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N° 118 - TOMO 341 - 14 DE AGOSTO DE 1991

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

45ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y el PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencia de los señores senadores a las Sesiones del Senado y a las distintas Comisiones del Cuerpo (Artículo 50 del Reglamento)

- La Mesa da cuenta de la nómina correspondiente.

5) Desapariciones forzadas o involuntarias de personas

- Manifestaciones del señor senador Arana.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Facultad de Derecho, al Colegio de Abogados, al Servicio de Paz y Justicia, a Amnisty Internacional, filial uruguaya, y a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

6) Proteccionismo y desarrollo de nuestra economía

- Manifestaciones del señor senador Bruera.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca; Federación y Asociación Rural y al PIT-CNT.

7) Instituto Nacional de Vitivinicultura. Situación, gestión y posibilidades de futuro

- Manifestaciones del señor senador Santoro.
- Se resuelve remitir al versión taquigráfica a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería.

8, 10 y 13) Arrendamientos rurales y aparcería. Se modifica el régimen jurídico vigente

- En consideración.
- Exposición del señor senador Urioste.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

9 y 11) Ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres. Licencia por maternidad. Descanso a trabajadores que adopten niños. Medidas de amparo

- Continúa en discusión particular.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Ingreso al territorio nacional de miembros del ejército de los Estados Unidos de América

- El señor senador Santoro solicita que un proyecto en ese sentido aprobado por la Cámara de Representantes se declare urgente.
- Constancia del señor Presidente.

14) Cuarto intermedio

- Se resuelve realizarlo hasta después de terminada la sesión votada para el día de mañana, para considerar los puntos que restan del orden del día.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

15) Schubert Gambetta. Su deceso

- Se resuelve, por moción del señor senador Batalla, rendir homenaje al deportista recientemente fallecido.
- Manifestaciones de los señores senadores Astori, Pereyra, Cigliuti, Cadenas Boix y del señor Presidente.
- Se resuelve que el Senado y la Barra mantengan de pie un minuto de silencio en homenaje al extinto y que la versión taquigráfica de lo expresado en Sala sea enviada a sus deudos y al Club Nacional de Football.

16) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 13 de agosto de 1991.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 14, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifica el régimen jurídico vigente para los contratos de arrendamientos rurales y aparecería.

(Carp. N° 319/90 – Rep. N° 234/91)

2°) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se prohibe la ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres, se extiende el beneficio de licencia por maternidad y se concede un período de descanso a las trabajadores de la actividad pública o privada que adopten niños.

(Carp. N° 480/91 – Rep. N° 253/91)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3°) Por el que se aprueba la enmienda al artículo 56 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

(Carp. N°) 353/90 – Rep. N° 255/91)

4°) Por el que se aprueba la Constitución, el Convenio y el Protocolo Facultativo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

(Carp. N° 390/90 – Rep. N° 256/91)

5°) Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar la emisión de Bonos del Tesoro.

(Carp. N° 510/91 – Rep. N° 259/91)

6°) Por el que se da una nueva redacción al artículo 2° de la Ley N° 16.162, de 18 de diciembre de 1990, que modifica disposiciones del Código Penal y del Código del Proceso Penal.

(Carp. N° 556/91 – Rep. N° 260/91)

7°) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo Constitucional vence: 24 de octubre de 1991.)

(Carp. N° 554/91 – Rep. N° 257/91)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Arocena, Astori, Batalla, Belvisi, Bianchi, Blanco, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, De Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Millor, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Soto y Urioste.

FALTAN: con licencia los señores senadores Bouza, Jude, Singlet y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 9 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 14 de agosto de 1991.

La Suprema Corte de Justicia remite varios Mensajes por los que comunica las sentencias dictadas en autos caratulados: "Casul Cal, Ulises c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Inconstitucionalidad (vía de acción)", "Ramírez, José Antonio y otros c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Inconstitucionalidad (vía de acción)"; "Esteva, Eduardo c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Inconstitucionalidad (vía de acción)"; "Murialdo, Dinorah c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Inconstitucionalidad (vía de acción)"; "Pirán, Carlos c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Inconstitucionalidad (vía de acción)"; "Ventutini Adano, Pedro y Elzarudía, Roberto c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Inconstitucionalidad (vía de acción)"; "Rodríguez Larreta, Daniel c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Incostitucionalidad (vía de acción)"; "Storace Arrosa, Nicolás y otros c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Incostitucionalidad (vía de acción)"; "Nin Sacarelo, Raúl c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Inconstitucionalidad (vía de acción)" y "Maestro, Carlos c/Poder Ejecutivo-Banco de Previsión Social-Inconstitucionalidad (vía de acción)".

-Ténganse presente.

La Suprema Corte de Justicia remite varios Mensajes comunicando haber adoptado las siguientes resoluciones:

por la que se efectúa la distribución entre la Capital e Interior de cargos de Actuarios de Juzgados Letrados de 1° Instancia y de Actuarios Adjuntos de Juzgados Letrados de 1ª Instancia;

por la que se transforma un cargo de Director de Jurisprudencia Escalafón II, grado 12 en un cargo de Director de Jurisprudencia, Escalafón II, grado 14.

y por la que se efectúan transposiciones entre distintos rubros.

-Ténganse presente.

La Junta Departamental de Montevideo, remite varias notas a las que adjunta:

exposición del señor edil Washington Lauría sobre el tema "Minoridad"

solicitando la creación a nivel Parlamentario de una Comisión Especial que elabore un proyecto de ley estableciendo un marco jurídico para el Area Metropolitana.

exposición de la señora edil Lilián Kechichian referente a la demolición en la zona del Prado de una construcción de más de 100 años que era copia de un pequeño chateau francés.

y transcribiendo las expresiones vertidas en homenaje a la memoria del profesor don Luis Hierro Gambardella.

La Junta Departamental de Paysandú remite varias notas a las que adjunta:

resolución sobre el servicio que presta el Banco de Previsión Social en lo que tiene que ver con la atención de niños con problemas siquiátricos, sicológicos y auditivos, que se realiza en Montevideo; y

sobre la situación de ONDA.

La Junta Departamental de Colonia remite varias notas a las que adjunta:

resolución relacionada con la Revisión y Actualización del Código del Niño;

relacionada con la posible privatización de la Represa binacional Salto Grande, y

sobre los problemas fronterizos con el Brasil, en el paraje Rincón de Artigas.

La Junta Departamental de Río Negro remite varias notas a las que adjunta:

la situación de pequeños contribuyentes en lo que tiene que ver con el Impuesto Específico establecido en la Ley de Presupuesto;

la resolución adoptada solicitando medidas que defiendan a la prensa del interior.

y el planteamiento efectuado por el edil Ricardo Castromán sobre la desmonopolización de alcoholes.

-Ténganse presente".

4) INASISTENCIA DE LOS SEÑORES SENADORES A LAS SESIONES DEL SENADO Y A LAS DISTINTAS COMISIONES DEL CUERPO. (Artículo 50 del Reglamento).

SEÑOR PRESIDENTE. – Dése cuenta, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Senadores, de la nómina de inasistencia a las sesiones de las distintas Comisiones.

(Se da la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento, la Mesa da cuenta que:

a la sesión de la Comisión de Agricultura y Pesca del día 1° de julio faltó con aviso el señor senador Julián Olascoaga.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 1° de julio, faltó con aviso el señor senador Alberto Zumarán.

a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del día 3 de julio faltaron con aviso los señores senadores Ernesto Amorín Larrañaga, Pablo Millor y Carlos Julio Pereyra.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 4 de julio faltó con aviso el señor senador Carlos W. Cigliuti.

a la sesión de la Comisión de Hacienda (integrada) del día 4 de julio faltaron con aviso los señores senadores Federico Bouza, Hugo Batalla, Ignacio de Posadas Montero y José Korzeniak.

a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación (integrada) del día 9 de julio faltaron con aviso los señores senadores Hugo Batalla y Américo Ricaldoni.

a la sesión de la Comisión Especial de Medio Ambiente del día 8 de julio faltó con aviso el señor senador Hugo Batalla.

a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 9 de julio faltaron con aviso los señores senadores Hugo Batalla y Américo Ricaldoni.

a la sesión de la Comisión de Agricultura y Pesca del día 8 de julio, faltó con aviso el señor senador Alberto Brause.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 8 de julio, faltaron con aviso los señores senadores Sergio Abreu, Hugo Batalla, Leopoldo Bruera, Américo Ricaldoni y Alberto Zumarán.

a la sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 9 de julio faltó con aviso el señor senador Américo Ricaldoni.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 11 de julio, faltó con aviso el señor senador Pablo Millor."

5) DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS DE PERSONAS

SEÑOR PRESIDENTE. – El Senado entra a la Hora Previa.

Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. – Señor Presidente: la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos –FEDEFAM- fundada en 1981 planteó, desde su surgimiento, la necesidad de declarar la "Desaparición Forzada o Involuntaria" como un crimen contra la Humanidad, teniendo esta tipificación alcance nacional e internacional.

Al año siguiente -1982- se presentó, en esos términos, una solicitud en la oficina correspondiente de las Naciones Unidas, en procura de una normativa internacional que tipificase esta forma de violación de los Derechos Humanos.

Esta iniciativa se fue encaminando dentro del ámbito de la Organización de las Naciones Unidas formándose, en 1988, el Grupo de Trabajo sobre Detención de Personas y Tratamiento al que se ven sometidas.

Desde ese momento a la fecha, se realizaron numerosos debates donde participaron muchos especialistas. De estas reuniones surgió un "Proyecto de Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada o Involuntaria" que se aprobó por consenso en esa Subcomisión de Trabajo.

Asimismo, se informó a la Comisión de Derechos Humanos acerca de la necesidad de que lo apruebe para que las Naciones Unidas, como tal, lo asuma como resolución definitiva.

Este requerimiento de carácter internacional también debería aprobarse en cada uno de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, se otorgaría carácter legal a las disposiciones emanadas de la Declaración de Ginebra de 1949.

En la sesión de la Comisión de Derechos Humanos realizada entre febrero y marzo de 1984 se estableció: "Las desapariciones forzadas o involuntarias violan prácticamente todos los derechos humanos de la víctima y muchos de los derechos de su familia; esa práctica es contraria a los Convenios de Ginebra de 1949 y ninguna circunstancia especial, conflicto armado, estado de emergencia, situación de conflicto interno y tensión pueden justificar las desapariciones forzadas o involuntarias. Es una violación tan grave que muchos han sugerido que debe ser objeto de la máxima sanción internacional". Tal lo que se expresaba textualmente en la referida Declaración de Ginebra de 1949.

Nos preguntamos, señor Presidente, qué rol juega nuestro país en este contexto.

Tanto a nivel de organizaciones no gubernamentales, como la ya mencionada FEDEFAM, el Servicio de Paz y Justicia –SERPAJ- Amnisty Internacional-filial Uruguay, como a nivel de técnicos, se vienen propiciando proyectos que tiendan a dar la tipificación adecuada al tipo de delitos al que venimos haciendo referencia.

Es en este marco que el Colegio de Abogados del Uruguay analizó los elementos y elaboró un proyecto de ley sobre Delitos de Lesa Humanidad.

En la exposición de motivos de dicho proyecto se hace referencia al surgimiento del concepto de "delito contra la humanidad".

Allí se expresa textualmente: "La noción de crímenes contra la humanidad surge a la vida jurídica como respuesta de la comunidad internacional a las atrocidades cometidas por la Alemania Nazi y se materializa positivamente en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg".

A partir de entonces, al comunidad internacional comenzó a expedirse sobre este grave tema, conociéndose diversas opiniones que se expresaron en Convenios, Declaraciones o Resoluciones. En todos estos casos se oyeron voces de condena, lo que implica el consenso en repudiar aquellos actos que, en forma sistemática, se cometan desde el Gobierno de un Estado y que afecten a los individuos que están bajo su jurisdicción.

El Colegio de Abogados entiende -y cito textualmente- que "Estos aberrantes hechos lesionan valores humanos con contenido universal cuya preservación y desarrollo interesa a toda la humanidad, por lo tanto, el castigo de estos delitos trasciende el interés de cada Estado en particular, aunque dependa de que cada país manifieste indeleblemente su voluntad política de proceder en consecuencia al grado de civilización alcanzado y arbitre las medidas legislativas necesarias para el juzgamiento de los responsables".

La fundamentación del Colegio de Abogados destaca la importancia de darle carácter de ley al proyecto que tipifica como delito de lesa humanidad las torturas, la desaparición forzada y el homicidio político.

De aprobarse este proyecto, entendemos que se estaría dando un gran paso en el reconocimiento de los derechos de cada individuo y, por consiguiente, de la sociedad toda.

La propuesta expresa: "Estamos en el terreno de los delitos de lesa humanidad, constitutivos de una especie dentro del género de los delitos contra los Derechos Humanos -el encarcelamiento político, las desapariciones, los tratamientos crueles, degradantes o inhumanos, las ejecuciones extrajudiciales, etcétera- caracterizada por constituir un típico fenómeno delictivo dictatorial".

Esto último es lo que ocurrió durante el período de terrorismo de Estado impuesto por la dictadura en nuestro país.

En este marco, los delitos así consignados pasan a ser considerados "inamnistiables" e "imprescriptibles".

La "Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", realizada el 26 de noviembre de 1968, dispone que no exista limitación en el tiempo para el enjuiciamiento y castigo de los responsables de estos delitos, atento a la gravedad de los hechos que los tipifican.

Coincidimos con lo allí expresado cuando, de cara al futuro, se afirma que el mismo "tiende a realzar y establecer positivamente un principio fundamental de largo afianzamiento en la conciencia universal como lo es el de imponer el necesario castigo a quienes desde el gobierno de un Estado o con su complicidad desconozcan y violen sistemáticamente los derechos humanos fundamentales de los individuos a su cargo".

Teniendo en cuenta los artículos 3°, 5°, 6° y 9° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 6°, 7°, 9° y 16 del XXXI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a tortura y el del reconocimiento a la personalidad jurídica, es que aspiramos a que el proyecto de ley elaborado por el Colegio de Abogados de nuestro país obtenga –para bien de la dignidad ciudadana- el apoyo para que se convierta en ley.

A un paso de celebrar el aniversario de las organizaciones que han luchado en pro de estos derechos humanos y considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carga de la Organización de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, el reconocimiento de los derechos inalienables de la persona, constituyen la base de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo, comprometemos desde ya nuestra voluntad y esfuerzo en procura de lograr los medios jurídicos capaces de preservarlos.

Por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Facultad de Derecho, al Colegio de Abogados del Uruguay, así como también al Servicio de Paz y Justicia, a Amnisty Internacional, filial uruguaya, y a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar la moción presentada por el señor senador Arana.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) PROTECCIONISMO Y DESARROLLO DE NUESTRA ECONOMIA

SEÑOR PRESIDENTE. – Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor senador Bruera.

SEÑOR BRUERA. – Señor Presidente: hace pocos días leí en un matutino una interesante nota del doctor Julio María Sanguinetti, ex Presidente de la República, referida a los problemas de integración y los de la perspectiva continental desde el ángulo del comercio exterior.

En la nota, el doctor Sanguinetti afirma que "un neoproteccionismo vuelve a dejar nuestro hemisferio latinoamericano es muy difícil situación". Más adelante expresa que "El GATT, organismo internacional que debería prescindir la apertura generalizada del comercio, es el epicentro de los desencuentros: entre los países industrializados entre sí y algunos de estos con los subdesarrollados agredidos por sus ventas de saldos agrícolas fuertemente subsidiados".

El ex Presidente de la República continúa manifestando: "La teoría de las ventajas comparativas, largamente sostenida por los economistas liberales, se ve cuestionada en la realidad por las sobrevivencias proteccionistas: Europa exporta azúcar de remolacha subsidiada, le vende carne y productos lácteos a nuestro vecinos, mientras Estados Unidos lanza de nuevo sus excedentes oleaginosos y cerealeros al mercado. La Comunidad Económica Europea organiza sofisticados sistema de protección y se incorpora a la guerra comercial antijaponesa que hasta ahora libraba solamente la industria norteamericana".

Deseo insistir, señor Presidente, sobre el tema del proteccionismo que asumen los grandes países industrializados contra los del Tercer Mundo, en los que, por lo demás, el llamado mercado libre, queda al desnudo.

Reitero lo que afirmé en otra reunión, que en una publicación de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –de los países industrializados, por supuesto- se afirma que en 1990 los 24 días de esta Organización destinaron U$S 300.000:000.000 para proteger su producción agrícola, de los que U$S 176.000:000.000 correspondieron a subsidios directos. El resto se imputa, según dicho informe, al impuesto implícito que pagan los consumidores por medio de mayores precios de productos alimenticios.

Estos subsidios directos para los países de la Comunidad Económica Europea, significan en forma neta, para el año de referencia, U$S 81.620:000.000, para el Japón dólares 30.860:000.000 y para los Estados Unidos U$S 35.930:000.000.

Si se comparan la cifras del año 1990 con las del anterior, se ve que, más allá de las palabras en contrario, la política proteccionista, lejos de disminuir, ha aumentado. Los porcentajes de aumentos son de 7 puntos para la Comunidad Económica Europea, 1 punto para los Estados Unidos y 3 puntos para la OCDE.

Esto lleva a que la irrupción de productos de estos países en los mercados internacionales implique graves distorsiones. Por ejemplo, el productor europeo de carne vacuna recibe U$S 4.500 por toneladas, mientras que el precio de venta en el mercado internacional no supera los U$S 1.000. Casi el 50% de la renta de los productores de la Comunidad Económica Europea proviene de estas transferencias.

Hace dos décadas, la Comunidad Económica Europea importaba carne, trigo y azúcar; debido a la política de subsidios a la producción y la comercialización, se convirtió en un exportador neto. En 1990, por ejemplo, colocó en el mercado mundial casi 1:000.000 de toneladas de carne, 20:000.000 de trigo y casi 5:000.000 de azúcar. En ese mismo año, la subvención por tonelada de trigo exportada fue de U$S 55 en los Estados Unidos y de U$S 140 en la Comunidad Económica Europea.

Es evidente que se pelean entre sí los grandes países industrializados. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos estimó en U$S 13.500:000.000 los subsidios gubernamentales europeos para la construcción del avión "Airbus", advirtiendo que ese monto se elevaría a U$S 25.000:000.000 si se computaran los préstamos a bajas tasas de interés. Los fabricantes del "Airbus" replicaron afirmando que los Estados Unidos subvencionaron la construcción aérea en su país en un monto de U$S 23.000:000.000 entre 1978 y 1987.

Los Estados Unidos anunciaron sanciones al Japón, porque aquel país discrimina a las compañías estadounidenses marginándolas, por ejemplo, en el acceso a los fabulosos contratos de construcciones públicas y privadas. Los Estados Unidos, asimismo, aseguran que desde 1988 sólo resultaron beneficiadas las empresas de su país por contratos de orden de los U$S 400:000.000, siendo que el presupuesto anual japonés para ese rubro estuvo en alrededor de U$S 2.500:000.000. A su vez, el Japón acusa a los Estados Unidos y a la Comunidad Económica Europea de tener una legislación anti "dumping", claramente proteccionista, recurriendo a ella para impedir la entrada de productos japoneses en sus mercados.

El periódico británico "The Independent", en su edición de 26 de junio, se refiere a una virtual guerra en el mercado de granos y consigna que la Unión Soviética –primer importador mundial- acaba de recibir cuantiosos créditos por parte de los Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea. El 12 de junio, el Presidente Bush anunció el otorgamiento de créditos de su país a la Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas por U$S 1.500:000.000; por su parte la Comunidad Económica Europea replicó el mismo día ofreciendo un créditos de ayuda alimentaria de aproximadamente U$S 1.000:000.000.

El mismo diario señala que los verdaderos perdedores de esta guerra son los países exportadores de grano que, como el nuestro, han privilegiado los mecanismos de mercado, renunciando a los subsidios y, por ende, han perdido mercados. Los perjudicados, a su vez, son nuestros productores que sufren precios artificialmente bajos, y los contribuyentes de los países que subsidian su producción.

La nota del diario inglés dice: "Algunos podrían argüir que los créditos para la exportación no tienen efectos tan distorsionantes para el mercado como los subsidios directos implementados por los Estados Unidos y la Comunidad, para lograr que sus granos sean comprados por determinados países y no por otros. Pero el impacto en el largo plazo –señala el articulista- "es el mismo".

Todos los pronósticos señalan que los stocks y la capacidad exportadora de los países de la OCDE crecerán por lo menos hasta mediados de la década. No es una señal alentadora para una conclusión exitosa en las negociaciones de la Ronda Uruguay; los países industrializados no pueden seguir en el mismo juego y deben adherir a las reglas del juego multilateral que han declamado por años.

De no ser así, con las cifras en la mano, vemos muy difícil el desarrollo económico de los países de la región.

¿Cómo competir, entonces, con los montos de exportaciones –que tanto para los Estados Unidos, como para el Japón, son más de 10 veces que las del MERCOSUR- y con la Comunidad –que son más de 25 veces- si estos países siguen subsidiando sus exportaciones?

A mi entender, urge que la Ronda Uruguay, tenga una solución acorde a los intereses de los países subdesarrollados, pues en caso contrario, no sólo peligra la existencia del GATT, sino también la de nuestras economías.

Por último, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Federación Rural, a la Asociación Rural y al PIT-CNT.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Bruera, en el sentido de que sus palabras sean enviadas a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Federación Rural, a la Asociación Rural y al PIT – CNT.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

7) INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA. Situación, gestión y posibilidades de futuro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: en circunstancias en que es preocupación de todos los uruguayos, la aplicación del MERCOSUR queremos hacer referencia a la situación, gestión y posibilidades de futuro del Instituto Nacional de Vitivinicultura, conocido como INAVI.

