines, en las siguientes cuentas:

A) Cuentas de Préstamos.

B) Cuentas de Subsidios.

C) Cuentas de Gastos.

La distribución se hará en los porcentajes que establezcan los planes principales y anuales, sin perjuicio de los ajustes que se establezcan por el Poder Ejecutivo en función del desarrollo de la operativa respectiva».

«ARTICULO 88. - Cuando el ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente acuerde un subsidio parcial al adjudicatario, el mismo se entiende que es personal hacia su beneficiario, quedándose prohibida la enajenación así como el arrendamiento y la cesión del uso, por un término de hasta diez años, debiéndose cumplir con la constancia establecida en el artículo 70 de esta ley, en Unidades Reajustables, bajo responsabilidad de la institución participante y profesionales intervinientes».

«ARTICULO 89. - El Banco Hipotecario del Uruguay será el órgano central del sistema financiero de vivienda. Además de los cometidos asignados por su Carta Orgánica tendrá los siguientes que deberá desempeñar en un todo de acuerdo a esta ley, a los planes de vivienda y a las orientaciones que fije el Poder Ejecutivo:

A) Administrar el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización de acuerdo a las directivas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La contabilización por el Banco Hipotecario del Uruguay se hará en forma independiente a la de los recursos de su propia operativa.

B) Otorgar préstamos con fondos propios de conformidad a lo previsto en su Carta Orgánica y en las Secciones 3, 4 y 5 del Capítulo IV de la presente ley.

C) Celebrar e instrumentar todos los préstamos que se otorguen con recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, correspondientes al sistema público de producción de viviendas, de acuerdo con las exigencias y requisitos establecidos en la presente ley y reglamentaciones aplicables.

D) Afectar las cuentas del Fondo de acuerdo a las decisiones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

E) Orientar y acordar con todo organismo legalmente constituido formas de financiamiento de viviendas.

F) Elevar al Poder Ejecutivo propuestas de planes y reglamentaciones relativas al financiamiento de la vivienda.

G) Recopilar toda la información estadística sobre utilización de recursos para el financiamiento de la vivienda y proporcionarla al Poder Ejecutivo.

H) Aplicar, si lo estima conveniente, el procedimiento establecido en el artículo 4º y normas complementarias de la Ley Nº 9.384, de 10 de mayo de 1934, y sus modificativas, a efectos de retener de los sueldos o pasividades el importe de los servicios hipotecarios, cuotas o arrendamiento de los prestatarios, promitentes compradores o arrendatarios individuales propios, así como de aquellos que se beneficien con recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización conforme a lo que se coordine, en este último caso, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente».

«ARTICULO 92. - El Banco Hipotecario del Uruguay podrá cobrar comisiones por todas las operaciones relativas al Fondo de Préstamos. Estas comisiones deberán ser previamente aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente».

«ARTICULO 95. - El Banco Hipotecario del Uruguay instrumentará o concederá los préstamos a que refiere el artículo 89 de acuerdo a los fondos que se utilicen y de conformidad a lo previsto en esta ley. Los préstamos para edificios industriales se otorgarán, también, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, por los organismos que la ley o la reglamentación disponga».

«ARTICULO 96. - El Banco Hipotecario del Uruguay regulará y dirigirá el sistema de ahorro y préstamo con destino a vivienda que por esta ley se implementa en todo el territorio nacional, pudiendo dictar las reglamentaciones internas que el funcionamiento del sistema exija.

Para el cumplimiento de esos fines el Banco Hipotecario del Uruguay podrá:

A) Prestar asesoramiento técnico a los órganos operativos del sistema.

B) Adquirir, pagando su importe en efectivo, títulos, bonos u obligaciones, las hipotecas que otorguen los órganos operativos en las condiciones que el Directorio del Banco determine.

C) Depositar fondos o conceder préstamos en efectivo para cubrir el retiro de fondos de ahorro en los órganos operativos, a los plazos, tasas e interés y con las garantías que el Directorio del Banco determine.

D) Garantizar en los órganos operativos los depósitos de ahorro, pudiendo a este efecto fijar, en relación a los saldos o promedios de saldos de ahorro, el costo de dicha garantía.

E) Garantizar a los órganos operativos por el deterioro de la garantía hipotecaria y garantizar el cobro íntegro de los créditos hipotecarios, de los intereses y demás obligaciones consignadas en los contratos hipotecarios, mediante la percepción del complemento de servicios que se establezcan en las referidas escrituras.

F) Colaborar con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la promoción y asistencia de entidades y grupos que persigan la concreción de ahorro para la obtención de vivienda en forma colectiva o individual.

G) Convenir modalidades de ahorro y préstamo en moneda extranjera, conforme a la reglamentación que se dicte».

«ARTICULO 113. - El sistema público de viviendas tiene por objeto proporcionar viviendas económicas a familias de menores niveles de ingreso, compensando la insuficiencia de la acción privada para satisfacer las necesidades habitacionales en estos niveles. No obstante, subsidiariamente y dentro de los límites fijados en los planes, los organismos públicos podrán construir viviendas medias y ampliar su acción a la categoría media en los siguientes casos:

A) Cuando sea conveniente integrar familias de distintos niveles de ingresos en el mismo conjunto habitacional con el objeto de evitar su segregación social inconveniente.

B) Cuando se construyan viviendas para alojar personal de empresas públicas en lugares donde existan dificultades de alojamiento también para los niveles medios».

«ARTICULO 115. - Los organismos que participen en el sistema público de producción de viviendas, prestarán preferente atención al desarrollo de programas de construcción de viviendas por esfuerzo propio y ayuda mutua, así como a estimular la construcción y administración cooperativa de los conjuntos habitacionales.

Los organismos signatarios de convenios para la construcción de Núcleos Básicos Evolutivos y en particular las Intendencias Municipales, son responsables de la implementación de programas de asistencia social, de asistencia técnica y de suministro de materiales por sí o provenientes de recursos proporcionados por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, que aseguren la adecuada evolución posterior de todas las unidades construidas».

«ARTICULO 118. - El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente será el organismo central coordinador del Sistema Público de Producción de Viviendas. En ese carácter tendrá la responsabilidad del cumplimiento de los planes de vivienda en cuanto a metas, del número de viviendas y distribución geográfica y sin perjuicio de todos los cometidos asignados por la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990».

«ARTICULO 119. - El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dispondrá la ejecución de los planes a través de convenios con otros organismos de derecho público habilitados legalmente para construir viviendas o con entidades privadas, por los cuales éstos se obligan a tomar a su cargo la promoción o construcción en forma no lucrativa de conjuntos de vivienda comprendidos dentro de aquellos planes. Estos convenios dispondrán los aportes de ambos organismos, que podrán ser de tierras, urbanizaciones, servicios, dinero, trabajo o especies».

«ARTICULO 120. - En el caso de los convenios referidos en el artículo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente podrá convenir con el Banco Hipotecario del Uruguay en que éste realice la supervisión de los programas y con cargo a éstos. El Ministerio podrá ordenar la suspensión de la utilización de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización cuando los organismos patrocinantes se aparten de las normas del convenio y acordar con otros organismos la culminación de las obras, aun cuando éstas se ejecuten en predios propiedad del organismo incumplidor. Igualmente el Ministerio citado podrá intervenir las obras, declarar rescindidos administrativamente los contratos de construcción y convenir la terminación de las obras con recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización».

«ARTICULO 121. - Las Intendencias Municipales podrán celebrar los convenios a que refiere el artículo 119 aportando a su costo las tierras necesarias urbanizadas y dotadas de servicios de agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimento y energía domiciliaria».

«ARTICULO 125. - Cuando se construyan viviendas para alquilar el organismo promotor y propietario calculará, según los ingresos de los usuarios y su capacidad de pago, la renta neta a obtener, en Unidades de Pago Reajustables, del conjunto habitacional y podrá solicitar:

A) De la Cuenta Préstamos de Vivienda y en las condiciones establecidas en el literal B) del artículo 49 de la presente ley, el monto del préstamo hipotecario cuyo servicio pueda ser atendido con la renta prevista.

B) De la Cuenta Subsidios a la Vivienda, de acuerdo al literal C) del artículo 69 de la presente ley, la financiación complementaria».

«ARTICULO 128. - Cuando se construyan viviendas para ser vendidas a terceros, el respectivo programa determinará los niveles de ingresos de las familias destinatarias y los recursos a afectar de las Cuentas Préstamo y Subsidios del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.

En cada programa se determinará, asimismo, el monto máximo de subsidio a otorgar a las familias destinatarias en el momento de procederse a la enajenación de esas viviendas.

Al producirse la venta, el préstamo y el subsidio otorgados originalmente al organismo, serán sustituidos por los préstamos y subsidios otorgados a los adquirentes de acuerdo a esta ley».

«ARTICULO 132. - Las cooperativas de vivienda gozarán de personalidad jurídica conforme a las normas que regulen con carácter general estas entidades».

«ARTICULO 148. - Obtenida la personalidad jurídica, las cooperativas de vivienda deberán inscribirse en el registro que llevará el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el mismo registro se inscribirán también los institutos de asistencia técnica».

«ARTICULO 149. - Las cooperativas de vivienda podrán participar en todas las licitaciones y llamados a presentación de propuestas que realice el sistema público de vivienda, conjuntamente con los institutos de asistencia técnica a que refiere la Sección 6 de este Capítulo, siendo requisitos que la cooperativa y su instituto técnico figuren inscriptos en el registro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Para ser adjudicatorios de un programa habitacional financiado por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, así como para obtener algún préstamo de vivienda de los previstos en esta ley, la cooperativa deberá cumplir con los siguientes extremos:

A) Todos los socios deben cumplir con los topes de ingresos, situación familiar y otros requisitos que determine el organismo financiador o de quien llama a la licitación.

B) La propuesta u oferta debe sujetarse estrictamente y en todos los términos a las condiciones del llamado.

C) La propuesta técnico-arquitectónica, el plan de obras y el plan de financiación serán ratificados, además, por el instituto de asistencia técnica que se hace co-responsable de la misma».

«ARTICULO 162. - Los propietarios deberán destinar la vivienda para residencia propia y de su familia y no podrán arrendarla o enajenarla sin causa justificada y luego de obtenida la autorización del organismo financiador. Las operaciones realizadas en contravención de esta disposición serán nulas y pasibles de las multas previstas en el artículo 46 de esta ley».

«ARTICULO 169. - Las cooperativas matrices de vivienda podrán participar en licitaciones y llamados de presentación de propuestas que realice el sistema público, en representación de sus unidades cooperativas, debiendo cumplir con todas las condiciones establecidas por el artículo 149 de esta ley».

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: mocionaría en el sentido de que los señores senadores que consideraran polémico alguno de los artículos o que no estuvieran dispuestos a acompañarlo, lo señalaran a la Mesa, y el resto de los artículos se votara en bloque.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Compartimos la propuesta del señor senador de Posadas Montero, pero solicitaríamos que se hiciera un cuarto intermedio de algunos minutos a los efectos de que los coordinadores de bancada confeccionaran las listas correspondientes y las entregaran a la Mesa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Se trata de pocos artículos; sin embargo, cada uno de ellos contiene modificaciones de varias disposiciones de la ley anterior. Por lo tanto, no va a ser posible seguir el criterio propuesto. Pienso que mejor que realizar un cuarto intermedio -porque forzosamente hay que referirse a los artículos reformados y no a los del proyecto- sería analizar, en cada artículo cuáles son los que para los señores senadores merecen discusión.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Comparto el temperamento del señor senador Cigliuti, por lo tanto, retiro mi moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Siendo así, procederemos de la manera indicada por el señor senador Cigliuti.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Cuando el señor Presidente se refiere al artículo 1º ¿alude al artículo 1º de la ley modificativa?

SEÑOR PRESIDENTE. - Naturalmente.

SEÑOR RIESGO. - Entonces, ¿está hablando de votar el resto del articulado en conjunto?

SEÑOR PRESIDENTE. - Ocurre lo siguiente: el señor senador de Posadas Montero retiró su moción. Por lo tanto, seguiremos el procedimiento reglamentario; es decir, se irán poniendo por su orden en consideración y posteriormente a votación -si no se hace uso de la palabra- los distintos artículos. Pero sucede que -como muy bien lo explicó el señor senador Cigliuti- cada artículo supone a su vez la modificación o sustitución de otros de la Ley de Vivienda Nº 13.728. Entonces, si el artículo se vota, lisa y llanamente quedan sustituidas todas las disposiciones que él contiene. Y en el caso de que algún señor senador desee que sean sustituidas algunas y otras no, deberá indicarlo previamente de modo de separar la votación de unas y otras.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Solicito que se desglosen de la votación los artículos 26 y 81.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Iba a proponer que se especificara que estábamos hablando del sustitutivo artículo 4º, pero como veo que los señores senadores están siguiendo un procedimiento distinto, no pongo objeciones y lo acompaño.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Solicito que se separe también el artículo 7º.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Comparto la solicitud del señor senador Belvisi en cuanto a separar el artículo 7º y solicito que también se desglosen los artículos 29, 48, 92, 95, 96, 121, 149 y 169.

SEÑOR PRESIDENTE. - Votaremos entonces el artículo 1º con su exordio, excluyendo, en principio los artículos 7º, 26, 29, 48, 81, 92, 95, 96, 121, 149 y 169, cuya sustitución será votada posteriormente uno a uno.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el resto del artículo 1º.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la sustitución del artículo 7º de la actual Ley de Vivienda.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: no vamos a acompañar esta modificación del artículo 7º, porque entendemos que la ley original hacía una mejor categorización por ingresos, de acuerdo al nivel de suficiencia. Allí se distingue claramente a las familias que pueden llegar hasta un 20% de sus ingresos de las que no pueden hacerlo. Se descartaría, en consecuencia, una base objetiva para el otorgamiento de subsidios, criterio que compartimos en cuanto a que éstos no sean generalizados. En ese sentido, aprovecho para señalar que nuestra bancada comparte los criterios generales sostenidos por el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y sus asesores.

En síntesis, entendemos que este artículo, tal como está modificado, no es beneficioso, y de alguna manera tergiversa y empeora la disposición de la Ley Nº 13.728.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Coincido con lo expresado por el señor senador Arana y, en consecuencia, para no dilatar más el tratamiento de este artículo, simplemente dejamos constancia de que no vamos a votarlo afirmativamente.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Con la mayor brevedad, queremos significar que este artículo mejora, en nuestro concepto, la redacción original del artículo 7º. Dicho artículo establecía la referencia al nivel teórico de su suficiencia y tipo de ingreso, que se dejaba a cargo de la reglamentación, que nunca se formuló. Actualmente, si esta disposición es aprobada, en cada plan quinquenal se hará la clasificación de las familias en categoría de ingresos. En ese sentido, estimamos que la modificación es altamente positiva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sustitución del artículo 7º.

(Se vota:)

-16 en 25. Afirmativa.

En consideración la sustitución del artículo 26 de la ley vigente.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Señor Presidente: hemos solicitado que la sustitución de este artículo sea votada en forma separada de la globalidad. De la misma manera que señalamos nuestro apoyo al núcleo básico evolutivo como solución de emergencia, en cuanto a que el tema esté plasmado en sí en un plan de vivienda, no comprendemos la razón por la cual debe quedar plasmado en este proyecto de ley. Creemos que esto no le hace bien, pues lo hace retroceder en lo que tiene que ver con la categoría de vivienda.

En consecuencia, dejamos constancia de que no acompañemos con nuestro voto el artículo 26, porque no estamos de acuerdo con que él esté plasmado en el proyecto de ley, aunque sí en el plan.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Tal como lo señalamos en el día de ayer, en el transcurso de la discusión general, acompañaremos con nuestro voto la sustitución del artículo 26, en la medida en que consideramos que constituye una solución transitoria, absolutamente excepcional. A lo mejor no hubiera sido deseable establecerlo en el proyecto de ley, pero de cualquier manera creemos que la norma establecida en el inciso final del artículo, expresa claramente que se trata de una solución absolutamente excepcional.

No repetiremos ahora los fundamentos que en su momento dimos, pero creemos que el mecanismo del funcionamiento del núcleo básico evolutivo estará dado por todo el proceso posterior que permita transformarlo realmente en una vivienda.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: nuestro sector ha expresado ya durante la discusión general, su exposición a que este tipo de soluciones se plasmase en el proyecto de ley como una categoría más de vivienda de interés social, por debajo del mínimo.

En consecuencia, entendemos que esta solución- que realmente tiene, a nuestro juicio, muchas carencias para llegar a ser una vivienda mínima, según lo que la Ley de 1968 define como tal -no puede quedar con carácter permanente. Por lo tanto, dejamos expresa constancia de que votaremos negativamente este artículo y nos remitimos a lo que expresamos en la discusión general.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: considero que el artículo 26, que incorpora a los núcleos básicos evolutivos como vivienda de interés social debe ser analizado, a los efectos de que se comprenda debidamente su alcance, en relación con lo que establece el artículo 61 del proyecto que estamos estudiando, en cuanto a que la reglamentación establecerá líneas especiales de préstamo para conservar, ampliar y complementar viviendas usadas. Además, a los efectos de comprender realmente esta disposición, se debe tener en cuenta el artículo 115, que establece que los organismos que participen en sistemas públicos de vivienda, deben asegurar la adecuada evolución posterior de todas las unidades construidas. Esto quiere decir que el núcleo básico evolutivo debe ser comprendido en su condición de vivienda de interés social, sobre la base de que el proyecto de ley toma en cuenta todas las posibilidades para que la mencionada vivienda pueda evolucionar, a fin de convertirse en un elemento útil y apropiado para la familia que la reclama.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: en la tarde de ayer presentamos un proyecto alternativo que procuraba, precisamente, contemplar con carácter absolutamente excepcional una situación que es de emergencia y que no debería estar a nuestro juicio, incluida en este proyecto de ley, modificando la filosofía básica de la Ley Nº 13.728.

Por otra parte, debemos señalar que consideramos que al haberse votado en general este proyecto de ley de vivienda que, a nuestro juicio, perjudica e invalida sustancialmente la filosofía de la ley original, se está descartando, en los hechos, la propuesta efectuada por el Frente Amplio. Realmente, creemos que esta solución está lejos de tener relación con el sentido básico que se procuraba otorgar a la vivienda adecuada. Esto ya lo afirmamos en el día de ayer, pero además queremos señalar que el Frente Amplio no desea ser, de ninguna manera, el responsable, en este momento, de impedir que un conjunto de familias uruguayas pueda beneficiarse -aunque, realmente, me resisto a utilizar ese verbo, porque no estoy seguro de que esa solución pueda ser considerada como tal- con esta solución, por lo menos en forma precaria, y ojalá circunstancial, tras una situación de carencia básica aguda. Lo que no estamos dispuestos a sostener, porque creemos que sería una falsa posición, es el criterio de que el frente al nylon, la solución estaría en los núcleos básicos evolutivos, y lo mismo frente al cartón corrugado. Esto es plantear mal el problema. Frente al nylon y el cartón corrugado, el tema se centra en las fuentes de trabajo, en la seguridad laboral, en los salarios dignos; es allí donde se encuentra la solución de buena parte del problema de la vivienda. A menudo hemos leído acerca de este tema, así como también hemos asistido a múltiples conferencias tanto a nivel nacional como internacional. En base a ello, podemos afirmar que los problemas de la vivienda, fundamentalmente de las sociedades con agudas crisis económicas, no se resuelven tan sólo construyendo viviendas, mucho menos cuando ellas son soluciones aparentemente circunstanciales, que pretenden ser incluidas en una ley permanente. En este caso, existiría siempre el temor de que puedan constituirse en soluciones perdurables y, en consecuencia, altamente negativas.

De cualquier forma, señalo que votaremos afirmativamente este proyecto de ley, aunque estaremos alertas y daremos nuestro voto en la medida en que las mayorías puedan constituirse para tal fin, a los efectos de dar nuevamente a la Ley Nº 13.728 el sentido profundo que los legisladores de la época le otorgaron, entendiendo que la vivienda básica debe poseer no solamente una superficie mínima -cosa que este proyecto de ley no contempla- sino, además, condiciones de confort mínimas, desde el punto de vista técnico, lo que tampoco se ha tenido en cuenta. Es más: curiosamente en los propios documentos que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente nos ha hecho llegar hemos percibido, con asombro, contradicciones en cuanto a las propias especificaciones que acerca de esa vivienda se establecen.

En tal sentido, se observan claras incongruencias en la memoria descriptiva, que supuestamente otorga a este tipo de soluciones condiciones básicas de confort en cuanto al aislamiento término e hidráulico y que, sin embargo, no se ven contempladas en los planos adjuntos que se reparten con dicha memoria. Advierto que, concretamente, me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con el techado de la vivienda.

De todas formas, señor Presidente, son apenas detalles de incongruencias mayores que, a nuestro juicio, perturban la filosofía básica de la ley. A este aspecto ya nos referimos en la sesión pasada y fue lo que nos llevó a votar negativamente en general este proyecto de ley, en procura de que el Senado acompañara la propuesta alternativa del Frente Amplio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sustitución del artículo 26 de la Ley de Vivienda.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

En consideración la sustitución del artículo 29.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - No vamos a acompañar este artículo, en virtud de que entendemos que afecta las potestades del Parlamento en lo referente a la variación de los límites habitacionales, máxime si tenemos en cuenta que se plantea la posibilidad de construir unidades hasta de veinte metros cuadrados a través del Plan Quinquenal para situaciones de emergencia. Debemos tener presente que si bien los sucesivos Planes Quinquenales serán sometidos a la consideración del Parlamento, no sucede lo mismo con el actual.

Por último, reitero que no vamos a votar la sustitución del artículo 29.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sustitución del artículo 29.

(Se vota:)

-19 en 28. Afirmativa.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: hemos votado negativamente la sustitución del artículo 29 en virtud de que estimamos que no tiene mucho sentido en la medida en que el Plan Quinquenal va a ser objeto de consideración y reajuste por parte del Parlamento año tras año, a través de la Rendición de Cuentas. En consecuencia, no parece conveniente que el Poder Ejecutivo mantenga facultades para modificar esos Planes, cuando los mismos van a estar sujetos a una decisión conjunta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por lo expuesto, reitero, hemos votado negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración la sustitución del artículo 48.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Queremos dejar constancia de nuestro voto negativo en virtud de que por esta disposición se derogan los topes máximos para los intereses y las condiciones relativas a los plazos, lo que puede afectar a miles de ahorristas del Banco Hipotecario del Uruguay. Por lo tanto, entendemos inoportuno e inconveniente votar la sustitución del artículo 48 tal como está redactada, puesto que, a nuestro juicio, tegiversa perjudicialmente el artículo 48 de la ley original.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sustitución del artículo 48.

(Se vota:)

-19 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Solicito que se reconsidere la sustitución del artículo 76.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente la sustitución del artículo 76.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Quiero dejar constancia de que vamos a votar afirmativamente en la medida en que por esta disposición se asegura el funcionamiento de las Comisiones Asesoras en todo lo que tiene que ver con la aplicación de los planes de vivienda a nivel nacional, en cuanto se supone que habrán de beneficiar, fundamentalmente, a los sectores poblaciones de menores recursos.

No obstante queremos llamar la atención acerca de que curiosa y contrariamente a lo que establecía el artículo 76 original, en la propuesta del Poder Ejecutivo las Comisiones asesoras se eliminaban -lo que llama la atención y nos mueve a la reflexión- mientras que en el texto aprobado por la Cámara de Representantes -que significa un avance muy importante- tampoco se han tenido en cuenta instituciones tan importantes como la Universidad de la República. Esta situación me sorprende porque desde el punto de vista declaratorio mucho se habla del apoyo a los sistemas cooperativos, pero me pregunto, entonces, dónde están las coordinadoras de los núcleos habitacionales, los representantes de FECOVI y de FUCVAM. Como hecho anecdótico, debemos recordar que a la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, la dictadura llegó a llamarla Federación Unificadora.

Por lo tanto, el Poder Ejecutivo como desgraciadamente la Cámara de Representantes, insisten con el criterio de relegar una y otra vez al sistema cooperativo o, por lo menos de soslayarlo. Digo esto, porque se mantiene en vigencia lo estrictamente declarativo, pero no se fija en forma clara y específica el sistema cooperativo como realidad de futuro.

De todas formas, frente a la actitud negativa que adoptó el Poder Ejecutivo en el sentido en el sentido de intentar hacer desaparecer a las Comisiones de asesoramiento y en lo que tiene que ver con la participación de estos organismos involucrados, vamos a proponer que se agreguen -lo que representa un avance en la legislación- a la Universidad de la República, a FUCVAM, a la FECOVI y a la Coordinadora de Núcleos Habitacionales.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Deseo señalar que esta disposición que cuestiona el señor senador Arana, tal como ha manifestado, tuvo su origen en la Cámara de Representantes. En la misma se comete al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la constitución de la Comisión Asesora a que se hace referencia. Debemos indicar que en el proyecto originario no se incorporaron disposiciones de este tipo -y creemos que fue correcta la decisión- por la sencilla razón de que la Comisión Asesora que había sido creada por la Ley Nº 13.728 estaba vinculada a la Dirección Nacional de Vivienda. Actualmente, la situación es distinta, puesto que quien tiene la responsabilidad de la ejecución de los planes de vivienda en todos los órdenes en el país, es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Incluso, cuando se aprobó la Ley Nº 13.728, la Dirección Nacional de Vivienda estaba en la órbita del Ministerio de Obras Públicas, pero no tenía la calidad o la condición de Ministerio, como en la actualidad. Asimismo, en virtud de todo el andamiaje político con que hoy día cuenta el Ministerio, pensamos que tiene capacidad adecuada para proceder a realizar la elaboración de los planes, como así también la planificación y ejecución de los mismos. En virtud de ello, esta creación de la Comisión Asesora que, repetimos, fue realizada en la Cámara de Representantes, es de relativo valor, así como también lo es la integración de la misma, porque ahora las condiciones son totalmente distintas. En este momento, el Ministerio tiene posibilidad de lograr todos los asesoramientos necesarios y creemos que, en caso de que necesite obtenerlos, no habrá inconveniente en que los alcance por la vía administrativa correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente la sustitución del artículo 76, con el texto venido de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-18 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a proceder a la rectificación solicitada.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: al no haber obtenido nuestra propuesta un resultado favorable, queremos decir que entendemos que, de todas maneras, esto es un avance y por eso, es una segunda instancia, procedimos a votar el artículo afirmativamente.

SEÑOR BATALLA. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a proceder a la rectificación solicitada.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración la sustitución del artículo 81.

SEÑOR RIESGO. - Solicito que el mismo se vote por incisos.

SEÑOR CIGLIUTI. - La solicitud del señor senador se fundamenta para los incisos C) y E). Por lo tanto, propongo que se vote el artículo, con la excepción de estos dos incisos.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: en esta sustitución del artículo 81 se detalla el conjunto de recursos que conformarán el llamado Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. En el artículo 7º de este mismo proyecto de ley se establecen dos tributos: uno como sobretasa de un impuesto existente y otro -que ya tendremos oportunidad de analizar- que se aplicará a las empresas cuya actividad principal sea la de administrar créditos, etcétera.

Quisiera saber por qué, en esta sustitución del artículo 81, no se alude, directa o indirectamente, a estos recursos que, al crearse por este proyecto de ley, se supone que están destinados al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. Si leemos todos los literales de este artículo 81, que habrá de sustituir al existente, veremos que no se hace ninguna referencia a ellos.

Es una consulta que planteo al señor miembro informante.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: pediría al señor miembro informante que nos dé la estimación del monto de recaudación anual de estos dos impuestos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: el hecho de que en el artículo 81 no se cite en forma precisa la creación de los impuestos que se generan por el artículo 7º, se debe a que los mismos -el que modifica la tasa del IMESI y el que grava las tarjetas de crédito- no van al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, sino que pasan a compensar las cantidades de dinero que no van a ingresar más a Rentas Generales. Queremos hacer notar que esta creación impositiva no es ningún misterio, no se estaba ocultando y la misma se manejó tanto en la Comisión como en la Cámara de Representantes, donde tuvieron origen estas disposiciones. Esto es una realidad y por esa razón no está incorporada al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.

Con respecto a la estimación de los montos solicitada podemos indicar, en números muy generales, que en lo que se refiere a la modificación del IMESI, la misma tendrá un producido, de acuerdo a los cálculos realizados, de alrededor de U$S 14:000.000 para el rendimiento de la sobretasa y de U$S 3:100.000 para el incremento del IVA por el aumento de la base. O sea, que se va a obtener una recaudación de U$S 17:100.000 por la modificación de las tasas del IMESI.

En lo que tiene que ver con la creación del impuesto sobre las tarjetas de crédito, en una estimación relativa -ya que no se ha podido realizar todavía un estudio en profundidad en razón de la forma en que se manejó la creación de este tributo- se llegó a los U$S 800.000. Repito que esta cifra es fruto de un análisis muy primario, ya que aún no se ha procedido a realizar un estudio total y definitivo sobre el punto.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: en relación a la inquietud que planteaba el señor senador Astori, referida a cómo iban a incidir los dos impuestos que se están creando sobre el Fondo nacional de Vivienda y Urbanización, debo decir que considero que la confusión reside en que estos impuestos nada tienen que ver con la financiación de las viviendas, la que se logrará únicamente a través de los recursos de este artículo 81 y no de otro recurso específico para la vivienda.

En consecuencia, creo que si sacáramos la creación de estos dos impuestos de este proyecto de ley, clarificaríamos debidamente las cosas, porque no hay manera de compensar en forma directa lo que está establecida en este artículo 81 como Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.

SEÑOR RIESGO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BELVISI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - En el análisis sostenido en la Cámara de Representantes el artículo 7º de esta ley modificativa estaba incluido dentro del artículo 81. Como se entendía que el mismo no tenía nada que ver con la Ley de Vivienda, se le apartó del artículo 81 de la ley original y se le puso en un Capítulo aparte. Toda la creación de ese impuesto -caso IMESI e IMAVA- no tiene ningún punto de relación con el Fondo Nacional de Vivienda, que no crea ni aumenta ningún impuesto, sino que simplemente les da el destino que, originalmente, deberían haber tenido.

Por eso, compartimos lo expresado por el señor senador Belvisi con respecto a que el artículo 7º de este proyecto de ley no tendría que formar parte del mismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Belvisi.

SEÑOR BELVISI. - He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Quisiera realizar una aclaración muy breve.

En realidad, efectuada la consulta y evacuada la misma por el señor miembro informante, voy a hacer una reflexión que tendría que haber hecho por la vía de la interrupción, pero las cosas se dieron así.

Naturalmente que una vez de escuchar al señor miembro informante, me gustaría llegar a una conclusión similar a la del señor senador Belvisi, ratificada luego por el señor senador Riesgo. Lo que sí quiero manifestar es que el artículo 7º de esta ley entonces está sobrando. No puedo aceptar el razonamiento de que no están aludidos los dos impuestos en el artículo 81 porque, de alguna manera, van a compensar lo que saldrá de Rentas Generales, y no lo puedo compartir porque aquí no se establece lo que saldrá de Rentas Generales. En este artículo 81 existe un literal C) que dice: «Todas las partidas de Rentas Generales que por ley se disponga destinar al rubro vivienda». En base a esta parte del artículo no observo ningún mecanismo compensatorio. Es más: lo que a continuación se detalla son excepciones al principio de que las partidas de Rentas Generales sin cuantificación, se destinen al rubro viviendas.

Con este tipo de conducción económica vigente en el país, me temo que este sea un nuevo mecanismo de tributación guiado estrictamente por criterios fiscalistas, y lo que incluye el artículo 7º -que en su momento tendremos oportunidad de discutir- constituya un camino adicional para recaudar fondos que luego no se vuelquen a la construcción de viviendas.

Creo que tengo derecho a extraer estas conclusiones después de los elementos que se han manejado con respecto a este tema.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Nos gustaría realizar algunas precisiones respecto a este tema. El artículo 81 establece que el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización se integrará con el producido del impuesto vigente del 1% que debe pagar el empleador sobre todas las retribuciones nominales sujetas a montepío, sobre los sueldos de funcionarios de los Entes del Estado, de los Municipios y de la Administración Central. Ese tributo había sido creado en la Ley Nº 13.728, pero con la particularidad de que era más amplio porque alcanzaba un mayor número de funcionarios. Por lo tanto, se ha estimado que ese tributo dé un resultado de alrededor de U$S 7:000.000. Repito que este es un tributo creado por la ley original.

Ese Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización también se integrará con un tributo del 1% sobre el monto imponible del impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, que deben pagar quienes perciben retribuciones por servicios personales. Este otro tributo creado por ese decreto-ley, que no tenía destino y que ahora se vierte a Rentas Generales, produce alrededor de U$S 17:000.000.

Estos son los tributos que forman parte del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización y que compensan -de acuerdo con el criterio que se utilizó- la extracción de los ingresos de Rentas Generales que se operará cuando entre en vigencia esta ley. Por este motivo es que se introdujo, a nivel de la Cámara de Representantes, la modificación de las tasas del IMESI y un gravamen a las tarjetas de crédito.

Queremos destacar el hecho de que se destina al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización el 1% sobre el monto imponible del impuesto creado por el Decreto-Ley de 1982 -es decir el que pagan quienes perciben retribuciones por servicios personales- lo que significa alrededor de U$S 7:000.000, a fin de construir viviendas para los jubilados y pensionistas. Esto quiere decir que el destino de los rubros para la construcción de viviendas se mantiene en la otra disposición incorporada al artículo 81, o sea que ya existe un fin predeterminado para ese monto.

Concluimos manifestando que lo expresado en el literal C) no tiene nada que ver con las disposiciones que hemos mencionado, ni con la presencia de Rentas Generales, que de ahora en adelante, aprobado este proyecto de ley, verá mermar sus ingresos en la suma que hemos indicado, a fin de contribuir con el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, mediante el nuevo destino que se le da a uno de los tributos que anteriormente se vertían a dicho organismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: creo que las dos interrupciones que me solicitaron, contribuyeron a esclarecer enormemente este punto.

La Ley de 1968 preveía recursos genuinos para el Fondo Nacional de Vivienda. Posteriormente dichos recursos se destinaron a Rentas Generales, incrementando algunos de los impuestos como la tasa del 2% que se cobraba sobre ingresos mayores.

Recuerdo que en la Legislatura pasada no faltó ninguna oportunidad -ni en el Presupuesto ni en las Rendiciones de Cuentas- en la que no dijéramos al contador Davrieux y al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Zerbino, que se restituyeran esos recursos al Fondo Nacional de Vivienda. Sin embargo, en las Rendiciones de Cuentas, lo que se aprobara era una disposición de partidas generales, por la cual se estimaba un producido de impuesto y se destinaba al Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR ZUMARAN. - Era de U$S 2:000.000 mensuales, señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Exactamente, se trata de la cifra que me acaba de acotar el señor senador Zumarán.

Creo que es correcto lo que acaba de mencionar el señor senador Santoro en cuanto a que esos recursos van a compensar los ingresos que dejaría de percibir el Tesoro Nacional por cambio de destino. Al respecto debo decir que el Tesoro Nacional no tiene necesidad de mayores ingresos ni tampoco lo afectaría ya que es superavitario. La Administración, con la rebaja del gasto público y con el incremento de los impuestos -o sea con el ajuste fiscal- ha logrado tener un margen superavitario que en oportunidad de aprobarse la Rendición de Cuentas se encontraba en U$S 60:000.000 y que ahora estimo que debe llegar a U$S 80:000.000. Entonces, por este mecanismo, a efectos de compensar el desplazamiento de dos impuestos que originalmente pertenecían al Fondo Nacional de Vivienda, creamos otros para que el Tesoro Nacional no deje de percibir los ingresos que anteriormente tenía, por haberse distorsionado el destino de los impuestos que originariamente nutrían al Fondo Nacional de Vivienda.

Me parece importante destacar que la creación de los impuestos estaba destinada a que el Fondo Nacional de Vivienda subsidiara la vivienda para los sectores de menores ingresos del país. Sin embargo, ahora hay una filosofía distinta; se vuelve al Fondo Nacional de Vivienda, se le quitan parcialmente algunos ingresos -ya que el 2% de los ingresos más elevados no está legislado- y además, subsidiariamente, se hace pagar a la sociedad la compensación que se produce porque el Estado deja de percibir lo que no le corresponde, pues dichos recursos se vertieron al Tesoro Nacional por decisión de la dictadura. Efectivamente, el Fondo Nacional de Vivienda es un mecanismo de esfuerzo social -es decir, de toda la población- para financiar la vivienda, porque se entiende que es el conjunto de la sociedad el que debe posibilitar que todos tengan una vivienda decorosa. Creo que esto, además, se compagina con el núcleo evolutivo y con determinadas características de las viviendas. Es decir que hay una misma concepción: que los pobres tengan viviendas precarias y, naturalmente, de emergencia. Ahora, su metraje es de 30 metros, pero pueden llegar a ser de 15 o de 10 metros. Esta es la concepción de toda la política económica del Gobierno: primero crear los pobres y después inventar soluciones de emergencia o fondos especiales de asistencia social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sustitución del artículo 81 de la ley vigente, en forma sugerida por el señor senador Cigliuti; es decir, votamos todo el artículo y luego, por separado, los literales C) y E).

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: quiero hacer notar que no solamente me parecen discutibles muchos aspectos del artículo 81 sino que, además, creo que es incongruente, porque no entiendo por qué se habla de otorgar «el producido del impuesto vigente del 1% a todas las retribuciones nominales sujetas a montepío, sobre sueldos de funcionarios de los Entes del Estado, de los Municipios y de la Administración Central». Pienso que debería ser sobre todas las retribuciones nominales sujetas a montepío, sobre sueldos de funcionarios públicos y no de algunos de ellos. No sé por qué sólo se afectaría a los funcionarios de los Entes del Estado, de los Municipios y de la Administración Central y no a los restantes empleados públicos. Por tal motivo en el artículo sustitutivo que propusimos al Senado en la tarde de ayer, hacemos referencia especial a este punto. En ese sentido -y de acuerdo con lo que manifestaba recién el señor senador Gargano- nos plegamos entusiastamente a la solicitud que, conforme con el derecho de iniciativa, elevó un conjunto de ciudadanos de gran jerarquía nacional, entre ellos Monseñor Partelli, el profesor Rodolfo Tálice y el recientemente fallecido arquitecto Juan Pablo Terra, para recomponer el Fondo Nacional de Vivienda. Al respecto nos place saber que el Ministerio desea volver a constituir dicho Fondo. Naturalmente que lo que se pretende es que se haga en base a fundamentos sólidos, perdurables, genuinos y autosostenidos, tal como fue creado en la ley original y que otras complementarias contribuyeron a cimentar.

Repito que por tales motivos concordamos con la tesitura expuesta por el señor senador Gargano.

Concretamente, vamos a solicitar que el artículo 81 se vote por literales y que el literal B) se trate por incisos, ya que hay algunas variantes que, según mi criterio, deben ser resaltadas.

Con respecto al literal A), proponemos que, por lo menos, se modifique en el sentido de que el impuesto vigente del 1% se aplique a todas las retribuciones nominales sujetas a montepío de los funcionarios públicos en general y no de algunos en particular.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Simplemente queremos indicar que la redacción que viene de la Cámara de Representantes puede merecer las objeciones que señala el señor senador Arana; pero, naturalmente, si se recoge ese tipo de modificaciones, implicaría que el proyecto tendría que volver a la Cámara de Representantes, con consecuencias que, por supuesto, no deseamos. Al respecto cabe señalar que mientras esta disposición no tenga aprobación, se van a seguir dando las circunstancias actuales; es decir que estos recursos -por ejemplo los establecidos en el literal A)- se continúen vertiendo al Banco Hipotecario del Uruguay sin hacerlo al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, lo que debería haberse hecho desde la creación de esta Cartera.

Por consiguiente creemos que estos son elementos más que suficientes como para poder aconsejar la aprobación de esta disposición con el texto que viene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 81.

Habiéndose solicitado que se vote por literales, se procederá, en primer lugar, a votar el exordio con el literal A).

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Naturalmente hemos votado por la afirmativa, pero el texto de este artículo tal como viene de la Cámara de Representantes no parece tener un fundamento racional y sólido en la medida en que quedan fuera el Poder Judicial, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Poder Legislativo.

Tratando de interpretar la norma, en la medida en que es un impuesto establecido legislativamente y por lo tanto no es trasladable, alcanzaría solamente a los organismos con fondos propios. Pienso que este puede ser un mecanismo de interpretación, pero, racionalmente, no parece una norma lógica.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa estima que, en realidad, esto es incongruente y se le ocurre que esa no pudo haber sido la intención, sino que quizás ha habido un mal manejo de la terminología jurídica. Cree que cuando establecieron «Entes del Estado» no pensaron en los Entes Autónomos sino en todo organismo de carácter estatal. Naturalmente que la terminología jurídica no se puede emplear con tamaña imprecisión, pero se supone que esa pudo haber sido la intención, porque no existe ninguna razón para excluir al resto de los organismos.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Si observamos el comparativo, se puede apreciar que vino establecido de esa forma por parte del Poder Ejecutivo; por lo tanto, ese texto no proviene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Simplemente queremos manifestar que en la medida en que el Senado entendió que no era oportuno acompañar nuestra propuesta, no podíamos dejar de votar el proyecto, ya que con ello se estarían generando fondos genuinos y acordes con el espíritu original de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo solicitado por el señor senador Arana se va a votar el primer inciso del literal B).

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Sabemos que los artículos son muchos y que resultaría tedioso el considerarlos uno por uno. Sin perjuicio de ello, creemos que es fundamental hacer notar que el Frente Amplio está procurando lograr la mejor financiación, genuina y autosostenida, para un Plan de Vivienda que queremos apoyar en su filosofía.

Hubiéramos deseado que la totalidad de lo afectado por la Ley Nº 15.294 estuviera vigente, tal como lo sostuvo el señor senador Gargano.

En la medida en que este inciso fue acompañado por una mayoría suficiente en el Senado, queremos también apoyar con nuestro voto, al menos la parte que correspondería que se aplicarse como impuesto para sustentar el Fondo nacional de Vivienda y Urbanización.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo inciso del literal B).

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tercer inciso del literal B).

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Me parece que el tercer inciso de este literal B) debería formar parte del segundo inciso, y no figurar por separado, porque refiere expresamente a lo dispuesto en aquel.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Pido disculpas a la Presidencia porque no me voy a referir al inciso que acabamos de votar, sino al anterior, que creo fue aprobado en forma unánime por el Cuerpo.

Deseo dejar constancia de la importancia de haber reivindicado la totalidad del producido del impuesto a las jubilaciones y pensiones -el famoso artículo 7º de la Ley Nº 15.900- sobre el que reiteradamente habíamos solicitado informes a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, a la Presidencia del Banco Hipotecario del Uruguay y a la del Banco de Previsión Social. Sin embargo, nunca se nos contestó en forma clara, nítida y transparente, acerca de los recursos, que sospechábamos eran de entidad muy relevante en el país y que deberían haber originado miles de viviendas. Tengamos presente, señores senadores y señor Presidente, que con lo recaudado de este impuesto de 1987 -seguramente, más de U$S 30:000.000- apenas se construyeron 162 viviendas, a pesar de que esto implica una importante responsabilidad por parte del Estado. Curiosamente, nos venimos a informar ahora de que, en lugar de haberse edificado las 1.200 ó 2.000 viviendas previstas en todo el país, sólo se construyeron 162 en Montevideo porque del 1% o 2% que se recauda de las prestaciones de jubilados y pensionistas, solamente se ha vertido un porcentaje muy pequeño para la defensa de este Fondo Nacional de Vivienda.

En consecuencia, creemos que éste es un gran paso dado en beneficio de ese sector. De todas maneras, señor Presidente, hubiéramos deseado que se hubiera aceptado el mecanismo de volcar con criterio retroactivo esto que, a nuestro modo de ver, fue una mala interpretación del artículo 7º de la Ley Nº 15.900.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal C).

(Se vota:)

-16 en 27. Afirmativa.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: nuestro sector no ha acompañado con su voto este literal C) en mérito a que, a nuestro juicio, tiene por objetivo ir quitándole al Banco Hipotecario las posibilidades de contar con recursos para cumplir con su acción social. Tan es ello así que del texto del propio literal se deduce que a partir del año 1993 caerán todas esas partidas asignadas por ley a la Institución, de acuerdo con el detalle establecido.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: en el mismo sentido que el senador Belvisi, quiero señalar que no hemos acompañado el literal C), y por razones similares no habremos de votar tampoco el literal E) de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal D).

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal E).

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: reiteramos nuestra posición contraria a seguir reduciendo las posibilidades de la acción del Banco Hipotecario mediante la quita de recursos. En este caso, como se trata de un recurso genuino de la Institución, lo consideramos aún de mayor importancia.

