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Nº 133 - TOMO 343 - 3 DE OCTUBRE DE 1991

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

60ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

el PROF. CARLOS JULIO PEREYRA 1er. Vicepresidente

y el SEÑOR SENADOR JOSE GERMAN ARAUJO 3er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 6) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 1990

- Continúa en discusión general.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se aprueba el proyecto en general.
- En discusión particular.

5 y 7) Término de la sesión y fijación del horario de que se celebrará en el día de mañana

- Se resuelve, por moción de los señores senadores Cassina y Singlet, continuar la sesión hasta terminar con el Capítulo en discusión y pasar a cuarto intermedio hasta el día de mañana desde las 9 y 30 hasta las 13 horas y de 14 ó 15 hasta terminar con la discusión.

8) Cuarto intermedio

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 2 de octubre de 1991.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana jueves 3, a la hora 9 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 1990.

(Carp. Nº 574/91 – Rep. Nº 281/91 y Anexos I, II, III y IV).

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Gargano, González Modernell, Irisity, Irurtia, Jude, Millor, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Toledo, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Bruera, de Posadas Montero y Korzeniak.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 37 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 3 de octubre de 1991.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se autoriza el aumento de la cuota asignada al país en el Fondo Monetario Internacional y se aprueba la Tercera Enmienda al Articulado del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.

-A la Comisión de Hacienda integrada con dos miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que se comunica la promulgación del proyecto de ley por el que se designa con el nombre "España" la Escuela Nº 64, de 2do. Grado, del departamento de Salto.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Maestro Héctor L. Noaín" la Escuela Nº 5, de 2do. Grado, de la ciudad de Carmelo.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la próxima sesión ordinaria".

4) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1990.

SEÑOR PRESIDENTE. – El Senado entra al orden del día: "Proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 1990. (Carp. Nº 574/91 –Rep. Nº 281/91 y Anexos I, II, III)".

(Antecedentes: ver 59ª. S:O. )

-Continúa la discusión general.

En el día de ayer, al levantar la sesión, se encontraba en el uso de la palabra el señor senador Irisity, quien aún disponía de 8 minutos; por lo tanto, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IRISITY. - Señor Presidente: enlazando en horas de la mañana las reflexiones que hacíamos en el día de ayer al terminar la sesión, recordaré que en lo que respecta a la evaluación de la ejecución presupuestal del año 1990 había puesto énfasis en lo que denominé "visión desde el punto de vista de la comunidad". Para graficar tales reflexiones utilizaba la visión, como ciudadano, de lo que podíamos llamar "costo-beneficio" entre el esfuerzo de tributación de cada uno de los habitantes –o sea, la tributación media de cada uno de los tres millones de habitantes, que significa dividir la recaudación tributaria entre la magnitud de la población y que da una cifra superior a los N$ 500.000 por año- y la asignación de recursos para los objetivos que cumple el Estado por medio de sus distintos organismos. Señalaba con mucho énfasis que de esta cantidad sólo un 70% retorna al ciudadano en términos de servicios.

Caractericé el conjunto de servicios en tres grupos: servicios básicos o tradicionales del Estado, servicios sociales y socio económicos; y servicios de apoyo a políticas productivas.

Los servicios básicos, como la defensa, la seguridad, la justicia y las relaciones exteriores, insumen en conjunto –y particularmente por defensa y policía- el mayor volumen del total de recursos destinados a los servicios que recibe el ciudadano. Dijimos que de su esfuerzo tributario le retorna un 70% por el total de servicios y destaco y reitero, que defensa y policía representan -sólo ellos- el 28% del aporte tributario.

Por su parte, la enseñanza en su conjunto –sumando ANEP y Universidad de la República- significa apenas el 18%. Quiero decir que, en promedio, cada persona tributa N$ 558.000 anuales de los que sólo recibe N$ 101.000 en servicios de enseñanza.

El retorno en servicios de salud es aún menor, pues sólo implica el 11%. Esto es que el beneficio en términos de salud es apenas el 15% del esfuerzo de tributación media del país.

En contraposición a esto, en el día de ayer terminaba mi exposición señalando que un 20% o sea una cifra por encima del porcentaje de salud a la enseñanza en su conjunto, es lo que se devuelve a través de la asignación pública en pagos de intereses por las deudas de servicios financieros.

Haciendo una lectura cuantitativa, numérica y porcentual, estoy seguro de que si al ciudadano se le diera la oportunidad de decidir cómo quiere que se le retorne su tributación, es decir si prefiere más salud, más vivienda, más educación, más defensa, más policía, sin duda el voto representado en ambas Cámaras tendría que traducir una opción de política mucho más devolutiva de beneficios a la comunidad, que lo que significa la asignación concretada en la ejecución del año 1990, aún considerando las restricciones derivadas del marco financiero y de las prioridades globales del Gobierno.

En el día de ayer también manifestaba que así como se suele hablar de la modernización y, principalmente, del mercado como el mejor asignador de recursos, en estos tiempos también se ha jerarquizado el concepto de la eficiencia y de la productividad. A decir verdad, en términos de eficiencia y productividad, la visión del ciudadano con respecto a la calidad de los servicios que a través de esta asignación se le retornan, resulta sumamente carenciada.

Voy a tomar un ejemplo -que vamos a retomar en términos puntuales cuando examinemos el articulado en particular- que a mi juicio es el más dramático que se vivió este año en el país. Me refiero a la paralización prácticamente total de los servicios del Hospital de Clínicas, que se produjo como resultado de la carenciada política de asignación de recursos para remuneraciones adecuadas de su personal y para sus gastos operativos. Esto implica la sistemática emigración del personal técnico hacia la actividad privada. Pero, además, el retraso en la actualización de las partidas de gastos llevó a este Hospital a quedar prácticamente sin stock de medicinas y de elementos asistenciales en el mes de abril. No está de más decir que esto motivó una positiva reacción del Gobierno, que en esa oportunidad asignó una partida de emergencia y comprometió financiación por todas hasta un total equivalente a U$S 7:000.000.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el señor senador Irisity.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor senador Irisity.

SEÑOR IRISITY. - Agradezco al Cuerpo, y estimo que no voy a utilizar todo el tiempo de que dispongo.

Como decía, existe una doble política derivada fundamentalmente del retraso en las asignaciones y de la pobreza y mezquindad -por decirlo de alguna manera- en el otorgamiento de recursos en función de los costos de un servicio como el que se cumple en el Hospital de Clínicas. Además de contar con una partida muy reducida, ésta se ve agravada porque no es actualizada en tiempo y oportunidad.

Con todo el problema que tiene el sistema médico mutual y la gestión privada de la medicina, en cada ocasión en que aumenta el costo de vida, se actualizan las cuotas y se adecuan los precios de los servicios. En cambio, el Hospital de Clínicas, con partidas rígidas sin actualización oportuna ni dimencionadas de acuerdo con el ritmo del costo de vida, obviamente es llevado a una situación de parálisis. Este ejemplo, que por cierto no está bien solucionado en la propuesta que se ha aprobado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, representa el cuadro general de todos los servicios de la Administración Pública. Existe actualmente, por parte de la opinión pública, una lectura de la gestión pública descaecida debido a la mala calidad de los servicios, que está determinada, principalmente por la errada y mezquina política de asignaciones, que es la negación de la prioridad en materia de la búsqueda de eficiencia en la gestión pública.

No vamos a replantear -ya lo han hecho muy bien los señores senadores Astori y Gargano- todo lo que significa la única política presupuestaria en vigencia desde hace mucho tiempo en este país -y no sólo durante este Gobierno- que es la contenida en el marco de los parámetros de la obsesión por la reducción del déficit público. Con respecto a ello, quiero decir algo sin agraviar a nadie pero, a veces es necesario expresar las ideas con imágenes, a fin de que sean entendibles.

Lamentablemente, en materia de política presupuestaria y fiscal, con respecto a estos problemas de la financiación y la asignación de recursos debidos a las prioridades de los roles que el Estado debe cumplir, en este país sigue vigente el concepto de la obediencia debida, pero no ya en el ámbito castrense sino en el de la administración de las finanzas públicas. Es decir que existe obediencia debida a las pautas y exigencias de los Organismos internacionales, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En tal sentido, la ejecución del año 1990 se ciñe al esquema mencionado recién en lo que tiene que ver con las restricciones establecidas por los organismos extranjeros, y -contrariamente- en el marco de un Gobierno de raíces históricas nacionalistas.

Creo que existen algunos elementos fundamentales en todo nuestro planteo que consiste en la reivindicación de quien decide las políticas y quien determina la de asignaciones presupuestales. Desde nuestro punto de vista, se da una pauta clarísima de incumplimiento del Poder Ejecutivo respecto a las prioridades fijadas por la ley, o sea por el Poder Legislativo, en materia de asignación de recursos por sector derivado de las economías no programadas, de los retrasos de magnitud significativa -casi el 50% de la actualización de sueldos, gastos e inversiones- durante el ejercicio y, fundamentalmente, de la variación en la ejecución de los porcentajes relativos que estaban previstos en las asignaciones del Presupuesto para cada Inciso y no se cumplieron.

Durante las sesiones de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, presenté un artículo aditivo con la intención de evitar uno de estos problemas en la ejecución del año 1992, en el que propuse que en lugar de hacerse la actualización de las partidas para gastos e inversiones cada cuatro meses, se efectuara cada dos, a fin de evitar, en tanto el Gobierno no contiene el proceso inflacionario -cuando lo haga saludable será- este agravamiento de la parálisis operacional del sector público.

Planteamos esta propuesta en términos de que esta actualización bimensual debería hacerse en el mismo nivel de variación del Indice de Precios y no en base a una tasa discrecional que hasta ahora ha dispuesto el Poder Ejecutivo, regateando el nivel del ajuste. Cuando presentamos esta iniciativa, los señores senadores de la bancada oficialista consultaron a los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Subdirectora advirtió que nuestra propuesta era incremental del gasto. Quedé perplejo porque no entendí técnicamente la respuesta, que es absolutamente errada, porque la norma que pauta el régimen de actualización de las partidas deterioradas por el ritmo de la inflación, antes que incremental del gasto es de actualización de los recursos legalmente aprobados y, aunque sea en forma bimensual, aún mantendrá cierto retraso con respecto al valor real de las asignaciones originales ya que en el nuevo período propuesto el otorgamiento será posterior al desgaste de las partidas. De ninguna manera, en términos técnicos, con respecto a la ley y las asignaciones aprobadas por ella, esta norma es incremental; a lo sumo es recuperadora parcial del nivel de asignaciones previstos. Descartando que la profesional que en este momento asesoraba a la Comisión tiene una formación adecuada, me preguntaba cómo se pudo haber equivocado de esta manera.

Y lo que sucede es que a nivel del Poder Ejecutivo y de sus funcionarios, la cantidad que se programa para gastar en cada año está predeterminada independientemente de lo que la ley apruebe. Es decir que se sanciona el proyecto de ley y existe un programa financiero que le va acotando en un 20%, 25% o 30%, según la armonía que haya entre el gasto público, el sistema monetario y las rigideces que plantean los Organismos Internacionales, fundamentalmente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, aquí tenemos una legislación que se aprueba para asignar recursos al cumplimiento de determinados roles y con ciertas prioridades, según el criterio de política presupuestaria del Poder Legislativo, y la Administración la ejecuta en el marco de la contención del gasto e inversiones que exigen los Organismos Internacionales. De ahí aquella reflexión que hacía antes respecto al sistema fiscal de "obediencia debida". La funcionaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, preocupada porque se le modificara la pauta de gastos permitida por esa "obediencia debida" como proyección para 1992, independientemente del hecho de que este Parlamento discuta el otorgamiento de más o menos partidas, planteó, repito, que mi propuesta era incremental del gasto, ella estaba pensando en la cifra que el equipo económico se propone ejecutar y no en la que pueda surgir de las modificaciones presupuestales que este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, pueda aprobar. Quiere decir que se entendía que nuestra propuesta era incremental, no con respecto a lo que se pudiera aprobar aquí -lo que es falso técnicamente- sino de las cifras que figuran en el programa financiero, proyectado para 1992 y que ya amorra la voluntad del Poder Ejecutivo limitado por las cotas marcadas en virtud de las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

A esta altura, deseo relatar una anécdota originada en una experiencia reciente. Debido a que hace poco realizamos una consultoría en esta área de la gestión pública y de los presupuestos en un país de América Latina, mantuvimos una reunión con el Ministro de Hacienda de esa nación y con profesionales de Naciones Unidas, del Banco Mundial y otros organismos. En medio de dicha reunión, uno de los técnicos del Banco Mundial aludió a que la gestión de un Ministro de Economía y Finanzas es muy compleja en estos momentos de grandes restricciones financieras y que en Uruguay, Brasil, Chile, Perú y Canadá se presentaban problemas similares. Ante esto, el señor Ministro de Finanzas citado formuló la siguiente reflexión: La verdad es que de todos los lugares que se mencionaron, preferiría ser Ministro de Finanzas de Canadá, pues estoy seguro que a éste, el Fondo Monetario Internacional no le impone un nivel de déficit. Este Organismo, aclaró, no habla de "imponer" sino que utilizando la actual nomenclatura técnica nos dice: "Este es su nivel de déficit permitido". Insisto, pues, en que una cosa es reflexionar con cierta dignidad, como en el caso que relaté donde, aunque condicionado también por restricciones financieras, se reacciona con alguna sensibilidad frente a esa clase de imposiciones, y otra muy distinta es la política de Administración de un país que, como en el caso de nuestra Ley de Rendición de Cuentas de 1990, o como en la experiencia que me tocó vivir en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda que nos deja perplejos por una respuesta errada, de los asesores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, absolutamente sometida a las exigencias del exterior.

Por lo expuesto, y en virtud de los fundamentos en relación a lo que es la gestión ejecutiva respecto a la voluntad parlamentaria en materia de políticas de asignación de recursos, es que consideramos que este proyecto de ley de Rendición de Cuentas no debe aprobarse en lo relativo a la Ejecución Presupuestal del año pasado.

Por otro lado, deseamos señalar que en el proceso general de estudio del articulado referido a las modificaciones presupuestales, nos emocionamos un poco cuando el señor senador Santoro, en su calidad de miembro informante, aludió a la preocupación del Gobierno por tecnificar la programación y la administración de los Presupuestos. Precisamente, el señor senador señaló ayer –y lo compartimos- que la información numérica, estadística, y los resúmenes proporcionados por el Poder Ejecutivo son, quizá, más ricas que las de experiencias anteriores. Hemos escuchado al señor senador Santoro con mucha atención y con la esperanza de que el Gobierno continúe avanzando en el mejoramiento de la técnica de administración presupuestal; no obstante, sus reflexiones -lo digo con todo respeto- desde nuestro punto de vista, no tienen nada que ver con lo ya ejecutado. Las tomamos como una expectativa de futuro, pero en lo que respecta a la política presupuestaria y su administración, en relación con la ejecución de 1990, y modificaciones presupuestales, tenemos la sensación de que la acción legislativa, antes que un ámbito de discusión de prioridades de políticas y de criterios, es una especie de colchón, de muelle, donde se genera oxígeno de expectativas por medio de un procedimiento similar al del "muro de los lamentos" en el que los distintos sectores carenciados llegan al Parlamento a solicitar una pequeña mejoría. En esto vemos, además, una ausencia absoluta de criterios de política global en materia de asignación de recursos y de redefinición del papel del Estado. Al respecto, deseo reiterar lo que ya señalé cuando aludí a la parte numérica: en lo que tiene que ver con los servicios de apoyo a la gestión productiva, es decir, en las actividades donde la política pública debe estar orientada al respaldo de la producción y al relanzamiento del país respecto de los retos actuales -nos referimos, concretamente, a las asignaciones de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería y de Turismo- la asignación presupuestaria de la ejecución del año 1990 no alcanza al 3% del total de las asignaciones del Presupuesto Nacional.

Este país, que en estos días se vanagloria de haber lanzado la modernización de haber lanzado la modernización, de haber roto con el Estado histórico -es decir, esas vacaciones que significó el batllismo, entre la visión liberal histórica y la ultra liberal actual, que duró alrededor de 50 años- al mismo tiempo vive la prioridad de desarticular una gestión empresarial que financieramente no gravita sino positivamente en los equilibrios del déficit, nadie -insisto, nadie- se plantea políticas de reorganización institucional a fin de crear estructuras de apoyo a la ubicación del sector productivo ante el reto del MERCOSUR y del comercio mundial. Ahora no sólo se deja -como ha sucedido a lo largo de estos 30 últimos años- a los trabajadores en la frontera de la pobreza y de la indigencia –sino que también se deja inerme todo el sector productivo- a excepción de los exportadores, para quienes sí existen políticas públicas y esenciales- frente a la perspectiva del reto que nos plantea el MERCOSUR.

En virtud de la carencia de una visión del papel del Estado, del cumplimiento correcto de las responsabilidades, de las prioridades en materia de servicios públicos que la población, y los agentes económicos demandan como necesarios y certeros como para levantar y encaminar al país frente al reto que tenemos planteado, es que vamos a sumar nuestro voto negativo al artículo 1º del proyecto de Rendición de Cuentas. Asimismo, adelantamos que en la discusión particular vamos a sugerir algunos cambios que consideramos fundamentales en varios artículos.

Es cuanto deseaba manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR SANTORO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. – Señor Presidente: en primer lugar, queremos pedir disculpas, puesto que en la mañana de hoy no hemos podido escuchar en toda su extensión la exposición realizada por el señor senador Irisity. No obstante ello, deseamos hacer una breve referencia a algunas de las expresiones del señor senador en cuanto a lo que parece ser el elemento fundamental de la crítica a la gestión del actual Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con el manejo presupuestario y, fundamentalmente, con el ordenamiento en el gasto público para evitar la generación de déficit que apareja dificultades en relación con las políticas financieras y económicas del país.

Aquí se ha hecho referencia precisa a cierta información que brindara la Subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la Comisión e Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, con respecto a una iniciativa de ajuste bimensual propuesta por el señor senador Irisity. Ella señaló que eso generaría aumento en el gasto, por lo que no era posible acceder a dicha solicitud. Aclaro que no vamos a ingresar en los aspectos técnicos de este tema porque carecemos de conocimientos en ese sentido; no tenemos capacidades de esa naturaleza en el orden contable y en lo que dice relación con el manejo económico. Sin embargo, sí queremos recordar que desde el 13 de setiembre de 1985 está vigente la Ley Nº 15.767 que, en materia de gastos -comprendiendo, también, la inversión a cargo del Estado -comprendiendo, también, la inversión a cargo del Estado- establece una disposición que fue aplicada por el Gobierno anterior -naturalmente, sigue vigente en este período- en el sentido de que los gastos deben ser manejados de acuerdo con las posibilidades del Tesoro, en primer lugar, por una razón de necesidad, y luego, para evitar que se realice emisión, lo que siempre ha sido un elemento generador de inflación. Es decir que cuando se procede a efectuar ciertas contenciones, se actúa de acuerdo con la ley.

En lo que tiene que ver con el manejo técnico de esta Rendición de Cuentas, deseamos señalar que en el período pasado -naturalmente, el señor senador que acaba de hacer uso de la palabra no participó en la actividad parlamentaria en el Presupuesto y en las Rendiciones de Cuentas el tema central era conocer –y empleo bien el término- el déficit paraestatal, que era uno de los elementos que generaba la mayor preocupación de los legisladores. Tan es ello así que si se revisan las versiones taquigráficas de los discursos pronunciados en aquel entonces, tanto por parte de los parlamentarios del Gobierno de ese entonces como de quienes formaban parte de la oposición, se advertirá que la preocupación estribaba en conocer el monto del déficit paraestatal. Como ahora se conoce este dato, porque el manejo de las cifras se ha hecho totalmente cristalino, se argumenta que se va a procurar un nuevo ajuste fiscal, presumiendo intenciones y desarrollando posibilidades de futuro que, por supuesto, pueden caber dentro de la imaginación de los señores senadores, pero que no están determinadas por la política del actual Poder Ejecutivo.

Es por estos motivos que queríamos hacer estas precisiones, y agregar que esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal es totalmente ajustado a las normas legales, y constituye un enorme avance con respecto a lo que era la técnica presupuestal anterior. Además, este hecho no es exclusivo de esta Rendición de Cuentas, ya que se ha manifestado también en las últimas, sobre todo a partir de la vigencia de la Ley Nº 15.903, tal como lo expresáramos cuando hicimos uso de la palabra en la sesión de ayer.

SEÑOR IRISITY. – Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IRISITY. – No he dicho que el Poder Ejecutivo no haya hecho uso de sus capacidades legales en el manejo de la ejecución presupuestal en el año 1990. Por esa misma razón, presenté un artículo aditivo para que en el año 1992 se modifique el ajuste periódico de los valores que se deterioran por la inflación.

Efectivamente, el Poder Ejecutivo actúa de acuerdo con la ley vigente cuando actualiza cada cuatro meses, en la magnitud que él determina. No debemos olvidar que la ley establece que el ajuste se realizará hasta un nivel igual al de la evolución del Indice de Precios en el período correspondiente. Entonces, como se dice "hasta", el Poder Ejecutivo ha empleado porcentajes muy inferiores a la evolución de este Indice, con lo que ha generado un deterioro adicional de la capacidad de gestión de los organismos. Es pues, por ese motivo, que presentamos un artículo aditivo para modificar la disposición a que hice referencia –y que está vigente- para que, en lugar de cada cuatro meses, se actualice cada dos; y, además, en vez de realizar la actualización hasta el Indice de Precios, para que se efectúe en un nivel igual a la evolución de dicho Indice.

Hice mención a este tema -pero no vamos a insistir en eso- porque, técnicamente, la respuesta que brindó el equipo de asesores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue absolutamente errada porque mi propuesta -al igual que la norma vigente- de ninguna manera incrementará el gasto sino que, por el contrario, tiene por objeto recuperar el nivel originalmente establecido en las partidas sancionadas en la Ley de Presupuesto.

En esa medida, entonces, dejo planteada mi discrepancia con respecto a la Rendición de Cuentas en lo que hace a la ejecución presupuestal del año 1990 y su evaluación. Una vez más aclaro que no me referí al hecho de si el Poder Ejecutivo había actuado dentro o fuera del contexto legal; simplemente aludí al uso que hizo de esa facultad discrecional como elemento distorsionante de la política de gastos definida en el Presupuesto, así como de las necesidades y expectativas de la comunidad respecto a ese régimen de asignaciones.

Por último, adelanto que cuando se pase a la discusión particular, continuaré planteando mis observaciones con relación a estos aspectos. Reitero que no voy a votar el artículo 1º de este proyecto de Rendición de Cuentas, por el que se aprueba la gestión del año 1990; en cambio, sí voy a acompañar en general los restantes artículos, aunque después dejaré constancia de mis discrepancias y presentaré modificaciones a determinados artículos que tienen que ver con políticas sectoriales específicas.

SEÑOR CIGLIUTI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Señor Presidente: como es mi costumbre, trataré de distraer lo menos posible la atención de este Senado matinal, que se va poblando tan lentamente.

Procuraré fijar la posición del sector que represento, y en nombre del cual he actuado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda durante un mes largo de trabajo.

Sin embargo, no podría comenzar sin elogiar algunas cosas. La primera de ellas es el trabajo cumplido por dos funcionarios, los Secretarios de ambas Comisiones, y sus colaboradores, quienes se desempeñaron con mucha eficacia, dedicación y acierto. Con justicia, fueron elogiados en la Comisión y creo que deberá quedar la constancia en la versión taquigráfica de la sesión del Senado. También deseo resaltar, señor Presidente, la inteligencia del señor senador de Posadas Montero, quien propuso una modificación al Reglamento que le hizo mucho bien, repartiendo el trabajo de las Comisiones y pasando a una Comisión Especial el análisis de un conjunto importantísimo de artículos que nada tienen que ver con la Rendición de Cuentas, pero que siempre aparecen en ella. Hago extensivo este elogio a los miembros de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, quienes estudiaron las inversiones con la solvencia que les es característica.

Por otra parte, quiero decir que si esta Rendición de Cuentas es cristalina, todas las Rendiciones de Cuentas y los Presupuestos de la Administración anterior también lo fueron, sin duda. En aquella oportunidad contamos con la ayuda de los señores Ministros, lo que no ocurrió esta vez. Vimos pocos Ministros en la sala de trabajo. El Ministro de Economía y Finanzas nunca apareció y algunos otros se hicieron representar por los Subsecretarios. En cambio, sí estuvieron presentes la Subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Contadora Patrone, Subcontadora General de la Nación, que en todo momento estuvieron al servicio de la Comisión. Entiendo que hubiera sido mejor que estuvieran todos, puesto que, siendo así, se habrían aclarado muchas cosas.

Por otra parte, creo que el Poder Ejecutivo debe prestar la máxima atención a las Comisiones del Senado que trabajan en un proyecto que tiene origen, precisamente, en dicho Poder. No se explica por qué ha habido una ausencia tan señalada como la del señor Director de Planeamiento y Presupuesto. Al respecto cabe recordar la asiduidad con que el contador Davrieux asistía a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en la anterior Legislatura.

Desde que está vigente la Constitución de 1967 se da cierta particularidad con los Presupuestos y Rendiciones de Cuentas. El artículo 220 de la Constitución permite que los organismos comprendidos en él preparen sus propios Presupuestos, los envíen al Poder Ejecutivo -que tiene la obligación de remitirlos al Parlamento- quien, a su vez, puede presentar proyectos sustitutivos. Los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución como por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el tribunal de Cuentas, el INAME, ANEP, la Universidad de la República y el Banco de Previsión Social, proyectan sus propios Presupuestos y el Poder Ejecutivo, a su vez, los corrige o modifica –como es obvio también los reduce- y hace su propio Presupuesto para los Incisos de la Administración Central, Presidencia de la República y los distintos Ministerios. Después disminuye a la mitad los rubros para los organismos del artículo 220 y los envía al Parlamento sin recursos, junto con los de la Administración Central, para que aquí se encuentren las soluciones que permitan reequilibrar algo los gastos.

Cabe señalar que en esta Rendición de Cuentas las diferencias han sido mucho más significativas. Por ejemplo, en los Rubros 0 al 9, relativos a sueldos, cargas fiscales, gastos e inversiones, en el Presupuesto del Poder Ejecutivo el total es de N$ 117.000:000.000, de los cuales N$ 36.000:000.000 corresponden a los organismos del artículo 220. Por lo tanto hay una diferencia notoria entre lo que le cuesta al Estado los gastos de funcionamiento de los organismos del artículo 220 –donde se encuentran un Poder del estado y la Educación- y los gastos de la Administración Central, que representan más del triple. Esto determina un desequilibrio muy grande, porque cuando analizamos el Presupuesto de la Universidad de la República, de ANEP o de INAME nos encontramos con que no tenemos de dónde sacar recursos para solventarlos. Esto se debe a que la transferencia entre el exceso de la Administración Central y lo que reclaman los organismos del artículo 220, no fue aceptada como hubiera sido lógico. Esto fue intocable; no se pudo modificar un peso de lo que los organismos de la Administración Pública se asignaban a través del Presupuesto del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la Presidencia de la República ha incrementado su Presupuesto considerablemente; el total asciende a N$ 13.000:000.000, lo que representa una suma mayor a la que se había admitido, contra una inversión que solamente en ANEP tiene algo más de N$ 20.000:000.000. Este organismo es el más importante del país, el que tiene más funcionarios y sin embargo es el que cuenta con menos recursos.

Cuando se habló de que era necesario dotar a la Universidad y a ANEP de más fondos para poder cumplir con sus funciones –de acuerdo con lo que habían expresado en sus propios Presupuestos- nos encontramos con que era necesario anular la disposición que deroga el 1% del IVA en el mes de octubre, es decir, seguir por un año más con el 22%, en vez del 21%.

Creemos que en los Incisos de la Administración Central hay recursos suficientes para atender la obligación planteada por ANEP y por la Universidad de la República. En Comisión votamos en el sentido de que el IVA se mantuviera en el 22%, porque para nosotros pesaron más las necesidades y exigencias de los organismos de la Educación, que la realidad fiscal que se está viviendo. Es imposible creer que en este Presupuesto no existan fondos suficientes –sin necesidad de los aproximadamente U$S 25:000.000 que se recaudan por el 1% del IVA- para poder asistir a la Enseñanza. Se debe tener en cuenta que por más que se aumenten los sueldos, ellos no podrán exceder el 70% a pesar de que el Presidente de la República ha reconocido que la inflación será del 85%. Como es sabido, el aumento de la inflación genera, por su parte, el aumento de la recaudación y ésta, cuando la quita es mucho menor, da mucho más recursos al Poder Ejecutivo. Esto fue manifestado por el señor Ministro de Economía y Finanzas en el pasado mes de agosto en donde marcó la diferencia que existe a favor del Erario en la Ejecución Presupuestal. De modo que si hay algo que votamos sin ningún entusiasmo, solamente obligados por los reclamos de la Enseñanza, es este aumento del 1% del IVA, para un Presupuesto que ya tiene fondos suficientes.

Originalmente se pensaba otorgar a la Universidad U$S 5:000.000 y a ANEP U$S 4:000.000, además de los U$S 6:000.000 –que fueron aprobados en la Cámara de Representantes- para los organismos del artículo 220 de la Constitución, de los U$S 1:500.000 para el Hospital del Clínicas y de los U$S 12:000.000 para viviendas. Este es el punto que estudiamos con mayor detención. Creemos, en relación a la vivienda, que el Estado tiene suficientes recursos como para atender las erogaciones que reclaman los organismos correspondientes. En el acuerdo final al que se arribó, se incluye una partida para vivienda de U$S 6:000.000 y para compensar la obligación nacional que tiene el país con el BID U$S 15:000.000 o sea para un organismo que se crea especialmente en el Poder Ejecutivo, con carácter de ayuda social. Es decir, que para tres organismos que se dedican en el país a la construcción de viviendas y a la ayuda social, como son el Banco Hipotecario, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y un organismo especial "ad-hoc" –creado por ley en la Presidencia de la República- tenemos U$S 15:000.000 pero se los damos todos a dos de ellos. Sin embargo, reclaman que el Banco Hipotecario los financie y les permita cumplir su función, a costa de los deudores del Banco que son los que están en peor situación económica para poder atender estas obligaciones. Esta fue la razón por la cual no votamos las disposiciones que se presentaron para solventar al Banco Hipotecario.

Los aumentos para la Universidad y para ANEP son, para la primera en lugar de U$S 5:000.000, como estaba previsto, U$S 10:000.000 y en vez de U$S 1:500.000, U$S 2:000.000 para el Hospital de Clínicas. Esto hace un total de U$S 12:000.000 para la Universidad de la República.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Araújo)

-Además, se preve un 5% de aumento para ANEP, que incluye indistintamente a los docentes y no docentes. Asimismo, se dispone un incremento en los sueldos de los Inspectores, que en la actualidad están cobrando mensualmente cantidades ínfimas.

También se crea una partida para atender la antigüedad de profesores precarios, que teniendo cinco, diez o quince años de servicio, están percibiendo los mismos salarios que los docentes que recién ingresan a ANEP. Por lo tanto, para ellos no rige el principio de cambio de categoría después de cuatro años de trabajo. En este proyecto de ley se instrumentan los fondos necesarios para que se retribuya a los profesores precarios del mismo modo que a los efectivos, sin tener en cuenta el pasaje de grado, en virtud de la antigüedad de cada uno.

Con respecto a los aumentos correspondientes a los órganos de enseñanza, podemos señalar que a la Universidad de la República se le ha adjudicado U$S 12:000.000, a la ANEP, aproximadamente, U$S 10:000.000 y a los Organismos correspondientes al artículo 220, U$S 6:000.000. Al mismo tiempo, se prevé destinar U$S 6:000.000 al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sin embargo, ninguno de ellos está afectado por ninguna situación precaria o especial, tal como se creyó anteriormente. Por ejemplo, cuando se pensó dar a ANEP U$S 5:000.000, se manejó la posibilidad de que dicha partida se financiara con el producido del Impuesto de Primaria, pero aún no se ha podido lograr completamente. Además, se entendía que el aumento debía ser lo suficiente a fin de que la partida no tuviera contratiempos y se pudiera cobrar mensualmente.

Sin perjuicio de dar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley, tanto en la Comisión de Presupuesto como en el Senado, en ocasión de aprobarse en general, creemos que los fondos se pudieron haber distribuido de una manera más equitativa. Teniendo en cuenta la inflación, la forma en que se calcularon los ingresos y la manera en que se llevaron delante de los gastos, pensamos que la ejecución de este Presupuesto está muy lejos de dar déficit. Estimo que, al igual que el que está en vigencia, logrará ese superávit que permitirá una redistribución mucho más aceptable y conveniente de los fondos.

SEÑOR BELVISI. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. José Germán Araújo). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BELVISI. – Señor Presidente: si me permiten, quisiera complementar la información que está brindando el señor senador Cigliuti con respecto a esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Concretamente desearía aludir al tema relativo a las inversiones.

Tal como hemos señalado anteriormente, en esta Rendición de Cuentas las inversiones sobre un total del Presupuesto de N$ 1:819.153:000.000 ascendieron a la cifra de N$ 228.996:000.000. Esto significa que han alcanzado, aproximadamente, un 12%. Si comparamos la forma en que han evolucionado esas inversiones en lo que le hace a los años 1989 y 1990, advertiremos que dicho porcentaje descendió un 5.3%. Por lo tanto, se registró una disminución en su valor real. Quizás sería conveniente –aun a riesgo de no ser estrictamente justos- señalar que a julio de 1991 se constató también una baja aproximada al 8.5% en las inversiones. Esta reducción también ha sido motivo de preocupación de otros señores senadores.

Por otra parte, advertimos que los aumentos salariales cuatrimestrales del 11%, luego del 20% y, por último, del 21%, totalizan un 69%. Frente al 85% de inflación que había previsto el Gobierno, según informó la Presidencia de la República, producen una diferencia importante a favor del Gobierno. En consecuencia, aquí también se registra una retracción de los gastos en la búsqueda de un equilibrio fiscal. Al mismo tiempo, observamos que las inversiones han descendido. Por lo tanto, si se hacen los ahorros que se han proyectado, si se busca esa retracción en todos esos rubros, y luego no se invierte, creo que no se va por una solución real que atienda las necesidades que tiene el país actualmente.

Cabe precisar que, además de estas inversiones, generalmente nos olvidamos –porque no aparecen debidamente expresados y detallados- de los proventos y los recursos extrapresupuestales, que son muy significativos en el Presupuesto Nacional. En estas Inversiones, el porcentaje es muchísimo menor, ya que en lo que hace a recursos extrapresupuestales, pasaron de un 12% a un 8%.

No quisiera extenderme demasiado pero, a efectos de complementar el informe de nuestro compañero de sector, quisiera hacer algunas puntualizaciones con respecto a algunos incisos relacionados con inversiones.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería –tal como lo señalábamos el año pasado- participa en el Presupuesto Nacional con un total de 0.09%. Según lo informaron sus representantes, esta Cartera reclama un papel protagónico e importante frente al proceso de integración regional, no sólo externo sino también interno. Por lo tanto, creemos que no solamente se debe planificar polos de desarrollo, crear las condiciones necesarias para instalar industrias en el interior y proyectar parques industriales, etcétera, sino que también tiene que visualizar esa integración hacia adentro del país, donde debería tener un protagonismo especial.

En ese sentido, me siento tentado a dar lectura a las palabras que pronunciara el titular de la Cartera en ocasión de concurrir a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, con respecto al tema de las inversiones. De sus expresiones, se deduce que el protagonismo y la importancia de este Ministerio, son ajenos a su propia voluntad.

El señor Ministro de Industria, Energía y Minería decía en el seno de la Comisión de Transporte y Obras Públicas: "Sabemos cuál es la preocupación que tienen los señores senadores con respecto al tema, pero entendemos que en la mañana de hoy va a ser mucho el trabajo que les daremos porque las inversiones en la Rendición de Cuentas, prácticamente no existen en relación a nuestra Cartera. Esto no sucede porque no haya inquietud en el seno del Ministerio, ya que ésta ha sido muy grande, teniendo en cuenta que actualmente los cometidos del Ministerio se han multiplicado hasta por 20. Lo que ocurre es que hemos seguido estrictamente los instructivos impartidos por parte del Poder Ejecutivo sobre el abatimiento y la contención del gasto.

Por lo tanto, el Presupuesto de un Ministerio que ha venido disminuyendo sus cometidos en las últimas décadas es –yo diría- diminuto, en virtud de los cortes dispuestos, en forma genérica por la política económica del estado. Entonces, se podría decir que nuestras inversiones han desaparecido y, en este caso de la Rendición de Cuentas, prácticamente no las tenemos.

Quiero dejar bien planteada la actitud del Ministerio, en el sentido de que aspira, tal como ha sido ratificado hace un año en esta Comisión, a que en un futuro no muy lejano, ya asentada en la nueva dimensión de un país en crecimiento, la Cartera que hoy tengo la satisfacción de dirigir recobre la consideración pública e institucional que merece".

Personalmente, quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto del Ministerio de Educación y Cultura y resaltar inversiones significativas en lo que hace a ciencia y tecnología, renglones que diría están en un proceso inverso en relación a la prioridad que se les debería dar en este escalonamiento de inversiones previsto para 1992, 1993 y 1994.

Así, en lo previsto para 1992, donde se debería priorizar las inversiones en ciencia y tecnología, vemos que las mismas pasan, a través de un tope previsto de U$S 8:000.000 a U$S 5:000.000. Para 1993 está previsto un incremento que situaría la suma en U$S 15:000.000 y, para 1994, en U$S 23:000.000.

Sin embargo, y como consecuencia de esta mecánica de los topes, me temo que en la Rendición de Cuentas del próximo año también se establezcan topes para 1993, y así sucesivamente.

Como ya dije, deberíamos invertir más en 1992 que en 1993 y 1994. Sería lo prioritario y lógico.

El tema referente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos merece algunas breves consideraciones.

