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Nº 127 - TOMO 342 - 10 DE SETIEMBRE DE 1991

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII

54ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 15) Asuntos entrados

4) Exposición escrita

- La presenta el señor senador Arana para ser enviada a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Educación y Cultura y a las Intendencias y Juntas Departamentales de todo el país, relacionada con el costo del boleto para estudiantes del interior.
- Se resuelve afirmativamente.

5 y 14) Solicitudes de licencia

- La formula el señor senador Ricaldoni por el término de 31 días.
- Concedida.
- La formula el señor senador Korzeniak pro el término de 31 días.
- Concedida.

6) Integración del Cuerpo

- El señor Viera, suplente convocado del señor senador Bruera comunica que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.
- Estando en antesala el señor Toledo, suplente convocado del señor senador Bruera se le invita a pasar al hemiciclo y a prestar el juramento de estilo, declarándoselo incorporado al Cuerpo.

7 y 16) Proyectos presentados

- Arrendamientos rurales y aparcería. Proyecto sustitutivo elaborado por la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado.
- Iniciativa de los señores senadores Belvisi, Cigliuti y Ricaldoni.
- Empresas suministradoras de mano de obra temporal. Su reglamentación.
- Iniciativa del señor senador Abreu.

8) Elección de miembros de la Comisión Permanente

- Se resuelve, por moción del señor senador Zumarán, postergar la consideración de este asunto hasta la próxima sesión.

9,12 y 19) Bonos del Tesoro. Amplíase la autorización conferida para su emisión

- Se resuelve, por moción del señor senador de Posadas Montero, alterar el orden del día y pasar a considerar el asunto que figura en tercer término.
- Se resuelve postergar la consideración de este proyecto hasta la sesión extraordinaria que celebre el Cuerpo en el día de mañana.

10, 18 y 20) Sesión extraordinaria del Senado a realizarse el miércoles 11 de setiembre

- Se resuelve, por moción de los señores senadores Zumarán y de Posadas Montero, realizarla a efectos de rendir homenaje al escultor José Luis Zorrilla de San Martín, con motivo de cumplirse el centenario de su nacimiento.
- Se resuelve, por moción del señor senador Arana incluir en el orden del día de esta sesión un proyecto por el que se designa con el nombre de Cataluña a una escuela pública del departamento de Montevideo.
- Se resuelve asimismo incluir en el orden del día de esta sesión extraordinaria un proyecto autorizando la ampliación de la emisión de Bonos del Tesoro.

11) Sesiones ordinarias del Senado. Su suspensión por el período que resta hasta la fecha del vencimiento del plazo constitucional a los efectos de considerar el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

- Se vota afirmativamente una moción en ese sentido presentada por el señor senador Brause, en nombre de la Comisión de Presupuesto integrada.

13) Arrendamientos rurales y aparcería. Se modifica el régimen jurídico vigente

- Se resuelve por moción del señor senador Ricaldoni, modificar nuevamente el orden del día y pasar a considerar el asunto que figuraba en segundo término.
- En discusión particular el proyecto sustitutivo.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Situación de la industria textil

- Se resuelve, a solicitud del señor senador Toledo, autorizarlo a realizar una exposición en ese sentido en la próxima sesión del 8 de octubre.

21) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 6 de setiembre de 1991.

La CAMARA DE SENADORES, se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 10, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República).

2º) Discusión particular del proyecto de ley por el que se modifica el régimen jurídico vigente para los contratos de arrendamientos rurales y aparcería.

(Carp. Nº 319/90 - Rep. Nº 234/91)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Bonos del Tesoro.

(Carp. Nº 510/91 - Rep. Nº 259/91)

4º) Por el que se da una nueva redacción al artículo 2º de la Ley Nº 16.162, de 18 de diciembre de 1990, que modifica disposiciones del Código Penal y del Código del Proceso Penal.

(Carp. Nº 556/91 - Rep. Nº 260/91)

5º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia para designar Miembro Integrante Militar de la Suprema Corte de Justicia al señor Coronel en situación de retiro, don Ademar E. Cordones.

(Carp. Nº 535/91 - Rep. Nº 237/91)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

6º) Por el que se designa con el nombre "Lauro Ayestarán" la Escuela Nº 102 Infantil de Iniciación Musical del departamento de Rocha.

(Carp. Nº 1291/88 - Rep. Nº- 261191)

7º) Por el que se designa con el nombre "Paul Harris" la Escuela Nº 221, ubicada en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Canelones.

(Carp. Nº 380/90 - Rep. Nº 262/91)

8º) Por el que se designa con el nombre "Emilio Carlos Tacconi" el Liceo Nº 40 de Villa Peñarol, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 504/91 - Rep. Nº 263/91)

9º) Por el que se designa con el nombre "Eugenio Migues" la Escuela Nº 113 de la ciudad de Migues, departamento de Canelones.

(Carp. Nº 505/91 - Rep. Nº 267/91)

10) Por el que se designa con el nombre "Florence Nightingale" la Escuela Pública Nº 87, de 2do. Grado, del departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 517/91 - Rep. Nº 264/91)

11) Por el que se designa con el nombre "Francia" la Escuela Nº 49 urbana de 2do. Grado del departamento de San José.

(Carp. Nº 543/91 - Rep. Nº 265/91)

12) Por el que se otorgan diversas prorrogativas tendientes a lograr y facilitar el afincamiento en el territorio nacional de personas con alto poder adquisitivo.

(Carp. Nº 427/91 - Rep. Nº 272/91 y Anexo 1)

13) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la convocatoria a la 86ª Conferencia de la Unión Interparlamentaria.

(Carp. Nº 584/91 - Rep. Nº 274/91)

14) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la invitación formulada por el señor Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Francesa para concurrir al quinto centenario de 1492.

(Carp. Nº 576/91 - Rep. Nº 275/91)

15) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo Constitucional vence: 24 de octubre de 1991). (Carp. Nº 554/91 - Rep. Nº 257/91)

- un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Plazo Constitucional vence: 7 de noviembre de 1991). (Carp. Nº 565/91 - Rep. Nº 268/91)

- un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence: 22 de octubre de 1991). (Carp. Nº 553/91 - Rep. Nº 270/91)

- un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo Constitucional vence: 14 de noviembre de 1991). (Carp. Nº 573/91 - Rep. Nº 271/91)

16) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la nota de la Junta Departamental de Paysandú, solicitando juicio político para el edil Octavio Díaz. (Carp. Nº 395/91 - Rep. Nº 273/91)

LOS SECRETARIOS".

2)ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Jude, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Riesgo, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Toledo, Urioste y Zumarán

FALTAN: con licencia, los señores senadores Bruera e Irurtia.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 53 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 10 de setiembre de 1991.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por el que comunica haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se aprueba el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización, correspondiente al Ejercicio 1991.

por el que se autoriza a librar Orden de Entrega a favor de la Dirección Nacional de Aduanas a efectos de dar cumplimiento a las sentencias Nos. 8 de diciembre de 1989 y 275 de 26 de setiembre de 1990 dictadas por el ex Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo y Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno.

por el que se libran Ordenes de Entrega a favor de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

por el que se crean y eliminan diversos ítems en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación (NADI) y de Exportación (NADE).

por el que se realizan modificaciones en el Plan de Inversiones Públicas 1991 de la Unidad Ejecutora "Dirección Nacional de Zonas Francas" y se aprueban los Preventivos de Gastos.

-Ténganse presente.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Defensa Nacional remite la información solicitada por el señor senador Jaime Pérez relacionada con declaraciones de la Presidenta del Directorio de ANTEL.

-Oportunamente le fue entregado al señor senador Pérez.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite la información solicitada por los señores senadores Millor e Irurtia sobre diversas actividades de PLUNA.

-Oportunamente le fue entregado a los señores senadores Pablo Millor y Dante Irurtia.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Jaime Pérez sobre el abastecimiento de agua potable para el balneario Pajas Blancas.

-Oportunamente le fue entregado al señor senador Pérez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota a la que adjunta la invitación cursada por el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina, para la II Reunión Parlamentaria del MERCOSUR a efectuarse en Buenos Aires los días 19, 20 y 21 de setiembre de 1991.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

El Presidente del Grupo Nacional Australiano de la Unión Interparlamentaria comunica la creación de un Grupo Parlamentario Australiano/Uruguayo dentro del Parlamento Australiano bajo los auspicios del Grupo Nacional Australiano de la Unión Interparlamentaria.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Cámara de Representantes comunica que fueron electos para integrar la Comisión Permanente que actuará en el Segundo Período Ordinario de la XLIII Legislatura, los señores representantes: Titulares: Luis Alberto Heber, Edison Sedarri Luaces, Carlos Suárez Lerena, Daniel García Pintos, Rafael Sanseviero, Hugo Cores y Baltasar Prieto y como Suplentes: los señores representantes Alejandro Zorrilla de San Martín, Jorge Machiñena, Javier Barrios Anza, Walter Riesgo, Carmen Beramendi, Helios Sarthou y Daniel Díaz Maynard.

-Téngase presente.

Los señores senadores Walter Belvisi, Carlos W. Cigliuti y Américo Ricaldoni solicitan de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura referente al criterio tenido en cuenta por el Consejo de Educación Primaria para determinar qué escuelas son consideradas carenciadas a fin de efectivizar la compensación por el término de diez meses de un 20% sobre los sueldos a los docentes de dichas escuelas carenciadas.

-Oportunamente fue tramitado.

La Comisión de Defensa Nacional eleva proyecto de resolución relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Coronel Médico, al señor Teniente Coronel Médico Federico Schneeberger.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la próxima sesión ordinaria.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva proyecto de resolución relacionado con la solicitud de acuerdo para acreditar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República de El Salvador al señor Carlos Alberto Ghiringhelli.

-Repártase e inclúyase en el orden del día de la próxima sesión ordinaria".

4) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de envío de exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento el señor senador Mariano Arana solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Educación y Cultura, y a todas las Intendencias y Juntas Departamentales relacionada con el costo del boleto para estudiantes en el interior del país".

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 4 de setiembre de 1991.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 166 del Reglamento del Senado, formulo la siguiente exposición escrita, relacionada con los costos del boleto para estudiantes en el interior del País.

Queremos hacer notar la incidencia negativa que tiene el costo del transporte para los habitantes del interior del País, fundamentalmente, para los afincados en el medio rural.

Concretamente nos referiremos a los precios que deben pagar los jóvenes que concurren a diferentes centros de enseñanza: Liceo, UTU, Escuela Agraria, etc.

Para clarificar el tema pondremos algunos ejemplos, dejando constancia que los montos manejados son los vigentes hasta fines del pasado mes de agosto.

a) en el dpto. de Canelones, en la zona de la costa, el abono mínimo tiene un costo para el estudiante, de N$ 32.000 por 50 boletos, o sea de N$ 640 por boleto.

b) en el dpto. de Florida, los muchachos para ir desde la localidad de Goñi al liceo más cercano, (en la ciudad de Durazno) aproximadamente a 20 Km de distancia por Ruta 5, deben pagar un costo de N$ 60.000 por 50 boletos o sea, N$ 1.200 por boleto. En cambio, en el mismo departamento en la línea Florida-Montevideo por Cardal, el abono por 40 boletos se debe pagar la suma de N$ 25.980 o sea de N$ 649 por boleto.

c) en el departamento de Soriano para ir desde la Colonia Agraciada al liceo más cercano, (en Nueva Palmira, aproximadamente a 12 Km de distancia), el costo del ómnibus de línea que no tiene ningún tipo de abono es hoy de N$ 1.800 por boleto, lo que implica un gasto mensual de N$ 72.000, tanto para el que está a 10 ó 20 Km de distancia: conocemos casos en que los jóvenes al no poder pagar estos altos costos, concurren a los centros de enseñanza en bicicleta cuando el tiempo así lo permite, o en su defecto "hacen dedo", siendo en otros casos tomada la determinación de no concurrir más a los mismos, con los consabidos perjuicios que esto trae, no sólo a los involucrados sino a toda la sociedad.

Por las mismas causas, esta automarginación se manifiesta en lo que tiene que ver con la recreación y el esparcimiento de estos jóvenes, y los va empujando cada vez más rápidamente a dejar el medio rural. Sabemos también que a estos ejemplos se les podrán agregar otros pues tenemos entendido, que la situación se repite en otras partes de nuestro País.

Es de destacar que en estos costos, no está contemplado el último aumento del combustible que indefectiblemente traerá un nuevo incremento en los próximos días.

La realidad anotada parece particularmente injusta si se tiene en cuenta la contrastante situación de que gozan en Montevideo, los estudiantes secundarios del 1er. ciclo. En efecto, en la capital, estos estudiantes, tienen un beneficio de 50 boletos gratuitos que les permite acceder a cualquier punto del departamento, (15 Km desde el centro hacia el este y 20 Km hacia el oeste hasta el límite con el Dpto. de San José).

Queremos además, como reclamo de trato igualitario para todos los uruguayos sin distinción, transcribir algunas líneas, de una conceptuosa carta, enviada a fines del mes de julio por un residente del departamento de Soriano, de ese interior siempre tan recordado en los discursos y tan olvidado en los hechos, en ella se expresa:

"... porqué éstas diferencias? ante todo, mi planteo es el siguiente: quizás y sin quizás, otros jóvenes del medio rural estén siendo marginados de la educación, quizás el poder político pueda interceder ante las autoridades de la enseñanza para que les haga ver estos casos concretos, los sensibilice y en cierta forma den la oportunidad a estos jóvenes a no EMIGRAR".

Entendemos que tales opiniones resultan elocuentes e interpretan con justeza la multitud de reclamos e inquietudes provenientes del interior.

Por lo expresado, solicito que se remita la presente exposición al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Educación y Cultura, así como a las Intendencias y Juntas Departamentales del País.

Mariano Arana. Senador".

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Américo Ricaldoni solicita licencia por el término de 31 días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, jueves 5 de setiembre de 1991.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Habiendo sido designado para representar al Parlamento en la III Conferencia de Estrasburgo sobre Democracia Parlamentaria, a celebrarse a partir del 19 del cte., solicito por su intermedio que el Senado me autorice la correspondiente licencia de 31 días, a partir del 12 de este mes.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Américo P. Ricaldoni. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un desistimiento ante una convocatoria efectuada.

(Se da del siguiente:)

"El señor Eduardo Viera, suplente convocado del señor senador Bruera, comunica que por esta única vez no acepta la convocatoria".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 9 de setiembre de 1991.

Señor Presidente del Senado
Doctor Gonzalo Aguirre Ramírez.
Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a Ud. la imposibilidad de aceptar la convocatoria, por esta única vez, a ejercer la suplencia del señor senador Leopoldo Bruera.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Eduardo A. Viera."

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde que sea convocado el siguiente suplente del señor senador Bruera, señor Juan A. Toledo.

Si se encuentra en antesala, se le invita a pasar al hemiciclo para prestar el juramento reglamentario e integrarse al Cuerpo.

(Entra a Sala el señor Juan A. Toledo)

-Se invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie.

(Así se hace)

-Señor Juan A. Toledo: "¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?"

SEÑOR TOLEDO. - "Sí, juro".

SEÑOR PRESIDENTE. - "¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?"

SEÑOR TOLEDO. - "Sí, juro".

SEÑOR PRESIDENTE. - "Queda usted investido del cargo de senador".

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

7) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto de ley llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Walter Belvisi, Carlos W. Cigliuti y Américo Ricaldoni presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre contratos de arrendamientos rurales y aparcería, sustitutivo del elaborado por la Comisión de Agricultura v Pesca.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes."

(Texto del proyecto de ley:)

"PROYECTO DE LEY CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS RURALES Y DE APARCERIA

PROYECTO SUSTITUTIVO AL ELABORADO POR LA COMISION DE AGRICULTURA Y PESCA DEL SENADO

Artículo 1º. - En todo contrato que se otorgue a partir de la vigencia de la presente ley, por el cual una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y el goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, se estará al plazo que fijen las partes, con la limitación que establece el artículo 1782 del Código Civil y sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 2º.

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables a los contratos de aparcería y subaparcería cuando el dador haya entregado un predio rural.

Fundamento: La nueva redacción del inciso 2º es más precisa ya que el proyecto de la Comisión -tal como está concebido- no establece, al menos en una interpretación pie deletrista, que la ley se aplica así mismo a los dadores de un predio cuando se celebra un contrato de aparcería o subaparcería.

Art. 2º. - Cuando los contratos referidos en el artículo 1º tengan como destino principal la producción lechera, y no se haya estipulado en los mismos el plazo de su vigencia o se haya estipulado uno menor a cinco años, el tomador del predio tendrá derecho a permanecer en el mismo por un término de cinco años contados desde la fecha de su celebración. Dicho derecho podrá hacerse valer solamente cuando el tomador sea un buen cumplidor de sus obligaciones como tal en los términos del inciso 2º del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Fundamento: Teniendo en cuenta reclamos de algunas gremiales lecheras, y observaciones vertidas en Sala por diversos senadores, se extiende el plazo previsto en el proyecto de la Comisión de cinco años.

Los cambios de redacción obedecen a ajustes que pretenden dotar de una mayor claridad al texto.

Art. 3º - En los contratos referidos en los artículos 1º y 2º las partes intervinientes podrán fijar libremente el régimen de reajuste del precio correspondiente. Podrán hacerlo igualmente y por escrito en cualquier momento luego de la celebración de los mismos.

Dicho régimen será sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a solicitar la revisión del precio conforme a lo establecido en los artículos 19 a 23 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Fundamento: Se distinguen con mayor precisión las figuras del reajuste y de la revisión, y se aclara que esta última se fundamenta y ejerce en supuestos distintos a los del primero.

Art. 4º - No serán aplicables a los contratos referidos en el artículo 1º las disposiciones previstas en los artículos 1, 3 y 11 a 18 inclusive del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Fundamento: Se eliminan las restricciones del proyecto derivadas de impedir que el Instituto Nacional de Colonización ejerza las potestades previstas en los artículos 61, 63, 64 y 66 del Decreto-Ley Nº 14.384. E, igualmente, se dejan sin efecto los impedimentos derivados de declarar inaplicables ciertas potestades atribuidas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por los artículos 3º a 6º del Decreto-Ley Nº 14.495, de 29 de diciembre de 1975.

Art. 5º - Sustitúyese el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 7º - La inscripción estará a cargo del tomador del predio, sin perjuicio de que pueda realizarla el arrendador si aquél no lo hiciere, y se regirá por las normas contenidas en la Ley Nº 10.793, de 25 de setiembre de 1946, modificativas y concordantes".

Fundamento: Se eliminan los artículos 5º y 6º del proyecto y se mantiene el artículo 7º del proyecto con idéntica redacción.

El primero por cuanto significa un retroceso evidente respecto de las disposiciones del artículo 546 del Código General del Proceso, especialmente en lo que tiene que ver con la inaplicabilidad de la "condena de futuro" consagrada en su numeral 8 (en el artículo 5º del proyecto, en cambio, los contratos se sujetan al artículo 546 del C.G.P. "al término de los mismos" por lo que se elimina la referida "condena de futuro".