Este Instituto fue creado por la Ley N° 15.903, del 10 de noviembre de 1987, como persona jurídica de Derecho Público no estatal, con régimen de funcionamiento igual al de la actividad privada.

El 23 de junio de 1988 se realizó la primera reunión del Consejo de Administración, y el 12 de diciembre del mismo año comenzó a cumplir con sus cometidos con la integración de técnicos y personal administrativo.

Dichos cometidos asignados a INAVI por la Ley de creación, son:

1) Promover el desarrollo de la vitivinicultura mediante la investigación, extensión y divulgación.

2) Estudiar y planificar la economía vitivinícola.

3) Incrementar y mejorar la producción de material de propagación de la vid.

4) Asesorar con carácter general a viveristas, viticultores e instituciones públicas en el manejo del cultivo de la vida.

5) Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, granizo y heladas.

6) Promover el desarrollo de cooperativas de producción y comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

7) Divulgar y promover las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar su consumo.

8) Aplicar todas las normas legales vigentes y fiscalizar las actividades del sector.

9) Asesorar al Poder Ejecutivo en la política de precios, en la determinación de las condiciones de comercialización, importación y exportación, en las normas sobre tipificación y calidad de los productos y en la creación de reglamentaciones necesarias para el desarrollo de la vitivinicultura nacional.

El INAVI se financia mediante la recaudación de la tasa de promoción y control vitivinícola, que grava la expedición de estampillas de circulación de vinos nacionales e importados, así como la comercialización de la uva, más el cobro de las multas por infracciones que se pueda cometer en esta área. El valor de dicha tasa, en la actualidad, se ajusta mensualmente, siendo su valor, en este momento, de N$ 14 para el vino y de N$ 8 para la uva. En vendimias nacionales, donde se elaboran promedialmente 95:000.000 de litros a partir de 120:000.000 de kilos de uva –esta referencia es al año 1990- se obtendría un ingreso anual de U$S 1:200.000, sin tener en cuanta lo recaudado por multas.

Este Instituto está dirigido por un Consejo de Administración integrado por nueve miembros: tres delegados del Poder Ejecutivo –uno del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, otro del Ministerio de Industria, Energía y Minería y uno del Ministerio de Economía y Finanzas- dos representantes de los bodegueros –uno por el Centro de Bodegueros y el otro por la Organización de Vinicultores- dos delegados de los viticultores, uno por los Grupos CREA y un representante por la Mesa Nacional de Cooperativas Vitivinícolas, que nuclean actualmente a seis cooperativas de este ramo.

Cuenta con una Mesa Ejecutiva de cuatro miembros, integrantes del Consejo de Administración, que son los que tienen a su cargo la conducción del Instituto. Además, tiene fundamental importancia la actividad del Coordinador del Departamento Vitícola, quien desempeña funciones relevantes en el desarrollo del Instituto.

Queremos significar que este Instituto regula a un sector de enorme importancia, es decir, el vitivinícola, que tiene una gran relevancia socio económica a nivel nacional, ya que en él participan 4.500 explotaciones. El 90% son pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas; la mayoría con viñedos antiguos y de muy baja productividad. Más de la mitad de la superficie total está plantada con variedades de baja calidad, como la Frutilla y las Híbridas directas, sin ningún futuro frente a la integración.

Por otra parte, el sector industrial cuenta con 400 bodegas; el 50% de ellas, son pequeñas bodegas artesanales que producen menos de 100.000 litros por año. Se elaboran altos volúmenes de calidad regular –no queremos decir mala- teniendo solamente el 10% de la producción nacional, condiciones suficientes e idóneas para exportar y competir en la nueva realidad del MERCOSUR.

Respecto a la función de INAVI, en el sentido de promover el sector vitivinícola, quisiéramos señalar que al cabo de tres años de gestión, los resultados no han sido plenamente satisfactorios. Innumerables carencias han impedido cumplir siete de los cometidos asignados por ley a los que ya hemos hecho referencia. Por ese motivo, se impone la elaboración de acciones de desarrolla eficaces, la planificación económica, el asesoramiento general, la organización de sistemas de seguros sobre granizos y heladas, el fomento de cooperativas o asociaciones vitivinícolas y el incentivo del consumo.

Sí se ha cumplido con el punto 8, de aplicación de las normas legales, fiscalización y control de las actividades del sector, que antes estaban a cargo de la Dirección de Contralor Legal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En relación con lo señalado en el punto 9), deseamos expresar que, si bien se asesora al Poder Ejecutivo en la fijación del precio de la uva, resulta conveniente disponer su reglamentación para el desarrollo de la vitivinicultura nacional y la planificación de su futura inserción en el marco de la integración regional del MERCOSUR.

Asimismo, debe considerarse la conveniencia de llevar a cabo una actividad de promoción en cuanto a la imprescindible reconversión productiva e industrial, a fin de modernizar y hacer competitivo el sector, a través del aporte de tecnología y asistencia a los pequeños productores y a las bodegas familiares y artesanales.

Entendemos, también, que es necesario coordinar aquellas actividades –establecidas como cometidos específicos por la Ley de Creación del Instituto- que se realizan desde otros organismos. Nos referimos a la investigación en viticultura, que es llevada a cabo en la Estación Experimental "Las Brujas", que depende del I.N.I.A.; el asesoramiento por parte del Plan Granjero, hoy Junta Nacional de la Granja; y a la divulgación y docencia por la Facultad de Agronomía y la Escuela de Enología de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Cabe señalar, además, que los estudios económicos y las perspectivas de inserción frente al MERCOSUR están a cargo de la Oficina de Política y Planificación Agraria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ha había formulado un plan piloto de reconversión de viñedos, de gran utilidad para los pequeños viticultores, puesto que preveía un pago por arrancar los viejos viñedos. Entendemos que esta iniciativa debería ser tomada como modelo en la actualidad.

En otro orden de cosas, dentro de los cometidos asignados al INAVI en su Ley de Creación, se incluía la formulación de un proyecto de ley sobre vitivinicultura, que fue presentado en 1988 y que regulaba la venta y el pago de la uva, la obligatoriedad de comercializar el vino en envase cerrado, la definición de normas de calidad de los productos del sector, etcétera. Pensamos que tal iniciativa –por supuesto, aceptando las modificaciones que se crean necesarias- debe ser impulsada nuevamente, a los efectos de dotar a la materia de una legislación uniforme y armónica que supere el caos normativo generado a partir de la Ley Madre de 1903.

En síntesis, es imprescindible contar con un marco legal actual y coherente para el desarrollo y la inserción de este sector en la operativa de integración regional, máxime cuando en este caso se trata de una actividad altamente sensible a la competencia, aspecto que creemos ineludible en la nueva realidad del MERCOSUR.

En virtud del contenido de estas expresiones, señor Presidente, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción que acaba de formular el señor senador Santoro.

(Se vota:)

-13 en 18. Afirmativa.

8) ARRENDAMIENTOS RURALES Y APARCERIA. Se modifica el régimen jurídico vigente.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se modifica el régimen jurídico vigente para los contratos de arrendamientos rurales y aparcería: (Carp. N° 319/90 – Rep. N° 234/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 319/90
Rep. N° 234/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - En todo contrato por el cual una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, que se otorgue a partir de la vigencia de la presente ley, se estará al plazo que fijen las partes, con la limitación que establece el artículo 1782 del Código Civil.

Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los aparceros y subaparceros cuando el dador haya entregado un predio rural.

Art. 2°. - En el referido contrato las partes intervinientes fijarán de común acuerdo el precio y régimen de reajuste del mismo en su caso.

A falta de previsión expresa respecto del régimen de reajuste del precio, serán aplicables en forma supletoria las disposiciones previstas por los artículos 19 a 23 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975.

Art. 3°. - En los contratos referidos en el artículo 1° no serán aplicables las disposiciones previstas por las siguientes normas: artículos 1°, 3°, 11a 18, inclusive (Capítulo III), 61, 63, 64 y 66 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, y artículos 3° a 6°, inclusive, del Decreto-Ley N° 14.495, de 29 de diciembre de 1975.

Art. 4°. - Los contratos celebrados e inscriptos a partir de la vigencia de la presente ley quedarán, al término de los mismos, sujetos a los procedimientos de desalojo previstos por el artículo 546 del Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988).

Los plazos de desalojo serán los indicados en el artículo 546.3 del referido Código, y en el artículo 41 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, según corresponda por el destino del contrato.

Art. 5°. - En todo contrato que se celebre al amparo de la presente ley las partes deberán cumplir con las normas que establezca el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 5) y 8) del artículo 3° del Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981.

El incumplimiento del arrendatario, subarrendatario, aparcero o subaparcero a las referidas obligaciones será causal de rescisión del respectivo contrato. Se considerará prueba fehaciente la certificación que al respecto otorgue el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Declarada la rescisión del contrato, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 58 del Decreto – Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975.

Art. 6°. - Sustitúyese el artículo 7° del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 7°. - La inscripción estará a cargo del tomador del predio, sin perjuicio de que pueda realizarla el arrendador, si aquél no lo hiciere, y se regirá por las normas contenidas en la Ley N° 10.793, de 25 de setiembre de 1946, modificativas y concordantes".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de setiembre de 1990.

Héctor Martín Sturla Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Agricultura y Pesca

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°. - En todo contrato que se otorgue a partir de la vigencia de la presente ley por el cual una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y el goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, se estará al plazo que fijen las partes, con la limitación que establece el artículo 1782 del Código Civil y sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 2°.

Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los aparceros y subaparceros cuando el dador haya entregado un predio rural.

Art. 2°. - Cuando el referido contrato tenga como destino principal la producción lechera y no se haya estipulado plazo de vigencia o se haya estipulado uno menor a cuatro años, el arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones como tal, tendrá derecho a que el arrendamiento se considere realizado por el término mínimo de cuatro años a contar desde la fecha de celebración del mismo, siendo de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 11 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975.

Art. 3°. - En los contratos referidos en los artículos precedentes las partes intervinientes fijarán de común acuerdo el precio y régimen de reajustes del mismo en su caso.

A falta de previsión expresa respecto del régimen de reajuste del precio, serán aplicables en forma supletoria las disposiciones previstas por los artículos 19 a 23 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975.

Art. 4°. - En los contratos a que refiere la presente ley no serán aplicables las disposiciones previstas por las siguientes normas: artículos 1°, 3°, 11 a 18, inclusive (Capítulo III), 61, 63, 64 y 66 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, y artículos 3° a 6°, inclusive, del Decreto-Ley N° 14.495, de 29 de diciembre de 1975.

Art. 5°. - Los contratos celebrados e inscriptos a partir de la vigencia de la presente ley, quedarán, al término de los mismos, sujetos a los procedimientos de desalojo previstos por el artículo 546 del Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988).

Los plazos de desalojo serán los indicados en el artículo 546.3 del referido Código, y en el artículo 41 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, según corresponda por el destino del contrato.

Art. 6°. - En todo contrato que se celebre al amparo de la presente ley las partes deberán cumplir con las normas que establezca el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 5) y 8) del artículo 3° del Decreto-Ley N° 15.239, de 23 de diciembre de 1981.

El incumplimiento del arrendatario, subarrendatario, aparcero o subaparcero a las referidas obligaciones, certificado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, será causal de rescisión del respectivo contrato.

Declarada la rescisión del contrato, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 58 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975.

Art. 7°. - Sustitúyese el artículo 7° del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, por el siguiente:

"ARTICULO 7°. - La inscripción estará a cargo del tomador del predio, sin perjuicio de que pueda realizarla el arrendador, si aquél no lo hiciere, y se regirá por las normas contenidas en la Ley N° 10.793, de 25 de setiembre de 1946, modificativas y concordantes".

Sala de la Comisión, 10 de junio de 1991.

Omar Urioste (Miembro Informante), Danilo Astori, Reinaldo Gargano, (Discordes), Raumar Jude, Carlos Julio Pereyra, Juan Carlos Raffo. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Agricultura y Pesca

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, por mayoría de sus miembros, aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley sustitutivo al sancionado por la Cámara de Representantes el 18 de setiembre de 1990, referente a la modificación del régimen jurídico aplicable a los contratos de arrendamientos rurales y de aparcería.

Dicho proyecto de ley sustitutivo es básicamente el mismo que recibiera sanción en la Cámara de Representantes, con la salvedad de que se ha incorporado un artículo, el segundo, que establece un plazo mínimo de cuatro años aun si se hubiere pactado uno menor o ninguno, para los contratos que tengan como destino principal el de producción lechera.

Las demás modificaciones son meramente de redacción y de numeración del articulado, que sólo tienen por objeto adaptar el mismo a la situación creada por la incorporación de una nueva norma contenida en el artículo segundo del proyecto de ley sustitutivo.

El artículo 1° consagra para los contratos que regula, la libertad de contratación en materia de plazos, con un máximo de quince años conforme a lo dispuesto por el artículo 1782 del Código Civil.

El artículo 2° dispone que cuando los contratos comprendidos tengan por destino principal el de producción lechera, el arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones tendrá derecho a que el contrato se considere realizado por un plazo de cuatro años, aun cuando las partes hubieran estipulado uno menor o no hubieren previsto plazo alguno de vigencia.

El artículo 3° deja librados a la voluntad de las partes la estipulación del precio y, en su caso, el sistema de reajuste a aplicar.

Supletoriamente y en el supuesto de que nada se hubiere previsto respecto al reajuste, declara aplicables los artículos 19 a 23 del Decreto-Ley N° 14.384, que autorizan a las partes a convenir su modificación y, en defecto de acuerdo, a plantear su revisión en vía judicial.

El artículo 4°, declara la inaplicabilidad de las disposiciones que en él se citan, a los contratos celebrados con posterioridad a la vigencia de la ley y el artículo 5°, establece normas procesales relativas a la restitución de los predios al término de los contratos, remitiéndose al artículo 546 del Código General del Proceso.

El artículo 6° sujeta las partes a las normas que en materia de manejo de sueldos y aguas establezca el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, previéndose incluso, las rescisión del contrato si el tomador del predio incumpliera sus obligaciones al respecto.

Finalmente, el artículo 7° sustituye la redacción del artículo 7° del Decreto-Ley N° 14.384, invirtiendo la carga de la inscripción del contrato que en adelante recaerá en el tomador del predio, sin perjuicio de la potestad del arrendador de realizarla si aquél no lo hiciere.

Este proyecto de ley ha tenido iniciativa del Poder Ejecutivo, luego de un análisis técnico realizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la realidad actual del sistema de explotación agropecuaria.

Este análisis ha tenido como fin buscar los mejores mecanismos para facilitarle a quien está capacitado para la explotación agropecuaria, tenga acceso a la tierra, por todas las formas imaginables. Objetivos que podrán alcanzarse si en los arrendamientos, las partes contratantes tienen total libertad para realizar el contrato con plazos y precios según lo convengan.

Las leyes vigentes que también han tenido como fin promover el asentamiento de productor rural, asegurándoles un plazo mínimo, no han logrado ese resultado, sino que han retraído la oferta de campos para arrendamientos y aparcerías. Sustituidos por formas precarias de tenencia, o formas simuladas, que desvirtuaron los fines buscados.

La excepción para la explotación lechera, se ha entendido pertinente en razón de las especiales características que poseen tanto dicho tipo de producción como los ajustes de precio y formas de pago que les son propios.

La aprobación de este proyecto de ley aparejará gran beneficio a la agropecuaria, y a los productores en particular, en la medida que el consagrar la libertad de contratación, tendrá por efecto ineludible un considerable aumento en la oferta de tierras en arrendamiento, reestableciéndose así un negocio jurídico que hoy se halla en vía de extinción.

Con ello, se asegurará a los tomadores de predios rurales una mayor estabilidad, por cuanto ya no serán necesarios los pastoreos simulados y otras formas de contratación accidentales adoptadas en el presente, que impiden, por su propia inseguridad, planificar y desarrollar mejoras en los sistemas productivos.

Por las razones expuestas, vuestra Comisión aconseja al Senado la aprobación del proyecto de ley sustitutivo que se adjunta.

Omar Urioste (Miembro Informante), Raumar Jude, Carlos Julio Pereyra, Juan Carlos Raffo. Senadores

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Agricultura y Pesca

INFORME EN MINORIA

Al Senado:

Los Senadores abajo firmantes, hemos resuelto no acompañar con nuestro voto el Anteproyecto de le oportunamente enviado con media sanción por la Cámara de Representantes, por las razones que se explicitan a continuación:

1. - El referido Anteproyecto –sometido a consideración del Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo- parte de la tesis central de que existe una importante retracción en la oferta de tierras, la que estaría motivada por los efectos negativos derivados de la normativa vigente, tanto en materia de plazos como de precios.

En defensa de este argumento, el Poder Ejecutivo ha aportado datos que, a nuestro entender, no resultan suficientemente confiables, pues son plenamente controvertidos por cifras más fidedignas aportadas por otros organismos del Estado (caso DI.CO.SE., por ejemplo). En base a estos datos, resulta que en realidad la reducción del volumen de tierras sería levemente superior al 10%, cifra alejada de aquellas manejadas por el Poder Ejecutivo.

Y, sin perjuicio de ocuparnos, más adelante, del tema de los plazos, conviene decir desde ya que en materia de precios, la normativa vigente en modo alguno impide la realización de acuerdos sobre el particular. Así lo dejó asentado, fuera de toda duda, el doctor Gelsi Bidart, Catedrático de Derecho Agrario, en ocasión de su comparecencia ante la Comisión. Pero, además, la ley vigente establece un mecanismo de corrección de precios, capaz de proteger al arrendatario ante contingencias perjudiciales, mecanismo que, a nuestro entender de manera inconveniente, la ley proyectada deja sin efecto.

2. - El anteproyecto en discusión elimina también otros aspectos que consideramos beneficiosos de la ley vigente, a saber:

- Se elimina el criterio general de regulación de los contratos;

- Se elimina casi por completo el régimen de plazos;

- Se elimina el derecho preferencial de compra por parte del arrendatario.

3. - No compartimos la filosofía general contenida en el Anteproyecto, estructurado –al decir del doctor Gelsi Bidart- sobre "bases propietaristas", o sea, apuntando más a preservar la propiedad del bien que a afincar al productor a la tierra. Desde nuestra óptica, el proyecto debería asentarse sobre "bases productivas", es decir, preferenciando a quien trabaja la tierra y no a quien simplemente la posee, única forma de estimular realmente una mayor producción.

4. - En lo que respecta a los plazos, el Anteproyecto en discusión –con la sola excepción del sector lechero- impulsa la "libre contratación", lo cual conlleva a una total desregulación de los contratos, en directo perjuicio del arrendatario. En efecto, esta "libre contratación" hará que vayan perdiendo jerarquía los CONTRATOS DE MEDIANERIA, desplazándose los acuerdos hacia CONTRATOS ANUALES O CONTRATOS POR DOS COSECHAS, lo cual traerá como inevitable consecuencia el progresivo alejamiento de la tierra por parte del productor (acelerando el proceso de despoblamiento de nuestra campaña, por todos conocido).

La desregulación de los contratos, traerá aparejada, además, una incidencia negativa sobre el CREDITO BANCARIO de los productores arrendatarios, por cuanto dichos créditos están directamente vinculados al tiempo de permanencia del productor en la tierra (a mayor tiempo de permanencia, mayores posibilidades de recuperación del créditos por parte de la Entidad prestataria).

5. - Como se sabe, el Anteproyecto en discusión, por acuerdos surgidos en el seno de la Comisión del senado, otorga un plazo especial para el sector lechero, mejorando para este sector los términos oportunamente aprobados por la Cámara de Representantes. Si bien el plazo de 4 años recoge –aunque no completamente- las inquietudes planteadas por el sector, el mismo nos merece algunas objeciones:

a) La norma especial acordada, tiene la limitación enorme de reconocer las necesidades de un solo sector productivo, desatendiendo los intereses de los restantes sectores, muchos con similares necesidades en materia de plazos.

b) La disposición mencionada no va a cambiar para nada la cuestión de la falta de oferta de tierras, sobre todo porque no ataca una de sus causas fundamentales: la tributación que rige las actividades agropecuarias.

c) Si bien la norma que estamos comentando beneficia a uno de los sectores más duramente afectados por el nuevo régimen, a nuestro juicio no resuelve en forma eficiente la cuestión de los plazos para el sector lechero. Producto de una transacción entre las demandas de las organizaciones gremiales (Asociación Nacional de Productores de Leche e Intergremial de Productores de Leche) –demandas respaldadas por todo el espectro político con representación en los dos Departamentos fundamentales de la Cuenca Lechera (Florida y San José)- y los sectores políticos-partidarios que abogan por la libre contratación, el plazo de cuatro años no es suficiente para que un productor sin tierras se arriesgue a contratar un plazo tan breve, dada la magnitud de las inversiones que deben realizar para incorporarse a la producción.

d) La norma puede incluso resultar perjudicial para el pequeño y mediano productor lechero arrendatario –el 50% de los productores- cuyo contrato haya vencido, quienes de hecho quedarán a merced de las exigencias de los propietarios de las tierras.

6. - En materia de "Conservación de suelos", el Anteproyecto que viene con media sanción de Diputados legisla sobre el tema de manera que consideramos incorrecta, tal como fuera demostrado en ocasión de la comparecencia de los doctores Gelsi Bidart y Guerra ante la Comisión. Por otra parte, la norma que propone considerar como PRUEBA FEHACIENTE la certificación extendida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tendría, en opinión de la Cátedra de Derecho Agrario, un carácter abiertamente INCONSTITUCIONAL. A propósito de esto, en un proyecto redactado por el doctor Guerra y presentado ante la Comisión, se corregía este aspecto de manera conveniente, siendo ello desestimado por la mayoría de la Comisión. En todo caso, la importancia del tema de la conservación de los recursos naturales del país, daría mérito a considerar esta norma como punto de partida perfeccionable en el futuro.

