Retorno a página principal

N° 137 - TOMO 344 - 15 DE OCTUBRE DE 1991

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

64ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Archivo de Carpeta

- Se resuelve, a solicitud de la Comisión de Constitución y Legislación, el archivo de la Carpeta Nº 301/90.

5) Inasistencias de los señores senadores a las sesiones de las distintas Comisiones del Cuerpo (Art. 50 del Reglamento)

- La Mesa da cuenta de la nómina correspondiente al mes de setiembre.

6) Pueblo Gallinal. Departamento de Paysandú

- Exposición del señor senador Arana.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas a los Ministerios de Salud Pública, del Interior, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como a la Intendencia y a la Junta Departamental de Paysandú y a la Junta Local de Pueblo Gallinal.

7) Rectificación de trámite

- Se resuelve, a solicitud de la Comisión de Constitución y Legislación, destinar el proyecto de ley relacionado con el Día de la Integración de América Latina a la Comisión de Educación y Cultura.

8) Expedición de tarjetas de buzo. Su regulación. Proyecto de ley

- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9) Pedido de informes. Reiteración

- Manifestaciones del señor senador Korzeniak.
- El Senado resuelve hacer suyo en reiterar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, el pedido de informes realizado al Banco Central del Uruguay con fecha 14 de mayo.

10) Equipamiento básico del SODRE y ANEP. Su financiamiento. Proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Orden del día

- Se resuelve, por moción del señor senador Abreu, incluir en el de la presente sesión un proyecto de ley sobre modificaciones de la Ley Nº 15.809 y un acuerdo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Confederación Helvética.
- Asimismo se resuelve, por moción del señor senador de Posadas Montero, incluir un proyecto de ley por el que se crea la Fundación "Wilson Ferreira Aldunate" y, por moción del señor senador Cassina, una solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar Fiscal Letrado de la ciudad de Carmelo.

12) Acuerdo para la promoción y Protección de las Inversiones con el Gobierno de Canadá. Proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Invitación del Centro de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo. Proyecto de resolución

- La Comisión presente proyecto por el que accede a la invitación y propone al señor senador Belvisi para representar a nuestro país.
- En consideración.
- Aprobado.

14) Artículo 294 de la Ley Nº 15.809. Su sustitución. Proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones del señor senador Abreu.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Fundación "Wilson Ferreira Aldunate". Proyecto de ley

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores y del señor Presidente.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la Confederación Helvética. Solicitud de venia para designar Fiscal Letrado departamental de Carmelo

(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la Confederación Helvética y la venia solicitada para designar Fiscal Letrado Departamental de Carmelo.

17) Integración de Comisión

- La Mesa da cuenta de que los señores senadores Cigliuti y Amorín Larrañaga integrarán la de Constitución y Legislación a fin de considerar el artículo desglosado de la Rendición de Cuentas que refiere a incompatibilidades de los miembros de los organismos de educación.

18) Sesión ordinaria del día 16 de octubre de 1991.

- Se resuelve por moción del señor senador Bouza, suspenderla.

19) Se levanta la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

"Montevideo, 11 de octubre de 1991.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 15, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se regula la expedición de tarjetas de buzo.

(Carp. Nº 582/91 - Rep. Nº 285/91)

2º) Por el que se destinan recursos provenientes de préstamos a contratar con empresa de comercio española, para financiar el equipamiento básico del SODRE y ANEP.

(Carp. Nº 618/91- Rep. Nº 286/91)

3º) Por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Canadá.

(Carp. Nº 567/91 - Rep. Nº 287/91)

4º) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Ciencia y Tecnología relacionado con la invitación cursada por el Centro de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo.

(Carp. Nº 633/91 - Rep. Nº 288/91)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Olascoaga, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet y Zumarán.

FALTAN: con licencia, el señor senador Urioste y con aviso, el señor senador Astori.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 5 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 14 de octubre de 1991.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se crea la Abogacía del Estado.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se contempla la provisión de vacantes transitorias de los jerarcas de la Administración Nacional de Educación Pública.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta de haber dictado las siguientes resoluciones:

por la que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a librar Orden de Entrega a favor de la Suprema Corte de Justicia a fin de dar cumplimiento a la Sentencia Nº 706/990.

por la que se libra Orden de Entrega a favor de la "Presidencia de la República-Oficina de Planeamiento y Presupuesto".

-Ténganse presente.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Bruera, relacionadas con el proteccionismo y desarrollo de nuestra economía.

-A disposición del señor senador Bruera.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas por el señor senador Santoro, relacionadas con la situación, gestión y posibilidades de futuro del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

-A disposición del señor senador Santoro.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se faculta a la Dirección General Interventora y Liquidadora del Frigorífico Nacional a enajenar determinados bienes que integran el patrimonio en liquidación del ex-Frigorífico Nacional.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

por el que se establecen normas para licitar la concesión de servicios de transporte de pasajeros y de encomienda por vía férrea.

-A la Comisión de Transporte y Obras Públicas, integrada con dos miembros de la Comisión de Hacienda.

La Vicepresidencia de la Asamblea General de la República de Costa Rica remite fax invitando a participar en un Seminario sobre un Proyecto denominado "Parlamentarios y Parlamentarias Ante la Sociedad Latinoamericana del Siglo XXI", que se llevará a cabo del 2 al 7 de diciembre del año en curso.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva proyecto de resolución relacionado con la solicitud de venia para designar como Fiscal Letrado Departamental de Carmelo, al doctor Daniel Laprevotte Sica.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana".

4) ARCHIVO DE CARPETA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de archivo de Carpeta.

(Se da de la siguiente:)

"La Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Cuerpo el archivo de la Carpeta Nº 301/90, que contiene un proyecto de ley por el que se extiende el servicio de garantía de alquileres de la Contaduría General de la Nación a los empleados, obreros de personas públicas no estatales y de empleadores privados con solvencia suficiente, al haberse aprobado en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal  -Ejercicio 1990- normas similares".

-Se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) INASISTENCIAS DE LOS SEÑORES SENADORES A LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS COMISIONES DEL CUERPO (Art. 50 del Reglamento).

SEÑOR PRESIDENTE. - De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento, la Mesa da cuenta de las inasistencias de los señores senadores a las distintas Comisiones del Cuerpo durante el mes de setiembre.

(Se da de las siguientes:)

"a la sesión de la Comisión de Industria y Energía del día 4 de setiembre faltó con aviso el señor senador Ernesto Amorín Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del día 4 de setiembre faltó con aviso el señor senador Juan Carlos Raffo.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 5 de setiembre faltaron con aviso los señores senadores Hugo Batalla, Leopoldo Bruera y Américo Ricaldoni.

A la sesión de la Comisión de Industria y Energía del día 11 de setiembre faltó con aviso el señor senador Ernesto Amorín Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del día 12 de setiembre faltó con aviso el señor senador Walter Riesgo.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 17 de setiembre faltó con aviso el señor senador Hugo Batalla.

A la sesión de la Comisión de Industria y Energía del día 18 de setiembre faltó con aviso el señor senador Bari González Modernell.

A las sesiones de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de los días 19, 24 y 25 de setiembre, faltaron con aviso los señores senadores José Germán Araújo y Walter Riesgo.

A la sesión de la Comisión de Industria y Energía del día 25 de setiembre faltó con aviso el señor senador Walter Riesgo".

6) PUEBLO GALLINAL. Departamento de Paysandú.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: voy a hacer referencia a una reciente visita que efectué a Pueblo Gallinal, situado en el departamento de Paysandú.

El centro poblado está constituido por un conjunto habitacional de 50 unidades construidas por el sistema de ayuda mutua, por medio de MEVIR.

Aparte del aceptable diseño y confección de las viviendas y de la calidad general de los edificios y espacios destinados a usos y servicios comunes, vale la pena destacar el grupo de comercios, el local escolar, el amplio salón comunal y los equipamientos colectivos directamente conectados a la plazoleta pergolada situada en el punto topográficamente más privilegiado y atractivo del lugar.

Más allá de estas ventajas, se perciben determinadas carencias, algunas de ellas preocupantes.

En primer lugar, para una población mayoritariamente joven y trabajadora, vinculada al cercano establecimiento "AZUCITRUS", se percibe la necesidad de atención médica periódica, sobre todo para asistir a los numerosos niños que allí habitan. Sin embargo, se nos ha manifestado que sólo se cuenta con la visita de un médico cada 15 días, como consecuencia de un convenio entre la Intendencia Municipal y el Hospital de Paysandú.

El hecho resulta más preocupante, en la medida en que, en la zona, se carece de una ambulancia, a pesar de que la población cercana, llamada "Cerro Chato", adquirió una con el aporte popular. La misma fue arbitrariamente vendida por un Intendente militar nombrado por la dictadura. Según versiones, el vehículo circula por la capital departamental no habiéndose tomado, siquiera, la preocupación de pintarlo para, al menos, disimular su origen.

En cuanto a la atención médica, las limitaciones se agravan si se tiene en cuenta que Pueblo Gallinal se encuentra aislado, desde el punto de vista de sus comunicaciones. Vemos así que, para efectuar una llamada telefónica deben transitarse casi ocho kilómetros, hasta el establecimiento de "AZUCITRUS", puesto que no hay un solo teléfono en el mencionado pueblo, en Tres Bocas, en Cerro Chato ni en Buricayupí. Asimismo, debemos decir que allí tampoco llega el correo y que la agencia más próxima se encuentra en Cerro Chato.

En consecuencia, señor Presidente, se está reclamando una central telefónica a fin de que sirva a toda el área de influencia.

Complementando las inquietudes relacionadas a la sanidad, se nos manifestó otra preocupación que, según he comprobado, se reitera frecuentemente en muchas localidades del interior de nuestro país. La misma está vinculada a la evacuación de las aguas servidas y es muy atendible, en cuanto está referida a núcleos habitacionales de muy reciente data.

En efecto, los vecinos de Pueblo Gallinal se quejan por los rápidos desbordes de las cámaras sépticas construidas. Tales desbordes se registran cada treinta o cuarenta y cinco días y, sin embargo, en los 18 meses que lleva de inaugurado el barrio, la barométrica municipal sólo ha concurrido a la zona en tres oportunidades.

Finalmente, señor Presidente, se nos ha planteado un inquietante problema vinculado con la seguridad pública, en tanto existe una gran imprecisión jurisdiccional: Pueblo Gallinal pertenece a al 8ª Sección Policial, Cerro Chato a la 6ª mientras que AZUCITRUS pertenece a la 7ª. Por esta razón, los vecinos se sienten desamparados, desde el punto de vista de la seguridad pública, por lo que reclaman apoyo tanto del Ministerio del Interior, como de la Intendencia Municipal de Paysandú y de MEVIR para lograr la instalación de un puesto policial.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Salud Pública, del Interior, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como a la Intendencia Municipal de Paysandú, a su Junta Departamental y a la Junta Local de Pueblo Gallinal.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Arana sea cursada a los Ministerios de Salud Pública, del Interior y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como a la Intendencia y a la Junta Departamental de Paysandú y, por último, a la Junta Local de Pueblo Gallinal.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD

7) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR BLANCO. Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: es simplemente para solicitar una rectificación de trámite.

Como se recordará, días pasados, un proyecto de ley presentado por los señores senadores Millor e Irurtia, que se relaciona con el Día de la Integración de América Latina, fue destinado a la Comisión de Constitución y Legislación. Si bien es cierto que este es un tema de legislación y que, de todos modos, la Comisión teóricamente es competente para analizarlo, es sabido que la declaración de días de conmemoración o de celebración análogos a éste, habitualmente, se encuentran radicados en la Comisión de Educación y Cultura.

Es por esta razón, pues, que la Comisión de Constitución y Legislación solicita al Cuerpo que este proyecto de ley sea destinado a la Comisión de Educación y Cultura para su tratamiento conjunto con otros de similar naturaleza. En tal sentido formulo moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Blanco, en el sentido de que el proyecto de ley a que se ha hecho referencia pase de la Comisión de Constitución y Legislación a la Comisión de Educación y Cultura.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

8) EXPEDICION DE TARJETAS DE BUZO. Su regulación. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se regula la expedición de tarjetas de buzo. (Carp. Nº 582/91 - Rep. N º 285/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 582/91
Rep. Nº 285/91

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Defensa Nacional

Montevideo, 13 de agosto de 1991.

Señor Presidente de la
Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a efectos de someter a su consideración, atento a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República el Proyecto de ley adjunto por el que se modifica el artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, y el artículo 369 del Decreto-Ley Nº 14.416, del 28 de agosto de 1975 en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.009, de 6 de mayo de 1980.

A través de la modificación mencionada en primer término se persigue volcar al "Fondo de Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar" el producido de la expedición de "Tarjetas y Libretas de Buzo".

La señalada en segundo término complementa la anterior y establece los nuevos conceptos y montos que por los mismos se deberán abonar y que integrarán el referido Fondo.

La finalidad que se persigue a través de la norma que se propone, es la de lograr una adecuación legislativa a la realidad buscando armonía de conceptos y de regulación ante una actividad que se presenta, tan novedosa para nuestro medio como pujante y en franco crecimiento.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Mariano R. Brito.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Agrégase al artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, el literal "Ñ" que quedará redactado de la siguiente forma:

"Ñ) Expedición de Tarjetas y Libretas de Buzo".

Art. 2º. - Agrégase al artículo 369 del Decreto-Ley Nº 14.416, del 28 de agosto de 1975, en la redacción dispuesta por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.009, del 6 de mayo de 1980 los siguientes ítems y montos:

Tarjetas de Buzo Aficionado en todas sus Categorías y las renovaciones

1 UR

Libreta de Buzo Profesional en todas sus Categorías

10 UR

Renovación de Libretas de Buzo Profesional en todas sus Categorías

3 UR

Art. 3º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

Mariano R. Brito.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Defensa Nacional

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión ha considerado y aprobado por unanimidad de cuatro miembros presentes, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se incorpora un nuevo concepto de recaudación de recursos para financiar el "Fondo de Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar", consistente en el producido de la expedición de Tarjetas y Libretas de Buzo.

El proyecto consta de dos artículos en el que el primero tipifica el nuevo rubro de recaudación y el segundo identifica los conceptos comprendidos y los montos y método de cálculo para abonar por los involucrados en la actividad gravada.

La expedición de tarjetas y libretas para la actividad de buzo se agrega así a otros conceptos de recaudación afectados a fortalecer el Fondo ya mencionado que está regulado -como antecedente- por el artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, y el artículo 369 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, con su redacción modificada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.009, de 6 de mayo de 1980, que se modifican por el proyecto que hoy se presenta a aprobación del Cuerpo.

La Comisión ha considerado adecuada la incorporación del nuevo concepto de recaudación y por lo mismo ha aprobado por unanimidad el proyecto que introduce modificaciones menores de redacción al texto enviado por el Poder Ejecutivo, sin variar su contenido esencial.

En mérito a las explicaciones y consideraciones precedentes y en atención a lo establecido por el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, la Comisión de Defensa Nacional aconseja la aprobación del adjunto proyecto de ley sustitutivo.

Jorge Irisity (Miembro Informante), Enrique Cadenas Boix, Raumar Jude, Walter Santoro. Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Agrégase al artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, el siguiente literal:

"Ñ) Expedición de Tarjetas y Libretas de Buzo".

Art. 2º. - Agréganse al artículo 369 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.009, de 6 de mayo de 1980, los siguientes ítems y montos:

"Tarjetas y renovaciones de Buzo aficionado en todas sus categorías (una unidad reajustable) 1 UR

Libreta de Buzo profesional en todas sus categorías (diez unidades reajustables) 10 UR

Renovación de Libretas de Buzo profesional en todas sus categorías (tres unidades reajustables) 3 UR."

Art. 3º. - La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 7 de octubre de 1991.

Jorge Irisity (Miembro Informante), Enrique Cadenas Boix, Raumar Jude, Walter Santoro. Senadores.

Artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964

Artículo 37. - Créase un Fondo denominado "Salvaguarda de vidas en el Mar" que se integrará con los siguientes recursos:

a) Expedición de Patentes o Certificados para Patrones de embarcaciones de bandera nacional, según lo reglamentado por el Poder Ejecutivo, a razón de $ 50.00 (cincuenta pesos) cada uno.

b) Expedición de Certificados Provisorios que otorga la Dirección de la Marina Mercante y que autorizan a un tripulante a desempeñar funciones superiores a las de su patente, a razón de $ 100.00 (cien pesos) cada uno.

c) Expedición de títulos de Perito Naval, a razón de pesos 500.00 (quinientos pesos) cada uno.

d) Inscripción en los Registros de Personal de la Marina Mercante de títulos de Pilotos Mercantes y Capitanes, a razón de $ 100.00 (cien pesos) cada uno y $ 500.00 (quinientos pesos) cada uno, respectivamente.

e) Expedición de Patentes de Maquinistas Navales, de acuerdo a la siguiente escala:

Ayudantes y Conductores de Máquinas $ 30.00 (treinta pesos).

Maquinistas de 2da. y 3ra. $ 100.00 (cien pesos)

Maquinistas de 1ra. y Jefes de Máquinas $ 500.00 (quinientos pesos).

f) Recargos sobre la autorización de las tarjetas de acceso a los buques surtos en puertos nacionales, a razón de $ 7.00 (siete pesos) cada uno.

g) Recargo sobre la expedición de los "Carné de Libre Acceso" a la zona portuaria, a razón de $ 10.00 (diez pesos) cada uno.

h) Los provenientes de la aplicación de las Tasas y Gastos que estipula el Reglamento de Arqueo.

i) Recargo a la solicitud del Servicio de Vigilantes (watch-man), a razón de $ 15.00 (quince pesos) cada uno.

j) Solicitud de "Despacho de Buque" para toda embarcación de más de mil toneladas de arqueo total, a razón de $ 100,00 (cien pesos) cada uno.

k) Recargos sobre las solicitudes de servicios realizados en la Oficina de Pilotaje, a razón de $ 10.00 (diez pesos) cada uno.

l) Recargos sobre las "protestas" que realicen los Capitanes, Representantes y Agentes Marítimos ante las dependencias de la Prefectura General Marítima, a razón de $ 50.00 (cincuenta pesos) cada uno.

ll) Solicitudes de Privilegios de Paquetes: Cat. "A" pesos 200.00, Cat. "B" $ 100.00, Cat. "C" $ 50.00.

m) Las multas establecidas en los reglamentos y disposiciones vigentes por conceptos de infracciones marítimas y portuarias.

n) Recaudaciones por arancel de la Escribanía de Marina, de acuerdo a la siguiente escala:

I) Por los asientos en el Registro de Naves se cobrará $ 10.00 (diez pesos) por cada inscripción hasta $ 10.000 (diez mil pesos) y de $ 10.000 (diez mil pesos) en adelante el uno por mil.

