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N° 144 - TOMO 344 - 12 DE NOVIEMBRE DE 1991

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

71ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

EL PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA 1er. Vicepresidente

y el SEÑOR JOSE GERMAN ARAUJO 3er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Zona Costera del departamento de Canelones Tala de árboles

- Manifestaciones del señor senador Arana.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del Interior y de Defensa Nacional, así como también a la Intendencia y Junta Departamental de Canelones.

5) Industria de la Construcción. Situación laboral

- Manifestaciones del señor senador Pérez.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente y de Trabajo y Seguridad Social, Así como al SUNCA, a la Cámara y Liga de la Construcción.

6) Frigorífico Modelo. Condiciones de trabajo de los operarios de la sala de máquinas

- Manifestaciones del señor senador Zumarán.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Directorio del Banco de Previsión Social y a la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Cuerpo.

7) Entrada y salida de aeronaves privadas extranjeras al territorio nacional

- Manifestaciones del señor senador Ricaldoni.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

8) Gibran Khalil Gibran. Se designa con su nombre la Escuela N° 302 de 2° Grado de Montevideo

- Se resuelve, por moción del señor senador Cigliuti, declarar urgente la consideración de este proyecto.
- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar Director del Banco Central del Uruguay. Informe de la comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia para designar Miembro Integrante Militar de la Suprema Corte de Justicia. Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo para acreditar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República Argelina Democrática y Popular. Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a dos funcionarios públicos

- Se resuelve, por moción del señor senador de Posadas Montero, alterar el orden del día y pasar a sesión secreta para considerar estos asuntos.
(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para designar un Director del Banco Central del Uruguay y acuerdo para acreditar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la república Argelina Democrática y Popular; asimismo, concedió venia para exonerar de su cargo a dos funcionarios públicos y devolver a la Comisión respectiva la solicitud de venia para designar miembro integrante militar de la Suprema Corte de Justicia.

10) Régimen de licencia de los señores legisladores. Su modificación

- En consideración.
- Se resuelve incluir este tema en la primera sesión ordinaria a realizarse en le mes de diciembre o en una extraordinaria si fuera citada anteriormente.

11) Padrón N° 3731 ubicado en la Primera Sección Judicial del departamento de Rivera. Autorización al Ministerio de Salud Pública

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Inmueble ubicado en la 8ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó. Se autoriza su transferencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la ANEP

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de representantes.

13) Pasaportes diplomáticos y oficiales. Acuerdo suscrito con la República de El Salvador para la supresión de visas. Su aprobación

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Pensiones graciables y honores públicos. Normas reguladoras para su concesión

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Invitación oficial para que autoridades del Soviet Supremo visiten nuestro país. Proyecto de resolución

- En consideración.
- Aprobado.

16) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 8 de noviembre de 1991.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 12, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al Ec. Javier de Haedo Director del Banco Central del Uruguay.

(Carp. N° 666/91 – Rep. N° 305/91)

2°) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia para designar Miembro Integrante Militar de la Suprema Corte de Justicia al señor Coronel en situación de retiro, don Ademar E. Cordones.

(Carp. N° 535/91 – Rep. N° 237/91)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3°) Por el que se modifica el régimen de licencia de los legisladores.

(Carp. N° 626/91 – Rep. N° 298/91)

4°) Por el que se autoriza al Ministerio de Salud Pública a enajenar a título gratuito el Padrón N° 3731, ubicado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Rivera.

(Carp. N° 450/91 – Rep. N° 296/91)

5°) Por el que se transfiere del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a título gratuito a la Administración Nacional de Educación Pública, un inmueble ubicado en la 8ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó.

(Carp. N° 619/91 – Rep. N° 297/91)

6°) Por el que se aprueba el Acuerdo para la supresión de Visas en los pasaportes diplomáticos y oficiales suscrito con la República de El Salvador.

(Carp. N° 643/91 – Rep. N° 303/91)

7°) Por el que se establecen normas reguladoras de la concesión de pensiones graciables y honores públicos.

(Carp. N° 438/91 – Rep. N° 301/91)

8°) Proyecto de resolución elevado por la comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la invitación oficial para que autoridades del Soviet Supremo de Rusia visiten nuestro país.

(Carp. N° 665/91 – Rep. N° 302/91)

9°) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República Argelina democrática y Popular al señor Ministro Consejero José Luis Aldabalde.

(Carp. N° 654/91 – Rep. N° 304/91)

10) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo Constitucional vence el 2 de diciembre de 1991). (Carp. N° 590/91 – Rep. N° 299/91).

- un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence el 2 de diciembre de 1991). (Carp. N° 588/91 – Rep. N° 300/91).

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Astori, Batalla, Blanco, Bouza, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Pérez, Pozzolo, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán.

FALTA: con licencia, el señor senador Belvisi.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 1 minuto)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 12 de noviembre de 1991.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

relacionada con el Balance General correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1990, de la Administración Nacional de Puertos.

relacionado con el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados de Origen y Aplicación de Fondos y de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 1990, de la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR).

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Industria Lobera y Pesquera del Estado: relacionada con los Estados de situación Patrimonial, correspondiente al Ejercicio 1989.

De la Comisión Honoraria Administradora del "Fondo de Fomento a la Prensa del Interior": relacionada con los Estados Contables al 31 de diciembre de 1990.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder ejecutivo por los que comunica haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se fijan los precios mínimos de exportación de carácter provisorio, para la importación de azúcar refinado, acondicionado y no acondicionado para la venta al por menor.

por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar orden de entrega a favor del Ministerio de Educación y Cultura a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por Sentencia dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo.

-Ténganse presente.

El Ministerio de Economía y Finanzas acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Carlos Cassina, relacionadas con los ex-funcionarios públicos que se acogieron a los beneficios de la Ley N° 16.127, de 7 de agosto de 1990.

-A disposición del señor senador Carlos Cassina.

La Cámara de Representantes comunica la sanción de los siguientes proyectos de ley:

por el que interpreta el artículo 711 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en el sentido de que los topes de acumulación de pasividades no regirán para las jubilaciones y pensiones que otorguen las Cajas Paraestatales, manteniéndose vigente el tope del inciso primero del artículo 72 del llamado Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979.

por el que se establecen los requisitos para la obtención de la personalidad jurídica por parte de los fundadores de las sociedades cooperativas.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

La Comisión de Industria y Energía eleva informado el proyecto de ley por el que se regula la exportación de cueros bovinos.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo al núcleo poblado denominado MERINOS, sito en la 5ta. Sección Judicial del departamento de Paysandú.

-Repártanse e inclúyanse en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana miércoles".

4) ZONA COSTERA DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES. Tala de árboles.

SEÑOR PRESIDENTE. – El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. – Señor Presidente: quisiera plantear un problema que frecuentemente y en forma creciente aparece en el dominio público, que refiere a los abusos cometidos contra múltiples predios, muchos de ellos cercanos a Montevideo y otros bastante más alejados, que acentuadamente están desfigurando nuestras áreas costeras y, además, perjudicando los intereses de los propietarios de dichos predios.

Es conocida la forma con que muchas personas, en algunos casos, adquiriendo predios de particular conformación topográfica –se trata, concretamente, de terrenos elevados- los desmontan hasta su límites, habitualmente, más abajo del nivel de las propias calles en las zonas urbanizadas, comprometiendo, así, las propiedades linderas e inclusive, la estabilidad de los edificios allí establecidos. Pero, además, esta tala radical de esos terrenos tiene como objetivo la venta de las especies, particularmente coníferas, que han sido implantadas. A menudo, esas talas ni siquiera se realizan en terrenos propios, sino que afectan propiedades ajenas. Curiosamente, se dice que es difícil a cabo los controles respectivos, y se aduce que las personas inescrupulosas que efectúan estas acciones se aprovechaban de días lluviosos para que el ruido de las motosierras quede, digamos, enmascarado por el producido por el agua. Lo cierto es que una y otra vez son múltiples las preocupaciones de propietarios o de vecinos que ven desfigurados sus terrenos y la forestación de las áreas costeras próximas a los balnearios, todo lo cual general perturbaciones que no sólo comprometen la propiedad privada, sino también aspectos esenciales que tienen que ver con la riqueza turística de nuestro país y con las expectativas económicas que la colectividad tiene en su conjunto.

Lo más curioso es que en zonas como Cuchilla Grande, balneario Argentino, Jaureguiberry y Santa Ana, en reiteradas oportunidades, los vecinos concurren a la dependencias policiales, aduciéndose, a veces, que deben recurrir a la Marina por tratarse de zonas próximas a la costa y en otras ocasiones se los desvía a la Dirección de Geología y Mineralogía a la Dirección de Vialidad. Lo cierto, es pues, que tanto los propietarios como los vecinos muy a menudo se ven confundidos acerca de quién dirigirse para efectuar las denuncias que impidan esos agravios contra la propiedad privada y colectiva.

Por otra parte, se nos ha manifestado que las acciones depredatorias, tanto en lo que tiene que ver con la tala de árboles, como con la extracción indiscriminada de arena, no sólo se produce en la costa Oeste –situación que, con anterioridad, ha originado un sinnúmero de denuncias- sino también, en la costa Este, por ejemplo, en la zona situada próxima al kilómetro 75 de la Ruta Interbalnearia. Inclusive, algunos vecinos nos han hecho saber que son conocidos los aserraderos que en rutas próximas a la zona costera son los protagonistas de este tipo de actuaciones.

Dado que entendemos que esta situación colide claramente con el interés privado y también con el público, y habida cuenta de la importancia, gravedad y reiteración de estos hechos, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del Interior y de Defensa Nacional, así como a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la solicitud que acaba de formular el señor Arana.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

5) INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. Situación laboral.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. – Señor Presidente: en esta oportunidad quisiera ocuparme de la situación que existe en la industria de la construcción. En los últimos meses, todos los sectores vinculados a ella han manifestado su preocupación por la acentuación del desempleo.

En el mes de junio de este año, el Presidente de la Liga de la Constitución, doctor Eduardo Ríos, adelantó en un artículo publicado en le diario "El País" que la construcción es el sector que en los último ocho años tiene el promedio del Producto Bruto Interno más bajo en los valores constantes, y que la disminución en un 25% de los permisos de construcción en Montevideo, en un factor agravante de los problemas que afectan a la industria desde hace años.

Agregaba en aquel momento que existía la posibilidad de que el sector informal desplazara al formal en la actividad de la construcción propiamente dicha, en el suministro de materiales, en los insumos y en la mano de obra.

Esta industria, como todas las otras, serán afectadas por los cambios que implique el MERCOSUR. Dichos cambios se estarán dando en un marco que, por cierto, es cada vez más preocupante.

Veamos algunas cifras. El Plan Quinquenal de viviendas, que prevé la construcción de un número igual de viviendas que el período anterior, tendrá un millón de metros cuadrados menos. La inversión del propuesto Plan Quinquenal, es menos del 40% en Unidades Reajustables que en el quinquenio anterior. Mientras que en ese período el total de la inversión llegó a casi noventa y cuatro millones de Unidades Reajustables, en el Plan actual se prevé un total de apenas treinta y siete millones de Unidades Reajustables.

Los costos financieros del Plan Quinquenal de Viviendas entre 1985 y 1990, fueron del orden de los cuarenta y nueve millones de Unidades Reajustables, mientras que el previsto para el Período 91-95 es de dos millones doscientas mil Unidades Reajustables.

Los costos operativos durante iguales períodos son de casi quince millones de Unidades Reajustables y un millón respectivamente.

Observemos que el Plan Quinquenal anterior sólo fue ejecutado en una tercera parte, y partía de similar número de viviendas. Pero la inversión era mayor porque el tipo de vivienda a construir era diferente.

Hoy hablamos de los núcleos evolutivos, por lo que a igual número de viviendas tenemos un millón de metros cuadrados menos de construcción.

(Ocupa la Presidencia el profesor Carlos J. Pereyra)

-La emergencia nacional en materia de viviendas intenta justificar transitoriamente este tipo de núcleos. Creemos que las soluciones estarían dadas por viviendas mucho más dignas para nuestra población.

Pero el tema que hoy prioritariamente nos preocupa es la pérdida constante de puestos de trabajo. A la industria de la construcción debemos agregar, por ejemplo, el cierre constante de empresas en otras industrias, como de la textil, de la vestimenta o de la metalúrgica, de las cuales oportunamente también nos ocuparemos.

Debemos tomar medidas inmediatas para reactivar la construcción. Los trabajadores deben contar con fuentes de trabajo seguras para mantener a sus familias. El seguro de paro y la desocupación no pueden ser el horizonte cercano de sus vidas. Además, cabe destacar que el seguro de paro debe ser incrementado con el nuevo proyecto que, en su oportunidad, fue aprobado en la Cámara de Representantes y sólo contó con media sanción.

Asimismo, estamos hablando de una industria que reactiva toda nuestra economía, con efectos multiplicadores para todas las ramas de la producción que utiliza esencialmente materia prima nacional.

