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Nº 108 - TOMO 340 - 10 DE JULIO DE 1991

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

35ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR WALTER R. SANTORO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitud de licencia

- La formula el señor senador Pereyra por el día de la fecha.
- Concedida.

5) Productos subsidiados en mercados tradicionales uruguayos

- Exposición del señor senador Bruera.
-Se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores, a la Asociación Rural y a la Federación Rural.

6) Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto. AJUPENSAL

- Exposición del señor senador Pérez.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a AJUPENSAL y la última parte al Directorio de ANCAP por intermedio del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

7) Depredaciones en el Prado y en otras zonas del país

- Exposición del señor senador Arana.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Educación y Cultura y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a las Intendencias Municipales de Montevideo y de Maldonado y a sus respectivas Juntas Departamentales.

8) Bernabé Noblía. Homenaje póstumo

- Manifestaciones del señor senador Singlet.
- Se resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los familiares del extinto.

9) Situación del Banco de Previsión Social. Pedido de informes

- Manifestaciones del señor senador Belvisi.
- El Senado hace suyo el pedido de informes que se reiterará.

10) Alteración del orden del día

- Por moción del señor senador de Posadas Montero, se posterga la consideración de los tres primeros puntos.

11) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para ascender al grado de Coronel a varios Tenientes Coroneles. Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar un miembro de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos.
Venias para designar Embajadores de la República Oriental del Uruguay ante el Gobierno de la República de Canadá y ante el Reino de Arabia Saudita

- Por moción de los señores senadores Abreu y de Posadas Montero se declara urgente la consideración de las venias solicitadas para designar Embajadores ante el Gobierno de la República de Canadá y ante el Reino de Arabia Saudita.
- Se resuelve considerarlas junto con las que figuran en los numerales 7, 8 y 9 del orden del día.
(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para ascender al grado de Coronel a varios Tenientes Coroneles; para designar un miembro de la Corporación Nacional para el Desarrollo; para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional; para designar Embajadores de la República Oriental del Uruguay ante el Gobierno de la República de Canadá y ante el Reino de Arabia Saudita; y devolver la venia solicitada para destituir a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

12) Cargos políticos o de particular confianza. Modificación del artículo 5º de la Ley Nº 15.900. Proyecto de ley

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Modificaciones a varias disposiciones de la Ley Nº 16.072 (Leasing o contrato de crédito de uso). Proyecto de ley

- En consideración.
- Se vota negativamente.
- Proyecto de resolución de la Comisión solicitando la reunión de la Asamblea General para resolver sobre el tema.
- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se vota afirmativamente.

14) Modificación al régimen tributario vigente para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos

- En consideración.
- Manifestaciones del señor miembro informante y de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) XIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. Proyecto de resolución

- En consideración.
- Aprobado.

16) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 9 de julio de 1991.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 10, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de miembros de la Comisión Permanente (artículo 127 de la Constitución de la República).

2º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

3º) Continúa la discusión sobre las facultades legales de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo en materia presupuestal.

(Carp. Nº 475/91)

4º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, estableciéndose un período máximo de un año para la percepción del subsidio creado para los titulares de cargos políticos o de particular confianza.

(Carp. Nº 377/90 - Rep. Nº 189/91)

5º) Discusión particular de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se modifican varias disposiciones de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989 (contrato de crédito de uso).

(Carp. Nº 98/90 - Rep. Nº 206/91)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

6º) Por el que se modifica el régimen tributario vigente actualmente para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

(Carp. Nº 408/91 - Rep. Nº 225/91)

7º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército, a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 440/91 - Rep. Nº 218/91)

8º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita venia para designar como miembro integrante de la Corporación Nacional para el Desarrollo, al Dr. Washington Abdala.

(Carp. Nº 513/91 - Rep. Nº 230/91)

9º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional. (Plazo Constitucional vence 2 de setiembre de 1991). (Carp. Nº 488/91 - Rep. Nº 227/91)

- un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional. (Plazo Constitucional vence 2 de setiembre de 1991). (Carp. Nº 489/91 - Rep. Nº 228/91)

- un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo Constitucional vence 22 de setiembre de 1991). (Carp. Nº 514/91 - Rep. Nº 233/91)

10) Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales por el que se resuelve concurrir a la XIIIª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. (Carp. Nº 531/91 - Rep. Nº 231/91)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Moreira Graña, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Singlet, Soto, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Bouza, Pereyra y Silveira Zavala.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 9 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 10 de julio de 1991.

La Presidencia de la Asamblea General remite un Mensaje del Poder Ejecutivo por el que comunica haber dictado un Decreto por el que se autoriza al Comando General de la Fuerza Aérea a efectuar la transformación de 363 cargos de Soldado de 1era. en 302 cargos de Cabo de 2da.

-Téngase presente.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite fotocopia del Informe Anual sobre la situación del Medio Ambiente en el Uruguay.

-A la Comisión Especial de Medio Ambiente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite una nota a la que adjunta la comunicación cursada por la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por la cual solicita respaldo para la candidatura que propondrá el Grupo Parlamentario de la URSS en las elecciones de nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

La Junta Departamental de Montevideo remite varias notas a las que adjunta la versión taquigráfica de la exposición realizada por el señor edil Ramón Cabrera sobre la extracción de arena en la zona de Melilla; de la señora edil Beatriz Argimón, sobre "Enfoques de una ciencia de apoyo al Planeamiento Urbano".

La Junta Departamental de Salto remite varias notas a las que adjunta la resolución adoptada planteando su preocupación sobre la situación de la Empresa ONDA; la exposición efectuada por el señor edil Walter Corbo sobre la situación de la localidad de Laureles.

La Junta Departamental de Paysandú remite varias notas a las que adjunta la resolución adoptada por la que se declara de interés departamental la instrumentación de un censo socioeconómico de la población marginal; y manifestando su preocupación por la situación de los medios de comunicación del interior.

La Junta Departamental de Rivera remite varias notas a las que adjunta las exposiciones efectuadas por el señor edil Valentín Leal sobre los servicios que presta el Banco de Previsión Social a niños con problemas siquiátricos, sicológicos y auditivos y relacionada con las publicaciones oficiales en Diarios Capitalinos de temas departamentales perjudicando a los órganos de prensa de cada localidad y la exposición efectuada por el señor edil Nelson Muñoz sobre Ecología y Medio Ambiente.

La Junta Departamental de Canelones remite varias notas a las que adjunta la exposición del señor edil Nelson Maculiatte sobre el aumento de los alquileres de las casas-habitación; la exposición efectuada por el señor edil Elbio Gandini sobre la necesidad del Pueblo Capitán Juan Antonio Artigas de contar con un Juzgado de Paz; la exposición efectuada por el señor edil Félix De Carlos relacionada con la posibilidad de que se eliminen la publicación de avisos oficiales en la Prensa del Interior; la resolución adoptada relativa a los Créditos Sociales que otorga el Banco de la República; la exposición efectuada por la señora edil Rosario García sobre las soluciones para la Agroindustria de Montes;

-Ténganse presente".

4) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Carlos Julio Pereyra solicita licencia por el día de la fecha".

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 10 de julio de 1991.

Señor
Presidente del Senado
Dr. Walter Santoro
Presente.

De mi consideración:

Por la presente, solicito licencia por la Sesión del día de la fecha.

Lo saludo atentamente.

Carlos Julio Pereyra. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) PRODUCTOS SUBSIDIADOS EN MERCADOS TRADICIONALES URUGUAYOS

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Bruera.

SEÑOR BRUERA. - Señor Presidente: en la reunión del Grupo Cairns efectuada en Manaos, Brasil, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Alvaro Ramos, denunció que el año pasado la Comunidad Económica Europea entró con 480 mil toneladas de carne subsidiadas en mercados tradicionales uruguayos.

El Ministro afirmó que la Comunidad vendió 270 mil toneladas a los países de Europa del Este, 70 mil para el norte de Africa, 100 mil a Brasil y 40 mil a otros mercados.

En la misma reunión se expresó que el año pasado, los países miembros de la Comunidad Económica Europea elevaron a la suma de U$S 300.000:000.000 los incentivos a las exportaciones de sus productos agrícolas. Sólo en 1990 se registró un incremento del 33%, igual a los U$S 81.600:000.000, en las subvenciones, mientras que los Estados Unidos, por su parte, aumentaron en un 7,5% los subsidios en el último año, lo que representa unos U$S 32.000:000.000.

Los miembros de esta reunión estuvieron prácticamente de acuerdo que en la cuestión agrícola en la próxima reunión del GATT, que se habrá de realizar en la segunda quincena de este mes, no se solucionará el problema.

Quedó también claramente establecido que si la cuestión de los subsidios no es previamente solucionada, no habrá coincidencias en la nueva agenda del GATT con relación a la propiedad industrial, transferencia de tecnología y apertura del mercado para los servicios financieros y de telecomunicaciones, entre otros asuntos en discusión.

También hubo consenso en que la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas por parte de las naciones industrializadas, incrementaría en U$S 50.000:000.000 el comercio externo de los países en desarrollo.

Otro de los aspectos destacables fue la afirmación del Ministro brasileño de Agricultura, que estimó que los subsidios de los países ricos son irracionales y amenazan el medio ambiente, representando una "competencia desleal" que, según el Ministro, hace "poco o nada lucrativa la producción rural en el Tercer Mundo".

Las consecuencias, añadió, son el uso inadecuado de la tierra y su transformación en desiertos y el agravamiento de la tragedia social que amenaza la estabilidad democrática en los países pobres. En este sentido, aseguró que la culpa de la ampliación de los desiertos y áreas con deterioro ambiental corresponde a "la ambición de los que quieren ganar todo, no importa el precio".

A esto habría que agregar que las conversaciones que efectuó el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Guido Di Tella, con el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Edward Madigan, tuvieron como resultado dejar en claro que los Estados Unidos seguirían vendiendo a terceros países productos agrícolas a precios subsidiados. La información de prensa de la reunión, efectuadas a mediados del mes pasado, señala que los Estados Unidos continuarán con sus operaciones de venta de trigo subsidiado a Brasil, que ya alcanzan las 170 mil toneladas, y que la Argentina usará la protesta para condenar esa política, pero que el Departamento de Agricultura seguirá adelante con este tipo de negocios.

En esta reunión, Madigan hizo causa común con Argentina en cuanto a la venta de soja frente a las posiciones proteccionistas de la Comunidad Económica Europea y el Japón.

Ninguno de los países del Grupo de los Siete, como ninguno de los grandes bloques económicos como la Comunidad, Japón y Estados Unidos, cuando se trata de frenar el comercio subsidiado, se apea del caballo. Todos subsidiarán sus exportaciones agrícolas hasta tanto no haya resolución en el GATT.

Esto evidencia que el problema es cada vez mayor entre el Norte y el Sur. Como consecuencia, las potencias se han enriquecido a costa de los pueblos del Sur, mientras aumenta la brecha en el mundo entre poderosos y pobres, creando un problema que no tendrá solución en el corto plazo.

A nuestro entender, el asunto no debe ser sólo del Grupo Cairns, compuesto por 14 países que no subsidian sus exportaciones, sino de la gran mayoría de la comunidad internacional contra sectores de los países industrializados. Circunscribir el problema a los países del Grupo, lleva a que las grandes potencias -en ese sentido son las expresiones de Estados Unidos, efectuadas por su Secretario de Agricultura- sigan subsidiando y que prometan que no lo harán si se acuerda en la Ronda Uruguay del GATT.

Nosotros estamos de acuerdo en que, de no lograrse una decisión que termine con los subsidios, se debe trabar todo acuerdo sobre el resto de los temas de la Ronda.

Por esta razón, en la discusión que se efectuó en este Cuerpo sobre el MERCOSUR, nosotros hicimos hincapié en que la política de los países industrializados podría hacer vano cualquier intento. De ahí que entendamos que el tema debe estudiarse en nuestro Parlamento y en el de los países que componen el MERCOSUR.

Como ejemplo de esta necesidad baste decir que estaría por ingresar leche en polvo a la Argentina, que llegaría a Buenos Aires, con un costo del orden de los U$S 1.600 por tonelada, cuando los precios internos de ese producto en la Comunidad Económica Europea se sitúan entre los U$S 2.400 a U$S 2.500 la tonelada.

Este problema se discutió en el Acuerdo conocido como "4 + 1", que fue suscrito en Washington. En el mismo, firmado en el Roses Garden, se reconoció "la importancia de la liberación mundial del comercio agrícola y de una reforma fundamental en las políticas agrícolas, incluso evitando los subsidios a las exportaciones entre las partes y terceros mercados". Frente al problema de los subsidios es necesario que los países subdesarrollados opten por una estrategia conjunta en defensa de sus legítimos intereses económicos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase a conocimiento de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores, a la Asociación Rural de Uruguay y a la Federación Rural del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud del señor senador Bruera, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores, a la Asociación Rural del Uruguay y a la Federación Rural del Uruguay.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SALTO. AJUPENSAL.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: tal como lo manifesté en el día de ayer, a raíz de la visita que efectué a Salto, tuve oportunidad de estar nuevamente con el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y otras autoridades de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto, que es la organización conocida como "AJUPENSAL". Tuve allí la ocasión de mantener una reunión muy afable en el local donde funciona esta organización, a la que visité ya en dos oportunidades.

Creo que es ésta una experiencia importante que vale la pena sea conocida por los miembros del Cuerpo y que además conste en actas. Diría que es uno de los ejemplos más fructíferos que he conocido en los viajes que realicé al interior de la República -tal vez éste haya sido el mejor de ellos- en cuanto a que se trata de una organización cuyas autoridades -que actúan en forma totalmente honoraria- están prestando a la gente de la tercera edad un enorme servicio. Vaya esto dicho como demostración de lo que puede la voluntad de las personas cuando están bien intencionadas, cuando toman una causa que consideran que tiene un carácter humanitario resaltable y cuando dedican su tiempo para cumplir una labor realmente intensa como forma de facilitar la vida de los jubilados y pensionistas de Salto.

Hay que decir que esta organización tiene entre 10.000 y 12.000 asociados, quienes regularmente se cotizan en lo que hasta hace muy poco eran apenas N$ 1.000 mensuales -en la actualidad esta cifra tal vez se sitúe en los N$ 1.500- que es una cantidad realmente mínima en comparación con el costo de la vida. De todas formas, con esto se busca contemplar a jubilados y pensionistas que, como es conocido, atraviesan dificultades y penurias muy grandes dado lo exiguo de sus retribuciones, lo caro de los alquileres, etcétera. No obstante, esta organización se propuso a partir de 1946 -es decir que hace ya bastante tiempo que viene bregando por estos principios- servir los intereses de los asociados abarcando a casi la totalidad de los jubilados y pensionistas.

Corresponde decir que esta Asociación tiene un hermoso edificio, que fue construido naturalmente con su aporte, pero también con la ayuda y contribuciones que con el correr del tiempo efectuaron tanto la Intendencia Municipal como muchas empresas privadas y mucha gente que utilizó la vía de las donaciones, teniendo en cuenta cuál era el propósito que ella perseguía. Producto de esto es que cuenta ahora con un local apropiado, al que efectúan ampliaciones en forma permanente. Es así que en la actualidad tiene un área de salud en la que se atiende en forma gratuita, lo que contribuye enormemente a paliar las enfermedades de los ancianos. Además, cuentan con especialistas en flebología -esto es, para el tratamiento de várices, flebitis y úlceras- en oftalmología, con consultas permanentes, y en fisioterapia. También tienen dietistas y un laboratorio de análisis clínicos. Asimismo, cuentan con una sección de enfermería y provisión de medicamentos; control de presión arterial, inyectables, nebulizaciones y curaciones. Se dispone de un servicio a domicilio para atender a quienes no pueden salir transitoriamente de él. También se cuenta con una asistencia odontológica, con una sección de podología y con clases de gimnasia. Digamos que estos servicios se brindan en forma gratuita.

Por otro lado, cabe destacar que la actividad social es algo para remarcar. Sabido es que muchas veces los jubilados y pensionistas, cuando no están en sus domicilios, a lo sumo se trasladan hasta las famosas plazas con que cuenta cada pueblo o ciudad. Pero cuando el tiempo no lo permite -y esto principalmente se da en invierno- cuentan en la Asociación con una sala de estar con televisión, video y teléfono público, en la que se imparten clases de idiomas y de dactilografía; también tienen lugar diversiones de carácter cultural. Además, cuentan con talleres de artesanía.

En una palabra, hay solidaridad social. Por ejemplo, se entregan gratuitamente medicamentos, comestibles, ropa, calzados, aparatos ortopédicos, armazones de lentes, etcétera; se ocupan del traslado de enfermos y de la atención de aquellos que se encuentran internados y también facilitan todo aquello que hace a trámites -como puede ser inscripciones, gestiones, etcétera- y asesoramiento jurídico, en forma gratuita. A su vez, tienen un almacén -las existencias son el producto de otras tantas donaciones- cuyos comestibles y artículos de primera necesidad son vendidos a precios muy bajos.

En otro orden de cosas, digamos que los asociados tienen descuentos especiales en comercios, medios de transporte, espectáculos, estadía en las Termas del Daymán, etcétera.

Como se habrá podido observar, esta organización que beneficia a miles de jubilados y pensionistas constituye un elemento de ayuda social, económica, de atención a la salud, etcétera.

Además de todas estas acciones que han emprendido, en estos momentos se encuentran construyendo un salón, para cuya culminación han solicitado, entre otras cosas, bolsas de portland. Por esta razón, quien habla se hizo responsable de tramitar ante el Directorio de ANCAP el envío de 100 bolsas que podrían ser entregadas en la planta de Paysandú, encargándose dicha Asociación del traslado correspondiente a Salto.

En consecuencia, señor Presidente, solicito que este pedido sea remitido, por intermedio del Ministerio de Industria, Energía y Minería, al Directorio de ANCAP, y que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto. En tal sentido formulo moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Pérez en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto y que la última parte de su intervención sea remitida a ANCAP, por intermedio del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) DEPREDACIONES EN EL PRADO Y EN OTRAS ZONAS DEL PAIS

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: quisiera llamar la atención del Senado y, por esta vía, la de los ciudadanos de nuestro país -montevideanos y gente del interior- acerca de una serie de problemas que personalmente me preocupan; preocupación que espero compartir con este Cuerpo.

En primer lugar quiero referirme a acciones que, en los últimos días, provocaron importantísimas pérdidas de valores esenciales para nuestra ciudad capital y que, como veremos, también se extienden a otras áreas del interior del país. Se trata de acciones ilícitas que se han generado en un área característica de nuestra ciudad, particularmente querida por los montevideanos, como lo es la zona del Prado. Area riquísima en lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico, urbanístico, paisajístico, ambiental y también riquísima en tradiciones y en historia. Sorpresivamente y sin que mediaran las autorizaciones requeridas, en forma acelerada, inconsulta y ante la indignación de los ciudadanos, se produjo en el fin de semana un impresionante operativo depredador por parte de empresas, técnicos y propietarios inescrupulosos, afectando una de las fincas más importantes de la zona. Esta finca situada en la esquina de la Avenida Suárez y la calle Caiguá, a poca distancia de la Casa Presidencial, en un área residencial de alta calificación espacial fue prácticamente arrasada. Esto significa no sólo la destrucción del antiguo edificio de la quinta, sino también la devastación de una riqueza forestal constituida por ejemplares de gran significación, muchos de los cuales fueron plantados hace 80 ó 100 años atrás.

Aparte de la altísima responsabilidad asumida por los agentes privados causantes de esta destrucción, considero que la situación planteada involucra también a las autoridades municipales y nacionales en cuento se compromete la preservación de importantes bienes culturales de la ciudad y del país.

Pienso que esta situación no hace más que sumarse a otras acciones que en forma permanente hemos debido soportar los uruguayos.

Ejemplo elocuente es la reciente demolición de uno de los jalones arquitectónicos y urbanísticos de indudable relevancia en la ciudad de Montevideo como lo era la vieja casona de la familia Urtubey, que fuera residencia del ex Presidente Alfredo Baldomir, localizada en el cruce de Bulevar Artigas y la Avenida Rivera. Y hablo de relevancia por la propia calidad arquitectónica de esta obra, realizada en 1907 por uno de los grandes profesionales que en el ámbito rioplatense fueron capaces de diseñar construcciones tales como la sede de la Cancillería Argentina, la antigua vivienda de la familia Anchorena situada sobre la Plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Me refiero concretamente al arquitecto Alejandro Christophersen, uno de los grandes realizadores actuantes en la segunda mitad del siglo pasado y comienzos de éste.

Pues bien, a esta demolición absolutamente injustificada, se suma ahora esta grosera depredación en el Prado que, reitero, no contaba con las autorizaciones exigidas, lo que genera no sólo la pérdida de valiosos bienes culturales, sino además, la perturbación ecológica y ambiental de un área particularmente apreciada por los montevideanos y, también por los múltiples visitantes que acceden a nuestra ciudad y que ven en esa zona del Prado como uno de sus lugares más singulares y atractivos.

Ya que tantas veces se contraponen los bienes económicos con los culturales, pensemos en el turismo -que tanto tratamos de fomentar como dinamizador económico- que se ve desestimulado por este tipo de actuaciones inconsultas e insensatas.

En este sentido, quiero recordar aquella frase, mezcla de humorismo, de sátira y también de punzante mordacidad, con que el profesor Alfredo Castellanos calificaba este tipo de acciones, aludiendo -si mal no recuerdo- a don Francisco Bauzá, como de "vandalismo ilustrado".

Deseo hacer extensivas estas preocupaciones a otros ámbitos territoriales, y no sólo de nuestra ciudad, tan hondamente castigada en la última década, particularmente, en tiempo de dictadura.

Por esta razón, voy a hacer mención a algunas publicaciones y formas propagandísticas con las que nos confunden tantos ciudadanos haciendo aparecer como progreso, avance y modernización, aquello que no es sino insensibilidad y regresión.

Vaya como ejemplo, lo aparecido en alguna prensa local, al referirse a la instalación de una antena de 400 metros en el Cerro Pan de Azúcar en la inmediata proximidad de la cruz que corona la cima. Se expresa allí lo siguiente: "La instalación de la antena en un lugar agreste y casi inaccesible significó un complejo desafío técnico y humano: abrir caminos para el tendido de redes de energía eléctrica hasta la cumbre del Cerro, o el dificultoso traslado de maquinaria y materiales en helicóptero". Y por si fuera poco, se afirma: "El resultado es una espléndida imagen para una zona tan dinámica y laboriosa como poblada".

Señor Presidente: creo que este tipo de afirmaciones, si es que están hechas de buena fe, plantean falsas oposiciones y generan grandes confusiones en la ciudadanía.

En efecto, la citada publicación termina afirmando: "El resultado es una espléndida imagen". Supongo que se estará aludiendo a una imagen televisiva, porque supongo que de ninguna manera podemos admitir que se hable de imagen espléndida, en cuanto se perturbó profundamente un entorno paisajístico de excepción, apreciado tanto por uruguayos como pro extranjeros y particularmente por los habitantes del departamento de Maldonado.

No son éstas, por cierto, las únicas agresiones con que el supuesto progreso perturba a nuestros paisajes y nuestras ciudades. Recordemos -y en esto tiene gran responsabilidad el Municipio de Montevideo- que hacia 1988 se permitió que se construyera en plena Avenida 18 de Julio, a escasos metros de varios monumentos históricos, como el Obelisco a los Constituyentes de 1830 o la Cruz, que fue declarada oportunamente monumento nacional, y en la inmediata proximidad del Parque Batlle, una antena de 140 metros de altura. Recordemos, también, las antenas que se instalaron aceleradamente antes de que se reinstaurara la democracia en el país, nada menos que en una zona tan característica como la del Cerrito de la Victoria. Ese hito geográfico y urbano resultó así degradado, cuando debería ser jerarquizado y respetado por todos los uruguayos, no sólo por localizarse allí uno de los jalones arquitectónico-religiosos más significativos de nuestra ciudad, sino también por vincularse con hechos históricos profundamente arraigados en nuestras mejores tradiciones nacionales. Considero que este tipo de acciones perturban profundamente los aspectos visuales y también los auténticos valores culturales e históricos de nuestra comunidad.

Creo que estamos asistiendo a falsas oposiciones. No puedo pensar que los uruguayos no seamos capaces de lograr un sensato equilibrio entre pasado y presente, entre permanencia y cambio, entre aspectos materiales y espirituales y, en definitiva, entre calidades estéticas y avances científicos y técnicos, en los que nos afirmamos y apoyamos. Estamos por cierto lejos de oponernos al perfeccionamiento de los medios de comunicación o de todo aquello que signifique para los uruguayos, mejores posibilidades de acceder a la información y a la cultura. Pero de ninguna manera resulta razonable que esos logros se contrapongan a valores esenciales que deben ser cuidadosamente preservados: lo ecológico, lo ambiental, lo cultural y lo paisajístico, en modo alguno pueden ser ajenos a nuestras preocupaciones y considerarlos contradictorios con la modernización y el progreso.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a las Intendencias Municipales de Montevideo, y de Maldonado, a sus respectivas Juntas Departamentales y a los Ministerios de Educación y Cultura y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por cuanto creo que alguna de estas realizaciones constituyen factores fuertemente perturbadores y generan muy negativos impactos ambientales a nivel urbanístico y geográfico.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud del señor senador Arana, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras pase a los organismos mencionados.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) BERNABE NOBLIA. Homenaje póstumo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Singlet.

SEÑOR SINGLET. - Señor Presidente: a efectos de que no transcurra más tiempo, vamos a utilizar este espacio -aunque seguramente no es el momento más oportuno, porque no sabemos si otros señores senadores no hubieran deseado adherir a nuestras palabras- para referirnos a la reciente muerte de don Bernabé Noblía, ex Director General de la Cámara de Representantes.

El silencio que rodeó su muerte en cumplimiento de su expresa voluntad impidió, seguramente, que se exteriorizara una gran demostración de pesar colectivo de cuantos lo conocieron y aprendieron a quererlo, a través de su prolongada trayectoria como funcionario del Poder Legislativo, donde ingresó en el año 1930, como mensajero.

Personalmente, tuvimos oportunidad de tratarlo sólo durante el período en que tuvimos el privilegio de ser funcionarios del Poder Legislativo y, fundamentalmente, hasta que se produjo el quiebre institucional que causó, como es notorio, particular repercusión en esta Casa. Asociamos el nombre de Bernabé Noblía al de otros jerarcas, como Collazo Moratorio y Juan Carlos Carabel, también fallecidos, lamentablemente. Como ellos, hizo de la función, el centro de su vida, con una estricta disciplina de trabajo, que no le costaba imponer predicando con el ejemplo. Fue un funcionario ejemplar y en su legajo personal figuran diversas notas destacando sus méritos, que llevan la firma de ex Presidentes, como Juan Rodríguez Correa, Hierro Gambardella, Nelson Costanzo o Carlos Moreno.