El segundo ya que, por una parte, es redundante establecer la obligatoriedad de cumplir con las normas legales vigentes del Decreto-Ley Nº 15.239, de 23 de diciembre de 1981; y, por otra parte, porque es inconveniente alterar, a través del certificado que expedirá el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, normas tales como las del artículo 140 del C.G.P. y del artículo 71 del Decreto-Ley Nº 14.384.

Montevideo, 5 de setiembre de 1991.

Walter Belvisi, Carlos W. Cigliuti, Américo Ricaldoni. Senadores."

8) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del primer punto: "Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República)".

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Mociono para que se postergue la consideración de este asunto hasta la próxima sesión, colocándose en primer término del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Zumarán en el sentido de que se postergue la consideración del primer punto del orden del día para una próxima sesión.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

9) BONOS DEL TESORO. Ampliase la autorización conferida para su emisión.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Formulo moción para que se modifique el orden del día tratándose en primer lugar el punto tercero sobre cuyo tema, y según lo que hemos consultado con las demás bancadas, existiría acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador de Posadas Montero.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

10) SESION EXTRAORDINARIA DEL SENADO A REALIZARSE EL MIERCOLES 11 DE SETIEMBRE

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: el jueves de la semana pasada se cumplieron 100 años del nacimiento del escultor José Luis Zorrilla de San Martín. Quiero proponer un homenaje a este gran artista uruguayo en el Senado y para ello consulto a la Mesa y al Cuerpo si fuera posible hacerlo en el día de mañana, teniendo en cuenta que en la semana próxima no van a haber sesiones y tratando de no alejarnos mucho de la fecha de su conmemoración. En ese sentido, formulo moción para que se realice un homenaje al escultor nacional José Luis Zorrilla de San Martín en el día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa no tendría inconveniente, pero cree que el problema radica en el trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - En nombre de nuestra bancada, estaríamos en condiciones de apoyar la iniciativa del señor senador Zumarán, pero propondríamos realizar sesión a las 19 horas del día de mañana, a los efectos de que la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda pueda llevarse a cabo sin aclaraciones.

11) SESIONES ORDINARIAS DEL SENADO. Su suspensión por el período que resta hasta la fecha del vencimiento del plazo constitucional a los efectos de considerar el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Sin perjuicio de la moción presentada por el señor senador Zumarán, en nombre de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, me veo en la obligación de hacerle conocer al Cuerpo la aspiración de la misma -luego de largas conversaciones mantenidas entre todos los miembros- en el sentido de solicitar la suspensión de las sesiones ordinarias del Senado en el período que resta de la fecha al vencimiento del plazo constitucional, a los efectos de considerar la Rendición de Cuentas y Ejecución de Balance Presupuestal. Las consideraciones son por todos conocidas y por lo tanto, son obvios los fundamentos de esta solicitud. El trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda es arduo, intenso y el tiempo apremia, por lo tanto, formulo moción concreta para que se suspendan las sesiones del Senado dentro del plazo mencionado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Son dos mociones que no son contradictorias.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Comparto las expresiones del Presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, doctor Brause, pero considero que con la aclaración formulada por el señor senador de Posadas Montero habíamos entendido que se celebraría una sesión extraordinaria a las 19 horas del día de mañana, es decir, al finalizar el trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y al solo efecto de rendir homenaje a la memoria del escultor José Luis Zorrilla de San Martín.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo acuerdo, se va a votar conjuntamente las dos mociones. Por un lado, para que se celebre en el día de mañana a las 19 horas una sesión extraordinaria en homenaje al escultor José Luis Zorrilla de San Martín y, por otro, para que se suspendan las sesiones ordinarias del Senado por el resto del mes.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) BONOS DEL TESORO. Ampliase la autorización conferida para su emisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo a lo resuelto en el Senado, se pasa a considerar el asunto que figuraba en el tercer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Bonos del Tesoro (Carp. Nº 510/91 - Rep. Nº 259/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 510/91
Rep. Nº 259/91

Ministerio de
Economía y Finanzas.

Montevideo, 12 de junio de 1991.

Sr. Presidente de la Asamblea General.

El Poder Ejecutivo eleva a ese Cuerpo Legislativo el presente Mensaje de Ley, referente a la ampliación del monto autorizado por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.418, de 29 de agosto de 1978, y por el artículo 1º de la Ley Nº 15.773, de 23 de setiembre de 1985 para emitir y mantener un circulante de Bonos del Tesoro en moneda extranjera, hasta un monto total de U$S 1.390:000.000,00 (mil trescientos noventa millones de dólares de los Estados Unidos de América).

El citado artículo 1º de la Ley Nº 15.773 había fijado el tope para emitir y mantener el circulante de Bonos en U$S 800:000.000,00 (ochocientos millones de dólares en los Estados Unidos de América), con la finalidad de captar mayores recursos para la financiación de las operaciones del Gobierno Central. La ampliación que ahora se sugiere se fundamenta básicamente en dos razones.

a) La necesidad de realizar una previsión de U$S 200:000.000,00 (doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) para atender en los próximos años el canje de títulos de deuda externa por bonos del Tesoro, todo según el vigente sistema de capitalización de deuda aplicable para los proyectos de inversión seleccionados.

b) Mantener en términos reales el margen de endeudamiento, atendiendo las eventuales necesidades a través de la emisión de series de Bonos.

Los U$S 200:000.000,00 (doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) previstos para la capitalización de deuda en proyectos de inversión no significan endeudamiento adicional en la medida que se canjea una deuda por otra por lo que el aumento real del tope de endeudamiento para emisiones habituales es de U$S 390:000.000,00 (trescientos noventa millones de dólares de los Estados Unidos de América).

A los efectos de una mejor ilustración de la significación que en términos reales tiene el aumento que se solicita, basta considerar la relación existente entre los topes autorizados en los últimos años y el Producto Bruto Interno (PBI), a saber:

*) Ley Nº 15.733 de 23 de setiembre de 1985, elevó el tope a U$S 800:000.000,00 (ochocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) equivalente al 16.9% del PBI.

*) U$S 800:000.000,00 (ochocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) equivalen en la actualidad al 9.7% del PBI.

*) U$S 1.390:000.000,00 (mil trescientos noventa millones de dólares de los Estados Unidos de América) equivalen en la actualidad al 16.9% del PBI.

Si el nuevo tope solicitado de U$S 1.390:000.000,00 (mil trescientos noventa millones de dólares de los Estados Unidos de América) le descontamos los U$S 200:000.000,00 (doscientos millones de los Estados Unidos de América) a ser utilizados en los proyectos de inversión por capitalización de deuda, resulta que el tope regular ascendería a U$S 1.190:000.000,00 (mil ciento noventa millones de dólares de los Estados Unidos de América) equivalentes al 14.5% del PBI, o sea 2.4% menos que la relación porcentual del tope con el PBI cuando se aprobó el límite de U$S 800:000.000,00 (ochocientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) en 1985.

La ampliación solicitada del tope de emisión obedece, al igual que en los últimos 17 años, al aumento real de los costos en dólares.

Sin otro particular, saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Enrique Braga.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Amplíase a U$S 1.390:000.000,00 (mil trescientos noventa millones de dólares de los Estados Unidos de América) la autorización conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 1º del Decreto Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.814, de 29 de agosto de 1978, por el artículo 1º de la Ley Nº 15.773, de 23 de setiembre de 1985.

Derógase el artículo 207 de la Ley Nº 15.851 de 24 de diciembre de 1986.

Enrique Braga.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Autorizase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total de Bonos del Tesoro en moneda extranjera de hasta U$S 1.190:000.000 (mil ciento noventa millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas.

Deróganse los artículos 1º del Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974, 1º del Decreto-Ley Nº 14.814, de 29 de agosto de 1978, 1º de la Ley Nº 15.773, de 23 de setiembre de 1985 y 207 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Art. 2º. - Se autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar en hasta U$S 200:000.000 (doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) el monto autorizado en el artículo 1º, al solo efecto de atender las operaciones de canje de Títulos de Deuda Externa por Bonos del Tesoro.

Sala de la Comisión, el 7 de agosto de 1991.

Juan Carlos Raffo, (Miembro Informante), Sergio Abreu, Andrés Arocena, Danilo Astori Discorde (por motivos que expondrá en Sala), Juan Carlos Blanco, Carlos Cassina, Mario Soto Platero (Discorde en parte). Senadores.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión ha procedido al estudio del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el cual se solicita una ampliación en la autorización conferida para emitir Bonos del Tesoro.

En este sentido cabe recordar que el Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974 autorizó al Poder Ejecutivo a emitir y mantener el circulante de Bonos del Tesoro en moneda extranjera hasta la suma de U$S 300:000.000 o su equivalente en otras monedas, con destino a financiar el Fondo Nacional de Inversiones. Por su parte, el Decreto-Ley Nº 14.814, de 29 de agosto de 1978 amplió dicha autorización hasta el máximo de U$S 600:000.000 y, por último, la Ley Nº 15.773, de 23 de setiembre de 1985 llevó al máximo a la suma de U$S 800:000.000.

Cabe destacar que en el último caso, el máximo establecido equivalía al 16.9% del PBI, relación que en la actualidad ha bajado al 9.7 %.

El Poder Ejecutivo expresa en el Mensaje remitido a la Asamblea General, que la ampliación solicitada (el máximo requerido asciende a U$S 1.390:000.000) se debe a dos razones básicas:

A) U$S 200:000.000 se destinarán a financiar en los próximos años el canje de títulos de deuda externa por Bonos del Tesoro, de acuerdo al sistema vigente de capitalización de deuda aplicable a los proyectos de inversión seleccionados. Debe destacarse que en este rubro, la ampliación no implica un incremento en el endeudamiento real, ya que lo que se está haciendo es canjear una deuda por otra.

B) El saldo resulta necesario para mantener en términos reales el margen de endeudamiento, atendiendo a las diversas necesidades mediante la emisión de Bonos del Tesoro. De la misma forma que el 23 de setiembre de 1985, al aprobarse la ampliación ya referida, el tope fijado equivalía el 16.9% del PBI, la ampliación solicitada en la actualidad (hasta U$S 1.390:000.000) equivale también al 16.9% del PBI.

Considerando lo expresado por el Poder Ejecutivo, se presentó en Comisión el proyecto sustitutivo cuya aprobación se sugiere al Senado, que permite corregir un defecto en cuanto a que suprime la referencia al Fondo Nacional de Inversiones (incorrecta en base a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.867), derogando las normas referidas y estableciendo directamente una autorización y no una ampliación de las autorizaciones anteriores.

Por otra parte, el proyecto sustitutivo separa lo que constituye en términos reales un aumento del tope vigente para la emisión de Bonos del Tesoro (artículo 1º), y la partida autorizada para el canje de deuda externa (artículo 2º).

De esta forma, se establece en términos precisos que el aumento de la autorización actual para la emisión de Bonos del Tesoro será hasta U$S 1.190:000.000, máximo equivalente al 14.5% del PBI. Esta disposición permitirá modificar sustancialmente el "perfil" del endeudamiento del sector público, sustituyéndose Letras de Tesorería a noventa y ciento ochenta días, así como los depósitos "overnight", por Bonos del Tesoro a largo plazo.

Por otra parte, se autoriza la emisión de hasta U$S 200:000.000 en Bonos del Tesoro, para atender las operaciones de canje de Títulos de Deuda Externa por Bonos, lo que no implica un aumento del endeudamiento en términos reales, sino que apareja una disminución del endeudamiento total, en la medida que la compra de los títulos se efectúa a un valor inferior al nominal.

Incluso, cabe reiterar que si se tomara la totalidad de los máximos establecidos en ambos artículos, la proporción con el PBI sería similar a la registrada en el año 1985 al ampliarse la autorización al Poder Ejecutivo en esta materia.

Por lo expresado, esta Comisión en mayoría sugiere al Senado la aprobación del proyecto sustitutivo.

Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 1991.

Juan Carlos Raffo (Miembro Informante), Sergio Abreu, Andrés Arocena, Danilo Astori (discorde por motivos que expondrá en Sala), Juan Carlos Blanco, Carlos Cassina. Senadores.

INFORME EN MINORIA

El Poder Ejecutivo solicitó un aumento del monto total autorizado a emitirse de Bonos del Tesoro de U$S 950:000.000 a U$S 1.390:000.000.

Las razones para dicha solicitud fueron:

1) Atender en los próximos años el canje de títulos de deuda externa por Bonos del Tesoro, según el sistema de capitalización de deuda aplicable para proyectos de inversión por U$S 200:000.000.

Eso se le atiende en el artículo 2º sugerido por la Comisión.

2) Mantener en términos reales el margen de endeudamiento. Para el Poder Ejecutivo significa la relación Bonos del Tesoro sobre PBI que de un 16,93% en 1985 llegó a 11,55% en 1990.

3) Financiar el déficit fiscal.

4) Mejorar el perfil del endeudamiento.

Todo lo que sea endeudamiento del sector público es una carga para el futuro. Si éste se toma para financiar inversiones que permitan atender el pago de sus intereses y la amortización del capital es justificado. No es este el caso.

Se debe tomar en cuenta, además, el endeudamiento del sector público a través de las Letras de Tesorería, que según lo expresado por los señores representantes del Poder Ejecutivo, el monto circulante no alcanza al monto autorizado a emitir (50% del Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones - artículo 678 Ley Nº 15.809).

Para que el incremento solicitado por el Poder Ejecutivo no implique una carga aún mayor para el país a través del endeudamiento total de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería, propongo que se rebaje el monto autorizado a emitir de Letras de Tesorería en U$S 240:000.000 (doscientos cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), que representa el incremento neto de Bonos del Tesoro solicitado por el Poder Ejecutivo.

Para ello acompañamos un artículo, que sería el Nº 3 de este proyecto, si el Cuerpo lo aprobara.

Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir y mantener un circulante total de Letras de Tesorería, que estará determinado por la cifra que resulte de deducirle al 50% (cincuenta por ciento) del Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones vigente en cada Ejercicio o su equivalente en moneda extranjera la suma de U$S 240:000.000 (doscientos cuarenta millones de dólares de los Estado Unidos de América).

Aplícase a estas Letras de Tesorería lo dispuesto en el artículo 461 de la Ley Nº 13.640 de 26 de diciembre de 1967 con la redacción dada por el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.268, de 20 de setiembre de 1974.

Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 1991.

Mario Soto Platero. Senador.

ANTECEDENTES REMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEUDA EXTERNA BRUTA SECTOR PUBLICO Y OBLIGACIONES TOTALES EN MONEDA EXTRANJERA DEL SECTOR PUBLICO
(millones de dólares)

AÑOS

DEUDA EXTERNA
BRUTA DEL
SECT. PUBLICO 1/

MONTOS EMITIDOS
DE BONOS Y
LETRAS DE TESORO

DEPOSITOS DE
NO RESIDENTES
BROU

PBI RELACION
DEUDA EXTERNA
BRUTA SECTOR
PBCO./PIB.
%

1984  

3162.9

854.6

97.8

4840

65.3

1985  

3550.9

1057.1

144.2

4725

75.2

1986  

3828.7

1203.3

161.3

5869

65.2

1987  

4227.6

1362.8

182.9

7348

57.5

1988  

4239.2

1619.2

218.1

7593

55.8

1989  

4313.0

1757.4

295.1

7825

55.1

1990  

4472.0

1946.4

338.0

8223

54.4

1Trim.   

1991  

4164.6

1966.8

362.9

...

...

1/Incluye: Montos emitidos de Bonos y Letras del Tesoro y Depósitos de no residentes BROU

AÑOS

OBLIGAC. TOTALES
DEL SECT.
PUBLICO 2/

OBLIGACIONES
DEL SECT.PBCO
CON SECT.PRIV.RESID.

DEPOSITOS EN
MONEDA EXTRAN.
DE RESIDENTES
BROU - BHU

RELACION
OBLIG. TOT.
SECT. PCO.
PBI
%

1984  

4198.5

1035.6

361.9

86.7

1985  

4757.0

1206.1

531.6

100.7

1986  

5209.9

1381.2

601.1

88.8

1987  

5707.6

1480.0

715.6

77.7

1988  

5971.2

1732.0

868.1

78.6

1989  

6519.8

2206.8

1147.1

83.3

1990  

7084.0

2612.0

1374.3

86.1

1 Trim.   

1991  

6799.5

2634.9

1483.5

...

2/ Incluye: Deuda Bruta del sector público, Obligaciones del sector público con sector privado residente y Depósitos en moneda extranjera de residentes BROU-BHU.

POSICION DEL BCU Y RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL BCU Y BROU
En millones de dólares, con el oro a precio Mercado Londres).

AÑOS

POSICION GRAL.
EN M/E BCU

RIN. BCU

RIN. BROU

1984  

17.5

817.7

253.4

1985  

-136.0

753.3

424.6

1986  

-137.0

1008.3

412.5

1987  

-211.0

1053.0

395.8

1988  

-226.3

1126.0

343.6

1989  

-625.4

1219.9

373.7

1990  

-734.8

1283.0

465.2

I Trim.   

1991  

-474.9

964.3

603.7

* NOTA: Oro Diciembre/90 IFS 385. U$S x OT.

MONTOS EMITIDOS DE BONOS Y LETRAS DEL TESORO
(millones de dólares)

AÑOS  

LETRAS  

BONOS  

TOTAL

1984  

332.6

522.0

854.6

1985  

437.4

619.7

1057.1

1986  

507.8

695.5

1203.3

1987  

657.4

705.4

1362.8

1988  

814.8

804.4

1619.2

1989  

914.8

842.6

1757.4

1990  

1047.0

899.4

1946.4

I Trim.   

1991  

1032.4

934.4

1966.8

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: hace ya unos cuantos días, la Comisión de Hacienda del Senado terminó el estudio de este proyecto de ley remitido en su momento por el Poder Ejecutivo y lo hizo llegar al Cuerpo con un informe en mayoría, con voto discorde de algún señor senador, y con otro informe en minoría.

Como miembro informante, voy a repasar algunos de los conceptos referidos en el informe en mayoría, porque se trata de un proyecto muy simple. El mismo consta de dos artículos que confieren o autorizan al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Bonos del Tesoro más allá de los términos que actualmente tiene o que legalmente posee hoy en día.

13) ARRENDAMIENTOS RURALES Y APARCERIA. Se modifica el régimen jurídico vigente.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAFFO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Pido disculpas al Cuerpo por esta interrupción, y especialmente al señor senador Raffo.

Los integrantes de la bancada del Partido Colorado aquí presentes hemos estado haciendo un intercambio de ideas que nos obliga a solicitar -naturalmente, si el Senado lo comparte- que se postergue la consideración de este asunto. Como es público y notorio, quien estudió el tema fue el señor senador Soto que estaba supliendo al señor senador Bouza. Nosotros queremos conversar con él para fijar una posición definitiva en este sentido.

No sé si por vía de una interrupción se puede formular una moción de orden. Pero si así fuera, la bancada del Partido Colorado mocionaría para pasar a considerar de inmediato el proyecto de Ley de Arrendamientos Rurales, aparcerías y subaparcerías y retornar con el tema de la emisión de Bonos del Tesoro antes de finalizar la sesión del día de hoy.