7. - Con relación a la llamada "Preeminencia de la voluntad de las partes", debemos decir que, contrariamente a los que se asevera por parte de quienes impulsan una modificación de la normativa vigente, la misma no sólo no se elimina con la ley actual sino que se preserva, dándole el necesario equilibrio entre las partes que contratan. El Anteproyecto en consideración, vuelve preeminente la voluntad de una de las partes -el arrendador- propietario de un bien social -la tierra- que no trabaja personalmente.

8. - Finalmente, y con respecto al tema "Resolución del Contrato", debemos señalar que, en casos de INCUMPLIMIENTO, la ley vigente establece mecanismos que consideramos idóneos para que pueda llegarse rápidamente a la resolución del contrato y recuperación del bien por parte del propietario. Ello se logra, asimilando la situación de incumplimiento de parte del arrendatario, a la de "incumplimiento en el pago", actuándose entonces mediante intimación. No se trata, pues, de que en cualquier caso puedan extenderse los plazos más allá de la voluntad de una de las partes -el arrendador- como sugieren los impulsores de la nueva ley.

No obstante lo señalado, los Senadores firmantes de este "INFORME EN MINORIA" reconocen que debe hacerse una readecuación de los actuales plazos, en función de las especificidades productivas de que se trate. Lo que no resulta en modo alguno aceptable, es la eliminación lisa y llana de todo tipo de plazos para la mayoría de los sectores productivos, tal como ha acordado mayoritariamente la Comisión.

Por las razones que anteceden, los Senadores firmantes -representantes del Frente Amplio en la Comisión- votarán en forma negativa el texto avalado por la mayoría de la Comisión. Reconocemos como mucho más adecuadas a nuestra visión de la problemática de los Arrendamientos Rurales, aquellas soluciones contenidas en el proyecto oportunamente presentado ante la Comisión por el doctor Guerra, las cuales resultan en buena medida adecuadas para resolver la mayoría de los problemas actualmente planteados.

Danilo Astori, Reinaldo Gargano. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

9) OCUPACION DE MUJERES GRAVIDAS EN TRABAJOS INSALUBRES. Licencia por maternidad. Descanso a trabajadores que adopten niños. Medidas de amparo.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: dado que el punto que figura en segundo término del orden del día fue considerado en el día de ayer, quedando pendiente sólo el tratamiento de su artículo 3°, sugiero -si el Cuerpo está de acuerdo- alterar el orden del día, pasando de inmediato al análisis de dicha disposición, que creo que no nos insumirá tanto tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: queremos recordar que en el día de ayer se acordó proceder a una nueva redacción de esta disposición –que creemos es el último artículo del referido proyecto de ley- a los efectos de habilitar un pronunciamiento del Cuerpo.

Preguntamos, pues, si hubo acuerdo con respecto a la redacción, o si procederemos a elaborarla en el Pleno.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea aclarar que se acaba de proponer dicha redacción que, en estos momentos, se está haciendo circular entre los miembros de la Comisión.

SEÑOR SANTORO. - Eso demuestra la eficiencia de la Presidencia.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Solicitamos al señor senador Pérez, en consecuencia, que deje pendiente por unos momentos su sugerencia, a fin de poder leer el texto que la Presidencia ha hecho circular.

SEÑOR PEREZ. - Con mucho gusto.

10) ARRENDAMIENTOS RURALES Y APARCERIA. Se modifica el régimen jurídico vigente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión general del proyecto de ley que figura en primer término del orden del día.

SEÑOR URIOSTE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR URIOSTE. - Señor Presidente: el proyecto de ley que hoy nos ocupa ha tenido iniciativa en el Poder Ejecutivo, persiguiendo objetivos muy precisos. En la Cámara de Diputados ya obtuvo media sanción, y la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca lo aprobó en mayoría, pero con algunas modificaciones.

Es sabido que el régimen vigente no ha sido instrumento útil para el cumplimiento de los fines originariamente previstos sino que, por el contrario, las normas de carácter fuertemente intervencionistas han significado, en los hechos, un obstáculo para la permanencia del productor en la tierra y para aumentar y mejorar la producción, a pesar de ser todo esto un fin proclamado a texto expreso en varias de sus disposiciones.

Para el cumplimiento de tal fin, no basta con la voluntad, sino que es menester que las disposiciones que regulan las diversas modalidades de tenencia y explotación de la tierra, guarden la debida relación con la realidad, que sólo es posible en un marco general de libertad y racionalidad, donde los agentes económicos sean los verdaderos protagonistas de su destino.

La libertad de elegir y la libertad de decir que hoy gozamos plenamente, debe complementarse con la libertad de hacer, y ésta no siempre existe, tal como sucede con el mercado de arriendos de campos para la explotación rural.

Creemos que si este proyecto, al que estamos haciendo referencia, resultara aprobado, daríamos un gran paso en la libertad de hacer en esta materia, dando un marco adecuado para lograr lo que todos, sin excepción, estamos buscando.

En efecto, no desconocemos que la actual legislación fue instrumentada con la mejor intención de promover la estabilidad y permanencia de los productores, especialmente pequeños y medianos, pero la desmesurada extensión de los plazos y la incertidumbre que conlleva asumir compromisos a ejecutar en diez años, determinó una dramática retracción de tierras en arrendamientos y, además que proliferara toda suerte de contratos accidentales, como los celebrados por una sola cosecha o por pastoreos de once meses.

Además, no debemos olvidar que entre los datos estadísticos que ya confirman esta tendencia, se registran muchos contratos, cuya cantidad no refleja una realidad, sino que son situaciones simuladas para resolver problemas de retiro de los titulares, o para buscar disminuir la presión tributaria con sus escalas progresivas.

En definitiva, el sistema vigente colabora con el estancamiento del sector, agudiza los defectos en la conservación de suelos y dificulta ciclos de producción completos, que pudieran complementarse, en beneficio mutuo, con las distintas actividades rurales.

Esta situación es la que ha llevado al Poder Ejecutivo a propiciar un cambio en las leyes de arriendo, sin perjuicio de seguir considerando a la propiedad como la forma de explotación ideal, leyes que contemplen de igual forma las necesidades de quienes, aun sin disponer de tierras, cuenten con los instrumentos y capital necesarios para desarrollar una explotación agropecuaria que, con el tiempo, les permita, también, acceder a la propiedad.

Para dinamizar el mercado de arriendo de tierras, es necesaria la consagración de la autonomía de la voluntad de las partes en la fijación de los elementos fundamentales del contrato: el plazo, el precio y el sistema de reajuste del mismo. El mercado de arriendo se incrementará en base a un interés común, en donde los contratantes persigan intereses legítimos, con el fin de mayores rendimientos económicos, que por extensión beneficiarán al país.

Esta necesidad de cambio en la legislación a la que estamos haciendo referencia, también ha sido claramente expresada por las gremiales de productores. Pronunciamientos conjuntos de la Asociación y Federación Rural expresan textualmente: "en lo que se refiere a los arrendamientos rurales específicamente, fue durante muchos años la forma más práctica más idónea, de acceso a las tierras por parte de gente sin grandes recursos jóvenes, capataces, etc. Y en general, de cualquier persona sin capital suficiente para comprar un campo pero sí para poblarlo. Esta forma de explotación permitía ahorros, que con el tiempo, facilitaban al arrendamiento adquirir el campo que ocupaba u otro cualquiera. Ello naturalmente facilitaba una movilidad socioeconómica positiva para la producción y para el país.

La excesiva protección (plazos mínimos extensos, obligatorios, y leyes de prórroga de desalojos y lanzamientos) que las normas legales de 1950 brindaron a los arrendamientos existentes (que estaban ocupando campos), terminó por eliminar la posibilidad de aquellos que en un futuro, pudieran aspirar a iniciar una explotación rural, vía arrendamiento. Muy pocos propietarios estaban dispuestos, en estas condiciones, a entregar su campo por tiempo indefinido. Sin embargo hay dueños de tierras que por haber terminado su ciclo como productores, o por cualquier otro motivo, desean obtener una renta razonable, sin explotar directamente ni correr los riesgos del negocio.

Estos son conceptos que también compartimos plenamente.

Pero también debemos agregar, que algunas gremiales de productores lecheros, que acudieron a nuestra Comisión, manifestaron no compartir la idea de liberar totalmente el régimen de arrendamientos rurales, sino que, por el contrario, han expresado su interés en que se mantengan en la ley plazos mínimos en los contratos, a efectos de poder desarrollar con mayores posibilidades sus explotaciones.

Este enfoque, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, no lo desestimó, sino que, por el contrario, lo tuvo en cuenta parcialmente.

Nuestro apoyo al proyecto a estudio, no implica que estemos asegurando resultados positivos, sino ofreciendo solamente instrumentos que permitan a los agentes económicos, encontrar soluciones, optando por las más variadas formas de contratos, sin las limitaciones que la ley actual establece.

Tanto quienes apoyan esta iniciativa, como quienes no la comparten, reconocen en su gran mayoría, que actualmente el mercado de arriendos casi no existe, y que la libre contratación necesariamente provocará una mayor oferta de campos a ese efecto.

Si eso sucede, tal como la lógica aconseja tendremos el camino abierto, para que la empresa agropecuaria, que no dispone de campo propio, encuentre en esa mayor oferta, la mejor manera de acceder a la tierra.

Vendrán entonces a actuar, los distintos factores que naturalmente forman parte de los acuerdos entre las partes contratantes, el precio, el plazo, el tipo de sueldos y su índice de productividad, rubros de explotación, formas de ajuste de precios, extensión de campo, ubicación, etc.

Y si es lógico pensar que con la libertad de contratación aumentará la oferta, no lo es, de ninguna manera, pensar que sólo se ofrecerán campos para arrendar por plazos cortos de 2 ó 3 años, sino que serán muchas veces de interés del propietario, tener mejores beneficios con contratos más largos, incluso y con más razón, aquellos predios aptos para la explotación lechera.

¿Quién puede suponer que a un propietario no le conviene hacer un contrato por más de dos o tres años, si logra que el arrendatario haga praderas, construya galpones, alambrados, aguadas, fertilice la tierra, etc. a cambio de ofrecerle el campo por plazos más largos?. Y con más razón si con esas mejoras, se logra que con el tiempo pueda aumentar la capacidad de pago para mejorar el precio de la renta.

La libre contratación permitirá lograr lo que se está buscando; la radicación de los productores, su capacitación técnica, aumento de la producción, protección y buen uso del suelo, créditos, uso de campos con capacidad ociosa, aumento de las posibilidades de acceso a ocupar campos a pequeños productores.

Quiero mencionar brevemente algunos ejemplos que son bien claros y conocidos para quienes saben de actividades rurales, ejemplos de distintos situaciones, que con la libre contratación se verían resueltas favorablemente, y que hoy son imposibles de concretarse.

El productor que por razones de edad o salud, debe dejar de trabajar, podrá arrendar su campo sin riesgos de perder la disponibilidad, o ver reducido notoriamente el precio de venta. Hoy lo tiene que vender si deja de trabajar; no tiene así retorno al campo, ni para él ni para sus familiares. Pero si lo arrienda, deja esa posibilidad abierta. Del núcleo familiar, alguien podrá volver a su campo cuando esté en condiciones de hacerlo. Este ejemplo de emigración lo vemos casi constantemente.

Otro ejemplo es el del productor ganadero que enfrenta dificultades económicas y debe vender parte de la hacienda productiva, no puede arrendar parte del campo por 6 ó 10 años -de ninguna manera- pero sí por algunos años hasta que lo pueda repoblar. Actualmente, sólo puede hacer sucesivos pastoreos de 11 meses, con la inseguridad que esto implica tanto para el dueño del campo como para el ocupante o, cambio, dejar que el campo quede vacío, con capacidad ociosa y perdiendo calidad de pasturas. Con la libre contratación, puede disponer de ese campo, sacarle renta, y si es apto, puede arrendarlo a algún agricultor que lo use y lo deje mejorado.

Son muchos los ejemplos de productores que se iniciaron con pequeños capitales arrendando campo y hoy tienen una importante empresa, pero eso fue en tiempos lejanos. En el sistema actual, no tienen esas posibilidades, incluso, son muchos los casos de peones o capataces que podrían arrendar pequeñas extensiones. Y es más, el propio patrón podría arrendar fracciones a algún integrante de su personal, con las ventajas para ambas partes: seguridad de empleo, mejores ganancias para el trabajador, con esperanzas de un futuro mejor, y para el patrón una forma de estimular a su trabajador, sin tener que quedar sin su colaboración. Pero difícilmente puedan hacerse contratos que obliguen a 10 años de permanencia.

El sector agrícola en gran medida, trabaja en un régimen de medianería, con los inconvenientes propios de los plazos a una o dos cosechas, tales como la dificultad de obtención de créditos, como el mal uso de la tierra, por la necesidad de extraer el mayor rendimiento en poco tiempo priorizando lógicamente este interés, a la conservación del suelo.

No cabe duda que la oferta de campos para arrendar, por períodos más largos, permite que estos inconvenientes se puedan ir resolviendo.

Pero además no podemos olvidar que el futuro Mercado Común provocará algunos cambios, que serán de mayor o menor magnitud en función de cuál sea el sector involucrado. Por lo tanto, es necesario tratar que los sectores productivos cuenten con los mecanismos que crean necesarios para hacer algunas transformaciones que les permitan adecuarse a las circunstancias futuras.

La agricultura y la ganadería, no cabe duda, también enfrentarán dificultades. No serán los únicos, por supuesto, pero sí, creo, que a estos dos sectores, un régimen de libre contratación de arrendamientos, por su flexibilidad, les vendrá bien, ya que habilitará mucho más fácilmente la necesaria integración de la agricultura y la ganadería, cosa imposible en la rigidez del régimen actual.

Posiblemente muchos agricultores se encontrarán con que lo que actualmente producen no será competitivo en el nuevo mercado, y también muchos ganaderos tendrán que intensificar sus rendimientos, aumentando la capacidad forrajera, para aumentar la tasa de extracción que actualmente es muy inferior a la de los países vecinos.

Son muchas las tierras que actualmente se dedican exclusivamente a la ganadería con pasturas naturales. Ellas pueden ser aptas para ser trabajadas combinadamente, de forma tal, que sin degradarlas, puedan producir lo suficiente para que los empresarios que cuentan con tecnología y maquinarias, las trabajen un corto tiempo, librándolas de maleza, fertilizándolas e implantando praderas que luego el productor ganadero aprovechará en beneficio de su producción.

Este sistema puede funcionar, pero no con medianería de una o dos cosechas, que no le sirve al agricultor por la inseguridad y por la falta de capacidad para lograr préstamos. Tampoco le sirve al ganadero con contratos hasta 10 años, porque sería embarcarse en hacer algo nuevo, desconocido, obligándolo a muy largo plazo.

Con esta integración se lograrían rentas reducidas para el agricultor, y para el ganadero, mejoras de campos y tecnología, a menores costos.

¿Quién puede tener dudas de que es imperiosamente necesario aumentar el índice de extracción de hacienda para abastecer una industria frigorífica que lucha con su sobre dimensión, con su endeudamiento y para que sus obreros no vayan a seguro de paro gran parte del año?.

El razonamiento también vale para las zonas agrícolas, que necesitan en los períodos de descanso de sus tierras, del pastoreo de haciendas que les permita la recuperación necesaria para proseguir con la producción cerealera.

Pensando ya a más largo plazo, y confieso también que con cierto optimismo, no podemos descartar, que una libre contratación podría estimular a algunos ahorristas a optar por la compra de campo en vez de invertir en valores o en plazos fijos, si con ello pudieran obtener una renta razonable y además la posibilidad de vender sus campos cuando lo deseen, sin que se deprecien por los largos contratos de arrendamientos.

Por último, otro ejemplo, en donde tampoco es posible hacer contratos con el régimen vigente. Me refiero a los campos que han sido adquiridos para forestación, en donde, con los cambios propuestos, el empresario sin interés ganadero, podrá hacer contratos con plazos adecuados al plan de plantación, de tal manera que el predio que todavía no plantó, se lo pueda utilizar con ganados que mantengan las pasturas bajas, para facilitar el futuro trabajo del control de hormigas y de arada, que serán necesarios. También después de plantados, y a menos de un año, se podrán pastorear con lanares y luego con vacunos, que también mantendrán el monte libre de malezas entre filas, cortafuegos y zonas que no sean aptas para forestar. Es evidente que estos contratos no se pueden hacer por 10 años, pero sí, se pueden adecuar a los intereses de las partes, logrando beneficios para ambas, en vez de tener sin haciendas, campos que pueden ser muy útiles especialmente en invierno. Creemos que por el incremento que actualmente se aprecia en la forestación, se justifica prestar especial interés a este tipo de contratos de arrendamientos.

Sintetizando el contenido del proyecto, diremos que el artículo 1° consagra la autonomía de la voluntad de las partes para fijar los plazos en los arrendamientos.

El artículo 2° establece una sola excepción que está referida a la producción lechera, que cuando ese sea el destino principal de la explotación, el plazo no será inferior a 4 años.

Lo que dispone este artículo se explica por las muy especiales características que posee la explotación lechera, y que la diferencian de otras actividades agropecuarias, y que al propietario ofrece mejores posibilidades, en cuanto a la forma de cobro y reajuste de los precios de los arrendamientos.

En el artículo 3° se establece para todos los contratos que las partes intervinientes fijarán de común acuerdo el precio y el régimen de ajuste; previéndose, supletoriamente, la aplicación de los artículos 19 a 23 del Decreto-Ley N° 14.384; si no se hubiese estipulado la actualización del mismo.

El artículo 4° declara la inaplicabilidad de las disposiciones que en él se citan, a los contratos celebrados con posterioridad a la vigencia de la ley.

El artículo 5° ratifica las normas procesales actualmente en vigencia, relativas a la restitución del predio al término de los contratos.

El artículo 6° exige el cumplimiento de las normas en materia de conservación de suelos que disponga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para el caso de eludirse esas obligaciones, preve la rescisión del contrato.

En el artículo 7° se establece que la inscripción del contrato estará a cargo del arrendatario sin perjuicio que lo pueda realizar el arrendador.

Señor Presidente, terminamos nuestra exposición repitiendo que con la aprobación de este proyecto, no pretendemos resolver los problemas que se plantean e la tenencia, explotación y producción de nuestros campos, sino que sólo pretendemos ofrecer un mayor ámbito de acción para que los interesados busquen las mejores soluciones; disponiendo de mayor libertad de hacer.

Por lo expuesto, la Comisión de Ganadería y Agricultura recomienda en mayoría la aprobación de este proyecto por el Senado.

11) OCUPACION DE MUJERES GRAVIDAS EN TRABAJOS INSALUBRES. Licencia por maternidad. Descanso a trabajadores que adopten niños. Medidas de amparo.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Formulo moción -reiterando la que habíamos propuesto- en el sentido de pasar a considerar el artículo 3° del proyecto que está en segundo término del orden del día relacionado con la situación de las mujeres embarazadas, teniendo en cuenta que hemos consultado con los compañeros de Comisión al respecto, y, coincidimos con la propuesta del señor Presidente del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

En consideración el asunto que figura en segundo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se prohíbe la ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres, se extiende el beneficio de licencia por maternidad y se concede un período de descanso a las trabajadoras de la actividad pública o privada que adopten niños. (Carp. N° 480/91 – Rep. N° 253/91)".

(Antecedentes: ver 43ª S.O.)

Continúa la discusión particular.

En consideración el artículo 3°.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Si el Senado está de acuerdo, propongo que se dé lectura al artículo 3° del referido proyecto y, posteriormente, se efectúe la votación.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - En virtud de que el señor Presidente no puede formular moción –pese a lo cual se ha tomado el trabajo de hacer una nueva redacción que, indudablemente, es mejor que la proveniente de la Comisión- hacemos nuestra esta propuesta elaborada por él y pediríamos que se diera lectura a la misma por no haber sido aún distribuida a todos los señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 3°.

(Se lee:)

"ARTICULO 3°. - Prohíbese la ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres o en circunstancias que puedan afectar su proceso normal de gestación.

Las trabajadoras que se beneficien por dicha prohibición no podrán, por esa única razón, ser despedidas, afectadas o perjudicadas en sus demás derechos funcionales ni postergadas en su carrera administrativa".

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: agregaría en la propuesta el artículo 4° del que también solicitaría su lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee:)

"ARTICULO 4°. - El Poder Ejecutivo reglamentará la precedente disposición en un plazo de ciento veinte días".

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Quisiera saber si el plazo fijado en el artículo 4° se refiere, exclusivamente, al artículo anterior.

SEÑOR PRESIDENTE. - Efectivamente, así es. En la sesión de ayer se dijo –como recordará el señor senador y el resto del Cuerpo- que era difícil determinar la segunda hipótesis de la prohibición pues los trabajos insalubres están definidos en la ley pero no sucede lo mismo con los "peligrosos" y "pesados", referencia que se sustituyó por el giro propuesto por el señor senador Abreu: "circunstancias que puedan afectar su proceso normal de gestación". Cuando el señor senador Abreu realizó esta propuesta, creo que también agregó que se le daría un plazo al Poder Ejecutivo para que pudiera reglamentar el artículo 3°, evitando en la práctica situaciones dudosas.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - A fin de complementar mi consulta, deseo preguntar si las mismas consideraciones no son aplicables, también, al artículo 1° que presenta dificultades de definición, es decir, si no sería conveniente hacer extensivo el régimen a los dos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Al respecto, no hay ningún inconveniente. Se dirá que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 120 días, lo cual, además, es una facultad constitucional que éste tiene.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - En general, comparto la nueva redacción. Sin embargo, preferiría que se modificara el segundo párrafo, y donde dice: "por esa única razón" se expresara "las trabajadoras que se beneficiaran por dicha prohibición no podrán, por la exclusiva razón de estar en el proceso de gestación, ser despedidas".