Rígido en el cumplimiento de sus obligaciones como jerarca, Noblía se transformaba fuera del ámbito de trabajo, olvidando toda relación funcional, convirtiéndose en un compañero más de las ruedas del club y las mesas de truco, que tanto le gustaban. Era un verdadero Director, que supervisaba el funcionamiento de cada una de las Divisiones de la Cámara de Representantes. Hombre de convicciones partidarias, fue un nacionalista auténtico pero jamás sus ideas le hicieron perder objetividad.

Cuando cayeron las instituciones democráticas y la incertidumbre ganó a todos los funcionarios del Palacio Legislativo, en el domicilio de don Bernabé Noblía se preparaban las planillas de sueldos, que no se sabía cuándo ni cómo se cobrarían. Al producirse el paulatino reintegro, mucho antes del retorno a la democracia, Noblía seguramente sabía y sentía que ésta ya no era la Casa que había aprendido a querer y por la que tanto había trabajado. Entonces, sólo estuvo algunos meses y con 43 años de actuación, optó por acogerse a la jubilación. Volvió así al seno de su familia, tantas veces postergada por horarios sin límite, como los que cumplen tantos funcionarios de esta Casa, horarios que él mismo se imponía como jerarca.

El 1º de marzo de 1990 -por última vez- tuvimos la satisfacción de encontrarlo en el Salón de los Pasos Perdidos, celebrando como un ciudadano más el comienzo de un nuevo Gobierno democrático. Creemos no faltar a su voluntad de irse en silencio, al tributarle este muy sencillo pero sentido homenaje, por todo lo que ofrendó al Poder Legislativo y a sus amigos.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a sus familiares y, en particular, a su hijo Angel que, como funcionario de la Cámara de Representantes, continúa la trayectoria de don Bernabé Noblía.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Singlet en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea remitida a los familiares de don Bernabé Noblía y, en particular, a su hijo.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) SITUACION DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL. Pedido de informes.

SEÑOR BELVISI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: hace unos meses, junto con los señores senadores Ricaldoni y Cigliuti, cursamos un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social referido a la situación del Banco de Previsión Social. Nos interesaba conocer una serie de aspectos desde el punto de vista financiero, de los ingresos y egresos y de la morosidad, pero no hemos obtenido aún respuesta alguna.

Teniendo en cuenta que este tema vuelve a estar en el ámbito político, en la discusión pública y que, inclusive, el propio señor Presidente de la República se apresta a celebrar una reunión con las máximas dirigencias políticas del país para abordarlo, nuestro sector considera importante contar con esa información a la brevedad posible, y en ese sentido mocionamos para que el Cuerpo lo haga suyo y lo remita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud del señor senador Belvisi en el sentido de que el Cuerpo haga suyo el pedido de informes oportunamente cursado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde que el Cuerpo ingrese en la consideración del orden del día.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: en virtud de que -si no estoy equivocado- todavía no hay posición formada en las distintas bancadas con relación a los dos primeros puntos del orden del día, mociono para que se postergue su consideración. Al mismo tiempo, formulo idéntica moción en lo que hace al punto que figura en tercer término, desde el momento en que se trata de un tema para cuyo análisis sería conveniente -entiendo que hay otros señores senadores que coinciden conmigo- contar con la presencia del señor Presidente del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción del señor senador de Posadas Montero, en el sentido de que se postergue la consideración de los asuntos que figuran en primero, segundo y tercer término del orden del día.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL RELACIONADO CON LA SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA ASCENDER AL GRADO DE CORONEL A VARIOS TENIENTES CORONELES. INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO CON EL MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO POR EL QUE SOLICITA VENIA PARA DESIGNAR UN MIEMBRO DE LA CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO.

INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO POR LOS QUE SOLICITA VENIA PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.

VENIAS PARA DESIGNAR EMBAJADORES DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CANADA Y ANTE EL REINO DE ARABIA SAUDITA.

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería ingresar en el orden del día con la consideración del asunto que figura en cuarto término.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: estamos en condiciones de poner a consideración del Plenario las venias solicitadas para designar Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la República Oriental del Uruguay ante el Gobierno de la República de Canadá y el Reino de Arabia Saudita a los doctores Amato y Gianelli, respectivamente. Me permitiría, entonces, en nombre de la Comisión, solicitar que se traten en forma urgente. En ese sentido, cabe destacar que se ha hecho el repartido correspondiente para proceder a la discusión de las citadas venias.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para ocuparme de la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Si el señor senador Abreu estuviera de acuerdo, sugeriría que tratáramos esas venias junto con las que figuran en el orden del día, de manera de pasar a sesión secreta una sola vez.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para ocuparme de la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - No tenemos inconveniente alguno en considerar en forma urgente los puntos a que se ha hecho alusión, pero pensamos que los asuntos que figuran en cuarto y quinto términos del orden del día no darán lugar a mayor discusión, ya que se trata de proyectos que prácticamente vienen para su aprobación por parte del Senado. Por lo tanto, consideramos que sería deseable terminar con ellos para luego pasar a sesión secreta. Estimamos que en el día de hoy se podrán considerar también las venias a que se ha hecho referencia. En ese sentido, y sin perjuicio de que estaríamos dispuestos a tratar las venias en forma urgente, estimamos que sería conveniente que procediéramos a hacerlo luego de analizados los puntos cuarto y quinto del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Batalla solicita considerar los asuntos cuarto y quinto para luego pasar a sesión secreta. Para ello habría que postergar la moción de los señores senadores Abreu y de Posadas Montero. Pero cabe señalar que a juicio de la Presidencia, el asunto que figura en cuarto término del orden del día puede dar lugar a discusión.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: mi moción era simplemente en el sentido de que las venias se trataran juntas; no tengo inconveniente en que se consideren ahora o después.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Por nuestra parte, no tenemos inconveniente en que las venias se traten juntas; sí creemos que sería deseable hacerlo después de considerar los asuntos que figuran en cuarto y quinto término del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa no tiene otra opción que poner a votación la moción de los señores senadores Abreu y de Posadas Montero. Posteriormente, pondría a votación la del señor senador Batalla.

SEÑOR ZUMARAN. - Salvo que la primera fuera retirada.

SEÑOR ABREU. - No tengo inconveniente en retirarla.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: en el orden del día figuran varias solicitudes de venia para ascensos de militares, designación de miembros de Entes Autónomos y de destitución que no pudieron ser tratadas en el día de ayer en virtud de que un solo asunto insumió toda la sesión. Por lo tanto, considero que sería apropiado que pasáramos ahora a sesión secreta, porque es muy posible que las citadas venias no susciten debate y podamos volver prontamente a la sesión pública para continuar con la consideración de los demás asuntos que figuran en el orden del día, teniendo en cuenta, además, que el incluido en cuarto término podría sí generar discusión. Si esto último ocurriera, temo que no tendríamos tiempo de realizar sesión secreta y no parece correcto que haciendo tantos días que el Poder Ejecutivo solicitó esas venias el Senado no las tratara, no porque no esté de acuerdo, sino -y esto es lo peor- por no tener oportunidad reglamentaria de hacerlo.

En consecuencia, apoyo la moción de que pasemos ahora a sesión secreta y tratemos todas las venias que figuran en el orden del día más las que agregó el señor senador Abreu. Posteriormente, una vez en sesión pública, nos ocuparíamos del asunto que figura en cuarto término del orden del día.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Creo que se trata de dos temas independientes, pero obviamente será la voluntad mayoritaria del Senado la que decida. Por nuestra parte, no tenemos inconveniente en votar la urgencia y tampoco lo tendríamos en permanecer en Sala hasta tanto se tomara resolución con respecto a las venias. De todos modos, admitimos que este asunto pueda plantearse y resolverse de otra manera. Por consiguiente, señalo que estoy dispuesto a retirar mi moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de los señores senadores Abreu y de Posadas Montero en el sentido de que se declare urgente la consideración de las venias a que se ha hecho referencia y de las que figuran en el orden del día, y que el Senado pase a sesión secreta a tales efectos.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en séptimo, octavo y noveno términos del orden del día.

(Así se hace. Es la hora 16 y 59 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 29 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - El Senado en sesión secreta concedió al Poder Ejecutivo la venia solicitada para ascender al Grado de Coronel a los siguientes Tenientes Coroneles: en el Arma de Infantería, por el Sistema de Antigüedad, a don Raúl A. Rainusso, don Tabaré Camacho, don Eduardo Y. Techera y don Antonio Chaprasian; por el Sistema de Selección, a don José R. Castro, don Wilson A. Coronel, don Luis I. Aguirregaray, don Gaetán F. Gróttola y don Leonel Milone y por el Sistema de Concurso a don Walter A. Mesa, don Sergio E. Rivero, don Heber J. Fígoli, don Moisés F. Cardozo, y don José T. Puigvert; en el Arma de Caballería, por el Sistema de Antigüedad a don Juan A. Núñez, don Julio G. Alvarez y Walter H. Aboal; por el Sistema de Selección a don Bernabé Araújo y don Juancito Urquhart; por el Sistema de Concurso a don Walter H. Baldi y don Juan J. Giorello; en el Arma de Artillería, por el Sistema de Antigüedad a don Luis M. Castillo y don Mario C. Mouriño; por el Sistema de Selección a don Juan C. Couture y don Washington N. Villagrán; por el Sistema de Concurso a don Carlos E. Vernengo y don Daniel J. de los Santos; en el Arma de Ingenieros, por el sistema de Antigüedad a don Ruben Anzorena; por el Sistema de Selección a don José M. Cabrera; por el Sistema de Concurso a don Eduardo M. Comotto; en el Arma de Comunicaciones, por el Sistema de Concurso a don Carlos A. Acosta.

Asimismo, concedió al Poder Ejecutivo venia para designar miembro de la Corporación Nacional para el Desarrollo al doctor Washington Carlos Abdala y para destituir de su cargo a dos funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. Además, acordó conceder la venia al Poder Ejecutivo para designar al señor Roberto Amatos como Embajador de la República ante el Gobierno de la República de Canadá y al señor Carlos Gianelli como Embajador ante el Reino de Arabia Saudita. Por otra parte resolvió devolver al Poder Ejecutivo la venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura a fin de que dicho Poder complete los trámites correspondientes.

12) CARGOS POLITICOS O DE PARTICULAR CONFIANZA. Modificación del artículo 5º de la Ley Nº 15.900. Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, estableciéndose un período máximo de un año para la percepción del subsidio creado para los titulares de cargos políticos o de particular confianza. (Carp. Nº 377/90 - Rep. Nº 189/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 377/90
Rep. Nº 189/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La CAMARA DE REPRESENTANTES, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Modifícase el inciso final del numeral 2 del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquéllos y hasta un máximo de un año a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad. Dicho subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios y el período de su percepción se computará a todos los efectos como tiempo trabajado. El reingreso a la Administración Pública del beneficiario significará el cese automático del derecho a continuar percibiendo el subsidio".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 28 de noviembre de 1990.

Héctor Martín Sturla Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha resuelto -sin perjuicio de las constancias que podrán dejar algunos de sus integrantes- aconsejar al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, que dispone el derecho a un "subsidio" a titulares de cargos políticos o de particular confianza que al momento de desvincularse de los mismos no hubieren configurado causal jubilatoria.

Dicha norma, buscó atenuar la situación de privilegio que consagraba el Acto 9, de octubre de 1979, al amparar en el derecho jubilatorio a estos funcionarios, de por vida, bastando con que acreditaran un año en el ejercicio del cargo. En ese sentido, la Ley Nº 15.900 representó un avance.

No obstante, diversos sectores políticos han considerado que el sistema vigente sigue representando un beneficio excesivo en el contexto de la seguridad social en nuestro país, y como consecuencia de ello han ingresado al Parlamento proyectos de ley, que coincidiendo en el propósito de modificar esa situación, presentan distintas alternativas en cuanto al plazo de vigencia y monto del mencionado "subsidio".

El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General el 25 de mayo de 1990 una propuesta de modificación aduciendo "razones de equidad" y fijando en un año el máximo de percepción del beneficio.

La Cámara de Representantes, el 28 de noviembre y luego de prolongados debates, aceptó este criterio por unanimidad, ya que los sectores que promovieron iniciativas más restrictivas, acompañaron en la segunda votación el proyecto que resultaba viable por contar con los votos necesarios.

Este temperamento ha sido debidamente ponderado por esta Comisión que dio entrada a este proyecto sobre el inicio del receso, ya que una nueva discusión significaría prolongar la vigencia de una situación que se quiere modificar sustancialmente.

De aprobar pues el Senado, como lo sugiere la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social este proyecto, el subsidio a los actuales titulares de cargos políticos y de particular confianza que no hubieran configurado causal jubilatoria al momento de desvinculación, se pagará durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquéllos, pero con el tope máximo de un año, manteniéndose el porcentaje del 85%.

Sala de la Comisión, a 11 de abril de 1991.

Manuel Singlet (Miembro Informante), Mariano Arana (con salvedades), Carlos Cassina, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Jorge Silveira Zavala, Jaime Pérez (con salvedades). Senadores.

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 25 de mayo de 1990.

Señor Presidente
de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de someter a su consideración la propuesta de modificación de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987. En lo que se refiere al tope de percepción del subsidio creado por su artículo 5º en base a los siguientes motivos:

Que en el sentido indicado el Poder Ejecutivo expresa que, sobre la materia señalada es oportuno modificar dicho artículo en base a razones de equidad, teniendo en cuenta los demás subsidios vigentes de similar naturaleza. Es así, que se fijará en la cantidad de un año el máximo de percepción del subsidio establecido por la ley para los cargos políticos o de particular confianza.

Saludo al Sr. Presidente con mi mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos A. Cat, Juan A. Ramírez, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva, Mariano Brito, Guillermo García Costa, Wilson Elso Goñi, Augusto Montesdeoca, Alfredo Solari, Alvaro Ramos, José Villar.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Modifícase el inciso final del numeral 2º del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos, tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquéllos y hasta un máximo de un año a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad. Dicho subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios y el período de su percepción se computará a todos los efectos como tiempo trabajado".

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 25 de mayo de 1990.

Carlos Cat, Juan A. Ramírez, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva, Mariano Brito, Guillermo García Costa, Wilson Elso Goñi, Augusto Montesdeoca, Alfredo Solari, Alvaro Ramos, José Villar.

Comisión de
Previsión Social

INFORME EN MAYORIA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Previsión Social aconseja la aprobación del presente proyecto de ley que modifica el texto del artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987.

El artículo 5º de la Ley Nº 15.900, cuyo texto se propone modificar, deroga el artículo 67 de la llamada Ley Especial Nº 7 y sustituye los numerales de 2 a 4 del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9.

El artículo citado de la Ley Especial Nº 7, otorgaba la posibilidad de optar por el régimen legal derogado por el Acto Institucional Nº 9 o por el creado por las disposiciones de éste a los titulares de cargos políticos o de particular confianza que computaran como mínimo un año en el ejercicio de los mismos, así como a sus causahabientes, para el caso de que fallecieren en el ejercicio de tales cargos, aunque no se hubiera cumplido el plazo señalado y sólo para la determinación del sueldo básico pensionario.

A su vez, los numerales 2 a 4 del literal c) del artículo 15 del Acto Institucional Nº 9, establecían la posibilidad de obtener la jubilación anticipada en los siguientes casos.

A) Miembros de la Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Corte Electoral, Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y Fiscal de Corte al vencimiento del término fijado para el desempeño del cargo o el cumplimiento de tres años en el ejercicio de éstos cuando lo tuvieren expresamente indicado y siempre que el titular hubiere computado veinte años de servicios como mínimo.

B) Titulares de cargos públicos designados por elección directa del cuerpo electoral al vencimiento del mandato o cuando renunciaran por razones notorias y manifiestas de carácter político siempre que hubieren computado veinte años de servicios como mínimo de los cuales los tres últimos en el desempeño de esas funciones.

C) Quienes quedaren cesantes por motivos diferentes de la omisión o el delito y quienes renunciaren por razones notorias y manifiestas de carácter político a cargos declarados por ley de particular confianza, siempre que computaren veinte años de servicios como mínimo de los cuales el último hubiera sido en el desempeño de tales cargos. Se consideran también de particular confianza, a estos efectos los cargos de Ministros y Subsecretarios de Estado, Secretario y Prosecretario de la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión, Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República, Directores de Entes Descentralizados, Director General y Subdirector General de la Seguridad Social, Directores de ocho unidades administrativas de la Dirección General de la Seguridad Social que se detallan en el artículo 14 del Cuerpo Normativo, los Directores, designados por el Poder Ejecutivo, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Caja de Jubilaciones y Pensiones Notariales y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Tal como surge de las disposiciones transcriptas el régimen militar acentuó el privilegio otorgado a quienes desempeñaban cargos políticos o de particular confianza a través de un sistema jubilatorio especial.

Evidentemente, el Parlamento, al aprobar la norma del artículo 5º de la Ley Nº 15.900, eliminó una situación privilegiada que existía con anterioridad a la dictadura y que amparaba a sus beneficiarios de por vida; lo sustituyó por un subsidio cuyo límite temporal se fijó en los tres años y cuyo monto es equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad y que beneficia a quienes no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos y fijó el cumplimiento de ochenta puntos entre edad y servicios para la configuración de la causal jubilatoria.

Al crear el subsidio de referencia se pensó en las peculiaridades de la labor política que hace que quienes la desempeñen, en la mayoría de los casos abandonen otras actividades remuneradas y que por el grado de compromiso que ella exige les dificulta su reinserción en el mercado de trabajo. Se evita de esta forma que sólo accedan a este tipo de cargos aquellos a quienes, por contar con fortuna personal, no preocupa su situación económica al cesar en el desempeño del mismo.

El proyecto de ley cuya aprobación aconsejamos reduce el límite temporal del subsidio a un año, criterio que compartimos por estimar que el plazo original resulta excesivo.

Sala de la Comisión, 13 de junio de 1990.

Juan Carlos Ayala, Abayubá Martorell Librán, Ana Lía Piñeyrúa, Edison Sedarri Luaces (Miembros Informantes).

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Modifícase el inciso final del numeral 2º del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos, tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquéllos y hasta un máximo de un año a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad. Dicho subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios y el período de su percepción se computará a todos los efectos como tiempo trabajado. El reingreso a la administración pública del beneficiario significará el cese automático del derecho a continuar percibiendo el subsidio".

Sala de la Comisión, 13 de junio de 1990.

Juan Carlos Ayala, Abayubá Martorell Librán, Ana Lía Piñeyrúa, Edison Sedarri Luaces, (Miembros Informantes).


Comisión de
Previsión Social

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

El tema de las jubilaciones y del subsidio que pueden cobrar quienes han ocupado cargos políticos o de particular confianza debe merecer -a juicio de los firmantes- un análisis cuidadoso, que permita eliminar normas que pueden dar lugar a que se presuma la utilización de la función pública -y aún la legislación- con fines de aprovechamiento personal.

Las disposiciones establecidas por la dictadura habían determinado uno de los regímenes con más privilegios de los legislados sobre el tema en toda la historia del país.

Dichas disposiciones facilitaban, a quienes hubieran desempeñado cargos políticos o de particular confianza, diversas ventajas, tales como:

1) La posibilidad de jubilarse aunque el cargo político se hubiera desempeñado apenas un año.

2) El derecho a jubilarse cualquiera fuera al edad de la persona.

3) El beneficio de percibir esa jubilación durante toda la vida, con el único requisito de certificar quince años de trabajo.

4) La ventaja de que esa jubilación no se consideraba incompatible con ingresos simultáneos provenientes de otros trabajos.

El pago a quienes hubieran desempeñado cargos políticos quedaba a cargo del Banco de Previsión Social.

En 1987, en un acuerdo político que facilitó la aprobación de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, se eliminaron algunos privilegios. Se avanzó algo. Pero se mantuvieron, todavía, diversos privilegios. Así, los ciudadanos que han ocupado cargos políticos o de particular confianza disponen, de acuerdo al régimen vigente, de las facilidades siguientes:

1) Pueden jubilarse con menos exigencias (en cuanto a edad y años de trabajo) que las establecidas para los demás ciudadanos.

2) Al subsidio, que de acuerdo al texto claro de la ley sólo corresponde a los que no han alcanzado el derecho a la jubilación, tienen derecho los que han ejercido cargos políticos o de particular confianza durante tres años sucesivos o alternados.

3) Dicho subsidio se percibe por el triple del tiempo que se ha desempeñado el cargo y por un máximo de hasta tres años.

4) El monto del subsidio equivale al 85% del sueldo en actividad.

5) Ese monto del subsidio se ajusta, además, a medida que varían los montos correspondientes al cargo que se ha desempeñado.

6) Por último (y este privilegio no parece menor) el cobro del subsidio no es incompatible con otros ingresos provenientes de trabajos en otros cargos públicos o privados.

Los firmantes valoramos las razones que se han planteado en distintas legislaciones en cuanto a la necesidad de que quienes no poseen bienes de fortuna puedan desempeñar cargos políticos o de particular confianza sin quedar desamparados si luego no son reelectos. Pero se ha optado, expresamente, por un criterio que no puede ser tachado de privilegio; es el criterio que las mayorías parlamentarias han establecido para el trabajador al que se cierra su fuente de trabajo. En estos casos, el régimen habitual de seguro de paro determina un subsidio equivalente al 60% del sueldo en actividad, durante seis meses. Además si el beneficiario obtiene otro ingreso, el subsidio se suspende automáticamente, como ocurre en el seguro de paro.

Se ha entendido que se cumple estrictamente con este criterio, con los preceptos constitucionales de igualdad de los ciudadanos ante la ley, y que la eliminación de todo privilegio en este tema resultará, además, ejemplarizante, contribuyendo a dignificar la actividad política, los partidos y las propias instituciones.

Sala de la Comisión, 13 de junio de 1990.

Thelman Borges, Guillermo Chifflet, (Miembros Informantes).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Derógase el artículo 5º de la Ley Nº 15.900 de 21 de octubre de 1987.

Art. 2º. - Los titulares de cargos políticos o de particular confianza que no hubieran configurado causal jubilatoria al momento de desvinculación de los mismos, tendrán derecho a percibir un subsidio desde el día siguiente al de su cese y durante un período de seis meses, por el equivalente al 60% (sesenta por ciento) del total de haberes del cargo de actividad. Dicho subsidio será incompatible con la percepción de otros ingresos por actividades remuneradas al servicio de terceros o del Estado o por cuenta propia o por pasividad o adelanto pre-jubilatorio. El subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios computándose el período de su percepción como tiempo trabajado.

Art. 3º. - A los fines de esta ley se consideran cargos políticos o de particular confianza los declarados tales por leyes nacionales, así como los de miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, titulares de cargos públicos en virtud de elección directa del Cuerpo Electoral, Ministros y Subsecretarios de Estado, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República y Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Art. 4º. - La configuración de causal jubilatoria para cargos políticos o de particular confianza se regirá por el régimen general de pasividades. Esta disposición no se aplica a las personas que hubieren configurado causal jubilatoria con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, al amparo del inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987.

Art. 5º. - Los titulares de cargos políticos o de particular confianza a que refiere el artículo 3º que de acuerdo al régimen que se deroga por el artículo 1º hubieran percibido a la fecha de vigencia de esta ley el subsidio durante un número de meses inferir al máximo establecido por el artículo 2º tendrán derecho a completar la percepción hasta dicho máximo de seis meses.

Sala de la Comisión, 13 de junio de 1990.

Thelman Borges, Guillermo Chifflet, (Miembros Informantes).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Derógase el artículo 5º de la Ley Nº 15.900 de 21 de octubre de 1987.

Art. 2º. - Los titulares de cargos políticos o de particular confianza que no hubieran configurado causal jubilatoria al momento de desvinculación de los mismos, tendrán derecho a percibir un subsidio desde el día siguiente al de su cese y durante un período de seis meses, por el equivalente al 60% (sesenta por ciento) del total de haberes del cargo de actividad. Dicho subsidio será incompatible con la percepción de otros ingresos por actividades remuneradas al servicio de terceros o del Estado o por cuenta propia o por pasividad o adelanto pre-jubilatorio. El subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios computándose el período de su percepción como tiempo trabajado.

Art. 3º. - A los fines de esta ley se consideran cargos políticos o de particular confianza los declarados tales por leyes nacionales, así como los de miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, titulares de cargos públicos en virtud de elección directa del Cuerpo Electoral, Ministros y Subsecretarios de Estado, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República y Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Art. 4º. - La configuración de causal jubilatoria para cargos políticos o de particular confianza se regirá por el régimen general de pasividades. Esta disposición no se aplica a las personas que hubieren configurado causal jubilatoria con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, al amparo del inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987.

Art. 5º. - Los titulares de cargos políticos o de particular confianza a que refiere el artículo 3º que de acuerdo al régimen que se deroga por el artículo 1º hubieran percibido a la fecha de vigencia de esta ley el subsidio durante un número de meses inferir al máximo establecido por el artículo 2º tendrán derecho a completar la percepción hasta dicho máximo de seis meses.

Montevideo, 20 de febrero de 1990.

Thelman Borges (Representante por Colonia), Marcos Carámbula (Representante por Canelones), Ramón Guadalupe (Representante por Maldonado), Ramón Legnani (Representante por Canelones), Humberto A. González Perla (Representante por Paysandú), José Bayardi, Guillermo Alvarez, Carmen Beramendi, Gonzalo Carámbula, Alberto Couriel, Hugo Cores, José Díaz, Guillermo Chifflet, Doreen Javier Ibarra, Carlos Pita, León Lev, A. Francisco Rodríguez Camusso, Sergio Previtali, Helios Sarthou, Rafael Sanseviero, Andrés Toriani (Representantes por Montevideo).

EXPOSICION DE MOTIVOS

El país tiene necesidad de una reestructura a fondo de la seguridad social.

Más allá de los graves problemas nacionales, que reducen a simple progreso manuscrito los contenidos de seguridad social que buscó establecer, por ejemplo, en las leyes fundamentales sobre jubilaciones y pensiones, hay aspectos que exigen una reforma inmediata.

Entre ellos, se considera impostergable comenzar por la liquidación de privilegios como los que mediante este proyecto se propone eliminar.

Se trata, en primer lugar, del régimen de excepción que ampara a quienes han desempeñado cargos políticos. Las disposiciones al respecto, establecidas en la Ley Nº 15.900 sobre ajustes de pasividades, constituyeron, en el momento de su aprobación, un progreso, resultado de una transacción.

Hasta ese instante, las disposiciones dictaminadas durante el régimen militar establecían, para quienes hubieran desempeñado cargos políticos, el régimen con más privilegios de todos los legislados sobre el tema en la historia del país.