Las preocupaciones que manifestaba el señor Presidente de la Liga de la Construcción, en junio de ese año, especialmente referidas a las perspectivas frente al MERCOSUR, seguramente hoy son mayores. Creemos que no se están tomando las medidas adecuadas para insertarnos en la región.

La inversión pública tiene en este aspecto un papel fundamental a cumplir aunque, lamentablemente, no lo está haciendo. De ahí depende la reactivación de la industria y mejores perspectivas para la integración.

En consecuencia, formulo moción para que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, así como también al SUNCA, a la Cámara de la Construcción y a la Liga de la Construcción.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Pérez.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) FRIGORIFICO MODELO. Condiciones de trabajo de los operarios de la sala de máquinas.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: desde hace un tiempo hemos sido visitados por algunos trabajadores del Frigorífico Modelo, quienes nos han planteado la situación en que se encuentra una parte de ellos- felizmente reducida- que desempeñan sus tareas en la sala de máquinas. En una visita que realizamos a dicha planta, tuvimos oportunidad de verificar que el trabajo se desarrolla en condiciones precarias, en lo que tiene que ver con la salud de los obreros que allí cumplen tareas.

Por ese motivo, nos estamos refiriendo a ese tema en este momento, con la finalidad de saber si se puede obtener, por parte de las autoridades, algún tipo de indemnización para este trabajo, tanto para quienes se desempeñan en esta planta concreta del Frigorífico Modelo, como en otras que pueden considerarse similares.

Es sabido, señor Presidente, que tradicionalmente estas actividades han sido calificadas como nocivas o perjudiciales para la salud; inclusive, esto estaba fijado por ley hasta que durante el período de facto, a través del Acto Institucional N° 9, este tipo de decisiones pasaron de la órbita del Poder Legislativo al ámbito de la Administración. Concretamente, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son quienes deben verificar los extremos de si la actividad de que se trata es o no insalubre. Asimismo, deben fijar algún tipo de compensación en el cómputo jubilatorio para esta categoría de trabajadores.

Las personas que se desempeñan en las salas de máquinas de plantas frigoríficas deben enfrentar, en primer lugar, un ruido verdaderamente insoportable que, de acuerdo con lo que se nos informó en una visita que tuvimos oportunidad de realizar, supera, inclusive, los 100 decibeles y provoca, con el correr del tiempo, lesiones de carácter permanente en el oído y, en general, en la mente del obrero.

Esta máquina funciona con gas de amoníaco y periódicamente tiene escapes cuya intensidad felizmente es variable. Pero aun se trate de escapes leves o ligeros, de todas maneras perjudica sensiblemente las vías respiratorias y la piel. Si estos escapes son de consideración, pueden originar hasta la muerte del trabajador que realiza su tarea junto a estas máquinas. Estos trabajos se efectúan a muy baja temperatura. Antiguamente, era tradicional que los cuartos compensados de carne se exportaran a una temperatura de 18° bajo cero. Actualmente las exigencias de los mercados consumidores ha bajado esta temperatura a 25° bajo cero. Esto hace que no sólo los empleados que trabajan en las máquinas, sino también, los que se desempeñan en las cámaras frigoríficas, realicen sus tareas con esta temperatura. Los señores senadores podrán imaginar las consecuencias que este frío excesivo provoca en el cuerpo humano. Transcurrido el tiempo, se comprueba en esos trabajadores descalcificaciones óseas, así como otras deformaciones, por causa de trabajar a tan bajas temperaturas.

Es común que el trabajo se desarrolle bajo un índice de humedad del 90%, razón por la cual es frecuente que el funcionario contraiga reumas u otro tipo de afecciones en su salud provocados por este altísimo porcentaje de humedad.

Concretamente este es el planteo que me han formulado algunos funcionarios de esta empresa. Entiendo que deberíamos realizar un trabajo legislativo y administrativo, con el fin de mejorar la situación de estos trabajadores, así como la de todos aquellos que se encuentren en condiciones similares.

En consecuencia, solicitamos que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Comisión de Asuntos Laborales de este Cuerpo, a los efectos de analizar este tema y, además, que se envíe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Directorio del Banco de Previsión Social, a fin de que tomen conocimiento de esta situación y estudien este problema, desde el punto de vista médico, con el objetivo de encontrar una solución.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - La Mesa desea aclarar que, de acuerdo a su pedido, la versión taquigráfica de las palabras expresadas por el señor senador Zumarán, pasará a la Comisión de Asuntos Laborales, pero en cuanto a la solicitud de que ellas sean enviadas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Banco de Previsión Social, deberá ser votado por el Cuerpo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar de acuerdo con lo solicitado en segundo término.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

7) ENTRADA Y SALIDA DE AERONAVES PRIVADAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: me quiero referir a un tema vinculado con la aviación civil del país. No es un tema nuevo, sino que se arrastra desde hace muchos años y afecta en forma absolutamente injusta y discriminatoria, tanto a los aviones civiles particulares, como a los que se dedican al servicio de aerotaxi.

Creo que es el momento para que se tome algún tipo de decisión por parte de las autoridades uruguayas para evitar una práctica argentina respecto de los aviones civiles uruguayos, que es exactamente contraria a la que generosamente se lleva a cabo por parte de nuestras autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

En la Argentina está vigente una resolución N° 27 del año 1986 establecido por la Dirección de Tránsito Aéreo, relativa a normas para la entrada y salida en territorio argentino de aeronaves privadas extranjeras. Durante el año pasado, luego de realizar las gestiones correspondientes se logró, con carácter excepcional, que esta resolución – a la que posteriormente me referiré- no fuera aplicable a la entrada de aviones civiles uruguayos que aterrizaran en los Aeropuertos de Eseiza, Aeroparque y Don Torcuato, pero sigue vigente para la totalidad de los aeropuertos de la República Argentina. En síntesis, esta disposición argentina obliga a que los aviones uruguayos que tengan que ir al país hermano, deban solicitar, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por medio de un telegrama dirigido al Comando de Regiones Aéreas de la República Argentina, una autorización que les permita ingresar solamente a esos tres Aeropuertos mencionados. Este telegrama es costoso, porque obliga a proporcionar información de distinta índole y luego debe esperarse la respuesta afirmativa de las autoridades argentinas. Sucede que cuando un avión uruguayo llega a uno de esos tres aeropuertos sin dicha autorización, es detenido y, en ese momento, se labra un acta de infracción por ese aterrizaje, con lo cual muchas veces se ocasionan perjuicios a los pilotos uruguayos, derivados de la prohibición de regresar a la República Argentina.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-A esta situación se suma el hecho de que los argentinos además de estos tres aeropuertos, solamente cuentan con uno de carácter aduanero para cubrir la totalidad de ese gran territorio, ubicado al norte de la República, denominado Paso de los Libres. Ello significa que cualquier avión que tenga que ir a otro lugar del interior argentino, tiene que realizar los trámites de aduana en un lugar distante de aquél al que quiere arribar. Este Aeropuerto carece de combustible lo que causa perjuicios muy grandes a los trabajadores uruguayos e, inclusive, a los particulares, que ven con sorpresa la discriminación que se hace a sus aviones a diferencia de lo que, generalmente, el Uruguay dispone en relación a los de matrícula argentina. Nuestro país, además de los Aeropuertos Aduaneros de Carrasco y Laguna del Sauce, cuenta con los de Colonia, Mercedes, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Melo, mientras que Argentina, repito, tiene solamente el de Paso de los Libres.

Quiero insistir en el hecho de que los aviones argentinos que se encuentran en una condición similar, no tiene que hacer ninguno de estos trámites ni cuando se dirigen al territorio uruguayo ni cuando lo sobrevuelan; transitan libremente por todo el país. Inclusive, se les facilita que en el plan de vuelo de la aeronave –que debe elaborarse antes de su despegue- ya se soliciten de antemano los servicios de Aduana y de Migraciones. Repito además que los aeropuertos de Colonia, Mercedes, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Melo, más los de Carrasco, Melilla y Laguna del Sauce cuentan con el combustible adecuado para estas aeronaves.

Brasil y Paraguay, socios del MERCOSUR, sólo exigen un telegrama de aviso previo al vuelo, con lo que demuestran que esta actitud es exclusivamente de las autoridades de la República Argentina.

Conozco casos concretos en los que, por ejemplo, un grupo de personas decide traer a nuestro país a un familiar que se ha accidentado en forma grave, para que reciba una adecuada atención médica –ya sea desde Mendoza, San Luis o cualquier punto de la Argentina- y no tiene otra alternativa que la de solicitar la contratación de un avión argentino, lo que puede significar una erogación mayor, inclusive, la inseguridad de saber si el enfermo es trasladado en las mejores condiciones posibles.

Esta actitud que considero discriminatoria, injusta, y que se viene repitiendo desde hace muchos años, poco tiene que ver con los alegados propósitos de hermandad rioplatense y con lo que se suele decir es el espíritu que anima a todos lo socios –incluyendo Argentina- del Tratado del MERCOSUR.

En estos momentos, en los que se avecina una temporada turística importante, naturalmente, no es del caso sugerir que la Dirección de Aeronáutica Civil Uruguaya tome represalias con las decenas de aviones argentinos que durante el verano llegan diariamente desde el vecino país. No obstante, pienso que deben realizarse las gestiones directas y enérgicas que se consideren necesarias para que no sigamos siendo víctimas de este tipo de discriminación.

Por lo tanto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Cancillería Uruguaya a los efectos de que informe sobre esta situación y también al Ministerio de Defensa Nacional, en su calidad de jerarca de la Dirección de Aeronáutica Civil, a fin de conocer su opinión sobre este problema y su disposición para adoptar los medios adecuados para que cese esta actitud perjudicial.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si el señor senador Ricaldoni no tiene inconveniente, la Mesa cree prudente señalar que su moción o su pedido final no se enmarca en lo que es de estilo, es decir, al simple envío de la versión taquigráfica al organismo competente en la materia a que refiere lo expuesto en Sala. El señor senador está solicitando que, de alguna manera, se exprese por tal organismo una opinión. La versión taquigráfica de sus palabras incluirá su pedido y el Ministerio procederá como lo entienda pertinente.

SEÑOR RICALDONI. - Comparto la interpretación reglamentaria de la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por lo tanto, con esa precisión, se va a votar la moción presentada por el señor senador Ricaldoni en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada a los Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) GIBRAN KHALIL GIBRAN. Se designa con su nombre la Escuela N° 302 de 2° grado de Montevideo.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: en la Comisión de Educación y Cultura del Senado está radicado un expediente iniciado por el Poder Ejecutivo que remitió Mensaje a la Asamblea General proponiendo la designación con el nombre de "Gibran Khalil Gibran" a la Escuela N° 302, de 2° Grado, de Montevideo. Esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y falta la sanción de este Cuerpo.

De esta manera, complementaríamos el ciclo parlamentario de este proyecto de ley.

La urgencia está dada por el hecho de que el día 22 de este mes se festeja un nuevo aniversario de la independencia del Líbano, y el nombre que se intenta dar a esta escuela corresponde al literato y poeta más eminente de esta República.

Por esas razones, solicito que se reparta el Mensaje del Poder Ejecutivo y mociono para que este asunto se declare urgente y se trate de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se declara urgente y se trata de inmediato el tema a que ha hecho referencia el señor senador.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Repártase.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada, por el que se designa a la Escuela N° 302 de 2do. Grado con el nombre de "Gibran Khalil Gibran".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 645/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La CAMARA DE REPRESENTANTES, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase con el nombre "Gibran Khalil Gibran" a la Escuela N° 302, de 2do. Grado, de Montevideo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de octubre de 1991.

Juan Adolfo Singer Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario"

-Léase.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Desígnase con el nombre ‘Gibran Khalil Gibran’ a la Escuela N° 302, de 2do. Grado, de Montevideo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria)."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

9) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY.

Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia para designar Miembro Integrante Militar de la Suprema Corte de Justicia.
Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo para acreditar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República Argelina Democrática y Popular.
Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la venia del Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a dos funcionarios públicos.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al economista Javier de Haedo Director del Banco Central del Uruguay".

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - En el día de hoy, el Senado tiene a su consideración cuatro asuntos que deben ser tratados en sesión secreta: dos al comienzo del orden del día y dos al final. Por lo tanto, mociono en el sentido de que se traten los cuatro juntos al comienzo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador de Posadas Montero en el sentido de que todos los asuntos que requieren ser tratados en sesión secreta se consideren al comienzo de la sesión.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en 1°, 2°, 9° y 10 lugar del orden del día.

(Así se hace. Es la hora 16 y 38 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 5 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - En sesión secreta, el Senado concedió al Poder Ejecutivo venia para designar como Director del Banco Central del Uruguay al economista Javier de Haedo, para designar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular al Ministro Consejero José Luis Aldabalde, para destituir un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo, resolvió volver a Comisión el proyecto de resolución de venia referido a la integración de un Juez Militar de la Suprema Corte de Justicia.