Por otra parte, el texto del literal E) establece una absoluta libertad para que en el Plan Nacional de Vivienda oportunamente a estudio se fije la proporción de las quitas de recursos genuinos al Banco Hipotecario.

En consecuencia, nuestro sector político no ha acompañado con su voto este literal.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Señor Presidente: simplemente quiero dejar constancia de nuestro voto negativo tanto a este literal, como al C), en la idea de que no se puede seguir quitando fondos al Banco Hipotecario cuando éste todavía tiene importantes compromisos por delante. Además, no debemos olvidar que estos recursos fueron votados por el propio Parlamento en el artículo 717 del Presupuesto Nacional.

Por este motivo, señor Presidente, dejo constancia de nuestro voto negativo a los literales C) y E).

Por último, propongo -creo que puede ser viable- que se vote en conjunto el resto de los literales e incisos.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Riesgo se ha adelantado a interpretar el pensamiento de la Presidencia.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: he votado afirmativamente este literal en cuanto contribuye a la financiación del Fondo que se está tratando de reconstruir.

Obviamente, este Fondo tiene una finalidad social y, en las presentes circunstancias, a nuestro juicio resulta prioritario. No obstante, quiero señalar -como ha sido mencionado en Sala- que esto implica retacear recursos genuinos del Banco Hipotecario -como los obtenidos a través de la colocación de sus títulos- por lo que, oportunamente, atendida la emergencia de carácter social que se procura solucionar por medio del Fondo de Vivienda, los fondos de la Institución deberán adecuarse para que, dentro del mecanismo previsto, pueda cumplir con sus finalidades dentro de la política fijada por el Gobierno. Concretamente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente será el responsable de los programas sociales, y el Banco Hipotecario atenderá a otro segmento de la población, con recursos como los derivados de la colocación de Obligaciones Hipotecarias.

De modo que nuestro voto afirmativo ha sido dado con esta reserva, y en atención a la prioridad social que, en nuestro concepto, tiene la reconstitución del Fondo.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Evidentemente, de acuerdo con el literal E), la decisión final corresponde al Poder Ejecutivo a través del Plan Quinquenal, pero también al Parlamento en función de la aprobación que pueda darle a aquel y a lo que puedan ser las modificaciones que introduzca año a año mediante las Rendiciones de Cuentas. Por consiguiente, creo que necesariamente debe darse una cierta coordinación entre las funciones del Banco Hipotecario y la planificación de la vivienda como fenómeno social, lo que debe ser atendido con soluciones de carácter precisamente, social.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Simplemente, deseo hacer una brevísima consulta. Quisiera saber qué diferencia hay entre «amortización» y «cobranza», términos que figuran en el literal F), porque creo que conviene dejar alguna constancia sobre la redacción del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ante esta consulta que la Mesa no va a calificar de picaresca, porque se podría interpretar mal, pero sí producto de cierta picardía en el buen sentido de la palabra, que no ha obtenido respuesta y que a todos nos produce la misma perplejidad, se va a votar el literal F) hasta el final.

(Se vota:)

-24 en 27. Afirmativa.

En consideración la sustitución del artículo 92.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Aclaro que no pude llegar al inicio de la sesión.

Aparentemente, se han votado en bloque una serie de disposiciones que comienzan por el artículo 89. Pregunto, entonces, hasta qué artículo se llegó.

SEÑOR PRESIDENTE. - Los que no se han votado aún son los artículos 92, 95, 96, 121, 149 y 169.

SEÑOR RICALDONI. - Entonces, quiero plantear una duda respecto del artículo 89 que ya se ha votado y que también es aplicable al artículo 92, así como a alguna otra disposición.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Simplemente, deseo señalar que si el señor senador Ricaldoni desea referirse al artículo 89, lo que corresponde es que solicite su reconsideración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Solicitaré la reconsideración en función de los votos que haya tenido el artículo 89, porque entiendo que esta norma implica una reforma de la Carta Orgánica de un Banco del Estado. Entonces, de no haber obtenido la mayoría absoluta...

SEÑOR PRESIDENTE. - Hubo 24 votos en 27, señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Concretamente, lo que deseo manifestar es que el artículo 92 también implica una reforma de la Carta Orgánica de un Banco estatal, por lo que para su aprobación se requieren 16 votos.

Es cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Señor Presidente: deseo aclarar que el artículo 92 modificativo propuesto por la Comisión y a consideración del Senado, reitera el concepto del artículo 92 de la Ley de 1968.

En consecuencia, si es que hubo una modificación a la Carta Orgánica del Banco Hipotecario, ella se hizo en 1968 y no ahora. Lo único que se altera aquí es que la facultad de autorizar las características de las Comisiones, en lugar de tenerla la Comisión Nacional de Vivienda, que ya no existe, la posee el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR BOUZA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Si bien es cierto lo que expresa el señor senador Bouza, aquí se incorpora un concepto nuevo, porque se elimina de la disposición la última parte donde se dice: «En el caso de operaciones con los organismos públicos promotores de vivienda, estas comisiones no podrán exceder del costo mínimo de administración a juicio del Banco Central del Uruguay». Quiere decir que en la norma hay una modificación de sustancia, porque van a haber organismos que promoverán la vivienda además del Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Bouza.

SEÑOR BOUZA. - Frente a la observación formulada por el señor senador Gargano, debo señalar que al eliminarse el último párrafo del artículo 92 de la Ley de 1968, simplemente, lo que se hace es dar una mayor facultad al Ente Autónomo, Banco Hipotecario del Uruguay, que no aparece limitado por el Banco Central.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sustitución del artículo 92 de la ley vigente.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

En consideración la sustitución del artículo 95.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo en mérito de que en este caso en particular el Banco Hipotecario del Uruguay deja de tener la exclusividad, dándose participación a otras instituciones privadas.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo habida cuenta de que limita algunas facultades del Banco Hipotecario del Uruguay que, sin embargo, se mantenían en el artículo 89.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración la sustitución del artículo 96 de la ley vigente.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Solicito que se desglose el literal F) de este artículo.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Vamos a solicitar que el acápite de este artículo, donde se hace referencia a las competencias del Banco Hipotecario del Uruguay, se vote separadamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar, en primer lugar, el acápite o exordio del artículo 96.

(Se vota:)

-23 en 27. Afirmativa.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: también aquí el Banco Hipotecario vuelve a perder la facultad de ser el órgano central del sistema de ahorro y préstamo, para participar sólo en la dirección en esta materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el resto del artículo con la exclusión del literal F).

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal F).

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Si no me equivoco, hemos votado el literal F). Observo que en este texto existen dos variantes respecto a la redacción original, a mi entender llamativas, y no son producto de una distracción, sino que se trata -reitero un concepto al que ya me he referido en la tarde de ayer- del reflejo de la orientación de esta modificación a la Ley de Vivienda. En el texto original, el literal F) decía: «Cooperar con la Dirección Nacional de Vivienda, en la promoción, asistencia y fiscalización de las entidades sin fin de lucro». Curiosamente, la expresión "sin fin de lucho" desaparece en el texto actual. La redacción del artículo continúa diciendo: «a que hacen referencia los Capítulos X y XI, cuando persigan la obtención de vivienda mediante la realización del ahorro y el uso del crédito en forma colectiva». Además, minimizando efectivamente el significado del sistema cooperativo, en el nuevo texto se expresa: «o individual».

Por estas razones no hemos acompañado con nuestro voto este literal y reiteramos que la intención de esta constancia es la de resaltar el cúmulo de hechos objetivos que están pautando claramente la orientación de este proyecto de ley, inclusive con relación a ciertos aspectos sustanciales del Plan.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Deseo manifestar que esta disposición es totalmente lógica, ya que se ubica dentro de la estructura de la Ley de Vivienda y de la nueva realidad en la que se aplicará. Debe tenerse en cuenta que el Plan va a contemplar todo el espectro de vivienda del país y no va a estar predeterminado por calificaciones, como por ejemplo, la referencia precisas a las cooperativas, que es el cuestionamiento que se plantea en este literal F). Las cooperativas se incluyen en este literal, a los efectos de que el Banco Hipotecario del Uruguay pueda regular el sistema de ahorro y préstamo. Asimismo, están comprendidas otras entidades, posiblemente algunas que persigan fines de lucro, o grupos que busquen la concreción de ahorros para obtener las viviendas, como así también aquellos que procuren obtener su vivienda en forma individual.

Este es el contenido real de la Ley de Vivienda y es lo que pretende concretar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los efectos de atender debidamente estas necesidades en el país, sin parcelas predeterminadas, ya que no se considera beneficioso el mantenimiento de ese criterio.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración la modificación propuesta al artículo 121 de la ley vigente.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Por las mismas razones que manifestara el señor senador Belvisi en la tarde de ayer, no vamos a acompañar con nuestro voto el artículo 121. Nos importa señalar, además, que en esta nueva redacción se elimina la expresa posibilidad a los Gobiernos Departamentales de reclamar la participación de hasta el 50%. Por otra parte, si bien pueden celebrar convenios, pierden el derecho a reclamar la aprobación de sus propios programas. En consecuencia, lo que se hace es centralizar las decisiones, más allá de que insistentemente se exprese que el objetivo es la descentralización; en los hechos, se está centralizando radicalmente la toma de decisiones y lo que en realidad se descentraliza son los problemas. Claramente se expresó en la sesión de ayer el alto costo y lo que ello significa para los programas mayoritarios que se acaban de votar en esta misma ley, con relación a los núcleos básicos evolutivos y la importancia que éstos tienen para aquellas concentraciones urbanas de relevancia en el país, así como de la disponibilidad de tierras -por cierto muy escasas- y la infraestructura que ello requiere. Por tales motivos, es significativa la eliminación de esta posibilidad de reclamar, tal como lo establecía el texto original, hasta el 50% de los programas departamentales.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Deseo señalar que este texto proveniente del Poder Ejecutivo menciona a las Intendencias Municipales para celebrar estos convenios y no a los Gobiernos Departamentales que, a nuestro entender, son los órganos que deberían intervenir en la realización de esos convenios con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - En lo que tiene que ver con el texto del artículo 121, consideramos que tiene valor en cuanto se relaciona al artículo 119. En ese sentido, pensamos que esta disposición junto con el artículo 119 del proyecto de ley, es superior al 121 de la Ley Nº 13.728 original, porque a partir de su aprobación, de acuerdo con la nueva redacción, las Intendencias Municipales podrán reclamar una participación hasta del 100% en los planes de vivienda a realizar en cada departamento. De este modo, no se aplica el límite anterior del 50%.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Simplemente deseo agregar a lo afirmado por el señor senador Belvisi, que el Organo que representa al Gobierno Departamental, es la Intendencia Municipal. De manera que me parece correcto que se haga referencia a la Intendencia Municipal, del mismo modo que cuando el Estado realiza un convenio, el Organo que lo representa es el Poder Ejecutivo y no el Gobierno Nacional, integrando en él al Parlamento.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Coadyuvando con lo expresado anteriormente, debo manifestar que es probable que el texto no tenga la mejor redacción. Sin embargo, es claro que este artículo, en tanto tiene jerarquía legal, no modifica las normas constitucionales que obligan a la intervención de las Juntas Departamentales en aquellas decisiones que las Intendencias Municipales así lo requieran, como puede ocurrir con varios de los actos que éstas deben cumplir en el caso de celebrar estos convenios.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Entiendo que el texto se refiere a quien representa al Gobierno Departamental que, sin duda, es el Intendente Municipal. Por supuesto, de acuerdo con las normas constitucionales y de la Ley Orgánica Municipal, el Intendente deberá realizar determinados procedimientos con autorización de la Junta Departamental pero, reitero, es él quien representa al Gobierno Departamental.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Finalizo, señor Presidente, manifestando que estoy de acuerdo con las expresiones del señor senador Bouza y del señor senador Santoro -por esa razón comencé mis palabras diciendo «coadyuvando con lo expresado anteriormente»- en el sentido de que este texto no modifica las competencias de los dos Organos de Gobierno Departamental, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica Municipal.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Deseo señalar que me preocupa la redacción del artículo 121, porque de su lectura infiero que se retacean las facultades de los Gobiernos Departamentales.

El artículo 121 de la ley vigente establece que los Gobiernos Departamentales podrán reclamar hasta el 50% de las viviendas que el sector público realice en su departamento. De modo que es un derecho que tienen los Gobiernos Departamentales, de acuerdo con el texto vigente, de hacer este reclamo, siempre y cuando cumplan determinadas condiciones como las de suministrar el terreno, efectuar la urbanización y brindar ciertos servicios. Es decir que no es un derecho que se atribuye en forma gratuita, sino que tiene, a su vez, la obligación de proveer estos elementos indispensables para poder llevar adelante el Plan Nacional de Vivienda. Pero, reitero, de acuerdo con la ley vigente, los Gobiernos Departamentales tienen derecho a reclamar su participación del 50% de las viviendas que se construyan en el departamento, lo que no impide que puedan hacerlo en más de ese porcentaje.

SEÑOR BOUZA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - No es así, señor senador. El artículo 121 de la ley vigente dice: «Los Gobiernos Departamentales podrán reclamar una participación de hasta el 50% (cincuenta por ciento)». Ello quiere decir que este es el hecho, el límite máximo. Al haberse eliminado ese porcentaje de la norma proyectada, se habilita a que las metas establecidas para la construcción en cada departamento puedan ser de menor o más del 50% e inclusive que puedan llegar hasta el 100%. Por lo tanto, se elimina ese límite que, sin duda, establecía una rigidez excesiva y quitaba posibilidades para que las Intendencias Municipales pudieran tener una participación mayor al mencionado porcentaje.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Lamento discrepar con la interpretación de la norma que ha realizado el señor senador Bouza; él siempre hace una inteligente lectura de las disposiciones, aunque en esta oportunidad la fortuna no lo ha acompañado.

La ley vigente no dice que los Gobiernos Departamentales podrán realizar hasta el 50%. Si el texto estuviera redactado en esta forma, el señor senador Bouza tendría razón y la ley establecía un techo para los Gobiernos Departamentales. Sin embargo, eso no es lo que expresa la normativa. Ella les otorga el derecho a reclamar hasta el 50% e incluso fija un sistema de recursos establecido por el propio artículo 121. Es decir que si el reclamo se resuelve en forma negativa, será recurrible ante la Dirección Nacional de Vivienda, como lo prevé la parte final de esta disposición. Repito que es un derecho a reclamar hasta el 50%, pero ello no quiere decir que por un acto de generosidad la autoridad central no pueda otorgarle más de ese porcentaje, o sea, no fija un máximo, no dice que no podrán pasar del 50%, sino que pueden reclamar hasta ese porcentaje. De manera que no se trata de un techo, sino de un piso que se establece para ese reclamo; es decir que no pueden recibir menos del 50%. Si se les niega ese derecho, existe un recurso, pero pueden recibir más de ese porcentaje.

¿En qué situación quedan las Intendencias por este artículo 121 proyectado? Nadie lo sabe. De acuerdo con su redacción, los Gobiernos Departamentales no pueden reclamar hasta el 50%; lo único que se dice es que podrán celebrar convenios, facultad que es innecesaria. La norma expresa que ellos y, en su caso, los Intendentes Municipales, en su representación, con o sin venia de las Juntas Departamentales, podrán celebrar distintos convenios con organismos del Estado. Ese derecho es reforzado en este artículo 121. Sin embargo, evidentemente, los Gobiernos Departamentales pierden el derecho a reclamar hasta el 50% de las obras que se realicen en el departamento. Además, si recibieran menos de ese porcentaje, no cuentan con el recurso que fue establecido en el artículo 121 de la ley vigente. De modo que no veo con qué finalidad o intención se incluye esta norma, pero lo cierto es que, texto mediante, la situación de los Gobiernos Departamentales será aún peor de aprobarse este texto del artículo 121, frente al vigente de la Ley de 1968.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Quiero hacer un breve aporte a esta discusión acerca del artículo 121. Creo que, como lo recordó recién el señor senador Zumarán, esta disposición incluida en la Ley de 1968 otorga a las Intendencias Municipales, no el derecho a participar en un 50%, sino el de reclamar hasta ese porcentaje. Sin embargo, como expresa ese mismo artículo, la decisión final sobre si esa participación se hará efectiva o no, depende en definitiva de un órgano del Poder Ejecutivo, de la Dirección Nacional de Vivienda. De modo que, entonces, en la estructura de la ley que se pretende modificar, las Intendencias Municipales no tenían, en realidad, el derecho a la participación en un 50%, sino el de reclamar ese porcentaje. Asimismo, el grado de participación, reitero, dependía de las decisiones de la Dirección Nacional de Vivienda, ya que el texto de la Ley de 1968, decía «decidirá en definitiva».

El texto del artículo 121 actual plantea, a mi juicio, este tema de una manera muy realista, ya que el Gobierno nacional, para ejecutar el Plan, tendrá necesidad de contar con tierras, a lo que se ha hecho referencia en el curso de la discusión y, además, tendrá interés en utilizar al máximo los recursos disponibles. Entonces, por ello tendrá un incentivo para realizar negociaciones con los Gobiernos Departamentales, a efectos de concretar el mayor número posible de obras. A su vez, como elemento a negociar, contarán con las tierras y con los servicios de urbanización que ellos puedan aportar. Creo que ambos elementos pueden conducir a una negociación en la que las partes tienen interés. La nueva norma respeta, además, la autonomía de los Gobiernos Departamentales, contrariamente a la fórmula anterior, en la que la decisión definitiva correspondía a la Dirección Nacional de Vivienda.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Con todos los respetos que me merece, me parece que la argumentación hecha por el señor senador Blanco tampoco es válida. Digo esto porque la circunstancia de que resuelva la Dirección Nacional de Vivienda no significa que ella esté habilitada para decidir arbitraria o caprichosamente. El texto otorga el derecho a reclamar a los Gobiernos Departamentales, bajo ciertas condiciones y se supone que la Dirección Nacional de Vivienda o el órgano del Poder Ejecutivo que deba resolver sobre ese reclamo, va a ajustar su conducta a derecho y equidad. Si no lo hiciera, es evidente, a tenor del artículo 121, que esa resolución frente a un Gobierno Departamental, es recurrible, considerando que se trata de un pronunciamiento administrativo, en una contienda arreglada a derecho y, por lo tanto, está sometido al control jurisdiccional. Quiere decir que de ningún modo, por este artículo 121, los Gobiernos Departamentales quedan a merced de lo que haga o diga el Poder Ejecutivo, desconociendo el derecho que tienen a, por lo menos, contar con ese piso del 50% de las obras del departamento. Sin embargo, por el artículo proyectado, se autoriza simplemente a hacer convenios, pero no se sabe qué magnitud, intensidad o participación tendrán los Gobiernos Departamentales en ello.

Me parece que esto es muy importante, teniendo en cuenta que todos quienes hemos recorrido el interior del país, hemos visto que en esta materia los Gobiernos Departamentales han sido muy eficientes, ya que muchísimas viviendas, de neto corte popular, han sido construidas por medio de convenios realizados por ellos, cediendo terrenos y canalizando sus rubros presupuestales e incluso los préstamos internacionales para hacer cordón cuneta, alcantarillado y otras obras destinadas a núcleos habitacionales, en la totalidad de las ciudades del interior. No recuerdo una sola de ellas en la que no se hayan construido viviendas en estos años, al amparo del artículo 121. Por lo tanto, no entiendo por qué se quiere modificar su texto.

En consecuencia, apelo a quienes se encuentra en Sala y han sido Intendentes, que seguramente avalarán lo que acabo de manifestar acerca de que las obras se pudieron realizar gracias a este mecanismo previsto por el artículo 121 vigente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - La diferencia de opiniones que desde el punto de vista jurídico tenemos con el señor senador Zumarán radica en que, a mi juicio, el artículo 121 actual lo que concede a los Gobiernos Departamentales es el derecho a reclamar. A partir de este punto surgen las interpretaciones diferentes que sustentamos en cuanto a la inteligencia de este texto.

De todas formas, con respecto al fondo del tema, no discrepo con el señor senador Zumarán en el sentido de que las Intendencias han sido muy eficaces en la realización de este trabajo. Por esa razón, anteriormente, argumenté que la modificación del artículo otorga una mayor flexibilidad por cuanto no establece un límite. Incluso, se podría haber fijado un porcentaje de un 50% como participación superior, lo que dependería de las posibilidades concretas de cada caso. Además, en los hechos, la capacidad operativa de las Intendencias las habilita a participar adecuadamente en el plan de vivienda.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - En primer lugar, deseo expresar que comparto de manera integral la interpretación de las diferencias que tiene el artículo 121 vigente y el 121 sustitutivo que viene en este proyecto de ley. Coincido en que se trata de una diferencia muy importante que no aparece debidamente fundamentada.

Por otro lado, en el artículo 121 que se modifica si bien es cierto que el derecho que se establecía era el de reclamar una participación -tal como lo ha señalado el señor senador Blanco- resulta muy claro -como bien lo decía el señor senador Zumarán- que si existe una negativa, el problema es decidido por un acto administrativo que está sometido a un control jurisdiccional. Es más; creo que en alguna oportunidad y en ocasión de analizarse este artículo a nivel académico, se dio uno de los pocos casos de contienda interadministrativa planteada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el artículo 313 de la Constitución de la República. Como es sabido, este Tribunal no sólo puede anular actos administrativos, sino también resolver contenidas interadministrativas entre órganos del Estado, como ser entre un Gobierno Departamental y un Ente Autónomo. Precisamente, una de esas contiendas -no recuerdo si llegó a concretarse- fue motivada por este tema.

En consecuencia, pienso que es muy importante la diferencia que aquí se plantea, es decir, la facultad que se quita a los Gobiernos Departamentales y que consistía en el derecho a reclamar, ya sea con un resultado positivo o negativo. Asimismo, si éste fuere negativo, ese Gobierno Departamental tiene la posibilidad de plantear una contienda por diferencia o el control jurisdiccional se entendiera que hubiera existido arbitrariedad.

Por otro lado, deseo señalar -en este momento no tengo tiempo de probarlo- que tengo en mi opinión personal sobre el motivo por el cual se ha planteado este artículo 121 que perjudica a todas las Intendencias. A mi juicio, la fuente inspiradora de todo esto -esta es una apreciación política- radica en el Gobierno Departamental de Montevideo, y ello fue lo que llevó a introducir esta modificación, arriesgando entre una eventual protesta de los demás Municipios y el quitarle una facultad a la Intendencia Municipal de Montevideo. Tal como es sabido esta última, al igual que las demás Intendencias del Interior está preocupada por el tema de la vivienda. Repito que esta es la razón por la cual se modifica este artículo 121, y no tengo pruebas documentadas porque se trata de un típico fenómeno de desviación de poder que, como es sabido, no se aplica en general a los actos administrativos, aunque la doctrina moderna sí lo está haciendo. Evidentemente, es muy difícil probar una desviación de poder porque formalmente no aparece la intención de quien redacta el artículo que, además, se cuida de no dejarla expresada en ningún documento.

No obstante, con el debido tiempo, se podría probar que este artículo está dirigido a impedir que el Gobierno Departamental de Montevideo pueda desarrollar una política de vivienda, aun cuando los efectos negativos de esto no recaigan exclusivamente sobre él, sino sobre todas las Intendencias Municipales del país.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Jude)

SEÑOR BLANCO. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Deseo manifestar que, como el señor senador Korzeniak, luego de su apreciación de carácter jurídico, pasó a un plano de análisis político, me desvinculo totalmente de esta última parte porque en mi intervención anterior realicé simplemente un comentario jurídico. Al mismo tiempo, me remito a las expresiones que en Sala formulara el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, doctor Lago, quien resaltó el propósito de su Cartera de instrumentar el plan de vivienda y de trabajar en estrecha relación y contacto con los Gobiernos Departamentales. En consecuencia, es en la inteligencia de esa expresión y manifestación pública de política gubernamental que realicé mis comentarios de carácter jurídico sobre la interpretación del artículo 121. Asimismo, reitero que el derecho que aquí se consagra en la legislación aún vigente del artículo 121 es la reclamación y no un derecho a la participación, lo cual sí podría dar lugar a una de las contiendas previstas en el artículo 313 de la Constitución de la República. De todas formas, a mi juicio, ello no puede dar lugar a una anulación del acto administrativo frente al planteo de los Gobiernos Departamentales en función de un defecto jurisdiccional del acto. Asimismo, la apreciación de conveniencia es una apreciación de mérito que corresponde en la legislación vigente a un órgano del Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo hacer dos aclaraciones. La primera de ellas apunta a que todo ha demostrado que la diferencia entre los dos artículos es realmente muy importante, y la segunda, radica en que el texto que hoy tiene a consideración el Senado no es el que proyectó el señor Ministro, sino que, simplemente, le fue entregado.

Muchas gracias.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - No pretendemos extender la discusión de este proyecto de ley; pero cuando escuchamos afirmaciones tan rotundas en el sentido de que este artículo procede a despojar a los Gobiernos Departamentales de la posibilidad de participar hasta en un 50% de las metas departamentales de los planes que están comprendidos en el sector público relativos a la construcción de viviendas, y cuando además se habla de que la disposición tiene por finalidad no dejar participar en la construcción de viviendas al Municipio de Montevideo, no podemos menos que decir que no es cierto. No creemos que exista esa intención; es más, este artículo nunca se proyectó con esa finalidad.

Pensamos -y en su oportunidad lo dijimos- que esta disposición no se puede entender si no es junto con el artículo 119. Si así se hiciera, se vería que toda la argumentación que se pueda hacer con relación a esa participación del 50% que según la Ley Nº 13.728 los Gobiernos Departamentales podían tener en la ejecución de los planes de vivienda del sector público, no se adecuaría a la realidad de lo que dice el texto del artículo 119. En ese aspecto, pensamos que los Gobiernos Departamentales van a poder reclamar todo lo que se considere del caso, naturalmente que dentro de las competencias que, por ley, hemos dado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-Porque, reitero, quien tiene a su cargo la implementación, la proyección y el establecimiento de los planes de vivienda es el propio Ministerio, y todos los organismos públicos -entre ellos, los Municipios que ejecuten esos planes de vivienda- deben acomodarse a dichos planes. Y aclaro que aquí, naturalmente, no hay ánimo alguno de reducir la participación de los Municipios. Además, los Planes de Vivienda van a ser aprobados por el Parlamento y ésta es una instancia fundamental para procurar que los Municipios tengan toda la participación que deseen en los planes departamentales.

Estimamos que se debía señalar esto porque el artículo 121 simplemente establece que en los convenios que celebren las Intendencias Municipales, referidos en el artículo 119 -que es el que regula todo lo relativo a los convenios- éstas podrán aportar las tierras urbanizadas necesarias.

Creemos, señor Presidente, que se ha dado una trascendencia, un alcance y una interpretación a esta disposición, que no tiene. Si se toma el trabajo de leer el Plan Nacional de Vivienda 1991/1995, elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se podrá comprobar la referencia precisa a la intervención de los Municipios. Los Planes de Vivienda son proyectados por el Ministerio, aprobados por el Parlamento, pero ejecutados de manera esencial por los Municipios. Entonces, pero ejecutados de manera esencial por los Municipios. Entonces, todo lo referido a regulaciones, porcentajes y cuotas está superado por una nueva legislación. Todas las argumentaciones que actualmente hemos escuchado en el sentido de que se retacean las competencias y posibilidades de los Municipios, se están haciendo fuera de la realidad que creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sustitución del artículo 121.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

En consideración la sustitución del artículo 149.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: si chocante fue percibir que el Senado votara mayoritariamente por este artículo 121, más chocante es este artículo 149 -que tiene iniciativa del Poder Ejecutivo y fue acompañado, lamentablemente, en la Cámara de Representantes- más hiriente, agresivo y claramente contradictorio, no sólo con el espíritu de la Ley Nº 13.728 sino con la concreta gestión que a la luz de esta ley fue llevada a cabo por la Dirección Nacional de Vivienda en los escasos años en que pudo vertebrarse la edificación a través de esta propuesta.

En este artículo se ve nítidamente que en este país no se quieren cooperativas de vivienda, ya que las declaraciones van por un lado y la realidad por otro.

Quisiera hacer referencia nuevamente al artículo 115 del texto original de la Ley Nº 13.728, que dice que los organismos que participen en el sistema público de producción de viviendas prestarán preferente atención al desarrollo de programas de construcción de viviendas por esfuerzo propio y ayuda mutua, así como estimular la construcción y administración cooperativa de los conjuntos habitacionales. No quiero que se deduzca de mis palabras que estoy presuponiendo intencionalidad, ya que el ánimo del Poder Ejecutivo es de que eso no esté contenido en el proyecto de ley. Gracias a la buena percepción y sensibilidad de los señores representantes, se introdujo nuevamente esta disposición en la iniciativa.

Debo hacer referencia a algunas manifestaciones vertidas en Sala por parte del señor Ministro así como de sus Asesores. Por si alguien piensa que podría haber trasposición de criterios, más allá de lo que el texto de la ley dice, expreso que debe complementarse con las propias disposiciones que están incluidas en el Plan Nacional de Vivienda. Esto es así por una razón muy sencilla que el propio señor Ministro manifestó en ocasión de su visita a la Comisión. El titular de la Cartera decía lo siguiente: «Señor Presidente: inicialmente deseo realizar algunas precisiones en el sentido de que en esta oportunidad corresponde analizar el proyecto de ley de modificación de la Ley Nº 13.728. Asimismo, creo que junto con la ley corresponde analizar el Plan Nacional de Vivienda para 1991/1995. Pienso que en esta ocasión corresponde estudiar ambos temas en conjunto, porque muchas de las consecuencias legislativas están directamente vinculadas al Plan, como también lo estuvieron al Plan concreto de realizaciones de 1969 y años sucesivos antes de la dictadura con respecto a la ley original».

Se observa claramente una concatenación entre las manifestaciones hechas en Comisión y en forma pública por los propios ejecutantes del Plan y aquellas que directamente modifican el texto original de la ley o las disposiciones que estamos considerando.

Este artículo 149 expresa que las cooperativas de vivienda podrán participar en todas las licitaciones y llamados a presentación de propuesta que realice el sistema público de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? No hemos sabido interpretar qué significa que una cooperativa de vivienda, particularmente una de ayuda mutua, pueda realmente competir. Debemos tener en cuenta que más allá de la buena disposición y las mejores intenciones -para ser congruentes con todo el Plan original- las disposiciones quedan y los hombres cambian, los Ministerios pueden ser fusibles, pero las leyes son supuestamente más estables. En consecuencia, no debemos basarnos en los aspectos declarativos y en las propias aspiraciones sino en los textos que estamos votando, ya que pueden ser hondamente perjudiciales para miles de uruguayos que están esperando desde 1976 -en que se suprimieron las personerías jurídicas, hasta el presente- tener un lugar en un sistema en el que creen porque su aspiración es resolver de una manera digna y decorosa el problema de la vivienda, tal como lo establecen la Constitución y el texto básico de esta ley. Las soluciones de emergencia podrán ser humanamente muy interesantes, pero no son ni técnica, ni higiénica, ni socialmente aconsejables.

No sólo los uruguayos han creído en este sistema, ya que desde varios puntos de América Latina vienen a estudiarlo. Además, fuera de nuestro país se están realizando publicaciones sobre el sistema cooperativo uruguayo.

No puedo resistirme, señor Presidente, a relatar otra anécdota que creo es muy ilustrativa. Si mal no recuerdo, hace tres años tuve la oportunidad y el privilegio que se me invitara para asistir a dos reuniones en las que se iba a tratar el tema de los sistemas de ayuda mutua, no en el mundo de la pobreza y el subdesarrollo sino en el de la opulencia, que también tiene sus contradicciones internas. Estamos hablando del caso español. Esas reuniones se realizaron en Madrid y en Sevilla, en esta última convocada por la Junta de Andalucía. Allí tuve oportunidad, en el momento de realizar una alocución acerca del sistema de vivienda popular en el Uruguay, que se me acercara quien hace las veces de Ministro de la Junta del Gobierno de Andalucía y me señalara que terminaba de llegar de los países nórdicos, concretamente de Dinamarca y Estocolmo.

Los técnicos que actuaron en el año 1968 para definir esta ley se inspiraron en algunos de los sistemas cooperativos de los países latinoamericanos, como es el caso de Chile, al igual que en la siempre aplaudida y admirada experiencia sueca y danesa, en el mundo europeo.

Es conveniente que sepan todos los señores senadores y la República entera que quien hacía las veces de Ministro de Vivienda en el Gobierno de Andalucía nos manifestó que en su visita a los países nórdicos le indicaron que si querían conocer avances modernos, contemporáneos y auténticos en el campo de la vivienda popular y, concretamente, de la cooperativa o de ayuda mutua no fueran a Estocolmo ni a Cophenague sino que vinieran al Uruguay. En verdad, señor Presidente, me sentí estimulado y luego con una desazón y una rabia que es igual a la que no puedo dejar de tener en este momento en que estamos a punto de votar un artículo tan absolutamente inconveniente para los intereses populares de nuestro país.

Se nos aplaude, conoce, analiza y publica en países muy alejados del nuestro, geográfica y económicamente. Pero aquí mismo, en el lugar en que se realiza la experiencia, donde hay uruguayos que están reclamando lo que otros obtuvieron, nosotros los estamos marginando de una solución verdaderamente auténtica y positiva.

Creo, señor Presidente, que esto está directamente vinculado a otro contexto; ya que se debe tener en cuenta el proyecto de ley y el marco económico y social que está vigente en el propio Plan Nacional de Vivienda. Cuando se lee este proyecto se empiezan a concatenar ideas. Nos preguntamos por qué se suprime el artículo 115. No es una distracción. ¿Por qué se modifican los demás artículos? ¿Con quién deben competir para construir un conjunto de viviendas? ¿Con las grandes empresas nacionales o multinacionales? Se trata de construcciones de pequeña cantidad como, por ejemplo, las de Piedras Coloradas o Egaña. ¿Cómo van a hacer las cooperativas para competir?

Si leemos el Capítulo III del Plan de Vivienda, comenzamos a entender la presuposición ideológica que tienen las disposiciones de este proyecto de ley. Cuando se hace referencia al marco de la política económica del Plan de Vivienda, se dice claramente que a los efectos de su formulación los lineamientos generales de política económica constituyen un dato primario.

Se trata, por lo tanto, de analizar de qué modo las orientaciones básicas del Plan de Vivienda armonizan con las políticas económicas adoptadas por el país y cómo se vinculan las estrategias adoptadas por el país y cómo se vinculan las estrategias de solución del problema habitacional con las de desarrollo económico y de inserción del país en el contexto internacional.

Creo que esto es muy claro, señor Presidente. ¿Acaso los señores senadores creen que los núcleos básicos evolutivos son una solución inventada por nuestros propios organismos? No, ya que todo eso viene condicionado por los organismos que realizan los préstamos internacionales. Se adoptan esos criterios, porque a nivel internacional se toman o no estos préstamos. Además, están pensados para soluciones que no son propiamente nacionales. Estoy lejos de pensar que no vamos a hacerlo si es necesario para solucionar ya, hoy y ahora lo mucho que se dejó de hacer durante décadas, en plena dictadura e, incluso, más allá de ella.

¿Qué quiere decir que se deba competir en igualdad de condiciones? ¿Con quién? ¿Con las empresas nacionales o internacionales? ¿Con qué capital de giro, con qué créditos, capacidad técnica y equipamiento mecánico? ¿Qué significa la palabra competir, si realmente no estamos erosionados y vulnerados por una ideología internacional neurodegradante que nos transforma la mentalidad, a tal punto que nos hace perder parámetros absolutamente básicos, incluso contradiciendo nuestras propias actuaciones históricas anteriores? Insistimos en que no podemos confiar simplemente en personas, y no vamos a votar mayoritariamente por una u otra sino textos que habrán de ser aplicados a nivel de todo el ámbito nacional.

Reitero mi pregunta. ¿Qué quiere decir competir en igualdad de condiciones? ¿Cuál es el producto final de eso por lo que se va a competir, ya que la palabra competencia parece tener hoy un prestigio relevante? Se trata de una trampa en la que personalmente no quiero caer, salvo que se explicite perfectamente de qué competencia se está hablando, y a qué competencias aspiramos para la construcción de viviendas en nuestro país. ¿Cuál es el producto final a que aspiramos? ¿Es simplemente un conjunto de metros cuadrados o cúbicos; un conjunto de personas más o menos hacinadas en determinadas condiciones? No importan las condiciones, pues parece que fuera lo mismo 60 metros cuadrados construidos de una manera que de otra.

Señor Presidente: no se necesita ser técnico para saber que eso no es así. Las cooperativas de viviendas, particularmente las de ayuda mutua, fueron analizadas, aplaudidas y divulgadas a nivel nacional e internacional, porque se trata de soluciones que intentaron resolver los núcleos habitacionales para cada una de las familias y en muchas de sus realizaciones constituyeron obras de relevancia arquitectónica, generadoras, como decíamos en la tarde de ayer, del enriquecimiento público, más allá de la escasez de recursos con que el Estado contribuyó a su confección.

¿Cuál es el resultado al que se aspira? ¿Acaso no vale el hecho de que esas cooperativas hayan logrado construir más metros cuadrados con el mismo costo? Buena parte de esos metros cuadrados fueron destinados no a cada uno de los núcleos individualmente considerados, sino que contribuyeron, además, a generar espacios y ámbitos públicos que se ponían al servicio, ya no de la totalidad de los cooperarios, sino del conjunto de ciudadanos de los barrios en donde esos centros se han gestado. Estoy hablando de todo el país, ya que no se trata de algo puramente montevideano, por lo que nos halaga insistir en ello. La multiplicidad del esfuerzo técnico nacional demostró tener gente de competencia, institutos de asistencia técnica que lejos de cobrar los honorarios, como habitualmente se hace por realizar tareas similares, se volcaron con entusiasmo y total dedicación a la realización de algo que los estimulaba, en tanto generaba algo mucho más importante que la cantidad de metros cuadrados que con el mismo volumen de dinero se podía construir. Insisto en que el resultado final no es solamente una cantidad de metros cuadrados o de unidades construidas, sino también servicios comunes, locales comunales que sirvieron y sirven no sólo para la realización de reuniones administrativas de la propia cooperativa, sino también para la celebración de actos culturales, deportivos, festividades locales o familiares. Estas actividades se han desarrollado, y lo siguen haciendo, en los barrios de Montevideo y del interior del país. Asimismo, también debemos mencionar la cantidad de guarderías infantiles, de escuelas que fueron construidas por medio del esfuerzo de las cooperativas y volcadas al propio Estado. ¿Cómo competirá una empresa privada? ¿Va a otorgar esos mismos servicios, con la misma generosidad con que se ha actuado? ¿Qué es la competencia?

Además, debemos tener en cuenta la formación del grupo humano y social. ¿Acaso no sabemos que se contribuyó a conquistar espacios de libertad esenciales en momentos en que la dictadura arreciaba? ¿Acaso no sabemos que las cooperativas contribuyeron hondamente a mejorar individual y colectivamente la concepción de persona que cada cooperativista tuvo, en el ámbito montevideano e, incluso, en el rural? Aquí debo hacer una mención especial a MEVIR, porque debo decir que he reunido una cantidad de datos que me preocupan, y he visto que todos coinciden en la idea de segregar aquello que debería estimularse. Me estoy refiriendo a MEVIR, esa empresa fenomenal que demostró tener una profunda viabilidad en nuestro país. Debemos tener en cuenta que no necesitamos solamente unidades de vivienda; por eso quisiera mencionar a una de las personalidades más interesantes, que realizó su contribución en la construcción de esas barriadas, conjuntamente con otros colegas, asistentes sociales y técnicos complementarios. Se trata del arquitecto Enrique Lesa, quien hizo de su profesión un apostolado, no sólo para construir metros cuadrados, sino para configurar la formación de grupos sociales que tuvieran una fuerte dosis de autoestima y que fueran capaces de generar por sí mismos una gran redención personal y colectiva de su condición, habitualmente postergada. Pues bien; este es simplemente un dato más, confluyente con todas las actividades cooperativistas. El mencionado arquitecto no participa de nuestras ideas políticas; sin embargo, me honro en decir que soy colega de ese hombre excepcional que durante prácticamente 20 años contribuyó a generar y a impulsar buena parte de esos grupos cooperativos por ayuda mutua de MEVIR. Precisamente, no sólo ayudó a construir metros cuadrados, sino que, de alguna manera, colaboró en la formación de grupos sociales conscientes de su propia potencialidad. Quizás haya sido por eso que primero se le pidió la renuncia y luego se lo retiró del cargo. Debo decir que en todo esto veo una cantidad de confluencias que tienden a postergar el sistema cooperativo que ha sido, y seguramente será -más allá de lo que suceda con este proyecto de ley y, concretamente, con este artículo- un orgullo para el país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sustitución del artículo 149 por el texto propuesto en el proyecto.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

Léase la sustitución del artículo 169.

(Se lee:)

«ARTICULO 169. - Las cooperativas matrices de vivienda podrán participar en licitaciones y llamados de presentación de propuestas que realice el sistema público, en representación de sus unidades cooperativas, debiendo cumplir con todas las condiciones establecidas por el artículo 149 de esta ley».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

Léase el artículo 2º del proyecto que sustituye el artículo 35 de la ley vigente.

(Se lee:)

«Art. 2º. - Sustitúyese el artículo 35 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 14.105, de 16 de enero de 1973, por el siguiente:

«ARTICULO 35. - Ninguna persona podrá recibir del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización préstamos de vivienda cuyo servicio de amortizaciones e intereses supere el 20% (veinte por ciento) de los ingresos nominales totales de la familia.

Si posteriormente, por efecto del reajuste o por la evolución de los ingresos familiares el servicio llegara a representar más del 30% (treinta por ciento) de los ingresos totales, el deudor tendrá derecho a acogerse a las soluciones que la reglamentación pueda establecer, con el objeto de no superar esta proporción. Estas soluciones podrán basarse en extensiones del plazo hasta un máximo de treinta y cinco años, en el cambio de vivienda, o en el otorgamiento de subsidios, según cada caso. La extensión del plazo se documentará mediante acta que se inscribirá en el Registro de Hipotecas, sin cargo alguno, dándole nueva fecha de inscripción para el cómputo de sus plazos de caducidad.

Para las cooperativas de vivienda esta condición se aplicará a cada uno de los socios o al conjunto de ellos según tengan calidad de deudor cada uno de los referidos socios o las cooperativas».

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Quisiera señalar, después de lo que se acaba de votar, que este artículo nos afecta casi en forma secundaria. Sin embargo, queremos decir que no lo hemos acompañado con nuestro voto porque, en los hechos, deroga la Ley Nº 14.105 que fijaba topes de afectación de acuerdo con los ingresos, muy reclamados en su aplicación por nuestra población. La ley protegía inequívocamente, en cambio, a los más modestos sectores de nuestra ciudadanía.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

«Art. 3º. - Restablécese la vigencia del artículo 6º de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, con la siguiente redacción:

«ARTICULO 6º. - Tanto los planes quinquenales a que refiere el artículo 4º, como los anuales a que refiere el artículo 5º, deberán ser aprobados por el Poder Legislativo, que dispondrá para ello de los mismos plazos de que dispone para considerar el Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuentas respectivas. Transcurridos esos términos, tanto el Plan Quinquenal como las modificaciones anuales, en su caso, se tendrán por aprobados, pero sólo tendrán fuerza de ley las disposiciones de los mismos que se aprueben expresamente con ese alcance.

El Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por resolución fundada, podrá introducir modificaciones en los programas y metas previstos en los planes, a fin de adecuarlos a las circunstancias que se operen durante su ejecución, dando cuenta».

Restablécese, asimismo, la vigencia de la Sección 6 del Capítulo X, artículos 171 a 176, inclusive de la misma ley, sustituyéndose los artículos 172 y 174 por los siguientes:

«ARTICULO 172. - Estos institutos gozarán de personalidad jurídica desde que se constituyan bajo una modalidad societaria y den cumplimiento a los requisitos impuestos por la Ley Nº 16.156, de 19 de octubre de 1990, a las sociedades cooperativas de vivienda».

«ARTICULO 174. - La reglamentación determinará los costos máximos de los servicios que proporcionan los Institutos de Asistencia Técnica, no pudiendo sobrepasar en ningún caso el 7% (siete por ciento) del valor total de las obras en caso de proporcionarse la totalidad de los servicios indicados en el artículo 171».

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR ARANA. - Solicito que se vote por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en primer lugar, el exordio y el restablecimiento de la vigencia del artículo 6º.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el restablecimiento de la vigencia de los artículos 171 a 176, excluyendo los artículos 172 y 174, que tienen otro texto.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el nuevo texto propuesto para los artículos 172 y 174.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 4º.