Dicho régimen facilitaba, a quienes desempeñaran cargos políticos, diversas ventajas, tales como:

a) - La posibilidad de jubilarse aunque el cargo político se hubiera desempeñado apenas un año.

b) - El derecho a jubilarse cualquiera fuera la edad de la persona.

c) - El beneficio de percibir esa jubilación durante toda la vida, con el único requisito de certificar apenas sólo quince años de trabajo.

d) - El beneficio de que esa jubilación no se considerara incompatible con ingresos simultáneos provenientes de otros trabajos.

El pago a quienes hubieran desempeñado cargos políticos quedaba a cargo del Banco de Previsión Social.

En cuanto comenzaron a superarse los silencios impuestos por la dictadura, la organización gremial de los trabajadores del Banco de Previsión Social fue la primera en denunciar esos privilegios.

En 1987, la eliminación de lo esencial de los mismos significó un avance importante. Pero en el consenso hubo que mantener situaciones que hoy pueden ser superadas y que el Frente Amplio considera continúan siendo de privilegio.

De acuerdo a las disposiciones vigentes, los ciudadanos que han ocupado cargos políticos disponen de las facilidades siguientes:

- Pueden jubilarse reuniendo ochenta puntos, en lugar de los noventa exigidos a la generalidad de los ciudadanos para la suma entre edad y años de servicio en el caso de los hombres, o los ochenta y cinco puntos exigidos a las mujeres.

- El beneficio alcanza a todos los ciudadanos que hubieran desempeñado cargos políticos durante tres años, continuos o alternados.

- El artículo 5º de la Ley Nº 15.900 establece, además, que los titulares de cargos políticos y de particular confianza que no pudieran alcanzar el puntaje suficiente que da derecho a la jubilación, podrán percibir un subsidio equivalente al 85% del sueldo en actividad, con ajustes que se vayan produciendo en los sueldos correspondientes al cargo desempeñado.

Dicho beneficio se percibirá durante un período equivalente al triple del tiempo durante el cual se ocupó el puesto y hasta un máximo de tres años.

Los pagos quedan a cargo del organismo en el cual el beneficiario ha prestado servicios.

Las referidas ventajas jubilatorias y los subsidios alcanzan, de acuerdo a la ley vigente, a los cargos políticos o de particular confianza declarados tales por las leyes nacionales, así como los de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, titulares de cargos públicos en virtud de elección directa del Cuerpo Electoral, Ministros y Subsecretarios de Estado, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República y Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Los objetivos a partir de los cuales se fundamentaron las citadas disposiciones fueron:

- La necesidad de amparar a quienes pasan a desempeñar cargos políticos abandonando para ello otras actividades.

- Facilitar el acceso a los cargos públicos a quienes no poseen bienes de fortuna y que, al cesar en los mismos, pasan a situación de desocupados.

El Frente Amplio ha entendido que, como sucede en otras legislaciones, esos objetivos merecen ser contemplados. Pero sostiene, asimismo, que quienes han desempeñado cargos políticos resultan amparados con beneficios que constituyen un privilegio, particularmente en relación a los que se han establecido para otros sectores sociales.

Los trabajadores que están comprendidos en leyes de seguro de paro, por ejemplo, no pueden recibir simultáneamente con el seguro ni jubilación ni retribución alguna por otra actividad.

El Poder Ejecutivo, por Decreto 398, de 24 de agosto de 1989 además, en la reglamentación de la Ley Nº 15.900, extendió irregularmente su texto, autorizando a quienes han desempeñado cargos políticos y están en condiciones de jubilarse, a percibir el subsidio.

También los autoriza a percibir, paralelamente, ingresos correspondientes a otra actividad.

Entendemos importante suprimir los privilegios señalados.

En adelante, el derecho a la jubilación de los ciudadanos que han desempeñado cargos políticos y de particular confianza surgirá, cuando quien recurra a la jubilación alcance, entre edad y años de trabajo, el puntaje exigido a la generalidad de los ciudadanos.

Al subsidio sólo podrán acogerse las personas que entre edad y años de trabajo no alcancen al puntaje necesario para solicitar la jubilación.

El beneficio regirá, como un seguro de paro, durante seis meses. Si antes del vencimiento de dicho plazo la persona comienza a trabajar en otra actividad deberá informarlo a la oficina respectiva, en la que ha venido percibiendo el cobro del 60% del sueldo correspondiente al cargo político que ejerció, para que la misma proceda a la interrupción del pago del subsidio. En este sentido las normas son también similares a las que rigen el seguro de paro.

Por supuesto, quedan sin efecto las normas reglamentarias o interpretativas del artículo 5º de la Ley Nº 15.900 que se deroga (Decreto 398 de 24 de agosto de 1989).

Las disposiciones sustitutivas que se proponen eliminan los privilegios, particularmente injustos en una situación como la que atraviesa el país.

Comenzar la vasta tarea que deberá cumplir el nuevo Parlamento en los temas de la Seguridad Social, eliminando los privilegios que amparan a quienes han desempeñado cargos políticos o de particular confianza, es, a juicio del Frente Amplio, una manera de dignificar la actividad política, los partidos y las instituciones.

Montevideo, 20 de febrero de 1990.

Thelman Borges (Representante por Colonia), Marcos Carámbula (Representante por Canelones), Ramón Guadalupe (Representante por Maldonado), Ramón Legnani (Representante por Canelones), Humberto A. González Perla (Representante por Paysandú), José Bayardi, Guillermo Alvarez, Carmen Beramendi, Gonzalo Carámbula, Alberto Couriel, Hugo Cores, José Díaz, Guillermo Chifflet, Doreen Javier Ibarra, Carlos Pita, León Lev, A. Francisco Rodríguez Camusso, Sergio Previtali, Helios Sarthou, Rafael Sanseviero, Andrés Toriani (Representantes por Montevideo).

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Sustitúyese el inciso tercero del texto dado a los numerales 2) a 4) del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, por el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, por el siguiente:

"Los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos, tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquéllos y hasta un máximo de un año a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad. Dicho subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieren prestado tales servicios y el período de su percepción se computará a todos los efectos como tiempo trabajado. El reingreso a la administración pública del beneficiario de este subsidio significará el cese automático del derecho a continuar percibiendo dicho subsidio".

Montevideo, 19 de febrero de 1990.

Aldorio Silveira (Representante por Artigas), Carlos Suárez Lerena, Daniel Delgado (Representantes por Canelones), Jorge Coronel (Representante por Cerro Largo), Eber Da Rosa Vázquez (Representante por Tacuarembó), Ricardo Rocha Imaz, Javier Barrios Anza, Ana Lía Piñeyrúa, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz (Representantes por Montevideo).

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo cuya modificación se busca fue votado dentro del contexto de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, que hacía al régimen de pasividades estableciendo notorias mejoras para éstas.

En aquel momento se dispuso la duración del subsidio en tres años, habida cuenta que se eliminaba el derecho jubilatorio, vigente hasta entonces, sin tener el coeficiente de ochenta puntos y su goce con apenas un año en la función del cargo.

El tiempo transcurrido ha permitir observar que, pese a que se había eliminado un privilegio irritante, subsistía un exceso en cuanto al tiempo que debe durar el subsidio.

En el deseo de buscar una solución justa, teniendo en cuenta también que el ejercicio pleno de la función pública implica el abandono de otras tareas remuneradas, estimamos prudente contemplar en un año la duración del subsidio aludido.

Asimismo, habiendo el Poder Ejecutivo reglamentado la ley en un sentido que no contempla el espíritu de los legisladores que la votaron, se expresa el vivo deseo de que dicho decreto sea derogado por el próximo Poder Ejecutivo.

Montevideo, 19 de febrero de 1990.

Aldorio Silveira (Representante por Artigas), Carlos Suárez Lerena, Daniel Delgado (Representantes por Canelones), Jorge Coronel (Representante por Cerro Largo), Eber Da Rosa Vázquez (Representante por Tacuarembó), Ricardo Rocha Imaz, Javier Barrios Anza, Ana Lía Piñeyrúa, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz (Representantes por Montevideo).

APENDICE

Disposiciones referidas

Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987

Artículo 5º

Artículo 5º. - Derógase el artículo 67 de la llamada Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983.

Sustitúyense los numerales 2) a 4) del literal C) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, por el siguiente texto:

‘El cumplimiento de ochenta puntos entre edad y servicios para los titulares de los cargos políticos o de particular confianza siempre que hubieren computado, en forma continua o alternada, tres años en el desempeño de dichas funciones.

A los fines de esta norma se consideran cargos políticos o de particular confianza, los declarados tales por leyes nacionales, así como los de miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electora, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, titulares de cargos públicos en virtud de elección directa del Cuerpo Electora, Ministros y Subsecretarios de Estado, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República y Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos, tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquéllos y hasta un máximo de tres años a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad. Dicho subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios y el período de su percepción se computarán a todos los efectos como tiempo trabajado’".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Señor Presidente: creemos que el tema del denominado subsidio es bien conocido no sólo por los señores legisladores, sino también por la opinión pública, porque ha sido ampliamente debatido.

La solución que hoy se propone es de consenso. Creo que todos compartimos el hecho de que el artículo 5º de la Ley Nº 15.900 constituyó, en su momento, un avance que eliminó el derecho jubilatorio que se generaba con sólo un año en el desempeño del cargo. Sin embargo, se ha considerado que esa no fue una buena solución y, por ello, numerosos sectores políticos -entre ellos el nuestro- propusieron modificaciones que recoge el proyecto que hoy va a considerar el Senado. Asimismo, también el Poder Ejecutivo comparte el criterio de reducir a un año dicho beneficio.

Por otro lado, advertimos que este proyecto de ley fue aprobado, en segunda instancia, por unanimidad en la Cámara de Representantes, ya que los sectores que proponían criterios más restrictivos, al no obtener los votos necesarios para llevar adelante su iniciativa, apoyaron el que hoy nos ocupa. Además, este tema insumió, en la Cámara de Representantes, una muy prolongada discusión.

Entendemos que con este proyecto se propone un criterio más ajustado a la realidad del país y más razonable. Algunos integrantes de la Comisión, con todo derecho, han firmado con salvedades. No obstante ello, pensamos que todos coincidimos en que este proyecto es una respuesta a algo que todos quisimos modificar.

De cualquier manera, esto no cierra ninguna puerta y, seguramente, en otra instancia se podrá reabrir la discusión, si así se desea. Reitero: somos conscientes de que a esta solución se arribó tras una muy prolongada discusión en la Cámara de Representantes.

En consecuencia, de acuerdo al proyecto de ley cuya aprobación aconseja la Comisión, quienes en el futuro se acojan a este beneficio, podrán percibirlo únicamente por un año, sólo cuando no hayan configurado causal jubilatoria al momento del retiro. Queda claro, entonces, que no se plantea como una opción y, de ninguna manera, atenta contra situaciones creadas.

Este es, señor Presidente, el informe que teníamos que hacer.

Muchas gracias.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Si bien admito que puede parecer impertinente sostener una opinión contraria respecto a un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo, que ha recibido la sanción unánime de la Cámara de Representantes y la aprobación de la Comisión, no puedo dejar de manifestar que he meditado sobre el tema y soy contrario al mismo.

Felizmente, no necesito de la remuneración de senador para vivir -no la precisaba antes y, si Dios quiere, tampoco la necesitaré cuando deje de ejercer este cargo, por lo que pienso que esto me habilita a hablar con cierta libertad- y a mi juicio -digo esto con todo respeto- existe en este proyecto de ley un poco de falso escrúpulo o de complejo de culpa por parte de los señores legisladores. Creo que, en definitiva, se comete un error porque las funciones que están contempladas en este proyecto de ley tienen no sólo una alta jerarquía sino que, además, se supone que están al servicio del país.

Por lo tanto, pienso que uno no debe albergar, en ese sentido, temores perfectamente comprensibles pero que, a mi juicio, van a desembocar en una solución que haciendo abstracción de las personas a quienes pueda beneficiar, va a tener un resultado negativo para el país. Generalmente, este tipo de medidas produce el agravamiento de una dificultad que ya existe para reclutar en este tipo de actividades -que entrañan además otros sacrificios- a personas que están en el período activo de sus vidas. Es más, en la generalidad de los casos, se trata de ciudadanos que tienen remuneraciones de buen nivel, a quienes se les exige el sacrificio de tener que renunciar a ellas incoporándoles, además, una incertidumbre posterior. Todos sabemos que a diferencia de lo que ocurre en otros países, en Uruguay no es fácil reingresar a la actividad privada después de haber pasado determinado tiempo en la actividad pública.

En consecuencia, creo que esto lejos de ser una medida que pueda analizarse con criterio de justicia -lo cual es discutible- si se observa desde el punto de vista de los intereses del país, que en definitiva requiere el reclutamiento de gente capaz en la etapa activa de su vida va a tener efectos negativos. Es decir, que para satisfacer una inquietud -no quiero utilizar el término prurito porque puede parecer una expresión que menosprecia los sentimientos- si se quiere de justicia, lo que se va a lograr, en definitiva, es un resultado negativo para nuestro país.

Por otra parte, creo que habría que intentar otras soluciones que contemplen las distintas situaciones, aunque admito que ello es difícil. Sin duda, existen muchos casos -ya manifesté que de alguna manera puede ser el mío- en los que no tendría que existir ningún tipo de subsidio, ni este ni ningún otro porque no son necesarios y no hay por qué hacerlos cargar al Estado. No obstante, deben haber casos donde la realidad es diferente y para ellos lo que debiera contemplarse es superior a lo que este proyecto de ley prevé.

Por todos estos motivos adelanto ya que si este proyecto de ley se vota en el día de hoy, por razones de disciplina partidaria lo acompañaré. Pese a ello, me permitiré hacer una especie de llamado de reflexión e inclusive, mocionar para que el tema sea debatido, por ejemplo, en el ámbito de una Comisión Especial, a efectos de que no nos apresuremos a adoptar una decisión. Pienso que debemos considerar este tema no como vinculado a nosotros, sino como relacionado al servicio público del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Deseo expresar, en nombre del señor senador Jude y en el mío propio, que compartimos las reflexiones del señor senador de Posadas Montero. En forma adicional a éstas, creemos que en este tema sumamente delicado nos acercamos, también, a un aspecto que tiene que ver con lo que es la retribución de la función pública. En función del principio de igualdad ante la Constitución y la ley, se trata de facilitar que la opinión real y concreta de poder participar en la función pública, esté al alcance también de los ciudadanos con menores recursos y que, de alguna forma, el Estado compense o garantice el esfuerzo que significa el ejercicio práctico de la vocación de servicio cívico.

Por otro lado, deseamos agregar que este tipo de normas que garantizan un estatuto especial para las remuneraciones o retiros de los altos funcionarios del Estado -especialmente a los que integran los cuerpos representativos del Gobierno- constituyen también una forma de garantía de su propia independencia. Estos podrán tener la tranquilidad de que cualquiera sean sus opiniones o los avatares de los acontecimientos políticos, en definitiva, no necesitarán modificar sus puntos de vista con miras a una reelección, sino que habrá en todo caso, un cierto amparo o protección.

Sin querer promover un debate de gran amplitud o profundidad nos sumamos -movidos, en cierto modo, por las formulaciones del señor senador de Posadas Montero- a la idea de tratar de encontrar otro ámbito en que se pueda reflexionar con mayor detenimiento, contemplando todo el problema en su conjunto, para hallar un camino que atienda el requerimiento de la opinión pública en cuanto a la austeridad por parte de los gobernantes y los funcionarios del Estado, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta la necesidad de ofrecer la tutela y protección que corresponden a las funciones de los representantes del pueblo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: como bien lo expresó el miembro informante, señor senador Singlet, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, llegó a una solución de consenso en el sentido de recomendar al Cuerpo la aprobación de esta iniciativa -votada afirmativamente por la Cámara de Representantes- en virtud de que sobre el tema existían -y seguramente existen- diferentes posiciones.

Nuestro partido reconoce que el tema de las remuneraciones de los llamados "cargos políticos" y todo lo que se relacione con el régimen de Seguridad Social para quienes lo ocupaban -por lo menos a determinadas edades- es uno de los asuntos que el país tendrá que estudiar con franqueza cuando reexamine todo el tema de la Seguridad Social -como parece estar dispuesto a hacerlo en los próximos tiempos- aunque considera que lo que hubiera correspondido es la derogación lisa y llana de la disposición.

Como puede constarle a algunos señores legisladores, participamos en la redacción de la Ley Nº 15.900 en su etapa de estudio en la Cámara de Representantes -fue uno de los últimos trabajos que realizamos junto al recordado amigo el doctor Héctor Lorenzo Ríos- y consideramos que las soluciones que allí se dieron significaron un avance real, tal como lo señaló el señor senador Singlet. El régimen vigente hasta ese entonces había sido estatuido por el gobierno de facto y establecía que los titulares de cargos políticos y de particular confianza alcanzarían la jubilación -no un subsidio sino la jubilación que es una prestación de carácter permanente- con cualquier edad y con sólo un año de cumplimiento de la actividad respectiva. Tan es así que una vez aprobada por el Parlamento la Ley Nº 15.900, en el período de pocos días que transcurrió entre la sanción de la ley y su puesta en vigencia, un numeroso grupo de funcionarios se acogieron a la jubilación amparados en la vieja regulación, dado que por la nueva ley perderían ese derecho. Este hecho suscitó cierta conmoción en el país y tuvo alguna repercusión pública. Recuerdo que fui interrogado por varios medios de comunicación, a los que señalé que eso demostraba la virtud de la nueva norma. Era evidente que había disminuido gradualmente el beneficio que se establecía para los titulares de cargos políticos y de particular confianza. Sin embargo, apreciamos que para la opinión pública y para muchos sectores políticos, las disposiciones de la Ley Nº 15.900 siguen constituyendo un privilegio. Durante el tratamiento del tema en la Cámara de Representantes, propusimos que se eliminara lisa y llanamente esta protección, porque pensábamos que los privilegios, si son tales no se reducen sino que simplemente se eliminan. En tal sentido, presentamos un proyecto de ley. Como sabemos que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno, al observar que nuestro proyecto no contó con los votos suficientes en la Cámara de Representantes, en una segunda instancia nos sumamos a este texto, ya que, teniendo en cuenta el régimen vigente, consideramos que la solución era más aceptable.

Aunque no consta en el informe escrito que ha sido repartido a los señores senadores, lo hemos firmado con salvedades, que son las mismas con que vamos a acompañar ahora el proyecto de ley.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: debemos decir que la tan debatida Ley Nº 15.900, de 1987, y particularmente su artículo 5º significaron, sin duda, un avance cierto frente a las situaciones anteriores.

Me apresuro a decir que, en los aspectos sustanciales, comparto totalmente la exposición del señor senador Cassina.

Quiero referirme a la situación anteriormente existente, leyendo un extracto de una nota periodística muy bien fundamentada, que comparto en todos sus términos.

El año pasado, en relación a este tema, se publicó lo siguiente: "Los actos 9 y 13, implantados por la dictadura, derogaron más de 200 leyes de amparo jubilatorio que beneficiaban a los trabajadores". Con rigurosas comillas, dado que era la dictadura quien se expresaba en estos términos, el artículo prosigue: "’En la serenidad del gabinete’, ‘libre de la excitación de los intereses’" -curiosa forma de verse libre de excitación de intereses con lo que se produjo en esos años y ¡vaya si había serenidad en el gabinete! aunque eso sería para alguno pero no para todos los orientales- "se decía en sus considerandos, era conveniente" -y lo que continúa nuevamente figura entre comillas porque el artículo lo transcribe- ‘"desde ahora y quizá para siempre dejar las soluciones de la Seguridad Social fuera del interés político de los Parlamentos’. Pero en un desborde de cinismo" -dice el articulista y lo comparto plenamente- "la dictadura establecía el más privilegiado régimen jubilatorio que en la historia se había acordado a los cargos políticos y de particular confianza: poder jubilarse con sólo 15 años reales de actividad y sólo un año en el cargo de confianza". Sin duda alguna, esto fue un verdadero escándalo. Fue así que, como lo consigna el articulista "una pléyade de jóvenes -le tecnoburocracia asociada a la dictadura- obtendría así suculentas jubilaciones de por vida y desde muy temprana edad, a costa de las arcas del BPS". Esas mismas arcas del Banco de Previsión Social que, según las circunstancias, tanto se dice que están en déficit. ¡Es lógico! Si se deben pagar semejantes prebendas -en muchas situaciones tan injustas- no pocos desequilibrios pueden producirse, incluso en el momento presente.

A lo que en forma tan sensata dice el articulista, tenemos que agregar que todas estas jubilaciones que muchos obtuvieron de por vida y rigurosamente reajustadas, fueron otorgadas a personas de 33 años que habían empezado a trabajar a los 17 ó 18 años y cumplieron 15 años de actividad.

Por eso, me apresuro a decir, para evitar todo tipo de errores, que no me cabe ninguna duda de que esa Ley Nº 15.900 -y particularmente su artículo 5º- configuró un claro avance frente a este desborde y este dislate, que es una verdadera afrenta para la democracia nacional.

Pero no cabe duda -y comparto lo que decía el señor senador Cassina- de que fue percibido por la ciudadanía uruguaya, a pesar de todo, como una situación injusta y de privilegio. Y debo decir, señor Presidente, que yo también la percibía así. Tanto más, cuanto que a pesar de lo que explícitamente indicaba la norma, en el sentido de que sólo podían ser usufructuarios de ese beneficio quienes no tuvieran causal jubilatoria -en un desborde absolutamente criticable de la Administración pasada y, concretamente, del Poder Ejecutivo anterior- en una resolución del 24 de agosto de 1989, que se da a conocer por un Decreto del Poder Ejecutivo del mismo día, en forma pública el 21 de noviembre, es decir, poco antes de las elecciones nacionales -reconozco que no era fácil dar a conocer y explicitar ese Decreto en forma pública- desvirtuando claramente el contenido explícito de la ley, se dice que el citado régimen de subsidio se ha establecido a efectos de permitir la reinserción de los referidos funcionarios en el mercado laboral.

Fundamentalmente, me importa señalar que lo que indicaba ese decreto es que, en tanto los titulares no ejerzan el derecho a la jubilación -se refiere, desde luego, a los cargos de particular confianza o cargos políticos- percibirán el subsidio, pudiendo solicitar aquélla en cualquier momento. Es una transgresión, clarísima a la ley, puesto que por vía de decreto se desfigura, en forma notoria, el espíritu y la letra específica del artículo 5º de la Ley Nº 15.900.

Para beneplácito no solamente personal, sino -pienso- de toda la ciudadanía, por una resolución del Poder Ejecutivo actual del 23 de abril de 1990, el Presidente de la República derogó aquella reglamentación. Insisto, señor Presidente, que nos pareció una resolución oportuna, razonable, por lo menos compatible con lo que se afirmaba en todos los términos en cuanto a la austeridad del Estado y a poner en cauce la normativa legal. Sin embargo, para mayor sorpresa aún, el 16 de julio de 1990 se desdice lo que se había afirmado anteriormente, entendiendo que aquellas personas que ya estaban cobrando ese subsidio en forma ilegal, contraria a la norma legislativa, sí podían seguir percibiéndolo por 3 años, con el 85% reajustado con respecto a lo que recibían en sus anteriores cargos de particular confianza o cargos políticos.

No sé si sería abundar demasiado, pero tanto las opiniones técnicas de varios abogados de connotada significación en el ámbito nacional, así como las que se vertieron en el ámbito periodístico, no hacen sino afirmar lo que el propio sentido común determina: no se puede, por una reglamentación, desvirtuar lo que la ley dictamina. Concretamente, se llegó a afirmar, por ejemplo, por parte del doctor de los Campos, que "el problema surge cuando el Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que deroga el decreto ilegal, dice que quienes se ampararon a él, adquirieron el derecho a percibir el subsidio. Esto es preciso reconocer que un decreto ilegal puede servir de fundamento para esgrimir la titularidad de derechos. Dicho más categóricamente, el decreto establece el principio que en la ilegalidad puede nacer la legalidad. Esta situación técnicamente es insostenible".

Es más, en exposiciones que apoyamos totalmente e incluso en resoluciones que nos comprometen como Cuerpo, dictadas directamente por el Presidente del Senado, doctor Gonzalo Aguirre -en actitudes que hemos aplaudido y compartido plenamente- se afirma -lo que, desde el punto de vista técnico y de sentido común parece compartir- que frente a un reglamento en pugna -citando a Enrique Martínez Moreno- con la ley, la administración debe aplicar ésta y no aquél, sin perjuicio de proceder luego a la reforma del Reglamento para ajustarlo al texto legal.

Más aún, el propio Presidente del Cuerpo, en opiniones que también compartimos plenamente, sostiene que el decreto del 4 de abril ordenó cumplir la Ley Nº 15.900, y no lo contrario refiriéndose, desde luego, a aquellas personas que, miembros de este Cuerpo, aún con causal jubilatoria, solicitaban cobrar el subsidio que la citada ley sólo otorgaba a quienes precisamente no la tuvieran. El Decreto del 4 de abril mandó cumplir la Ley Nº 15.900, y no lo contrario, y no privó a persona alguna de lo que ella no prohíbe.

Todas estas idas y venidas, señor Presidente, son las que, ante un notorio avance frente a los desbordes que la dictadura generó, terminan por descalificarnos colectivamente como sistema. Entiendo que todas estas resoluciones fueron tremendamente infelices, porque no solamente confunden sino que, en definitiva, personalmente las percibo como un verdadero favoritismo para beneficiar a un reducido y privilegiado grupo del sistema político nacional.

Yo atendería las distintas opiniones que aquí se han vertido -las he escuchado con todo respeto- en cuanto a que es necesario alentar a que los ciudadanos uruguayos puedan participar en el sistema político y, concretamente, a integrar el sistema parlamentario nacional, con retribuciones acordes con sus propias necesidades. Puedo entenderlo, pero no puedo acompañar sus aspiraciones en la medida en que esto estaría haciendo un mal tremendo a los ojos de todos los ciudadanos, cualesquiera sean sus perfiles políticos, blancos, colorados, del Nuevo Espacio, del Frente Amplio o sin ningún color partidario. No se trata aquí de perfiles políticos. Esta es una imagen horrenda que todos contribuimos a generar, y uso el plural a pesar de que no tuve absolutamente nada que ver con la ley original ni mucho menos con las desviaciones que de ella se hicieron en el correr de estos últimos años.

Insisto en que esto, a mi juicio, le hace mal a la democracia uruguaya y a la imagen del Parlamento. La única resolución que será loable aceptar es la que, precisamente, proponía como posibilidad menos teórica, el señor senador Cassina. Yo estaría dispuesto a la simple y llana derogación de esta disposición, que genera los subsidios.

Es más, señor Presidente, si realmente los uruguayos somos iguales ante la ley -y debemos serlo- y si el ex Presidente Sanguinetti, en oportunidad de haberse dictado ese infeliz decreto del 24 de agosto de 1989, en cuyo primer Considerando se dice -vuelvo a citarlo- que el citado régimen de subsidio se ha establecido a efectos de permitir la reinserción de los funcionarios referidos en el mercado laboral, si se entiende que es realmente un subsidio, si es una especie de seguro de desempleo, entonces admitamos que éste sea igual para todos los ciudadanos del país, el obrero de la construcción, el ex senador, el ex representante y el ex intendente de Montevideo o de cualquier otro departamento de la República.