SEÑOR RAFFO. - Que se me devuelva el uso de la palabra, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Ricaldoni ha planteado una moción en el sentido de que volvamos a tratar el primer punto establecido por el orden del día. O sea, que pasemos a considerar el proyecto de ley de arrendamientos rurales y dejemos para después el proyecto de ley sobre Bonos del Tesoro.

SEÑOR RAFFO. - Considero que esa moción no puede hacerse durante una interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE. - La moción de orden interrumpe el debate. Le hemos dado la palabra al señor senador Ricaldoni para una interrupción y en el uso de la misma formuló una moción.

Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Ricaldoni.

(Se vota:)

-22 en 28. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el régimen jurídico vigente para los contratos de arrendamientos rurales y aparcería. (Carp. Nº 319/90 - Rep. Nº 234/91)".

(Antecedentes: ver 45ª S.0.)

-En discusión particular.

Léase el artículo lº.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo lº.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO lº. - En todo contrato que se otorgue a partir de la vigencia de la presente ley por el cual una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y el goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, se estará al plazo que fijen las partes, con la limitación que establece el artículo 1782 del Código Civil y sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 2º.

Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los aparceros y subaparceros cuando el dador haya entregado un predio rural").

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Deseo referirme al inciso segundo de este artículo, por cuanto en el mismo se recoge el principio ya conocido en la legislación vigente, en el sentido de que las disposiciones de la presente ley se hagan extensivas a los aparceros y subaparceros cuando el dador haya entregado un predio rural, así como a los subarrendatarios, a los que habría que incluir también en esta norma.

De esta manera, estaríamos respetando la disposición vigente comprendida en el inciso segundo del artículo 2º del Decreto-Ley Nº- 14.384. Además, se estaría realizando un acto de justicia por cuanto en esta disciplina siempre se ha incorporado junto con el arrendatario al subarrendatario.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Por nuestra parte vamos a votar en contra de esta disposición en atención a las razones que ya expusimos largamente en la consideración general de este proyecto de ley.

Creemos que ésta es una de las disposiciones claves que modifican sustancialmente el régimen de arrendamientos rurales. Asimismo, pensamos que podría ser contraproducente para el futuro del desarrollo agropecuario de nuestro país y, en especial, para aquellos sectores que han sido más duramente castigados por la situación de crisis que se vive actualmente, en especial en el sector agropecuario a nivel de los pequeños y medianos productores.

En consecuencia, repito, que por las razones que expusimos anteriormente, no vamos a dar nuestro voto a esta disposición que elimina en términos generales, los plazos mínimos establecidos por la ley vigente de arrendamientos rurales.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - En forma muy breve deseo señalar que en la banca de todos los compañeros del Cuerno, figura un proyecto sustitutivo, que hemos elaborado con los señores senadores Belvisi y Cigliuti. Concretamente, deseo hacer hincapié en la única diferencia que tiene este artículo lº sustitutivo, con el que viene de la Comisión.

Precisamente, en el texto que viene de la Comisión se establece -de manera incorrecta- que las disposiciones de la presente ley "serán aplicables a los aparceros y subaparceros...", etcétera, cuando en realidad la ley se aplica, también, a los dadores de los predios. La forma correcta de establecer lo que se quiso decir está contenida en el texto sustitutivo que nosotros hemos elaborado, o sea señalar que la ley también se aplica a los contratos de aparcería y subaparcería. Evidentemente, si aprobáramos el texto del inciso segundo tal como viene de la Comisión, a la letra se podría entender que la ley no se aplica a los dadores de un predio rural en los contratos de aparcería y subaparcería.

Por lo tanto, creo que el miembro informante y la Comisión, estarán de acuerdo con esta modificación que mejora el texto. En consecuencia, propongo que este artículo se vote por incisos.

 

SEÑOR URIOSTE. - No tengo inconveniente en que se realice esa modificación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se han sugerido dos modificaciones respecto al inciso segundo. El señor senador Brause ha sugerido agregar, a texto expreso, a los subarrendatarios que estaban comprendidos en la legislación vigente, lo cual es compartido por la Mesa, pues creemos que se trata de una previsión razonable que permitirá evitar futuros problemas interpretativos. Asimismo, el señor senador Ricaldoni, en nombre de la bancada del Foro Batllista ha sugerido agregar la palabra "también" después de donde dice "de la presente ley".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Si bien es correcto que proponemos agregar la palabra "también", no sólo hablamos de aparceros y subaparceros sino de contratos de aparcería y subaparcería que es lo que corresponde.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correcto. Corresponde que votemos en primer lugar, el inciso primero.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 24. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo de acuerdo al Reglamento con el texto venido de la Comisión.

(Se vota:)

-0 en 24. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso segundo con las modificaciones sugeridas en Sala.

(Se vota:)

-15 en 24. Afirmativa.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - A efectos aclaratorios solicito que se dé lectura al inciso segundo, tal como quedaría con las modificaciones sugeridas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el inciso segundo.

(Se lee:)

"Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables a los subarrendatarios y a los contratos de aparcería y subaparcería cuando el dador haya entregado un predio rural".

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Cuando el referido contrato tenga como destino principal la producción lechera y no se haya estipulado plazo de vigencia o se haya estipulado uno menor a cuatro años, el arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones como tal, tendrá derecho a que el arrendamiento se considere realizado por el término mínimo de cuatro años a contar desde la fecha de celebración del mismo, siendo de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975").

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - En esta disposición se establece una excepción al principio de libertad de contratación señalado en el artículo 1º. Concretamente, al final de la disposición se hace una referencia al inciso segundo del artículo 11 del Decreto-Ley Nº- 14.384. Allí se define o califica el concepto de arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones como tal.

A nuestro entender, en esa última parte se produce el primer inconveniente de la futura existencia de un régimen normativo para contratos que rigen al momento de la aprobación de esta ley y el régimen que habrá de regir si este proyecto de ley es finalmente sancionado. Desde nuestro punto de vista, y a los efectos de la buena técnica legislativa, la definición de "buen cumplidor de sus obligaciones" debería ser incorporada, como inciso segundo, a esta norma. Es evidente que con el proceso del tiempo y en forma natural va a ocurrir que la normativa vigente desaparecerá y continuará vigente la que ahora estaríamos sancionando. A efectos de que no se produzca esa dicotomía o desprolijidad desde el punto de vista legislativo, sugiero que se incorpore como inciso segundo de este artículo 2º, la norma que define el concepto de buen pagador de sus obligaciones como tal.

Por consiguiente, habría que eliminar la referencia que a ese concepto se hace en el artículo 2º de este proyecto.

En resumen, el primer inciso debería finalizar donde dice "desde la fecha de su celebración" y se incorporaría un segundo inciso con la definición de "arrendatario buen pagador de sus obligaciones", que figura en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.394.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - A título aclaratorio voy a dar lectura al inciso que se incorporaría a este artículo en caso de prosperar la posición del señor senador Brause. Dice así: "Se entiende que el arrendatario es ‘buen cumplidor de sus obligaciones como tal’ cuando cumple satisfactoriamente las principales estipulaciones del contrato, es buen pagador y ha cuidado como ‘buen padre de familia’ las mejoras y el predio, preservándolo de los daños que está a su alcance evitar, como ser la invasión de malezas y la producción de erosiones o cualquier otro elemento de degradación por uso inadecuado de la tierra".

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Comparto la preocupación expresada por el señor senador Brause con respecto a la redacción que se le ha dado a este artículo 2º. Sin embargo, refiriéndome nuevamente al proyecto sustitutivo que hemos presentado y que los señores senadores tienen en sus bancas, creo que la redacción es más sobria y adecuada si simplemente se dice -como lo establece el proyecto-: "Dicho derecho" -el de permanecer por un término máximo de determinada cantidad de años- "podrá hacerse valer solamente cuando el tomador sea un buen cumplidor de sus obligaciones como tal en los términos del inciso 2º del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1985". De esta forma nos ahorramos una transcripción, y lo que a veces suele aparejar complicaciones.

Debo manifestar que no hago cuestión fundamental sobre el tema, pero creo que se llega al mismo destino por un camino más simple.

En nuestro proyecto sustitutivo existen otros dos cambios a los que quiero hacer referencia.

El proyecto de la Comisión comienza diciendo: "Cuando el referido contrato tenga como destino principal la producción lechera". En realidad, en el artículo 1º se hace referencia a más de un tipo de contrato, porque además del de arrendamiento se contemplan los de subarrendamiento, aparcería y subaparcería. Por lo tanto, este artículo 2º debería decir "Cuando los contratos referidos en el artículo 1º...", etcétera. Salvo que se haya querido decir, y no lo creo, que sólo se admite legalmente el plazo mayor -o sea, la limitación al principio de la autonomía de la voluntad en materia de producción lechera- cuando existe un contrato de arrendamiento. Creo que deberíamos ser un poco más elásticos y amplios, porque lo que estamos proponiendo coincide con las distintas prácticas empleadas dentro de la cuenca lechera. Y no creo que haya una agresión a algún principio fundamental si se salva lo que tiene que ver con el plazo máximo de los diversos contratos cuyo destino principal es la lechería, sin importar si se trata de contratos de arrendamiento propiamente dichos, de subarrendamientos, de aparcerías o de subaparcerías.

Por último, en la propuesta presentada por los señores senadores Cigliuti, Belvisi y quien habla nos permitimos sugerir que se eleve a cinco años el plazo máximo de que dispone el ocupante del predio cuyo destino principal sea la lechería, como una forma de acercar las distintas posiciones. Todos hemos escuchado a diferentes gremiales lecheras, algunas de las cuales solicitaban un plazo de seis años e, incluso, llegó a pedirse que al mismo se agregara la prórroga legal para los buenos pagadores.

Por lo tanto, considero que podríamos otorgar un año más de permanencia en el predio, cuando su destino principal sea la lechería.

Por estos fundamentos, solicitamos el acuerdo de los miembros de la Comisión y concretamente del señor miembro informante, para aprobar nuestra propuesta que, repito, no pretende innovar con respecto a la de la Comisión, sino que corrige algunos problemas de redacción, y aumenta en un año el plazo, dando una solución más flexible a un punto que preocupa a una serie de gremiales de productores lecheros.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: cuando analizamos el proyecto en general, también hicimos referencia al artículo 2º propuesto por el Foro Batllista que, como bien lo ha dicho el señor senador Ricaldoni, no introduce cambios sustanciales; simplemente, extiende la cantidad de contratos comprendidos ya que además de los de arrendamiento abarca a otros y agrega un año al plazo establecido por el artículo 2º del proyecto que viene con informe en mayoría de la Comisión.

El tema central es que entendemos que fijar un plazo particular para la lechería es contraproducente para el propio sector, como lo han manifestado las gremiales, porque permite al dueño de la tierra, cuando la oferta en arrendamiento, excluir a quienes por su condición de productores lecheros tendrán un plazo mínimo de permanencia de cuatro o cinco años o, en su defecto, exigir una contraprestación en dinero mayor que la habitual. Esos son los argumentos que esgrimen los productores lecheros y por los cuales consideran inconveniente que se legisle específicamente para su sector sin hacerlo para otros.

Precisamente, por considerarla inconveniente aun para el sector al que se pretende hacer aparecer como beneficiario, no votaremos la disposición tal como ha sido redactada por la Comisión ni la propuesta por los señores legisladores del Foro Batllista.

SEÑOR URIOSTE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR URIOSTE.- Seguimos pensando que lo que cambia fundamentalmente este nuevo sistema no es el número de años sino la voluntad de los propietarios de arrendar sus campos. En consecuencia, preferimos mantener este artículo tal como viene de la Comisión, con la modificación propuesta por el señor senador Brause en el sentido de agregar un segundo inciso.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA.- Debo decir que somos partidarios de extender el plazo, al punto de que así lo propusimos en la Comisión; sin embargo, al no lograr acuerdo con el resto del Partido y dado que el sector herrerista proponía aprobar el proyecto tal como venía, como fórmula transaccional establecimos un plazo de cuatro años. Mi posición ha quedado comprometida por este acuerdo y pese a que considero lógico el planteo realizado por el Foro Batllista debo respetar lo acordado.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO.- Con relación al plazo de cinco años, debo decir que el señor miembro informante ha hecho referencia a que el plazo de cuatro años fue lo acordado por la Comisión. En consecuencia, correspondería que se adoptara lo que la Comisión resolvió oportunamente.

El plazo de cinco años que señala el señor senador Ricaldoni tuvo su origen en la Ley Nº 12.394, que fue una de las primeras disposiciones que estableció plazos de estabilización para quienes se inscribían en el Plan Agropecuario. Las razones por las que se fijó dicho plazo derivaron del tipo de explotación de que se tratara, de acuerdo con las directivas dadas por la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario. Anteriormente esto ya fue establecido por la Ley Nº 12.100; las disposiciones vigentes abandonaron el plazo de cinco años y optaron por el de seis. Asimismo, este de 4 años, fijado como excepción para quienes destinen los predios a la explotación de la lechería, fue acordado en la Comisión. Creemos que él es técnicamente adecuado, teniendo en cuenta la forma de explotación en el sector lechero, ya que las praderas -hay gente aquí que conoce mucho al respecto, pero igualmente quien habla algo sabe- no tienen una duración que va más allá de los 4 años.

Por lo expuesto, nos inclinamos al mantenimiento de este plazo de cuatro años.

En lo que tiene que ver con otra de las modificaciones propuestas por el señor senador Ricaldoni, en el sentido de hacer referencia al inciso segundo del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.384, en términos de aplicar el concepto de buen padre de familia, queremos señalar que nos definimos por el mantenimiento de la propuesta del señor senador Brause, en cuanto a incluir en la norma qué es lo que se entiende por buen cumplidor de sus obligaciones. Esta disposición tiene como antecedentes la ley Nº 12.100 de 1954 y que fue repetida con el mismo tenor en la Ley Nº 14.384; por lo tanto, pensamos que si sobrevivió tanto tiempo es conveniente mantenerla con la misma redacción.

Además, estimamos que la referencia a un inciso del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.384 tiene sus inconvenientes, ya que esta norma ha sido modificada en partes importantes, por lo que muchas de sus disposiciones no aparecen.

En cuanto a la otra observación manifestada por el señor senador Ricaldoni, al decir que en el acápite del artículo 2º se expresa "Cuando el referido contrato", debería establecerse "Cuando los referidos contratos", deseamos señalar que no existe ninguna intención de determinar en forma explícita que dicho artículo alcanza nada más que al contrato de arrendamiento. Lo que ocurre es que la redacción de la norma legal que estamos considerando, habla en singular en su artículo 1º, expresando "En todo contrato que se otorgue".

Estimamos que lo que se procura en este artículo 2º no es sólo amparar a la explotación lechera en los contratos de arrendamiento, sino también en los que la ley prevé.

En principio, consideramos que no habría inconveniente en hacer la modificación -salvo que el miembro informante estime lo contrario- y que se diga "Cuando los referidos contratos". Con el fin de mantener la identidad legislativa, habría que conservar la actual redacción de este artículo 2º, es decir, "Cuando el referido contrato tenga como destino principal la producción lechera", etcétera.

SEÑOR BRAUSE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Deseo sugerir, en la misma línea de pensamiento del señor senador Santoro, recogiendo la propuesta formulada por el señor senador Ricaldoni, la eliminación del vocablo "referido", por lo que la redacción quedaría de la siguiente manera: "Cuando el contrato tenga". De esta manera se estaría salvando la objeción de índole formal que se ha señalado.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Santoro.

SEÑOR RIESGO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RIESGO. - Encontramos cierta dificultad en este plazo de cuatro años. Desde el momento en que se liberaliza el plazo fijado entre las partes a un sector determinado, marcándole un mínimo de cuatro años, tenemos el temor de que ello sea contraproducente para sus destinatarios. Aunque haya sido establecido con la mejor buena voluntad del Cuerpo, no me cabe la menor duda que es así.

Tengo la inquietud de que en un futuro, cuando un integrante del sector lechero quiera acceder a un arrendamiento, le pidan un precio superior que al resto de los productores. Creo que el Senado tiene la mejor buena voluntad, reitero, al fijar un plazo especial para este sector que entiendo le corresponde, como así también a otros productores. Repito que, de todas formas, podemos causarle un problema a este sector en el momento en que desee adquirir tierras, ya que el valor de ellas podría ser distinto debido a este tratamiento diferencial que hace la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Santoro.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Hemos votado el inciso segundo del artículo 1º, cuya redacción fue modificada a fin de aclarar su sentido. De acuerdo con este nuevo texto, en dicho inciso se expresa: "Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables a los subarrendamientos y a los contratos de aparcería y subaparcería". Por lo tanto, en el artículo 2º no se puede decir: "Cuando el referido contrato", sino que hay que utilizar el plural, para mantener la debida armonía con el artículo anterior.

El otro aspecto que quería señalarle al señor senador Santoro, es que el inciso primero del artículo 1º parece apuntar a los contratos de arrendamientos rurales. Tan es así que, además de definirse ese tipo de contrato, luego, se dice que estará sujeto a la limitación establecida por el artículo 1.782 del Código Civil que, a su vez, trata del plazo máximo de los arrendamientos.

Reitero que si se aprobó una expresión en plural en el inciso segundo del artículo 1º el señor senador Santoro coincidirá conmigo en que se deberá utilizar el mismo criterio para el artículo 2º.

En cuanto al plazo, caben dos posiciones. Por nuestra parte, hemos propuesto que sean cinco años, mientras que otros señores senadores, y la propia Comisión, creen que debe ser de cuatro años. Pero ello no hace a la correcta redacción del artículo, ni tampoco a un problema de técnica jurídica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Hemos consultado al miembro informante, señor senador Urioste y no hay inconveniente en el sentido de adoptar esta nueva redacción que propone el señor senador Ricaldoni, expresándose: "Cuando los referidos contratos", utilizando el plural igual que en el artículo 1º. Además, estas disposiciones son claras en cuanto a lo que se quiere amparar y cuál es la materia que se quiere determinar.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Sólo deseo hacer algunas reflexiones complementarias sobre un argumento manifestado anteriormente por los señores senadores Gargano y Riesgo, en el sentido de establecer solamente un plazo mínimo para los productores lecheros.

Ello podría provocar situaciones económicamente más gravosas a estos productores en compensación del plazo mínimo que establece. No sólo comparto esta afirmación, sino que voy a agregar que por la vía de fijar solamente un plazo mínimo para el sector lechero -que lo necesita- en mi modesta opinión, se va a lograr una situación que este proyecto de ley pretende evitar. Esto es, una retracción en la oferta de tierras para este sector.

El señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, manifestó que el principal fundamento de este proyecto era el de combatir una retracción evidente en la oferta de tierras para arrendamientos. Ahora, resulta que estamos aprobando una disposición que sólo establece un plazo mínimo para un rubro de producción. Creo que este rubro es fundamental para el país y pienso que es, precisamente, en la lechería donde se dan mayores problemas de arrendamientos rurales. El hecho de que con esta disposición se origine una retracción de la oferta de tierras para arrendamiento en la producción lechera, creo que es grave.