Debemos hacer notar que este Ministerio insume casi el 50% de las inversiones totales y creemos que debe dársele mayores recursos. En virtud de ello es que vamos a acompañar con nuestro voto un artículo por el cual se saca el tope a determinadas inversiones. Esto, sin perjuicio de hacer notar que faltan recursos para el mantenimiento de un patrimonio que pertenece al país. Me refiero a toda la infraestructura vial, a la que le falta la debida atención, en lo que hace a su mantenimiento y preservación, pues son obras viales en las que el país ha invertido mucho.

Considero que también es necesario incrementar los recursos para la red de interconexión vial departamental, a través de los planes con las distintas Intendencias, que se han vistos recortados.

Asimismo, es preciso tener en cuenta los recursos atinentes a las obras de arquitectura que el Ministerio lleva adelante y que, con preocupación, hemos observado que se han visto enlentecidas. Repito que las mismas han avanzado a un ritmo muy lento e, inclusive, algunas de ellas están paralizadas. Por lo tanto, decimos que vamos a acompañar un refuerzo de estos rubros, a fin de que se les pueda dar el ritmo y la finalización que corresponde.

Pienso que el tema de la vivienda va a acaparar en los próximos meses, un gran debate en este Cuerpo, así como todas las consideraciones correspondientes, y no vamos a referirnos a él hoy. Sin embargo, como el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es un Inciso más de esta Rendición de Cuentas, debo decir que allí también se reflejan las políticas, desde el punto de vista económico, de restricción y limitación de los recursos, más allá de la voluntad y buenos propósitos del propio titular.

Como estamos tratando una Rendición de Cuentas, creo que es importante que este Cuerpo conozca, a más de un año de creado dicho Ministerio, qué es lo que allí se ha hecho.

En lo que a este tema se refiere, nos vamos a remitir, más que a las palabras, a los tres programas que se llevan a cabo hoy en el país, donde hay grupos de viviendas en construcción. Con respecto a esto, nos vamos a basar en el propio documento que nos hizo llegar el Ministerio al seno de la Comisión. Allí encontramos que el Ministerio tiene hoy en ejecución 53 viviendas en el departamento de Cerro largo, 42 en el departamento de Río Negro y 43 en el departamento de Rivera y varios proyectos. Nada más.

Yo he dicho que se trata de viviendas, ya que de alguna forma hay que llamarlas: sin embargo, no creo que alguien pueda dar este nombre a un local de 4,80 metros por 5,80 metros, con un baño en el ángulo. Pero esas construcciones de las que he hablado y que se están realizando en los departamentos de Cerro Largo, Río Negro y Rivera tienen, justamente, estas características. Repito que no las podemos calificar de viviendas ya que, ni siquiera cumplen con el área mínima establecida y que, de acuerdo con la tan invocada ley del año 1968, deberían tener 32 metros cuadrados como mínimo.

Para terminar, diría que hay otros puntos con los que discrepamos y que se refieren a lo que se llama el Programa de Infraestructura Social (PRIS) que está vinculado, integrado, a la oficina de Planeamiento y Presupuesto, con partidas asignadas de U$S 45:000.000; U$S 36:000.000 de endeudamiento externo y U$S 9:000.000 de contrapartida nacional.

Allí se prevén obras desde el punto de vista social, educativo y sanitario. Nosotros discrepamos, no con las obras ni con las inversiones, pero sí con lo que tiene que ver con la Unidad Ejecutora que se encargará de ello, así como de su dependencia de la Oficina de Planeamiento y presupuesto.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR IRURTIA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IRURTIA. – Solicito que se prorrogue el término que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción formulada.

(Se vota: )

-15 en 16. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Belvisi en uso de una interrupción.

SEÑOR BELVISI. – Para redondear este tema, señor Presidente, en lo que tiene que ver con la creación del PRIS, que se prevé en el artículo 34, vemos que en el 37 se disponen algunas medidas en cuanto a la información que deberá remitirse a la Asamblea General.

Más allá de la importancia que tienen estas obras –que apoyamos calurosamente- en el área de la salud, educación y en la parte social, objetamos que esto se sume, en definitiva, a nivel de la Presidencia, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, repitiendo y superponiendo organismos, porque aquí, tanto ANEP como el Ministerio de Salud Pública y otros organismos del país tienen recursos humanos y dependencias especializadas para planificar, proyectar y ejecutar todas estas obras. Además, me pregunto, sin conocer y sin ser un hombre de Derecho, qué relación y responsabilidad ante el Parlamento puede tener aquel jerarca que ejecute estas obras en mérito al hecho de que no hay una relación directa en las responsabilidades previstas en la Constitución. Este es un tema que queda planteado y que quizá sea menos importante, pero lo que nos importa es la superposición y, en cierta medida, la concentración, a pesar de que el discurso oficial esté dirigido a la descentralización y vaya por otro lado, porque esto evidentemente no descentraliza, sino concentra y centraliza.

Por otra parte, podemos observar que a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Presidencia de la República se van sumando cuantiosos recursos para ser administrados desde allí. En ese Poder funciona, además, lo que se ha llamado el Fondo de Inversión Social, creado por Decreto Nº 206 de 1990. Allí también, hay muchas inversiones que no han estado en el análisis de la Comisión, y como integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, que las estudió, podemos decir que no pasaron por nuestro análisis y sí nos hemos enterado de ellas por algunas publicaciones en los medios de prensa, dando cuenta de inversiones en todas las áreas, no solamente en la social, sino en todas, repito, desde la ayuda para la edificación de viviendas hasta la colaboración para construir plazas de deportes, etcétera.

Señor Presidente: he terminado mi intervención, que se ha hecho más extensa de lo que pensaba y agradezco, especialmente al señor senador Cigliuti que me la haya concedido.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. – Quien debe agradecer la interrupción del señor senador Belvisi soy yo, porque ella ha sido muy clara y se ha referido a los puntos de mayor interés de esta Rendición de Cuentas.

Termino, señor Presidente, diciendo lo poco que falta. En el desarrollo de las sesiones de la Comisión voté invariablemente los aumentos de sueldos solicitados por los funcionarios de los distintos Incisos y especialmente los correspondientes a los organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución de la República. Pero lo hice, también, teniendo en cuenta un hecho, y es que los organismos que tienen recursos propios a través de sus proventos mejoran notablemente las retribuciones de sus funcionarios y, en cambio, aquellos que no los tienen, o los poseen en forma muy escasa, se encuentran en una situación totalmente distinta.

Además, voté algunos aumentos específicos, incluso no estableciendo porcentajes, sino la cantidad que debía darse a cada organismo para mejorar la situación de sus funcionarios. Como lo hice, por ejemplo y con mucho gusto, con todo lo relacionado con los CTI de Salud Pública, ya que lo ahorrado por esos conceptos va a tener un destino muy loable, porque el trabajo que cumplen estos organismos es muy grande, y están regulando el mercado. Reitero que voté con gran satisfacción a fin de que todos los funcionarios del Ministerio de Salud Pública participen de los beneficios que representan dichos ahorros.

Por otra parte, están pendientes algunos artículos aditivos que no fueron aprobados en la Comisión y que se refieren a aumentos a funcionarios de distintos organismos, que voy a votar nuevamente en el Senado, esperando que los mismos puedan cristalizar. Me refiero, concretamente, a los de Aduana y a los del Dique, que no han podido ser estimulados en sus retribuciones por la Comisión, dado que allí no obtuvo mayoría la reclamación planteada. Reitero que espero que esto se concrete en el Senado.

Nuestro Foro Batllista siempre ha actuado desde una oposición constructiva, sin estridencias, pensando siempre en el beneficio del país y en el de sus funcionarios, en este caso, antes que cualquiera otra consideración. Votamos lo que pensamos que le hace bien al país, y lo hemos hecho, contra nuestra voluntad y nuestra convicción, con respecto al mantenimiento del 1% más en el IVA, dejándolo en el 22%, porque era la única manera de asegurar el aumento para los centros de enseñanza.

Algunas cosas quedan, señor Presidente, con las que discrepamos –como ya lo hemos manifestado- respecto al Banco Hipotecario.

Estamos de acuerdo con las modificaciones que se han introducido y que tienen que ver con los combustibles venidas de la Cámara de Representantes, y con las reducciones que se pueden hacer de algunos impuestos para aquellas empresas o personas que contribuyan con las escuelas carenciadas mediante la entrega de dinero en efectivo para la compra de determinados elementos que puedan ser útiles o necesarios para estas instituciones. Pero discrepamos en forma absoluta con el hecho de que en este Presupuesto se pueda aplicar una modificación a los salarios, porque entendemos que eso debe ser objeto de un tratamiento especial por parte de la ley. No pudo resolverse en el corto lapso que tuvimos en la Comisión para tratar 500 artículos, para votar los cuales tendremos sólo tres días en el Senado, más que nunca, por otra parte. La Rendición de Cuentas tiene un plazo inexorable, que vence mañana a la media noche.

Nada Más.

SEÑOR SINGLET. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. – Nuestra intención es ocupar muy pocos minutos la atención del Senado para hacer algunos comentarios sobre nuestra experiencia como integrantes de la Comisión de Transporte y Obras Públicas que analizó el Plan de Inversiones. Este propósito se ha visto muy facilitado por la exposición del señor senador Belvisi, que en muchos aspectos podemos avalar, lo cual no puede extrañar porque la Comisión ha actuado con espíritu de cuerpo, y que el informe refleja, efectivamente, la unanimidad del pensamiento de sus integrantes.

Si no existen inconvenientes reglamentarios, pienso que sería útil la incorporación, a la versión taquigráfica de esta sesión, del informe presentado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas, porque eso nos evitaría reiterar, fundamentalmente datos numéricos que a veces se tornan un tanto pesados y que están contenidos en dicho informe.

Por nuestra parte, pensamos realizar unas pocas consideraciones, que reconocemos son de carácter estrictamente político, pero que en definitiva, no siendo técnicos, es la óptica que podemos aportar al trabajo que hemos realizado en el seno de la Comisión.

Esta Rendición de Cuentas se inscribe en una política de restricción de gastos, que impulsa el Gobierno, cuyas pautas quedaron en evidencia en oportunidad de aprobarse el Presupuesto. En esa política se vuelve a constatar un bajo nivel de inversiones públicas. La Rendición de Cuentas, vale la pena decirlo, incluye infinidad de temas que no tienen nada que ver con las modificaciones presupuestales, en lo que constituye una práctica, a nuestro modo de ver inconveniente, que debería corregirse, pero que como Ley de Rendición trae las altas y bajas de las obras previstas en el Plan de Inversiones que aprobamos en el Presupuesto.

Esta situación, que en otras circunstancias podría parecer natural y lógica, nos provoca una gran preocupación, de la que dejamos constancia en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y en la de Presupuesto integrada con Hacienda.

Si en oportunidad de elaborarse el Presupuesto, el proyecto de integración del MERCOSUR no significaba un desafío inminente y ahora nos limitamos a realizar ajustes a aquél, nos preguntamos cuándo el país se preparará para el MERCOSUR, a través de un plan de inversiones encarado bajo esa perspectiva.

Tenemos que admitir que hoy estamos analizando una Rendición de Cuentas que no está elaborada en el contexto de la integración. Un ejemplo claro de ello es el mencionado por el señor senador Belvisi, cuando hizo referencia al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que vuelve a ser algo así como la Cenicienta, tal como ocurrió en el Presupuesto con aquel 0,09 que se le destinó en el Plan de Inversiones. Todo indica que este Ministerio parece estar condenado a desaparecer.

Reconocemos que si se cumple el programa presupuestal, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con o sin resolución expresa del Gobierno, o sin una ley que así lo determine, habrá perdido su razón de ser. Creemos que esta realidad amerita una profunda discusión porque no podemos quedarnos pasivos ante esta constatación, sino que tenemos el derecho a preguntarnos quién va a cumplir los objetivos que se le han asignado al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esto lo hemos expresado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y en la de Presupuesto porque el no hacerlo sería incurrir en una omisión como legislador, en una falta en el cometido de informar y asesorar a la Comisión de Presupuesto. Hoy lo decimos ante el Plenario con el mismo propósito de dar una voz de alerta sobre ese tema. Nos preguntamos qué rol cumplirá el Ministerio de Industria, Energía y Minería en la reconversión industrial que debe encarar el país. Al respecto, creemos que no tendrá ninguno. Pero es bueno que así se diga. En este caso debemos pensar cuál será el organismo coordinador, porque seguramente nadie considera que el MERCOSUR es sólo u tema de discusión, sino que significa una realidad en la que estamos todos embarcados.

Tal como lo expresó el señor senador Belvisi, no nos queremos quedar con expresiones personales que siempre están teñidas de subjetividad. En ese sentido, el compañero de Comisión se ha adelantado a algunos pensamientos del Ministro que íbamos a expresar, pero quiero agregar algunas consideraciones que serán muy ilustrativas.

El señor Ministro en la Comisión de Transporte y Obras Públicas ha dicho que "la conformación general de una política de retención de gastos del Poder Ejecutivo determina que no hayamos podido concretar ni una sola iniciativa". Luego el señor Ministro planteó la grave deserción de los técnicos porque existen Unidades, como la Dirección Nacional de Energía, que a su criterio constituyen la piedra angular de la futura integración que nuestro país necesita. Y en ese sector precisó que de dieciocho técnicos, sólo quedan tres.

A nuestro juicio, señor Presidente, en este partido de la integración, el Ministerio no tiene cabida si no se le introducen cambios que son fundamentales.

Queremos expresar algunas consideraciones de carácter general sin entrar a detallar las cifras ya que constan en el informe y se han expuesto recientemente. Nuestra intención es dejar planteado cómo vemos este plan de inversiones. Pensamos que en algunas áreas, lamentablemente muy escasos, hay indicios de actualización, con el propósito de preparar al país, modernizándolo, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias y de la tecnología. Existe otro sector que no puede estar ausente en la integración, y en esto no caben dos opiniones: nos referimos a la Universidad de la República. Al respecto han surgido, felizmente, algunas soluciones que más adelante tendremos oportunidad de discutir, y que también se incluyen para determinados sectores en el aditivo que propone la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

Por otra parte, tengo que reconocer –no sería sincero si no lo hiciera- que hay también una duplicación de funciones, como se ha señalado, a través de la creación del Proyecto de Infraestructura Social (PRIS). Desde nuestro punto de vista esto representa un paso atrás en la propuesta de descentralización que constituye una iniciativa muy cara para nuestra colectividad política, porque se concentran en la Presidencia de la República objetivos y proyectos que podrían ser cumplidos por los respectivos organismos.

La prioridad de estas obras y el deseo de que se ejecuten a la brevedad posible determinarán que en esta oportunidad nuestro voto sea afirmativo. Pero, con total responsabilidad queremos dejar expresada nuestra preocupación para el futuro.

Creemos, señor Presidente, que nuevamente se justifica señalar las gruesas contradicciones que aparecen en el análisis del proyecto de Presupuesto y en la Rendición de Cuentas, que es una radiografía del país en la que encontramos enormes carencias en áreas esenciales, mientras se destinan para los Ejercicios 1992, 1993 y 1994, U$S 2:000.000, U$S 3:000.000 y U$S 4:000.000 respectivamente para la adquisición de materiales bélicos, además de la compra de aviones de entrenamiento militar.

Queremos poner énfasis en este aspecto porque no estamos hablando de sanidad militar, ni de construcción de viviendas para militares, ni de sus sueldos, ni de sus pasividades, de lo que ya tendremos oportunidad de ocuparnos cuando analicemos el proyecto en particular. Debemos expresar que ante la inclusión de prácticamente U$S 10:000.000 en lo que resta de esta Administración para la adquisición de materiales bélicos, no podemos permanecer callados.

En esta oportunidad, no tuvimos –tal como ocurrió en el Presupuesto- elementos precisos para promover una redistribución de esos recursos. Pero en 1992 lo vamos a hacer con tranquilidad y sin ningún tipo de prejuicios, porque creemos que esto pasa por el proyecto de país que queremos construir. Ante estas realidades nos preguntamos para qué tipo de guerra se está preparando el Uruguay si los gastos militares tienen esta incidencia. Nosotros creemos que hay una guerra que continúa: la guerra contra la miseria, contra la ignorancia, contra la desocupación, contra las enfermedades y contra la violencia que significa que haya uruguayos sin techo. Pero para ganar esta guerra no vamos a tener éxito comprando, precisamente, materiales bélicos.

Queremos terminar estas consideraciones con una constatación positiva respecto al Ministerio de Salud Pública, por la claridad del informe que ha presentado, por la precisión del mismo, por los objetivos claros que ha enunciado, y porque podemos decir que se trata de un Ministerio que ha actuado con los pies sobre la tierra, predicando con el ejemplo en una actitud que nos place elogiar: ha priorizado en el plan de adquisición de vehículos, la compra de ambulancias sobre los vehículos utilitarios. Así como hemos señalado nuestra preocupaciones y nuestra falta de acuerdo con los objetivos que no consideramos sujetos a la realidad que vive el país, nos parece reconfortante culminar este breve informe con la constatación positiva a que hemos hecho referencia.

La intervención del señor senador Belvisi, como integrante de la Comisión que estudió las Inversiones, y la inclusión si es posible, del informe presentado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas en la de Presupuesto integrada con Hacienda, nos exime profundizar en el manejo de números en lo que tiene que ver con la inversión pública que, reitero, lamentablemente tiene un muy bajo nivel para un país que pretende prepararse para la integración.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR BLANCO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. – Al comienzo de mi intervención, me gustaría hacer una referencia al sentido mismo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que estamos discutiendo. La expresión "Ley de Rendición de Cuentas" emana del artículo 214 de la Constitución, que en su último párrafo ordena que el Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el Ejercicio anual, deberá presentar al Poder Legislativo la rendición de Cuentas y el balance de Ejecución Presupuestal. Precisamente a esto se refiere el artículo 1º d este proyecto de ley aprobado por la Comisión; el resto del articulado, en realidad, es un aditamento a esta norma inicial, puesto que la Sección XIV "De la Hacienda Pública" de la Constitución establece en su primer artículo, el 214, por un lado, el sistema de Presupuesto quinquenal y, por otro, la obligación de rendir cuentas anualmente sobre cómo se ha ido cumpliendo con el Presupuesto y da la posibilidad de proponer en ese momento las modificaciones que estime indispensables al monto global, pudiendo además realizar creaciones, supresiones y modificaciones del programa por razones debidamente justificadas.

De manera que, entonces, en lo que atañe a la letra y al espíritu de la disposición constitucional, la práctica parlamentaria tradicional ha desbordado ampliamente este sentido. Sin embargo, ese hecho no debe apartarnos de lo esencial y fundamental de la norma, o sea, apreciar en este momento, en primer término, las cuentas del Poder Ejecutivo.

El Parlamento ha dado al Poder Ejecutivo autorizaciones para gastar y recursos para financiar esos gastos. El artículo 1º de este proyecto de ley da cuenta del resultado de esa labor de gastar y recaudar. Nuestro sector político dará su voto afirmativo a esta disposición, por cuanto ella está respaldada en información contable absolutamente confiable que no nos merece objeción de especie alguna. Además, ese es el sentido esencial, reitero, del proyecto de ley de Rendición de Cuentas; las restantes normas constituyen agregados habilitados por la Constitución, cuya extensión la práctica parlamentaria y la propia del Poder Ejecutivo han llevado a incrementar extraordinariamente.

No quiero apartarme del punto de arranque de mi exposición: el Poder Ejecutivo rinde cuentas y nos comunica e informa que la gestión contable del Estado, en el Ejercicio 1990, ha terminado con un déficit del orden del 8.4% sobre los recursos votados por el Parlamento. Esta conclusión, en primer lugar, merece una consideración positiva, por cuanto se han mejorado los guarismos registrados en materia de déficit en los últimos Ejercicios inmediatamente anteriores que fueron del orden del 26%, 21%, 14% y 29%; ha habido, pues, una mejora en la gestión contable del Estado que es, insisto, el objetivo central de la Rendición de Cuentas.

El Poder Ejecutivo se ha informado, asimismo, que ese resultado se ha logrado merced a la disminución de gastos, respecto al Ejercicio anterior, de un 18,3% y a un aumento de los ingresos que, si se computan además los cinco puntos del IVA afectados a la seguridad social, alcanza un incremento del 9.7% y, si no, llega al 2.7%.

Este resultado, a su vez, debe relacionarse con otras cuentas del Estado; me refiero a las llamadas parafiscales y a las de las empresas públicas. El resultado total de la gestión del Estado fiscal, parafiscal y de las empresas públicas, para el Ejercicio 1990, indica un déficit del orden del 2.5% sobre el Producto Bruto Interno. En tal sentido, debo decir que es un paso positivo la propuesta del Poder Ejecutivo de incluir las cuentas parafiscales en la información relativa a Rentas Generales y a su financiación. De esta forma, nos acercamos a una visión más clara y realista sobre qué es lo que ocurre con las cuentas del Estado, que es una entidad única a la que todos los ciudadanos, en definitiva, aportamos los recursos necesarios para su funcionamiento y a la que la comunidad deberá pagar en conjunto tanto las cuentas que emanan del Presupuesto fiscal, como los gastos parafiscales y el resultado de las empresas públicas. En resumen, la situación económico-financiera del Estado derivará de la suma algebraica de los resultados positivos o negativos de cada uno de estos tres sectores y que en el caso del Ejercicio 1990 que estamos considerando, tiene un saldo negativo de 2.5% sobre el Producto Bruto Interno, lo que también implica una considerable mejoría con respecto a Ejercicios anteriores.

Esta situación de relativo desequilibrio en las cuentas del Estado, a su vez, debe relacionarse con el conjunto de la economía, como ya ha sido manifestado por algunos otros señores senadores en el curso de este debate. La preocupación, en efecto, en torno al equilibrio fiscal y al déficit no debe ser, no puede ser y, en mi caso, decididamente no es, de tipo académico, de carácter jurista o algo así como una obsesión en cuanto a tener todos los números en negro y ninguno en rojo en las cuentas del Estado. El equilibrio o desequilibrio está directamente relacionado con la situación inflacionaria. Debemos entender claramente –hay que considerar que soy un abogado haciendo comentarios de carácter económico y ellos deben ser tomados con toda la relatividad que el caso justifica- a mi juicio, que el mero hecho de que exista un déficit o un desequilibrio no es lo que determina la inflación. Se ha dicho aquí en el día de ayer que el equilibrio fiscal no tiene nada que ver con la inflación y, en cierto modo, ello es así. El hecho netamente contable de que las cuentas del estado arrojen números rojos, por sí solo, no determina la inflación; lo esencial es cómo se financiará ese desequilibrio, ya que si ello se hace por medio de instrumentos de carácter inflacionario, sí tendrá un efecto en tal sentido. El desequilibrio fiscal en sí mismo, reitero, no es inflacionario; lo que sí puede serlo es la forma en que él es financiado.

Las posibles fuentes para financiar un déficit registrado por la Administración Central para 1990 –que tuvo una sensible mejoría, reitero, en relación con los Ejercicios anteriores, pero lo que registra igualmente- y en general para financiar el déficit del conjunto del Estado uruguayo constituido por la suma algebraica del resultado fiscal, parafiscal y de empresas públicas que es del orden del 2.5% sobre el Producto Bruto Interno, puede ser la vía tributaria, la del endeudamiento y la de emisión. Creo que existe consenso a nivel nacional en relación con el exceso de la presión tributaria. Si se pasa revista rápidamente a los distintos tributos, obviamente nadie puede pensar que debemos agregar nuevos puntos sobre el IVA o aumentar las cargas sobre las remuneraciones

El endeudamiento es otra posible vía de financiación. Recientemente, hemos tenido en el Senado un debate a propósito de la solicitud de autorización del Poder Ejecutivo para aumentar los topes para la emisión de Bonos del Tesoro. Esta misma Rendición de Cuentas nos indica que alrededor del 13% de los recursos está destinado al financiamiento de la Deuda Pública del Estado. No estamos hablando de la deuda externa; nos referimos a los Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería, de cuya emisión la mayor parte no ha sido para financiar proyectos de infraestructura a largo plazo para generaciones proyectos de infraestructura a largo plazo para generaciones venideras, sino para financiar un desequilibrio fiscal.

De modo que este otro posible recurso para financiar el endeudamiento, creemos que no está disponible.

En tercer lugar, está la emisión –también a esto se hizo referencia en la tarde de ayer- recurso que, a nuestro juicio, tampoco está disponible porque aun cuando el nivel del déficit fiscal indudablemente se ha disminuido, teniendo en cuenta la reducida base monetaria del Uruguay, cualquier emisión adicional implica un incremento automático de la inflación. Los economistas calculan que un aumento de un punto en la emisión implicaría un aumento de treinta puntos en la inflación. No incursiono en la profundidad del tema porque esta ciencia de los números y de los estudios económicos, para mí es arcana. Sin embargo, tengo claro el concepto de que en una reducida base monetaria, como la del Uruguay, un incremento de la emisión aun pequeño, tiene un efecto inflacionario fortísimo.

Por lo tanto, los resultados que señalamos como un paso positivo no son, sin embargo, todavía suficientes. Nosotros aspiramos –y lo hemos planteado desde la instancia del Ajuste Fiscal- a que el conjunto de los gastos del Estado disminuya. Aquí conviene distinguir dos aspectos: el primero de ellos es que con respecto al artículo 1º, desde el punto de vista contable, certificamos y aprobamos un resultado financiero; el segundo que políticamente manifestamos nuestra complacencia por el hecho de que se haya logrado una reducción del desequilibrio fiscal, así como la necesidad de profundizar en ese camino.

No obstante, habría un tercer aspecto relacionado con el hecho de que en los demás artículos de la Rendición de Cuentas, aprovechando la disposición constitucional que así lo habilita, se incorporan nuevos niveles de gastos. En el día de ayer, el señor senador Santoro, en su calidad de miembro informante, nos ilustró con prolijidad, detalle y claridad acerca de los incrementos que el proyecto contenía en el Mensaje del Poder Ejecutivo, los que sufrió luego en la Cámara de Representantes, así como los que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado incluimos posteriormente. Evidentemente, necesitamos tomar conciencia de que esta tendencia es extremadamente peligrosa porque compromete los resultados estabilizadores logrados, amenazando la lucha antiinflacionaria, fundamental para crear las condiciones necesarias para el desarrollo y la inversión, así como para asegurar también ingresos estables a todos aquellos que perciben ingresos fijos.

SEÑOR IRISITY. - ¿Me permite una interrupción señor senador?

SEÑOR BLANCO. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR IRISITY. – Agradezco al señor senador Blanco por haberme concedido esta interrupción.

Simplemente, deseo solicitar una aclaración. El señor senador acaba de hacer una afirmación en el sentido de la cautela necesaria para asignar los recursos a efectos de mantener los resultados estabilizadores alcanzados.

Como todos sabemos, los problemas de estabilidad en la economía tienen dos ámbitos: la estabilidad en el sistema de precios, principalmente en las reglas del manejo monetario, fiscal y financiero, y la estabilidad del sistema laboral que se mide a nivel de los índices de ocupación y desocupación.

Debo reconocer que quedé perplejo ante la afirmación del señor senador Blanco, porque el país no tiene la sensación de haber alcanzado metas estabilizadoras en el índice de precios, ni, obviamente, en la ocupación y desocupación.

Reitero al señor senador mi solicitud de aclaración de este punto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Agradezco al señor senador Irisity su interrupción porque me permite clarificar el pensamiento. Lo que ha sido positivo para avanzar en el camino hacia la estabilidad en materia inflacionaria, fue la reducción del déficit y, por lo tanto, la menor necesidad de acudir al expediente de la emisión para su financiamiento, aun cuando preocupa el elevado nivel de endeudamiento que se ha alcanzado, lo que ha sido discutido aquí en oportunidad de analizar el tema del aumento de los topes para la emisión de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. Entendemos que en este sentido se ha logrado un paso adelante en la dirección correcta.

Lo que iba a decir -creo haberlo expresado ya, pero aprovecho la interrupción para reafirmarlo- es que no consideramos satisfactorio, de manera alguna, el resultado logrado hasta el momento, desde que la inflación, si bien ha disminuido, se mantiene en niveles extremadamente elevados. Partimos de la base de que en un contexto en que la inflación alcanza niveles del 80%, 90% o 100%, la economía no puede, evidentemente, tener un proceso de desarrollo armónico, equilibrado y autosostenido, porque ni el empresario se siente inclinado a invertir, ni el trabajador se ve garantizado en sus derechos. Aun en las concepciones económicas que sostienen que un déficit moderado puede alentar el desarrollo económico -por supuesto que no estamos hablando de una inflación del 100%- no se logran los resultados de estímulo que, teóricamente, podrían admitir un cierto desequilibrio en las cuentas del Estado, a través de la inyección de dinero adicional en la plaza para movilizar estas actividades. Todavía estamos lejos de alcanzar ese objetivo de estabilidad, aunque -reitero- se ha dado un paso en la dirección correcta. Es necesario hacer una reestructuración del gasto público que, según advertimos, ni en la iniciativa del Poder Ejecutivo, ni en su posterior tránsito parlamentario se ha producido.

En el día de ayer y en la mañana de hoy, el señor senador Irisity, de alguna manera, ha hecho cierta referencia a la composición y a la estructura del gasto, a que me voy a referir someramente a continuación. Entiendo, en ese sentido, que se trata de reestructurar la propia forma del Estado, de la mayor capacidad de gestión de las oficinas, de las dependencias y de las empresas estatales y de transitar el camino de la eliminación de trámites y servicios generales de la Administración. Lo que en materia de administración en la jerga anglosajona se denomina el "red tape" -la cinta roja- constituye, aparte de sus incomodidades, un costo adicional sobre el Estado.

Entonces, una remodelación del Estado -para la cual hemos contribuido con la sanción de la Ley de Empresas Públicas, cuyo Capítulo I constituye en nuestro concepto un elemento útil para lograrla- implicaría la posibilidad de abatir gastos y de tratar de concentrar los recursos destinados a gastos en aquellas áreas vitales donde la actividad del Estado es insustituible. En este sentido, me causa inquietud la lectura del informe, en la parte relativa a la evaluación presupuestaria, contiene el siguiente párrafo: "Cumplimiento de Objetivos y Metas". Este informe, en la parte relativa a la evaluación presupuestaria, contiene el siguiente párrafo: "Corresponde en esta instancia reiterar lo expresado en los informes de los ejercicios anteriores en cuanto a que la estructura programática sancionada por la Ley Nº 15.809 (Presupuesto Nacional), de 8 de abril de 1989 no refleja con precisión los productos finales o resultados a lograr mediante la ejecución de los respectivos programas, y a la carencia en el sistema contable de los elementos que permitan desarrollar la contabilidad de costos, implícita para una adecuada evaluación". Sería deseable que, desde el momento en que se ha detectado esta carencia, se tomen los correctivos necesarios para permitir una mejor evaluación del funcionamiento del Estado.

SEÑOR IRISITY. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR IRISITY. - Señor Presidente: además e estas interrogantes referidas a las carencias del sistema de contabilidad de costos, etcétera, agregaría que la Rendición de Cuentas no ofrece elementos con relación a los niveles globales de endeudamiento alcanzados durante el Ejercicio 1990. Los señores legisladores pueden obtener esta información leyendo los boletines del Banco Central del Uruguay, pero una oficina técnica de respaldo, como es la Contaduría General de la Nación a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, debería incorporarla y analizarla al enviar la Rendición de Cuentas. Allí tampoco se incluye la información sobre los compromisos del Estado a nivel de avales concedidos en créditos o préstamos externos para organismos que no integran la estructura patrimonial central del Estado. Ambas informaciones deberían venir incorporadas, en la medida en que una Rendición de Cuentas debe marcar no sólo el movimiento de ingresos y gastos de la ejecución del año, sino la evolución de la situación patrimonial del Estado. En la forma actual, a los señores legisladores les queda la interrogante con respecto a qué grado de compromisos se van a proyectar como "bumerán" en los Ejercicios siguientes, lo que también constituye una carencia técnica.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Muchas gracias, señor Presidente.

La deseada disminución del gasto público y su concentración en áreas prioritarias en las que el Estado es insustituible, pasa necesariamente por una profunda transformación de la Administración en general, que no viene reflejada en este documento que está a consideración del Senado. Sin embargo, reconozco que es una tarea difícil, pero es necesario abordarla con un sentido de transformación y a eso apunta, precisamente -como decía hace unos momentos- la Ley de Empresas Públicas.

Digo que es una tarea difícil por la composición del gasto, que hace que las reducciones meramente lineales sobre las asignaciones presupuestales y sobre el gasto sean extraordinariamente difíciles de realizar y puedan conducir a algunas situaciones como a las que se ha hecho alusión, con sentido crítico, tanto en la tarde de ayer como en la mañana de hoy, en relación con la poca ejecución de un alto porcentaje de autorizaciones presupuestales disponibles, que no han sido utilizadas efectivamente porque la restricción del gasto se extiende en forma pareja hacia todos los sectores de la Administración.

Para ir a una auténtica y genuina redistribución del gasto que no sea dañosa, se requiere una reestructuración profunda del Estado, que ofrece dificultades. La composición del gasto muestra que cerca del 38% es para retribuciones personales; alrededor de un 13%, para gastos corrientes; el 12 %, para inversiones; el 22.1%, para la Seguridad Social y el 12.5%, para la deuda pública. Es obvio que resulta muy difícil hacer una reducción de los gastos referidos a retribuciones personales y a gastos corrientes, que forman una masa importante de los egresos del Estado, excepto mediante una reestructuración total del mismo.

Las inversiones muestran una reducción que llega a niveles peligrosos. La Seguridad Social es un componente importante de los egresos del Estado y constituye, en la estructuración de todo el sistema, una cifra que no se puede tocar en absoluto. La deuda pública es otro de los elementos rígidos en una reducción de los gastos. Según la información proporcionada en los anexos que suministra el Poder Ejecutivo, las áreas en las que aparentemente sería posible lograr reducciones son los correspondientes a los servicios generales de la Administración, que insumen un 36% de los egresos totales. Allí es donde resulta primordial la reestructuración y la reforma del Estado.

Decía, señor Presidente, que preocupa el bajo nivel de inversiones pero, en tanto no se logre efectivamente liberar recursos con este propósito, no será posible incrementar su monto que porcentualmente, en la ejecución del año 1990, era de 12,5% y en la estructura programática que figura en el cuadro 237, del 13%. Se trata de cifras muy reducidas y en la tarde de ayer el señor senador Astori las estimó en U$S 300:000.000.

Este nivel de inversiones ha sido señalado como bajo, particularmente en vista de los compromisos que nuestro país asume ante las perspectivas de integración. Coincido en cuanto hay que hay determinado tipo de inversiones que sólo el Estado deberá realizar, punto en el que deberíamos concentrar los esfuerzos y recursos disponibles, como por ejemplo, en infraestructura y en educación. En ese sentido, en esta Rendición de Cuentas se ha logrado un incremento en esta última, para uno de los sectores fundamentales al que haré referencia más adelante.

Deseo realizar un breve comentario sobre lo que sería un insuficiente nivel de inversión en el Ministerio de Industria, Energía y Minería y, en alguna medida, en el de Ganadería, Agricultura y Pesca. En primer lugar, deseo señalar que si bien en este Ejercicio estos Ministerios aparecen dotados con una asignación escasa cercana al 3% del total de egresos, creo poder afirmar que en las Rendiciones de Cuentas anteriores esa situación no era mucho mejor que la que se acaba de señalar. No ha habido, en este sentido, un cambio cualitativo o sustancial en cuanto a la cantidad de dinero distribuido entre dichos Ministerios en esta Rendición de Cuentas y en el Presupuesto General, con respecto a los Presupuestos anteriores.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Agradezco a los señores senadores la gentileza que han tenido.

Hace un momento manifestaba que estos sectores productivos -digo esto entre comillas- del Estado, como ser los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería siempre tuvieron escasas asignaciones.

Por otro lado, no podemos pensar que con vistas al MERCOSUR -o sin tener en cuenta éste- va a ser la inversión pública, a través de estos Ministerios u otros similares, la que hará la tarea de generar las nuevas actividades productivas. Obviamente, la inversión va a venir de otras fuentes y no por medio de estas Carteras que he mencionado. Incluso, esto nunca ha sido así, ni en otras administraciones ni en la actual, y nuestro sistema político y económico funciona a través de la inversión realizada por los sectores privados y no es el Estado el que invierte en industrias o en explotaciones agropecuarias nuevas. Lo que sí podrá tener el Estado son gastos destinados a personal técnico y asesoramiento a los efectos de cooperar y asesorar en la labor productiva, industrial, comercial, agropecuaria y de servicios. No obstante, no va a ser el Estado quien se encargue de llevar a cabo de esto, las actividades mismas por lo que no es de extrañar que estos Ministerios tengan una dotación escasa en sus recursos.

En consecuencia, desde el punto de vista del MERCOSUR, considero que la inversión en infraestructura es fundamental y, lamentablemente, debido a la limitación de recursos disponibles resulta escasa.

En lo que tiene que ver con el tema de educación, a través de esta Rendición de Cuentas hemos logrado un incremento en los fondos destinados a ese sector, así como para el rubro de Ciencia y Tecnología.

Por otro lado, observo que nos falta organizar arbitrios adicionales para la reconversión industrial ya que observo que no se prevé que resurjan de recursos públicos adicionales, sino del financiamiento externo que puede ayudar a las empresas nacionales en su proceso de readaptación. Al mismo tiempo compruebo que tampoco existen aquí programas destinados a preparar la readaptación laboral que es uno de los graves problemas humanos y económicos que suscitará el reacomodamiento de la industria nacional a un horizonte más amplio.

Por medio de esta Rendición de Cuentas también se incluye una partida para vivienda, lo que constituye un paso positivo y necesario. Sabemos que este es un problema fundamental y el Estado uruguayo ha tomado una clara definición política en el sentido de canalizar, a través de recursos públicos -y por el medio del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- la atención a los sectores más carenciados. Mientras que a través del Banco Hipotecario procuraría el financiamiento con recursos propios para los demás sectores de la sociedad.