En el caso de que se considere como un seguro de desempleo podemos, por un lado, darle por tres años el 85% de sus anteriores retribuciones -por cierto las de un parlamentario nacional son muy distintas a las de un obrero de la construcción- o, por otro, le otorgamos las mismas condiciones que a cualquier trabajador uruguayo.

Es por ello, señor Presidente, que en esta circunstancia y habida cuenta que a esta solución se llega por consenso y que no tuvimos la oportunidad de acompañar la derogación lisa y llana del Decreto ni la de que se nos apoye en lo que propusimos un año atrás en el sentido de que ese subsidio fuera reducido a sólo 6 meses y al 60% de las retribuciones originales, acompañamos este proyecto reafirmando esta clase de argumentos con los que hemos tratado de clarificar nuestra posición ante el Cuerpo.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: debo decir que también firmé el informe de la Comisión que acaba de brindar el señor senador Singlet en su calidad de miembro informante.

Como se sabe, en la Comisión están representados todos los lemas partidarios. A pesar de que tres de sus miembros firman con salvedades, el proyecto cuenta con unanimidad. Tal como lo acaba de señalar el señor senador Singlet, este proyecto de ley es producto de una transacción, de acuerdo o de un consenso político, verificado en la Cámara de Representantes.

El proyecto que se pretende modificar también es producto de un acuerdo político. El mismo se realizó una noche en el Senado y contó con la presencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la época, el señor Fernández Faingold y representantes de todos los sectores. En esa oportunidad se modificó el decreto al cual hizo referencia el señor senador Arana y se estableció esta norma que ahora se modifica reduciendo de tres a un año el período en que se pagan los subsidios. Antes no se pagaban estos subsidios, pero había tantas facilidades para la jubilación que, prácticamente, constituía un privilegio.

No considero que este proyecto constituya un privilegio, porque a las personas que se jubilan en la actividad privada, también se les pagan importantes subsidios en relación con el salario que cobran.

Esta disposición establece que a las personas que han ocupado cargos de confianza política y no tienen derecho a la jubilación, se les pagará un subsidio durante tres años.

Señor Presidente: el Decreto del doctor Sanguinetti, que fue repetido por el actual señor Presidente de la República -que primero derogó el Decreto del Gobierno anterior y luego lo restableció- es una actitud del Poder Ejecutivo perfectamente comprensible en la época, porque se iba a dar el caso de que ciudadanos que habían trabajado toda la vida y tenían años suficientes como para jubilarse -a veces, muchos más de los que establecen las normas jubilatorias- iban durante tres años a ganar menos que sus jóvenes compañeros que, precisamente por no tener muchos años de actuación, tampoco tenían derecho a la jubilación. Entonces, de esta manera, el señor Presidente de la República confrontó ambas situaciones. Quiere decir que los señores legisladores que votaron esta ley que ahora se intenta modificar, lo hicieron contra sus propios intereses. Esto es comprensible, porque quien habla -a diferencia de otros señores senadores que han hecho uso de la palabra- no cree que la función política otorgue ventajas o beneficios de carácter material. Asimismo, no cree que otorgue privilegios ni que se pueda legislar pensando que solamente los que no necesitan del sueldo que se les paga, sean los que puedan acceder al Parlamento. Por el contrario, pienso que al Poder Legislativo pueden acceder, dado que contamos con un régimen de democracia política representativa, que remunera la función que se cumple, es decir, a todos los señores legisladores, incluso a aquellos que no tienen posibilidades personales de enfrentar la vida con facilidad o dispendio.

Por eso creo, señor Presidente, que no debemos alarmarnos cuando se tratan estos asuntos llamados de privilegio de los señores legisladores o de los cargos de confianza política.

SEÑOR BELVISI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Belvisi.

SEÑOR BELVISI. - Luego de escuchar al señor senador Arana, me voy a referir a un tema que, en ese sentido, apunta a la igualdad y a la justicia en el tratamiento de un asunto que nos preocupa a todos, al punto de que la opinión pública está muy sensibilizada al respecto. Pienso que esta igualdad y justicia la deberíamos buscar en todos los aspectos.

Me parece que la Comisión que integra el señor senador Arana, quizás, todavía no se ha abocado al estudio del proyecto, que hemos presentado junto con otros señores senadores que integran nuestro sector, referido a la eliminación de lo que podríamos calificar como un privilegio que tiene la Intendencia Municipal de Montevideo en cuanto a los cargos de particular confianza. Se trata de la única Intendencia del país que no ha derogado los cargos de particular confianza, en mérito a que, aparentemente, esa disposición ha quedado aparte cuando se dejaron sin efecto todos esos cargos en las demás Intendencias del país, con la excepción de Montevideo. Actualmente, los Directores Generales de la Intendencia Municipal de Montevideo cuentan así -diría, por el solo hecho de ejercer el cargo en la capital de la República- con un privilegio frente a los del resto del país.

Me estoy refiriendo al proyecto que oportunamente presentamos para derogar los artículos 279 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970 y 323 del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975. En base a estas disposiciones entendemos que se trata de una situación privilegiada que están gozando una serie de Directores Generales que, probablemente, son muchos más que los restantes jerarcas de todas las Intendencias del interior del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Precisamente esa es una de las situaciones que se debe subrayar, porque es un ejemplo de lo que puede ocurrir con la vigencia de la ley que intentamos modificar. Actualmente, todos los que se retiren de los cargos de particular confianza en este país, están amparados por esta ley de los tres años que intentamos modificar. Si esta ley no se llega a modificar, todos los que se retiren hasta que la deroguemos, van a estar amparados por la misma norma. Este sistema es muy superior al que regía antes. Recuerdo que la noche en que se votó esta disposición en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, junto al ex señor senador Mederos, sostuvimos el criterio de que la solución era buena, no sólo porque era la mejor, sino porque, además, traducía un acuerdo político que permitía establecer otras normas al respecto.

Actualmente, en este Parlamento, unos ex señores legisladores cobran de una manera y otros, de otra. Ello es así, porque se paga este subsidio de distinta forma en cada Cámara. Esta situación no podrá ser modificada por esta ley, porque el criterio con el que el doctor Sanguinetti actuó cuando dictó su Decreto del año 1989, fue el de que esta situación se mantuviera para aquellos funcionarios con cargos de particular confianza que pertenecieran a uno y otro sector del Parlamento.

Es natural que estos funcionarios no estén afectados en lo mínimo por este proyecto de ley; se legisla de aquí en adelante. El señor miembro informante lo puntualizó -y yo lo subrayo como los demás miembros de la Comisión- porque este proyecto viene aprobado por la unanimidad de la Cámara de Representantes. Asimismo, en la Comisión, el criterio prevaleciente fue el de no modificar una sola coma para evitar el regreso a dicha Cámara sin poder establecerse la aprobación de uno mejor o similar.

A los efectos de registrar la historia fidedigna de la sanción de la ley, debemos decir que se refiere a todos los casos que se presenten desde la vigencia de la nueva ley en adelante, sin afectar en lo mínimo la situación que exista en ese momento.

No creo que pueda encontrarse otro proyecto mejor, salvo que propongamos reducir el plazo, pero eso sería injusto porque existen otros servidores de la actividad privada que tienen un plazo igual o mayor.

La otra solución, sería derogar la ley, cosa que no creo pertinente. Asimismo, no me parece posible alcanzar una solución utilizando esas dos alternativas, regresando el proyecto a Comisión porque esta ley fue aprobada por la Cámara de Representantes en noviembre del año pasado. La Comisión recibió el proyecto inmediatamente, luego vino el receso parlamentario, y desde hace cuatro meses que el Parlamento se encuentra en actividad constante. Luego de un arduo trabajo, la Comisión llegó al consenso de los Partidos en el sentido de avalar o aprobar el acuerdo al que habían arribado en la Cámara de Representantes.

Por estas razones, considero que corresponde aceptar dicho acuerdo. Es posible que este año se apruebe otra ley relativa a la Seguridad Social y este asunto quede comprendido en ella. Pero mientras tanto, y teniendo en cuenta lo que puede ocurrir con los retiros de sus cargos de los funcionarios afectados por la legislación, lo correcto sería aprobar este proyecto y darle sanción definitiva. Con ello se estaría previendo las situaciones que puedan producirse en el futuro y sin que en ella estén incluidos los miembros del Parlamento Nacional.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Vuelvo a citar al señor Presidente del Cuerpo porque comparto sus conceptos respecto a la pertinencia o no de las resoluciones contrarias a la ley. En ese sentido, expresó que si la Ley Nº 15.900 negó el derecho al subsidio a quienes tenían causal jubilatoria, el decreto que, violando la ley, quiso acordar ese derecho, es flagrantemente ilegal y jamás debió aplicarse.

Respecto a las manifestaciones del señor senador Belvisi acerca de si la Intendencia Municipal de Montevideo es la única que tiene cargos de particular confianza -y eso implicaría un privilegio- entiendo que si hay mayoría o acuerdos políticos para derogar esos cargos en toda la órbita de la República, será cuestión de considerarlo y, quizás, votarlo mayoritariamente cuando corresponda. Pero si está dentro de las normas vigentes, no sé qué es lo que se puede aducir en contra de eso en el ámbito departamental o nacional. Por otra parte, no constituye un privilegio el cobrar por el trabajo que efectivamente se está realizando. Si hay personas, con cargos de particular confianza o no, que cobran por su trabajo, me parece la cosa más justa de la tierra. Lo que puede ser discutible -y es percibido por parte del conjunto de la ciudadanía de nuestro país- es que cobren cantidades muy poco frecuentes, para lo que son las remuneraciones de los trabajadores de hoy, durante tres años por el hecho de haber trabajado antes en cargos de particular confianza, aunque ahora no lo estén haciendo.

De esta manera estaríamos dando mejores señales a la ciudadanía -aunque no las que yo hubiera deseado- en cuanto a la igualdad de obligaciones y derechos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: he votado afirmativamente este proyecto de ley, atendiendo al consenso que sobre el mismo se registró en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Senado y en el Pleno del Senado. Sin embargo, lo hago con las salvedades que resultan de mis manifestaciones precedentes y con la esperanza -tal como fuera señalado en Sala- de que esta disposición atienda la situación actual, la defina en estas circunstancias sin cerrar las posibilidades de que en otra instancia legislativa se contemple con equilibrio y ponderación los extremos que, a mi juicio, están en juego en este asunto.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: naturalmente compartimos plenamente los conceptos emitidos por el señor senador Cassina, así como el espíritu que llevó al consenso de todo el espectro político nacional.

Al respecto, deseamos hacer dos precisiones. En primer lugar, entendemos que el tema va a discutirse nuevamente cuando consideremos el asunto de la Seguridad Social como tal.

En segundo término, creo que tal vez -y en esto puede haber de nuestra parte algún prurito de temor en la medida que podamos aparecer defendiendo intereses propios en el ámbito nacional- no sea la misma la situación del legislador electo por la ciudadanía que la del designado para un cargo de confianza. Me parece que en el caso de aquél que asume la actividad política hay una opción de vida que tarde o temprano deberá ser considerada como una labor de dedicación total por él y por la ciudadanía.

Considero que este tema es para reflexionar. En ese sentido, deseaba señalar mi pensamiento en la materia. Vuelvo a repetir que aquellas personas que han sido electas por la ciudadanía como legisladores, Vicepresidente o Presidente de la República, deben tener un sistema distinto al de aquéllas que han sido designadas para un cargo de confianza. Me parece que en su momento habrá que asumir responsabilidades ante la ciudadanía respecto a una solución definitiva del problema que, obvio es decirlo, debe formar parte de un sistema que realmente sea de Seguridad Social y no una serie de soluciones parciales, inconexas y, muchas veces, injusta.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: he votado afirmativamente el proyecto por razones de disciplina partidaria. Pero sigo creyendo que analizado el tema, no con criterios de justicia -que por supuesto no son menospreciables- sino desde el punto de vista del bien general del país, a través del nivel que debe tener la gente que lo sirve en estos cargos, la solución del proyecto va a dar efectos negativos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quien ejerce actualmente la Presidencia del Cuerpo, se va a permitir manifestar que ha votado afirmativamente este proyecto de ley porque el mismo tiene el consenso de ambas Cámaras, de las Comisiones respectivas y viene con iniciativa del Poder Ejecutivo. No obstante, la Mesa quiere expresar que en puridad no comparte este proyecto de ley por cuanto estima que debe procederse definitivamente a alcanzar soluciones, como forma de que a la actividad pública puedan seguir incorporándose ciudadanos que carezcan de medios, pues de otra manera les resultaría imposible hacerlo. Por esa razón es que quienes actuamos en política hemos volcado todas nuestras fuerzas a ésta.

En definitiva, la Mesa estima que en algún momento habrá que establecer verdaderas normas estatutarias para que la actividad pública pueda ser desempeñada por todos los ciudadanos, en mayor medida por aquellos que carecen de medios de fortuna.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CASSINA. - Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO UNICO. - Modifícase el inciso final del numeral 2º del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘Los titulares de los referidos cargos que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de desvinculación de los mismos, tendrán derecho a percibir durante un período equivalente al triple del que ocuparon aquéllos y hasta un máximo de un año a contar desde la fecha del cese en los mismos, un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad. Dicho subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se hubieran prestado tales servicios y el período de su percepción se computará a todos los efectos como tiempo trabajado. El reingreso a la administración pública del beneficiario significará el cese automático del derecho a continuar percibiendo el subsidio)’".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

13) MODIFICACIONES A VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 16.072 (LEASING O CONTRATO DE CREDITO DE USO). Proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en 5º lugar del orden del día: "Proyecto de ley con modificaciones aprobado por la Cámara de Representantes sobre disposiciones de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989 (contrato de crédito de uso). (Carp. Nº 98/90 - Rep. Nº 206/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 98/90
Rep. Nº 206/91

CAMARA DE REPRESENTANTES

La CAMARA DE REPRESENTANTES, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 1º. - El crédito de uso es el contrato de crédito por el cual una institución financiera se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente.

Podrá pactarse, en favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien al vencimiento del plazo y mediante el pago de un precio final.

Sin perjuicio de esa opción de compra, podrá también pactarse, en favor del usuario, la opción irrevocable de prorrogar el plazo del contrato por uno o más períodos determinados y por un nuevo precio que también se estipulará en el contrato.

Asimismo podrá convenirse que finalizado el plazo del contrato o el de la opción de prórroga, en su caso, y si el usuario no tuviere o no ejerciere la opción de compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado y obligándose el usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuere menor".

Art. 2º. - Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 5º. - Pueden ser objeto del contrato los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles, cualquiera sea su destino. Cuando el objeto sea un inmueble, el contrato se regirá por las disposiciones de la presente ley siempre que exista opción de compra a favor del usuario (inciso segundo del artículo 1º) y que el precio final estipulado a tal efecto no exceda a la fecha del contrato del 25% (veinticinco por ciento) del valor del bien como se define en el literal b) del artículo 41".

Art. 3º. - Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 6º. - El contrato de crédito de uso inmobiliario deberá otorgarse en escritura pública autorizada por el escribano que designe el usuario. En los demás casos el contrato deberá otorgarse en instrumento público o privado, en triplicado, con firmas certificadas por el escribano designado en la misma forma".

Art. 4º. - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 7º. - El contrato se inscribirá, a pedido de la institución acreditante:

A) Si recae sobre inmuebles, en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos.

B) Si recae sobre aeronaves, en el Registro Nacional de Aeronaves.

C) Si recae sobre automotores, en el Registro de Vehículos Automotores.

D) Si recae sobre naves, en el Registro de la Escribanía de Marina.

E) Si se tratare de otros bienes, concretamente identificables, en el Registro de Prenda Agraria e Industrial.

Si la institución acreditante omitiera la presentación del contrato al Registro respectivo para la inscripción dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su otorgamiento, incurrirá en una multa en beneficio del usuario, equivalente al importe de la primera cuota periódica pactada en el contrato y responderá, además, por los daños y perjuicios que pueda sufrir el usuario por su incumplimiento, sin perjuicio del derecho del usuario a solicitar su inscripción.

La inscripción caducará cada cinco años y podrá reinscribirse a solicitud verbal de cualquiera de las partes, por períodos iguales. De la misma forma se inscribirá todo acto que afecte, modifique o extinga los contratos registrados.

Las partes podrán, además, pactar otras formas de publicidad de la existencia del contrato".

Art. 5º. - Sustitúyense los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, por los siguientes:

"ARTICULO 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada en los casos previstos en los artículos 27 y 29 de la presente ley, será del proceso de entrega de la cosa. Sólo serán admitidas como excepciones: la falsedad del instrumento en que se funda la acción; falta de algunos de los requisitos esenciales para la validez de los contratos; pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor; prescripción; caducidad; espera o quita concedidas por el demandante que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor ; y la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones previstas por el artículo 29 de la presente ley. Las excepciones inadmisibles serán rechazadas sin sustanciación (artículo 355.2 del Código General del Proceso).

ARTICULO 33. - La institución acreditante podrá acompañar con la demanda, o posteriormente, fianza bancaria o certificado de depósito de títulos de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay, por el importe equivalente al monto total del contrato de crédito de uso, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran producirse al usuario por la restitución forzada de la cosa objeto del contrato. En tal caso podrá solicitar mandamiento de apremio, que se hará efectivo con la entrega de la cosa objeto del juicio, así como la cancelación de la inscripción del contrato de crédito de uso. Una y otra medida deberán decretarse por el Juez y no admitirán recurso alguno aun cuando se hubieran opuesto excepciones admisibles.

ARTICULO 34. - Si en el juicio de entrega de la cosa promovido por la causal prevista en el artículo 27 de la presente ley no se opusieron excepciones por el demandado, hecha entrega de la cosa, se entenderá rescindido el contrato por culpa del usuario, cancelándose la inscripción.

Si se opusieran excepciones, la sentencia que recaiga sobre las mismas se pronunciará asimismo sobre la rescisión del contrato por incumplimiento, cancelándose la inscripción, en su caso".

Art. 6º. - Sustitúyense los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, por los siguientes:

"ARTICULO 45. - El Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las operaciones comprendidas en el artículo 39 de la presente ley será aplicado sobre el total de pagos correspondientes a la amortización financiera de la colocación, siempre que el bien objeto del contrato no estuviera exonerado del referido tributo.

Del mismo modo se gravarán los reajustes pactados así como los pagos previstos en caso de prórrogas del plazo del contrato.

La diferencia entre las prestaciones pactadas y la amortización financiera de la colocación estará exenta del Impuesto al Valor Agregado, salvo que la operación estuviera pactada con quien no sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias o del Impuesto a las Actividades Agropecuarias.

ARTICULO 46. - En el caso de que las operaciones no estuvieran comprendidas en el artículo 39, el Impuesto al Valor Agregado será aplicado sobre las prestaciones periódicas convenidas.

ARTICULO 47. - En los contratos de crédito de uso que participen de cualquiera de las características del artículo 39, se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha de entrega del bien. En los restantes casos se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha en que se devenga la contraprestación respectiva".

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 52 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 52. - No se considerará contrato de crédito de uso ni podrá inscribirse como tal aquel que contenga estipulaciones que contravengan las disposiciones de la presente ley".

Art. 8º. - Facúltase a las Cajas Notarial de Jubilaciones y Pensiones; de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a actuar como sujetos dadores en los contratos de crédito de uso de bienes inmuebles con destino a vivienda, en aquellos casos en que los usuarios sean afiliados activos o pasivos de dichos organismos, no rigiendo a su respecto lo dispuesto por el inciso final del artículo 50 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989.

La resolución genérica de concesión de créditos de uso deberá contar con cinco votos conformes de sus Directorios.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de noviembre de 1990.

Héctor Martín Sturla Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario.

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 5º. - Pueden ser objeto del contrato los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles, cualquiera sea su destino. Cuando el objeto sea un inmueble, el contrato se regirá por las disposiciones de la presente ley siempre que exista opción de compra a favor del usuario (artículo 1º inciso segundo) y que el precio final estipulado a tal efecto no exceda a la fecha del contrato del 25% (veinticinco por ciento) del valor real, fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado".

Art. 2º. - Modifícanse los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

"ARTICULO 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada en los casos previstos en los artículos 27 y 29 de la presente ley, será del proceso de entrega de la cosa. Sólo serán admitidas como excepciones: la de falsedad del instrumento en que se funda la acción; falta de algunos de los requisitos esenciales para la validez de los contratos; pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor; prescripción, caducidad; espera o quita concedidas por demandante que se prueben por escritura pública o por el documento privado emanado del actor; concordato o concurso homologado; y la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones previstas por el artículo 29 de la presente ley. Las excepciones inadmisibles serán rechazadas sin sustanciación (artículo 355.2 Código General del Proceso)".

"ARTICULO 33. - La institución acreditante podrá acompañar con la demanda, o posteriormente, fianza bancaria o certificado de depósito de títulos de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay, por el importe equivalente al monto total del contrato de crédito de uso, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran producirse al usuario por la restitución forzada de la cosa objeto del contrato. En tal caso podrá solicitar mandamiento de apremio, que se hará efectivo con la entrega de la cosa objeto del juicio así como la cancelación de la inscripción del contrato de crédito de uso. Una y otra medida deberán decretarse por el juez y no admitirán recurso alguno aun cuando se hubieran opuesto excepciones admisibles".

"ARTICULO 34. - Si en el juicio de entrega de la cosa promovido por la causal prevista en el artículo 27 de la presente ley no se opusieron excepciones por el demandado, hecha entrega de la cosa, se entenderá rescindido el contrato por culpa del usuario, cancelándose la inscripción.

Si se opusieran excepciones, la sentencia que recaiga sobre las mismas se pronunciará asimismo sobre la rescisión del contrato por incumplimiento, cancelándose la inscripción en su caso".

Art. 3º. - Facúltase a las Cajas Notarial de Jubilaciones y Pensiones; de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios y de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a actuar como sujetos dadores en los contratos de crédito de uso de bienes inmuebles con destino a vivienda, en aquellos casos en que los usuarios sean afiliados activos o pasivos de dichos organismos, no rigiendo a su respecto lo dispuesto por el inciso final del artículo 50 de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989.

La resolución genérica de concesión de créditos de uso, deberá contar con cinco votos conformes de sus Directorios.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de mayo de 1990.

Gonzalo Aguirre Ramírez Presidente
Juan Harán Urioste Secretario


CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Hacienda estudió el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Representantes el 13 de noviembre de 1990, por el que se modifica el aprobado por el Senado el 15 de mayo de ese año, en materia del contrato de "leasing" o crédito de uso.

I. ANTECEDENTES

1. El proyecto original fue presentado al Senado por los señores senadores Cadenas Boix, Ortiz y de Posadas Montero, con el objeto, según expresan en la exposición de motivos, de extender el campo de aplicación del contrato de crédito de uso a todos los inmuebles.

2. Propusieron, al efecto, la modificación del artículo 5º de la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989, suprimiendo la exigencia de que tales bienes, para ser materia de "leasing", estén afectados a actividades productivas. Con ello, se habilita el destino para casa habitación.

3. El proyecto, además, introduce enmiendas a los artículos 32, 33 y 34 de la ley mencionada, para adecuarla al nuevo Código General del Proceso.

4. La Comisión de Hacienda recomendó la aprobación de un proyecto sustitutivo, con modificaciones que no alteraban la esencia de la iniciativa, y el Senado sancionó este proyecto.

5. La Cámara de Representantes, por su parte, modificó el proyecto del Senado e introdujo también otras enmiendas a la Ley Nº 16.072. Las modificaciones de la Cámara de Representantes se analizan en el Capítulo III.

II. REGIMEN DE TRABAJO

1. La Comisión de Hacienda consideró el tema durante cuatro sesiones y solicitó el asesoramiento del doctor Juan Pablo Cajarville (Distribuido Nº 638/91) y de la Dirección General Impositiva (Distribuido Nº 657/91).

2. Asimismo, por encargo de la Comisión, los señores senadores Abreu, Cassina y Zumarán recabaron las opiniones del doctor Olivera García, el primero y el doctor Rodolfo Sienra, los segundos (Distribuido Nº 685/91).

III. ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES

A continuación se analizan por su orden las modificaciones y se da la opinión de la Comisión al respecto.

I. Incorpora la posibilidad de pactar que el bien se venda al mejor postor, si el usuario no ejerciere la opción de compra, debiéndose pagar el excedente o la diferencia, entre el precio de venta y el estipulado (artículo 1º).

La ley vigente reconoce esta posibilidad para el caso en que no existiere la opción de compra.

El doctor Cajarville informó a la Comisión que en el Derecho Comparado la opción de compra suele ser exigida como elemento necesario del contrato. Por tanto, la nueva posibilidad que se incorpora no desnaturalizaría el "leasing". Señaló, además, el carácter facultativo de esta cláusula.

Sin discutir el aspecto jurídico mencionado, la Comisión entendió, sin embargo, que es preferible mantener el régimen actual de la ley. En efecto, se consideró que en la mayor parte de los casos los bienes dados en "leasing", al finalizar éste, habrán perdido probablemente su valor y habrán sido superados tecnológicamente por los nuevos. En esas circunstancias, el tomador -presumiblemente la parte económicamente débil- se vería en la necesidad de pagar al dador la diferencia.

2. Establece un procedimiento diferente para calcular el 25% del precio final en el caso de "leasing" de inmuebles (artículo 2º).

El "leasing" de inmuebles que se autoriza por el proyecto sancionado en el Senado requiere que el contrato contenga la opción de compra y que el precio final no sea inferior al 25% del valor real fijado por Catastro, con el propósito de evitar un arrendamiento disimulado bajo la forma de "leasing".

El proyecto de la Cámara de Representantes determina que el valor del bien se determine conforme al literal b) del artículo 41 de la ley vigente. (Debe ser el artículo 40, ya que el 41 se refiere a la materia tributaria). Este sistema se remite, en la actualización del precio pactado, a la tasa convenida de interés o a la falta de convenio, según el Decreto-Ley Nº 14.887.

La Comisión de Hacienda entiende que la fijación por Catastro es un régimen más sencillo, hay experiencia en la materia, además, evita una posible connivencia para simular un "leasing" cuando se trata en realidad de un arrendamiento (conforme, doctor Cajarville, Distribuido Nº 638/91, páginas 7 y 8).

3. Requiere escritura pública para el "leasing" de inmuebles y certificación notarial en los demás (artículo 3º).

La Comisión reconoce la invalorable contribución del notariado nacional a la certidumbre jurídica, en particular todo lo relativo a cuestiones inmobiliarias y titulación.