Todos recordamos cómo se llega a establecer este plazo mínimo. A las Comisiones Especiales respectivas concurrieron gremiales de productores de leche y algunas instituciones del Estado, pertenecientes a departamentos donde la producción de leche es importante. Simplemente me estoy refiriendo a delegaciones de Juntas Departamentales. Ellas nos reclamaron por la producción lechera, y con argumentos de peso nos señalaron que la renovación tecnológica de esa producción necesitaba plazos mínimos de arrendamiento. Nunca soñaron con que lo que reivindicaban se iba a convertir solamente en una disposición específica para su sector; no lo plantearon de esa manera. Es más; en el intercambio que tuvimos con los productores lecheros, manifestaron que los plazos mínimos que necesitaban, no eran sólo para ese sector. Ese fue nuestro argumento y por eso apelamos al concepto de sistema integrado de producción, donde además de la producción lechera existieran sistemas integrados de producción referentes a otros rubros agropecuarios, que deberían tener plazos mínimos, en función de sus características tecnológicas. Esa argumentación no prosperó y, ahora, solamente queda el plazo mínimo para la producción lechera.

Naturalmente, tiene un aspecto positivo. A ese sector se le va a permitir desarrollar un sistema de producción más apto que el que podría llevar adelante sin ese plazo mínimo. A mi juicio, diría que, si se aprueba este proyecto, la producción lechera va a tener problemas muy serios para acceder a tierras en arrendamiento. Además de las condiciones más gravosas que en la práctica se pueden presentar, también se puede dar lo peor: que no haya tierras para que los productores lecheros puedan arrendar.

Debemos tener claro que esto a los productores lecheros no los beneficia. Lo que originalmente se pretendió -con buena intención- fuera un beneficio para la producción lechera, ahora se transforma en un perjuicio.

En el día de hoy tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones con la Asociación Nacional de Productores de Leche y piensan lo mismo sobre este aspecto del proyecto de ley.

Simplemente, quería señalar esto en el momento en que se está discutiendo el artículo 2º, y dejar constancia de que ello es inconveniente para la producción lechera del país.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - En la breve exposición que realicé en la sesión pasada en la discusión general de este proyecto de ley, la mayor parte de la misma la dediqué a señalar que si bien el artículo 2º intenta amparar a las empresas dedicadas a la producción lechera, en realidad va a tener un efecto contraproducente, por los argumentos que se han dado en Sala.

Por ejemplo, si se sancionara una ley en materia de arrendamientos urbanos, estableciendo el régimen de libre contratación total en cuanto a los plazos y precios, y dentro de la misma se realizara una excepción para familias numerosas de más de tres hijos menores de edad a cargo de los padres o, alguna otra que tuviera una alta justificación desde el punto de vista social, el efecto que se lograría es que nadie les arrendaría, salvo que se tratara de familias que tuvieran un poder adquisitivo tal, que por si mismos tuvieran un poder negociador similar al del arrendador.

Creo que lo que se va a lograr con esta disposición en el sentido de proteger a los productores lecheros, es un efecto contraproducente para los pequeños y medianos productores, que por razones económicas carecen de un poder negociador similar al de los arrendadores.

Por estas razones, no vamos a acompañar esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer lugar el artículo segundo con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-0 en 26. Negativa.

A continuación se va a votar con el texto sugerido por el señor senador Brause que acepta una de las enmiendas propuestas por el señor senador Ricaldoni.

El artículo diría: "Cuando los contratos referidos tengan como destino principal la producción lechera y no se haya estipulado plazo de vigencia o se haya estipulado uno menor a cuatro años, el arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones como tal, tendrá derecho a que el arrendamiento se considere realizado por el término mínimo de cuatro años a contar desde la fecha de celebración del mismo.

Se entiende que el arrendatario es ‘buen cumplidor de sus obligaciones como tal’ cuando cumple satisfactoriamente las principales estipulaciones del contrato, es buen pagador y ha cuidado como ‘buen padre de familia’ las mejoras y el predio, preservándolo de los daños que está a su alcance evitar, como ser la invasión de malezas y la producción de erosiones o cualquier otro elemento de degradación por uso inadecuado de la tierra".

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Deseo señalar que vamos a votar el texto que está a consideración, pero disentimos en cuanto al plazo. Como discrepamos con el plazo de cuatro años, quisiéramos que se votara separadamente a fin de apoyar aquello en lo que sí coincidimos. Entonces, en primer lugar se votaría el texto tal como se acaba de dar lectura y, luego, pediríamos que se votara el plazo.

Deseamos sumar nuestro voto a esta opinión común, con la que estamos de acuerdo, pero queremos que se deje a salvo nuestra posición y que el plazo sea por cinco años.

En consecuencia, quisiera saber cómo podríamos hacer para votar ambas cosas.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que, reglamentariamente, esto no puede solucionarse porque el Reglamento autoriza a votar los incisos separadamente, y aun por párrafos, pero no a votar un artículo quitándole una palabra. Por lo tanto, de esa manera no es posible votar el artículo desde el punto de vista reglamentario.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: amparados en el Reglamento, vamos a sugerir una pequeña trampita.

Coincidimos con la Mesa en que, reglamentariamente, no se puede votar de esta manera. Sin embargo, la razón expresada por el señor senador Cigliuti es de peso. En consecuencia, pienso que podríamos votar el proyecto con las modificaciones aceptadas, o sea, la propuesta del señor senador Brause así como la expresada por quien habla en nombre del Foro Batllista y luego pediríamos una reconsideración del artículo a los efectos de que se disponga un plazo de cinco años. En caso de no tener éxito habremos puesto a votación en una forma oblicua, algo que, de otra manera, el Reglamento no permite.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia estima que, a pesar de la habilidad de que está haciendo gala el señor senador Ricaldoni eso no va a ser posible porque si se reconsidera un artículo, hay que votar el mismo texto.

La única solución es que se vote primero el texto propuesto por el señor senador Ricaldoni, con la enmienda propuesta por el señor senador Brause. En caso de que la votación resulte negativa, luego podemos votar el texto con el plazo de cuatro años.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el texto propuesto por el señor senador Brause, estableciéndose que el plazo no es de cuatro años, sino de cinco.

(Se vota:)

-3 en 27. Negativa.

SEÑOR RICALDONI. - Que se lea el texto que vamos a votar a continuación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el texto propuesto.

(Se lee:)

"Cuando los contratos referidos tengan como destino principal la producción lechera y no se haya estipulado plazo de vigencia o se haya estipulado uno menor a cuatro años, el arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones como tal, tendrá derecho a que el arrendamiento se considere realizado por el término mínimo de cuatro años, a contar desde la fecha de celebración del mismo."

Luego se agrega el inciso segundo del artículo 11 del Decreto-Ley Nº- 14.384. de 16 de junio de 1975.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Hace unos momentos señalábamos que el hecho de iniciar el artículo 2º diciendo "Cuando los contratos referidos en el artículo lº", etcétera, tenía por objeto dejar en claro que eran los contratos del inciso 1º del artículo lº -de arrendamientos rurales- así como los de subarrendamiento propuestos por el señor senador Brause -y que aprobara el Senado- y los de aparcería y subaparcería.

Creo que el artículo que se acaba de leer no puede referirse solamente a los arrendatarios, sino que debe hacer mención a todos los contratos del artículo 1º. No únicamente a los de arrendamientos rurales porque, de lo contrario, quedan fuera las otras tres formas que acabo de mencionar.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa considera que no es como expresa el señor senador Ricaldoni. En todo caso, el plural que se emplea al comienzo del artículo, incluye a todos los contratos. A la Presidencia le parece que eso es de toda evidencia.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el texto propuesto por el señor senador Brause.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Quiero expresar que en ocasión de nuestra exposición en la discusión general, dijimos cuáles fueron las causas que llevaron a una disminución en la oferta de tierras para arrendamiento. En función de ello, consideramos que una de las soluciones para poder aumentar esa oferta es establecer un régimen de libertad en los plazos, señalando así un cambio radical con respecto a lo que la legislación viene ofreciendo.

Por eso nos pronunciamos a favor de la libertad en la contratación, con la sola excepción de las explotaciones con destino a lechería, que había sido fruto de una transacción a nivel de la Comisión.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Debo decir que he votado afirmativamente este artículo aun cuando declaro mi preferencia por una fórmula que aplicara, en este sector, la de carácter general establecida en el artículo 1º o sea, la de libertad de contratación. Lo hice en el entendido de que así ayudaba a hacer viable una fórmula concertada a nivel de la Comisión.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quiero dejar constancia de que los señores senadores Belvisi, Cigliuti y quien habla, votamos el artículo tal como fue aprobado porque consideramos que mejora el texto propuesto por la Comisión, a pesar de que quedó claro que deseábamos que el plazo fuera de 5 años, en lugar de 4.

También quiero decir que lo votamos en virtud de las explicaciones vertidas en Sala tanto por el señor senador Brause como por el señor Presidente del Cuerpo, en cuanto a que este artículo alcanza a las cuatro variedades de contratos mencionadas en el artículo 1º.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Quiero recalcar que considero que este texto, más allá de la buena voluntad que puede haber guiado a sus redactores -quienes quisieron beneficiar los pequeños y medianos productores- tendrá un efecto contrario ya que pensamos que va a agravar la situación que se genere, incluso, frente a la lisa y llana liberalización de un sistema de arrendamiento rural. Esta situación me resulta particularmente preocupante en la medida en que este sector ha estado demostrando su dinamización y la posibilidad que tiene, en el futuro inmediato, de ser particularmente importante en un proceso de integración a nivel regional.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 3º - En los contratos referidos en los artículos precedentes las partes intervinientes fijarán de común acuerdo el precio y régimen de reajuste del mismo en su caso.

A falta de previsión expresa respecto del régimen de reajuste del precio, serán aplicables en forma supletoria las disposiciones previstas por los artículo 19 a 23 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975").

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: queremos decir que el artículo 3º del proyecto venido de la Comisión no cuenta con nuestro apoyo.

En él se establece que las partes intervinientes fijarán, de mutuo acuerdo, el precio y el régimen del reajuste.

Pienso que únicamente esta última parte de la oración tiene importancia, porque en todos los contratos de arrendamiento, el precio se establece de común acuerdo entre las partes, dado que es la autonomía de la voluntad lo que los lleva a contratar. Lo que tiene decisiva importancia es el mecanismo por el cual el precio puede reajustarse o revisarse, que son dos figuras distintas, tal como aquí se dijo.

Creo que a través de este mecanismo es que se cierra un círculo de hierro sobre los pequeños y medianos productores agropecuarios de nuestro país. Por un lado, se deja en manos del propietario de la tierra el fijar el plazo, ya que es él quien va a definir el mismo. Además, es quien va a establecer y a colocar el dogal de un mecanismo tremendamente rígido de ajuste de precios. En la ley vigente se toman en cuenta, a los efectos de la revisión, los cambios en las circunstancias económicas en que se desarrolla el contrato. Todo el fundamento que tiene la revisión de precios en la ley vigente de arrendamientos rurales, se basa en que pueden variar las circunstancias en que los contratos se desarrollen , ya sea por accidentes climáticos o por cambio de precios en la producción. Se sabe que regularmente -y el señor Ministro del ramo de este Gobierno lo ha expresado repetidamente en el seno de la Comisión- nuestro país es tomador de precios en materia de comercialización internacional de productos agropecuarios. En cambio, aquí se establece un mecanismo tremendamente rígido para el reajuste de los precios de los arrendamientos.

Pienso que no va a haber pequeños y medianos arrendatarios y que tampoco se va a dar la posibilidad de que la gente que quiere trabajar la tierra y no posea un capital más que mediano pueda entrar al sistema productivo.

En ese sentido, pienso que las exposiciones que se realizaron y que decían que los capataces y peones iban a llegar, por este medio, a tener la posibilidad de conseguir un predio en arrendamiento, suenan a cantos de sirena. Opino que, por el contrario, el proyecto va a consagrar lo que está siendo la realidad desde hace más de 30 años en el país, o sea, que se expulse a los pequeños y medianos productores a través de un sistema de propiedad cada vez más concentrado. Al respecto, me parece que son altamente ilustrativas las cifras de los últimos 10 años, que muestran que se ha hecho desaparecer a casi 14.000 pequeños y medianos productores, de los cuales alrededor de 3.300 pertenecían al departamento de Canelones.

SEÑOR SANTORO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO.- Quisiera acotar que a la calidad de vecino que el señor senador Gargano le adjudicaba al departamento de Canelones, habría que agregarle el calificativo de grande.

Considero que el episodio de Canelones no tiene que ver con los elementos que maneja el señor senador Gargano, sino con otros, como por ejemplo, razones de carácter económico en lo que hacen al tipo de explotación, y no al régimen de propiedad de la tierra. Lo que sucede en Canelones es que han desaparecido productores, porque en la zona del noroeste ya no existen personas que se dediquen a la plantación de remolacha azucarera. En realidad, no desaparecieron todos, porque algunos se mantienen, aunque se dedican a otro tipo de cultivos.

De todos modos, ha habido una emigración importante de productores, que han pasado a la condición de asalariados en la cercana planta industrial que se encuentra en la población de Empalme Olmos; otros, en cambio, han ido a Punta del Este a realizar trabajos zafrales durante el verano.

Reitero que esta situación no se debe a que los propietarios hayan realizado ciertas prácticas que exijan precios inaccesibles. Lo que sucedió fue que en la zona noroeste de Canelones se daba una particularidad, que aún se mantiene con algunas modificaciones. Concretamente, la inmensa mayoría de quienes se dedicaban a la explotación remolachera era propietaria de predios muy pequeños ya que el mayor sería aproximadamente, de 20 hectáreas.

Entonces, no es acertado señalar que la actividad de los propietarios pueda haber llevado a la desaparición de los productores, en función de que no estaban en condiciones de acceder a los precios que se les requerían por el predio otorgado en arrendamiento. Creo que este argumento no es aplicable al departamento de Canelones y tampoco al resto del país.

Son razones de otro tipo las que inciden para que el productor se vaya de las tierras y cambie de actividad. Las causas no se refieren solamente al régimen de arrendamiento, que proviene desde el año 1954. Esta situación, inclusive, se viene registrando desde antes. Por ejemplo, en materia de agricultura, la primera protección se plasmó en la Ley de Arrendamientos del año 1927; sin embargo, hasta el presente este sector no ha alcanzado grandes niveles en el orden de extensión. No debemos olvidar que solamente con el régimen de arrendamiento, no se puede modificar la estructura económica de un país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede proseguir el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: He escuchado con mucha atención las manifestaciones del señor senador Santoro. En realidad, creo que él no se estaba refiriendo a mis expresiones. Dije que había un fenómeno en la realidad económica del país, que había llevado a que en el último decenio desaparecieran alrededor de 14.000 pequeños y medianos productores. Aclaro que este es un dato proporcionado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de este Gobierno, es decir, del que apoya la bancada que integra el señor senador Santoro. Por lo tanto, se trata de un hecho irrebatible y objetivo.

También manifesté que este proyecto de ley va a continuar provocando la migración de la gente del campo, es decir, de los pequeños y medianos productores, porque va a dejar en manos de los propietarios de las tierras las condiciones del contrato y, por consiguiente, los arrendatarios tendrán grandes dificultades para celebrarlo en situaciones de mínima rentabilidd. Esto se debe a que se le otorgan ventajas a los propietarios.

Naturalmente, pienso que -y presumo que el señor senador Santoro también- esto se debió a la incompetencia, durante estos últimos 35 años, de los sucesivos gobiernos que han pasado por este país, para resolver el problema del mantenimiento de aproximadamente 30.000 pequeños y medianos productores; concretamente, en la década del 50 eran 84.000 y actualmente son menos de 55.000. Diría que este es un fenómeno exultante en cuanto al fracaso de las políticas de arraigo en la tierra de los productores.

Asimismo expresé que este proyecto de ley con este mecanismo liberalizador de los plazos y del proceso de revisión de los precios, va a contribuir a la emigración de los que, efectivamente, actúan en el agro, volcando allí sus fuerzas de trabajo y su propia tecnología, que ha aprendido durante décadas de sus mayores.

Por lo tanto, en función de lo expresado anteriormente, sobran las razones para señalar nuestro voto negativo a este artículo 3° que, reitero, deja librado el régimen de revisión de los precios de los arrendamientos, al propietario.

Muchas gracias.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: nosotros también hemos propuesto una modificación en el artículo 3°. Le hacemos gracia al Senado de volver a incursionar sobre las diferencias que existen entre el reajuste de precios y el mecanismo de la revisión de precios. Pero este es un tema que ya hemos abordado en sesiones anteriores.

Uno de los propósitos del artículo sustitutivo que proponemos es, precisamente, dejar en claro esta circunstancia. No me parece adecuado que un proyecto de ley que consagra el principio de libertad para la contratación en materia de inmuebles rurales, establezca un régimen supletorio de reajustes, y menos que para ello se recurra a las normas sobre revisión de precios. En la normativa legal vigente, la revisión del precio tiene que ver con cambios operados en los supuestos considerados por los contratantes al celebrar un contrato. En cambio, el reajuste persigue al mantenimiento del valor del precio, aun cuando los suuestos considerados para realizar el contrato sigan siendo los mismos.

De acuero con las modificaciones que proponemos, en los contratos referidos en los artículos 1° y 2°, las partes intervinientes podrán fijar libremente el reajuste de precios correspondiente. Creo que hasta aquí la filosofía es la misma que la de la Comisión aunque la redacción es más clara. Más adelante, agregamos algo que consideramos importante, es decir, que si no se fijara la fórmula de reajuste de los precios, ello se podrá hacer, igualmente por escrito, en cualquier momento, luego de la celebración de dicho contrato. El texto que elaboró la Comisión, sólo prevé la posibilidad de establecerlo en el contrato, pero no posteriormente. Se me podrá decir que es igualmente posible para las partes, ya que nada lo impide. Pero también, se podría entender que esto significa un nuevo contrato ¡Vaya a saber qué elaboraciones de tipo doctrinario o jurisprudencial se harían! Se podrían plantear problemas parecidos a los que han ocurrido más de una vez en los juzgados, en materia de arrendamientos urbanos.

Por lo tanto, es importante dejar en claro que si el reajuste no se fijó en el contrato inicial, en cualquier momento, durante la vigencia del mismo, por escrito, las partes pueden establecerlo.

Asimismo, en el inciso 2°, establecemos que dicho régimen -es decir, el del reajuste- será "sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a solicitar la revisión del precio, conforme a lo indicado en los artículos 19 a 23, del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975". Lo que queremos que quede en claro, pues, es que cuando se celebra alguno de los contratos previstos en la ley, si las partes se ponen de acuerdo, figurará un mecanismo de reajuste del precio; en cambio, si no lo prevén en ese momento, podrán hacerlo por escrito luego de celebrado el contrato.