Las fracciones menores de $ 1.000 (mil pesos) se tomar por millar entero.

En caso de primera inscripción del buque, el máximo será de $ 150.00 (ciento cincuenta pesos).

Estos derechos se regularán sobre el precio pactado o el valor declarado en el instrumento sin atender a la cantidad de buques.

Por cancelación o modificación de inscripción, se cobrará un derecho uniforme de $ 10.00 (diez pesos) por cada una.

II) Por certificados: En la expedición de certificados relativos al Registro de Naves se cobrará $ 0.50 (cincuenta centésimos) por cada año y apellido. Derechos mínimos $ 10.00 (diez pesos).

III) Por actas: $ 10.00 (diez pesos) por la primera foja y $ 5.00 (cinco pesos) por cada una de las subsiguientes.

IV) Por el Registro de Protocolizaciones: Por las actas de rectificación y protocolización, un derecho uniforme y total de $ 15.00 en cada protocolización. Cuando el asunto sea superior a pesos $ 15.000 (quince mil pesos), se duplicará este derecho.

Por cada testimonio, $ 10.00 (diez pesos).

ñ) La percepción de estos recursos se efectuará mediante Libretas Talonarias intervenidas por la Contaduría General de la Nación, y su producido será depositado en el Banco de la República en cuenta denominada "Prefectura General Marítima -Salvaguarda de Vidas en el Mar". Los fondos de dicha cuenta serán utilizados para la adquisición, reparación y mantenimiento de embarcaciones, equipos y materiales destinados a la función de salvaguarda de la vida humana en el mar. Los saldos que resultaren de cada ejercicio, podrán ser invertidos en los ejercicios siguientes.

La recaudación, contralor y disposición de los recursos de que trata este artículo, deberán ser reglamentados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 369 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975

Artículo 369. - Las tarifas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, que concurren a la Cuenta Nº 33.839/410 (Salvaguarda de Vidas en el Mar), se fijan en las siguientes cantidades:

Privilegio de Paquete:

N$

Categoría "A"

300

Categoría "B"

200

Categoría "C"

100

Despacho de Buques

20

Derecho de Arqueos

10

(Mayor de 6 toneladas N$ 0.30 por tonelada)

Solicitud de vigilantes

1

Subir a bordo

1

Titulo de Capitán Mercante

50

Título de Perito Naval

100

Título de Maquinista de 1ª. y Jefe

50

Título de Maquinista de 2ª. y 3ª.

30

Título de Ingeniero Mercante

15

Título de Piloto Mercante

15

Patente de Patrón de Pesca

10

Título de Conductor de Máquina

2.50

Título de Ayudante de Motorista

2.50

Patente de Patrón

10

Carné de Acceso al Puerto

3

Solicitud de Práctico

3

Autorización para patente Superior

5

Brevet Deportivo

5

Artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.009, de 6 de mayo de 1980

Artículo 1º. - Modifícase el artículo 369 de la Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 369. - Las tarifas establecidas en el artículo 55 de la ley 14.106, de 14 de marzo de 1973, que concurren a la cuenta Nº 33.839/410 (Salvaguarda de Vidas en el Mar), se fijan en las cantidades de unidades reajustables (Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968), que de inmediato se indicarán, redondeadas a nuevos pesos y ajustadas periódicamente en las fechas que indique el Poder Ejecutivo con intervalos no menores de 180 (ciento ochenta) días.

Las fracciones decimales de las respectivas cantidades se redondearán del modo siguiente: hasta 0.50 (cincuenta centésimos de nuevos pesos) se desestimarán; y las superiores se reputarán como de un nuevo peso.

Privilegios de Paquete (4 años)

UR

Categoría A

40

Categoría B

35

Categoría C

30

Privilegios de Paquete Provisorios

Por 90 días

2,5

Por 30 días

1

Despacho de buque

5

Derecho de arqueo

1

(Mayor de 6 toneladas 0.01 UR por tonelada)

Solicitud de vigilante

0,2

Título de Capitán Mercante

20

Título de Perito Naval

40

Título de Maquinista de 1ª. y Jefe

20

Título de Maquinista de 2ª. y 3ª.

15

Título de Ingeniero Mercante

15

Título de Piloto Mercante

15

Título de Conductor

10

Título de Ayudante Motorista

5

Patente de Patrón de Pesca de Altura

20

Patente de Patrón de Pesca hasta 15 millas

10

Patente de Patrón de Cabotaje

15

Carné de Acceso a Puerto

2

Solicitud de Práctico

2

Autorización para Patente Superior

4

Subir a Bordo

0.3

Brevet Deportivo para zona A

4

Brevet Deportivo para zona B

3

Brevet Deportivo para zona C

0.5

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

El miembro informante lo era el entonces señor senador Irisity, quien obviamente no se encuentra en Sala, por lo que nada puede informar. Los restantes miembros de la Comisión de Defensa Nacional son los señores senadores Cadenas Boix, Jude y Santoro.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Señor Presidente: como podrán observar los señores senadores, el informe acerca de este tema ha sido expuesto en forma escrita por el entonces señor senador Irisity de modo muy claro. De cualquier manera, me voy a permitir leerlo por si alguno de los señores senadores aquí presentes ha omitido dicha lectura.

En su parte medular, el informe expresa: "El proyecto consta de dos artículos en el que el primero tipifica el nuevo rubro de recaudación y el segundo identifica los conceptos comprendidos y los montos y método de cálculo para abonar por los involucrados en la actividad gravada.

La expedición de tarjetas y libretas para la actividad de buzos se agrega así a otros conceptos de recaudación afectados a fortalecer el Fondo ya mencionado que está regulado -como antecedente- por el artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, y el artículo 369 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975".

Más adelante, se dice: "La Comisión ha considerado adecuada la incorporación del nuevo concepto de recaudación y por lo mismo ha aprobado por unanimidad el proyecto que introduce modificaciones menores de redacción al texto enviado por el Poder Ejecutivo, sin variar su contenido esencial".

Esto es, señor Presidente, cuanto cabe informar al respecto; lo demás surge claramente del texto de los tres artículos que componen este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería pasar a votar en general el proyecto de ley, pero, previamente, la Mesa desea hacer unas breves puntualizaciones.

La Presidencia observa algo que le llama sobremanera la atención, puesto que finaliza diciendo: "En mérito a las explicaciones y consideraciones precedentes y en atención a lo establecido por el numeral 11, del artículo 85 de la Constitución de la República, la Comisión de Defensa Nacional aconseja la aprobación del adjunto proyecto de ley sustitutivo". En virtud de que se hace esta referencia, consultamos la Constitución -porque, naturalmente, es imposible recordarla de memoria- en cuyo numeral 11 del artículo que establece las competencias de la Asamblea General y, por ende, del Poder Legislativo, se expresa: "Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se exceptúan las fuerzas que entran el solo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo".

En consecuencia nos preguntamos qué tiene que ver esta disposición con el proyecto de ley en consideración.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Cadenas Boix.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Señor Presidente: precisamente, no di lectura al último párrafo del informe porque advertí esa especie de desconexión entre lo expresado aquí y lo que establece el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República. Por otra parte, dado que el entonces señor senador Irisity no se encuentra en Sala como para preguntar la razón por la que fue incluido esto en el informe, prefería guardar silencio al respecto.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Justamente, la observación que hizo el señor Presidente era lo que nos preocupaba, por lo que en el momento en que se ingresó al análisis del tema, buscamos la información pertinente.

Gracias al auxilio del señor Secretario de la Comisión de Defensa Nacional, hemos percibido que el error -si es que existe- se deriva de lo que se expresa en la página del Mensaje del Poder Ejecutivo. Concretamente, allí se señala lo siguiente: "El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a efectos de someter a su consideración, atento a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República". Naturalmente, quien lo redactó esta pensando en los mensajes que se envían con motivo de la salida o el ingreso de integrantes de las Fuerzas Armadas del país. Por lo tanto, debe ser un error de copia u ocasionado por esos duendes que a veces también existen en las oficinas del Poder Ejecutivo. En consecuencia, la última referencia que figura en el informe del entonces señor senador Irisity, no debe ser tomada en cuenta porque no dice relación con este proyecto de ley.

Tal como lo ha indicado el señor senador Cadenas Boix, aquí se procede a establecer un concepto y un recurso más para el llamado Fondo de Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar, que fue creado por la Ley Nº 13.319, del año 1964. Esta disposición -que ha sido objeto de varias modificaciones- se refiere a contribuciones que tienen como fin preservar la vida en el mar. Dichos recursos provienen -tal como todos sabemos- del pago de una patente de Capitán de barco mercante, de Perito Naval, de Maquinistas de 1ra. o de 2da., de Jefe de Máquinas, etcétera, cuyos montos se han ido modificando a medida que las necesidades lo exigieron, ya que antes se abonaban en pesos y, actualmente en unidades reajustables.

En este proyecto de ley se establece la expedición de Tarjetas y Libretas de Buzo y se fija su monto. Asimismo, se discrimina entre profesionales y aficionados. Además, se indica el costo de la renovación de dichas Libretas. Por lo tanto, se establece un trámite sencillo que no tiene mayor trascendencia.

Por último, quisiera señalar que, a nuestro juicio, superando ese equívoco generado por la cita del numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, el Senado puede proceder a aprobar este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si lo señores senadores vuelven a ser tolerantes con la Presidencia, esta desea expresar que, sin perjuicio de que va a votar en general este proyecto de ley -adelantando que va a hacer algunas objeciones parciales en el artículo 2º- le parece contradictorio con la política general del Poder Ejecutivo -que todos compartimos- en aras de lograr una desburocratización y desregulación en el país -que se está operando en parte, por medio de una serie de medidas de carácter administrativo y, en algunos casos, por normas legales que fueron incluidas en la Ley de Presupuesto y en la Rendición de Cuentas- que se establezca un nuevo trámite, con una afán puramente recaudatorio.

Naturalmente, la Mesa no va a hacer objeciones a un proyecto que proviene del Poder Ejecutivo y que cuenta con la firma del señor Ministro de Defensa Nacional. De todos modos, la Presidencia no considera conveniente que se sigan inventando certificados, patentes o libretas para el cumplimiento de actividades que son normales y relativamente intrascendentes. De cualquier manera, no es su deseo entrar en discrepancias con el Poder Ejecutivo y va a votar en general este proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTÍCULO 1º. - Agrégase al artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, el siguiente literal:

‘Ñ) Expedición de Tarjetas y Libretas de Buzo’".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los siguientes artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Artículo 2º. - Agréganse al artículo 369 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.009, de 6 de mayo de 1980, los siguientes ítems y montos:

Tarjetas y renovaciones de Buzo aficionado en todas sus categorías (una unidad reajustable) 1 UR

Libreta de Buzo profesional en todas sus categorías (diez unidades reajustables) 10 UR

Renovación de Libretas de Buzo Profesional en todas sus categorías (tres unidades reajustables) 3 UR."

-La Presidencia quiere expresar que no le parece razonable la inclusión del Buzo "aficionado", en este artículo, porque este es, simplemente, un deportista o una persona que por "hobby" o diversión se pone la escafandra, tal como lo ha señalado el señor senador Ricaldoni. Por lo tanto, no parece razonable que se les cobre por cultivar su afición o que se someta esta actividad -más deportiva que otra cosa- a la inscripción en un registro y al pago de una unidad reajustable. Lo que puede ser razonable y conducente es que quien es profesional, y en tal carácter presta servicios de salvamento a determinadas empresas, figure en un registro y deba tener una libreta que lo acredite como tal. Más allá de eso, la Mesa piensa que es un exceso cobrar por ser Buzo aficionado. Además, puede suceder, por ejemplo, que una persona se ponga una escafandra y luego se tire al agua. Entonces, ¿cómo se controlaría esta situación?

La Presidencia ha deseado hacer estas apreciaciones, simplemente, a modo de observaciones.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - El señor Presidente, naturalmente, ingresa en un tema que tiene su profundidad.

(Hilaridad)

-Decía, señor Presidente, que este asunto tiene su trascendencia, ya que no sólo se refiere a los Buzos sino también a la percepción de todos estos recursos, en los cuales interviene de manera fundamental y exclusiva la Prefectura Nacional Naval. Además, ha generado algunas controversias, principalmente, en lo que tiene que ver con la expedición de distintos documentos para cumplir tareas en actividades marítimas. Asimismo, este tema ha originado situaciones de confrontación en la expedición de los títulos que otorga la Universidad del Trabajo del Uruguay y los de la Escuela Nacional Naval. Concretamente, ambas dan, por ejemplo, el Título de Maquinista, pero los egresados de la Universidad del Trabajo del Uruguay tienen que matricularse en la Prefectura Nacional Naval, ya que si no cumplen con ese requisito, no pueden ejercer su profesión.

A nuestro juicio, tiene fundamento que en este proyecto de ley se establezca que los Buzos aficionados deban obtener una Tarjeta y que por ella -tanto como por su renovación- tengan que pagar una Unidad Reajustable. No debemos olvidar que es una actividad que tiene sus riesgos y peligros. De esta manera, la Prefectura Nacional Naval debe proceder a cumplir las tareas de salvaguarda, vigilancia y auxilio de los Buzos aficionados.

El artículo 37 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964, establece como se perciben los recursos para el Fondo de Salvaguarda de la Vida en el Mar en el sentido de que los fondos de dicha cuenta serán utilizados para la adquisición, reparación y mantenimiento de embarcaciones, equipos y materiales, destinados a salvaguardar la vida humana en el mar. Es decir que, aunque en forma aficionada, la actividad de buzo exige la vigilancia, la presencia y en su caso el auxilio de la Prefectura Nacional Naval que, para cumplir con esas tareas, debe incurrir en los gastos correspondientes.

Esta es una de las razones esenciales por las que creemos que debe establecerse esta aportación para los buzos aficionados.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para no perder la costumbre, tiene la palabra en uso de una interrupción, el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Para no perder la costumbre -porque cuando no conozco un tema trato de informarme- quiero preguntar al señor senador Santoro lo siguiente. Quizás se habló sobre este asunto cuando comenzó su consideración pero reconozco que no estaba muy atento.

Me gustaría saber si las personas que se ponen una máscara, que utilizan tubos de oxígeno y patas de rana, que se sumergen y dan vueltas a cierta cantidad de metros en la profundidad del mar, son consideradas buzos. Sin duda, existen muchos aficionados a esta actividad por el simple placer de sumergirse en el mar. No sé si eso encaja en la definición de buzo, porque si fuera así habría una razón adicional para apoyar la objeción que hacía el señor Presidente del Cuerpo en el sentido de que si le pedimos una Unidad Reajustable a quien ejerce ese deporte, tendríamos que hacer lo mismo con quien practica el aladeltismo o cualquier otro. Seguramente, el señor senador Cadenas Boix estaría en condiciones de contestar a esta pregunta.

SEÑOR CADENAS BOIX. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pienso que toda persona que se sumerge bajo el agua, está ejerciendo la acción de bucear, por lo tanto esa persona es un buzo y si de esa inmersión, hace su forma habitual de ganarse la vida, se trata de un profesional; si lo hace con fines deportivos o por el hecho de disfrutar bajo la profundidad del mar, es un buzo aficionado. A nuestro juicio, lo que califica la calidad de buzo es el desplazarse bajo la superficie de las aguas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Terminada la interrupción del señor senador "buzólogo", puede proseguir en el uso de la palabra el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Para concluir, y con respecto a la pregunta formulada por el señor senador Ricaldoni, debemos decir que estamos revisando las disposiciones que oportunamente fueron citadas -que constan en el repartido que los señores senadores tienen en su poder- y que en este momento se están recaudando en lo que se ha dado en llamar "brevet" deportivo para zonas A, B y C. Sin duda están comprendidas todas las actividades de los aficionados, porque son quienes deben ser custodiados a fin de preservar su vida ya que practican una actividad riesgosa y las tareas de rescate están a cargo de la Prefectura Nacional Naval.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Diccionario en mano, o en ristre, tiene la palabra el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Para bucear algo más sobre el tema, debo decir que el diccionario deslinda la parte de aficionado de la profesional. De acuerdo con el diccionario, "buzo" es "el que tiene por oficio trabajar enteramente sumergido en el agua, bien conteniendo largo rato la respiración, bien efectuándola con auxilio de aparatos adecuados". Es decir, que se está refiriendo a aquella persona que lo hace por oficio.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Luego de haber escuchado la aclaración semántica del señor senador Blanco, tiene la palabra el señor senador Korzeniak, quien quizás nos ilustrará sobre los alcances constitucionales del proyecto.

SEÑOR KORZENIAK. - Debo declarar que no soy un experto en buceo, pero en una ocasión tuve la oportunidad de presenciar una competencia que, inclusive, fue trasmitida y ante mi perplejidad, aunque el locutor perdía la visión luego de que los buzos se sumergían en el agua, seguía trasmitiendo e inventando lo que éstos hacían. En ese entonces, tuve la posibilidad de ver unos registros que no conocía y en este momento, se me ocurre que este proyecto hace referencia a cierta documentación donde existe esa categoría de buzo aficionado. Es decir que esta actividad está registrada y aquella persona que se coloca una máscara y se sumerge por afición, no puede considerarse buzo, pero con la categoría de buzo aficionado, también está registrada mucha gente. De ahí, que el lenguaje legislativo recoge esa categoría.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Este es un claro ejemplo de cómo pueden ilustrar las discusiones legislativas, confieso que aún no había leído este proyecto, pero, en el transcurso de la discusión, he tomado una posición.