(Se lee:)

«Art. 4º. - Incorpóranse a la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, como Capítulo XV y bajo la denominación de «Nuevas Disposiciones» los siguientes artículos:

«ARTICULO 212. - Cuando se gestionare la exoneración total o parcial de aportes de la industria de la construcción por la utilización de los procedimientos de autoconstrucción o de mano de obra benévola, en función de lo establecido por el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, y sus modificativos, el Banco de Previsión Social deberá expedirse dentro de un plazo no mayor a los sesenta días corridos.

En caso de que transcurra ese término sin que se dicte resolución, el solicitante, siempre que disponga de las restantes autorizaciones habilitantes para comenzar los trabajos, podrá comenzar la construcción proyectada sin perjuicio de que si, en definitiva, no corresponde exoneración, la situación contributiva será la que resulte de la evaluación administrativa y de los efectos de las inspecciones que puedan realizarse para comprobar la concordancia del planteamiento inicial con la situación de hecho, en este caso no se aplicarán multas ni recargos, salvo que se comprueben conductas ilícitas».

«ARTICULO 213. - Exonéranse del pago del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, creado por la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, las siguientes enajenaciones:

A) Las que se efectúen en favor de un organismo público, con la finalidad de destinar los bienes objeto de la misma, exclusivamente a la construcción de viviendas.

B) Las que realicen los organismos públicos en favor de particulares, como consecuencia de la adjudicación de una vivienda Económica, Media o Núcleo Básico Evolutivo».

«ARTICULO 214. - Corresponderá al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Banco Hipotecario del Uruguay, indistintamente, la legitimación activa en todas las gestiones de cualquier clase tendientes al cobro de los importes a que refieren los artículos 70 y 71 de esta ley. A estos mismos efectos, el testimonio de las actuaciones administrativas a través de las cuales hayan quedado comprobadas las circunstancias generadoras de los créditos, constituirá título ejecutivo».

«ARTICULO 215. - Facúltase a las personas públicas no estatales y cooperativas para que en forma autónoma puedan otorgar a sus afiliados préstamos para vivienda, en las condiciones previstas por el artículo 32 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

A estos efectos, dichas instituciones tendrán la más amplia libertad de administración de sus recursos, elección de tipología de vivienda nueva o usada y condiciones de los préstamos a otorgarse».

«ARTICULO 216. - Las adjudicaciones de viviendas que se realicen con financiación del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización -excepto las correspondientes a MEVIR, al sistema cooperativo y fondos sociales- se realizarán por estricto sorteo entre quienes se encuentren, de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación, en igualdad de condiciones de ingresos».

«ARTICULO 217. - Cométese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la elaboración de un Texto Ordenado que contenga la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, con leyes modificativas y complementarias que se encuentren vigentes».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 5º.

(Se lee:)

«Art. 5º. - Agrégase como inciso al artículo 47 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, el siguiente:

«Para la presentación de propuestas y durante el período de construcción las cooperativas de vivienda y fondos sociales, conjuntamente con los institutos de asistencia técnica actúan como empresas de construcción. La reglamentación establecerá las condiciones crediticias y operativas que aseguren su eficiente desempeño en tal carácter».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 29. Afirmativa.

Léase el artículo 6º.

(Se lee:)

«Art. 6º. - Deróganse los artículos 8º a 11, 13; 74 y 75 -éstos en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.666, de 9 de junio de 1977- 87, 90, 91, 93, 94 y 127, de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 29. Afirmativa.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: no hemos acompañado con nuestro voto este artículo porque cuestionamos algunos aspectos que se plantean a través de él. Concretamente, nuestras objeciones son en relación con el artículo 3º, que vincula la vivienda adecuada con el mínimo habitacional y el número de dormitorios, necesarios, de acuerdo con el núcleo familiar y también con los artículos 8 a 11, que determinan las categorías de viviendas según los ingresos de núcleos familiares. En los hechos, se habilita el incumplimiento de los artículos 12 y 14, en lo que tiene que ver con la vivienda adecuada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 7º.

(Se lee:)

«Art. 7º. - A partir del primer día del mes siguiente al de promulgación de esta ley, entrarán en vigencia las siguientes disposiciones:

1) Al Impuesto Específico Interno correspondiente a los hechos generadores referidos en el numeral 11) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1991, se le agregará una sobretasa sobre el mismo monto imponible cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo hasta los máximos que se indican a continuación:

a)  CATEGORIAS  

Motor
Nafta
%

Motor
Diesel
%

A) 

Chasis para camiones y tractores para remolque cuyo peso de chasis con cabina sea superior a 2.000 Kg.

0

0

B) 

1-

Omnibus, chasis de ómnibus, plataformas autoportantes y conjuntos mecánicos de ómnibus urbanos y suburbanos  

3

3

  

2-

Omnibus carreteros. Se considerarán ómnibus carreteros los aprobados como tales por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

3

3

C) 

 

Automóviles de pasajeros con cilindrada de hasta 1.000 c.c. y sus derivados construidos a partir de la misma mecánica

6

11

D) 

1-  

Automóviles de pasajeros con cilindrada de más de 1.000 c.c. y hasta 1.600 c.c. y sus derivados construidos a partir de la misma mecánica  

6

11

  

2-

Automóviles de pasajeros con cilindrada de más de 1.600 c.c. y hasta 2.000 c.c. y sus derivados construidos a partir de la misma mecánica

6

11

  

3-

Automóviles de pasajeros con cilindrada de más de 2.000 c.c. y sus derivados construidos a partir de la misma mecánica

6

11

E) 

  

Vehículos de carga tipo chasis con cabina o doble cabina, o tipo integral sin chasis (pick-up, doble cabina, furgón o furgoneta) cuyo peso no alcance a los 2.000 Kg.

3

8

F) 

1-

Motocicletas, motonetas, triciclos motorizados y vehículos similares de menos de 124 c.c. de cilindrada  

1

0

  

2-

Motocicletas, motonetas, triciclos motorizados y vehículos similares de 124 c.c. y de más cilindrada

6

2

  

3-

Motonetas de ruedas estampadas en chapa o fundidas con plataforma horizontal que une las partes delantera y trasera del vehículo, con ruedas auxiliar y carrocería envolvente que cubre las partes mecánicas

6

4

G) 

Tractores para uso agrícola y obras viales  

0

0

H) 

Vehículos con tracción en las cuatro ruedas cuyo peso sea inferior a 2.000 Kg.

No de pasajeros

3

3

  

De pasajeros

6

11

Las categorías establecidas corresponden a las definiciones dadas por el Decreto Nº 128/970, de 13 de mazo de 1970, y disposiciones concordantes y complementarias.

b) Para los restantes automotores: el 5% (cinco por ciento).

2) Las empresas cuya actividad habitual y principal sea administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin, serán contribuyentes del Impuesto a los Activos de Empresas Bancarias y les serán aplicables en lo pertinente todas las disposiciones del Título 15 del Texto Ordenado 1991. Se extenderán a dichas empresas todas las referencias contenidas en el Título 14 del Texto Ordenado 1991 relativas a Bancos y casas financieras.

No están comprendidas en las disposiciones de este numeral las asociaciones y las cooperativas de cualquier naturaleza. El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios».

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Quisiera hacer algunas consideraciones complementarias a las que ya se hicieron sobre el contenido de este artículo anticipadamente, cuando se consideró la sustitución del artículo 81. Naturalmente, lo que diré estará referido a la propuesta tributaria que se incluye en el artículo 7º y que no compartimos por razones conceptuales. No las compartimos porque esta propuesta acentúa las características más negativas de nuestro sistema tributario, que son las de apoyarse en impuestos indirectos -como los que aquí se incluyen- que, por lo general, en su aplicación, en la práctica, van acompañados de profundas injusticias desde el punto de vista de sus efectos económicos. Por ejemplo, el primer tributo creado por el artículo 7º hace referencia al impuesto específico interno y a los hechos generadores vinculados a la primera venta de automotores sin discriminar situaciones de ningún tipo. Al respecto, todos sabemos que se dan situaciones muy diferentes desde los puntos de vista social y económico, de la capacidad contributiva de quienes se vean afectados por este impuesto y del destino productivo o no que puedan tener estos vehículos. Por lo expuesto, y por las consideraciones efectuadas a propósito del artículo 81 de la Ley de Vivienda, pensamos que esta disposición es totalmente inconveniente.

Sobre este tema me permitiré un comentario a la segunda propuesta tributaria que es la que refiere a las empresas cuya actividad habitual y principal sea administrar créditos, etcétera. La frase final de este artículo ya ha aparecido en muchas iniciativas legales en nuestro país e, inclusive, la propia Ley de Vivienda la utiliza en el artículo 81. Allí se expresa lo siguiente: «El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios». Quiero decir, señor Presidente, que si alguien cree que por esta frase el impuesto no será trasladado a los usuarios, está profundamente equivocado, porque se va a trasladar estrictamente a los usuarios, encareciendo, de ese modo, la intermediación financiera que aquí se está gravando. Por ello, resulta totalmente incomprensible que el proyecto de ley exprese que el impuesto no va a ser trasladado a los usuarios. A fuerza de coherentes y sinceros es incomprensible en esta iniciativa y también lo es en la Ley de Vivienda original.

Por todas estas razones no compartimos esta propuesta tributaria que, como ya quedó demostrado, no tiene nada que ver con el Fondo Nacional de Vivienda y en manos de una conducción económica como la actual será utilizada, estrictamente, con un criterio fiscalista. Asimismo, estos artículos agravan notoriamente las características de un sistema tributario que ya presenta bastantes motivos de preocupación desde este punto de vista.

En un conocido semanario que casualmente apareció hoy en su edición semanal, se publica una tabla con el peso de los impuestos indirectos en todos los países de América Latina. Los señores senadores que leyeron dicho semanario habrán comprobado que, lamentablemente, estamos a la cabeza del «ranking» y ello nos preocupa mucho. Con la propuesta que aquí se ha presentado se agravará aún más el hecho que acabo de señalar.

Finalmente, no quiero dejar de referirme a la contradicción enorme que existe entre los anuncios de desregulación y liberalización de la industria automotriz y esta iniciativa tributaria que es sorprendente desde ese punto de vista.

Nada más.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Quiero dejar constancia de que el señor senador Irurtia y quien habla no vamos a votar el artículo 7º del proyecto de ley. En primer lugar, porque entendemos que no corresponde que esta disposición se incluya en una ley de vivienda, pues no tiene relación alguna con la misma. En segundo término, debido a que estimamos que no se establecen diferentes categorías por tipo, calidad, precio y uso de los distintos vehículos. Si se hubiera efectuado una diferenciación, por ejemplo, entre vehículos de trabajo y de otro tipo, tal vez daríamos nuestro voto afirmativo.

Reitero que a nuestro juicio este artículo no tiene ninguna vinculación con la Ley de Vivienda y si queda incorporado será un hecho fuera de lo común. En cuanto al IMAVA -ya nos referimos a la parte final de esta disposición y también lo hizo el señor senador Astori- se establece que el impuesto será a cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios. Creemos que esto no será posible lograrlo.

El señor senador Santoro ha dicho que las tarjetas de crédito están incluidas en este artículo. A mi juicio, un sector importante de la población cruzará el charco para sacar la tarjeta de crédito en otro país y no pagar más el impuesto en el Uruguay.

Por lo expuesto, entendemos que el artículo 7º es contrario a nuestra filosofía, ya que se crean nuevos impuestos. En la actualidad, la gente soporta un alud importante de gravámenes y creemos que es contraproducente seguir cargándolos, por lo que no vamos a acompañar este artículo.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: el Foro Batllista no apoyará la creación de estos dos nuevos impuestos, fundamentalmente porque ellos -como ya dijimos anteriormente- no se destinan al Fondo Nacional de Vivienda y, por lo tanto, no inciden en la ejecución del Plan de Viviendas en el país.

Se ha dicho muy bien aquí -y surge de lo que tenemos a nuestro alcance en el análisis de este proyecto de ley- que el Fondo Nacional de Vivienda se nutre de ingresos tributarios de las transferencias de Rentas Generales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los artículos 65, 66 y 590 de la Ley Nº 16.170 y con el 242 de la Ley de Rendición de Cuentas, más el 1% sobre los salarios de los sectores públicos y privado, a lo que se suma el 1% sobre el sector público, de acuerdo con la Ley Nº 13.728.

En una publicación del Banco Central de diciembre de este año, en lo que hace a los indicadores económico-financieros de corto plazo, vemos que el sector público no financiero es decir el Gobierno Central, tiene un superávit -creo que el cierre de esta publicación se efectuó en el mes de setiembre de N$ 135.049:000.000. También debemos tener en cuenta a las Empresas Públicas, Intendencias, etcétera, que presentan un superávit de N$ 141.413:000.000. Sumando estas dos cantidades, este sector público no financiero arroja un superávit de N$ 276.462:000.000 que, a un dólar promedio de mayo de 1991 de N$ 1.842, equivaldría a aproximadamente U$S 150:000.000.

Sabemos que estos impuestos, por otro lado, conducirán a cubrir un déficit del Banco Central, ya sea para pagar deuda externa, déficit de emisión u otros destinos.

Por todas estas razones no apoyaremos la creación o aumento de estos impuestos en virtud de que no inciden -repito- en los recursos destinados para la construcción de viviendas.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Coherentes con el voto de nuestros compañeros en la Cámara de Representantes, vamos a votar afirmativamente el artículo 7º que crea recursos para el Fondo Nacional de Vivienda.

Declaramos, francamente, que hubiéramos preferido otro tipo de financiamiento como lo señalamos en la discusión general. Creemos que las políticas sociales -dentro de ellas la de vivienda es muy importante- deberían financiarse con un sistema impositivo distinto que, de ningún modo, puede involucrar este tipo de impuestos indirectos.

He leído también en una publicación semanal los porcentajes de impuestos indirectos y creo que no es una buena referencia para nuestro país estar a la cabeza en el continente.

En ese sentido, creo que tenemos que revisar todo nuestro sistema impositivo, sobre todo, con vistas al MERCOSUR.

Sin embargo, coherentes con lo que se aprobó en la Cámara de Representantes, expresamos que vamos a acompañar con nuestro voto este artículo 7º.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señor senador: el tratamiento del proyecto culminó con la votación. Si usted va a hacer referencia al mismo, lo único que puede hacer es solicitar una reconsideración.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: quiero fundamentar mi solicitud diciendo que necesitaría dejar una constancia que considero es útil a los efectos de la historia fidedigna del tratamiento del proyecto. También quiero expresar que recién tuve conciencia de esta circunstancia con posterioridad a la discusión del artículo correspondiente. Por lo tanto, pienso que la única vía que me queda, es pedir su reconsideración.

Voy a hacer alusión al artículo 81, cuya redacción, en el literal A) puede llevar a una confusión grave, desde el punto de vista de la práctica tributaria asociada a este proyecto.

No pretendo -porque sé que no será posible- cambiar la decisión del Cuerpo. Simplemente, quiero dejar una constancia para lo cual, repito, la única vía que me queda es la de la reconsideración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Seamos prácticos, señor senador. Efectúe usted esa constancia.

SEÑOR ASTORI. - El literal A) del artículo 81 sustitutivo dice, al comienzo: «El producido del impuesto vigente del 1%». Quiero señalar que aquí se está sustituyendo el artículo de una ley del año 1968 y, al mismo tiempo, se alude a un impuesto vigente, que no lo estaba en esa época, ya que recién se aplicó como consecuencia del Decreto-Ley Nº 15.294, del 23 de junio de 1982. Quiero decir que esto, desde el punto de vista de la técnica legislativa, no me parece lo más correcto.

Repito que aquí se está sustituyendo un artículo de una ley del año 1968. Sin embargo, esto no es lo más grave. Lo que en realidad me lleva a realizar esta constancia es lo que se agrega al final del artículo. Allí hay una frase que dice que el impuesto será de cargo del empleador, no pudiendo ser trasladado. Esta frase está en la creación del impuesto. Este literal A) no crea un impuesto, sino que afecta al producido de uno ya vigente. Sin embargo, la frase final puede inducir a la interpretación de que, en realidad, se está creando un impuesto de cargo del empleador que, por otra parte, no podrá ser trasladado.

En el proyecto del Poder Ejecutivo, de acuerdo a como se presenta el cuadro comparativo que tenemos ante nosotros, esa frase no estaba; se le volvió a agregar en la Cámara de Representantes, copiando la expresión original de la Ley de Vivienda Nº 13.728. Ahora bien; como lo que en realidad está vigente no es la Ley de Vivienda, sino el Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, que en sus artículos 25 y 26 hace referencia a este impuesto, la redacción de todo el literal A) podría conducir a la mala interpretación de que la parte del impuesto a la que aludimos, de cargo del empleador, se repite. Por un lado, por lo que creó el decreto-ley del año 1982 y, por otro, por lo que según esa interpretación, podría concluirse de la lectura del literal A).

Sin embargo, señor Presidente, me interesa reafirmar que acá no se está repitiendo ningún tributo, sino que se está afectando el producido de un impuesto vigente, tal como empieza diciendo el artículo, que después termina expresando otra cosa, al establecer que el impuesto será de cargo del empleador, no pudiendo ser trasladado. Esto, no sólo ya está dicho en la norma original, sino que expresado nuevamente, de forma innecesaria, porque no estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo, y puede llevar a una mala interpretación.

En virtud de lo expuesto, me pareció importante dejar esta constancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda aprobado el proyecto de ley que será comunicado al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

4) ARTICULO ADITIVO

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: algunos señores senadores hemos presentado un artículo aditivo que pedimos sea repartido y leído para su consideración por parte de los miembros del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señor senador: en realidad, el proyecto de ley ya se ha aprobado, o sea, que ya no se pueden presentar más artículos aditivos. Sin embargo, el Cuerpo es dueño de compartir, o no, el criterio de la Presidencia.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes que nada, quiero expresar a los señores senadores que cualquier artículo aditivo que hubiese llegado a la Mesa antes de la votación final, era nuestro deber ponerlo a consideración. Sin embargo, los señores senadores estarán contestes en que no es habitual que luego de la votación del último artículo de un proyecto de ley y de haberse anunciado que sería comunicado al Poder Ejecutivo, se presenten artículos aditivos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: creo que el referido artículo aditivo estaba por llegar a la Mesa, cuando el señor Presidente manifestó que se había aprobado el proyecto. Pienso que cuando él expresa que el proyecto ha quedado aprobado y será comunicado, lo que está haciendo es expresar la voluntad general del Cuerpo. Sin embargo, si el mismo accede a tratar un artículo aditivo, todavía no se ha concluido el tema. Nosotros hemos hecho llegar a la Mesa uno de esos artículos para que el señor Presidente lo ponga a consideración, entendiendo que hasta tanto no se le vote, no está concluido el estudio de la ley.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - No deseamos ingresar en la discusión técnico-reglamentaria de la cuestión. Simplemente, queremos decir que esta ley está signada por la voluntad, por la decisión de que entre en vigencia lo más pronto posible, a efectos de que se pueda comenzar la construcción de viviendas, reclamo urgente de todo el país.

El hecho de incorporar ahora un artículo aditivo, cuyo texto no conocemos, obligaría a que el proyecto vuelva a la Cámara de Representantes. Como todos los señores senadores saben, la misma ha expresado su voluntad, en el sentido de no levantar el receso. Por lo tanto, estimamos que cumpliendo con la voluntad que ya se hizo efectiva -y que, inclusive, alcanzó a aquellos señores senadores que no estaban de acuerdo con varias disposiciones del proyecto- de agilitar el trámite para que el proyecto se aprobara, debemos mantenernos en la tesitura original, evitando que el mismo vuelva a la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dado que la Presidencia quiere obrar con practicidad, se va a dar lectura al artículo aditivo, a fin de que se tome conocimiento del mismo y se vote.

Léase el artículo aditivo presentado.

(Se lee:)

«ARTICULO ADITIVO. - En los Planes Nacionales de Vivienda se asegurará un cupo mínimo del 30% del total de inversiones destinadas a la construcción de viviendas, para conjuntos cooperativos, la mitad de los cuales deberán estar localizados en el interior del país».

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: debido a la premura, me vi imposibilitado de solicitar la firma de algunos señores senadores que pienso estarían dispuestos a acompañar una redacción similar a la presentada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo.

(Se vota:)

-12 en 19. Negativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Pienso que uno de los aditivos por el cual esta disposición no es considerada por el Cuerpo ya ha sido expresado por el señor miembro informante y consiste en que existiría consenso político en el sentido de que es bueno que el país tenga una Ley de Vivienda. Con ese fin ha sido creado el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que para actuar requerirá de los instrumentos necesarios.

Si no aprobáramos este proyecto de ley, se crearía un paréntesis de varios meses, pero pienso que su contenido con respecto a las cooperativas de vivienda podría ser objeto de un estudio parlamentario. En ese sentido, quisiera proponer que el texto sea remitido a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial a efectos de ser analizado como un proyecto de ley individual que regule esta materia. En esa instancia, quizá se pueda restablecer la vigencia del artículo 121 u otra norma de carácter análoga contenida en la Ley de Vivienda del año 1968.

En definitiva, formulo moción en el sentido de que el texto de esta disposición pase a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial como un proyecto de ley autónomo.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Debo manifestar que hemos votado afirmativamente este artículo aditivo al Plan Nacional de Vivienda pero creemos que, evidentemente, se trata de un tema que requiere un examen minucioso. En ese sentido, me uno a la exhortación del señor senador Zumarán, porque considero que los próximos meses darán la pauta de cómo es la participación del movimiento cooperativo en el sistema que estructura el Plan Nacional de Vivienda en este momento. Entendemos que estos meses de experiencia permitirán saber si es necesario o no fijar un cupo y determinar soluciones especiales para este sistema cooperativo.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Singlet.

SEÑOR SINGLET. - Señor Presidente: el señor senador Arana tuvo la amabilidad de consultarnos previamente y le manifestamos que no acompañaríamos esta disposición, independientemente de no haber estudiado el tema en profundidad, en virtud de que no queríamos obstaculizar la aprobación de este proyecto de ley en el día de hoy.

Por otro lado, compartimos la propuesta del señor senador Zumarán, siempre y cuando estén de acuerdo quienes han presentado esta iniciativa. Nos parece conveniente que este tema pase a estudio de la Comisión respectiva, ya que consideramos que no es el único punto que debe ser dilucidado y clarificado. Al respecto, nos preocupa la participación de las Intendencias Municipales y en ese sentido, nos parecería interesante que existiera un proyecto interpretativo que aclare este aspecto. Sabemos que la Comisión tiene una relación fluida con el señor Ministro y por ese motivo pensamos que esta vía sería la conveniente, para que tome conocimiento de estas iniciativas.

Por estas razones apoyamos la propuesta del señor senador Zumarán.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Quiero dejar constancia de que hemos votado este aditivo que no ha obtenido la mayoría suficiente. Sin embargo, en mérito a la mecánica que se va a establecer de aquí en más en lo que hace a los planes quinquenales y a las modificaciones que el Poder Ejecutivo podrá introducir anualmente, en acuerdo con el Ministerio respectivo para remitirlas posteriormente al Parlamento, queremos dejar sentado nuestro compromiso y deseo de acompañar alguna medida tendiente a apoyar o hacer participar -a través de un cupo o de alguna otra forma- al movimiento cooperativo asegurándole una atención especial.

Nuestra aspiración es que en la próxima Rendición de Cuentas nos llegue, juntamente con las modificaciones al Plan Nacional de Vivienda alguna medida en este sentido.

SEÑOR RIESGO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Señor Presidente: simplemente deseo dejar constancia de nuestro voto afirmativo al aditivo presentado por considerarlo de estricta justicia para con el movimiento cooperativo.

Asimismo, apoyamos la propuesta del señor senador Zumarán porque entendemos que es el camino más correcto ya que, posiblemente, en la Comisión este tema tenga el tratamiento debido, lo que hará que sea rápidamente aprobado en el Senado.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Debo manifestar que he votado negativamente la moción presentada no sólo por las razones indicadas por otros señores senadores en el sentido de que obstaculiza la pronta sanción del proyecto de ley de Vivienda, sino porque no comparto su criterio.

Como es sabido, el movimiento cooperativo fue un protagonista importante en la construcción de viviendas a raíz de las normas establecidas en la Ley del año 1968. Sin embargo, en esta ley no se establecen cupos para las cooperativas ni para otro tipo de organizaciones destinadas a la construcción de viviendas. Por el contrario, habilitó a la libre concurrencia y a la mejor condición de cada una de esas organizaciones, lo que permitió que las cooperativas tengan una alta participación.

En consecuencia, adelanto que esta posición que intenta restablecer el espíritu de la Ley de 1968, no puede ser alterada procurando cupos que, como todos sabemos, en definitiva son criterios arbitrarios que no responden ni a las necesidades del mercado ni a las posibilidades de las organizaciones destinadas a la construcción de viviendas.

Sin perjuicio de lo anteriormente manifestado, no tengo ningún inconveniente en que esta iniciativa pase a consideración de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial tal como lo ha propuesto el señor senador Zumarán.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: en virtud de no haber alcanzado la votación requerida, acompañaremos la propuesta del señor senador Zumarán.

Entendemos que el procedimiento de otorgar cupos permite, de alguna manera, que la experiencia del sistema cooperativo siga vigente en el país y se perfeccione.

Consideramos que sin una voluntad expresa -tal como se manifestó inmediatamente en la ley original para su aplicación primera- y sin una Dirección Nacional de Vivienda -tal como mencionó el señor senador Silveira Zavala en la tarde de ayer- que tomó partido claro en cuanto a privilegiar en forma inequívoca el sistema cooperativo, no hubiera podido instrumentarse esta ley. Asimismo, es notorio que las opiniones son muy contrastantes en cuanto a aquella Dirección Nacional de Vivienda y los criterios que hoy se sustentan.

Por lo tanto, sería de buen criterio, aprovechando la experiencia nacional, que el Parlamento procure una situación de equilibrio allí donde no exista esa voluntad ya que no se trata solamente de cuestiones de mercado sino sociales y habitacionales de profundo contenido humanitario.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: quiero manifestar que hemos votado en forma negativa porque no comprendemos por qué se quiere disminuir por ley la posibilidad de competencia del Parlamento que es quien aprueba los Planes Nacionales de Vivienda. Precisamente, por medio de una disposición como la que se ha pretendido llevar adelante, estaríamos retaceando sus competencias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Zumarán en el sentido de que el artículo aditivo, propuesto y votado negativamente, pase a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial como un proyecto de ley autónomo.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

«Que una vez terminado el tratamiento del proyecto de ley de Vivienda, el Senado pase a considerar el resto de los puntos del orden del día, votándose sobre cada uno de ellos en bloque y sin discusión. Lo anterior no incluye a los miembros informantes que deseen complementar en Sala los informes escritos y a quienes hayan firmado con salvedades. Firman los señores senadores, Raffo, Bouza, Blanco, Librán Bonino, Araújo, de Posadas, Singlet, Pérez, Bruera, Cassina, Abreu, Batalla, Astori».

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: comparto en general la propuesta pero planteo al Cuerpo que se excluya de este planteamiento los puntos 4º y 6º. El primero de ellos hace referencia a la aprobación de un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el Gobierno de la República y el Gobierno de los Estados Unidos de América; y, el 6º se relaciona, también, con la aprobación de un Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. Entendemos que estos dos puntos del orden del día son de suma trascendencia y nos queremos ocupar de ellos «in extenso». Además, creo que van a promover, necesariamente, un intercambio de opiniones. Considero que sería conveniente excluirlos del orden del día y postergar su tratamiento hasta marzo, ya que tengo entendido que los señores senadores no han podido ocuparse de leer todo el material que existe al respecto. A modo de ejemplo, el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones cuenta, nada menos que con 81 páginas; además, creo que su tratamiento va a ser bastante complicado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea hacer notar al señor senador Gargano que con el texto de esta noción -por ejemplo el punto 4º del orden del día que tiene un informe suyo en minoría y discorde- se le habilita a hacer uso de la palabra y a fundar su discordia.

6) LEY DE VIVIENDA Nº 13.728. Proyecto modificativo.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Formulo moción para que el proyecto de ley de Vivienda que acaba de ser sancionado se comunique de inmediato al Poder Ejecutivo, a los efectos de que el Plan de Vivienda pueda ser aplicado prestamente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ello no es necesario, señor senador porque ese es el procedimiento habitual que se sigue en el Senado.

SEÑOR BOUZA. - En la Cámara de Representantes había un trámite de pronto despacho.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sí, señor senador, pero es un problema reglamentario de la Cámara de Representantes que no existe en el Senado. Aquí, la comunicación se hace tan rápido como se pueda, sea o no importante el proyecto de ley.

7) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: quiero manifestar que, a título personal, me opongo a esta moción y así se lo he dicho a algunos de los patrocinadores de la misma.

Me parece que estamos entrando, sin duda involuntariamente, en un terreno cada vez más peligroso en lo que tiene que ver con la labor parlamentaria.

Frecuentemente cuando existen ciertos temas que algún sector considera de urgencia y de importancia, cualquier discusión que se suscite, tanto en la consideración general como en la particular, aparece para algunos -dentro o fuera de este recinto- como un inútil estiramiento de las sesiones, una pérdida de tiempo e, inclusive, como una discusión circular que no arroja luz sobre lo que se está considerando.

Recientemente hemos aprobado la Ley de Servicios y Mano de Obra Portuaria. Con respecto a este asunto hubo muchos que creían que las cartas estaban marcadas, si se me permite la expresión, que los votos estaban predeterminados antes de entrar a Sala. Traigo a colación esta experiencia ya que es muy reciente. En la discusión particular el proyecto sufrió modificaciones y creo que, en general, se mejoró.

No considero que sea bueno que se agregue a lo que es un escepticismo, no exclusivamente sobre el Parlamento sino sobre el sistema institucional del país, esto de que para culminar las tareas, para concretar determinados cronogramas que no sé quién ha establecido, tengamos que votar en bloque, y sólo puedan hacer uso de la palabra los que han tenido la oportunidad de ser miembros informantes, en mayoría o minoría. Digo que si este criterio sigue prosperando, me voy a preguntar qué papel desempeñan la mayoría de los miembros de este Cuerpo cada vez que se considera un asunto, por qué hoy se aprueba este criterio y mañana el contrario.

No me parece que el argumento de la fecha del año en que nos encontramos resulte suficiente como para seguir un determinado procedimiento en lo que resta de la sesión de hoy que, repito, signifique que media docena de senadores puedan, si así lo desean, hacer uso de la palabra y todos los demás, aunque lo deseen -como se va a votar, efectivamente, esta moción- queden sin la posibilidad de participar en el debate.

Repito: admito que frecuentemente podamos tener la tendencia, como uruguayos que somos, a decir las cosas con demasiadas palabras, y que a veces se den situaciones que no son las más constructivas para establecer un rendimiento adecuado del Parlamento, pero creo que esas son excepciones. Por lo tanto considero que cerrar el año en el Senado con un régimen de trabajo de estas características significa -y no quiero ser pájaro de mal agüero- entrar en la antesala de nuevas apreciaciones críticas a la labor del Parlamento; es dar pie para que se diga que aquí se habla demasiado y se hace poco y que este ámbito es poco menos que un teatro de segunda categoría. Precisamente, termino el año 1991 preocupado no por cómo ha trabajado el Parlamento, sino por una imagen a la que se contribuye a desmerecer con comentarios de distinta índole.

Por estas razones expuestas, no voy a votar la moción.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: obviamente nosotros vamos a acompañar la moción, pero quería hacer la salvedad de que no tendríamos ningún inconveniente en apoyar la propuesta planteada por el señor senador Gargano referente a los puntos 4º y 6º. Inclusive estaríamos dispuestos a llevar a cabo un debate. A pesar de que firmamos la moción con ese contenido, ya habíamos adelantado que aceptáramos ese temperamento y flexibilizábamos nuestra posición.

8) PROHIBICION DE FUMAR EN SALA. Proyecto de resolución.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para ocuparme de otro asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Aprovecho esta oportunidad para formular moción, concretamente, en el sentido de que se reconsidere la resolución que tomó el Senado en el día de ayer con respecto a la prohibición de fumar, en mérito a que la misma es violatoria, tanto de la Constitución como del Reglamento. Si se desea la reconsideración de esta resolución se puede llevar a cabo una vez que agotemos el resto del orden del día. No quiero dejar pasar la sesión de hoy sin plantear esa reconsideración, porque soy puntilloso cumplidor del Reglamento.

9) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: somos firmantes de la moción que está a consideración del Senado, pero ante el planteo que formula el señor senador Ricaldoni, declaramos que vamos a votar en contra. Creemos que ese tipo de mociones tienen una base esencial que es el consenso de todos. Basta con que un solo senador entienda que es inconveniente porque le quita la posibilidad de hablar para que desde ya señalemos que vamos a votar en contra la moción a pesar de ser firmantes de ella. No existiendo consenso, nos parece que no cabe un mecanismo que, en aras de la eficacia, coarte la libertad de quienes desean hablar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Con la máxima brevedad, la Presidencia aclara que está de acuerdo con lo expresado por el señor senador Ricaldoni y, por supuesto, también con lo manifestado por el señor senador Batalla.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: si el resto de los señores senadores está de acuerdo, propongo que excluyamos esos dos puntos del orden del día para poder tratarlos en otra sesión con mayor detenimiento.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: soy uno de los firmantes de esta moción, que entendí como un acuerdo o consenso entre todos los integrantes del Cuerpo. Es más; el señor senador Gargano nos planteó que sobre esos dos temas iba a ser necesaria la discusión, y así se lo hicimos saber a otros firmantes para aceptar este criterio.

Aclaro que no se trata en absoluto de coartar -no es esa la intención- la libertad de expresión de ningún señor senador porque, precisamente, éste es un tema que nos ha preocupado y sobre el que hemos hablado largamente en este mismo Cuerpo. Por otra parte, alcanza con que un señor senador -como recién señalaba el señor senador Batalla- desee expresarse sobre cada uno de estos asuntos para que, de inmediato, votemos negativamente la moción.

Francamente, creíamos que todos los sectores políticos estaban en el acuerdo, pero alcanza con que uno sólo no lo esté para que respetemos su voluntad. Nuestra intención era que algunos proyectos de ley -a nuestro juicio muy importantes- se aprobaran en la fecha porque teníamos el temor de que en otro momento no se pudiera lograr el quórum necesario; no olvidemos que estamos ya en el receso parlamentario, por lo que todo lo que no se aborde en la sesión de la fecha, si no pasamos a cuarto intermedio, corre el riesgo de quedar por el camino. Me refiero, por ejemplo, al segundo punto del orden del día, relativo a la integración del Directorio del Banco de Previsión Social. Considero que este punto habla a las claras de la importancia de las materias que tenemos por delante.

Pienso que, en este caso, lo mejor sería votar negativamente -por lo menos, eso es lo que va a hacer el que habla- la moción y abocarnos de inmediato al tratamiento de los temas, poniendo todos la mayor buena voluntad para, sin coartar nuestra expresión, tratar de lograr el mayor diligenciamiento posible y obtener la aprobación de todo aquel proyecto de ley que haya sido estudiado en profundidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia no puede ni quiere coartar el uso de la palabra a nadie, pero evidentemente, a esta altura, la moción de referencia no va a prosperar. En consecuencia, creo que estamos perdiendo un tiempo precioso -que necesitamos para tratar los proyectos- argumentando si debemos o no votar la propuesta.

Si los señores senadores están de acuerdo, lo que corresponde es el retiro de la moción.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo agradecer al señor senador Batalla, al señor Presidente y a otros integrantes del Cuerpo por las palabras que han expresado en virtud de lo que señalé anteriormente. Sin embargo, quiero decir muy francamente que no creo que el retiro de la moción o el cambio de actitud frente a su eventual votación deba basarse en el hecho de que un senador está en contra. En algunos casos eso está bien, pero me parece que en otros no debe ser así.

Por otra parte, aclaro que ni siquiera formulé un pedido; simplemente expresé mi opinión. Creo que este no es un tema de cortesía parlamentaria, sino que se trata de cómo cada uno entiende debe ser el trabajo del Senado. Sé que el señor senador Batalla -como me lo está diciendo en voz baja- vincula todo esto con lo que es el respeto que no sólo nos debemos sino que tenemos entre nosotros. Pero, antes que nada, reitero que éste no es un tema de cortesía parlamentaria, sino un problema relativo a lo que es la esencia misma de nuestro trabajo.

Asimismo, quiero aclarar al señor senador Araújo que no hablé en nombre de mi sector sino en el propio; se trata de una posición absolutamente personal que siempre he mantenido y que, hasta que otros hechos me demuestren lo contrario, seguiré teniendo.

Reitero mi agradecimiento por lo actuado, pero creo que si se va a dejar de votar la moción simplemente por cortesía para con un compañero del Senado, se debe tener presente que quien habla no tiene inconveniente alguno en que se insista con la moción y se la apruebe por la mayoría que podría haber alcanzado inicialmente.

10) PROHIBICION DE FUMAR EN SALA. Proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud de reconsideración presentada por el señor senador de Posadas Montero relativa a la resolución adoptada en el día de ayer prohibiendo fumar en el hemiciclo.

(Se vota:)

-21 en 24. Afirmativa.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: deseo aclarar que no hago cuestión de que este tema se trate al final de la sesión, siempre y cuando todos estemos de acuerdo en que ha quedado habilitado el mecanismo de la reconsideración. Bien puede suceder que en la sesión de hoy no se agote el orden del día; en ese caso, reitero que debe quedar en claro que este asunto podrá ser considerado en la siguiente oportunidad, pues ya ha sido habilitada la reconsideración.

En ese entendido, señor Presidente, no tengo inconveniente en que prosigamos con el orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con el Reglamento, acordada la reconsideración, se reabrirá la discusión de inmediato. Por lo tanto, no hay otra alternativa.

La Mesa aclara que la decisión respecto a este tema fue adoptada por 19 votos en 24, por lo que se requieren 20 votos para anularla.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - De acuerdo con la Constitución, es clarísimo que durante el receso no se pueden tratar otros temas que aquellos para los cuales se levantó. Evidentemente, éste no figuraba dentro de la lista de asuntos a considerar.

Por otra parte, lo que se hizo fue una modificación del Reglamento o, de lo contrario, no tiene fuerza de obligación para los señores senadores. Si se trata de una modificación del Reglamento, no se cumplió con el procedimiento que a tal fin marca el propio Reglamento. Además, si no es una disposición reglamentaria, no tiene fuerza para los señores senadores.

En consecuencia, a mi juicio, se han violado las dos disposiciones: la constitucional y la reglamentaria. Adelanto que si no se subsanan las dos observaciones, en lo que a mi respecta, por lo menos, no he de acatar la resolución, cosa que no quise hacer hasta ahora para no distraer al Cuerpo de los temas importantes que estaba analizando.

SEÑOR PRESIDENTE. - Más allá de las sonrisas que se han esbozado, quiero decir que el último argumento -si es que cabe llamarlo así- del señor senador de Posadas Montero pone a la Presidencia en una situación difícil. El Senado puede actuar en forma antirreglamentaria o inconstitucional, es decir, puede violar una norma de carácter suprarreglamentario o interno, pero una vez adoptada la decisión por parte del Cuerpo, la Presidencia la debe hacer cumplir. Por lo tanto, si el Cuerpo la mantiene, dentro de Sala no se fuma.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Señor Presidente: con el mayor respeto, quiero señalar que he votado negativamente esta solicitud de reconsideración. Me parece que esto va a dar una peor imagen aún que la que hoy mencionaba el señor senador Ricaldoni, sobre todo cuando la opinión pública se entere de que en el día de ayer, durante el receso, resolvimos prohibir fumar en Sala y que hoy reconsideramos esa decisión y reabrimos el debate. Esto puede parecer peor aun cuando tenemos un orden del día en el que figuran temas tan importantes como el establecimiento de normas sobre jornada nocturna de trabajo o la modificación de la ley de creación del Fondo Complementario Jubilatorio de la Industria Periodística. Me parece que es muy difícil explicar estas cosas a la opinión pública y por eso reitero, con el mayor respeto, que he votado en contra la reconsideración.

Por último, creo que habría que alterar el orden del día y tratar los asuntos de acuerdo con su importancia.

SEÑOR BRUERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRUERA. - Señor Presidente: creo que cuando la Cámara de Representantes resolvió prohibir fumar en Sala y en los locales de reunión de las Comisiones, no violó la Constitución ni el Reglamento.

En el día de ayer, planteé un problema de salud. Declaro, señor Presidente, que si quienes defendemos un derecho elemental de cuidar la salud perdemos esta votación, en otro momento volveré a plantear este tema en el Senado.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - El señor senador tiene derecho a ello.

SEÑOR BRUERA. - Sé que tengo derecho, pero el señor senador de Posadas Montero no quiere reconocer que él es uno de los tantos que hace daño a mi salud. Tengo todo el derecho a cuidarme, y el señor senador, a su vez, tiene todo el derecho a fumar fuera de Sala.

En consecuencia, señor Presidente, es inconcebible que quienes queremos cuidar nuestra salud seamos atacados de esta forma.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: como es sabido, desde que se instaló este Cuerpo no existe la prohibición de fumar. Creemos que la modificación de esta costumbre -aunque aclaramos que, en lo personal, no la practicamos- obliga a que no se tomen decisiones en forma tan acelerada.

Naturalmente, comprendemos las razones manifestadas por los señores senadores que han llevado adelante la modificación reglamentaria en el sentido de que se prohiba fumar en Sala. No obstante, ya que el tema fue reconsiderado, entendemos que lo que corresponde es su pasaje a la Comisión de Asuntos Administrativos a los efectos de que ésta elabore la reglamentación correspondiente y la eleve al Senado a los efectos de que éste en su momento la analice y resuelva sobre la misma.

Por otra parte, y habida cuenta de que estamos finalizando la labor de este año, nos parece que la salud de los señores senadores no se va a ver perjudicada en demasía, puesto que no va a haber actividad en el Senado.

En ese sentido, pues, formulamos moción para que este asunto pase a la Comisión de Asuntos Administrativos a fin de que su informe sea analizado por el Senado cuando se reinicie la actividad parlamentaria.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: estoy un poco asombrado, puesto que cuando suscribimos la moción que fue retirada, partíamos de la base de que ésta era la última reunión del mes de diciembre y que, por lo tanto, había que dejar el camino despejado y tratar un conjunto de asuntos de interés. Sin duda, a la gente no le es indiferente que su análisis se vea demorado en tres meses más, máxime cuando lo que se deseaba aprobar había logrado consenso en la Cámara de Representantes y en las Comisiones respectivas. Por ejemplo, hay por lo menos tres proyectos que tienen que ver con la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social que fueron firmados por todos los integrantes de dicha Comisión. Por consiguiente, entendíamos que todo esto no podía dar lugar a debate y de que ni siquiera era necesario elaborar informes de los mismos.

Ahora bien, en este momento surge el problema de si se prohibe fumar en Sala. Frente a esto, simplemente digo que en todos los ámbitos de trabajo -y aclaro que no es mi intención ofender a nadie- donde hay personas civilizadas, no se fuma. Por ejemplo, en los aviones hay lugares específicamente destinados a los fumadores y solamente allí se puede fumar. Es más, en algunas compañías, y aunque se trate de largas distancias, está prohibido fumar.

Entonces, si en el Reglamento del Senado no se dice expresamente que se permite fumar, no entiendo por qué razón se habla de una violación cuando el Cuerpo decide por mayoría preservar la salud de quienes no fuman y también de los que lo hacen, por lo menos mientras se encuentren en el ámbito del Senado.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: voy a acompañar la moción formulada por el señor senador Santoro en el sentido de que este tema pase a la Comisión correspondiente.

Sin duda, creo que el señor senador de Posadas Montero le asiste razón en torno a los aspectos constitucionales y reglamentarios. No obstante, pienso que en el problema de fondo -lo digo como firmante de la moción aunque parezca una gran contradicción, puesto que soy fumador- tiene razón la mayoría del Cuerpo en virtud de lo que se votó en el día de ayer.

Quien sabe si una vez levantado el receso, de la sabiduría de la Comisión no surge una solución como, por ejemplo, la que se insumió hace unos instantes. Esto es, que las bancadas, más que por sectores políticos, se dividan entre fumadores y no fumadores. De pronto, esto podría ayudar, inclusive a buscar soluciones políticas que hoy no encontramos cuando estamos separados por sectores y unidos por el vicio del cigarrillo.

Muchas gracias.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea aclarar que para poder ser considerada la moción del señor senador Santoro se exige que la resolución quede sin efecto; es decir que el Senado revoque la resolución adoptada en el día de ayer.

SEÑOR RICALDONI. - No se trata de eso, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En el día de ayer se resolvió que está prohibido fumar en Sala. Por lo tanto, no se puede dejar sin efecto la resolución por la vía lateral de enviar el tema a Comisión.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que el señor Presidente no entendió la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que estamos tratando, señor senador, es la reconsideración de la resolución tomada en el día de ayer. Para que ésta quede sin efecto tiene que haber una resolución contraria que la derogue. Si al margen de eso, se desea pasar el tema a la Comisión de Salud Pública para que lo estudie, me parece muy bien; pero esa es una segunda parte del problema.