Por otra parte, deseamos ratificar que con o sin mecanismo de reajuste, las partes pueden recurrir a la revisión de precios, que muchas veces es necesario utilizar porque -reitero- determinados cambios hacen intolerable el mantenimieto de las circunstancias. Aquí no se trata de innovar, sino de mantener una buena norma de la legislación vigente.

En síntesis, señor Presidente, queremos señalar que este artículo 3°, más que innovar, pone en claro, con una mayor precisión, estos aspectos a los que me acabo de referir: en primer lugar, que las partes pueden fijar un mecanismo de reajuste del precio al celebrar el contrato; en segundo término, que pueden hacerlo luego de celebrado éste y durante su vigencia y, por último, que por más que exista un mecanismo de reajuste, las partes siempre pueden recurrir a los procedimientos y a las fórmulas de revisión de precios establecidos por el Decreto-Ley N° 14.384.

En consecuencia, me gustaría conocer la opinión de los miembros de la Comisión a este respecto. Como ya he dicho, me parece que esto es más claro que lo que se ha propuesto en ese ámbito; de alguna manera, apunta a lo mismo, pero refuerza la idea de que el mecanismo de revisión de precios se mantiene en los mismos términos establecidos en la legislación vigente.

Para finalizar, solicito que este artículo se vote por incisos.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: esta disposición es una de las más importantes que contiene este proyecto de ley, por cuanto establece el principio del respecto a la autonomía de la voluntad de las partes en la fijación de uno de los elementos esenciales dentro de la celebración de un contrato de arrendamiento, cual es el precio. A esta consideración se suma la circunstancia de que las partes fijarán de común acuerdo, no sólo el precio, sino también el régimen de reajuste de éste, en el caso que corresponda.

A nuestro entender, se trata de una norma que hace referencia, por un lado, a un requisito esencial del contrato, el precio, y, por otro, a su reajuste, este es, la fórmula que las partes convengan para el mantenimiento del valor de las obligaciones.

No queremos ingresar en la discusión que se llevó a cabo durante la consideración en general del proyecto en cuanto a si existen diferencias de concepto en lo que tiene que ver con el precio o cun su reajuste. A nuestro juicio, es bien claro que el precio es uno de los elementos sustanciales del contrato de arrendamiento, y que su reajuste hace referencia al mantenimiento del valor de las obligaciones. Es decir que lo que se pretende es mantener una misma ecuación económica a lo largo de la existencia del contrato. Ahora bien, esta norma agrega que para el caso de falta de previsión expresa respecto al régimen de reajust del precio, las partes podrán acudir al régimen supletorio de revisión de los precios establecido en el Decreto-Ley N° 14.384. Desde nuestro punto de vista, solamente en ese caso es posible recurrir a ese régimen.

Reitero que esta disposición es correcta, ya que respeta el principio de autonomía de a voluntad de las partes en la fijación de uno de los elementos esenciales en la celebración de un contrato, como es el precio. Sin embargo, y a los efectos de despejar dudas interpretativas, nos parece que sería conveniente hacer referencia a la ipótesis de que el precio sea fijado en moneda extranjera o en algún índice sectorial, de manera que se establezca ese valor y que la circunstancia de que su reajuste esté implícito en la modificación que vaya sufriendo el índice sectorial o la moneda extranjera pudiera ser interpretada no como un reajuste previsto por las partes. Esto -reitero- podría abrir la posibilidad a una de las partes a acudir al régimen supletorio de revisión del precio. Aclaro que esta no es la voluntad de la Comisión.

Por consiguiente, y a fin de subsanar esta posible duda interpretativa, es que me voy a permitir sugerir la incorporación a esta norma de un inciso segundo.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRAUSE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - En primer lugar, quiero destacar que la preocupación del señor senador Brause -que tiene su fundamento en el texto que propone el Foro Batllista- estaría solucionada diciendo que las partes intervinientes podrán fijar libremente -subrayo el término, libremete- el régimen de reajuste del precio correspondiente. Quiere decir que no hay por qué entrar en la casuística. Esto es más ampli que lo que plantea el señor senador.

No obstante, lo que más me preocupa es -si lo he interpretado bien- que, a partir de ahora, nunca más se podrá recurrir al régimen de revisión de precios, salvo como mecanismo supletorio del reajuste, es decir, para aquellos casos en los que las partes no hayan fijado un régimen de reajuste del precio en cambio, cuando sí se ha establecido el régimen de reajuste del precio -y esto es lo que más me alarma- me parece muy injusto que el productor rural, que no sea propietario de la tierra, no pueda pedir la revisión del precio. Precisamente nuestra propuesta pretende separar estos dos aspectos, y dejar en claro que este mecanismo de la revisión sigue funcionando en forma autónoma.

En el tercer inciso del artículo 19 del Decreto-Ley N° 14.384 -que es lo que rige actualmente- al hacerse referencia al mecanismo de la revisión, se establece que "el Juez examinará los casos que se sometan a su resolución al efeco de fijar el precio del arriendo que corresponda a la reantabilidad económica normal del precio". Asimismo, se dice que, con tal objeto, "estuadirá las circunstancias de cada contrato, calidad de los campos, mejoras y tipos de explotación de cada inmueble, los valores de venta y de arrendamientos de campos de la zona, el precio del arrendmiento del caso particular anterior al vigente y las causas que pudieran haber dada mérito a su modificaicón". Por ejemplo, hoy la ley permite, si ocurre una helada, una sequía o cualquiera de esos accidentes que suelen existir en la actividad agropecuaria que la parte que sienta que su ecuación económica la hace insostenible, se presente judicialmente para que se tenga en cuenta el cambio, muchas veces dramático, de las circunstancias y que se corrija el precio. Esto es la esencia de la revisión, y nada tiene que ver con el reajuste.

A este respecto, el señor senador Brause manifiesta que lo que se desea es que la revisión sólo funcione cuando no exista una fórmula de reajuste del precio. Pero, a mi entender, y como ya expresara, esta disposición es tramendamente injusta para todos aquellos productoes rurales que no son propietarios de las tierras que explotan.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - En primer lugar, debo señalar al señor senador Ricaldoni que lo que él afirma surge de la lectura de las disposiciones.

En segundo término, quiero reiterar lo que hemos afirmado en la discusión general y hemos venido señalando en el análisis de esta disposición: en ella se reafirma el concepto de respeto a la autonomía de la voluntad de las partes. Dicha autonomía debe respetarse, justamente, en el establecimiento de uno de los requisitos esenciales del contrato, cual es el precio. Desde este punto de vista, y en el caso de que se den circunstancias extraordinarias supervinientes, considero que el mejor homenaje que podemos rendir a la autonomía de la voluntad de las partes es que ellas sean quienes resuelvan, de común acuerdo, la respuesta a dichas situaciones, y no que ésta provenga de parte del legislador a través de mecanismos supletorios que, hasta el presente, han demostrado su total ineficacia.

De manera que sostenemos que debería incorporarse una norma interpretativa para despejar la duda, en el caso de que las partes convengan como precio del arrendamiento, una moneda extranjera o un índice sectorial cualquiera de producción, a los efectos de que se entienda que implícitamente se está haciendo referencia a que se contiene en el precio el reajuste del mismo.

De lo contrario, podría ocurrir, por ejemplo, lo siguiente: un contrato de arrendamiento celebrado en nuevos pesos que se ajusta de acuerdo con el dólar. En este ejemplo, se prevería expresamente el régimen de reajuste y, por consiguiente, no caería en la hipótesis señalada en el inciso segundo del artículo en discusión. A la inversa, supongamos que el contrato, en lugar de haber sido acordado en nuevos pesos, lo hubiera sido directamente en dólares y sin cláusula de reajuste. Podría interpretarse entonces que al no haberse previsto en forma expresa el régimen de reajuste, se abriría la posibilidad a una de las partes de acudir al régimen supletorio señalado en el inciso segundo. En función de esa posible interpretación, a nuestro juicio equivocada, y para despejar toda duda, sugeriría la incorporación de un inciso segundo a este artículo, que diría así: "Cuando el precio sea convenido en moneda nacional equivalente a uno o varios índices de productos sectoriales o en moneda extranjera, el régimen de reajuste se entiende expresamente previsto". Esto es, que la cláusula admite, por consiguiente, que un contrato sea pactado, no sólo en moneda extranjera, sino también en carne, lana o cualquier otro producto sectorial y al hacerlo, implícitamente, reconoce que el reajuste se encuentra comprendido y, por lo tanto, no es aplicable el régimen supletorio previsto en el que pasaría a ser inciso tercero, de aprobarse nuestra sugerencia.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR BRAUSE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - No quiero decir esto con ironía, pero me da la impresión de que este artículo 3º del proyecto está inspirado en las ideas de Milton Friedman, o en la "Escuela de Chicago". Este artículo determina un clarísimo retroceso respecto de las garantías que hoy tienen los productores rurales. Realmente estamos preocupados por ello, y adelanto que no lo vamos a votar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Esa era la principal sugerencia que quería formular al Cuerpo, a los efectos de aclarar alguna duda interpretativa que nos ha asaltado a todos y que, a nuestro entender, sería importante despejar a través de la incorporación del inciso segundo que acabamos de sugerir.

Vamos a reiterar lo ya manifestado en nuestra exposición en la discusión general de este proyecto de ley. Nos inclinamos a favor de la libertad de las partes para poder concertar los contratos, en especial en materia de arrendamientos rurales. Ello responde, no sólo a la demostración empírica de las estadísticas que se nos han proporcionado por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a lo largo de todos estos años -más de treinta y cinco- en que han sido aprobadas disposiciones que regulan y de alguna manera pretenden dirigir la normativa e intervenir en los contratos que deben celebrar las partes, sino también a conceptos filosóficos largamente arraigados en quien habla, que cree en la libertad del individuo.

Muchas gracias.

SEÑOR URIOSTE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR URIOSTE. - Quisiera decir que el contenido del artículo 3º está dirigido especialmente a que las partes resuelvan su futuro, es decir, a que determinen en el momento en que firman el contrato, los precios y la revisión. Por ello, a los efectos de lograr que esa voluntad de las partes se continúe en el tiempo y no puedan existir alternativas que no estén previstas por el contrato, creemos que este artículo debe ser aprobado tal como vino de la Comisión, con los agregados que ha sugerido el señor senador Brause para una mejor comprensión.

Entendemos que, si bien un Juez puede tener mucho conocimiento acerca de la revisión de un contrato, es más comprensible que quienes firmen el contrato, en el momento de hacerlo, sepan lo que están haciendo.

Los cambios fundamentales que se puedan dar pueden perjudicar, tanto al arrendatario como al propietario. Ellos podrían hacer cambiar el precio, por lo que los riesgos serían, repito, para las dos partes y no para una sola.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La redacción propuesta por el señor senador Brause seria la siguiente: "Cuando el precio sea convenido en moneda nacional equivalente a uno o varios índices de productos sectoriales o en moneda extranjera, el régimen de reajuste se entiende expresamente previsto".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-14 en 23. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Los señores senadores Belvisi, Cigliuti y quien habla hemos votado en contra de este artículo, porque entendemos que es un gravísimo retroceso en relación con la legislación vigente. Por tal razón, lamentamos mucho el resultado de la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir, es el siguiente:

"ARTICULO 4º - En los contratos a que refiere la presente ley no serán aplicables las disposiciones previstas por las siguientes normas: artículos 1º, 3º, 11 a 18, inclusive (Capítulo III), 61, 63, 64 y 66 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, y artículos 3º a 6º, inclusive, del Decreto-Ley Nº 14.495, de 29 de diciembre de 1975".)

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Esta norma impone que cierto número de disposiciones no sean aplicables a los contratos a que refiere el proyecto de ley. Tal como lo señalamos durante la discusión general, el fundamento de este artículo radica en que, si se aprueba el proyecto de ley, coexistirán dos regímenes legales diferentes: uno para los contratos ya celebrados y otro aplicable a los que habrán de realizarse en el futuro. A nuestro entender, esa coexistencia de regímenes jurídicos distintos puede ocasionar en la práctica graves confusiones, más allá de que desde el punto de vista jurídico supone una forma incorrecta, o al menos inconveniente, de legislar.

Por lo tanto, en función de este criterio sería partidario, señor Presidente -y así lo propongo- de que en lugar de no hacer aplicables dichas normas a los contratos a que refiere la presente ley, directamente se pasen a derogar las disposiciones a que alude este artículo, que sólo serán aplicables a los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley. De esa forma estaríamos salvando el inconveniente de que coexistan dos regímenes jurídicos diversos, uno que con el correr del tiempo se irá extinguiendo lentamente y otro que subsistirá.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: también en este caso hemos propuesto un texto sustitutivo para el artículo 4º que se está considerando. En dicho artículo la Comisión elimina la opción que tiene el Instituto Nacional de Colonización de adquirir determinado tipo de campos, según lo establecen los artículos 61, 63, 64 y 66 del Decreto-Ley Nº 14.384.

El otro día un señor senador de la bancada del Partido Nacional señalaba que esta norma es meramente teórica, dado que en la práctica no ha tenido aplicación. Creo que en aquella circunstancia expresé que quizá sería necesario que todos nos abocáramos a buscar soluciones para que el Instituto Nacional de Colonización pudiera hacer efectiva esta potestad que le confieren los artículos que acabo de mencionar. Con medios suficientes el Instituto, muchas veces, podría, por la vía de la adquisición de las tierras que se le ofrezcan -como establece el Decreto-Ley Nº 14.384- realizar una obra social muy importante.

En más de una oportunidad todos hemos elogiado las normas que hoy, precisamente, se declaran inaplicables a estos contratos. Lo mismo podríamos decir de otras disposiciones que el artículo 4º elimina, que son las contenidas en los artículos 3º a 6º, inclusive, del Decreto-Ley Nº 14.495, y que le otorgan potestades similares al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Al aprobarse este artículo tal como viene de la Comisión se decapitan las competencias tanto del Instituto Nacional de Colonización como del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Proponemos que en su lugar se vote el texto sustitutivo que está distribuido entre los señores senadores, porque no queremos sentirnos co-responsables de esta gravísima disminución de las competencias que, por lo menos a nivel de los textos legales, tienen tanto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como el Instituto Nacional de Colonización.

Nada más.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: este artículo me parece en gran medida absolutamente congruente con la filosofía general del proyecto de ley, porque establece, en principio, la derogación del artículo 1º y la no aplicación a estos contratos, de la concepción que establece el artículo 1º, del actual régimen general de arrendamientos rurales, que afirma, entre otras cosas, que todo productor rural tiene derecho a una radicación mínima en la tierra que ocupa y a condiciones de trabajo que le permitan desenvolver económicamente la explotación que realiza, obteniendo una razonable utilidad que sirva de estímulo a su actividad creadora. En el caso de que el propietario conceda el uso o el goce de un predio rural, los plazos de permanencia de los productores en la tierra deben regularse de acuerdo con esa finalidad de protección al trabajo rural, sin desmedro del principio general de que la explotación de la tierra está subordinada al interés nacional de su conservación con fertilidad y sin perjuicio, asimismo, de las medidas previstas por esta ley tendientes a asegurar que los precios del arrendamiento y los porcentajes de la aparcería mantengan equitativa relación para ambas partes contratantes en función de la rentabilidad normal del predio.

Cuando se dispone eliminar esto, explícitamente se declara la voluntad de cambiar toda la concepción con la cual se ha manejado hasta el día de hoy el sistema de arrendamientos rurales, que considero absolutamente congruente con la que ha venido sancionando el Senado hasta el momento.

En segundo lugar, como lo señalé en la discusión del proyecto de ley en general, al eliminar el sistema de opción, facultad que se le daba al Instituto Nacional de Colonización en beneficio de los arrendatarios, se está buscando proteger también al propietario rural, especialmente a aquel propietario ausentista que vive de la renta que le proporciona el trabajo de otro en su tierra. Y es también una declaración explícita de la filosofía de este proyecto de ley el que éste se elimine. Me parece muy bien que se saquen todas estas disposiciones respecto de esos contratos que pasan a ser regulados por este nuevo proyecto de ley, pero pienso que deberíamos dejar constancia de lo que acabamos de mencionar porque creo que constituye una declaración implícita de la filosofía que lo alienta.

Además, en el afán de eliminar las disposiciones, el proyecto de ley venido de la Comisión establece una norma contradictoria porque en el artículo 4º afirma: "En los contratos a que refiere la presente ley no serán aplicables las disposiciones previstas por las siguientes normas", las enumera y entre ellas menciona el artículo 11, no advirtiendo que en el artículo 2º hacía referencia al "inciso 2º del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.384", estableciendo que el mismo será aplicable al sistema que se establece para los productores lecheros. Señalo esto porque me parece que en el proyecto presentado por los señores senadores del Foro Batllista esta contradicción está eliminada porque se habla de los contratos referidos en el artículo 1º, no aludiendo a los contratos de los artículos precedentes. Esta disposición, tal como viene de la Comisión, comprendería también a aquellos contratos que se realizan en función de la producción lechera.

Nada más.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Deseo comentar un par de referencias que se han formulado en Sala con respecto a la pertinencia de las facultades que el régimen legal le confiere al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por un lado, y al derecho de preferencia que se le confiere al Instituto Nacional de Colonización, por otro.

En lo que respecta a las facultades que, de aprobarse esta norma, se otorgarían al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, debo señalar que ellas surgen del Decreto-Ley Nº 14.495, sancionado el 29 de diciembre de 1975. Cabe acotar que tuve que recurrir al proyecto, para ilustrarme, pues en la fotocopia que tengo en mi poder no luce la fecha, simplemente se dice que fue aprobado en la Sala de Sesiones del Consejo de Estado y cuenta con la firma de su Presidente, el doctor Alberto Demicheli, pero no figura la fecha. En esa norma, señor Presidente, se establece que a partir de la promulgación de ese Decreto-Ley Nº 14.495, ninguna persona física o jurídica podrá contratar sin autorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre predios rurales cuyo valor real supere al equivalente a 3.000 hectáreas medias según valor fijado por CONEAT. En una disposición siguiente se disponen las infracciones y las multas consiguientes.

Desde nuestro punto de vista, señor Presidente, y más allá de la circunstancia histórica de cuál fue el órgano que sancionó esta norma -lo mencionamos a título anecdótico- ella contradice claramente el concepto que venimos propiciando, es decir, de respeto a la autonomía de la voluntad de las partes. En esta disposición aprobada por el Consejo de Estado se está haciendo gala del intervencionismo más disparatado que se pueda imaginar ya que el propietario de un predio mayor a 3.000 hectáreas no puede venderlo si no cuenta con la autorización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Este es, entonces, el comentario que me merece la facultad conferida por ese decreto-ley al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -algún señor senador se siente agraviado porque pretendemos derogar esta disposición- que, reitero, con mucho gusto proponemos se deje sin efecto para el futuro.

En segundo lugar voy a hacer referencia al derecho de preferencia conferido al Instituto Nacional de Colonización. Debo confesar que en este tema me comprenden muy íntimamente las generales de la ley porque soy muy respetuoso de las obras de mis mayores y, sobre todo, de aquellas en las que han tenido una participación principal.

La ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, señor Presidente, tuvo su iniciativa en el Poder Ejecutivo que por entonces presidía don Tomás Berreta y fue discutida en aquel Parlamento compuesto por insignes integrantes de uno y otro partido tradicional. Fue sancionada como Ley Nº 11.029, el 12 de enero de 1948, haciéndose constar en el Registro de Leyes el cúmplase y acuse de recibo correspondiente por el Poder Ejecutivo que en ese momento presidía don Luis Batlle Berres. A continuación figura la firma de quien entonces era Ministro de Ganadería y Agricultura, doctor Luis Alberto Brause.

Reitero que cuando hablamos del Instituto Nacional de Colonización el tema me llega muy de cerca. Siempre he sido un fervoroso creyente de lo que, sin duda, fue un proyecto realmente formidable, que constituyó una legislación de avanzada y que hizo que no fuera necesario, en este país, pensar en reformas agrarias, de las que son ejemplo otros países de nuestra comarca. Repito que soy muy respetuoso de esta legislación.

Cuando tuvimos ocasión de integrar el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con su titular, don Pedro Bonino, siempre hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para dotar de recursos y facilitar la gestión de este Instituto.

En la ley a que hice referencia se establecen expresamente cuáles son el capital y los recursos financieros, a los efectos de que el Instituto pueda llevar a cabo y materializar los objetivos que en ella se disponen. Una vez más, reitero que soy muy respetuoso de esa legislación.

Posteriormente, entre otras normas, se creó lo que ahora se denomina el derecho de preferencia, es decir, se establecía que no se podía enajenar predios de una superficie mayor a una extensión determinada -en el caso, 1.000 hectáreas- sin previamente ofrecerlos al Instituto Nacional de Colonización. Pero, reitero, una norma posterior, la Ley Nº 12.100, sobre arrendamientos rurales, sancionada en 1954, extendió ese derecho de preferencia sin dotar al Instituto de los recursos necesarios para poder hacer frente a esa facultad. En los hechos, lo que ha ocurrido es que al Instituto sólo se le dispuso el capital y los recursos señalados en la ley original. Por consiguiente, nunca pudo ejercer ese derecho de preferencia que se le concedió en la ley original, y que luego reitera el Decreto-Ley Nº 14.384, sancionado el 16 de junio de 1975. En esta última norma tampoco se dota al Instituto de los recursos consiguientes, por lo que ese derecho de preferencia, en la práctica, es totalmente ineficaz.

Señor Presidente: tenía necesidad de realizar estas manifestaciones por cuanto, insisto, soy muy respetuoso de las normas de creación del Instituto Nacional de Colonización así como de aquellas que procuran dotarlo de la mayor cantidad de recursos para hacer posible la consecución de los nobles objetivos que en ellas se establecen. Sin embargo, me siento totalmente libre como para propiciar la derogación de derechos de preferencia reiterados en otras disposiciones legales, ya que no se le otorgan al Instituto los recursos necesarios para ejercerlos. Entiendo que, en definitiva, a través de la preservación de estas normas no sólo no vamos a lograr esos nobles propósitos que propicia la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización, sino que, además, estaremos insistiendo en algo totalmente negativo, como es el mantenimiento de una disposición que luego, en la práctica, es totalmente inoperante e ineficaz.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Aunque sin mencionarnos directamente, el señor senador Brause señaló que quienes nos oponemos a que se derogue la disposición actualmente vigente, que marca un derecho de opción del Instituto Nacional de Colonización -establecido por los decretos- leyes mencionados en el artículo 4º -estamos prácticamente incurriendo en la confirmación de una omisión de nuestra parte.

A mi juicio, quienes han estado omisas desde hace mucho tiempo son las mayorías parlamentarias, que nunca otorgaron al Instituto Nacional de Colonización los recursos para que volviera efectivo ese derecho de opción.

Señalando un hecho muy notorio debemos destacar que solamente hubo un período -comprendido entre los años 1967 y 1972- en que efectivamente se dotó al Instituto de recursos que incrementaron en un 50% su capacidad operativa. Pienso que se debe decir toda la verdad acerca de las tierras que se destinaron al Instituto Nacional de Colonización y reconocer que luego de ese período nunca se le otorgó ningún recurso. En este momento, de la omisión que otros cometieron, se propicia la derogación del Instituto de Fondos, que es el derecho de opción que tiene el mismo.

Por otra parte, existen proyectos de ley a estudio del Senado que establecen recursos como, por ejemplo, Bonos del Tesoro destinados a financiar al Instituto Nacional de Colonización. Inclusive, hay normas programáticas vigentes en las leyes referidas al endeudamiento interno que expresan que las tierras de las Carteras que están en poder del Banco de la República y del Banco Central pasen al Instituto Nacional de Colonización; observamos que nada de eso se ha cumplido.

Ahora, volviendo la oración por pasiva, se propone derogar el derecho de opción porque no se cumplió con el compromiso de dotar al Instituto de los recursos correspondientes. La argumentación que se ha hecho en este sentido es, a nuestro juicio, paradojal y no de recibo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quiero señalar en primer lugar, que cuando se dice que se trata de normas -tanto las referidas al Instituto Nacional de Colonización como al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- que se aplicarían muy poco o nada, no se está argumentando en forma muy exacta.

Hace pocos días, el señor Presidente del Cuerpo, se quejaba, y con razón, de la inaplicabilidad que hacen los jueces de una ley que él propulsó, contando con nuestro apoyo, vinculada con la tenencia de animales feroces por parte de particulares. Además, hay otras normas del Código Penal que por una u otra razón no se aplican aunque estén vigentes. No creo que ese sea siempre un argumento válido para promover su derogación, sino que se debe insistir en que siempre se cumplan las leyes.

En segundo lugar, decir que no existen recursos para poder cumplir determinadas normas legales, y aunque sé que no es esa la intención del señor senador Brause, llevaría a la conclusión de que si son pocos los recursos destinados a la enseñanza, o a la salud pública, deberíamos eliminar el Ministerio de Salud Pública, los Entes o la enseñanza.

Por otra parte, comparto lo que ha dicho el señor senador Gargano en el sentido de que, por una parte, se dice que se votan recursos -hecho que efectivamente ocurre- y, por otro, borrando con el codo lo que se ha escrito. Con la mano, se propone retacear gravemente las competencias del Instituto Nacional de Colonización y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En consecuencia, a modo de fundamento anticipado de voto, diré que los señores senadores Belvisi, Cigliuti y quien habla no vamos a votar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa se permite transgredir levemente el Reglamento diciendo que comparte el texto propuesto por el señor senador Brause. Asimismo, tiene una preocupación acerca del alcance del artículo 4º, tal como viene de la Comisión, porque le parece que su técnica jurídica es equivocada, desde que en el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.384 se establece a qué contratos se aplica esta legislación vigente y esos contratos, que son los de arrendamiento, aparcería, subarrendamiento y subaparcería que son los regulados, entre otras normas, por este proyecto de ley. No tiene sentido pues decir que en los contratos que rige la presente ley no serán aplicables normas respecto de las cuales donde opera, de cualquier manera, la derogación tácita. Además, se producen problemas de aplicación temporal del derecho. Esto no está resuelto por este proyecto porque no contiene disposiciones que regulen los contratos ya vigentes, situación que sí se aclara en el texto propuesto por el señor senador Brause.

Por otra parte, hay un grave error en el texto original, cuando se dice que no es aplicable el artículo 3º, porque es el que excluye de esta legislación a los contratos de pastoreo, accidentales, por una sola cosecha, etcétera. Si esa es la excepción al régimen legal y ésta se deroga por la nueva ley, a "contrario sensu" y habría que entender que esta ley pasa a regular esos contratos anteriormente excluidos. Por todas estas razones, me parece evidente que si el artículo se vota afirmativamente, debe ser con el texto propuesto por el señor senador Brause.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Creo que no se trata del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 14.384 sino que corresponde a la Ley Nº 14.495 que hace referencia a predios con determinada extensión.

SEÑOR PRESIDENTE. - El artículo expresa que no serán aplicables las disposiciones previstas por las siguientes normas: artículos lº, 3º, 11 a 18, inclusive, del Decreto-Ley Nº 14.384, y al final, menciona a los artículos 3º a 6º, inclusive, del Decreto-Ley Nº 14.495, de 29 de diciembre de 1975. Evidentemente, por error, se declara inaplicable una disposición que, en todo caso, debería ser aplicable para este tipo de contrato.

SEÑOR SANTORO. - Entonces, que se elimine.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 4º, con la redacción originaria.

(Se vota:)

-0 en 25. Negativa.

Se va a votar el articulo 4º con el texto propuesto por el señor senador Brause.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Deseo expresar que comprendo el ánimo del señor Presidente y del señor senador Brause en el sentido de que la nueva redacción supera la que tenía el artículo 4º Naturalmente, la ley deroga ciertas normas, pero las mantiene para los contratos vigentes. Es decir que serían disposiciones que tendrían una situación muy particular. Quizás podríamos darle una redacción que superara ese inconveniente.

El artículo dice que se derogan las disposiciones que se han nominado, pero esto ocurre para estos contratos, es decir que a partir de la vigencia de la ley las disposiciones estarían derogadas. En este momento, no alcanzo a encontrar la fórmula que satisfaga esa observación que realizamos; no entendemos cómo estas normas quedarán derogadas y, a la vez vigentes para los contratos anteriores a la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - La observación del señor senador Santoro obliga a la reflexión; no obstante, aunque no lo exprese una ley, es común que una disposición derogada se siga aplicando a hechos que ya ocurrieron y que siguen produciendo consecuencias en el futuro. A título de ejemplo debemos expresar que el Código General del Proceso derogó al Código de Procedimiento Civil pero, sin embargo, hay disposiciones especiales del nuevo Código que establecen que las del Código del Procedimiento Civil, ya derogadas, se siguen aplicando a los juicios en curso.

Se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta por el señor senador Brause.

(Se vota:)

-14 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 5º. - Los contratos celebrados e inscriptos a partir de la vigencia de la presente ley, quedarán, al término de los mismos, sujetos a los procedimientos de desalojo previstos por el artículo 546 del Código General del Proceso (Ley Nº l5.982, de 18 de octubre de 1988).

Los plazos de desalojo serán los indicados en el artículo 546.3 del referido Código, y en el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, según corresponda por el destino del contrato")

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI - Vamos a votar negativamente este artículo por razones que ya expusimos durante la discusión general, pero que queremos reiterar brevemente en esta oportunidad.

El Código General del Proceso establece el sistema de "sentencia futura" para los desalojos de los predios rurales, es decir que con anterioridad al vencimiento del contrato, el propietario puede comenzar a accionar judicialmente. En este proyecto de ley se cambian los términos y las nuevas normas sobre desalojos, en este caso rurales, recién podrán empezar a utilizarse por el interesado al término del contrato, y no durante su vigencia.

Durante la discusión en Comisión del Código General del Proceso, existió consenso en cuanto a que recoger en el cuerpo normativo que sustituyó al Código de Procedimiento Civil una norma de este tipo- que, por otra parte, ya existía en la legislación rural vigente constituía una innovación realmente importante.

En modo alguno nos satisface esta modificación. Lo expresamos en el fundamento del porqué de la eliminación de este artículo del proyecto, en nuestro sustitutivo, y los senadores de mi sector no lo habremos de acompañar.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente con respecto al primer párrafo de esta norma, que se aplica a los contratos celebrados e inscriptos a partir de la vigencia de la presente ley, es cierta la afirmación que se hace en cuanto a que no toma en cuenta lo que se llama la sentencia a futuro. ¿Por qué? Porque dice que estos contratos quedarán, al término de los mismos, sujetos a los procedimientos de desalojo. Quiere decir que las partes solamente podrán iniciar la acción correspondiente una vez que el plazo del contrato hubiere concluido. Esto abre interrogantes, entonces, en cuanto a la naturaleza que este contrato, que es solemne, pasaría a tener, ya que a diferencia de los contratos de arrendamientos urbanos, que son de carácter consensual, el vencimiento del plazo simplemente hace que continúen vigentes. En estas circunstancias, en cambio, y permitir que el vencimiento del plazo en la práctica siga vigente, desde el punto de vista jurídico torna difícil, sino imposible, determinar la naturaleza de la relación que vincula a las partes, es decir al propietario y al arrendatario.

Más allá de esa disquisición, de carácter jurídico, a nuestro juicio en esta disposición no se estaría considerando una incorporación hecha por el Código General del Proceso a nuestro régimen, que establece la posibilidad de promover juicios de desalojo con anterioridad al vencimiento de los mismos dentro de determinados períodos de tiempo expresamente señalados. Es el caso del numeral 8) del artículo 546 del Código General del Proceso, disposición que se encuadra dentro del subcapítulo "Leyes de Arrendamientos y Desalojos".

Por consiguiente, parecería inconducente que el legislador, mediante esta disposición, estuviera derogando una norma que fuera incorporada en la reciente aprobación del Código General del Proceso.

De manera que a efectos de no incurrir en este inconveniente, seríamos partidarios de eliminar del texto del primer párrafo la expresión "al término de los mismos", con lo cual quedaría a salvo la objeción señalada que, por otra parte, concuerda con la que formulara el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRAUSE. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Me consta que con anterioridad a la elaboración por parte del Foro Batllista de este proyecto de ley sustitutivo, el señor senador Brause tenía también una preocupación similar. Pero quisiera preguntarle -en su calidad de miembro informante técnico-jurídico de la iniciativa- cuáles son las normas que se van a aplicar a los contratos que no fueren celebrados por escrito o que, habiéndolo sido, no fueran inscriptos, tal como lo disponen las normas aplicables. ¿Por qué normas se van a regir los procedimientos de desalojo en contratos que no son celebrados e inscriptos? De eso no se dice una sola palabra en el texto del proyecto y creo que va a ser un semillero de dificultades para las partes, sus abogados y los jueces.

SEÑOR PRESIDENTE. - Celebrando este retorno a la coincidencia del señor senador Ricaldoni, de la que también participa en este caso quien habla, porque cree que es muy inconveniente estar modificando en forma constante el Código General del Proceso, el Presidente de este Senado entiende que los contratos no inscriptos se rigen por las normas generales y por el artículo 546 del Código General del Proceso. Es un contrato de arrendamiento y allí está regulado el punto.

Puede continuar el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - La interrogante que acaba de formular el señor senador Ricaldoni ha sido despejada por el señor Presidente. Naturalmente, podemos agregar una segunda interpretación. Tratándose de un contrato solemne, que para configurarse debe reunir los requisitos de ser formulado por escrito y, además, de ser inscripto, el contrato de arrendamiento rural, en el caso de no cumplir con ello, pierde su carácter y, por consiguiente, su naturaleza jurídica.

Entonces, la interrogante formulada por el señor senador Ricaldoni podría despejarse promoviendo el procedimiento de entrega de la cosa, que está también previsto en las normas del Código General del Proceso y, por lo tanto, de esa forma el propietario podría hacerse del inmueble si alguna de estas circunstancias tiene lugar.

En definitiva, el legislador no puede resolver todas las cuestiones de naturaleza técnica. Consideramos, sí, muy inconveniente que en el proyecto de ley se esté derogando una innovación importante incorporada por nuestra legislación en el Código General del Proceso, relacionada con la sentencia futura.

Haciendo referencia siempre al primer párrafo del artículo 5º, querríamos agregar que es importante señalar la necesidad de derogar, ahora sí, alguna disposición del Código General del Proceso que refiere al trámite de desalojo cuando se trata del pastoreo con tenencia parcial o total del predio ajeno o a contratos de arrendamiento por una sola cosecha y de mejoramiento de pasturas, estableciéndose en esta disposición un régimen especial.

Ocurre que, de aprobarse este proyecto de ley, los contratos accidentales con tenencia del predio dejarían de existir, porque quedarían comprendidos dentro de los contratos de arrendamiento rural, en general, como debe ser técnicamente. Lo que ha sucedido es que en el transcurso del tiempo y con las normas protectoras existentes, de alguna manera se fue desfigurando el contrato de arrendamiento por medio de formas excepcionales que fueron los contratos de pastoreo, con tenencia de predios y otras formas accidentales.

De manera que de aceptarse por el Senado el criterio de quien habla, sería importante agregar al final del inciso primero la referencia de que los procedimientos de desalojo serían los previstos en el artículo 546, como viene diciendo el inciso y establecer luego del paréntesis: "con excepción de lo dispuesto en el artículo 546.3", que es el que hace referencia, reitero, a los desalojos en los casos de pastoreo, con tenencia total o parcial del predio ajeno, contrato de arrendamiento por una sola cosecha y mejoramiento de pasturas siendo el plazo de desalojo, en tales casos, de treinta días.

Sugeriría que en el inciso primero, luego del paréntesis, se pusiera: "con excepción de lo dispuesto en el artículo 546.3".

En lo que tiene que ver con el inciso segundo, y de ser aceptada la sugerencia que hemos formulado, debería eliminarse la referencia al "artículo 546.3 del referido Código".

Finalmente, terminaríamos el inciso, luego de "1975". Por lo tanto la frase "según corresponda por el destino del contrato", quedaría de más, puesto que estaríamos refiriéndonos exclusivamente al contrato de arrendamiento y no a otro.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRAUSE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - El señor senador Brause en el artículo que estamos considerando, mantiene en la parte final del primer inciso la expresión: "con excepción de lo dispuesto en el artículo 546.3 del Código General del Proceso" que como lo acaba de señalar, está referida al procedimiento de desalojo para los contratos de pastoreo, etcétera. En ese sentido, me pregunto para qué mantener esa frase si la ley a la que nos estamos refiriendo no comprende a los contratos de pastoreo, ni a los de sola cosecha ni a los de remolacha, etcétera. Quiere decir que se podría eliminar esa referencia.

El artículo 546.3 del Código General del Proceso regula este tipo de contratos actualmente existentes, pero a partir de la vigencia de la ley, no estarán comprendidos en la misma. Por tal razón, repito, mantener la referencia a la excepción que se procura realizar con la cita al artículo 546.3, ya no tendría sentido, porque vuelvo a decir que el proyecto de ley que estamos considerando no comprende este tipo de contratos.

Por lo tanto, creo que sobra tal referencia salvo que existieran otras razones para mantenerla.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: el propósito que me anima es procurar conciliar los textos que estamos considerando, o sea, el Código General del Proceso a la luz del proyecto de ley que está a estudio del Senado. Si en la interpretación de la norma quedara como suficientemente claro lo que aquí se está discutiendo, pienso que no habría inconveniente en seguir el criterio aconsejado por el señor senador Santoro. Desde el punto de vista aclaratorio y por aquello de que lo que abunda no daña, sería conveniente, a nuestro entender, agregar la referencia a la que hacía mención. Ello por cuanto reitero que los contratos referidos en el artículo 543.3 del Código General del Proceso desaparecerían del mundo jurídico y pasarían a estar comprendidos dentro del contrato de arrendamiento rural, porque un contrato de pastoreo con tenencia del predio ¿qué es si no un contrato de arrendamiento?.