Los primeros argumentos esgrimidos por el señor Presidente me plantearon dudas acerca de la conveniencia de esa inclusión. Entonces, formulo moción para que se vote por separado la inclusión de buzo aficionado.

Luego de escuchar la exposición del señor senador Ricaldoni, que me aclaró aún más el tema, debo decir que vamos a votar en contra de la inclusión del buzo aficionado.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Voy a apoyar la propuesta del señor senador Millor y todo lo que hemos dicho quienes tenemos objeciones a esta forma de dificultar la actividad del llamado buzo aficionado. Luego de la sabia lectura del señor senador Blanco, nos damos cuenta de que buzo es toda persona que está sumergida en el mar y que utiliza algún medio para estar más tiempo debajo del agua, de lo que le permiten normalmente sus pulmones. Repito que cualquier persona que durante el año realiza este deporte, va a caer en lo que establece esta norma. Por otra parte, será imposible controlar su cumplimiento en la práctica. En el verano, se puede advertir que mucha gente regala los elementos necesarios -ya sea una máscara, un tubo de oxígeno- a fin de sumergirse a cierta profundidad, para regocijo propio y de los que lo rodean.

Pienso que de esta forma vamos a terminar con algunas lanchas de Prefectura prácticamente tocando silbato y persiguiendo a los turistas, es decir, generando una situación ridícula.

Por lo expuesto, creo que es conveniente separar este párrafo de los demás.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: creo que habría que eliminar la expresión "en todas sus categorías" porque, de esa forma, se salvaría la razonable objeción que ha hecho el señor senador Ricaldoni.

Todos los que vamos a la playa podemos apreciar a algunos jóvenes que practican el deporte de la pesca con pequeños trajes especiales que les permiten estar cierto tiempo bajo el agua, sobre todo en lugares donde no hay mayores riesgos. Me temo que con lo dispuesto por este artículo vamos a anular una importante atracción turística generada por este deporte que se practica, reitero, sin mayores riesgos. Creo que si no eliminamos la expresión "en todas sus categorías" veremos a los marineros persiguiendo a los jóvenes que se sumergen dos o tres minutos. Además, en la reglamentación de la ley se establecerá claramente quiénes son los buzos aficionados, a fin de no abarcar también a los deportistas que practican el buceo como simple entretenimiento.

Me parece que con la modificación propuesta mejoraríamos la redacción y dejaríamos el campo abierto para una interpretación correcta.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: cuando leí el orden del día no imaginé que la consideración de este proyecto de ley iba a insumir tanto tiempo, lo que por otra parte, no me parece mal.

He escuchado las objeciones que se han formulado en Sala, y comparto algunas de ellas porque todo esto nos lleva a pensar qué sucede con quienes practican, por ejemplo, aladeltismo o paracaidismo. En lo que tiene que ver con el "windsurf", puede corroborar que ha habido algunas reglamentaciones -no digo que se cobre una matrícula- ya que cualquiera que se aleja de la costa, por lo menos en el departamento de Montevideo, tiene que avisar a la Prefectura Nacional Naval antes de partir.

Con respecto a la eliminación que acaba de sugerir el señor senador Pereyra, quiero señalar que por algo se incluyó en el artículo la expresión "en todas sus categorías", en lo que tiene que ver no sólo con las tarjetas de buzo aficionado, sino en cuanto a las libretas de buzo profesional. Por lo tanto, me afilio a la tesis del señor senador Korzeniak, en el sentido de que debe existir una reglamentación que indique cuáles son las categorías de buzos aficionados.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RAFFO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Deseo señalar que he realizado las consultas del caso y se me ha hecho saber que los buzos aficionados son los que se inscriben en un registro que lleva la Prefectura Nacional Naval, la que les otorga un "brevet" de buzos aficionados. Ellos son quienes estarán comprendidos en esta disposición, y no los deportistas que practican el buceo como entretenimiento en las playas. Es decir que este artículo alcanza solamente a una categoría de buzos aficionados que emana de un registro que lleva la Prefectura Nacional Naval la que, reitero, les de un "brevet" que los habilita para realizar determinadas prácticas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si se les cobra por ser buzos aficionados, lo que va a ocurrir es que no se inscribirán más, para no pagar nada.

Puede continuar el señor senador Raffo.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RAFFO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Me parece muy conveniente la aclaración que acaba de formular el señor senador Santoro, pero no sé si esto está establecido en el Reglamento de la Marina tan claramente como él lo ha manifestado.

Considero que es lógico que se entienda por buzo aficionado a aquel que realiza la misma tarea que el buzo profesional, y no cualquier persona que se sumerja. Sin embargo, me temo que si esto no está claro en la reglamentación -habría que verla- se pueda terminar exigiendo el pago de esa Unidad Reajustable a cualquiera que se sumerja medio metro debajo de la superficie. No debemos olvidar que puede haber criterios distintos según el Prefecto o el Subprefecto de la playa de que se trate. Recién recordaba que incluso hay unos pequeños aparatitos, denominados "snorkel", que utilizan los niños para bucear a menos de medio metro de la superficie y que, de acuerdo con la definición que nos ha proporcionado el señor senador Blanco, pueden llevar a que estos niños sean considerados buzos.

¿Estamos realmente seguros de que la reglamentación establece eso, o se trata simplemente de la interpretación -correcta o no- que de ella se está haciendo en estos momentos? Debemos tener en cuenta que se puede correr el riesgo de que se persiga a la gente para que pague una Unidad Reajustable para continuar con una actividad que ha venido desarrollando hasta la fecha sin ocasionar molestias ni riesgos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. - Después de haber escuchado las explicaciones del señor senador Santoro me ha quedado bastante más en claro el tema, y supongo que esto encaja dentro de las actuales reglamentaciones pertinentes y que, por esta razón, las categorías han sido discriminadas de esa manera.

En consecuencia, después de efectuadas esas consideraciones señalo que estoy dispuesto a votar este artículo; si la intención es votar los párrafos por separado, tampoco tengo inconveniente en que se proceda de esta manera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Millor en el sentido de que se saque del artículo 2º lo referente a las tarjetas de buzos aficionados y se vote por separado.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Corresponde votar ahora el artículo 2º, con la exclusión mencionada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar ahora la inclusión en este régimen de las tarjetas de buzos aficionados en todas sus categorías, y sus renovaciones, a razón de una Unidad Reajustable.

(Se vota:)

-19 en 23. Afirmativa.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Deseo explicar por qué, a pesar de haber efectuado la propuesta de votar separadamente lo referente a las categorías, después terminamos acompañando ese inciso.

Sucede que las explicaciones que brindó el señor senador Santoro nos resultaron satisfactorias, pues se parte de la base de que abarcará a quienes estén inscriptos y no a los que practiquen el buceo simplemente por deporte y no se anoten en el Registro correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 3º. - La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 7 de octubre de 1991.)"

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar .

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

9) PEDIDO DE INFORMES. Reiteración.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: el 14 de mayo se efectuó un pedido de informes al Banco Central por vía del Ministerio de Economía y Finanzas. El 22 de julio dicho Banco dio respuesta a ese pedido y lo cursó, como corresponde, al Ministerio de Economía y Finanzas.

En oportunidad de asistir a este Cuerpo el señor Ministro de Economía y Finanzas, con motivo de un llamado a Sala, le señalamos que a pesar de que desde el 22 de julio estaba en su Cartera la respuesta de ese pedido de informes, la misma no había sido remitida aún al Parlamento. Al respecto, el señor Ministro manifestó que se trataba de una demora burocrática, la que iba a ser superada. Hoy es 15 de octubre y aún no ha llegado esa contestación que se trataba de los honorarios cobrados por una firma consultora de los Estados Unidos al Banco Central.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicito que el Senado reitere y haga suyo dicho pedido de informes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Korzeniak para que este cuerpo haga suyo el pedido de informes a que se ha hecho referencia.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

10) EQUIPAMIENTO BASICO DEL SODRE Y ANEP. Su financiamiento. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se destinan recursos provenientes de préstamos a contratar con empresas de comercio española, para financiar el equipamiento básico del SODRE y ANEP. (Carp. Nº 618/91 - Rep. Nº 286/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 618/91
Rep. Nº 286/91

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al SODRE, para financiar el equipamiento básico de los medios de comunicación masiva del Estado, hasta la suma de nuevos pesos 3.188:000.000, (nuevos pesos tres mil ciento ochenta y ocho millones), equivalente a U$S 2:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones), así como a destinar a ANEP, para financiar la adquisición de material y equipamiento didáctico, hasta la suma de N$ 31.188:000.000, (nuevos pesos treinta y un mil ciento ochenta y ocho millones), equivalente a U$S 20:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinte millones), con recursos provenientes de préstamos a contratar con la empresa estatal española de comercio, FOCOEX.

Antes de contratar dichos préstamos, el Poder Ejecutivo recabará la opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Central del Uruguay.

Gonzalo Aguirre Ramírez.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La disposición que proponemos como proyecto de ley autónomo estaba contenida, con algunas variantes de redacción, en la Rendición de Cuentas, como artículo 358 en el proyecto original del Poder Ejecutivo (artículo 477 en el texto aprobado por la Cámara de Representantes).

Esta norma fue votada negativamente en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, del Senado, por razones puramente formales, relativas a que constitucionalmente el Poder Ejecutivo no precisa autorización legislativa para contratar préstamos con entidades extranjeras, aunque sí procede, en ciertos casos, la posterior aprobación por ley de esos convenios o contratos (artículo 85 inciso 4º de la Carta).

La oposición al artículo, pues, no obedeció a discrepancias de fondo con el origen de los recursos o con los proyectos a financiar con los mismos. Todo lo contrario.

Posteriormente a su rechazo en Comisión, fuimos informados por el señor Subsecretario de Educación y Cultura de que una empresa española proveedora de los fondos (FOCOEX), que es estatal, requiere, para firmar el préstamo que nuestro Estado esté previamente habilitado, por ley, para hacer lo propio.

La nueva redacción propuesta salva la objeción formal, pues permite dar a esos fondos determinados destinos, lo que es habitual en los créditos presupuestales y lleva implícita la autorización legal que se solicita por FOCOEX.

Aparte de la financiación del equipamiento básico de los medios de comunicación del SODRE, lo que tiene su obvia importancia, son fundamentales los veinte millones de dólares que se obtienen para ANEP, que permitirían financiar y desarrollar proyectos muy trascendentes en:

A) Aplicación de Técnicas de Informática y Comunicación en la Educación;

B) Fortalecimiento y mejoramiento de la Educación Técnica en el país: Areas de Educación Técnica Industrial, Educación Técnica Agropecuaria, Educación en el área de Servicios y Educación Técnica Ocupacional Móvil.

El préstamo, además, es de los llamados "blandos", por su largo plazo y su baja tasa de interés, lo que ratifica que es urgente aprobar este proyecto de ley.

Gonzalo Aguirre Ramírez.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al SODRE, para financiar el equipamiento básico de los medios de comunicación masiva del Estado, hasta la suma de nuevos pesos 3.188:000.000, (nuevos pesos tres mil ciento ochenta y ocho millones), equivalente a U$S 2:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones), así como a destinar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para financiar la adquisición de material y equipamiento didáctico, hasta la suma de N$ 31.188:000.000, (nuevos pesos treinta y un mil ciento ochenta y ocho millones), equivalente a U$S 20:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinte millones), con recursos provenientes de préstamos a contratar con la empresa estatal española de comercio, FOCOEX.

Antes de contratar dichos préstamos, el Poder Ejecutivo recabará la opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Central del Uruguay.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 1991.

Juan Carlos Raffo, (Miembro Informante verbal), Sergio Abreu, Danilo Astori, Juan Carlos Blanco, Federico Bouza, Hebert Gatto, Alberto Zumarán. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: este proyecto viene a salvar, no digo una omisión -porque no lo fue pero sí una interpretación quizá equivocada al realizarse el análisis de la Rendición de Cuentas.

Creo que la Exposición de Motivos, que los señores senadores habrán leído, es lo suficientemente ilustrativa sobre este tema. Este proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo a destinar recursos provenientes de préstamos a contratar con la empresa estatal española de comercio, FOCOEX, con el objeto de financiar el equipamiento básico de los medios de comunicación del SODRE, hasta la suma de U$S 2:000.000 y la cantidad de U$S 20:000.000 para ANEP a fin de financiar y desarrollar proyectos trascendentes en cuanto a la aplicación de técnicas de informática y comunicación en la educación, así como también para mejorar y fortalecer la educación técnica en el país, en las áreas de educación técnica industrial, técnica agropecuaria, servicios y técnico ocupacional móvil.

En su momento, fue discutido un artículo de la Rendición de Cuentas -aprobado por la Cámara de Representantes- en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Allí se encontraron objeciones de carácter constitucional o jurídico respecto de que no era necesario que se autorizara anticipadamente al Poder Ejecutivo a efectuar este tipo de convenios. Por ello, en su momento, fue votado negativamente dicho artículo. Posteriormente -y luego de hacer las averiguaciones pertinentes con el Ministerio de Educación y Cultura- a los integrantes del Cuerpo -y, más precisamente, al señor Presidente- se nos informó que la empresa estatal española FOCOEX reclamaba una autorización legal para la concesión del préstamo.

Pensamos que esta nueva redacción es más conveniente que la aprobada en la Cámara de Representantes, en virtud de que en ella se establece que el Poder Ejecutivo, antes de contratar dichos préstamos, recabará la opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Central del Uruguay. Por lo expuesto, estamos en condiciones de decir que consideramos pertinente y urgente para el país poder contar con esas sumas de dinero, tal como se establece en dicho proyecto de ley.

De la rápida lectura que se puede realizar tanto de la exposición de motivos como del texto sustitutivo, creemos que el Senado de la República está en condiciones de votar favorablemente este proyecto de ley que, por otra parte, consta de un informe y una votación por unanimidad de la Comisión de Hacienda.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTÍCULO 1º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar al SODRE, para financiar el equipamiento básico de los medios de comunicación masiva del Estado, hasta la suma de nuevos pesos 3.188:000.000, (nuevos pesos tres mil ciento ochenta y ocho millones), equivalente a U$S 2:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América dos millones), así como a destinar a ANEP, para financiar la adquisición de material y equipamiento didáctico, hasta la suma de N$ 31.188:000.000, (nuevos pesos treinta y un mil ciento ochenta y ocho millones), equivalente a U$S 20:000.000 (dólares de los Estados Unidos de América veinte millones), con recursos provenientes de préstamos a contratar con la empresa estatal española de comercio, FOCOEX.

Antes de contratar dichos préstamos, el Poder Ejecutivo recabará la opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Central del Uruguay.

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: hemos votado favorablemente este proyecto, pero no por los fundamentos expuestos en el informe que se ha brindado al Cuerpo.

Efectivamente, creemos que en todos estos casos es necesaria la autorización del Parlamento. No estamos de acuerdo que se llegue a este extremo a consecuencia de una exigencia de quien en esta oportunidad brinda el préstamo. Entendemos que dicho préstamo es interesante pues tiene dos buenos destinos tanto en lo que refiere a ANEP como al SODRE.

Queríamos dejar constancia de los fundamentos de nuestro voto.

SEÑOR IRURTIA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IRURTIA. - Señor Presidente: hemos votado favorablemente el proyecto, no sólo en lo que refiere a ANEP, sino también en lo que tiene que ver con el SODRE. Entendemos que el destino que se le va a dar a esa suma de U$S 2:000.000, en gran parte, será la planta que se va a instalar en la ciudad de Colonia.

En alguna oportunidad, en el transcurso del año anterior, expresamos la trascendencia que este hecho va a tener para el país, no sólo por lo que significará para un gran sector de la población radicado, fundamentalmente, en los departamentos de Colonia y Soriano, que no recibe en estos momentos ninguna información televisiva de nivel nacional, sino también para más de 400.000 ó 500.000 uruguayos que están radicados en la ciudad de Buenos Aires.

Por estos motivos, hemos votado favorablemente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda aprobado el proyecto de ley, que será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

11) ORDEN DEL DIA

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Solicito que el Senado pase a considerar como urgente un proyecto de ley y un acuerdo. El primero tiene que ver con la modificación de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y ya fue aprobado en su oportunidad por la Comisión de Asuntos Internacionales. El acuerdo, al que accediera la mencionada Comisión, se relaciona con la designación de un Embajador en el exterior, como Jefe de Misión. Asimismo, solicito que se efectúen los repartidos correspondientes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de declaración de urgencia de un proyecto de ley y de una venia -que será considerada en régimen de sesión secreta- para acreditar como Embajador plenipotenciario al señor Juan José Real.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Solicito que el Senado considere como urgente un proyecto de ley procedente del Poder Ejecutivo y reformulado en Comisión, por el cual se crea la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, dándose este mismo nombre a dos instituciones de Enseñanza. Además, pido que se efectúe el repartido correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada en el sentido de que se declare urgente la consideración del proyecto de ley que crea la Fundación Wilson Ferreira Aldunate.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Solicito que se declare urgente y se considere de inmediato el otorgamiento de una venia solicitada por el Poder Ejecutivo para designar Fiscal Letrado de la ciudad de Carmelo, con respecto a lo cual ya ha informado la Comisión respectiva.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se declara urgente la solicitud de venia presentada por el Poder Ejecutivo para designar Fiscal Letrado de la ciudad de Carmelo.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LAS INVERSIONES CON EL GOBIERNO DE CANADA. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el tercer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Canadá. (Carp. Nº 567/91 - Rep. Nº 287/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 567/91
Rep.Nº 287/91

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 6 de agosto de 1991.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la consideración de ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7 de la Constitución de la República, el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá, suscripto el día 16 de mayo de 1991, en la ciudad de Ottawa.

Dicho instrumento internacional propende -mediante un adecuado marco jurídico que regula la normativa al respecto- a la creación de condiciones favorables para la radicación de inversiones de capital extranjero. El mismo consta de 15 artículos más un Protocolo aclaratorio de los literales (i) e (ii) del artículo I, subpárrafo (a).

Entre los aspectos más destacables del Acuerdo de referencia, puede señalarse que se establece que los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes estarán siempre sometidos a un trato justo y equitativo, gozando de total protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante (artículo II, numeral 4).