De la lectura del párrafo primero que dice: "Prohíbe la ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres o en circunstancias que puedan afectar su proceso normal de gestación", podría inducirse que por la única razón de ser afectadas a trabajos insalubres o por no destinarlas a otro tipo de trabajo que también afecte el proceso de gestación, serían despedidas.

Me parece mucho más claro que se dijera que las trabajadoras que se beneficiaron por dicha prohibición, no podrán, además, ser despedidas por la única razón de su gravidez y afectadas o perjudicadas en sus demás derechos funcionales y postergadas en su carrera administrativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Creo que la aclaración que se ha propuesto es correcta. Se prohíbe la ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres por circunstancias que puedan afectar su proceso normal de gestación. ¿Cuáles son las trabajadoras que se beneficiarán con dicha prohibición? Las que están grávidas, ya que no podrán, por esa única razón, ser despedidas, afectadas o perjudicadas en sus demás derechos funcionales, ni postergadas en su carrera administrativa. Repito: la redacción es perfectamente clara y se refiere, exclusivamente, a las mujeres grávidas en las circunstancias que este artículo prevé. En ese sentido, comparto la redacción propuesta y, por lo tanto, la voy a votar.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que fue uno de los senadores que ayer propuso agregar un artículo 4° a los efectos de reglamentar las tareas pesadas o peligrosas mencionadas en el artículo 3°. Dije –y hoy se ha repetido- que en cuanto a la insalubridad, parece no haber problemas, porque los trabajos de esa índole están identificados en las normas laborales del país.

Pero con la redacción que el señor Presidente de la Cámara de Senadores propone –y disculpe la alusión- en la que no se habla de trabajos pesados ni peligrosos y lo único que subsiste son las tareas insalubres, no veo la razón de agregar el artículo 4°. Porque o se incluyen nuevamente los trabajos pesados o peligrosos, y entonces sí corresponde la reglamentación, o de lo contrario, no veo la razón de establecer el artículo 4°.

Mi preocupación del día de ayer era la imposibilidad de dar certidumbre a las relaciones laborales incorporando dos expresiones que no tienen una delimitación clara en nuestra legislación ni en la práctica.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como he sido aludido, quiero aclarar que la expresión "trabajos pesados o peligrosos" fue sustituida por otra locución que tiene un grado de generalidad que ameritaría su precisión en una futura reglamentación. Se habla de circunstancias que puedan afectar el proceso normal de gestación, "las que deberán ser determinadas por profesionales de la medicina" y, por lo tanto, no se pueden establecer en la ley. Por eso, creo que la reglamentación es procedente.

Además, está la circunstancia apuntada por el señor senador de Posadas Montero en el sentido de que sería conveniente que el artículo 1° fuera objeto de reglamentación. Diría entonces, esta disposición: "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte días".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3° con la redacción propuesta por el señor senador Cassina.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - He votado afirmativamente en el entendido de que la interpretación que ha brindado el señor senador Silveira Zavala es compartida por todo el Cuerpo.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Deseo señalar que esto que acabamos de aprobar se corresponde estrictamente con leyes que ya fueron aprobadas, inclusive en el mes de octubre del año 1950. Concretamente, estoy hablando de la Ley N° 11.577 que está, en parte, referida a industrias insalubres, que luego toman el tema de la ausencia por estado de gravidez y que en un libro importante del doctor Pérez del Castillo está transcripta con una fundamentación que es la base por la que los jueces laborales y además los de los Tribunales de Apelaciones, deben darle validez a esta ley que tiene relación con la protección de la mujer embarazada.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo 4°.

(Se lee:)

"ARTICULO 4°. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte días".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4°.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1°. - Extiéndase en diez semanas el beneficio de licencia por maternidad de nacimientos múltiples o patológicos, ya sean estos últimos consecuencia de accidentes del parto o enfermedades congénitas. El período de ampliación se contará desde el día siguiente a la finalización del descanso puerperal obligatorio.

Art. 2°. - Todas las trabajadoras que reciban por decisión judicial o de autoridad administrativa competente la tenencia de niños menores de cinco años, a efectos de su adopción o legitimación adoptiva, gozarán de un período de descanso de seis semanas.

Art. 3°. - Prohíbese la ocupación de mujeres grávidas en trabajos insalubres o en circunstancias que puedan afectar su proceso normal de gestación.

Las trabajadoras que se beneficiaren por dicha prohibición no podrán, por esa única razón, ser despedidas, afectadas o perjudicadas en sus demás derechos funcionales ni postergadas en su carrera administrativa.

Art. 4°. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte días".

12) INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL DE MIEMBROS DEL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: como el Cuerpo procedió a interrumpir el debate sobre arrendamientos rurales -y para no volver a hacerlo más adelante- solicito que se declare urgente y que sea considerado de inmediato, un proyecto de ley venido con sanción de la Cámara de Representantes por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de 15 oficiales y suboficiales pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, a los efectos de realizar ejercicios de campo con unidades de infantería del Ejército de nuestro país.

La urgencia radica en el hecho de que la operación está prevista entre el 17 de agosto y el 14 de setiembre de este año.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lamento informar al señor senador que dicho proyecto no ha llegado aún a la Secretaría del Senado; parecería que la Cámara de Representantes todavía no lo ha comunicado.

Si el señor senador Santoro no tiene inconvenientes, podríamos proseguir el curso de la sesión; mientras tanto, haremos la gestión por la vía administrativa correspondiente y si el proyecto viene, lo distribuiremos y ahí sí pasaríamos a considerar su moción de orden.

SEÑOR SANTORO. - De acuerdo, señor Presidente.

13) ARRENDAMIENTOS RURALES Y APARCERIA. Se modifica el régimen jurídico vigente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se modifica el régimen jurídico vigente para los contratos de arrendamientos rurales y aparcería".

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: la cuestión que analiza este proyecto de ley a estudio del Senado de la República es de gran trascendencia para la vida económica del país, por lo que consideramos que tenemos la obligación de pronunciarnos como legisladores y también como ciudadanos atentos a las situaciones vinculadas con el medio rural.

Pensamos que un proyecto de esta naturaleza tiene una radical importancia, por cuanto hace referencia a una de las formas, medios o instrumentos de acceder al uso de la tierra: a los contratos de arrendamiento o de aparcería, a los efectos de alcanzar una actividad productiva a través de su uso y obtener las fuentes de riqueza que, sin duda, gravitan en forma importante en la vida del país.

Como todos sabemos, la producción agropecuaria está -de manera directa o indirecta- relacionada con la economía del país, por lo que va de suyo que el estudio de un proyecto de ley que hace referencia al análisis de una de las formas de acceso a la tierra, recurso natural por excelencia no renovable, es -reitero- transcendente.

En términos conceptuales, cabe plantearse la interrogante de cuáles son las distintas formas de acceso al uso y goce de la tierra. No es nuestro propósito agotar el tema, pero en forma breve nos referiremos a algunas de las distintas maneras de alcanzar ese objetivo.

La primera de ellas es a través del Derecho de Propiedad, que se encuentra regulado en el Código Civil y que en este momento no corresponde considerar. La segunda, en nuestro Derecho, es la colonización.

En el artículo 1° de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948 se establece que por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.

Una tercera forma de acceder al uso de la tierra es a través del contrato de arrendamiento rural que consiste, por definición, en aquel convenio por el cual una de las partes accede al uso de la tierra para destinarla a una explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria y la otra recibe, una contraprestación llamada precio que puede ser dinero o frutos naturales.

Otra forma es el contrato de aparcería, que en esencia es una sociedad en la que una parte pone el precio y la otra lo explota de manera de compartir los resultados, lo que conforma generalmente un porcentaje.

También existen las formas de acceso al uso y goce de la tierra de naturaleza asociativa, como lo son las cooperativas, así como los campos de recría.

Por último, deseo mencionar la medianería como forma de acceso al uso y goce de la tierra. Si bien este proyecto de ley no refiere expresamente a esta importante forma de acceso al uso de la tierra, pienso que desde el punto de vista conceptual debe quedar claro que la medianería consiste en tener a medias tierras, ganado o cultivos, o el conjunto de todos ellos y que, en la práctica, significa que se ponga a disposición de un tercero, determinado predio rural a los efectos de que éste, que dispone de capital, de tecnología y capacidad empresarial, explote ese campo, procurando un resultado económico.

La medianería ha alcanzado una gran importancia en nuestro país, por cuanto a través de ella se puede lograr un desarrollo agropecuario por la vía de la viabilización de los sistemas productivos ganadero – agrícola integrados que, sin duda, deberían ser incentivados por la ley.

Nuestro sistema legislativo carece de una regulación precisa de este tipo de explotación o de acceso al uso de la tierra y, desde nuestro punto de vista, sería muy importante subsanar esto para el futuro.

Reitero, señor Presidente, que la medianería representa una figura empresarial altamente positiva, por los resultados que aporta, que permite una modernización del desarrollo agrícola.

El proyecto de ley que estamos considerando no alcanza a los contratos de medianería. Por lo tanto, considero que es un desafío para este Parlamento procurar en el futuro sancionar una ley que haga posible la existencia de esa forma especial de acceder al uso de la tierra, con la cual, sin ninguna duda, se estaría dando un paso correcto en el sentido de modernizar las explotaciones agrícolas. El proyecto se reduce únicamente a los contratos de arrendamientos urbanos y de aparcería, cuya regulación legal en el pasado tuvo distintas formas de tutela. Al comienzo, existían disposiciones en el Código Civil y, más adelante, en el Código Rural. En ellas se otorgaba libertad a los contrayentes en la conformación de los aspectos fundamentales del contrato. Luego se ingresó en una época en que el legislador tuvo una participación activa en la relación contractual.

¿Cuál fue la razón que motivó al legislador, a partir, fundamentalmente, de 1954, a sancionar las normas tutelares de los contratos de arrendamiento y aparcería? Hubo razones de variada índole, señor Presidente, y sería importante despejar alguna duda que se ha mantenido como una constancia en esta materia. Las normas legales que tutelaban el contrato de arrendamiento se dice que protegían a la parte supuestamente más débil de la relación –que sería el arrendatario- contra los de mayor poder económico que sería el propietario. Esa es una creencia que se ha mantenido hasta nuestros días. De la lectura de la versión taquigráfica de la discusión legislativa de 1954, surge sin embargo que entre los motivos que guiaron a los legisladores a aprobar esta ley está, el evitar, de alguna manera, que se formaran lo que se llamó "el latifundio de los arrendamientos". Ese fenómeno consistía en que arrendatarios poderosos arrendaban los predios propiedad de pequeños y medianos productores y luego, a través de la explotación de los mismos y por el contrato de arrendamiento, establecían sus condiciones para adquirir las tierras de esos propietarios. De manera que, a través de la tutela de la ley de contratos de arrendamientos rurales, no necesariamente se persigue dar una ventaja a la parte supuestamente más débil –el arrendatario- porque existe un ejemplo concreto en la legislación pasada de que se hizo exactamente lo inverso, o sea proteger a los pequeños propietarios de los grandes arrendatarios.

Cualquiera fuera el propósito perseguido, esta legislación protectora o tuteladora, en esencia, se reducía a contemplar a dos protagonistas: el propietario y el arrendatario. Desde nuestro punto de vista, ese enfoque estático de las relaciones humanas y de la economía, que en los hechos sin duda es mucha más compleja, estaba desamparando o ignorando a otro protagonista de la ecuación económica, tan importante como los anteriores, que es el aspirante a acceder a la tierra a través de un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Por cuanto al considerar la relación humana y personal que se está tutelando como involucrando solamente a propietario y arrendatario, necesariamente se provoca una reducción en la oferta de tierras que, al configurarse, crea dificultades para que el aspirante acceda al uso de tierras mediante el arrendamiento.

Aquí ingresamos en otro aspecto que es muy importante a los efectos de formarnos una opinión con respecto a la necesidad de cambiar el régimen legal vigente. Hemos afirmado que la existencia de estas leyes tuteladoras ha llegado a una reducción en la oferta de las tierras para arrendar. Entonces, la pregunta que debe seguir es: ¿cuál es la situación actual en materia de arrendamientos rurales?

A los efectos de formar opinión al respecto –reitero- es muy importante tener una visión clara de cual es la situación actual en materia de arrendamientos. Los datos que vamos a proporcionar al Cuerpo nos han sido suministrados por los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y presentan el siguiente cuadro. Si tomamos en cuenta el porcentaje de predios arrendados sobre el total de los explotados en el país, de acuerdo con el censo de 1961, surge que aquellos constituían el 29.2%. En el censo de 1986, 25 años después, las cifras indican que el porcentaje de predios arrendados sobre el total equivale a 14.4%, lo que significa una reducción de más del 50% en el total de predios explotados mediante arrendamiento.

Por otra parte, si tomamos en cuenta el número de hectáreas explotadas por la vía de contrato de arrendamiento, de acuerdo con el censo de 1961, la cifra era de 4:670.000; en 1986 el número de hectáreas es de 1:859.000, lo que equivale, en el lapso de 25 años, a una reducción del 60% de hectáreas explotadas bajo la forma de contrato de arrendamiento.

Estos dos datos, señor Presidente, nos brindan un diagnóstico muy claro de cuál ha sido el resultado de la situación existente en el curso de ese cuarto de siglo.

En el sector de la granja que, como sabemos, reviste especial preocupación para muchos señores legisladores así como para quien habla, la situación es más confusa y, diría, más dramática. En efecto, si analizamos un informe que nos fue proporcionado por el Plan Granjero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se dice, entre otras cosas, que el sistema de arrendamientos rurales en el sector no se halla muy difundido. Estos datos no nos llaman la atención por cuanto quienes recorremos las zonas de Canelones desde hace muchos años, hemos podido experimentar que el contrato de arrendamiento de granjas es inexistente.

En conclusión, pues, podemos afirmar que en el medio rural, en general, la forma de acceder a la tierra mediante el contrato de arrendamiento tiende a desaparecer. Y no me refiero ya a que se ha producido una drástica reducción en el número de predios, áreas o hectáreas arrendadas -que aparece clara en la relación de los censos de 1961 y de 1986- sino que, además, reitero, se debe afirmar que tiende a desaparecer.

Esta situación negativa reclama ser revertida de forma que el arrendamiento rural vuelva a tener el protagonismo del pasado, como vía de acceder al uso y goce de la tierra. Sin duda, la acción legislativa es uno de los medios para contribuir a revertir dicha situación, sin perjuicio de reconocer que existen otros medios, tales como el mejoramiento de los precios de la producción agrícola, la facilidad para el acceso al créditos, la posibilidad de rebajar la presión tributaria y tantos otros capaces de ampliar la capacidad de utilización de la tierra por la vía del contrato de arrendamiento. De cualquier modo, la ley juega un papel importante en ese proceso de reversión de la situación actual, que todos debemos procurar. Y esta situación, señor Presidente, debe revertirse, por cuanto en la realidad se ha tornado perversa. En efecto, si analizamos la escasa oferta de tierras existente por la vía del contrato de arrendamiento, podemos observar que ella ha provocado situaciones contrarias al interés general, al interés público. Además, son también contrarias a la intención que tuvieron los legisladores que votaron en 1954 aquellas normas que tutelaron la relación contractual en materia de arrendamiento rural.

En primer lugar, debo señalar que esta situación es perversa por cuanto la baja oferta de tierras para arrendar es absorbida por quienes tienen mayor poder económico. Por consiguiente, si a través de la legislación protectora lo que se buscó fue proteger a quien tiene menor poder económico o a la parte supuestamente más débil de la relación contractual, lo que se ha logrado, con el transcurso del tiempo, ha sido un resultado exactamente opuesto al deseado inicialmente. Reitero que la baja oferta de tierras es absorbida, necesariamente, por aquellos que tienen más poder económico. Si logramos revertir la situación y esa oferta de tierras, de alguna manera, empieza a incrementarse, conseguiremos que quienes tienen menor poder económico puedan acceder al uso de la tierra por la vía del contrato de arrendamiento.

Además, señor Presidente, existe otro efecto perverso que ha sido señalado en la Comisión de Agricultura y Pesca y que, a nuestro entender, es sumamente importante. Me refiero al crecimiento de formas precarias de acceder al uso de la tierra. Esas formas precarias que, en los hechos, se utilizan cada vez más, son del contrato accidental por una sola cosecha o el contrato de pastoreo atípico, es decir, el pastoreo con tenencia de tierra. Efectivamente, ello está demostrado por medio de los datos proporcionados por los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Así, en 1961 existían 9.887 predios censados en esas condiciones, explotados bajo sus formas precarias. En 1980, es decir, 19 años después, se detectaron 12.331 predios en estas condiciones, lo que implica un crecimiento de un 25% en la utilización de las formas precarias de acceder al uso de la tierra.

Se han invertido, pues, los términos de la relación. El arrendamiento rural, que tendría que ser la regla como forma de acceder al uso y goce de tierras, se ha transformado en la excepción, mientras que las modalidades accidentales, como las que señalábamos hace instantes, que tendrían que ser la excepción, pasaron a ser la regla.

En definitiva, ésta es la situación actual en materia de arrendamientos rurales, señor Presidente, tal como lo demostramos a través de los resultados que nos proporcionaron los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Además, le hemos podido constatar a lo largo de los años en que estuvimos vinculados a los problemas del medio rural.

Formulado este diagnóstico, señor Presidente, la pregunta que cabe formularse es la siguiente: ¿cómo se logra revertir esta situación negativa y perversa que ya comentamos? ¿Qué medidas legislativas se deben propiciar a efectos de que aumente la oferta de tierras para poder acceder a su uso y goce por medio del contrato de arrendamiento?

En este momento, corresponde reiterar lo que afirmara hace unos momentos en el sentido de que estos temas son, en esencia, sociales y de naturaleza muy compleja, por lo que no pueden ser resueltos a través de una sola medida. Esto debe lograrse a través de la aplicación de un conjunto de soluciones, una de las cuales, naturalmente, será la ley.

Dentro de este complejo panorama social, la ley debe jugar un rol fundamental. Esto es lo que sucedió en 1954, cuanto el legislador se abocó al estudio de la recordada Ley N° 12.100, sancionada en 1954. La aprobación de esa norma respondió a las necesidades de la época que, naturalmente, fueron distintas de las que padece hoy nuestro medio rural. En consecuencia, como ha transcurrido un lapso mayor a 35 años, resulta imprescindibles volver a legislar a los efectos de que a través de la ley se pueda devolver a los interesados el protagonismo de resolver por la vía del entendimiento la forma de mejor salvaguardar sus intereses.

Por lo expuesto, señor Presidente, estamos persuadidos de que, a través del entendimiento entre las partes interesadas, estaremos nuevamente otorgando al principio de la autonomía de la voluntad del protagonismo que merece tener. Dicho sea de otro modo, la libre contratación entre el propietario y el arrendatario es lo que permitirá acuerdos de precios y plazos que se adecuen a las posibilidades e intereses de cada uno, sin la injerencia de disposición legal alguna que afecte la estabilidad de la vinculación jurídica. Estamos convencidos de que únicamente de esta manera se destrabará la presente situación de falta de oferta de tierras en nuestro país.

Entre los muchos beneficios que una ley de esta naturaleza acarrearía, debemos destacar en primer término la reivindicación del contrato de arrendamiento como forma de acceder al uso de la tierra; en segundo lugar, quienes aspiran a acceder a la tenencia de tierras tendrán mayores posibilidades para lograrlo y, en tercer término, se abrirá la perspectiva de la formalización de acuerdos en función de programas de producción agrícola-ganaderos.

En suma, señor Presidente, de la voluntad de las partes se logrará la máxima rentabilidad posible para unos y otros. Entonces, si las partes están satisfechas, no tendrán inconvenientes en renovar el contrato a su vencimiento, y así sucesivamente. De esta forma, se habrá alcanzado entonces la estabilidad del contrato de arrendamiento rural, hoy inexistente.

El principio de la autonomía de la voluntad, que se consagra en el artículo 1° del proyecto de ley a estudio, cede frente a una única excepción: cuando el contrato tiene como destino principal la producción lechera. En este caso, el plazo –no el precio, señor Presidente- se considera realizado por el término mínimo de cuatro años a contar de la fecha de celebración del contrato.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Formulo moción en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Ricaldoni.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Señalaba que la única excepción al principio de la primacía de la voluntad de las partes, que establece el proyecto a estudio del Senado, está prevista en el artículo 2° y se refiere a aquellos contratos que tienen como destino principal la producción lechera. En estos casos, el plazo se considera realizado por el término mínimo de cuatro años a contar de la fecha de celebración del contrato.

Como señalaba el señor miembro informante, esta excepción responde a la inquietud expresada ante la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado por los sectores involucrados en la explotación lechera de nuestro país. Sin ánimo de polemizar en cuanto a si el propósito perseguido se alcanza fijando un plazo mínimo en la ley, aceptamos incorporar al proyecto la excepción de cuatro años –en lugar de los seis solicitados- por las características especiales de esta producción que, por otra parte, cuenta con formas particulares con respecto a la fijación del precio, las formas de reajuste y de pago que, de alguna manera, garantizan el normal cumplimiento de lo que las partes han convenido.