Celebramos que en esta Rendición de Cuentas aparezcan fórmulas de solución de acuerdo con el enfoque mencionado, sabiendo, con toda claridad, que lo que se otorga para vivienda no resulta suficiente si tenemos en cuenta las enormes necesidades que existen en la materia. En lo que a nosotros respecta, daremos nuestro apoyo para que este proceso siga consolidándose y avanzando.

Finalmente, señor Presidente, deseo formular algunos comentarios relacionados con el contenido de esta Rendición de Cuentas. Nosotros vamos a acompañar la propuesta de mantener el IVA en un 22%, como contrapartida de los gastos que se van a realizar, fundamentalmente en educación, que por las razones ya brindadas, se trata de un sector que tiene prioridad. De todas maneras, en materia de educación no será suficiente la dotación de recursos adicionales.

En oportunidad de recibir en la Comisión de Presupuesto integrada la interesante visita de los representantes de la Universidad, se hizo mención expresa a la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación de la enseñanza. Estamos dispuestos a apoyar lo que se pueda realizar en esta materia fundamental. Sin coordinación, la dotación de recursos no dará frutos completos.

Seguidamente, desearía hacer algún comentario respecto a la estructuración general de esta Rendición de Cuentas. Por lo dicho anteriormente, esta ley se ha excedido ampliamente -en otras anteriores también ha ocurrido lo mismo porque se trata de una costumbre parlamentaria bastante consolidada- en la previsión constitucional de modificaciones que se consideran indispensables e impostergables. De esta forma, aparece una multiplicidad de normas que crean algunos inconvenientes y, muchas veces, erosionan disposiciones de buena administración. A lo largo del tratamiento de muchos de estos artículos hemos observado cómo la Ley de Funcionarios Públicos que significó un considerable esfuerzo técnico y político para lograr su aprobación, así como las normas presupuestales en materia de restricción de ingresos y supresión de vacantes, se van erosionando y limitando progresivamente. Algo similar ocurre en materia de recursos extrapresupuestales cuya distribución y asignación fragmentada en distintas disposiciones de la Rendición de Cuentas hace muchas veces difícil -cuando no imposible- juzgar sobre su oportunidad y acierto. A propósito de esto también convendría recordar la importancia del precepto constitucional que reserva la iniciativa del Poder Ejecutivo para la creación de gastos adicionales, lo que en el conjunto de las normas que compone esta ley suele pasar casi inadvertido.

Hace un momento manifesté que la multiplicidad de normas crea dificultades, pero cabe agregar que algunas veces ello acarrea también aspectos positivos. Los artículos 476 en adelante contienen importantes normas de racionalización administrativa, de desregularización y desburocratización y otras que aseguran los controles más eficaces del Banco de Previsión Social.

Pienso, señor Presidente, que las reformas del Reglamento que han propiciado varios señores senadores, han constituido un paso oportuno en términos de acelerar el tratamiento de los temas por parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, haciéndola más eficiente al no considerar asuntos ajenos a su materia. No obstante, me temo -de ahí la salvedad que formulé al comentario que la Presidencia había hecho al comienzo de nuestro trabajo- que en el trámite a dar en los aditivos en el Plenario, se pueda desnaturalizar algunos de los efectos positivos que hemos logrado con la innovación reglamentaria. Concretamente, me refiero al hecho de que algunos de los aditivos que en términos figurados fueron "muertos" en Comisión, reaparezcan nuevamente en este Cuerpo. La misma inquietud tengo respecto a normas que vienen sancionadas de la Cámara de Representantes y que, posteriormente, fueron rechazadas por la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que en este tema de los aditivos existe una confusión. El Cuerpo, luego de votar, aprobar o rechazar, en su caso, los artículos que vienen en el proyecto elaborado por la Comisión, considerará aquellos aditivos que la Comisión no llegó a considerar. Ello se debió a que luego de una extenuante sesión que finalizó a las 6 de la mañana del pasado domingo, se estimó que era razonable levantar la sesión, dar por terminada la tarea y enviar los aditivos que habían quedado sin considerar al Plenario del Cuerpo para que éste decidiera sobre su eventual aprobación o rechazo. Por supuesto que los aditivos que se presentaron en Comisión y fueron rechazados, no se pueden volver a presentar en la discusión particular. En consecuencia, esos serán los únicos aditivos que se van a considerar; los otros, si fueron aprobados, están incluidos en el proyecto elaborado por la Comisión y si, por el contrario, fueron rechazados, no figuran y no pueden volver a presentarse.

Puede proseguir el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - No desearía que una referencia lateral sobre el tema que se interprete de otra forma ya que lo señalé como una preocupación. A propósito del comentario realizado por el señor Presidente -y tal vez con esto satisfaga la inquietud de los compañeros- me adelanto a decir que personalmente, en mi participación en la Comisión, a esa hora tardía de la noche, contribuí a convalidar el criterio que él ha señalado, porque me pareció racional y lógico. De esta forma, se habilitaba a los señores senadores a que pudieran presentar -antes del plazo reglamentario fijado que expiraba ese domingo a la hora 24- un nuevo aditivo que estaría reglamentariamente en forma y, por lo tanto, podría ser considerado por el Senado. En consecuencia no estoy criticando otra posición sino expresando temor de que esa práctica -a la que yo contribuí con mi consentimiento- pudiera, en los hechos, complicar el trabajo del Senado y desvirtuar el efecto positivo de la reforma del Reglamento.

De ninguna manera objeto que esos temas sean tratados en el Senado; simplemente señalo mi temor de que por estas circunstancias pueda verse perjudicado parte de ese resultado, a mi juicio positivo, que obtuvimos por la creación de la Comisión encargada de estudiar los artículos desglosados, complicando el tratamiento de este tema en el Senado.

(Ocupa la Presidencia el Profesor Carlos Julio Pereyra)

-Si se me permite, deseo terminar mi exposición con una referencia de carácter político.

Frente a este documento que se nos ha puesto a consideración, en cuya elaboración y discusión participamos, quiero manifestar lo siguiente. Actualmente no somos el Gobierno de la República pero, como es notorio, el Partido a que pertenezco ha gobernado el país durante muchos años. El sector político que represento siente hoy la misma responsabilidad que cuando ejerció el Gobierno. Actualmente, frente al Gobierno del Partido Nacional, nuestra posición en la mayor parte de los asuntos -y especialmente los fundamentales- es similar a la adoptada cuando ocupaba la Presidencia el doctor Julio María Sanguinetti, con quien nos honramos en colaborar y cooperar. Si se cotejan los votos dados por nuestro sector en la Administración anterior y en ésta, se verá que básicamente son los mismos. Ante cada artículo hemos tratado de pensar cuál hubiera sido nuestro voto si el Partido Colorado fuera Gobierno y así lo hemos hecho, en el error o en el acierto, tratando de ser congruentes con la responsabilidad propia de un partido consustanciado con la República, cuyo gobierno ha ejercido durante largos años.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: comparto lo expresado por los compañeros del Frente Amplio que me han precedido en el uso de la palabra. Dado que tres de ellos integraban la Comisión, no voy a entrar en detalles acerca del articulado de este proyecto de Rendición de Cuentas, que si bien debería tratarse artículo por artículo, como siempre ocurre con estos proyectos, el tiempo resulta escaso para abarcarlo.

Con respecto a los artículos aditivos propuestos en la Comisión, el señor Presidente del Cuerpo manifestó que estaban aquellos que habían sido aprobados y los que fueron rechazados; sin embargo, debo expresar que algunos de ellos no fueron aprobados ni rechazados ya que por acuerdo de la Comisión pasaron directamente a consideración del Senado. Tal como me acota el señor senador Astori, los mismos están incluidos en el informe.

Tal como lo decía el señor senador Blanco al hacer su profesión de fe política en determinada dirección, todo Presupuesto o Rendición de Cuentas refleja una filosofía psico-social o psico-económica de contenido determinado. El Senado recordará que el Frente Amplio votó negativamente el proyecto de Presupuesto cuya Rendición de Cuentas hoy se nos presenta y por ello –como lo han manifestado los señores senadores del Frente Amplio- votaremos en el mismo sentido el artículo 1º de este proyecto. Esta posición no tiene sus fundamentos en motivaciones de política menor; no nos opusimos a aquel proyecto de Presupuesto por el hecho de pertenecer al Partido Nacional o a la coincidencia, sino por considerar que no era conveniente y que podía agravar aún más las causas del descaecimiento económico que estaba sufriendo la República. Hubiéramos querido estar equivocados, porque ello hubiera significado un beneficio para el país. No tengo dudas de que quienes aprobaron aquel proyecto y apoyan esa política económica lo hacen convencidos de que es lo mejor para la Nación, pero nosotros pensamos que sería preferible priorizar efectivamente las necesidades de la gente, como los angustiosos problemas de vivienda, salud, educación y trabajo. Por el contrario, nos oponemos a una política que, en lo esencial, ha priorizado el pago de los intereses de la deuda externa, la reducción del déficit fiscal y parafiscal y los gastos de Defensa.

Quiero decir con franqueza que me ha conmovido una noticia aparecida hoy en la prensa, relativa a un brutal atentado contra la trabajadora Silvia Mabel Ferreira, de 31 años de edad. Como dice el diario, a esta persona no se le perdonó el derecho a elegir su vida afectiva y, a pesar de ser cuidada durante un mes por compañeros de trabajo, recibió cinco balazos. Aunque esta trabajadora vivía en extramuros de la ciudad y se desempeñaba en una empresa de procesamiento de pescado ubicada, prácticamente, en el centro de Montevideo, en un gesto de solidaridad realmente formidable estaba permanentemente acompañada por cinco o seis mujeres y algunos jóvenes muchachos, porque se sabía que sobre ella pesaba una amenaza. Las denuncias fueron hechas por ello no evitó que un policía del Comcar vaciara su cargador sobre esta trabajadora, hiriendo también -levemente, por suerte- a dos de las personas que la acompañaban.

No quiero que en esto se vea ninguna clase de oportunismo; lo traigo a colación porque en la Rendición de Cuentas que estamos tratando existe un artículo 100 -que lo examinaremos con mayor detenimiento en la discusión particular- que supone una importante modificación a las normas de ascenso del Instituto Policial. Por dicho artículo, todo oficial debe tener el beneficio de que se lo promueva rigurosamente, prescindiendo de toda otra consideración ajena a la presupuestal. ¿Qué significa esto último? ¿Quiere decir por ejemplo que, si esta infeliz trabajadora salva su vida, quien comete el intento criminal queda revisitiendo en los cuadros? No debemos sorprendernos de eso porque por un conjunto de mecanismos que no tiene relación con éste ni con anteriores Ministros sino con el sistema, algunos de los agentes que continúan revistiendo en los cuadros participaron comprobadamente en las torturas en los años de la dictadura, algunos cometieron delitos económicos, otros estuvieron vinculados con las drogas, etcétera. Podría decirse que son pocos, pero independientemente de los años de antigüedad que tengan, han sido mantenidos lejos de las esferas más gravitantes. Con este artículo -es por esto que lo traigo a colación- todos estos oficiales podrían ascender a cargos jerárquicos superiores.

Quiero aclarar expresamente -no quiero que esto se tome como una actitud oportunista- que cualquier persona en determinada circunstancia puede cometer un crimen de ese tipo, aunque no es frecuente que un civil posea armas. Pero este caso nos compete a nosotros porque en esta Rendición de Cuentas se introduce una norma que cambia lo establecido hasta ese momento.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El artículo 100 fue incorporado por iniciativa del señor senador Millor y, si mal no recuerdo, personalmente lo firmé y le introduje algunas modificaciones al texto. El señor Ministro es quien no está de acuerdo con este artículo, y parecería que tampoco lo está el señor senador Pérez.

Desde hace varios años, el señor Ministro tiene la facultad de regularizar la situación presupuestal de algunos funcionarios policiales que, por el principio de permanencia en el grado, están ocupando el cargo inmediato superior y cobran el sueldo de éste, pero figuran en las planillas como revistando en el cargo inferior. Lo que el artículo 100 establece es que el señor Ministro tiene la obligación de regularizar la situación. A mi juicio, eso es correcto, porque no se puede admitir que después de cumplir durante un lapso con las obligaciones de un cargo determinado, se revista en el Presupuesto con otro.

La situación mencionada se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. A pesar de que las primeras leyes que se dictaron a este respecto datan de setiembre y de diciembre de 1990, el problema se había planteado mucho antes y esa es la razón de lo que propuso el señor Ministro para efectuar una regularización. En ejercicio de la facultad que le otorgan las leyes, el titular de la Cartera hizo varias designaciones en distintas jerarquías policiales en atención a lo que consideró como necesidades del servicio, según su propia opinión. Lo que los legisladores sostienen con esta disposición es que las regularizaciones deben hacerse independientemente de toda consideración ajena al Presupuesto. Unicamente se quiere significar que un funcionario que tenga cinco años de antigüedad en un cargo, cobre el sueldo correspondiente a éste y cumpla con las obligaciones y facultades que le son pertinentes, también debería ser designado en ese grado. La expresión "con prescindencia de toda otra consideración ajena a la presupuestal" tiene como fin que el señor Ministro haga las designaciones por mandato legal y no por su propia opinión sobre las distintas situaciones. No se puede pensar que se establezca alguna connotación diferente a ésa. Reitero que el propósito es que todos los funcionarios que están en las condiciones manifestadas en el Instituto Policial, pasen a tener en el Presupuesto el cargo que les correspondería ocupar. Sin embargo, es claro que si un oficial ha cometido un delito como el que menciona el señor senador Pérez, no se necesita ser abogado para darse cuenta de que debe hacérsele el sumario correspondiente que incluso, podrá derivar en sanciones muy importantes.

Llegado el momento, voy a insistir en la permanencia de este artículo 100 y creo que no se puede tener absolutamente ninguna aprehensión porque no tiene otro propósito que el que he expresado. Pero no sería legítimo que esta disposición no se aplicara a todos los funcionarios, ya que una enorme cantidad de ellos ha sido regularizada y no hay justificación para que los otros que están en las otras condiciones, no lo sean también.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Puede continuar el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. – En absoluto me siento incómodo con el hecho de coincidir con el señor Ministro del Interior de este Gobierno que, a mi juicio, es quien tiene la mayor credibilidad ciudadana. Hoy, 3 de octubre de 1991, digo esto pero, si más adelante la vida indica otra cosa y con dolor tengo que cambiar mi juicio, lo haré. En este momento, creo que probablemente lo mejor que ha hecho este Gobierno es designar a este Ministro. No niego que tengo cierto temor, porque estas palabras dichas por un comunista pueden sonar un tanto estrambóticas. No dudo de la buena intención del señor senador Cigliuti, pero mantengo lo que he sostenido. Creo que se puede generar una situación muy negativa, ya que hay funcionarios –que por suerte son pocos- que con su conducta no prestigian en absoluto el Instituto Policial y que, en la actualidad, se han mantenido alejados de las altas esferas, en mi opinión, para la tranquilidad ciudadana. Por supuesto, no desearía que un artículo determinado, en cuya elaboración pudo primar la mejor intención, precipite esto en un sentido negativo, que no sé exactamente como se expresa –y aclaro que no quiero entrar en eso, porque es una materia que no domino- en cuanto a las promociones. En virtud de lo poco que conozco, tengo entendido que en una Comisaría a cuyo frente se encuentra un comisario, tiene que haber 4 subcomisarios. Ahora bien, si se produce una avalancha de promociones, nos podríamos encontrar con que hay 5 comisarios y 2 subcomisarios.

Tengo la impresión, pues, de que en algún momento –no ahora, sino hace muchos años atrás- se produjo una aglomeración a nivel castrense de cerca de 400 coroneles, lo cual no se condice con lo que tendría que ser una lógica estructura orgánica; pero, reitero, dado que no conozco bien el asunto, no deseo ir más allá de lo que he dicho.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREZ. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. – Es al solo efecto de hacer una referencia lateral, ya que cuando llegue el momento de la discusión particular daremos nuestro punto de vista en torno a este artículo 100.

Concretamente, deseo dejar constancia de que la preocupación señalada por el señor senador Pérez también es nuestra. Asimismo, quiero hacer notar el problema que surgiría en caso de que se apliquen estas normas del artículo 100 respecto de la variación de la pirámide de oficiales. Como es sabido, en este momento hay 92 comisarios y 182 subcomisarios; pero de existir esta variación, serán 149 los cargos de comisario y 113 de subcomisarios. Quiere decir que va a haber una inversión inexplicable, ya que prácticamente no va a existir quien ejerza la función de subcomisario, y no debemos olvidar que actualmente en el departamento de Montevideo se necesitan 4 subcomisarios por cada comisario.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Puede continuar el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. – Hay un segundo problema que se refiere a la incidencia del Ministerio de Defensa Nacional en el Presupuesto, y naturalmente en la Rendición de Cuentas.

El total de gastos de este Ministerio se sitúa en U$S 200:000.000, mientras que en lo que tiene que ver con rubros extrapresupuestales, el mismo asciende a U$S 50:000.000. Cualquiera puede entender que para un país pequeño como el nuestro, de apenas tres millones de habitantes y que tiene tantas dificultades –a las que luego nos referiremos- estos U$S 250:000.000 representan un gasto no productivo que, por otra parte, no ayudan en nada a su desarrollo. En esto, no estoy haciendo referencia a los sueldos que necesariamente debe tener la tropa y, probablemente, algunos sectores de oficiales. En cuanto a esto no me cabe la menor duda. Sería absurdo defender un aumento de sueldos para los maestros, los trabajadores de la Administración Central o los funcionarios públicos en general, y no hacerlo en relación con la tropa o con determinados sectores oficiales. Independientemente de las profesiones, aspiramos a que todos los uruguayos podamos vivir decorosamente. Por lo tanto, no es este el problema que estamos planteando. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Que estos gastos a los que he hecho referencia van más allá que los de la ANEP y los de la Universidad de la República. Aquí estamos hablando de más del doble de lo asignado al Ministerio de Salud Pública, y de cinco veces más de los recursos reclamados por el Banco Hipotecario para la construcción de viviendas. Con esos U$S 250:000.000, en los que no se incluyen los gastos referidos a personal, se podrían construir alrededor de 20.000 viviendas anuales, lo que, sin duda, constituiría una erogación más útil.

Aquí se prevé la restauración de 22 tanques de la época de la Segunda Guerra Mundial, o algunos, probablemente, de la guerra de Corea, así como la adquisición de tres fragatas. A pesar de que todo esto estaba presupuestado, se ha incurrido en un exceso de un 25% de los topes de los gastos autorizados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 207/909, de 26 de abril de 1990.

Desde nuestro punto de vista, todo esto está vinculado con una concepción que se fue dando durante décadas por la que, como lo que se encontraba sobre el horizonte era la necesidad de defender al mundo occidental –pongo esta expresión entre comillas- del comunismo, etcétera, en los institutos castrenses y en la vida política se entendió que se debía privilegiar a ese sector en vista de ese peligro. Evidentemente, y durante los 11 años de dictadura, esto cobró una enorme importancia y, de alguna manera, a partir de 1985 se buscó mitigar. No digo –porque no me gusta afirmar algo de lo que no estoy convencido- que se mantenga exactamente la misma política que hubo en relación con las Fuerzas Armadas durante la dictadura, a partir de 1985 y hasta la fecha. Por lo tanto, pienso que este es un problema que, de pronto mediante un estudio serio y a fondo de una Ley Orgánica Militar podamos examinar de acuerdo con la dimensión del país, con sus tradiciones, con la cantidad de habitantes y con sus posibilidades económicas, a los efectos de que sobre esa base seamos más justos en el tratamiento de un tema que comprendo es delicadísimo.

Sin embargo, no puedo sustraerme al hecho de que mientras estamos enfrascados en esta discusión, el Semanario "Búsqueda" publica casi una página entera con declaraciones de personas que, durante los años de la dictadura, estuvieron totalmente vinculadas al aparato de represión. Al respecto, cito el caso del ex Presidente del Departamento Editorial y Biblioteca del Centro Militar, coronel retirado Regino Burgueño, quien dijo a "Búsqueda" que "el comunismo no ha muerto" sino que "está vivo y mimetizado bajo la denominación de la socialdemocracia" u otras formas.

Con esa picardía que lo caracteriza, el señor senador Raffo me acota que eso también lo dijo el doctor Sanguinetti, lo que es cierto. De todas maneras, no es lo mismo que lo diga el doctor Sanguinetti o cualquier otro político –sea prominente o no- que el coronel retirado Regino Burgueño, quien no sólo fue en cierto modo un ideólogo del asunto durante los años de la dictadura, sino que, según recuerdo, en el año 1972, cuando se declaró el estado de guerra interno, estuvo vinculado a una revista que salía en aquel entonces, denominada "Azul y Blanco", que era la avanzada más radical –si se puede decir así- de los sectores "facistoides". En un desborde absoluto, esa publicación atacaba no solamente a la guerrilla, a los dirigentes sindicales y los comunistas, sino que fue el soporte ideológico que luego llevó a que integrantes del Partido Nacional estuvieran presos en los servicios de inteligencia, por ejemplo, porque no encajaban dentro de los cánones de mentalidad, absolutamente irracionales, de esa naturaleza.

Más adelante, también en el Semanario "Búsqueda", el coronel retirado Burgueño expresó algo que asombra: "la mentalidad del uruguayo está mas cerca de la economía socialista que de la capitalista", lo cual se traduce en "una peligrosa mentalidad estatista".

También en este Semanario aparecen declaraciones del ex Presidente del Centro Militar, general retirado Iván Paulós, quien conserva toda su estructura ideológica y mental justificativa de todos los hechos del pasado. Sería saludable para la vida de la República que en alguno de ellos hubiese un atisbo de autocrítica, por menor que sea.

SEÑOR RAFFO. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. – Formulo moción a los efectos de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Raffo.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Pérez.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PEREZ. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. – Como el señor senador Pérez va a cambiar el tema o, por lo menos, de militar, deseo dejar una constancia. Como en la versión taquigráfica va a aparecer una referencia del señor senador Pérez a algo que yo mencioné, quiero aclarar cuál era el concepto.

El señor senador leyó parte de las declaraciones de un coronel en el Semanario "Búsqueda", quien afirma que el comunismo actualmente está mimetizado dentro de algunas otras formas, y mencionó especialmente a la socialdemocracia. Lo que quise decir en ese momento, con un aire risueño y jocoso, lo reitero ahora: si así fuera, al doctor Sanguinetti, que se ha manifestado socialdemócrata, lo alcanzaría esa denominación. Por supuesto, no comparto lo expresado por el coronel Burgueño, pero quería dejar esta constancia para que quede debidamente asentada en la versión taquigráfica, ya que pareció que lo que había señalado era que el doctor Sanguinetti manifestó que el comunismo se mimetizaba dentro de la socialdemocracia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Puede continuar el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. – Para culminar este pequeño y amable incidente verbal, quiero destacar que el doctor Sanguinetti también habló de mimetismo. A eso me referí, y no a lo que acaba de aclarar el señor senador Raffo.

De todas maneras, no tengo duda de que al coronel retirado Burgueño le resultan intolerables, tanto el Gobierno anterior, como el actual. Si bien más adelante, el citado coronel habla del respeto por el ser humano, tal como se lo hice saber a un oficial en los años en que estuve preso, algunas de estas personas tienen un criterio muy particular pues cuando se trata de alguno de ellos, la epidermis es de una delicadeza absoluta; en cambio, cuando se trate de civiles, parten de la base de que tenemos piel de cocodrilo. Lamentablemente, esta mentalidad aún se mantiene en determinados sectores pero, por suerte, la mayoría de la opinión la ha ido dejando atrás. Entiendo que todo esto debería expresarse en los temas presupuestales y en los gastos que se realizan, ubicándolos en una posición más acorde a las necesidades reales del país.

Por otra parte, señor Presidente, se hizo mucha cuestión en la relación entre Ajuste Fiscal e inflación. Sin embargo, la realidad demostró que esto no era así. Se pasó de un casi 7% del Producto Bruto Interno a un 2,5%, no obstante lo cual la inflación se disparó a un 130% y, probablemente, en este año, se ubicará en un 103% o 104%. Es decir que el ajuste se efectuó a partir de la reducción de elementos básicos para el desarrollo del país. Es así que se produjo un recorte en los recursos de todos los Ministerios salvo el de Defensa Nacional y el rubro Presidencia de la República. En lugar de ir preparando al país para su efectivo ingreso al MERCOSUR, lo que se ha logrado es, a mi juicio, una involución.

En el día de hoy he leído las declaraciones del señor Pedro Baridón, Presidente de la Cámara de Industrias, a quien conocimos en una reunión de la bancada del Frente Amplio a la que concurrió junto con los miembros de la Cámara de la Construcción. En esa ocasión existía preocupación en nuestra bancada en el sentido de cómo se estaba gestionando la industria manufacturera. Posteriormente se realizó otra reunión con representantes del agro en relación con el ingreso al MERCOSUR.

Sin embargo, hoy me encuentro con una información que me parece excesivamente frívola. El señor Baridón dice que la industria uruguaya se hunde si no existe una adecuada reestructura del Puerto. Esto realmente me parece asombroso. Sin embargo, si se dijera que la industria uruguaya se hunde, como lamentable y desgraciadamente ha sucedido, por el hecho de que se privilegia a las inversiones bancarias y financieras –tal como lo señaló en el día de ayer el señor senador Astori- se estaría diciendo la verdad.

Entiendo que se debería decir que, por ejemplo, en la industria textil son los trabajadores –caso en La Aurora y de Musa- quienes tienen que estar buscando las soluciones, en forma desesperada, para que no se cierre lo que en su momento fueron empresas que empleaban a miles de trabajadores. La textil La Aurora, por ejemplo, contaba con 1.500 trabajadores, donde todo el barrio de "La Victoria" tenía que ver con la fábrica.

Por otra parte, la textil Musa tenía 800 trabajadores. Tampoco tenemos el caso de la industria de la vestimenta, donde se han ido cerrando, sucesivamente, gran cantidad de empresas.

Tengo conocimiento de que en algunos de estos casos se han otorgado créditos por parte del Banco de la República, que luego no fueron saldados. No creo que este hecho escape a ninguno de los presentes y, en ese sentido, creo que es necesario estudiar el problema.

Hace unos meses realicé, en el Senado de la República, una exposición sobre la desocupación que constituye un elemento dramático en la vida de nuestro país. En esa oportunidad, se me acercaron algunos de los compañeros del Cuerpo para preguntarme si no me había excedido al referirme a este tema. ¡Ojalá hubiera sido así! Hoy la situación es peor que cuando realicé esa intervención.

Cuando se dice que la desocupación en nuestro país es de alrededor del 10%, en realidad no se dice toda la verdad porque actualmente se supera ese porcentaje. Además, es mayor entre los más jóvenes, lo que motiva el exilio permanente hacia la República Argentina, al Brasil, Canadá, Estados Unidos, Australia, España, Italia, etcétera. Esto sucede porque en nuestro país no se dan las condiciones para que se puedan recibir y trabajar ya que la mayor parte de los que se han tenido que ir son profesionales universitarios.

Me voy a referir, en concreto, a la industria del cuero.

Al respecto debo señalar que ayer, en Comisión, por la unanimidad de sus miembros, se elaboró un aditivo para ver si se logra una reciprocidad en lo que tiene que ver con la exportación de cueros que, unilateralmente, realiza la República. Ayer se nos decía que había una coincidencia en estudiar el problema, manifestada en las conversaciones entre los Presidentes de Uruguay, Argentina y Brasil. Pero, sucede que hace más de un año que rige la libre exportación, mientras ninguno de los otros países que conforman el MERCOSUR ha tomado una decisión en el mismo sentido. Por lo tanto, esto es preocupante como elemento de preparación de nuestra economía con respecto al MERCOSUR y todo indica que sería necesario partir de una base de reciprocidad. Alguien ha dicho que una decisión de este tipo sería lesiva para los productores pecuarios. Al respecto tengo serias dudas, inclusive, cuando se están pagando precios reales por los cueros, que nunca están por debajo de lo estipulado internacionalmente y en algunos casos alcanzan valores superiores.

En consecuencia, entiendo que habría condiciones para realizar un estudio adecuado del problema que haga posible garantizar el abastecimiento del conjunto de la industria nacional para que cuando comience a funcionar el MERCOSUR poder competir sobre la base de la calidad de los cueros, de la mano de obra, de la tecnología, etcétera. Esto también es válido para toda la industria nacional.

Deseo señalar que en este abastecimiento que ha habido del déficit fiscal, los más perjudicados han sido, precisamente, los trabajadores de la Administración Central, y los comprendidos en el artículo 220 de la Constitución que suman 170.000 personas entre las que se encuentran profesionales, obreros calificados, funcionarios especializados que representan una parte sustancial de la población de nuestro país.

Cuando el Poder Ejecutivo se refiere a que existe un mejoramiento de la gestión financiera del gobierno central, señala que se debió al crecimiento de los ingresos y a la disminución de los gastos en términos reales. Sin embargo, como es conocido, el crecimiento se debió fundamentalmente, al impuesto a los sueldos y a las jubilaciones; asimismo, la disminución del gasto se expresa por el descenso que experimentaron los salarios públicos. El descenso de los salarios reales y de la ocupación explican la disminución del consumo privado, que fue de un 3.2%. De las propias cifras del Mensaje del Poder Ejecutivo surge una pérdida salarial de U$S 60:000.000 para los funcionarios públicos. Hay que señalar que algunos de los sectores públicos se encuentran en una situación verdaderamente alarmante.

Los maestros y los trabajadores de Educación Primaria, agrupados en sus organizaciones sindicales, presentaron al Parlamento un informe conteniendo una serie de cifras que, realmente, son catastróficas y nos deben llamar a una reflexión muy profunda a menos que hayamos perdido una parte sustancial de nuestra sensibilidad. Según este informe, en la actualidad el salario de un maestro se sitúa en la tercera parte de lo que se percibía hace 25 años. Es decir, si tomamos el promedio de los salarios reales de un maestro de 1er. grado en los años 1965, 1966 ó 1967 y establecemos como índice 100, si lo llevamos al primer semestre de este año, podremos observar que se sitúa en 33. ¡Se ha reducido en dos terceras partes, señor Presidente! Inclusive, si tomamos una referencia más próxima, como puede ser, por ejemplo, el cuatrimestre mayo-agosto de 1988, la pérdida es de un 20%.

Por otro lado, en el informe se establece que un maestro con menos de tres años de antigüedad percibe N$ 320.000 nominales, y si tiene 20 años de docencia, N$ 420.000. Asimismo, un director de escuela, que debe cumplir 40 horas semanales y que en general tiene más de 20 años de antigüedad, recibe un salario nominal de N$ 673.000. Estas cifras nos tienen que hacer pensar, aunque sea por un instante.

Sin duda, esto fue lo que motivó a la bancada del Frente Amplio a apoyar el mantenimiento del 1% en el Impuesto al Valor Agregado. Lo hicimos sin ningún rubor porque ese monto –que a pesar de ser de U$S 26:000.000 igualmente va a resultar exiguo- está destinado a la ANEP, a la Universidad de la República y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el cual, si no se le destinaran esos fondos, tendría una función absolutamente nominal.

Cabe señalar, inclusive, que la prensa de hoy destaca que la Regional Salto de la Universidad plantea que si no se refuerzan los rubros tendrá que paralizar alguna especialidad.

¿Acaso podemos pensar en ingresar al MERCOSUR si no destinamos los rubros necesarios para que la Universidad se desarrolle y pueda concretar lo que en este momento realiza parcialmente a causa de la miseria económica que la asfixia? Ya se ha comprobado que hay elementos de tecnología propiamente nacional que son de gran importancia y que alientan a los investigadores y a los científicos que están vinculados con la Universidad.

Pensemos, también, que en el año 2000 jugarán un papel preponderante los niños que hoy están siendo preparados en locales totalmente carenciados. Hay casi 150.000 niños que provienen de hogares cuyas necesidades básicas están insatisfechas y que deben concurrir a locales situados en barrios periféricos, que fueron construidos para atender a 200 alumnos, y sin embargo en ellos se agolpan 700. También se debe tener presente que el 45% de las escuelas adolece de un déficit en sus condiciones higiénicas.

No es mi intención en absoluto referirme a discursos que ha hecho el señor Presidente de la República, dejando traslucir, inclusive, un cierto aire poético. Ha dicho que esta luz y la otra luz, que son los maestros y los profesores, son las luces que esperamos para competir en el MERCOSUR, con gente mejor preparada y con muchachos mejor preparados. Tenemos la posibilidad de ganar, de conseguir un espacio en la tierra sin tener que irnos lejos.

Comparto integralmente lo que ha dicho el señor Presidente y me parece formidable; pero la verdad es que si la oposición no hubiera votado el mantenimiento de ese 1% del IVA –y realmente no queríamos votarlo- de ninguna manera se hubiera resuelto esta situación.

Por otra parte, incluso con estos U$S 26:000.000 –bueno es aclarar que una parte se destina al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por lo que serían U$S 20:000.000 para la enseñanza- estamos lejos de cubrir todo lo que necesitamos; estamos muy lejos, señor Presidente, de que esa cifra sea una luz para los maestros y los profesores. En realidad, es una luz muy tenue, porque debido a los sueldos que actualmente están percibiendo los maestros, anualmente se retiran del magisterio 700 personas, en su mayoría mujeres.

Esto es algo dramático, señor Presidente. Este simple hecho alcanzaría para sensibilizar a todo el país. Es gente que ha estudiado, que se ha preparado, que realiza su carrera y que luego llega a la conclusión de que con lo que gana no puede mantener un hogar. Es gente que no tiene aliciente.

Sé que sólo se dedica al magisterio –también en otras profesiones, pero fundamentalmente en ésa y en la medicina- quien tiene una vocación profunda; pero también es necesario percibir un salario que le permita subsistir decorosamente, alimentar a su familia, continuar estudiando y comprar libros para mantenerse al día y estar al tanto del desarrollo de la educación y de la ciencia. Sin embargo, con los sueldos que ganan es evidente que esto resulta totalmente imposible.

También quiero mencionar el informe elaborado por el CLAEH titulado "Uruguay 1990: Coyuntura interna e inserción en el contexto internacional". Allí se dice que el salario real en el sector público, durante 1990, fue un 7.3% inferior al año anterior, a pesar de que la evolución del poder adquisitivo de los salarios por el sector de actividad continúa siendo desigual. Allí se indica que esto ha llevado a una situación deprimente, no sólo en el sector público sino también en el privado.

Al respecto, si tomamos los datos que brinda el Semanario "Búsqueda", al cual me referí anteriormente, vemos que la canasta para una familia tipo –es decir, un matrimonio con dos hijos- se sitúa en N$ 1:370.000. Por supuesto, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos, cualquiera sea su profesión, está lejos de esa cifra. Es más: lo que mediante movilizaciones y luchas fueron conquistando los trabajadores privados, ahora está lejos de situarse en esa cantidad, pues también ellos han sido muy golpeados.

No deseo analizar los rubros que componen esta canasta básica, pero justo es señalar que hay algunos montos que no serían suficientes para permitir un nivel de vida decoroso a la población.

Señor Presidente: consideramos que, como consecuencia de trabajo de la Comisión, aquí se ha logrado introducir elementos, no de carácter general sino puntual, que benefician a determinadas ramas de los funcionarios públicos, por lo que los vamos a votar.

No quiero terminar mis palabras sin hacer alusión al tema del Banco Hipotecario del Uruguay.

Las estadísticas muestran que en el mes de setiembre la contratación privada de alquileres alcanzó un promedio de N$ 558.000; se trata de una cifra tremenda.

Realmente, para el que no tiene techo propio, eso se ha convertido en un verdadero drama. Vemos que para las parejas jóvenes, que tienen que comenzar a construir su "nido", alquilar es algo prohibitivo, ya que el precio de una pequeña pieza se halla en el orden de los N$ 400.000.

Ahora bien; ¿qué ha sucedido? Durante mucho tiempo el Banco Hipotecario del Uruguay entrañaba la posibilidad de alcanzar la vivienda propia, actuando como un verdadero elemento de estímulo. Unicamente se necesitaban dos años de inversión y, al cabo de ellos, se podía construir o bien refaccionar una vivienda usada. Actualmente, todo esto resulta inaccesible ya que, tal como hemos visto, el último aumento que se registró –y eso que era anual- llegó al 108%.

Es cierto que, al respecto, el Presidente de dicha Institución habló con los ahorristas para ver si esto se podía financiar en tres cuotas. Sin embargo, me temo que con las normas establecidas en esta Rendición de Cuentas, en las categorías I y II, en los próximos dos años, el aumento se efectúe cada seis meses y en las categorías III y IV, cada cuatro meses. Al cabo de dos años, este sistema regiría para todos los ahorristas tanto los que contrataron en el pasado, como los que lo van a hacer en el futuro.

Con esto, aparte del drama que ello va a acarrear, se habrá malogrado una de las mejores cosas que se hicieron cuando recién se aprobó la Ley de Viviendas, por lo que desde ya adelantamos nuestro voto negativo.

En este sentido quiero decir que, como ciudadano, haré lo que pueda al respecto.

Por último, también deseo expresar que espero que culmine satisfactoriamente la recolección de firmas que se está haciendo, con vistas a que los aportes que corresponden al Banco Hipotecario del Uruguay, para la construcción de viviendas, no tengan que pasar –como se estableció durante la dictadura- primero a Rentas Generales y luego, por cuentagotas, al Banco Hipotecario del Uruguay, cuando se trata de fondos que tendrían que ser vertidos directamente en esta Institución.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Se habría resuelto que esta sesión terminase a la hora 13. Restan escasamente diez minutos, de manera que la Mesa sugiere pasar a cuarto intermedio en este momento.

SEÑOR SANTORO. – Hago moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Santoro, en el sentido de pasar a cuarto intermedio.

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 12 y 45 minutos)

(Vueltos a Sala)

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se reanuda la sesión.

Es la hora 15 y 5 minutos.