Se garantiza además a los inversores extranjeros, un tratamiento no discriminatorio con relación a las inversiones nacionales, en la medida que ello sea posible y conforme a la legislación interna de cada Parte. (artículo IV).

La protección a las inversiones extranjeras se refuerza también mediante una normativa que regula los casos de indemnización por pérdidas (derivadas de desastres naturales, conflictos armados o emergencia nacional) y por expropiación, que deberá sujetarse al debido proceso legal y no ser discriminatoria (artículos VI y VII).

Las Partes se garantizan recíprocamente la libre transferencia de las inversiones y rentas de capital, reglamentándose la forma en que las mismas se harán efectivas (artículo VIII).

Las controversias que pudieran surgir entre un inversor y la Parte Contratante en la que se realiza la inversión, que no hayan sido dirimidas en forma amigable en un plazo de 3 meses, deberán someterse a decisión de los tribunales de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión.

También se previó que dichas controversias podrán someterse a arbitraje internacional, cuando se dieran determinadas circunstancias que se especifican. Dicho arbitraje internacional se halla minuciosamente reglado en distintos literales (artículo 10).

A su vez, las controversias entre las Partes relativas a la interpretación o aplicación del Acuerdo que se remite, de no ser resueltas en forma amigable y mediante consultas en un plazo de 6 meses, podrán ser sometidas a tribunal arbitral, estatuyéndose detalladamente el procedimiento a seguir (artículo 13).

Otra norma a resaltar es la que establece que el Acuerdo se aplicará a cualquier inversión efectuada por un inversor de una de las Partes en el territorio de la otra, antes o después de la entrada en vigor del Acuerdo. Pero se aclara que esta retroactividad no operará en el caso de las controversias suscitadas antes de la entrada en vigor (artículo XIV).

El Poder Ejecutivo se permite recomendar y urgir la aprobación del instrumento internacional que se reseña, en el entendido de que el mismo conducirá al estímulo de la iniciativa comercial y al desarrollo de la cooperación económica entre los respectivos pueblos.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Gonzalo Aguirre Ramírez, VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Eduardo Mezzera, Enrique Braga.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá, suscripto en Ottawa, el 16 de mayo de 1991.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Eduardo Mezzera, Enrique Braga.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha remitido a la Asamblea General el Mensaje y proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones, suscrito por los Gobiernos de Canadá y la República Oriental del Uruguay, en Ottawa, el 16 de mayo de 1991.

Al igual que en otros casos recientemente aprobados por el Senado, se procura favorecer una mayor inversión extranjera en nuestro territorio, dando, en esta hipótesis, a los inversores canadienses, las garantías mínimas necesarias en cuanto a las condiciones en que desarrollará la inversión.

En el artículo I del Acuerdo se definen los conceptos de inversor e inversión, aunque debe tenerse presente el Protocolo suscrito por los Contratantes, en el que se considera que un activo es adquirido o invertido directamente cuando un inversor realiza la inversión a través de personas jurídicas de su propiedad o controladas por él o cuando la inversión así sea reconocida por la Parte Contratante en cuyo territorio se realiza la misma. Se establece a su vez, que la Parte Contratante podrá requerir al inversor que acredite el control sobre la persona jurídica de que se trate.

En lo referente a la promoción de inversiones, se establece en el artículo II, que cada Parte Contratante incentivará las inversiones de conformidad con su derecho interno, aunque deberá otorgarse a los inversores de la otra Parte, un tratamiento justo y equitativo, de acuerdo a los principios de derecho internacional y se acuerda, a su vez, que el inversor recibirá la protección correspondiente.

Siguiendo la práctica usual en este tipo de Acuerdos, se añade la cláusula de nación más favorecida (artículo III), por la que cada Parte se compromete a dar a los inversores de la otra Parte, un tratamiento no menos favorable que aquel que se acuerde a inversores de un tercer Estado.

A diferencia de lo anterior, la equiparación del inversor extranjero al nacional no es total, ya que en el artículo IV se establece que "en la medida que sea posible y de acuerdo a las leyes y reglamentos", una Parte otorgará a las inversiones o rentas de inversores de la otra Parte, un tratamiento no menos favorable al que reciban los inversores nacionales del Estado en que se efectúa la inversión.

De lo anterior se exceptúan expresamente los beneficios, preferencias o privilegios que deriven de zonas de libre comercio, uniones aduaneras, acuerdos que liberen el comercio de servicios o que establezcan asistencia, integración o cooperación económica mutual o que refieran a la tributación, ya sean existentes en la actualidad o futuros (artículo V).

Los artículos VI y VII, relativos a las indemnizaciones por pérdidas y expropiaciones no requieren mayores comentarios. Por el primero de ellos se establece que los inversores de una Parte no podrán recibir un tratamiento menos favorable que el que reciban inversores nacionales o de otro Estado. En el segundo caso, la disposición se adapta plenamente a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución.

Se acuerda que cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte la libre transferencia de las inversiones y rentas, así como fondos para el pago de préstamos relativos a la inversión, salarios, remuneraciones, etc. (artículo VIII) y que las transferencias se efectuarán sin demora y en la moneda en la cual se haya invertido originariamente o cualquier otra moneda convertible que se acuerde entre el inversor y la Parte Contratante.

La resolución de las controversias que se susciten entre un inversor y la Parte Contratante anfitriona, se solucionará salvo acuerdo en contrario, recurriendo en primer término a las autoridades jurisdiccionales del Estado en el cual se realizó la inversión. Sin perjuicio de lo anterior se reconoce la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales en las hipótesis previstas en el apartado 2 del artículo X.

Para las controversias que se presenten entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o ejecución de este Acuerdo, se prevé en el artículo XII una primera instancia en que se pretende llegar a una solución amigable mediante consultas. Si la cuestión no puede ser resuelta mediante consultas en el término de seis meses, la misma será sometida a arbitraje internacional.

El Acuerdo entrará en vigencia cuando ambas Partes Contratantes cumplan con los requisitos constitucionales para la aprobación del mismo y lo comuniquen a la otra parte. La fecha de entrada en vigencia será la de la última de las dos notificaciones. El plazo del Acuerdo se extiende por diez años, prorrogables por igual término, salvo que una de las Partes denuncie su intención de darlo por terminado con una antelación de un año (artículo XV). Se acuerda que una vez vigente el Acuerdo, será también aplicable a las inversiones realizadas antes de la entrada en vigencia del mismo (artículo XIV), y que las disposiciones contenidas en los artículos I a XIV seguirán en vigencia, luego de terminado el Acuerdo pero sólo para las inversiones realizadas o comprometidas antes de la terminación del mismo, por quince años más.

En definitiva, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo se encuadra dentro de la política seguida por el Gobierno en materia de estímulo de las inversiones extranjeras, por lo que entiende vuestra Comisión que el mismo debe ser aprobado, lo que así sugiere al Senado.

Sala de la Comisión, 17 de setiembre de 1991.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, (Con salvedades), Juan Carlos Blanco, José Luis Guntin, Alberto Zumarán. Senadores.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE CANADA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LAS INVERSIONES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá, en adelante denominados "las Partes Contratantes",

Reconociendo que la promoción y la protección de las inversiones de inversores de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante conducirán al estímulo de la iniciativa comercial y al desarrollo de la cooperación económica entre ellas,

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I
Definiciones

A los fines de este Acuerdo:

a) el término "inversión" significa todo tipo de activo adquirido o invertido, directa o indirectamente, por un inversor de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con la legislación de esta última y, en especial, incluye, aunque no en forma exclusiva:

i) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como todo otro derecho real, con respecto a toda clase de activo;

ii) acciones, bonos y obligaciones o cualquier otra forma de participación en una sociedad, empresa comercial o emprendimiento conjunto;

iii) créditos pecuniarios y derechos a prestaciones que tengan un valor económico;

iv) derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor, patentes y marcas registradas, así como nombres comerciales, diseños industriales, valor llave, secretos comerciales y conocimientos tecnológicos;

v) derechos, otorgados por ley o en virtud de un contrato, a emprender cualquier actividad económica y comercial, incluidos cualesquiera derechos a explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales.

Cualquier cambio en la forma de una inversión no afecta su carácter de inversión.

b) El término "inversor" significa:

i) cualquier persona física que sea nacional o posea la ciudadanía de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación; o

ii) cualquier persona jurídica, incluyendo compañías, sociedades comerciales, sociedades fiduciarias, emprendimientos conjuntos, corporaciones, asociaciones o empresas debida o legalmente constituidas de conformidad con las leyes vigentes de aquella Parte Contratante, que efectúa la inversión. Sin embargo, el término inversor no comprenderá a personas físicas que sean nacionales o ciudadanos de ambas Partes Contratantes;

c) el término "rentas" significa todos los montos producidos por una inversión y, en especial, aunque no exclusivamente, incluye las utilidades, intereses, incrementos de capital, dividendos, derechos de patente, honorarios y otros ingresos corrientes;

d) el término "territorio" significa:

i) respecto a Canadá, el territorio de Canadá, así como aquellas áreas marítimas, incluidos el suelo y subsuelo marinos adyacentes al límite externo del mar territorial, sobre el cual Canadá ejerce, de acuerdo con el derecho internacional, derechos soberanos con el objeto de explorar y explotar los recursos naturales de aquellas áreas;

ii) respecto a la República Oriental del Uruguay, el territorio del Uruguay, así como aquellas áreas marítimas, incluso el suelo y subsuelo marinos adyacentes al límite externo del mar territorial sobre el cual Uruguay ejerce, de acuerdo con el derecho internacional, derechos soberanos con el objeto de explorar y explotar los recursos naturales de aquellas áreas.

ARTÍCULO II
Promoción y Protección de las Inversiones

1) Cada Parte Contratante estimulará la creación de condiciones favorables para que los inversores de la otra Parte Contratante efectúen inversiones en su territorio.

2) Conforme a sus leyes y reglamentos, cada Parte Contratante aceptará inversiones de inversores de la otra Parte Contratante.

3) Este Acuerdo no impedirá a ninguna de las Partes Contratantes dictar leyes y reglamentos referentes al establecimiento de nuevas empresas comerciales o la adquisición de empresas comerciales en su territorio, siempre que esas leyes y reglamentos sean aplicadas equitativamente a todos los inversores extranjeros. Las decisiones adoptadas en virtud de aquellas leyes y reglamentos no estarán sujetas a las disposiciones de los artículos X o XII de este Acuerdo.

4) Las inversiones o rentas de los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes deberán recibir siempre un trato justo y equitativo, de acuerdo con los principios del derecho internacional y deberán gozar de total protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante.

ARTÍCULO III
Cláusulas de nación más favorecida

1) Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones o rentas de los inversores de la otra Parte Contratante realizadas en su propio territorio, un trato no menos favorable que aquel que se otorga a las inversiones o rentas de los inversores de cualquier tercer Estado.

2) Cada Parte Contratante otorgará a los inversores de la otra Parte Contratante, en relación con la administración, uso, goce o enajenación de sus inversiones o rentas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel que se otorga a los inversores de cualquier tercer estado.

ARTÍCULO IV
Tratamiento nacional

Cada Parte Contratante, en la medida que sea posible y de acuerdo con sus leyes y reglamentos, otorgará a las inversiones o rentas de inversores de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable que aquel que otorga a las inversiones o rentas de sus propios inversores.

ARTICULO V
Excepciones

Las disposiciones de este Acuerdo no serán interpretadas de modo de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio que sea el resultado de cualquier acuerdo bilateral o multilateral, existente o futuro;

a) que establezca una zona de libre comercio o una unión aduanera;

b) que libere el comercio de servicios,

c) que establezca asistencia, integración o cooperación económica mutua;

d) relativo a tributación.

ARTÍCULO VI
Indemnización por pérdidas

Los inversores de una Parte Contratante que sufran pérdidas debido a que sus inversiones o rentas en el territorio de la otra Parte Contratante se vean perjudicadas a causa de un conflicto armado, una emergencia nacional, disturbios civiles o un desastre natural en ese territorio, les será otorgado por esta última Parte Contratante, con respecto a restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que aquel que otorga a sus propios inversores o a inversores de cualquier tercer Estado.

ARTÍCULO VII
Expropiación

1) Las inversiones o las rentas de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes no serán nacionalizadas, expropiadas o sometidas a medidas que tengan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante denominadas "expropiación") en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto en caso de utilidad pública, sujeta al debido proceso legal, en una forma no discriminatoria y abonando una indemnización pronta, adecuada y efectiva. Dicha indemnización estará basada en el valor real de la inversión expropiada inmediatamente antes del momento en que la expropiación dispuesta llegó a ser de conocimiento público o se hizo efectiva, considerándose el evento que ocurra primero. La indemnización será pagadera a contar de la fecha de expropiación a una tasa de interés comercial normal, sin demora, y será efectivamente realizable y libremente transferible.

2) El inversor afectado tendrá derecho, de acuerdo con las leyes de la Parte Contratante que efectúe la expropiación, a una pronta revisión de su caso, por una autoridad judicial u otra independiente de aquella Parte, y de la tasación de sus inversiones, de conformidad con los principios establecidos en este artículo.

ARTÍCULO VIII
Transferencia de fondos

1) Cada Parte Contratante garantizará al inversor de la otra Parte Contratante la libre transferencia de las inversiones y rentas. Sin limitar la generalidad de lo precedente, cada Parte Contratante garantizará también al inversor la libre transferencia de:

a) fondos para el pago de préstamos relativos a una inversión;

b) el producto de la liquidación total o parcial de cualquier inversión;

c) salarios y otras remuneraciones que correspondan a un ciudadano de la otra Parte Contratante al cual se le permitió trabajar en relación con un inversor en el territorio de la otra Parte Contratante;

d) cualquier compensación debida a un inversor en virtud de los artículos VI o VII de este Acuerdo.

2) Las transferencias serán efectuadas sin demora en la moneda convertible en la cual se invirtió originalmente el capital, o en cualquier otra moneda convertible acordada entre el inversor y la Parte Contratante involucrada. Las transferencias se efectuarán al tipo de cambio aplicable en la fecha de la transferencia.

ARTÍCULO IX
Subrogación

1) Si una Parte Contratante o cualquier otro organismo de la misma efectúa un pago a cualquiera de sus inversores en virtud de una garantía o de una póliza de seguro que hubiere contratado con respecto a una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá la validez de la subrogación a favor de aquella Parte Contratante u organismo de la misma, de cualquier derecho que el inversor posea.

2) Una Parte Contratante o un organismo de la misma que haya subrogado los derechos de un inversor de conformidad con el párrafo (1) de este artículo, será titular, en toda circunstancia, de los mismos derechos del inversor referentes a la inversión de que se trata y a sus rentas. Dichos derechos podrán ser ejercidos por la Parte Contratante o cualquier organismo de la misma, o por los inversores si la Parte Contratante o cualquier organismo de ésta así lo autorizara.

ARTÍCULO X
Arreglo de controversias entre un Inversor y la Parte Contratante anfitriona

1) Las controversias que surjan dentro de los términos de este Acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, que no hayan sido resueltas amigablemente dentro de un período de tres meses después de la notificación escrita de una reclamación, deberán someterse, si así lo solicita una de las partes interesadas, a la decisión del Tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hizo la inversión.

2) Dichas controversias podrán someterse a arbitraje internacional si así lo solicitara una de las partes, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(i) cuando la Parte Contratante, de acuerdo con las facultades que le reconoce su legislación interna, y los inversores de la otra Parte Contratante así lo hayan acordado; o

(ii) cuando, después de transcurrido un período de dieciocho meses desde el momento en que se sometió la disputa al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, dicho tribunal no ha dictado sentencia; o

(iii) cuando cualquiera de las Partes considere que la sentencia final de dicho tribunal es notoriamente injusta o viola lo establecido en este Acuerdo. En esta circunstancia, el tribunal arbitral internacional laudará sobre la controversia entre las partes en su totalidad, si constata que la Parte que somete el asunto a arbitraje lo hace con causa justificada.

3) Cuando la controversia se someta a arbitraje internacional, el inversor y la Parte Contratante en la disputa podrán acordar someter la controversia:

a) a un árbitro internacional o a un tribunal de arbitraje ad hoc integrado por tres miembros, según lo acuerden expresamente las Partes. El árbitro, o los árbitros, serán nombrados por acuerdo especial o conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI); o

b) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones cuando ambas Partes Contratantes se hubieren adherido al Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto para su firma en Washington, D.C., el 18 de marzo de 1965.

Si después de un período de tres meses a partir de la presentación de la controversia a arbitraje no se llegara a acuerdo sobre uno de los procedimientos antes mencionados, el arbitraje lo realizará un tribunal ad hoc de tres miembros y las partes en la controversia estarán obligadas a someterla a arbitraje de acuerdo al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional vigente en ese momento. No obstante ello, cuando el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya o la autoridad nominadora sean nacionales o ciudadanos de una de las Partes Contratantes, o cuando no les fuera posible encargarse de esta función, el nombramiento será realizado por el Presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París. Cuando el Presidente sea un nacional o ciudadano de una de las Partes Contratantes, o en caso de que esté impedido de cumplir esta función, se solicitará al Vicepresidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, o al miembro de dicha Corte que le sigue en antigüedad y que no sea nacional o ciudadano de ninguna de las Partes Contratantes, que se encargue de dicho nombramiento. Las Partes podrían acordar, por escrito, hacer modificaciones con respecto a los Reglamentos de la CNUDMI.

4) Ninguna de las Partes Contratantes presentará una demanda internacional con respecto a una controversia que uno de sus inversores y la otra Parte Contratante hayan sometido a la decisión del tribunal competente de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión o al arbitraje previsto en este artículo, a menos que la otra Parte Contratante no haya cumplido con el fallo dictado en dicha disputa.

ARTÍCULO XI
Consultas e intercambio de información

A solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, la otra Parte Contratante accederá sin demora a las consultas sobre la interpretación o aplicación de este Acuerdo. A solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, se intercambiará información sobre las consecuencias que las leyes, reglamentos, resoluciones, prácticas o procedimientos administrativos, o políticas de la otra Parte Contratante, pueden tener sobre las inversiones amparadas por este Acuerdo.