10) REGIMEN DE LICENCIA DE LOS SEÑORES LEGISLADORES. Su modificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el régimen de licencia de los Legisladores (Carp. N° 626/91. Rep. N° 298/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 626/91
Rep. N° 298/91

Artículo 496. - Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 10.618, de 24 de mayo de 1945, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 1°. - De conformidad con el inciso segundo del artículo 116 de la constitución, toda vez que la Cámara autorice la licencia del titular, se convocará al suplente que corresponda.

La licencia podrá ser autorizada siempre que su término comprenda al menos una sesión y que ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

A) Que el motivo invocado sea enfermedad o el cumplimiento de misión oficial.

B) Que el legislador deba ausentarse del país en virtud de obligaciones notorias e inherentes a su investidura o representación política.

C) Que el motivo invocado sea de índole personal, en cuyo case el término de la licencia no podrá exceder los treinta días en el año. Si la licencia concedida al amparo de esta causal excediera el plazo mencionado, el legisladores podrá acceder a la misma sin percibir remuneración.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

El tema había sido objeto de tratamiento, en oportunidad de la Rendición de Cuentas, por parte de la Cámara de Diputados.

El texto aprobado por los señores Representantes fue destinado a la Comisión Especial, creada por el Senado para considerar los temas de índole no presupuestal, donde luego de analizados algunos proyectos de anterior data y el venido de la Cámara, aquélla elaboró un artículo sustitutivo. Este a su vez pasó a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y luego al Senado, donde se resolvió su desglose y retorno a Comisión.

A lo largo de dicho trayecto ha quedado claro que existe opinión, si no unánime al menos mayoritario, de los señores senadores en el sentido de que las normas vigentes son insatisfactorias por su irreal rigidez, lo que ha llevado en la práctica a soluciones forzadas. Situación que se desea corregir.

Con igual claridad quedó demostrado que lo sustancial del tema, aquello que concita la preocupación de los señores senadores, radica en las consecuencias que un régimen normativo de ausencias proyecta sobre la integración del Cuerpo.

Este es el motivo central, lo que ha llevado a las soluciones prácticas antes referidas y lo que impulsa la reforma del sistema.

Finalmente, de las diversas instancias cumplidas en el Senado también surgieron con nitidez algunas discrepancias, circunscriptas a aspectos puntuales tales como la relación del receso con la licencia y la posible remuneración de ésta en ciertos casos.

Vuestra Comisión abordó el estudio del tema tomando en cuenta los antecedentes reseñados y el marco jurídico que el mismo da el artículo 116 de la Constitución, principalmente en su segundo inciso.

A partir de dicho marco que, como no podía ser de otra manera, regula el punto de forma genérica, el proyecto subraya en el acápite el motivo central aludido: la integración del Cuerpo y distingue las dos hipótesis constitucionales que habilitan la convocatoria de suplentes (licencia o impedimento personal).

A su vez, los literales A), B) y C) enumeran las causales de licencia, reconociendo la experiencia recogida, que excede el molde rígido de la normativa actual y, con igual espíritu, el inciso siguiente contempla otras hipótesis de ausencia, en este caso por impedimentos, de los que ningún ser humano está libre, evitando que por esta vía se provoquen desintegraciones parciales de las Cámaras.

El proyecto innova asimismo, frente al régimen actual, permitiendo que en casos diferentes a los anteriormente contemplado, pueda preservarse la finalidad perseguida en cuanto a integración de los Cuerpos, reconociendo el derecho que asiste a todo Legislador a solicitar licencia por motivos de su exclusiva incumbencia, desde que ésta no genere derecho a remuneración.

Finalmente, el penúltimo inciso recoge lo que ha sido práctica habitual y el último evita posibles desinteligencias en torno a la naturaleza de los recesos parlamentarios.

Sala de la Comisión, a 31 de octubre de 1991.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 496. - Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 10.618, de 24 de mayo de 1945, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 1°. - De conformidad con el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución, cada Cámara convocará al suplente que corresponda toda vez que autorice la ausencia del titular por licencia o impedimento temporal basado en motivos personales.

La licencia podrá ser autorizada por alguna de las siguientes causales:

A) Enfermedad.

B) Misión Oficial

C) Ausencia del país en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política.

Las ausencias por impedimento basadas en motivos personales, deberán ser autorizadas por resolución de la Cámara respectiva y no podrán exceder los treinta días en el año.

Podrán asimismo ser autorizadas licencias solicitadas sin expresión de causa, en cuyo caso las mismas se otorgarán sin goce de remuneración y no excederán de treinta días en el año.

Las licencias cesan automáticamente con el reintegro del titular.

En caso de licencias que comprendan total o parcialmente el receso de la Asamblea General, sólo se convocará a los suplentes cuando la Comisión respectiva o la Asamblea General fueran convocadas a sesiones extraordinarias."

Sala de la Comisión, a 31 de octubre de 1991.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Es sabido que la consideración de este tipo de normas debe ser resuelta sin mayores discusiones y, de ser posible, por unanimidad de los integrantes del Cuerpo.

Hemos percibido en nuestra propia bancada e, inclusive, en los compañeros de nuestra organización política de la Cámara de Representantes –que también estarían tratando posibles modificaciones coincidentes con estos criterios- cierta divergencia de opinión respecto a varios puntos específicos del tema de las licencias para los legisladores. Por tal razón, solicito la postergación de este asunto para un análisis más detenido de las mencionadas disposiciones.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Este asunto fue incluido en el orden del día de hoy, lo que significa que tiene una fecha cierta para su consideración. Sin embargo, ahora se ha solicitado su postergación por parte del señor senador Arana. Creemos, al respecto, que corresponde complementar dicha solicitud indicando para cuándo se pide la postergación ya que, de esa forma, el tema no quedaría en una situación muy particular, y además, no se inhabilitaría la posibilidad de su tratamiento.

El asunto que nos ocupa, naturalmente, ya cuenta con el informe respectivo y el merecido análisis que ya fue planteado oportunamente cuando se discutió la Ley de Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Por las razones expuestas, solicitamos que la moción sea complementada con la fecha de postergación, es decir, que el señor senador Arana indique la sesión en que el asunto se tratará o, si en su caso, dicha postergación es de carácter significativo, ello ameritaría una vuelta a la Comisión respectiva.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia apoya e pensamiento del señor senador Santoro porque una de las modificaciones que trae el proyecto de ley es la de regular el tema de la solicitud de licencias durante el período de receso, que es uno de los aspectos que ha sido objeto de justificada crítica. Entonces, una postergación "sine die" no solucionaría este problema para el ya próximo receso.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Solicitaría que este tema fuese considerado en la primera sesión ordinaria del mes de diciembre del Senado o, en el caso de citarlo para celebrar una extraordinaria, se incluya en el orden del día de dicha sesión.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Acompañaríamos la solicitud de prórroga que plantea la bancada del Frente Amplio para la primera sesión ordinaria, aunque no asumiríamos el compromiso de ubicar el tema en el primer lugar del orden de día de cualquier sesión extraordinaria, cualquiera sea el asunto para el que se convoque. Puede haber motivos poderosos para convocar una sesión de ese carácter y que no haya voluntad de que el tiempo lo insuma la discusión de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - No se está diciendo que se incluya como primero punto de una sesión extraordinaria, señor senador, sino simplemente en el orden del día.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - En ese entendido, señor Presidente, no habría inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar que este tema se pase a considerar en la primera sesión ordinaria del mes de diciembre o en una extraordinaria, si ésta fuera citada anticipadamente.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PADRON N° 3731 UBICADO EN LA PRIMERA SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA. Autorización al Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el 4° punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Ministerio de Salud Pública a enajenar a título gratuito el Padrón N° 3731, ubicado en la 1era. Sección Judicial del departamento de Rivera (Carp. N° 450/91 – Rep. N° 296/91)".

(Antecedentes:)

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Autorízase al Ministerio de Salud Pública a enajenar a título gratuito el Padrón N° 3731, ubicado en la Primera Sección Judicial del departamento de Rivera, Fracción 1 en el plano del ingeniero agrimensor Andrés Dibarboure, inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional, con el N° 2906, a la Cooperativa de Viviendas, "Funcionarios – Salud Pública – Pirámide" (COFUSAP, PIRAMIDE).

Art. 2°. - Comuníquese, etcétera.

Montevideo, 16 de abril de 1991.

Mariano Arana, José Germán Araújo, Danilo Astori, Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Jaime Pérez. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 4 de noviembre de 1988 se constituyó en la ciudad de Rivera, la Cooperativa de Viviendas denominada "Cooperativa Funcionarios –Salud Pública- Pirámide" (COFUSAP, PIRAMIDE), integrada como se desprende de su propia denominación, por funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

Lamentablemente, como tales, perciben ingresos muy bajos. Y frente a esa realidad, la problemática de la vivienda es muy difícil de resolver.

Con el presente proyecto de ley buscamos posibilitar la realización de una iniciativa que cuenta incluso, con la aprobación del propio Ministerio, faltando solamente la autorización exigida constitucionalmente.

Montevideo, 16 de abril de 1991.

Mariano Arana, José Germán Araújo, Danilo Astori, Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Jaime Pérez. Senadores.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

 

INFORME

Al Senado:

La Comisión aconseja al Senado la aprobación del presente proyecto de ley por el cual se autoriza al Ministerio de Salud Pública a enajenar a título gratuito el Padrón N° 3731 ubicado en la 1era. Sección Judicial del departamento de Rivera, Fracción 1 en el Plano del ingeniero agrimensor Andrés Dibarboure, inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional, con el N° 2906, a la Cooperativa de Viviendas "Funcionarios – Salud Pública – Pirámide" (COFUSAP, PIRAMIDE)

De hecho el referido Ministerio ya dio los pasos necesarios para que el citado inmueble fuera amojonado y para que pudiesen comenzar las obras.

El proyecto, entonces, establece en rigor la base legislativa para que el Ministerio de Salud Pública quede habilitado a realizar la donación a los efectos del perfeccionamiento de la titulación respectiva.

Por tales razones vuestra Comisión reitera su parecer en el sentido de la aprobación del proyecto adjunto.

Sala de Comisión, a 31 de octubre de 1991.

José Korzeniak (Miembro Informante). Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, Ignacio de Posadas Montero, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación, aconseja al Senado, por unanimidad, que se conceda al Ministerio de Salud Pública una autorización para donar un Padrón que está ubicado en el departamento de Rivera, donde funcionarios del mencionado Ministerio formaron una cooperativa para constituir su vivienda.

Al respecto, conviene tener presente que las obras correspondientes ya comenzaron y que en los hechos el Ministerio de Salud Pública dio su autorización, de tal manera que se trata, simplemente, de habilitar legalmente esa donación a efectos de evitar que pueda discutirse si dicho organismo tiene las facultades jurídicas idóneas para enajenar, a título gratuito, ese inmueble.

Esa es la razón por la que se sugiere la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1° y único.

(Se lee:)

"ARTICULO 1°. - Autorízase al Ministerio de Salud Pública a enajenar a título gratuito el Padrón N° 3731, ubicado en la Primera Sección Judicial del departamento de Rivera, Fracción 1 en el plano del ingeniero agrimensor Andrés Dibarboure, inscripto en la Dirección General del Catastro Nacional, con el N° 2906, a la Cooperativa de Viviendas ‘Funcionarios –Salud Pública- Pirámide’ (COFUSAP, PIRAMIDE)".

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia sugeriría suprimir estas siglas bastantes extravagantes que no agregan nada al proyecto de ley. Por lo que puede apreciar, sus autores asienten a la propuesta formulada.

En ese sentido, se va a votar el artículo 1° y único del proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

12) INMUEBLE UBICADO EN LA 8ª SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO. Se autoriza su transferencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la ANEP.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el 5° punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se transfiere del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a título gratuito a la Administración Nacional de Educación Pública, un inmueble ubicado en la 8ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó. (Carp. N° 619/91 – Rep. N° 297/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 619/91
Rep. N° 297/91

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 1° de octubre de 1991.

Señor Presidente de la
Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo para someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se afecta a la Administración Nacional de Educación Pública un inmueble ubicado en la 8ª Sección Judicial de Tacuarembó.

Saludo a ese Cuerpo con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Wilson Elso Goñi, Guillermo García Costa.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Desaféctase del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Dirección Nacional de Vialidad), afectándolo a título gratuito a la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), el inmueble Padrón N° 6542 de la 8ª Sección Judicial de departamento de Tacuarembó Paraje Paso de las Toscas – Arroyo Caraguatá, con una superficie de 4 hás. 4354 m.c., el que según plano del agrimensor Néstor Silvera Anduiza de diciembre de 1945, inscripto en la Oficina Departamento de Catastro de Tacuarembó con el N° 132 el 27 de julio de 1948, su destino es: Por el NE, recta de 175 m.00 con frente al Camino Nacional a Tacuarembó, por el NO., recta de 226 m. 80 lindando con los Suc. de Alejandrino Gamio, por el SO., recta de 225 m.00 lindando con los mismos propietarios y por el SE., la línea de Máximas Crecientes Ordinarias del Arroyo Caraguatá.

Art. 2°. - Comuníquese, etc.