La historia y la razón misma del contrato de pastoreo es la de disponer de un derecho sin tenencia de la tierra. Para decirlo con palabras sencillas, sería arrojar un ganado en campo ajeno y disponer del ganado pero no del campo. El tiempo ha ido distorsionando la realidad y por eso se le llamó de manera distinta a lo que jurídicamente es un contrato de arrendamiento cuando se tiene la tenencia, uso y goce de la tierra.

De manera que a los efectos aclaratorios y para la debida conciliación entre las normas legales, me inclino a sugerir que se incorpore el agregado que he mencionado.

En cuanto al inciso segundo, ya he formulado las manifestaciones del caso.

Finalmente, sugeriría que se agregue un inciso tercero que comprenda la otra hipótesis a que nos estábamos refiriendo, que corresponde al pastoreo sin tenencia del predio, al que se le aplicarán las normas del Código Rural relativas a animales invasores y las del artículo 546.3, inciso segundo del Código General del Proceso.

Si la Mesa está de acuerdo, le acercaría la redacción sustitutiva que he propuesto y por la cual estaríamos comprendiendo las hipótesis de desalojo en el caso de pastoreos sin entrega de la tenencia del predio y de contrato de arrendamiento rural.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo sustitutivo presentado por el señor senador Brause.

(Se lee:)

"ARTICULO 5º - Los contratos celebrados e inscriptos a partir de la vigencia de la presente ley, quedarán sujetos a los procedimientos de desalojo previstos por el artículo 546 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, del 18 de octubre de 1988), con excepción de lo dispuesto en artículo 546.3.

Los plazos de desalojo serán los indicados en el artículo 41 del Decreto Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Cuando se trate de pastoreos sin entrega de la tenencia del predio, se aplicarán las normas del Código Rural relativas a animales invasores (artículos 39 a 48 y 222 a 237 y artículo 546.3, inciso segundo del Código General del Proceso".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-0 en 23. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º con el texto sustitutivo propuesto por el señor senador Brause.

(Se vota:)

-14 en 23. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración sobre el texto y algunas expresiones que fueron vertidas en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que no es reglamentario que el señor senador formule una aclaración. Como votó negativamente podría hacerla dentro del fundamento de voto.

SEÑOR GARGANO. - Pero mi aclaración no es referente al artículo que estamos considerando, sino que es pertinente a otra disposición. Me parece de orden hacerlo porque fue formulada en Sala una afirmación que yo controvertí, pero no pude referirme a ella como hubiera deseado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tendríamos que reconsiderar el artículo 5º, o pasar a considerar el artículo 6º y ahí sí, el señor senador Gargano podría pedir la palabra para formular su aclaración.

En consideración el artículo 6º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 6º. - En todo contrato que se celebre al amparo de la presente ley las partes deberán cumplir con las normas que establezca el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 5) y 8) del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.239, del 23 de diciembre de 1981.

El incumplimiento del arrendatario, subarrendatario, aparcero o subaparcero a las referidas obligaciones, certificado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, será causal de rescisión del respectivo contrato.

Declarada la rescisión del contrato, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 58 del Decreto Ley Nº 14 384, de 16 de junio de 1975")

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador

SEÑOR GARGANO. - Vamos a votar favorablemente esta disposición aun cuando alguno de los fundamentos que dimos en la discusión en general nos hacen pensar que la norma podría acarrear problemas jurídicos en su aplicación. Sin embargo, creemos que es una de las pocas disposiciones de este proyecto que puede ser acompañada por nuestro voto. De todas formas, mi interés en esta intervención es corregir una afirmación que realizó el señor senador Brause, en oportunidad de discutirse el artículo 4º. Concretamente, afirmó -como buen conocedor que se manifestó de la Ley Nº 11.029, que crea el Instituto de Colonización- que el derecho de opción había sido implantado por leyes posteriores. Por mi parte solicité el texto de la ley -a pesar de que creía recordarlo- para confirmar que en el artículo 35 de la ley que crea al Instituto de Colonización, el derecho de opción está establecido. En dicha norma se fija que dentro de las zonas que se señale por decreto del Poder Ejecutivo, todo propietario antes de vender un campo de una extensión superior a las mil hectáreas, está obligado a ofrecerlo, en primer término, al Instituto, el que tendrá preferencia para la compra en igualdad de condiciones. Quiere decir, entonces, que ya en la ley inicial al contrario de lo que señaló el señor senador Brause- esta disposición estaba vigente y aún lo sigue, porque lo que hicieron las leyes de arrendamientos rurales, fue otorgar el derecho de preferencia a los arrendatarios, para que por intermedio del Instituto Nacional de Colonización pudieran comprar el predio.

Muchas gracias señor Presidente.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - La referencia que realicé se vinculaba con la extensión de ese derecho, a través de las normas de la Ley Nº 12.100 En 1954 cuando se crea dicha ley, se otorga ese derecho a los arrendatarios tal como lo he señalado. No obstante, sigue estando en pie la afirmación realizada en su momento por quien habla. Reitero, que frente a esa situación de preferencia creada en las leyes de arrendamiento, no se otorgaron los recursos del caso y por eso se ha tornado totalmente ineficaz.

Concretamente, esta última referencia está dirigida a la que yo expliqué. Incluso ese derecho de preferencia fue reiterado luego en las normas de arrendamiento por el decreto-ley que en 1974 sustituyó al del año 1954.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - En primer lugar solicito -si el Cuerpo está de acuerdo- que el proyecto sustitutivo que hemos presentado los señores senadores Cigliuti, Belvisi y quien habla, se incorpore a la versión taquigráfica correspondiente a esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-23 en 23 Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto del proyecto cuya inclusión se resolvió:)

"PROYECTO DE LEY

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS RURALES Y DE APARCERIA

PROYECTO SUSTITUTIVO AL ELABORADO POR LA COMISION DE AGRICULTURA Y PESCA DEL SENADO

Artículo 1º. - En todo contrato que se otorgue a partir de la vigencia de la presente ley, por el cual una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y el goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, se estará al plazo que fijen las partes, con la limitación que establece el artículo 1782 del Código Civil y sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 20.

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables a los contratos de aparcería y subaparcería cuando el dador haya entregado un predio rural.

Fundamento: La nueva redacción del inciso 2º es más precisa ya que el proyecto de la Comisión -tal como está concebido- no establece, al menos en una interpretación pie deletrista, que la ley se aplica así mismo a los dadores de un predio cuando se celebra un contrato de aparcería o subaparcería.

Art. 2º - Cuando los contratos referidos en el artículo lº tengan como destino principal la producción lechera, y no se haya estipulado en los mismos el plazo de su vigencia o se haya estipulado uno menor a cinco años, el tomador del predio tendrá derecho a permanecer en el mismo por un término de cinco años contados desde la fecha de su celebración. Dicho derecho podrá hacerse valer solamente cuando el tomador sea un buen cumplidor de sus obligaciones como tal en los términos del inciso 2º del artículo 11 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Fundamento: Teniendo en cuenta reclamos de algunas gremiales lecheras, y observaciones vertidas en Sala por diversos senadores, se extiende el plazo previsto en el proyecto de la Comisión de cinco años.

Los cambios de redacción obedecen a ajustes que pretenden dotar de una mayor claridad al texto.

Art. 3º - En los contratos referidos en los artículos lº y 2º las partes intervinientes podrán fijar libremente el régimen de reajuste del precio correspondiente. Podrán hacerlo igualmente y por escrito en cualquier momento luego de la celebración de los mismos.

Dicho régimen será sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a solicitar la revisión del precio conforme a lo establecido en los artículos 19 a 23 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Fundamento: Se distinguen con mayor precisión las figuras del reajuste y de la revisión, y se aclara que esta última se fundamenta y ejerce en supuestos distintos a los del primero.

Art. 2º. - No serán aplicables a los contratos referidos en artículo 1° las disposiciones previstas en los artículos 1, 3 y 11 a 18 inclusive del Decreto-Ley Nº 14.384 de 16 de junio de 1975.

Fundamento: Se eliminan las restricciones del proyecto derivadas de impedir que el Instituto Nacional de Colonización ejerza las potestades previstas en los artículos 61, 63, 64 y 66 del Decreto-Ley Nº 14.384. E, igualmente, se dejan sin electo los impedimentos derivados de declarar inaplicables ciertas potestades atribuidas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por los artículos 3º a 6º del Decreto-Ley Nº 14.495, de 29 de diciembre de 1975.

Art. 5º.- Sustitúyese el articulo 7º del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 7º - La inscripción estará a cargo del tomador del predio, sin perjuicio de que pueda realizarla el arrendador si aquél no lo hiciere, y se regirá por las normas contenidas en la Ley Nº 10.793, de 25 de setiembre de 1946, modificativas y concordantes".

Fundamento: Se eliminan los artículos 5º y 6º del proyecto y se mantiene el artículo 7º del proyecto con idéntica redacción.

El primero por cuanto significa un retroceso evidente respecto de las disposiciones del artículo 546 del Código General del Proceso, especialmente en lo que tiene que ver con la inaplicabilidad de la "condena de futuro" consagrada en su numeral 8 (en el artículo 5º del proyecto, en cambio, los contratos se sujetan al artículo 546 del C.G.P. "al término de los mismos" por lo que se elimina la referida "condena de futuro".)

El segundo ya que, por una parte, es redundante establecer la obligatoriedad de cumplir con las normas legales vigentes del Decreto-Ley Nº 15.239, de 23 de diciembre de 1981; y, por otra parte, porque es inconveniente alterar, a través del certificado que expedirá al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, normas tales como las del artículo 140 del C.G.P. y del artículo 71 del Decreto-Ley Nº 14.384.

Montevideo, 5 de setiembre de 1991.

Walter Belvisi, Carlos W. Cigliuti, Américo Ricaldoni. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Por otro lado, deseo manifestar que en nuestro proyecto sustitutivo proponemos la eliminación del artículo 6º elaborado por la Comisión.

Seguidamente deseo señalar algo que, si bien lo expresé ya durante la discusión general, repetiré brevemente.

Se ha establecido que la forma de determinar el incumplimiento del arrendatario, subarrendatario, aparcero o subaparcero de sus obligaciones, consiste en obtener un certificado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por nuestra parte, pensamos que esta norma no es feliz porque deja sin efecto el principio general del primer inciso del artículo 140 del Código General del Proceso. El referido artículo establece que "las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas, y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa". Sin duda, este certificado es un texto legal que podría sostenerse, con fundamento, que configura una regla de apreciación diversa al principio general del Código General del Proceso, que consiste en la valoración de las pruebas aplicando las reglas de la sana crítica.

Por otro lado, se deja tácitamente sin efecto el artículo 71 del Decreto-Ley Nº- 14.384 que, a nuestro juicio, es más favorable que la solución propuesta por la Comisión. Concretamente en ese artículo se establece que para que el arrendador pueda ejercer acción contra el arrendatario, cuando éste no cumpla sus obligaciones como un buen padre de familia, será condición necesaria que las circunstancias relativas al estado del inmueble en la fecha de iniciación del contrato, "consten en el instrumento que lo pruebe". Pensamos que aquí también se produce una modificación que, si efectivamente se desea, debería dar lugar a la derogación expresa del artículo 71 del decreto-ley vigente.

Era cuanto deseaba señalar como justificación del voto negativo al artículo 6º.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Reconociendo -tal como lo adelantó el señor senador Gargano y ahora lo acaba de detallar aún más el señor senador Ricaldoni- que existen problemas en la parte procesal de este artículo 6º, nosotros quisiéramos dejar aquí el testimonio de nuestro voto favorable.

Consideramos que en el concepto de fondo a que alude este artículo 6º existe algo que siempre hemos defendido y es el hecho de que todos los proyectos que refieren a la tenencia y explotación de la tierra tienen que vincularse al tratamiento y conservación de los recursos y éste es el único artículo que hace referencia a ese aspecto.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Personalmente estaría de acuerdo con el señor senador Astori, en la medida en que no hubiera normas de conservación de suelos. Sin embargo, existen algunas que están vigentes que no son muy antiguas y, por lo tanto hacen absolutamente innecesaria esta referencia. Además, la demostración de la conservación de suelos o del deterioro de los mismos, quedará limitada exclusivamente, a lo que el ingeniero agrónomo regional del Ministerio determine por medio de un certificado. Esto ocurrirá o bien porque así resulta jurídicamente de la interpretación que se haga del artículo 6º, o por el hecho de que en la práctica, fatalmente, se dará de esa forma.

En cambio, la norma del artículo 140 del Código General del Proceso ayuda a demostrar adecuadamente, o bien la razón del dador del predio que afirma que no se está conservando el suelo o a defender al tomador del predio -con mayor amplitud, porque las pruebas son más amplias, y se valoran en su conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, como lo establece el Código General del Proceso- sin el riesgo de ser víctima de un error cometido por un solo funcionario perteneciente a la Regional del Ministerio que será quien expida el certificado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Deseo hacer algunos comentarios sobre la reciente reflexión realizada por el señor senador Ricaldoni.

El hecho de que existan disposiciones vigentes en materia de conservación de recursos, creo que no obsta a la buena idea de vincular esas disposiciones, con efecto obligatorio, a todo aquel proyecto de ley o norma reglamentaria que se vincule a la tenencia y explotación de la tierra. Pienso, que estamos ante una iniciativa de ese tenor.

En consecuencia, ligar las diversas disposiciones que versan sobre la materia, no sólo me parece conveniente sino que además refuerza el efecto que se busca en este caso y que es asegurar una adecuada conservación de los recursos de que dispone el país.

Si no recuerdo mal, esto nunca estuvo vigente en la legislación sobre arrendamientos rurales y creo que es una buena incorporación, sobre todo para quienes defendemos la vinculación que existe entre esta iniciativa y los sistemas de producción empleados en el país.

Por otro lado, no me asusta que haya funcionarios especializados, en este caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que dictaminen acerca del nivel de conservación de los recursos naturales. Debo decir que no sólo no me asusta, sino que creo que este dictamen debe estar a cargo de funcionarios especializados, que son los que conocen cómo se está procediendo en materia de conservación de recursos. Por el contrario, me preocuparía que esto fuera realizado por personas no especializadas, que no conozcan de conservación de suelos y aguas, que no tengan una idea técnica de cómo opera el proceso y, en consecuencia, no estén en condiciones de ofrecer un juicio evaluatorio objetivo sobre el tema.

De todas maneras, dentro de mis limitados conocimientos jurídicos, reconozco que en la parte procesal hay aspectos discutibles. Sin embargo, más allá de todo esto, vamos a dar nuestro voto favorable a esta disposición como testimonio de adhesión a lo que venimos reclamando desde hace tiempo en lo que se refiere a la legislación sobre tenencia de tierras en el Uruguay, que es que contenga disposiciones relativas a la conservación de los recursos del país y que posea efecto obligatorio.

Muchas gracias.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Voy a sugerir al Cuerpo que se suprima el inciso segundo y se agregue al final del primero el siguiente texto: "cuyo incumplimiento se considerará causal de rescisión del respectivo contrato". Pienso que con este agregado se estaría indicando el concepto que figura en el actual inciso segundo, que quedaría suprimido. Por lo tanto, el inciso tercero pasaría a ser el segundo del artículo.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia declara que coincide con la propuesta del señor senador Brause. Además, piensa que deja sin efecto la justificada observación que desde el punto de vista jurídico había formulado el señor senador Ricaldoni y mantiene la obligación de cumplir con las normas de preservación del suelo, que tanto preocupan al señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para realizar una consulta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - En caso de aprobarse la propuesta formulada por el señor senador Brause, ¿no quedaría abierto un terreno de difícil dilucidación jurídica a efectos de determinar presuntas violaciones a las disposiciones sobre conservación de suelos y aguas?

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Brause contestará oportunamente su pregunta, pero la Presidencia opina que en ese caso se aplican las normas procesales generales, tal como planteaba el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR BRAUSE. - Simplemente debo expresar mi total coincidencia con las manifestaciones del señor Presidente.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para formular otra consulta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - En caso de que operen las normas generales de carácter procesal, ¿existen garantías de que este dictamen esté a cargo de personas especializadas en materia de conservación de recursos naturales? Me refiero a personas que sepan valorar justa y objetivamente el tratamiento que se viene haciendo de esos recursos y las eventuales desviaciones con respecto a lo que el país necesita. Reitero: ¿está asegurada la participación de funcionarios técnicos especializados?

SEÑOR BRAUSE. - En primer lugar, señalo que en el texto del proyecto se establece que se deberá cumplir con las normas que al respecto establezca el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que seguramente designará a los técnicos que cumplan sus cometidos. Esto desde el punto de vista institucional.

En segundo término y desde un punto de vista procesal, la parte que se sienta perjudicada, invocando el argumento que señala el señor senador Astori, puede recurrir perfectamente a medidas para mejor proveer y de esa forma lograr un documento de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con el que esté de acuerdo.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Voy a solicitar una aclaración porque según entendí lo que propone el señor senador Brause no es modificar el texto, sino alterar la ubicación de los distintos incisos que tiene el artículo. ¿Es así?

SEÑOR BRAUSE. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Pereyra entendió perfectamente bien.

Lo que propone el señor senador Brause -y es el sentido del artículo- es mantener la obligación de las partes de cumplir con las normas establecidas por el Ministerio, que están vigentes en virtud de lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 15.239, y también mantiene que el incumplimiento de esas normas sea sancionado con la rescisión del respectivo contrato, que se regirá de acuerdo con las normas procesales generales.

Lo que elimina la propuesta del señor senador Brause es que ese incumplimiento sea certificado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; ello deberá ser probado en el juicio de rescisión del contrato, de acuerdo con las normas procesales generales, como sostenía con razón el señor senador Ricaldoni.

Además, estando este Gobierno en la tónica de la desregulación y la desburocratización, parece realmente incongruente que en esta ley se establezca un certificado, un trámite más.

SEÑOR SANTORO. - ¡Apoyado!

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Creo que en realidad -como señalaba el señor senador Astori- no agregamos ninguna garantía y, al no hacerlo, considero que debemos ceñirnos a lo que aprobamos en Comisión. Si allí nos comprometimos a traer a Sala determinado texto -en algunos casos, como en el de quien habla, sin compartir totalmente el contenido del proyecto- pienso que debemos proceder tal como lo acordamos, puesto que no se agrega ninguna garantía al tema central de la discusión, que era la forma de controlar el cuidado y el buen uso de la tierra.

En definitiva, voy a proponer que este artículo se vote tal como está redactado, porque en realidad la modificación atiende a un problema formal y no de fondo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende lógica la propuesta del señor senador Pereyra en el sentido de que se debe votar en primer término el texto venido de la Comisión y, en caso de que esa votación resulte negativa, entonces sí se pondrá a votación el texto propuesto por el señor senador Brause.