Tiene la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. – En primer lugar, quiero excusarme con los señores senadores Cigliuti y Blanco durante cuya exposición no estuve presente en Sala –ellos conocen las razones- violentando mi costumbre de atender las intervenciones de todos los colegas, particularmente, de los miembros informantes con los que trabajamos juntos durante más de un mes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Cuando comenzó esta discusión general tenía el propósito de hacer una exposición realmente breve, pero los temas que han traído al debate los colegas que han opinado anteriormente, me llevan a hacer algunas referencias por necesidades políticas que todos comprendemos.

Deseo señalar que nuestro sector va a votar en general este proyecto de ley, así como el artículo 1º por el que se aprueba la Rendición de Cuentas en sus cifras fundamentales. Lo hacemos, no por compartir la orientación presupuestal, ni mucho menos la política económica del actual Gobierno, sino en tanto el Balance de Ejecución Presupuestal, la Rendición de Cuentas propiamente dicha, refleja correctamente lo actuado por la Administración y cumple cabalmente con las disposiciones constitucionales y legales que refieren a la forma en que ha de ser informado el Parlamento. Además, estos documentos no han merecido observaciones del Tribunal de Cuentas de la República.

Por otro lado, debo comenzar por decir que este proyecto de ley no difiere de las líneas maestras ya sentadas por el actual Gobierno en la Ley de Presupuesto votada el año pasado, con la que discrepamos en lo que hace a la política de recursos y asignación de gastos. Ya el año pasado nuestro sector, tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores presentó un proyecto de ley tendiente a establecer en el país un impuesto a los ingresos elevados, es decir, una modalidad del llamado Impuesto a la Renta Personal. Se trata de una forma de tributación directa que grava una manifestación de riqueza que a nosotros nos parece indispensable establecer, no sólo para solucionar los problemas financieros del Estado, sino para crear justicia contributiva y distributiva en el país.

No deseo extenderme sobre nuestra posición al respecto sino que, simplemente, me limito a señalar que la política seguida a través de la Ley de Presupuesto –y en esta Rendición de Cuentas- es diametralmente opuesta, ya que insiste en los impuestos indirectos o al consumo que, tal como lo demostré con estudios técnicos en ocasión de discutirse en Sala la Ley de Ajuste Fiscal, gravan desmesuradamente –y en forma, por cierto, muy injusta- a los sectores de menos recursos, en beneficio de aquellos que tienen más. También discrepamos con la política de gastos, en tanto las asignaciones deben ser orientadas, fundamentalmente, hacia sectores de la educación, salud y vivienda, para resolver los grandes problemas de las grandes mayorías nacionales que siguen siendo postergados, a pesar de algunas pequeñas soluciones que se prevén en esta ley, las que comentaremos y acompañaremos.

Por otro lado, deseo sumar nuestra voz de preocupación y de protesta por la política de economías llevada a cabo por el Poder Ejecutivo que si bien puede entenderse, en cierta medida, en razón de la existencia en el país desde hace mucho tiempo de un déficit fiscal, no pueden admitirse en los niveles que no vacilo en calificar de brutales, que se han llevado a cabo, particularmente en algunos sectores de la Administración Pública, por ejemplo, los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Educación y Cultura. Se trata de dos sectores claves para el país, donde la reducción de las inversiones y de los gastos de funcionamiento constituyen una fórmula de política económica, a mi modo de ver, totalmente negativa e inconveniente para el país. Sus efectos son, sin duda, contraproducentes para el desarrollo económico del país por el que todos estamos clamando.

Agrego, además, que aun cuando el Poder Ejecutivo para realizar estas economías se basa en una disposición de la Ley de Ajuste Fiscal aprobada el año pasado –ley que no votamos y a la que nos opusimos- no es menos cierto que cuando se realizan reducciones tan brutales, se están desvirtuando los programas presupuestales ya consagrados en la Ley de Presupuesto anterior que se fue ejecutando durante el transcurso del año 1990 y en la que votamos el año pasado. Dichos programas constituyen definiciones de la acción que el Estado debe desarrollar, así como mandatos para la Administración que emanan de la ley. En consecuencia, cuando esos programas dejan de ejecutarse en medidas tan importantes como se produjo en algunas áreas, es obvio que deja de cumplirse con la Ley de Presupuesto, que es un programa de gastos del Estado aprobado por el Parlamento nacional.

Es claro que como resultado de estas políticas, la actividad económica continúa deprimiéndose. Todos hablamos de la necesidad de que el país crezca económicamente. Asimismo desde nuestra concepción política, sin perjuicio de reconocer como indispensable y necesario que se logre ese crecimiento también con inversión privada y después de haber contribuido y seguir contribuyendo a crear instrumentos que habiliten y permitan desarrollar esa inversión privada en la actividad productiva, no es menos cierto que el Estado va a cumplir, tiene que hacerlo de acuerdo a la realidad del Uruguay que no es la misma que viven otros países del Norte del mundo, con una labor que sea mucho más que de orientación, y aún de promoción en materia de inversión, impulsando el crecimiento económico. Una labor que es insustituible. Si el estado no encara esta tarea, no lo hará tampoco la actividad privada que en todo caso va a ser estimulada por la acción de aquél, pero nunca lo va a sustituir. La Administración debe cumplir un rol que sólo puede estar a su cargo y que con estas políticas económicas se lo estamos negando en detrimento del crecimiento económico del país por el que todos clamamos.

Este proyecto de ley, tal como viene de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, tiene algunos aspectos positivos que deseo señalar, porque creo que no todo debe ser críticas, cuando hay elementos que permiten una valoración de este carácter.

Pensamos que se ha logrado, aunque en forma muy insuficiente, por medio de un acuerdo político en el que hemos participado, incrementar de manera importante las partidas originalmente asignadas por el Poder Ejecutivo a los dos grandes órganos de Enseñanza Pública: nos referimos a la Universidad de la República y a la ANEP con sus tres sectores, es decir, Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional. Reiteramos que este es un elemento positivo que tiene una contrapartida realmente negativa como es la de tener que votar el mantenimiento de la tasa del IVA a nivel del 22%. Esta medida para nosotros es realmente innecesaria. Es perfectamente posible financiar estas partidas para la Universidad y para ANEP, por lo menos en los limitados términos que vienen propuestos en este proyecto de ley, sin que se incremente el déficit. Se trata de partidas que para ambos organismos y por distintos conceptos que deben ascender aproximadamente a los U$S 25:000.000. Si examinamos las brutales economías realizadas sobre la base de la ejecución de un presupuesto anterior –que obviamente contaba con previsiones menores- aun en áreas fundamentales como son el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Transporte y Obras Públicas y el de Educación y Cultura es posible –en función de esas economías y de otras que constan en los estados demostrativos establecidos en el Mensaje del Poder Ejecutivo- asignar partidas aun mayores a la Educación Pública, sin necesidad de incrementar la presión fiscal. Pensamos que el IVA grava en forma muy injusta a los sectores más desposeídos de nuestra población. De todos modos creemos muy importante el incremento que se propone a las partidas correspondientes a los organismos de la Educación Pública. Al mismo, se acompañan otras partidas, también insatisfactorias, para el Instituto Nacional del Menor, y para el desarrollo de un programa de viviendas con destino social, que resulta imprescindible llevar a cabo en forma urgente. Se han consagrado, además, en forma muy parcial y a veces hasta discriminatoriamente, beneficios muy reducidos para algunos sectores del funcionariado público, comprendido en esta ley que hemos apoyado.

Otro aspecto positivo que quiero destacar –que recoge un proyecto presentado hace algunos meses por el señor senador Batalla y quien habla- es la extensión del servicio de garantías de alquileres de la Contaduría General de la Nación para el interior del país y también para los trabajadores de la actividad privada. Para todos aquellos que conocemos el drama del arrendamiento y de las garantías en nuestro país, podemos decir que la extensión gradual del servicio de garantías de alquileres de la Contaduría General de la Nación, cuya actuación es muy prestigiosa y le da seguridad total a los arrendadores, a sectores de la población que durante muchos años, quizás cinco décadas, han estado marginados de este beneficio, constituye un avance no sólo a nivel legislativo sino social. Esto se inició con un proyecto –que recogía algunas ideas de otro de la anterior Legislación- que presentamos hace algunos meses el señor senador Batalla y el que habla.

Deseo señalar otro aspecto positivo referido a dos artículos que se incluyeron a propuesta de nuestro sector en la Cámara de Representantes, en los que se crea un Fondo Solidario del Niño Carenciado, tomado de un porcentaje reducido de las economías, de los gastos de funcionamiento, que permitirá desarrollar una labor importante en un área donde el país tiene que actuar en forma inmediata. Para ello debe contar con recursos sustanciales para revertir el grado de pobreza extrema en que un sector importante de la niñez está sumido hoy día.

Debemos señalar que este proyecto tiene aspectos negativos, algunos de los cuales, muy sumariamente quiero comentar, sin perjuicio de alguna referencia que haré después en la discusión particular. Una de ellas, de las más graves, es que mantiene los bajos niveles de inversión pública que ya contenía la Ley de Presupuesto anterior.

Vuelvo a reiterar una idea que nuestro sector ha expuesto permanentemente y a la que he hecho referencia recientemente. Creemos que sin una importante inversión pública, el país no sale del estancamiento en que se encuentra. Esta medida es imprescindible porque, inclusive, constituirá el impulso para la inversión privada. Por lo tanto, este tema nos preocupa en forma creciente en tanto la inversión pública sigue siendo muy reducida.

Por último, dejamos expresada nuestra mortificación por tener que votar, como consecuencia de un acuerdo político destinado a lograr mayores partidas para la Educación Pública, el mantenimiento del IVA en el 22% que, tal como lo hemos dicho, era absolutamente innecesario en tanto que con las economías realizadas –aún reduciéndolas- era posible contar con partidas todavía mayores.

También discrepamos con el hecho de que se incluyan en este proyecto normas relativas al ajuste cuatrimestral de las cuotas que las familias deben pagar al Banco Hipotecario, por préstamos que ya tienen o que recibirán, para la construcción o refacción de sus viviendas. En primer lugar, creemos que esta iniciativa que hemos considerado con mucho respeto a partir de un planteamiento que nos ha hecho el señor Presidente del Directorio del Banco Hipotecario, nuestro amigo el escribano Cersósimo, no debe ser incluida en este proyecto de ley. Se trata de una discusión que debe ser planteada en una ley independiente, entre otras cosas porque se trata de un tema muy importante, que preocupa a mucha gente y que necesita de una discusión en la que participen todos los sectores interesados, tal como corresponde en un Parlamento democrático. Debemos contar con la opinión de los directamente involucrados –diría, directamente perjudicados- que no tienen la posibilidad de que en la consideración de este proyecto se cumpla con el procedimiento bicameral de elaboración de las leyes.

Digo esto porque la Cámara de Representantes deberá considerar este proyecto de ley, con las modificaciones introducidas y tal como lo enviamos desde el Senado, ya que de otro modo pasará a estudio de la Asamblea General con los riesgos consiguientes. De tal modo, entonces, la Cámara de Representantes, que constitucionalmente debe participar del proceso de elaboración de la ley en un tema tan importante, que tanto preocupa a la opinión pública y a un sector de decenas de miles de familias que están directamente involucradas en esta iniciativa, no podrá cumplir con su deber.

Por otra parte, creemos que si puede admitirse gradualmente alguna solución de reajuste que tenga una periodicidad menor para algunos sectores de deudores del Banco Hipotecario, su extensión –aún con la limitación del 26% de los ingresos del núcleo familiar- a grupos que han obtenido o logren préstamos para viviendas modestas, pero entendemos que es absolutamente injustificado en la actual realidad salarial de nuestro país. Nuestra realidad muestra que los salarios están estancados y hasta decrecen en muchos sectores y, por lo tanto, cuando el país no se desarrolla económicamente, introducir este factor es perjudicar gravemente el nivel de vida de los sectores de menores ingresos que han adquirido viviendas o que están en condiciones de adquirirlas en el futuro.

El país debe llevar a cabo, en relación con estos sectores, una política de subsidios, para los que se creó originalmente en 1968 el Fondo Nacional de Vivienda que, posteriormente, durante el gobierno de facto, dejó de aplicarse. En consecuencia, no es posible tratar a este sector de la población de la misma manera que a aquel que está en condiciones de adquirir viviendas de mayor categoría, ya que cuenta con ingresos más importantes que le permiten atender con cierto desahogo los incrementos resultantes del reajuste cuatrimestral de las cuotas. De ahí nuestra oposición de fondo y de forma a la aprobación, en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, del sistema de reajuste cuatrimestral de las cuotas del Banco Hipotecario.

Creemos, señor Presiente, que aún es posible, en lo que resta de la consideración de esta iniciativa, introducir a algunas mejoras, por lo menos, para aquellos sectores de funcionarios en los que no hay inconvenientes en relación con la iniciativa del Poder Ejecutivo como, por ejemplo, el de los del Banco de Previsión Social. A este respecto, se cuenta con un proyecto constitucionalmente tan legítimo como el presentado por el Poder Ejecutivo, de parte del Directorio de este Banco, que ha recibido además el respaldo de sus funcionarios.

Asimismo, expresamos la preocupación de nuestro sector, que hemos transmitido a todos los niveles en los últimos tiempos, por la falta de políticas de gobierno para encarar la adaptación de nuestra economía y de nuestra actividad productiva al proceso de integración regional. La Ley de Presupuesto no tenía al respecto previsiones y ello podría ser comprensible en tanto fue elaborada y sancionada en una época en la que recién empezábamos a introducirnos en este tema. Sin embargo, no es posible que un año después, en una ley como ésta, no adoptemos medidas de carácter presupuestal y financiero que atiendan a la labor del Estado uruguayo, lo hago porque reclamo políticas de Estado al respecto, es decir, políticas de unidad nacional en torno al proceso de integración que preparen al país, en las mejores condiciones, para que los riesgos que entraña este proceso puedan ser sorteados con todo éxito.

Hemos notado la ausencia de estas políticas y reclamamos por ellas. Hemos pedido que exista una política de unidad nacional que nos comprometa a todos y que nos obligue a todos a asumir las responsabilidades que surjan de este proceso. Este proyecto de ley, salvo algunas menciones dispersas y de pequeña entidad, en lo que tiene que ver con uno de los principales problemas del país –si no el mayor- no contiene previsiones ni mucho menos soluciones para que el Estado uruguayo comience a encarar, desde el punto de vista presupuestal, de la inversión, tributario, del apoyo a la actividad productiva y de la reconversión que necesariamente debe hacerse en algunos sectores, las necesidades más elementales. Reclamamos, una vez más, por estas políticas y manifestamos nuestra preocupación en tal sentido.

Quiero señalar un aspecto relevante que no está incluido en el texto que la Comisión elevó al Pleno del Senado, sino en un artículo aditivo que, aunque lleva las firmas de los señores senadores Gargano, Astori, Irisity y quien habla, en realidad es de autoría de los miembros de la Comisión de Industria y Energía de este Cuerpo. Se trata de medidas que protejan la actividad de la industria del cuero en el país, que se encuentra actualmente en una situación que puede llevarla, a corto plazo –quizás en semanas- a la paralización total. Esta situación deviene de una medida adoptada por el Poder Ejecutivo –que no niego que es consecuente con la orientación económica expuesta en la campaña electoral- por la que existe en nuestro país absoluta libertad para la exportación de cueros sin industrializar. Dicha medida podría entenderse si los países de la región contaran con disposiciones similares; pero ni Argentina, por resolución expresa, ni Brasil, debido a su riguroso régimen para exportaciones e importaciones –más allá de lo establecido por los Tratados y por las normas legales y reglamentarias- aplican la libertad de exportación de cueros. Mientras esa libertad no exista en esas naciones y se mantenga en la nuestra, obviamente las industrias uruguayas continuarán careciendo de la posibilidad de abastecerse fluidamente de esta materia prima.

Por lo expuesto, reclamamos la inclusión del texto que viene de la Comisión de Industria y Energía –firmado por los señores Gargano, Astori, Irisity y quien habla- y que nos limitamos a poner a consideración del Cuerpo, ya que no queríamos dejar pasar esta instancia, ese texto u otra redacción que persiga el mismo propósito, o sea, el de proteger a la industria nacional. Ello no supone desamparar a la producción del país. Todos admitimos que nuestra industria podrá abastecerse de cueros internamente, siempre que esté dispuesta a hacerlo según los precios del mercado internacional y no a uno inferior. Creemos necesario solucionar este tema cuanto antes porque, de otro modo, a corto plazo podemos encontrarnos ante la realidad de fábricas paralizadas y trabajadores en el seguro de paro, con un destino muy incierto. Debemos aclarar que nos estamos refiriendo a empresas muy importantes que hacen, no sólo a la producción, sino en volúmenes relevantes, a la exportación del país y al trabajo de miles y miles de obreros de la capital y del interior de la República.

Quiero asimismo comentar, por nuestra afinidad a los temas de la seguridad social, un dato que surge de los estados demostrativos de cuentas que el Poder Ejecutivo ha presentado por medio de la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal, referido al mentado déficit en la seguridad social que ha sido atribuido públicamente, en todos los discursos, al Banco de Previsión Social. Las cifras exactas de los estados demostrativos indican que en 1990 la suma de la asistencia financiera neta que el Poder Ejecutivo prestó a los Servicios de Retiros Militares y Policiales es mayor que aquella destinada al Banco de Previsión Social. Entiéndase bien que al decir esto no estoy cuestionando en absoluto, los regímenes de previsión que tienen los funcionarios militares y policiales. Es más, nunca he dicho ni diré que esos regímenes son privilegiados. En todo caso, son mejores que los que amparan a los afiliados al Banco de Previsión Social. No es mi intención proponer que los regímenes que se aplican a los funcionarios militares y policiales se modifiquen.

SEÑOR BATALLA. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. – Agradezco la gentileza del Cuerpo.

Deseo expresar que cuando en el discurso público se cargan las palabras con tanto dramatismo y, como un elemento negativo se atribuye una enorme responsabilidad al déficit del Banco de Previsión Social dentro del déficit público, debemos tener presente que este organismo sirve 700.000 jubilaciones y pensiones y a no menos de 600.000 personas, por estos conceptos aproximadamente 500.000 prestaciones por seguro de salud y una suma de asignaciones familiares que en este momento no puedo cuantificar, pero que seguramente es de cientos de miles. Además, sirve una cantidad muy importante de seguros de desempleo, todo lo cual involucra prestaciones que atienden directamente a más de un millón de compatriotas. Por otra parte, también tenemos que considerar que los Servicios de Retiros Militares y Policiales –dos organismos muy respetables, por cierto- atienden a un sector de la población que debe seguir siendo atendido pero que, seguramente, es infinitamente menor. Sin embargo, si sumamos lo que recibieron estos dos sectores en 1990, nos da una asistencia financiera neta superior a la del Banco de Previsión Social todo. Entonces, aun reconociendo que tenemos un problema con el Banco de Previsión Social y que es necesario reformar el sistema de seguridad social, entre otras cosas para darle el carácter de tal, basándonos en el principio de solidaridad entre todos los miembros de la comunidad uruguaya, no debemos "cargar las tintas" en el déficit del Banco de Previsión Social, haciéndolo responsable de los problemas del Estado uruguayo.

Deseo señalar nuestra complacencia por la labor de la Comisión Especial que estudió una parte muy importante del articulado remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Representantes, al que inclusive le incorporó algunas soluciones, por lo que se puede decir que esta primera experiencia de modificación reglamentaria llevada a cabo recientemente, ha sido muy fructífera. Por lo tanto, deberíamos repetirla, en tanto la labor de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, así como la del propio Senado, se ha visto extraordinariamente facilitada por la tarea emprendida por los colegas integrantes de esa Comisión Especial.

Finalmente, no me sentiría en paz conmigo mismo si no expresara nuestro reconocimiento a la labor desempeñada por los funcionarios que trabajaron directamente con la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda o que colaboraron con ella indirectamente. Reitero lo que manifesté cuando culminó la tarea de esta Comisión, en la mañana del domingo, en el sentido de que la dedicación de las personas pertenecientes al Cuerpo, que de una forma u otra cumplieron funciones durante el tratamiento de esta Rendición de Cuentas, ha sido invalorable, particularmente para mí, que fui el único representante de nuestro lema. Simplemente, quería dejar constancia de ello en el Senado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR TOLEDO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR TOLEDO. – Señor Presidente: no pensaba intervenir, entre otras razones, porque me sentí ampliamente identificado con las palabras pronunciadas por los distintos compañeros que integran nuestra bancada en lo que tiene que ver con la fundamentación de por qué no estamos de acuerdo con la Rendición de Cuentas. En particular, me sentí representado –luego voy a desarrollar este aspecto- por la intervención del señor senador Astori, quien posee esa rara elocuencia que le permite hacer comprensibles temas tremendamente complejos a aquellas personas que no son idóneas en economía. Otro de los motivos por los que no pensaba intervenir, además de estar estudiando otros temas y del corto lapso que integro este Cuerpo, es el hecho de que no tengo mayor dominio sobre el tema; pero pienso que hay aspectos que la conciencia nos obliga a plantear.

En primer lugar, debo decir que hoy nos hemos sentido tocados cuando aquí se ha hablado de los criterios diferenciados que ha habido con relación a la Ejecución Presupuestal. Al mismo tiempo, hemos tomado conocimiento de expresiones vertidas, por ejemplo, por algunos militares retirados que hicieron declaraciones en "Búsqueda", las que fueron citadas hoy de mañana por el señor senador Pérez. Se trata de gente de la que no quisiéramos acordarnos, a la que alguna vez nos gustaría oír decir que aunque sea en algo se han equivocado y no reivindicar aspectos que no tienen ningún sentido. En nuestra opinión, esas personas continúan siendo una amenaza para la tranquilidad de la sociedad.

Durante los años que hemos actuado en el movimiento sindical, alguna vez nos ha tocado timonear con responsabilidad la nave de la lucha social y reivindicativa en mares muy agitados. En muchas ocasiones, por actuar responsablemente, se nos ha preguntado si no le estamos pagando un peaje a la democracia, a lo que siempre hemos respondido negativamente. Puedo decir que estamos buscando un camino que nos lleve a un Uruguay en paz, en donde se pueda convivir con todas las maneras de pensar.

No tengo ninguna duda –como ha manifestado esta mañana el señor senador Pérez- de que quienes apoyan la filosofía que inspira esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, lo hacen con la mejor intención. Pero es muy duro apreciar, cuando las cifras trascienden, que hay organismos, como el Ministerio de Defensa Nacional, que han excedido largamente el 100% de lo que les fue autorizado a gastar, mientras que otros, que son vitales para el desarrollo nacional, por decisión expresa del Poder Ejecutivo, han ahorrado un alto porcentaje de lo que estaban autorizados a gastar. Cuando eso tiene que ver con la vida de la gente y con una infraestructura fundamental, no podemos dejar de preocuparnos.

En el día de ayer recibimos llamadas telefónicas de personas que habían escuchado por medios radiales las cifras de ejecución presupuestal correspondientes a unos y otros Ministerios.

Entonces, alguna gente se preguntaba si esto no es un peaje que se está pagando a la democracia. Cuando leemos en "Búsqueda" que "persiste el peligro de la subversión" pensamos en que hay personas que viven empeñadas en justificar sus funciones que, por cierto, son respetables. Sea cual sea la profesión que se ejerza, es justo que perciba una retribución digna. Pero aquí no se trata de eso sino de la cifra que se ha invertido en el Ministerio de Defensa Nacional, excediendo lo autorizado por el Presupuesto.

Hemos escuchado hablar de la necesidad de obras de infraestructura, pero no podemos imaginar el Uruguay del futuro sin la repoblación de la campaña, sin otro tipo de comunicaciones o sin la creación de viviendas o de nuevos centros poblados. Se habla de descentralizar la industria, pero es necesario repoblar la campaña para lograr un aumento de la producción agropecuaria, lo que resultará muy difícil si no se cambia de filosofía.

Hace unos meses atrás, junto con el entonces señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ingeniero Cat, estuvimos conversando con una delegación de industriales textiles. El señor Ministro nos solicitó que no aplicáramos integralmente un convenio que implicaba determinado ajuste salarial en cierto período, porque iba a aumentar la inflación. Le expresamos que ese no era un factor inflacionario y que durante más de 30 años estábamos oyendo hablar de que conteniendo los gastos y los salarios se reducía la inflación. En consecuencia, nos manifestamos en desacuerdo con esa posición. Posteriormente transcurrieron varios meses, se realizó el ajuste fiscal con la consiguiente contención de los aumentos salariales y, sin embargo, los niveles inflacionarios se mantienen, por lo que creo que esta discusión ya no tiene sentido.

Deseo dejar constancia de que aspiramos a que todos los uruguayos y las fuerzas políticas seamos capaces de coincidir con respecto a planes de desarrollo efectivos, para lo cual consideramos necesario cambiar la filosofía que ha inspirado el Presupuesto y los criterios en que se basó. Tal como se ha dicho, cuando el simple hecho de poseer un capital rinde beneficios sin riesgo, y por ello no se paga ningún tributo, es posible observar el fenómeno que hoy se da en grandes sectores de la industria nacional según el cual, para ser industrial e invertir, es necesario ser filántropo, despistado, ser muy hábil para los negocios o inclusive "habilísimo", como quienes presionando con el factor social, han estado viviendo merced a un proteccionismo equivocado. Somos partidarios de proteger la industria nacional, pero no apoyamos el proteccionismo que se ha venido utilizando equivocadamente, que ha permitido que algunos se enriquezcan mientras la industria nacional sucumbe. Me refiero a la industria que más conozco, es decir, la textil, sobre la que un técnico expresó, en una publicación del diario "La Mañana" –y hasta ahora nadie lo ha desmentido- que sólo un 30% de ella estaba en condiciones competitivas para encarar el desafío que significa el MERCOSUR. Por supuesto que coincidimos en cuanto a que más allá del IVA, que ha debido mantenerse, se han logrado recursos para la Universidad de la república y mejoras a la propuesta inicial del Poder Ejecutivo.

Esperamos que en la discusión particular sea posible mejorar algunas otras áreas y que se tome en cuenta un aditivo presentado por el señor senador Pereyra, que compartimos plenamente, por cuanto resuelve un problema gravísimo que padecen algunas industrias, surgido como consecuencia de la grave crisis por la que atraviesan y que tiende a agudizarse. Me refiero a la situación que afecta a muchos trabajadores –quizás se pueda hablar de miles- que, teniendo la edad y los años de trabajo suficientes como para jubilarse, no han podido generar el promedio jubilatorio por la desocupación existente en las industrias para las cuales trabajan o trabajaban, por lo que si se jubilaran apenas llegarían a ganar N$ 100.000 o N$ 200.000. El referido aditivo permite que, quienes hayan trabajado el tiempo necesario, tengan la edad suficiente para jubilarse y soporten la paralización de las industrias en las que trabajan, tengan la posibilidad de acogerse a una jubilación decorosa. Con esto contribuiremos a solucionar este grave problema social aportando, además, una salida para la reactivación de algunas empresas que se encuentran en dificultades. Por eso adelantamos nuestro apoyo a esta iniciativa del señor senador Pereyra.

Termino, señor Presidente, pidiendo excusas por no haber podido hacer un aporte mayor a este debate, a causa del escaso tiempo que llevo en la Cámara de Senadores y a la poca experiencia que poseo. Soy de los que creen que la única forma de que la gente tiene para entenderse es hablando y no perdemos la esperanza de que en el futuro, a la luz de la larga experiencia que estamos viviendo, podamos superar las diferencias que hoy nos dividen en torno a la filosofía económica que inspira este proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, para beneficio del país y de la gente que lo habita. Esa es la única finalidad –pienso- que nos conduce a todos a ocupar el lugar que aquí tenemos.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. – Señor Presidente: a esta altura del debate queremos hacer algunas reflexiones sobre este proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que de acuerdo con lo que dispone el artículo 214 de la Constitución, debe ser presentado por parte del Poder Ejecutivo dentro de los primeros seis meses de vencido un Ejercicio. Ello puede establecer no sólo los resultados del Balance de Ejecución Presupuestal, sino también las modificaciones que el Poder Ejecutivo estime indispensable introducir en materia de política presupuestal, naturalmente "por razones debidamente justificadas". Sin embargo, todos sabemos que es habitual –esto no es de ahora, sino algo que venimos viendo desde hace muchos años, a lo largo de nuestra larga trayectoria parlamentaria- que más allá de lo que se refiere estrictamente a la Rendición de Cuentas estas leyes vienen acompañadas de una cantidad de disposiciones que muy poco o nada tienen que ver con la política presupuestal. Desaprovechar la oportunidad de esta ley, que tiene plazos, es una forma a la que muchas veces recurren los gobiernos, e incluso nosotros mismos, para aprobar algunas ideas que cuentan con mayoría parlamentaria, pero que sería muy difícil introducir en una ley independiente. De cualquier manera, se trate o no de un vicio, es una práctica habitual en la vida de la República y pienso que así tenemos que aceptarla.

Dentro de esa cantidad de disposiciones que no tienen que ver con la materia presupuestal, hemos encontrado en esta Rendición de Cuentas algunas que consideramos de importancia y otras de menor cuantía.

Entre las normas más importantes figura, quizá, la racionalización administrativa que preocupa a este Gobierno, tanto como al anterior, y que se viene realizando actualmente bajo la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esperamos que esta labor de reorganización de los servicios del Estado pueda culminar en beneficio de la nación para lo que quizá debamos disciplinarnos, porque frecuentemente hemos visto que hay funcionarios que solicitan pasar de un organismo a otro a efectos de obtener mejores remuneraciones. Naturalmente, no lo censuramos por ello, porque además, en vistas de la exigüidad de las remuneraciones que tienen, resulta lógico que se valgan de estos mecanismos para lograr un salario mejor. De cualquier manera, esto no es lo que el estado requiere para sus servicios administrativos; no se trata de llevar a los funcionarios que necesiten aumento de sueldo, porque todos lo necesitan, sino sólo a aquellos que realmente pueden enriquecer a otros sectores de la Administración Pública, prestando funciones en un lugar distinto a aquel en el que actualmente se encuentran. En general, estas son las pautas que mueven a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Sin embargo, reitero que es frecuente que ante dicho organismo y embargo, reitero que es frecuente que ante dicho organismo y ante nosotros mismos, los legisladores, se presenten personas que encaran este tema desde un punto de vista personal –aclaro que no los censuro, en virtud de la exigüidad de las remuneraciones que perciben- que no está de acuerdo con el fin o el objetivo de una verdadera racionalización de los servicios.

Podría citar otros aspectos que consideramos importantes, pero ellos van a seguir a lo largo de esta exposición, que procuraremos que no sea demasiado extensa.

Por otra parte, existen normas de menor cuantía, sobre las que, sin embargo, hemos puesto el acento, porque ellas afectan de alguna manera el prestigio de las instituciones. Naturalmente, no pensamos que haya habido mala intención por parte de quienes las introdujeron, pero observamos que la aplicación de ciertas disposiciones puede llevar a generar alguna clase de descreimiento mayor al que, quizás en alguna forma, siempre ha existido, con relación a la actuación en el Gobierno de los representantes del pueblo.

En ese sentido, una de ellas es la que tiene que ver con la licencia de los legisladores, que establece causales especiales como por ejemplo la última, "por razones particulares", a la que me voy a referir. Podrá decirse que estoy entrando en un terreno menor, pero es importante plantearlo en este momento, debido a que posiblemente no tendremos tiempo de hacerlo en la discusión particular. Debe quedar claro que el régimen de licencia de los legisladores debe ser un instrumento usado por razones verdaderamente justificadas, no sólo de índole personal, sino también por otras que tienen relación con la función que cumplen los parlamentarios. Podría suceder que por la vía de estas licencias, por razones de índole particular, se consideraran situaciones por las cuales, sin una causa debidamente justificada, el estado viera duplicadas las erogaciones en materia de sueldos de legisladores y, de alguna manera, volvieran a repetirse las consecuencias de aquellas divisiones de mandatos que eran demasiado frecuentes en otras épocas, y que obligaron al constituyente de 1966 a formular algunas reservas o restricciones al respecto.

Asimismo, dentro de las disposiciones que podríamos considerar menores, figura aquella que hizo resurgir un proyecto de ley que estuvo a consideración de este Cuerpo, sin recibir aprobación, y que tiene que ver con los feriados. En ese sentido, se introduce una disposición por la cual durante la Semana de Turismo –que otros llaman Semana Santa- algunas reparticiones funcionarían o tendrían guardias, porque se ha entendido que constituye un exceso en las vacaciones de los asalariados en general, que hace que el país deje de producir durante ese período. Pienso que la solución de los problemas nacionales no está en la supresión de los feriados sino en otras medidas más profundas.

En Comisión dejamos sentado nuestro voto contrario a esta norma, por entender que si bien el ritmo de trabajo decrece en la capital, aumenta en forma intensa en el interior de la república, llevando allí mucha gente que no está interiorizada con esa zona del país, que se encuentra más allá de la capital y que es el Uruguay tradicional, de la cual sigue dependiendo, en general, nuestra economía y nuestras posibilidades de desarrollo. Creemos, además, que se ha hecho común el otorgamiento de licencias en estas fechas y que, de este modo, se genera un turismo interno que dinamiza la vida nacional y que hace afluir a gente de la capital hacia el interior, en busca de los maravillosos panoramas que ofrece nuestra campaña y de los atractivos que quienes no somos de Montevideo tenemos el privilegio de conocer profundamente. Estos son aspectos de relativa importancia que he mencionado ahora, ya que no sé si dispondré de tiempo para hacerlo en la discusión particular.

Indudablemente hay dos puntos que son los más importantes de la Rendición de Cuentas: los resultados numéricos del Balance de Ejecución Presupuestal y la política proyectada en esta ley, es decir, las modificaciones que, según la Constitución, tienen que ser "debidamente justificadas".

En cuanto a los resultados numéricos, tanto legisladores que representan la tendencia del Poder Ejecutivo como de la oposición, han hecho referencia a ellos, a los que han dado interpretaciones distintas y, en algunos casos, han tenido importantes diferencias al respecto. Todos los Senadores tienen presente estos resultados y, por lo tanto, han formado el juicio que les merecen. Además de las cifras que han sido manejadas por los señores senadores en sus diversas intervenciones, puede apreciarse que, por unos y otros, se ha destacado muy especialmente el descenso del déficit fiscal. Este se ha reducido del 2.5% previsto en el momento de la ejecución presupuestal al 1.3% del Producto Bruto Interno. Algunos colegas han considerado esto como una conquista; creo que es por lo menos un dato positivo y tenemos que celebrar, naturalmente, que así sea. No obstante, otros compañeros del Cuerpo objetan que esa reducción del déficit se ha hecho a un algo costo social. Personalmente, compartimos esta opinión, porque efectivamente se han retaceado recursos para necesidades imperiosas e impostergables de la sociedad, que deben constituir un objetivo esencial de cualquier gobierno y bajo cualquier política o línea económica. Entre esas necesidades sociales figuran, según la apreciación de cada uno, por su orden, la salud, la justicia, la educación, etcétera.

En cuanto a la salud, creemos que, evidentemente, el Gobierno ha establecido prioridades, pero no sólo faltan en el país los medios, sino una reorganización total en esta materia. Se anuncia en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la creación de un Sistema Nacional de Salud. En este sentido, recuerdo que los Senadores nacionalistas presentamos en la Legislatura pasada un proyecto, por el que pretendíamos crear dicho Sistema, que abarcara la asistencia a la totalidad de la población, es decir, que los servicios fueran prestados en forma general e igualitaria. Para ello es necesario la coordinación de todos los elementos materiales y humanos de que el Uruguay dispone para la atención de esta área. De esta forma, se ganaría eficacia y se obtendrían buenos resultados económicos.

En este país pequeño, donde las distancias son cortas -y lo son cada vez más, dado el avance de los medios de comunicación- vemos cómo aparatos de diagnóstico y de tratamiento muy costosos suelen tener una capacidad ociosa enorme, ya que falta la necesaria coordinación para que realmente estén al servicio de la sociedad. Indudablemente, es gracias a su esfuerzo que esta tecnología se ha introducido en el país, a través de las divisas empleadas.

Tenemos la esperanza de que en este período de Gobierno se concrete la creación de este sistema. Vemos que más allá de algunas discrepancias circunstanciales, debemos decir que hoy está al frente del Ministerio de Salud Pública un hombre de reconocida capacidad. Quienes hemos trabajado en distintas Comisiones de Presupuesto, hemos venido apreciando sus profundos conocimientos administrativos. Aun cuando no es un técnico en materia de salud, creemos que su capacidad, su inteligencia, su visión de los problemas nacionales, ayudarán a hacer realidad ese Sistema de Salud general, igualitario y justo, que todos reclamamos como una necesidad elemental e impostergable para nuestra sociedad.

SEÑOR ABREU. - Apoyado.

SEÑOR PEREYRA. - En materia de Justicia, se ha estado discutiendo desde el Gobierno anterior, entre la aprobación del Mensaje del Poder Ejecutivo y la propuesta del Poder Judicial. Es sabido que la Constitución otorga a los Legisladores la posibilidad de optar entre uno y otro. Naturalmente, en el Mensaje del Poder Ejecutivo está incluida la financiación correspondiente, hecho que no necesariamente ocurre en el del Poder Judicial. Esto ha originado distintas interpretaciones sobre lo que podría constituir aprobar el Mensaje de cualquiera de los organismos del artículo 220 de la Constitución sin el debido crecimiento de los recursos que se destinan a mantener el equilibrio presupuestal.

Estábamos señalando que esas carencias que la política actual ha provocado en razón de su objetivo fundamental -proclamado desde el comienzo de esta Administración- de abatir la inflación y los gastos del Estado determinan que se vayan postergando estas necesidades sociales. En el área de la Justicia, nos parece que su función tiene una enorme significación, ya que su administración es el pilar fundamental para la pacífica convivencia entre los habitantes de un país.

Entonces, toda falla de la Justicia repercute en la paz social y en el espíritu con que la gente encara la interrelación social.

Por eso es que resulta absolutamente imperioso dotar a la Justicia de los medios necesarios para que funcione correctamente, puesto que de ello dependen valores esenciales para la convivencia entre los hombres.