Guillermo García Costa, Wilson Elso Goñi.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Constitución y Legislación de este Cuerpo ha estudiado el proyecto de ley por el cual se desafecta de su actual destino en el Patrimonio del Estado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), el bien empadronado con el número 6542 del departamento de Tacuarembó, asiento de la Escuela Rural número 43 de la localidad de Paso de las Toscas, afectándolo a la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria).

Es de interés de la Administración Nacional de Educación Pública adquirir dicho inmueble en virtud de las inversiones ya efectuadas, y de las que se podrán efectuar en el futuro, ya sea para ampliación o mantenimiento del local escolar que allí funciona.

Por lo expuesto, esta Comisión, sugiere al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que regularizará la situación del inmueble que sirve de asiento a la Escuela Rural número 43 de Paso de las Toscas.

Sala de la Comisión, a 31 de octubre de 1991.

Enrique Cadenas Boix (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Ignacio de Posadas Montero, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1°. - Transfiérese, a título gratuito, del dominio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Dirección Nacional de Vialidad), al de la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), el inmueble padrón N° 6542 de la 8ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó Paraje Paso de las Toscas – Arroyo Caraguatá, con una superficie de 4 hás. 4354 m.c., el que según plano del agrimensor Néstor Silvera Anduiza de diciembre de 1945, inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Tacuarembó con el N° 132 de 27 de julio de 1948, su deslinde es: Por el NE. Recta de 175 m.00 con frente al Camino Nacional a Tacuarembó, por el NO., recta de 226 m. 80 lindando con los Sec. De Alejandrino Gamio, por el SO., recta de 225 m.00 lindando con los mismos propietarios y por el SE., la línea de Máximas Crecientes Ordinarias del Arroyo Caraguatá.

Sala de la Comisión, a 31 de octubre de 1991.

Enrique Cadenas Boix (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Ignacio de Posadas Montero, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor miembro informante, señor senador Cadenas Boix.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Se trata de un predio perteneciente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero que está siendo utilizado por la Administración Nacional de Educación Pública, donde está instalada la Escuela de Las Toscas de Caraguatá.

A los efectos de regularización esa situación es que se transfiere dicho predio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Administración Nacional de Educación Pública.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1° y único del proyecto de ley.

(Se lee:)

"ARTICULO 1°. - Desaféctase del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Dirección Nacional de Vialidad), afectándolo a título gratuito a la Administración Nacional de Educación Pública (Consejo de Educación Primaria), el inmueble Padrón N° 6542 de la 8ª Sección Judicial del departamento de Tacuarembó Paraje Paso de las Toscas – Arroyo Caraguatá, con una superficie de 4 hás. 4354 m.c., el que según plano del agrimensor Néstor Silvera Anduiza de diciembre de 1945, inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Tacuarembó con el N° 132 el 27 de julio de 1948, su deslinde es: Por el NE. Recta de 175 m.00 con frente al Camino Nacional a Tacuarembó, por el NO., recta de 226 m. 80 lindando con los Suc. de Alejandrino Gamio, por el SO., recta de 225 m.00 lindando con los mismos propietarios y por el SE., la línea de Máximas Crecientes Ordinarias del Arroyo Caraguatá.

-La Presidencia sugiere suprimir las mayúsculas de las "Máximas Crecientes Ordinarias", porque por más que sean máximas deben figurar con minúsculas.

En ese entendido, se va a votar el artículo 1° y único del proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

13) PASAPORTES DIPLOMATICOS Y OFICIALES. Acuerdo suscrito con la República de El Salvador para la supresión de visas. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el 6° punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el acuerdo para la supresión de Visas en los pasaportes diplomáticos y oficiales suscrito con la República de El Salvador. (Carp. N° 643/91 – Rep. N° 303/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 643/91
Rep. N° 303/91

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 8 de octubre de 1991.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo para la Supresión de Visas en los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, suscrito entre la República Oriental del Uruguay y al República de El Salvador, el 2 de setiembre de 1991.

El Acuerdo, celebrado en oportunidad de la visita a la República del señor Presidente de la República de El Salvador, se inscribe en la tradición seguida por nuestro país, en el sentido de favorecer las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos y eliminar progresivamente el requisito del visado que rige en la actualidad.

A tales efectos, el Convenio recientemente suscrito da un paso adelante en tal sentido, ya que establece que los miembros de las Misiones Diplomáticas salvadoreñas y uruguayas debidamente acreditados, así como sus cónyuges y niños menores, estarán exentos de la obtención de las respectivas visas para el ingreso, permanencia o salida de ambos países (Art. 18).

Asimismo, los titulares de Pasaportes Oficiales válidos podrán ingresar en el territorio del otro Estado, transitarlo a salir de él, exentos del requisito de la visa (Art. 2°).

Las personas comprendidas por este Acuerdo, podrán permanecer en el territorio del otro Estado por un plazo de 90 días, renovable de conformidad con las legislaciones de los respectivos Estados (Art. 2°).

El Acuerdo, previsto con una duración indefinida, podrá ser suspendido temporariamente por razones de orden público, seguridad o salud pública (Art. 5°). Asimismo, se establece la posibilidad de denunciarlo, y en caso de que esto se verifique, cesará en sus efectos 90 días después de la percepción de la comunicación respectiva por parte del otro Estado.

El Poder Ejecutivo se permite poner de manifiesto la importancia de este Acuerdo para la profundización de los lazos de amistad existentes entre ambos países, por lo cual, a los efectos de la entrada en vigor del mismo, solicita su correspondiente aprobación.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Apruébase el Acuerdo para la Supresión de Visas en los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República de El Salvador, el 2 de setiembre de 1991.

Art. 2°. - Comuníquese, etc.

Héctor Gros Espiell.

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de El Salvador, C.A.

Montevideo, 2 de setiembre de 1991.

Al Excelentísimo señor
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República Oriental del Uruguay
Doctor Héctor Gros Espiell
Montevideo

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para comunicarle que el Gobierno de la República de El Salvador está dispuesto a concluir con el Gobierno de la República Oriental del Uruguay un acuerdo para la supresión de visas en los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales en los términos siguientes:

1. Los miembros de las Misiones Diplomáticas y Consulares salvadoreñas y uruguayas acreditadas en El Salvador y en Uruguay, así como sus cónyuges e hijos menores que vivan junto con ellos, está exentos de obtener el respectivo visado para ingresar, permanecer o salir del país receptor, durante el período que dure su misión en los respectivos países.

2. Los nacionales de la República de El Salvador y de la República Oriental del Uruguay que sean titulares de Pasaportes Diplomáticos u Oficiales válidos podrán entrar en el territorio del otro Estado, transitar por el mismo o salir de éste, exentos del requisito de visa.

Las personas antes indicadas podrán permanecer en el territorio del otro Estado por un plazo no mayor de noventa días, renovables de acuerdo con las respectivas legislaciones.

3. Las personas a que se refiere el presente Acuerdo tendrán el deber de observar en el territorio del otro Estado las leyes y reglamentos vigentes.

4. El presente Acuerdo no afecte el derecho de las autoridades competentes de cada Estado Contratante de rechazar la entrada o estadía en su territorio de aquellas personas cuya presencia se considere no deseable.

5. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá suspender temporalmente el presente Acuerdo por razones de orden público, seguridad o salud pública. La suspensión deberá ser notificada inmediatamente a la otra Parte por la vía diplomática.

6. La vigencia del presente Acuerdo será indefinida. Cada una de las Partes podrá denunciarlo en forma escrita en cualquier momento por la vía diplomática, en cuyo caso cesará de surtir efectos a los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la otra Parte haya recibido la denuncia.

7. Este Acuerdo entrará en vigor una vez que las Partes se comuniquen por intercambio de Notas a través del canal diplomático que se han cumplido los trámites constitucionales necesarios.

En caso de que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay esté conforme con estas disposiciones propongo que la presente Nota y la de respuesta de Vuestra Excelencia, de idéntico tenor, constituyan un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos.

Me valgo de esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

Firma Ilegible

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 2 de setiembre de 1991.

Al Excelentísimo
señor Ministro de
Relaciones Exteriores
de la República de El Salvador
Don José Manuel Pacas Castro
Montevideo

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en respuesta a su Nota del día de la fecha por la que se propone la conclusión de un acuerdo para la supresión de visas en los pasaportes diplomáticos y oficiales, conforme a las siguientes disposiciones:

"Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para comunicarle que el Gobierno de la República de El Salvador está dispuesto a concluir con el Gobierno de la República Oriental del Uruguay un acuerdo para la supresión de visas en los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales en los términos siguientes:

1. Los miembros de las Misiones Diplomáticas y Consulares salvadoreñas y uruguayas acreditadas en El Salvador y en Uruguay, así como sus cónyuges e hijos menores que vivan junto con ellos, están exentos de obtener el respectivo visado para ingresar, permanecer o salir del país receptor, durante el período que dure su misión en los respectivos países.

2. Los nacionales de la República de El Salvador y de la República Oriental del Uruguay que sena titulares de Pasaportes Diplomáticos u Oficiales válidos podrán entrar en el territorio del otro Estado, transitar por el mismo o salir de éste, exentos el requisito de visa.

Las personas antes indicadas podrán permanecer en el territorio del otro Estado por un plazo no mayor de noventa días, renovables de acuerdo con las respectivas legislaciones.

3. Las personas a que se refiere el presente Acuerdo tendrán el deber de observar en el territorio del otro Estado las leyes y reglamentos vigentes.

4. El presente Acuerdo no afecta el derecho de las autoridades competentes de cada Estado Contratante de rechazar la entrada o estadía en su territorio de aquellas personas cuya presencia se considere no deseable.

5. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá suspender temporalmente el presente Acuerdo por razones de orden público, seguridad o salud pública. La suspensión deberá ser notificada inmediatamente a la otra Parte por la vía diplomática.

6. La vigencia del presente Acuerdo será indefinida. Cada una de las Partes podrá denunciarlo en forma escrita en cualquier momento por la vía diplomática, en cuyo caso cesará de surtir efecto a los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la otra Parte haya recibido la denuncia.

7. Este Acuerdo entrará en vigor una vez que las Partes comuniquen por intercambio de Notas a través del canal diplomático, que se han cumplido los trámites constitucionales necesarios.

En caso de que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay esté conforme con estas disposiciones propongo la presente Nota y la de respuesta de Vuestra Excelencia, de idéntico tenor, constituyan un Acuerdo entre nuestros dos gobiernos.

Me valgo de esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Por encargo de la Comisión de Asuntos Internacionales voy a hacer un breve informe verbal relativo a este tema.

Se trata de un acuerdo entre los Gobiernos de El Salvador y del Uruguay vinculado con ciertas facilidades en materia de visas. No es un acuerdo, en mi opinión, de mayor trascendencia porque está referido exclusivamente a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares salvadoreña y uruguaya a los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales válidos, pero no a todos los demás ciudadanos de uno y otro país que deseen ingresar por cualquier motivo a los respectivos territorios involucrados en este acuerdo. En todo caso, no nos merece ninguna objeción: es un acuerdo que beneficia la tarea de los funcionarios oficiales, sean cual sea la naturaleza de la función y, por tanto, aconsejamos su aprobación por el Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1° del proyecto.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Acuerdo para la Supresión de Visas en los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República de El Salvador, el 2 de setiembre de 1991."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

14) PENSIONES GRACIABLES Y HONORES PUBLICOS. Normas reguladoras para su concesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en 7° término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas reguladoras de la concesión de pensiones graciables y honores públicos. (Carp. N° 438/91 – Rep. N° 301/91)".

(Antecedentes:)


"Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 3 de abril de 1991.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña.

El artículo 85 de la Constitución de la República, en su numeral 13, autoriza la concesión de Pensiones Graciables, y Honores Públicos, a quienes tuvieren los méritos relevantes motivantes.

Mediante la sanción de norma legal y especificando cada caso, tal como corresponde, la disposición constitucional ha sido aplicada en múltiples oportunidades.

Sin perjuicio de ello el Poder Ejecutivo estima de utilidad la fijación de normas genéricas que permitan una mejor y más justificable objetividad en cada caso particular a considerar.

Particularmente se procura la vinculación del beneficio a la situación económica del titular. Ello por razones obvias que resultan, y además por cuanto el propio texto constitucional autoriza –aunque no hay sido práctica nacional corriente- la concesión de honores públicos con jerarquía equivalente a las Pensiones Graciables. Precisamente se legisla sobre este último extremo en el artículo 9° del proyecto adjunto.

La norma refiere además a otras regulaciones de orden práctico que determinan una normativa aplicable a las Pensiones Graciables, cuyo texto no requiere mayores aclaraciones.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente, con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Guillermo García Costa, Carlos Cat, Enrique Braga Silva.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Las pensiones otorgadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Constitución de la República, en su numeral 13, constituyen un beneficio personal económico acordado en virtud de los grandes servicios públicos o méritos relevantes del beneficiario, que careciere de recursos propios.

Excepcionalmente, y por razones de notoria necesidad económica, podrán concederse a su cónyuge, cuando hubieren vivido de consuno, y a los familiares dentro del primer grado de consanguinidad.