Esto, sin embargo, no está en juego en el caso, ya que las garantías para los contratantes se alcanzan de manera eficaz -y más sencillamente- por el régimen vigente, similar al de la Ley de Promesa de Enajenación de Inmuebles a Plazo. Como es notorio, esta norma ha regido por largo tiempo, su aplicación no ha suscitado dificultades y los derechos han sido resguardados debidamente. Por tanto, se estima que el régimen vigente debe ser mantenido, evitando una formalidad y un sobreprecio que perjudican la utilización del nuevo contrato sobre inmuebles, que es precisamente el propósito del proyecto original del Senado.

4. Aclara que los actos que modifiquen o extingan los contratos seguirán el mismo régimen de inscripción que los actos originales (artículo 4º).

La Comisión comparte esta solución.

5. Elimina las excepciones de concordato o concurso homologado entre las oponibles en el proceso de entrega de la cosa (artículo 5º).

Este tema dio lugar a las más extensas deliberaciones de la Comisión.

Finalmente, por unanimidad, consideró adecuada la enmienda de la Cámara de Representantes, por razones jurídicas y económicas.

Desde el punto de vista jurídico, es innegable que el crédito entrará en la masa del concordato o concurso pero el bien continuará en el patrimonio del dador. Esto justifica que no pueda oponerse la excepción (aunque si se establece, no sería "una contradicción jurídica" según acota el doctor Olivera García), como reflejo del derecho de propiedad y marcando una diferencia con la hipoteca y la prenda, contratos en los que el deudor de la obligación personal es propietario de la cosa.

Desde el punto de vista económico, la eliminación de la excepción puede constituir un incentivo para que el dador se sienta alentado a otorgar bienes en "leasing" a personas con menos recursos o que comienzan actividades nuevas, sabedor de que el concurso o el concordato no le impedirán recobrar el bien en forma rápida. De esta manera se facilita que, a través del "leasing" más bienes puedan llegar a más personas.

Los señores senadores Astori, Cassina y Zumarán manifestaron que acompañaban esta conclusión atendiendo al contenido de los asesoramientos jurídicos recibidos y no sin dudas, en particular por la condición de financiero que tiene el "leasing" de acuerdo a nuestra ley.

6. Se determina que deberá pagarse el Impuesto al Valor Agregado (artículo 6º).

En la ley vigente, las contraprestaciones del contrato de crédito de uso están exoneradas de ese tributo (artículo 45). Esta solución es lógica puesto que la Ley Nº 16.072 restringe el "leasing" a bienes afectados a las actividades industrial, comercial y agropecuaria, cuyos agentes -en general- pagan IVA y, por tanto, pueden descontarlo. No hay allí pérdida fiscal.

El proyecto del Senado -y Representantes coincide con ello- extiende el "leasing" a bienes no afectados a esas actividades productivas, por lo cual la mayor parte de los tomadores -bajo esta ampliación- probablemente no serán contribuyentes del IVA.

La extensión a otros bienes determinaría por lo menos una pérdida fiscal, ya que al no ser contribuyentes estos tomadores, lo exonerado no se recuperaría. A la vez, este hecho llevaría a abandonar otras formas de contratación para beneficiarse de la exoneración bajo el "leasing".

La Comisión, con el asesoramiento de la DGI (Distribuido Nº 657/91), considera, por tanto, apropiada la modificación introducida, la que permite mantener el nivel de ingresos fiscales y que exhibe neutralidad entre las diferentes formas de contratación sin estimular ninguna en particular.

7. Se establece que no se considerará "leasing", ni podrá inscribirse, el que tenga "estipulaciones que contravengan" las disposiciones de la ley de "leasing" (artículo 7º).

La Comisión prefiere el mantenimiento de la redacción original que decía "estipulaciones que se aparten de las disposiciones" de la ley. De esta manera, queda claro que el contrato que se "aparte" del esquema legal estructurado para el "leasing" no será considerado ni inscripto como tal, pero será válido. Con la fórmula de "que contravengan", "habría que analizar si la solución contractual... va en contra de una disposición de la ley de "leasing" que sea de orden público o que no lo sea" (doctor Cajarville, Distribuido Nº 638/91, página 14 in fine), pudiendo involucrar así un complejo análisis doctrinario que abarca el concepto de orden público.

IV. EVALUACION Y RECOMENDACION

1. De acuerdo con el análisis efectuado, resulta que la Comisión concuerda con el proyecto de la Cámara de Representantes en cuatro de las modificaciones introducidas.

2. Las diferencias se presentan en tres puntos:

- Remate en caso de no ejercer la opción de compra (artículo 1º).

- Forma de determinación del valor del inmueble, a efectos de calcular el 25% (residual máximo en la opción de compra) (artículo 2º).

- Exigencia de escritura pública para el "leasing" de inmuebles (artículo 3º).

3. La Comisión estima que estas diferencias tienen entidad bastante como para justificar la no aceptación de las enmiendas aprobadas por la Cámara de Representantes, ya que, en su conjunto, podrían afectar el funcionamiento del contrato de "leasing". En efecto:

a. La necesidad de proceder al remate, cuando no se ejerce la opción de compra, parece colocar en desventaja a la parte más débil y le quita sustancia a la propia existencia de la opción.

b. La determinación del valor del inmueble por el sistema del artículo 41 literal b) de la ley vigente abre la posibilidad de connivencia para disimular un arrendamiento bajo la forma de "leasing".

c. La exigencia de escritura pública añade una formalidad y un sobreprecio importante que contribuiría a disuadir a potenciales tomadores, con lo que se desnaturalizaría el objeto mismo del proyecto iniciado en el Senado. El sistema de la Ley de Promesa de Enajenación de Inmuebles a Plazo da garantías suficientes.

4. Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda que el Senado, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, no se conforme con las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes.

Se acompaña un proyecto de resolución en tal sentido.

PROYECTO DE RESOLUCION

El Senado:

Resuelve:

Solicitar, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución de la República, la reunión de ambas Cámaras, a fin de decidir acerca de los proyectos divergentes en materia de modificaciones a la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989 (contrato de "leasing" o crédito de uso), sancionado por los Cuerpos, respectivamente, el 15 de mayo de 1990 (Senado) y el 13 de noviembre de 1990 (Representantes).

Sala de la Comisión, a 25 de abril de 1991.

Juan Carlos Blanco (Miembro Informante), Sergio Abreu, Federico Bouza, Juan Carlos Raffo, Danilo Astori (Discorde por motivos que expondrá en Sala), Carlos Cassina, Alberto Zumarán. Senadores".

Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989

Artículo 5º. - Pueden ser objeto del contrato los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles, afectados a la actividad industrial, agraria o comercial. Cuando el objeto sea un inmueble, el contrato se regirá por las disposiciones de la presente ley siempre que exista opción de compra a favor del usuario (artículo 1º inciso segundo) y que el precio final estipulado a tal efecto no exceda a la fecha del contrato del 25% (veinticinco por ciento) del valor real, fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Art. 32. - El procedimiento para obtener la restitución forzada de la cosa, en los casos previstos en los artículos 27 y 29 de la presente ley, será el del juicio de entrega de la cosa. A los efectos del artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil, serán admisibles, además de las excepciones del artículo 1311 del mismo Código, las de pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o documento privado emanado del actor, las de prescripción, caducidad y espera o quita concedida por el demandante que se prueban por escritura pública, por documento privado emanado del actor, concordato o concurso homologado.

Con los mismos efectos será admisible la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones pactadas, en el caso del artículo 29 de la presente ley.

Si los escritos en que deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 1311 a 1313 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 33. - La institución acreditante podrá acompañar, con su demanda o posteriormente, fianza bancaria o certificado de depósito de títulos de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay, por el importe equivalente al monto total del contrato de crédito de uso, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran producirse al usuario por la restitución forzada de la cosa objeto del contrato. En tal caso podrá solicitar, y deberá decretarse por el Juez, mandamiento de apremio, que se hará efectivo con la inscripción del contrato de crédito de uso, sin admitirse recurso alguno, aunque las excepciones opuestas sean de las previstas en el artículo 1311 del Código de Procedimiento Civil y artículo 32 de la presente ley.

Hecho efectivo el apremio, se continuarán los procedimientos conforme a lo dispuesto en el artículo 1314 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 34. - Si en el juicio de entrega de la cosa promovido por la causal prevista en el artículo 27 de la presente ley no se opusieron excepciones por el demandado, hecha entrega de la cosa, se entenderá rescindido el contrato por culpa del usuario, cancelándose la inscripción.

Si se opusieron excepciones, la sentencia que recaiga sobre las mismas (Código de Procedimiento Civil, artículos 1313 y 1314) se pronunciará asimismo sobre la rescisión del contrato por incumplimiento, cancelándose la inscripción en su caso".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: voy a hacer uso de la palabra en mi condición de miembro informante del proyecto de ley a consideración del Senado.

Estimo que la naturaleza del proyecto y las cuestiones que él suscita -que son, en realidad, un tanto complejas- han tratado de ser enfocadas y atendidas a través de un informe escrito lo más minucioso posible, señalando los distintos aspectos técnicos que esto plantea. De modo que en mi intervención verbal no me voy a detener en todos los detalles, sino que voy a ponerme a disposición del Cuerpo para contestar eventuales consultas. No obstante, me gustaría realizar alguna presentación de carácter general acerca de los antecedentes de este proyecto de ley y de las principales cuestiones que éste trata.

Como se recordará, este proyecto de ley originalmente fue presentado al Senado por los señores senadores Cadenas Boix, Ortiz y de Posadas Montero y en ese momento su objetivo era extender la aplicación del contrato de crédito de uso, entonces vigente en la legislación nacional, a todos los inmuebles, pues la ley circunscribía -aún lo hace, dada su vigencia- esta posibilidad de utilización del instrumento del "leasing" a los inmuebles aplicados a la actividad productiva. Luego, este proyecto de ley sufrió algunas modificaciones en el seno de la Comisión respectiva del Senado -más bien de detalle, de aspectos parciales- y finalmente pasó a consideración de la Cámara de Representantes. Ahora, es esta Cámara la que devuelve el proyecto de ley con otras modificaciones. En este sentido, observamos que las disposiciones sancionadas por dicha Cámara mantienen lo que era la parte esencial del proyecto de ley originalmente presentado por los señores senadores que he mencionado, o sea que habilita a que los inmuebles -cualquiera sea su destino- puedan ser objeto de contrato de uso o "leasing". Pero junto con esta disposición, que es lo sustancial, introduce otra serie de modificaciones y reformas al régimen vigente de la ley, o sea, no sólo al proyecto de ley que había sido sancionado originalmente en el Senado, sino a la ley vigente en materia de "leasing".

En concreto, señor Presidente, quiero subrayar que lo que vendría a ser el tema central del proyecto original, que fue lo que dio lugar a un mayor debate en el Senado -o sea, la extensión a todos los inmuebles de la posibilidad de utilizar el "leasing" -es un punto que no fue discutido, ni afectado por el proyecto remitido por la Cámara de Representantes.

En cambio ese proyecto introduce siete modificaciones diferentes a la ley vigente. De esas siete modificaciones, y según el análisis realizado por la Comisión correspondiente del Senado, es decir, la de Hacienda, tres de ellas son consideradas aceptables, no mereciendo igual concepto las cuatro restantes.

En este sentido, señor Presidente, aprovecho esta circunstancia para señalar que por error de quien habla, en el resumen sobre "evaluación y recomendación" contenido en el distribuido que estamos considerando, más precisamente en la página 15, se dice que las diferencias se presentan en tres puntos, cuando en realidad debió decirse "en cuatro puntos".

Los cuatro puntos en los que hay diferencia con la Cámara de Representantes se basan en que ésta agrega la posibilidad de que en el caso de que en el contrato de "leasing" estuviera prevista la opción de compra y ésta no se ejerciera, será necesario acudir al remate del bien dado en "leasing"; luego habría una compensación o ajuste según el resultado del remate, con el dador del "leasing".

También existe una diferencia en cuanto a la estimación del valor residual del 25% del precio final del "leasing", que en el régimen acordado por la ley es fijado por la Dirección General de Catastro Nacional. Al respecto, la Cámara de Representantes sugiere un mecanismo de actualización a través de las tasas de interés pactado.

Por otro lado, en este proyecto de ley aprobado por la Cámara mencionada se señala que este contrato, cuando se refiera a inmuebles, sea otorgado en escritura pública.

Finalmente, ese proyecto remitido no considera "leasing" a los contratos cuyas estipulaciones contravengan las disposiciones sobre "leasing", lo que podría generar dificultades de interpretación jurídica sobre el concepto de orden público.

En función de la naturaleza y entidad de estos cuatro aspectos en los que hay diferencia de opinión, es que la Comisión de Hacienda aconseja no aceptar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, señalando, eso sí, que las otras tres observaciones presentadas son, a juicio de ésta, aceptables. Sobre el particular, quiero destacar la relacionada con la obligación de pagar IVA por las contraprestaciones emanadas del contrato de uso, ya que en el régimen actual, al estar limitado el contrato de uso a los inmuebles afectados a actividades productivas cabe presumir que las contraprestaciones inherentes a este contrato, que estarían sujetas a IVA, pueden descontarse. De modo, pues, que no habría pérdidas fiscales en la exoneración. En cambio, al extenderse el régimen a todo tipo de inmuebles, aún los no afectados a actividades productivas, habría allí prestaciones que si estuvieran exoneradas, no estarían gravadas por el IVA, por lo que sí habría una pérdida fiscal y también estimularía una desviación hacia el uso del contrato de "leasing" en lugar de otras formas contractuales. No es ése el sentido de una fórmula legislativa que provee un instrumento jurídico neutro, procurando darle una opción más a los particulares en la selección de los mecanismos que consideren más adecuados para la contratación.

Este punto que plantea la Cámara de Representantes, nuestra Comisión consideró adecuado aceptarlo y, en el mismo sentido, escuchó el informe proporcionado por la Dirección General Impositiva, el que fue concordante con esta opinión.

Por otra parte, señor Presidente, la Comisión de Hacienda admitió como aceptable otra de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes y que dice relación con la aceptación de las excepciones de concordato o concurso homologado en el proceso de entrega de la cosa, que aparece establecido como procedimiento o medio procesal para lograr la recuperación del bien dado en "leasing" cuando no se cumplen las prestaciones inherentes al contrato. Esto generó una larga discusión en la Comisión y se hicieron una serie de consultas a juristas y técnicos, al cabo de las cuales hubo consenso en aceptar esta modificación.

Asimismo, se consideró oportuno lo estatuido por la Cámara de Representantes en cuanto a que el régimen de inscripción para las modificaciones o extinciones de estos contratos siguieran similares procedimientos que la inscripción del contrato que lo constituye. En suma, señor Presidente, en base a estas consideraciones, la Comisión de Hacienda estima del caso aconsejar al Senado la no aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes en su proyecto y, por lo tanto, solicitar la reunión de ambas Cámaras, a fin de analizar estas diferencias.

También me permitiría señalar -sin perjuicio de que el propio senador a quien voy a aludir a continuación lo haga por sí mismo- que el señor senador Astori ha firmado el informe con discordias por los motivos que expondrá en Sala. Me atrevo a presumir que estas disidencias no refieren tanto a estos aspectos puntuales que estamos mencionando, sino a la diferencia que él sostuvo ampliamente durante la discusión en el Senado del proyecto original respecto al tema central objeto de dicha iniciativa, que es la incorporación de los inmuebles, cualquiera sea su destino, a la posible utilización del contrato de uso, por las repercusiones que, según entiendo, el señor senador Astori atribuye, tendría en el régimen general de la vivienda y en la solución de esta cuestión. Si bien este punto no estaba en discusión, a título personal me permito decir que comprendo las razones por las que el señor senador Astori firma discorde este informe, aun cuando no se refiere a los puntos que específicamente contempla el mismo.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: es efectivamente cierta la interpretación que ha hecho el señor senador Blanco que no sólo se refiere al voto discorde que figura en el informe distribuido al Senado, sino que también requiere un análisis y una explicación de cómo va a ser nuestro pronunciamiento acerca de esta propuesta de pasaje a la Asamblea General de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes y consideradas por la Comisión de Hacienda del Senado en su oportunidad.

Quisiera recordar -no sé si lo hizo el señor senador Blanco- que en esta ocasión se dio la situación bastante rara, por cierto, de que todos los miembros de la Comisión de Hacienda actuamos por unanimidad en torno a cada uno de estos puntos: tanto en lo que aceptamos de la Cámara de Representantes -que me voy a permitir destacar en particular- como en lo que no estuvimos de acuerdo. El pronunciamiento fue unánime por la afirmativa o por la negativa.

La discordancia, pues, está absolutamente vinculada con nuestra concepción general sobre el proyecto, y no acerca de estas alteraciones. Adelanto que ello no va a afectar nuestro voto de pasaje a la Asamblea General, en la medida que se trata de un procedimiento que se impone. Si se han introducido modificaciones por parte de una Cámara, que luego son aceptadas parcialmente por la otra y el resto rechazadas, obviamente, no podemos oponernos a que esto pase a la Asamblea General. Mantenemos nuestra posición contraria al proyecto en general, lo que habremos de sostener en ese ámbito.

Por otra parte, deseo recordar muy brevemente que cuando se consideró el proyecto en este Cuerpo, planteamos la necesidad de analizarlo en el contexto en el que se estaba discutiendo y señalamos que por esta vía se estaba creando un instrumento relativamente caro de intermediación en la comercialización de inmuebles con destino a vivienda; que el encarecimiento lo iba a explicar la intervención de entidades financieras que reciben recursos en su mayoría a corto plazo y que, en este caso, deberían volcarlos a la financiación de operaciones a largo plazo; que habría una sola manera de equilibrar ese aparente desequilibrio, que era encarecer el costo de la vivienda; que no nos parece mal que existan instrumentos relativamente caros de intermediación en viviendas con destino a aquellos sectores sociales que pueden solventarlo, pero sí nos parece mal que no se generen mecanismos para los restantes sectores de la sociedad que no van a poder acceder al pago de esos instrumentos relativamente caros, y por último, que veíamos que en el Uruguay, progresivamente, se iban deteriorando los mecanismos para el acceso a la vivienda de esa parte de la población que cuenta con menores recursos. Hoy tenemos que decir, señor Presidente, que muchos meses después, este pronóstico se ha visto no sólo confirmado sino, además, bastante agravado: el acceso a la vivienda por parte de sectores de recursos relativamente menores, es cada vez más difícil. Es más; el Uruguay no tiene en marcha soluciones destinadas a ello. Entiendo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -recientemente creado- ha elaborado y está poniendo en práctica algunos planes que ojalá algún día cristalicen; pero la realidad es que la institución que ha venido operando desde este punto de vista, que es el Banco Hipotecario del Uruguay, está cada día peor. No voy a entrar al análisis de la realidad de este organismo, pues todos sabemos que atraviesa por enormes dificultades. A nuestro juicio, aquella situación que planteábamos en 1990, hoy se mantiene multiplicada, profundizada.

En consecuencia, por estas motivaciones que nos llevaron a votar en forma negativa el proyecto cuando fue considerado en general, es que hoy mantenemos nuestro juicio negativo.

Quizás este instrumento, como se dijo en su oportunidad -y lo comparto- podría ser útil; pero el hecho es que lo estamos discutiendo en un contexto concreto que es diferente al que sería ideal en el Uruguay: que cada sector social pudiera tener su forma de acceder a la vivienda. Particularmente nos preocupa el peligro del encarecimiento medio del acceso a la vivienda. Entendemos que si operara un instrumento de este tipo y se mantuviera la ausencia de otros con destino a sectores sociales mayoritarios, el incremento medio de la vivienda puede tender a aumentar.

Esta es la posición que, desde luego, mantendremos en la Asamblea General, salvo que entre el día de hoy y el momento del tratamiento en ese ámbito hubiera cambios relativamente dramáticos -para bien- de esta situación. Ojalá sobrevengan esos cambios, de modo tal que podamos alterar nuestra postura al respecto. Pero no creemos esto, porque suponemos que la Asamblea General habrá de tratar en un período relativamente razonable este proyecto, lo cual, en absoluto obsta que no dificultemos el camino que jurídica e institucionalmente se impone, que es el pasaje de este proyecto a la consideración de la reunión de ambas Cámaras que, en definitiva, es lo que aquí se propone. Y se lo hace a partir de lo que definiríamos es un riguroso informe del señor senador Blanco, que recogió, con prolija descripción, cada una de las reflexiones que realizamos en la Comisión de Hacienda.

El señor senador Blanco ya ha adelantado los conceptos fundamentales que están en juego y, por nuestra parte, hemos dicho que por unanimidad la Comisión aceptó algunas modificaciones y también por unanimidad rechazó otras, introducidas en la Cámara de Representantes. Sin embargo, nos gustaría distraer algunos minutos más la atención del Senado para enfatizar lo que a nuestro juicio es la modificación más importante que está en juego -pedimos excusas al Cuerpo, porque en esto va una suerte de deformación profesional- que refiere a la materia tributaria.

Entendemos, señor Presidente, que aunque el informe ya lo establece con claridad, aquí han mediado razones de lo que se ha dado en llamar equilibrio en el tratamiento tributario de un problema.

He fundamentado en esta Cámara -y lo volveré a hacer tantas veces como sea necesario- que muy frecuentemente en el manejo de las herramientas de la política económica y, en particular, en la tributaria, hay que ser selectivo. Esto significa que la neutralidad tributaria no es aconsejable. Es mejor impulsar algunas cosas, y castigar otras, según las prioridades nacionales. En este caso, soy partidario de la neutralidad tributaria, y lo soy porque si en la Cámara de Representantes no se hubieran introducido las modificaciones que se aprobaron, estaríamos incorporando una situación de desequilibrio en el tratamiento fiscal que, a mi juicio, al país le resultaría inconveniente. Estaríamos tratando con benevolencia tributaria la participación de entidades financieras en la comercialización de inmuebles destinados a vivienda, por el solo hecho de ser entidades financieras que quedarían exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado. Entonces, en estas circunstancias, soy partidario de la neutralidad fiscal. Esto es, que todas y cada una de las soluciones o mecanismos que el país tiene para intermediar en este ámbito tengan el mismo tratamiento tributario, que es lo que procuró la Cámara de Representantes.

Quiero agregar muy brevemente -porque los señores senadores podrán leer las versiones taquigráficas de la Cámara de Representantes- que me pareció absolutamente ingenioso el procedimiento concebido por dicha Cámara para solucionar el problema. Diría que es un procedimiento de verdadera "ingeniería tributaria", lo cual no es fácil de lograr en un sistema tributario complicado como el uruguayo. Creo que se arribó no sólo a una solución correcta por sus objetivos, sino imaginativa por las herramientas a las que apeló. Esto me parece lo más importante de todo y lo destaco porque, además, constituye una de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes, que la Comisión de Hacienda del Senado propone que este Cuerpo también acepte.

En lo concerniente a los rechazos, no tengo nada que agregar a lo que ya ilustró el señor senador Blanco; simplemente, diré que nosotros también los compartimos.

Señor Presidente: finalizo diciendo que así como vamos a mantener nuestra postura contraria al proyecto cuando se trate en la Asamblea General, también vamos a defender alternativamente nuestros criterios positivos o negativos a estas disposiciones, en función de estos mismos argumentos que lucen en el informe que la Comisión de Hacienda eleva al Cuerpo para su determinación.

Muchas gracias.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Señor Presidente: me comprenden las generales de la ley por haber sido autor de este proyecto, junto con otros compañeros del Senado.

La idea original, cuando se redactó este proyecto, fue la de incorporar al sistema general vigente en materia de "leasing" financiero, a los inmuebles, cualquiera fuera su destino. En la ley vigente, los inmuebles que pueden ser objeto de "leasing" son los destinados a industria, comercio o explotación agropecuaria. Aquellos que tengan otros destinos no están comprendidos.

En el período pasado, al considerarse el proyecto de ley de "leasing", que se estudió muy a fondo, tuve oportunidad de participar de algunas de las sesiones de la Comisión de Hacienda -cuando esporádicamente integré este Cuerpo- donde se realizó un análisis muy profundo, realmente pormenorizado, y con una destacadísima actuación del entonces senador Ortiz, confirmante del proyecto oportunamente presentado en este Senado.

Reitero que la idea fue la de incorporar a la ley vigente -que en ese momento tenía la exoneración del IVA para las adquisiciones que se efectuaran a través de este instrumento jurídico- los inmuebles, cualquiera fuera su destino. Cuando se sancionó la ley vigente se consideró que la exoneración del IVA era absolutamente imprescindible para que el Crédito de Uso o "leasing" financiero tuviera andamiento. Tan así fue que pese a las necesidades fiscales siempre acuciantes se aprobó la ley con la consiguiente exoneración del Impuesto al Valor Agregado. Hoy si se deroga la exoneración, la Ley de Contrato de Crédito de Uso se vería convertida en un instrumento absolutamente inútil o, mejor dicho, dejaría de ser el instrumento que se persiguió cuando se impulsó su aprobación.

Entonces, la intención de quienes firmamos el proyecto, era que a la ley vigente se incorporaran los inmuebles, cualquiera fuera su destino, inmuebles que, por otra parte, no se encuentran gravados por el IVA. Es por eso, señor Presidente, que me mantengo en la idea original, que fue la de agregar los inmuebles, cualquiera fuera su destino, a la ley vigente en materia de "leasing" financiero.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - A criterio de la Mesa, corresponde votar el proyecto de resolución enviado por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo que establece el artículo 135 de la Constitución que dice lo siguiente:

"Si cualquiera de las dos Cámaras a quien se remitiese un proyecto de ley, lo devolviese con adiciones y observaciones y la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en contestación, y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si no las hallare justas, e insistiese en sostener su proyecto tal y cual lo había remitido al principio, podrá en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras, y, según el resultado de la discusión, se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes o, aún, aprobar otro nuevo".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-0 en 22. Negativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Tengo alguna duda acerca del procedimiento porque según lo expuesto, la Comisión está de acuerdo con alguna modificación, pero no con otras. Comprendo el mecanismo por el que ha optado la Mesa, porque el votar en bloque que las modificaciones no conforman, automáticamente se genera el pasaje a la Asamblea General. ¿Ha sido éste el criterio de la Mesa?

SEÑOR PRESIDENTE. - No, señor senador. Posteriormente la Mesa pondrá a votación el proyecto de resolución. Se ha considerado del caso cumplir primero con la disposición constitucional que establece que si no hallaren justas las observaciones o insistiese en sostener su proyecto tal como lo había remitido originalmente, podrá, en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras.

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

"Solicitar, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución de la República, la reunión de ambas Cámaras, a fin de decidir acerca de los proyectos divergentes en materia de modificaciones a la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989 (contrato de "leasing" o crédito de uso), sancionado por los Cuerpos, respectivamente, el 15 de mayo de 1990 (Senado) y el 13 de noviembre de 1990 (Representantes)".