Por último, señor Presidente, y de acuerdo con lo adelantado en la Comisión de Agricultura y Pesca, debo expresar que cuando ingresemos a la discusión particular del proyecto de ley a consideración del Senado, habré de propiciar algunas modificaciones en el texto, de índole, diría, técnico – jurídica, a fin de adaptarlo a la legislación vigente. No debemos olvidar que las normas que habrán de sancionarse, si cuentan con la mayoría del Cuerpo, no derogan las disposiciones vigentes, por lo que va a darse la circunstancia de que el texto que hoy estamos analizando va a subsistir junto con la ley vigente. Esta circunstancia hace que debamos ser lo más cuidadosos posible en la adaptación de los texto legales.

Debo aclarar que en su momento no pude propiciar estas modificaciones en la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado, por cuanto al tiempo que ella consideró y aprobó el proyecto, quien habla se encontraba en uso de licencia.

En resumen, señor Presidente, este proyecto de ley contará con el voto favorable del Batllismo Radical. No ignoramos, señor Presidente, que en este proyecto de ley no se contemplan otras modalidades de acceso al uso de la tierra –como la medianería- que son tan importantes en la actualidad para el desarrollo de la actividad agropecuaria. No obstante ello, y sin perjuicio de expresar que el Parlamento tendrá que legislar en esa materia, estamos convencidos de que a través de este proyecto de ley que hoy consideramos se da un paso trascendente en la dirección correcta, como es la de reivindicar el contrato de arrendamiento rural como forma de acceder al uso y goce de la tierra. Se trata del protagonismo del contrato de arrendamiento rural que tuvo en el pasado, que en el presente tiende a desaparecer y que nosotros creemos deberá volver a tener en el porvenir del país.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – En primer lugar, deseo manifestar que a mi entender el Senado se encuentra abocado al estudio de uno de los proyectos de ley más importantes desde el comienzo de esta Legislatura. Asimismo, celebro el clima apacible que tiene el Cuerpo pero creo que, en cierta medida, ante la opinión pública, no se ha tomado conciencia de la importancia que en el cambio de la legislación traerá este proyecto de ley en caso de ser aprobado, así como las consecuencias de carácter económico y social que el mismo acarreará para la producción agropecuaria, sobre todo, para los productores rurales tanto actuales como para aquellos que deseen acceder en el futuro a esa actividad y que no disponen de la tierra en propiedad.

En segundo término, creo que el proyecto de ley es absolutamente congruente –y yo felicito a la bancada herrerista en este sentido- con la filosofía y el modelo económico que lleva adelante el señor Presidente de la República y que comparte, naturalmente, todo el equipo ministerial integrante del Gobierno de coalición. Repito que existe congruencia en el sentido de que aquí hay una filosofía de carácter neoconservador, absolutamente identifica con otras medidas que se han adoptado en el curso de esta Legislatura. De la misma forma, en absoluta congruencia con la críticas que hemos formulado a ese modelo y propuesta de país, es que vamos a expresar nuestras diferencias fundamentales con este proyecto de ley que, ratifico, es de enorme trascendencia económica.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. – Si el señor senador Raffo me lo permite desearía terminar esta frase porque recién estoy en la introducción y luego le concederé gustosamente la interrupción.

Decía, que por las mismas razones que a otras medidas de ese paquete económico y social hemos opuesto otro modelo de país, vamos a demostrar ahora como este proyecto de ley no es beneficioso para la producción agropecuaria, sino negativo y, además, va a acentuar los problemas que tienen los productores.

Luego de finalizada esta introducción concedo con gusto la interrupción que me solicita el señor senador Raffo.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. – Señor Presidente: a pedido de parte vamos a tratar de que no transcurra tan apaciblemente esta jornada.

El señor senador Gargano ha utilizado el concepto de que este proyecto es de carácter conservador. Es una palabra que el señor senador emplea habitualmente, tanto en las argumentaciones que realiza aquí en Sala como muchas veces a través de los medios de difusión, cuando sostiene que el modelo que intenta llevar adelante este Gobierno es de carácter conservador. Nos gustaría saber qué significa ser conservador cuando se propone en materia de arrendamientos rurales una especie de liberación –no absoluta ni irrestricta, por supuesto, pero sí un marco más liberal- para la política de arrendamientos.

Muchas gracias.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Pereyra)

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos Julio Pereyra). – Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. – Muy brevemente, quiero manifestarle al señor senador Raffo, en respuesta a su solicitud de aclaración, que efectivamente cuando me expreso sobre el modelo que lleva adelante este Gobierno de coalición del Partido Nacional y del Partido Colorado, lo denomino una propuesta social conservadora porque, justamente, pone el acento en mantener las formas de relacionamiento económico, de propiedad, de esquemas de desarrollo de la producción, basadas en las denominadas tradiciones del liberalismo económico. Personalmente no utilizo el término liberalismo porque siguiendo un consejo de mi compañero de bancada, el señor senador Korzeniak, creo que la palabra liberal tiene connotaciones que se refieren también al problema de la libertad y de la independencia del individuo. Mientras tanto, en materia económica, los que practican la filosofía del mercado libre, de la independencia de los actores económicos y de la no regulación a mi juicio son conservadores. Estos, tienden a practicar una filosofía que arranca desde los fundadores de la economía política como lo son Adam Smith y Ricardo. Esta concepción ha sufrido enormes transformaciones en el curso de los 200 años que tiene de vida y en la actualidad en varios países del mundo han recuperado vigencia y presencia todos los modelos que considero conservadores. Creo que ésta es la explicación. En resumen, conservar esta forma de funcionamiento de la economía y del relacionamiento de los factores de producción, sobre todo en la distribución de los ingresos es, en el caso de Uruguay, totalmente regresivo.

Por otro lado, pienso que en el caso específico de esta ley de arrendamientos rurales se rompe una tradición que tiene casi 65 años de existencia en el país. Los señores senadores Urioste y Brause han expresado argumentos a favor de la sanción de este proyecto de ley, afirmando que el mismo resultará beneficioso porque en su artículo 1° establece la libertad absoluta en materia de plazos. Pos su parte, la ley vigente establece un plazo mínimo y mecanismos de prórroga del contrato para el caso de que el arrendatario se encuentre en determinadas circunstancias que le permitan proseguir en esa explotación agropecuaria.

En este proyecto de ley se establece la libertad absoluta para fijar el precio, lo que actualmente ya existe porque las partes son libres en este sentido, así como la posibilidad de fijar el régimen de reajustes. Esto último no está previsto en la actualidad porque el arrendatario –de acuerdo con determinadas circunstancias- pude, según la ley vigente, solicitar un procedimiento de carácter judicial para que le precio sea revisado cada dos años, en atención a la variabilidad que tiene la explotación agropecuaria. Esta depende de los factores climáticos, así como de la variabilidad de los precios que se pagan por ella. Este mecanismo de fijación de precios sólo puede dejar de aplicarse en aquellos casos en que no existió previsión de parte de los contratantes, circunstancia en la cual se aplican las normas de los artículos 19 a 23 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, en forma supletoria. Esto es lo que dispone el artículo 3° del proyecto.

De todas formas, me asiste razón, señor Presidente, cuando digo que aquí se modifica todo, incluso, la concepción básica y la filosofía con que se ha encarado hasta el presente la legislación de arrendamientos. Pienso que hay que leer cuidadosamente los proyectos de ley que vienen de este Poder Ejecutivo, ya que recuerdo, por ejemplo, que en oportunidad de tratarse el proyecto de empresas públicas, a último momento, tuve que intervenir para demostrar que en las derogaciones se adoptaban decisiones de tremenda importancia.

En este proyecto se deroga la filosofía central de la Ley de Arrendamientos Rurales, actualmente vigente. Obsérvese que se elimina expresamente para todos estos contratos de arrendamiento, aparecería el criterio general de la ley vigente. El régimen actual establece que "todo productor rural tiene derecho a una radicación mínima en la tierra que ocupe y a condiciones de trabajo que le permitan desenvolver económicamente la explotación que realiza, obteniendo una razonable utilidad que sirva de estímulo a su actividad creadora". Además, dice que "en caso de que el propietario conceda el uso o el goce de un predio rural, los plazos de permanencia de los productores en la tierra deben regularse con esa finalidad de protección al trabajo rural". Esto, sin desmedro del principio general de que "la explotación de la tierra está subordinada al interés nacional de su conservación con fertilidad, y sin perjuicio, asimismo, de las medidas previstas por dicha ley, tendientes a asegurar que los precios de los arrendamientos y los porcentajes de la aparecería mantengan equitativa relación para ambas partes contratantes, y en función de la rentabilidad normal del predio".

Todo esto, señor Presidente, se elimina radicalmente; el artículo 4° dice que a los contratos que se regulan por esta ley, no les serán aplicables las disposiciones previstas por algunas normas como, por ejemplo, el artículo 1° del Decreto-Ley N° 14.384.

Quiere decir que estos principios generales de la concepción que rigió prácticamente durante 65 años –que entendían que en la relación contractual del arrendamiento rural las partes no eran iguales y que no era lo mismo el propietario de la tierra que el arrendatario- van a ser derogados. Dicha concepción sostenía. Además, que el arrendatario era más débil en la relación contractual ya que lo más importante era que la tierra era un bien de naturaleza social y que el propietario ausentista obtenía una renta por él.

Reitero que esta filosofía es totalmente derogada. Por esta razón es que llamo al proyecto como regresivo y retrógrado con respecto a la legislación vigente.

Como dije, por el artículo 4° de este proyecto se eliminan los principios generales de la legislación vigente y se sintetiza lo que ha sido la orientación maestra que contó siempre con la radical oposición de los grandes propietarios. El viejo cuño conservador, latifundistas, defensor del principio de que nada es más importantes que la propiedad, siempre se opuso a estas leyes de arrendamientos rurales. Los defensores de ese orden elitista y enemigos de considerar a la tierra como un bien social entienden que su propiedad es un bien particular, como así también aquellos latifundistas ausentistas que sólo aspiran a obtener de él una renta. Durante setenta años fueron derrotados por una concepción diferente. Sin embargo, hoy, presumiblemente, retornan victoriosos. De todas maneras no creo que tengan razón ni que la sanción de este proyecto de ley represente cambios positivos para el país.

Con este artículo 4° se elimina la opción de compra de que disponía el arrendatario, en el caso de que el propietario, durante la vigencia del contrato, decidiera vender la tierra. El artículo 61 del Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, dice: "todo propietario, antes de vender un predio, cuyo valor real no supere las mil hectáreas en su precio promedio, evaluado por CONEAT, que estuviese ocupado como única explotación por uno o más arrendatarios o aparceros por un plazo no inferior a siete años, debe ofrecerlo, en primer término, al Instituto Nacional de Colonización para su transferencia a aquéllos...". Por este proyecto de ley se elimina esta opción de compra. Lo que se procuraba con esta disposición era consolidar al productor con relación al medio de producción que había construido al menos por siete años. No se trataba de una norma socialista, tendiente a socializar la propiedad de la tierra; simplemente buscaba civilizar en un marco de tipo capitalista y propietarista, la relación del productor con la tierra que, según la concepción vigente, es un bien de naturaleza social. Ella obliga al propietario a priorizar como oferente al Instituto nacional de Colonización y éste, a los productores que estaban trabajando, cultivando, mejorando y civilizando esa tierra durante casi una década. Cabe agregar que no se trataba de un expropiación y, generalmente, el precio lo fijaba el propietario.

Entonces, cabría preguntarse por qué se elimina esto, y qué razón hay en este proyecto de ley de arrendamientos para hacerlo, si no tiene relación ni con los plazos ni con los precios. Personalmente, creo que simplemente se trata de una diferente concepción filosófica, quitándole toda carga al propietario ausentista, privilegiándolo en la relación.

Se argumenta que dicha disposición era inoperante porque el Instituto Nacional de Colonización no tenía capacidad financiera para ofertar. Al respecto, me pregunto quiénes son los responsables de que esto sea así. El Partido Colorado y el Partido Nacional han gobernado -salvo en los períodos de dictadura- desde los albores de la nacionalidad. Son los mismos partidos que gobernaron entre 1985 y 1989, compartiendo un mismo gabinete bajo lo que dio en llamarse "la gobernabilidad". Al eliminarse esta disposición, ni siquiera quedará la posibilidad de recordar al gobierno de coalición que existe un Instituto Nacional de Colonización, y creo que el peso de la mala conciencia perenne de no aplicar una ley por falta de voluntad política, también se va a eliminar. Tampoco habrá que escuchar a quienes hasta el momento solicitan que se les otorguen recursos a dicho Instituto, a fin de que pueda cumplir por ejemplo, con los arrendatarios que laboraban la tierra que salía a la venta. Por eso digo, que "muerto el perro, se acabó la rabia"; se elimina hasta la posibilidad de protestar.

Reitero, que este cambio se debe a una razón de carácter filosófico en el sentido de privilegiar a los propietarios, ya que se la elimina pudiendo dejarla subsistiendo aun con el nuevo régimen que se establece. De todas formas, halago la coherencia de quienes respaldan este proyecto de ley, porque el mismo se corresponde con esa filosofía.

Cabe agregar que la legislación vigente no prohibe que se realicen contratos por siete o más años, sino que establece -tal como lo expresa el Código Civil- que no podrán tener una duración mayor a quince años.

Reitero, entonces, que esto se elimina por razones ideológicas de propietarismo duro y puro. Además, no existirá ninguna ventaja para el arrendatario, ni siguiera la de tener la opción de comprar la tierra que trabaja. Personalmente, estimo que no es que se crea en el mercado, sino entiendo que sólo se busca beneficiar al propietario, privilegiar a una de las partes en el mercado.

Esta concepción política, económica y social, que a veces no se puede detectar con una lectura superficial, queda de manifiesto con un estudio profundo.

En esta parte de carácter general decía, señor Presidente, que lo que informa la política económica global, la que fundamentó la política del ajuste fiscal y la que determinó la venta -o más bien donación- al capital financiero privado del Banco Comercial y la que restringe el gasto público y, en especial, el destinado a los servicios sociales; es la misma concepción que está en la médula de la ley de privatización y extranjerización de la empresa pública. Y podríamos seguir. Se trata de una política que todo lo deja a merced del libre funcionamiento de la fuerzas del mercado. Sin embargo, se afirma que la actual ley, con sus plazos mínimos, sus posibles prórrogas y los mecanismos de regulación de precios, ha quitado tierras al mercado sus propiedades y darlas en arrendamientos, porque se sienten expropiados y que la liberalización va a contribuir a un mayor dinamismos en la contratación, porque "si se la deja librada a sí misma, la gente se entiende". Y esta es la filosofía explícita del actual Ministro.

La conclusión para quienes impulsan esta ley desreguladora es que la misma va a ser una palanca par aumentar la producción y el desarrollo.

Creo que en materia de políticas agropecuarias, en lo que va de este gobierno esta es una de las medidas más representativas de la concepción del Poder Ejecutivo, es decir, del Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca y de la Presidencia de la República.

El Poder Ejecutivo ha adoptado algunas medidas en relación con la producción agropecuaria, como por ejemplo la eliminación de la prohibición de exportar ganado en pie y de la exportación de cueros sin industrializar, la reimplantación de la "facon" en la industria frigorífica para que por este mecanismo se realice el proceso de industrialización de la carne; procura, en otros aspectos, la suspensión de los servicios de fumigación aérea del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para hablar de algo incidental, pero no de poca trascendencia y ha instrumentado algunas otras políticas, como por ejemplo la supresión de la devolución de impuestos a determinados rubros exportables que estaban funcionando desde hacía bastante tiempo. Todas estas políticas pueden ser compartidas o no por quienes estamos examinando este tema, pero en lo que tiene que ver con políticas sobre tierras, creo que esta es la más importante. Las mencionadas anteriormente no creo que cambien la realidad de la producción, estancada desde hace más de 50 años.

Quiero recordar –y es preciso que lo haga, porque quizá muchos señores senadores ni siquiera lo conocen- que existe un decreto que habilita al Poder Ejecutivo a vender públicamente las tierras del Estado. Se trata de un decreto que se dictó el año pasado por el que, en primera instancia, se le ofrece al Instituto Nacional de Colonización la tierra que puede tener un Ente Autónomo o una dependencia de la Administración Central, por ejemplo, algún predio del Ministerio de Defensa Nacional, porque otros los destina a explotaciones para el propio funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ese decreto –que tuvimos oportunidad de examinar el año pasado en la Comisión de Agricultura y Pesca- no disponía recursos para que el Instituto nacional de Colonización pudiera comprar esas tierras. De modo que en lo que dice relación con este Instituto era un decreto "pour la galerie", es decir, para llenar la forma. Lo que sí permitía era la venta pública, para que esos predios pudieran ser adquiridos por quienes tenían recursos, mediante el sistema de la mejor oferta.

También es cierto, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo se ha opuesto, con tenacidad digna de mejor causa, a que las tierras que estaban en garantía de las deudas en las Carteras del Banco Central y del Banco de la República fueran transferidas al Instituto Nacional de Colonización.

Quiero recordar que este tema fue discutido durante cuatro años de la Legislatura pasada y todo el último año de ésta y no se avanzó un palmo; no obtuvimos, no ya la aquiescencia del Poder Ejecutivo, sino una mayoría en el Senado de la República para que se cumpliera esta política, que estaba programada desde la aprobación de la Ley de Refinanciación del Endeudamiento Interno. En este sentido no hubo un solo paso adelante. Naturalmente, esas tierras que estaban dadas en garantía hoy están siendo readquiridas -diría- en su titularidad por los dueños, porque a través de los mecanismos de acuerdo a que se ha llegado en torno a las deudas –después de muchos años, de la quitas, etcétera- muchas personas han recuperado sus predios con grandes ventajas. Digo esto, porque tierras que valían U$S 200 la hectárea, hoy pueden cotizarse a U$S 500, por lo que sus dueños han hecho un formidable negocio, ya que gozaron de préstamos cuantiosos, por varios millones de dólares, y ahora están readquiriendo, casi gratuitamente, la titularidad plena de sus tierras antes hipotecadas.

Volviendo, a los argumentos y datos del Poder Ejecutivo, diré que la información proporcionada a la Comisión fue la mencionada por el señor senador Brause, que habla de una caída del 67% en el número de establecimientos arrendados y del 60% en el total de hectáreas arrendadas entre 1961 y 1986.

Me voy a referir concretamente al dato suministrado por el señor senador Brause en el sentido de que en materia de superficies se pasaba de 4:670.000 hectáreas en arrendamiento en 1961 a 1:859.000 en 1986. Tal como lo discutimos en Comisión -donde el señor senador Astori aportó información- este dato parece excluir la forma mixta en que trabajan algunos productores rurales, que explotan tierras de su propiedad y tierras arrendadas; sólo categorizan a los productores como propietarios –sin tener en cuenta que parte de los campos son arrendados- o como arrendatarios.

Por otra parte -como lo señala el señor senador Astori- estas cifras no coinciden con otras que el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha publicado. En nuestra mesa de trabajo tenemos un documento oficial del Ministerio, titulado "La ganadería en cifras", volumen 7, editado por la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales y Aspectos anexos, que en una referencia al año 1974 y manejando declaraciones juradas al hablar de los establecimientos, dice: "Superficies explotadas. Extensión de tierras arrendadas, 4:381.309; pastoreo, 306.314". Obviando la etapa intermedia entre ese año y 1987, paso directamente a leer las cifras del año 1988, en que la superficie de tierras dadas en arrendamiento es de 3:954.690 hectáreas -prácticamente el doble del dato proporcionado por el Ministerio por otro lado, y reitero que en este caso se trata de declaraciones juradas, es decir lo que declaran los propios productores- y la de tierra en pastoreo de 311.241. Como lo señala el señor senador Astori, el total de las tierras en arrendamiento y en pastoreo es de 4:200.000. mirando las cifras en forma global, esto representa, prácticamente, el 25% de la superficie total de tierras explotables que hay en el país –16:000.000 de hectáreas- y están dadas en arrendamiento y, minoritariamente, en esta subespecie denominada "pastoreo".

Esto demuestra que las informaciones son contradictorias, por lo que esto no puede tomarse como argumento central a efectos de modificar la legislación.

SEÑOR AROCENA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos Julio Pereyra). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AROCENA. – Debo manifestar que no entendí la última parte de la exposición del señor senador Gargano, pero quiero expresar que en la cuenca lechera el 47% de los productores es arrendatario. De ellos, el 94% explota áreas inferiores a las 200 hectáreas.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos Julio Pereyra). – Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Más adelante voy a hacer referencia, específicamente, a ese punto.

SEÑOR ARANA. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos Julio Pereyra). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. – Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos Julio Pereyra). – Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Muchas gracias, señor Presidente. Quiero señalar que las cifras de las declaraciones juradas del año 1989 -y es un dato oficial- confirman lo que hemos dicho respecto a 1988; la superficie arrendada es de 3:964.851 hectáreas y, la dada en pastoreo, asciende a 302.343 hectáreas. Es decir, que el dato no resulta confiable a los efectos de apuntalar una nueva legislación. Este fue el argumento central que manejó el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el señor de la Comisión, para demostrar que el sistema de arrendamiento regido por esta ley está en crisis.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos Julio Pereyra). – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO. – En materia de cifras y en relación a arrendamientos, es difícil alcanzar la exactitud en virtud de que las fuentes son distintas. Ellas están constituidas por el Registro de Arrendamientos, por DICOSE o por las que pueda aportar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo con los censos que practica.

Sin embargo, queremos señalar que Wilson Ferreira Aldunate, en oportunidad de formular su proyecto sobre distintas normas en materia de reestructura de la actividad agropecuaria en el país, señaló que en aquel momento -1963 – 1964- había en arrendamiento 7:200.000 hectáreas. Asimismo, él destacó que en aquella época, de acuerdo con informes de la FAO, el total de explotaciones realizadas en régimen de propiedad ascendía a las 4/5 partes de la explotaciones y que ¾ partes de la superficie estaba en régimen de propiedad.