Art. 2º. - Los proyectos de ley tendientes a la concesión de pensiones graciables, podrán ser presentados directamente por la Administración o iniciarse ante la autoridad pertinente por cualesquiera persona física o jurídica, y deberán necesariamente acompañarse con la documentación que acredite los méritos de la persona en cuyo beneficio se propone, y su situación de necesidad económica, así como, en su caso, la de sus familiares. La gestión se tramitará en el Ministerio de Educación y Cultura.

Art. 3º. - El traspaso de pensión –cuando la ley lo autorice- sólo podrá beneficiar al cónyuge o a sus hijos menores o incapaces. La distribución y acrecimiento de cuota entre los mencionados operará en la hipótesis, y en lo que fuere aplicable, del régimen general de pensiones servidas por el Banco de Previsión Social.

Art. 4º. - Las pensiones graciables se reajustarán en las mismas oportunidades y porcentajes aplicables a las pasividades que sirve el Banco de Previsión Social, salvo que el texto legal respectivo las fijare de modo que su ajuste resultare por otros conceptos.

Art. 5º. - Las pensiones graciables son compatibles con cualquier asignación que se perciba por concepto de actividad o pasividad, no siendo de aplicación topes de clase alguna.

Art. 6º. - En materia de ausentismo, caducidad de derechos, prescripción de haberes y normas similares, se aplicará a las pensiones graciables las normas que regulan el régimen general de las pasividades que sirve el Banco de Previsión Social.

Art. 7º. - La erogación resultante del servicio de las pensiones graciables, incluidas las que resulten por aplicación de la presente norma, serán de cargo de Rentas Generales.

Art. 8º. - Lo dispuesto en la presente ley no afectará las pensiones graciables, vigentes a su sanción, salvo que de su aplicación resultaren beneficios o mejoras para sus titulares, en cuyo caso se les aplicarán las mismas.

Art. 9º. - Cuando los méritos relevantes del causante existieren, pero circunstancias económicas ocurrentes no dieren mérito al otorgamiento de las pensiones reguladas en los artículos precedentes, podrán acordarse honores públicos (Art. 85 numeral in fine de la Constitución de la República) a quienes corresponda. En tal caso será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente ley.

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, etc.

Guillermo García Costa, Enrique Braga Silva, Carlos Cat.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha estudiado cuidadosamente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se establecen normas reguladoras del otorgamiento de pensiones graciables y declaración de honores públicos, que, en lo sustancial, se comparte.

Importa señalar, al respecto, que esta iniciativa tiene origen en una preocupación planteada en esta asesora y trasmitida oportunamente al señor Ministro de Educación y Cultura en reunión celebrada al efecto en la que se coincidió en la necesidad de legislar con carácter general, en la materia.

No es la primera vez que se regula en el país, por acto legislativo, la competencia que la Constitución de la República (Artículo 85, numeral 13) asigna a la Asamblea General, de "acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase y decretar honores públicos a los grandes servicios" , en armonía con la norma del artículo 86 de la Carta que otorga al Poder Ejecutivo iniciativa exclusiva en estos temas.

Como antecedente inmediato, cabe citar las disposiciones del Decreto-Ley N° 14.562, de 24 de agosto de l976, que estableció:

a) Que las pensiones graciables y recompensas pecuniarias que se concedieran en adelante debían ajustarse a sus normas;

b) que las mismas se podrían conceder " a personas que hayan servido a la Nación en forma relevante" o a "quienes se hubieran destacado en actividades científicas, artísticas o culturales que signifiquen honor para la República"; y a los cónyuges supérstites y a los ascendientes y descendientes en el primer grado de consanguinidad de las personas anteriormente referidas;

c) la necesidad de tener en cuenta "la situación de apremio económico del beneficiario", que debía ser probada "fehacientemente";

d) que la erogación total por concepto de pensiones graciables y recompensas pecuniarias a realizar anualmente no superase el tres por mil de lo gastado en el ejercicio anterior con cargo al Fondo de Funcionamiento;

e) que las pensiones otorgadas o que se otorguen serían ajustadas anualmente en la forma, el tiempo y las condiciones en que se efectuare revaluación general de pasividades a cargo del Banco de Previsión Social;

f) que las erogaciones resultantes serían de cargo de Rentas Generales;

g) finalmente, una disposición de carácter transitorio, fijando determinado aumento a las pensiones ya otorgadas.

El 16 de setiembre de l985, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley por el que se establecía un nuevo régimen de concesión de pensiones graciables y recompensas pecuniarias y se derogaba el citado Decreto-Ley No. 14.562. La iniciativa proponía que dichos beneficios se concedieran "a personas que hayan servido a la Nación en forma relevante" o a quienes "por su actividades científicas, artísticas y culturales hayan honrado a la República"; pudiendo asimismo conceder a los cónyuges de las personas mencionadas. Por otros artículos se establecía que estas pensiones y recompensas se reajustarían conjuntamente con las pasividades servidas por la Dirección General de la Seguridad Social; que la erogación resultante sería de cargo de Rentas Generales; a la vez que se otorgaban aumentos determinados a las pensiones vigentes.

En el estudio de este proyecto por la parte de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, integrada al efecto con dos miembros de la Comisión de Constitución y Legislación, se llegó a la conclusión de la improcedencia constitucional de regular por ley el otorgamiento de estos beneficios, por su carácter de "graciables". En su informe de fecha 28 de noviembre de l985 se expresó:

"La Comisión integrada ha empezado por admitir las objeciones de orden constitucional que fueron formuladas al artículo 1º. Del proyecto del Poder Ejecutivo; allí donde la Carta Fundamental no distingue no puede hacerlo el intérprete, y el artículo 85 numeral 13 de la misma posee tal claridad que hace ociosa toda interpretación por vía legal.

Se entiende además que, de aceptarse la norma propuesta, el propio Poder Ejecutivo quedaría auto-limitado en sus potestades, dado que es privativa suya toda iniciativa respecto a la concesión de pensiones graciables y recompensas pecuniarias".

En base a estas consideraciones, la Comisión aconsejó al Senado la aprobación de un proyecto sustitutivo, que finalmente se transformó en la vigente Ley No. 15.795, de 27 de diciembre de 1985, que establece:

"Artículo 1º. - Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias previstas por el artículo 85, inciso 13 de la Constitución se reajustarán en las mismas oportunidades y con los mismos porcentajes de incremento que se fijen para las pasividades que sirve la Dirección General de la Seguridad Social.

Art. 2º. - La erogación resultante del servicio de las pensiones graciables y recompensas pecuniarias será de cargo de Rentas Generales.

Art. 3º. - Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias concedidas antes del 1º. De marzo de l985, serán incrementadas en un 100% (cien por ciento) los montos hasta N$ 5.000 (cinco mil nuevos pesos) inclusive y en un 50% (cincuenta por ciento) las que superen los N$ 5.000 (cinco mil nuevos pesos).

Art. 4°. - Derógase el Decreto-Ley N° 14.562, de 24 de agosto de 1976.

Art. 5°. - Cométese al Ministerio de Educación y cultura designar una Comisión que haga un relevamiento de las pensiones graciables vigentes y propongo una racionalización de sus diversos importes, con arreglo a criterios de equidad. La Comisión se expedirá en un término de ciento veinte días".

Sin perjuicio de considerar seriamente fundada la objeción de orden constitucional formulada en la Legislatura anterior a la iniciativa de regular por vía de la ley el otorgamiento de pensiones graciables, esta asesora entiende necesario proceder en tal sentido, tal como lo propone el Poder Ejecutivo.

Si bien el propio texto de la Carta (artículo 111) asigna carácter "graciable" a estos beneficios, puede entenderse que no se la vulnera si se establece una razonable reglamentación legal, que, a vía de ejemplo, condicione su otorgamiento a la existencia de una real situación de carencia de recursos como para que el beneficiario pueda atender por sí mismo a su congrua y adecuada sustentación; ,máxime tratándose de "pensiones" que, por serlo, en principio sólo se conceden con una finalidad alimentaria (en el sentido amplio definido por el Código Civil).

La Comisión ha sido informada que actualmente perciben pensiones graciables –o las gestionan- personas de buena posición económica, lo que implica una afectación de recursos públicos injustificada. Por otra parte, la negativa a conceder en el futuro este beneficio en tales situaciones, en modo alguno puede verse como un desconocimiento a los servicios que hayan prestado al país, puesto que los mismos pueden y deben ser públicamente honrados por otras vías.

Asimismo se considera conveniente limitar la extensión del beneficio a familiares de la persona cuyos servicios o méritos se honran, al cónyuge supérstite y ascendiente y descendiente en primer grado de consanguinidad, en tanto frecuentemente se plantean gestiones en favor de descendientes en grados de parentesco mucho más alejados, cuyas necesidades deben ser cubiertas, en aplicación del principio de igualdad ante la ley, por el régimen general de seguridad social.

En lo que respecta a la auto - limitación de las potestades que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo en esta materia, que resultaría de la aprobación de su propio proyecto de ley (con algunas modificaciones que no hacen a lo sustancial del mismo), esta asesora estima que tampoco debe verse en ello una vulneración de la Carta, porque en todo caso la Administración conservaría amplias facultades para ejercer su iniciativa (exclusiva), apreciando en cada caso la pertinencia de promover el otorgamiento de una pensión graciable.

Compartiendo el criterio del Poder Ejecutivo, la Comisión aprecia como altamente conveniente el dictado de una reglamentación legal que permita a la Administración encauzar las múltiples y a veces infundadas gestiones que por muy diversas vías se le plantean para promover el otorgamiento de este tipo de pensiones, en base a criterios objetivos mínimos. La constatación de la real necesidad de contar con una regulación tal, sin duda es lo que determinó a varias Administraciones (las anteriores y la actual) a presenciar iniciativas orientadas a cubrir este vacío.

En el texto sustitutivo del proyecto de ley elaborado por esta asesora, se mantienen, en lo fundamental, todas las propuestas del Poder Ejecutivo, con ajustes de redacción que se han considerado útiles. Sólo se ha dejado de lado el artículo final, que establecía que para las personas de méritos relevantes a quienes por su situación económica no correspondiere otorgar pensiones graciables, podrían acordarse honores públicos. Tal disposición se ha estimado innecesaria, porque en su generalidad, se limita a reproducir el texto constitucional (numeral 13 del artículo 85).

Como artículo 5° del proyecto sustitutivo, se mantiene la disposición del artículo 1° de la Ley N° 15.795, que establece para las pensiones graciables el mismo régimen de ajuste aplicable a las pasividades que sirve al Banco de Previsión Social, con la sola modificación de la referencia que el texto vigente hace a la (ex) Dirección General de la Seguridad Social.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se permite aconsejar al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley sustitutivo, quedando sus miembros a la orden del Cuerpo para ampliar este informe.

Sala de la Comisión, 31 de octubre de 1991.

Carlos Cassina (Miembro Informante), Mariano Arana, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1°. - Las pensiones graciables a que refiere el artículo 85, numeral 13, de la Constitución de la República, constituyen un beneficio personal de carácter económico que sólo se acordará en las condiciones previstas en el artículo siguiente, a quienes carecieren de recursos propios suficientes.

Art. 2°. - Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias podrán acordarse únicamente:

A) A personas que hayan prestado grandes servicios a la República.

B) A personas que se hayan destacado en forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales, honrando a la Nación.

C) A los cónyuges supérstites y a los descendientes y ascendientes en primer grado de consanguinidad de las personas a que refieren los literales, siempre que se encuentren en situación de notoria necesidad económica.

Art. 3°. - Las normas que regulan el régimen general de las pasividades que sirve el Banco de Previsión Social, se aplicarán a la distribución y el acrecimiento de cuotas entre beneficiarios de una misma pensión graciable, así como en materia de ausentismo, caducidad de derechos y prescripción de haberes.

Art. 4°. - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1° y 2°, literal C), las pensiones graciables son compatibles con cualquier asignación que se perciba por concepto de actividad o pasividad.

Art. 5°. - Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias previstas por el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución se reajustarán en las mismas oportunidades y con los mismos porcentajes de incremento que se fijen para las pasividades que sirve el Banco de Previsión Social.

Art. 6°. - La erogación resultante del servicio de las pensiones graciables será de cargo de Rentas Generales.

Art. 7°. - Las disposiciones de los artículos 1° y 2° de la presente ley no afectarán a las pensiones graciables ya acordadas a la fecha de su promulgación.

Art. 8°. - Cuando se promueva, por cualesquiera personas físicas o jurídicas, el otorgamiento de una pensión graciable, deberá acreditarse fehacientemente el cumplimiento de las condiciones requeridas en los artículos 1° y 2° de esta ley.

La gestión respectiva deberá realizarse ante el Ministerio de Educación y Cultura.

Sala de la Comisión, 31 de octubre de 1991.

Carlos Cassina (Miembro Informante), Mariano Arana, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social por unanimidad aconseja al Senado aprobar este proyecto de ley que ella ha reelaborado sobre la base de una iniciativa del Poder Ejecutivo que consta en el repartido que los señores senadores tienen a la vista.