-En consideración.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Quisiera saber si posteriormente vamos a votar el proyecto de ley que consideró la Comisión de Hacienda del Senado, porque en ella no ratificamos el proyecto original del Senado. Rechazamos las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes, pero elaboramos un tercer proyecto que creo el Senado debería considerar, para saber si lo hace suyo o no.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se procederá a dar lectura al artículo 135 de la Constitución de la República.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: lo que señala el señor senador Zumarán es exacto. Por la vía de la aceptación de ciertas modificaciones y el rechazo de otras, se fue elaborando un tercer proyecto. Pero si no recuerdo mal, cuando la Comisión arribó a esta situación, todos sus miembros estuvimos contestes en que la articulación del tercer proyecto no se presentaría a la consideración del Cuerpo, ya que quedaba contenida en el informe de la Comisión de Hacienda del Senado, que el Cuerpo votará si acepta o no. Al aceptar el Senado este informe presentado por Comisión de Hacienda, de hecho está haciendo suya la posición de la mencionada Comisión que en algún caso acepta las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes y en otros las rechaza. Y de hecho también, por esa vía, el Cuerpo se pronuncia sobre el trabajo de la Comisión. Creo, entonces, que no es necesario articular el proyecto. Por otra parte, entiendo que por disposición constitucional no es posible hacerlo.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: lo que ahora recuerda el señor senador Astori es lo que habíamos visto en su momento en la Comisión de Hacienda. Corresponderá a la Asamblea General dilucidar qué es lo que finalmente se aprueba. Tal vez los señores representantes nacionales insistan con su proyecto, quizá los señores senadores insistan con el suyo o de pronto la Comisión correspondiente de la Asamblea General arribe a un proyecto intermedio en el que haya un punto de encuentro entre lo que opinan los señores representantes y lo que entienden los señores senadores y lo recomiende al Cuerpo. Eso será lo que sin duda ocurrirá.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Señor Presidente: tal como lo señalaron los señores senadores Astori y Raffo, en la Comisión se entendió que el punto de vista de ese grupo de trabajo -y ahora del Senado- quedaba reflejado en el informe en el que se expresa qué se acepta y qué no. Pero como desde el punto de vista constitucional no es posible aceptar una parte y rechazar otra, ya que basta que exista discordancia con respecto a una coma para que todo el texto deba ser considerado por la Asamblea General, en la Comisión se entendió que una vez llegada esa instancia, lo que ocurriría en términos prácticos sería que se designaría una Comisión de la Asamblea General formada por los señores representantes y los señores senadores de las respectivas Comisiones que entendieron en el conocimiento de este tema, en la que -sobre la base de este informe- se buscaría un acuerdo conciliando los puntos de concordancia y de discrepancia registrados en ambas Cámaras, del que surgiría un proyecto de consenso de la Asamblea General.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - A pesar de que entiendo que se va a proceder a dar lectura al artículo 135 de la Constitución, creo conveniente señalar que en dicha disposición, al final, se dice claramente lo siguiente: "según el resultado de la discusión" -en la Asamblea General, por supuesto- "se adoptará lo que decidan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos divergentes o, aun, aprobar otro nuevo". Quiere decir que la Asamblea General tiene libertad absoluta para proceder en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea recordar que había dispuesto la lectura del artículo 135, cosa que no se llegó a hacer porque los señores senadores solicitaron hacer uso de la palabra.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Simplemente deseo señalar que el órgano que puede ahora elaborar un tercer proyecto o modificar cualquiera de los anteriores es la Asamblea General; no el Senado ni la Cámara de Representantes. Por consiguiente, votando el proyecto de resolución de la Comisión, se liquida el asunto; se convocará a la Asamblea General y será ésta la que resuelva.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: considero que la inquietud que planteaba el señor senador Zumarán es válida. Asimismo, deseo recalcar nuevamente que el Cuerpo no está votando sólo el proyecto de resolución, sino también el informe, que acepta ciertas modificaciones y rechaza otras.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, porque comparto algo que se señaló anteriormente. Sin embargo, debe quedar claro que, en esta instancia, el Senado no puede tomar otras actitudes que las de aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes, o franquear la discusión a la Asamblea General. Lo que corresponde -creo- es que votemos el proyecto de resolución y nada más.

En lo que tiene que ver con el informe, se puede coincidir con él en parte o discrepar totalmente. Pero ello es absolutamente irrelevante a los efectos de la previsión constitucional, por el simple hecho de que como no se puede modificar ni una coma del proyecto que votó la Cámara de Representantes, no hay otra alternativa que elevarlo a la Asamblea General. Y a los efectos del mecanismo que prevé el artículo 135 de la Constitución, es irrelevante dar una opinión sobre el informe de la Comisión. Lo que importa es decidir si aceptamos o no las modificaciones. Hemos visto que la Comisión coincide con determinados puntos de las modificaciones de la Cámara de Representantes y discrepa con otros. Entonces, no hay otra alternativa -coincido con el informe en mayoría- que decretar, lisa y llanamente, el pase a la Asamblea General.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución venido de la Comisión, y que fue oportunamente leído.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Si mal no recuerdo, no se ha dado lectura al proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE. - No es así, señor senador. El proyecto fue leído, y en el momento en que se iba a votar el señor senador Zumarán pidió la palabra. De todos modos, si el señor senador así lo desea, podemos leerlo nuevamente.

SEÑOR RAFFO. - No es necesario, señor Presidente. De todas maneras, hubiera solicitado la supresión de la lectura.

14) MODIFICACION AL REGIMEN TRIBUTARIO VIGENTE PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el sexto punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el régimen tributario vigente actualmente para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional. (Carp. Nº 408/91 - Rep. Nº 225/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 408/91
Rep. Nº 225/91

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Industria, Energía y Minería
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 8 de marzo de 1991.

Señor Presidente
de la Asamblea General,
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir al Poder Legislativo el proyecto de ley modificativo del régimen tributario vigente actualmente para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, se encuentra abocada a la reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Uruguaya, para lo cual por Decreto Nº 832/988 se aprobó el llamado a Concurso de Ofertas para la "Adjudicación de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en Areas Costa Afuera (offshore) de la República Oriental del Uruguay" y por Decreto Nº 516/990 las Bases para la precalificación de Empresas.

El Código de Minería (Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982) y el Decreto-Ley Nº 14.181, de 29 de marzo de 1974, son las normas que rigen en la materia, regulando los aspectos tributarios de esta actividad los artículos 16 y 17 del último de los mencionados. El primero de dichos artículos establece una amplia exoneración que alcanza la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos obtenidos en el País, y a las empresas dedicadas a ello; mientras que el segundo crea un impuesto sustitutivo del que grava las Rentas de la Industria y Comercio, cuya tasa es del 15% y grava la renta ficta, la que es definida como el 50% de la remuneración obtenida por el contratista.

El Poder Ejecutivo estima conveniente mantener las exoneraciones incluidas en el referido artículo 16, en tanto constituyen incentivos necesarios para que las empresas se interesen en realizar actividades petroleras en el país, sobre todo teniendo en cuenta las características geológicas de las zonas de interés, que se encuentran a gran profundidad y en áreas con importantes láminas de agua, así como el hecho de no ser la nuestra una zona productora, todo lo cual la transforma en un área de alto riesgo desde el punto de vista económico.

En mérito de ello, se considera oportuno derogar el régimen especial de imposición a la renta contenido en el artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.181, sustituyéndolo por la regulación general sistematizada en el Texto Ordenado 1987, Título 11. Las razones que llevan al Poder Ejecutivo a promover tal modificación son las siguientes:

1) La tasa del impuesto sustitutivo a la renta, fue fijada en un 15%, por Decreto-Ley Nº 14.181, atento a que en ese momento la alícuota del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, estaba fijada en dicho porcentaje; y actualmente se produce un desajuste en las mismas, que al 31 de marzo de 1991 será del 100% al quedar fijado el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio en un 30% de la renta neta a partir de dicha fecha.

2) El impuesto previsto en el artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.181, no impide la doble tributación internacional, ya que los países en que tienen su sede las compañías petroleras, gravan la renta en base al criterio del domicilio, recogiendo entre otros, el sistema del "tax credit" a los efectos de evitar la doble imposición. A su vez, para la aplicación de dicho mecanismo, se establecen determinadas condiciones que hacen que un tributo que recae sobre una renta determinada fictamente no sea deducible.

Con el régimen del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.181, las empresas verían gravadas en forma múltiple las rentas que obtengan; una en el Uruguay y otra en el país de su domicilio, con lo cual verán acrecentados sus costos y tendrán menos incentivos para explorar en nuestro País. A efectos de cubrir estos mayores costos las empresas aumentarán la participación que pretendan obtener del petróleo producido.

Con la modificación proyectada, no sólo se evitan los inconvenientes del desajuste de la tasa del IRIC y la doble tributación internacional, lo que sin duda actuará como un incentivo para el desarrollo de la industria petrolera en el País, sino además, permitirá aumentar la recaudación fiscal al incrementar la alícuota del tributo.

Además, pone al País en pie de igualdad respecto a las condiciones legales y contractuales vigentes en los países vecinos, de forma tal que resulte igualmente ventajoso realizar actividades petroleras en el Uruguay.

Finalmente, el texto proyectado incluye una regulación especial de activación y revaluación de los gastos financieros, de funcionamiento e inversiones, modificando plazos dada la peculiaridad de la actividad petrolera.

A los efectos de ilustrar a ese Poder acerca de la terminología utilizada en el Proyecto de Ley, se adjunta a la presente exposición de motivos, en calidad de Anexo, una lista de definiciones.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Augusto Montesdeoca, Enrique Braga.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Derógase el artículo 17 del Decreto Ley Nº 14.181, de 29 de marzo de 1974 (artículo 58 del Texto Ordenado 1987).

Art. 2º. - Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 14.181, las rentas obtenidas por las Empresas Contratistas, titulares de Contratos de Exploración y Explotación de hidrocarburos, abonarán como único impuesto en la República Oriental del Uruguay el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

Art. 3º. - Si la remuneración del contratista fuera pagada en especie, los ingresos devengados se determinarán en base a los precios del petróleo, del gas o de las sustancias provenientes de los esquistos bituminosos, en su caso.

Dichos precios se determinarán atendiendo, en cuanto al petróleo, al precio del mercado internacional del metro cúbico de petróleo de características similares al que se produzca en el área materia de contrato, puesto en lugar de embarque (condición FOB) y en cuanto al gas natural y las sustancias provenientes de los esquistos bituminosos, a los valores que se pacten en los respectivos contratos.

Art. 4º. - Los gastos financieros, de funcionamiento e inversión, incurridos durante el período de exploración se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichos gastos activados se amortizarán en un plazo de cinco años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción. Los gastos financieros y de funcionamiento incurridos durante la fase de desarrollo en el período de explotación, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichos gastos activados, se amortizarán en un plazo de diez años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción.

Las inversiones realizadas durante el período de explotación, tanto en la fase de desarrollo como en la de producción, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichas inversiones se amortizarán en un plazo de diez años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción.

Las revaluaciones dispuestas en el presente artículo se efectuarán de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 165 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Art. 5º. - El impuesto se liquidará en la forma y plazos que determine el Poder Ejecutivo, pudiendo exigirse pagos a cuenta.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Augusto Montesdeoca, Enrique Braga.

ANEXO

DEFINICIONES

1) Exploración: Comprende el planeamiento, ejecución y evaluación de todo tipo de estudios geológicos y geofísicos de las diversas perforaciones y estudios estratigráficos, así como cualquiera de las otras actividades relativas a la búsqueda y descubrimiento de hidrocarburos.

2) Explotación: Comprende el desarrollo y producción de los hidrocarburos de los yacimientos comprendidos en los Lotes de Explotación.

3) Período de Exploración: Es el que se inicia con la fecha de vigencia del contrato y finaliza, entre otras causas, con el vencimiento de sus plazos o con la declaratoria de Comercialidad de algún Lote en Evaluación.

4) Período de Explotación: Este período empezará para cada Lote que sea designado en Explotación a partir de la declaratoria de Comercialidad y de la delimitación del mismo. Durante este período se distinguen las Fases de Desarrollo y de Producción.

5) Fase de desarrollo: Comprende las operaciones de perforación, terminación de pozos, instalación de plataformas y equipos de producción, elementos y sistemas necesarios así como también la ejecución de cualquier otra actividad requerida para la puesta en producción de los hidrocarburos descubiertos.

6) Fase de Producción: Es el conjunto de operaciones adecuadas para extraer los hidrocarburos de acuerdo con las "Reglas de Arte", incluyendo entre otras, el ciclamiento y reciclamiento, recompresión, mantenimiento de la presión mediante la inyección de gas o agua, desplazamiento con agua, así como cualquier otra actividad encuadrada en la recuperación primaria, secundaria o terciaria.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Augusto Montesdeoca, Enrique Braga.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Decreto 832/988. - Se autoriza a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland a realizar llamado a Concurso de Ofertas para adjudicación de Bloques costa afuera (offshore) de Uruguay para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos.

Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 7 de diciembre de 1988.

Visto: la gestión planteada por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, solicitando autorización para efectuar un llamado a Concurso de Ofertas para la adjudicación de Bloques costa afuera (offshore) de Uruguay para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, previa obtención de un adecuado marco de información sísmica.

Resultando: I) Que se ha efectuado por parte de Petrocanada International Assistance Corporation, estudios relativos a la reinterpretación sísmica de nuestra Plataforma Continental, habiéndose concluido que existen interesantes posibilidades en el área citada;

II) Que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ha elaborado las bases para el llamado a concurso de ofertas para la realización de una campaña de sísmica especulativa no exclusiva en costa afuera (offshore) de Uruguay.

Considerando: I) Que conforme a lo dispuesto por los Decretos Leyes Nos. 14.181 y 15.242, compete al Poder Ejecutivo la formulación de la política relativa a fuentes de energía y especialmente lo relativo al mejor aprovechamiento de los recursos provenientes de los depósitos de hidrocarburos, y la autorización de las bases de contratación relativas a cualquiera de las fases de la operación petrolera;

II) Que de acuerdo con la citada normativa legal, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, es el Ente competente para ejecutar todas las actividades, negocios y operaciones de la industria de hidrocarburos;

III) Que al presente, existe una situación propicia para reactivar la exploración de hidrocarburos en nuestra Plataforma Continental;

IV) Que el objetivo final de dicha exploración es detectar la existencia de hidrocarburos en volúmenes comerciales y su explotación, para lo cual es ineludible la realización de perforaciones, cuya ubicación deberá estar sustentada en un adecuado marco de información sísmica;

V) Que la modalidad contractual propuesta por ANCAP, contempla adecuadamente los intereses nacionales, al poner de cargo de la compañía de servicios geofísicos el riesgo económico de la operación.

Atento: a lo dispuesto por los artículos 5º y 8º del Decreto-Ley Nº 14.181 y los artículos 66, 71, 72 y 73 del Decreto-Ley Nº 15.242 y normas concordantes,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1º. - Autorízase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, a realizar un llamado a Concurso de Ofertas para la adjudicación de Bloques costa afuera (offshore) de Uruguay para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos, cuyas bases deberán elevarse oportunamente para su aprobación.

Art. 2º. - Autorízase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, a efectuar un llamado a Concurso de Ofertas para la realización de una campaña de sísmica especulativa no exclusiva costa afuera (offshore) de Uruguay.

Art. 3º. - Apruébanse las bases relativas al concurso de ofertas a que se refiere el artículo 2º del presente decreto.

Art. 4º. - Comuníquese, publíquese, etc. - SANGUINETTI, Jorge Presno Harán, Ope Pasquet Iribarne.

Decreto 516/990. - Autorízase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, convocar empresas especializadas en operaciones petroleras.


Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Relaciones Exteriores

"Montevideo, 12 de noviembre de 1990.

Visto: la gestión planteada por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, en la que solicita la aprobación de las Bases para la Precalificación de empresas que deseen participar en el Concurso de Ofertas para la adjudicación de Bloques costa afuera (offshore) de Uruguay.

Resultando: I) Que se ha efectuado una importante campaña de promoción de las posibilidades petroleras del (offshore) del Uruguay, ante las principales compañías petroleras internacionales;

II) Que características geológicas similares al área a explotar, han determinado el interés de empresas petroleras internacionales en zonas limítrofes (Plataforma Continental Argentina);

III) Que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland se encuentra abocada a la elaboración de las Bases para el llamado a Concurso de Ofertas para la adjudicación de áreas costa afuera (offshore) de Uruguay.

Considerando: I) Que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland se encuentra autorizada por el decreto 832/988, de fecha 7 de diciembre de 1988, para llamar a Concurso de Ofertas para la adjudicación de Bloques costa afuera (offshore) de Uruguay;

II) Que previamente, resulta conveniente precalificar a las empresas que intervendrán en dicho Concurso de Ofertas;

III) Que conforme a lo dispuesto en los Decretos-Leyes Nos. 14.181 y 15.242, compete al Poder Ejecutivo autorizar las bases relativas a cualquiera de las fases de la operación petrolera y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, el ejecutar todas las actividades, negocios y operaciones de la industria de hidrocarburos.

Atento: a lo dispuesto por los artículos 5º y 8º del Decreto-Ley Nº 14.181, de 29 de marzo de 1974, y 66, 71, 72 y 73 del Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982 y normas concordantes.

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1º. - Autorízase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, a convocar a empresas especializadas en operaciones petroleras, para su precalificación con miras a la participación en el Concurso de Ofertas para la adjudicación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas costa afuera (offshore) de la República Oriental del Uruguay.

Art. 2º. - Apruébanse las bases que en anexo se adjuntan y que forman parte del presente decreto, para la precalificación de empresas a que se refiere el artículo 1º) del presente decreto.

Art. 3º. - Comuníquese, publíquese, etc. - LACALLE HERRERA, Augusto Montesdeoca, Héctor Gros Espiell.

BASES DEL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN AREAS COSTA AFUERA
(OFFSHORE) DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Procedimiento del Concurso.

I) El Concurso de Ofertas comprenderá las siguientes etapas:

a) Primera etapa: Precalificación de empresas interesadas.

Presentación de antecedentes técnicos, económicos y financieros, abierto a toda empresa especializada en operaciones petroleras;

b) Segunda etapa: Presentación de ofertas.

En esta etapa sólo podrán intervenir aquellas empresas que ANCAP seleccione en base a sus antecedentes entre las que participaron en la primera etapa;

c) Tercer etapa: Negociación y Adjudicación de los Contratos.

Comprende la comparación de ofertas y negociación entre ANCAP y las empresas cuyas propuestas sean de mayor interés con el fin de mejorarlas y seleccionar el adjudicatario para cada área.

II) ANCAP se reserva el derecho de declarar desierto el Concurso al término de cualquiera de sus etapas.

III) ANCAP otorgará los contratos de exploración y explotación correspondientes, previa aprobación de los mismos por el Poder Ejecutivo.

Primera etapa: Precalificación de empresas interesadas.

1) Objeto

1.1. La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (A.N.C.A.P.) llama a compañías petroleras internacionales -privadas o estatales- para su precalificación con miras a su participación en el Concurso de Ofertas, para la exploración y explotación de hidrocarburos en Areas de su Mar Territorial (Anexo 1).

1.2. Esta precalificación constituye la primera etapa del Concurso de Ofertas en el que sólo podrán participar las empresas que ANCAP seleccione entre las que participan en esta primera etapa.

1.3. En el Anexo 2 se establece la cantidad, ubicación y demás datos generales de la información sísmica de reflexión disponible, así como la ubicación de las perforaciones realizadas en el área.

2) De los Antedecentes Técnicos, Económicos y Financieros

2.1. Los interesados en participar en el Concurso de Ofertas deberán presentar la más amplia información de sus actividades, de modo de acreditar en forma fehaciente su experiencia y capacidad, tanto en el aspecto técnico como en relación a la solvencia económica y respaldo financiero con que cuentan, de manera que, a juicio de ANCAP aseguren el cumplimiento de sus compromisos en relación a este Concurso.

2.2. Enunciarán los antecedentes de la organización y servicios técnicos que posean, describiendo las actividades que hayan desarrollado o estén desarrollando así como todo otro dato que permita evaluar su capacidad.

2.3. Expresamente indicarán sus experiencias y la antigüedad de sus operaciones en el campo de exploración, explotación petrolera costa afuera (offshore), lo que será tomado especialmente en cuenta; así como la nómina y antecedentes de su personal técnico profesional.

2.4. Para apreciar los antecedentes económicos financieros se deberán aportar documentos que prueben que la firma interesada dispone de los medios suficientes para cumplir debidamente los compromisos que asuma. A estos efectos, sin que sean limitante a las señaladas, se deberán acompañar los Balances de los 3 últimos ejercicios debidamente certificados por una firma auditora de reconocido prestigio; Reservas, Producciones de Petróleo y Gas y el desglose de los Gastos de Exploración, en cada uno de los últimos 5 años.

2.5. Cuando el interesado se presentare bajo la forma de empresas filiales o subsidiarias de empresas extranjeras, se exigirá, en forma explícita, el respaldo técnico y económico-financiero de la empresa Matriz.

2.6. Documentación autenticada que acredite la Personería de sus representantes.

2.7. Si se presentaren varias empresas en conjunto deberán declarar expresamente su vinculación mancomunada y solidaria frente a ANCAP.

3) De la Prestación, Apertura y Selección

3.1. La documentación sobre antecedentes se abrirá el día... a la hora... en el Salón de Actos del 9º piso del Edificio A.N.C.A.P., ubicado en Paysandú y Avda. del Libertador Brig. Gral. Lavalleja, labrándose por Escribano un Acta que contenga la nómina de las empresas presentadas.

3.2. La documentación sobre antecedentes se recibirán hasta la hora del día en el Depto. de Escribanía, Asesoría Legal de A.N.C.A.P. (6º piso) del edificio A.N.C.A.P., en la dirección citada anteriormente.

3.3. A.N.C.A.P. determinará cuáles son las empresas que a su juicio están calificadas para intervenir en la segunda etapa, y la nómina se hará conocer a todos los participantes.

4) De los Pliegos

4.1. El Pliego correspondiente a las bases de Contratación y la información técnica de las áreas estará disponible para las empresas precalificadas en el 8º piso del Edificio A.N.C.A.P. (Paysandú y Avda. Libertador, Montevideo-Uruguay). El precio de dicha documentación será de U$S 20.000 (veinte mil dólares estadounidenses).

5) Disposiciones Generales

5.1. Forma de presentación. Los interesados deberán presentar los documentos por escrito, redactados en español o inglés, los que deberán estar foliados, sellados y firmados en todas sus hojas por quien o quienes acrediten estar debidamente autorizados para ello. Podrán agregar folletos o impresos en idioma original. Los antecedentes deberán presentarse en un original y tres copias bajo sobre cerrado. Con respecto a las 3 (tres) copias que acompañan el ejemplar original de la presentación, se admitirá que las mismas no llevan firmas ológrafas.

5.2. Consultas aclaratorias. Las consultas y aclaraciones que deseen efectuar los interesados sobre las bases del llamado deberán presentarse por escrito a la Gerencia General de A.N.C.A.P. sita en Edificio Central (Paysandú y Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 5º piso) y podrán efectuarse hasta 15 días antes de la fecha fijada para el acto apertura. Los textos de las consultas y sus respuestas se harán conocer a todos los interesados en las bases.

5.3. Domicilio. Los interesados fijarán un domicilio a efectos de las comunicaciones pertinentes.

5.4. Consultas de A.N.C.A.P.

A.N.C.A.P. podrá realizar a los proponentes las consultas y/o aclaraciones que estime necesarios o pertinentes para el mejor estudio de las ofertas.

Ley Nº 15.242

C.E. 19ª Ses. 8 de diciembre de 1981
C.E. 22ª Ses. 28 de diciembre de 1981

CODIGO DE MINERIA

SE APRUEBA. (1)

El Consejo de Estado ha sancionado la siguiente

LEY

CODIGO DE MINERIA

LIBRO PRIMERO
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MINERO

TITULO I
DE LOS YACIMIENTOS MINERALES Y DE LAS MINAS

CAPITULO I
Objeto de este Código

Artículo 1º. - El presente Código regula la institución de títulos y derechos mineros y organiza los regímenes que habilitan la actividad minera.

Finalidad de la actividad minera

Artículo 2º. - La actividad minera tiene por finalidad la explotación racional de los recursos minerales del país, con propósito económico y se califica de utilidad pública.

CAPITULO II
Yacimientos y minas

Artículo 3º. - Se considera yacimiento toda masa de sustancia mineral o fósil que exista en el subsuelo marítimo o terrestre o que aflore a la superficie de la tierra.

La mina constituye un inmueble distinto y separado del predio superficial, y es la parte del yacimiento que se configura, materialmente, por un sólido limitado en la superficie por un polígono y lateralmente por planos verticales de prolongación indefinida en profundidad y que adquiere existencia jurídica en virtud de un derecho minero de explotación.

CAPITULO III
De la propiedad de los yacimientos

Artículo 4º. - Todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o que afloren en la superficie del territorio nacional integran en forma inalienable e imprescriptible, el dominio del Estado.

Art. 5º. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4º, los yacimientos de sustancias minerales, no metálicas, incluidas en la Clase IV del artículo 7º, quedan reservados para su explotación al propietario del predio superficial particular de ubicación del yacimiento, bajo las condiciones que establece este Código.

Art. 6º. - El régimen jurídico de las aguas del territorio nacional no es materia del presente Código.

CAPITULO IV
Clasificación de los yacimientos

Artículo 7º. - Los yacimientos de sustancias minerales y fósiles se ordenan, en relación al régimen legal que regula la actividad minera, en las siguientes clases:

CLASE I

Comprende los siguientes yacimientos:

a) Yacimientos de combustibles fósiles que incluye petróleo, gas natural, hulla, lignito, turba, rocas pirobituminosas y arenas petrolíferas;

b) Otros yacimientos de sustancias minerales o elementos aptos para generar industrialmente energía.

CLASE II

Comprende los yacimientos minerales que procedan de la Reserva Minera o del Registro de Vacancias, según lo previsto por los artículos 23, inciso segundo y 54, inciso primero y los que se incluyan conforme al artículo 8º.

CLASE III

Comprende todos los yacimientos de sustancias minerales, metálicas y no metálicas, no incluidos en otras clases.

Comprende también aquellos yacimientos originarios de la Clase IV, si la sustancia mineral de los mismos se utiliza en forma preponderante como materia prima de una industria o deban someterse a una modalidad determinada de explotación para el mejor aprovechamiento económico de la mina.

CLASE IV

Comprende los yacimientos de sustancias minerales no metálicas, que se utilizan directamente como materiales de construcción, sin previo proceso industrial que determine una transformación física o química de la sustancia mineral.

Art. 8º. - Las inclusiones y exclusiones de yacimientos minerales en la Clase II, serán dispuestas por ley de acuerdo a las necesidades de la industria, del mercado u otras causas de interés general, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 23, inciso segundo y 54, inciso primero.