ARTÍCULO XII
Controversias entre las Partes Contratantes

1) Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación de este Acuerdo será, en lo posible, resuelta amigablemente, a través de consultas.

2) Si una controversia no pudiere ser resuelta a través de consultas, dentro de un plazo de seis meses, será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral para su resolución.

3) Para cada controversia se constituirá un tribunal arbitral. Dentro de un plazo de dos meses a contar de la recepción de la solicitud de arbitraje, a través de canales diplomáticos, cada Parte Contratante designará a un miembro del tribunal arbitral. Los dos miembros elegirán luego a un nacional de un tercer Estado quien, previa aprobación de las dos Partes Contratantes, será designado Presidente del tribunal arbitral. El Presidente será designado dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de nombramiento de los otros dos miembros del tribunal arbitral.

4) Si dentro de los plazos especificados en el párrafo 3) de este artículo no se hubieren efectuado los nombramientos necesarios, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, a falta de cualquier otro acuerdo, solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que efectúe los nombramientos requeridos. Si el Presidente fuere un nacional o ciudadano de cualquiera de las Partes Contratantes o si, por cualquier motivo, estuviere impedido para desempeñar la mencionada función, se solicitará al Vicepresidente que efectúe los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuera un nacional o ciudadano de cualquiera de las Partes Contratantes o si, por cualquier otro motivo, estuviere impedido para desempeñar la mencionada función, se solicitara al Miembro de la Corte Internacional de Justicia que le sigue en antigüedad, que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes, que efectúe los nombramientos requeridos.

5) El tribunal arbitral determinará sus propios procedimientos. El tribunal tomará sus decisiones por mayoría de votos. Dichas decisiones serán obligatorias para ambas Partes Contratantes. A menos que se acuerde de otro modo, el tribunal arbitral deberá emitir su laudo dentro de los seis meses del nombramiento del Presidente, conforme a los párrafos 3) o 4) de este artículo.

6) Cada Parte Contratante asumirá los costos de su propio miembro en el tribunal y de su representación en las actuaciones de arbitraje; los costos referentes al Presidente y cualesquiera otro costo serán costeados por partes iguales por las Partes Contratantes. El tribunal arbitral podrá, sin embargo, en su laudo, decidir que una proporción mayor de los costos sea pagada por una de las dos Partes Contratantes, y ese fallo será obligado para ambas Partes Contratantes.

ARTÍCULO XIII
Otros Acuerdos Internacionales

1) Cuando un asunto esté contemplado por las disposiciones de este Acuerdo y las de cualquier otro acuerdo internacional a las cuales las dos Partes Contratantes están obligadas, las disposiciones de este Acuerdo no impedirán a un inversor de una Parte Contratante que tiene inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante que se beneficie del régimen más favorable.

2) Si surgiera una controversia con respecto a los temas comprendidos por los acuerdos mencionados en el párrafo 1) el inversor elegirá los procedimientos previstos en uno de tales acuerdos, los que regirán para la resolución de la controversia.

ARTÍCULO XIV
Aplicación

Este Acuerdo se aplicará a cualquier inversión efectuada por un inversor de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante antes o después de la entrada en vigor de este Acuerdo. Este Acuerdo no se aplicará a una controversia entre un inversor de una Parte y la otra Parte Contratante que haya surgido antes de su entrada en vigor.

ARTÍCULO XV
Entrada en vigor

1) Cada Parte Contratante notificará a la otra por escrito de la conclusión de las formalidades constitucionales exigidas en su territorio para la entrada en vigor de este Acuerdo. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de las dos notificaciones.

2) Este Acuerdo permanecerá vigente por un período de diez años. A menos que cualquiera de las dos Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante de su intención de darlo por terminado, con una antelación de un año antes del término del período de diez años, este Acuerdo, incluyendo este artículo, se prorrogará automáticamente por otro plazo de diez años. Respecto a las inversiones o compromisos de inversión hechos con anterioridad a la terminación de este Acuerdo, las disposiciones de los artículos I al XIV inclusive de este Acuerdo permanecerán vigentes durante un plazo de quince años.

EN FE LO CUAL los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Acuerdo.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their resepctive Governments, have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

HECHO en Ottawa, el día 16 del mes de mayo de 1991, en dos originales, cada uno en los idiomas inglés, francés y español, siendo los textos igualmente auténticos en cada uno de los tres idiomas.

DONE at Ottawa this 16 th day of May 1991 in two originals, each in the Spanish, English and French languages, the texts in each of the three languages having equal authenticity.

FAIT à Ottawa 16 "e. jour de mai 1991, en deux exemplaires, chacun en langues espagnole, anglaise et française, chacun des textes faisant également foi.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

FOR THE GOVERNEMENT
OF THE
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ORIENTALE
DEL’URUGUAY

Luis Alberto Lacalle Herrera

POR EL GOBIERNO
DE CANADA

FOR THE GOVERNEMENT
OF CANADA


POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA


Firmas ilegibles


PROTOCOLO

A los efectos del artículo I, subpárrafo (a), se considera que un aditivo es adquirido o invertido directamente:

(i) cuando el inversor de una Parte Contratante realiza la inversión a través de personas jurídicas de su propiedad o controladas por él; o

(ii) en cualquier otra circunstancia cuando una inversión es reconocida por la Parte Contratante en cuyo territorio se hace la inversión como siendo una inversión de un inversor de la otra Parte Contratante.

Cualquiera de las Partes Contratantes podrá requerir al inversor que demuestre el control de la persona jurídica mencionada en (i). Esto podrá ser realizado, por ejemplo, demostrando que la persona jurídica es filial de dicho inversor o que el inversor la controla, de hecho, mediante el ejercicio de sus derechos como accionista o a través de una relación contractual.

Con respecto al punto (ii), una inversión podrá ser "reconocida" mediante comunicación escrita al inversor por parte de las autoridades responsables de la Parte Contratante en que se haya realizado la inversión".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - En principio, debo decir que este es un tratado similar a otros varios que ya fueron considerados y aprobados por el Cuerpo en esta Legislatura. Todos ellos, en la línea de promover las inversiones no por la vía de otorgamiento de beneficios -que constituyen uno de los instrumentos comúnmente utilizados para estos fines- sino por la de reafirmar condiciones de seguridad para los potenciales inversores. Como tal, este tratado se inscribe dentro del ordenamiento jurídico nacional, sin roce alguno.

La estructura de este Tratado es muy similar a la de los otros a los que hemos hecho referencia. Comienza con una serie de definiciones establecidas en su artículo 1º, en el artículo 2º consagra la voluntad de estimular las inversiones en los dos países. En el artículo siguiente sanciona el tratamiento mutuo de nación más favorecida, mientras que el artículo 4º apunta -sin que ello constituya una obligación- a la igualdad de trato entre nacionales de los países signatarios, consagrando las excepciones clásicas en esta materia, es decir, la existencia de uniones aduaneras, zonas de libre comercio e instituciones similares. Los artículos 6º, 7º y 8º, por su parte constituyen normas que tienden a reforzar el elemento seguridad de la inversión. En los hechos, no se trata de disposiciones distintas a las del régimen jurídico en vigor del país. A través del artículo 10 se crean mecanismos de solución de controversias, los que recogen fórmulas similares a las de otros tratados de este tipo, permitiendo, en algunos casos, el recurso de arbitraje internacional, solución que se prevé también para el caso de posibles controversias entre las partes contratantes.

En resumen, se trata de un Acuerdo que no sólo no vulnera el orden constitucional del país, sino que podría decirse que la mayoría de sus disposiciones ni siquiera innovan en lo que es el tratamiento de la legislación vigente interna en la materia. Asimismo, representa un instrumento que puede facilitar la captación de inversiones, para el país, de potenciales interesados que tal vez por razones de distancia o de ausencia de contrato estrecho, pueden ignorar el funcionamiento del régimen vigente normal. Pensamos que a través de estas medidas específicas, seguramente sentirán una mayor tranquilidad.

Es cuanto deseábamos informar.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Tal como lo hemos expresado en oportunidad en que fueron considerados tratados de similares características, la bancada del Frente Amplio no acompañará la ratificación de este Acuerdo, pues entiende que como política general debería establecerse una base común del tratamiento de las inversiones extranjeras y no proceder a la realización de convenios bilaterales, parte a parte, con tratamiento disímiles. Este Acuerdo, aunque parecido a otros, es disímil.

En las oportunidades a que hemos hecho referencia manifestamos que el argumento sustancial de nuestra oposición, consistía en que, de hecho, se declinaba la jurisdicción nacional- violando, en tal circunstancia la Constitución- al aprobarse este tipo de solución para el caso de que existan controversias entre ambas partes contratantes. Me refiero al hecho concreto de que existiera una controversia entre nuestro país y un inversor extranjero, no dilucidada en determinado tiempo por la justicia nacional o que aun -y esto sería más grave- hubiera una sentencia que no fuera del agrado del inversor, quien podría recurrir a un tribunal arbitral -sobre el cual nuestro país no tiene, naturalmente, mecanismos de control- que finalmente decidiría, aun contra la opinión de los tribunales nacionales. Parece un caso claro y exultante de declinación de la jurisdicción nacional, lo que nos lleva a establecer nuestra oposición clara y terminante a la ratificación de este tratado.

Por otra parte, deseamos traer la opinión de varios expertos en materia de legislación internacional, quienes ya han informado sobre el caso de la ratificación del Tratado de Protección de Inversiones con Alemania, que fue considerado por el Cuerpo en el transcurso del año pasado.

Por otro lado, quiero decir -aunque no entraré a realizar un examen particular de las disposiciones- que me llama la atención el hecho de que en este tratado se establezca una disposición referente a la definición de lo que se entiende por territorio. Digo esto, porque en lo personal, no he visto una norma de este tipo en otros tratados. Sin embargo, en este Acuerdo se habla del territorio de Canadá, así como de aquellas áreas marítimas, incluidos el suelo y subsuelo marinos adyacentes al límite externo del mar territorial sobre el cual Canadá ejerce, de acuerdo con el Derecho Internacional, derechos soberanos con el objeto de explorar y explotar los recursos naturales de esas zonas. Con respecto a la República Oriental del Uruguay dice exactamente lo mismo, por lo que se está ratificando la posibilidad de que la inversión, por ejemplo, pueda realizarse sobre recursos naturales que estén en el subsuelo marino, dentro del mar territorial, es decir, minerales y petróleo. No creo que esto deba ser resuelto con un Tratado de esta naturaleza, sino en todo caso, por convenios específicos que se establezcan entre el Uruguay y cualquier inversor. Al respecto, me parece que una autorización genérica de este tipo no es apropiada en el caso que estamos considerando.

He encontrado esto, porque tengo la obsesión de leer estos tratados, aunque dicha tarea resulte a veces, muy cansadora. Es claro que naturalmente, no será el Uruguay el que va a hacer inversiones en el mar territorial de Canadá, si bien esto podría llegar a darse si nuestro país logra un importante nivel de desarrollo en el futuro.

Por estas razones, vamos a oponernos a la ratificación de este Acuerdo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - No participé en la Comisión que consideró este Tratado -al que voy a dar mi voto- porque me encontraba en el exterior en ese momento.

Como dijo el señor miembro informante, este es uno más de los Tratados de Inversión Recíproca que hemos venido aprobando en el Parlamento desde hace algún tiempo.

No escuché las objeciones que formuló el señor senador Gargano puesto que, por las razones que apuntaba, a la Comisión asistió mi suplente. Sin embargo, las he escuchado en otras oportunidades, por ejemplo, en el primer caso que se planteó a este respecto, que fue el Tratado de Inversión Recíproca con la entonces República Federal de Alemania. Tengo algunas discrepancias respecto de los informes que se proporcionaron en la Comisión de Asuntos Internacionales. Si hubo un informe categórico en cuanto a la constitucionalidad del arbitraje internacional, fue el del doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga y, si mal no recuerdo, quien se expidió en contra, aunque con algunas salvedades, fue una persona a quien todos respetamos mucho, pero que no es internacionalista, sino un destacado profesor de Derecho Financiero y me estoy refiriendo al doctor Valdés Costa.

Además, quisiera recordar algo que no se mencionó en la exposición del señor senador preopinante. Cuando se votó el Tratado al que me acabo de referir, con la entonces Alemania Federal, se aprobó también una ley que establece un sistema por el que los inversores extranjeros que tienen diferencias con el Estado uruguayo deben agotar previamente la vía interna, en un procedimiento abreviado que no tiene nada de inconstitucional. El Parlamento es dueño de aplicar los procedimientos que estime más adecuados, al cabo de los cuales queda expedita la vía del arbitraje internacional. Esta es una ley que fue aprobada en el Parlamento y nadie la ha tachado jamás de inconstitucional. Lo dicho anteriormente se refiere a las diferencias entre el inversor extranjero y el Estado uruguayo, y esta es una situación distinta de la de las diferencias que se pudieran plantar entre nuestro país y la nación co-contratante, en este caso Canadá. Digo que en este sentido tampoco se podría hablar de inconstitucionalidad, porque si observamos las normas constitucionales, veremos que, por ejemplo, en el artículo 6º se dice: "En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos". Mal se puede sostener que el arbitraje en este caso es inconstitucional, ya que está impuesto por la Constitución, como voluntad que debe ejercer efectivamente el Gobierno cuando negocia un tratado.

Podemos citar también el numeral 16 del artículo 168, que señala que entre las competencias que tiene el señor Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, está la de "Decretar la ruptura de relaciones y, previa resolución de la Asamblea General, declarar la guerra, si para evitarla no diesen resultado el arbitraje u otros medios pacíficos". Quiere decir que el arbitraje, para el Estado uruguayo, en una controversia con otros Estados, no sólo no es inconstitucional, sino que está impuesto por la propia normativa de la Carta.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Quiero recordar, a título de aclaración, que hubo también opiniones de internacionalistas, como el doctor Herbert, quienes luego de analizar los tratados en cuestión, emitieron opiniones acerca de este tema, en la línea de las que nos llevaron a realizar determinadas objeciones. De manera que no fue sólo el doctor Valdés Costa quien emitió una opinión acerca de esta cuestión.

Estoy absolutamente de acuerdo en que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, el país cuando tiene controversias con otro Estado, debe someterlas a la resolución de un Tribunal Arbitral. Esta es una norma de conducta que se ha aplicado en nuestro país desde principios de siglo y responde a una doctrina muy conocida.

SEÑOR RICALDONI. - Esta fue sostenida por don José Batlle y Ordóñez.

SEÑOR GARGANO. - Efectivamente; fue aplicada por él, entre otros.

Queremos señalar que si existe una sentencia uruguaya que, a juicio de una de las partes, incitada por el inversor extranjero, no conforma al inversor, éste puede, aplicando los mecanismos del Tratado, contar con una instancia fuera de la jurisdicción nacional para resolver la controversia. Esa es, en definitiva, la obligatoria, la que allí se recuerda.

Cito textualmente el artículo X, "Arreglo de controversias entre un Inversor y la Parte Contratante anfitriona" que, en su punto 2) dice: "Dichas controversias podrán someterse a arbitraje internacional si así lo solicitara una de las partes, en cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) cuando la Parte Contratante, de acuerdo con las facultades que le reconoce su legislación interna, y los inversores de la otra Parte Contratante así lo hayan acordado"; o "(ii) cuando, después de transcurrido un período de dieciocho meses desde el momento en que se sometió la disputa al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, dicho tribunal no ha dictado sentencia"; o -esto es lo más grave- "(iii) cuando cualquiera de las partes considere que la sentencia final de dicho tribunal es notoriamente injusta o viola lo establecido en este Acuerdo".

Esto, a mi juicio, constituye una delegación de la jurisdicción nacional, porque después de que se haya producido la dilucidación de un pleito o una controversia en los tribunales nacionales, si el inversor cree que la sentencia no es justa, pone en marcha un mecanismo y resuelve la controversia a nivel internacional en un tribunal arbitral.

Muchos especialistas objetan este último punto y creo que no corresponde considerarlo congruente con las disposiciones que protegen el fuero nacional para la dilucidación de las controversias de tipo material que se susciten en su territorio.

Repito que estoy totalmente de acuerdo en que, cuando se trata de dilucidar controversias entre dos Estados, hay que recurrir, naturalmente, al mecanismo del arbitraje; pero no en este caso.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Quiero realizar algún comentario acerca de lo que acaba de señalar el señor senador Gargano.

En primer lugar, deseo referirme a su crítica en el sentido de que si considera equivocada la sentencia nacional, el inversor extranjero puede acceder a un arbitraje internacional. Ello está vigente en el país en virtud de la ley a la que me he referido, que fue aprobada el año pasado, que viene anexa a la aprobación de un tratado con la ex República Federal de Alemania. De modo que ya se puede hacer hoy; la situación no se creará Oriental la aprobación de este Tratado.

Dicha ley establece que, agotada la instancia jurisdiccional ante un Tribunal de Apelaciones, cualquiera de las partes puede acceder a un arbitraje internacional. Esta norma, que también figura en el Tratado a celebrarse con Canadá, no hace otra cosa, entonces, que recoger una disposición que ya forma parte del Derecho vigente uruguayo.

En segundo lugar -y lo señalé en oportunidades anteriores- la objeción de que el arbitraje significa inconstitucionalidad, porque implica sustraer al Poder Judicial la resolución de las discrepancias entre las dos partes es tremendamente equivocada, porque el propio Código General del Proceso, así como el anterior Código de Procedimiento Civil, establecen normas específicas que reconocen el valor de sentencia a los arbitrajes que, en la efera interna del país, puedan establecer las partes para resolver sus diferencias, en lugar de recurrir a la Justicia. Desde la promulgación del Código de Procedimiento Civil, y a partir de la vigencia del Código General del Proceso, nadie dijo jamás que los arbitrajes allí previstos vulneraran alguna norma constitucional. Entonces, ¿por qué sostenerlo cuando ese arbitraje, en lugar de ser nacional, es internacional?