La regulación legal del otorgamiento de pensiones graciables ha preocupado, al menos, a dos de los miembros de este Cuerpo que en la Legislatura pasada integramos la Cámara de Representantes y, dentro de ella, la Comisión de Previsión Social: el señor senador Silveira Zavala y quien habla. Ya entonces intentamos, en más de una oportunidad, mantener un diálogo con los representantes del Ministerio de Educación y Cultura y en determinado momento estuvo prevista la visita a la señora Ministra doctora Reta, la que por razones de fuerza mayor no pudo llevarse a cabo en el día concertado. Hemos creído necesaria la existencia de algunas normas reguladoras –criterio que ahora comparte el Poder Ejecutivo, como podrá apreciarse leyendo su propia iniciativa- por cuanto en materia de otorgamiento de pensiones graciables históricamente y hasta el presente se produce algo así como un caos, a tal punto que el Ministerio de Educación y Cultura nos ha informado que perciben y gestionan pensiones graciables personas con una situación económica que vuelve innecesario su otorgamiento por parte del Estado uruguayo. Inclusive, algunos de nosotros conocemos situaciones similares.

El punto de vista de la Comisión –que es también el del Poder Ejecutivo- con respecto a este tipo de pensión es que, sin perjuicio de constituir su otorgamiento una gracia, debe ajustarse, de todos modos, al propio criterio con que normalmente está reguladas las pensiones. Es decir, ellas responden a una necesidad alimentaria, concepto que deberá entenderse en el sentido muy amplio con que lo define el Código Civil.

Además, aun con la discrecionalidad con que luego puedan actuar los dos poderes políticos del Estado, parece necesario dar algunas pautas en relación con los servicios brindados al país o a los méritos que deben acreditarse para que se conceda una pensión graciable. Estimamos asimismo necesario ajustar el otorgamiento de pensiones graciables cuando éstas se conceden a familiares del ciudadano o de la persona a quien se desea honrar mediante este beneficio, a un cierto grado cercano de parentesco de modo de eliminar situaciones como las que se han dado y se dan, en que quienes solicitan pensiones son descendientes lejanos –en sexto, séptimo u octavo grado- de alguna figura que prestó grandes servicios al país o tuvo méritos relevantes en distintos órdenes de la actividad nacional. Ese es el caso de una solicitud que está en trámite ante nuestra Comisión.

Durante la Legislatura pasada en esta misma Cámara, al examinarse un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que establecía cierta regulación parecida a esta, aunque no introducía el requisito de necesidad económica por parte del beneficiario para que se le concediera la pensión, se entendió –mediante argumentos que consideramos muy respetables- que una regulación legal del otorgamiento de pensiones graciables no se ajustaba a la Constitución en tanto la propia Carta define a estas pensiones como graciables en sus artículo 111.

Al igual que el Poder Ejecutivo, la Comisión entiende que el dictado de una regulación legal como la que se propone, donde se establecen algunas pautas o criterios objetivos, en modo alguno transforma a esta normativa en un régimen que elimine el carácter gracioso con que estas pensiones son propuestas por el Poder Ejecutivo y acordadas por el Poder Legislativo. Pongo un ejemplo que creo puede ser útil para comprender lo que queremos expresar. El país tiene un régimen de seguridad social de acuerdo con el cual las personas que cumplen con ciertos requisitos previstos por la ley tienen derecho a percibir determinadas prestaciones. En caso de aprobarse este proyecto de ley nadie tendría derechos a percibir una pensión graciable. Es decir que seguiría siendo facultad del Poder Ejecutivo promover su otorgamiento y del Poder Legislativo el concederla pero, de todos modos, tanto la Administración como el Poder Legislativo se estaría sujetando a algunas pautas mínimas que nos parecen necesarias, inclusive, para encauzar las múltiples gestiones que se realizan para el otorgamiento de pensiones graciables.

Reitero que a la Comisión le parece –y en esto comparte el criterio que el Poder Ejecutivo ha expresado en su Mensaje- que no se justifica el otorgamiento de pensiones graciables a personas que cuentan con recursos suficientes para atender a lo que el Código Civil define como la congrua y decente sustentación.

Existen casos de pensiones otorgadas en que esta situación se verifica y, sin embargo, igualmente se perciben. También nos consta que se gestionan pensiones a pesar de que existe situación de holgura económica –llamémosle así- que no hace necesaria la asistencia del Estado por la vía de una prestación de carácter pecuniario.

El Estado, en el sentido más amplio puede y debe honrar a quienes hayan aportado grandes servicios al país o acrediten méritos relevantes en distintas áreas de la actividad científica, artística y cultural, comprendiendo en esta última también al deporte; pero puede hacerlo con otro tipo de honores, que no supongan una erogación permanente del Estado, lo que no parece compatible con el concepto mismo de pensión a que alude la Constitución de la República.

Sabemos que este es un tema opinable; hemos tenido a la vista y examinado el informe que se elaboró en esta Cámara durante la anterior Legislatura, el cual tenía fundamentos muy serios. Sin embargo, entendemos que no se vulnera –repito el concepto- el carácter graciable de estas pensiones cuando se establece una mínima regulación legal, con los criterios que hemos señalado.

En tal sentido, la Comisión, a partir del proyecto del Poder Ejecutivo, que comparto, ha redactado un texto sustitutivo que, sustancialmente, respeta todas las propuestas de aquél. Sólo se elimina un artículo, en el que se establecía que en los casos en que no correspondiera otorgar una pensión graciable, por tener el posible beneficiario una buena situación económica, se le rendirían otros honores. Decir esto parece innecesario, ya que es obvio que ésta es una facultad establecida por la propia Constitución a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo como colegisladores. Esa es la razón por la que eliminamos esa disposición, sin perjuicio de que pueda ser objeto de una regulación legal el otorgamiento de otros honores a compatriotas que los merezcan.

Del mismo modo, agregamos al texto del Poder Ejecutivo un artículo tomado de la Ley N° 15.795, de 27 de diciembre de 1985, que establece que las pensiones graciables se reajustarán en las mismas oportunidades y con los mismos porcentajes de incremento que se fijen para las pasividades que sirve la Dirección General de la Seguridad Social. Obviamente, al haber desaparecido este Organismo, lo sustituimos en el texto que proponemos por el Banco de Previsión Social.

Creemos que el informe de la Comisión encara de manera suficiente los distintos aspectos que se plantean en este proyecto de ley. Por lo tanto, entendemos que podemos cerrar esta primera intervención y quedar a las órdenes de los señores senadores para ampliar cualquier información.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: había tenido una duda al leer el artículo, pero la exposición del señor senador Cassina –muy clara, como acostumbra- me la ha despejado de antemano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: siempre he sido partidario de una adecuada reglamentación de todo lo que se vincula con la materia que trata este proyecto de ley. He vacilado en más de una oportunidad en el momento de otorgar ciertas pensiones graciables, fundamentalmente por los motivos que muchas veces se alegan para su otorgamiento. De modo que creo que, en general, el trabajo de la Comisión –y lo celebro- merece aprobación en muchos aspectos y mejora las disposiciones vigentes.

El carácter absolutamente discrecional que la Constitución, en el artículo 85, numeral 13), le da a la Asamblea General en la materia –es decir, su potestad para fijar pensiones- no puede estar condicionado en dos aspectos, a que me voy a referir a continuación.

El primero de ellos –y confieso que es un tema opinable más allá de que nos pueda parecer justo que las pensiones graciables se otorguen para aquellas personas que, además de otros requisitos, tienen necesidades económicas- a mi juicio colide con lo establecido por el numeral 13) del artículo 85 de la Constitución. Según esta disposición, la Asamblea General tiene la máxima discrecionalidad imaginable para actuar en esta materia, y creo que limitarla por la posible necesidad o no de recibir una determinada suma mensual, vulnera el texto constitucional.

Pienso que, además, existe otra inconstitucionalidad, que no me impide señalar que puede haber una razón de conveniencia y hasta de seriedad en el trabajo parlamentario, en cuanto el último párrafo del artículo 8° determina que las gestiones vinculadas a la concesión de pensiones graciables deben realizarse ante el Ministerio de Educación y Cultura.

Esto significa que si no se hace esa gestión previa, la Asamblea General no podrá otorgar una pensión graciable, y esto, a diferencia del ejemplo anterior –que quizá sea opinable, aunque creo que no lo es- es un obstáculo, una traba o una exigencia que, en mi concepto, no está de acuerdo con lo que establece muy claramente el artículo 85 de la Constitución. Podría compartir que el Parlamento estableciera una norma según la cual antes de resolver pidiera la opinión del Poder Ejecutivo, más concretamente del Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, creo que, tal como está redactada esta norma, es imposible, desde el momento de su entrada en vigencia, proponer y aprobar una pensión graciable sin que exista un pronunciamiento previo favorable del Ministerio de Educación y Cultura.

Por lo tanto, repito que, aun admitiendo que hay razones que justifican estas soluciones legales, creo que las dos van en contra de lo que determina la Constitución de la República por lo que, en la discusión particular, me voy a referir nuevamente al tema y, dado que el Reglamento, por su artículo 8° me lo permite, solicitaré que se desglose el último párrafo.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Voy a comenzar por enaltecer, como corresponde, el propósito de este proyecto de ley que en la Legislatura pasada fue objeto de trabajos en la Comisión y de arduas discusiones en Sala. Incluso, para que se vea la honradez de mi planteamiento, quiero decir que aquellas discusiones se justificaron de alguna manera. No tengo reparos en reconocer que, por lo menos desde mi punto de vista, algunas dudas se plantearon respecto de quiénes podían ser los beneficiarios de algunas pensiones graciables. Por ejemplo, recuerdo que cuando se concedió una pensión graciable a todos los componentes de la delegación futbolística que había triunfado en Maracaná, se planteó también la posibilidad de extender el beneficio para el juez que Uruguay había acreditado para ese evento y que , por otra parte, no tenía nada que ver con la delegación ni con el título que aquellos once leones habían ganado.

SEÑOR PRESIDENTE. – Eso se planteó no sólo para el juez, sino también para la persona que acompañó a la delegación a fin de hacer los asados...

SEÑOR POZZOLO. – Me da la impresión de que respecto a la consideración de este problema hay un punto de vista parcial. Una cosa es calibrar, con la debida justicia, el valor al que se quiere premiar y otra meterse en la vida de los ciudadanos para investigar si tienen capacidad económica y, en función de eso, decidir si se otorga o no la pensión. Así, a lo que conduciría este proyecto no es a premiar una capacidad, sino una insuficiencia económica o una indigencia.

En términos generales, el artículo 1° dice que se concederá una pensión graciable a quienes carecieran de recursos propios suficientes. Aquí, ya empezamos por preguntarnos cuál va a ser la valoración de esos recursos propios suficientes, qué base de riqueza o de solvencia económica se va a considerar para establecer que se tiene o no derecho a una pensión, a quién le vamos a decir "usted tiene derecho a una pensión, porque le hace falta", o "usted no porque, pese a que es un gran artista, un gran científico, posee un patrimonio que no justifica este tipo de pensión". Personalmente, considero que esto no es lo que quiere la Constitución.

Además, debo decir que no encuentro una distinción importante entre la distintas categorías que establece el artículo 2° que, en el inciso a), adjudica las pensiones a personas que hayan prestado grandes servicios a la República y, en el inciso b) dice que se van a otorgar a "personas que se hayan destacado en forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales, honrando la Nación". Desde mi punto de vista, todo esto conforma una sola categoría y no dos, tal como se establece en el proyecto.

Por lo tanto, señor Presidente, y dada mi participación en aquellas discusiones, en el período anterior, considero que sería muy importante legislar a fin de establecer determinados márgenes o parámetros, para ver quiénes son los ciudadanos que por su destacada actuación merecen que se les vote una pensión graciable, más allá de establecer entre ellos distintas categorías en lo que hace a su situación, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu que inspiró a aquellos que quisieron premiar el talento o los servicios de los grandes hombres que el país tiene en las diferentes disciplinas.

En cuanto quería decir.

SEÑOR CASSINA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. – Tal como dije al principio, el tema es opinable y los argumentos expuestos por los señores senadores Ricaldoni y Pozzolo son muy respetables.