Art. 9º. - Las inclusiones de yacimientos establecidas por este Código en la Clase II, no alcanzan a los yacimientos amparados por derechos mineros mientras éstos se mantengan en vigencia.

TITULO II
DERECHOS Y TITULOS MINEROS

CAPITULO I
Derechos mineros

Artículo 10. - Constituyen derechos mineros:

a) El derecho de prospección:

Es el derecho a realizar en un área determinada todas las labores de búsqueda de una o más sustancias minerales, con exclusión de toda otra persona;

b) El derecho de exploración:

Es el derecho a realizar en un área determinada todas las labores necesarias, con exclusión de toda otra persona, tendientes a la comprobación de la existencia del yacimiento al reconocimiento de sus características, a la determinación del volumen, calidad y ley del mineral y a su evaluación económica;

c) El derecho de explotación:

Es el derecho a explotar, con exclusión de toda otra persona, en un área determinada, una o más sustancias mineras y disponer de los productos extraídos o separados del yacimiento.

CAPITULO II
Títulos mineros

Artículo 11. - Los títulos mineros se instituyen por un acto de la autoridad minera competente, a efectos de atribuir un derecho minero determinado.

Los títulos relativos a los derechos mineros de prospección, exploración y explotación son respectivamente:

a) El permiso de prospección;

b) El permiso de exploración;

c) La concesión para explotar.

Art. 12. - El goce de los derechos mineros atribuidos por el título respectivo, es regulado por disposiciones específicas de este Código y por contratos, según la clase a que pertenezca el yacimiento.

Cambios de titular

Artículo 13. - Los derechos otorgados por los títulos de prospección, exploración y concesión para explotar son trasmisibles, por acto entre vivos en las siguientes condiciones:

1) La cesión requiere para su validez la previa autorización de la autoridad minera.

A este efecto el promitente cesionario deberá acreditar los extremos impuestos para el otorgamiento del título.

2) Otorgada la autorización, las partes cedentes y cesionaria harán constar la gestión en acta labrada ante la Dirección Nacional de Minería y Geología.

A partir de la inscripción del acta de cesión en el Registro General de Minería, los derechos y obligaciones del título corresponderán exclusivamente al cesionario.

Art. 14. - La trasmisión por causa de muerte de los derechos de prospección, exploración y explotación, otorgados por los títulos respectivos, es válida, pero queda condicionada a que el sucesor acredite los extremos requeridos al titular originario, en un plazo de doce meses de verificada la trasmisión legal. Si son varios los sucesores por esta causa, bastará con que uno de ellos cumpla con las condiciones, haciéndose responsable de las labores mineras.

Arrendamiento de los derechos mineros

Artículo 15. - El arrendamiento del derecho de explotación queda sometido a las siguientes condiciones para su validez:

1º) Que el contrato se otorgue por un plazo mínimo de tres años;

2º) Que el arrendatario acredite la capacidad técnica y económica que requiera el cumplimiento del programa de explotación a que se comprometió el titular del derecho;

3º) Que se obtenga previamente la autorización de la Dirección Nacional de Minería y Geología;

4º) Que se inscriba en el Registro General de Minería.

El titular del derecho permanecerá responsable de todas las obligaciones y cargas mineras ante la Administración y ante terceros. El arrendatario, por su parte, quedará sometido a todas las prescripciones que regulan la actividad minera.

CAPITULO III
Caracteres del derecho de explotación

Artículo 16. - El otorgamiento de una concesión para explotar crea un derecho que puede ser objeto de todos los actos y gravámenes correspondientes a los bienes inmuebles salvo los expresamente prohibidos por este Código. Dichos actos y gravámenes deberán ser inscriptos en el Registro General de Minería sin perjuicio de las inscripciones impuestas por la legislación común.

Art. 17. - El derecho de explotación es susceptible de embargo. En caso de ejecución, deberá seguirse el procedimiento de subasta con arreglo al Código de Procedimiento Civil, quedando el comprador sujeto a las condiciones impuestas al concesionario.

TITULO III
REGIMEN LEGAL DE LA MINERIA

CAPITULO I
Habilitación de la actividad

Artículo 18. - La prospección y exploración de yacimientos minerales y la explotación de minas sólo puede hacerse:

A) Por el Estado o Entes estatales, según las disposiciones de este Código.

B) En virtud de un título minero.

CAPITULO II
Legitimación para la actividad minera

Artículo 19. - Todas las personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, nacionales o extranjeras, pueden ser titulares de los derechos mineros, en las condiciones que establece este Código y las demás leyes y reglamentos aplicable.

La actividad minera, cualesquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros.

Art. 20. - Los funcionarios públicos pertenecientes a organismos o servicios que tengan participación en la actividad minera no podrán ser titulares de derechos ni ejercer actividad referida a dicha materia. Esta prohibición se mantiene por un término de dos años contados a partir de la fecha del cese del funcionario, resultando extensiva y por igual término, al cónyuge, hijos y menores bajo patria potestad o tutela, de dichos funcionarios.

Esta prohibición no comprende los yacimientos de la Clase IV ni los intereses en concesiones mineras adquiridos antes de su nombramiento como tales para los funcionarios, ni los que durante su ejercicio adquieran dichos funcionarios o su cónyuge o sus hijos, a título de sucesión por causa de muerte.

Tampoco se extiende a los adquiridos por los cónyuges de dichos funcionarios antes de su matrimonio.

CAPITULO III
De la caducidad de los derechos mineros

Artículo 21. - Las causales de caducidad de los derechos mineros son las siguientes:

I. Con carácter general para todos los títulos mineros:

a) Por vencimiento del plazo de validez del título;

b) Por rescisión del contrato que regula el goce del derecho minero correspondiente a los yacimientos de la Clase II;

II. Relativos a cada título:

a) Para el permiso de prospección:

1) La realización de actos u operaciones no comprendidos en la autorización;

2) Por cesión del derecho minero sin ajustarse a las disposiciones de este Código;

b) Para el permiso de exploración:

1) La inactividad durante los primeros seis meses de otorgado y asumido el derecho, sin causa suficiente que lo justifique;

2) Por cesión del derecho minero sin ajustarse a las disposiciones de este Código;

3) La realización de actos de explotación o disposición de las sustancias extraídas con propósito lucrativo, salvo que medie autorización previa de la Inspección General de Minas;

4) La falta de pago de dos períodos continuos del Canon de superficie.

c) Para la concesión minera:

1) La falta de pago de dos años continuos del Canon de superficie o del Canon de producción;

2) Por cesión o arrendamiento del derecho minero sin ajustarse a las disposiciones de este Código;

3) Por renuncia o abandono del derecho;

4) Por falta de producción por seis meses continuos o por debajo del programa mínimo de producción por dos años continuos, si no existen las autorizaciones previas previstas por este Código;

5) Por incumplimiento reiterado de las obligaciones y cargas que impone este Código y los Reglamentos, previo apercibimiento.

Configuradas las causales establecidas en este artículo la caducidad se producirá de pleno derecho. El Poder Ejecutivo dictará el acto declarativo de la caducidad a efectos de su registro.

CAPITULO IV
De la vacancia de minas

Artículo 22. - Las minas, yacimientos o áreas mineras que presenten perspectivas de existencia de minerales revestirán la condición de vacantes en los siguientes casos:

a) Por vencimiento del plazo otorgado por el título minero;

b) Por caducidad declarada por el Poder Ejecutivo;

c) Por renuncia del titular del derecho minero;

d) Por comunicación de la autoridad en los casos de reservas mineras;

e) Por caducidad del derecho del descubridor (artículo 25).

Art. 23. - Las minas, áreas mineras o descubrimientos inscriptos en el Registro de Vacancias, pueden ser objeto de solicitud directa por cualquier interesado, de permisos y concesiones para los yacimientos de la Clase III.

También pueden ser objeto de requerimiento por el Poder Ejecutivo, como autoridad minera, a fin de someterlos al régimen de la Clase II del artículo 7º.

La Dirección Nacional de Minería y Geología publicará periódicamente una relación de las minas, áreas mineras y descubrimientos, inscriptos en el Registro de Vacancias.

CAPITULO V
Derechos del descubridor del yacimiento

Artículo 24. - El descubridor de un yacimiento mineral de la Clase III, amparado por un título minero de prospección o exploración, si no quiere ejercer los derechos que confiere el título, tiene la facultad de ceder el derecho de descubridor bajo las siguientes condiciones:

a) Que el descubrimiento sea inscripto en el Registro General de Minería, previa aportación de los informes y estudios técnicos demostrativos del yacimiento descubierto, en plazo que no exceda de sesenta días calendario de la extinción de la validez del título que amparó su actividad minera;

b) Que dicha inscripción esté vigente en el Registro General de Minería;

c) Que la cesión se documente por acta suscrita por el cedente y el cesionario ante el Registro General de Minería.

Art. 25. - La inscripción del derecho del descubridor en el Registro caduca al vencimiento del plazo de un año contado a partir del día siguiente de la extinción de la validez del título minero. Producida la caducidad el yacimiento se inscribe en el Registro de Vacancias.

Art. 26. - El cesionario de los derechos del descubridor sucede al cedente en los derechos mineros atribuidos o que corresponda atribuir, debiendo acreditar las condiciones que requiera el título minero.

Art. 27. - El derecho de descubridor, inscripto y en vigencia, se trasmite por causa de muerte, con las mismas exigencias para el o los sucesores establecidas por el artículo 14.

No se tendrá por descubridor al que descubriere mineral ejecutando trabajos mineros por orden o encargo de otro sino a aquél en cuyo nombre se practicaban.

CAPITULO VI
Derechos del superficiario

Artículo 28. - El propietario del predio superficial afectado por la actividad minera, tiene derecho:

a) A ser indemnizado por el minero por los daños y perjuicios que tengan origen en la actividad minera, aun cuando se hubieran adoptado todas las precauciones para evitarlo;

b) A ser compensado por las servidumbres que graven su predio en beneficio del titular minero, en la forma regulada por este Código;

c) A exigir del titular minero que adquiera su predio o pare del mismo si, como consecuencia de la actividad minera, se viera privado de la utilización del predio o de parte importante del mismo.

Si las partes no pudieran llegar a un acuerdo respecto al precio de venta, éste se fijará por el mecanismo previsto en el procedimiento expropiatorio establecido en los artículos 22, 23, 36, 37 y 38 de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912.

Si el titular del derecho minero no se aviene a la compra, el superficiario podrá solicitar a la autoridad minera la caducidad del derecho minero otorgado;

d) A percibir la participación del Canon de producción (artículo 45).

Art. 29. - Si el superficiario, estatal, municipal o privado, considera que la actividad minera a desarrollar o en ejecución, perjudica o afecta gravemente a una actividad o proceso industrial, o a instalaciones o estructuras o complejos arquitectónicos o de ingeniería, áreas turísticas o a la conservación de suelos, planteará esta situación ante las autoridades mineras.

El Poder Ejecutivo, con informe de la Dirección Nacional de Minería y Geología, resolverá lo que debe prevalecer en el caso, disponiendo las medidas consiguientes de seguridad o salvaguardia o denegando el otorgamiento del derecho minero o decretando la caducidad del otorgado.

Obligaciones del superficiario

Artículo 30. - El superficiario está obligado:

1) A permitir el ejercicio razonable de las servidumbres mineras debidamente declaradas;

2) A no obstaculizar o impedir la actividad minera.

CAPITULO VII
De las servidumbres mineras

Artículo 31. - Todos los inmuebles quedan sujetos a las siguientes servidumbres mineras:

a) De estudio:

Que comprende: el libre acceso a los predios para efectuar las labores necesarias para la prospección, la extracción de muestras de sustancias minerales, así como la instalación de carpas para el alojamiento de técnicos, personal auxiliar y equipos, por el tiempo indispensable para realizar los reconocimientos y relevamientos propios de la prospección;

b) De ocupación temporaria o permanente:

Que habilita el reconocimiento del subsuelo por medio de sondeos y perforaciones, comprendiendo el emplazamiento y circulación de máquinas, instalaciones, vehículos, instalación de viviendas provisorias, la toma de agua necesaria para los trabajos y consumo del personal, el tendido de líneas de trasmisión eléctrica, de cintas transportadoras, de instalación de depósitos y almacenes, y, en general, las necesarias para la ejecución de la actividad minera;

c) De paso:

Para el acceso a los lugares de laboreo y campamento instalado. La servidumbre se establecerá por los puntos más favorables para sus fines procurando causar el menor perjuicio al predio sirviente. El ancho de la senda de paso será el indispensable para el tránsito seguro de las personas y vehículos y para el acarreo o transporte de los materiales necesarios para las labores y para el retiro de las sustancias extraídas.

Los caminos abiertos para una mina aprovecharán a las demás que se encuentran en el mismo asiento y en tal caso los costos de conservación se repartirán a prorrata entre los titulares de derechos mineros;

d) De tendido de ductos:

Que comprende el tendido de cañerías, el establecimiento de plantas de bombeo y toda la instalación necesaria para el funcionamiento de los ductos.

A los efectos de la indemnización la servidumbre de ductos se considera equivalente a la de ocupación permanente.

Las servidumbres de ocupación temporaria o permanente y las de paso pueden gravar inmuebles distintos a los comprendidos en el área determinada por el título minero.

Condiciones de imposición de las servidumbres mineras

Artículo 32. - La imposición de las servidumbres mineras será declarada, en cada caso, por el Poder Ejecutivo, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, salvo en el caso de las servidumbres de estudio necesarias para la investigación geológica y minera a que se refiere el Capítulo IX del Título III del Libro Primero.

Art. 33. - La declaración de la servidumbre minera se efectuará previo expediente instruido por la Administración, en el cual deberá constar:

1) Petición del titular de un derecho minero, aportando los datos e informaciones necesarias;

2) Notificación al o a los propietarios de los inmuebles que gravará la servidumbre, otorgándole vista del expediente.

La notificación será personal o por edictos, si se ignora el domicilio, publicados por tres días en el "Diario Oficial" y en uno del lugar del inmueble.

La vista se otorgará por un plazo improrrogable de treinta días hábiles a cuyo efecto el expediente será puesto de manifiesto por dicho término.

El propietario, al evacuar la vista, deberá denunciar a los cotitulares del derecho de propiedad, si es el caso, y a todo titular de un derecho real o personal relativo al predio que pueda ser afectado por la servidumbre. En este caso, se conferirá también vista, a los mencionados por el propietario, por el mismo plazo.

En el caso de existir constituido usufructo sobre el inmueble que será gravado por la servidumbre, también será notificado el usufructuario.

Al evacuar la vista, los interesados podrán formular observaciones y estimar el monto del resarcimiento que, a su juicio, correspondiere por el uso y goce del inmueble, o parte de él o las mejoras.

Art. 34. - Sustanciado el expediente y evacuadas todas las vistas conferidas o transcurridos los términos correspondientes, el Poder Ejecutivo dictará resolución declarando la servidumbre que se impone.

Esta resolución será notificada en forma personal o por edictos, como en la situación prevista por el artículo precedente.

Art. 35. - El ejercicio de las servidumbres mineras da lugar a indemnización por los siguientes conceptos:

a) Por imposibilidad de usar y gozar del inmueble y sus mejoras, total o parcialmente;

b) Por daño causado al inmueble y a sus mejoras.

Por mejoras se entienden las construcciones, cercos e instalaciones en general, y asimismo, plantaciones, praderas mejoradas o artificiales, y otras similares.

Art. 36. - Las indemnizaciones debidas para las distintas servidumbres se determinarán según las siguientes reglas:

1) Para las servidumbres de paso, de ocupación temporaria o permanente, en cuanto signifiquen la imposibilidad de uso y goce del inmueble o sus mejoras, total o parcialmente; se tomará como criterio el precio de los arrendamientos de inmuebles de análoga calidad en la zona, teniéndose presente las mejoras existentes y la disminución de rentabilidad del resto del predio, sin perjuicio de indemnizar los daños y perjuicios que se causen;

2) Para la servidumbre de estudio, se tomarán en consideración los daños y perjuicios que se causen por el ejercicio efectivo de la misma.

Art. 37. - Las indemnizaciones se abonarán de la siguiente manera:

a) Las que deriven de la imposibilidad de uso y goce del inmueble y sus mejoras, por prestaciones periódicas en semestres adelantados, actualizadas según la variación oficial del índice del costo de vida.

b) Las que respondan al daño causado al inmueble o a sus mejoras, al quedar consumado dicho daño.

Art. 38. - El acto administrativo que declare la existencia de la servidumbre de paso, o de ocupación temporaria o permanente establecerá la cantidad que el beneficiario de la servidumbre deberá abonar, previo a su ejercicio efectivo, a cuenta del resarcimiento definitivo que acuerden las partes o, en su defecto, la autoridad jurisdiccional. La Administración fijará la cantidad mencionada, según una estimulación prudencial adecuada a la indemnización, que deberá abonarse por semestres y por adelantado y actualizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 37.

Art. 39. - Justificado el pago a cuenta del primer semestre ante la Administración, ésta autorizará el ejercicio inmediato de la servidumbre declarada.

Si este ejercicio es obstaculizado o no puede verificarse, el beneficiario recurrirá al Juez de Paz del lugar de ubicación del inmueble, quien, comprobado el derecho a la servidumbre declarada, intimará al opositor el cese de la oposición. A estos fines, el Juez podrá disponer el auxilio de la fuerza pública o imponer al opositor con la calidad de conminación pecuniaria o "Astreinte", el pago de una suma diaria del orden del 1% de la cantidad fijada para cada semestre, hasta que se dé cumplimiento al mandato judicial.

Art. 40. - Iniciado el ejercicio efectivo de la servidumbre, el acreedor de la indemnización por este concepto, tendrá acción ejecutiva contra el beneficiario de la servidumbre para el cobro de las cantidades que deba pagar a cuenta, según lo dispuesto por el artículo 38.

El testimonio del acto administrativo que establezca las cantidades semestrales pagaderas a cuenta constituirá título ejecutivo.

El ejercicio de esta acción ejecutiva no obsta las acciones judiciales que correspondan para determinar el justo monto del resarcimiento.

Art. 41. - El juicio para la determinación del resarcimiento justo por la privación del uso y goce del inmueble gravado por la servidumbre se ajustará al procedimiento previsto para los incidentes (artículo 591 a 594 del Código de Procedimiento Civil). El demandado podrá reconvenir al contestar la demanda, corriéndose, en este caso, traslado al actor.

El fallo será recurrible como las interlocutorias.

La sentencia que fije el monto de la indemnización tendrá efecto desde la fecha de la demanda y determinará los pagos complementarios o las restituciones que correspondan con relación a lo abonado a cuenta.

Art. 42. - Tanto el beneficiario de la servidumbre como el acreedor de la indemnización podrán deducir acción de revisión, conforme al mismo procedimiento judicial, fundados en el cambio de las circunstancias que fueron consideradas, a fin de modificar los montos de la indemnización.

Cuando se acoja la acción de revisión la sentencia tendrá efectos desde la fecha de la demanda.

Art. 43. - Las reclamaciones por concepto de indemnización o resarcimiento de daños y perjuicios causados al predio o a sus mejoras, derivados del ejercicio de las servidumbres mineras, o de la ejecución de labores mineras, quedan sometidas al procedimiento del juicio ordinario.

Art. 44. - Cuando el Estado o las entidades estatales sean los beneficiarios de la servidumbre minera, a falta de acuerdo sobre la indemnización, ésta se fijará por el procedimiento prescripto para la expropiación.

CAPITULO VIII
Derechos y Cánones mineros

Artículo 45. - Los derechos mineros otorgados son gravados, en relación a cada título, en la siguiente forma:

I. Derecho de prospección:

El titular de un permiso de prospección abonará N$ 100.000 (nuevos pesos cien mil) por cada 100 hectáreas o fracción comprendidas en el área de prospección, por una sola vez y por el plazo principal.

Por la prórroga, abonará N$ 200.00 (nuevos pesos doscientos) por cada 100 hectáreas o fracción, comprendidas en el área de prospección remanente.

El importe debe ser abonado al ser notificado el interesado del otorgamiento del título o su prórroga.

II. Canon de superficie:

Durante la vigencia del derecho de exploración otorgado, el titular del permiso, abonará por hectárea o fracción objeto de la exploración el siguiente Canon de superficie:

-Por el primer año: N$ 200.00 (nuevos pesos doscientos), por hectárea o fracción.

-Por el segundo año: N$ 400.00 (nuevos pesos cuatrocientos), por hectárea o fracción.

-Por el tercero y cada año subsiguiente: N$ 600.00 (nuevos pesos seiscientos), por hectárea o fracción.

III. Canon de producción:

El titular de un derecho minero de explotación abonará desde el momento en que toma posesión de la concesión un Canon de producción, de acuerdo con las siguientes reglas:

1) El Canon de producción constituirá un porcentaje del valor del producto bruto extraído de la mina, antes de sufrir cualquier proceso de beneficio o transformación de sus componentes.

Este valor se calculará por el promedio ponderado de los precios que el producto bruto tenga, en el último año transcurrido, en las plazas principales de comercialización, deducido el costo del transporte.

Si el producto bruto extraído no se comercializa en esas condiciones, sino después de sufrir un proceso de elaboración o transformación, se optará por el promedio ponderado de los precios de este producto resultante, en el último año transcurrido y en las plazas principales de comercialización deduciendo, en este caso, además del costo del transporte, el costo de la elaboración o transformación sufrida, para llegar al valor del producto bruto;

2) El porcentaje del Canon de producción será:

a) Para los yacimientos de la clase III:

a) Para los primeros cinco años de explotación: 5%. Este porcentaje se compone de: un 2% de Canon estatal y un 3% de participación para el propietario del predio superficial;

b) Para los años siguientes será del 8%, que se compone de: 3% de Canon estatal y un 5% de participación del propietario del predio superficial;

b) Para los yacimientos de la Clase IV:

El Canon de producción será desde el comienzo de la explotación de 10%. Este porcentaje se compone: un 5% de Canon estatal y un 5% de participación para el propietario del predio superficial.

3) El Canon de producción se abonará íntegramente a los organismos de recaudación estatales, abonando la Administración la participación que corresponda al superficiario dentro de los treinta días hábiles de percibido. Si fueran varios los propietarios de los predios superficiales correspondientes al yacimiento, la participación se distribuirá a prorrata de acuerdo con la extensión que abarque el área de la concesión minera en los distintos inmuebles;

4) El Canon de producción se pagará según las siguientes reglas:

a) Por semestre vencido y dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento. El porcentaje correspondiente será calculado sobre la producción mínima del programa de producción aprobado;

b) Cada dos semestres vencidos, y sin perjuicio del pago sobre la producción mínima, se efectuará la reliquidación correspondiente sobre la producción efectivamente obtenida. A este efecto, las planillas de producción deberán ser presentadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento del segundo semestre. El pago del saldo del Canon, que resulte por reliquidación, deberá ser abonado dentro de los diez hábiles siguientes a la notificación que realice la Administración.

Si la producción efectiva fuera inferior al mínimo programado, el Canon quedará consolidado para el semestre respectivo sobre el mínimo del programa.

El inicio de los períodos semestrales será fijado por la Reglamentación.

Art. 46. - Si el titular de un permiso de exploración es autorizado para disponer de las sustancias extraídas, abonará el Canon de producción relativo a dichas sustancias, conforme a las reglas del artículo precedente.

Art. 47. - El Poder Ejecutivo podrá exonerar total o parcialmente la parte estatal del Canon de producción, por períodos que no excederán de los primeros diez años de la explotación, si considera que existen razones de interés general fomentar dicha explotación.

Art. 48. - Los derechos y cánones establecidos precedentemente constituyen prestaciones pecuniarias, con la calidad de contraprestación del goce, de naturaleza económica, de los derechos mineros otorgados por el Estado no constituyendo en consecuencia tributos (artículo 10 del Código Tributario).

No obstante y a los solos efectos de recargos e intereses por atrasos en el pago de los derechos y cánones mineros, regirán las disposiciones del artículo 96 del Código Tributario.

CAPITULO IX
De la investigación geológica y minera

Artículo 49. - El Poder Ejecutivo y los organismos competentes en materia minera, podrán realizar por sí o por contratación, las operaciones de prospección y exploración de yacimientos minerales con fines científicos o de relevamiento de los recursos minerales del país, con excepción de los correspondientes a la Clase I, literal a) del artículo 7º.

La actividad o el contrato será dispuesto por el órgano jerarca de la persona estatal, debiendo comunicarse la resolución a la Dirección Nacional de Minería y Geología, para su registro.

La Dirección Nacional de Minería y Geología expedirá certificado del registro, que constituirá título suficiente de declaración de la servidumbre minera de estudio que requiera la actividad de investigación.

Art. 50. - El Poder Ejecutivo decretará, simultáneamente, la reserva minera a efectos de amparar las operaciones indicadas, según lo previsto por el artículo 52.

CAPITULO X
De la reserva minera

Artículo 51. - El Poder Ejecutivo podrá disponer la reserva minera de áreas o yacimientos de sustancias minerales en el territorio nacional con determinación de las mismas comprendiendo todas las sustancias minerales o parte de ellas.

Art. 52. - La reserva minera se dispone:

a) A efectos de amparar las operaciones de prospección y exploración que se realicen con fines científicos o de relevamiento de los recursos minerales;

b) A efectos de promover la actividad minera y, fundamentalmente, la explotación de los recursos minerales.

La reserva minera suspende, mientras esté vigente, el otorgamiento de permisos de prospección respecto a las áreas alcanzadas por la reserva.

Art. 53. - Al decretarse la reserva minera, se determinará el o los organismos que llevarán a cabo las tareas que eventualmente se disponga efectuar y se fijará el plazo de la misma en consideración a las áreas, clases de mineral y métodos a utilizar para las exploraciones que se disponga realizar, con un máximo de tres años prorrogable por dos años más por causas fundadas.

Art. 54. - Los yacimientos y sustancias minerales que se descubran al amparo de la Reserva Minera, quedan incluidos en la Clase II del artículo 7º.

El Poder Ejecutivo podrá disponer la extinción anticipada de la Reserva Minera, con respecto a áreas o sustancias determinadas, si considera cumplidos los fines que determinaron la reserva.

Art. 55. - Aun en las áreas o yacimientos de sustancias minerales amparadas por derechos mineros de prospección, exploración o explotación, podrán ser realizadas las tareas correspondientes a la reserva minera dispuesta con fines científicos o de relevamiento de los recursos minerales, sin incidencia alguna sobre los derechos mineros otorgados.

En los casos de actividad minera simultánea en áreas amparadas por un título minero preexistente a la reserva en vigencia, los descubrimientos o detecciones de áreas con perspectivas mineras, concretamente determinados, y que resulten de operaciones realizadas por una sola parte, corresponderán a ésta, previa denuncia ante el Registro.