Entre las necesidades sociales que enumeramos, señalamos a la enseñanza, esa Educación Pública uruguaya que ha constituido motivo de legítimo orgullo durante muchos años, para todos los uruguayos, más allá de banderías políticas. Desde la formidable obra llevada a cabo por José Pedro Varela hasta nuestros días, la enseñanza pública en el Uruguay fundamentalmente en la escuela pública, ha sido motivo, repito, de ese legítimo orgullo a que hacíamos referencia. Pero, actualmente, la enseñanza en el Uruguay dista mucho de ser la que era apenas hace unos años. Como consecuencia de la crisis económica que ha envuelto al país, esa enseñanza ha decrecido en su jerarquía, en sus valores y han aumentado sus carencias, comprometiendo su prestigio. La falta de recursos ha generado educadores mal pagos, que tienen apuro en partir para otro trabajo, que no concurren a sus clases con el mejor ánimo para enfrentar la delicada función que constituye la acción docente ya que, naturalmente, viven angustiados por las carencias económicas derivadas de un bajo salario, tal como aquí diversos oradores ya han manifestado.

Se trata de una enseñanza que, en la medida en que se acrecientan las necesidades, en lugar de ver aumentar la edificación escolar, la ve envejecer, deteriorarse, al punto de que, actualmente, muchas escuelas constituyen verdaderas ruinas difíciles de recuperar. Lo mismo sucede con los liceos y, en la medida en que esto continúe, creemos que llegará la época en que al Uruguay le va a resultar imposible recuperar esos edificios, y no ya aumentar el número de los mismos.

Asimismo, es una enseñanza impartida en malas condiciones ambientales, con clases repletas de alumnos, con maestros mal pagos y con falta de material didáctico y podríamos continuar con la lista de carencias.

Este es el panorama de una enseñanza que, tal como decíamos, ha visto decrecer el prestigio de que gozó en otras épocas.

Volviendo al tema concreto de la escuela pública, vemos que de la misma manera que en Educación Secundaria crece la matrícula a pasos agigantados, en Primaria la misma decrece y aumenta la de la enseñanza privada.

Queremos decir que no estamos en contra de la enseñanza privada, no decimos que sea mala o inconveniente y menos que no se tenga derecho a ella, puesto que la libertad de enseñanza está establecida en la Constitución de la República. Sin embargo, lo que sí queremos expresar es que en este momento se está produciendo, no sólo una traslación del alumnado que antes iba desde la escuela pública hacia la privada, sino que ésta genera una discriminación en el orden social que no resulta tolerable y admisible en una democracia y mucho menos en una como la nuestra, de larga continuidad, pese a algún período de eclipse muy breve, pero igualmente prestigiosa y arraigada en el espíritu de nuestro pueblo.

Esa discriminación consiste en el hecho de que hoy la escuela pública comienza a ser la escuela de los pobres, la de aquellos que no pueden pagar la enseñanza privada y ello, repito, constituye una discriminación en el seno de nuestra sociedad que hiere al espíritu de mucha gente y destruye o anula el sentido de igualdad y justicia que debe caracterizar la vida en democracia.

La carencia económica generada por la crisis y por la búsqueda de superación de la misma dentro de una línea económica que nos merece reparos -aunque, naturalmente, tiene su difusión en el mundo y está inspirada en sanos propósitos, a nuestro juicio, muchas veces equivocada- ha generado el empobrecimiento de gran parte de nuestra sociedad. Así, vemos: hacinamiento en las zonas periféricas, falta de vivienda, de servicios públicos y el crecimiento de una delincuencia de la que nos quejamos todos los días sin apreciar que, más allá de las condiciones personales o de factores hereditarios que pueden incidir en algunos individuos, es el medio social y económico en que viven el que, muchas veces, genera los delitos de que nos quejamos, así como las deformaciones en el espíritu de alguna gente.

Todas estas carencias que, en definitiva, significan falta de fuentes de ocupación como consecuencia de un ahorro económico, nos han llevado a presenciar el fenómeno de la emigración, de la búsqueda de trabajo fuera de las fronteras nacionales, del uruguayo que deja su tierra, su familia y va a labrar su porvenir en otros lugares.

Curiosamente, hace pocos días -creo que fue el martes pasado- en este Cuerpo estudiamos la posibilidad de que extranjeros vinieran a vivir en el Uruguay. Pese a que esta preocupación tiene una justificación muy amplia en el proyecto y que, en algunos aspectos puede ser compartible, no deja de ser una paradoja el hecho de que, por un lado, estemos procurando que vengan extranjeros a radicarse en el país y, por otro, dejemos crecer las condicionantes que generan la despoblación del mismo por parte de los nacionales. Existe emigración de inteligencia y esfuerzo que Uruguay podría aprovechar, generados como consecuencia de esa prestigiosa enseñanza a que hacíamos mención hace unos momentos y que se ha ido perdiendo en esa verdadera sangría humana que significa la emigración, el bajo crecimiento demográfico y que, naturalmente, es consecuencia directa de la crisis en que el país se ha visto envuelto.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite, señor Presidente? Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Cassina.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

SEÑOR PEREYRA. - Otro de los aspectos que se señalaron en oportunidad de tratarse tanto esta Rendición de Cuentas como el Presupuesto Nacional -también se había hecho referencia a él frente a la política presupuestal del anterior Gobierno- es el relativo a la baja de la inversión. Este asunto ya ha sido mencionado en el día de hoy, entre otros, por nuestro compañero, el señor senador Singlet, quien actuó en la Comisión que estudió el Plan de Inversiones.

Obvio es reiterar la importancia que tienen las inversiones para el desarrollo económico del país. También se ha manifestado -compartimos esta opinión- que de mantenerse la situación actual -que es la misma que se vivió en el período anterior y en gran parte del Gobierno de facto- el inversor privado -no ya la inversión pública, que tiene como causas las ya señaladas- va a encontrar mucho más atractiva la inversión en el campo de la actividad financiera que en el de la netamente productiva. Como le va a resultar mucho más redituable, más seguro o garantizado y menos riesgoso, este inversor se dedicará a las maniobras financieras y no incursionará en el campo de la economía real, donde se genera la auténtica riqueza.

Otro de los temas a que se hizo alusión en la sesión de esta mañana -también muy caro para nosotros- es el de la descentralización del país.

No pedimos que en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas se instrumentara profundamente la descentralización, pero cada vez que no atendemos debidamente los reclamos de los Gobiernos Departamentales del interior, cada vez que pensamos en echar mano de las partidas destinadas a ellos, en síntesis, cada vez que buscamos de una u otra manera cercenar su acción, estamos frenando la acción descentralizadora , puesto que en ella deben estar a la vanguardia los Gobiernos Departamentales del interior. Para ser estrictamente justos, debemos señalar que bajo este Gobierno se han concretado importantes planes, que comenzarán a intensificarse en el próximo Ejercicio, generados por préstamos internacionales, fundamentalmente del Banco Interamericano de Desarrollo. Me refiero, por ejemplo, a obras de caminería rural y de infraestructura, que van a servir de base al desarrollo económico que el país está reclamando.

Con respecto a este proyecto de ley, donde se recoge y concreta esta política económica, no podemos pasar por alto la política seguida por el Banco Central del Uruguay. Hace poco tiempo este Senado tuvo oportunidad de conocerla profundamente y de pronunciarse acerca de ella, en términos que significaron una censura a los Directores de esa Institución. Por supuesto, esa censura no tenía carácter obligatorio en el sentido de provocar la renuncia de los Directores, ya que no responde a una disposición constitucional. Sin embargo, tuvo -y tiene- un efecto moral indudable; fueron 18 los votos que señalaron que estos Directores del Banco Central debían ser separados de sus cargos. O sea que ya ni siquiera estamos exigiendo que se modifique la política económica que gusta al actual Poder Ejecutivo, sino que se cambie a los hombres que la han llevado a extremos que, a nuestro juicio, no sólo no son los mejores, sino que resultan profundamente perjudiciales para el país. En este sentido, voy a señalar dos casos concretos.

En primer término, voy a mencionar la política seguida por el actual Directorio del Banco Central con respecto al Banco de la República, tratando de anularlo como Banco de fomento, al servicio del desarrollo nacional. Descarto que en esto haya una intención aviesa; por el contrario, es la consecuencia de una concepción económica, de una especie de dogma en materia de línea económica, que lleva en esa dirección. A principios de este año, integrantes del Partido de Gobierno estuvimos reunidos en varias oportunidades, preocupados por este tema. Entendemos que el Banco de la República tiene que seguir siendo la palanca para el desarrollo nacional; no puede ser convertido en un Banco igual a los demás, con fines comerciales. Como ha sido tradicional, el Banco de la República debe poder conceder préstamos de capital a tasas promocionales para impulsar el desarrollo económico del país. Una sola medida ha afectado profundamente la política de esta Institución: la prohibición de emplear los fondos que la Tesorería del Estado deposita en ella. A pesar de que nunca le faltó al Erario disponer de los fondos de esa cuenta, esos depósitos del Tesoro Nacional permitían rebajar las tasas de interés para la actividad agropecuaria e industrial, es decir, para la producción en general. Se puede afirmar que esa era una forma de resarcir a la población por todo el esfuerzo que hace para pagar los impuestos que el Estado le reclama; que esos préstamos y tasas de interés promocionales provocaban, de alguna manera, la dinamización de las fuerzas productivas del país, asistían a la población y, reitero, significaban una cierta devolución como contrapartida de lo que la población aporta mediante los impuestos.

En segundo lugar, me voy a referir a la política de contención frente a la gestión del Banco Hipotecario del Uruguay. Al igual que en la Legislatura anterior, se ha sostenido que esa masa dineraria destinada a construir viviendas genera inflación, por lo que hay que frenarla y reducir la inversión con ese destino, olvidando que el más elemental y primario de los derechos del ser humano es el derecho a la vivienda, al techo.

En estos últimos días, esta política estuvo a punto de generar una situación dramática para el país. De paralizarse -como parecía inevitable- la construcción de viviendas, aproximadamente 7.000 trabajadores pasarían al seguro de paro. La magnitud de la crisis social que esto provocaría obligó a ciertas rectificaciones que permitieran continuar, si bien atenuado, el ritmo de construcción de viviendas. Eso también llevó a que algunos Legisladores apoyáramos en esta Rendición de Cuentas, una forma de capitalizar al Banco Hipotecario, sobre todo en momentos en que viene perdiendo recursos a ritmo acelerado.

Es necesario que expliquemos esto porque en oportunidad de considerarse el Presupuesto y frente a la interpretación de la norma que establecía los ajustes cuatrimestrales fuimos de los que votamos la Ley Interpretativa que señalaba que éstos se aplicarían a los futuros contratantes con el Banco Hipotecario. Recordarán los señores senadores -y así figura en la versión taquigráfica- que al fundamentar nuestro voto dijimos que esto respondía a lo que creíamos honestamente era el resultado de un acuerdo político efectuado en el momento de confeccionarse el Presupuesto.

Debido a la dramática situación por la que atraviesa el Banco Hipotecario y teniendo en cuenta, además, algunas garantías, hoy estamos dispuestos a apoyar la disposición que viene en esta Rendición de Cuentas, en la que se establecen dos franjas: los contratantes de menores recursos y los de mayor poder económico, es decir, aquellos que han adquirido viviendas modestas y quienes han accedido a otras de mayor categoría. Para los primeros los ajustes serían semestrales, mientras que para los de mayor poder económico serían cuatrimestrales.

Lo que nos llevó a votar esta disposición fue el límite que se estableció en el artículo a que hago referencia, que ya es tradicional -o que, por lo menos, en alguna época fue utilizado en las leyes de alquileres- y que refiere a que el resultado de ese ajuste no puede sobrepasar el 26% de los ingresos familiares con carácter permanente. Nos parece que por medio de este mejoramiento al sistema de ajustes dado por el establecimiento de franjas y con esta garantía que consiste en que la cuota a pagar al Banco no supere el 26% de los ingresos familiares podemos dar solución a este problema, impidiendo la parálisis de la construcción de viviendas y, por ende, que queden sin trabajo 6.000 ó 7.000 obreros en el país.

En este proyecto de ley de Rendición de cuentas tenemos una situación muy peculiar: hay una ausencia de nuevos recursos presupuestales. Nuevos impuestos no fueron incluidos en la Rendición de Cuentas, sino que, por vía separada, viene un proyecto de modificación de tributación para el agro, que si bien fue presentado en Comisión y acompaña estos antecedentes, a pedido de algunos señores senadores seguramente será estudiado en otro momento. En consecuencia, los recursos para esta ley debían ser el fruto de las economías que se han hecho en diversos estratos de la Administración Pública.

Hemos hecho referencia a la tributación, al proyecto de ley que va a venir a consideración del Cuerpo y también a la disposición que la mayoría de los miembros de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda acordó establecer en cuanto a la permanencia, más allá del 31 de octubre de este año, del punto que se ha agregado al IVA, que debía cesar en esa fecha y que, por esta disposición presupuestal, se prolonga en el tiempo como única forma de obtener los recursos necesarios, como bien se ha señalado, a fin de contemplar algunas necesidades impostergables de carácter social, a las que ya hemos hecho mención. En lo que tiene que ver con este tema impositivo, queremos reiterar lo dicho durante la Legislatura anterior en ocasión de tratarse este tipo de leyes: somos partidarios de que descienda ese porcentaje de más del 80% de los ingresos en materia impositiva que derivan de impuestos indirectos. Se pensará que es paradojal que mencionemos esto en momentos en que se mantiene ese punto en el IVA, pero como lo han señalado varios señores senadores, ésta era la única forma de atender de manera inmediata las necesidades impostergables, como lo son las de la enseñanza media, de la Universidad de la República y del Instituto del Menor.

En cuanto al nuevo sistema impositivo para el agro, deseamos informar, a modo de adelanto, que el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, previo al discurso pronunciado en el Prado, tuvo la amabilidad de comunicarnos los lineamientos generales que tenía al respecto, señalando -como lo hizo en el discurso pronunciado en la Exposición de la rural- que aquél significaba una baja de la presión tributaria, a efectos de estimular al sector. Si bien creemos que es así, pensamos que más de una disminución de la presión tributaria en este sector, lo que importa es llegar a la racionalización de la política impositiva. Al respecto, manifestamos al señor Ministro -y hoy lo reiteramos aquí- que seguimos siendo partidarios de una política de carácter finalista para el agro nacional como una manera de proceder a la transformación de nuestra producción agropecuaria, en el sentido de intensificar la extracción de riquezas que genera nuestra tierra, tendiendo a una explotación más racional y de mejores resultados para el país. No obstante, debemos reconocer algunas virtudes que el nuevo sistema tiene. Si bien éste no tiene un carácter finalista -como lo eran el IMPROME y el IMAGRO, que nunca llegaron a aplicarse integralmente en el país- posee esta iniciativa algunos aspectos destacables.

Así se atiende un reclamo de los productores rurales en lo que tiene que ver con la no proliferación de vencimientos impositivos que llevaban a una permanente búsqueda de recursos para dar solución a los mismos. Evidentemente, en esta iniciativa el pago se verá facilitado porque, de aprobarse estas medidas, el productor cumplirá cuando genere utilidades resultantes de una venta. Sin embargo, debemos señalar que al extenderse este tipo de imposición a todos los sectores de la producción agropecuaria, habrá algunos, como el hortícola y el frutícola -en general, la granja y todo lo vinculado con ella- que se verán afectados por un impuesto que no los gravaba, muy difícil de percibir, de controlar y que, de alguna manera, incidirá sobre el trabajo y la situación económica y social de los pequeños productores del país. En caso de aprobarse esta norma, sin duda, esta situación deberá ser atendida, pero a esto nos referiremos cuando el tema sea analizado en particular. Decía, señor Presidente, que más allá del mantenimiento del 1% del IVA, no hay más cargas fiscales; por lo tanto, las necesidades sociales a que hacíamos referencia hace un momento, no han podido ser atendidas, por lo menos, integralmente.

No creemos que Uruguay esté saturado en materia impositiva, sino que la carga está mal distribuida. El solo hecho de que el 83% u 84% de los ingresos que recauda el Estado por concepto de gravámenes estén generados por la vía indirecta, demuestra que lo pagan la gran masa de la población que, precisamente, no son los más pudientes.

En el momento en que este gobierno adoptó como una de sus primeras medidas -frente al déficit fiscal y a la necesidad de la reforma jubilatoria- la implantación del ajuste fiscal, en abril o marzo del año pasado, expresamos nuestras discrepancias con las fuentes de financiación que provenían de los asalariados y jubilados. En aquella ocasión, propusimos la creación de un impuesto a la renta personal, puesto que ésta es, en realidad, una renta personal, reitero, al asalariado y al jubilado, ya que deja fuera los demás sectores. A nuestro juicio, un impuesto generalizado a la renta, sigue siendo la mejor medida. Naturalmente atendimos la protesta del Poder Ejecutivo respecto a que no podía instrumentarse de inmediato, y que sus necesidades eran urgentes. Sin embargo, estimamos que es el gravamen que debería aplicarse para obtener una justa distribución de la carga impositiva. No obstante, creemos que pueden existir otras fuentes de financiamiento.

Al respecto, en las breves reuniones que celebramos con algunos señores Legisladores que estaban dispuestos a llevar adelante la aprobación de esta Rendición de Cuentas, manejamos la posibilidad de aplicar algún nuevo impuesto.

Es evidente que hay un enorme sector de la población que vive muy mal y que no puede pagar los impuestos, o si lo hace, se ve enfrentado a carencias importantes. También hay un grupo, quizás no muy grande en cuanto al número, pero de un gran poder económico, que no se ve afectado, por lo menos, en la forma debida. A vía de ejemplo, los activos bancarios tienen en la actualidad una pequeña imposición que se ubica en 1.75%. Si esa tasa se hubiera aumentado en uno o medio punto, según el caso, se habría generado entre U$S 5:000.000 y U$S 10:000.000. Se trata de una cifra importante, si tenemos en cuenta las carencias a que nos vemos enfrentados.

Pensamos igualmente que en nuestro país se sigue operando una alta concentración de tierras y que la pequeña propiedad va desapareciendo. Este hecho lo podemos constatar continuamente, a través de las taperas que vemos a lo largo de los caminos y rutas, y de la concentración de gente en la ciudad. Creemos que la implantación de un impuesto progresivo, a partir, por ejemplo, de las 5.000 hectáreas, generaría algunos millones de dólares, que aunque no sería mucho, resultarían suficientes para atender las necesidades sociales que hemos mencionado.

Por otra parte, una de las novedades negativas que se pueden apreciar en Uruguay, es el incremento de nuevas formas de juego que atraen a la población. Está demostrado que cuanto más empobrecida está la gente, busca, a través del azar, la posibilidad de salir de la angustiosa situación en que se encuentra. Ese enorme volumen de juego que se mueve semanalmente, brinda la oportunidad de que se acreciente sobre él algún tipo de carga impositiva, que serviría para atender esas necesidades sociales. Sería bueno que ellas fueran satisfechas mediante la explotación de un vicio generalizado como es el juego.

De modo que no nos hemos limitado a lamentarnos o a protestar contra el Poder ejecutivo, su política económica o algunos de sus gestores, sino que hemos ofrecido actitudes de alternativa que, naturalmente, estamos dispuestos a replantear en cualquier momento. Reitero que en Uruguay hay gente con mucho poder económico que no contribuye debidamente a atender las necesidades sociales a que hemos hecho referencia.

Por otra parte, ya se ha señalado -pero nosotros queremos hacerlo una vez más- que la preocupación fundamental de los miembros de la comisión -aclaro que me estoy refiriendo a todos- fue la de atender los reclamos harto justificados de la Universidad de la república, de la enseñanza media y del Instituto nacional del Menor. Como respuesta a sus demandas, se destinó U$S 10:000.000 para la Universidad de la República, que celebró como conquista importante, dado lo exiguo de los recursos de que disponía anteriormente. Al mismo tiempo se concedió U$S 2:000.000 para hacer frente a las necesidades del Hospital de Clínicas. Asimismo, se facultó a la Universidad para que cobre una matrícula a los alumnos con mayores recursos. Esto ha generado una discusión, tanto en el ámbito parlamentario como fuera de él, en virtud de la fuerza de la tradición que en este país tiene la gratuidad de la enseñanza.

Sin embargo, en los actuales momentos de crisis, creemos que no está de más que hayamos otorgado esta facultad que, en última instancia, será aplicada en caso de considerarse necesario.

En definitiva, hemos procurado que esta Rendición de Cuentas atienda las necesidades imperiosas de la enseñanza. A nuestro juicio, la Comisión ha procedido bien en aprobar estas cifras para la enseñanza y en mantener el prestigio que siempre la ha caracterizado. Esperamos que el Senado actúe de igual manera. No debemos olvidar que, a falta de otras riquezas, siempre hemos tratado de formar el elemento humano que caracteriza a nuestro país, que es el resultado de la educación pública.

Finalmente, digo que la importancia de los temas que hemos debatido a lo largo de esta Rendición de cuentas muestra una vez más la verdad que sostenía un gran legislador que tuvo este país, cuando al terminar una exposición de este carácter señalaba que el destino de los uruguayos dependería de la acción de sus educadores y de sus políticos; educadores que abran campo a la cultura que dignifica la vida de l hombre y que da las condiciones para el crecimiento integral del país, en lo material y en lo moral, y políticos que encaucen por la senda de la democracia la vida de la República. Maestros y políticos tienen la obligación de mantener el prestigio de la enseñanza y de la democracia nacional, pero, en última instancia, somos los políticos los que tenemos que dar a los educadores las condiciones necesarias para cumplir su misión. Hoy éstos sólo pueden exhibir su vocación, su amor por la educación y por los jóvenes de este país; poco les llega por la vía del Estado. Procuremos, entonces, como responsables de la conducción del país satisfacer necesidades que están íntimamente unidas a la calidad de vida de los uruguayos y al prestigio y la dignidad de la República.

Es todo cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: encontrándose en discusión general este Proyecto de Ley de Rendición de cuentas y Balance de ejecución Presupuestal del Ejercicio 1990, en nombre de nuestro sector, el Batllismo Radical, deseamos dejar formuladas algunas reflexiones.

Comenzamos por informar que votaremos esta Rendición de Cuentas procurando mantener la misma línea de conducta sostenida por nuestro sector en ocasión de que este Mensaje del Poder Ejecutivo fuera considerado en la Cámara de Representantes. Esa conducta consistió en que los gastos debían nivelarse con los ingresos, teniéndose presente especialmente que éstos se iban a reducir de acuerdo con lo aprobado oportunamente por la Ley de Presupuesto. Por un lado, tenemos lo recaudado por concepto de impuesto a las retribuciones personales que ya comenzara su reducción a partir del 1º de enero de 1991, con dos etapas descendientes sucesivas, una a partir del 1º de julio y la otra, del 1º de enero de 1992; y, por otro, en lo que concierne al Impuesto al Valor Agregado, la rebaja de un punto del IVA, pasando del 22% al 21%, a partir del 1º de noviembre de 1991.

En buen romance, esto equivalía a que tanto el nivel del gasto actual más el que proyectara el Poder ejecutivo en ocasión de remitir el Mensaje de Rendición de Cuentas, o sea, la suma de U$S 82:000.000, debía ser atendido exclusivamente con ahorro del conjunto del presupuesto. Dicho de otro modo, los aumentos de gastos y la disminución proyectada de ingresos no debía enjugarse con nuevos impuestos.

Como corolario de esa línea de conducta, en la Cámara de Representantes se procuró mantener el nivel del gasto proyectado por el Poder Ejecutivo, pero reservándose el derecho de transferir gastos de un organismo a otro en la medida en que se compensara con ahorros obtenidos de este Presupuesto. Esa línea de conducta fue conocida y aceptada por el equipo económico de Gobierno y también por la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en oportunidad de discutirse este proyecto de ley.

Teniendo presente que en esta Rendición de Cuentas en su pasaje por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se aumentó el nivel del gasto aprobado en la Cámara de Representantes y que, además, se incrementó la carga impositiva al prorrogarse la vigencia del nivel actual de la alícuota del 22% del IVA, nuestro sector, el Batllismo Radical, consecuente con aquella conducta señalada en la otra Cámara, no habrá de votar los aumentos de gastos, ni la prórroga de la alícuota del 1% del IVA, en consideración a las razones formuladas.

Por otra parte, señor Presidente, corresponde señalar que al adoptar esta actitud no cuestionamos la justicia del gasto. ¿Quién, acaso puede cuestionar que destinar mayores fondos a la educación no es justo? ¿Quién puede cuestionar que votar mayores recursos para la Justicia, la salud o la vivienda no es justo? Pero el tema, a nuestro modo de ver, no pasa por la justicia del destino de los fondos que se aplican, sino de cómo deben financiarse esos gastos. En la Cámara de Representantes se habían atendido aumentos de gastos, por ejemplo, para ANEP y para el INAME, pero esos incrementos se habían logrado a través de ahorros obtenidos de otros organismos en esa línea de acción o de conducta que señaláramos, o a través de la atención directa de la "escuela carenciada" por contribuyentes que pueden luego deducir parte de la misma de impuestos. Como consecuencia, en función de ello y atendiendo la justicia de los gastos que se proponían aumentar en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, nuestro sector planteó oportunamente que ese incremento de gastos fuera atendido a través de ahorros en otros organismos cuyos presupuestos venían aumentados, como por ejemplo es el caso del Inciso 02 "Presidencia de la República", o el de los fondos que se destinan para atender el pago de aportes adeudados por las Intendencias Municipales del interior al Banco de Previsión Social.

Nuestra propuesta no fue atendida por la mayoría de la Comisión y, en cambio, el aumento del gasto que se propone se financia con mayores impuestos, incrementándose el Impuesto al Valor Agregado que, como todos sabemos, su alícuota del 22%, debería, al 31 de octubre de 1991, disminuir al 21%. Sin embargo, ahora se sugiere prorrogar la alícuota del 22% por catorce meses más. A nuestro entender, con ese aumento de los impuestos se ha desatendido, en primer lugar, la línea de acción presupuestal que se había acordado en la Cámara de Representantes.

En segundo lugar, a nuestro juicio, se desatiende lo que el Poder Legislativo le había encomendado al Poder Ejecutivo en oportunidad de sancionarse la recordada Ley de Ajuste Fiscal (Ley Nº 16.107 de 31/3/90) -especialmente señalada en una disposición expresa- en el sentido de que se adoptaran las acciones que condujeran a reducir las erogaciones estatales a efectos de disminuir la carga tributaria que pesaba sobre la sociedad. En cambio, el IVA se prorroga en el 22% y los gastos de Administración Pública no se reducen; al contrario, se aumentan.

Queremos recordar que en ocasión que se votara la Ley de Ajuste Fiscal -es decir, el aumento del punto del IVA del 21% al 22%- fundamos nuestro voto afirmativo diciendo que lo hacíamos atendiendo a las necesidades que sufría el Erario y, además, teniendo en cuenta su transitoriedad (era por un año). Expresamos que no se trataba de un aumento conveniente por cuanto el impuesto al valor agregado tiene, entre otras un par de virtudes que señalé en esa oportunidad. En primer lugar, este impuesto grava el consumo sobre el valor que se agrega en cada etapa de la circulación de bienes o de la prestación de servicios, evitando ser un impuesto multiplicador. En segundo término, el otro punto a favor que le encuentro es que se autocontrola. Sin embargo, en la medida que el impuesto aumentó en su alícuota, corre el riesgo de perder esas virtudes por cuanto la mayor alícuota es una invitación a la evasión. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el MERCOSUR significa una realidad -recuerdo que cuando se votó la Ley de Ajuste Fiscal esa realidad no existía- desde que el país, por unanimidad de todos sus sectores políticos expresó la voluntad de incorporarse a ese acuerdo regional. Entonces, continuar con una alícuota del IVA del 22% desacomoda a nuestro país con respecto a sus vecinos. En un simple análisis comparativo, considerando la tasa básica, Uruguay continúa teniéndola por encima de la que presenta Argentina que es del 18% y también de la que tiene Paraguay, que es del 0%.

Esta situación preocupa a nuestro sector político porque el mantener alícuotas de impuestos indirectos como es el caso del IVA por encima de los niveles de tributación de los países vecinos, en buena medida está afectando a nuestro sector productivo. Además, debemos recordar que en el propio MERCOSUR se establece entre sus normas -consta en uno de los literales del artículo 1°- la necesidad de armonizar la legislación. Una de ellas deberá ser la materia tributaria. Nuestro país, al prorrogar una alícuota del IVA del 22% por encima de dos países integrantes del MERCOSUR, está colocando al sector productivo en una situación desventajosa.

En esta oportunidad el Batllismo Radical reitera su propuesta en el sentido de reducir sustancialmente la alícuota del IVA y extender la base imponible, con lo que se lograrían efectos importantes para nuestra economía. Pensamos que desde el punto de vista tributario, la alícuota del IVA reducida y una base generalizada permitirían una mayor justicia al evitar la discriminación que se produce en la actualidad y, en segundo término, aumentaría la neutralidad del impuesto que, en definitiva, es uno de sus mayores atributos; en tercer lugar, se lograría una menor evasión y, consecuentemente, una mayor recaudación tributaria, que es lo que todos perseguimos a través de este instrumento.

Así como reiteramos esta propuesta de nuestro sector político, tenemos la honestidad de reconocer que esta iniciativa fue formulada en su oportunidad por el Ministro de Economía y Finanzas. A través de esa línea pensamos que estaremos colocando en una mejor situación económica al país a fin de poder enfrentar el desafío regional que se nos aproxima cada día que transcurre.

En función de estos conceptos, no podemos dejar de preguntarnos en voz alta en el sentido de que luego que este Parlamento ha aceptado que Uruguay ingrese al MERCOSUR, contando con la mayoría de todos los sectores, ¿es ésta acaso la mejor Rendición de Cuentas que podemos darle a nuestro país? Por otra parte, nos resistimos a aceptar que dentro de este contexto no procuremos de alguna manera aliviar la carga que el sector productivo debe soportar como consecuencia de un Estado cada vez más grande y sobredimensionado, cuya ineficiencia es trasladada con mayores costos a los productores, quienes quedarán en desventaja frente a los de los países vecinos.

Creemos que ahora más que nunca, más que en marzo de 1990 en oportunidad de que votáramos la Ley de Ajuste Fiscal, deberíamos encomendar al Poder Ejecutivo que reduzca sus gastos y la carga tributaria que pesa sobre la sociedad en su conjunto. Nos preguntamos en esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal -la primera que consideramos luego de haberse aprobado por este Parlamento el Tratado del Mercosur- si acaso se ha procurado que nuestra economía está en condiciones de competir frente a los países vecinos.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

-Por otra parte, a tres años de que el Tratado del MERCOSUR comience a operar, es decir, a tan escaso tiempo de que se inicie el desafío, ¿estamos colaborando acaso con la economía en su conjunto al incrementar los gastos y los impuestos? ¿Responde este Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas al pensamiento reflejado en forma unánime en el Senado de la República en momentos de haberse discutido el Tratado del Mercado Común del Sur y la necesidad de reconversión productiva del país en su conjunto y, en especial, la de los sectores privado y público? ¿Estamos, en función de estas ideas que aquí se expresaron, colaborando con la reconversión productiva del sector público por medio de la iniciativa que estamos considerando?

Todas estas son interrogantes que uno deja planteadas, confesando además que desde nuestra percepción, el actual Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas no se encamina por el rumbo adecuado. Se me podrá decir, claro está, que los incrementos no son significativos y que, en definitiva, lo que se hace es mantener el punto del IVA que fue aumentado, hace más de un año extendiéndolo por 14 meses más. Entiendo, sin embargo, que las interrogantes conceptuales que hemos planteado no están referidas solamente a factores cuantitativos, sino a la señal que se le da a la economía en su conjunto que, a nuestro entender, es inapropiada.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra par una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Hago moción en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Pérez.

-24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Agradezco al Cuerpo y señalo, a la vez que no me voy a extender mucho más en mi exposición.

Deseo dejar constancia en la versión taquigráfica que nuestra conclusión, frente a estas interrogantes, es la de que en este Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, el esfuerzo de reducir el gasto no se percibe. Muy por el contrario, tenemos la impresión de que, básicamente, se trata del mismo funcionamiento de la Administración Pública que siempre hemos conocido y que, además, estamos dejando de aprovechar una magnífica oportunidad para, por medio de la disminución de dicho gasto y también de la presión tributaria, podamos dar la señal adecuada para que la economía del país en su conjunto pueda colocarse o estar posicionada de una manera más favorable a la hora del desafío regional.

Frente a este panorama poco alentador, queremos expresar algo que conforma una señal positiva; en la iniciativa que estamos considerando se incorpora un instrumento que procura atender un justificado reclamo de muchos años de nuestro sector productivo y que, frente a las nuevas realidades económicas y políticas, es importante señalar. Me estoy refiriendo concretamente, a la facultad que se le confiere al Poder Ejecutivo para establecer el recargo o arancel a las importaciones de combustible en cero y colocar así al Uruguay en pie de igualdad en relación con Argentina, Brasil y Paraguay, que son nuestros socios en el Mercado Común del Sur. Por medio de esta facultad se autoriza, al mismo tiempo al Poder Ejecutivo a incrementar proporcionalmente el IMESI, que grava las distintas clases de combustibles, de forma de compensar la pérdida en la recaudación que se produce al eliminar el recargo o arancel a la importación de combustible crudo. Este incremento complementario del IMESI no se aplicará sobre el gasoil y el fueloil, obteniéndose de esa manera que el valor del precio al público de estos combustibles pase a ser del 80% del actual, beneficiándose por consiguiente el sector productivo del país. La pérdida de la recaudación producida por tal concepto, estaría atendida por la duplicación del impuesto a los motores gasoleros y, además, por la incorporación de la madera en el régimen del IVA al 22%. Teniendo en cuenta la recaudación obtenida por estos dos conceptos, en función de las cifras manejadas por los órganos competentes del Poder Ejecutivo, no existiría pérdida fiscal.

Este nuevo instrumento -y quiero señalar y especificar esto muy especialmente- desde nuestro punto de vista, da la señal adecuada al sector productivo, ya que no sólo se atiende un reclamo de siempre de nuestros productores, tanto agropecuarios como industriales y comerciales, sobre un costo mayor en los combustibles respecto al de los países vecinos, sino que a la vez colocaríamos la economía de nuestro país en una posición inmejorable para competir ante los desafíos regionales.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-Este es, repito, un instrumento positivo que nuestro sector ha propiciado en la Cámara de Representantes y que ha contado, además, con el apoyo de una parte de los restantes sectores, tanto en aquel Cuerpo como en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

A efectos de finalizar, con las salvedades que hemos señalado respecto al incremento del gasto y a la carga tributaria que está muy por encima de los niveles aprobados en la Cámara de Representantes y que nuestro sector no va a acompañar, debo decir que el Batllismo Radical, votará afirmativamente este Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1990.

Muchas gracias.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: no sólo en estos últimos días, y en particular, en estas últimas horas, sino que desde hace ya mucho tiempo venimos reflexionando -y hoy queremos hacerlo en voz alta- sobre el verdadero papel que cumple el Parlamento en todo lo referido al Presupuesto de la Nación. Lo hemos hecho muy especialmente al recibir el Mensaje y proyecto de ley que estamos considerando. Lamentablemente -por razones que después vamos a indicar- hemos llegado a la conclusión de que es cada vez más insignificante el rol que cumple este Poder Legislativo. Tenemos la sensación de que el Parlamento se aboca, durante 90 días al año, al estudio de lo que debería ser y ha sido el país, creyendo tomar efectivamente decisiones importantes y luego, a la hora de la realidad, se comprueba que ello no es así. Lo que las Cámaras creen aprobar, desgraciadamente queda por el camino. De alguna manera y no precisamente debido a la voluntad de cada uno de los integrantes de este Poder, nos transformamos en algo así como vendedores de ilusiones.

Los funcionarios públicos se movilizan, hay grandes expectativas y diversos organismos tienen idénticas esperanzas. Creen que todo se puede solucionar en el ambulatorio y en nuestros despachos, y permanentemente recibimos consultas acerca de si este proyecto se va a aprobar o no. Cuando decimos que sí, se generan ilusiones que no sólo vendemos, sino también compramos porque muchas veces hasta festejamos supuestas victorias y avances obtenidos en materia presupuestal o de modificaciones que se introducen por medio de la Rendición de Cuentas. Sin embargo, no es así. El papel del Parlamento -reitero- es cada vez más insignificante. En definitiva, como indicaremos, todo o casi todo queda en manos del Poder Ejecutivo y esto, desde nuestro particular punto de vista, es cada vez más grave.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ARAUJO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - No es mi intención polemizar, simplemente, quiero que conste en la versión taquigráfica que no comparto lo expresado por el señor senador Araújo en cuanto al papel insignificante del Parlamento.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - No sólo quedará constancia en la versión taquigráfica de lo expresado por el señor senador Raffo, sino que también el Cuerpo y la ciudadanía del país tomarán conocimiento de ello. Pero le pediría que preste atención a lo que voy a exponer a continuación, y quizás al final nos pongamos de acuerdo en que el papel del Parlamento es cada vez más insignificante porque, en definitiva, lo que vamos a aportar son pruebas.

SEÑOR RAFFO. - Tenga por seguro que lo voy a hacer, señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Hagamos, pues, referencia a la Rendición de Cuentas y al Balance de Ejecución Presupuestal, citando en particular el Plan de Inversiones, que es lo que hemos analizado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. No vamos a insistir aquí en expresiones claras, tajantes, contundentes, y en todas las pruebas que han aportado nuestros compañeros que nos precedieron en el uso de la palabra y otros señores senadores pertenecientes a otros sectores políticos en lo que tiene que ver con los gastos y los salarios, lo que demuestra también que efectivamente lo que el Parlamento determinó luego fue modificado. Yo lamento que el señor senador Raffo no se encuentre en Sala.