(Dialogados)

-Quiero aclarar al señor senador Gargano que el régimen de pastoreo, cuando se le califica como arrendamiento, es cuando se entrega el predio con destino a esta actividad; luego tenemos el otro tipo de pastoreo que es el que efectúa la persona que ya tiene un predio y toma animales, o sea, que lo que entrega es el pasto de su campo.

De acuerdo con las cifras que se han manejado, sobre un total de 16:500.000 hectáreas -que es el total de las tierras aptas- casi la quinta parte está dedicada al arrendamiento. Entonces, y conforme a lo expresado anteriormente, el número de arrendamientos se ha mantenido congelado, según los datos aportados por el señor senador Gargano, es un lapso de más de veinte años. En consecuencia, y aceptando las cifras a que hacía mención el señor senador Gargano, las circunstancias indican que la legislación de arrendamientos no ha creado incentivos suficientes para este régimen de explotación de la tierra.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dn. Carlos Julio Pereyra). – Puede continua el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. – Muchas gracias, señor Presidente.

Agradezco al señor senador Santoro, ya que sus últimas palabras me van a ayudar a demostrar que no sólo hay problemas en lo que tiene que ver con los arrendamientos -cosa que no negamos- sino con todo e le sistema de explotación agropecuaria. Tenemos datos adelantados del último censo que va a demostrar la gravedad y la tragedia de lo que está pasando con los productores rurales.

Personalmente, voy a agregar un dato más, que fue manejado en el seno de la Comisión. Se nos distribuyó un repartido en el que se analiza la tenencia de la tierra según especialización productiva y modelos de producción, perteneciente a la Dirección de Investigaciones Económicas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de mayor de 1991. De esto se desprende que la extensión de tierras dadas en arrendamiento asciende a 3:648.000 hectáreas, cifra que no tiene nada que ver con la de 1:850.000 hectáreas a la que hizo referencia el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador, ya que he sido aludido?

SEÑOR GARGANO. - Preferiría que no se me interrumpiera más, dado que me quedan solamente 20 minutos.

SEÑOR BRAUSE. - Es la tercera vez que el señor senador me alude.

SEÑOR GARGANO. - No le puedo conceder la interrupción al señor senador, no por mala voluntad, sino porque no dispongo de tiempo. Además, si bien lo aludí, considero que más tarde, y por vía de la aclaración, el señor senador va a poder contestar.

Ahora intento demostrar que el principal argumento esgrimido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no es válido a los efectos de fundamentar el cambio en la legislación.

Aquí se ha demostrado que hay, por lo menos, tres cifras distintas en los documentos a los que se ha hecho mención. Me parece que, en cuanto a rigor y seriedad, estos no tienen valor como material de información para quienes tenemos que legislar en un tema tan delicado. Yo decía que el descenso operado en la cantidad de hectáreas en arrendamiento, en casi 30 años, se puede ubicar en un 10%. En todo caso, el porcentaje de las tierras en arrendamiento, sobre el total de las tierras en explotación, es de gran magnitud, ya que alcanza casi al 25%. Sin embargo, es descenso de los arrendamientos no tiene la magnitud que le asigna el Poder Ejecutivo, aunque sería absurdo negar que esta forma contractual está en problemas. Para sortear el escollo de los plazos y de las prórrogas, los propietarios buscan otros caminos. Por ejemplo, los mencionados en esta Sala, los contratos por una sola cosecha, los pastoreos de once meses, etcétera, desnaturalizando el régimen establecido por la ley.

Lo que aparece como una de las causas para no dar en arrendamiento las tierras, es la tributación. Una de las cosas que observamos en nuestro análisis es que en un predio de mediana extensión su propietario debe pagar Contribución Inmobiliaria, Impuesto al Patrimonio y también Impuesto a la Renta Agropecuaria, con el agregado de que no puede descontar más de un 10% del IRA, por amortización de mejoras fijas, según datos que se nos proporcionaron.

Pensamos que esta es una de las razones por las que ha disminuido la cantidad de tierras dadas en arrendamiento, ya que como vimos, puede ocurrir que para el propietario ausentista puede ser una actividad no muy rentable. Sin embargo, sí puede serlo el recurrir a determinados subterfugios como, por ejemplo, el contrato de pastoreo o por una sola cosecha. En virtud de esto quizá se busquen otras formas de contratos que no sea el de arrendamiento por meros cálculos económicos. Seguramente el sistema de libre contratación no va a cambiar ese cálculo económico de los propietarios quienes, si no les conviene la relación renta – impuesto, no van a ofrecer sus tierras en el mercado, optando por otros mecanismos.

No quisiera insistir aportando más datos porque creo que los proporcionados, en todo caso, demuestran que son contradictorios y no confiables. Debemos admitir que aún no tenemos los pertenecientes al censo agropecuario de 1990, referidos al arrendamiento, a la cantidad de explotaciones bajo este régimen, así como a la extensión de tierras que ocupan.

Es curioso, señor Presidente, el hecho de que los señores senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y Pesca tuvimos un adelanto de datos referentes a otras variables de la producción agropecuaria, pero no en relación con esta, sobre la que hay que legislar. Hubiera sido muy importante que se nos adelantaran las conclusiones del censo efectuado en 1990. Reitero que disponemos de otras informaciones sobre dicho censo, pero no sobre esta variable que hubiera sido tan útil para la elaboración del proyecto de ley.

Deseo hacer otras consideraciones específicas. En primer lugar, el contrato de arrendamiento de tierras, en sí mismo, es injusto, porque permite a quien no tiene relación de trabajo con la tierra, obtener una renta de ella sencillamente por poseer la propiedad de un bien, que en teoría se reconoce que pertenece a toda la sociedad, pero que, en los hechos, gozan de él muy pocos y en forma concentrada.

En segundo término, las leyes de arrendamiento rural, desde la tercera década de este siglo, ante la imposibilidad práctica de que cambie el régimen de propiedad de la tierra -tema que ha sido una de las mayores frustraciones nacionales y populares en nuestro país, desde el Reglamento de Tierras de Artigas, aprobado en 1815 (recuerdo, y con ello deseo hacer un homenaje al gran profesor e historiador don Eugenio Petit Muñoz, quien nos enseñó en la década del 50, en que la figura de Artigas comenzó a ser reivindicada en el Uruguay, precisamente cuando los Juzgados declararon la nulidad de los últimos títulos de propiedad vigentes dictados bajo el Reglamento de Tierras de 1815) lo que buscaron fue mitigar la desigualdad entre el productor arrendatario y el propietario ausentista. En virtud de ello se crearon los plazos mínimos de seis años, que rigen actualmente por el artículo 11 del Decreto-Ley N° 14.384, y la prórroga que podía llevar al contrato a un máximo de 10 años, estatuida en el artículo 12 del mismo Decreto-Ley. De todas formas, ha habido un gran número de excepciones. Quiero aclarar que el señor miembro informante -que seguramente conoce las disposiciones de la ley- debe tener la seguridad de que un propietario que tenga como único bien la tierra dada en arrendamiento puede oponerse a la prórroga si él quiere explotarla directamente. Esta es una de las tantas excepciones contempladas en la actual ley; otra de ellas, por ejemplo, es la de que si el arrendatario posee en propiedad otra tierra, no puede pedir la prórroga por la que tiene en arrendamiento. Reitero que si esa es la única que tiene y la quiere explotar él o sus descendientes la puede obtener, porque no hay prórroga posible después de los 6 años. De modo que esta no es una causa que le impida al propietario trabajar la tierra si desea hacerlo directamente.

En tercer lugar, creo que igualmente debemos admitir que la legislación debe ser reformada y los plazos y mecanismos de fijación de precios tienen que ser adaptados y modernizados, de acuerdo con los distintos subsectores productivos, tal como lo propuso la Cátedra de Derecho Agrario en la Comisión, desempeñada por el señor Decano de la Facultad de Derecho, doctor Gelsi Bidart y por el también doctor Guerra, en el proyecto de ley que nos hicieron llegar a la Comisión. Dicho proyecto fija un plazo mínimo de cinco años para el contrato de arrendamiento, manteniéndose lo que dice relación con los precios, el régimen del reajuste por vía judicial para el caso de ausencia de acuerdo entre las partes, regulación imprescindible para mantener la igualdad primitiva entre las partes, al decir del doctor Guerra. Todos estos medios y mecanismos que fueron desechados en la Comisión, están destinados a ponderar y equilibrar a las partes suponiendo que en la generalidad de los casos, la más difícil en la relación es el arrendatario.

Con respecto a este proyecto de ley, el doctor Gelsi Bidart dijo que –y no creo que se lo pueda catalogar de extremista en materia de legislación- es "propietarista". El plazo, el precio y los mínimos de duración del contrato se vinculan, obviamente, a la inversión que debe realizar el arrendatario, a la necesidad de créditos para efectuarla y a la situación de que ninguna entidad financiera arriesga a prestar si no tiene la garantía, al menos, de la permanencia del arrendatario productor en su predio.

En cuarto término, el proyecto de ley que estamos considerando fue objetado por los productores de la Cuenca Lechera de Florida y San José, por la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Intergremial de Productores Lecheros y por todos los sectores políticos que integran las Juntas Departamentales de esas zonas, que asistieron a la Comisión, es decir, los ediles de los Partidos Colorado, Nacional y del Frente Amplio que fueron unánimes al declarar que no comparten los términos de esta legislación de liberalización de los arrendamientos rurales. Todos los sectores políticos, además, respaldaron a las entidades gremiales que levantaron su voz contra este proyecto de ley; reitero que todos ellos criticaron duramente esta absurda desregulación.

Tal como lo hizo el señor senador Arocena hace un instante, también nos vamos a referir a la cuenca lechera. Alrededor de un 40% de las explotaciones se realizan bajo un régimen de arrendamiento; de estos contratos, según el propio Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el 50% tiene los plazos vencidos, el plazo mínimo, a su vez, para el arrendamiento en la lechería es imprescindible, debido al nivel de inversiones necesarias para un emprendimiento de esa naturaleza. Obsérvese que la mayoría de los establecimientos lecheros son pequeños o medianos; el 80% es de menos de 100 hectáreas, el 60% de ellos, inclusive, alcanza menos de 50 hectáreas y el 68% de las explotaciones lecheras dependen del alquiler de tierras. Sin embargo, el área destinada a la lechería -este es un dato de la realidad- ha tenido un aumento del 27% en los últimos 10 años y la propios productores, en su mayoría arrendatarios, se incrementó en un 40% en ese mismo plazo. Los productores reclamaron enfáticamente, para garantizar su viabilidad, un plazo mínimo de 6 años. La negociación hecha entre los sectores del Partido Nacional permitió que, en el proyecto de ley que hoy se propone al Cuerpo, se llegara a un plazo mínimo de 4 años para los productores lecheros. ¿Qué dicen ellos respecto a esto? Manifiestan que el régimen de excepción establecido por este proyecto de ley para la lechería no es bueno ni tiene un plazo suficiente, ya que en cuatro años no es posible amortizar la inversión, pagar el endeudamiento y obtener rentabilidad como para, llegado el vencimiento del contrato, levantar las poblaciones y salir a buscar tierras por otro lado. La exigüidad del plazo disminuirá aún más las posibilidades de acceder a un crédito ya retaceado brutalmente para la producción agropecuaria.

Todos podemos imaginarnos lo que sucederá en el futuro; si ahora hay dificultades porque las líneas de créditos del Banco de la República, en función de la política del Banco Central, han sido cerradas, ¿qué ocurrirá cuando un productor se establezca y cuente sólo con un plazo de cuatro años? Se le dirá que en ese período no recuperará los U$S 15.000 que pide para instalar, por ejemplo, la maquinaria necesaria para el ordeñe en la chacra. Por lo tanto, me parece natural que los productores se opongan a esta iniciativa.

La excepcionalidad del régimen, es decir, que ellos estén exceptuados –como dicen los productores- convertirá a los arrendatarios de la cuenca en rehenes más valiosos para los propietarios, los que van a exigir arrendamientos más caros que los actuales, que ya lo son de por sí. Se sabe que quien arrienda a un productor lechero tiene la garantía de que revisa el precio del arrendamiento cuando se hace lo propio con la leche cada 4 meses, y que, además, cobra en la ventanilla de CONAPROLE, por ejemplo, asegurándose así su dinero. Sin embargo, ahora el productor lechera de la cuenca, repito, será un rehén mucho más valioso, porque al propietario de las tierras se le dará la opción del arrendamiento a corto plazo para la ganadería, mecanismo que también sirve para obtener mayores posibilidades de especulación pudiendo arrendar por plazos más breves. Pero de todas maneras siempre se perjudicará al pequeño productor arrendatario de la cuenca y se beneficiará probablemente a los grandes productores propietarios que son los que podrán acceder a un predio con arrendamiento a corto plazo, dado que podrán utilizarlo como complemento circunstancial en su explotación. Pero eso, obviamente, no lo puede hacer el pequeño productor.

Actualmente, un productor de gran volumen, que sea propietario, si tiene 800 hectáreas, quizá pueda arrendar 200 más en la cuenca , a un precio excepcional. Si los precios fuesen convenientes, en uno o dos años podría expandir su producción. Si al cabo de ese período la situación no le es favorable, tiene la posibilidad de dejar el arrendamiento y realizar otra actividad. Pero esto no lo puede hacer un pequeño productor.

Digo, señor Presidente, que estas no son palabras de un senador de la oposición. En el día de antes de ayer, en la Comisión de Agricultura y Pesca, varios miembros del Directorio de CONAPROLE expresaron estos mismos temores. Ya hay grandes problemas relativos a la dimensión de los predios y, en consecuencia, de rentabilidad. Si a estos inconvenientes se le agrega el de la Ley de Arrendamientos -que desregula todo- los resultados pueden ser dramáticos para los 1.500 ó 2.000 pequeños y medianos productores de la cuenca lechera.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-En ese sentido, voy a leer las palabras que pronunciara el señor Paniza –miembro del Directorio de CONAPROLE- en la sesión del día 12 de agosto de este año en la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado. En la página 22 del Distribuido correspondiente expresa lo siguiente: "Por otro lado, en lo concerniente a la Ley de Arrendamientos, la opinión de todos los productores lecheros coincide al señalar que se trata de una norma no satisfactoria para la explotación que se realice, porque los plazos que estamos manejando impiden el desarrollo de la tecnología que se necesita para producir leche. Además, el hecho de que el productor lechero tenga un plazo diferente al de carnes va a sacar del marcado de arrendamientos muchos predios que podrían servir a los primeros. Incluso, estos plazos hacen que algunos de los créditos que hoy están vigentes no se puedan conceder a los productores lecheros, porque su duración supera el tiempo máximo de los contratos de arrendamiento".

En quinto lugar, pensamos que este proyecto de ley no reportará beneficios para la producción agropecuaria. Celebro que los partidarios de este proyecto digan que no pueden asegurar el éxito en cuanto a que vaya a promover la existencia de una mayor cantidad de tierras en arrendamiento. Creo que tampoco va a contribuir a poblar más la campaña. En cambio, considero que sí va a empeorar la desigualdad entre el propietario y el arrendatario; va a dificultar tanto el acceso como el mantenimiento de la tierra por parte del productor arrendatario. Por lo tanto, su trabajo se tornará menos rentable y quizás -digo quizás, aunque creo que es muy posible que se convierta en realidad- el resultado pueda ser negativo para los propietarios ausentistas. Diego esto porque, a mi juicio, quien se arriesgue a arrendar con un régimen de esta naturaleza, un predio de determinada magnitud, con plazos muy breves, podría resultar incapacitado para dar cumplimiento a sus obligaciones, ya que si no hay rentabilidad inmediata en este tipo de plazos breves, puede conducir a la insolvencia.

Por lo tanto, pienso que estas disposiciones, como "boomerang", podrían convertirse en algo negativo para los propios propietarios ausentistas, promotores del proyecto.

Por último, señor Presidente, quisiera referirme a la situación del agro y al tema de la tierra. En ese sentido, voy a leer algunas cifras, porque me parece conveniente que el Cuerpo las conozca, sin perjuicio de que algunos señores senadores ya han tomado conocimiento de ellas. Concretamente, me estoy refiriendo a las cifras preliminares del censo realizado el año pasado.

En primer lugar, entre los años 1986 y 1990, desaparecieron 13.543 explotaciones agropecuarias, es decir, un 20% de las existentes. Si la memoria no me falla, creo que de 68.350 bajaron a 54.819.

En segundo término, entre 1980 y 1990, el número de los trabajadores en la agropecuaria disminuyó a 18.185.

En tercer lugar en la cifra anteriormente mencionada –y lo destaco como un aspecto particular- se encuentran los trabajadores catalogados como "el productor y su familia" -es decir, los chacareros- que representan 15.702 personas menos, que están cultivando la tierra y que seguramente forman parte de los cordones de miseria de las ciudades del interior e inclusive de Montevideo. Esto se debe a que han tenido que abandonar la tierra en función de las variables económicas que han operado en los últimos 10 años en el país, incluyendo los cinco primeros en que comenzó a funcionar el sistema democrático.

Asimismo, hay algunos ejemplos que son realmente alarmantes y dramáticos. En el departamento de Canelones, en el año 1980, había 13.940 explotaciones agropecuarias; las que en 1990 habían disminuido a 10.648. Esto significa que solamente en ese departamento -aquí cerca, junto a Montevideo- se han perdido 3.292 explotaciones agropecuarias. Este hecho dio lugar a que miles de productores rurales que han gestado la riqueza de este país durante décadas ni siquiera pudieran seguir viviendo en esas tierras; naturalmente, no me estoy refiriendo a los hijos, sino a sus padres.

En cuarto término, podría proporcionar el número de tractores existentes en el Uruguay, a fin de significar la caracterización del estancamiento, más allá de algunas variantes tecnológicas. En el año 1980, en el agro uruguayo había 32.878 tractores; actualmente, 10 años después, hay 32.641, o sea, 237 menos. Reitero que, aunque ha habido innovaciones tecnológicas, esto es realmente dramático y muestra las razones del estancamiento.

En quinto lugar, se ha podido observar que en todos los departamentos han desaparecido las explotaciones agropecuarias, pero los casos más graves son: Canelones, que perdió 3.292; San José, 1.320; Florida, 927 y Colonia, 856. Como vemos, todos ellos forman parte de la cuenca lechera y de la granjera, que brinda productos hortícolas y frutícolas y donde se incorpora mayor mano de obra, ya que normalmente no hay ganadería extensiva.

En sexto término, podemos señalar que a fines del Siglo XX hay concentración de la propiedad de la tierra, ocasionalmente la pauperización de los productores. ¿Cómo podemos explicar esto? Es decir, que se trata de la misma cantidad de tierra, pero en manos de menos propietarios. Sin embargo, los que han desaparecido, no han sido los grandes propietarios, sino los pequeños y medianos. Los grandes concentran la tierra en desmedro de la pequeña y mediana propiedad.

En séptimo lugar, observamos que desde el año 1956 hasta el presente -teniendo en cuanta los datos finales- explotaciones agropecuarias que han desaparecido superan largamente las 40.000. Prácticamente estamos en esa cifra.

En octavo término, creo que en estos últimos treinta años no se ha hecho nada. El Instituto Nacional de Colonización no tiene recursos.

En noveno lugar, las leyes que ordenaban el otorgamiento de tierras -que el pueblo había pagado- a dicho Instituto, no se cumplieron. Concretamente, la Ley de Refinanciación del Endeudamiento Interno -tal como lo dije al comienzo de mi exposición- señalaba que se le debían pasar las tierras en poder del Banco Central y del Banco de la República, por la adquisición de las Carteras de la banca fundida. En tal sentido, se presentaron varios proyectos con las firmas de algunos señores senadores que hoy integran este Cuerpo. En la Legislatura pasada no se logró que ni siquiera 10.000 hectáreas provenientes de esas Carteras fueran cedidas. Como se ve, no hubo voluntad política; tampoco la hubo para dotar al INC, no ya de tierras sino de recursos necesarios para su adquisición.

No debemos olvidar que tanto en la Legislatura pasada como en la presente se analizaron algunos proyectos de ley por medio de los cuales se proponía emitir Bonos del Tesoro, no para pagar la deuda externa, para financiar déficits, sino para otorgarle recursos al Instituto Nacional de Colonización. Reitero que no hubo voluntad política ni en la Legislatura pasada ni en lo que va de ésta para que esos proyectos de ley tuvieran andamiento.

Sin embargo, señor Presidente, sigue habiendo 14.000 aspirantes a colonos, que desde hace más de 10 años no consiguen un pedazo de tierra en el interior de la República, donde ir a trabajar. Por ello, decimos que a veces nos exasperamos cuando escuchamos a algún propietario decir que la gente no quiere trabajar la tierra. Repito que hay 14.000 productores rurales que quieren tierras para trabajar. No obstante ello, el Estado no ha hecho absolutamente nada para proporcionarles el posible acceso a ella y al créditos para trabajarla e incrementar la producción.

Sin embargo, ahora, como solución, se nos presenta un proyecto de ley de liberalización de los arrendamientos en materia rural. No hay voluntad, pues, de dar la tierra a quienes desean trabajarla; en cambio, sí hay voluntad política para acentuar la postura privilegiada de los grandes propietarios, entre ellos, los ausentistas.

En definitiva, creo que como consecuencia de este proyecto de ley -no lo afirma sólo quien habla, sino también los propios productores- se va a continuar acentuando el dramatismo de la realidad actual; seguramente, mucha más gente va a quedar en la calle, e inclusive, los propietarios no van a encontrar solución al problema de obtener una adecuada rentabilidad. A través de este mecanismo, sin duda, se incrementará la imposibilidad de cumplir de los futuros arrendatarios que ingresen a este régimen que se pretende implantar mediante el proyecto que tenemos a consideración.