Por lo tanto, señor Presidente, respetando las opiniones del señor senador Gargano -como siempre lo hago- que se ven reforzadas por otras que también se recibieron en la Comisión, deseo expresar que he mantenido conversaciones posteriores con el titular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, el doctor Manuel Vieira, que comparte plenamente los dictámenes del doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga, quien fue consultado por la Comisión. De manera que no podemos condicionar nuestro voto a objeciones de este tipo dado que no son de recibo, en virtud de la calidad de los argumentos en contrario que se han esgrimido.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Como el señor senador Ricaldoni tiene amplia versación sobre estos temas, quisiera consultarlo sobre si lo que voy a citar a continuación es correcto o no.

En el Tratado con Alemania se establecía que ese pase a arbitraje requería una etapa previa en la cual el Estado alemán hacía suya la propuesta del inversor. Me parece que ése es un filtro importante, porque supone que el Estado alemán revise el fallo judicial uruguayo, y pueda eventualmente considerarlo lesivo, lo que significaría que actúe con la suficiente responsabilidad como para no llevar al Estado uruguayo a arbitrajes por motivos menores o por una causa en la cual el inversor que proteste no tenga razón. Sin embargo, en este proyecto de Acuerdo que se va a celebrar con Canadá no veo que exista el mismo filtro intermedio. Por consiguiente, quería consultar al señor senador Ricaldoni con respecto a si mis apreciaciones relativas al tratado con Alemania son correctas y sobre si esta ausencia que percibo en el Tratado proyectado con Canadá es también exacta, o no.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto, señor senador, pero antes deseo adelantar que, posteriormente, me referiré al artículo X de este Tratado, que a mi juicio encaja exactamente dentro de lo que dispone una ley vigente, no sólo con relación a los inversores alemanes, sino a cualquier tipo de inversores que, en el marco de un Tratado, tengan una diferencia con el Estado uruguayo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de conceder el uso de la interrupción al señor senador de Posadas Montero, la Presidencia quiere señalar que el texto del artículo X del Tratado no da mérito a la preocupación -legítima, por cierto- manifestada por el señor senador Zumarán, porque expresa que las controversias podrán someterse a arbitraje internacional si así lo solicitare una de las partes. Se está refiriendo a las partes del Tratado, no a los inversores particulares. El numeral 1) alude a la parte contratante y el literal iii) del numeral 2) -que es el que refiere al punto que genera esta discusión- expresa: "cuando cualquiera de las Partes considere que la sentencia final de dicho Tribunal es notoriamente injusta o viola lo establecido en este Acuerdo". Esto significa que un inversor no puede, por sí, determinar que el litigio sobre el cual ha recaído una sentencia ejecutoriada de un tribunal nacional o local, sea sometido a arbitraje internacional, en una instancia de alzada de la sentencia de un tribunal nacional. Quien está habilitado para hacerlo es la parte contratante, es decir, el otro Estado, Uruguay o Canadá.

Puede interrumpir el señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Muchas gracias.

Considero que la precisión que acaba de hacer el señor Presidente es muy importante y, por otra parte, en lo que se refiere al tema que tratara el señor senador Zumarán creo recordar que no existen diferencias sustanciales entre este mecanismo y el contemplado por el Tratado de Alemania y por los que el Senado aprobó con los Países Bajos y con otros más.

Aunque no soy experto en estos temas, creo que también vale la pena precisar que se plantea la posibilidad de un arbitraje internacional -como señalaba el señor Presidente- a petición de una de las partes, cuando el diferendo es entre el inversor y el Estado anfitrión. Quiere decir que tampoco es de aplicación a diferendos entre particulares. Creo que es bastante sencillo captar la finalidad de esto, que consiste en tratar de evitar desequilibrios que puedan producirse entre un Estado y un particular. De esa forma se nivelan los términos de la controversia. Personalmente, opino que, desde el punto de vista jurídico, no existen diferencias de fondo entre esto y lo que puedan ser divergencias entre las partes contratantes, en función de lo cual el país ha admitido, desde hace mucho tiempo, la solución del arbitraje. Por supuesto que puede discutirse si esto es o no lo más conveniente, pero desde el punto de vista constitucional no da lugar a objeciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Termino, señor Presidente, mencionando el mismo artículo al que acaba de aludir usted y el señor senador de Posadas Montero. En el artículo X del Tratado se prevé un arreglo de controversias entre un inversor y la Parte Contratante anfitriona y no entre Estados. En el numeral 1) se establece el principio de que, si lo solicitare una de las partes interesadas, se recurrirá a la decisión del Tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hizo la inversión. Resulta obvio que un inversor canadiense que tiene una diferencia con el Gobierno uruguayo, no podrá obtener el acceso directo e inmediato al arbitraje internacional, porque en nuestro país existe una ley que obliga a agotar previamente la vía jurisdiccional. Esa ley fue votada el año pasado, y recuerdo que el señor Presidente cambió el punto de vista que sostenía en la Legislatura anterior a raíz de un informe que recibió del actual señor Ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Gros Espiell, destacado internacionalista. No tengo en este momento la Ley de 1990, pero estoy absolutamente seguro que este Tratado respeta lo que se llama el agotamiento previo de la jurisdicción interna. Por ejemplo, en el primer literal del numeral 2) se establece el arbitraje internacional y corresponde cuando la Parte Contratante, de acuerdo con las facultades que le reconoce su legislación interna..., "lo cual significa que si la legislación interna no le reconoce el acceso directo al arbitraje internacional, no va a poder poner en funcionamiento dicho mecanismo. En el siguiente párrafo se expresa: "cuando, después de transcurrido un período de dieciocho meses desde el momento en que se sometió la disputa al tribunal competente de la Parte Contratante", es decir, a la Justicia local, a la Justicia uruguaya.

Citando de memoria, recuerdo que la ley vigente dispone que el plazo para dictar sentencia es de seis meses y no de dieciocho como se fija aquí. En síntesis, todo lo que dice el Tratado no colide con lo que establecen la Constitución ni las leyes que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Voy a formular una pregunta sobre la manera de comprender el artículo y preferiría que fuera respondida por el señor miembro informante.

Personalmente, entiendo que a quien le corresponde juzgar en nuestro país las cuestiones relativas a Tratados entre el Uruguay y otros Estados es a la Suprema Corte de Justicia. Esto es lo que establece el artículo 239 de la Constitución de la República que, en general, es pasado por alto. A mi juicio, la norma establece de manera inequívoca, porque en el segundo párrafo del numeral 1º aclara que se trata de casos de jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia al disponer que: "Para los asuntos enunciados y para todo otro en que se atribuya jurisdicción originaria..."

Concretamente, la pregunta que deseo formular -ya la había planteado en oportunidad de considerarse el Tratado con la República Federal de Alemania, que fue varias veces citado en esta sesión- es si se entiende que al hablar de Tribunal se entiende que se refiere a la Suprema Corte de Justicia. Formulo esta pregunta reconociendo que la compleja redacción de este artículo 239 hace que, por lo general, se esquive su estudio. Me parece que este artículo establece en forma inequívoca que las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones del Uruguay con otros Estados deben ser resueltas en jurisdicción originaria, por la Suprema Corte de Justicia. Aclaro que hago este planteamiento a título de pregunta, sin pretender deslizar ninguna imputación de inconstitucionalidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa considera que el artículo X del Tratado no vulnera nuestro régimen constitucional y, como corresponde, no se pronuncia sobre este punto. El numera 1) establece el principio general de que toda controversia deberá someterse, si así lo solicita una de las partes interesadas, a la decisión del tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hizo la inversión. Luego, en los numerales siguientes, también habla de tribunales competentes. De ese modo, el Tratado no prejuzga sobre cuál es el tribunal que debe intervenir.

Por otro lado, comparto todo lo expresado por el señor senador Korzeniak en cuanto al artículo 239 de la Constitución de la República y creo que es claro en el sentido de que en esos casos establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Además, como no se puede ni se debe presumir la inconstitucionalidad de una ley, si se considera que el Tratado es parte integrante de la ley, hay que interpretarlo en el sentido de que establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Esa es mi interpretación. Otra cosa es que por una ley distinta se les hayan asignado a otros Organos jurisdiccionales competencias en causas o en litigios relativos a la interpretación o aplicación de tratados. En esta última situación la ley sería inconstitucional.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Comparto lo expresado por el señor Presidente del Senado, pero creo que habría que afinar un poco más los conceptos porque el numeral 1º del artículo 239 de la Constitución de la República, a mi juicio, está referido a las controversias entre Estados suscitadas en relación a tratados, pactos y convenciones, y así lo establece expresamente. En cambio, la controversia entre un inversor que invierte en nuestro país y el Estado uruguayo no es entre Estados partes de un Tratado y, además, podrá o no tener que ver con el mismo. De manera que sería conveniente efectuar una distinción que todavía no se ha realizado, a fin de que no terminemos llegando a la conclusión de que la ley que votamos el año pasado es, en ese aspecto, inconstitucional.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Voy a expresarme en el mismo sentido en que lo ha hecho el señor senador Ricaldoni. Creo que estamos discurriendo por un camino que todavía no ha sido totalmente esclarecido en la medida en que las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones no podrían ser interpretadas en una forma categórica que pudiera estar comprendiendo las controversias entre inversores privados y el Estado. Digo esto sin perjuicio de eventuales y posteriores estudios que se puedan realizar al respecto.

Por otro lado, creo que la duda planteada por el señor senador Zumarán aún no ha sido aclarada. No recuerdo claramente lo que establece el Tratado de inversiones con la República Federal de Alemania. Precisamente, no estoy seguro de si disponía esa instancia obligatoria de que, por ejemplo, el Estado alemán debería analizar si el inversor podría sentirse perjudicado por las disposiciones del Estado receptor. Personalmente, creo que esa cláusula no estaba establecida, pero confieso que puedo estar equivocado. Si me queda claro que en este Tratado no se establece esa instancia, ya que el artículo X se refiere al arreglo de controversias entre un inversor y la Parte Contratante anfitriona; es decir entre el sector privado y lo que se denomina "Parte Contratante" que, precisamente, es uno de los Estados. Tan es así que el numeral 1) de dicho artículo se refiere a "Las controversias que surjan dentro de los términos de este Acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante". Además, el numeral 2) comienza diciendo: "Dichas controversias podrán someterse a arbitraje internacional si así lo solicitara una de las partes, en cualquiera de las siguientes circunstancias". De manera que, por lo que está planteado, parecería que no nos estamos refiriendo a la existencia de la participación obligatoria de una de las partes contratantes, como Estado, para poder después dirimir las controversias, una vez que se haya agotado esta instancia. Pienso que eso lo podemos interpretar de esa forma. De todas maneras, si la norma existía en el Tratado de la República Federal de Alemania, no es la misma que está recogida en este Acuerdo.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: creo que las consideraciones efectuadas por los señores senadores preopinantes y por el señor Presidente del Senado son más que suficientes en cuanto a la inquietud planteada por el señor senador Korzeniak.

Por otro lado, voy a hacer referencia a la exposición formulada por el señor senador Gargano relativa a la parte final del artículo I que da una definición del término "territorio", y al temor de que por esa vía se pudiera dar una suerte de ingreso automático al inversor extranjero en áreas sensibles para el Estado uruguayo. A mi juicio, el Tratado es claro en que el Capítulo de definiciones no da lugar a la existencia de un derecho automático que pueda pasar por encima de leyes vigentes en el país -si las hubiera- que establecieran alguna clase de restricción para la actividad económica en sectores especiales. En ese sentido, creo que la redacción del artículo IV del Acuerdo es bastante clara cuando dice: "Cada Parte Contratante, en la medida en que sea posible y de acuerdo con sus leyes y reglamentos, otorgará a las inversiones o rentas de inversores de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable que aquel que otorga a las inversiones o rentas de sus propios inversores". Es decir que si nuestro país tuviera una legislación específica que fuera más restrictiva en algunas áreas por considerarlas sensibles, ellas no se verían comprendidas por el artículo I de este Tratado.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Según creo, la aclaración que ha solicitado el señor senador Zumarán fue contestada afirmativamente.

Cuando hice referencia al artículo X, partí de la base de que quien pone en funcionamiento el mecanismo del tribunal es la parte contratante, incitada por el inversor, que es el que se queja, y el Estado lo protege bajo este sistema arbitral; según entiendo, ello es así.

Me parece que, de acuerdo con la lectura del artículo, se da lugar a pensar que se ha establecido lo mismo que prevé el Tratado con la República Federal de Alemania, ya que se habla de la Parte Contratante y no del inversor, refiriéndose a la dilucidación de controversias entre ambos. Cuando se habla de quién es el que puede poner en funcionamiento el mecanismo, repito, se hace referencia a la Parte Contratante y no al inversor, que es el que obviamente va a incitar a su Estado, la Parte Contratante por considerar vulnerado su derecho, debido a una sentencia injusta.

Lo que objeto es el fondo de la cuestión, es decir, que exista una instancia que esté más allá del fuero nacional y que permita resolver las controversias existentes entre el Estado uruguayo y un inversor, por ejemplo, canadiense, pasando por encima de la cosa juzgada nacional, por llamarlo de alguna manera.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa sugiere al señor senador que, en virtud de que ha concluido la intervención de señor senador de Posadas Montero y de que contamos con el número suficiente para proceder a la votación, pasemos a votar en general este proyecto de ley.

SEÑOR RICALDONI. - Es un argumento de doctrina.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

La Presidencia expresa al señor senador Ricaldoni cuál es el argumento de la doctrina. El numeral 7º) del artículo 85 de la Constitución exige una mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara para aprobar este tipo de Tratado. Hace unos instantes no contábamos con ese número, por lo que la Mesa solicitó el llamado a Sala.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTÍCULO 1º. - Apruébase el Acuerdo para la Promoción y Protección de las Inversiones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá, suscripto en Otawa, el 16 de mayo de 1991".

-En consideración.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - En primer lugar, debo decir que quien habla ya conocía esta norma, pero igualmente agradece a la Mesa el habérmela recordado.

El régimen uruguayo actual determina que una controversia que pueda surgir entre nuestro país y cualquier Estado extranjero -en este caso sería el Canadá- relativa a un Tratado que los vincule, es de competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, una controversia que pueda surgir mediando un Tratado -de acuerdo con lo previsto por la ley aprobada el año pasado- entre un particular extranjero y nuestro Estado se resuelve, primeramente ante el Tribunal de Apelaciones correspondiente en una única instancia; y, luego, cualquiera de las partes puede reclamar ante el arbitraje internacional.

El artículo X de este Tratado -no vale la pena hablar de lo previsto por el suscrito con Alemania- sostiene lo mismo que la ley vigente. Siempre se ha establecido que cuando el litigio es entre una de las Partes Contratantes, es decir, uno de los Estados y un inversor de la otra Parte Contratante, en primer lugar hay que agotar la vía interna -si así lo impone la legislación de ese país- y, después, acceder, si se desea, al arbitraje internacional.

Por lo expuesto, en consecuencia, repito, en este caso no se vulnera la Constitución, ni ninguna ley vigente. Ni la legislación actual expresa algo diferente a lo establecido por este Acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

El artículo 2º es de orden.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

13) INVITACION DEL CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO. Proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Ciencia y Tecnología relacionado con la invitación cursada por el Centro de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo. (Carp. Nº 633/91 - Rep. Nº 288/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 633/91
Rep. Nº 288/91

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Ciencia y Tecnología

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico. - Accédese a la invitación cursada por el Centro de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo, acordándose proponer para representar a nuestro país, al señor Presidente de la Comisión, arquitecto Walter Belvisi.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 1991.

Mariano Arana (Miembro Informante), Sergio Abreu, Ernesto Amorín Larrañaga, Walter Belvisi, Heber Gatto. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 11 de setiembre de 1991.

Señor Presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología de la Cámara de Senadores
Senador D. Walter Belvisi
Presente

Señor Presidente: Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente con el fin de remitir en forma adjunta copia del fax 973 cursado por la Representación Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, por el cual transmite la invitación -cuya copia asimismo se acompaña del Centro para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo a efectos de participar en un Taller sobre Asesoramiento Tecnológico para los países en Desarrollo, que se realizará en Washington D.C. del 4 al 7 de noviembre del corriente año.

Reitero al señor Presidente las seguridades de mi más alta consideración.

Dra. Vilma Veida. Directora de Información y Relaciones Públicas.

09/11/91

09:22

2120935

URUGUAY MISSION

MIN.RR.EE.

FAX 973

Destino: ORP/SGD8

Asunto:

taller sobre asesoramiento tecnológico para los países en desarrollo, Washington, D.C., 4-7 de noviembre de 1991.

Prioridad: Urgente

Fecha:

Nueva York, 9 de setiembre de 1991

Transmítese nota del Centro de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo.

Por la misma se invita a participar en un taller sobre asesoramiento tecnológico para los países en desarrollo que se realizará en Washington, D.C. del 4 al 7 de noviembre de 1991.

Se espera que participen 35 especialistas y profesionales en el área del asesoramiento tecnológico, elección y adquisición de tecnología, planificación y toma de decisiones.

El idioma del taller será exclusivamente en inglés.

Los gastos de pasaje y viáticos serán cubiertos por PNUD a través de su oficina en Montevideo.

Se agradecería información sobre la participación de nuestro país en este evento.

Se sugiere transmitir presente fax a OPP.

Urudeleg".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-Tiene la palabra el miembro informante señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - La Comisión de Ciencia y Tecnología recibió una nota del Centro de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo. En dicha nota se hace extensiva una invitación para participar en un taller sobre asesoramiento tecnológico para países en desarrollo, a celebrarse en la ciudad de Washington, de 4 al 7 de noviembre del presente año.

Conviene explicitar que los gastos de esta participación serán cubiertos por el PNUD, por medio de su oficina en Montevideo.

La Comisión del Senado, reunida el pasado 8 de octubre, resolvió acceder a la invitación formulada por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y cursada por la representación permanente de la República en la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, por considerarla de alto valor para nuestro país. Se resolvió, asimismo, que fuera el señor Presidente de la Comisión, señor senador Belvisi, quien represente al Uruguay en este evento.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Cámara pone a consideración del Cuerpo la resolución adoptada en aquella oportunidad.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado por ser igual al considerado)

14) ARTÍCULO 294 DE LA LEY Nº 15.809. Su sustitución. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Agotado el orden del día, se pasa a considerar los proyectos de ley cuya urgencia ya ha sido votada.