Se va a votar el artículo 6º tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Observamos que persiste la coincidencia entre el señor senador Ricaldoni y la Presidencia.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Con gran satisfacción observo que coincido con el señor Presidente, que es un eximio jurista, al votar juntos y solos en contra este artículo, por gran minoría. Si, en cambio, hubiera apoyado la propuesta del señor senador Brause, que eliminaba las objeciones planteadas oportunamente por el Foro Batllista.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - No obstante la propuesta formulada, que perseguía la finalidad de mejorar aspectos de naturaleza jurídica en cuanto a su redacción y alcance, he votado afirmativamente la norma, acompañando el criterio expuesto por el señor senador Pereyra, que sostuvo la necesidad de que se votara tal como viene de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 7º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 7º - Sustitúyese el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, por el siguiente:

‘ARTICULO 7º - La inscripción estará a cargo del tomador del predio, sin perjuicio de que pueda realizarla el arrendador, si aquél no lo hiciere, y se regirá por las normas contenidas en la Ley Nº 10.793, del 25 de setiembre de 1946, modificativas y concordantes").

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - En todo contrato que se otorgue a partir de la vigencia de la presente ley por el cual una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, se estará al plazo que fijen las partes, con la limitación que establece el artículo 1782 del Código Civil y sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 2º.

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables a los subarrendatarios y a los contratos de aparcería y subaparcería cuando el dador haya entregado un predio rural.

Art. 2º. - Cuando los referidos contratos tengan como destino principal la producción lechera y no se haya estipulado plazo de vigencia o se haya estipulado uno menor a cuatro años, el arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones como tal, tendrá derecho a que el arrendamiento se considere realizado por el término mínimo de cuatro años a contar desde la fecha de celebración del mismo.

Se entiende que el arrendatario es "buen cumplidor de sus obligaciones como tal" cuando cumple satisfactoriamente las principales estipulaciones del contrato, es buen pagador y ha cuidado como "buen padre de familia" las mejoras y el predio, preservándolo de los daños que está a su alcance evitar, como ser la invasión de malezas y la producción de erosiones o cualquier otro elemento de degradación por uso inadecuado de la tierra.

Art. 3º - En los contratos referidos en los artículos precedentes las partes intervinientes fijarán de común acuerdo el precio y régimen de reajuste del mismo en su caso.

Cuando el precio sea convenido en moneda nacional equivalente a uno o varios índices de productos sectoriales o en moneda extranjera, el régimen de reajuste se entiende expresamente previsto.

A falta de previsión expresa respecto del régimen de reajuste del precio, serán aplicables en forma supletoria las disposiciones previstas por los artículos 19 al 23 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Art. 4º. - Deróganse las disposiciones previstas en los artículos 1º y 11 a 18 inclusive (Capítulo III), 61, 63, 64 y 66 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, y artículos 3º a 6º, inclusive del Decreto-Ley Nº 14.495, de 29 de diciembre de 1975, que sólo serán aplicables a los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

Art. 5º. - Los contratos celebrados e inscriptos a partir de la vigencia de la presente ley, quedarán sujetos a los procedimientos de desalojo previstos por el artículo 546 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988), con excepción de lo dispuesto en su artículo 546.3.

Los plazos de desalojo serán los indicados en el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Cuando se trate de pastoreo sin entrega de la tenencia del predio, se aplicarán las normas del Código Rural relativas a animales invasores (artículos 39 al 48 y 222 a 237 y el artículo 546.3 inciso 20, del Código General del Proceso).

Art. 6º. - En todo contrato que se celebre al amparo de la presente ley las partes deberán cumplir con las normas que establezca el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 5) y 8) del artículo 30 del Decreto-Ley Nº 15.239, de 23 de diciembre de 1981.

El incumplimiento del arrendatario, subarrendatario, aparcero y subaparcero a las referidas obligaciones, certificado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, será causal de rescisión del respectivo contrato.

Declarada la rescisión del contrato, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 58 del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975.

Art. 7º - Sustitúyese el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 14.384, de 16 de junio de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 7º - La inscripción estará a cargo del tomador del predio, sin perjuicio de que pueda realizarla el arrendador, si aquél no lo hiciere, y se regirá por las normas contenidas en la Ley Nº 10.793, de 25 de setiembre de 1946, modificativas y concordantes".

14) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Korzeniak solicita licencia por espacio de 31 días".

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 11 de setiembre de 1991

Señor Presidente del Senado
Dr. Gonzalo Ramírez
Presente

De mi más alta consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar licencia por 31 días, a partir del 16 de los corrientes.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente.

José Korzeniak, Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

15) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Riesgo y Millor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicitan se cursen pedidos de informe a los Directorios de ANTEL, UTE, PLUNA y Banco de Seguros del Estado, a fin de que den cuenta si han sido oficialmente impuestos de la solicitud de concordato formulada por "El Día" S.A.; si en virtud de dicha solicitud han recabado los asesoramientos del caso y cuál ha sido la resolución adoptada por cada uno de esos organismos sobre el particular."

-Procédase como se solicita.

16) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto de ley.

(Se da del siguiente:)

"El señor senador Sergio Abreu presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se reglamenta la actividad de las empresas suministradoras de mano de obra temporal."

-A la Comisión de Constitución y Legislación integrada con la de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Texto del proyecto de ley:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley procura reglamentar la actividad de las empresas suministradoras de mano de obra temporal, obedeciendo a una imprescindible necesidad práctica.

Sin dejar de lado el principio protector del derecho del trabajo -que por el contrario se reafirma- ya casi nadie discute la necesidad de adaptar su finalidad a las nuevas realidades, que se intensifican en los tiempos actuales con los fenómenos de integración a los que hay que enfrentar con sentido de proyección hacia el futuro.

Como manifestación actual, la problemática de las empresas suministradoras de mano de obra temporal es de tal magnitud que, tanto la doctrina como las distintas legislaciones, han optado por una de estas dos soluciones: o por prohibir su actividad o por reglamentarias. Nuestro país no se ha caracterizado por la adopción de ninguna de estas dos alternativas; simplemente, dichas empresas no están prohibidas ni sujetas a reglamentación -por lo menos que presuponga su existencia- y actúan basándose en disposiciones del decreto 384/979, reglamentario del Convenio Nacional del Trabajo número 96 que comprende a las empresas retribuidas de colocación. Pero ello es totalmente inadecuado y, en la realidad práctica, se han presentado casos en que, bajo el pretexto de ocupar a trabajadores de mano de obra temporal, se han disfrazado verdaderas situaciones de trabajo propio de labor continuada.

Mediante este proyecto de ley se ha optado por autorizar el funcionamiento de las empresas suministradoras de mano de obra temporal, como una manifestación de "flexibilidad" del derecho laboral, pero limitando su acción a casos y situaciones específicamente determinadas que justifiquen el apartamiento del principio general

Pero si bien las modalidades de contratación a tiempo parcial o temporal evidencian una tendencia flexibilizadora, la reglamentación, en la medida en que se evitan los supuestos de mediación y se adopta criterios de previsión y obligaciones entre las empresas, incorpora un elemento de rigidez que protege en definitiva al trabajador. Hay, así, como expresa Tomás Sala Franco, "desde la perspectiva laboral lo que la tradicional relación bilateral contractual se convierte en una compleja relación triangular al comprender también a la empresa cliente.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, se considera a los trabajadores de mano de obra temporal como empleados de la empresa que cede sus servicios, optando por una de las soluciones propuestas por la doctrina, atendiendo a la realidad práctica que indica que las empresas que actúan en el medio en esa actividad con más sentido de responsabilidad, lo hacen bajo ese supuesto, incluyendo a los trabajadores en sus propias planillas de trabajo y expidiéndoles las constancias de actividad laboral.

Se establece como requisito esencial que el contrato a celebrarse entre las empresas se formalice por escrito en cuyo caso contrario se presume que el trabajador lo es de la empresa, en principio, supuestamente cesionaria, procurando que no sea utilizado este procedimiento en menoscabo del derecho de los trabajadores, encubriendo situaciones de trabajo permanente, por lo que se confiere facultades a la Inspección General del Trabajo para que intime la inclusión en la planilla de trabajo de esta última empresa.

También se establecen condiciones mínimas de trabajo para esta clase de trabajadores, en un plano de igualdad de derechos con los trabajadores de su misma categoría de la empresa usuaria y, a su vez, se prescribe en condiciones en que se debe realizar el trabajo temporal sin perjudicar al trabajador permanente de la empresa que contrata dichos servicios. Y, por último, se establecen las condiciones para graduar la indemnización por despido, así como obligaciones subsidiarias o solidarias entre las empresas para proteger al trabajador.

Más allá de los aspectos polémicos a que pueda dar lugar el presente proyecto de ley, lo que no admite discusión hoy, es la necesidad de reglamentar este tipo de actividad. Debe resaltarse que para su elaboración, se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, el excelente estudio que sobre el tema ha realizado el Dr. Eduardo Ameglio, titulado precisamente: "Las empresas suministradoras de mano de obra temporal".

Sergio Abreu, Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Se considera trabajo temporal el que se desarrolla por el tiempo determinado obedeciendo a circunstancias que justifican el apartamiento del principio general de ejecución continuada.

Art. 2º. - Se entiende por empresas suministradoras de mano de obra temporal las que desarrollan como actividad exclusiva la de poner a disposición transitoria de otra empresa a trabajadores asalariados de una cierta categoría profesional, en condiciones previamente convenidas con la clientela.

El contrato deberá formalizarse por escrito, en constancia de las partes, sus domicilios y lapso de prestación del servicio por el trabajador, quien también deberá suscribirlo.

Art. 3º - Las condiciones de trabajo del trabajador temporario durante el cumplimiento de su misión no serán inferiores a las existentes para trabajos iguales en las empresas en que presten efectivamente sus servicios.

Art. 4º. - No podrá ser utilizado este sistema de contratación para las necesidades permanentes o normales de la empresa usuaria ni para sustituir a trabajadores permanentes en estado de huelga o percibiendo subsidio por desempleo.

Art. 5º. - Prohíbese la sucesión de trabajadores temporales en un mismo puesto de trabajo.

Art. 6º. - Se prohíben las cláusulas contractuales que limiten la libre contratación futura del trabajador temporal por la empresa cliente.

Art. 7º. - Las empresas que han despedido trabajadores permanentes en un plazo inmediato anterior a los seis meses de su pretensión de contratar trabajadores temporales en los mismos puestos de trabajo, deberán solicitar autorización al Ministerio de Trabajo expresando la causa de esa contratación.

Art. 8º. - El trabajador temporario deberá ser incorporado a la planilla de trabajo de la empresa suministradora, diferenciándosele del trabajador permanente de dicha empresa, la que es responsable del pago de los salarios y prestaciones de la seguridad social durante la misión, respondiendo subsidiariamente la empresa cliente.

En caso que el trabajador temporario se incorpore como trabajador permanente de la empresa usuaria, la obligación precedente se transformará en solidaria por los haberes devengados durante la misión.

Art. 9º. - El trabajador que sea utilizado en forma sucesiva por una empresa suministradora de mano de obra temporal, que la cede a varias empresas clientes con una continuidad de un año ininterrumpido de trabajos cumplidos, o dos en forma alternada durante un período de tres años, tendrá derecho a indemnización por despido en caso que cesen sus contrataciones, la que se calculará sobre jornadas diarias de trabajo en la forma prevista para cl trabajador jornalero por la Ley Nº 12.597 de fecha 30.XII.58.

Se presumirá la continuidad de las contrataciones cuando las mismas no tengan interrupciones mayores de quince días, y la cesación de las contrataciones se presumirá cuando no existan convocatorias en un plazo de tres meses.

Art. 10. - Si efectuada una inspección por parte de la Inspección General del Trabajo, se constatare la presencia de un trabajador sobre el que se invoca la condición de temporario cedido por otra empresa, pero sin exhibición del contrato escrito que pruebe tal circunstancia, el inspector actuante intimará la incorporación del trabajador a la planilla de trabajo de la empresa inspeccionada al entregar copia del acta de inspección.

Art. 11. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevará un registro de la empresas suministradoras de mano de obra temporal.

Art. 12. - Las infracciones a la presente ley serán sancionadas de acuerdo a las previsiones de la Ley Nº 15.903 de fecha 10.XI.87.

Sergio Abreu, Senador".

17) SITUACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Toledo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 del Reglamento, solicita se le autorice la exposición de una hora el próximo 8 de octubre, sobre la situación de la industria textil".

-Se va votar la solicitud presentada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Este punto se incluirá en el orden del día de la sesión ordinaria del día 8 de octubre.

18) SESION EXTRAORDINARIA DEL SENADO A REALIZARSE EL MIERCOLES 11 DE SETIEMBRE

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - En función de que convinimos realizar una sesión extraordinaria en el día de mañana, a fin de homenajear al escultor José Luis Zorrilla de San Martín, habida cuenta de que hace poco la Cámara de Representantes votó una iniciativa venida de la Administración, relativa a la designación de la Escuela Nº 150 Primer Grado de Montevideo con el nombre de "Cataluña" y considerando además que del 15 al 22 del corriente mes se festejará la semana de Cataluña, quiero proponer que en el caso de que llegue la comunicación de la Cámara de Representantes sobre la aprobación de este proyecto de ley, se incluya el tema como urgente en el día de mañana, trámite que seguramente será de brevísima resolución. Además, la totalidad de los miembros de la Comisión de Educación y Cultura están contestes en hacer esta proposición en la tarde de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa advierte algunas dificultades reglamentarias para proceder a incluir en el orden del día un asunto que aún no ha llegado al Senado y sobre el que no se sabe si la Cámara de Representantes lo remitirá. Sin embargo, si es voluntad del Cuerpo, se pondrá a votación.

Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) BONOS DEL TESORO. Amplíase la autorización conferida para su emisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado continúa con la discusión general del asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Bonos del Tesoro. (Carp.Nº 510/91 - Rep. Nº 259/91)."

20) SESION EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL MIERCOLES 11 DE SETIEMBRE

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Tratándose de una sesión ordinaria, faltan 10 minutos para la hora de finalización, por lo que hago moción para que se prorrogue el término de la misma hasta terminar la discusión de este asunto.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Precisamente quien habla iba a hacer moción para levantar la sesión, pero se me adelantó el señor senador de Posadas Montero haciendo una propuesta contraria.

En lo que respecta a nuestra bancada, debo decir que no vamos a poder permanecer en Sala más allá de las 20 horas. Como se trata de un tema que tiene mucha importancia, en la medida de lo posible queremos incidir en él con nuestras argumentaciones.

Lamentablemente, repito, no estamos en disposición de poder continuar en la tarde de hoy debatiendo el punto.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Respetamos la situación de sectores que no pueden continuar en la sesión en el día de hoy por compromisos adquiridos.

En lo que respecta a nuestro grupo político -y ya se lo hice saber al señor senador de Posadas Montero- debo señalar que estaríamos en condiciones de permanecer en Sala no más allá de las 21 horas.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Tal como lo ha señalado el señor senador Arana, ningún integrante de la bancada del Frente Amplio puede continuar en la sesión después de las 20 horas; por lo tanto, pido que esto sea tenido en cuenta. Además, tenemos interés de estar presentes en la discusión de este asunto, por lo que propongo que se busque la fecha más próxima posible para hacerlo.

Reitero que no podemos permanecer luego de las 20 horas. De manera que, entonces, esta situación no debe resolverse poniendo a votación la moción presentada, porque nos tenemos que retirar. No creo que sea intención de nadie que una bancada íntegra no esté presente.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - No tenemos intención de que no esté presente una bancada; no es ese el fin. Además, había conversado con casi todos los señores senadores sobre este tema cuando sesionaba la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Asimismo, creo que es justo reconocer que la cortesía parlamentaria generalmente funciona en el sentido de alargamiento de los plazos y levantamiento de las sesiones. No quiero entrar en esa discusión ahora, pero estadísticamente es así.

A fin de zanjar el tema, hago moción para que el Senado sesione en el día de mañana en forma extraordinaria a las 18 horas, para considerar el proyecto de ley relativo a Bonos del Tesoro y una vez concluido éste, realizar el homenaje propuesto.

Si accedemos a este pedido que hace la bancada del Frente Amplio, no dudo que la cortesía operará también en los demás sectores en el sentido de favorecer esta solución.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia quiere hacer una reflexión de carácter general.

Por supuesto que si la bancada del Frente Amplio ha asumido un compromiso político y debe retirarse a las 20 horas, no es lógico que, en su ausencia, igualmente se considere un proyecto de ley de esta importancia. Sin embargo, como consideración general que recién hacía a uno de los Secretarios, la Presidencia entiende que para evitar este tipo de situaciones, lo que se debe hacer como norma general es no asumir compromisos de carácter político los días de sesión, ya que si bien éstas tienen hora de terminación, pueden prorrogarse porque a veces cuando el orden del día es muy extenso, se debe continuar sesionando. Si se adoptara este criterio, no se presentarían estas situaciones.

Debo señalar que voy a votar la moción.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Quiero dejar constancia que la bancada del Frente Amplio ha asistido regularmente a todas las sesiones que el Cuerpo ha celebrado; ha votado la realización de sesiones extraordinarias, y prórrogas de horas. En Sala hay señores senadores que están trabajando en la Casa desde las nueve de la mañana y contrajeron compromisos desde hace más de quince días. Nadie podía prever que esta sesión debía prorrogarse, por lo tanto, pienso que no es descortesía de ninguna clase pedir el levantamiento de la sesión.

Estamos dispuestos a considerar cualquier eventualidad a fin de tratar el tema en las circunstancias más propicias para que exista un debate con la necesaria extensión a efectos de exponer todos los puntos de vista.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Quiero hacer una reflexión en voz alta porque tengo en mi poder el programa de trabajo de la Comisión de Presupuesto para el día de mañana. La Secretaría me confirma que asistirán a la misma el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la mañana, y, en la tarde, lo harán los Ministros de Turismo, de Trabajo y Seguridad Social y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. De manera que acortar la reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto de mañana, sin duda comprimirá su labor y dejará de tratar alguno de los Incisos, cuyos titulares ya han sido invitados.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - El programa de trabajo de la Comisión de Presupuesto para el día de mañana creo que no produce ninguna interferencia con la propuesta realizada por el señor senador de Posadas Montero. A pesar de que en la mañana de hoy no contamos con la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, debemos tener en cuenta que no estamos tan atrasados en el tratamiento del Presupuesto. Además, con la propuesta de trabajar mañana hasta las dieciocho horas, creo que estaríamos en condiciones de considerar los Incisos correspondientes. Conocemos la preocupación del señor senador Brause, pero ella se debe a que se encuentra en una postura superior a la nuestra. De todas maneras pienso que no vamos a tener inconvenientes de realizar la sesión en el día de mañana.

SEÑOR BRAUSE. - Ojalá así sea, señor senador; estamos bastante atrasados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden presentada, en el sentido de levantar la sesión y celebrar una extraordinaria en el día de mañana a la hora 18 para tratar, en primer lugar, el proyecto de ley sobre la autorización para ampliar la emisión de los Bonos del Tesoro; en segundo término, realizar un homenaje al escultor Zorrilla de San Martín y, por último, si viniere de la Cámara de Representantes el proyecto de ley al que aludió el señor senador Arana, se lo incluiría en el segundo punto del orden del día.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 54 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Korzeniak, Pereyra, Raffo, Ricaldoni, Riesgo, Santoro, Silveira Zavala, Singlet y Urioste)

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.