En consecuencia, se va a votar si se mantiene o se deroga tal resolución. Quienes lo hagan por la afirmativa están votando por el mantenimiento de la resolución; quienes voten por la negativa, desean su revocación.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

Por consiguiente, se mantiene la resolución adoptada en el día de ayer por el Senado.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: he votado afirmativamente esta moción en virtud de haber sido durante 43 años un gran fumador y padecer en este momento un efisema, que es absolutamente incurable y que está detenido por haber prescindido del vicio hace 6 años.

Por supuesto, no juzgo la actitud de quienes se oponen o no a que se fume en este recinto; pero sí deseo señalar que en el mundo entero los resultados de la investigación científica han determinado que no sólo en los aviones, sino también en los restaurantes y lugares públicos, está prohibido fumar. Inclusive se ha llegado al extremo de que no existan sitios habilitados para fumar. Esto se basa en el principio fundamental de que el fumador no tiene derecho a atentar contra la salud de quien no fuma.

Muchas gracias.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Obviamente, respetamos a la Mesa en todo sentido y, fundamentalmente, en torno a temas reglamentarios. Sin embargo, creemos que es necesario aclarar que oportunamente se votó la moción formulada por el señor senador de Posadas Montero en el sentido de reconsiderar la resolución, y esto significa tratarla nuevamente. Cuando la estábamos considerando nuevamente, formulamos una moción de orden para que el tema pasara a Comisión. En ese momento, la Mesa entendió que había que volver a votar la moción original a fin de comprobar si la resolución se hacía efectiva o no.

En definitiva, lo que queremos señalar es, simplemente, que no compartimos ese criterio y que entendemos que se ha incurrido en un error, porque si fue votada la reconsideración, luego de analizado el tema lo que corresponde es por supuesto, si hay votos suficientes- pasarlo a Comisión. Creemos que el problema va por ahí y si bien respetamos el criterio de la Mesa, en este caso, reiteramos que se ha cometido un error.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea aclarar perfectamente cuál ha sido su posición, y ruega atención a los señores senadores.

El artículo 102 del Reglamento expresa: «Fuera de la rectificación, no podrá volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración», planteándose luego cuándo puede proponerse la reconsideración.

Sobre la votación recaída en el día de ayer que prohibió fumar en Sala, el señor senador de Posadas Montero, en tiempo reglamentario hábil, solicitó que se volviera sobre la misma para dejarla sin efecto. No otra cosa es una reconsideración.

Por otra parte, en el último inciso de este artículo se dice: «Acordada la reconsideración, se reabrirá la discusión de inmediato y para que la resolución pueda ser anulada o modificada, se requerirá la conformidad de un número mayor que el que la sancionó o más de la mitad de los votos del total de componentes del Cuerpo, según corresponda». Se podrá decir que esta última es una expresión confusa, pero de cualquier manera, esto no es lo que está en discusión en este momento. Pues bien; si se votara primeramente la moción del señor senador Santoro en el sentido de pasar el asunto a Comisión para que ésta lo estudiara y no se cumpliera la resolución hasta que remitiera su informe, significaría volver sobre la votación y dejarla sin efecto. Es decir que por la vía de una moción de orden, estaríamos incumpliendo lo que establece el artículo 102 del Reglamento. Por tal razón, la Mesa manifestó que se debía votar nuevamente. En virtud de que no existían los votos suficientes para dejar sin efecto la resolución, lamentablemente para algunos y felizmente para otros, ella sigue vigente. No obstante, esto no impide que el tema pueda ser pasado a estudio de la Comisión de Salud Pública y que en el mes de marzo se presente un informe en cuanto a si se debe o no fumar en Sala; pero reitero, mientras tanto, la resolución está vigente.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: lamento que estemos distrayendo estos minutos en este tema, cuando tenemos que considerar un orden del día que es por todos conocido. Sin embargo, me veo también en la obligación de fundar mi voto.

Como es notorio, soy un fumador consuetudinario y, a pesar de ello, he votado el mantenimiento de la resolución por razones de solidaridad con quienes no quieren verse afectados con el fumar de otros. Como entiendo que todo fumador desearía dejar de serlo -soy uno de ellos- comprendo también que aquellos que ya lo han superado desean que los demás lo logren, aunque hayan fumado hasta hace tres años.

A mi entender, se trata de una resolución de carácter individual, más allá de que en este caso sea colectiva, pero de todas formas la acompaño sin ningún tipo de problemas.

Mi contrariedad surge de otro aspecto, que no quiero dejar de expresar porque así lo siento. Antes que nada, aseguro al Cuerpo que lo que voy a señalar lo hago hasta con cierto humor y muy lejos de cualquier cosa que pueda llamarse resentimiento.

En un día como el de hoy, hace cinco años y cuatro días, en un mes de diciembre y en pleno receso parlamentario, sin que éste se levantara, no se dejó de fumar, pero se me expulsó del Senado de la República. Si en aquel momento no estuve de acuerdo con que se incluyera ese tema fuera del levantamiento del receso parlamentario, también hoy debería apoyar el hecho de que este tema no debió haberse tratado. Pero este aspecto me pareció tan menor -obsérvese que me refiero a este hecho y no a aquél- que estuve dispuesto a acompañar igualmente una votación que, a mi entender, es antirreglamentaria tal como lo señaló el señor senador de Posadas Montero, ya que este tema efectivamente no estaba incluido y, por lo tanto, no debió haberse considerado.

Más allá de estas consideraciones y luego de la aclaración, no hay nada más que decir y, reitero, esa referencia a lo ocurrido hace cinco años fue hecha con cierto humor y sin resentimiento ni dolor.

Muchas gracias.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - En ningún momento tuve intención de discutir el tema de fumar o no en Sala. Sostuve y sostengo que es muy claro el artículo 104 de la Constitución de la República en su inciso tercero cuando expresa que se «podrán convocar a sesiones extraordinarias para hacer cesar el receso y con el exclusivo objeto de tratar los asuntos que han motivado la convocatoria». En virtud de que este tema no había motivado la convocatoria, el hecho de que lo tratemos es claramente violatorio del artículo 104 de la Constitución.

Por otra parte, el Reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 1º expresa: «La Cámara de Senadores se gobernará interiormente por el presente Reglamento». Nadie discutirá que este tema hace al gobierno interno. Además, el artículo 4º del referido Reglamento deberán ser tratados, previo informe escrito, en sesión especial exclusivamente destinada a su estudio». Es decir que por si fuera poco la violación al artículo 104 de la Constitución, también se lo ha hecho con respeto al 4º del Reglamento.

Estos son los únicos temas que he solicitado se consideraran. No he discutido la cuestión de fumar o no en Sala; si cumpliendo con las normas, que es la primera obligación de este Cuerpo, se resuelve no fumar, seré el primero en acatar esta resolución, pero, reitero, el Senado ha violado claramente dos disposiciones, independientemente de los méritos o deméritos del problema de fondo, por lo que se ha sentado un pésimo precedente.

11) BANCO DE PREVISION SOCIAL. Procedimiento para la integración de su Directorio. Proyecto de ley.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Antes que nada, pido disculpas a los señores senadores si es que hay otros anotados para referirse a este tema; pero por respeto al Cuerpo y a los cientos de miles de ciudadanos que están expectantes para que se resuelva un punto clave, deseo formular moción de orden en el sentido de que se trate de inmediato el punto que figura en segundo término del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - No se necesita formular moción de orden, pues si ningún señor senador se va a referir al tema anterior, corresponde pasar al segundo punto del orden del día.

Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: «Integración del Directorio del Banco de Previsión Social. (Carp. Nº 362/90 - Rep. Nº 340/91 y Anexo I)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 362/90
Rep. Nº 340/91 y Anexo I

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - La elección de los representantes de los afiliados activos, afiliados pasivos y de las empresas contribuyentes en el Directorio del Banco de Previsión Social se efectuará, en el día domingo, en el mes de marzo del segundo año siguiente al de la celebración de las elecciones nacionales previstas en el numeral 9º) del artículo 77 de la Constitución de la República. Conjuntamente con cada uno de los titulares se elegirá quíntuple número de suplentes.

Art. 2º. - La Corte Electoral conocerá en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales. Tendrá especialmente las siguientes atribuciones que ejercerá directamente o por intermedio de los órganos que le están subordinados:

A) Dictar las reglamentaciones necesarias para llevar a cabo los actos eleccionarios.

B) Convocar a elecciones, establecer los plazos y procedimientos para el registro de listas de candidatos, designar las Comisiones Receptoras de Votos y fijar su número y ubicación.

C) Actuar como juez de los actos y procedimientos electorales, decidiendo con carácter inapelable todas las protestas y reclamaciones que se formularen con motivo de la confección de padrones, registros de listas y desarrollo de las elecciones.

D) Proclamar los candidatos electos.

Art. 3º. - Los padrones de habilitados para votar en los distintos órdenes de electores serán preparados por el Banco de Previsión Social y suministrados a la Corte Electoral, por lo menos con ciento ochenta días de anticipación a la fecha señalada para cada acto eleccionario.

En la confección de dichos padrones el Banco Previsión Social deberá hacer constar necesariamente:

A) Respecto a los afiliados activos y afiliados pasivos, sus nombres y apellidos y la serie y número de la credencial cívica. Podrá sustituirse la mención de la credencial cívica del afiliado por la de su cédula de identidad en caso de que, por ser extranjero y no estar inscripto en el Registro Cívico Nacional, careciera de credencial cívica. En este caso indicarse el domicilio del afiliado.

B) Respecto a las empresas contribuyentes, debe establecerse, además de las habilitadas para participar en la elección, los nombres y apellidos y la serie y número de la credencial cívica de los mandatarios designados por ellas para representarlas en el acto del sufragio. Sólo si esos mandatarios carecieran de credencial cívica, por ser extranjeros y no estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, podrá sustituirse esa mención por la de su cédula de identidad, debiendo en tal caso indicarse, además, el domicilio del representante.

Art. 4º. - Recibidos los padrones la Corte Electoral los pondrá de manifiesto en sus oficinas por el término que establezca la reglamentación y procurará su adecuada difusión en los lugares en que puedan llegar a conocimiento de los interesados en la elección, de todo lo cual se dará noticia en los distintos medios de comunicación. La reglamentación establecerá los plazos y procedimientos para sustanciar las reclamaciones que se deduzcan contra los padrones de habilitados para votar.

Quien no figure en dichos padrones luego de sustanciadas y resueltas esas reclamaciones no podrá sufragar ni aun en calidad de observado.

Art. 5º. - Para la confección de los padrones, el Banco de Previsión Social podrá requerir de los organismos públicos y de las entidades privadas toda la información y colaboración que estime necesarias. Los organismos y entidades requeridos estarán obligados a proporcionar las informaciones y no podrán diferir en el tiempo su colaboración, siendo responsables los respectivos jerarcas, Directores o representantes, de las omisiones en que se incurriere. La reglamentación determinará las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Art. 6º. - A los efectos de la confección de los padrones electorales se considerará que pertenecen:

A) Al orden de los afiliados activos: los trabajadores dependientes, públicos y privados, así como los trabajadores a domicilio o talleristas (Leyes Nos. 12.242, de 20 de diciembre de 1955 y 12.804, de 30 de noviembre de 1960), que desarrollando actividades comprendidas se hayan registrado como tales en el Banco de Previsión Social.

La condición de afiliado activo se mantendrá aun cuando el trabajador se hallare acogido a los seguros de enfermedad y desempleo, salvo que se hubiere producido la ruptura de la relación de trabajo.

También mantendrán la condición de activos las personas que se encuentren gozando los beneficios de la prejubilación o anticipos de pasividades hasta que sean declarados pasivos.

B) Al orden de los afiliados pasivos: quienes habiendo cesado en la actividad hubieran sido declarados jubilados; los pensionistas y los pensionistas a la vejez.

C) Al orden de las empresas contribuyentes: las inscriptas como tales en el Banco de Previsión Social, siempre que estén al día en el pago de las obligaciones corrientes o en el de las facilidades concedidas.

Art. 7º. - La verificación de los requisitos exigibles para ser electos en los diferentes órdenes se efectuará a la fecha de cierre de los padrones, el que se verificará el 30 de junio del año anterior a cada elección.

Art. 8º. - Para que se les reconozca su condición de electores los afiliados activos, los afiliados pasivos así como los representantes de las empresas deberán tener a la fecha del cierre del padrón respectivo dieciocho años cumplidos de edad.

Los afiliados activos y empresas contribuyentes deberán haberse afiliado y mantenido su condición de tales durante los doce meses anteriores al cierre del padrón respectivo.

Art. 9º. - Cada uno de los copartícipes de una pensión, siempre que reúna los requisitos previstos en los artículos anteriores, tendrá derecho a un voto.

Art. 10. - El voto será secreto, obligatorio, personal y dentro de cada orden único.

Exceptúase de la obligatoriedad del voto a las personas físicas mayores de setenta y cinco años de edad.

Art. 11. - El afiliado que reúna en su persona las cualidades inherentes a dos o más órdenes, deberá votar en todos los órdenes cuyos padrones efectivamente integre. Podrá sumar a su condición de elector integrante de cualquiera de los tres órdenes la de mandatario de las empresas contribuyentes.

Art. 12. - Todas las empresas contribuyentes, cualquiera sea su naturaleza o forma de constitución, tendrán al igual que las unipersonales, un solo voto y un solo representante por elector.

Las personas jurídicas y empresas pluripersonales deberán hacerse representar por un apoderado con facultades expresas para el acto del voto. Un mismo apoderado podrá, sin embargo, asumir la representación de distintas empresas con un máximo de diez.

La condición de representante elector en las personas jurídicas y empresas pluripersonales se acreditará mediante la presentación del poder correspondiente, el que deberá estar suscrito por las personas estatutaria o contractualmente habilitadas para actuar o en su defecto por la totalidad de sus componentes.

En caso de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad del apoderado designado o de cambio de titularidad de la empresa, circunstancias todas debidamente acreditadas, la Corte Electoral podrá admitir la presentación de un nuevo apoderado.

Art. 13. - Los candidatos, titulares o suplentes, en los órdenes de los afiliados activos y pasivos, deberán figurar en el padrón electoral correspondiente y acreditar a la fecha de vencimiento del plazo para el registro de listas una permanencia mínima final de dos años continuos en su respectiva condición, así como tener ciudadanía natural en ejercicio o legal con cinco años de ejercicio y en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad.

Los candidatos, titulares o suplentes, en el orden de las empresas contribuyentes, deberán acreditar mediante certificación notarial, a la misma fecha, una vinculación mínima final de dos años con la dirección de una o más empresas contribuyentes electoras (literal C) del artículo 6º de la presente ley y cumplir con los requisitos de ciudadanía y edad referidos en el inciso anterior.

Se entenderá, asimismo, que tienen vinculación con la dirección de una empresa las personas que se desempeñen en cargos de gerencia o ejerzan la representación de la empresa en forma habitual y permanente y en los demás casos de análoga naturaleza que determine la reglamentación.

Art. 14. - En cada uno de los órdenes podrán registrar listas para la elección las organizaciones con personería jurídica que representen a electores del orden respectivo y un número de electores no inferior al 1% (uno por ciento) de los habilitados para votar en cada orden. No se admitirá ningún tipo de acumulación.

Art. 15. - Las Comisiones Receptoras de Votos se integrará con funcionarios públicos, sólo por excepción, si éstos no fueran suficientes, podrá designarse para integrarlas a ciudadanos que no tengan esa calidad.

Los organismos públicos deberán proporcionar a las Juntas Electorales, por lo menos sesenta días antes del acto eleccionario, la nómina de los funcionarios de su dependencia en las condiciones que la Corte Electoral determinará.

Art. 16. - La condición de miembros de las Comisiones Receptoras es irrenunciable salvo causa justificada. Las renuncias se presentarán ante la Junta Electoral respectiva, cuya resolución será irrevocable.

Art. 17. - Los funcionarios públicos que integren Comisiones Receptoras de Votos gozarán de una licencia paga de cinco días acumulables a la anual reglamentaria.

Los que no concurran a integrar las Comisiones Receptoras para las que fueron designados o a los cursos de capacitación que se impartirán previamente y que no justifiquen debidamente su ausencia, serán sancionados con una multa equivalente al importe de un mes de sueldo.

Art. 18. - El voto deberá ser necesariamente emitido, aun en la hora de prórroga, en el circuito a que pertenece el elector, con la única excepción de los miembros integrantes de las Comisiones Receptoras de Votos y del personal de custodia. El elector deberá acreditar necesariamente su identidad mediante la exhibición de su credencial cívica.

Excepcionalmente se admitirá la cédula de identidad para aquellos afiliados que, por ser extranjeros y no estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, figuren en el padrón identificados mediante ese documento.

Quien no acredite su identidad con los documentos mencionados precedentemente no podrá sufragar.

Art. 19. - El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Corte Electoral con cargo a Rentas Generales el importe necesario para solventar los gastos que demande la realización de las elecciones, con la antelación que aquélla considere indispensable. De la misma manera, procederá el Poder Ejecutivo con el Banco de Previsión Social con relación a los gastos que le demande la elaboración de los padrones que deberá remitir a la Corte Electoral.

Art. 20. - Serán causas fundadas para que los afiliados activos y pasivos y titulares de empresas unipersonales no cumplan la obligación de votar las siguientes, que deberán ser probadas en la forma que establezca la reglamentación respectiva:

A) La de padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impida, el día de la elección, concurrir a la Comisión Receptora de Votos.

B) La de estar imposibilitado de concurrir a la Comisión Receptora de Votos por razones de fuerza mayor.

C) La de hallarse fuera del país el día de la elección.

D) La de encontrarse domiciliado fuera del departamento en que debe sufragar.

Los afiliados activos y pasivos y titulares de empresas unipersonales que tenga más de setenta y cinco años de edad no tendrán que justificar ninguna causal.

Las causales que aleguen los representantes de las empresas valdrán en cuanto a los impedimentos señalados en los literales A), B) y C) se configuren, cuando estén vencidos los plazos que permitan otorgar otro mandato.

Art. 21. - Los habilitados para votar que no lo hicieren se harán pasibles, en cada uno de los órdenes, de las sanciones siguientes:

A) Los afiliados activos y pasivos con una sanción económica igual a la aplicada, a los omisos, en la elección nacional inmediatamente anterior (artículo 8º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989).

B) Las empresas contribuyentes de acuerdo al número de trabajadores en planilla, con una multa equivalente a:

6 UR (seis Unidades Reajustables) con hasta diez trabajadores.

12 UR (doce Unidades Reajustables) entre once y veinte trabajadores.

25 UR (veinticinco Unidades Reajustables) entre veintiuno y cincuenta trabajadores.

50 UR (cincuenta Unidades Reajustables) entre cincuenta y uno y cien trabajadores.

100 UR (cien Unidades Reajustables) con más de cien trabajadores.

Art. 22. - Para la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos precedentes regirán las siguientes disposiciones:

A) Las Comisiones Receptoras de Votos entregarán a cada votante una constancia de la emisión de su voto.

B) Los electores que se consideren amparados por alguna causa de justificación de la no emisión del voto deberán comprobarlo fehacientemente ante la Corte Electoral hasta sesenta días después del mismo, en la forma que establezca la reglamentación.

La Corte Electoral expedirá constancia de la justificación de la causal.

C) Desde el primer día del tercer mes siguiente al acto eleccionario y por el término de tres meses, para que los afiliados activos y pasivos puedan hacer efectivos sus haberes deberán presentar la constancia de emisión del voto o, en su defecto, la constancia de justificación de la causal expedida por la Corte Electoral o de pago de la multa.

D) Los empleadores serán solidariamente responsables del pago de la multa en caso de imcumplimiento.

E) Las empresas contribuyentes incluidas en el padrón respectivo no podrán, a partir del primer día del tercer mes siguiente al acto eleccionario, efectuar pagos al Banco de Previsión social ni a la Dirección General Impositiva, solicitar cualquier certificado, suscribir convenios de pagos o realizar cualquier diligencia ante dichos organismos sin exhibir la constancia de emisión de voto o de la causal de justificación expedida por la Corte Electoral, o de pago de la multa.

Art. 23. - Las multas se abonarán en la Corte Electoral y constituirán proventos de la misma.

Art. 24. - Los miembros electos por cada orden se integrarán simultáneamente al Directorio del Banco de Previsión Social inmediatamente después de su proclamación.

Permanecerán en sus funciones hasta tanto estén electos y proclamados los que hayan de sucederlos.

Art. 25. - El representante de los afiliados activos, mientras permanezcan en sus funciones, quedará suspendido en el ejercicio del cargo público o privado que ocupare hasta la fecha de su elección, debiendo ser reintegrado a dicho cargo, con todos sus derechos, al cesar en sus funciones por cumplimiento del término de su mandato o por haber renunciado a su cargo.

Dicho representante percibirá únicamente la remuneración que le corresponda como integrante del Directorio del Banco de Previsión Social.

Art. 26. - Los Directores electivos del Banco de Previsión Social recibirán la misma remuneración y estarán sujetos al mismo régimen de incompatibilidades, prohibiciones, inelegibilidades y responsabilidades de los demás Directores del Ente.

Art. 27. - Para todo lo no previsto en la presente ley regirán, en lo que fueren aplicables, las disposiciones contenidas en las Leyes de Elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, sus complementarias y modificativas y la reglamentación que dicte la Corte Electoral en lo que refiere a materias de su exclusiva competencia.

Art. 28. - La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los treinta días contados a partir de su promulgación.

Art. 29 (Transitorio). - A los efectos de la primera elección de los representantes de los afiliados pasivos prevista en el literal c) de la letra M) de las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la República, la Corte Electoral convocará a elecciones que deberán efectuarse dentro del plazo máximo de ciento ochenta días a contar de la fecha de recepción de los padrones que le remitirá el Banco de Previsión Social. Este dispondrá de un plazo máximo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley a tales efectos.

La fecha del cierre del padrón para esta primera elección será la del día primero del mes siguiente a la promulgación de la presente ley.

Art. 30 (Transitorio). - En el caso de que el Banco de Previsión Social no pudiera proporcionar, por razones de fuerza mayor, la totalidad de las credenciales cívicas en el plazo establecido en el artículo anterior, se habilitará, por esta única vez, el voto observado por no figurar en el padrón, quedando facultada la Corte Electoral para instrumentar los procedimientos necesarios para que puedan votar los afiliados pasivos cuyas credenciales cívicas no hubieran sido denunciadas.

Art. 31 (Transitorio). - Los representantes de los afiliados pasivos en esta primera elección serán electos de listas que presentarán las organizaciones de jubilados y pensionistas con personería jurídica o con personería jurídica en trámite, a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Art. 32 (Transitorio). - Los representantes de los afiliados activos y de las empresas contribuyentes serán designados, a los efectos de esta primera integración al Directorio del Banco de Previsión Social, por el Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, de ternas que le presentarán las organizaciones que los nuclean con personería jurídica o con personería jurídica en trámite, a la fecha de la promulgación de la presente ley; la ternas deberán ser presentadas por dichas organizaciones dentro del término de cuarenta y cinco días a partir de la promulgación de la presente ley. En el caso de no ser presentadas dentro del referido plazo se prescindará de sus candidatos.

El Poder Ejecutivo deberá optar por los candidatos que presenten las entidades más representativas de acuerdo a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo.

Art. 33 (Transitorio). - Los representantes electos por los afiliados pasivos de acuerdo al artículo 29 y los designados por el Poder Ejecutivo según el artículo precedente, se integrarán al Directorio del Banco de Previsión Social en forma simultánea, inmediatamente después de que hayan verificado la proclamación respecto a los primeros y las designaciones con relación a los restantes.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de noviembre de 1991.

Juan Adolfo Singer Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Veinticinco años de vigencia tiene la norma constitucional que establece la integración del Directorio del Banco de Previsión Social con representantes electos por los tres órdenes que le conforman -pasivos, activos y empresarios contribuyentes- además de los cuatro representantes del Poder Ejecutivo.

La Constitución, por tanto, dispone que aquellos tres órdenes tienen el deber-derecho de administrar -a través de miembros electos directamente por ellos- junto a los designados por el Poder Ejecutivo, el Instituto de mayor importancia dentro de nuestro sistema de Seguridad Social.

Hoy día aquella disposición constitucional tiene aún más importancia, habida cuenta que el Banco de Previsión absorbió otros servicios esenciales del sistema: los Seguros de Salud y las Asignaciones Familiares.

La norma constitucional reconoce una necesidad esencial del sistema de Seguridad Social. Los Seguros Sociales, en nuestro país, se encuentran financiados a través de las contribuciones especiales a cargo de trabajadores y patronos. Pero también contribuye el Estado a través de los aportes que realiza para enjugar el déficit del sistema y la colectividad toda a través del porcentaje del Impuesto al Valor Agregado.

Es así que rige en nuestro país el tradicional sistema de financiación tripartita que ya se impone en los albores de los Seguros Sociales cuando éstos se hicieron obligatorios a principios de nuestro siglo. Esa contribución tripartita a la financiación exige -como condición indispensable reconocida ya desde el inicio- la intervención de todos los interesados en la administración de esos fondos.

Esa triple intervención en la Dirección asegura, por un lado, la buena administración de esos fondos, pero, además, una intervención directa de aquellos interesados en la forma en que se distribuyen los beneficios, lo que asegura una mejor política distributiva y de justicia social.

Vemos entones como esencial la puesta en práctica del precepto constitucional que por diversas razones, aducidas durante este cuarto de siglo, no plasmó en nuestra realidad constitucional.

El obstáculo más serio que se oponía era el organizar una elección en la que debía participar prácticamente toda la población.

Finalmente, la solución se encontró a través del proyecto de ley que nos ocupa -aprobado en la Cámara de Diputados- que mediante un esfuerzo enaltecedor ha contado con el apoyo de las cuatro fuerzas electorales con representación parlamentaria.

El mismo contiene en sus primeros veintiocho artículos una pormenorizada organización de las elecciones de representantes por los tres órdenes interesados.

Se ha removido, con particular habilidad, los obstáculos que se oponían a la posibilidad de una elección directa, la que resulta esencial para la salud del sistema de gobierno del Banco de Previsión Social.

El proyecto también asegura, en cinco artículos de carácter transitorio, la inmediata realidad del precepto constitucional a través de un sistema mixto, que contempla la elección directa del representante de los pasivos, mientras que los de los otros dos órdenes serán designados -por única vez- por el Poder Ejecutivo de ternas presentadas por las organizaciones más representativas de cada uno de ellos.

En el caso del representante de los afiliados pasivos, la elección inmediata es posible porque el Banco de Previsión Social está en condiciones de confeccionar el padrón respectivo en un breve lapso.

Es de destacar que a nivel de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, que fuera integrada con cuatro miembros de la de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, se contó con el asesoramiento directo de los Organismos que, de una u otra manera, tienen que ver con el proyecto, tales como el Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Banco de Previsión Social y Junta Electoral, lo que asegura la bondad técnica de aquél.

Por los fundamentos precedentes se aconseja al Plenario de la Cámara de Senadores la aprobación del proyecto de ley.

Sala de la Comisión, a 10 de diciembre de 1991.

Hugo Batalla, (Miembro Informante), Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, Sergio Abreu, Ignacio de Posadas Montero, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: considero, aun en mi condición de miembro informante, que es absolutamente innecesario realizar una extensa exposición sobre los fundamentos y las soluciones recogidas en este proyecto de ley, que contó prácticamente con la unanimidad de votos de la Cámara de Representantes, al analizar un texto que tuvo como origen un Mensaje del Poder Ejecutivo, de noviembre de 1990, que fuera perfeccionado en Comisión y luego redactado definitivamente por una Subcomisión integrada por representantes de cada uno de los lemas.

Se trata de un proyecto de ley muy simple, que establece un mecanismo de elección de los representantes de los sectores interesados, jubilados, empresarios y trabajadores. Dicho mecanismo fija un sistema de elección nacional que se realiza en día domingo del mes de marzo del segundo año siguiente de efectuadas las elecciones nacionales. Como sistema transitorio permite la representación, a través de ternas, de empresarios y trabajadores. Y posibilita la realización de una elección para la nominación de los representantes de jubilados, luego de los 180 días de promulgación de la ley y de recibidas las nóminas por parte del Banco de Previsión Social. De este modo, por medio de este sistema transitorio, se posibilita que en breve lapso el Banco de Previsión Social esté integrado por representantes de los sectores profesionales.

Considero que el hecho de que el proyecto de ley y el informe de la Comisión hayan sido suscritos por la unanimidad de sus miembros y por los representantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, hace innecesaria la exposición de todo argumento ampliatorio. De todas maneras, estoy a las órdenes de aquellos señores senadores que soliciten más información, pero estimo que corresponde pasar a la discusión particular en la medida en que se trata, repito, de un proyecto de ley que es producto de una votación unánime en la Cámara de Representantes. Además, prácticamente representa un acuerdo político que comprende a todos los sectores del espectro nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: deseo hacer un acto de justicia, manifestando que este proyecto de elección que complementa la totalidad de los integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social por iniciativa del Poder Ejecutivo, tiene un antecedente similar protagonizado en la Legislatura anterior -el actual señor senador Cassina lo recordará muy bien- por la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Representantes, durante largos meses, en el que tuvo una brillante actuación el magnífico ex legislador Héctor Lorenzo Ríos. Quiero expresar un recuerdo hacia ese compañero que dedicó largo tiempo al estudio de este tema, dejando lo mejor de su clara inteligencia.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos y se vote en bloque, salvo que los señores senadores deseen hacer alguna observación al articulado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor senador Cassina.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(El texto del proyecto de ley cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 1º. - La elección de los representantes de los afiliados activos, afiliados pasivos y de las empresas contribuyentes en el Directorio del Banco de Previsión Social se efectuará, en día domingo, en el mes de marzo del segundo año siguiente al de la celebración de las elecciones nacionales previstas en el numeral 9º) del artículo 77 de la Constitución de la República. Conjuntamente con cada uno de los titulares se elegirá quíntuple número de suplentes.

Art. 2º. - La Corte Electoral conocerá en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales. Tendrá especialmente las siguientes atribuciones que ejercerá directamente o por intermedio de los órganos que le están subordinados:

A) Dictar las reglamentaciones necesarias para llevar a cabo los actos eleccionarios.

B) Convocar a elecciones, establecer los plazos y procedimientos para el registro de listas de candidatos, designar las Comisiones Receptoras de Votos y fijar su número y ubicación.

C) Actuar como juez de los actos y procedimientos electorales, decidiendo con carácter inapelable todas las protestas y reclamaciones que se formularen con motivo de la confección de padrones, registro de listas y desarrollo de las elecciones.

D) Proclamar los candidatos electos.

Art. 3º. - Los padrones de habilitados para votar en los distintos órdenes de electores serán preparados por el Banco de Previsión Social y suministrados a la Corte Electoral, por lo menos con ciento ochenta días de anticipación a la fecha señalada para cada acto eleccionario.

En la confección de dichos padrones el Banco de Previsión Social deberá hacer constar necesariamente:

A) Respecto a los afiliados activos y afiliados pasivos, sus nombres y apellidos y la serie y número de la credencial cívica. Podrá sustituirse la mención de la credencial cívica del afiliado por la de su cédula de identidad en caso de que, por ser extranjeros y no estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, careciera de credencial cívica. En este caso deberá indicarse el domicilio del afiliado.

B) Respecto a las empresas contribuyentes, debe establecerse, además, de las habilitadas para participar en la elección, los nombres y apellidos y la serie y número de la credencial cívica de los mandatarios designados por ellas para representarlas en el acto del sufragio. Sólo si esos mandatarios carecieran de credencial cívica, por ser extranjeros y no estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, podrá sustituirse esa mención por la de su cédula de identidad, debiendo en tal caso indicarse, además, el domicilio del representante.

Art. 4º. - Recibidos los padrones la Corte Electoral los pondrá de manifiesto en sus oficinas por el término que establezca la reglamentación y procurará su adecuada difusión en los lugares en que puedan llegar a conocimiento de los interesados en la elección, de todo lo cual se dará noticia en los distintos medios de comunicación. La reglamentación establecerá los plazos y procedimientos para sustanciar las reclamaciones que se deduzcan contra los padrones de habilitados para votar.

Quien no figure en dichos padrones luego de sustanciadas y resueltas esas reclamaciones no podrá sufragar ni aun en calidad de observado.

Art. 5º. - Para la confección de los padrones, el Banco de Previsión Social podrá requerir de los organismos públicos y de las entidades privadas toda la información y colaboración que estime necesarias. Los organismos y entidades requeridos estarán obligados a proporcionar las informaciones y no podrán diferir en el tiempo su colaboración, siendo responsables los respectivos jerarcas, Directores o representantes, de las omisiones en que se incurriere. La reglamentación determinará las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Art. 6º. - A los efectos de la confección de los padrones electorales se considerará que pertenecen:

A) Al orden de los afiliados activos: los trabajadores dependientes, públicos y privados, así como los trabajadores a domicilio o talleristas (Leyes Nos. 12.242, de 20 de diciembre de 1955 y 12.804, de 30 de noviembre de 1960; que desarrollando actividades comprendidas se hayan registrado como tales en el Banco de Previsión Social.

La condición de afiliado activo se mantendrá aun cuando el trabajador se hallare acogido a los seguros de enfermedad y desempleo, salvo que se hubiere producido la ruptura de la relación de trabajo.

También mantendrán la condición de activos las personas que se encuentren gozando los beneficios de la prejubilación o anticipos de pasividades hasta que sean declarados pasivos.

B) Al orden de los afiliados pasivos: quienes habiendo cesado en la actividad hubieran sido declarados jubilados; los pensionistas y los pensionistas a la vejez.

C) Al orden de las empresas contribuyentes: las inscriptas como tales en el Banco de Previsión Social, siempre que estén al día en el pago de las obligaciones corrientes o en el de las facilidades concedidas.

Art. 7º. - La verificación de los requisitos exigibles para ser electores en los diferentes órdenes se efectuará a la fecha de cierre de los padrones, el que se verificará el 30 de junio del año anterior a cada elección.

Art. 8º. - Para que se les reconozca su condición de electores los afiliados activos, los afiliados pasivos así como los representantes de las empresas deberán tener a la fecha del cierre del padrón respectivo dieciocho años cumplidos de edad.

Los afiliados activos y empresas contribuyentes deberán haberse afiliado y mantenido su condición de tales durante los doce meses anteriores al cierre del padrón respectivo.

Art. 9º. - Cada uno de los copartícipes de una pensión, siempre que reúna los requisitos previstos en los artículos anteriores, tendrá derecho a un voto.

Art. 10. - El voto será secreto, obligatorio, personal y dentro de cada orden único.

Exceptúase de la obligatoriedad del voto a las personas físicas mayores de setenta y cinco años de edad.

Art. 11. - El afiliado que reúna en su persona las cualidades inherentes a dos o más órdenes, deberá votar en todos los órdenes cuyos padrones efectivamente integre. Podrá sumar a su condición de elector integrante de cualquiera de los tres órdenes la de mandatario de las empresas contribuyentes.

Art. 12. - Todas las empresas contribuyentes, cualquiera sea su naturaleza o forma de constitución, tendrán a igual que las unipersonales, un solo voto y un solo representante por elector.

Las personas jurídicas y empresas pluripersonales deberán hacerse representar por un apoderado con facultades expresas para el acto del voto. Un mismo apoderado podrá, sin embargo, asumir la representación de distintas empresas con un máximo de diez.

La condición de representante elector en las personas jurídicas y empresas pluripersonales se acreditará mediante la presentación del poder correspondiente, el que deberá estar suscrito por las personas estatutarias o contractualmente habilitadas para actuar o en su defecto por la totalidad de sus componentes.

En caso de fallecimiento, incapacidad o imposibilidad del apoderado designado o de cambio de titularidad de la empresa, circunstancias todas debidamente acreditadas, la Corte Electoral podrá admitir la presentación de un nuevo apoderado.

Art. 13. - Los candidatos, titulares o suplentes, en los órdenes de los afiliados activos y pasivos, deberán figurar en el padrón electoral correspondiente y acreditar a la fecha de vencimiento del plazo para el registro de listas una permanencia mínima final de dos años continuos en su respectiva condición, así como tener ciudadanía natural en ejercicio o legal con cinco años de ejercicio y en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad.

Los candidatos, titulares o suplentes, en el orden de las empresas contribuyentes, deberán acreditar mediante certificación notarial, a la misma fecha, una vinculación mínima final de dos años con la dirección de una o más empresas contribuyentes electoras (literal C) del artículo 6º de la presente ley y cumplir con los requisitos de ciudadanía y edad referidos en el inciso anterior.

Se entenderá, asimismo, que tienen vinculación con la dirección de una empresa las personas que se desempeñen en cargos de gerencia o ejerzan la representación de la empresa en forma habitual y permanente y en los demás casos de análoga naturaleza que determine la reglamentación.

Art. 14. - En cada uno de los órdenes podrá registrar listas para la elección las organizaciones con personería jurídica que representen a electores del orden respectivo y un número de electores no inferior al 1% (uno por ciento) de los habilitados para votar en cada orden. No se admitirá ningún tipo de acumulación.

Art. 15. - Las Comisiones Receptoras de Votos se integrarán con funcionarios públicos; sólo por excepción, si éstos no fueran suficientes, podrá designarse para integrarlas a ciudadanos que no tengan esa calidad.

Los organismos públicos deberán proporcionar a las Juntas Electorales, por lo menos sesenta días antes del acto eleccionario, la nómina de los funcionarios de su dependencia en las condiciones que la Corte Electoral determinará.

Art. 16. - La condición de miembros de las Comisiones Receptoras es irrenunciable salvo causa justificada. Las renuncias se presentarán ante la Junta Electoral respectiva, cuya resolución será irrevocable.

Art. 17. - Los funcionarios públicos que integren Comisiones Receptoras de Votos gozarán de una licencia paga de cinco días acumulables a la anual reglamentaria.

Los que no concurran a integrar las Comisiones Receptoras para las que fueron designados o a los cursos de capacitación que se impartirán previamente y que no justifiquen debidamente su ausencia, serán sancionados con una multa equivalente al importe de un mes de sueldo.

Art. 18. - El voto deberá ser necesariamente emitido, aun en la hora de prórroga, en el circuito a que pertenece el elector, con la única excepción de los miembros integrantes de las Comisiones Receptoras de Votos y del personal de custodia. El elector deberá acreditar necesariamente su identidad mediante la exhibición de su credencial cívica.

Excepcionalmente se admitirá la cédula de identidad para aquellos afiliados que, por ser extranjeros y no estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional, figuren en el padrón identificados mediante ese documento.

Quien no acredite su identidad con los documentos mencionados precedentemente no podrá sufragar.

Art. 19. - El Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Corte Electoral con cargo a Rentas Generales el importe necesario para solventar los gastos que demande la realización de las elecciones, con la antelación que aquélla considere indispensable. De la misma manera, procederá el Poder Ejecutivo con el Banco de Previsión Social con relación a los gastos que le demande la elaboración de los padrones que deberá remitir a la Corte Electoral.

Art. 20. - Serán causas fundadas para que los afiliados activos y pasivos y titulares de empresas unipersonales no cumplan la obligación de votar las siguientes, que deberán ser probadas en la forma que establezca la reglamentación respectiva:

A) La de padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que la impida, el día de la elección, concurrir a la Comisión Receptora de Votos.

B) La de estar imposibilitado de concurrir a la Comisión Receptora de Votos por razones de fuerza mayor.

C) La de hallarse fuera del país el día de la elección.

D) La de encontrarse domiciliado fuera del departamento en que debe sufragar.

Los afiliados activos y pasivos y titulares de empresas unipersonales que tenga más de setenta y cinco años de edad no tendrán que justificar ninguna causal.

Las causales que aleguen los representantes de las empresas valdrán en cuanto los impedimentos señalados en los literales A), B) y C) se configuren, cuando estén vencidos los plazos que permitan otorgar otro mandato.

Art. 21. - Los habilitados para votar que no lo hicieren se harán pasibles, en cada uno de los órdenes, de las sanciones siguientes:

A) Los afiliados activos y pasivos con una sanción económica igual a la aplicada, a los omisos, en la elección nacional inmediatamente anterior (artículo 8º de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989).

B) Las empresas contribuyentes de acuerdo al número de trabajadores en planilla, con una multa equivalente a:

6 UR (seis Unidades Reajustables) con hasta diez trabajadores.

12 UR (doce Unidades Reajustables) entre once y veinte trabajadores.

25 UR (veinticinco Unidades Reajustables) entre veintiuno y cincuenta trabajadores.

50 UR (cincuenta Unidades Reajustables) entre cincuenta y uno y cien trabajadores.

100 UR (cien Unidades Reajustables) con más de cien trabajadores.

Art. 22. - Para la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos precedentes regirán las siguientes disposiciones:

A) Las Comisiones Receptoras de Votos entregarán a cada votante una constancia de la emisión de su voto.

B) Las electorales que se consideren amparados por alguna causa de justificación de la no emisión del voto deberán comprobarlo fehacientemente ante la Corte Electoral hasta sesenta días después del mismo, en la forma que establezca la reglamentación.

La Corte Electoral expedirá constancia de la justificación de la causal.

C) Desde el primer día del tercer mes siguiente al acto eleccionario y por el término de tres meses, para que los afiliados activos y pasivos puedan hacer efectivos sus haberes deberán presentar la constancia de emisión del voto o, en su defecto, la constancia de justificación de la causal expedida por la Corte Electoral o de pago de la multa.

D) Los empleadores serán solidariamente responsables del pago de la multa en caso de incumplimiento.

E) Las empresas contribuyentes incluidas en el padrón respectivo no podrán, a partir del primer día del tercer mes siguiente al acto eleccionario, efectuar pagos al Banco de Previsión Social ni a la Dirección General Impositiva, solicitar cualquier certificado, suscribir convenios de pagos o realizar cualquier diligencia ante dichos organismos sin exhibir la constancia de emisión de voto o de la causal de justificación expedida por la Corte Electoral, o de pago de la multa.

Art. 23. - Las multas se abonarán en la Corte Electoral y constituirán proventos de la misma.

Art. 24. - Los miembros electos por cada orden se integrarán simultáneamente al Directorio del Banco de Previsión Social inmediatamente después de su proclamación.

Permanecerán en sus funciones hasta tanto estén electos y proclamados los que hayan de sucederlos.

Art. 25. - El representante de los afiliados activos, mientras permanezcan en sus funciones, quedará suspendido en el ejercicio del cargo público o privado que ocupare hasta la fecha de su elección, debiendo ser reintegrado a dicho cargo, con todos sus derechos, al cesar en sus funciones por cumplimiento del término de su mandato o por haber renunciado a su cargo.

Dicho representante percibirá únicamente la remuneración que le corresponda como integrante del Directorio del Banco de Previsión Social.

Art. 26. - Los Directores electivos del Banco de Previsión Social recibirán la misma remuneración y estarán sujetos al mismo régimen de incompatibilidades, prohibiciones, inelegibilidades y responsabilidades de los demás Directores del Ente.

Art. 27. - Para todo lo no previsto en la presente ley regirán, en lo que fueren aplicables, las disposiciones contenidas en las Leyes de Elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, sus complementarias y modificativas y la reglamentación que dicte la Corte Electoral en lo que refiere a materias de su exclusiva competencia.

Art. 28. - La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los treinta días contados a partir de su promulgación.

Art. 29 (Transitorio). - A los efectos de la primera elección de los representantes de los afiliados prevista en el literal c) de la letra M) de las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la República, la Corte Electoral convocará a elecciones que deberán efectuarse dentro del plazo máximo de ciento ochenta días a contar de la fecha de recepción de los padrones que le remitirá el Banco de Previsión Social. Este dispondrá de un plazo máximo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley a tales efectos.

La fecha del cierre del padrón para esta primera elección será la del día primero del mes siguiente a la promulgación de la presente ley.

Art. 30 (Transitorio). - En el caso de que el Banco de Previsión Social no pudiera proporcionar, por razones de fuerza mayor, la totalidad de las credenciales cívicas en el plazo establecido en el artículo anterior, se habilitará, por esta única vez, el voto observado por no figurar en el padrón, quedando facultada la Corte Electoral para instrumentar los procedimientos necesarios para que puedan votar los afiliados pasivos cuyas credenciales cívicas no hubieran sido denunciadas.