Sin embargo, creemos que en la consideración de una regulación legal sobre esta materia, no ha de perderse de vista otra norma constitucional, que establece la igualdad de todos los habitantes de seguridad social debe contemplar. Por lo tanto, cuando a una persona de méritos relevantes, pero con una situación económica desahogada –quizá, incluso, recibiendo prestaciones del sistema público de seguridad social- además se le otorga una pensión graciable, el principio de igualdad ante la ley puede verse afectado. No ignoro que en el pasado se concedieron pensiones para honrar servicios o méritos relevantes a personas que se encontraban en buena situación económica. El tema es si eso debe seguirse haciendo; si la regulación que se propone o una similar, vulnera la Constitución. Desde nuestro punto de vista, ello no ocurre porque, tal como ya lo expresara –y me parece que es un argumento de importancia- una cosa es el derecho que tiene todo habitante del país a una prestación de la seguridad social, o más concretamente a una pensión, cumpliendo con los requisitos que establece la ley y otra su derecho –que no existe- a que se le otorgue una pensión graciable. Ese derecho tampoco va a existir de aprobarse este proyecto, porque sigue siendo facultad del Poder Ejecutivo promover el otorgamiento de una de esas pensiones y de la Asamblea General el concederla, apreciando las circunstancias del caso. Opino que uno no se puede sustraer al hecho de que en la Administración anterior –esto ocurrió también durante el gobierno de facto, que se dictó una ley reguladora con un alcance parecido- se enviara un proyecto de ley que, por las razones expuestas por el señor senador Pozzolo, no fue aprobado. Vemos que el Poder Ejecutivo, en tres etapas sucesivas, con tres integraciones diferentes, sintió la necesidad de ajustarse a una regulación, ante las gestiones que se promueven. Parece que señalar a través de la ley que las pensiones requerirán de ciertas condiciones como la prestación de grandes servicios al país o la existencia de méritos relevantes –lo que, obviamente, da un campo muy amplio para decidir discrecionalmente- o que debe haber, por parte de quien la solicite o de quien va a ser beneficiado por la pensión, una situación económica que dé mérito a que se le conceda, no vulnera la discrecionalidad con que ambos Poderes del Estado pueden disponer en esta materia.

Señalo, además, que parece necesario establecer un cierto límite en lo que hace al otorgamiento de pensiones a descendientes de aquellas personas que se honran a través de esta distinción. Puede entenderse que la pensión graciable alcance al cónyuge o a los ascendientes o descendientes en primer grado que se encuentran en una situación económica de necesidad, pero cuando se extiende más allá –sobre todo en el caso de los descendientes- vale la pena preguntarse si en ejercicio de la facultad que la Constitución otorga a los Poderes políticos, no se está vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Ante una observación concreta formulada por el señor senador Ricaldoni quiero hacer notar que la referencia que el artículo 8° hace a un trámite a cumplir ante el Ministerio de Educación y Cultura, en modo alguno coarta las facultades de la Asamblea General, porque de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, el otorgamiento de una pensión graciable es de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. En inciso segundo de dicho artículo expresa: "Toda otra ley que signifique gasto para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder ejecutivo". Por lo tanto, regular el procedimiento por el cual una pensión graciable puede iniciarse con una gestión particular ante el Ministerio de Educación y Cultura, no parece limitar las facultades de la Asamblea General, ya que sólo otorgará esa pensión si existe iniciativa del poder Ejecutivo. Por otra parte, tampoco limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de promover una iniciativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador Silvera Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Observo que el proyecto viene siendo brillantemente defendido por el miembro informante, señor senador Cassina, pero quiero significar que el artículo 8° -cuya parte final objeta el señor senador Ricaldoni sólo indica el camino por el que debe iniciarse la gestión cuando una persona o entidad física o jurídica cree que merece una pensión. Dicho camino está sugerido por el propio Poder Ejecutivo en la parte final de su artículo 2° que expresa: "La gestión se tramitará en el Ministerio de Educación y Cultura".

Tal como lo ha señalado el señor senador Cassina, se parte de la base de que la Asamblea General no pierde la facultad de proponer las pensiones que considere necesarias, que siempre son pecuniarias –salvo honores de otra clase- porque así lo establece el propio texto constitucional. Por otra parte, la iniciativa es privativa y exclusiva del Poder Ejecutivo. Si el Parlamento quisiera otorgar una pensión graciable a determinada persona por sus relevantes servicios a la república, ya sea en el campo científico, cultural, artístico o deportivo, debe estructurar un proyecto y elevarlo al Poder Ejecutivo para que éste haga suya la iniciativa. ¿Cuál es el camino que se sigue? El de la vía jerárquica del Ministerio de Educación y Cultura, a través del cual el Parlamento se comunica con el Poder Ejecutivo.

Por lo demás, comparto totalmente el informe que viene brindando el señor senador Cassina.

Desde la Legislatura anterior hemos procurado que las pensiones graciables que otorga el Estado para la dignificación de aquellas personas que en uno u otro campo hayan servido a la República, sean lo suficientemente importantes como para permitir una vida adecuada. Es a eso a lo que acudimos, porque no creo que para aquella persona que posee un gran patrimonio signifique un honor el hecho de recibir una pensión graciable, aunque su monto actualmente sea importante. El Estado debe acudir ante la precariedad de aquella persona que habiendo servido a la República, en el curso de su vida no ha tenido la oportunidad una solvencia económica que la permita vivir adecuadamente. A esa persona se le deben reconocer los servicios prestados, mejorando su situación económica. Ese es el espíritu del proyecto.

Hemos constatado que existen personas que quebrantan el principio de igualdad ante la ley al convertirse en beneficiarias de pensiones graciables por sus vinculaciones, ya que algunos legisladores no se animan a votar negativamente una pensión gestionada.

El proyecto no establece limitaciones. La Asamblea General conserva sus potestades así como el Poder Ejecutivo mantiene su iniciativa exclusiva y privativa. Lo que se pretende es regular el otorgamiento de pensiones graciables para que éstas no alcancen a quienes poseen medios económicos suficientes como para llevar una vida adecuada. Sus méritos, igualmente podrán ser reconocidos pero en otro campo de los honores públicos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. – Debo manifestar que no mencioné la norma citada por el señor senador Cassina en lo que tiene que ver con la iniciativa del Poder Ejecutivo, porque entendí que no se relacionaba directamente con lo que estaba señalando. De cualquier manera, considero que ahora merece algún comentario.

Tal como se manifestó, el artículo 86 establece que esta iniciativa es privativa del Poder ejecutivo. Cuando se dice que una iniciativa es privativa de un Poder Estado, debe entenderse que no puede estar sujeta a determinado tipo de condicionamientos. A mi juicio, con este proyecto estamos limitando inconstitucionalmente al Poder Ejecutivo, porque de convertirse en ley, esta iniciativa dejará de ser privativa de dicho Poder y, dentro de ese marco de discrecionalidad que la norma le otorga, pasará a estar fuertemente condicionado.

Quisiera referirme nuevamente al numeral 13 del artículo 85. De acuerdo con el mismo, a la Asamblea General le compete por vía de ley –ley formal, como enseñaba el doctor Sayagués Laso- el otorgamiento de pensiones. Aquí no se exige ningún requisito para que la Asamblea General se pronuncie en la materia. Sin embargo, el artículo 1° de este proyecto la limita, ya que prioriza a quienes sufren dificultades económicas. Estas se verán condicionadas por el criterio que tenga el Poder ejecutivo de turno y, concretamente, su Ministerio de Educación y Cultura.

Llamo la atención, señor Presidente, sobre el hecho de que más de una vez el Parlamento, con iniciativa del Poder Ejecutivo, ha otorgado pensiones que realmente me han parecido injustas, equivocadas e irritantes. Sin embargo, la ley no puede subsanar lo que el constituyente no quiso limitar. No podemos buscar buenas soluciones legislativas ignorando lo que establece la Constitución. Si la solución legislativa referida concretamente a una determinada pensión graciable nos parece injusta y discriminatoria, el error lo cometeremos quienes la votemos. En ese sentido, siempre he sido muy cuidados respecto a la bolilla negra y a la bolilla blanca que se introducen en la caja respectiva al recoger las votaciones; pero tendremos que admitir que los problemas no están en la ley, sino en la ligereza y liviandad con que tratamos de salir del paso en algo que no lo miramos con la atención que debería merecer.

Repito, señor Presidente, que esta norma es inconstitucional, inclusive, porque de acuerdo con lo que establece el artículo 8°, la acreditación fehaciente de los requisitos establecidos en los artículos 1° y 2° para por un filtro que la Constitución no quiso que existiera, que está dado por el pronunciamiento del Ministerio de Educación y Cultura.

Termino señalando –y agradezco la interrupción al señor miembro informante, cuya capacidad, versación y convicción en el tema no están en discusión- que esto va en contra de lo que establecen los textos constitucionales, más allá de los propósitos y motivos que animan la solución legislativa. No me convencen –y lo lamento, porque generalmente no es así- los argumentos que he escuchado al señor miembro informante porque, en síntesis, en modo alguno la Constitución ha establecido esta limitación al Poder Ejecutivo –que ya no podrá tener una iniciativa privativa- ni al Parlamento que, por medio de esta legislación, tampoco va a tener la discrecionalidad que luego de materializada la iniciativa del Poder Ejecutivo cuenta para decidir, con o sin condición económica suficiente, con o sin el criterio que la parezca del caso seguir para otorgar estas pensiones graciables.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Dado que la Presidencia se ve obligada a retirarse de Sala por razones personales, solicitará al tercer Vicepresidente del Cuerpo, el señor senador Araújo, que la sustituya. Pero antes de retirarse, y brevísimamente, desea expresar que no tiene la misma certidumbre que el señor senador Ricaldoni en cuanto a la inconstitucionalidad del proyecto, no obstante lo cual le merece cierta duda, desde ese punto de visa, esta limitación que se dispondría por este proyecto de ley en una facultad de iniciativa legislativa que no sólo es exclusiva o privativa del Poder Ejecutiva sino que, evidentemente, es de naturaleza discrecional, tal como lo abona una larguísima experiencia y una multiplicidad de antecedentes.

Ahora bien, lo que no comparte es la afirmación referida al artículo 8°, ya que en su concepto esta disposición no condiciona en nada el ejercicio de la atribución del Poder Ejecutivo, sino que refiera a esas habituales iniciativas o peticiones privadas u oficiosas, y como el Ministerio competente en la materia es el de Educación y Cultura, se dice –no con estas palabras- que allí se debe ocurrir. Pero, como tal aspecto está al margen del procedimiento constitucional de elaboración de las leyes, la Presidencia entiende que esa referencia sobra en el proyecto de ley. Sin embargo, no creemos que ello vulnere la Constitución.

Dicho esto, restituimos el uso de la palabra al señor senador Cassina y dejamos en el ejercicio de la Presidencia al señor senador Araújo.

(Ocupa la Presidencia el señor senador José Germán Araújo)

SEÑOR CASSINA. – Señor Presidencia: procuraré dar término a mi exposición en forma muy breve.

Creo que cuando examinamos un proyecto de ley como este debemos tener en cuenta que si bien la Constitución ha otorgado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General la facultad discrecional de conocer pensiones graciables, dichas facultades tienen que ser examinadas en armonía con otra disposición constitucional que establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Desde mi punto de vista, tal igualdad se vulnera cuando la pensión graciable se otorga a quienes no necesitan una asistencia pecuniaria del Estado; a quienes no reúnen ciertas condiciones, como lo son el haber prestado servicios a la República o tener méritos relevantes; o a quienes no están vinculados, digamos, al causante por un grado de parentesco tan inmediato que el honor que significa también el discernimiento de una pensión de esta naturaleza concedida a una persona, a sus servicios o a sus méritos, de algún modo se vea diluido.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Si bien puedo poner muchos ejemplos, sólo me referiré a uno extremo.

De aprobarse este proyecto, no podríamos votar una pensión graciable a un descendiente de Artigas.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Puede continuar el señor senador.

SEÑOR CASSINA. – Señor Presidente: efectivamente por este proyecto de ley no se le podría votar una pensión graciable a un descendiente de Artigas o de un Constituyente. Me parece que esto está muy bien, puesto que de otro modo estaríamos vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Por algo el país tiene un sistema previsional que puede pensarse que debe mejorarse, ser más igualitario, justo y suficiente; pero que de todos modos sujeta el otorgamiento de prestaciones de Seguridad Social ante situaciones de necesidad, o de determinadas contingencias de la vida por las que todos pasamos, a ciertos requisitos objetivos que deben respetarse, cumplidos los cuales se transforman en un derecho.

Reitero lo que manifesté en un principio: reconozco que el tema es opinable; hemos atendido a la discusión que del mismo se hizo en la Legislatura pasada en el Senado; estudiamos los antecedentes y consideramos respetables los argumentos expuesto para descartar una iniciativa similar del Poder Ejecutivo anterior. Pero nos parece que no se está vulnerando la Constitución con una reglamentación razonable que mantiene la discrecionalidad de ambos poderes del Estado para otorgar pensiones graciables, y sólo las sujetas a ciertas condiciones –obviamente, algunas de apreciación más objetivos que otras- sin, reitero vulnerar las normas constitucionales y su espíritu y, además, en armonía con el principio de igualdad ante la ley.

Lamento que se haya tenido que retirar de Sala el señor Presidente del Cuerpo, pero deseo señalar que con relación a la observación que hacía al artículo 8° -respecto del cual no realizaba objeciones de constitucionalidad pero sí lo consideraba innecesario, porque entendía que, en todo caso, podía ser de regulación interna del Poder Ejecutivo- nos parece conveniente que ese texto se incluya en la ley, ya que al propio Poder Ejecutivo le otorga ciertas pautas con las que podrá regular las gestiones que realicen los interesados y otros que promuevan el otorgamiento de una pensión graciable, señalando ante qué oficinas deben dirigirse y qué extremos es necesario que acrediten. Naturalmente, no nos parece que esto sea inconstitucional. Asimismo, pensamos que es razonable que eso se establezca en la ley porque, de alguna manera –creo que también este punto es importante que se tenga presente- la Administración ha venido advirtiendo la necesidad –y esto no sólo ha ocurrido en el presente, sino también en el período pasado e, durante el gobierno de facto- de atenerse a ciertas pautas mínimas ante lo que son, seguramente, muchas solicitudes; no nos caben dudas de que algunas de ellas no tienen mayor justificación.