En primer término, corresponde considerar el proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 294 de la Ley Nº 15.809.

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 605/91
Distr. Nº 994/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Sustitúyese el artículo 294 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 294. - Sustitúyese el artículo 42 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, por el siguiente:

‘ARTÍCULO 42. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, sin atender el cumplimiento de los plazos y limitaciones de un solo traslado establecido en el artículo 40, podrá dar destino o disponer por única vez la permanencia simultánea en el exterior de hasta un máximo de cinco Jefes de Misión. Por ningún motivo dichos funcionarios podrán permanecer más de diez años consecutivos en funciones en el exterior.

Caducadas las dos primeras excepciones el Poder Ejecutivo sólo podrá otorgar la permanencia en el exterior de un máximo simultáneo de tres Jefes de Misión, por un período adicional de hasta cinco años’".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de setiembre de 1991.

Juan Adolfo Singer Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - La Ley Nº 15.809 autoriza al Poder Ejecutivo a disponer que tres Jefes de Misión permanezcan en el exterior por más del lapso máximo establecido de cinco años.

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley, a fin de que extienda de tres a cinco el número de Jefes de Misión. En la Cámara de Representantes se ha elaborado, a su vez, un proyecto de ley sustitutivo que, si bien acepta dicha extensión, expresa que este tratamiento excepcional tenga vigencia por una sola vez, por cuanto se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales de ese Cuerpo otra iniciativa relativa al Estatuto del Servicio Exterior.

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado ha estudiado este proyecto de ley sustitutivo correspondiente a la otra Cámara y ha decidido, con su voto favorable, ponerlo a consideración de este Pleno.

SEÑOR PRESIDENTE. - A título aclaratorio, la Presidencia pregunta si este proyecto de ley tiene o no que ver con el límite de edad de 70 años.

SEÑOR ABREU. - No, señor Presidente, simplemente, se trata de una excepción a la posibilidad de permanecer en el exterior excediendo los cinco años, tiempo máximo de destino establecido por el Servicio Exterior. La excepción, hasta ahora, puede ser aplicada hasta tres funcionarios y este proyecto de ley, por única vez, la hace extensiva a cinco funcionarios, con un máximo de 10 años que no podrá ser superado de ninguna manera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo único.

SEÑOR CASSINA. - Solicito que se suprima la lectura del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO UNICO. - Sustitúyese el artículo 294 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

‘ARTÍCULO 294. - Sustitúyese el artículo 42 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, por el siguiente:

ARTÍCULO 42. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, sin atender el cumplimento de los plazos y limitaciones de un solo traslado establecido en el artículo 40, podrá dar destino o disponer por única vez la permanencia simultánea en el exterior de hasta un máximo de cinco Jefes de Misión. Por ningún motivo dichos funcionarios podrán permanecer más de diez años consecutivos en funciones en el exterior.

Caducadas las dos primeras excepciones el Poder Ejecutivo sólo podrá otorgar la permanencia en el exterior de un máximo simultáneo de tres Jefes de Misión, por un período adicional de hasta cinco años’".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Quiero dejar constancia de que he votado afirmativamente este proyecto de ley en virtud del carácter transitorio de la elevación del número de Jefes de Misión que pueden permanecer consecutivamente en el exterior por el lapso de diez años. Este carácter transitorio fue incorporado a la disposición en la discusión del proyecto en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias, señor Presidente.

15) FUNDACION "WILSON FERREIRA ALDUNATE". Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo resuelto por el Cuerpo, se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se crea la Fundación "Wilson Ferreira Aldunate", entidad sin fines de lucro, cuyo objeto será promover el desarrollo cultural y científico de la República, según reza el artículo primero. (Rep. Nº 289/91).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 412/91
Rep. Nº 630/91

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 14 de marzo de 1991.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de remitir el proyecto de ley adjunto relativo a diversos homenajes a la memoria del ciudadano Wilson Ferreira Aldunate.

Wilson Ferreira Aldunate nació el 28 de enero de 1919 en la localidad de Nico Pérez, departamento de Lavalleja. Asistió a la Escuela Pública y al Liceo en la ciudad de Melo. Terminó su bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo de Montevideo. Ingresó en 1973 a la Facultad de Derecho y poco tiempo antes de la obtención de su título renunció a los estudios, dedicándose a las actividades rurales.

Inició su actividad política en el Partido Nacional Independiente, de cuya Convención y Directorio formara parte en varias oportunidades. En 1954 contribuye a la formación de "Reconstrucción Blanca" sector partidario que retorna al lema histórico del Partido Nacional. En ese mismo año ingresó en la Cámara de Diputados por un breve período. Milita luego dentro del nacionalismo en la "Unión Blanca Democrática" (UBD) en la que desempeña relevantes cargos.

En las elecciones de 1958 es electo Diputado por el departamento de Colonia (1959-1963). En dicho período fue Presidente de la Cámara de Representantes, Presidente de la Comisión de Obras Públicas, desde la cual impulsara una gran cantidad de realizaciones en especial para el departamento que representa, Planes de Saneamiento y Plan de Obras de UTE y delegado de la República a la XVI Asamblea Anual de Naciones Unidas.

En 1962, reelecto Diputado por colonia, fue designado por el nuevo Gobierno, Ministro de Ganadería, Agricultura, cargo que desempeñara durante la totalidad del período (1963-1967).

Como Ministro de Ganadería y Agricultura efectuó múltiples exposiciones en foros nacionales e internacionales sobre la realidad social y económica del campo uruguayo. Tuvo participación en la creación y tareas de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) que cumpliera un vasto estudio de la situación nacional. En particular estuvo bajo su dirección inmediata el Sector Agropecuario de la CIDE, el que realizara por primera vez en el país un completo diagnóstico de la situación del mismo, formulando además un recordado conjunto de proyectos de ley tendientes a mejorar las condiciones sociales y productivas de la agropecuaria. Dentro de una obra ministerial de extraordinarios relieves se destaca la vitalización y ampliación de los Centros de Investigación y Extensión Agropecuarios (Institutos "Boerger", "Rubino" y "Centro de Investigaciones en Horticultura y Fruticultura").

Electo Senador por el período 1967-1972, dentro del marco de una destacadísima actuación en el Senado, en 1970 funda dentro de su colectividad el Movimiento "Por la Patria", que se convirtiera en el sector mayoritario nacionalista.

En el año 1971 fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, siendo el candidato individualmente más votado de las elecciones de ese año. Reelecto en el Senado por el período 1972-1977 desarrolla una proficua labor. En el curso de la histórica sesión del 26 de junio de 1973, pronuncia un discurso memorable afirmando los conceptos democráticos. Emprende el camino del exilio a la República Argentina y luego a Europa. Durante todos los largos años del mismo dedicó su esfuerzo en todos los foros internacionales y en constantes vinculación con sus compatriotas, a obtener el retorno al estado de derecho. Su Partido igualmente le designó en diciembre de 1983, por abrumadora mayoría, de la Convención, como candidato a la Presidencia.

Emprende la vuelta a su país el 16 de junio de 1984 desde Buenos Aires. Al arribar al Puerto de Montevideo es detenido y trasladado a Trinidad, donde habría de permanecer por varios meses procesado por la Justicia Militar, lo que le impidiera participar en las elecciones nacionales de 1984. A partir del restablecimiento de las instituciones centralizó su actividad desde los cuadros dirigentes del Partido Nacional, de cuyo Honorable Directorio fuera electo Presidente. Su gestión desde tan gravitante cargo se distinguió por el concurso indeclinable que prestara a la vigencia del sistema democrático y las instituciones. Encabezó así una oposición que se encuadró, tal como la anunciara, en términos constructivos, aunque tenaces.

Contemporáneamente a su actividad política, colabora activamente en el deporte, siendo delegado del Club Nacional ante la Junta Dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así como Secretario de la Institución. Ocupa la Presidencia de la Comisión Coordinadora del Fútbol Amateur. Desempeñó la Vice-presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol y en 1961 es designado Consejero de la FIFA en Londres.

Integrante del Consejo Directivo de la Federación Rural durante varios períodos. Fue delegado ante el Consejo Honorario del Departamento de Emisión del Banco de la República, antecedente del Banco Central.

Su fallecimiento, el 15 de marzo de 1988 dio lugar a una jornada multitudinaria de duelo popular.

Fue periodista de prosa cuidada, prolija, de razonamiento penetrante, buscando siempre más convencer que derrotar. "La Democracia", semanario que fundara, está allí como ejemplo fiel e indubitable de su estilo humano al servicio de ideas nacionales.

Carismático en su liderazgo, concitaba el cariño y el afecto de multitudes. Orador incomparable ponía tal acento de verdad, de sinceridad, de entrega total a la idea que portaba su palabra, que llegaba a la conciencia del oyente cautivándolo y haciéndole compartir, por sentirlos, sus conceptos.

Incomparable en la dialéctica utilizaba en ella su talento inagotable con el estilo de esgrimista, pero al igual que éste, siempre de frente, sin buscar ventaja y en hidalga postura.

Fue un contendor duro, utilizando con total responsabilidad el arma digna de su verdad y con un coraje formidable para asumir responsabilidad siempre. Sus años de Parlamento le dieron una estatura trascendente. Con la sola fuerza de su verbo, desbordante de talento, salvaguardó y fijó normas de dignidad administrativa que le hicieron digno de las viejas consignas del nacionalismo.

Siempre intransigente con aquello que su conciencia y dignidad le impedían aceptar, no transigía con la medianía moral, con las actitudes medrosas. Supo sin embargo de la amistad cordial, recíprocamente generosa con aquellos en quienes descubría su propia hombría de bien, aun cuando estuvieran muy lejos de él en el pensamiento y acción.

Todas esas facetas, todo ese estilo, encarnaron en un hombre con claro sentido de su destino vital en la sociedad uruguaya contemporánea. A este arquetipo del político con mayúscula le preocuparon su Patria y su Partido Nacional. Y sólo su Patria y su Partido Nacional. La primera como objeto de amor, de reverencia, de destino común para todos los habitantes de ella, el segundo como el instrumento al servicio de la primera. Era un estadista y un conductor. Supo ejercer el liderazgo político en una eclosión de talento y dominio, sin caer nunca en el partidarismo pequeño y negativo. Blanco a flor de piel, asumió íntegramente lo más noble del ser de su colectividad: dignidad, coraje, integridad y sacrificio. Aquel hombre, todo nervio, toda acción, todo pensamiento, medía sin embargo paso a paso, los caminos trascendentes. Nunca dejó que su imagen pública condicionara su acción. Nunca permitió que el halago de una afirmación popular le desviara del rumbo recto, leal y fiel a los reales valores de una sociedad. Fue auténtico siempre, leal a sí mismo y a su propia superior conciencia de las obligaciones que asumía.

Luchó por ideas que entendía fuerza vital y renovadora en la concepción del Uruguay. Advirtió que su país necesitaba más que un recambio rutinario de dirigentes, una apertura visceral de esperanza al porvenir. Los objetivos concretos de su acción política pueden resumirse en la búsqueda de alumbrar la creación de una gran esperanza nacional. De su ideario claro y definido, lo que nos resulta hoy más perdurable y vital es esa tremenda pasión por crear una bandera tremolante de fe como sino nacional.

Los conceptos expresados dan mérito, a juicio del Poder Ejecutivo, a los honores que se procuran discernirle a su memoria en el proyecto adjunto.

A tales fines se designa con su nombre una Escuela en la ciudad de Melo, en la que vivió sus años primeros; e igualmente un Liceo en el departamento de Colonia al que representara con brillo y eficacia durante dos períodos en el Parlamento. Se crea además con su nombre una Fundación que tendrá por objeto fomentar el desarrollo cultural mediante el discernimiento de un premio anual, mediante concurso y en la temática que el Consejo Directivo de la Fundación irá disponiendo.

Este Consejo Directivo estará compuesto por tres miembros honorarios que serán designados por el Poder Ejecutivo, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Dispondrá con amplias facultades en el ámbito de su tarea específica y en la administración del patrimonio de la Fundación que estará constituido por un aporte del Estado de 30.000 Unidades Reajustables, cuyas rentas solamente podrán ser afectadas al premio.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Guillermo García Costa, Enrique Braga.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Créase la Fundación "Wilson Ferreira Aldunate", que tendrá por objeto la promoción y estímulo de la creatividad en las áreas vinculadas al desarrollo cultural de la República.

Art. 2º. - La Fundación no tendrá fines de lucro y su patrimonio será administrado por un Consejo Directivo Honorario compuesto de tres miembros, cuyo mandato tendrá una duración de cinco años y serán designados por:

a) uno por el Poder Ejecutivo, que lo presidirá;

b) otro por la Cámara de Senadores y

c) el restante, por la Cámara de Diputados.

Conjuntamente a los titulares se nominará un miembro alterno por cada uno de ellos. El Decreto Reglamentario establecerá los procedimientos de la designación. Mientras no asuman los sustitutos los miembros continuarán ejerciendo sus cargos, aun vencido el término de su mandato.

Art. 3º. - En cumplimiento de su objeto, la Fundación organizará anual o bianualmente un concurso a los efectos de premiar el mejor trabajo que se presente y que constituya un aporte relevante en la disciplina científica, artística, o cultural que se determinará. Los autores de los trabajos deberán ser ciudadanos naturales o legales, o extranjeros con no menos de diez años de residencia efectiva en el país.

Art. 4º. - El Consejo Directivo tendrá las más amplias facultades para reglamentar el llamado a concurso, adjudicación de los premios, elección de la disciplina o tema del concurso, así como designación de asesores honorarios o Tribunales, a los efectos de la evaluación de los mismos. Igualmente le corresponderá la administración del patrimonio de la Fundación y en general toda otra actividad tendiente a cumplir con el objeto establecido, con las más amplias facultades.

Art. 5º. - El Ministerio de Educación y Cultura, proveerá a la Fundación del personal y los elementos materiales necesarios para su funcionamiento.

Art. 6º. - El patrimonio de la Fundación será constituido por las donaciones o legados que reciba y por un aporte del Estado de 30.000 Unidades Reajustables (treinta mil Unidades Reajustables) el que será traspasado a disposición del Consejo Directivo Honorario dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley. El Consejo Directivo Honorario podrá afectar a los fines previstos en la presente ley, solamente las rentas de su patrimonio.

Art. 7º. - Desígnase con el nombre de "Wilson Ferreira Aldunate" a la Escuela Nº 135 de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Art 8º. - Desígnase con el nombre de "Wilson Ferreira Aldunate" al Liceo de Juan L. Lacaze, departamento de Colonia, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Art. 9º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Guillermo García Costa, Enrique Braga.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Constitución y
Legislación Integrada

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Créase la Fundación "Wilson Ferreira Aldunate", entidad sin fines de lucro cuyo objeto será promover el desarrollo cultural y científico de la República.

Art. 2º. - El patrimonio de la Fundación será constituido por las donaciones o legados que reciba y por un aporte del Estado de 30.000 Unidades Reajustables (treinta mil Unidades Reajustables) el que será traspasado a disposición del Consejo Directivo Honorario dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley. El Consejo Directivo Honorario podrá afectar a los fines previstos en la presente ley, solamente las rentas de su patrimonio.

Art. 3º. - La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo Directivo Honorario compuesto de tres miembros y sus respectivos suplentes, designados respectivamente por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes.

Art. 4º. - La reglamentación determinará la duración de sus mandatos, condiciones de elegibilidad y las facultades del Consejo, así como sus deberes de información a los electores.

Art. 5º. - El primer Consejo Directivo redactará los estatutos de la fundación y los someterá a la aprobación de las autoridades competentes.

Art. 6º,. - La Fundación podrá solicitar del Ministerio de Educación y Cultura el personal y los elementos materiales necesarios para su funcionamiento.

Art. 7º. - Desígnase con el nombre de "Wilson Ferreira Aldunate" a la Escuela Nº 135 de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Ar 8º. - Desígnase con el nombre de "Wilson Ferreira Aldunate" al Liceo de Juan L. Lacaze, departamento de Colonia, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Art. 9º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de la Comisión, a 10 de octubre de 1991.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Ernesto Amorín Larrañaga, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, Carlos W. Cigliuti, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor senador de Posadas Montero, que fue quien solicitó la urgencia en el tratamiento de este tema.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Efectivamente, quien habla pidió que el tema fuera declarado urgente, pero lo hizo en nombre de la Comisión.

Consideramos que la naturaleza del proyecto, así como el informe y el Mensaje del Poder Ejecutivo son bastante explícitos y a mi juicio no vale la pena abundar más, ya que tanto la figura de don Wilson Ferreira Aldunate con sus méritos son más que conocidos por todos nosotros.

Debo manifestar que el trabajo de la Comisión se limitó a ajustar algunos aspectos relativos a la creación de esta Fundación, puesto que a su juicio el proyecto padecía alguna imperfección. Básicamente, se le dio un orden de mayor lógica jurídica, relegándose al ámbito estatutario natural aquellos aspectos que entendió que no eran materia legal ni de reglamentación. Quiere decir que, en lo sustancial, los temas del proyecto han permanecido intactos, dado que la labor de la Comisión se limitó -a su entender- a perfeccionar jurídicamente esa primer parte.

Eso es cuanto puedo informar al Cuerpo.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Consideramos que sería conveniente deslindar el último artículo de este proyecto de ley, porque tenemos entendido que la población de Juan Lacaze había solicitado a título expreso otra nominación para ese liceo. Siendo tan relevante la figura de Wilson Ferreira Aldunate, nos parece injusto que pueda llegar a originarse alguna situación de incomodidad en el lugar donde se efectuara esa nominación. Por ello, entendemos pertinente realizar una consideración específica y más cuidadosa. No tenemos aquí la documentación correspondiente, pero efectuadas las consultas con los compañeros de Comisión, creemos recordar que, efectivamente, la población local no estaba de acuerdo con esa nominación, quizás porque buscaba otra que pudiera responder a una voluntad mayoritaria del centro poblado.