Es cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: en un par de oportunidades, el señor senador preopinante me aludió, por lo que le solicité una interrupción que me fue negada, contrariando lo que, sin duda, es una práctica de este Senado.

Cuando se mencionó mi nombre, se estaba haciendo referencia a algunas cifras manejadas por quien habla a lo largo de su exposición, las que fueron recogidas de la información proporcionada por los servicios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por el propio señor Ministro. Ellas referían a lo que había venido ocurriendo en un lapso de 25 años en torno a los contratos de arrendamientos rurales que servían –estoy hablando del total de las explotaciones rurales- de acceso a la explotación de la tierra. Asimismo, a través de esas cifras se demostraba un descenso importante, muy acentuado, de la cantidad de tierras explotadas mediante el contrato de arrendamiento. Hemos tomado las que consideramos adecuadas, sobre todo porque provienen de quien es el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si no creyéramos en sus palabras, existirían responsabilidades políticas que cuestionar.

En consecuencia, más allá de las cifras, lo que importa, destacar en realidad, es la afirmación que surge del informe en minoría, en el que se dice que en base a estos datos resulta que la reducción del volumen de tierras sería levemente superior al 10%, porcentaje muy alejando del manejado por el Poder Ejecutivo. Lo cierto, pues, es que aun en este informe se acepta que hay un descenso en la oferta de tierras. Por consiguiente, si ello es así –aun cuando para nosotros ese descenso es mucho mayor- la lógica que debe derivar de ese dato objetivo es que quienes tienen más poder económico van a poder acceder a esa menor oferta de tierras.

Entonces, señor Presidente, teniendo presente alguna otra información expresada a la ligera, en el sentido de que quienes apoyan este proyecto de ley son conservadores y retrógrados, si se admite esta rebaja o reducción –y en función de ella, a aquellos que tienen más poder económico les es más fácil acceder a las tierra- me pregunto ¿quiénes son los conservadores y retrógrados? ¿Aquellos que, como nosotros, apoyamos este proyecto de ley y queremos revertir esta situación, o quienes están en contra de él y sostienen que debe permanecer la ley vigente, que ha permitido reducirse la oferta de tierras en perjuicio de personas que no pueden acceder a ellas a través del contrato de arrendamiento?.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - En forma breve, quiero aclarar nuevamente al Cuerpo que siempre concedo todas las interrupciones que puedo. Es más; en el transcurso de mi intervención, lo he hecho en tres oportunidades, por supuesto que acotadas por el tiempo de que disponemos los oradores en la discusión general. Lamentablemente, el señor senador Brause me solicitó una interrupción en un momento en que ya no me era posible otorgar más. Si lo hubiera hecho, no habría podido concluir mi exposición, en virtud de que ha había concedido tres interrupciones. A este respecto, deseo recordar al señor senador Brause –quien expresó que he violado una norma parlamentaria- que él negó una interrupción al señor senador Astori, lo que demuestra su poca memoria.

SEÑOR BRAUSE. - Aclaro al señor senador que eso sucedió al comienzo de mi intervención.

SEÑOR GARGANO. - Entonces, demos por empatado el partido.

SEÑOR BRAUSE. - Hay una pequeña diferencia, señor senador, porque quien habla no había aludido al señor senador Astori.

SEÑOR GARGANO. - Con referencia al tema de los resultados de las políticas aplicadas, en el Senado siempre han abundado caracterizaciones por parte de los señores senadores; y se debe tomar esto como una alusión política natural y corriente en las lides parlamentarias. Sostengo que este proyecto está adherido a una filosofía conservadora, lo cual no debe ser algo agraviante para los conservadores. Según Gerardo Caetano, joven historiador de nuestro país, don Luis Alberto de Herrera manifestaba: "Me enorgullezco de pertenecer a una corriente de pensamiento conservador". Pienso que lo hacía porque estaba afiliado a una corriente de ideas conservadoras.

Con relación a las consecuencias del proyecto de ley, seguramente la historia probará si los que lo hemos objetado teníamos razón. Entendemos que si esta iniciativa se basa en datos contradictorios no podrá alcanzar buenos resultados, ya que, inclusive, la información que se nos proporciona para legislar no es muy confiable en una primera instancia.

SEÑOR PEREYRA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. – Señor Presidente: este proyecto de ley refiere exclusivamente al sistema de arrendamientos rurales. A pesar de su importancia, creemos que apenas constituye una pequeña parte del enfoque que este país tendría que llevar adelante, sobre todo en lo que tiene que ver con la tierra, con su significado para la vida económica del país, con sus problemas de tenencia, de extensión, de producción, de tecnología, de aislamiento, de despoblación de endeudamiento de quienes la trabajan, de la extranjerización que se está produciendo en los últimos tiempos, en fin, con todo lo que a nuestro juicio debe abarcar una política sobre tierras, teniendo en cuenta el papel preponderante que ésta juega en el desarrollo económico de un país que, como el nuestro, posee una economía agropecuaria.

Por lo expuesto, nuestro enfoque inicial pretende distinguir claramente los problemas de la tierra de aquellos relativos a arrendamientos rurales porque, naturalmente, esto es una parte importante –pero no la fundamental- de lo que señalábamos al comienzo: el significado que tiene la tierra para nuestro país.

Luego de realizar esta afirmación, queremos reiterar que ya que la tierra es la base fundamental de la economía del Uruguay, sería bueno analizar los problemas que, a nuestro juicio, requieren un enfoque urgente, a fin de que ésta reditúe lo que el país espera de ella. Creemos que se trata de un punto de partida esencial para el crecimiento económico.

Dentro de los problemas que mencionábamos, están los de explotación de la tierra que han sido estudiados extensamente a lo largo de la historia de este Parlamento, Fruto de ello es, quizás, la ley que tantas veces ha sido mencionada, cual es la de creación del Instituto Nacional de Colonización. Se le ha dado una trascendencia tal, que en algún momento llegó a decirse que por su sola aplicación si iba a operar ese fenómeno tan repetido en el Uruguay, como es el de la necesidad de una reforma agraria. Reitero, que estos problemas de explotación son hoy los mismos que en aquellos tiempos y, a aun antes. Ellos tienen que ver, en general, con una forma extensiva de trabajar la tierra, contrariando de esa manera las posibilidades que ofrecería una explotación intensiva de la misma.

Nuestro país posee casi 17 de millones de hectáreas útiles para su explotación y su población apenas alcanza a los 3 millones de habitantes, es decir, permanece estancada porque ese valor fundamental –la tierra- que es el asiento del Estado y que es un elemento trascendental para el desarrollo económico, no ha sido ni es debidamente explotado.

Todas estas dificultades se relacionan también con la extensión de los predios. Es evidente que el Uruguay continúa teniendo, en algunos casos, alta concentración de tierras en muy pocas manos. Junto a este problema, denominado comúnmente latifundio, apenas el de minifundio que es, asimismo, un factor de estancamiento, cuando no de retroceso, en la función que la tierra debe cumplir en el Uruguay.

Otro problema que está sufriendo nuestro país en su papel fundamental de creador de riquezas, es el de la extranjerización. Quiero aclarar el sentido de la palabra "extranjerización" -ya lo he hecho reiteradas veces en el Senado- pues ha habido una mala interpretación por parte de determinados sectores de la prensa acerca de este tema. Cuando hablo de extranjerización no me refiero a los extranjeros que se radican en el Uruguay y explotan la tierra, como pueden hacerlo en la industria o cualquier otra actividad, sino que hago mención al problema que ha sido denunciado por legisladores de todos los partidos políticos, acerca de la compra de tierras por extranjeros no residentes. En estos últimos tiempos ha tenido lugar la adquisición masiva de tierras por parte de brasileños, debido a que las necesitan para la explotación del arroz. Lo que ha sucedido, es que empresas muy poderosas que tienen sus dueños y agentes fuera del Uruguay, han comprado tierras con el fin de realizar una rápida explotación, casi depredadora, en forma de monocultivo. Dicha explotación no es seguida –como el país le convendría y debería imponerlo a través de una legislación- de la pradera, que crea una gran capacidad forrajera, sumamente fácil de obtener sobre un rastrojo de arroz, algo que no sucede en los casos de la tierra que no ha sido trabajada. Se trata, pues, de una penetración de capital brasileño –y no del elemento humano- en una competencia desleal con el trabajador uruguayo, ya que el empresario extranjero envía la maquinaria para trabajar las arroceras y nuestro país se lo acepta en admisión temporaria, creando así una situación de desigualdad con el productor nacional. Muchas veces, una empresa brasileña envía técnicos y trabajadores de su país restando, de esa, de esa manera, posibilidades de trabajo a tantos uruguayos.

Toda esta situación que ha sido motivo de preocupación de legisladores de todos los partidos de nuestro país desde hace 20 años, en los últimos cinco ha tenido un crecimiento muy importante. Quien viaje por las zonas del este y centro del país, podrá recibir toda la información pertinente por parte de los conocedores de este tema. Esta ambición de tierra por no residentes brasileños ha sido acicateada por la posibilidad del MERCOSUR. Una situación similar se esta dando, también, en la Mesopotamia argentina. Es probable entonces, que gran parte de la tierra uruguaya y una parte importante y muy fértil que posee la República Argentina sean explotadas por empresas brasileñas en el marco del Mercado Común del Sur, desvirtuando, de alguna manera, el sentido del progreso que los trabajadores, productores y pueblo de todos estos países aspiramos, ya que creemos que dicho Mercado es una posibilidad que el Uruguay debe trabajar intensamente.

Existe, pues, un problema de alta concentración de tierras ya que, por un lado está la que se ofrece a la venta y, por otro, la que se remata. Estos remates son consecuencia de las ejecuciones que se operan como colofón del fracaso de la legislación que el país ha creado hasta ahora para solucionar el problema del endeudamiento interno. Cada vez que hay ejecuciones se produce el hecho de que los compradores son extranjeros o quienes ya poseen muchas tierras. Esto sucede, naturalmente, cuando el predio tiene una extensión importante ya que, en los últimos tiempos se produce el fenómeno de que, en general, las ejecuciones se efectúan a pequeños y medianos productores. Al respecto, hace apenas 15 ó 20 días en la localidad de Sauce, en el departamento de Canelones, se ejecutó a cuatro productores. Uno de ellos poseía 4 hectáreas, otros dos tenían 8 y 10 hectáreas, respectivamente, y, quien contaba con una mayor extensión, alcanzaba apenas las 24 hectáreas. Estos son los que están cayendo bajo el martillo de los rematadores. Con ellos se cierra el capítulo de su endeudamiento, pero con ello se abre un drama social para la familia que vivía de esa explotación; para la familia que pierde la tierra como fuente de su subsistencia y, al mismo tiempo, su techo; para la familia que va a engrosar los cinturones de miseria o que va a empezar a mirar las perspectivas de vida fuera del país.

En el Parlamento, este fenómeno de la despoblación de la campaña se ha constatado en forma reiterada, con cifras contundentes. Debido a ello, tendríamos que abarcar toda la problemática de la tierra uruguaya a fin de poder ubicar en él este problema de los arrendamientos rurales que, reitero, por ser un tema importante, pasa a ser secundario si se tiene en cuenta la magnitud de la función que tiene que cumplir la tierra en este país.

Con respecto al tema de los arrendamientos rurales, tenemos que enfocarlo desde dos distintos aspectos. En primer lugar, el derecho de propiedad, naturalmente defendido cuando se habla de las potestades y derechos del propietario y, en segundo término, los aspectos productivos y sociales, cuando se alude a algo más que a los derechos de una persona, es decir, cuando se habla de los derechos de la Nación, de la sociedad entera.

El doctor Gelsi Bidarte en la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado manifestó que el tema radica en saber qué interesa más desde el punto de vista social en esta materia; si la producción o la propiedad de la tierra, sea ésta propiedad del Estado, de particulares o de Entes Autónomos. Parecería que el tema de la producción fuera el de mayor significación desde el punto de vista social y nosotros creemos que es así, que son los aspectos productivos y sociales, en última instancia, los que deben predominar en la consideración del problema. Es cierto que la Constitución de la República en su artículo 32 comienza con una expresión contundente que pierde fuerza de inmediato cuando entra a pesar el interés social en la redacción y en el pensamiento del constituyente. Entonces, repito, que comienza con la expresión contundente de que "la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general". Quiere decir que está determinando, tal como lo admite el Estado moderno, que el interés general está por encima del interés particular. Aquí, el interés general es el que la tierra sea explotada, no sólo teniendo en cuenta los derechos del propietario sino, además, el de la sociedad. Estas aseveraciones no son ajenas a nuestro Partido, ya que en el Programa Común de éste se dice que la tierra debe ser considerada y explotada como un bien social, y que debe perseguirse con su explotación el objetivo del bienestar social. Tampoco son ajenas las distintas declaraciones que más adelante vamos a leer y que fueron vertidas por hombres que han significado mucho para la vida del país.

Entonces, la tierra es, más que un factor definido por el derecho de propiedad, un bien permanente al servicio de la sociedad y, precisamente, de esta Nación uruguaya, cuya vida, progreso, desarrollo y porvenir depende, sustancialmente, de la cantidad y calidad de riqueza que de ella se extrae. La tierra es sólo esa capa de humus que recubre el territorio uruguayo, y ella es nuestra única gran riqueza. Al respecto, diría que le propietario es un usuario temporal de la tierra; su derecho desaparece aunque no quiera desprenderse de él, porque la tierra es un bien permanente, de la Nación, de la sociedad uruguaya, y es usada por aquellos que la trabajan a través de los distintos sistemas. El derecho de propiedad es el único para acceder a la tierra.

Creo que todos han hablado de la significación de la tierra en la vida uruguaya. En ese sentido, desde hace mucho tiempo, se recurre siempre al conocido "slogan" difundido un día en una de las exposiciones del Prado: "El Uruguay se salva con el agro o con él perece". No todos tienen el mismo concepto y sentido sobre lo que significa este pensamiento y acerca del rol que la tierra juega en la sociedad uruguaya.

Aquí se han manejado cifras que no vamos a controvertir, como las expresadas por el señor Ministro en la Comisión. Las cifras muestran que baja el número de arrendatarios, es decir, la cantidad de trabajadores rurales y la gente que explota la tierra. En los últimos años, repito, se ha producido un descenso permanente del número de arrendatarios, de propietarios, de productores, de empresarios rurales y de personas que trabajan la tierra. Quienes recorren nuestra campaña pueden ver claramente que ello provoca la aparición de taperas y de escuelas permanentemente cerradas.

Hoy le decía a un amigo que cuando me hice cargo de la administración, hace muchos años, de un predio rural, ubicado a cuarenta kilómetros de Rocha, debía pasar frente a cuatro escuelas, de las cuales hoy sólo queda una en funcionamiento. Esto se repite en todos los lugares del país: es fruto y expresión clara de la continua despoblación de la campaña.

Entre los factores que hemos señalado como consecuencia de la despoblación, voy a agregar otros como la concentración de tierras, el minifundio ahogado -tal como sucedió en ciertas zonas del departamento de Canelones en la Legislatura pasada- la forma de producir, la falta de estímulos, y fundamentalmente, los que tienen que ver con un régimen impositivo, a nuestro juicio, más racional, que debe ser aquel que grave la baja productividad a fin de impulsar lo que al país le interesa que es, obtener mayor riqueza de su única fuente generadora, la tierra.

Creemos que es necesario encontrar y aplicar una legislación de carácter finalista -que en algunos casos hemos probado aunque en forma incompleta- a los efectos de que la tierra cumpla la función social que nadie discute que debe primar en la consideración de este problema. Muchas veces hemos habla también del crédito como elemento y palanca fundamental para el crecimiento de la explotación agropecuaria. En ese sentido, debemos decir que en los últimos tiempos, el Banco de la República no ha estado en condiciones de continuar con la misión que tradicionalmente ha cumplido como banco de fomento, propulsor del desarrollo nacional, en virtud de dificultades que, a nuestro juicio, deben ser solucionadas rápidamente para que otros organismos, que debieran tener en cuenta los intereses nacionales, no impidan –como resultado de un enfoque equivocado y algunas veces arbitrario- el desempeño de esa función.

Entonces, el Uruguay no puede seguir expulsando de la tierra a las familias campesinas y para ello debe encontrar rápidamente una solución definitiva al problema del endeudamiento interno, que constituye un peso que detiene el crecimiento económico del país y que significa un alto costo social que se esta pagando en perjuicio de un sector importante de la población. Este concepto ya ha sido expresado hace pocos días en el Senado, en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley sobre suspensión de ejecuciones rurales.

Reiteramos que en ese proyecto hay que tener en cuenta el factor que deriva del derecho de propiedad reconocido por la Constitución, y el del interés social, que provienen de una mejor, más correcta, más justa, más adecuada, más estimulada y más racional explotación de la tierra.

En lo que tiene que ver con el proyecto en sí mismo, debemos decir que es cierto que está impregnado de esa concepción neoliberal que deja de lado factores atenuantes de las desigualdades económicas y sociales- que piensa que en el libre juego de los factores generadores del mercado, se encuentra la solución de los problemas y que, en definitiva, considera que esto deber ser así porque las partes son prácticamente iguales. Es aquí donde discrepamos con la filosofía del proyecto, porque no es cierto que las partes sean iguales; una de ellas tiene, generalmente un gran poder económico mientras que la otra solamente empleará, acaso un capital pequeño, pero fundamentalmente el trabajo del productor, de su familia y de la gente que con él contribuye a explotar esa riqueza de la que hablábamos al principio, cuya única fuente creadora es la tierra.

Esto no es nuevo, porque cuando al final de la concepción del estado gendarme, afloran los problemas sociales, aquél tiene que romper los moldes que lo delimitaban para intervenir en ellos, entre los que se encontraba, por ejemplo, el de la relación –obviamente conocida y estudiada por todos- entre el capital y el trabajo. En ese momento, todo el mundo consideró que no se trataba de partes iguales, porque en la negociaciones necesarias para soluciona ese problema había una más débil que el Estado debe proteger. Aquí la parte más débil es la del arrendatario. El propietario es, si se quiere, un inversor, un poseedor de riqueza que pude colocar en el mercado financiero o mantener como patrimonio, la propiedad de la tierra pero, en definitiva especula con las posibilidades de obtener riqueza sin agregar su propio trabajo. El que sí debe contribuir con su propio trabajo es el arrendatario. Esto es así no sólo porque nosotros lo pensemos; ni siquiera se trata de una bandera para esgrimir por quienes ofrecen soluciones políticas sociales y económicas, en nombre de partidos que han hecho de esto una cuestión fundamental en su accionar y en sus programas, como son los llamados de izquierda. Es un problema que nos afecta a todos y que ha estado en boca de hombres que han importado mucho en la vida de otros partidos políticos y en la del país.

A continuación, voy a leer las palabras de un hombre que jugó un papel importante en varias Legislaturas, en el Poder Ejecutivo y en la Intendencia de Montevideo. El 1° de marzo de 1963, en el momento de prestar juramento ante la Asamblea General, el señor Daniel Fernández Crespo manifestó lo siguiente: "En cuanto al sector de la explotación agropecuaria, debemos encontrar soluciones de fondo para los problemas que enfrenta. Si la producción rural es el fruto de la integración de cuatro grandes factores predominantes, o sea la tierra, capital, trabajo y técnica, es evidente que para aumentar el producto de esta combinación de factores, deberá modificarse la proporcionalidad existente entre ellos, acercándola a las que determinen las condiciones ideales de eficiencia productiva dentro de un criterio económico. En la integración ideal de estos cuatro elementos a que me he referido, no será sin duda la tierra un factor limitativo. Los 16:000.000 de hectáreas explotadas de otra manera pueden sostener una población humana y animal de una densidad mucho mayor de la que esta extensión tiene en la actualidad". Termina diciendo: "En lo general, entendemos que la tierra debe ser de quien la trabaja y la hace producir".

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. – Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. – Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. – Sin perjuicio de que la moción sea votada, como corresponde, la Mesa tiene el deber de informar al Cuerpo que está en su pode una moción formulada por el señor senador Batalla en el sentido de expresar unas palabras de condolencia en la media hora final, por lo que reglamentariamente, debería interrumpirse de todas formas la exposición del señor senador Pereyra.

SEÑOR BATALLA. – Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – Simplemente, deseaba expresar algunas palabra ante la muerte de Scubert Gambetta. No quiero interrumpir la exposición del señor senador Pereyra; por lo tanto, si existe acuerdo, pienso que podríamos esperar que termine su exposición, y luego prorrogaríamos la hora de finalización de la sesión, a los efectos de que pueda pronunciar mis palabras, lo que no insumirá mucho tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Presidencia no tiene inconveniente en prorrogar el término de que dispone el orador si el Cuerpo así lo decide.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. – Aquí se ha señalado con razón que con este proyecto se cambia la filosofía vigente en materia de arrendamientos. Eso es algo que nos hizo dudar y que analizaremos en nuestro enfoque.

Pese a las reservas formuladas, vamos a justificar por qué votaremos este proyecto. Nosotros consideramos que contribuimos a introducir en él grandes mejoras, por lo menos para un sector muy importante, desde el punto de vista económico y social, de nuestra población rural.