Art. 31 (Transitorio). - Los representantes de los afiliados pasivos en esta primera elección serán electos de listas que presentarán las organizaciones de jubilados y pensionistas con personería jurídica o con personería jurídica en trámite, a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Art. 32 (Transitorio). - Los representantes de los afiliados activos y de las empresas contribuyentes serán designados, a los efectos de esta primera integración al Directorio del Banco de Previsión Social, por el Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, de ternas que le presentarán las organizaciones que los nuclean con personería jurídica o con personería jurídica en trámite, a la fecha de la promulgación de la presente ley; las ternas deberán ser presentadas por dichas organizaciones dentro de término de cuarenta y cinco días a partir de la promulgación de la presente ley. En el caso de no ser presentadas dentro del referido plazo se prescindirá de sus candidatos.

El Poder Ejecutivo deberá optar por los candidatos que presenten las entidades más representativas de acuerdo a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo.

Art. 33 (Transitorio). - Los representantes electos por los afiliados pasivos de acuerdo al artículo 29 y los designados por el Poder Ejecutivo según el artículo precedente, se integrarán al Directorio del Banco de Previsión Social en forma simultánea, inmediatamente después que se hayan verificado la proclamación respecto a los primeros y las designaciones con relación a los restantes»).

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los treinta y tres artículos en bloque tal como se ha acordado.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

12) PASIVOS A CARGO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY QUE DEBERA ASUMIR EL PODER EJECUTIVO. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: «Proyecto de ley relacionado con los pasivos a cargo del Banco Central del Uruguay y que deberá asumir el Poder Ejecutivo. (Carp. Nº 627/91 - Rep. Nº 332/91)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 627/91
Rep. Nº 332/91

Artículo 449. - A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo asumirá los siguientes pasivos hasta ahora a cargo del Banco Central del Uruguay, junto con sus respectivos servicios:

a) El pasivo constituido por los Bonos del Tesoro y las Letras de Tesorería emitidos para facilitar la compra de Carteras de los Bancos BANFED, del Litoral, Panamericano y Financiero Sudamericano, equivalentes a un total de U$S 356:243.836 (dólares de los Estados Unidos de América trescientos cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y seis).

b) El pasivo documentado en Primossory Notes emitidas para compras de Carteras en los años 1982, 1983 y 1984, por un valor de U$S 540:296.378 (dólares de los Estados Unidos de América quinientos cuarenta millones doscientos noventa y seis mil trescientos setenta y ocho).

c) El cargo generado por los intereses pagados por el Banco Central del Uruguay por los pasivos antes mencionados, que al 31 de diciembre de 1990 asciende a la suma de U$S 654:086.000 (dólares de los Estados Unidos de América seiscientos cincuenta y cuatro millones ochenta y seis mil), así como por los intereses pagados por igual concepto con posterioridad a esa fecha y hasta la entrada en vigencia de la presente ley, los que serán oportunamente calculados en base a la documentación correspondiente.

De las entidades señaladas precedentemente, se deducirán las sumas percibidas o a percibir por recuperación de Carteras compradas, que también serán calculadas oportunamente, en base a la documentación correspondiente.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, se incluía el artículo 449, que establecía un traslado de pasivo del Banco Central del Uruguay al Estado Central.

El propósito de dicha iniciativa consistía en poner en orden las cuentas entre el Estado y el Banco Central, solucionando inconvenientes existentes en la materia, producto de determinadas operaciones efectuadas por la autoridad bancaria, por instrucciones del Poder Ejecutivo. Concretamente, la emisión de papeles públicos por parte del Banco Central para la compra de carteras de Bancos que atravesaban por dificultades económicas (literal A del proyecto original), así como la suscripción de documentos «promissory notes» en ocasión de la compra de carteras de otros bancos privados (literal B del proyecto), generó un abultado pasivo en el Banco Central, que hoy presenta un balance altamente deficitario.

No corresponde a esta altura analizar la justificación o no de las operaciones realizadas en el pasado, sino que se debe en esta ocasión enfrentar el hecho consumado de que, por instrucciones del Gobierno Central, el Banco asumió un abultado pasivo, que los vuelve dependiente de la Tesorería General de la Nación desde el punto de vista financiero. Esta situación contraría la lógica, ya que la relación financiera debe ser exactamente la opuesta. Es obvio, además, que este pasivo responde a medidas que el Gobierno, en su momento, entendió de interés nacional, pero que por tal carácter debe ser soportado por el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (Tesorería General de la Nación) y no por el Banco Central que sólo cumplió con el mandato recibido.

Por lo expresado, se propuso trasladar el pasivo que genera un artificial déficit del Banco Central a quien es su verdadero responsable. De esta forma se transformarán las consecuencias que suele acarrear ese pasivo -el déficit- de los que generalmente se denomina parafiscal, en fiscal. Esto presenta las siguientes ventajas:

1. lleva la cuestión a sus términos reales, por cuanto el responsable de dicho endeudamiento es el Estado y no el Banco Central.

2. permite sanear el balance del Banco Central (al desaparecer el déficit), no en base a una ficción, sino aclarando el verdadero sentido de dicho endeudamiento; y

3. al traspasar el pasivo referido al Estado Central, el Parlamento tendrá sobre el mismo potestades que hoy no tiene por ser el deudor el Banco Central y, además, se dará a la cuestión una mayor transparencia.

El tercer rubro que se agregaba en el proyecto original para transferir al Estado, era el resultante de los intereses pagados por el Banco Central por concepto de la ejecución de las operaciones realizadas (literal C de dicho artículo).

El artículo 449 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal en cuestión fue aprobado en la Comisión correspondiente del Senado pero luego fue desglosado en el Plenario y pasó a estudio de la Comisión de Hacienda. La Comisión procedió a un detenido estudio del proyecto y recibió al Presidente y otros funcionarios del Banco Central del Uruguay, así como al Subsecretario de Economía y Finanzas.

Debe destacarse que las sumas a trasladar al Estado se integran con créditos de diversa naturaleza. En los literales A y B del proyecto original, se transfieren lo que comúnmente se llama «créditos vivos», haciendo referencia a deudas que aún se mantienen con acreedores privados. Pero también se incluyen en dichos literales, créditos que fueron amortizados por el Banco Central. En el literal C por último, se proyectaba incluir los intereses abonados por el Banco Central por servicio de dichas deudas.

El proyecto contaba entonces con una clara lógica. El Banco Central transfería al Estado aquellas deudas pendientes y al mismo tiempo cobraba lo pagado por el Ente por concepto de amortización de capital e intereses. Esto era coherente con la realidad de las operaciones efectuadas y con la calidad de mandatario del Estado Central con que actuó el Banco Central.

Por lo anterior cabe distinguir en cada uno de los literales proyectados originalmente:

1. en el literal A, de los U$S 356:243.836 que se proyectaba transferir, sólo U$S 195:600.000 correspondían a deudas pendientes, mientras que la diferencia responde a lo amortizado por el Banco Central hasta la fecha y por dichas deudas;

2. en el literal B, sólo U$S 442:000.000 de los U$S 540:296.378 originales, respondían a obligaciones pendientes, mientras que la diferencia era lo ya amortizado por el Ente;

3. en el literal C, por su parte, aparecía lo pagado en concepto de intereses por las obligaciones anteriormente mencionadas, por el Banco Central.

En Comisión se elaboró el proyecto sustitutivo cuya aprobación sugiere la Comisión por unanimidad de sus miembros.

En esta iniciativa se modifica el pasivo a trasladar al Estado, limitando el traspaso a aquellas deudas que aún se mantienen con acreedores privados. Dicho con otras palabras, se suprimió la referencia a las amortizaciones realizadas por el Banco Central, así como lo referido a intereses pagados por el Ente.

Las razones que impulsaron la modificación referida, radican en que, mediante el traspaso limitado de pasivo, se puede sanear el balance del Banco Central (uno de los objetivos básicos) y al mismo tiempo se reduce el posible incremento del déficit fiscal en la medida que el pasivo que se traslada es sustancialmente menor al proyectado.

Se agrega además, que de las cantidades señaladas, se deducirán las sumas a percibir por recuperación de Carteras compradas, que también serán calculadas oportunamente, con lo que se reduce el déficit fiscal que resultará del proyecto, en forma directamente proporcional al reintegro que exista por las operaciones.

Si bien no se admite el crédito del Banco Central por las amortizaciones ya realizadas ni por los intereses ya pagados, se establece que a partir de la entrada en vigencia del proyecto, el Ente debitará a la Tesorería General de la Nación, los intereses que a partir de dicha fecha se devenguen sobre el monto de los pasivos referidos en los literales A y B. Esto responde a que no sería justo ni razonable (incluso sería contrario al objetivo perseguido) que en el futuro el Banco Central cargue con los intereses de las deudas que se trasladan.

En síntesis, en el proyecto sustitutivo se traslada solamente al Estado, aquellas deudas que, por los conceptos referidos aún se encuentran pendientes, así como el pago de los intereses futuros de las mismas. Lo ya pagado por el Banco Central (ya sea en concepto de amortizaciones o intereses) en cambio, no se traslada, ya que dichas sumas no integran el déficit del Ente.

Se prevé además, en el inciso final, que la amortización del pasivo trasladado, se efectuará en las condiciones que oportunamente establezca la ley.

Por todo lo expresado, la Comisión entiende que resulta altamente conveniente para los intereses nacionales, la rápida aprobación del presente proyecto sustitutivo.

(Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 1991).

Juan Carlos Raffo (Miembro Informante), Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Federico Bouza (Con salvedades que expondrán en Sala), Carlos Cassina, Alberto Zumarán, Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

ARTICULO UNICO. - A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Estado asumirá un pasivo con el Banco Central del Uruguay, que se documentará en la forma en que lo determine la reglamentación, por una cifra equivalente a la suma de los siguientes conceptos:

a) El pasivo constituido por los Bonos del Tesoro y las Letras de Tesorería aún no amortizado a la fecha de vigencia de la presente ley, emitidos para facilitar la compra de Carteras de los Bancos BANFED, del Litoral, Panamericano y Financiero Sudamericano, equivalentes a un total de U$S 195:600.000 (dólares de los Estados Unidos de América ciento noventa y cinco millones seiscientos mil).

b) El pasivo documentado en Promissory Notes aún no rescatado, a la fecha de vigencia de la presente ley, emitidas para compras de Carteras en los años 1982, 1983 y 1984, por un valor de U$S 442:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatrocientos cuarenta y dos millones).

De las cantidades señaladas precedentemente, se deducirán las sumas a percibir por recuperación de Carteras compradas, que también serán calculadas oportunamente, en base a la documentación correspondiente.

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Banco Central del Uruguay debitará a la Tesorería General de la Nación, los intereses que a partir de esa fecha se devenguen sobre los montos de los pasivos referidos en los literales a) y b).

La amortización del pasivo que el Estado asume se efectuará en las condiciones que establezca oportunamente la ley.

Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 1991.

Juan Carlos Raffo (Miembro Informante), Sergio Abreu (Con salvedades que expondrá en Sala), Danilo Astori, Juan Carlos Blanco (Con salvedades que expondrá en Sala), Carlos Cassina, Alberto Zumarán. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Si los señores senadores se han tomado el trabajo -por supuesto que los habrán hecho- de leer el informe que se ha presentado al Cuerpo, que por cierto es bastante extenso respecto al único artículo de este proyecto de ley, podrán tener, más o menos, la historia fidedigna de lo que se trata. Se refiere a un tema que fue incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas, considerado por el Senado; en tal oportunidad, su artículo 449 fue desglosado en el Pleno, aunque no ocurrió lo mismo en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que aprobó tal iniciativa. Una vez desglosada la norma, a solicitud del Cuerpo pasó a estudio de la Comisión de Hacienda, a efectos de su correspondiente tratamiento.

El asunto está centrado en las operaciones que, a principios de la década del ochenta, el Gobierno de la época encomendó realizar al Banco Central, adquiriendo así determinados pasivos y emitiendo en su momentos, Bonos del Tesoro, Letras de Tesorería y «Promissory Notes», destinados a facilitar la compra de Carteras de los Bancos BANFED, del Litoral, Panamericano y Financiero Sudamericano en los años 1982, 1983 y 1984, como consta en los literales a) y b) de este artículo único del proyecto.

Esta compra de Carteras significó que el Banco Central actuó como agente del Estado; por el artículo 449 de la Ley de Rendición de Cuentas se pretendió que fuera repuesto -por decirlo así- el capital que en su momento utilizó para realizar estas operaciones, así como los intereses que por el mismo concepto se pagaron a lo largo de estos años.

Este tema fue estudiado detenidamente por la Comisión de Hacienda y, en tal sentido, recibió a las autoridades del Banco Central y a las del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de contar con los asesoramientos respectivos. De esa forma, se llegó a la elaboración de un informe -que si bien no contó con la unanimidad de sus miembros, fue acompañado por ellos pero con ciertas salvedades que quizás algunos expondrán en el día de hoy- y a la redacción de un proyecto de ley sustitutivo que en lo sustancial, ha eliminado la consideración de devolver al Banco Central los intereses correspondientes a las compras de Carteras e inclusive -tal como se expresa en los literales a) y b)- poder tomar lo que suele llamarse como «créditos vivos», es decir, las obligaciones aún pendientes de pago.

Lo fundamental en todo esto -y así se expresa en el informe- es llevar la situación a sus términos reales, por cuanto el responsable del endeudamiento es el Estado y no el Banco Central. Asimismo, este breve proyecto de ley permite sanear el balance del Banco Central, no con base en la ficción, sino aclarando el verdadero sentido de dicho endeudamiento. A la vez, al traspasar el pasivo referido al Estado Central, el asunto tendrá una mayor transparencia, según entiende la Comisión, ya que el Parlamento tendrá sobre él potestades que hoy no posee, considerando que al ser el Estado el deudor, por medio de la Tesorería General de la Nación, cada año, cuando sean enviados los proyectos de ley de Rendición de Cuentas, contará con los considerandos sobre lo que ha ocurrido con la evolución de este pasivo, el déficit que habrá ocasionado o no y cuáles serán los recursos que se habrán utilizado para poder hacerle frente, pasando lo que actualmente suele integrarse al déficit parafiscal al déficit fiscal.

Estas son las consideraciones que nos ha merecido, a grandes rasgos, este proyecto de ley sustitutivo. Como dije, la iniciativa, por medio de sus literales a) y b), hace que el Estado asuma un pasivo con el Banco Central del Uruguay, el que se documentará en la forma en que lo determine la reglamentación, por concepto de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería, «aún no amortizado a la fecha de la vigencia de la presente ley, emitidos para facilitar la compra de Carteras de los Bancos BANFED, del Litoral, Panamericano y Financiero Sudamericano, equivalentes a un total de U$S 195:600.000» y por el pasivo documentado en «Promissory Notes», según consta en la redacción del artículo, «aún no rescatado, a la fecha de la vigencia de la presente ley, emitidas para compras de Carteras en los años 1982, 1983 y 1984, por un valor de U$S 442:000.000».

A esto ha quedado reducido el proyecto de ley, contando además con una cláusula final de salvaguarda que expresa lo siguiente: «La amortización del pasivo que el Estado asume se efectuará en las condiciones que establezca oportunamente la ley». Quiere decir que, más allá de que en estos momentos se equilibre el Balance del Banco Central y de que el Estado Central se haga cargo de este pasivo, será el Parlamento el que tendrá potestades definitorias en la materia, porque cuando ese pasivo deba ser amortizado, será la ley la que deberá establecer las condiciones en su oportunidad.

Reitero que el proyecto de ley fue aprobado en la Comisión, aunque con ciertas salvedades por parte de algunos de sus integrantes, tal como consta en el informe respectivo.

Es todo cuanto tenía que informar, señor Presidente.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - El señor senador Raffo, como miembro informante y Presidente de la Comisión, ha informado claramente acerca de este asunto. Debo señalar que las explicaciones y los fundamentos que ha expresado son los que me llevan a votar afirmativamente y sin vacilación este proyecto de ley.

Las salvedades a que ha hecho referencia el señor senador, que constan en el informe de la Comisión y que expuse en su seno, las voy a recrear ahora sintéticamente, aunque ellas han sido registradas en la versión taquigráfica de sus sesiones. A mi juicio, debió mantenerse la forma prevista en el proyecto de ley original, es decir, que la totalidad de los pasivos a que se refieren los literales a) y b) de esta iniciativa, así como los intereses, debían ser objeto de este traspaso a las cuentas del Tesoro Nacional, tanto se trate de los denominados «pasivos vivos» o «pasivos muertos». Mi punto de vista -como lo dije en la Comisión- está basado en el hecho de que, desde el momento en que el estado fue el que encomendó al Banco Central que realizara una serie de operaciones, es natural y lógico que dicho Banco, luego de cumplirlas, le pase la cuenta -por decirlo así- del costo de esas actividades, independientemente de que existan algunas cuentas que hayan sido saldadas y de que otras hayan quedado pendientes de pago. A modo de ejemplo, es como si alguien envía a un agente al exterior para que actúe en su nombre y luego, a su regreso, dé cuenta de los gastos producidos, entre los que habrá algunas sumas que pagó y otras que quedaron pendientes; de todos modos, unas y otras deberán figurar en el pasivo de quien ordenó la gestión.

En definitiva, es importante, en términos de claridad y transparencia, que la totalidad de los costos de las operaciones figuren en los pasivos del Estado, entendiendo, claro está -teniendo en cuenta la cláusula de salvaguarda a que hizo referencia el señor senador Raffo, que creo fue incorporada al texto en la Comisión a propuesta del señor senador Cassina- que no existe riesgo de que se pueda producir una reiteración del pago.

Finalmente, quiero decir que este punto de vista no está basado puramente en un prurito o en un concepto de carácter contable de cómo deben registrarse los pasivos y los activos, sino en el hecho de que como principio es bueno que se establezca el criterio de que toda vez que el Poder Ejecutivo, encomienda a los organismos realizar ciertas cosas por su cuenta, los gastos que pudiere generar esa actividad figuren en el pasivo del Estado, el que deberá proveer los recursos necesarios para financiarlos. Recordábamos en la Comisión lo que sucedía con el Banco República, cuando debía sustentar la política de precios del trigo, lo cual originaba luego importantes desequilibrios. Asimismo, a propósito de un proyecto reciente que todavía está a consideración en la Comisión de Hacienda, hacíamos mención a la posibilidad de extender un crédito a determinadas exportaciones por parte del Banco de la República. En uno u otro caso, el concepto es el mismo. Si el Estado encomienda que se haga esa tarea, deberá aportar los recursos correspondientes y ella deberá figurar en su pasivo.

Este es el concepto por el cual establezco salvedades al proyecto de ley, pero considero que es un paso importante porque está en la dirección correcta y, además, hace una presentación adecuada de los balances del Banco Central que hasta ahora estaban injustamente desfigurados por la existencia de este hecho anómalo de que se registraban pasivos que, en rigor, debían figurar en el pasivo del Estado.

Muchas gracias.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - En el mismo sentido expresado por el señor senador Blanco nosotros apoyamos y vamos a votar favorablemente el proyecto de ley; pero con las salvedades que vamos a exponer en Sala. Fundamentalmente, porque hubiéramos preferido que fuera aprobado el proyecto original con algún aditamento de reserva o de cláusula de salvaguardia, y no este sustitutivo, en la medida en que no tiene el alcance que primitivamente le queríamos otorgar. El desacuerdo en la Comisión apareció a la hora de evaluar la conveniencia de que el Gobierno Central se convierta en deudor del Banco Central por lo que éste ya pagó por el servicio, por las amortizaciones e intereses de los documentos emitidos para la compra de Carteras.

En el seno de la Comisión surgió un acuerdo de carácter más restrictivo por el que el Gobierno Central asume como pasivos los montos no amortizados y los intereses correspondientes a los mismos de las obligaciones contraídas para la compra de Carteras. En este caso, el débito que el Banco Central le haría a la Tesorería, sólo se referiría a los pasivos «vivos» vinculados a dicha operación.

Señor Presidente: pensamos que no se debe olvidar que lo que se logró recuperar por estas Carteras es mucho menos que el pasivo asumido para comprarlas. Gran parte del crédito contra el sector privado que se adquirió al comprar esas carteras tuvo que ser amortizado, reconocido como pérdida, ya que se estaba ante deudores incobrables. Otra parte, como todos sabemos, fue traspasada al Banco de la República y el Banco Central del Uruguay tuvo que dar de baja activos, asumiendo como contrapartida una importante pérdida. Esto se habría obviado, señor Presidente, si en el momento de la compra de Carteras se hubiera establecido claramente en el balance del Banco Central que éste estaba actuando en nombre de la Tesorería; en ese caso el aumento de pasivos en el momento de los Bonos, Letras y Promissory Notes emitidos para la realización de dicha operación, se habría acompañado por el reconocimiento del Gobierno Central como deudor del Banco Central. Las obligaciones por intereses a pagar también se habrían traducido en aumentos del activo del Banco Central contra el Gobierno Central, las pérdidas por los intereses devengados que afectan negativamente los resultados y, por lo tanto, el patrimonio del Banco Central del Uruguay no se habrían registrado si se hubiera operado en la forma en que venimos mencionando. El hecho de que gran parte de la cartera comprada fuera incobrable, no habría dado lugar al asentamiento de una pérdida en el Balance del Banco Central. El crédito contra la Tesorería sólo resultaría disminuido por lo que se recuperara de las Carteras. La no recuperación de las mismas debía generar pérdidas en el balance del Gobierno Central que era el que había ordenado la oposición. Si el Banco Central tenía que recurrir a sus activos o adquirir nuevos pasivos para atender las obligaciones emergentes de la compra de Carteras, tenía derecho de reclamar al Gobierno Central que le diera fondos para recuperar esos activos o cancelar esos nuevos pasivos.

Pero, esa no fue la forma en que se actuó ¿Cómo se procedió realmente? Los Bonos, Letras y Promissory Notes emitidos y los intereses a pagar por los mismos, tuvieron como contrapartida un crédito contra el sector privado, es decir, contra los deudores incluidos en las Carteras compradas. En el momento de pagar las amortizaciones y los intereses de aquéllos, disminuyeron los pasivos del Banco Central del Uruguay. Todos sabemos, señor Presidente, que sólo existen dos formas de cancelar pasivos o deudas, contraer más deudas para hacer frente a estos pasivos o desprenderse de activos. La única forma de cancelar los pasivos contraídos para acabar con los asumidos al comprar las Carteras y recuperar los activos entregados con ese fin, era que los deudores de los bancos tipo A y B -tal como los clasifican los técnicos- proporcionaran fondos pagando sus deudas, o lograr que la Tesorería se reconociera como deudora del Banco Central del Uruguay por la operación que le había ordenado hacer. Como esto no sucedió, el patrimonio del Banco Central resultó afectado porque tuvo que reconocer como pérdida a ciertos deudores que la Tesorería le obligó a incluir en sus activos. En consecuencia el Banco Central tiene hoy un patrimonio menor que el que habría tenido si el Gobierno Central no le hubiera ordenado llevar a cabo la operación de compra de Carteras; ya que como todos sabemos, el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos.

Y esto se produjo como ya dijimos. Porque la falta de fondos por recuperación de Carteras para atender los pasivos contraídos para comprarlas obligó al Banco Central a adquirir otros pasivos o a desprenderse de activos propios, tales como las reservas.

Ello determinó cambios en la composición del pasivo del Banco Central. De acuerdo con la información proporcionada por el Banco Central sobre el financiamiento del pago de los intereses vinculados a los pasivos que se proyecta traspasar al Gobierno Central, desde 1983, entre las principales fuentes de financiamiento reseñadas se ubican los depósitos del sector financiero, la base monetaria y, últimamente, como quedó claramente establecido en la Comisión, las Letras de Regulación Monetaria. Entre los depósitos del sector financiero están los llamados «Overnight», que son fondos colocados a muy corto plazo y que no representan, evidentemente, el mejor respaldo para atender amortizaciones e intereses de títulos de plazo mayor. Por su parte, el aumento de la base monetaria, base que en su mayoría está integrada por emisión fuera del Banco Central, no constituye otra cosa que un financiamiento a nuestro juicio inflacionario.

Por lo tanto, nuestra posición es la de insistir en el proyecto original en la medida en que se orientaba a contabilizar un asiento en el que, en primer lugar, se debitaba al Gobierno Central por la deuda original la compra de Carteras, más los intereses pagados por la misma menos lo recuperado por esas Carteras. Esto es, se debilitaba al Gobierno Central por la pérdida asumida por el Banco Central, y en segundo lugar, se acreditaba al patrimonio del Banco Central, reforzándolo. De esa forma, se eliminaba la reducción que el mismo tuvo por la operación de compra de Carteras. Con eso se lograba que el Banco Central no asumiera las pérdidas por la operación que le ordenó llevar a cabo el Gobierno Central al tiempo que éste tendría que reconocer un pasivo a favor del Banco Central que derivaría en una mejora de su situación patrimonial. Lamentablemente, este no fue el criterio que privó en la Comisión, por lo que la aprobación del proyecto de ley que vamos a acompañar es una forma parcial de reconocer la pérdida de la operación de compra de Carteras reflejada en el balance del Banco Central del Uruguay.

Nosotros creemos que hubiera sido mejor recoger en el proyecto de ley en consideración la totalidad de la operación para que hubiera un nivel óptimo de transparencia en el monto que insumió al país la compra de las Carteras para el Banco Central.

Esto no impide que estemos de acuerdo, señor Presidente, en que exista en este proyecto sustitutivo una cláusula de salvaguardia que podría haber sido incluida en el proyecto original, en la medida en que se establece que la amortización del pasivo que el Estado asume se efectuará en las condiciones que fije oportunamente la ley. Seguramente, no tendría ni tendrá un respaldo legislativo un proyecto de ley que propicie un gobierno central deficitario para cancelar su pasivo con el Banco Central. El hecho de existir una aprobación legislativa es una garantía de que el pago al Banco Central se hará en un momento adecuado para el país. ¿Qué significa entonces en el corto plazo la puesta en práctica de las disposiciones de este proyecto de ley? En términos del déficit del sector público el único cambio estará en los U$S 40:000.000 que antes estaban incluidos en el déficit parafiscal y ahora lo estarán en el fiscal. Reitero, U$S 40:000.000 de intereses que antes afectaban el monto del déficit parafiscal y que ahora afectarán el déficit fiscal. El déficit del sector público, en su conjunto, permanece incambiado. El pasivo total de alrededor de U$S 1.300:000.000 se verá disminuido, sólo en aquellas sumas que representen los denominados pasivos «vivos» al que habrá que agregarle el que surja de los nuevos intereses que por lo no amortizado de dicho pasivo se vayan devengando en el futuro. No es esta la solución que hubiéramos deseado.

Vuelvo a repetir que por esa compra de Carteras el país, a través del Banco Central se endeudó o tuvo que desprenderse de activos. Para dar total transparencia a dicha operación debe tenerse en cuenta que sin recurrir al endeudamiento a corto plazo vía recepción de depósitos «Overnight» o al aumento de la base monetaria la autoridad banco centralista debería recuperar los activos perdidos o cancelar los pasivos que la operación de compra de Carteras originó.

Serían necesarios para ellos recursos genuinos para cancelar esos pasivos o recuperar esos activos. Y tal como se expresó en la Comisión, si los cancela el Gobierno central cuando tenga el superávit adecuado, esta transferencia de fondos, aun cuando pueda interpretarse en forma inexacta como un doble pago, va a ir, naturalmente, a reforzar la posición financiera del Banco Central del Uruguay, otorgándole la solidez necesaria.

Por otra parte, tratar que el balance del Banco Central refleje que en la compra de Carteras actuó como agente de la Tesorería, en un primer paso hacia la claridad, en el manejo de las Finanzas Públicas pero, fundamentalmente, una clara señal hacia el reconocimiento de la independencia de este Banco del Gobierno Central.

Esto último refiere a un tema muy delicado sobre el cual tenemos posición personal definida. Al respecto cabe mencionar que la mayoría de los países latinoamericanos todavía no han reconocido la debida independencia de la autoridad monetaria en relación a las decisiones del Gobierno Central.

La única experiencia práctica que tenemos a la vista es la existente en el Banco Central de Chile, situación en su momento resistida por la mayoría de los sectores políticos opositores al régimen militar, pero que a la recuperación de la democracia no se han visto expresadas en resoluciones políticas que pudieran, de alguna manera, desandar el camino iniciado. Entre otras cosas porque las nuevas autoridades chilenas han comenzado a percibir las ventajas del actual sistema. En tal sentido interpretamos este proyecto de ley, aún en su alcance parcial como un primer paso hacia un funcionamiento institucional en que la autoridad monetaria emite o presta al Gobierno Central según lo que se haya acordado al formular el plan de Gobierno, o al diseñar las medidas a aplicar durante el año. Como se ha dicho por parte de las autoridades del Banco Central en posición que compartimos, la independencia del Banco Central es condición para una moneda sana. Y sin perjuicio de otras opiniones que en forma coincidente o discrepante se puedan sostener, la pronta formulación de la Carta Orgánica de la máxima autoridad monetaria, es a nuestro juicio parte de las necesidades que un ordenado sistema financiero requiera. Por último queremos resaltar que si el proyecto original hubiera sido acompañado, en este caso se hubiera producido una modificación de carácter positivo en el patrimonio del Banco Central, cosa que no va a suceder con este proyecto sustitutivo. En este proyecto sustitutivo se va a mantener en la contabilidad del Banco Central un patrimonio negativo. Esto no es bueno para la imagen de la institución bancaria, en la medida en que se está tratando de sanear su balance y traspasar a quienes verdaderamente asumieron la responsabilidad del pasivo que tomó a su cargo dicho Banco. No es lo mismo mejorar la posición en moneda extranjera que modificar el patrimonio. Con el proyecto sustitutivo vamos a tener un signo positivo en la posición de moneda extranjera del Banco Central, aspecto que es bueno. Nosotros lo reconocemos y por eso lo vamos a votar. Pero de acuerdo a los asesoramientos que hemos recibido y a los números que hemos hecho, con el proyecto sustitutivo tal como está presentado, el patrimonio del Banco Central, es decir, la diferencia entre activos y pasivos va a mantener su posición negativa. Quiero que esto quede claro, porque es uno de los motivos por los que nosotros establecemos nuestras salvedades.

Por estas consideraciones, señor Presidente, dejamos constancia de nuestra preocupación y de nuestra posición reafirmatoria de nuestro voto favorable al proyecto original, pero al no existir un consenso generalizado sobre este tema, nos avenimos a votar este Proyecto Sustitutivo con el fin de alcanzar la unanimidad de la Comisión sin perjuicio, de las salvedades que hemos indicado en Sala.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: adelanto en nombre de la bancada del Frente Amplio nuestro apoyo a esta propuesta que no hace más que responder a una iniciativa original que presentamos ya desde el momento en que se comenzó a discutir este tema en la Rendición de Cuentas.

Quiero, aunque sea brevemente, expresar públicamente mi reconocimiento a los sectores y a los colegas, que no compartiendo originalmente esta posición que en definitiva resultó aprobada por unanimidad en la Comisión, igual se avinieron a buscar una solución de consenso.

Voy a ser breve. Este punto se discutió intensamente en Comisión y hay un informe detallado sobre el cual deseo aclarar que no luce mi firma al pie, simplemente por algunas discrepancias de tipo técnico con su redacción, aunque debo reconocer que luego el autor del informe le incorporó correcciones desde ese punto de vista. Pero en todo caso, la ausencia de mi firma en el informe se debe, exclusivamente, a esas diferencias de tipo técnico. Por supuesto que mi firma está, sin salvedades, en el proyecto que aprobó la Comisión.

Señor Presidente: esto nos ha parecido lo más criterioso, el mecanismo o la solución de mayor sentido y sensatez, de manera de equilibrar dos necesidades fundamentales: la propuesta por el proyecto de aumentar las transparencias en las cuentas públicas y, al mismo tiempo, la intención de no convertir a la Tesorería General de la Nación en deudora por operaciones que se gestaron hace nada menos que nueve años y que se financiaron de una forma por demás oscura. Me refiero, particularmente, a la época del Gobierno autoritario, en el que no se podía acceder a la información correspondiente.

Creemos que es de sentido común el equilibrar las dos necesidades de esa manera, es decir hacer el traspaso de los pasivos que aún quedan vigentes al Gobierno Central y, por supuesto, dar por finiquitado los pasivos que no existen como tales, esto es lo que corresponden al pasado. Ha sido analizado el tema desde la perspectiva del Banco Central, es decir, se nos ha invitado a pensar en un Banco Central que actuó por cuenta y orden del Estado e incurrió en pasivos por esta causa. Sin embargo, hasta ahora no ha sido planteado el problema desde la perspectiva de la Tesorería General de la Nación, y yo deseo hacerlo, obviamente, en términos sintéticos. Concretamente, invito a pensar en este tema desde la óptica de la Tesorería General de la Nación y de lo que significaría resucitar pasivos que no existen -porque fueron cancelados- ahora en el seno de la Tesorería General de la Nación, con todo el efecto político y económico que ello tendría, con proyección al futuro, sobre todo en las instancias de discusión presupuestal en el ámbito parlamentario. Realmente, tengo temor del riesgo que existe de que un déficit del pasado vuelva a repetirse en el futuro, por arte de magia, esto es, por arte de traspasar pasivos que son resucitados por la vía de una resolución parlamentaria. Creemos que sería peligrosísimo proceder de esa forma.

En lo que tiene que ver con el Banco Central, debo decir lo mismo que señalé en Comisión. Sé que el balance importa y que también importa al patrimonio; pero, lo que más importante es la posición del Banco Central en moneda extranjera. Eso es lo que origina ganancias o pérdidas contables al mencionado Banco, por diferencias de cambio.

Debo decir, además, que la aprobación de esta iniciativa -sobre la que ya ha informado el señor senador Raffo- equilibra la posición del Banco Central en moneda extranjera, de modo que ya no tendrá diferencias por este concepto; por supuesto, estoy hablando de diferencias en menos, o sea, pérdidas por diferencia de cambio por una mala posición en moneda extranjera gestada por esta operación. Creo que lo demás no afecta ni siquiera la imagen del Banco Central.

Tal como hemos tenido oportunidad de confirmar en el propio Banco Central, el tema de los documentos que se presentan a las negociaciones internacionales no está afectado por esta medida, porque el Banco Central no presenta documentos de aquellos que le puedan hacer aparecer un patrimonio negativo. Declaro que no pretendo profundizar más en este campo, porque no es conveniente hacerlo en este ámbito. Repito que lo que importa es la posición del Banco, y ella queda equilibrada a través de esta resolución.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Brevemente, queremos señalar nuestra complacencia por el acuerdo logrado entre todos los miembros de la Comisión de Hacienda para enviar al Senado un proyecto sustitutivo del oportunamente presentado por el Poder Ejecutivo en su Mensaje y proyecto de ley de Rendición de Cuentas de 1990, respecto a este tema.

En mi opinión, con la aprobación de este proyecto de ley -una vez que ambas Cámaras lo hayan sancionado- damos un paso realmente importante para sanear al Banco Central, así como también para favorecer el orden y la transparencia de la gestión y de las cuentas públicas. Además, preservamos la garantía que para todos supone el hecho de que sea la ley, en definitiva, la que establezca la oportunidad y las condiciones en las que el Estado deberá amortizar esta deuda que asume con el Banco Central, punto que fue incluido en la propia Comisión de Hacienda, en una iniciativa que formulamos oportunamente.

Tal como ha señalado el señor senador Astori hace un momento, desde el punto de vista de la posición del Banco Central en moneda extranjera, este proyecto deja saneada a esa Institución, lo que nos parece de enorme importancia. Por esta vía, estamos cerrando uno de los capítulos oscuros que crearon -y aún lo hacen- tantas dificultades al país y a su gente, por medidas tomadas durante el gobierno de facto. A mi juicio, estamos haciendo todo esto de modo razonable, determinando que el Estado asuma aquellos pasivos que están vigentes y no los que el Banco Central ya pagó, entre otras cosas, porque -según la información proporcionada por el Banco Central- no estaríamos en condiciones de determinar con exactitud de qué bolsillo salió el dinero que permitió que el Banco Central pagara las sumas que debía, tanto por intereses como por amortización. No sabemos si el dinero provino del propio Banco Central o si lo hizo del Estado, es decir, de los bolsillos de la gente.

Creo que esta es la mejor solución a la que la Comisión llegó, por un consenso del que me felicito, de los que hacen bien al Parlamento y al país contribuyendo, seguramente, a mejorar la situación patrimonial del Banco Central, lo que es, por cierto, muy importante.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR RAFFO. - Quizás fui muy escueto cuando informé al Cuerpo; sin embargo, dado que es muy abundante la documentación que figura en el repartido de que dispone el Senado, donde están las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión -y teniendo en cuenta además, que este asunto fue arduamente discutido en la propia Comisión hasta llegar a esta fórmula final- pienso que ya se ha dicho en forma mucho más elocuente de lo que yo podría manifestar.

Sin embargo, quiero señalar, en primer término, que hemos estado en permanente contacto con el Banco Central formulándole preguntas sobre este tema. Luego de aprobado este proyecto, el Foro Batllista, por intermedio del señor senador Ricaldoni, nos hizo algunas consultas respecto de un inciso que pudiera ser incorporado. Luego de analizar ese punto con el Banco Central, se llegó a la conclusión de que dicho inciso -a pesar de estar bien intencionado- no era realmente necesario.

En segundo lugar, deseo señalar que las autoridades del Banco Central están de acuerdo con esta redacción. Es decir, la Comisión de Hacienda no llegó a un acuerdo sólo entre sus integrantes, sino que lo hizo conjuntamente con el Banco Central, y este último comparte el criterio final. Quiere decir que se apeó de su intención original y hoy comparte el proyecto sustitutivo elaborado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 449. - A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo asumirá los siguientes pasivos hasta ahora a cargo del Banco Central del Uruguay, junto con sus respectivos servicios:

a) El pasivo constituido por los Bonos del Tesoro y las Letras de Tesorería emitidos para facilitar la compra de Carteras de los Bancos BANFED, del Litoral, Panamericano y Financiero Sudamericano, equivalentes a un total de U$S 356:243.836, (dólares de los Estados Unidos de América trescientos cincuenta y seis millones doscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y seis).

b) El pasivo documentado en Promissory Notes emitidas para compras de Carteras en los años 1982, 1983 y 1984, por un valor de U$S 540:296.378, (dólares de los Estados Unidos de América quinientos cuarenta millones doscientos noventa y seis mil trescientos setenta y ocho).

c) El cargo generado por los intereses pagados por el Banco Central del Uruguay por los pasivos antes mencionados, que al 31 de diciembre de 1990 asciende a la suma de U$S 654:086.000, (dólares de los Estados Unidos de América seiscientos cincuenta y cuatro millones ochenta y seis mil), así como por los intereses pagados por igual concepto con posterioridad a esa fecha y hasta la entrada en vigencia de la presente ley, los que serán oportunamente calculados en base a la documentación correspondiente.

De las cantidades señaladas precedentemente, se deducirán las sumas percibidas o a percibir por recuperación de Carteras compradas, que también serán calculadas oportunamente, en base a la documentación correspondiente».)

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

13) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Por los fundamentos que expuse hace una hora, voy a proponer que los asuntos que figuran en cuarto y sexto término del orden del día sean excluidos y pasen a integrar el de la primera sesión ordinaria del año próximo.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Teniendo en cuenta la realidad del tiempo y del quórum, vamos a acompañar la moción que acaba de formular el señor senador Gargano, e inclusive vamos a pedir que el asunto que figura en octavo término también sea incluido en el orden del día de la primer sesión ordinaria del año próximo.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Jude)

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Vista la propuesta que ha formulado el señor senador de Posadas Montero, solicito que las mociones se voten por separado. Mi pedido se basa en el entendido de que en el día de hoy existen posibilidades de que se apruebe este proyecto, en virtud de que en la Comisión tuvo un apoyo prácticamente unánime. A mi juicio, no es conveniente postergar la consideración de aquellos temas sobre los que existe acuerdo; sí debe actuarse de esa manera con aquellos puntos que originen debate.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - La Mesa entiende que ambas mociones son complementarias.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Si bien este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión, ello no significa que no pueda ser postergado hasta el mes de marzo. Además, debemos tener en cuenta que se introducen modificaciones al texto remitido por la Cámara de Representantes por lo que, de obtener una votación favorable, deberá regresar para su posterior consideración. De todas formas, aclaro que lo voté en Comisión y estoy dispuesto a hacerlo en este momento en Sala. Pero, reitero, no veo inconveniente en que se postergue hasta el mes de marzo, máxime teniendo en cuenta que se propone una modificación importante.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Aun teniendo en cuenta la aclaración que ha formulado el señor senador Silveira Zavala, creemos que habiendo unanimidad ganaríamos tiempo en adelantar el trámite de este proyecto de ley. Por lo tanto, solicitamos que las mociones se voten en el orden en que fueron presentadas, ya que no creemos que sean complementarias. Además, no estamos de acuerdo en postergar el asunto que figura en octavo lugar. En consecuencia, solicitamos que se vote en primer término la moción presentada por el señor senador Gargano que, de resultar afirmativa, el Senado excluirá solamente los puntos allí propuestos, y, en caso contrario, votaríamos la moción de orden formulada por el señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Reitero que voté en Comisión el proyecto y estoy dispuesto a hacerlo en Sala en el día de hoy, pero la posición del coordinador de bancada me ubica en una situación difícil, ya que votaríamos en forma dividida. Asimismo, no hemos podido conversar y lograr un consenso sobre el tema y me vería obligado, a pesar de lo expuesto, a acompañar a la mayoría de mi Partido.

Por otro lado, insisto en que no veo que se produzca una demora tan sustancial, si la consideración de este proyecto se posterga hasta la primera sesión del mes de marzo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Creo que las mociones deben votarse en el orden en que fueron presentadas. De esa manera, excluiremos aquellos puntos del orden del día que cuenten con los votos suficientes para hacerlo y aquellos que por los fundamentos que se han dado se quieran mantener, deberán ser considerados en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Gargano, en el sentido de que la consideración de los asuntos que figuran en cuarto y sexto término del orden del día se incluyan como primer y segundo punto del orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de marzo.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se va a votar la moción formulada por el señor senador de Posadas Montero, en el sentido de que el punto octavo del orden del día pase a figurar como tercer punto del orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de marzo.

(Se vota:)

-9 en 23. Negativa.

14) SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO. Acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo. (Carp. Nº 555/91 - Rep. Nº 329/91)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 555/91
Rep. Nº 329/91

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 23 de julio de 1991.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que se aprueba el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales sobre Países en Desarrollo, suscripto por la República en la ciudad de Belgrado, el 13 de abril de 1988.

El instrumento que se presenta a consideración responde a la necesidad de promover cambios estructurales -los que basados en la autoconfianza colectiva- tiendan a establecer un proceso equilibrado en desarrollo económico mundial, así como al establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, teniendo en cuenta el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC) constituirá uno de los principales mecanismos de fomento del comercio entre los países en desarrollo (miembros del Grupo de los 77) y para el aumento de la producción y el empleo de los mismos.

En el Acuerdo se comienza por definir la terminología a utilizarse (Capítulo I), para luego sentar en el Capítulo II el fundamento del SGPC, sus fines, principios, estructura y lista de concesiones, partiendo de la premisa de que es mediante el intercambio de dichas concesiones -aseguradas por el Acuerdo- lo que promoverá y sostendrá el comercio mutuo y la cooperación económica entre países en desarrollo, exclusivamente miembros del Grupo de los 77.

El mecanismo de las negociaciones está previsto en el Capítulo III bajo varias modalidades según sean los miembros intervinientes, y dentro de los enfoques y procedimientos siguientes: negociaciones producto por producto; reducciones arancelarias generales; negociaciones sectoriales o medidas comerciales directas.

En el Capítulo IV se establece la actividad del Comité de Participantes como órgano coordinador del Acuerdo, con amplias facultades para la adopción de medidas tendientes a la facilitación y funcionamiento del mismo, así como lo atinente a la relación con organismos internacionales y agrupaciones intergubernamentales de cooperación económica.

El Capítulo V está dedicado a las normas básicas que regularán las negociaciones entre los participantes en materia de otorgamiento de concesiones, el mantenimiento del valor, la modificación y retiro o suspensión o retiro de las mismas.

Posteriormente en el mismo Capítulo, se establece que cualquier participante podrá adoptar medidas de salvaguardia -bajo determinadas normas y procedimientos- para evitar perjuicios a los productores nacionales como consecuencia directa de un aumento sustancial imprevisto de importaciones que disfrutan de preferencias en virtud del SGPC, como asimismo están contempladas medidas a adoptar por los participantes cuando por aplicación de concesiones se verifican problemas económicos graves relativos a la balanza de pagos.

También en este Capítulo V se establecen procedimientos para la negociación de contratos a mediano y largo plazo entre los participantes exportadores e importadores del SGPC, estableciendo la conveniencia de unos y otros de indicar los tipos de productos en relación a los cuales están dispuestos a asumir los respectivos compromisos, prestando el Comité la debida asistencia para el intercambio de toda la información relativa así como para la celebración de las respectivas negociaciones.