Como ya se ha señalado, en la Ejecución Presupuestal de 1990, sólo el 13,59% del total presupuestado y ejecutado fue destinado al Rubro Inversiones; reitero sólo el 13,59%. Un país que no invierte es un país que no se desarrolla, que no genera riquezas, que no permite la estabilidad, que no le sirve a esos ciudadanos que cada vez más tienen que pensar en irse en busca de un futuro que aquí no se les brinda. Es bueno que se tengan en cuenta las cifras: de casi N$ 2:000.000:000.000 de ejecución, sólo N$ 229.000:000.000 se destinaron a Inversiones. La primera pregunta que surge es si con este porcentaje de inversión vamos a salir adelante, a sacar al país de su estancamiento y a competir en el MERCOSUR. Se podrían seguir planteando interrogantes en esta materia, pero consideramos que está de más hacerlo.

Veamos ahora cuáles fueron las fuentes de financiamiento de este Plan de Inversiones en la Rendición de Cuentas de 1990. Rentas Generales, N$ 84.759:000.000; otras inversiones con cargo a Rentas Generales, N$ 300:000.000; Fondo de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, N$ 105.216:000.000; endeudamiento externo -y a esta cifra voy a recurrir más adelante- N$ 38.619:000.000; endeudamiento interno, N$ 99:000.000. Esto totaliza nuevos pesos 228.996:000.000. La fuente, obviamente, es la Contaduría General de la Nación.

Analicemos ahora las inversiones financiadas con los recursos extrapresupuetales, es decir, los llamados proventos, punto sobre el que algún día tendremos que realizar un debate en el Parlamento. ¿Qué son, efectivamente, los proventos? Hace unos minutos estábamos dialogando en esta misma Sala sobre lo que realmente significan y las definiciones que a través del tiempo esa expresión ha tenido. Porque, al parecer, por proventos debería entenderse todo aquello que es algo así como casual, y no lo que es permanente para determinado organismo. Sin embargo, por la vía de proventos, hay algunos Ministerios que tienen la posibilidad de lograr, por medio de ellos, financiar inversiones, gastos y sueldos. Podemos apreciar que entre esos Ministerios se encuentra el de Defensa Nacional, que por esta vía ha ejecutado casi la mitad de todo lo que fue ejecutado y financiado de esta forma, es decir, N$ 5:821:604.000; el del Interior, N$ 399:000.000; Economía y Finanzas, N$ 2.634:000.000; Relaciones Exteriores, N$ 15:000.000; Ganadería, Agricultura y Pesca, nuevos pesos 3.220:000.000; Industria, Energía y Minería, nuevos pesos 23:000.000; Educación y cultura, N$ 30:000.000 y Trabajo y Seguridad social, N$ 48:000.000. Por la vía de proventos, son N$ 12.195:000.000. Reitero que la mitad de los proventos fue destinada al Ministerio de Defensa Nacional. Si tenemos en cuenta que el total de los recursos extrapresupuestales fue, en 1990, de N$ 147.083:228.000, estas inversiones representan -tal como señalaba el señor senador Belvisi en su informe- el 8,29% de lo presupuestado. Una vez más caben aquí las preguntas de si es con este porcentaje de inversiones que vamos a salir adelante y si es con esa distribución de las inversiones que el país va a producir más.

Vayamos ahora a un rápido estudio de los porcentajes correspondientes a inversiones ejecutadas sobre los créditos presupuestales que fueron actualizados al 31 de diciembre de 1990. Aquí nos encontramos -no voy a decir sorpresas- con algunas cifras que, naturalmente, tienen que despertar nuestra atención. Vemos que, exceptuando los organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución- que, como ha señalado el señor senador Astori, es lógico que ejecuten el máximo posible, en razón de que son muy escasos los recursos que se les otorga- al Poder Legislativo y a la Presidencia de la República -aunque podríamos tenerla en cuenta, ya que ejecutó el 41,72%- una vez más, que el más alto porcentaje de inversión tuvo lugar en el Ministerio de Defensa Nacional, con el 73,2%. En cambio los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria y Energía y Minería, de Turismo, de Transporte y Obras Públicas, de Educación y cultura y de Salud Pública, en su conjunto, promediaron el 33,9%, y ello tendiendo en cuenta que estamos incluyendo un porcentaje relativamente alto -el 42,92%- del Ministerio de Industria, Energía y Minería que, como es de conocimiento, recibió nada más que el 0,09% de todas las inversiones. Como se podrá comprobar, ejecutar el 42,92% del 0,09% es extremadamente poco.

Reitero que el promedio, incluidos los organismos del artículo 220 de la Constitución, es del 43,17% de los Ministerios que están aplicados a las obras públicas y a lo que podría ser el punto de atención para el desarrollo de la economía en nuestro país -Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca y Turismo- esto sólo está en el orden del 33,99%, mientras que en Defensa Nacional alcanza el 73,72%.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra).

-Pero hay más sobre esa misma materia, todo lo cual aparece en el informe que, por unanimidad, los miembros de la Comisión de Transporte y Obras Públicas hemos elevado a consideración de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Aclaro que estoy mencionando los cuadros oficiales brindados por la Contaduría General de la Nación.

Si tomamos en cuenta las inversiones por Incisos, considerando los topes fijados por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 389 del 22 de agosto de 1990, los porcentajes de ejecución son los siguientes -téngase bien en cuenta lo que voy a señalar porque sin duda esto debe despertar nuestra atención-: en uno de los extremos tenemos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuyo nivel de ejecución fue de 23,18%, es decir menos de la cuarta parte; y, en el otro al Ministerio de Defensa Nacional, que fue el que más ejecutó tras los topes. La pregunta que se impone es ¿cuánto habrá ejecutado; cerca de un 80% o de un 90%? ¿Quizás llegó a un 100% No; va más allá del 130%, puesto que sus ejecuciones se situaron en el orden de los 139,34%. Nosotros nos preguntamos por qué y, aunque continuamos formulándonos la misma interrogante, hasta el presente no hemos obtenido respuesta. Voy a reiterar los porcentajes, señor Presidente, porque creo que tienen que quedar muy claros para todos. En un país que debe desarrollarse, en el que siempre se dice que las soluciones las vamos a encontrar en el campo y en el mar -como también se ha dicho últimamente- la inversión en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue de un 23,18%, tras los topes establecidos por el Poder Ejecutivo, mientras que en otro extremo, el Ministerio de Defensa Nacional superó largamente el 100% por cuanto su inversión fue prácticamente del orden del 140%, precisamente, de 139,34%. Creo que esta no fue la voluntad del Parlamento, a pesar de que particularmente los integrantes de la bancada a que pertenezco -y no sólo nosotros- planteamos nuestras discrepancias a la hora de votar el Presupuesto. Me estoy refiriendo al Presupuesto que el año pasado aprobó el Parlamento de la República. Obsérvese cuáles son los niveles de ejecución. Quizás el señor senador Raffo me pueda contestar si, cuando él levantó la mano para votar ese Presupuesto, creyó en algún momento que de lo que él votaba el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sólo iba a ejecutar el 23,18% y que el Ministerio de Defensa Nacional iba a ejecutar el 140%. Estoy seguro que no lo pudo creer porque, de lo contrario, no se hubiera propuesto eso. Estoy seguro que no estuvo en su intención engañarnos, ya que sería como hacerlo contra sí mismo.

Creo que esta afirmación no es la única. Ella avala lo que decía al principio, con lo que discrepaba el señor senador Raffo, al que pido disculpas por aludirlo.

SEÑOR RAFFO. - Se la voy a contestar, señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Estoy a sus órdenes, señor senador y ojalá me conforme porque tengo un deseo enorme de que todo esto deje de preocuparme, de saber que me he equivocado y que he leído mal los informes del Poder Ejecutivo.

Como explicación de todo esto he escuchado decir en Sala que hemos ahorrado. No puedo concebir que se diga que no invertir, reducir los salarios o no gastar lo imprescindible significa un ahorro. No creo que el no gastar en estos conceptos constituya un ahorro o una economía, como se dice habitualmente. Me parece que eso le está haciendo un enorme daño al país y, más allá de las expresiones que lo califiquen, lo importante sería superar una instancia tan difícil como ésta.

Para cerrar esta parte de mi intervención, reiteraré algunas cifras que fueron expresadas por mis compañeros de la Comisión e Transporte y Obras Públicas, pero sobre las cuales es necesario insistir. Hay que tener en cuenta que con relación al total proyectado en el Presupuesto, las inversiones siguen cayendo, al igual que el porcentaje relativo a gastos y salarios, y lo hacen en forma vertical. El año 1989 no fue un año milagroso. Todos lo sabemos. Por algo, el Partido que estaba gobernando dejó de hacerlo en ese mismo año y lamento tener que hacer alusiones políticas. De 1989 a 1990 las inversiones caen un 5,3% y actualmente, hasta julio de ese mismo año y lamento tener que hacer alusiones políticas. De 1989 a 1990 las inversiones caen un 5,3% y actualmente, hasta julio de este año, la caída es aún mayor. Con relación a 1989 las inversiones se reducen en un 8,5%.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ARAUJO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: voy a hacer una breve precisión.

Creo que estamos considerando la Rendición de Cuentas del año 1990. El Presupuesto Nacional de Gastos sancionado a propuesta de la actual Administración entró vigencia el 28 de diciembre de 1990. Quiere decir que lo que se trabajó en este año fue la prolongación de los proyectos realizados, pero no ejecutados, en 1989. Como se ha dicho que se reduce la inversión, quiero expresar que, de acuerdo con esta Rendición de Cuentas -que hay que comparar con el Plan de Inversiones Generales- en una variación del 5,2% del total de gastos, el rubro inversiones es el que más aumenta, puesto que lo hace en el orden del 19,3%. Supongo que si las cifras de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la contaduría General de la Nación se han considerado válidas para formular las críticas correspondientes, también serán tomadas como válidas par hacer constataciones positivas. Si el gasto aumentó un 5,2% de acuerdo con este proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, la inversión aumenta un 19,3% con relación al Presupuesto.

Simplemente quiero dejar constancia de las cifras porque el informe de la Comisión demuestra -recuerdo que el señor senador Araújo no estaba en el país al elaborarse este informe- que la inversión se aumenta un 19,3% de acuerdo con lo proyectado en el Presupuesto. Asimismo, puede tener la seguridad el señor senador de que en las próximas Rendiciones de Cuentas el Gobierno aumentará los porcentajes, proporcionalmente, de las inversiones del país. Estoy de acuerdo con que un país que no invierte en la educación, en la cultura o en el sistema productivo se encuentra estancada y en vías de retroceso, pero es necesario disponer de los recursos suficientes. El Gobierno está realizando una política económica y financiera destinada a tener una base -con la reducción del déficit fiscal, que podrá ser discutible o no- que le aporte los recursos necesarios para poder ampliar en el futuro los planes de inversión. Ese es el propósito del Gobierno.

Por ahora, muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Tengo muy en cuenta lo expresado por el señor senador Silveira Zavala pero le pediría que se refiriera a los niveles reales de ejecución y que no hable de los créditos presupuestales, que es una materia totalmente diferente.

Por otra parte, si lo que se quiere señalar es que los salarios se redujeron más que las inversiones, esto es lamentable y real y también se puede comprobar.

Continuando con mi exposición, diré que estaba analizando el papel que desempeña el Parlamento en todo esto y cómo, a medida que el tiempo avanzaba, este rol se iba disminuyendo no sólo porque la Constitución del año 1967 recortó de alguna manera nuestra acción, sino porque se vienen sumando otros hechos a los que me referiré más adelante.

Tengamos en cuenta, también, que en esta Rendición de Cuentas comprobamos que en virtud de la ineficiencia en la ejecución presupuestal y de las trabas burocráticas que se presentan, muchas obras programadas no pueden realizarse en tiempo y forma. Por otro lado, existen los topes de ejecución que venían del anterior período de gobierno y que fueron aceptados, a lo que se sumó, el 22 de agosto del año pasado, un recorte del 15%. Tampoco se puede olvidar el ajuste fiscal y la disminución del gasto público, ni podemos ignorar -por eso digo que las cifras aprobadas se han modificado totalmente y nada tiene que ver la realidad que hoy comprobamos con lo que alguna vez programamos y votamos- que a través de la política cambiaria se alteran los valores, con lo que se modifica en sustancia el Presupuesto aprobado. Las modificaciones a la política salarial también alteran -¡vaya si lo hacen!- los números a la hora de la Rendición de cuentas. La economía del país se altera por esta causa.

Asimismo, nos genera particular preocupación el hecho de que el Parlamento poco o nada tenga que ver en materia de proventos. Es más: ignoramos los montos y más de una vez los destinos porque, en definitiva, todo eso se hace al margen del Parlamento.

¡Si habrá modificaciones! Alcanza con una inflación mal calculada, tal como viene ocurriendo a través del tiempo. Este año, por ejemplo, se anunció que la inflación sería del 30%, después se dijo que iba a ascender al 45%, al 50%, etcétera, y a esta altura ya se acepta que será del orden del 85%, aunque uno puede vaticinar que superará el 90%. Hoy leíamos en la prensa que la inflación en el mes transcurrido fue del orden del 6,83% y tiene arrastre para el presente. Todo esto altera los números, así como nuestras intenciones y deseos y también lo que creímos aprobar tiempo atrás.

Además del tema de la inflación, también debemos tener en cuenta el tributario. Se dice que no hay más remedio que mantener la tasa del Impuesto al Valor Agregado porque no hay recursos y es necesario contemplar el déficit -aunque estamos batiendo el "record" y tendremos superávit- pero todos sabemos que cuando se hicieron los cálculos de lo que sería la recaudación, se estimó una inflación totalmente diferente a la real, por lo que la recaudación aumentará muchísimo. Si esa inflación permitirá una mayor recaudación, no hace falta mantener el Impuesto al Valor Agregado en un 22%. Sin embargo, no se nos dejó otro camino.

¡Si se modificará, entonces, la voluntad del parlamentario! Más allá de lo que podamos decir, defender o alcanzar con una votación que se tomará dentro de pocos minutos, en 1992, a la hora de la Rendición de Cuentas, veremos que estamos muy distantes de los números que, en definitiva, nos enviará entonces el Poder Ejecutivo.

El papel del Parlamento se reduce cada vez más, porque cada vez más aumenta el manejo de los fondos presupuestales y extrapresupuestales por parte del Poder Ejecutivo. Quiero llamar particularmente la atención sobre este punto -al que ya se han referido, como integrantes de la Comisión, los señores senadores Belvisi y Singlet, y también compañeros de la bancada del Frente Amplio- expresando mi enorme preocupación por dos organismos que han surgido en este último tiempo y, en particular, por la creación de una nueva Unidad Ejecutora en esta Rendición de Cuentas; me refiero al Proyecto de Infraestructura Social. Confieso mi sorpresa al observar, mientras estudiaba todo esto, que con fondos provenientes del exterior en un 80% y de Rentas Generales en un 20%, en los próximos cuatro años la Presidencia de la República podrá disponer de U$S 45:000.000. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se va a hacer en el futuro? ¿Cuáles serán las inversiones que se realizarán desde la Presidencia de la República a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Se trata de 20 proyectos para el sector educación. Me pregunto: ¿por qué no los lleva a cabo la ANEP si ya cuenta con una Unidad Ejecutora y está desesperada pro poder construir algún jardín de infantes, escuela o liceo? Dos por tres escuchamos aquello de que no hay recursos; si ahora los hay, ¿por qué no se los entregan a la ANEP? ¿Por qué se hará esto desde la Presidencia de la República? Esta pregunta no sólo la formulamos hoy aquí sino que también la hicimos en la Comisión, y más de una vez, a distintos representantes del Poder Ejecutivo, sin haber obtenido una respuesta satisfactoria. ¿Por qué estos 20 proyectos que tienen que ver con la educación se van a ejecutar desde la Presidencia de la República?

Pero también hay otros 20 proyectos referidos a la salud pública, que en general son para construir policlínicas. Me pregunto: ¿por qué no se le da esos recursos al Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué no se le otorga a la Unidad Ejecutora del Ministerio de Salud Pública los fondos para construir esas mismas policlínicas?

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ARAUJO. - Pido disculpas al señor senador, pero ya ha transcurrido media hora del tiempo de que dispongo; si me sobra tiempo, con gusto concederé la interrupción al finalizar mi exposición.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Araújo.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ARAUJO. - Ante la insistencia del señor senador voy a concederle la interrupción; pero le solicito que sea breve porque temo no poder concluir mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - No quiero restarle tiempo al señor senador ni deseo privarme del placer de oír tan elocuente discurso, pero debo responder a una afirmación que hizo y que me consta que no es exacta.

El señor senador acaba de manifestar que formuló la pregunta acerca de los proyectos que se ejecutarían y de la forma en que se financiaría el PRIS y que no tuvo una respuesta adecuada. Tengo aquí la versión taquigráfica de esa sesión, en que el ingeniero Cat, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la contadora Acosta y Lara y el economista Martínez dieron todas las respuestas. No las voy a leer precisamente para no robar más tiempo al señor senador, pero aquí está toda la información que pueda requerirse acerca del PRIS: los fondos, la financiación, el por qué de la política de centralización, etcétera. Seguramente, se formulará una crítica con referencia a la política centralizadora de la ejecución. En ese sentido, debo decir que no es cierto que no hayan intervenido los organismos interesados. El propio señor Ministro de Salud Pública, cuando concurre a la Comisión, expresa que los proyectos que en esta materia se van a realizar por el PRIS fueron estructurados por su Cartera. Del mismo modo, los que tienen que ver con la educación fueron realizados por la ANEP. En definitiva, se centralizó en una oficina la ejecución de aquellos proyectos que tienen que ver con la educación, la salud o con obras sociales como comedores populares y centros de barrio de zonas muy carenciadas, proyectos que desde el año 1985 fueron extrapolados y no pudieron ser ejecutados. De esta forma, se van a realizar con la velocidad que requiere todo proyecto que cuenta con financiación exterior como es la del BID.

No sólo nos dieron toda la información que requerimos, sino también una serie de cuadros en los que se incluían todos los proyectos, graficando metro a metro de edificación.

Acepto que haya ciudadanos, no sólo el señor senador Araújo, que no compartan la creación de la Oficina, su funcionamiento ni los proyectos que realice, pero no puedo permitir que se diga que no se obtuvo la información necesaria, porque dispone de ella cada uno de los miembros de la Comisión.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Araújo.

SEÑOR ARAUJO. - Quiero decir, con cierta jocosidad -por lo menos esa es la intención; no sé si podré lograrlo- que al señor senador Silveira Zavala le pasó algo que le gusta decir al señor Presidente del Cuerpo: conociendo mi pensamiento, largó por debajo de la cinta. Aclaro esto porque yo no había hecho ninguna de las dos afirmaciones a las que él se refirió. En ningún momento expresé que las autoridades a quienes consultamos en el seno de la Comisión se hayan quedado sin respuesta, sino que manifesté que las contestaciones que dieron fueron insatisfactorias. Ello consta en la versión taquigráfica, a la que el señor senador Silveira Zavala puede remitirse.

Por otra parte, nunca afirmé que los organismos no hayan sido consultados, sino que me expresé en otro sentido. Dije que no entendía por qué no se entregaba a esas Unidades Ejecutoras la realización de esas obras y éstas eran dirigidas y llevadas a cabo desde la Presidencia de la República a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si continuamos con el análisis de este tema, podemos sorprendernos aún más.

Me pregunto por qué razón los catorce centros barriales tienen que ser ejecutados por la Presidencia de la República. ¿Qué es lo que se busca con ello? Nadie me ha dado una respuesta que me resulte satisfactoria, pero puede ser que otros señores senadores sí la consideren adecuada. Repito, ¿por qué motivo la Presidencia de la República, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene que ejecutar comedores?

Respecto a este tema, en estas últimas horas he estado leyendo unas palabras que manifestó nada menos que el Director de la Asesoría Técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el profesor Antonio Pérez García. Decía, precisamente, en un encuentro que se relacionó con el FISE -punto al que más adelante nos referiremos- lo siguiente: "Hay nueve dependencias del Estado que dan alimentos a la gente y en la mayoría de los casos esta ayuda se superpone. Los servicios no se dan bien y se gasta mucho". Entonces, no sólo tenemos nueve organismos estatales que se dedican a esto superponiendo tareas, actuando ineficazmente, sino que también en la construcción aparece la Presidencia de la República a través del Proyecto de Infraestructura Social, que ha de tener en sus manos, a fin de efectuar un manejo directo de ello. Me pregunto qué papel juega o puede jugar el Parlamento. ¿Podemos darle destino diferente? Evidentemente, no lo podemos hacer. Entonces, ¿se reduce o no el papel del Poder Legislativo?

De la cifra de U$ 45:000.000 que mencionamos, dólares 36:000.000 provienen del Banco Interamericano de Desarrollo -deuda que naturalmente nuestro país deberá pagar- y U$S 9:000.000 son con cargo a Rentas Generales. Por todas estas razones, no podemos estar de acuerdo con la creación de esta Unidad Ejecutora. Entendemos que esos rubros son necesarios, porque se deben hacer estos comedores, levantar esas escuelas, habilitar esos jardines de infantes, construir esos liceos, etcétera. Pensamos que todas son obras necesarias; pero ellas deben manejarse a través de los organismos que corresponda. Reiteramos que no entendemos por qué razón se tienen que duplicar las funciones. Por un lado, nos pasamos hablando de la ineficiencia del Estado y, por el otro, duplicamos, triplicamos y hasta multiplicamos por diez -de acuerdo con lo que dice el profesor Antonio Pérez García- sus tareas, superponiéndolas.

Por otra parte, me pregunto dónde quedó el discurso de la descentralización. Todos hemos mencionado la necesidad de descentralizar, y resulta que en este proyecto se concentran en la Presidencia de la República una cantidad de funciones que competen a distintos Ministerios y organismos, algunos de la Administración Central y otros del artículo 220 de la Constitución de la República. Quisiera saber cuál es la verdadera explicación de todo esto.

El Poder Ejecutivo cuenta con recursos más que importantes. No sólo las inversiones en el DIPRODE son de cargo de la Presidencia de la República; todo lo que tiene que ver con dos cuencas de producción muy importantes, como son la lechera y la arrocera, con la electrificación y la caminería rurales, ya está en manos del Gobierno. Esto viene desde el período anterior, pero se mantiene en la Administración actual. Además de ello, en la Rendición de Cuentas está previsto para 1992 un proyecto de red digital a cargo de la Presidencia de la República. A lo antedicho debemos agregarle la creación del PRIS -Proyecto de Infraestructura Social- que insume U$S 45:000.000, y el Fondo de Inversión Social de Emergencia.

Quiero destacar que la inversión pública total en un año, incluidas las empresas públicas total en un año, incluidas las empresas públicas, todos los organismos de la Administración Central y del artículo 220 de la Constitución, es del orden de los U$S 300:000.000.

Además de todo lo que he mencionado anteriormente -electrificación y caminería rurales, central digital, DIPRODE, etcétera- el Poder Ejecutivo, en los próximos cuatro años, tendrá en sus manos U$S 235:000.000. ¿Esto pasa por el Parlamento? ¿Se reduce o no nuestro papel? Se trata de una cifra que supera largamente lo que estamos aprobando como inversión para un año. No admito que se diga que esto es una invención nuestra, porque se trata de palabras expresadas por el propio señor Presidente de la República, de las que han dado cuenta los órganos de prensa.

Creo que esto no es bueno para el país. En tal sentido, pediría, en particular a quienes hoy tienen la responsabilidad del Gobierno, que imaginen a otro Gobierno disponiendo de U$S 235:000.000 para ejecutar en obras. Si el Frente Amplio estuviera en el Gobierno en esas circunstancias, estoy seguro de que algunos calificarían esa acción de demagógica. Si nadie desea que esto pueda ocurrir en el futuro, personalmente confieso que no quiero que ello suceda ni ahora ni más adelante. Si mañana tuviéramos la responsabilidad del Gobierno porque el pueblo nos la otorga, francamente no creo que sea bueno para el país ni para la democracia que exista un manejo de recursos por un monto tan importante al margen del Parlamento.

Si el Banco Interamericano de Desarrollo exige que exista una Unidad Ejecutora -una sola- podríamos discutir el tema con este organismo, ya que no es de nuestro agrado aceptar imposiciones desde el exterior. Por otro lado, se le podría asignar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la ejecución de esas obras. No entendemos por qué el Ministerio de Educación y Cultura debe realizar jardines de infantes, escuelas y liceos, y también la Presidencia efectúa este tipo de obras; por qué el Ministerio de Salud Pública instala policlínicas y, por su parte, la Presidencia de la República hace lo mismo. Más allá del corte de cinta -que siempre se podrá realizar- no entiendo qué intención puede haber detrás de todo esto.

¿Es que acaso se va a decir que los organismos encargados de ejecutar esas obras no son eficientes? Pues entonces, que se mejore la eficiencia. Por otro lado, si hay algún Ministro que no sea capaz de ejecutar lo que el Poder ejecutivo le ordene, que se cambie a ese Ministro. Pero esto de superponer o duplicar funciones, me parece que es algo que no corresponde.

Recién hice una referencia al FISE. Rápidamente, quiero recordar los planes del PRIS, para que no haya confusiones al respecto. En el proyecto de infraestructura del PRIS hay 20 proyectos correspondientes al sector educación, 20 al de Salud Pública, 14 centros de barrio, 4 hogares y 3 comedores. El FISE, según lo expresado por el Poder Ejecutivo, cuenta ya con U$S 40:000.000. Sobre este organismo en la prensa se publicó un aviso -porque también se gasta bastante en propaganda- que dice: "Un año del FISE, un año de obras". Y allí aparecen viviendas, etcétera. No vamos a aburrir al Cuerpo con su lectura, simplemente diremos que esto fue publicado en diversos medios de difusión el día martes 7 de mayo de 1991. Allí lo realizado en un año era del orden de los U$S 7:000.000, pero, ahora, se anuncia que ya se cuenta con U$S 40:000.000 y que están en trámite otros dólares 150:000.000 provenientes de organismos internacionales, de ayuda de distintos países, etcétera. También se expresa -además de todo lo dicho anteriormente- que se podrá contar con 17.000 soluciones habitacionales -que van a estar en manos de la Presidencia de la República a través de este organismo, creado por decreto, sin conocimiento del Parlamento, salvo a través de la prensa- con U$S 6:000.000 para pequeñas y medianas industrias, con 600 beneficiarios directos y 2.400 indirectos. Como vemos, se trata de 40 proyectos de impacto social productivo, a realizar con esos U$S 190:000.000. Habrá proyectos para la Enseñanza, la Vivienda, la Salud Pública, la Educación y la Seguridad.

Esto es lo que se señaló en una conferencia de prensa brindada por el Presidente de la República, señor Luis Alberto Lacalle Herrera y yo lo tengo en una publicación del día 30 de agosto de 1990.

En este momento reitero mi pregunta inicial dirigida, en particular, al señor senador Raffo. ¿Se reduce o no, el papel del Parlamento cuando -no voy a decir que se escamotea porque la expresión me parece un poco fuerte y quiero que no sean las palabras, sino los hechos, los que definan la situación- no se le informa de la realización de todas estas obras, sin tener en cuenta a este Poder que representa directamente a la población? ¿Qué es lo que está pasando en este país cuando una cifra largamente superior a la que aprueba el Parlamento queda en manos del Poder Ejecutivo? Reitero que si a estos U$S 235:000.000 le sumamos todo lo que ya tiene en sus manos el Poder Ejecutivo, veremos que estos U$S 200:000.000 sobre los que nosotros podemos decidir anualmente no tienen nada que ver con esto tan importante que, poco a poco, se va trasladando a la esfera del Poder Ejecutivo.

En este sentido, quiero dar una voz de alerta, no sólo a los integrantes del Parlamento, sino al propio Poder Ejecutivo.

Creo que es necesario dialogar sobre todo esto porque, en definitiva, podemos estar errando el camino. Considero que hay que tener muchísimo cuidado con la creación de organismos que en otros países de América Latina han sido la causa de tristes experiencias, así como hay que tener cuidado con lo que es el manejo directo. En la propia Comisión de Transporte y Obras Públicas ya hemos tenido alguna experiencia lamentable de lo que es el manejo equivocado de situaciones límites que le toca vivir a la población uruguaya, por ejemplo, en materia de vivienda. En esa materia, ha habido problemas y parecería que, a veces, importa más el nivel de propaganda que el verdadero beneficio que se le pueda aportar a la ciudadanía. No es bueno, ni para el Gobierno ni para el país, que eso acontezca.

Estas son algunas de las causas, señor Presidente, por las que no vamos a apoyar el artículo 1º de esta Rendición de Cuentas donde, precisamente, se establece nuestro acuerdo o desacuerdo con la misma.

Además de lo ya reseñado por mis compañeros de bancada, yo quería agregar estos elementos referidos al Plan de Inversiones que me parecen tremendamente importantes.

Con respecto a estos temas, debemos tener en cuenta que el Parlamento no ha de jugar un papel importante y, sobre ello, existe algún antecedente al cual quiero referirme. Nadie puede ignorar que tiempo atrás, los señores senadores Millor e Irurtia hicieron un pedido de informes a la Presidencia de la República, la que contestó que eso era una interferencia en la independencia de los Poderes y, por lo tanto, no se podía dar respuesta al mismo. Personalmente, no tengo dudas -y lo quiero decir públicamente- de que mientras el ingeniero Carlos Cat ocupe un cargo de relevancia, él nos va a brindar la información necesaria. Sin embargo, a mí no me alcanza con recibir esa información, ya que creo que el Parlamento tiene que tomar decisiones en materia de inversiones, de gastos y salarios y que no es posible que todo se haga a nivel del Poder Ejecutivo.

Reitero que es necesario tener en cuenta todo esto y sobre ello quiero llamar la atención e invitar al diálogo interno en el Parlamento trasladando, incluso, este problema a la Cámara de Representantes -porque, dada la premura con que se debió tratar allí este proyecto no se pudo dialogar sobre todo esto en profundidad- porque las consecuencias podrían ser de extrema gravedad.

Para terminar, quiero hacer una pregunta más, la misma que me formulo a diario y la que, naturalmente, me realizan otros ciudadanos.

En estas condiciones ¿qué va a pasar con nuestro país? La Rendición de Cuentas, de alguna manera, está dando señales hacia el futuro. ¿Qué nos va a pasar en el MERCOSUR? Por lo que de esta Rendición de Cuentas se desprende considero que nuestro futuro es por demás incierto, pese a que podría ser realmente bueno. Sin embargo, de nosotros, y también del Poder Ejecutivo, va a depender el camino que se escoja.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: en el término que nos corresponde, queremos hacer dos o tres precisiones.

En primer término, queremos decir que aquí se afirmó que no se conocía el monto de los proventos de los distintos Incisos. Eso no es verdad.

En el momento en que se realizó el estudio del Plan de Inversiones para el quinquenio, la Comisión de Transporte y Obras Públicas solicitó, Ministerio por Ministerio, la relación de todos los proventos que cada uno de ellos percibía. Así, en la relación de antecedentes de la Comisión constan todos los informes sobre los proventos, especialmente el referido a Defensa Nacional, que recuerdo que fue examinado minuciosamente. En consecuencia, la Comisión estuvo debidamente informada de todos los montos, así como de las fuentes de donde provinieron los diversos proventos de los distintos organismos.

Además, quisiera contestarle al orador que me precedió en el uso de la palabra, que el FISE, que yo sepa, no tiene nada que ver con la Rendición de Cuentas que estamos estudiando. Se trata de un organismo creado a nivel de la Presidencia de la República, que cuenta con financiación proveniente de donaciones del exterior las que con un criterio social que podrá ser compartido o no, se distribuyen rápidamente entre aquellos sectores a los que se piensa que se debe asistir, con la mayor premura, a efectos de solucionar problemas puntuales en materia de necesidades sociales.

En consecuencia, repito, el FISE no tiene nada que ver con el tema que se está tratando, salvo el intento de censurar una actitud de la Presidencia de la República que, con sensibilidad, creó este organismo a fin de atender diversos sectores carenciados.

Tampoco es verdad que el Parlamento no tenga nada que ver con el PRIS. En primer lugar, la creación del PRIS es una competencia del Parlamento; la Presidencia de la República lo propone en la Rendición de Cuentas y el Parlamento lo votará o no. Los informes sobre las obras se realizaron en coordinación con todos los organismos comprendidos dentro del Plan del PRIS, que cuentan con financiación del BID, que creo no van a ser aprobados hasta fin de año, y cuya ejecución comenzará a partir del 1º de enero de 1992. Se trata de una inversión a efectuar desde 1992 a 1994. Es decir que el PRIS no está invirtiendo nada sin poner en conocimiento al Parlamento.

Tengo en mi poder todos los datos necesarios, que no voy a leer por se demasiado extensos, pero puedo decir que ahora se tiene una sensibilidad extraordinaria para con el PRIS por cuanto existe el antecedente de la DIPRODE y de la política de convenios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas -que nos parece muy buena- por la que se construyen escuelas, liceos, caminos, hogares de ancianos, comedores escolares y toda clase de obras públicas en el país, en coordinación con las Intendencias Municipales o con los diversos organismos involucrados. También debemos recordar los proyectos de caminería rural, que se realizan con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que han sido aprobadas por este Parlamento.

Por otra parte, me extraña que aquí se trate únicamente aquello que puede ser criticable, y no se tengan en cuanta, por ejemplo, diversos proyectos que figuran en esta Rendición de Cuentas, como la construcción de la Facultad de Ciencias, el fortalecimiento del PEDECIBA y el Instituto Clemente Estable, el proyecto de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, etcétera.

Quiero dejar bien en claro -también dejé esta constancia en la Comisión respectiva- que todo lo que realice el PRIS va a estar bajo el contralor estricto del Parlamento Nacional, que no va a ser disminuido ni desconocido. El artículo 37 -que figuraba con el número 34 en el proyecto venido de la Cámara de Representantes y que, según consta en la versión taquigráfica, leí en la Comisión- establece lo siguiente: "De los proyectos, obras y servicios en que participe el ‘Proyecto de Infraestructura Social’, se darán cuenta detalladamente a la Asamblea General, en anexo especial a las Rendiciones de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, conjuntamente con un informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas". De manera que, como el Plan y las obras van a comenzar a ser ejecutadas el 1º de enero de 1992, cuando se remita la rendición de cuentas correspondiente, el Poder Ejecutivo tendrá la obligación, por ley, de enviar un informe detallado y pormenorizado a la Asamblea General, junto con un relevamiento de la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas.

Muchas gracias.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para contestar un alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Voy a ser breve, y a contestar de atrás hacia adelante.

En primer lugar, no he afirmado que no se nos vaya a informar sobre lo actuado por el PRIS.

Simplemente señalé que no tenemos determinación posible. Entiendo que si al Parlamento, que representa directamente a nuestro pueblo, le parece que determinada obra debería tener cierta prioridad, puede establecerlo, tal como lo dispone la propia constitución de la República. Sin embargo, en este caso, no determinamos. El hecho de que se nos pueda o se nos vaya a informar creo que le agrega poco. Pienso que cuando vinimos aquí no lo hicimos sólo para enterarnos; vinimos a legislar, y en esta materia me parece que simplemente cumplimos con aquello que a veces se hace en forma directa y otras veces por medio de los órganos de prensa, como los que he referido exhibiendo aquí una publicación sobre un tema que todo el Parlamento ignoraba: las ejecuciones que estaba efectuando el Fondo de Inversión Social de Emergencia.

Es verdad que hay aciertos -ya han sido referidos por otros señores legisladores- pero creo que en el Parlamento no tenemos que aludirnos constantemente por ello, porque ese es nuestro deber; lo que debemos señalar en el escaso tiempo de que puede disponer un orador es lo relativo a los problemas que merecen una particular atención, no con el afán de condena, sino para contribuir a la comprensión y difusión de determinados puntos, y a la búsqueda de soluciones para ellos.

El señor senador Silveira Zavala informó que fueron consultados, por ejemplo, los Ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura. No me alcanza con eso, y lo que nadie me ha explicado -y todavía sigo esperando una respuesta- es por qué hay que duplicar ejecuciones, por qué tiene que haber dos organismos, por qué la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Presidencia de la República deben ejecutar lo que también corresponde a otros Ministerios, etcétera. En definitiva, pregunto por qué en esta materia se están duplicando funciones; quisiera recibir la respuesta a esta interrogante.

Por último, dejo constancia de que estoy totalmente de acuerdo con lo que expresó el señor senador Silveira Zavala. El dijo no entender por qué yo hablaba del FISE, que nada tiene que ver con la Rendición de Cuentas. Le aclaro que lo mencioné precisamente por eso, porque nada tiene que ver con la Rendición de Cuentas, aunque a mi juicio debería estar relacionado. Entiendo que estos U$S 235:000.000 deberían estar incluidos en la Rendición de Cuentas. Reitero que por eso concuerdo totalmente con el señor senador Silveira Zavala; el FISE no tiene nada que ver con la Rendición de Cuentas, y ello me mortifica.

Muchas gracias.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para contestar una alusión preocupada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Señor senador: le voy a dar la palabra para que conteste la alusión, pero quiero advertir al Cuerpo que por esta vía podemos estar toda la noche. En consecuencia, solicito a ambos legisladores que han entrado en polémica sobre este punto, que terminen la batalla de las alusiones.

SEÑOR ARAUJO. - Prometo que no voy a contestar más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Muy bien.

Tiene la palabra el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - También prometo que no voy a contestar más alusiones, señor Presidente.

Dije que quería contestar una alusión preocupada porque, si el señor senador Araújo está de acuerdo conmigo, voy a tener que revisar mi pensamiento porque, seguramente, estoy equivocado.