Por lo expuesto, consideramos prudente votar todo el proyecto, a excepción del último artículo, que pasaría a estudio de la Comisión de Educación y Cultura. Formulo moción en tal sentido, porque sería realmente injusto que de alguna manera pudiera quedar desempeñada esta buena iniciativa. Ello sería perjudicial para el propósito de homenaje -tanto nacional como departamental- que aquí se propone. Me refiero, desde luego, al artículo que tiene que ver con la nominación del liceo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En la discusión general simplemente se expresa la conveniencia de considerar el tema, pero no se aprueba ningún artículo. Cuando ingresemos a la discusión particular del artículo 8º -respecto del cual se ha expresado esta preocupación- si el señor senador reitera la moción de orden, se votará.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1º, que fuera leído por la Presidencia al enunciar el tema.

SEÑOR RAFFO. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

(El texto del artículo 1º cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 1º. - Créase la Fundación "Wilson Ferreira Aldunate", entidad sin fines de lucro cuyo objeto será promover el desarrollo cultural y científico de la República".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 2º. - El patrimonio de la Fundación será constituido por las donaciones o legados que reciba y por un aporte del Estado de 30.000 Unidades Reajustables (treinta mil Unidades Reajustables) el que será traspasado a disposición del Consejo Directivo Honorario dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley. El Consejo Directivo Honorario podrá afectar a los fines previstos en la presente ley, solamente las rentas de su patrimonio").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 3º. - La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo Directivo Honorario compuesto de tres miembros y sus respectivos suplentes, designados respectivamente por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 4º. - La reglamentación determinará la duración de sus mandatos, condiciones de elegibilidad y las facultades del Consejo, así como sus deberes de información a los electores".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 5º. - El primer Consejo Directivo redactará los estatutos de la fundación y los someterá a la aprobación de las autoridades competentes".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 6º. - La Fundación podrá solicitar del Ministerio de Educación y Cultura el personal y los elementos materiales necesarios para su funcionamiento".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 7º. - Desígnase con el nombre de "Wilson Ferreira Aldunate" a la Escuela Nº 135 de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 8º. - Desígnase con el nombre de "Wilson Ferreira Aldunate" al Liceo de Juan L. Lacaze, departamento de Colonia, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública".)

-La Mesa pregunta al señor senador Arana si reitera su moción.

SEÑOR ARANA. - Sí, señor Presidente: reitero la moción formulada con el fin de que no se presente ningún problema que pueda empañar el tan justo sentido de homenaje hacia una personalidad de la envergadura de Wilson Ferreira Aldunate.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - No pongo en tela de juicio los motivos y la intención del señor senador Arana al formular esta moción, pero creo que es necesario señalar que estas cosas no se resuelven por plebiscitos locales. Por otra parte, si bien es probable que haya existido alguna manifestación, no creo que tengamos manera de saber si la misma ha sido mayoritaria o si simplemente refleja una opinión. Aun si fuera mayoritaria, reitero que no es éste el mecanismo para resolver estos temas.

Creo que de seguir la tesitura propuesta por el señor senador Arana, sin quererlo -y me consta que es así estaríamos haciendo lo que procura evitar, es decir, empañando la figura de Wilson Ferreira Aldunate. Entiendo que no debemos dar marcha atrás en este tema que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Comisión de Constitución y Legislación Integrada.

Por todos estos motivos -reitero, sin desmedro de la opinión del señor senador Arana y su manifiesta buena intención- creemos que debe votarse el artículo tal como está, porque es un digno homenaje a Wilson Ferreira Aldunate, una de las figuras políticas más relevantes del país, más allá de colores partidarios.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Arana en el sentido de que el artículo 8º sea desglosado del proyecto y pase a estudio de la Comisión de Educación y Cultura.

(Se vota:)

-7 en 24. Negativa

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, entonces, el artículo 8º del proyecto.

(Se vota:)

-19 en 25.Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: nos parece que no debemos limitarnos a votar en silencio este proyecto de ley por el cual se rinde homenaje a una de las figuras más destacadas de la vida política nacional y se vincula con otros numerosos homenajes que se han realizado y se realizan en su memoria.

En nombre de nuestro compañero, el señor senador Zumarán, en el mío y, seguramente, recogiendo el sentir de muchos señores senadores, deseo manifestar nuestro homenaje a Wilson Ferreira Aldunate que fue una figura que tuvo una enorme gravitación, no sólo en el Partido Nacional, sino en los últimos años de toda la vida política del país.

Puedo decir, como lo he hecho tantas veces, que no sé cuándo conocí a Wilson Ferreira Aldunate, puesto que lo conocí de toda la vida. Lo vi siempre con una permanente preocupación por los problemas de su país y una profunda vocación política. Durante la mayor parte de si vida no ocupó, sin embargo, cargos políticos, pero en la época en que los obtuvo, en este último lapso de su existencia, descolló hasta colocarse en el primer plano de la vida cívica nacional.

En este mismo Senado, quienes tuvimos el honor de ser sus compañeros de bancada, le oímos levantar su voz para defender las más importantes causas nacionales con la solvencia que le daba su privilegiada inteligencia, su profundo conocimiento del país y una inmensa vocación de servicio practicada a través de la acción política.

Advierto que se me termina el tiempo, señor Presidente, pero mi intención es que quede marcado en esta sesión del Senado que este proyecto, además de recoger una aspiración de un grupo de amigos, constituye una expresión más de los muy justos homenajes que el país ha tributado y seguirá haciendo en memoria de tan ilustre ciudadano.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: al fundamentar el voto que hemos otorgado a este proyecto por el que se crea la Fundación "Wilson Ferreira Aldunate" y, además, se procede a designar a dos centros de enseñanza con su nombre, queremos señalar en forma primaria y fundamental el hecho y la circunstancia de que este homenaje, más allá de estar dirigido al político que todo el país conoció, es un tributo a algunos de sus valores esenciales, como lo fueron su enorme inteligencia, su extraordinaria capacidad y su brillo intelectual.

Creemos que han estado muy bien, pues, quienes tuvieron la idea de crear la Fundación "Wilson Ferreira Aldunate", puesto que ella se dedicará a promover el desarrollo cultural y científico de la República. En tal sentido, pensamos que es un homenaje justo, adecuado y apropiado a la personalidad de Wilson Ferreira Aldunate.

Con estas expresiones, señor Presidente, queremos señalar en forma esencial su faceta de ser humano excepcional, su capacidad de discernimiento, su inteligencia, su brillo y su aptitud intelectual. Entendemos que el Uruguay todo está realizando, a través de este homenaje, un reconocimiento a una de las personalidades más formidables que en el orden intelectual ha tenido el país.

Expresamos estos breves conceptos como fundamento de voto que, por otra parte, lo hemos dado muy complacidos porque es de real y verdadera justicia reconocer la extraordinaria personalidad de Wilson Ferreira Aldunate.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: quiero señalar, como ciudadano y como blanco, el júbilo que me produce que se designe a una escuela de Melo con el nombre de Wilson Ferreira Aldunate.

Si bien no era nativo de la ciudad de Melo, allí transcurrió su infancia y su adolescencia. Recuerdo de mis mayores la descripción de aquel niño travieso, alegre e inteligente que dejó una honda huella de amistad en aquella ciudad a través de distintas generaciones que aún hoy guardan un afectuoso recuerdo, generaciones que la vida se está llevando poco a poco.

La escuela que recibe el nombre de Wilson Ferreira Aldunate se ha construido recientemente en el barrio Ruiz, y se tributa, de esta manera, un justo homenaje a una figura magnífica de la República.

Quiero quitar de este hecho, señor Presidente, toda la connotación política que pudiera significar el designar a una escuela con el nombre de un político que brilló en el escenario nacional y que fue una verdadera fuente de luz, como muy bien describió el señor senador Santoro.

Se ha elegido a una escuela de la ciudad de Melo, reitero, para ser designada con su nombre. Con anterioridad a la ciudadanía de esa ciudad, por unanimidad, había designado a una de sus principales calles con el nombre de Wilson Ferreira Aldunate. Es un acto de civilidad política, en estos días se va a designar oficialmente a una calle con el nombre de José Batlle y Ordóñez. De esta manera, estos homenajes no tienen la connotación de la mezquindad político partidaria. Una de las principales calles de Melo se denomina Aparicio Saravia y otra Justino Muniz. En un pueblo que se distingue tanto por sus pasiones, por sus bravías pasiones decididas tantas veces en el campo de batalla, cuando llega la calma a los espíritus también se sabe hacer justicia a quienes han servido a la República y han brillado por sus talentos y virtudes. Como lo expresa la Constitución de la República, esa es la única diferencia que existe entre los hombres en la República Oriental del Uruguay.

Por los motivos expresados, señor Presidente, reitero, como fundamento de voto, que me siento jubiloso por haber votado la designación de una escuela de la ciudad de Melo con el nombre de Wilson Ferreira Aldunate.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Señor Presidente: en nombre del Partido Colorado, quiero manifestar que hemos votado afirmativamente este proyecto que homenajea justamente la memoria de quien fuera un duro adversario de nuestro Partido, al igual que fue un hombre que supo estar, en los momentos más trascendentes de la vida del país, por encima de diferencias partidarias, como ha sido siempre la actitud de todos los uruguayos que han tenido jerarquía, como la tuvo Wilson Ferreira Aldunate.

Por esto, señor Presidente, sentimos que hemos cumplido con un deber, con algo que los uruguayos siempre tendremos que hacer: rendir homenaje a la memoria de aquellos que supieron estar a la altura de sus compromisos, prestando siempre el servicio más alto en beneficio de la colectividad.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Frente Amplio queremos manifestar que sentimos particular satisfacción de que el Senado de la República, por medio de este proyecto rinda este justo homenaje a una figura de sin igual talento, que mantuvo una postura tan apasionada como valiente en defensa de la democracia y de la libertad, tanto en momentos en que la institucionalidad se hallaba plenamente en momentos en que la institucionalidad se hallaba plenamente vigente como cuando ella se encontraba quebrantada, en el oscuro período que durante doce años enturbió la vida de nuestro país.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: por supuesto, nos sentimos representados por las expresiones de nuestro compañero de bancada el señor senador Arana; pero queremos agregar que hemos votado este proyecto de ley con alegría, ya que creemos que se trata de un acto de justicia, más allá de las discrepancias y divergencias que hayamos tenido en algunas oportunidades en el pasado -aunque no siempre- con el extinto Wilson Ferreira Aldunate.

Quiero decir que he solicitado la palabra porque no me gustaría que una breve discrepancia en lo que se refiere al artículo 8º del presente proyecto de ley ensombreciera este homenaje. En realidad, y tal como es tradicional en el Cuerpo. Los proyectos que refieren a la nominación de una escuela o de un liceo, suelen ser analizados por la Comisión de Educación y Cultura la que, a su vez, consulta a los organismos competentes.

Pienso que lo mejor, para que nada ensombreciera este acto, hubiese sido, por un lado, aprobar el proyecto de ley con la creación de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate y, por otro, analizar en el seno de la Comisión de Educación y Cultura todo aquello que se refiere a la escuela y al liceo. Sin embargo, esta instancia se ha obviado por parte del Cuerpo. Repetimos que no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero queríamos expresar que esto para nada ensombrece el justo homenaje que se está tributando.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia quiere aclarar, en parte debido a lo expresado por el señor senador Araújo que, en su momento, destinó este proyecto de ley a la Comisión de Educación y Cultura; pero ésta entendió que no era la competente y solicitó que se pasara a otra Comisión. En consecuencia, el proyecto de ley fue destinado a la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Simplemente, podría decir que nos sentimos cabalmente representados por todos los señores senadores que han hecho uso de la palabra para fundamentar su voto a un proyecto de ley que constituye, en sí mismo, un homenaje a la persona de Wilson Ferreira Aldunate.

Muchas veces, cuando el Parlamento realiza homenajes de este tipo, los partidos políticos a los que no pertenecía el homenajeado, al acceder al mismo dan una muestra de tolerancia imprescindible para la convivencia democrática, reconociendo valores superiores y, de alguna manera, acompañando con su voto el homenaje propuesto. Sin embargo, no ocurre esto en el caso presente ni en cualquier otro homenaje de carácter nacional que se rinda a Wilson Ferreira Aldunate.

Al votar este proyecto de ley no estamos rindiendo tributo -y al decir esto no quiero disimular el sentido de este homenaje- a una importantísima personalidad del Partido Nacional, de toda la historia de dicha colectividad, sino a un hombre descollante del Uruguay de este siglo; a un político de enorme talento y gran coraje que defendió sus ideas y, sobre todo, la libertad y la democracia, en todos los terrenos, en los momentos más difíciles.

Por lo tanto, es al uruguayo Wilson Ferreira Aldunate a quien, repito, estamos homenajeando por medio de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por vía de fundamento de voto, la Presidencia quiere añadir que hace suyos todos los conceptos vertidos, particularmente los emanados de la bancada del Partido Nacional, sin perjuicio de reconocer la justeza e hidalguía de las expresiones provenientes de otros sectores políticos.

Asimismo, quiere señalar que el Senado de la República como posteriormente lo hará la Cámara de Representantes- al sancionar el presente proyecto de ley tributa un homenaje más que merecido a un uruguayo ilustre, a un hombre que, como bien acaba de decir el señor senador Cassina, excede los marcos partidarios, porque fue -y así lo dirá el juicio de la historia- una personalidad nacional.

Al mismo tiempo, la Mesa cree que debe señalarse, en este recinto parlamentario que él tanto honró con las luces de su talento y con su patriotismo, que fue, por sobre todas las cosas, un parlamentario excepcionalísimo, uno de los más brillantes que jamás se haya conocido en la oratoria, en la polémica, en la responsabilidad que atañe al trabajo, en fin, en todos los órdenes. Todo ello no sólo lo debía a su talento excepcional sino a su sentido de responsabilidad y a su notable formación jurídica, ya que fue uno de los estudiantes más destacados que jamás hayan pasado por las aulas de la Facultad de Derecho. Sin duda estaba destinado a egresar con la Medalla de Oro, lo que no sucedió, porque en forma inexplicable, se negó a rendir el último examen de la carrera. Cuando le preguntaban qué materia le faltaba, con aquel ingenio intransferible que tenía, señalaba "la materia gris" que era, como todos sabemos, la que le sobraba.

Me he sentido en la necesidad de expresar, por esta vía, mi adhesión más completa e incondicional a este justísimo homenaje que se esta tributando al ex senador Wilson Ferreira Aldunate.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: he pedido la palabra con dos fines en primer término, para adherir sin ningún tipo de reserva, con entusiasmo y con un recuerdo cariñoso al homenaje que se está tributando en esta instancia parlamentaria al señor Wilson Ferreira Aldunate; y en segundo lugar, para aclarar una cuestión de procedimiento a la que vario señores senadores, cuyas palabras comparto íntegramente, han aludido.

Tal como lo recordó la Mesa, este proyecto de ley pasó a la Comisión de Constitución y Legislación a efectos de que allí se tratase lo referente a la nominación, no a la Fundación. Allí, se decidió integrarla con dos miembros pertenecientes a otra Comisión. Con el fin de apresurar la realización de este homenaje al que hoy asistimos con gusto, en la Comisión de Constitución y Legislación se resolvió aprobar el artículo 8º del proyecto de ley "ad referéndum" de que en la Comisión que contaba con dos miembros integrados no hubiese objeciones.

En virtud de que, aparentemente, el proyecto de ley llega al Pleno sin esa confirmación, es que, desde el punto de vista procesal, se han producido esas consideraciones sobre el desglose del artículo 8º. Sin embargo, esto no es lo importante, sino el fondo, constituido por los méritos de esta figura tan relevante del Uruguay que la hacen acreedora de este homenaje, al que quiero adherir con mucha calidez.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: en relación con el aspecto de procedimiento a que ha hecho referencia el señor senador Korzeniak, deseo señalar que la Comisión de Constitución y Legislación estaba integrada para este asunto con dos miembros de la Comisión de Educación y Cultura quienes fueron consultados y manifestaron su parecer favorable al texto del proyecto.

Por otra parte, tengo entendido que como esta iniciativa se originó en el Poder Ejecutivo es éste el que debe hacer las consultas del caso con los organismos de enseñanza antes de enviar el proyecto de ley al Parlamento. En cambio, cuando la iniciativa de denominar una escuela u otra institución de enseñanza con el nombre de alguna personalidad parte del Parlamento, es la Comisión la que procede a realizar las consultas a los institutos de enseñanza. En este caso, reitero, la iniciativa emanó del Poder Ejecutivo; además la Comisión estuvo integrada con miembros de la Comisión de Educación y Cultura, quienes manifestaron su acuerdo con el texto sometido a consideración del Cuerpo en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

16) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE LA CONFEDERACION HELVETICA. SOLICITUD DE VENIA PARA DESIGNAR FISCAL LETRADO DEPARTAMENTAL DE CARMELO

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a sesión secreta para considerar la solicitud de Acuerdo presentada por el Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la Confederación Helvética al Embajador Juan José Real.

(Así se hace. Es la hora 18 y 26 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 28 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - El Senado en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo el Acuerdo solicitado para acreditar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la Confederación Helvética al señor Embajador doctor Juan José Real.

Asimismo, concedió venia al Poder Ejecutivo para designar Fiscal Letrado Departamental de Carmelo al doctor Daniel Laprevotte Sica.

17) INTEGRACION DE COMISION

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa da cuenta de que los miembros de la Comisión de Educación y Cultura que deberán integrar la de Constitución y Legislación, a fin de considerar el artículo de la Rendición de Cuentas que fue desglosado y que se refería a incompatibilidades de los miembros de los Consejos Desconcentrados de ANEP, son los señores senadores Cigliuti y Amorín Larrañaga.

18) SESION ORDINARIA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1991

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con lo informado por Secretaría, no hay asuntos para ser considerados en la sesión ordinaria a celebrarse en el día de mañana. Por lo tanto, la Presidencia consulta al Senado si no sería pertinente suspender dicha sesión.

SEÑOR BOUZA. - Formulo moción en tal sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción que acaba de formular el señor senador Bouza.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda suspendida la sesión a celebrarse en el día de mañana.

19) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 30 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Belvisi, Blanco, Bouza, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Irurtia, Korzeniak, Olascoaga, Pereyra, Ricaldoni, Silveira Zavala, Singlet y Zumarán)

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora del Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.