Se contempla también un trato especial a los países menos adelantados a los efectos de que éstos se beneficien -previa formulación de una petición específica en tal sentido- de concesiones arancelarias, para-arancelarias y no arancelarias, estableciendo la posibilidad de asistencia técnica e informativa a cargo de las Naciones Unidas y otros participantes, relativas al punto.

Se exceptúan de este régimen las preferencias aplicables o aplicarse dentro de las agrupaciones subregionales, regionales e interregionales existentes de países en desarrollo declarados como tales y registrados en el presente Acuerdo, sobre los que dichos países no estarán obligados a efectuar concesiones.

El Capítulo VI establece el régimen de consultas y solución de controversias, sobre cualquier cuestión que afecte el funcionamiento del presente Acuerdo, estableciéndose procedimientos para la formulación y evacuación de las consultas así como para la solución de las controversias que sobre interpretación o aplicación del Acuerdo pudieren suscitarse.

El Capítulo VII se refiere a las disposiciones finales, estableciéndose las correspondientes cláusulas de estilo.

El Poder Ejecutivo se permite recomendar la aprobación del adjunto Proyecto de Ley, entendiendo que del mismo surgirán beneficios para los sectores nacionales relacionados con la temática objeto de dicho instrumento.

Reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Enrique Braga Silva, Héctor Gros Espiell.


Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, suscripto por la República en la ciudad de Belgrado, el 13 de abril de 1988.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Enrique Braga Silva, Héctor Gros Espiell.

PREAMBULO
Los Estados Partes en el presente Acuerdo,

Reconociendo que la cooperación económica entre países en desarrollo es un elemento decisivo en la estrategia de la autoconfianza colectiva y un instrumento indispensable para promover los cambios estructurales que contribuyen a un proceso equilibrado y equitativo de desarrollo económico mundial y al establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional.

Reconociendo también que un Sistema Global de Preferencias Comerciales (en adelante denominado el «SGPC») constituiría uno de los principales instrumentos para la promoción del comercio entre los países en desarrollo miembros del Grupo de los 77, y para el aumento de la producción y el empleo en esos países.

Teniendo presente el Programa de Arusha para la Autoconfianza Colectiva, el Programa de Acción de Caracas y las declaraciones sobre el SGPC aprobadas por los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 en Nueva York en 1982 y en las Reuniones Ministeriales sobre el SGPC celebradas en New Delhi, en Brasilia en 1986 y en Belgrado en 1988.

Creyendo que debe asignarse alta prioridad al establecimiento del SGPC por cuanto constituye uno de los principales instrumentos de la cooperación Sur-Sur, para la promoción de la autoconfianza colectiva, así como para el fortalecimiento del comercio mundial en su conjunto,

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

CAPITULO I
INTRODUCCION

Artículo 1
Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo:

a) Por «participante» se entiende:

i) Todo miembro del Grupo de los 77 enumerado en el Anexo I que haya intercambiado concesiones y que haya pasado a ser parte en el presente Acuerdo de conformidad con sus artículos 25, 27 ó 28.

ii) Toda agrupación subregional/regional/interregional de países en desarrollo miembros de los Grupo 77 enumerados en el Anexo I que haya intercambiado concesiones y que haya pasado a ser parte en el presente Acuerdo de conformidad con sus artículos 25, 27 ó 28.

b) Por «país menos adelantado» se entiende un país designado por tal por las Naciones Unidas.

c) Por «Estado» o «país» se entiende todo Estado o país miembro del Grupo de los 77.

d) Por «productores nacionales» se entiende las personas físicas o jurídicas que estén establecidas en el territorio de un participante y que se dediquen en él a la producción de productos básicos y de manufacturas, incluidos los productos industriales, agrícolas, de extracción o de minería tanto en bruto como semielaborados o elaborados. Además, para determinar la existencia de un «perjuicio grave» o una «amenaza de perjuicio grave», la expresión «productores nacionales» utilizada en el presente Acuerdo se entenderá en el sentido de que abarca el conjunto de los productores nacionales de los productos iguales o similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una parte principal de la producción nacional total de dichos productos.

e) Por «perjuicio grave» se entiende un daño importante a los productores nacionales de productos iguales o similares que resulte de un aumento sustancial de las importaciones preferenciales en condiciones que causen pérdidas sustanciales, en términos de ingresos, producción o empleo, que resulten insostenibles a corto plazo. El examen de los efectos sobre la producción nacional de que se trate deberá incluir también una evaluación de otros factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de la producción nacional de esos productos.

f) Por «amenaza de perjuicio grave» se entiende una situación en que un aumento sustancial de las importaciones preferenciales sea de tal naturaleza que pueda causar un «perjuicio grave» a los productores nacionales y que tal perjuicio, aunque todavía no exista, sea claramente inminente. La determinación de la amenaza de perjuicio grave estará basada en hecho y no en meras afirmaciones, conjeturas o posibilidades remotas o hipotéticas.

g) Por «circunstancias críticas» se entiende la aparición de una situación excepcional en la que importaciones preferenciales masivas causen o amenacen con causar un «perjuicio grave», difícil de reparar y que existe medidas inmediatas.

h) Por «acuerdos sectoriales» se entiende los acuerdos entre participantes con respecto a la eliminación o reducción de barreras arancelarias, no arancelarias y paraarancelarias, así como otras medidas de promoción del comercio y cooperación para determinados productos o grupos de productos que estén estrechamente vinculados entre sí en cuanto a su uso final o producción.

i) Por «medidas comerciales directas» se entiende las medidas susceptibles de promover el comercio entre participantes, tales como contratos a largo y mediano plazo que incluyan compromisos de importación y suministro en relación con productos específicos, acuerdos comerciales con pago en mercancía producida, operaciones de comercio de Estado y compras del Estado o del sector público.

j) Por «derechos arancelarios» se entiende los derechos de aduana fijados en los aranceles nacionales de los participantes.

k) Por «medidas no arancelarias» se entiende toda medida, reglamento o práctica, con excepción de los «derechos arancelarios» o las «medidas paraarancelarias» cuyo efecto sea restringir las importaciones o introducir una distorsión importante en el comercio.

l) Por «medidas paraarancelarias» se entiende los derechos y gravámenes, con excepción de los «derechos arancelarios», percibidos en frontera sobre las transacciones de comercio exterior que tienen efectos análogos a los derechos de aduana y que sólo gravan las importaciones, pero no los otros impuestos y gravámenes indirectos percibidos de la misma manera sobre productos nacionales iguales. Los derechos de importación correspondientes a determinados servicios prestados no se consideran medidas paraarancelarias.

CAPITULO II
SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES

Artículo 2
Establecimiento y fines del SGPC

Por el presente Acuerdo, los participantes establecen el SGPC a fin de promover y sostener el comercio mutuo y el desarrollo de la cooperación económica entre países en desarrollo, mediante el intercambio de concesiones de conformidad con el presente Acuerdo.

Artículo 3
Principios

El SGPC se establecerá de conformidad con los principios siguientes:

a) El SGPC se reservará a la participación exclusiva de los países en desarrollo miembros del Grupo de los 77;

b) Los beneficios del SGPC corresponderán a los países en desarrollo miembros del Grupo de los 77 que sean participantes de conformidad con el apartado a) del artículo 1;

c) El SGPC deberá basarse y aplicarse de acuerdo con el principio de las ventajas mutuas de manera que beneficie equitativamente a todos los participantes, teniendo en cuenta sus niveles respectivos de desarrollo económico e industrial, la estructura de su comercio exterior y sus sistemas y políticas comerciales;

d) El SGPC se negociará paso a paso, se mejorará y ampliará en etapas sucesivas y será objeto de revisiones periódicas;

e) El SGPC no deberá reemplazar a las agrupaciones económicas subregionales, regionales e interregionales presentes y futuras de los países en desarrollo miembros del Grupo de los 77, sino complementarlas y reforzarlas, y tendrá en cuenta los intereses y compromisos de tales agrupaciones económicas;

f) Deberán reconocerse claramente las necesidades especiales de los países menos adelantados y acordarse medidas preferenciales concretas a favor de esos países; no se exigirá a los países menos adelantados que hagan concesiones sobre una base de reciprocidad;

g) Todos los productos, manufacturas y productos básicos, tanto en bruto como semielaborados o elaborados, deberán estar incluidos en el SGPC;

h) Las agrupaciones intergubernamentales subregionales, regionales e interregionales de cooperación económica entre países en desarrollo miembros del Grupo de los 77 podrán participar plenamente como tales, siempre que lo juzguen conveniente, en todas las frases de los trabajos sobre el SGPC o en cualquiera de ellas.

Artículo 4
Elementos del SGPC

El SGPC podrá constar, entre otros, de los siguientes elementos:

a) Acuerdos sobre derechos arancelarios;

b) Acuerdos sobre derechos paraarancelarios;

c) Acuerdos sobre medidas no arancelarias;

d) Acuerdos sobre medidas comerciales directas, incluidos los contratos a mediano y largo plazo;

e) Acuerdos sectoriales.

Artículo 5
Listas de concesiones

Las concesiones arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias negociadas e intercambiadas entre los participantes se harán constar en listas de concesiones que se reproducirán en anexo al presente Acuerdo y formarán parte integrante de él.

CAPITULO III
NEGOCIACIONES

Artículo 6
Negociaciones

1. Los participantes podrán celebrar de tiempo en tiempo rondas de negociaciones bilaterales/plurilaterales/multilaterales con miras a una mayor expansión del SGPC y al logro más completo de sus fines.

2. Los participantes podrán celebrar sus negociaciones de acuerdo con los enfoques y procedimientos siguientes o con cualquier combinación de ellos:

a) Negociaciones producto por producto;

b) Reducciones arancelarias generales;

c) Negociaciones sectoriales;

d) Medidas comerciales directas, inclusive contratos a mediano y a largo plazo.

CAPITULO IV
COMITE DE PARTICIPANTES

Artículo 7
Establecimiento y funciones

1. Al entrar en vigor el presente Acuerdo se establecerá un comité de participantes (al que en adelante se denominará, en el presente Acuerdo, el «Comité») integrado por los representantes de los gobiernos de los participantes. El Comité desempeñará las funciones que sean necesarias para facilitar el funcionamiento del presente Acuerdo y contribuir al logro de sus objetivos. Corresponderá al Comité examinar la aplicación del presente Acuerdo y de los instrumentos que se adopten en el marco de sus disposiciones, supervisar la aplicación de los resultados de las negociaciones, celebrar consultas, hacer las recomendaciones y tomar las decisiones que se requieran y, en general, adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la debida consecución de los objetivos y la debida aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.

a) El Comité estudiará con carácter permanente la posibilidad de promover la celebración de nuevas negociaciones para ampliar las listas de concesiones y para incrementar el comercio entre los participantes mediante la adopción de otras medidas y podrá en todo momento auspiciar tales negociaciones. El Comité velará asimismo por la difusión rápida y completa de información comercial a fin de promover el comercio entre los participantes;

b) El Comité examinará las controversias y hará recomendaciones al respecto de conformidad con el artículo 21 del presente Acuerdo;

c) El Comité podrá establecer los órganos subsidiarios que sean necesarios para el eficaz desempeño de sus funciones;

d) El Comité podrá adoptar los reglamentos y normas que sean necesarios para la aplicación del presente Acuerdo;

2. a) El Comité tratará de que todas sus decisiones se tomen por consenso;

b) No obstante cualesquiera medidas que puedan adoptarse en cumplimiento del apartado a) del párrafo 2 de este artículo, toda propuesta o moción presentada al Comité será sometida a votación si así lo solicita un representante;

c) Las decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios sobre cuestiones de fondo y por mayoría simple sobre cuestiones de procedimiento.

3. El Comité adoptará su reglamento interno.

4. El Comité abordará un reglamento financiero.

Artículo 8
Cooperación con organizaciones internacionales

El Comité tomará las disposiciones que sean apropiadas para celebrar consultas o para cooperar con las Naciones Unidas y sus órganos, en particular la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y los organismos especializados de las Naciones Unidas, así como con las agrupaciones intergubernamentales subregionales, regionales e interregionales de cooperación económica entre países en desarrollo miembros del Grupo de los 77.

CAPITULO V
NORMAS BASICAS

Artículo 9
Extensión de las concesiones negociadas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 de este artículo, todas las concesiones arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias, negociadas e intercambiadas entre los participantes en las negociaciones bilaterales/plurilaterales, cuando se ponga en práctica, se harán extensivas a todos los participantes en las negociaciones relativas al SGPC, sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida (NMF).

2. Con sujeción a las normas y directrices que se establezcan a este respecto, los participantes partes en medidas comerciales directas, en acuerdos sectoriales o en acuerdos sobre concesiones no arancelarias podrán decidir no hacer extensivas a otros participantes las concesiones previstas en tales acuerdos. La no extensión no deberá entrañar efectos perjudiciales para los intereses comerciales de otros participantes y, en caso de que tenga tales efectos, la cuestión será sometida al Comité para que la examine y tome una decisión al respecto. Tales acuerdos estarán abiertos a todos los participantes en el SGPC mediante negociaciones directas. El Comité será informado de la iniciación de las negociaciones sobre los referidos acuerdos, así como de las disposiciones de éstos una vez que hayan sido celebrados.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este artículo, los participantes podrán otorgar concesiones arancelarias, no arancelarias y paraarancelarias aplicables exclusivamente a las exportaciones procedentes de los países menos adelantados participantes. Tales concesiones, cuando se pongan en práctica, se aplicarán en igual medida a todos los países menos adelantados participantes. Si después de concedido cualquier derecho exclusivo éste resultara perjudicial para los intereses comerciales legítimos de otros participantes, la cuestión podrá ser sometida al Comité para que examine tales concesiones.

Artículo 10
Mantenimiento del valor de las concesiones

A reserva de los términos, condiciones o requisitos que puedan establecerse en las listas de concesiones otorgadas, ninguno de los participantes menoscabará o anulará estas concesiones, después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, por la aplicación de cualquier carga o medida restrictiva del comercio que no existiera ya con anterioridad, salvo cuando esa carga consista en un impuesto interno que grave un producto nacional igual, en un derecho antidumping o compensatorio o en derechos proporcionados al costo de los servicios prestados, y con excepción de las medias autoridades con arreglo a los artículos 13 y 14.

Artículo 11
Modificación y retiro de las concesiones

1. Todo participante podrá, una vez transcurrido un plazo de tres años a partir de la fecha en que se otorgó la concesión, notificar al Comité su intención de modificar o retirar cualquier concesión incluida en la lista correspondiente de ese participante.

2. El participante que tenga la intención de retirar o modificar una concesión entablará consultas y/o negociaciones, con miras a llegar a un acuerdo sobre cualquier compensación que sea necesaria y adecuada, con los participantes con los cuales haya negociado originalmente esa concesión y con cualesquiera otros participantes que tengan un interés como proveedores principales o sustanciales según lo determine el Comité.

3. Si no se llegase a un acuerdo entre los participantes involucrados dentro de los seis meses siguientes a la recepción de la notificación, y si el participante que hizo la notificación siguiese adelante con la modificación o el retiro de tal concesión, los participantes afectados, según los determine el Comité, podrán retirar o modificar concesiones equivalentes en sus correspondientes listas. Todas estas modificaciones o retiros deberán notificarse al Comité.

Artículo 12
Suspensión o retiro de concesiones

Todo participante podrá en cualquier momento suspender o retirar libremente la totalidad o parte de cualquiera de las concesiones incluidas en su lista si llega a la conclusión de que dicha concesión fue inicialmente negociada con un Estado que no ha pasado a ser, o ha dejado de ser, participante en el presente Acuerdo. El participante que adopte esa medida la notificará al Comité y, cuando se le requiera para ello, celebrará consultas con los participantes que tengan un interés sustancial en el producto de que se trate.

Artículo 13
Medidas de salvaguardia

Un participante debe poder adoptar medidas de salvaguardia para evitar el perjuicio grave o la amenaza de un perjuicio grave a los productores nacionales de productos iguales o similares que puedan ser consecuencia directa de un aumento sustancial imprevisto de las importaciones que disfrutan de preferencias en virtud del SGPC.

1. Las medidas de salvaguardia serán conforme a las normas siguientes:

a) Las medidas de salvaguardia deberían ser compatibles con los fines y los objetivos del SGPC. Esas medidas deberían aplicarse de forma no discriminatoria entre los participantes en el SGPC.

b) Las medidas de salvaguardia deberían estar en vigor sólo en la medida y durante el tiempo necesarios para prevenir o remediar ese perjuicio.

c) Por regla general y excepto en circunstancias críticas, toda medida de salvaguardia se adoptará previa consulta entre las partes interesadas. Los participantes que tengan la intención de adoptar medidas de salvaguardia estarán obligados a probar, a satisfacción de las partes involucradas dentro del Comité, el perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave que justifiquen la adopción de tales medidas.

2. La adopción de medidas de salvaguardia para evitar un perjuicio grave o una amenaza de perjuicio grave debería ajustarse a los procedimientos siguientes:

a) Notificación: Todo participante que tenga la intención de adoptar una medida de salvaguardia debería notificar su intención al Comité, el cual dará traslado de esta notificación a todos los participantes. Una vez recibida la notificación, los participantes interesados que deseen celebrar consultas con los participantes iniciadores de la medida o notificarán al Comité en el plazo de 30 días. Cuando en circunstancias críticas un retraso pueda causar un daño que sea difícil de reparar, podrá adoptarse provisionalmente la medida de salvaguardia sin celebrar previamente consultas, a condición de que éstas se celebren inmediatamente después de adoptarse tal medida.

b) Consultas: Los participantes interesados deberían celebrar consultas con el propósito de llegar a un acuerdo con respecto a la naturaleza y la duración de la medida de salvaguardia que se quiere adoptar, o que se haya adoptado ya, y al otorgamiento de una compensación o la renegociación de las concesiones. Estas consultas deberían concluirse dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la notificación inicial. Si estas consultas no llevan a un acuerdo satisfactorio para todas las partes en el plazo antes especificado, el asunto debería someterse al Comité para que lo resuelva. Si el Comité no resuelve la cuestión en un plazo de cuatro semanas a partir de la fecha en que se le haya remitido, las partes afectadas por la medida de salvaguardia tendrán derecho a retirar concesiones equivalentes u otras obligaciones dimanentes del SGPC que el Comité no desapruebe.

Artículo 14
Medidas relativas a la balanza de pagos

Si un participante tropieza con problemas económicos graves durante la aplicación del SGPC, ese participante deberá poder adoptar medidas para hacer frente a dificultades graves de balanza de pagos.

1. Todo participante que considere necesario imponer o intensificar una restricción cuantitativa u otra medida con el fin de limitar las importaciones con respecto a productos o esferas amparados por concesiones con miras a evitar la amenaza de una disminución grave de sus reservas monetarias o a detener esa disminución se esforzará por hacerlo de manera que se preserve, tanto como sea posible, el valor de las concesiones negociadas.

2. Esas medidas se notificarán inmediatamente al Comité, que dará traslado de tal notificación a todos los participantes.

3. Todo participante que adopte una de las medidas señaladas en el párrafo 1 de este artículo dará, a petición de cualquier otro participante, oportunidades adecuadas para celebrar consultas con miras a mantener la estabilidad de las concesiones negociadas en virtud del SGPC. Si no se llegara a un acuerdo satisfactorio entre los participantes involucrados en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación, podrá someterse el asunto al Comité para que éste lo examine.

Artículo 15
Normas de origen

Los productos contenidos en las listas de concesiones que figuran en el anexo al presente Acuerdo gozarán de trato preferencial si cumplen las normas de origen, que se reproducirán en anexo al presente Acuerdo y formarán parte integrante de él.

Artículo 16
Procedimientos para la negociación de contratos a mediano y a largo plazo
entre participantes en el SGPC interesados

1. En el marco del presente Acuerdo podrán concertarse entre los participantes contratos a mediano y a largo plazo con compromisos de importación y exportación de determinados productos básicos u otros productos.

2. A fin de facilitar la negociación y concertación de dichos contratos:

a) Los participantes exportadores deberán indicar los productos básicos u otros productos en relación con los cuales estén dispuestos a asumir compromisos de suministro, con especificación de las cantidades correspondientes;

b) Los participantes importadores deberán indicar los productos básicos u otros productos en relación con los cuales podrían asumir compromisos de importación, con especificación, cuando sea posible, de las cantidades correspondientes; y

c) El Comité prestará asistencia para el intercambio multilateral de la información prevista en los apartados a) y b), así como para la celebración de negociaciones bilaterales y/o multilaterales entre los participantes exportadores e importadores interesados con objeto de concertar contratos a mediano y a largo plazo.

3. Los participantes involucrados deberían notificar al Comité la concertación de contratos a largo y mediano plazo lo antes posible.

Artículo 17
Trato especial a los países menos adelantados

1. Conforme a la Declaración Ministerial sobre el SGPC, las necesidades especiales de los países menos adelantados serán plenamente reconocidas y se llegará a un acuerdo sobre medidas preferenciales concretas en favor de dichos países.

2. Para adquirir la condición de participante no se exigirá a ningún país menos adelantado que haga concesiones sobre una base de reciprocidad, y los países menos adelantados participantes se beneficiarán de todas las concesiones arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias intercambiadas en las negociaciones bilaterales/plurilaterales que sean multilateralizadas.

3. Los países menos adelantados participantes deberían identificar los productos de exportación en relación con los cuales deseen obtener concesiones en los mercados de otros participantes. Para ayudarlos en esa tarea, las Naciones Unidas y otros participantes que estén en condiciones de hacerlo deberían proporcionar a tales países, de manera prioritaria, asistencia técnica que incluirá la información pertinente sobre el comercio de los productos en cuestión y los principales mercados de importación de los países en desarrollo, así como sobre las tendencias y perspectivas de mercado y los regímenes comerciales de los participantes.

4. Los países menos adelantados participantes podrán, en relación con los productos de exportación y los mercados determinados con arreglo al párrafo 3 de este artículo, formular peticiones específicas a otros participantes sobre concesiones arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias y/o sobre medidas comerciales directas, entre ellas los contratos a largo plazo.

5. Se tendrán especialmente en cuenta las exportaciones de los países menos adelantados participantes al aplicar las medidas de salvaguardia.

6. Entre las concesiones solicitadas en relación con esos productos de exportación podrán figurar las siguientes:

a) El acceso libre de derechos, en particular para los productos elaborados y semielaborados;

c) la suspensión, cuando proceda, de barreras paraarancelarias;

d) La negociación de contratos a largo plazo con miras a ayudar a los países menos adelantados participantes a que alcancen niveles razonables y sostenibles en la exportación de sus productos.

7. Los participantes examinarán con comprensión las peticiones que hagan los países menos adelantados participantes para obtener concesiones con arreglo al párrafo 6 de este artículo y, siempre que sea posible, tratarán de acceder a tales peticiones, en todo o en parte, como manifestación de las medidas preferenciales concretas que deban acordarse en favor de los países menos adelantados participantes.

Artículo 18
Agrupaciones subregionales, regionales e interregionales

Las preferencias arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias aplicables dentro de las agrupaciones subregionales, regionales e interregionales existentes de países en desarrollo notificadas como tales y registradas en el presente Acuerdo conservarán su carácter esencial, y los miembros de tales agrupaciones no tendrán ninguna obligación de hacer extensivos los beneficios de tales concesiones, ni los demás participantes tendrán derecho a disfrutar de los beneficios de tales preferencias. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará igualmente a los acuerdos preferenciales con miras a crear agrupaciones subregionales, regionales e interregionales de países en desarrollo y a las futuras agrupaciones subregionales, regionales e interregionales de países en desarrollo que sean notificadas como tales y debidamente registradas en el presente Acuerdo. Además, estas disposiciones se aplicarán en igual medida a todas las preferencias arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias que en el futuro lleguen a aplicarse dentro de tales agrupaciones subregionales, regionales o interregionales.

CAPITULO VI
CONSULTAS Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Artículo 19
Consultas

1. Cada participante considerará con comprensión la posibilidad de celebrar consultas acerca de las representaciones que pueda hacer otro participante acerca de cualquier cuestión que afecte el funcionamiento del presente Acuerdo y dará oportunidades adecuadas para celebrar tales consultas.

2. El Comité podrá, a petición de un participante, consultar con cualquier participante acerca de cualquier cuestión a la que no se haya podido encontrar una solución satisfactoria mediante las consultas a que se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo.

Artículo 20
Anulación o menoscabo

1. Si cualquier participante considera que otro participante ha alterado el valor de una concesión que figura en su lista o que cualquier beneficio de que directa o indirectamente disfrute con arreglo al presente Acuerdo está siendo anulado o menoscabado como resultado del incumplimiento por otro participante de cualquiera de las obligaciones que le incumben en virtud del mismo, o como resultado de cualquier otra circunstancia relacionada con el funcionamiento del presente Acuerdo, podrá, con objeto de resolver satisfactoriamente la cuestión, hacer por escrito representaciones o propuestas al otro o los otros participantes que considere involucrados, los cuales, en tal caso, considerarán con comprensión las representaciones o propuestas que de ese modo se les hagan.

2. Si dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se hayan hecho las observaciones o la solicitud de consulta no se ha llegado a una solución satisfactoria entre los participantes, la cuestión podrá ser sometida a la consideración del Comité, el cual consultará con los participantes involucrados y hará las recomendaciones apropiadas dentro de los 75 días siguientes a la fecha en que se sometió la cuestión a la consideración del Comité. Si dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se hicieron las recomendaciones no se ha resuelto todavía satisfactoriamente la cuestión, el participante afectado podrá suspender la aplicación de una concesión sustancialmente equivalente, o de otras obligaciones con arreglo al SGPC que el Comité no desapruebe.

Artículo 21
Solución de controversias

Toda controversia que pueda suscitarse entre los participantes sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo o de cualquier instrumento adoptado dentro del marco de sus disposiciones se resolverá amigablemente mediante acuerdo entre las partes involucradas de conformidad con el artículo 19 de este Acuerdo. Cuando una controversia no pueda ser resuelta por ese procedimiento, podrá ser sometida a la consideración del Comité por cualquiera de las partes en ella. El Comité examinará la cuestión y hará una recomendación al respecto dentro de los 120 días siguientes a la fecha en que la controversia haya sido sometida a su consideración. El Comité adoptará las normas adecuadas al respecto.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22
Aplicación

Cada participante adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para aplicar el presente Acuerdo y los instrumentos que se adopten dentro del marco de sus disposiciones.

Artículo 23
Depositario

Queda designado depositario del presente Acuerdo el Gobierno de la República Federativa Socialista de Yugoslavia.

Artículo 24
Firma

El presente Acuerdo estará abierto a la firma en Belgrado, Yugoslavia, desde el 13 de Abril de 1988 hasta la fecha de su entrada en vigor con arreglo al artículo 26.

Artículo 25
Firma definitiva, ratificación, aceptación o aprobación

Cualquiera de los participantes a que se hace referencia en el apartado a) del artículo 1 y en el Anexo I del presente Acuerdo que haya intercambiado concesiones podrá:

a) En el momento de la firma del presente Acuerdo, declarar que por esa firma manifiesta su consentimiento en obligarse por el presente Acuerdo (firma definitiva); o

b) Después de la firma del presente Acuerdo, ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo mediante el depósito de un instrumento al efecto en poder del depositario.

Artículo 26
Entrada en vigor

1. El presente Acuerdo entrará en vigor 30 días después de que 15 de los Estados a que se hace referencia en el apartado a) del artículo 1 y en el Anexo I del Acuerdo, de las tres regiones del Grupo de los 77, que hayan intercambiado concesiones, hayan depositado sus instrumentos de firma definitiva, ratificación, aceptación o aprobación de conformidad con los apartados a) y b) del artículo 25.

2. Para todo Esto que deposite un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o una notificación de aplicación provisional después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, éste entrará en vigor para dicho Estado 30 días después de efectuado tal depósito o notificación.

3. Al entrar en vigor el presente Acuerdo, el Comité fijará una fecha límite para el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por los Estados a que se hace referencia en el artículo 25. Esa fecha no podrá ser posterior en más de tres años a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo 27
Notificación de aplicación provisional

Todo Estado signatario que tenga intención de ratificar, aceptar o aprobar el presente Acuerdo, pero que aún no haya depositado su instrumento podrá, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo, notificar al depositario que aplicará el presente Acuerdo provisionalmente. La aplicación provisional no excederá de un período de dos años.

Artículo 28
Adhesión

Seis meses después de que entre en vigor el presente Acuerdo de conformidad con sus disposiciones, quedará abierto a la adhesión de otros miembros del Grupo de los 77 que cumplan las condiciones estipuladas en el presente Acuerdo. Con tal objeto, se aplicarán los procedimientos siguientes:

a) El solicitante notificará su intención de adhesión al Comité;

b) El Comité distribuirá la notificación entre los participantes;

c) El solicitante someterá una lista de ofertas a los participantes y cualquier participante podrá presentar una lista de peticiones al solicitante;

d) Una vez que se hayan completado los procedimientos previstos en los apartados a), b) y c), el solicitante iniciará negociaciones con los participantes interesados con miras a llegar a un acuerdo sobre su lista de concesiones;

e) Las solicitudes de adhesión de los países menos adelantados se examinarán tomando en consideración la disposición sobre el trato especial a los países menos adelantados.

Artículo 29
Enmiendas

1. Los participantes podrán proponer enmiendas al presente Acuerdo. El Comité examinará las enmiendas y las recomendará para su adopción por los participantes. Las enmiendas surtirán efecto 30 días después de la fecha en que las dos terceras partes de los participantes a que se hace referencia en el párrafo a) del artículo 1 haya notificado al depositario que las aceptan.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo;

a) Cualquier enmienda relativa a:

i) la definición de miembros que figura en el párrafo a) del artículo 1;

ii) el procedimiento para enmendar el presente Acuerdo;

entrará en vigor una vez que haya sido aceptada por todos los participantes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 1 del presente Acuerdo.

b) Cualquier enmienda relativa a:

i) los principios estipulados en el artículo 3;

ii) la base del consenso y cualesquier otras bases de votación mencionadas en el presente Acuerdo;

entrará en vigor después de su aceptación por consenso.

Artículo 30
Retiro

1. Todo participante podrá retirarse del presente Acuerdo en cualquier momento después de su entrada en vigor. Tal retiro se hará efectivo seis meses después de la fecha en que el depositario haya recibido la correspondiente notificación por escrito. Dicho participante deberá informar simultáneamente al Comité de la medida adoptada.

2. Los derechos y obligaciones del participante que se haya retirado del presente Acuerdo dejarán de serle aplicables a partir de esa fecha. Después de esta fecha, los participantes y el participante que se haya retirado del Acuerdo decidirán conjuntamente si retiran, en todo o en parte, las concesiones recibidas u otorgadas por aquéllos y por éste.

Artículo 31
Reservas

Se podrán hacer reservas respecto de cualquier disposición del presente Acuerdo, siempre y cuando no sean incompatibles con el objeto y propósito del presente Acuerdo y sean aceptadas por la mayoría de los participantes.

Artículo 32 (1)
No aplicación

1. El SGPC no se aplicará entre participantes si éstos no han emprendido negociaciones directas entre sí y si cualquiera de ellos no coincide en dicha aplicación en el momento en que cualquiera de ellos acepte el presente Acuerdo.

2. El Comité podrá examinar la aplicación de este artículo en ciertos casos, a petición de cualquiera de los participantes, y formular las recomendaciones oportunas.

Artículo 33
Excepciones de seguridad

Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que impide a cualquier participante adoptar cuantas medidas considere necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad.

Artículo 34
Anexos

1. Los anexos forman parte integrante del presente Acuerdo y toda referencia al presente Acuerdo o a uno de sus Capítulos incluye una referencia a los respectivos Anexos.

2. Los anexos del presente Acuerdo serán los siguientes:

a) Anexo I: Participantes en el Acuerdo.

b) Anexo II: Normas de origen.

c) Anexo III: Medidas adicionales en favor de los países menos adelantados.

d) Anexo IV: Listas de concesiones.

HECHO en Belgrado, Yugoslavia, el trece de abril de mil novecientos ochenta y ocho, siendo igualmente auténticos los textos del presente Acuerdo en árabe, español, francés e inglés.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Acuerdo en las fechas indicadas.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

ACUERDO SOBRE EL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES
ENTRE PAISES EN DESARROLLO
(SGPC)

PLAN:

1. Planteo. Fines del SGPC

2. SGPC y Sistema General de Preferencias

3. Principios y Elementos del SGPC instituido por el Acuerdo

4. Funcionamiento y contenido general del Acuerdo

5. Anexos

AL SENADO:

La Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación del Acuerdo sobre Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, cuyo informe se transcribe a continuación:

1. PLANTEO; FINES DEL SGPC

El presente Tratado, como se menciona en su preámbulo, se inscribe dentro del marco más amplio del establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. Uno de los instrumentos de este tránsito hacia esquemas más equitativo de distribución de la riqueza universal lo constituye sin duda la elaboración de un mecanismo adecuado de promoción del comercio internacional. El Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC) como mecanismo destinado, en última instancia, a fortalecer el comercio mundial, se constituye entonces en uno de los instrumentos idóneos para la realización de dichos propósitos. La peculiaridad del SGPC como instrumento del NOEI se encuentra en una misma finalidad: establecer un sistema de promoción del comercio y de fortalecimiento de la cooperación económica entre países en desarrollo, mediante el intercambio de concesiones comerciales recíprocas (Art. 2 del Acuerdo).

2. SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES (SGPC) Y SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS (SGP)

Conviene, antes del análisis detallado del texto del Acuerdo, realizar la presente puntualización.

El SGPC es la modalidad «horizontal» de un Sistema (el Sistema General de Preferencias o SGP) que habitualmente opera en forma «vertical» y del cual resulta de interés hacer la distinción. Si bien ambos están referidos al mismo objeto, tienen una fundamentación (una «ratio») y un funcionamiento («modus operandi»), distintos.

En efecto, el SGP «vertical» (habitualmente conocido como SGP a secas) es el que está consagrado, tanto en el seno del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), como dentro del UNCTAD o CNUCED (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo) y opera sobre la base de un trato diferencial, no recíproco, que los países desarrollados habrán de conceder a aquellos países en vías de desarrollo. Se constituye de esta manera en una excepción a la aplicación de un principio rector del comercio internacional incorporado en esos tratados -la cláusula de la nación más favorecida- y pretende funcionar como una suerte de paliativo a la diferencia entre países ricos y países pobres, los que se convierten, en la aplicación de este SGP, en países «dadores» de preferencias o en países «beneficiarios» de las mismas, según el caso.

El SGPC, en cambio, al operar en forma horizontal, no se fundamenta en la noción de compensación o de «justicia distributiva», generadores de los tratos diferenciales que están en la base del SGP «vertical», sino que se sustenta en una idea diferente, propia de un sistema «entre iguales»: la cooperación económica y la promoción del comercio como generadores de riqueza. Por ello, el SGPC se aplica con criterio de reciprocidad (como norma general) resultando de esto que todos los países participantes son a la vez beneficiarios y otorgantes de preferencias.

3. PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DEL SGPC (SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES) INSTITUIDO POR EL ACUERDO

Luego de definir, en el Capítulo I, artículo 1 literal a), lo que debe entenderse por Participante en el Acuerdo (todo miembro del grupo de los 77 o toda agrupación subregional, regional o interregional de países en desarrollo miembros del grupo de los 77), el Acuerdo establece en su Capítulo II (Art. 3), los principios en los que habría de fundarse el SGPC. Comienza refiriéndose otra vez a «la participación exclusiva de los países en desarrollo miembros de los 77» (lit. a) y al hecho de que éstos y las agrupaciones regionales o subregionales de integración económica serán los beneficiarios de la implementación de dicho sistema (lit. b) de conformidad con el literal a) del artículo 1). Se hace mención especial a que el SGPC «no deberá reemplazar» las referidas agrupaciones regionales o subregionales sino «complementarlas y reforzarlas» (lit. e). Además estas agrupaciones podrán «participar plenamente» en «todas las frases de los trabajos sobre el SGPC», (lit. h) referencias todas que resultan oportunas para nuestro país, de cara al MERCOSUR y considerando la ALADI. Otro principio es el establecimiento de medidas especiales hacia los países menos adelantados (lit. f) en consonancia con literal b) del artículo 1). El literal g) menciona, como principio, que en el intercambio de concesiones que los participantes habrán de considerar, se incluirán «todos los productos, manufacturas y productos básicos, tanto en bruto, como semielaborados o elaborados» (lit. g). Además, dicho intercambio de concesiones habrá de constar en las llamadas «Listas de Concesiones» que se reproducen en Anexo al presente Acuerdo, tal como lo establece más adelante el artículo 5. Finalmente, se dispone que «el SGPC se negociará paso a paso» ampliándose «en etapas sucesivas» y con «revisiones periódicas», lo que es conteste con los caracteres generales que rigen todos los sistemas de preferencias.

El artículo 4 establece los elementos del SGPC. Este artículo debe ser leído junto con el artículo 1 (Cap. I) que precisa los conceptos aquí manejados. Los elementos del SGPC no están enumerados taxativamente, sino que se aclara que podrán ser «entre otros»:

- Acuerdos sobre derechos arancelarios.

- Acuerdos sobre derechos para-arancelarios.

- Acuerdos sorbe medidas no arancelarias.

- Acuerdos sobre medidas comerciales directas.

- Acuerdos sectoriales.

4. FUNCIONAMIENTO Y CONTENIDO GENERAL DEL ACUERDO

El artículo 6 (Cap. III) establece, en consonancia con el literal d) del artículo 3; que los participantes «podrán celebrar de tiempo en tiempo rondas de negociaciones», aun del tipo bilateral, «con miras a una mayor expansión del SGPC». Así, los participantes «podrán celebrar sus negociaciones de acuerdo con los enfoques y procedimientos siguientes:

- Negociaciones producto por producto.

- Reducciones arancelarias generales.

- Negociaciones sectoriales.

- Medidas comerciales directas, inclusive contratos a mediano y a largo plazo».

En relación con las concesiones intercambiadas entre participantes, el artículo 9 (Cap. V) establece como norma general de funcionamiento del SGPC la cláusula de la nación más favorecida, la aplicación de esta cláusula tiene cuatro (4) excepciones, tres de ellas previstas en el inciso 2 del artículo 9: cuando los participantes sean partes en medidas comerciales directas, en acuerdos sectoriales o en acuerdos sobre concesiones no arancelarias (2). En estos casos "podrán decidir no hacer extensivas a los otros participantes las concesiones previstas en tales acuerdos". Todo esto siempre que eviten efectos ilegible para terceros participantes (inc. 2 in fine).

La cuarta excepción está prevista en el inciso 3 y refiere a la posibilidad de otorgar concesiones que fueran exclusivas «a las exportaciones procedentes de los Países Menos Adelantados participantes». Esta excepción tiene a su vez una condición y es que las concesiones otorgadas a un PMA han de ser extendidas automáticamente a todos los demás PMA. Todo esto cuidándose también de producir efectos perjudiciales para terceros participantes (inc. 3 in fine).

El artículo 10 establece la obligatoriedad de mantener el valor de las concesiones, no pudiendo, por regla general, los participantes «menoscabarla o anularla» por la aplicación de «medidas restrictivas del comercio que no existieran ya con anterioridad». Como excepciones a esta limitación se mencionan las hipótesis siguientes:

Cuando la carga consista en: a) un impuesto interno que grave un producto nacional igual, b) un derecho antidumping, c) derechos proporcionales al costo de los servicios prestados.

Además, también resultan lógicamente exceptuadas las hipótesis en que puedan aplicarse cláusulas de salvaguardia (se verá más adelante).

El artículo 11 por su parte, refiere a la modificación y retiro de las concesiones, dándole la posibilidad a cualquier participante, una vez que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha en que se otorgó la concesión, de iniciar el procedimiento tendiente a esos fines. Dicho procedimiento (que incluye consultas y negociaciones con los participantes involucrados y la intervención del Comité de Participantes del Acuerdo), está regulado en los incisos 2 y 3 de este artículo.

Otra hipótesis de retiro de las concesiones (o de suspensión, si se prefiere) es aquella mencionada en el artículo 12 que prevé el caso de que un Estado deje de ser participante de presente Acuerdo.

También para este caso está prevista la notificación al Comité (Art. 12 in fine).

Como se dijo más arriba, el Acuerdo también permite que un participante pueda evitar un perjuicio grave o la amenaza de éste a sus productores nacionales a través de la aplicación de medidas de salvaguardia (Art. 13). Para esto, debe tratarse de productores nacionales de productos iguales o similares que resulten perjudicados como «consecuencia directa de un aumento sustancial imprevisto de las importaciones que disfrutan en virtud del SGPC» (3). Se regula el establecimiento de salvaguardias estipulando que éstas «deberían ser compatibles con los fines y los objetivos del SGPC» (1 inc. a), a la vez que no aplicarse «de forma discriminatoria entre los participantes».

En el 1, inciso b) se indica que las salvaguardias «deberían estar en vigor sólo en la medida y durante el tiempo necesario para prevenir o remediar ese perjuicio», lo que resulta conforme con la esencia del mecanismo.

El procedimiento para la adopción de las medidas de salvaguardia, y que incluye notificación al Comité y consultas entre los participantes, está regulado en la segunda parte (parte final) del artículo 13. Es necesario hacer notar que, por regla general y excepto circunstancias críticas, «toda medida se adoptará previa consulta entre las partes interesadas».

Además, la carga de la prueba del perjuicio eventual corresponderá a los participantes que tengan la intención de adoptarlas, estableciéndose como único parámetro para la evaluación del perjuicio lo dispuesto en el Capítulo I del Acuerdo (al que referimos en nota ut supra), y consignándose por otro lado, que los participantes deberán convencer, en su argumentación del perjuicio o su amenaza»; «a las partes involucradas dentro del Comité» (1 inc. c.). Deberán entonces celebrarse las consultas mencionadas entre las partes interesadas a los efectos de llegar a un acuerdo con respecto a «la naturaleza y la duración de la medida que se quiera adoptar, o que se haya adoptado ya» (la adopción previa a la consulta sólo es posible en «circunstancias críticas») (4).

Finalmente, si no hay acuerdo en las consultas «el acuerdo debería someterse al Comité para que lo resuelva». Si éste no lo hace en un plazo de cuatro semanas, la(s) parte(s) afectada(s) por la medida de salvaguardia queda(n) libre(s) de «retirar concesiones equivalentes u otras obligaciones dimanantes del SGPC que el Comité no desapruebe» (2.b).

Otra medida de salvaguardia (aunque no se utilice esta terminología) está regulada por el artículo 14. Se trata de la habitualmente llamada salvaguardia por razones de balanza de pagos.

El artículo 16, por su parte, regula el procedimiento para la negociación de contratos a mediano y largo plazo entre participantes en el SGPC que resulten interesados. Estos contratos contendrían «compromisos de importación y exportación de determinados productos básicos u otros productos» (Art. 16.1).

El artículo 16.2 indica en concreto los procedimientos a fin de facilitar la negociación y concertación de dichos contratos: se trata de obligaciones en cuanto a la designación de los productos en los que, tanto participantes exportadores, como importadores están dispuestos a «asumir compromisos de suministros» (incs. a y b) y a la tarea de intermediación e información que al respecto le es otorgada al Comité (lit. c) y artículo 16, inciso 3).

Otra normativa que las Partes deberán tomar en cuenta a la hora de negociar y concertar en el marco del SGPC es toda aquella referida al trato especial a los países menos adelantados, que el Acuerdo recoge en su artículo 17.

Este artículo dispone que «se llegará a un acuerdo sobre medidas preferenciales concretas a favor de dichos países» (inc. 1). Por «país menos adelantado» se entiende un país designado tal por las Naciones Unidas (lit. b) del artículo 1, Capítulo I.

Para estos «países menos adelantados» se excluye expresamente el principio de la reciprocidad en las concesiones y, como ya se vio, se les otorga el beneficio de la cláusula de la nación más favorecida, en forma incondicional y automática, respecto de todas las concesiones que se intercambian dentro del SGPC «en negociaciones bilaterales/plurilaterales que sean multilateralizadas» (inc. 2).

El artículo 17 establece luego una serie de requisitos (incisos 3 y 4) para que los PMA aprovechen el mecanismo instituido, así como otros que refieren al tipo de concesiones que los PMA están habilitados a solicitar, en relación con los productos de exportación que ellos mismos determinan. Estas concesiones solicitadas (de naturaleza arancelaria, para-arancelaria, no arancelaria y/o sobre medidas comerciales directas como los contratos a largo plazo) deberán ser examinadas por los participantes «con comprensión»; y «siempre que sea posible» acceder a las mismas.