Por otra parte, quiero aclarar algo que mencionó el señor senador Araújo, y que no es cierto. El afirmó que no fue informado en la Comisión sobre la naturaleza, forma, objetivos, metas, el espíritu y la razón por la que se duplicaban las funciones. En la versión taquigráfica de una de las sesiones de la Comisión, el señor Martínez expresó lo siguiente: "Si se buscara un enfoque similar al del PRIS, se debería tener en cuenta el caso de la DIPRODE que, de alguna manera, encara un proyecto de desarrollo que involucra a distintos organismos relacionados a inversiones en energía y caminería. Tenemos otro ejemplo de ello que es el Plan de Obras Municipales que, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con su Dirección de Desarrollo Municipal, encara inversiones de distinta naturaleza". A su vez, el Director de Planeamiento y Presupuesto, ingeniero Cat, expresó: "Estas iniciativas han sido financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se entiende que estos proyectos realizados en su conjunto deben ser aprobados a fin de poder ejecutarse en los plazos que exige el BID. Por supuesto, existen otras construcciones efectuadas de la manera habitual, ya sean comedores, escuelas o liceos, que se continuarán realizando. Reitero que este es un proyecto concreto financiado pro el BID elaborado en tiempo y forma". Se trata, pues, del estudio de un equipo en el que interviene cada uno de los organismos afectados por la construcción de estas obras. Además, en la Comisión Integrada del PRIS, esos Ministerios tienen un delegado permanente que estará supervisando la ejecución de los proyectos que le competen, tanto en el campo de la salud, de la educación, como de las obras de infraestructura social.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Trataré de ser muy breve para poder pasar cuanto antes a la discusión particular de esta Rendición de Cuentas, ya que me parece conveniente contar con el mayor tiempo posible para analizar el articulado.

Simplemente me voy a referir a algunos aspectos que merecen no solamente nuestra preocupación, sino también la del Poder Ejecutivo. Permanentemente se habla del déficit fiscal, casi con un alarmismo que no entendemos en modo alguno justificado. En el último período, el déficit del Banco Central -de aproximadamente el 3,6% del Producto- sumado al de la seguridad social -del 0,5%- se contrarresta parcialmente con los superávit generados en la última etapa, que ascienden al 0,5%, en lo que tiene que ver con el Gobierno Central, y al que se debe sumar -y esto me importa particularmente señalarlo- el generado por las empresas públicas, (0,9%) que insensatamente el Parlamento parece no haber tomado debidamente en cuenta al votar una ley que, en breve plazo, alarmará a todo el país. Todo esto ha generado un déficit del 2,5% del Producto que en la actualidad bajó al 1,9%. Si bien aquí ya se ha señalado, entendemos que es conveniente recalcar una vez más que, en modo alguno, este déficit fiscal es preocupante, y mucho menos intolerable o crítico. Es más: algunos señores senadores compañeros de bancada han expresado que en muchos países que, inclusive, han sido considerados por muchas de las corrientes políticas actuantes hoy en el ámbito nacional como paradigmáticos, se han originado déficit fiscales muy superiores al nuestro. Por ejemplo, aquí se recordó que Italia -que tan a menudo se toma en consideración como ejemplo singular- tiene un déficit de alrededor del 5% de su Producto Bruto Interno, Bélgica del 8% y Japón que, por cierto, supera el déficit fiscal originado en esta última etapa de nuestro país, ya que se ubica en el orden del 3,5%.

Por otra parte, de la experiencia nacional -tal como lo afirmamos reiteradamente en ocasión de analizarse el proyecto de ley relativo al ajuste fiscal- surge que, en la práctica, en modo alguno el déficit fiscal es causante de la inflación. Alrededor del 7% del déficit fiscal del período anterior originó en 1989 una inflación del 90%, mientras que hoy, con un déficit fiscal ubicado en un 2,7%, tuvimos un 130% de inflación. Pero, además, debemos tener en cuenta que seguimos con una inflación alta y que el equipo económico no se anima a definir cuáles serán sus guarismos máximos para el presente año. Si bien es cierto que la deuda externa puede ser una de las causas del déficit fiscal, en modo alguno éste -y así se ha probado en los hechos- no origina la inflación a la que tanto se ha recurrido. Según se dice en la teoría, el déficit fiscal genera expansión de medios de pago y ésta, a su vez, da lugar a una mayor demanda. Y frente a una limitada oferta, esta última trae como consecuencia el aumento de los precios y, por ende, mayor inflación. Insisto en que esta circunstancia no se verificó en nuestro país.

Nuestros asesores y compañeros de bancada han manifestado que la inflación es un aspecto verdaderamente complejo que debe ser analizado no sólo en relación con los costos, la demanda y el sistema monetario, sino que además se debe tener en cuenta que hay una inflación inercial, de expectativas y que existen muchos bienes que poseen precios fijados administrativamente. Al respecto recordemos que los tipos de cambio los fija y controla el propio Banco Central y que las tasas de interés así como los salarios son incluidas también, a nivel gubernamental. ¡Y vaya si la fijación de salarios la tiene que soportar, particularmente, los funcionarios públicos, quienes se han visto privados de retribuciones acordes no sólo en relación con una vida digna, sino que se compadezca con el proceso inflacionario que el país ha verificado! Pero, además, hay tarifas e impuestos que, sin duda, inciden en esta inflación y que, sin embargo no dependen del sistema monetario.

Por otra parte, señor Presidente, la actitud del equipo económico, que no está generando ni parece tener medios para controlar esta inflación, desde nuestro punto de vista, estaría determinada por algunos aspectos muy significativos. Precisamente, porque se espera una inflación que no está controlada por el propio poder central, es que se está hablando de algo absolutamente urticante como lo es, por ejemplo, la fijación del ajuste cuatrimestral a los pagos de los préstamos otorgados por el Banco Hipotecario, puesto que, de lo contrario, no estaríamos haciendo mención a la necesidad de tales ajustes.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ARANA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Solicité esta interrupción porque el señor senador Arana ha vuelto a mencionar el tema de la inflación que, permanentemente, ha estado a consideración en esta discusión, en virtud de lo que directa o indirectamente pesa en esta instancia presupuestal. Ya lo habíamos comenzado a plantear ayer, sólo que desde ese momento hasta hoy surgido una novedad que quisiera se tuviera en cuenta. Se trata de una afirmación que en la mañana de hoy realizó el señor senador Blanco. No solicité entonces una intervención, porque no quería cortar el hilo de su exposición, pero ya que volvemos a este asunto, me gustaría hacer un brevísimo comentario, porque el planteamiento formulado por el señor senador Blanco es un punto interesante. Me refiero a la afirmación de que la base monetaria del Uruguay es muy pequeña y por ende, muy sensible; y como es muy sensible, cualquier alteración producida en ella, genera mucha inflación.

El primer comentario que deseo hacer es que es cierto que la base monetaria es muy pequeña; en segundo término, deseo señalar que por el hecho de ser pequeña, es más sensible que una mayor, y, el último comentario que quiero realizar, es que no es cierto que mecánicamente un punto de emisión monetaria genere treinta de inflación. Sé que ésta no es una afirmación propia del señor senador Blanco, puesto que la ha hecho el equipo económico. Esta es una afirmación basada en una teoría que está desmentida por los hechos, y que se denomina "Teoría Cuantitativa del Dinero". Esta se expresa, simplemente, en la siguiente ecuación: la base monetaria multiplicada por su velocidad de circulación, es igual al volumen de transacciones multiplicado por sus precios. Quiere decir que la realidad desmintió totalmente la teoría; pero aún si ésta fuera cierta, tal como lo demuestra su propia definición, los precios no dependen sólo de la base monetaria, sino también de la velocidad de circulación y del volumen de transacciones. De modo que hay que imaginar la realidad como una computadora para decir que un punto de emisión genera treinta de inflación. Eso no es cierto; es absolutamente equivocado. Hago mención a este punto, porque pienso que es importante tenerlo en cuenta a los efectos de valorar la política que se viene aplicando en el país y que repercute directamente en las instancias presupuestales. Reitero que esto no es cierto, aún cuando sí lo fuera la teoría que lo sustenta.

Por último, señor Presidente, deseo señalar que con esta actitud de decir que tenemos una base monetaria pequeña, y que hay que cuidarse de aumentar la emisión, lo único que estamos asegurando es que para el futuro esa base monetaria continúe siendo pequeña y, por lo tanto, que permanentemente sigamos corriendo el riesgo de que una mínima alteración de la misma genere desequilibrios económicos. Junto con ello, cada vez "dolarizamos" más la economía. Lo que se utiliza en el país no es moneda nacional, sino moneda extranjera. Lo cierto es que los precios se fijan cada vez más en esta última y el país se queda sin una herramienta fundamental de la política económica que es la política monetaria. El Uruguay pierde poder monetario de manejo de esas variables. De manera que todos estos aspectos están interrelacionados.

Ahora que el señor senador Arana volvió a tocar el punto, deseaba comentar lo que en la mañana de hoy había aportado el señor senador Blanco, que es un argumento que hemos escuchado reiteradamente cuando se discuten estos temas.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Agradezco le esclarecedora intervención del señor senador Astori.

Lo cierto es, señor Presidente, que el equipo económico por vías claras y directas, o menos claras e indirectas -me refiero, fundamentalmente, a la desviación de las resoluciones parlamentarias en torno a la no ejecución de los gastos para los que se acreditaron cifras de gran consideración- busca un superávit permanente en el Balance de Ejecución Presupuestal. Al respecto, son bien elocuentes los datos que recientemente aportó nuestro compañero de bancada, el señor senador Araújo, al referirse tanto a las realizaciones que en materia de inversiones ejecutó el Ministerio de Ganadería, agricultura y Pesca, como a la contrastante situación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como a la contrastaste situación del Ministerio de Defensa Nacional.

Insistimos, una vez más, en que el equipo económico, notoriamente, procura incrementar el superávit. Para ello, no genera nuevas inversiones ni tampoco la producción del país. En realidad, reduce y congela el gasto público. Algunas veces, da la impresión de que los términos técnicos no tuvieran real conjunción con la gente y con sus problemas cotidianos. Esto significa reducir los salarios públicos; cercenar la seguridad social e incrementar, por ejemplo, la edad mínima para la jubilación de los trabajadores. Parecería, señor Presidente -para decir las cosas brutalmente- que las personas no se mueren lo suficientemente pronto. Por lo tanto, se disminuyen los porcentajes básicos para la prestación de pasividades que, de hecho, son muy bajas para el 75% de los jubilados y pensionistas de nuestro país. Asimismo, se limitan los seguros de desempleo y los beneficios de las mutuales. La implantación de esta política, también significa reducir las retribuciones de los maestros, profesores, médicos, enfermeros, técnicos y administrativos. Al mismo tiempo, se proyecta disminuir las inversiones destinadas a la vivienda.

Curiosamente, las cifras comparativas también son elocuentes porque, en algunos de los peores años que ha vivido el país, concretamente, en 1983 -en plena dictadura- demuestran que el consumo público era de 19.6% del Producto Bruto Interno, en tanto que en 1984, se ubicó en 18.1% y en 1990 en 17.6%.

En lo que tiene que ver con el gasto público, según el informe brindado por el Banco Mundial, podemos señalar que en el año 1988 se situaba en el 23.7%, y en 1990 se redujo al 18.8%.

Esta situación es negativa para el Uruguay y particularmente nociva para la vida del común de sus ciudadanos. Si se comparan estos hechos con o que sucede en otros países, se llega a la conclusión aún más inquietante. Para ello, podríamos referirnos a estados altamente industrializados que siempre se toman como paradigmas. En Nueva Zelanda, el gasto público asciende al 49%; en el Reino Unido -que en su momento, estuvo gobernado por las señora Tatcher, más comúnmente conocida como la dama de hierro- llega al 37%; en Italia -comúnmente tomado como ejemplo- es de 51%; en Bélgica, se sitúa en el 52%; en los Países Bajos, se ubica en 55%; en Alemania alcanza al 30% y en España al 45%. Se nos podrá decir que estos países están muy alejados y que tiene economías y situaciones de producción muy diferentes a las nuestras. Pero si aludimos a los países latinoamericanos, podemos observar que en Chile -largamente recurrido como ejemplo permanente- el gasto público llega al 33.4%, y está lejos de ser un paradigma, porque si bien ha avanzado en muchos terrenos, todavía tiene algunos aspectos deficitarios, como consecuencia de las tremendas secuelas que generó la terrible dictadura del General Pinochet. Por su parte, si nos referimos a México -al que también se ha aludido en el momento de discutir y de votar la nefasta Ley de Empresas Públicas- podremos advertir que el gasto público es del 28%.

Por último, señor Presidente, deseo señalar que nos preocupa -en realidad, debería inquietar a todos los uruguayos- esta manera de enfocar la economía nacional que es poco clara y, particularmente, poco equitativa respecto del conjunto de la población nacional.

Esta situación -tanto a nivel internacional como regional- es sintomática, alarmante y contradictoria. Pero es aún más inquietante, si se tiene en cuenta lo que ha expresado el equipo económico en la Cámara de Representantes, en el momento en que se estaba discutiendo la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Concretamente, se señaló el deseo de reducir el gasto público, de ser posible, en un 5% anual. Si esta aspiración se plasma en los hechos, va a significar que las privaciones que ya se están registrando en los salarios y en la seguridad social, se incrementarán en forma aún más desigual e injusta y serán mucho menos compatibles con las grandes aspiraciones de los ciudadanos que tantos padecimientos han sufrido en el correr de los últimos decenios. Esta política tampoco se compadece con las orientaciones que guiaron no sólo a nuestras organizaciones partidarias -a las que hemos pertenecido desde siempre- sino también a aquellas que colectivamente están representadas en este Senado.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Simplemente, quisiera hacer un breve comentario a propósito de la intervención que efectuó el señor senador Astori.

Tal como él lo ha señalado -y concuerdo con su interpretación- en la exposición que realicé en la mañana de hoy, la línea de mi razonamiento estaba dirigida a que, como en nuestro país existe una base monetaria reducida, se debe tener una sensibilidad especial en cuanto al procedimiento de la emisión, en virtud del efecto que podría tener sobre la inflación.

Posteriormente aludí a una relación de uno a treinta, para lo cual cité a algunos economistas que se referían a ella. Mi objetivo, simplemente, era subrayar la sensibilidad indudable de nuestra plaza a la emisión, teniendo en cuenta la base monetaria reducida.

También coincido con el señor senador Astori acerca de que hay otros elementos, como la velocidad de circulación del dinero, que se deben considerar. También se deben considerar por ejemplo las expectativas que en materia inflacionaria puedan existir en la población en determinado momento, lo que -dicho sea de paso- constituye una reivindicación del factor humano, como factor decisivo en las ciencias económicas que, por algo, también son sociales. Otro elemento a considerar es el externo. Obviamente, nuestro país no es una nave espacial perdida en las inmensidades, sino que está integrado a la realidad de un contexto internacional. Por lo tanto, los factores externos puedan tener un impacto en la inflación. De modo, pues, que la circulación del dinero, los elementos externos y los volúmenes de las transacciones que, sin duda, influyen o pueden influir en la inflación. Pero ello no quita que existiendo una base monetaria reducida, la emisión posee una sensibilidad especial, una incidencia directa en la inflación por lo cual debe ser manejada con particular prudencia. En consecuencia, en los recursos o fuentes posibles disponibles para financiar el presupuesto, la emisión sólo puede ser utilizada con mucha parsimonia.

Por otra parte, creo que no necesariamente una mayor emisión pueda contribuir a la "desdolarización" de la economía. En definitiva, esto va a depender de las expectativas que tenga el público con respecto a la evolución inflacionaria. Me atrevo a pensar que en la actualidad, si hubiera una mayor emisión, las personas no se quedarían con la moneda nacional sino que comprarían más dólares. De esa manera, estarían contribuyendo, una vez más, al fortalecimiento de esa divisa y a la "dolarización" de la economía.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Arana.

SEÑOR ASTORI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ARANA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: creo que estamos de acuerdo, al menos, con el objetivo de manejar con prudencia la emisión, a pesar de que no lo haría con tanto cuidado como de aquí se deduce.

Deseo señalar que para el Uruguay del futuro, es de capital importancia la ampliación de la base monetaria. De lo contrario, seguiremos corriendo el mismo riesgo que se ha señalado más de una vez en esta Sala.

Voy a citar a un economista que precisamente no coincide con mi punto de vista. Me refiero al ingeniero Alejandro Végh Villegas, quien desde hace muchos años viene diciendo que la monetización de reservas, o sea, la compra de moneda extranjera a cambio de emisión, es la principal vía que debe seguir el Uruguay en el futuro para ampliar su base monetaria. Por lo tanto, no somos sólo nosotros -los que tenemos una clara actitud opositora con respecto a esta política económica- los que creemos que el Uruguay corre un riesgo en el futuro, si sigue impidiendo el avance de su base monetaria, riesgo que implicaría prácticamente quedarse sin moneda nacional y perder la política monetaria como herramienta, porque, en definitiva, se va a estar utilizando en proporciones cada vez mayores una moneda que no controlamos, por no ser la nuestra.

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más oradores inscriptos, corresponde votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

De acuerdo con lo que ya hemos manifestado, se considerará en primer término el proyecto venido de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, luego los artículos aditivos que no fueron tratados en ésta y que figuran en un repartido separado y, posteriormente, aquellas normas que contaron con la sanción de la Cámara de Representantes y que fueron rechazadas en la mencionada Comisión, toda vez que algún señor senador solicite su tratamiento.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - No sé si será posible, pero pensamos que de este proyecto de ley que viene de Comisión con algo más de 500 artículos, alrededor de cuatro quintas partes no merecen observaciones de carácter alguno por parte de los miembros del Senado. Según una práctica que aprendí en la Cámara de Representantes, hice llegar a la Mesa una nómina de los artículos -que en lo que refiere al señor senador Batalla y a quien habla, son veintiocho- que solicitamos sean considerados por separado. Discrepamos y nos oponemos a algunos de ellos, mientras que en otros creemos que sería necesaria una revisión de su texto. Es el caso de los que dicen relación con el Banco de Previsión Social, cuya redacción ha preocupado a los miembros del Directorio de dicho organismo, quienes hasta hace unas horas estaban reunidos con sus asesores examinando la redacción de estas disposiciones.

Por lo expuesto, propondría que salvo los artículos cuya consideración por separado sea solicitada por alguno de los integrantes del Senado -repito que nuestra bancada ha hecho llegar a la Mesa una nómina de veintiocho disposiciones- se efectúe una votación en bloque. Esa sería una manera de avanzar en una discusión particular que seguramente nos llevará mucho tiempo, de acuerdo con le programa que el señor Presidente ha señalado.

Además, si más adelante nos damos cuenta de que algunas de las disposiciones que votamos en bloque merece ser reconsiderada, alcanza con pedir su reconsideración para que se examinara en particular.

Me parece que ése sería un procedimiento práctico que nos permitiría avanzar rápidamente en el tratamiento de gran cantidad de artículos que me animaría a decir que comprendería las cuatro quintas partes del proyecto.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Solicité hacer uso de la palabra por un motivo diferente del señor senador Cassina, naturalmente que los compañeros del Cuerpo podrán dar su opinión respecto a lo que él plantea más adelante.

La Mesa ha dicho en el día de ayer, y lo ha reiterado hoy, que consideraremos en primer lugar el proyecto aprobado por la Comisión, en segundo término los aditivos presentados en tiempo y forma y, finalmente, aquellos que, habiendo sido suprimidos en el transcurso del trabajo de la Comisión, algún señor senador los hiciera suyo y manifestara la voluntad de que fueran tratados por el Cuerpo, por supuesto que con la suficiente argumentación.

De todas maneras, quisiera preguntar si se puede proponer la consideración de un grupo de artículos que figuran en un repartido anexo y que, en su momento, fueron suprimidos por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Existe una disposición reglamentaria que se refiere a este tipo de situaciones. Se trata del artículo 70, que establece que, "salvo resolución expresa del Cuerpo, se tomará como base en la discusión particular de los proyectos: 1. El de la Comisión dictaminante. 2. El del autor o el venido de la otra Cámara", y luego menciona otras situaciones que, de acuerdo con la reforma reglamentaria oportunamente aprobada, no resultan de aplicación para los proyectos de Presupuesto y Rendición de Cuentas.

Desde el punto de vista estrictamente reglamentario, la Mesa cree que el señor senador Raffo tiene razón en cuanto a sostener que si el proyecto cuenta con iniciativa del Poder Ejecutivo, las disposiciones que fueron rechazadas igual pueden ser puestas en consideración. Pero las trataríamos en último término.

SEÑOR RAFFO. - A eso me refería.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - No sé si se ha agotado la instancia de la consulta del señor senador Raffo, pero deseo referirme a la propuesta del señor senador Cassina.

Me parece difícil que todos lo señores senadores hayan tomado la previsión de hacer llegar a la Mesa una numeración de los artículos que desearían tratar por separado. Por lo tanto, creo que debe examinarse el proyecto por Sección o por Capítulo, como tradicionalmente se ha hecho en el Senado, es decir, manejando la posibilidad de que cada señor senador pida el desglose de las disposiciones que considere del caso. Sería más fácil trabajar con veinte o treinta artículos que con cien.

De manera que solicitaría que se siga la práctica habitual, esto es, examinando cada Sección o Capítulo y que cada uno tenga el derecho a pedir el desglose de los artículos a los que les quiera hacer una salvedad o votar negativamente.

Ese es el temperamento que propongo.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Personalmente, iba a solicitar lo mismo que el señor senador Pereyra, o sea que se siga el procedimiento habitual en el Senado en lo que refiere al tratamiento de la materia presupuestal. Estoy de acuerdo con el señor senador Cassina en que hay una inmensa cantidad de artículos que no van a ser motivo de discusión, pero a los efectos de un mejor manejo me parece más práctico ir analizando Capitulo por Capítulo o Inciso por Inciso.

Quiero aclarar que, en mi concepto, en el momento de estudiarse determinado Capítulo o Inciso, debe tratarse primero el texto venido de la Comisión, luego el aprobado por la Cámara de Representantes si no tiene contradicciones y, en su caso, el del Poder Ejecutivo si se quiere traer a colación. Sin embargo, pienso que no debemos dejar de lado el que corresponde a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, que también tiene autor. También creo que los artículos aditivos deberían ser considerados junto con el Capítulo que hace a su materia. Si decidiéramos tratar los aditivos al final de la discusión particular, tendríamos que volver a hablar sobre materias que ya fueron estudiadas.

Repito que, a mi juicio, un estudio de Capítulo por Capítulo o Inciso por Inciso obliga a tratar primero el informe de la Comisión, luego lo aprobado por la Cámara de Representantes -si se quiere, el texto remitido por el Poder Ejecutivo- y finalmente lo propuesto por los organismos del artículo 220 y los aditivos.

Esa era la sugerencia que iba a plantear, que concuerda con la propuesta formulada por el señor senador Pereyra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Retomando el pensamiento del señor senador Gargano, la Mesa señala que, haciendo un análisis de Capítulo por Capítulo, se irían votando cada uno de los artículos del proyecto, seguidos de los aditivos que se refieren al mismo tema. Sin embargo, la Mesa interpreta que el procedimiento es distinto, ya que de acuerdo al reglamento, se debe considerar, en primer lugar, el proyecto venido de la Comisión y una vez que éste sea votado, se considerarán los aditivos. Lo que proponía el señor senador Pereyra era que se fuera votando por Capítulos o Secciones -tal como se ha hecho tradicionalmente- el proyecto de la Comisión.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Retiro mi moción y adhiero a la que ha propuesto el señor senador Pereyra.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Si no he interpretado mal, de acuerdo al criterio que la Presidencia ha manejado, se trataría el informe de la Comisión de principio a fin, sin los artículos que fueron aprobados en la Cámara de Representantes, los que han venido del Poder Ejecutivo y los relacionados con los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente este es el criterio de la Mesa y así procedimos cuando se trató el presupuesto.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Creo que cada señor senador que solicita la palabra confunde más esta discusión. Personalmente creo que debemos actuar de acuerdo a lo que aconseja la práctica, es decir, votar las Disposiciones Generales y proseguir Sección por Sección. De esa forma, se pueden desglosar los artículos que a juicio de algún señor senador deben ser considerados de inmediato, o más adelante, por razones de texto o para oponerse a él.

Posteriormente, se tratarían los aditivos que fueron presentados en la Comisión. En resumen, al vota una Sección se puede pedir el desglose de determinado artículo porque no se lo comparte o porque se desea modificar su redacción. Entiendo que este es la propuesta del señor senador Pereyra.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - No deseo alargar esta discusión de método, pero me parece que si trabajamos de esta forma vamos a tener problemas, debido a una razón que expresaré ahora.

Personalmente, creo que en ocasión de discutirse la Ley Nº 16.170, no trabajamos así, por una diferencia que expondré seguidamente. Resulta muy claro que a partir de la propuesta del señor senador Pereyra, trabajaríamos sobre el texto venido de Comisión, Capítulo por Capítulo. De esa forma, el orden sería: proyecto venido de Comisión, Cámara de Representantes, Poder Ejecutivo y organismos del artículo 220 de la constitución que están, quizá, en pie de igualdad con el Mensaje del Poder Ejecutivo porque tiene iniciativa presupuestal y, posteriormente, los aditivos.

Yendo a un punto específico, creo que una forma mucho más ordenada de trabajar sería ir por Capítulos siguiendo el orden, tratando primero el proyecto venido de Comisión, para seguir posteriormente con Cámara de Representantes, Poder Ejecutivo y Organismos del 220, dejando para el final sólo los aditivos. De esta manera trabajamos en ocasión de tratarse la Ley de Presupuesto anterior y no dejamos para el final el Mensaje de la Cámara de Representantes, el del Poder Ejecutivo, el de los Organismos del 220 y los aditivos. Los que quedaron para el final fueron solamente los aditivos.

Repito que nuestra propuesta es trabajar por Capítulos considerando primero el texto de la Comisión y sucesivamente el de la Cámara de Representantes, el del Poder Ejecutivo y el de los Organismos del 220 para, posteriormente, recién al final, considerar todos los aditivos. De lo contrario, tal como lo ha dicho el señor Gargano, vamos a tener que realizar varias lecturas de la ley tratando primero el texto venido de la Comisión y, luego, retrocederíamos para analizarla nuevamente en toda su extensión con el texto de la Cámara de Representantes, con el del Mensaje del Poder Ejecutivo y con el de los Organismos del 220. Pienso que debemos ordenarnos en función de los criterios prioritarios aprobando por Capítulos, dejando todos los aditivos para el final.

Esta es mi propuesta concreta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde que se vote la moción presentada por el señor senador Pereyra y si ella no fuere afirmativa, se procederá a votar el criterio sugerido por los señores senadores Gargano y Astori.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Si ponemos a votación la moción del señor senador Pereyra y ella resulta aceptada, no se pondrá a votación la nuestra. Creo que esto no es correcto porque no son excluyentes, sino complementarias. Por eso proponemos agregar al trabajo por Capítulos, el Mensaje de la Cámara de Representantes, el del Poder Ejecutivo y el de los Organismos del 220, dejando para el final los aditivos. Repito que, a mi entender, son mociones complementarias y me remito al juicio que pueda hacer el Cuerpo.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - Personalmente voy a votar la moción del señor senador Pereyra en cuanto a hacer una votación que no se refiera a artículo por artículo sino a Capítulos del proyecto que fue aprobado por la Comisión Especializada del senado. Todo aquello que no está contenido en ese proyecto, ya sea aditivo así como propuestas hechas por el Poder Ejecutivo o normas sancionadas por la Cámara de Representantes que tampoco fueron incluidas por la Comisión, podrán, en una consideración ulterior a la del proyecto venido de Comisión, incorporarse a él igual que los aditivos.

Por lo tanto, no veo por qué tenemos que realizar una discusión, en primera instancia, del proyecto de la Comisión y, seguidamente, considerar todas aquellas normas que no fueron incluidas en este proyecto, pero que sí lo estaban en el que sancionó la Cámara de Representantes o en el Mensaje del Poder Ejecutivo, cuando, en definitiva, tienen las mismas características que los aditivos. Esto es, que no están incluidas en el Mensaje enviado por la Comisión.

En consecuencia, creo que el criterio que ha señalado la Mesa es el correcto. En primer lugar se debe considerar el informe de su Comisión, en segundo término, sanciona o no las normas de ese proyecto y, en tercer lugar, considera todas aquéllas que no están incluidas en el mismo y que son las enviadas por el Poder Ejecutivo, las sancionadas en la Cámara de Representantes y los aditivos que aceptó la Comisión. En ese sentido, es que voy a votar la moción presentada por el señor senador Pereyra.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Pensamos que el señor senador Bouza ha trasmitido lo que nosotros deseábamos decir, por lo cual apoyamos totalmente su propuesta que está de acuerdo con la moción original del señor senador Pereyra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiere decir, entonces, que quienes votan la moción del señor senador Pereyra, interpretan que ella supone un criterio que no es conciliable con el sustentado por los señores senadores Gargano y Astori.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: en apoyo a esta tesis, el Reglamento en su artículo 70 dice: "Salvo resolución expresa del Cuerpo, se tomará como base en la discusión particular de los proyectos:

1. El de la Comisión dictaminante", este es el primero a tomar en cuenta. Luego sigue: "2. El del autor o el venido de la otra Cámara". Quiere decir que el primero es el de la Comisión dictaminante, por o que estaríamos aplicando la hipótesis más normal prevista en el Reglamento.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Estoy de acuerdo con la moción de votar por Capítulos. De todas formas, deseo preguntar en qué momento se pueden incorporar aquellos artículos que habiendo sido votados en la Cámara de Representantes, determinado señor senador solicite que se agreguen al texto. Puede ser el caso de alguna norma venida del Poder Ejecutivo y que un señor senador desee que sea tratada por el Cuerpo. Si esto se hace al final, es indudable que el debate se replantea nuevamente.

Por ejemplo, si existe un artículo que fue votado negativamente por la Comisión y que yo creo que puede ser considerado por el Senado y eventualmente votado, o si surge la posibilidad de que un artículo que fue aprobado por la Cámara de Representantes, que no fue votado por la Comisión y sin embargo estimo que el Senado puede discutirlo, lo dejo para el final y, entonces, cuando lo presente, se vuelve a replantear el debate. Otro caso estaría dado en el Capítulo correspondiente a la Corte Electoral -que es un organismo del 220- que envió un artículo que la Cámara de Representantes aprobó y que luego no fue aceptado por la Comisión del Senado. Me pregunto en qué momento de esta discusión lo puedo presentar, si no es cuando se traten las disposiciones relativas a dicho organismo. Indudablemente, tiene que ser en ese momento. Si el alcance que le quiere dar el señor senador a su moción es ése, la votaré con mucho gusto. Aclaro que la puntualización que hemos hecho es indispensable porque de lo contrario, no se daría la ocasión apropiada para replantear un artículo.

Pienso que los artículos que se van reconsiderar no son tantos ni van a dar lugar a un gran debate. No se trata de que todos los artículos aprobados por la Cámara de Representantes sean tratados aquí, sino aquellos que algún señor senador considere apropiado hacerlo.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Debo decir que tengo la misma inquietud que ha expresado el señor senador Cigliuti, por lo que preferiría que se utilizara el sistema establecido en la moción presentada por el señor senador Pereyra, pero complementada de la forma que señalaba el señor senador Astori. Señalo esto por una razón coyuntural que va más allá del Reglamento. Creo que volvimos a errar el cálculo: hemos calculado que tres días serían suficientes, pero dos de ellos fueron destinados a realizar discursos generales, que si bien los considero muy interesantes, indudablemente, nos acortaron el plazo que tenemos para discutir varios artículos importantes y polémicos. En ese sentido -más allá del Reglamento- pienso que si se complementara la propuesta del señor senador Pereyra -que es el estilo tradicional con que se tratan estos proyectos de ley- con la moción del señor senador Astori, aunque no analizáramos todos los artículo y mucho menos los aditivos como el tema lo merece, podríamos abarcar una cantidad de disposiciones.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se han planteado dos criterios sobre los cuales ya se ha argumentado; quien no esté de acuerdo con el que emana de la moción del señor senador Pereyra deberá votar negativamente y luego hacerlo en forma positiva por la de los señores senadores Gargano y Astori.

Con respecto a la inutilización del tiempo durante dos sesiones con intervenciones relativas a la discusión general, debemos decir que el criterio que la Mesa sustenta y reitera que fue el aplicado en la Ley de Presupuesto tiene la enorme ventaja de que, una vez terminada esta votación, el proyecto ya está aprobado y aunque luego expire el plazo constitucional -mientras se van considerando los artículos aditivos o aquellos propuestos por el Poder Ejecutivo o por la Cámara de Representantes que hubieran sido rechazados- no nos quedaríamos sin Rendición de Cuentas. En cambio, si mantenemos una interminable discusión sobre un artículo que puede ser sustituido por otro con el texto del Poder Ejecutivo o por un aditivo, seguramente nos insumirá más tiempo, y nos veremos constreñidos por el plazo constitucional. En todo caso, el Senado será dueño de adoptar el criterio que desee.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Pereyra en el sentido de que se considere en primer lugar el proyecto de ley aprobado por la Comisión, que se haga separadamente la votación por Capítulos y que, en cada Capítulo, se desglosen para su discusión y votación particular aquellas disposiciones que los integrantes del Cuerpo no deseen votar en bloque.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Entonces, la pregunta que formulé fue contestada negativamente. Si algún señor senador desea que se incorpore a un Capítulo un artículo que fue aprobado por la Cámara de Representantes pero no por la Comisión del Senado, ¿en qué momento lo hará?

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo hará después.

SEÑOR CIGLIUTI. - Ese procedimiento va a darnos una votación limitada porque, contra la opinión del Senado, deja fuera de consideración un número importante de disposiciones. Tal como están planteadas las cosas, no las puedo votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pero si el señor senador entiende que los fundamentos expuestos no son válidos o no está de acuerdo con ellos, vota la otra moción.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Pereyra.

(Se vota:)

-17 en 31. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase la Sección I "Disposiciones Generales", que comprende a los artículos 1º a 4º.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 31. Afirmativa.

En consideración la Sección I "Disposiciones Generales", artículos 1º al 4º.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"SECCION I
Disposiciones Generales

Artículo 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1990, con un resultado deficitario de N$ 155.547:579.000, (nuevos pesos ciento cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y siete millones quinientos setenta y nueve mil), según los anexos que acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.

Art. 2º. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1992, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Los créditos establecidos para sueldos, gastos e inversiones, subsidios y subvenciones, corresponden a valores de 1º de enero de 1991. Dichos créditos se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricos o formales que se comprueben en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 3º. - Las modificaciones al Plan de Inversiones Públicas contenidas en los anexos a la presente ley, forman parte integrante de ésta.

Art. 4º. - En los certificados o situaciones de obra correspondiente a la ejecución de contratos de obra pública o consultoría que celebre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con empresas contratistas o consultoras, el Tribunal de Cuentas deberá otorgar la autorización de pago, si correspondiere, dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibido el certificado.

El Tribunal de Cuentas podrá franquear la realización del pago y disponer que el mismo vuelva a su conocimiento para culminar su intervención.

En acuerdo con el Tribunal de Cuentas, el Poder Ejecutivo y los demás organismos estatales con administración de fondos podrán disponer en sus respectivas dependencias el régimen establecido en los incisos anteriores, cuando la presencia de auditorías delegadas del Tribunal de Cuentas u otros medios administrativos hagan viable la intervención del Tribunal en el plazo establecido").

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Por los argumentos que expusimos en la discusión general, no vamos a votar el artículo 1º. Además, deseo agregar que fundamentamos nuestro voto en que no apoyamos los anexos relacionados con el Ministerio de Defensa Nacional porque, tal como ocurrió en el tratamiento del Presupuesto, en lo relacionado con la Fuerza Aérea vuelve a incorporarse allí la concepción doctrinaria, entre los objetivos programáticos de las distintas Fuerzas que integran nuestras Fuerzas Armadas. En el Programa 004, Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" se incluye la frase "mantener la seguridad nacional, exterior e interior" que había sido anulada por el Parlamento en el año 1986. En consecuencia, reitero, vamos a votar negativamente el artículo 1º.

Aclaramos que nuestro voto es para que exista una Rendición de Cuentas con los contenidos globales que se han expuesto aquí, pero en cuanto a lo particular, no estamos de acuerdo con esta disposición.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Tal como lo expresé en la discusión general, señalo que tanto el señor senador Batalla como quien habla vamos a votar afirmativamente el artículo 1º en el sentido de que el mismo supone aprobar formalmente la veracidad que contiene los documentos remitidos por el Poder Ejecutivo; esto es la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal, en tanto los mismos reflejan la verdad de la Ejecución Presupuestal que, por otra parte, no ha sido objetada en ningún aspecto por el Tribunal de Cuentas de la República. Nuestro voto afirmativo al artículo 1º no supone que compartamos la política presupuestal, y mucho menos la política económica que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-24 en 31. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 2º, 3º y 4º.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la Sección II "Funcionarios" Capítulo I, "Retribuciones y Complementos", artículos 5º a 9º.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:)

"SECCION II
Funcionarios

CAPITULO I
Retribuciones y Complementos

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 16. - Fíjase una retribución complementaria, por dedicación permanente, de un 32 % (treinta y dos por ciento), de sus respectivas retribuciones sujetas a montepío, excluida la prima por antigüedad, para los cargos pertenecientes a los escalafones "P", Personal Político, "Q", Personal de Particular Confianza, "II" del Poder Judicial y para los funcionarios referidos en el artículo 326 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

En estos dos últimos casos, la compensación se percibirá cuando exista incompatibilidad total o parcial para el ejercicio de la profesión, estando, los funcionarios, en ese caso, excluidos del beneficio dispuesto por el artículo 477 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

La retribución complementaria antes mencionada será del 36% (treinta y seis por ciento), para los cargos del Escalafón "I", Poder Judicial, "N", Personal Judicial y Magistrados del Ministerio Público y Fiscal".

Art. 6º. - Los funcionarios de los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional, cuya remuneración nominal mensual por todo concepto, cualquiera sea su fuente de financiamiento, esté por debajo de dos salarios mínimos nacionales, percibirán hasta el 31 de diciembre de 1992, un adicional por concepto de asignación familiar, de un mínimo del 8%, (ocho por ciento), de dicho salario, por beneficiario y por mes.