En cierta oportunidad, el doctor Gelsi manifestó, en la comisión de Agricultura y Pesca que la ley vigente de arrendamientos rurales, que más bien es de convenios agrarios, tiene su fundamento en la Ley N° 12.1000 sancionada en la década del 50, en la que se pueden encontrar los fundamentos del régimen vigente. La ley actual contiene algunas modificaciones pero, repito, que el fundamento de la ley que hoy tenemos figura en la norma citada. ¿Cuál es el fundamento del régimen jurídico que hoy en día nos rige? Es el de la tutela del trabajo. El gran problema que tenían los legisladores que crearon la Ley N° 12.100 era la suerte de enfrentamiento subyacente entre el dominio codificado –es decir el derecho de propiedad regulado por el Código Civil- el más absoluto de los derechos patrimoniales, y la regulación jurídica del trabajo. En la década del 50 o del 40, el fenómeno laboral estaba cobrando una fuerza muy importante en base al reconocimiento jurídico del trabajo. Es por ello que la legislación de entonces tiende a establecer una protección al trabajo y una protección social que, de alguna manera, choca con algunos conceptos de esta ley y que procuramos suavizar incorporando por lo menos uno de los factores que permiten cierta seguridad al ocupante precario de la tierra, el arrendador en este caso, que es el problema del plazo".

Por lo tanto, lo que se procuró en la legislación vigente es defender el interés del que trabaja la tierra –tal como lo mencionamos recientemente- que es el que pone la fuerza y la inteligencia, el que arriesga lo fundamental y el que maneja el factor generador de riqueza tan sensible y tan importante que es la tierra.

Nosotros creemos que dentro de la concepción de protección al ocupante precario de la tierra que es el arrendatario que figura en la legislación vigente, lo más destacado era el plazo mínimo, que le permitía al arrendatario hacer una inversión para producir bien, un asentamiento tranquilo de su familia en el predio y la seguridad de recoger los frutos de esa inversión.

Es cierto que el plazo real de 10 años que se establecí antes, que podían llegar incluso a 12, de alguna manera limitaba la posibilidad de regreso del propietario a la tierra, pero debemos reconocer que eso no es lo más frecuente. El propietario pocas veces vuelve a la tierra. De cualquier manera, era un plazo excesivo que creaba algunos problemas. Los productores lecheros solicitaron –como aquí se ha señalado- un plazo no menor de 6 años, que era lo que ellos entendía que garantizaba la inversión que debían incorporar a la explotación en tecnología y bienes de capital.

Cuando se trató el tema de los plazos, se planteó una idea que no fue aceptada en la Cámara de Representantes, pero sí por la mayoría de los miembros de la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado. Logramos ponernos de acuerdo en un plazo mínimo de cuatro años que, a nuestro juicio, era por lo menos una garantía de permanencia y, teniendo en cuenta el ciclo de las praderas –imprescindible en l caso de la producción lechera- y la forma en que se efectúa la producción, creíamos que no es lo mejor pero que, al se lo único posible, era un avance tan importante que justificaba que nosotros, por encima de las reservas ya señaladas, le diéramos nuestro voto. Repito que dicho plazo era para nosotros una conquista importante frente a la posibilidad de que la ley se sanciones sin plazo alguno, lo que hubiera ido en perjuicio no sólo de la persona y la familia del arrendatario sino también de la inversión de tecnología y de la creación de elementos que mejoraran la producción rural y que hubieran quedado asociados al predio para contribuir a aumentar la riqueza que de él se pudiera extraer. Consideramos que, actuando pragmáticamente frente a una realidad política y a mayorías parlamentarias reconocidas, era preferible optar por estos cuatro años a que el proyecto fuera aprobado tal como salió de la Cámara de Representantes.

Nosotros reclamamos que el plazo fuera general, es decir que alcanza a todos los arrendatarios. Sin embargo, comprendimos que era distinta la situación del gran arrendatario que la del pequeño. El arrendatario de altas áreas tiene muchas veces elementos suficientes para su autodefensa, lo que no posee el pequeño arrendatario. Debemos recordar que este plazo, al no tener un carácter general y regir exclusivamente para los productores lecheros, protege a un sector muy importante en la vida nacional, aquellos en los últimos tiempos han dado el salto más grande hacia el crecimiento de la producción y de la riqueza nacional, pero que viven dentro de un marco –esto ha sido señalado pero no está de más reiterarlo- social y económico que es necesario definir para comprender perfectamente la importancia de la mejora introducida. El 80% de los productores lecheros explotan menos de 100 hectáreas, y de éstos, el 60%, menos de 50 hectáreas. Hay aquí, pues, un problema de interés social, de protección a la familia modesta, de las pocas que van quedando en nuestro medio campesino.

Alrededor del 40% de los productores lecheros son arrendatarios. Esto indica, entre otros, el valor social que tiene la incorporación del plazo que hemos logrado introducir en la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado.

Recién decíamos que la producción lechera ha conseguido dar el salto cualitativo y cuantitativo más importante de los últimos tiempos en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Sin embargo, todavía no es suficiente para reemplazar a los grandes rubros de nuestra economía: la lana y la carne. La revolución en el agro uruguayo debe ser general y contemplar a todos los sectores.

Nosotros, justificando nuestra posición, dijimos en la Comisión -y queremos incorporarlo a nuestra exposición de hoy en su parte final- que había en ella partidarios de aprobar el proyecto de ley tal como venía de la Cámara de Representantes; otros entendíamos que debían introducirse modificaciones de mayor entidad; y finalmente, había legisladores que pensaban que era necesario, por lo menos, incluir el plazo que, como aquí se ha señalado, fue reiteradamente reclamado por productores lecheros, principalmente por delegaciones oficiales de algunas Juntas Departamentales, como las que aquí se han citado, de San José y Florida.

Posteriormente, transando con los demás compañeros del Partido Nacional, admitimos que el plazo pudiera reducirse exclusivamente a los predios que tuvieran como destino la lechería, incluyendo también a todos los contratos que se celebren para arrendamientos destinados a ese fin. En un primer momento, pensamos en un plazo de cinco años. Siendo esta solución imposible y habiéndose realizado otra propuesta de que fuera por tres años, se acordó finalmente un plazo de cuatro años.

Al terminar el tratamiento del tema dijimos lo siguiente: "En aquella oportunidad" -una oportunidad anterior- "manifesté que no compartía la filosofía del proyecto, más allá de sus distintos disposiciones sobre arrendamientos rurales, ya que creo que el factor tierra en este país es el elemento fundamental y básico para la supervivencia del mismo. De manera que toda la legislación sobre esta materia tiene que procurar tener en cuanta ese papel fundamental que el elemento tierra juega en nuestra economía y en nuestra vida social. Siempre hemos sostenido –e incluso así lo recoge el Programa del Partido Nacional- que la tierra debe ser usada con un criterio eminentemente social. Muchas veces hemos expuesto –y ahora lo reiteramos- que la tierra no es un elemento como cualquier otro cuyo uso se entrega mediante un contrato, sino que ella es un factor fundamental en la existencia del país, con connotaciones económicas, sociales, y aún sentimentales, que forman parte de la concepción del hombre, que llega a una íntima interrelación entre el factor generador de riqueza, que le da vida y el hombre mismo.

En esta materia, y consecuente con lo que acabo de señalar, creo que el país, había obtenido una legislación en la época del 50, que traducía una filosofía distinta a la que inspira este proyecto. Creemos que la incorporación del plazo justifica el voto que vamos a dar en Comisión y en Sala al proyecto.

Teniendo en cuenta que vamos a tratar no una política de tierras en general, sino de arrendamientos, no existe una contradicción entre el problema de fondo, el uso de la tierra en el Uruguay, señalado por distintos señores senadores en distintas oportunidades, y el necesario asentamiento del productor y su familia en la tierra.

Recuerdo que las llamadas leyes de reforma agraria que en la década del sesenta proyectó el entonces señor senador Wilson Ferreira Aldunate, formaban un conjunto destinado claramente a fijar una política de tierras. Personalmente, adherí a esa filosofía y sigo creyendo que ello debería jugar un importante papel en el desenvolvimiento del país. Concretándome al proyecto de arrendamientos rurales, debo decir que siempre fui partidario de la fijación de un plazo con carácter general, y en las conversaciones mantenidas en esta Comisión se ha considerado que el sector lechero es el que más necesita de las garantías del plazo y así se ha actuado.

El Movimiento Nacional de Rocha no votó este proyecto en la Cámara de Representantes, precisamente por carecer de un elemento fundamental como el plazo que por lo menos atenúa el rigor de las características que rodean a este proyecto".

Como a nuestro juicio la introducción de este elemento mejora el proyecto, le hemos dado nuestro voto afirmativo en aquella oportunidad y se lo damos en ésta, en la instancia de su consideración en el Senado.

Muchas gracias.

14) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Teniendo en cuenta que ya ha sido fijada una sesión extraordinaria del Senado para la hora 17 de mañana y que es posible que el tema que lo convoca no sea demasiado extenso, quería mocionar en el sentido de que se cite al Cuerpo luego de la finalización de ésta para continuar con el asunto a estudio y el resto del orden del día, modificando su orden y colocando en segundo lugar el referido a la autorización para ampliar la emisión de Bonos del Tesoro.

En resumen, mi propuesta es la de citar al Senado en sesión extraordinaria para las 18 horas del día de mañana, para terminar con este tema, luego con el relacionado con la emisión de Bonos del Tesoro y, finalmente, con el resto del orden del día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa interpreta que no sería necesario citar al Cuerpo a sesión extraordinaria, sino que correspondería pasar a cuarto intermedio hasta el momento en que culmine la sesión extraordinaria del día de mañana convocada para considerar las modificaciones al Presupuesto del Senado.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Como en tantas otras oportunidades, tiene razón, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador de Posadas Montero.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para hacer una consulta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Deseo consultar al Cuerpo si no sería deseable, entonces, adelantar la hora de comienzo de la sesión para las 16 horas, en vez de las 17.

SEÑOR PRESIDENTE. - Eso no es posible, señor senador, porque la Comisión de Presupuesto tiene que reunirse previamente para considerar una serie de aditivos.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para ocuparme del tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Deseo plantear una consulta. Sé que las sesiones extraordinarias no tienen hora de terminación, pero formulándose esta propuesta con tan poca anticipación, creo que puede crear problemas en el sentido de que algunos integrantes del Cuerpo han contraído compromisos. En lo que a mi respecta, no podría continuar en el día de mañana sesionando más allá de las 20 horas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se trata de la sesión ordinaria de hoy que proseguiría mañana hasta una hora prudente. También yo tendría que retirarme más allá de las 20 horas, pero espero que podamos trabajar dos horas o dos horas y media, por lo menos.

SEÑOR ASTORI. - Acompaño, entonces, la moción, en el entendido de que la sesión se levantaría a la hora 20.

SEÑOR PRESIDENTE. - Exactamente.

15) SCHUBERT GAMBETTA. Su deceso.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde votar ahora la prórroga de la hora de finalización de la sesión a los efectos de permitir la expresión de condolencia anunciada por el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: siempre he entendido que el Parlamento no puede quedar ajeno a episodios que tengan sentido y contenido popular.

Hace dos días falleció en el Uruguay una de las grandes figuras del fútbol nacional: Schubert Gambetta. No puedo decir que fui su amigo; sí disfruté, como tantos uruguayos, de su enorme figura en los campos de juego como defensor de la selección nacional y del Club Nacional de Football.

Creo que fue uno de esos hombres que representó una época en el deporte nacional. No hizo dinero, y salió esporádicamente al exterior, pero dio todo de sí al fútbol nacional y constituyó una parte muy importante de la alegría que sintió durante años la afición deportiva, es decir, la mayor parte del pueblo uruguayo.

Schubert Gambetta fue un hombre excepcional, no solamente dentro de la cancha, sino también en la relación humana. Pese a lo que podían ser sus arrestos dentro del campo de juego, tuvo un accionar profundamente leal, respetuoso de sus adversarios y del espectáculo.

Se alejó del fútbol modestamente, y así vivió desde entonces, siempre con sus recuerdos, pero nunca de ellos.

Hace algunos días tuvimos la oportunidad de enterarnos de su enfermedad. Hablamos con su esposa, y le hicimos llegar un abrazo y el deseo de su pronto restablecimiento. Lamentablemente, no pudimos estar –como hubiera sido nuestro deseo- junto a él en el momento de su muerte, pues nos encontrábamos en Artigas, donde nos enteramos de lo ocurrido.

Creo que todos sentimos que una parte del Uruguay futbolístico moría con Scubert Gambetta, con el popular "Mono" Gambetta. Con su sonrisa, su mirada y su cabellera -que hasta sus últimos días peinó siempre hacia adelante- se constituyó en una figura excepcional dentro del deporte nacional. Fue un hombre que todo lo daba en la cancha y amaba lo que hacía. A mi juicio, una de las cosas más importantes del hombre y de la vida en todos sus órdenes, es sentir que la libertad no consiste tanto en hacer lo que se quiere sino en querer lo que se hace. Y creo que Gambetta fue uno de esos hombres que tuvo la suerte inmensa de vivir queriendo lo que hacía y ganándose la vida con algo que constituía parte de su afecto.

Yo que comparto el dolor de su familia y de parte importante del pueblo uruguayo ante su muerte, creí que el Senado, que debe ser sensible a todo aquello que tiene carácter popular, debía tener un recuerdo para Shubert Gambetta. Por consiguiente, solicito que el Cuerpo se ponga de pie y guarde un minuto de silencio en su honor, y haga llegar a su familia las condolencias de quienes somos representativos de la soberanía popular y de lo que el pueblo siente y percibe.

Muchas gracias.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - No se sí comenzar estas breves palabras refiriéndome a quien hoy recordamos a instancias del señor senador Batalla o reconociendo mi gratitud, precisamente hacia dicho señor senador, por habernos dado a todos esta oportunidad, que valoro enormemente, de que aquí en el Senado de la República rindamos un tributo a quien fue indudablemente un protagonista de la vida del Uruguay, de su cultura, de sus formas más entrañables de convivencia.

Deseo que el Cuerpo me permita recordar brevísimamente aquel día de l947, cuando con mis siete años de edad vi por primera vez jugar a Shubert Gambetta. Estaban sobre el césped del Centenario Aníbal Paz, Raúl Pini y Eusebio Ramón Tejera, Shubert Gambetta, Rodolfo Pini y José Cajiga, Luis Ernesto Castro, Walter Gómez, Atili García, José García y Juan Ramón Orlandi. ¡Una escuadra de película! Allí estaba Shubert Gambetta deslumbrando y contribuyendo, diría con un porcentaje relevante, a la emoción de quien participábamos de aquella experiencia que, por lo visto, es inolvidable.

Después pasaron los años. Recién comentábamos con alguien que sabe mucho de esto, el señor Jorge Bazzani, que trabaja con nosotros aquí en el Senado, que Gambetta lamentablemente pasó a la historia por ser un jugador con garra. En realidad, fue un jugador completo, ya que además de la garra ponía inteligencia y todo lo que debe tener un jugador de fútbol que cuenta con absolutamente todos los atributos que se exigen para practicar esta actividad.

Entre los recuerdos que se han sucedido en estos días y en estas últimas horas, me quedó muy grabado uno que escribió un periodista que comparto totalmente, que hago mío y que mencionó al terminar esta contribución al homenaje de Gambetta en el Senado. Fue un hombre que ayudó a vivir con alegría a los uruguayos. Suscribo totalmente este pensamiento -que reitero, hago mío- con el que finalizo esta breves palabras que son al mismo tiempo, de emocionado recuerdo para Gambetta y de gratitud para nuestro compañero, el señor senador Batalla.

Muchas gracias.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: creo que las figuras que han hecho vibrar a un pueblo y han promovido sus pasiones más exaltadas y sanas -como lo son, en este caso, las que rodean al deporte- los hombres que han dedicado su vida a convivir con ese pueblo y a hacer vibrar en el alma de sus conciudadanos, bien merece el reconocimiento de aquellos que representan a la ciudadanía en este recinto. Por eso creo que ha sido acertada la decisión del señor senador Batalla en el sentido de promover este homenaje. Todos recordamos la adhesión que despertaba el batallador incansable, indoblegable, en el terreno futbolístico, que fue Shubert Gambetta. También tenemos presente esa garra que aquí se ha mencionado y sobre todo aquella inolvidable jornada de Maracaná.

Sumo, entonces, mi voz a las expresiones que aquí se han levantado de homenaje y recordación a esta singular figura del deporte uruguayo.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Por nuestra parte, señor Presidente, adherimos al homenaje que el Senado rinde a la memoria de Shubert Gambetta, por feliz iniciativa del señor senador Batalla.

En lo que me es personal, no lo puedo asociar sino a la garra de jugador, de la que hizo gala en el Campeonato de l950 y, especialmente, en la final inolvidable de Maracaná. Cada uno de los jugadores uruguayos de aquella fecha inolvidable, integra el mejor y más distinguido cuadro de nuestras glorias futbolísticas que alcanza a todo el país, por encima –en el orden deportivo- de todas las divisas que en forma igualmente legítima se levantan en él. Aquel cuadro fue una representación cabal de la garra, del dinamismo y de la tradición deportiva del país que después de 20 años dio el último gran lauro a nuestro principal y popular deporte, el fútbol.

Shubert Gambetta fue también un ciudadano que cumplió como tal sus deberes dentro de la sociedad uruguaya, sin alardes, sin exhibicionismos, y sin ser, naturalmente, un personaje. De todas formas, en cualquiera de las cosas que realizó no fue de los insignificantes que se deslizan, sino que fue una afirmación humana, un valor entero. Pienso que el Senado hace bien en recordar al deportista, al ciudadano y al hombre, pues, de esa garra, son los hombres de esta país. Por lo tanto, mientras podamos referirnos a ellos, sin cortapisa, sin ninguna limitación, tenemos la obligación de seguir siendo optimistas con respecto a nuestro futuro.

Nos inclinamos con reverencia ante la muerte de Shubert Gambetta y adherimos los compañeros de nuestro sector, de nuestro Partido, al homenaje que le tributa el Cuerpo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado me permitirá que por una vez haga una pequeña transgresión al Reglamento y, sin descender de esta Mesa, pronuncie también unas palabras de adhesión al homenaje que, en mi opinión, muy justificadamente le brinda el Cuerpo a la memoria del ídolo deportivo caído, Shubert Gambetta.

En forma improvisada quiero expresar que en los dominios de esa pasión popular, de esa actividad deportiva que está integrada al ser nacional como es el fútbol, Shubert Gambetta fue, sin duda, una de las expresiones culminantes de ese deporte de nuestro país. Como aquí se ha dicho, es cierto que su figura era evocada generalmente por los aspectos singulares de su personalidad deportiva, vinculada a eso que el señor senador Cigliuti decía, con razón, que se ha conocido como el atributo de la "garra", es decir, de la clase del hombre que en un rectángulo deportivo siempre tiene dentro de sí algo más para dar, para esforzarse y superarse, a fin de obtener un resultado favorable. Lo que ahora se denomina como hombre temperamental, es lo que era Shubert Gambeta y es por eso que generalmente se le recuerda. De todas formas, en rigor de justicia, creo que hay que expresar lo que dijo el señor senador Astori hace un momento. Sé que mi opinión en este campo es de una autoridad muy relativa –yo diría que nula- pero no quiero silenciarla en este momento, porque yo, que vi jugar de niño centenares de veces a Shubert Gambetta, me atrevo a afirmar que fue una de las más grandes figuras del fútbol de todos los tiempos en este país y en cualquier otro.

Evidentemente, su recuerdo se agiganta cuando una piensa y rememora aquella jornada inolvidable del 16 de julio de l950 que, a mi entender, fue el día en que se plasmó la hazaña más grande del deporte uruguayo de todas las épocas. No puedo resistirme a recordar una anécdota que creo que refleja un hecho real, vivido en la circunstancia previa al encuentro con Brasil en que Gambetta, llamado a jugar por única vez en todo el campeonato –precisamente porque se trataba de la final y se confiaba, con razón, en que haría honor a su clase y temperamento- pudo dormir tranquilamente una siesta en una camilla de los vestuarios cuando, naturalmente, todos los demás jugadores de ambos equipos estaban viviendo los nervios que lógicamente se experimentan en una circunstancia como aquella.

En una sola ocasión –hace de esto relativamente poco tiempo, alrededor de dos o tres años- pude hablar con Shubert Gambetta y quiero referir algo que hace a su calidad humana, de hombre que sentía profundamente todo lo que había sido su entorno y sus amistades. El azar de la vida había determinado que yo estuviera viviendo, con mi señora, en la misma calle en la cual el vivió toda su juventud y creo que también su niñez. Había que ver con que calor, entusiasmo y cariño hablaba de esa calle de la esquina de Buxareo y Luis Lamas donde había vivido sus años primeros en el barrio que ahora le llaman Pocitos Nuevo pero que él le llamaba –como en aquel entonces se le conocía -" La Mondiola".

Con estas palabras quiero expresar mi más sincera y sentida adhesión al homenaje que el Senado le ha tributado a este deportista de excepción que quedará para siempre en los anales más gloriosos del fútbol uruguayo.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Solicito que la moción presentada por el señor senador Batalla se amplíe en el sentido de que la versión taquigráfica de lo expresado en Sala se envíe, también , al Club Nacional de Football.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción del señor senador Batalla, en el sentido de que el Senado tribute un minuto de silencio y que la versión taquigráfica de las palabras aquí pronunciadas sea enviada a sus deudos y al Club Nacional de Football.

(Se vota:)

-23 en 23 Afirmativa. UNANIMIDAD

La mesa invita a los señores senadores y a la Barra a ponerse de pie y a guardar un minuto de silencio de homenaje a la memoria de Shubert Gambetta.

(Así se hace)

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 8 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Amorín Larrañaga, Araújo, Arocena, Astori, Batalla, Blanco, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti,, de Posadas Montero, Gargano, Irurtia, Korzeniak, Pereyra, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zabala, Soto y Urioste).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.