El artículo 18 se encarga de dejar en claro la compatibilidad que el presente Acuerdo mantiene con las agrupaciones subregionales, regionales e interregionales, presentes y futuras, entre países en desarrollo. Los miembros de tales agrupaciones «no tendrán ninguna obligación de hacer extensivos los beneficios... (de las concesiones comerciales que existan entre sí),... aplicándose además estas disposiciones en igual medida a todas las preferencias arancelarias, para-arancelarias y no arancelarias que en el futuro lleguen a aplicarse dentro de tales agrupaciones...»

El Capítulo VI trata de las consultas y la solución de controversias.

Con respecto a las primeras se comprueba que éstas no son otra cosa que un mecanismo voluntario destinado a mantener en permanente buen funcionamiento el Acuerdo. Así cada participante considerará «con comprensión» la posibilidad de celebrar consultas «acerca de las propuestas que pueda hacer otro participante» y que refieran a afectar el funcionamiento del Acuerdo (Art. 19). El artículo 20, a su vez, indica el procedimiento para suspender la aplicación de una concesión por parte del damnificado, en los casos en que ha existido un supuesto menoscabo a un beneficio otorgado con arreglo al presente Acuerdo y donde no ha habido acuerdo entre las Partes para poder solucionarlo, ni siquiera con la prevista intervención del Comité (Art. 20 in fine). El procedimiento instituido resulta muy parecido al previsto en el artículo 13 para la adquisición de una medida de salvaguardia.

Este Capítulo VI prevé finalmente la solución de controversias: en primer lugar se postulan las ya vistas consultas entre las Partes para intentar que la controversia «sobre la interpretación y aplicación» del presente Acuerdo se «resuelva amigablemente» (Art. 21). Si este mecanismo no da resultado, podrá ser sometido al Comité (no obligatorio) quien hará una recomendación al respecto. El Comité está asimismo facultado para adoptar «normas adecuadas» en este tema (Art. 21 in fine y Art. 7) lo que parece deseable para la buena aplicación del Acuerdo.

En cuanto al establecimiento, conformación y funciones del Comité de Participantes al que se ha hecho mención en reiteradas ocasiones, corresponde señalar que está previsto en el Capítulo VI, artículo 7. Al Comité le compete «adoptar las medidas necesarias para velar por la debida consecución de los objetivos y la debida aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo» (inc. 1). Tiene además tareas en cuanto a la «promoción de nuevas negociaciones para ampliar la lista de concesiones» y en materia de «difusión rápida y completa de información comercial» (inc. 1, lit. a). Estará integrado por los representantes de los gobiernos (inc. 1) y tomará sus decisiones por mayoría de 2/3 en las cuestiones de fondo y por mayoría simple en aquellas de procedimiento (inc. 2, lit. c). Sin perjuicio de ello «tratará de que todas sus decisiones se tomen por consenso» (inc. 2, lit. a). No corresponde extenderse sobre sus funciones específicas pues ya se han verificado casi todas en referencia a otros temas.

El Acuerdo se completa en el Capítulo VII referido a las clásicas «Disposiciones Finales» de todo tratado. Se tratan sucesivamente (Arts. 22, 23, 24, 25 y 27), los temas de la aplicación del Acuerdo, del país depositario, de la firma, de la ratificación del Acuerdo y de la aplicación provisional por un máximo de 2 años.

El artículo 26, por su parte, establece que la entrada en vigor será 30 días «después de que 15 Estados del Grupo de los 77 enumerado en el Anexo I, de las tres regiones del grupo de los 77 que hayan intercambiado concesiones, hayan depositado sus instrumentos de ratificación».

El artículo 28 dispone a su vez que el Acuerdo quedará abierto a la adhesión de cualquier otro miembro del grupo de los 77 a partir del sexto mes luego de que entre en vigor el Acuerdo, estableciéndose luego pautas para cumplir con la misma (Art. 28, lit. a) a e).

Los artículos 29, 30 y 31 refieren respectivamente a la posibilidad de efectuar enmiendas al Acuerdo, para lo cual son requeridas distintas mayorías según el tema de que se trate, a la posibilidad de retiro del Acuerdo, y a la posibilidad de efectuar reservas respecto de cualquier disposición del Acuerdo que no sea incompatible con su objeto y propósito.

Los artículos 32 y 33 establecen salvedades a la aplicación del Acuerdo para circunstancias excepcionales referidas a la necesidad de negociaciones directas o a la seguridad.

5. ANEXOS

Para terminar es necesario hacer mención a los Anexos. A éstos se refiere el artículo 1, literal a), punto 1, cuando menciona que en el Anexo se adjunta una lista de los participantes en el Acuerdo. También refiere a este anexo el ya visto artículo 26 sobre entrada en vigor.

El Anexo 2, en consonancia con el artículo 15, establece las normas de origen, precisándose en dicho artículo que «los productos contenidos en las listas de concesiones (que figuran en el Anexo 4 de este Acuerdo) gozarán de trato preferencial si cumplen las normas de origen contenidas en el Anexo 2».

El Anexo 3 refiere a Medidas adicionales en favor de los PMA, y el Anexo 4, como va dicho, a las listas de concesiones pactadas en el Acuerdo.

Por todo lo expuesto, y por considerarlo de interés para nuestra República, esta Comisión recomienda la aprobación del presente Acuerdo.

Sala de la Comisión, 25 de noviembre de 1991.

Sergio Abreu (Miembro Informante), Juan Carlos Blanco, Leopoldo Bruera, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

«ARTICULO UNICO. - Apruébase el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, suscripto por la República en la ciudad de Belgrado, el 13 de abril de 1988».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

15) FONDO COMPLEMENTARIO JUBILATORIO DE LA INDUSTRIA PERIODISTICA. Modificación del artículo 18 de la Ley Nº 13.641. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 18 de la Ley Nº 13.641, de 2 de enero de 1968, por la que se crea el Fondo Complementario Jubilatorio de la Industria Periodística. (Carp. Nº 653/91 - Rep. Nº 312/91)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 653/91
Rep. Nº 312/91

Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 23 de octubre de 1991.

Señor Presidente
de la Asamblea General
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a efectos de someter a su consideración el adjunto proyecto de artículo a incorporar a la Ley Nº 13.641, de 2 de enero de 1968, en base a los siguientes puntos.

Al crearse el Fondo Complementario Jubilatorio para la Industria Periodística de Montevideo, contenido en los Arts. 16 al 20 de la Ley Nº 13.641, de 2 de enero de 1968 (Ley de Prensa), se tuvo en cuenta para la creación de este Fondo, fundamentalmente la situación de los trabajadores que, contra su voluntad, quedaran desocupados y tuvieran que hacer uso del derecho jubilatorio para resolver su falta de ingresos, al no conseguir reincorporarse laboralmente a la industria.

Desde aquel momento, se fue produciendo una constante reducción de publicaciones de diarios, lo que hacía imposible una reubicación total de los trabajadores desocupados de la Prensa, o incluso, esta ley tiene como su origen la crisis que atravesó la Prensa, que derivó en un conflicto de 114 días de duración en 1967, y que tuvo como base de solución al mismo, la creación de la Ley Nº 13.641.

Similar situación, consideramos, atravesaron los trabajadores de la Prensa que desde el 9 de febrero de 1973 al 15 de febrero de 1985, quedaron desocupados por clausuras o cierres de diarios, como asimismo los despedidos, sin causal de mala conducta laboral, en los diarios que continuaron publicándose.

En base a lo precedente, consideramos justa la incorporación de estos trabajadores en el Fondo Complementario Jubilatorio para que, dada la finalidad del mismo, sus beneficios los amparen, paliando así en algo, la imposibilidad de rehacer su nivel de ingresos por no lograr su reubicación en la Industria.

Saluda al Sr. Presidente con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Cat, Enrique Braga Silva, Juan Andrés Ramírez.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Agrégase al Art. 18 de la Ley Nº 13.641, del 2 de enero de 1968, el inciso final siguiente: «Tendrán también derecho al Fondo Complementario instituido por la presente ley, los trabajadores de diarios de Montevideo que durante el período 9 de febrero de 1973 al 15 de febrero de 1985, quedaron cesantes por cierre o clausura de los diarios en que trabajaban, o por despido en el caso de aquellos que continuaron publicándose, habiéndose acogido a la pasividad por tal motivo.

Asimismo, tendrán igual derecho los que se incorporaron a las bolsas de trabajo creadas por las Leyes Nos. 13.867, 13.960, 13.961, 14.080 y sus prórrogas, y que al finalizar la percepción del subsidio servido por las mismas, optaron por acogerse a la pasividad. Los derechos emergentes del presente inciso, deberán deducirse dentro de un plazo de 60 días a partir de la fecha de la vigencia de esta ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará el derecho instituido en este inciso».

Art. 2º. - Considerando muy especialmente que el número de nuevos beneficiarios no perjudique, por incapacidad financiera, la situación de los actuales beneficiarios, queda facultado el Poder Ejecutivo para suspender o disponer la efectividad de los derechos emergentes del artículo que precede, previa consulta con la Comisión Administradora del Fondo Complementario de la Industria Periodística de Montevideo.

Art. 3º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Carlos Cat, Enrique Braga Silva, Juan Andrés Ramírez.

MEMORANDUM

El Fondo Complementario Jubilatorio de la Industria Periodística de Montevideo, fue creado por la Ley Nº 13.641 que fuera publicada en el Diario Oficial el 8 de enero de 1968.

En el artículo 3º apartado d) se especifica el porcentaje que constituirá los recursos de ese Fondo provenientes de un impuesto a la importación de papel de diarios.

El impuesto total en su inciso era el 16% del valor CIF y de ese porcentaje los distintos Organismos de previsión social recaudaban una parte.

Al Fondo Complementario le correspondió un 10% de ese 16%, es decir el 1.6%.

Posteriormente, las empresas periodísticas solicitaron una modificación a la ley para pasar a aportar al Banco de Previsión Social como el resto de las empresas y esa modificación fue efectuada, por lo que se mantuvo como impuesto a la importación del papel de diarios únicamente el 1.6% para atender las obligaciones del Fondo Complementario.

El citado Fondo está administrado por una Comisión que fue creada por el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 22 de febrero de 1968 y que ha desarrollado su actividad en forma ininterrumpida desde el 22 de abril de 1968, hasta la actualidad.

Esta Comisión está presidida en la actualidad por el Dr. Ricardo Reilly, en representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En sus comienzos la Comisión efectuó un llamado a todo el personal perteneciente a las empresas periodísticas de Montevideo, que reunieran las exigencias establecidas por la ley, es decir, que tuvieran 50 años de edad y 30 años de servicios a la fecha de vigencia. El registro permaneció incambiado hasta el año 1979 en que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó una resolución incluyendo en el Fondo a cinco personas que habían cumplido con todos los requisitos legales, pero no habían formalizado su inscripción en tiempo y forma.

La Comisión abona en forma trimestral un complemento de la jubilación a cada uno de sus beneficiarios (80 en el último trimestre). El complemento se ubica en N$ 120.000 mensuales.

La estabilidad del Fondo Complementario depende del equilibrio entre el número de los beneficiarios y la disponibilidad de los recursos.

Siempre se ha tratado de tener el importe de dos o tres trimestres como fondo de reserva.

La iniciativa legal para el ingreso de nuevos beneficiarios a estudio, ya fue considerado por esta Comisión, que estimó que de acuerdo al número de los posibles ingresos (aproximadamente 40 personas) no afectaría la disponibilidad actual, permitiendo que esas personas pudieran beneficiarse con la percepción del complemento que otorga la ley, sin desfinanciar el fondo.

En consecuencia, entendemos que podría hacerse lugar a los nuevos ingresos que se producirían con la referida modificación legal, quedando a cargo de la Comisión el estudio de los posibles ingresos y su elevación posterior con el correspondiente informe.

Firmas ilegibles, Ricardo Reilly, Emilio Mataitis, Guillermo Israel, Dr. Enrique Tarigo.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, luego del estudio correspondiente, aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje de fecha 23 de octubre de 1991, por el que se extiende el beneficio de la prestación complementaria a la asignación de jubilación vigente para determinados ex-trabajadores de los diarios de Montevideo (creado por la Ley Nº 13.641, de 2 de enero de 1968), a quienes fueron forzados a cesar en la misma actividad en el período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 15 de febrero de 1985.

La citada Ley Nº 13.641, fue dictada para resolver varios de los problemas que dieron origen o que fueron consecuencia de un prolongado conflicto laboral ocurrido en 1967 y que se extendió por 114 días. En lo sustancial, sus disposiciones establecieron la sustitución de los aportes (contribuciones) patronales a los distintos organismos de seguridad (Banco de Previsión Social, Consejo Central de Asignaciones Familiares y Seguro de Enfermedad) por varios tributos que se crearon, entre los que cabe destacar «una tasa única del 16% sobre el valor CIF del papel de diario, importado por las empresas periodísticas y otras que se dediquen a ese tipo de importación».

Del producido de esa «tasa» se destinó el 10% como aporte para financiar el Fondo Complementario para empleados y obreros de las empresas periodísticas de Montevideo, instituido por la misma ley y regulado en su Capítulo V (artículos 16 a 20).

El referido «Fondo Complementario de la Industria Periodística de Montevideo», es administrado por una Comisión integrada por un delegado nombrado por el Poder Ejecutivo, que la preside, dos delegados de las empresas periodísticas de la capital y dos delegados de los trabajadores de las referidas empresas, debiendo pertenecer uno de ellos al sector de los obreros gráficos y el otro al sector de los empleados de administración y redacción (artículo 16).

Los recursos del Fondo se destinan a servir una prestación complementaria de la jubilación, a aquellos trabajadores de la prensa escrita de Montevideo que a partir de la vigencia de la Ley Nº 13.641, se acogieron a la pasividad por configurar causal acreditando cincuenta años de edad y treinta años de servicios y que dedujeron sus derechos dentro del término de ciento veinte días a partir de la expresada fecha.

Corresponde señalar que si bien el Decreto-Ley Nº 15.189, de 8 de octubre de 1981, restableció el régimen de aportación patronal a la seguridad social para las empresas periodísticas de Montevideo, mantuvo el recurso del «Fondo Complementario» estableciendo una «tasa única» del 16 o/oo (dieciséis por mil) sobre el valor CIF del papel de diario importado.

Sobre la actual situación de este Fondo y la posibilidad de servir las prestaciones a los nuevos beneficiarios que el presente proyecto de ley propone incorporar, la Comisión Administradora (integrada por los señores doctor Ricardo Reilly, Luis Martuscello, doctor Enrique Tarigo, Emilio Mataitis y Guillermo Isabel), en memorándum adjunto al Mensaje del Poder Ejecutivo, expresa:

«La Comisión abona en forma trimestral un complemento de la jubilación a cada uno de sus beneficiarios (80 en el último trimestre). El complemento se ubica en N$ 120.000 mensuales.

La estabilidad del Fondo Complementario depende del equilibrio entre el número de los beneficiarios y la disponibilidad de los recursos.

Siempre se ha tratado de tener el importe de dos o tres trimestres como fondo de reserva.

La iniciativa legal para el ingreso de nuevos beneficiarios a estudio, ya fue considerado por esta Comisión, que estimó que de acuerdo al número de los posibles ingresos (aproximadamente 40 personas) no afectaría la disponibilidad actual, permitiendo que esas personas pudieran beneficiarse con la percepción del complemento que otorga la ley, sin desfinanciar el fondo».

Esta asesora comparte plenamente la iniciativa del Poder Ejecutivo, en tanto los trabajadores de la prensa que cesaron durante el período de gobierno de facto por clausura de las publicaciones para los que trabajaron o por despido atribuible a motivos políticos, ideológicos o gremiales, se vieron obligados a jubilarse con una reducción importante de sus ingresos normales. Por lo que cabe asimilar su situación a la de quienes fueron originalmente beneficiados por la Ley Nº 13.641.

Por el mismo fundamento, no se comparte la propuesta a que refiere el artículo 2º de dicha iniciativa, que faculta al Poder Ejecutivo a suspender «la efectividad de los adeudos emergentes» de la disposición del artículo 1º, «considerando muy especialmente qué número de nuevos beneficiarios no perjudique por incapacidad financiera, la situación de los actuales beneficiarios».

Entiende la Comisión, que siendo de justicia amparar en el «Fondo Complementario» a los trabajadores cesados contra su voluntad en el período 9/2/73 - 15/2/85 -como el propio Poder Ejecutivo lo sostiene y propicia- no cabe hacerlo en forma condicional, sujeta a futuras revisiones, máxime cuando del informe transcripto de la Comisión Administradora surge que los recursos del Fondo son suficientes para atender a los nuevos beneficiarios. En todo caso, si en algún momento esos recursos devinieran insuficientes -lo que obviamente se puede prever con razonable antelación- se podrán establecer otros adicionales.

Las consideraciones expuestas determinan a esta asesora a aconsejar al Senado la aprobación del proyecto sustitutivo adjunto, con un único artículo de texto idéntico al del artículo 1º de la propuesta del Poder Ejecutivo; mientras que sus integrantes quedan a la orden del Cuerpo para las ampliaciones del presente Informe que se soliciten.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 1991.

Carlos Cassina (Miembro Informante), Mariano Arana, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico. - Agrégase al artículo 18 de la Ley Nº 13.641, de 2 de enero de 1968, el inciso final siguiente:

«Tendrán también derecho al Fondo Complementario instituido por la presente ley, los trabajadores de diarios de Montevideo que durante el período 9 de febrero de 1973 al 15 de febrero de 1985, quedaron cesantes por cierre o clausura de los diarios en que trabajaban, o por despido en el caso de aquellos que continuaron publicándose, habiéndose acogido a la pasividad por tal motivo.

Asimismo tendrán igual derecho los que se incorporaron a las Bolsas de Trabajo creadas por las Leyes Nos. 13.867, 13.960, 13.961, 14.080 y sus prórrogas, y que al finalizar la percepción del subsidio servido por las mismas, optaron por acogerse a la pasividad. Los derechos emergentes del presente inciso, deberán deducirse dentro de un plazo de 60 días a partir de la fecha de la vigencia de esta ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará el derecho instituido en este inciso».

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 1991.

Carlos Cassina (Miembro Informante), Mariano Arana, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

«ARTICULO UNICO. - Agrégase al artículo 18 de la Ley Nº 13.641, de 2 de enero de 1968, el inciso final siguiente:

«Tendrán también derecho al Fondo Complementario instituido por la presente ley, los trabajadores de diarios de Montevideo que durante el período 9 de febrero de 1973 al 15 de febrero de 1985, quedaron cesantes por cierre o clausura de los diarios en que trabajaban, o por despido en el caso de aquellos que continuaron publicándose, habiéndose acogido a la pasividad por tal motivo.

Asimismo tendrán igual derecho los que se incorporaron a las Bolsas de Trabajo creadas por las Leyes Nos. 13.867, 13.960, 13.961, 14.080 y sus prórrogas, y que al finalizar la percepción del subsidio servido por las mismas, optaron por acogerse a la pasividad. Los derechos emergentes del presente inciso, deberán deducirse dentro de un plazo de 60 días a partir de la fecha de la vigencia de esta ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará el derecho instituido en este inciso».

-En consideración.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Con el apoyo de los miembros de la Comisión propuse agregar un nuevo artículo. El mismo está en poder de la Mesa y tiene como finalidad que las aproximadamente cuarenta personas involucradas, tengan el derecho al beneficio al día siguiente de la promulgación de la ley. Debo recordar que este Fondo Complementario está administrado por una Comisión Honoraria y según los datos que poseemos, solamente cuenta con recursos para el pago de dos o tres meses. De todas formas, se admite que la incorporación de esas cuarenta personas no va a desestabilizar dicho Fondo. Este artículo busca evitar el efecto retroactivo, porque si esos ciudadanos se presentaran a reclamar que se les pague el beneficio desde la vigencia de la ley, evidentemente provocarán un desajuste en la economía del Fondo.

Queda claro pues, que se trata de un acto de justicia al incorporar a los trabajadores de la prensa que no estaban comprendidos en esa disposición y se mantiene la estabilidad del Fondo Complementario, para que pueda cumplir con su finalidad.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CASSINA. - Aunque no he podido consultar a los demás integrantes de la Comisión, como miembro informante estoy de acuerdo con el artículo propuesto por el señor senador Silveira Zavala, ya que va en el mismo sentido que el resto del proyecto de ley: se aplicará a partir de su vigencia. No puede entenderse que exista derecho a la percepción retroactiva por parte de los beneficiarios, porque la ley no tiene un texto interpretativo, sino que se amplía expresamente el número de beneficiarios de este Fondo de la Prensa. Reitero, estoy totalmente de acuerdo con que se aclare expresamente con una disposición como la que propone el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - No quise tener una actitud poco delicada hacia el miembro informante, señor senador Cassina, quien sabe el efecto que le tengo. Por lo tanto, consulté con los miembros de la Comisión que están presentes en Sala porque, en su oportunidad, ya habíamos tratado el tema.

Lo que sucede es que con estos proyectos siempre pasa lo mismo; primero, se logra la inclusión de las personas en el fondo complementario, las que luego presentan sus reclamos a partir de la entrada en vigencia de la ley, porque tienen derechos adquiridos desde mucho tiempo atrás y, por una razón o por otra, no los han podido efectivizar. Ahora, contamos con la iniciativa del Poder Ejecutivo y con el informe favorable de la Comisión Honoraria que administra el Fondo. En consecuencia, al incluirlos, queremos prevenir futuras reclamaciones, a fin de lograr una protección económica adecuada de los que ya disponen de ese Fondo Complementario y la de los beneficiarios que van a ingresar a él.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Corresponde votar, en primer término, el artículo venido de la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo aditivo propuesto por el señor senador Silveira Zavala, que pasará a ser segundo.

(Se lee:)

«ARTICULO 2º. - El beneficio que acuerda esta ley se hará efectivo a partir del día siguiente al de su promulgación».

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

«ARTICULO 1º. - Agrégase al artículo 18 de la Ley Nº 13.641, de 2 de enero de 1968, el inciso final siguiente:

«Tendrán también derecho al Fondo Complementario instituido por la presente ley, los trabajadores de diarios de Montevideo que durante el período 9 de febrero de 1973 al 15 de febrero de 1985, quedaron cesantes por cierre o clausura de los diarios en que trabajaban, o por despido en el caso de aquellos que continuaron publicándose, habiéndose acogido a la pasividad por tal motivo.

Asimismo tendrán igual derecho los que se incorporaron a las Bolsas de Trabajo creadas por las Leyes Nos. 13.867, 13.960, 13.961, 14.080 y sus prórrogas, y que al finalizar la percepción del subsidio servido por las mismas, optaron por acogerse a la pasividad. Los derechos emergentes del presente inciso, deberán deducirse dentro de un plazo de 60 días a partir de la fecha de la vigencia de esta ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará el derecho instituido en este inciso».

«ARTICULO 2º. - El beneficio que acuerda esta ley se hará efectivo a partir del día siguiente al de su promulgación».

16) JORNADA NOCTURNA DE TRABAJO Y BONIFICACION MINIMA QUE CORRESPONDE A LA MISMA. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se pasa a considerar el 8º punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas sobre jornada nocturna de trabajo y la bonificación mínima que corresponde a la misma. (Carp. Nº 314/90 - Rep. Nº 318/91)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 314/90
Rep. Nº 318/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - A los efectos de la presente ley se entiende jornada nocturna aquella comprendida entre la hora 22 y la hora 6.

Art. 2º. - Jornada mixta es la que comprende períodos de la jornada diurna y nocturna siempre que el período trabajado en horario nocturno sea menor de cinco horas, pues de comprender ese tiempo o más, la jornada se reputará nocturna. En ningún caso las horas bonificadas serán más de ocho por jornada.

Art. 3º. - El salario correspondiente a las jornadas nocturnas tendrá una bonificación mínima del 20% (veinte por ciento), calculada sobre la base del que corresponde a las jornadas diurnas.

Art. 4º. - En el caso de jornadas mixtas, la bonificación establecida en el artículo anterior se aplicará para las horas trabajadas dentro del horario a que hace referencia el artículo 1º.

Art. 5º. - En aquellos casos en que las formas de retribución determinen especiales dificultades a las partes para la liquidación de la compensación por nocturnidad, el Poder Ejecutivo reglamentará las formas de cálculo y los procedimientos sobre la base de un ficto que no podrá ser inferior al salario mínimo fijado para las categorías del respectivo grupo de actividad.

Dicha reglamentación deberá asegurar que la bonificación que perciban los trabajadores se ajuste a lo establecido en los artículos precedentes.

Art. 6º. - Este régimen podrá ser modificado cuando así se acuerden en un convenio colectivo que otorgue al trabajador beneficios superiores a los establecidos por la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de setiembre de 1990.

Héctor Martín Sturla Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado: tanto por razones biológicas, como sociales y culturales ha existido desde largo tiempo atrás, una lógica preocupación por la obtención de adecuadas retribuciones por tareas efectuadas en horarios nocturnos. Tal preocupación se ha ido consolidando y aun acentuando, en la medida que los avances técnicos y los procesos de producción contemporáneos han exigido jornadas atípicas, perturbando las condiciones de vida familiar y aún la estabilidad física y anímica del trabajador.

Por lo mismo, se considera positivo contar con una legislación apropiada que asegure una razonable compensación económica por la mayor exigencia laboral que la nocturnidad implica. Con ello se procura amparar a todas las situaciones que no estuviesen amparadas por convenios establecidos entre patronos y trabajadores mediante los cuales éstos últimos obtengan retribuciones más beneficiosas que las otorgadas en la presente ley.

Aun compartiendo sustancialmente el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, esta asesora entiende debe incorporarse como aditivo al artículo 6º que no figuraba en el texto que obtuvo media sanción parlamentaria, en tanto la información recibida por la Comisión de parte de los empresarios y trabajadores del sector de transporte (urbano, interdepartamental, carretero, etc.) lleva a la conclusión que la aplicación de las normas proyectadas a dicho sector, resultaría perjudicial para ambas partes por las modalidades específicas del trabajo en esa área, donde, si bien se aplica convencionalmente un horario nocturno más reducido, la compensación es mucho mayor a la que propicia la presente iniciativa.

Por las razones expuestas esta Comisión aconseja al Senado la aprobación del referido proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 1991.

Mariano Arana (Miembro Informante), Carlos Cassina, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - A los efectos de la presente ley se entiende jornada nocturna aquella comprendida entre la hora 22 y la hora 6.

Art. 2º. - Jornada mixta es la que comprende períodos de la jornada diurna y nocturna siempre que el período trabajado en horario nocturno sea menor de cinco horas, pues de comprender ese tiempo o más, la jornada se reputará nocturna. En ningún caso las horas bonificadas serán más de ocho por jornada.

Art. 3º. - El salario correspondiente a las jornadas nocturnas tendrá una bonificación mínima del 20% (veinte por ciento), calculada sobre la base del que corresponde a las jornadas diurnas.

Art. 4º. - En el caso de jornadas mixtas, la bonificación establecida en el artículo anterior se aplicará para las horas trabajadas dentro del horario a que hace referencia el artículo 1º.

Art. 5º. - En aquellos casos en que las formas de retribución determinen especiales dificultades a las partes para la liquidación de la compensación por nocturnidad, el Poder Ejecutivo reglamentará las formas de cálculo y los procedimientos sobre la base de un ficto que no podrá ser inferior al salario mínimo fijado para las categorías del respectivo grupo de actividad.

Dicha reglamentación deberá asegurar que la bonificación que perciben los trabajadores se ajuste a lo establecido en los artículos precedentes.

Art. 6º. - Lo dispuesto en los artículos anteriores no se aplicará a la actividad del transporte, con excepción del personal afectado a los talleres y al sector administrativo.

Art. 7º. - Este régimen podrá ser modificado cuando así se acuerde en un convenio colectivo que otorgue al trabajador beneficios superiores a los establecidos por la presente ley.

Sala de la Comisión, 25 de julio de 1991.

Mariano Arana (Miembro Informante), Carlos Cassina, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Léase el Proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: queremos hacer notar que entendemos muy justificada la aprobación de este proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes, en tanto contempla situaciones que se han ido generalizando por los propios avances tecnológicos registrados en el mundo y que multiplicaron el trabajo nocturno.

Con respecto a ello, la Cámara de Representantes entendió conveniente agregar un artículo que tuviera en cuenta que esta normativa no habría de aplicarse donde existieran convenios que aseguraran mejores condiciones a las establecidas por el propio proyecto.

Dado que algunos convenios existentes quedan comprendidos en la excepcionalidad establecida por el presente proyecto de ley es que se propone, como artículo 6º, la ya mencionada excepcionalidad con respecto a los trabajadores vinculados con el transporte, en los distintos ámbitos en que esa actividad se desarrolla en el país.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

Además, y salvo que algún señor senador quiera hacer referencia a alguno de ellos, propongo que se vote en bloque el total del articulado del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la supresión de la lectura propuesta.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 1º. - A los efectos de la presente ley se entiende jornada nocturna aquella comprenda entre la hora 22 y la hora 6.

Art. 2º. - Jornada mixta es la que comprende períodos de la jornada diurna y nocturna siempre que el período trabajado en horario nocturno sea menor de cinco horas, pues de comprender ese tiempo o más, la jornada se reputará nocturna. En ningún caso las horas bonificadas serán más de ocho por jornada.

Art. 3º. - El salario correspondiente a las jornadas nocturnas tendrá una bonificación mínima del 20% (veinte por ciento), calculada sobre la base del que corresponde a las jornadas diurnas.

Art. 4º. - En el caso de jornadas mixtas, la bonificación establecida en el artículo anterior se aplicará para las horas trabajadas dentro del horario a que hace referencia el artículo 1º.

Art. 5º. - En aquellos casos en que las formas de retribución determinen especiales dificultades a las partes para la liquidación de la compensación por nocturnidad, el Poder Ejecutivo reglamentará las formas de cálculo y los procedimientos sobre la base de un ficto que no podrá ser inferior al salario mínimo fijado para las categorías del respectivo grupo de actividad.

Dicha reglamentación deberá asegurar que la bonificación que perciban los trabajadores se ajuste a lo establecido en los artículos precedentes.

Art. 6º. - Lo dispuesto en los artículos anteriores no se aplicará a la actividad del transporte, con excepción del personal afectado a los talleres y al sector administrativo.

Art. 7º. - Este régimen podrá ser modificado cuando así se acuerde en un convenio colectivo que otorgue al trabajador beneficios superiores a los establecidos por la presente ley».)

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los artículos.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

17) AGUSTIN RAMON BISIO. Se designa con su nombre a la Escuela Nº 112 del departamento de Rivera. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se pasa a considerar el 9º punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre de ‘Agustín  Ramón Bisio’ la Escuela Nº 112 del departamento de Rivera. (Carp. Nº 648/91 - Rep. Nº 317/91)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 648/91
Rep. Nº 317/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre «Agustín Ramón Bisio» a la Escuela Nº 112 del departamento de Rivera, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de octubre de 1991.

Juan Adolfo Singer Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario


PODER EJECUTIVO
Ministerio de

Educación y Cultura

Montevideo, 15 de octubre de 1990.

Sr. Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el fin de someter a su consideración, el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa a la Escuela Nº 112 de 1er. Grado del departamento de Rivera con el nombre de: «Agustín Ramón Bisio».

La propuesta efectuada por la Comisión Pro-Fomento, recoge la inquietud de la Dirección, personal docente y vecinos y cuenta con la aprobación de las autoridades educativas.

Agustín Ramón Bisio, destacada personalidad riverense, dejó una importante obra cultural y literaria que constituye un orgullo para el departamento.

El edificio escolar se levanta hoy en el solar donde él nació y fue donado por sus familiares para ese fin.

De esta manera, se hace pues, un justo homenaje a quien realizara tan valioso y trascendente aporte a la comunidad local y nacional.

El Poder Ejecutivo saluda al Sr. Presidente con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Guillermo García Costa.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Desígnase con el nombre de «Agustín Ramón Bisio» a la Escuela Nº 112 del departamento de Rivera.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Guillermo García Costa, Ministro de Educación y Cultura.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Educación y Cultura

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Educación y Cultura de este Cuerpo, aconseja la aprobación del proyecto de ley por el cual se designa con el nombre de «Agustín Ramón Bisio», la escuela número ciento doce de Primer Grado de Rivera.

En este proyecto se recoge la inquietud de la Dirección, personal docente y vecinos, además de contar con la aprobación de autoridades de la enseñanza.

Agustín Ramón Bisio, nació en Rivera, y ya desde pequeño manifestó su amor por la literatura. Constituye un orgullo para el departamento, ya que dejó una importante obra cultural y literaria.

El solar donde se encuentra el edificio en que funciona esta escuela, fue donado por sus familiares.

Agustín Ramón Bisio falleció el 23 de julio de 1952.

Creemos que con esta designación se cumple con un justo homenaje a quien realizara un aporte tan significativo al departamento y al país.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 1991.

Enrique Cadenas Boix (Miembro Informante), Ernesto Amorín Larrañaga, Mariano Arana, José Germán Araújo, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

«ARTICULO 1º. - Desígnase con el nombre ‘Agustín Ramón Bisio’ a la Escuela Nº 112 del departamento de Rivera, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria».)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

18) GENERAL BASILIO MUÑOZ. Se designa con su nombre un tramo de la Ruta 19. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se pasa a considerar el 10º punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre de ‘General Basilio Muñoz’, el tramo de la Ruta 19, comprendido entre la Ruta 7 ‘General Aparicio Saravia’ y la Ruta 6. (Carp. Nº 696/91 - Rep. Nº 333/91").

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 696/91
Rep. Nº 333/91

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Desígnase con el nombre de ‘General Basilio Muñoz’, el tramo de la Ruta 19, comprendido entre la Ruta 7 «General Aparicio Saravia», (en la ciudad de Cerro Chato) y la Ruta 6.

Art. 2º. - En los extremos de la citada Ruta, y frente a la entrada del establecimiento de campo que perteneciera a Basilio Muñoz, se colocarán sendas placas con la inscripción: ‘Ruta 19 - General Basilio Muñoz’. Defensor de las libertades públicas».

Manuel Singlet. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Basilio Muñoz es una de las personalidades más significativas de la historia política de nuestro país, activo protagonista de varios de sus enfrentamientos armados.

En ese tramo de la Ruta 19, se encuentra buena parte del escenario de su gesta revolucionaria y de su propia vida. En esa zona trabajó, formó su familia, se encuentra el casco de la que fuera su estancia, han vivido sus descendientes, y se le recuerda con particular respeto y admiración.

Atenuadas las pasiones que motivaron estos enfrentamientos, el nombre de Basilio Muñoz es para todos, símbolo de rebeldía y heroísmo.

En el prólogo del libro: «Vida de Basilio Muñoz», que se terminó de imprimir en 1938, decía Carlos Quijano:

«Para Basilio Muñoz el tiempo no existe. Hombre de ayer y hombre de hoy, es hombre de mañana. Planea y construye, tan rebosante de experiencias como de esperanzas. A su lado se siente una sensación imprecisa de inmortalidad. Toda la historia del país está en su memoria, ora porque la recogió de labios de su padre, o de sus abuelos, combatientes y civilizadores ellos también, ora porque le tocó vivirla, como actor principal o testigo presencial de superior categoría.

Ha actuado así personalmente, en más de 60 años de la vida turbulenta y a ratos heroica de la nacionalidad: la Tricolor, el Quebracho, el 97, el 903, el 904, el 910, los años de paz que van desde el 17 al 33, el golpe de estado...»

«Con más de 70 años ahora ha vuelto a conocer la prisión y el destierro. Con más de 70 años ha vuelto a encabezar jornadas revolucionarias y ha sabido esperar paciente su hora, que otros comprometieron, en las fronteras del país, vueltos sus ojos, cargados de ansiedad y decisión a la tierra natal tan injusta».

Por su parte, los autores de este libro, Arturo Ardao y Julio Castro, lo definen como «la personalidad política uruguaya de mayor sugestión en los tiempos actuales», destacando que continúa la tercera generación de luchadores de su mismo nombre:

«Constituyen así, la notable excepción en la historia del país de representar la única sangre de caudillos que ha mantenido su vocación -y lo que es sorprendente- sin perder jerarquía, desde la independencia hasta la época actual.

El mismo signo moral, por otra parte, ha presidido la acción de los tres. Jamás mancharon su espada en los actos de barbarie que salpicaron a menudo nuestras luchas históricas. Jamás tampoco, la desenvainaron si no fue para ponerla al servicio de causas abrazadas con nobleza, en una entrega sin tasa de sus vidas y de sus bienes».

Son por demás conocidos, los hechos históricos que protagonizó este ejemplar ciudadano, pero acaso resulte elocuente para valorar su avasallante personalidad que en 1875, contando apenas 14 años forma parte de la División Tacuarembó, en la Revolución Tricolor, de la que su propio padre había resuelto no participar.

Tampoco interviene Basilio Muñoz padre, en las luchas saravistas del 96 y del 97, asumiendo Basilio Muñoz hijo un rol protagónico en ambos movimientos.

Tuvo particular influencia sobre Aparicio Saravia por ejemplo en el cambio de residencia de El Cordobés a Melo, o en el carácter de interlocutor, que le reconocía el caudillo blanco a Basilio Muñoz, para recibir en primera instancia a los emisarios que llegaban desde Montevideo, de manera que al concretarse la entrevista personal, ya estuviera interiorizado de los asuntos.

Sin embargo son conocidas, las discrepancias que separaron a Basilio Muñoz de Aparicio Saravia en el orden estratégico-militar, y también se reconoce la firmeza con que mantuvo su independencia al desempeñar la Jefatura de Cerro Largo, en una situación política muy difícil creada por el enfrentamiento entre sus amigos los Generales Muniz y Saravia.

En enero de 1935, y esperanzado en una sublevación militar que no se produjo, Basilio Muñoz con 73 años a cuestas, ingresa desde territorio brasileño en la que sería a la postre, su última incursión armada, cerrando así un ciclo de abnegación y lucha por sus ideales, exponiendo su vida, la de sus seres queridos y sus bienes materiales, que duró 60 años.

Si bien la significación de su personalidad ameritaría seguramente un homenaje de mayor relevancia, razones afectivas y geográficas determinan que resulte la Ruta 19, en ese tramo, un lugar muy indicado para perpetuar el nombre de este gran ciudadano.

Manuel Singlet. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: soy informante verbal de la Comisión sobre el proyecto presentado por el señor senador Singlet.

Si el Senado me permite, lo voy a distraer unos minutos para recordar a una figura prestigiosa de mi Partido y de la República.

Al realizar, en nombre de la Comisión de Transporte y Obras Públicas el informe al Honorable Senado de este proyecto de designar con el nombre de «General Basilio Muñoz» al tramo de la Ruta 19 comprendido entre la Ruta 7 «General Aparicio Saravia» y la Ruta 6, siento que no estoy haciendo un mero informe rutinario, sino que estoy cumpliendo una honrosa misión que me conmueve en mis fibras de hombre del Partido Nacional.

Siempre he pensado que cuando los órganos parlamentarios dedican parte de su tiempo a este tipo de proyecto, no están perdiéndolo como a veces piensa el común de los ciudadanos, sino que están invistiendo la auténtica representación de la nación, efectuando un acto de grandeza y de justicia, reconociendo los insignes méritos de aquellos que en el pasado pusieron su vida y sus sueños al servicio de causas de libertad, de soberanía, en las que se fue definiendo el singular perfil de esta nación que todos integramos.

Desde hace algunos años se ha comenzado a designar las rutas nacionales con los nombres de aquellos guerreros, que en distintos momentos de nuestro devenir histórico pusieron sus espaldas al servicio de la gran causa nacional.

Así, hoy tenemos rutas con los nombres de Juan Antonio Lavalleja, Manuel Oribe, Fructuoso Rivera, Leonardo Olivera y Aparicio Saravia, entre otros. A esa ilustre nómina, hoy le agregamos el nombre de Basilio Muñoz. Es muy justo que así sea. El escribano Basilio Muñoz, General de las Revoluciones Blancas, es el tercero con este nombre unido a las grandes gestas de nuestra historia, prácticamente desde los albores de la nacionalidad.

Como lo observan Arturo Ardao y Julio Castro, el primero de los Basilio Muñoz, hijo de un combatiente de Las Piedras, José Mariano Muñoz, radicado en la Guardia de Melo de Cerro Largo, prestó servicios a la patria desde la invasión portuguesa de 1816. Posteriormente, se unió a la causa de la Cruzada Libertadora luego de Sarandí, hasta la obtención de la independencia.

Iniciado el ciclo de nuestras guerras civiles, participó en Carpintería al servicio de las fuerzas legales.

Al término de la Guerra Grande, Basilio Muñoz y Dionisio Coronel, fueron los únicos que no se unieron a las fuerzas de Urquiza en 1851.

El segundo de los Basilio Muñoz nacido en el día de la Jura de la Constitución en 1830, participó junto a su padre en la Guerra Grande y siguió después de la Paz del 8 de octubre acompañando a su padre hasta la victoria de Flores en 1865, emigrando luego a la Argentina.

Participó en la Revolución de las Lanzas, siendo protagonista en las batallas de Sauce y Manantiales.

Combatiente en la tricolor, no participó en las gestas de 96 y del 97, pero sí, con setenta y cuatro años, en la Revolución de 1904 donde obtuvo el comando general de las Divisiones de Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres.

Así llegamos, en esa rápida revisión, al tercer Basilio Muñoz cuya memoria vamos hoy a reverenciar. Nació en tiempos del Gobierno de Berro en 1860 y pudo vivir así, desde sus primeros años, aquellos hechos de nuestras luchas civiles que afectaron tanto a los hombres de su familia.

Cursó estudios universitarios, obteniendo su título de Escribano, pero como los hombres de su linaje, fue llamado también a las luchas por la libertad. Así, desde los sucesos de 1891 hasta la Revolución del 35, el tercero de los Basilios fue un protagonista de primera línea.

En 1904 fue Jefe de la División de Durazno, Jefe de la Revolución de 1910; Jefe en 1935, Basilio Muñoz estuvo siempre, en el acierto o en el error, allí donde creyó que su deber se lo imponía en nombre de la defensa de las libertades públicas.

En 1920 fue miembro de este Honorable Senado en representación de su Durazno natal y aportó su gran conocimiento a la labor parlamentaria y al servicio del país.

Ya en el ocaso de su vida, entregado a la causa nacionalista, supo con grandeza e hidalguía sobreponerse a las pasiones de un momento o de un tiempo uniendo su nombre al de Luis Alberto de Herrera en las elecciones de 1946, donde resultó electo senador por el Partido Nacional.

Quisiera realizar un recuerdo personal. Quien habla, en 1946 aún no votaba, pero ya participaba en la lucha cívica de su partido. En la gira de Herrera de aquellas elecciones, llegó la clásica «Caravana de la Victoria» a Melo, casi en la madrugada, donde todo un pueblo lo había esperado por largas horas. Y allí, en la tribuna levantada en la Plaza Constitución, personalmente pude ver a aquellos dos grandes viejos: Herrera y Muñoz, abrazados en su común amor por el país y por el Partido. Siempre he pensado que en aquel abrazo de 1946, el Partido comenzaba a recorrer el largo camino de su reunificación que pasando por 1954, culminaría en la victoria electoral de 1958.

Aquel era el último servicio de Basilio Muñoz a la causa; moriría dos años más tarde, el 4 de julio de 1948. Hoy, a más de 40 años, su figura es reconocida por todos, como la de esos hombres que en el tiempo superan las divisiones partidarias y se yerguen unánimemente respetados y formando parte del patrimonio nacional. Por eso pienso que hace bien el Senado en honrar a este hombre que, con orgullo nos pertenece, a nosotros los hombres del Partido Nacional, pero por los valores que representó y luchó con coraje y con honor, pertenece en realidad a todos los orientales.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Después de haber escuchado la evocación histórica que ha realizado el señor miembro informante, se pasa a considerar en general el proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los dos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 1º. - Desígnase con el nombre de ‘General Basilio Muñoz’, el tramo de la Ruta 19, comprendido entre la Ruta 7 «General Aparicio Saravia», (en la ciudad de Cerro Chato) y la Ruta 6".)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«ARTICULO 2º. - En los extremos de la citada Ruta, y frente a la entrada del establecimiento de campo que perteneciera a Basilio Muñoz, se colocarán sendas placas con la inscripción: Ruta 19 - General Basilio Muñoz. Defensor de las libertades públicas».)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

19) BARRA DE VALIZAS. Departamento de Rocha. Su urbanización, desarrollo y regulación jurídica. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo primer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a convenir con la Intendencia Municipal de Rocha, la urbanización, desarrollo y regulación jurídica del núcleo poblado denominado Barra de Valizas, ubicado en el departamento de Rocha. (Carp. Nº 602/91 - Rep. Nº 336/91»).