Facúltase al Poder Ejecutivo a que, en la medida en que lo permitan las disponibilidades del Tesoro Nacional, extienda el beneficio referido a los funcionarios que, por todo concepto, perciban nominalmente hasta tres Salarios Mínimos Nacionales.

Art. 7º. - Los haberes que corresponda percibir a los funcionarios destituidos, de conformidad con lo previsto por el artículo 13 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, cuando no superen el monto de diez unidades reajustables, serán abonados al contado, no siendo aplicable el pago en cuotas establecido por el artículo 9º de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

Art. 8º. - Modifícase el artículo 106 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, que quedará redactado en los siguientes términos:

"Los créditos por concepto de remuneraciones personales de los funcionarios públicos que se generen a partir de la vigencia de la presente ley, prescribirán a los cuatro años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles".

Art. 9º. - Los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la República, de la Contaduría General de la Nación, de la Inspección General de Hacienda y de auditorías internas de los organismos públicos que, en cumplimiento de sus tareas de control, descubran ilícitos penales en la administración de recursos materiales y financieros de los organismos públicos, de los cuales se deriven perjuicios económicos al Estado, podrán percibir hasta el 20%, (veinte por ciento), de la pérdida evitada, en carácter de incentivo, el cual no podrá superar el importe de sus remuneraciones anuales.

El Poder Ejecutivo, previo informe del Tribunal de Cuentas, reglamentará este incentivo, así como su forma de cálculo, contabilización y pago.

Las Contadurías correspondientes, previa resolución del ordenador primario, traspondrán o habilitarán el crédito requerido lo que será comunicado a la Asamblea General, con una información sumaria de lo sucedido").

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Quiero dejar constancia de que votamos afirmativamente estas normas sobre retribuciones y complementos para los funcionarios y anunciamos que oportunamente, cuando se lea este Capítulo por segunda vez, reclamaremos que se considere el artículo 6º correspondiente a esta Sección y que fue aprobado por la Cámara de Representantes, referente a la liquidación de los incentivos para los funcionarios públicos.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Debo decir que he votado afirmativamente este Capítulo aunque su artículo 8º, que trata un tema técnico jurídico, referido a los créditos por concepto de remuneraciones personales, emplea en su texto el verbo prescribir; personalmente, hubiera preferido que se dijera que se opera la caducidad del crédito personal, de acuerdo con un proyecto de ley que fue sancionado por el Parlamento en el período pasado y del que quien habla fue miembro informante. Manifiesto esto porque son distintas las causales de interrupción en uno y otro caso.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Capítulo II, Sección II, "Escalafón y Racionalización Administrativa", artículos 10 a 15.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:)

"CAPITULO II
Escalafón y Racionalización Administrativa

Art. 10. - Los Organismos del Presupuesto Nacional, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a los que se les hubiera ofertado por la Oficina Nacional el Servicio Civil los servicios de funcionarios de la Administración de Ferrocarriles del Estado y de la Industria Lobera y Pesquera del Estado, que no hubieren rechazado los mismos en el plazo reglamentario, deberán incorporarlos a prestar servicios en sus oficinas, dentro de los 60 (sesenta), días siguientes a la promulgación de la presente ley, si aún no lo hubieran hecho. Para los ofrecimientos posteriores, los 60 (sesenta), días se computarán a partir del vencimiento del plazo reglamentario referido.

Los citados Organismos en los que presten o pasen a prestar servicios los referidos funcionarios, hasta tanto se efectúe la adecuación presupuestal definitiva, deberán liquidarles las retribuciones y beneficios sociales que venían percibiendo en su Oficina de origen, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Una vez que esté perfeccionado el acto de redistribución y realizada la adecuación presupuestal definitiva, deberán incorporarlos en sus cuadros presupuestales en un plazo máxima de 30, (treinta), días a partir de la fecha de esta última.

Art. 11. - El Poder Ejecutivo podrá disponer por decreto fundado, las modificaciones necesarias para racionalizar la estructura de cargos y contratos de función pública en las unidades ejecutoras de la Administración Central, de conformidad con lo dispuesto por artículo 39 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Dichas modificaciones no podrán causar lesión de derechos funcionales y las regularizaciones deberán respetar las reglas del ascenso, cuando corresponda.

La racionalización deberá propender a una estructura de cargos y funciones adecuada a los objetivos del Programa requerirá el previo informe conjunto de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

La racionalización no implicará aumento de los créditos presupuestales y será elaborada dentro de los 180, (ciento ochenta), días de la publicación de la presente ley, dándose cuenta a la Asamblea General.

Lo dispuesto precedentemente no afectará la posibilidad de la Administración de ulteriores aplicaciones del mecanismo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Art. 12. - Exceptúase de las supresiones de vacantes establecidas en el artículo 39 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Nº 16.095 del 26 de octubre de 1989, la cantidad de vacantes que respondan al 4% (cuatro por ciento) del total existente en cada unidad ejecutora.

Dicha cantidad se adjudicará por unidad ejecutora en las vacantes de los últimos grados de todos los escalafones, grados y series. Si el número de estas vacantes no fuere suficiente para cubrir el 4% (cuatro por ciento), referido, se deberán realizar previamente las promociones respectivas, para luego proceder a la adjudicación.

Cométese al Poder Ejecutivo la reglamentación de lo establecido precedentemente.

Art. 13. - Los funcionarios presupuestados o contratados de los Escalafones "B" a "F", que reúnan las condiciones exigidas para integrar los Escalafones "A", "B", "D" o "E" podrán solicitar su regularización presupuestal mediante la incorporación en el último grado vacante del escalafón y serie respectivos.

En caso de existir un mayor número de solicitudes que de vacantes se dará prioridad a los funcionarios que se hallen ejerciendo funciones propias de los cargos que integran el escalafón al que solicitan ser incorporados desde una fecha anterior al 30 de junio de 1991 y, entre ellos, a los más antiguos en el ejercicio de tales funciones. No estando en esa situación, se dará prioridad a los funcionarios que hayan obtenido las condiciones para el cambio de escalafón en la fecha más antigua. En este último supuesto, tratándose de títulos profesionales, se tomará la fecha de expedición del título habilitante o requisito exigido para poder ejercer.

El jerarca de la unidad ejecutora deberá justificar que las necesidades del servicio requieren las tareas específicas de la profesión, técnica, especialización y oficio y que ello no significa lesión de derechos funcionales.

La resolución respectiva será adoptada por la autoridad competente, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, cuando corresponda.

Art. 14. - Lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, no será de aplicación para los cargos docentes que estén equiparados a sus similares del Escalafón "H", Personal Docente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Art. 15. - Sustitúyese el artículo 41 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 41. - Sustitúyese el artículo 20 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

‘ARTICULO 20. - Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y legisladores nacionales, a expresa solicitud de éstos.

Los legisladores no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión, simultáneamente.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formule la solicitud, salvo que éste resolviera dejar sin efecto dicho traslado.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de carácter presupuestado o contratado, debiendo renovarse el contrato mientras dure la comisión, sin perjuicio de los ascensos que les correspondan o de la presupuestación de los contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen y, en particular, en cuanto refiera a la carrera administrativa y la remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición de prestación efectiva de tareas en el organismo."

La disposición precedente regirá a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley.")

-Los señores senadores Cassina y Cigliuti han solicitado la consideración separada de los artículos 15 y 13, respectivamente.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 10, 11, 12 y 14 del Capítulo II, tal como se ha dispuesto.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 13.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Hemos votado negativamente este artículo en el seno de la Comisión y mantendremos nuestra posición en esta instancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14.

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - En oportunidad de tratarse este artículo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, dejamos constancia de nuestra oposición a él por no estar de acuerdo con el aumento del número de funcionarios en comisión, en lo que respecta a los legisladores. Sin embargo, como la disposición consta de un cuerpo único, lo votaremos negativamente.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Deseo dejar constancia de mi voto negativo por los fundamentos expuestos por el señor senador Pereyra.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Tal como lo expresáramos en Comisión, votaremos negativamente este artículo por las mismas consideraciones manifestadas por el señor senador Pereyra.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Quiero manifestar que, manteniendo la posición anunciada, votaremos en el sentido que indicamos en Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia, que comparte lo expresado por los señores senadores preopinantes en el sentido de que no debe aumentarse el número de funcionarios que los legisladores pueden tener en comisión, hace ver que se corre el riesgo de votar negativamente todo el artículo, que tiene un contenido más amplio, ya que regula el instituto del pase en comisión con carácter general. Por tal motivo, considera que lo que debe hacerse es poner a votación el artículo y, separadamente, votar lo que sería el inciso segundo del nuevo artículo 20 de la Ley Nº 15.903, que es el que se refiere al número de funcionarios en comisión que pueden tener los legisladores que, como se sabe, actualmente es de cuatro y la norma proyectada pretende elevarlo a cinco.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - He solicitado la votación separada de este artículo para proponer que el inciso final que dice: "La disposición precedente regirá a partir de la fecha de promulgación de la presente ley", exprese: "La disposición precedente regirá a partir del 1º de enero de 1991". Obviamente, esto no se refiere al aumento de los traslados de funcionarios en comisión que no pueden realizarse con retroactividad, sino al inciso anterior, en tanto existen funcionarios que han obtenido un pase en estas condiciones y han perdido parte de su remuneración. A nuestro juicio, esta situación es injusta; no son muchos los casos, pero conocemos algunos, aunque ellos no se dan en nuestro sector. Reitero que se trata de funcionarios que han venido a trabajar efectivamente en colaboración con sus respectivos sectores políticos, por lo que consideramos que no debe admitirse esta pérdida de parte de sus remuneraciones normales en la oficina de origen.

Por estas razones, propongo esta modificación en lo que hace al inciso final de la disposición.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Debo decir que este punto no fue discutido en el seno de la Comisión; lo que allí se trató fue si el número de funcionarios en comisión con que podían contar los señores legisladores sería de cuatro o cinco, y alrededor de este tema giró toda la discusión que motivó la votación dividida que hubo después. Posteriormente, fui informado acerca del alcance final de esta norma que establece que debió empezar a regir a partir del 1º de enero de 1991, a fin de contemplar la situación de varios funcionarios que no fueron considerados en sus oficinas respectivas por el hecho de encontrarse en comisión con ministros o legisladores.

Con referencia a este punto y a título personal -ya que no tuve ocasión de conversarlo con los miembros de nuestra agrupación partidaria- manifiesto que acompañaré el criterio expuesto por el señor senador Cassina y, a esos efectos, pido que se vote el artículo separando lo que vendría a ser el inciso segundo del artículo 20 mencionado por el señor Presidente del Cuerpo del último inciso de esta disposición.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Quisiera dejar constancia de que consideramos una medida muy atinada el que se eleve el número de funcionarios en comisión que puede tener cada legislador. A nuestro juicio, el problema no es el número, sino si estos funcionarios trabajan efectivamente en el asesoramiento del legislador y si lo hacen dentro o fuera del Palacio Legislativo.

Si efectivamente estos cinco funcionarios que solicitamos para poder desempeñar con mayor éxito nuestra labor están al servicio de los legisladores, creo que es lo menos que podemos hacer por un Poder Legislativo que constantemente se autorrelega, no sé si por un temor a determinados costos políticos o porque asume que debemos continuar trabajando con estas carencias. Reitero que no se trata de un problema de números, sino de si esto se utiliza para el clientelismo político o para que esas personas realmente ayuden con la labor legislativa. En ese sentido, pienso que es lo mínimo que podemos hacer para facilitarla y no incurrir así en contradicciones. Hay un prurito tremendo para que de cuatro funcionarios en comisión se pase a cinco, pero no veo ese mismo prurito para poner coto a la creación de cargos de confianza tremendamente remunerados. Por ejemplo, hace poco tiempo, un cargo que tradicionalmente fue ocupado por una sola persona, la Subsecretaría Nacional de Salud, se convierte en dos cargos de confianza, y aún estamos por entender la razón de esta multiplicación en un área que hasta ahora se venía desempeñando exitosamente por parte de un solo funcionario. En esos casos somos generosos, pero no lo somos para permitir que los legisladores, que trabajamos con las carencias que todos conocen y reconocen, veamos facilitada nuestra labor, aunque más no sea con un funcionario más que venga a ayudar en la tarea legislativa. Me parece que es restringirnos y autocercenarnos de una manera excesiva y no saludable. Sería saludable, en cambio, establecer -agudizando el ingenio- algún tipo de reglamentación para poder constatar realmente si los cuatro funcionarios que tenemos ahora o los cinco que pretendemos, efectivamente trabajan en comisión en auxilio de la labor legislativa.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Brevemente, deseo aclarar que, originalmente, los legisladores podíamos contar con dos funcionarios en comisión; luego, ese número fue aumentado a tres; en el Presupuesto, fue incrementado a cuatro y ahora lo queremos llevar a cinco. Me parece que este ritmo de crecimiento no tiene mucha explicación. Aclaro que comprendo los argumentos esgrimidos por el señor senador Millor en cuanto a la colaboración que necesitan los legisladores y en cuanto al hecho de evitar algún tipo de abusos en este sentido, pero sé que esto es muy difícil de controlar.

Quiero adelantar, si de algo sirve, que en la Comisión Administrativa hemos pensado crear un cuerpo asesor para los legisladores -como tienen otros Parlamentos del mundo- teniendo en cuenta la cantidad de técnicos que hay entre el personal del Palacio Legislativo. De alguna manera, esto puede llegar a suplir el asesoramiento que aquí se requiere, lo que no impide que en alguna oportunidad y para atender determinados problemas se solicite la presencia de un funcionario perteneciente a una oficina que dependa del Poder Ejecutivo.

En mi opinión, por este camino estamos aumentando el número de funcionarios en comisión a un ritmo sumamente acelerado, y hasta diría que no hay capacidad física para contenerlos si lo elevamos a cinco por legislador. No debemos olvidar que somos 130 legisladores, lo que representaría varios centenares de funcionarios.

Realizo estas reflexiones con la esperanza de que puedan ayudar a una interpretación cabal del problema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los incisos 1º, 3º y 4º del artículo 15, que sustituye al Nº 41 de la Ley Nº 16.170. Posteriormente corresponde considerar los incisos 2º y 5º de lo que sería el nuevo texto de esta disposición.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso 2º del nuevo artículo 41 de la Ley Nº 16.170, que dice lo siguiente: "Los legisladores podrán tener más de cinco funcionarios en comisión simultáneamente".

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Quiero señalar que además de la diferencia con el régimen vigente de que se eleva el número de funcionarios en comisión de cuatro a cinco, existe otra con relación a lo aprobado por la Cámara de Representantes, donde se establecía que el límite de cinco funcionarios no sólo regía para los legisladores, sino también para los Ministros de Estado. Al respecto, el inciso 2º de esta disposición, aprobada por la Cámara de Representantes, decía que los legisladores y Ministros de Estado no podrán tener más de cinco funcionarios. Este acotamiento me parecía muy acertado sobre todo en la medida en que en la Comisión se aclaró que estos funcionarios iban a estar al servicio del Ministro y no del Ministerio. Naturalmente que un Ministerio, por razones de servicio, no tiene límite en cuanto al pase en comisión de funcionarios. En este sentido, creo que la Comisión, al haber quitado el límite a los Ministros, ha cometido un error. Inclusive, no veo qué fundamento tiene estar discutiendo aquí si elevamos el número de funcionarios al servicio de los Senadores y Representantes de cuatro a cinco, si dejamos enteramente libre, sin ninguna limitación, el que corresponde a los Ministros de Estado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-21 en 31. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso final con el texto venido de Comisión. Si esta votación resultare negativa, correspondería votar la redacción propuesta por el señor senador Cassina.

(Se vota:)

-7 en 31. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto propuesto por el señor senador Cassina, que dice así: "La disposición precedente regirá a partir del 1º de enero de 1991".

(Se vota:)

-22 en 31. Afirmativa.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: debo expresar que hemos votado negativamente esta disposición, por cuanto establece que la que ahora se modifica en relación con los funcionarios en comisión, rige a partir del 1º de enero de 1991. Además, consideramos que, más allá de alguna posibilidad de que esta retroactividad implique cierto reconocimiento a situaciones que puedan catalogarse de injustas, este tipo de disposiciones debe regir a partir de la fecha de la promulgación de la ley. Por otra parte, esto implica una situación particular, ya que la disposición que en uno de los incisos de la disposición que se ha votado introduce una modificación importante al decir que el funcionario en comisión va a recibir la remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Hasta el presente, esta situación no se había planteado, como tampoco se abonaban esas asignaciones a los funcionarios que estaban en comisión al no prestar funciones en las oficinas de origen.

Por último, quiero destacar que esta retroactividad implicará un gasto, razón por la que tampoco hemos dado nuestro voto afirmativo.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para hacer una consulta a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Mi intención es incluir esta limitación también para los Ministros de Estado. Entonces, pregunto si lo debo hacer en este momento, al considerar el artículo, o si el temperamento de la Mesa es hacerlo luego de considerar el proyecto, porque debo advertir que venía en el texto de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con el criterio que adoptó el Senado, correspondería tratarlo cuando se consideren los artículos venidos de la Cámara de Representantes.

Por la vía del fundamento de voto, la Presidencia quiere expresar que no ha votado afirmativamente el inciso referente al aumento del número de funcionarios en comisión que pueden tener los legisladores por considerar que no es razonable suponer, en el caso de que cada legislador haga uso de ese derecho, que todos esos funcionarios concurrirían al Palacio Legislativo a prestar funciones. No olvidemos que somos 130 legisladores, por lo cual, si cada uno de nosotros tiene cinco funcionarios en comisión, a su disposición, serían 650 personas más, aparte de los aproximadamente 1.100 empleados presupuestados de ambas Cámaras y de la Comisión Administrativa. Es de fácil comprensión que no existe lugar físico en este Palacio para tantas personas, salvo que se habilitaran locales o carpas en el Salón de los Pasos Perdidos.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Evidentemente, los funcionarios, en el número que se ha mencionado, nunca están simultáneamente cumpliendo tareas en el Palacio, sino que lo hacen en diversos turnos. De manera que, compartiendo algunas razones aquí esgrimidas, he votado favorablemente este artículo.

Por otra parte, quiero dejar constancia de que teniendo derecho a contar con cuatro funcionarios en comisión, actualmente sólo tengo tres porque considero que son suficientes. Por su parte, el señor senador Santoro me acota que tiene solamente dos funcionarios a su servicio. De modo que no lo voté como un beneficio que me implique directamente. Estimo que es muy importante, a los efectos de la eficacia de la función, poder contar con funcionarios en comisión para cumplir tareas que los señores senadores no pueden realizar fuera de la Casa.

Sin aludir a nadie, lamento muchísimo que cada vez que se tratan estos temas, se lo haga con un tono de desprestigio hacia la función política y legislativa. Esto no se puede aceptar de ninguna manera porque estas normas se consideran debido a que en nuestro Parlamento no existen oficinas de asesoramiento a los legisladores, especializadas en las más diversas ramas de la legislación, tal como sucede en otras partes del mundo. Pero el funcionario que está en comisión al servicio de un legislador no sólo cumple la función de asesoramiento técnico sino que, además, tiene una condición -a nuestro juicio la más importante- que es la de la confianza política. Expreso esto porque, por ejemplo, yo no me podría asesorar con una persona que estuviera al servicio del señor senador Millor, dicho esto con el máximo respeto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el Capítulo III de la Sección II que incluye los artículos 16 a 22.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO III
Normas sobre funcionarios

Artículo 16. - En las contrataciones de función pública para funciones permanentes, la reválida operará en forma automática al vencimiento del plazo contractual y en las mismas condiciones del contrato original, salvo expresa resolución contraria del Poder Ejecutivo.

Si mediare el propósito de la Administración de no renovar el contrato, deberá comunicárselo al contratado con una antelación de por lo menos dos meses, antes del referido vencimiento.

Si mediare el propósito de la Administración de no renovar el contrato, deberá comunicárselo al contratado con una antelación de por lo menos dos meses, antes del referido vencimiento.

Art. 17. - Declárase que los haberes a que refiere el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, en la redacción dada por el artículo 9º de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, se determinarán a razón del salario vigente en el momento del pago de los haberes al funcionario, correspondiente al cargo a que sea efectivamente reincorporado o promovido.

Art. 18. - Desde el día lunes al jueves, inclusive, de la semana de turismo de cada año, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y las unidades ejecutoras de todos los organismos, excepto los que se regulan por el artículo 220 de la Constitución de la República, mantendrán en funcionamiento las oficinas que atiendan público con una guardia de personal mínimo necesario y para las tareas indispensables.

Art. 19. - Los funcionarios que en virtud del artículo precedente desempeñen actividades en el período referido, tendrán derecho a incorporar a sus vacaciones anuales el tiempo trabajado, multiplicado por el factor 1,50, excepto cuando el organismo del que dependan tenga un sistema más favorable, en cuyo caso se estará a este último.

Art. 20. - Para los feriados correspondientes al 19 de abril, 18 de mayo, 18 de julio y 12 de octubre, se seguirá el siguiente régimen:

A) Si ocurrieren en sábado, domingo o lunes, se observarán en esas fechas.

B) Si ocurrieren en martes o miércoles, se trasladarán al lunes inmediato anterior.

C) Si ocurrieren en jueves o viernes, se trasladarán al lunes inmediato siguiente.

Art. 21. - El derecho a optar previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, podrá ser ejercido por los funcionarios que se encontraban prestando servicios en comisión a la fecha de vigencia de dicha ley, aún cuando no tuvieran en ese momento una antigüedad de seis meses en la oficina de destino, siempre que hayan permanecido en esa situación hasta la fecha de promulgación de la presente ley.

El plazo de sesenta días para formular la opción, se contará a partir de la fecha de vigencia de esta ley.

Art. 22. - Las disposiciones contenidas en los artículos 1º, 2º, 4º literal G) e inciso final, 5º , 7º y 6° de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, no serán aplicables a los Gobiernos Departamentales":)

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Simplemente para solicitar que se desglosen los artículos 18, 20 y 22.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Es para solicitar lo mismo, señor Presidente.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Solicito que se desglosen los artículos 18 y 20.

SEÑOR ZUMARAN. - El artículo 19 es consecuencia del 18, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador tiene razón, si no se aprueba el artículo 18 no se puede considerar el 19.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 16, 17 y 21.

(Se vota:)

-31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 18.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - El artículo 18, al igual que el 20, refiere a la supresión de feriados. En este mismo recinto, el año pasado, ya discutimos extensamente el punto, por lo que no deseo reiterar el debate.

No estoy de acuerdo con el artículo 18 porque entiendo que debe mantenerse la Semana de Turismo en la forma en que está establecida desde hace tantos años. Como se sabe, ahora ella sirve para el entretenimiento y la diversión populares, tanto en el interior del país como en la Capital y a tal fin los aficionados del deporte se preparan durante mucho tiempo.

Deseo aclarar que voy a votar en contra de este artículo.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Tampoco consideramos conveniente desnaturalizar lo que constituye una tradición en nuestro país, como es la Semana de Turismo. Entiendo que no debe ser identificada como un período de descanso porque significa un impulso económico para muchas actividades en toda la República, fundamentalmente en el interior pero también en Montevideo. En esta época tan difícil, la Semana de Turismo representa un motivo de reencuentro para la castigada familia uruguaya mediante el trasiego de la Capital al interior, o viceversa.

No creemos, de ninguna manera, que el interés del país pase por la supresión de estos feriados. Por otra parte, no hay ningún organismo público que brinde un servicio indispensable para el país que suspenda sus actividades en esos días.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: voy a votar afirmativamente este artículo porque entiendo que no impide el cumplimiento de la tradición en torno a esta semana, puesto que establece la obligación para las oficinas estatales que atienden al público de mantener las guardias necesarias para realizar las tareas indispensables. Esto tiene por finalidad que el Uruguay no quede desconectado del resto del mundo durante un período tan prolongado, situación única en el ámbito internacional. Esto no impide que todos los funcionarios de la actividad privada y los públicos que no forman parte de la guardia mínima indispensable para mantener los servicios, puedan disfrutar como hasta ahora de su descanso.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: compartimos los argumentos manejados por los señores senadores Cigliuti y Singlet.

Cuando este artículo fue tratado -venía con otra redacción- en la Comisión Especial para el estudio de los artículos desglosados, que trabajó a buen ritmo, tuvimos serias dudas pero luego llegamos a conclusiones muy similares a las expresadas por el señor senador Singlet.

Los organismos a que refiere este artículo ya cumplen las guardias correspondientes, por lo que su aprobación sentaría un precedente para que prosperen iniciativas como las que en ocasiones se ponen de moda en el país. Reconozco que existe una biblioteca en contra de la Semana de Turismo, pero los señores senadores deberán coincidir en cuanto a que hay una realidad del aparato económico uruguayo que ha integrado esta semana a ciertas zonas geográficas del país para los cuales resulta económicamente importantísima la afluencia de turistas. Creo que debemos asumir nuestra realidad tal cual es y opino que suprimir estos feriados atenta en contra de esta realidad.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Compartimos los fundamentos brindados por aquellos señores senadores que van a votar negativamente estos artículos.

No debe olvidarse que para el Uruguay esta es una semana de vacaciones generales de todo el sector privado, que normalmente distribuye sus licencias -en un 95%- entre las Semanas de Carnaval y la de Turismo.

Cuando se discutió este tema anteriormente, manifestamos que podíamos aceptar un cambio siempre que se concediera a los trabajadores todas las licencias en forma corrida, incluidos los feriados correspondientes. Como este criterio no se aceptó, entendemos que el mejor mecanismo es mantener la situación actual.

Por otra parte, las guardias de los servicios esenciales ya existen en todas las dependencias.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: lamento decirlo, pero voy a votar de manera distinta que el señor senador Cigliuti. Creo que, contrariamente a lo que se dice, esta disposición favorece el mantenimiento de un personal mínimo durante la Semana de Turismo, que resulta necesario para atender precisamente al público que se encuentra de vacaciones. De esta manera, gozará de las facilidades que no tendría si no aprobáramos esta norma. Por eso considero que esta disposición mejora la prestación de servicios para las personas que se quedan en el país en esta semana, que muchas veces se ven privados de recurrir a ellos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 18.

(Se vota:)

-16 en 31. Afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar nuevamente el artículo 18.

(Se vota:)

-16 en 31. Afirmativa.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicito que se rectifique nuevamente la votación, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar nuevamente el artículo.

(Se vota:)

-16 en 31. Afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Recuerdo a la Mesa que el artículo 19 había quedado postergado.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador tiene razón: fue postergada la consideración del artículo 19.

Se va a votar el artículo 19.

(Se vota:)

-19 en 31. Afirmativa.

En discusión el artículo 20.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Sintéticamente, quiero dar los fundamentos de mi voto contrario a este artículo.

Creo que no se deben mover las fechas históricas. El 1º de mayo, Día de los Trabajadores; el 19 de junio, Natalicio de Artigas; el 25 de agosto, Día de la Independencia, se mantienen. Entiendo que debe mantenerse el 19 de abril, que inicia el proceso histórico y el 18 de julio, que lo culmina. Considero que no se pueden categorizar arbitrariamente las fechas históricas nacionales, juzgando su importancia o prominencia.

El 18 de mayo se conmemora la Batalla de las Piedras, que salvó la Revolución en el Río de la Plata. Alrededor de esta fecha se realizan festejos populares en la mencionada ciudad.

A su vez, el 12 de octubre fue el día en que Colón llegó a América; creo que será difícil decirle a un niño que el descubrimiento se realizó un 10, un 11 o un 15 de octubre. Además, ese día -aunque de otro año- se inició un proceso bélico final con la Batalla de Sarandí. La Batalla de Rincón no se festeja, pero no es algo para discutir en este momento. Sin embargo, debo reiterar que el 12 de octubre no es solamente efemérides nacional por el Día de la Raza, sino también por la Batalla de Sarandí.

Por estas razones, en otra oportunidad ya me he opuesto a que nuestros jóvenes y niños concurran a sus liceos y escuelas a celebrar ceremonias patrióticas fuera de las fechas correspondientes y descolocadas del almanaque rígido de la historia que, por mejor intención que se tenga, no se puede modificar.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en la discusión de este artículo en Comisión esgrimimos argumentos muy parecidos a los que acaba de expresar el señor senador Cigliuti, que en aquel momento también fueron empleados por el señor Presidente del Senado que se encontraba presente.

Consideramos que las fechas de significación histórica deben celebrarse el mismo día de cada año, es decir, al cumplirse exactamente el aniversario correspondiente. Entendemos que la mejor forma de inculcar en la mente de jóvenes y niños el recuerdo de estas fechas es celebrarlas en oportunidad de conmemorarse el aniversario.

El señor senador Singlet me apunta con razón que el próximo año se celebrarán 500 años del Descubrimiento de América, pero seguramente nosotros deberemos celebrarlo otro día.

Hago míos los argumentos expuestos por el señor senador Cigliuti con respecto a las fechas patrias, porque entiendo que tienen un contenido y una significación histórica y cívica que no podemos dejar de lado.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Si no me equivoco, el próximo 12 de octubre será un día lunes. De todas formas, me parece lamentable que nuestro país corra el riesgo de modificar la fecha cuando toda la comunidad hispana conmemorará los 500 años del Descubrimiento de América.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Señor Presidente: ya hemos adelantado nuestro voto contrario a este artículo 20 pero no seríamos justos si no reconociéramos que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene sus argumentos a favor. Es evidente que esta medida favorecerá la circulación del turismo interno, como también lo es el hecho de que posibilitará un mayor disfrute de los feriados. Sucede, sin embargo, que a veces es necesario poner en la balanza distintos valores. Se trata de decidir si se considera el 19 de abril como un día de solaz y esparcimiento, o como la fecha que se conmemora como un hecho histórico del Uruguay. Nosotros nos inclinamos por esto último, y nos resulta francamente molesto que los 33 orientales desembarquen el 19 de abril un año y al siguiente el 20 o el 21.

Por estas consideraciones, aun reconociendo la buena intención del Poder Ejecutivo, vamos a votar negativamente.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Debo manifestar que votaré afirmativamente este artículo.

Hace un tiempo -no recuerdo si en esta Legislatura o en la anterior- participé en la elaboración de un proyecto de ley cuyo contenido se ve reflejado en esta iniciativa que advierto que a algunos colegas del Cuerpo -a quienes respeto mucho- les parece equivocada.

Entiendo que el artículo es pertinente por dos razones. Una de ellas es la que acaba de señalar el señor senador Millor en el sentido de que favorece la circulación interna de personas, así como a muchas actividades del país que se vinculan con el turismo. Por lo tanto, está dentro de la tónica de lo que recién se señalaba acerca de la importancia de la Semana de Turismo. Se trata de crear más espacios para algunas actividades relacionadas con el turismo que dejarán de ser tan zafrales como lo son actualmente. La otra razón es la que voy a señalar. Me parece que para el funcionamiento normal del país es mucho mejor no partir al medio una semana; considero más razonable que los días de trabajo tengan continuidad.

(Murmullo)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE. - ¡Orden, señores senadores! Se dificulta la toma de la versión taquigráfica.

Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Gracias, señor Presidente.

Quienes sienten emoción o unción patriótica por determinadas fechas, no tiene por qué dejar de emocionarse el día del desembarco de los 33 Orientales; efectivamente desembarcaron un 19 de abril pero se conmemora otro día por los motivos a los que me acabo de referir.

Por otro lado, y con referencia a los 500 años del Descubrimiento de América, pienso que en el momento oportuno podremos aprobar una norma especial para que en esa ocasión, en forma excepcional, el 12 de octubre sea feriado, como pretenden algunos señores senadores.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - El proyecto de ley a que hacía referencia el señor senador Ricaldoni fue presentado en esta Legislatura y nos correspondió actuar como miembros informantes. Las normas en él contenidas no eran exactamente iguales a lo establecido en este artículo pero, en términos generales, acompañaban la misma filosofía.

Vamos a votar favorablemente esta disposición en el entendido de que contribuye al funcionamiento laboral del país y también a incentivar la corriente turística tanto interna como externa de nuestro país.

Reconocemos, además, que esta norma no es original de la Legislatura uruguaya -como decía el señor senador Ricaldoni- sino que se ha venido aplicando durante muchísimos años en distintos países, ya sean desarrollados o subdesarrollados y en términos generales no ha existido motivo para derogarla.

Por lo expuesto, votaremos favorablemente esta iniciativa, manteniendo una coherencia con la posición sustentada en oportunidad de la presentación del proyecto que fuera discutido en esta Legislatura.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Nuestro sector votará afirmativamente esta disposición.

Quiero manifestar que respeto profundamente las razones y sentimientos que se han expresado en sentido contrario a esta disposición. Sin embargo, tal como lo han argumentado los señores senadores Ricaldoni y Abreu, estimamos que en lo que respecta a las personas y familias esta norma presenta una ventaja evidente y concreta. Me refiero a disponer de fines de semana más largos para el descanso o para el turismo interno. Además, desde el punto de vista de la organización del trabajo y el funcionamiento de las empresas, resulta más conveniente que la interrupción de la labor se produzca en forma continua en torno al fin de semana y no en medio de ella.

Desde el punto de vista del respeto y la valoración de los hechos históricos, debemos señalar que recientes encuestas han demostrado que ha habido en nuestra población un cierto deterioro en cuanto al conocimiento e información de ellos. Hasta este momento, los feriados se han mantenido en la fecha tradicional, por lo que pensamos que la mera permanencia de éstos en los días en que ocurrieron, no sea de por sí una razón que lleve al espíritu de las personas a una mayor compenetración con su significado patriótico.

Creo que es la sociedad en su conjunto -y particularmente la enseñanza- la encargada de inculcar y de trasmitir esos valores y que esto no tiene relación con la fecha concreta en que se pueda celebrar el facto histórico.

5) TERMINO DE LA SESION Y FIJACION DEL HORARIO DE LA QUE SE CELEBRARA EN EL DIA DE MAÑANA

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Como esta sesión finaliza dentro de unos minutos, creo que sería conveniente discutir el régimen de trabajo para el día de mañana. En principio, propongo que comencemos, como en el día de hoy, desde la hora 9 y 30 hasta las 13 y que reiniciemos la sesión a la hora 15 hasta las 24.

SEÑOR CIGLIUTI. - Sugiero que en la tarde comencemos a las 14 horas.

SEÑOR RAFFO. - Podríamos continuar hasta que finalicemos el tratamiento de este Capítulo.

SEÑOR CASSINA. - Acepto la sugerencia del señor senador.

En consecuencia, formulo moción para que se prorrogue esta sesión hasta que se termine la discusión de este Capítulo y se fije el régimen de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-30 en 31. Afirmativa.

6) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1990.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa en consideración el artículo 20.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Recordaba, con el señor senador Abreu, que uno de los argumentos para la aprobación de este artículo es que originalmente fue concebido para evitar los llamados "días sandwiches". En ese sentido, comparto lo manifestado en cuanto a que el corrimiento de los feriados permite que en los fines de semana largos haya una mayor circulación de personas, creándose, por consiguiente, lo que podríamos llamar un turismo interno, que puede favorecer a la economía nacional.

Además, por esta norma se evita que los funcionarios que tienen que permanecer en sus oficinas porque no tienen la suficiente jerarquía como para tomarse el "día sandwich".

En consecuencia, creo que con esto se favorece a los funcionarios de menor jerarquía, tanto de la actividad pública, como de la privada.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por vía de fundamento de voto, quiero expresar que no voy a votar este artículo, por compartir las razones expuestas por los señores senadores Cigliuti y Pereyra.

Deseo agregar que los feriados existen, así declarados por ley, para celebrar los factos patrios y no para agregar días de descanso a los que ya existen por otras razones, para fomentar el turismo interno, o la mejor circulación en determinadas fechas del año ni para mejorar el comercio en el interior del país.

Los feriados existen porque el legislador entendió que determinadas fechas que recuerdan acontecimientos fundamentales del proceso histórico y fundacional de la patria, deben ser recordados. Por eso, en ese día no funcionan las oficinas públicas, la banca ni, la mayoría de las demás actividades laborales.

Por esta norma, se convierte el feriado, es decir, la evocación del hecho histórico, en un pretexto para el descanso.

Por otra parte, no entiendo por qué, si ese es el criterio, se aplica para el 19 de abril, el 18 de mayo, el 18 de julio, y el 12 de octubre y no para el 1º de mayo y el 19 de junio. Quisiera que alguien me explicara este punto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 31. Negativa.

Corresponde considerar el artículo 22.

(El texto del artículo, cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:)

"ARTICULO 22. - Las disposiciones contenidas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º literal G e inciso final, 5º, 7º y 16 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, no serán aplicables a los Gobiernos Departamentales":)

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicitamos que este artículo se considerar separadamente y no lo vamos a votar. Pensamos que la ley ha sido ya muy irrespetuosamente tratada y apenas queda una sombra imperceptible de ésta.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Cigliuti tiene buen parte de razón, pero ocurre que, en lo referente a los Gobiernos Departamentales, la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional la ley, en los tres casos en que éstos accionaron por esa vía.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 22.

(Se vota:)

-25 en 30. Afirmativa.

Se ha agotado la discusión y votación del Capítulo III.

7) TERMINO DE LA SESION Y FIJACION DEL HORARIO DE LA QUE SE CELEBRAR EN EL DIA DE MAÑANA

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a considerar el régimen de trabajo para el día de mañana.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Había formulado moción -aunque estoy dispuesto a modificarla- para trabajar mañana desde las 9 y 30 hasta las 13 horas y, en la tarde, a partir de las 14 ó 15 horas, hasta terminar. Todos sabemos que existe un plazo improrrogable: las 24.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Me parece que es más atinado fijar la hora de comienzo a las 9 y 30 y, en el transcurso de la sesión, resolver si realizamos un cuarto intermedio.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Acepto el criterio del señor senador Singlet, en tanto supongo que todos los integrantes del Senado quieren regocijarse espiritualmente con un partido en el que va a participar la institución más antigua del fútbol uruguayo.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

8) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a la hora 9 y 30.

(Así se hace, siendo la hora 20 y 4 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abreu, Alonso Tellechea, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, Gargano, González Modernell, Irisity, Irurtia, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Toledo, Urioste y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.