Por las razones expuestas y sin perjuicio de considerar que a primera vista –aspecto que analizaremos con mayor profundidad en la discusión particular- tiene razón el señor senador Pozzolo en cuanto a que en el literal B) del artículo 2° de este proyecto sustitutivo, la expresión "honrado a la Nación" es innecesaria –en virtud de que, prácticamente, equipara la condición del literal B) con la del A)- por lo cual debería eliminarse, entendemos que es procedente la sanción de una ley con disposiciones de este tipo. Reitero que, a nuestro juicio, en modo alguno, vulnera la Constitución de la República.

SEÑOR PRESIDENTE (D. José Germán Araújo). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1°.

SEÑOR CASSINA. – Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 1°. – Las pensiones graciables a que refiere el artículo 85, numeral 13, de la Constitución de la República, constituyen un beneficio personal de carácter económico que sólo se acordará en las condiciones previstas en el artículo siguiente, a quienes carecieren de recursos propios suficientes".)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Simplemente, deseo señalar que por las razones expuestas anteriormente he votado negativamente este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – En consideración el artículo 2°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 2°. – Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias podrán acordarse únicamente:

A) A personas que hayan prestados grandes servicios a la República.

B) A personas que se hayan destacado en forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales, honorando la Nación.

C) A los cónyuges supérstites y a los descendientes y ascendientes en primer grado de consaguinidad de las personas a que refieren los literales anteriores, siempre que se encuentren en situación de notoria necesidad económica".)

SEÑOR CASSINA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. – Señor Presidente: tal como lo anuncié anteriormente u aun cuando no he consultado a los compañeros de la Comisión –que supongo estarán de acuerdo- recogiendo una observación del señor senador Pozzolo, en mi carácter de miembro informante, propongo que sea eliminada la expresión "honorando a la Nación" que figura al final del literal B). De esta manera, dicho literal quedaría redactado de la siguiente manera: "A personas que se hayan destacado en forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2° con la modificación propuesta por el señor senador Cassina.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 3°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 3°. – Las normas que regulan el régimen general de las pasividades que sirve el Banco de Previsión Social, se aplicarán a la distribución y el acrecimiento de cuotas entre beneficiarios de una misma pensión graciable, así como en materia de ausentismo, caducidad de derechos y prescripción de haberes".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 4°. – Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1° y 2°, literal C), las pensiones graciables son compatibles con cualquier asignación que se perciba por concepto de actividad o pasividad".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 5°. – Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias previstas por el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución se reajustarán en las mismas oportunidades y con los mismos porcentajes de incremento que se fijen para las pasividades que sirve el Banco de Previsión Social".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 6°. – La erogación resultante del servicio de las pensiones graciables será de cargo de Rentas Generales".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 7°. – Las disposiciones de los artículos 1° y 2° de la presente ley no afectarán a las pensiones graciables ya acordadas a la fecha de su promulgación".)

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8°.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 8°. – Cuando se promueva, por cualesquiera personas físicas o jurídicas, el otorgamiento de una pensión graciable, deberá acreditarse fehacientemente el cumplimiento de las condiciones requeridas en los artículos 1° y 2° de esta ley.

La gestión respectiva deberá realizarse ante el Ministerio de Educación y Cultura".)

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Solicito que el segundo y último párrafo de este artículo se vote por separado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – De acuerdo, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el primer párrafo del artículo 8°.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el segundo párrafo de este artículo.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Deseo señalar que he votado negativamente este párrafo, por las mismas razones expuestas anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1°. – Las pensiones graciables a que refiere el artículo 85, numeral 13, de la Constitución de la República, constituyen un beneficio personal de carácter económico que sólo se acordará en las condiciones previstas en el artículo siguiente, a quienes carecieren de recursos propios suficientes.

Art. 2°. – Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias podrán acordarse únicamente:

A) A personas que hayan prestado grandes servicios a la República.

B) A personas que se hayan destacado en forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales.

C) A los cónyuges supérstites y a los descendientes y ascendientes en primer grado de consaguinidad de las personas a que refieren los literales anteriores, siempre que se encuentren en situación de notoria necesidad económica.

Art. 3°. – Las normas que regulan el régimen general de las pasividades que sirve el Banco de Previsión Social, se aplicarán a la distribución y el acrecimiento de cuotas entre beneficiarios de una misma pensión graciable, así como en materia de ausentismo, caducidad de derechos y prescripción de haberes.

Art. 4°. – Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1° y 2°, literal C), las pensiones graciables son compatibles con cualquier asignación que se perciba por concepto de actividad o pasividad.

Art. 5°. – Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias previstas por el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución se reajustarán en las mismas oportunidades y con los mismos porcentajes de incremento que se fijen para las pasividades que sirve el Banco de Previsión Social.

Art. 6°. – La erogación resultante del servicio de las pensiones graciables será de cargo de Rentas Generales.

Art. 7°. – Las disposiciones de los artículos 1° y 2° de la presente ley no afectarán a las pensiones graciables ya acordadas a la fecha de su promulgación.

Art. 8°. – Cuando se promueva, por cualesquiera personas físicas o jurídicas, el otorgamiento de una pensión graciable, deberá acreditarse fehacientemente el cumplimiento de las condiciones requeridas en los artículos 1° y 2° de esta ley.

La gestión respectiva deberá realizarse ante el Ministerio de Educación y Cultura".

15) INVITACION OFICIAL PARA QUE AUTORIDADES DEL SOVIET SUPREMO VISITEN NUESTRO PAIS. Proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Se pasa a considerar el octavo punto del orden del día: "Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la invitación oficial para que autoridades del Soviet Supremo de Rusia visiten nuestro país. (Carp. N° 665/91 – Rep. N° 302/91)".

(Antecedentes:)

"PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico. - Resuélvese que la Cámara de Senadores curse invitación, para que visiten el Uruguay, a los señores Presidente interino del Soviet Supremo de Rusia, Ruslan I. Jazbulatov y Presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Soviet Supremo de Rusia, Vladimir F. Lukin, en carácter de huéspedes oficiales, en fecha próxima a convenir con las autoridades de dicho país.

Sala de la Comisión, 31 de octubre de 1991.

Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Leopoldo Bruera, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán (Miembros Informantes Verbales). Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). - Léase el proyecto de resolución.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales tomó en cuanta las invitaciones que ha recibido el Parlamento, en reiteradas oportunidades, por parte del Soviet Supremo, tanto de la Unión Soviética como de la Federación Rusa.

A raíz de un intercambio de ideas con el señor Embajador de la Unión Soviética, se resolvió invitar al señor Presidente interino del Soviet Supremo de la República Rusa, así como también al señor Presidente del Comité de Asuntos Internacionales de dicho organismo, para que visiten nuestro país en carácter de huéspedes oficiales. Asimismo, ha quedado claro que dicha invitación comprende únicamente los gastos de estadía, corriendo por cuenta de los visitantes todo aquello que tenga que ver con los traslados.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POZZOLO. - Desearía saber –al igual que los señores senadores Cassina y Ricaldoni- si corresponde que en el texto de la resolución se especifiquen los nombres de las personas invitadas. Entiendo que si se trata de una invitación a integrantes del Soviet Supremo, deben ser ellos quienes deben realizar la designación. Pienso que sería mejor que dichos invitados fueran nombrados por ellos.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: comprendemos la inquietud que plantea el señor senador Pozzolo, pero no debe interpretarse la inclusión de estos nombres como un capricho de la Comisión de Asuntos Internacionales sino que, simplemente, es una indicación que ha realizado la Embajada de la Unión Soviética. Más allá de los órganos o de las instituciones que representen, la intención de la República Rusa es que visiten nuestro país quienes ocupan esos cargos. Por ese motivo fue que se incluyeron estos nombres.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn José Germán Araújo). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo plantear una duda que me surge en este momento. Me gustaría saber si los señores senadores consideran que el Senado tiene potestades para declarar huésped oficial a una persona o si ello es competencia del Poder Ejecutivo. Tal vez pudiera declararse huésped oficial del Parlamento pero, de acuerdo con la práctica tradicional, ese carácter lo otorga el Gobierno de la República. Formulo estas interrogantes ya que esto puede quedar como un precedente en el futuro.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn José Germán Araújo). - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ABREU. - Comparto la inquietud que plantea el señor senador Ricaldoni. Creo que tradicionalmente la declaración de huésped oficial la realiza el Poder Ejecutivo. De todas formas, a los efectos de resolver esta dificultad, propongo la supresión del carácter de huésped oficial, y luego, actuar en consecuencia.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Considero que si se trata de un invitado del Senado de la República, es huésped de un Poder del Estado. Si no es un huésped oficial, es privado; eso sería así si fuera invitado por una persona privada. Pero, en la medida en que es una invitación por parte del Senado, no es otra cosa que huésped oficial del Senado de la República. Entonces, me parece que quitarle el carácter de huésped oficial, significaría minimizar la naturaleza de la invitación. Creo que esta invitación no tiene otra connotación que la de señalar como huésped de este Poder del Estado y que, por lo tanto, tiene carácter oficial; no es privada, sino oficial. Insisto, se trata de una resolución del Senado y éste está en condiciones de declararlo como tal. Si se quiere pude agregarse "en carácter de huésped oficial de este Cuerpo". Por ejemplo, si cualquiera de los 19 Gobiernos Departamentales formulan una invitación, quienes concurran a nuestro país serán huéspedes oficiales de ese Organo del Estado, es decir, de ese Gobiernos Departamental. No hay una única calificación en cuanto a la denominación de huéspedes oficiales por parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, me parece buenos mantener la expresión y si el señor senador Ricaldoni lo considera adecuado, podría agregarse la expresión "huéspedes oficial de este Cuerpo".

SEÑOR RICALDONI. - Así lo acepto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). - ¿Qué texto sugiere el señor miembro informante?

SEÑOR ABREU. - Por un lado, puede suprimirse el carácter de huéspedes oficiales, tal como se había propuesto, porque se puede interpretar que el mismo está implícito en la invitación formulada por este Poder del Estado. Por otro, se podría agregar lo que acaba de manifestar el señor senador Zumarán. No tenemos inconveniente en aceptar cualquiera de estas dos propuestas.

Seguramente, en estos temas, juegan aspectos protocolares, sobre todo, en la declaración de huésped oficial, ya que tiene que existir un tratamiento diferencial –no digo privilegiado- y, generalmente, éste es otorgado por el Poder Ejecutivo. No estamos en condiciones de profundizar en cuanto al alcance de la naturaleza del carácter de huésped oficial. De modo que nos sometemos a lo que el Cuerpo decida.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Estoy de acuerdo con la propuesta del señor senador Zumarán en el sentido de que se agregue la expresión "huéspedes oficiales del Senado de la República".

Se podría plantear como hipótesis qué ocurriría si una declaración de este tipo se contradice con una del Poder Ejecutivo. Digo esto, porque la conducción de las relaciones internacionales del país constitucionalmente le corresponden al Gobierno; el Parlamento, tiene solamente la facultad de controlar la forma de cómo se administran esas relaciones. Imaginemos –por supuesto no es el caso- una ruptura de relaciones entre los Gobiernos uruguayo y ruso y que, al mismo tiempo, el Senado declarara huésped oficial a autoridades provenientes de ese país sin especificar que es el propio Senado de la República y no el Gobierno quien efectúa la invitación. Entiendo que con la propuesta del señor senador Zumarán se contempla el aspecto protocolar y se daría la jerarquía que corresponde a la invitación a la vez que se respetan otras normas que hay que considerar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la resolución con la modificación propuesta por el señor senador Zumarán, en el sentido de que se agregue la expresión "huéspedes oficiales del Senado de la República".

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico. - Resuélvese que la Cámara de Senadores curse invitación, para que visiten el Uruguay, a los señores Presidente interino del Soviet Supremo de Rusia, Suslan I. Jazbulatov y Presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Soviet Supremo de Rusia, Vladimir F. Lukin, en carácter de huéspedes oficiales del Senado de la República, en fecha próxima a convenir con las autoridades de dicho país.

Sala de la Comisión, 31 de octubre de 1991.

Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Leopoldo Bruera, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán (Miembros Informantes Verbales). Senadores".

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). - No habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 18 y 30 minutos, presidiendo el señor senador Araújo y estando presentes los señores senadores Abreu, Arana, Astori, Bruera, Cassina, Cigliuti, Gargano, Irurtia, Pérez, Pozzolo, Ricaldoni, Silveira Zavala, singlet, Urioste y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Freddy Massimino Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.