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 602/91
Rep. Nº 336/91

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a convenir con la Intendencia Municipal de Rocha, la urbanización, desarrollo y regulación jurídica del núcleo poblado denominado Barra de Valizas, ubicado en las Secciones Judiciales 4a. y 10a. del departamento de Rocha, y cuya base física está constituida por inmuebles propiedad del Estado, o que éste posee o cuya expropiación se encuentra en trámite.

Art. 2º. - En el marco de esa autorización, el Poder Ejecutivo facultará a la Intendencia Municipal de Rocha, para que en su nombre y representación adjudique a particulares, por las vías jurídicas idóneas, los derechos de que el Estado sea titular, con la finalidad de regularizar, dotándola de la necesaria estabilidad, la situación locativa de los pobladores del núcleo urbano mencionado. El precio de las enajenaciones que se celebren será fijado por el Gobierno Departamental de Rocha.

Art. 3º. - Los contratos a celebrar con los adjudicatarios, se ajustarán a un texto tipo que proyectará previamente el Gobierno Departamental de Rocha, y que deberá ser aprobado por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Art. 4º. - El producido de las referidas adjudicaciones deberá ser invertido por la Intendencia Municipal de Rocha, en el mejoramiento y desarrollo de ese centro poblado, debiendo ofrecer al respecto un informe anual al Poder Ejecutivo.

Art. 5º. - La Intendencia Municipal de Rocha queda facultada para declarar zona urbana a dicho núcleo poblado, teniendo tan declaración plena eficacia a todos sus efectos.

Art. 6º. - La mencionada Intendencia deberá elaborar un programa de urbanización del Balneario, en el cual se atenderán, coordinándolos adecuadamente, los intereses de los pobladores, y los factores ecológicos y turísticos.

Asimismo el Gobierno Departamental de Rocha, delimitará las áreas en las cuales se irán cumpliendo las distintas etapas del referido programa.

Art. 7º. - En el convenio cuya celebración se autoriza en la presente ley, deberá insertarse la creación y funcionamiento de una comisión honoraria de vecinos, que será designada por la Intendencia Municipal de Rocha, atendiendo a un criterio que asegura una auténtica representatividad. Dicha comisión tendrá participación activa, como órgano asesor auxiliar del Gobierno Departamental, en el cumplimiento del programa de desarrollo que se estructure, sin perjuicio de las atribuciones que el Gobierno Departamental de Rocha le pueda otorgar de acuerdo a las facultades que prevee la Constitución de la República.

Montevideo, 11 de setiembre de 1991.

Walter Riesgo, Pablo Millor. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La situación del núcleo poblado Barra de Valizas, en las Secciones Judiciales 4a. y 10a. del departamento de Rocha, requiere una respuesta legislativa a la brevedad.

Se trata de una población que en un principio se fue formando en torno a la actividad pesquera artesanal, y posteriormente ha recibido un notable impulso como centro turístico.

La peculiaridad de esta situación, está dada por el hecho de que la base física del referido asentamiento, la constituye una zona cuya titularidad no la ejercen los pobladores. Efectivamente, esos terrenos se encuentran comprendidos en un proceso de expropiación, promoviendo por el Estado y que, obtenida la toma urgente de la posesión, aún no ha culminado.

La ubicación de los pobladores en ese lugar se fue produciendo en forma espontánea, y sin intervención, tampoco se practicó un control efectivo que detuviera el permanente crecimiento del mencionado centro poblado.

Actualmente esa realidad necesita una regulación que ordene no solamente la relación de las personas con los terrenos y las construcciones, sino también todos los aspectos que constituyen puntos esenciales de una concentración humana, como son el control de las edificaciones, la salubridad, la orientación urbanística, etc.

El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear la base jurídica que posibilite luego las imprescindibles soluciones.

En el texto proyectado se le da participación preponderante a la Intendencia Municipal de Rocha, ya que se considera que el mencionado Gobierno Departamental es quien está en mejores condiciones para atender la realidad que se encara, ya que sus competencias en el orden local la llevan al mejor conocimiento de los hechos y a la vez la relacionan directamente con el cumplimiento de cualquier solución que se apruebe.

También se le da estatuto legal a la participación de los vecinos en el desarrollo del programa que se proyecta, buscando la integración de los interesados a la actividad oficial, y con ello a la vez se le está reconociendo a los pobladores del lugar el esfuerzo que han venido cumpliendo en la búsqueda de una definitiva regulación.

Es oportuno señalar que un adecuado desarrollo de este balneario es un factor económico y social sustancial para la zona de Castillos, en la medida de que es un elemento dinamizador de la actividad comercial y de servicios para esa parte del departamento de Rocha, que desde hace varios años sufre las consecuencias de un muy comprimido mercado de trabajo y por tanto con un poder adquisitivo y de consumo notoriamente deprimido.

También corresponde que se exprese que se ha tenido presente, como testimonio de referencia, la instrumentación jurídica que se fue generando con respecto al balneario Aguas Dulces, y a la efectiva aplicación de la misma, que ha arrojado sin duda resultado ampliamente positivo.

Walter Riesgo, Pablo Millor. Senadores.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Transporte y Obras Públicas

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Transporte y Obras Públicas ha procedido al estudio de la Carpeta Nº 602/91 relativa a Barra de Valizas, urbanización, desarrollo y regulación.

Se efectivizó la consulta y presencia en la Comisión de los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Turismo; Ganadería, Agricultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas; y en varias oportunidades del señor Intendente Departamental de Rocha Irineu Riet Correa y sus asesores, así como del señor Presidente de la Junta Departamental de Rocha.

Se llegó a la conclusión, que así como en otras zonas costeras del departamento, la titularidad de la base física del asentamiento no la ejercen los pobladores, ya que generalmente son terrenos que se encuentran comprendidos en un proceso de expropiación promovido por el Estado.

La ubicación de los asentamientos se fue produciendo en forma espontánea y sin intervención oficial, de manera que si bien no se promovieron autorizaciones, tampoco se practicó un control efectivo que detuviera la permanente instalación de viviendas; sin ordenamiento de ningún tipo.

No existen dudas de la trascendencia actual de la zona costera del departamento de Rocha, donde su ordenamiento es propietario.

En el texto contenido por el proyecto original propuesto por los Senadores doctor Pablo Millor y Walter Riesgo se le da participación preponderante a la Intendencia Municipal de Rocha.

Dicho criterio es recogido por la Comisión en el proyecto sustitutivo. Se entiende que el mencionado Gobierno Departamental es quien está en mejores condiciones para atender la realidad que se pretende encarar, por lo que se propone transferir los derechos del Estado sobre tales padrones, así como la propiedad de los mismos en la franja costera que comprende los balnearios Barra de Valizas y Aguas Dulces.

Coincidió la Comisión en la conveniencia de que las soluciones deben pasar por otorgar al Gobierno Municipal de Rocha, un poder de gestión real que posibilite una ejemplificación clara descentralización, mediante la disponibilidad de los padrones 1616, 1617 y 1645 como áreas de reasentamiento costero.

Se evaluó la necesidad de trasladar la responsabilidad al mencionado Gobierno Departamental, el que actuará en coordinación con los distintos Ministerios involucrados. En consecuencia se acordó proponer la creación de una Comisión integrada por representantes de la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Rocha; los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Transporte y Obras Públicas; Turismo; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a efectos de participar y coordinar las medidas o políticas de los citados Ministerios con respecto a la zona.

Se promueve además la designación de comisiones de vecinos de Barra de Valizas y Aguas Dulces que actuarán como órganos auxiliares del Gobierno Departamental en el cumplimiento de los programas que se estructuren.

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Transporte y Obras Públicas en su sesión del día 9 de diciembre de 1991 por unanimidad de sus miembros resuelve aconsejar al Honorable Senado la aprobación del presente proyecto sustitutivo que atiende a la urbanización, desarrollo y regulación de la zona costera del departamento de Rocha comprendida entre la Barra de Valizas y Aguas Dulces.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Transfiérese de la persona jurídica mayor Estado, al Gobierno Departamental de Rocha, la propiedad de las partes de los padrones (Nos. 1616 y 1617, 10a. Sección Judicial y 1645, 4a. Sección Judicial del departamento de Rocha) en las cuales se encuentran ubicados los núcleos poblados denominados «Barra de Valizas» y «Aguas Dulces» del referido departamento.

En los casos en que los derechos del Estado sobre tales inmuebles no sean de propiedad o siéndolo tengan estado litigioso, transfiérense al Gobierno Departamental de Rocha tales derechos, sean de naturaleza sustantiva o procesal.

Art. 2º. - La transferencia de titularidad que se establece en el artículo anterior se dispone con la finalidad de que el Gobierno Departamental de Rocha tenga las potestades para la urbanización, desarrollo y regulación jurídica de los núcleos poblados aludidos.

Art. 3º. - El Gobierno Departamental de Rocha queda jurídicamente habilitado, desde la promulgación de la presente ley, para dictar todos los actos normativos y de ejecución necesarios para cumplir la finalidad establecida en el artículo 2º.

Art. 4º. - Créase una Comisión integrada por representantes de la Intendencia Municipal de Rocha; los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Transporte y Obras Públicas; Turismo; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que tendrá las siguientes competencias en el ámbito territorial determinado en el artículo 1º:

a) participar en la coordinación de las políticas o medidas que vaya adoptando el Gobierno Departamental de Rocha con las de los citados Ministerios;

b) instrumentar los traspasos patrimoniales y procesales dispuestos en el artículo 1º.

Art. 5º. - El Gobierno Departamental de Rocha designará una Comisión Honoraria de Vecinos de Barra de Valizas y otra de Aguas Dulces, cuya integración deberá atender criterios que aseguren auténtica representatividad. Dichas Comisiones tendrán participación activa como órgano asesor auxiliar del mismo, en el cumplimiento de los programas que se estructuren, sin perjuicio de las atribuciones que el Gobierno Departamental de Rocha les pueda otorgar, de acuerdo a las facultades que a éste asigna la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 1991.

Dante Irurtia (Miembro Informante), José Germán Araújo, Walter Belvisi, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SANTORO. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos del proyecto así como para que se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se va a votar la moción del señor senador en el sentido indicado.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 1º. - Transfiérese de la persona jurídica mayor Estado, al Gobierno Departamental de Rocha, la propiedad de las partes de los padrones (Nos. 1616 y 1617, 10a. Sección Judicial y 1645, 4a. Sección Judicial, del departamento de Rocha) en las cuales se encuentran ubicados los núcleos poblados denominados «Barra de Valizas» y «Aguas Dulces» del referido departamento.

En los casos en que los derechos del Estado sobre tales inmuebles no sean de propiedad o siéndolo tengan estado litigioso, transfiérense al Gobierno Departamental de Rocha tales derechos, sean de naturaleza sustantiva o procesal.

Art. 2º. - La transferencia de titularidad que se establece en el artículo anterior se dispone con la finalidad de que el Gobierno Departamental tenga las potestades para la urbanización, desarrollo y regulación jurídica de los núcleos poblados aludidos.

Art. 3º. - El Gobierno Departamental de Rocha queda jurídicamente habilitado, desde la promulgación de la presente ley, para dictar todos los actos normativos y de ejecución necesarios para cumplir la finalidad establecida en el artículo 2º.

Art. 4º. - Créase una Comisión integrada por representantes de la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Rocha; los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Transporte y Obras Públicas; Turismo; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que tendrá las siguientes competencias en el ámbito territorial determinado en el artículo 1º:

a) participar en la coordinación de las políticas o medidas que vaya adoptando el Gobierno Departamental de Rocha con las de los citados Ministerios;

b) instrumentar los traspasos patrimoniales y procesales dispuestos en el artículo 1º.

Art. 5º. - El Gobierno Departamental de Rocha designará una Comisión Honoraria de Vecinos de Barra de Valizas y otra de Aguas Dulces, cuya integración deberá atender criterios que aseguren auténtica representatividad. Dichas Comisiones tendrán participación activa como órgano asesor auxiliar del mismo, en el cumplimiento de los programas que se estructuren, sin perjuicio de las atribuciones que el Gobierno Departamental de Rocha les pueda otorgar, de acuerdo a las facultades que a éste asigna la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 9 de diciembre de 1991.

Dante Irurtia (Miembro Informante), José Germán Araújo, Walter Belvisi, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SANTORO. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos del proyecto así como para que se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se va a votar la moción del señor senador en el sentido indicado.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 1º. - Transfiérese de la persona jurídica mayor Estado, al Gobierno Departamental de Rocha, la propiedad de las partes de los padrones (Nos. 1616 y 1617, 10a. Sección Judicial y 1645, 4a. Sección Judicial, del departamento de Rocha) en las cuales se encuentran ubicados los núcleos poblados denominados «Barra de Valizas» y «Aguas Dulces» del referido departamento.

En los casos en que los derechos del Estado sobre tales inmuebles no sean de propiedad o siéndolo tengan estado litigioso, transfiérense al Gobierno Departamental de Rocha tales derechos, sean de naturaleza sustantiva o procesal.

Art. 2º. - La transferencia de titularidad que se establece en el artículo anterior se dispone con la finalidad de que el Gobierno Departamental de Rocha tenga las potestades para la urbanización, desarrollo y regulación jurídica de los núcleos poblados aludidos.

Art. 3º. - El Gobierno Departamental de Rocha queda jurídicamente habilitado, desde la promulgación de la presente ley, para dictar todos los actos normativos y de ejecución necesarios para cumplir la finalidad establecida en el artículo 2º.

Art. 4º. - Créase una Comisión integrada por representantes de la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Rocha; los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Transporte y Obras Públicas; Turismo; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que tendrá las siguientes competencias en el ámbito territorial determinado en el artículo 1º:

a) participar en la coordinación de las políticas o medidas que vaya adoptando el Gobierno Departamental de Rocha con las de los citados Ministerios;

b) instrumentar los traspasos patrimoniales y procesales dispuestos en el artículo 1º.

Art. 5º. - El Gobierno Departamental de Rocha designará una Comisión Honoraria de Vecinos de Barra de Valizas y otra de Aguas Dulces, cuya integración deberá atender criterios que aseguren auténtica representatividad. Dichas Comisiones tendrán participación activa como órgano asesor auxiliar del mismo, en el cumplimiento de los programas que se estructuren, sin perjuicio de las atribuciones que el Gobierno Departamental de Rocha les pueda otorgar, de acuerdo a las facultades que a éste asigna la Constitución de la República»).

-Si no se hace uso de la palabra se van a votar todos los artículos en bloque.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Para una aclaración tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Quisiera dejar constancia de que lo que el Senado aprobó fue el proyecto sustitutivo -votado en Comisión- al presentado por los señores senadores Millor y Riesgo.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Quiero manifestar que voté afirmativamente este proyecto a pesar de que me merece algún reparo de orden jurídico, sobre todo en lo que tiene que ver con su artículo 7º. En ese sentido, quiero destacar que el artículo 278 de la Constitución establece la posibilidad de que el Intendente pueda atribuir a Comisiones Especiales la realización de cometidos, como una facultad del mismo. Sin embargo, la ley le otorga una función aunque es de carácter asesor.

A pesar de ello, he dado mi voto afirmativo al conjunto del proyecto ya que reconozco la utilidad de estas Comisiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Queda aprobado el proyecto de ley sustitutivo que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

20) EMPRESAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA. Registro de inhabilitaciones. Proyecto de ley

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establece que el Banco Central del Uruguay llevará un registro con los datos de los integrantes de empresas de intermediación financiera que hayan sido sancionados con la pena de inhabilitación para ejercer dichos cargos. (Carp. Nº 519/91 - Rep. Nº 338/91)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 519/91
Rep. Nº 338/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La CAMARA DE REPRESENTANTES, en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - El Banco Central del Uruguay llevará un registro con los datos de los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera que hayan sido sancionados con la pena de inhabilitación para ejercer dichos cargos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

La resolución del Banco Central del Uruguay que disponga dicha sanción fijará el plazo de inhabilitación para el desempeño de los cargos determinados por el artículo del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y ordenará su inscripción.

Art. 2º. - El Banco Central del Uruguay incluirá, asimismo, en el registro precedente, los datos de aquellas personas que desempeñando cualquiera de los cargos determinados en el artículo 1º realicen actos o incurran en omisiones con un grado de vinculación con la actividad comercial o profesional respectiva, siempre que recaiga sentencia firme de condena por la Justicia civil o penal.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de junio de 1991.

Carlos M. Garat 1er. Vicepresidente
Horacio D. Catalurda Secretario

DECRETO-LEY Nº 15.322, DE 17 DE SETIEMBRE DE 1982

CAPITULO V
Responsabilidad y Sanciones

Artículo 20. - Las personas privadas que infrinjan las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay, podrán ser pasibles de las siguientes medidas sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiera:

1º) Observación;

2º) Apercibimiento;

3º) Multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la responsabilidad patrimonial neta mínima establecida para el funcionamiento de los bancos;

4º) Intervención, la que podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las autoridades. Cuando la intervención vaya acompañada de la sustitución total de autoridades, implicará la caducidad de todas las comisiones o mandatos por ellas y la suspensión durante veinte días, hábiles, de todo tipo de plazos que pueda correrle a la empresa intervenida;

5º) Suspensión total o parcial de actividades con fijación expresa de plazo;

6º) Revocación de la autorización para funcionar.

Las medidas previstas en los cinco primeros numerales, serán aplicadas por el Banco Central del Uruguay.

Serán acumulables las medidas establecidas en los numerales 4º y 5º así como las demás respecto de la señalada en el numeral 3º.

La revocación de la autorización para funcionar será resuelta por el Poder Ejecutivo con informe del Banco Central del Uruguay.

Art. 21. - Toda vez que el Banco Central del Uruguay presuma que una persona física o jurídica está ejerciendo la actividad a que se refiere el artículo 1º de esta ley, podrá exigirle la presentación dentro de diez días, de documentos y otras pruebas o informaciones a efectos de comprobar la índole de su actividad.

La omisión de poner dichos elementos de juicio a disposición del Banco Central del Uruguay en el plazo señalado constituirá presunción simple de haber realizado actividad de intermediación financiera sin autorización.

Basado en esa presunción el Banco Central del Uruguay podrá, sin perjuicio de la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 20, ordenar por resolución fundada el cese de cualquiera de las actividades previstas en el artículo 1º llevadas a cabo sin autorización. En caso de no acatarse la orden de cese, el Banco Central del Uruguay lo comunicará al Poder Ejecutivo quien podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de las empresas en infracción.

Art. 22. - El Banco Central del Uruguay podrá solicitar medidas de no innovar ante Juez competente, quien deberá pronunciarse dentro de las 24 horas. Serán responsables de desacato los directores, gerentes o administradores en virtud de cuyas decisiones se haya alterado la situación que se ordenó mantener incambiada.

Art. 23. - Los Representantes, Directores, Gerentes, Administradores, Mandatarios, Síndicos y Fiscales de las empresas privadas comprendidas en esta ley, que en el desempeño de sus cargos aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que impliquen la aplicación de las sanciones previstas en los numerales 3º a 6º de la artículo 20 de esta ley, podrán ser inhabilitados para ejercer dichos cargos hasta por diez años por el Banco Central del Uruguay.

La aplicación de la inhabilitación deberá resolverse previa instrucción de un sumario, que no se considerará concluido hasta tanto el imputado no haya tenido oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa. El acto de la aplicación de la inhabilitación que deberá ser fundado, podrá ser objeto de la jurisdicción contencioso administrativa y reparatoria.

Art. 24. - El Banco Central del Uruguay por resolución fundada, podrá solicitar como medida cautelar ante el Juzgado competente, quien decretará de plano y sin más trámite, el embargo sobre los bienes, créditos, derechos y acciones de las empresas privadas comprendidas en esta ley, cuya estabilidad económica o financiera, estuviera afectada y sobre los de aquellas personas físicas o jurídicas que, en nombre propio o integrado el Directorio de dichas instituciones o el de otras sociedades, hubieran participado en operaciones presuntivamente dolosas que directa o indirectamente pudieran haber contribuido a provocar el desequilibrio señalado.

El Juzgado podrá disponer el levantamiento del embargo cuando considerare insuficientes los fundamentos aportados por el Banco Central del Uruguay o cuando en el plazo de sesenta días no se aportara la prueba de los hechos que le dieron mérito o cuando el embargo acredite, en cualquier momento la inexistencia de los hechos que motivaron la medida.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

Con fecha 11 de diciembre de 1990 los señores representantes Nacionales León Lev, Eber da Rosa, Heriberto Sosa, Antonio Guerra y Jorge Machiñena, presentaron un proyecto de ley por el que se proponía que el Banco Central del Uruguay llevara un registro con los datos de los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera que hayan sido sancionados con la pena de inhabilitación para ejercer dichos cargos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Se agregaba que el Banco Central debía incluir en el registro los datos de aquellas personas que, desempeñando cualesquiera de los cargos precedentemente enumerados, realicen actos o incurran en omisiones que merezcan sentencia de condena por la Justicia Civil o Penal. La resolución que dispusiera la inscripción debería fijar el plazo de inhabilitación para el desempeño de los aludidos cargos.

Según resulta de la exposición de motivos correspondiente, la idea de la creación del registro tuvo origen en los trabajos y conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes -designada en la actual Legislatura- que analizó las circunstancias que motivaron la bancarrota del Banco Comercial. En esa oportunidad se constató la necesidad de que el Banco Central conservara la memoria de las sanciones por él aplicadas, como una medida tendiente a preservar la salud del sistema financiero.

El proyecto con algunas modificaciones que mejoran su redacción y alcance, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y, posteriormente, por dicha Cámara, en sesión del 12 de junio de 1991, en la que no se plantearon objeciones al mismo (Diario de Sesiones Nº 2194, Tomo 658).

De los antecedentes relativos al tratamiento de este asunto por nuestra similar de la Cámara de Representantes, surge que se consultó al Directorio del Banco Central del Uruguay, que apoyó la iniciativa.

La Comisión de Hacienda comparte el proyecto en consideración, por considerar que tiende a llenar un vacío de nuestra legislación, mediante la creación de un registro en el Banco Central, lo que se entiende apropiado a sus cometidos.

En las deliberaciones sobre el punto, se planteó en esta Comisión, la preocupación por el alcance limitado de la disposición del artículo 1º del proyecto, en tanto al referir a los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas sancionados con la pena de inhabilitación para ejercer dichos cargos conforme a lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, excluye a los titulares de los mismos cargos en la banca oficial, puesto que dicho artículo 23 alude exclusivamente a las «empresas privadas».

Sin perjuicio de considerar que hubiera sido conveniente -para la mejor inteligencia de la norma incluir expresamente en el artículo 1º a los funcionarios de las instituciones públicas de intermediación financiera- vuestra asesora entiende que esa presunta omisión queda en buena medida subsanada por la disposición del artículo 2º, que manda incluir en el registro a todas las personas que desempeñando los cargos mencionados en el artículo 1º, realicen actos o incurran en omisiones con un grado de vinculación con la actividad comercial o profesional respectiva que merezcan sentencia de condena dictada por la justicia competente.

Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta asesora se permite aconsejar al Senado la aprobación del proyecto de ley comentado, con el mismo texto sancionado por la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 1991.

Carlos Cassina (Miembro Informante), Sergio Abreu, Danilo Astori, Juan Carlos Blanco, Juan Carlos Raffo, Alberto Zumarán. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - El informe que eleva la Comisión de Hacienda creemos que es lo suficientemente claro. Por lo tanto, salvo que se solicite alguna aclaración, mocionamos para que se vote en general y en particular el proyecto que fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos del proyecto así como para que se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se va a votar la moción del señor senador en el sentido indicado.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 1º. - El Banco Central del Uruguay llevará un registro con los actos de los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera que ha sido sancionados con la pena de inhabilitación para ejercer dichos cargos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

La resolución del Banco Central del Uruguay que disponga dicha sanción fijará el plazo de inhabilitación para el desempeño de los cargos determinados por el artículo del decreto-ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y ordenará su inscripción.

Art. 2º. - El Banco Central del Uruguay incluirá, asimismo, en el registro precedente, los datos de aquellas personas que desempeñando cualquiera de los cargos determinados en el artículo 1º realicen actos o incurran en omisiones con un grado de vinculación con la actividad comercial o profesional respectiva, siempre que recaiga sentencia firme de condena por la Justicia civil o penal».)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

21) BONOS INGRESADOS AL PATRIMONIO DE LOS BANCOS DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y DE SEGUROS DEL ESTADO. Normas para su enajenación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas para la enajenación de los bienes ingresados al patrimonio de los Bancos de la República Oriental del Uruguay y de Seguros del Estado. (Carp. Nº 509/91 - Rep. Nº 337/91)».

«Carp. Nº 509/91
Rep. Nº 337/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Los bienes muebles e inmuebles que hayan ingresado o ingresen a patrimonio del Banco de la República Oriental del Uruguay como consecuencia de gestiones de recuperación de créditos o de daciones en pago, podrán ser enajenados por dicho Banco en la forma que mejor estime su Directorio, respetando los principios de publicidad e igualdad de oferentes, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente.

Art. 2º. - Los restantes bienes de propiedad del Banco de la República Oriental del Uruguay, que no sean los referidos en el artículo anterior, podrán ser enajenados conforme a las disposiciones de las Leyes Nos. 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 3º. - No será aplicable, a los efectos de lo establecido en los artículos precedentes, lo dispuesto por los Decretos-Leyes Nos. 14.982, de 24 de diciembre de 1979 y 15.625, de 19 de setiembre de 1984, y por la Ley Nº 15.786, de 4 de diciembre de 1985, excepto su artículo 35.

Art. 4º. - Los bienes inmuebles que constituyan parte de las inversiones con funciones de reserva del Banco de Seguros del Estado podrán ser enajenados en la forma que mejor estime su Directorio, respetando los principios de publicidad e igualdad de oferentes, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de junio de 1991.

Carlos M. Garat 1er. Vicepresidente
Horacio D. Catalurda Secretario


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha propuesto, en Mensaje de 9 de enero de 1991, dictar normas legales que autoricen al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay a enajenar los bienes muebles e inmuebles que hayan ingresado o ingresen a su patrimonio como consecuencia de gestiones de recuperación de créditos o de daciones en pago, en un régimen de mayor flexibilidad que el que le impone la legislación vigente.

Conforme a las disposiciones de los artículos 451 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, todos los organismos estatales -excepto de los Entes industriales y comerciales para los que existan regímenes legales especiales- están facultados a celebrar «todo contrato» «mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos». Se agrega que, no obstante, podrá contratarse directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, «cuando la licitación pública, abreviada, o remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas o admisibles o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes». En estos casos, la contratación deberá hacerse con bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento fracasado y con invitación a los oferentes originales, además de los que se estime necesarios.

Para el Banco de la República, por estar vigente a su respecto una legislación específica, se aplica un régimen mucho más restrictivo, que se vuelve inconveniente en tanto lo coloca en situación de desventaja con las instituciones de intermediación financiera privadas.

En el caso de bienes inmuebles que hayan ingresado o ingresen a su patrimonio como resultado de gestiones de recuperación de créditos o de daciones en pago, el Decreto-Ley Nº 15.625, de 19 de setiembre de 1984, establece que su enajenación deberá ser resuelta «por la unanimidad de los miembros del Directorio», tendrá que efectuarse «por el procedimiento del remate» y por un precio «igual o superior al valor determinado mediante tasación practicada por la Dirección General del Catastro Nacional, el que se convertirá a Unidades Reajustables a efectos de mantenerlo actualizado a la fecha de la enajenación».

En cuanto a los demás inmuebles de propiedad del Banco, su enajenación se rige por lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.982, de 24 de diciembre de 1979, que impone el procedimiento de licitación, pública o restringida, para la venta de aquellos bienes «que se consideren absolutamente innecesarios para el cumplimiento de sus fines» y, en todo caso, previa resolución adoptada por la unanimidad de los miembros del Directorio. La excepción a esta regla requiere de la autorización fundada del Poder Ejecutivo. Por otra parte, cualquiera sea el procedimiento que se siga, el precio deberá ser igual o superior al valor determinado por la Dirección General del Catastro Nacional, convertido a Unidades Reajustables.

La sola enunciación de los requisitos que debe cumplir el Directorio del Banco de la República para enajenar sus bienes, particularmente los inmuebles, lleva a la convicción de la necesidad de modificar el régimen legal vigente, de modo de colocar a ese organismo en igualdad de condiciones operativas con el resto de las instituciones bancarias -en lo que refiere a aquellos bienes ingresados a su patrimonio por recuperación de créditos- y, con los demás organismos estatales en relación con los demás inmuebles.

Tal es la solución que propugna el Poder Ejecutivo y que ha sido ya aprobada por la Cámara de Representantes, con las modificaciones propuestas unánimemente por su Comisión de Hacienda en Informe de 6 de junio de 1991. Estas modificaciones apuntan a asegurar que en todos los casos, la enajenación de los inmuebles adquiridos por recuperación de créditos se realice «respetando los principios de la publicidad e igualdad de oferentes», dejándose además a salvo «las excepciones previstas en la legislación vigente»; con lo que se alude a la disposición del artículo 35 de la Ley Nº 15.786, de 4 de diciembre de 1985, que establece que los inmuebles rurales que ingresen por esta vía, «serán destinados al Instituto Nacional de Colonización, siempre que sean aptos para la realización de sus programas, a juicio del Instituto».

El proyecto sancionado por la Cámara de Representantes contiene una disposición (artículo 4º), incorporada a propuesta de su Comisión de Hacienda, por la que se conceden similares facultades al Directorio del Banco de Seguros del Estado para la enajenación de «los bienes inmuebles que constituyan parte de las inversiones con funciones de reserva» de dicho organismo. Esta norma se incorporó con la previa conformidad del Directorio de esta entidad bancaria oficial.

Vuestra asesora comparte el proyecto en consideración, por lo que se permite aconsejar al Senado su aprobación. De este modo, el Banco de la República estará en condiciones de cumplir en forma más eficaz y eficiente sus cometidos en competencia con la banca privada, dando liquidez a aquellas parte de su activo patrimonial constituida por los bienes inmuebles obtenidos por recuperación de créditos -entre los que se comprenden los recibidos mediante dación en pago- sin las inconvenientes limitaciones del régimen vigente que, al imponer, entre otros requisitos, la exigencia de que la enajenación de tales bienes se realice a precios no inferiores a los determinados por la Dirección General del Catastro Nacional, frecuentemente vuelve en los hechos imposibles su venta.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 1991.

Carlos Cassina (Miembro Informante), Sergio Abreu, Danilo Astori, Juan Carlos Blanco, Juan Carlos Raffo, Alberto Zumarán. Senadores».

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Quiero señalar que también en este caso el informe de la Comisión de Hacienda puede esclarecer todas las dudas que puedan plantearse.

A nuestro juicio, se trata de un proyecto realmente importante. Por uno de esos absurdos de la legislación, el Banco de la República, que debe desempeñarse frente a la banca privada en un régimen de competitividad sin trabas tiene, para la enajenación de sus bienes -incluso los que incorpora por realización de Carteras- un procedimiento mucho más engorroso y severo que el resto de la Administración Pública. Por medio de este proyecto de ley, originado en el Poder Ejecutivo, modificado y votado por unanimidad en la Cámara de Representantes, le otorgamos a los Bancos de la República y de Seguros del Estado, la posibilidad de actuar en esta materia como organismos comerciales del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene le palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos artículos del proyecto así como para que se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

«Artículo 1º. - Los bienes muebles e inmuebles que hayan ingresado o ingresen al patrimonio del Banco de la República Oriental del Uruguay como consecuencia de gestiones de recuperación de créditos o de daciones en pago, podrán ser enajenados por dicho Banco en la forma que mejor estime su Directorio, respetando los principios de publicidad e igualdad de oferentes, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente.

Art. 2º. - Los restantes bienes de propiedad del Banco de la República Oriental del Uruguay, que no sean los referidos en el artículo anterior, podrán ser enajenados conforme a las disposiciones de las Leyes Nos. 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 3º. - No será aplicable, a los efectos de lo establecido en los artículos precedentes, lo dispuesto por los Decretos-Leyes Nos. 14.982, de 24 de diciembre de 1979 y 15.625, de 19 de setiembre de 1984, y por la Ley Nº 15.786, de 4 de diciembre de 1985, excepto su artículo 35.

Art. 4º. - Los bienes inmuebles que constituyan parte de las inversiones con funciones de reserva del Banco de Seguros del Estado podrán ser enajenados en la forma que mejor estime su Directorio, respetando los principios de publicidad e igualdad de oferentes, salvo las excepciones previstas en la legislación vigente».)

-Si no se hace uso de la palabra, se van a votar todos los artículos.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

22) COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO. Facultades. Proyecto de declaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo cuarto término del orden del día: «Proyecto de declaración elevado por la Comisión de Constitución y Legislación sobre las facultades de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Carp. Nº 418/91 - Rep. Nº 320/91)».

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 418/91
Rep. Nº 320/91

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

PROYECTO DE DECLARACION SOBRE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

Al Senado:

I. En esta Comisión existen opiniones diversas acerca de la naturaleza jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Igualmente, se registran discrepancias acerca de si su regulación puede hacerse por ley formal -como ocurre en la situación actual -o si, en cambio, es materia de reglamento legislativo interno.

II. No obstante esas discrepancias, la Comisión de Constitución y Legislación, por unanimidad, entiende apropiado que el presupuesto de la Comisión Administrativa, así como la nómina de sus funcionarios, se incluyan oportunamente en el presupuesto del Senado.

III. El parecer de la Comisión se inspira en el propósito unánime de contribuir a la buena administración.

Sala de la Comisión, a 19 de noviembre de 1991.

Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, Ignacio de Posadas Montero, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores».

(Versión taquigráfica de la sesión del Senado celebrada el día 12 de diciembre de 1990).

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: dado que esta es la última sesión ordinaria del período, quiero plantear como cuestión de orden que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado informe al Cuerpo en la primera sesión ordinaria del próximo período acerca de las funciones de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

En el día de hoy, cuando estuvo reunida la Comisión de Presupuesto se nos informó -incluida alguna pregunta de quien habla- de que la Comisión Administrativa había resuelto que estaba facultada por la ley de su creación a dictar su propio Presupuesto y adicionalmente -entiende quien habla- a fijar el sueldo, el número de sus funcionarios, etcétera, es decir, a administrar de por sí el Poder Legislativo sin dar cuenta al Senado o a la Cámara de Representantes, en su caso.

Creo que más de que la ley indique que la integración de la Comisión Administradora del Poder Legislativo tiene la peculiar circunstancia de integrarse con representantes del lema más votado y del que le sigue en número de votos, siempre se estimó que -y esta es la historia de las funciones del Cuerpo- sus resoluciones eran, de alguna manera, refrendadas por el Senado, en especial las presupuestales que son las que indican tanto los recursos de que dispone, como los sueldos y el número de funcionarios.

Esta es la tradición. Quiero que se establezca explícitamente por el Senado y por la Cámara de Representantes cuál es el límite de las atribuciones de la Comisión Administrativa porque, en este caso, habría un porcentaje del 30% de los legisladores que no se enterarían para nada de las resoluciones que dicte la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y, además, las decisiones se adoptarían al margen de su voluntad.

En consecuencia, pido que el tema pase a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación y si corresponde que la Comisión Administrativa tenga la autonomía que se ha atribuido por sí misma en la sanción de su propio Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de poner a votación la moción de orden que plantea el señor senador Gargano, la Presidencia se siente en el deber de informar al Cuerpo que oportunamente la Comisión Administrativa -no su Presidente- por unanimidad de sus miembros, es decir, la Presidencia, los dos señores senadores y los dos señores representantes que la integran, entendieron, y así lo resolvieron, que la sanción del Presupuesto de la Comisión Administrativa es competencia exclusiva de dicha Comisión.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - En cuanto a la cuestión de orden planteada por el señor senador Gargano, en el sentido de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado debe proceder a dictaminar sobre las competencias de la Comisión Administrativa, a fin de aprobar el Presupuesto de ésta, debemos decir que estimamos que el hecho de que votemos favorablemente por la moción presentada, implicaría reconocer que este Cuerpo tiene que ver con el manejo y la conducción en la forma de actuar de la Comisión Administrativa, como si ella integrara esta Cámara.

Hemos dado nuestra opinión en el seno de la Comisión de Asuntos Administrativos, en el sentido de que la Comisión Administrativa -que fue creada y modificada por ley su constitución- es un órgano que no tiene la condición de legislativo, sino que tiene constitución netamente administrativa y, por tal razón, en nuestro criterio, está en condiciones de aprobar su propio presupuesto.

Por lo tanto, nos vamos a expedir negativamente sobre la solicitud efectuada por el señor senador Gargano, porque de lo contrario estaríamos reconociendo que es competencia del Senado proceder a la determinación de las posibilidades de la Comisión Administrativa, por cuanto estaríamos admitiendo que la Comisión de Constitución y Legislación de este Cuerpo debería determinar este tema.

Por otra parte, existe la particularidad de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se expida con respecto a la existencia y alcance de dos o tres leyes que regulan la actividad de esta Comisión Administrativa, ya que no creemos que sea posible admitirlo como competencia de la propia Comisión de esta Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por razones de índole política el Presidente debe retirarse de Sala, por lo que solicita ocupe la Presidencia el primer Vicepresidente del Cuerpo, señor senador Santoro.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Santoro)

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - No me gusta hablar en primera persona, pero debo decir que fue quien habla, en el período pasado, quien cuestionó en primera instancia la regulación, por medio de la ley, de facultades que, en mi concepto, son de competencia institucional exclusiva del Poder Legislativo.

En aquel momento -creo que por unanimidad del Senado- se encomendó a la Comisión de Constitución y Legislación, el cometido de estudiar este tema. Si mal no recuerdo, posteriormente hubo un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio, en el que se planteaba la derogación de la ley que regulaba las facultades de la Comisión Administrativa.

Considero que se trata de un asunto en el que, evidentemente, la normativa actual no es la institucionalmente correcta. Durante muchos años el Presupuesto de la Comisión Administrativa fue aprobado por el Senado. Esta es la primera oportunidad en que esta Comisión reivindica determinadas facultades que dejan fuera del ámbito de resolución, problemas importantes para el Poder Legislativo, como los que representa el 30% del electorado nacional.

Este tema merece discusión y quien habla ratifica su concepto de que no puede estar regulado por ley, porque en ese caso el Parlamento estaría abdicando de facultades que le son privativas, por cuanto en la medida en que el mecanismo formalmente utilizado es el de la ley, se posibilitaría la vía del veto por parte del Poder Ejecutivo.

Entendemos que este asunto debe ser resuelto a nivel de la Asamblea General y que ninguna de las Cámaras tiene competencia en la materia. No se trata de que nos opongamos a que en la Comisión de Constitución y Legislación de ambas Cámaras se examine el tema, sino que es de facultad exclusiva del Parlamento, recayendo sobre, reitero, la Asamblea General. En consecuencia, este aspecto no puede ser resuelto sobre la base de que la Comisión Administrativa es la única habilitada para resolver algo que me parece es de resorte del Poder Legislativo.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Comienzo por recordar el episodio parlamentario a que hizo referencia el señor senador Batalla. El señor senador, efectivamente, planteó -y el Senado expresó su conformidad- que el tema de la Comisión Administrativa integra la órbita del gobierno de la Asamblea General.

El proyecto de ley presentado por el que se pretendía derogar la ley vigente -que establece una integración exclusivamente por dos lemas- se hizo sobre la base del razonamiento expuesto por el señor senador Batalla y sólo por un simple error documental no llevó la firma de este señor senador, quien tuvo la iniciativa en tal sentido.

La derogación tiene por objeto reconocer que este tema no es materia de una ley, sino de los reglamentos, según el artículo 105 de la Constitución que dice lo siguiente: «Cada Cámara se gobernará interiormente por el reglamento que se dicte y, reunidas ambas en Asamblea General, por el que ésta establezca».

Al parecer, si no entendemos que la Comisión Administrativa pertenece al Palacio Legislativo o al Poder Legislativo, deberemos encontrarle alguna naturaleza jurídica extraña, que es un Ente Autónomo, un Servicio Descentralizado o un órgano ajeno a todos los Poderes, con algún tipo de competencia muy especial que no podemos reconocer.

En segundo lugar, conviene dejar en claro que ese proyecto de ley, junto con el de integración del Directorio del Banco de Previsión Social -como lo ordena la Constitución- no fueron tratados en el ámbito de la Comisión de Constitución y Legislación.

En tercer término, pienso que, aún con esa legislación vigente, no se ha encontrado ninguna forma presupuestal que no sea la de que el Cuerpo legislativo -en este caso la Asamblea General, ya que hay una dependencia de ambas Cámaras- actúe en la aprobación del Presupuesto de la Comisión Administrativa. En este aspecto, la Constitución de la República fija un sistema de presupuesto múltiple: uno para la Administración Central, otro para los organismos del artículo 220, otro para los Entes comerciales e industriales y otro para los Gobiernos Departamentales, pero no prevé ninguna otra fórmula presupuestal. Sin embargo, todos estamos de acuerdo con que se trata de un órgano público, a no ser que se sostenga que no lo es.

En consecuencia, no se puede inventar, al margen de las fórmulas presupuestales previstas en la Constitución, una manera de hacer un Presupuesto distinto. Además, la Constitución establece en su artículo 108, las potestades presupuestales internas de las Cámaras del Poder Legislativo; no existe otra y si se estableciera, ella quedaría al margen de nuestro ordenamiento máximo.

Por consiguiente, entiendo que debe haber un pronunciamiento no sólo de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, sino también de la de la Cámara de Representantes, a efectos de que el tema se regule dentro del marco constitucional ostensible que está a la vista.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - En forma muy breve deseo hacer un planteo que puede parecer de escasa importancia, pero si las funciones de la Comisión Administrativa son efectivamente las que ha definido la Mesa, esto puede ser tomado en carácter de sugerencia.

El Senado votó una retribución -decisión que acompañamos- para aquellos funcionarios que trabajaron extraordinariamente con motivo del tratamiento del Presupuesto Nacional y nos parece que es injusto que se excluya a los de la Comisión Administrativa. Dichos empleados también cumplieron horarios extraordinarios a raíz de la labor que se realizó a nivel de las Comisiones de Presupuesto integrada con Hacienda y la de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Ya están incluidos.

SEÑOR SINGLET. - Me tranquiliza la acotación que acaba de hacer el señor senador Silveira Zavala pero, de acuerdo con las últimas consultas que realicé, no estaban incluidos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - La Mesa señala que de acuerdo a la información que posee, los funcionarios de la Comisión Administrativa que trabajaron extraordinariamente durante el tratamiento del Presupuesto están incluidos en dicha resolución.

En consideración la moción formulada por el señor senador Gargano.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Sin pretender ser impertinente o vanidoso, desearía que el Senado votara la moción de orden que se ha propuesto, ya sea en un sentido o en otro. Asimismo, señalo que desde ayer tenemos un orden del día que no hemos comenzado a considerar, aunque sí hemos analizado muchos otros asuntos. Pienso que si no hacemos un torneo oratorio, podemos finalizar el orden del día en poco más de una hora de trabajo.

En consecuencia, invito a los compañeros del Cuerpo a agilizar el trabajo para agotar todos los asuntos que tenemos pendientes. En la sesión del día de ayer, no pudimos votar un proyecto porque había solamente trece señores senadores en Sala.

Por otro lado, tenemos pendiente la designación de una escuela con el nombre del escribano Dardo Ortiz que aún no se ha tratado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - La moción de orden presentada por el señor senador Gargano, es a los efectos de que la Comisión de Constitución y Legislación se expida sobre las facultades que en materia tributaria tiene la Comisión Administrativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 22. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Léase el proyecto de declaración.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Teniendo en cuenta la altura del año en que nos encontramos y dada la hora de la sesión, considero que no sería bueno entrar ahora a tratar este punto del orden del día, porque realmente es un tema difícil, su discusión será polémica y creo que no estamos en el mejor ánimo como para tratarlo en estos momentos. En tal sentido, formulo moción para que se lo incluya en el orden del día de la primera sesión ordinaria del próximo año.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Raumar Jude). - Se va a votar la moción en el sentido indicado.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

23) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 54 minutos, presidiendo el señor senador Jude, y estando presentes los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Astori, Blanco, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Fuentes, de Posadas Montero, Gargano, Irurtia, Korzeniak, Librán Bonino, Pérez, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora del Cuerpo de Taquígrafos

NOTAS

(1) Solo se podrá invocar este artículo en circunstancias excepcionales debidamente notificadas al Comité.

(2) Ver Capítulo I, artículo 1, literales h), i) y k) para leer la definición que da el Acuerdo de estos conceptos.

(3) Ver al respecto una definición precisa de lo que se entiende por productores nacionales, perjuicio grave y amenaza de perjuicio en el Capítulo I, artículo 1, literales d), e) y f).

(4) Ver Capítulo I, artículo 1, inciso g) para definición de "circunstancia crítica".

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.