Si el descubrimiento o detección de área minera fuera simultáneo o concurrente, en virtud de que ambas partes realizan las operaciones en áreas comunes, la atribución del descubrimiento seguirá las siguientes reglas:

a) Corresponderá, sin obligación de acreditar prioridad, al titular particular, si se trata de sustancias minerales que fueron nominadas al solicitar el permiso de prospección o de las adjudicadas al otorgarse el permiso de exploración o la concesión para explotar;

b) En los demás casos, corresponderá a la reserva minera.

Art. 56. - Las resoluciones del Poder Ejecutivo disponiendo las reservas mineras así como el cese de las mismas, deberán ser publicadas en el "Diario Oficial"; en dos diarios de la Capital y en un diario del departamento donde se encontrare radicada la reserva.

CAPITULO XI
De las infracciones

Artículo 57. - Las violaciones, en general de las disposiciones de este Código y de las reglamentaciones correspondientes, el incumplimiento de las obligaciones y cargas que dichas normas imponen y toda forma de obstaculizar o impedir la ejecución de las actividades mineras, constituyen infracciones sancionadas por este Código.

Art. 58. - La actividad minera y la extracción de sustancias minerales, sin disponer de la habilitación de un título minero, configuran infracción administrativa.

CAPITULO XII
De las sanciones

Artículo 59. - Las infracciones administrativas serán objeto de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;

b) Multas, que se graduarán según la infracción y la circunstancia agravante de reiteración, entre N$ 500.00 (nuevos pesos quinientos) y N$ 1:000.000.00 (nuevos pesos un millón). Dichos montos serán actualizados conforme a lo dispuesto en el artículo 37;

c) La caducidad del derecho minero.

LIBRO SEGUNDO
REGULACION DE LA ACTIVIDAD MINERA

PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
Principio de habilitación

Artículo 60. - De acuerdo con lo prescripto por los artículos 10, 11 y 18 de este Código, la actividad minera en el territorio nacional sólo puede realizarse:

a) Para los yacimientos de la Clase I (artículo 7º):

Por la atribución de derechos mineros al Estado y a los entes estatales descentralizados, industriales o comerciales;

b) Para los yacimientos de las Clases II, III y IV (artículo 7º):

Por la institución de títulos mineros que otorgan los derechos de prospección, exploración y explotación a los agentes legitimados para la actividad (artículo 19).

Se consideran incluidas las entidades estatales industriales y comerciales respecto a aquellos yacimientos minerales que sean aptos o necesarios para las industrias o actividades de su competencia.

Reglas de la institución del título minero

Artículo 61. - Los títulos mineros se instituyen, con relación a las clases de yacimientos, en la siguiente forma:

a) Para la clase II:

Por selección del titular realizada por el Poder Ejecutivo, en consideración a las mejores condiciones que se acuerden para la ejecución de la actividad (artículo 82);

b) Para la Clase III:

Según las reglas específicas de este Código;

c) Para la Clase IV:

En beneficio del propietario del predio superficial (artículo 5º) o de terceros, en los casos en que el propietario no ejerciera el derecho de reserva.

Regulación del goce de los derechos mineros

Artículo 62. - Rigen las disposiciones generales de este Código para todos los regímenes, en lo que no son modificadas expresamente para cada régimen en particular:

a) Para la Clase I:

El Poder Ejecutivo determinará las condiciones específicas del goce de los derechos mineros;

b) Para la Clase II:

Un acuerdo contractual regulará las condiciones particulares del goce, en el marco de condiciones legales básicas de estipulación necesaria;

c) Para la Clase II:

Un acuerdo contractual regulará las condiciones particulares del goce, en el marco de condiciones legales básicas de estipulación necesaria;

c) Para las Clases III y IV:

Rigen las disposiciones específicas de este Código.

CAPITULO II
Principios generales que rigen la ejecución de la actividad minera

Artículo 63. - Con condiciones básicas para la ejecución de la actividad minera, con relación a cada una de sus fases:

a) El programa de la actividad y de la explotación, adecuados al yacimiento, con especificación de métodos a aplicar;

b) El plan de inversiones;

c) La caución o el aval que asegure el resarcimiento de los daños y perjuicios que derivan de las labores mineras;

d) La determinación del área que será objeto de actividad minera y los plazos de ejecución de cada fase;

e) La autorización especial referida a zonas sujetas a autorizaciones especiales (artículo 64);

f) Deslinde, mensura y señalización del área que será objeto de explotación.

Para la Clase I, el Poder Ejecutivo determinará lo que corresponda, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de lo establecido, por el artículo 104.

Para la Clase IV, la Inspección General de Minas adecuará el régimen, en tanto el área de explotación esté contenida dentro del predio superficial, si su propietario es el titular de la Concesión.

Para las Clases II, III y IV, cuando el concesionario no es el propietario del predio superficial, son de aplicación las prescripciones de los artículos 104 y siguientes.

Zonas sujetas a autorizaciones especiales

Artículo 64. - Las áreas que serán objeto de labores mineras deberán ser examinadas previamente al otorgamiento del título, por las autoridades militares, a fin de verificar que dichas labores se ejecuten a más de 2.000 metros de los puntos fortificados. A estos efectos, la Dirección Nacional de Minería y Geología remitirá comunicación con descripción del área al Ministerio de Defensa Nacional.

Las autoridades militares otorgarán la autorización correspondiente o la denegarán sin expresión de causa.

La autorización será ficta transcurridos treinta días calendario de la recepción por el Ministerio de Defensa Nacional de la comunicación remitida por la Dirección Nacional de Minería y Geología. La autorización es necesaria solamente una vez tratándose de la misma área o fraccionamiento menor contenido en su perímetro.

Art. 65. - Las labores mineras no podrán practicarse en terrenos cultivados, a una distancia menor a 40 metros de un edificio o de una vía férrea o de un camino público, a 70 metros de cursos de agua, abrevaderos o cualquier cosa de vertientes. Si las labores mineras en dichas zonas fueran indispensables, la Dirección Nacional de Minería y Geología, podrá otorgar una autorización especial a ese fin, prescribiendo las medidas de seguridad que correspondan.

SEGUNDA PARTE
DISPOSICIONES ESPECIALES

TITULO I
REGIMEN DE LOS YACIMIENTOS DE LA CLASE I

CAPITULO I

Artículo 66. - Los derechos mineros de prospección, exploración y explotación, relativos a los yacimientos minerales de la Clase I (artículo 7º) son atribuidos al Estado y a las entidades estatales descentralizadas competentes, y regulados específicamente por las disposiciones de este Título, sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, en todo no que no está expresamente modificado.

Art. 67. - Los yacimientos del literal a) de la Clase I quedan sometidos al régimen que prescribe el Capítulo II de este Título.

Art. 68. - Los yacimientos del literal b) de la Clase I, pueden ser objeto de actividad minera, en la siguiente forma:

a) El Poder Ejecutivo, directamente por sus organismos especializados, o por contratación bajo su responsabilidad, podrá realizar las operaciones de prospección y exploración;

b) La prospección, exploración o explotación podrán ser cometidas por el Poder Ejecutivo, a Entes estatales industriales o comerciales existentes o realizadas por los que se crearen en el futuro con dicha competencia específica.

Art. 69. - Para los yacimientos de la Clase I, el Poder Ejecutivo establecerá, en cada caso, para la realización de la actividad minera, la extensión y forma del área que será objeto, de labores mineras, el plazo de ejecución de cada etapa y las demás condiciones que requiera el desarrollo de dicha actividad.

Son de aplicación a este régimen las disposiciones sobre servidumbre minera y vigilancia establecidas por este Código.

Art. 70. - Las sustancias mineras de los yacimientos de la Clase I, al ser separadas o extraídas del yacimiento, se incorporan al dominio privado del Estado, con excepción de los volúmenes necesarios para resarcir el costo de producción o para retribuir al contratista, si es el caso, que se incorporan al patrimonio de la entidad estatal que realiza la actividad minera.

CAPITULO II
Régimen de los yacimientos del literal a) de la Clase I

Artículo 71. - La Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP) es el organismo competente para realizar la actividad minera correspondiente al literal a) de la Clase I, del artículo 7º.

Art. 72. - ANCAP podrá ejecutar una, varias o todas las fases de la operación petrolera mediante contratación con terceros, a nombre del Ente Estatal, contratando a tales efectos con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, o con organismos internacionales.

La contratación podrá revestir cualquiera de las formas utilizables en la materia, incluso la que pone el riesgo a cargo del contratista.

Art. 73. - Las bases de contratación deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo el que también deberá aprobar el contrato a suscribirse como condición de validez del mismo.

Para la selección del contratista, se procederá mediante concurso de ofertas o licitación pública, pudiendo prescindirse de esos procedimientos y efectuar la contratación directa con autorización del Poder Ejecutivo.

El pacto de retribución en especie al contratista, se entenderá siempre bajo la condición de que el Ente Estatal tendrá el derecho de adquirir al contratista los volúmenes de hidrocarburos que hayan de destinarse al mercado interno, determinándose en la contratación las oportunidades, proporciones y bases de precios correspondientes.

Art. 74. - Todas las actividades comprendidas en la industria de hidrocarburos se declaran de interés nacional.

Art. 75. - Las sustancias de la Clase I, literal a) del artículo 7º y las sustancias que las acompañan, cualquiera sea el estado físico en que se encuentren o forma en que se presenten, por el hecho de la explotación o extracción quedan desafectados del dominio originario, incorporándose al dominio común del Estado.

Los volúmenes que sea necesario utilizar para las operaciones así como los requeridos para el resarcimiento del costo de producción, o para retribuir al contratista, por el hecho de la exploración o de la extracción quedarán incorporados al patrimonio de ANCAP.

Los volúmenes restantes serán administrados por ANCAP.

El contratista, podrá disponer libremente para la exportación de los volúmenes de sustancias que le correspondan de acuerdo al contrato.

Art. 76. - Se declaran de utilidad pública las expropiaciones que se requieran para el cumplimiento de cualquiera de las actividades relativas a la industria de las sustancias de la Clase I literal a) del artículo 7º en cualquiera de sus formas y fases.

TITULO II
REGIMEN DE LOS YACIMIENTOS DE LA CLASE II

CAPITULO I

Artículo 77. - Los yacimientos de la Clase II (artículo 7º), podrán ser objeto de actividad minera, en virtud de los títulos mineros que instituya la autoridad competente, con sujeción a las condiciones estipuladas en los artículos siguientes.

Art. 78. - El Poder Ejecutivo instituirá el título minero, atribuyendo los derechos correspondientes, al agente que seleccione si considera, conforme a las disposiciones siguientes, que cumple con las condiciones necesarias, desde el punto de vista técnico, económico y empresarial, para ejecutar las labores mineras relativas a estos yacimientos.

CAPITULO II
Bases de la selección

Artículo 79. - Son condiciones básicas: las establecidas por el artículo 64, con las siguientes especificaciones:

a) El plazo de las operaciones de prospección y exploración no excederá, en conjunto, de cinco años, debiéndose prescribir liberación de áreas por cada año del período.

b) El plazo de explotación no excederá de treinta años, prorrogable por períodos de diez años cada uno;

c) Las áreas para cada operación serán fijadas por el Poder Ejecutivo, en consideración, al tipo de yacimiento y de explotación;

d) Los programas de actividad para cada etapa y, particularmente, el desarrollo de la explotación;

e) El plan de inversiones mínimas, proyectado para etapas sucesivas.

Art. 80. - Será objeto de condicionamiento particular, dentro del marco de las condiciones básicas:

a) La determinación concreta de las áreas y de los plazos;

b) Las cláusulas de compromisos de la actividad a desarrollar, de la producción a alcanzar y de las inversiones a realizar;

c) La estipulación de las prestaciones pecuniarias, derechos de prospección, cánones de superficie y de producción, estableciendo la cuantía, variabilidad, revisión y períodos de exención, si correspondiere.

CAPITULO III
Regulación del goce del derecho minero

Artículo 81. - Las condiciones legales básicas y las condiciones particulares serán objeto de un contrato especial que regulará el goce del derecho minero que atribuya el título respectivo.

El citado contrato debe establecer:

1) Las condiciones de permanencia del goce del derecho minero por el período convenido;

2) La necesidad de actividad minera por parte del titular para conservar el derecho;

3) La fijación de un plazo de la concesión suficiente para amortizar la inversión;

4) La enumeración precisa de las causas de rescisión de pleno derecho del contrato, que incluirá expresamente:

a) El no cumplimiento del programa de explotación o del plan de inversiones;

b) El no pago de las prestaciones pecuniarias.

CAPITULO IV

Artículo 82. - El Poder Ejecutivo realizará la selección del titular, considerando las propuestas presentadas. La selección, se fundará en la apreciación, de las seguridades y garantías que proporcione el futuro titular de una explotación racional, acorde con el mejor aprovechamiento económico del yacimiento.

Art. 83. - Si el Poder Ejecutivo considera aceptable las condiciones propuestas, instituirá el o los títulos mineros correspondientes, y aprobará el contrato de regulación del goce de los derechos mineros, que se suscribirá simultáneamente a la notificación del otorgamiento del título.

CAPITULO V
Empresas de economía mixta

Artículo 84. - En la convocatoria de propuestas prevista por el artículo 82, el Poder Ejecutivo podrá establecer, como condición de preferencia o como condición de aceptación, que el proponente participe en una empresa de economía mixta.

TITULO III
REGIMEN DE LOS YACIMIENTOS DE LA CLASE III

CAPITULO I

Artículo 85. - Los yacimientos minerales de la Clase III (artículo 7º) pueden ser objeto de actividad minera en virtud de los títulos correspondientes, según las disposiciones siguientes.

CAPITULO II
De la prospección

Artículo 86. - La operación de prospección sólo puede ser realizada por el titular de un permiso de prospección que será otorgado con arreglo a los siguientes extremos que deberá justificar el solicitante:

1) Plano de deslinde del área a prospectar y croquis de la zona;

2) Programas de la actividad, especificando métodos y técnicas a emplear;

3) Sustancias minerales determinadas taxativamente que serían objeto de la prospección;

4) Servidumbre minera que estime necesaria declarar;

5) Caución o aval que asegure el resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan derivar de la actividad.

El monto será fijado por la Inspección General de Minas y no podrá ser liberado hasta sesenta días calendario cumplidos del vencimiento del plazo del permiso, si no hubieren reclamaciones pendientes; si las hubiese, la garantía se mantendrá hasta su definición.

La Reglamentación establecerá las precisiones técnicas y el desarrollo de los extremos precedentes.

Areas y plazos de la prospección

Artículo 87. - El permiso de prospección tendrá una validez entre un mínimo de doce meses y un máximo de veinticuatro meses, que podrá ser prorrogada por doce meses más, debiendo liberarse, para tener derecho a la prórroga, el 50% del área originaria.

La extensión máxima del área o zona a prospectar de cada permiso será de 100.000 hectáreas y el límite total, en caso de otorgarse más de un permiso a la misma persona, será de 200.000 hectáreas.

Para la fijación concreta del área de prospección, la Autoridad Minera tendrá en cuenta el programa de la actividad propuesto, la tecnología y equipos a utilizar.

En zonas acuáticas los máximos de extensión del área serán fijados, en cada caso, por el Poder Ejecutivo.

El plazo se cuenta a partir del día siguiente de la notificación al interesado del permiso otorgado. El curso del plazo sólo podrá ser interrumpido por razones justificadas por el titular y aceptadas por la Inspección General de Minas, no extendiéndose esta interrupción en ningún caso por más de seis meses calendario.

Condiciones del otorgamiento

Artículo 88. - El permiso de prospección se otorgará previa verificación de las siguientes condiciones:

a) Que no incidan en el área otros derechos mineros vigentes o en trámite;

b) Que no se encuentre el área sometida a reserva minera;

c) Que se justifique el cumplimiento de los extremos determinados por el artículo 86 y los dispuestos por la reglamentación;

d) Que se haya otorgado la autorización especial prevista por el artículo 64.

Art. 89. - Durante la vigencia de un derecho minero o mientras se encuentre en trámite formal, no se admitirán peticiones de otros títulos ni la solicitud constituirá prelación de ninguna clase. Sólo se admitirá la petición cuando el área o el mineral determinado hayan quedado expeditos y la prelación será exclusivamente cronológica.

Derechos que otorga el título

Artículo 90. - El permiso habilita, en exclusividad, la realización de todas las labores tendientes a determinar áreas con expectativas mineras, mediante procedimientos o técnicas adecuadas y a la extracción de muestras para análisis y ensayos de laboratorio.

Durante la vigencia del permiso y hasta treinta días calendario siguientes al vencimiento del plazo, sólo su titular podrá denunciar yacimientos nuevos o áreas con expectativas mineras, y obtener, con exclusión de cualquier otro, un permiso de exploración o una concesión para explotar, si está en condiciones de acreditar los extremos requeridos para el otorgamiento de dichos títulos.

Obligación del permisario

Artículo 91. - Al vencer el plazo del permiso cualesquiera sea el resultado de la actividad deberá presentar a la Inspección General de Minas, un informe detallado y documentado de la labor realizada. Este informe será condición para la devolución o liberación de la caución constituida.

CAPITULO III
De la exploración

Artículo 92. - Las operaciones de exploración sólo podrán ser realizadas por el titular de un permiso de exploración.

Art. 93. - El otorgamiento del permiso de exploración se hará con arreglo a los siguientes presupuestos:

1) Por razón de prioridad al titular de un permiso de prospección, que lo solicite en tiempo y forma;

2) A cualquier tercero, respecto a yacimientos o áreas mineras inscriptas en el Registro de Vacancias o respecto a áreas que el solicitante considere con fundamentos que presentan perspectivas mineras sujetas a aprobación de la Inspección General de Minas. En todos los casos, con verificación previa de las condiciones requeridas por el artículo 88.

3) El solicitante deberá acreditar:

a) Plano o croquis del área a explorar, con la información de ubicación, deslinde y extensión;

b) La o las sustancias taxativamente determinadas que se proponen explorar y los estudios técnicos realizados;

c) Programa de operaciones, especificando tareas, métodos, técnicas, máquinas y equipos a emplear;

d) Servidumbre minera que estime necesaria para su actividad;

e) Designación del técnico responsable de la actividad;

f) Plan de inversiones;

g) Capacidad económica o financiera adecuadas al Programa de Trabajo;

h) Caución o aval que asegure el resarcimiento de los daños y perjuicios que deriven de la actividad minera.

El reglamento desarrollará los extremos precedentes con especificación de los detalles técnicos que correspondieren.

Areas y plazos de la exploración

Artículo 94. - El área, objeto del permiso de exploración será de un solo cuerpo y su forma lo más regular posible con una extensión máxima de 1.000 há., por cada permiso y un máximo total, para el caso de más de un permiso a la misma persona de 2.000 hás.

El permiso de exploración se otorga por un plazo de dos años, prorrogable por dos veces por períodos de un año.

Para optar a la primera prórroga, debe liberarse el 50% del área de exploración originaria y para la segunda prórroga el 50% del área remanente.

El cómputo del plazo se iniciará desde la fecha de notificación del otorgamiento del permiso y sólo admitirá interrupción por causas justificadas, no pudiendo exceder dicha interrupción de un plazo de seis meses calendario.

Derechos que otorga el título

Artículo 95. - El permiso de exploración habilita al titular para realizar, en exclusividad, sobre el área amparada todas las labores que requieran el estudio y evaluación del yacimiento.

Durante el plazo del permiso, sólo el titular podrá solicitar concesión para explotar sobre el área y sustancias minerales comprendidas en el permiso de exploración, acreditando los extremos exigidos para el otorgamiento del título.

Obligaciones del permisario

Artículo 96. - El permisario está obligado:

1) A iniciar la exploración dentro del término de seis meses de iniciado el cómputo del plazo con el descuento de la interrupción que fuera autorizada;

2) A ejecutar racionalmente el programa de actividad propuesta y las inversiones proyectadas;

3) A comunicar, dentro de los sesenta días calendario de ocurrido todo descubrimiento de minerales no comprendidos en el permiso;

4) Presentar trimestralmente informe de la actividad cumplida, con agregación de muestras y análisis;

5) Presentar al término de la exploración, cualquiera fuere la causa de la extinción del permiso, un informe final detallado y documentado de la labor realizada.

Art. 97. - El titular del permiso de exploración no podrá establecer una explotación formal, pero sí solicitar autorización a la Inspección General de Minas para realizar experiencias preparatorias de explotación, pudiendo en este caso, disponer de las sustancias minerales extraídas en las cantidades máximas que establezca la autorización.

CAPITULO IV
De la explotación

Sección I

Artículo 98. - La explotación de yacimientos de la Clase III se podrá realizar en virtud de una concesión para explotar, otorgada con arreglo a las siguientes disposiciones.

Sección II
Número de concesiones

Artículo 99. - Una persona física o jurídica podrá ser titular de un número indeterminado de concesiones para explotar hasta un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo mineral.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar que se exceda el área máxima si los programas de explotación, de industrialización o por razones fundadas en factores de mercado, hacen necesario disponer de un área superior al máximo.

En ningún caso, el máximo básico podrá excederse si conduce al minero a la situación de único explotador de un mineral determinado.

Sección III
Condiciones para el otorgamiento de la concesión

Artículo 100. - El otorgamiento de una concesión para explotar se hará con arreglo a los siguientes presupuestos:

1) Por razón de prioridad del titular de un permiso de prospección o de un permiso de exploración, si formula su petición en tiempo y forma;

2) A cualquier tercero, respecto a yacimientos o áreas mineras inscriptas en el Registro de Vacancias o respecto a áreas que el solicitante considere con fundamentos y estudios previos que ofrecen perspectivas mineras ciertas, sujeto a aceptación de la autoridad respectiva.

En todos los casos con verificación previa de las condiciones establecidas por el artículo 88 y de la autorización para zonas especiales (artículo 64);

3) El solicitante deberá justificar los siguientes extremos:

a) Descripción del yacimiento, ubicación, forma, clase y ley del mineral, los volúmenes de reserva comprobados y todos los demás datos y elementos demostrativos de la posibilidad de una explotación racional;

b) Croquis de la zona y plano de deslinde del área, determinando la extensión necesaria para la explotación del yacimiento y para la instalación de los equipos, máquinas, utilaje, y demás elementos complementarios de la explotación;

c) Determinación de los procedimientos o técnicas a emplear, detallando equipos y máquinas;

d) Programa de operaciones discriminando:

- Volúmenes de producción.

- Características que asumirá la producción, en bruto, beneficiada, industrializada.

- Inversiones mínimas a realizar;

e) Acreditar capacidad técnica y financiera adecuada al Plan de Explotación a desarrollar;

f) Determinar la servidumbre minera que estime necesaria para la explotación;

g) Proponer el o los técnicos que dirigirán la explotación;

h) Constituir garantía suficiente para responder por los daños y perjuicios que se deriven de la actividad minera, fijando su monto la Inspección General de Minas.

Art. 101. - El programa de explotación con determinación de la producción mínima anual, podrá ser objeto de revisión, si las condiciones del proceso de explotación o las características que revele la mina durante este proceso, lo justifique.

La revisión podrá efectuarse en términos no menores de tres años.

Sección IV
Formas especiales de explotación

Artículo 102. - El Poder Ejecutivo con informe favorable de la Dirección Nacional de Minería y Geología podrá autorizar un régimen de explotación especial, a titulares de concesiones para explotar, en los siguientes casos:

a) Si los programas de industrialización o de colocación del producto en los mercados, justifican que el proceso de explotación presente etapas diversas de actividad, inactividad o disminución de la producción;

b) Si existen razones de orden técnico o económico que justifiquen diferir, por períodos determinados la explotación de las distintas minas del titular.

En los casos que se autorice la inactividad o se difiera la explotación de la mina, los períodos serán de hasta tres años, prorrogable por dos veces por igual término.

En los períodos de inactividad autorizados, el titular deberá abonar el Canon de superficie, correspondiente a la etapa de exploración, multiplicado por 2, 3 y 4, según se trate del primer período o de las prórrogas siguientes.

Sección V
Areas y plazos de la concesión

Artículo 103. - La concesión para explotar fijará la extensión del área que se ampara, entre el mínimo compatible con una explotación racional y un máximo de 500 hectáreas.

Para la fijación concreta del área, la autoridad minera tendrá en cuenta las siguientes determinantes:

a) Tipo de yacimiento o mina;

b) Programa de explotación;

c) Plan de inversiones.

El plazo de validez de la concesión será fijado por la autoridad minera, en el mismo acto de otorgamiento de concesión, por el plazo solicitado, con un máximo de treinta años.

Este plazo es prorrogable por períodos sucesivos de hasta quince años cada uno, mientras la mina sea susceptible de explotación.

Las prórrogas deben ser solicitadas dentro del primer semestre del último año de validez del plazo existente y serán otorgadas contra presentación del nuevo programa de operaciones (literal d), artículo 100 y justificación de estar al día en el pago del Canon de Producción y de Superficie.

La prórroga, gestionada en plazo, se reputará otorgada si no existe pronunciamiento de la autoridad minera al vencimiento del plazo de validez hasta entonces vigente.

Sección VI
Deslinde y mensura del área de explotación

Artículo 104. - Si la Inspección General de Minas considera procedente la concesión para explotar, quedarán prorrogados automáticamente los derechos del permisario, si es el caso, hasta que se otorgue la concesión.

Asimismo, la Inspección General de Minas dispondrá las instrucciones concernientes al deslinde, mensura y amojonamiento, considerando a este efecto, la propuesta del peticionante. Este deberá proceder a la operación, con técnico habilitado y bajo la supervisión de la Inspección General de Minas, según las condiciones que determine la reglamentación.

El pliego de instrucciones de la Inspección General de Minas será notificado personalmente al peticionante, otorgándosele un plazo de sesenta días calendario para dar término a la operación. Este plazo podrá ser prorrogado por causas fundadas.

Concesiones linderas y demasías

Artículo 105. - Si hubieren concesiones linderas, serán citados personalmente los dueños o directores de la mina, para que en plazo de cinco días hábiles se constituyan en el proceso de operaciones de mensura y amojonamiento y formulen las reclamaciones que estimen pertinentes.

Estas observaciones se consignarán en el acta que acompaña las diligencias de mensura.

Si entre la concesión nueva y la lindera no hubiere terreno suficiente para realizar el deslinde previsto para obtener una forma regular o quedan espacios libres entre las concesiones, la concesión se extenderá hasta el límite de la otra concesión.

Art. 106. - Todas las diligencias de mensura y amojonamiento serán consignadas bajo actas firmadas por el funcionario técnico de la Inspección General de Minas, el técnico del peticionante y de todas las personas que participen en las operaciones.

La Inspección General de Minas examinará y resolverá las observaciones y reclamaciones que consten en dichas actas y decidirá la aprobación de la operación si corresponde.

Una copia autenticada del plano de mensura se agregará al acta de concesión.

Los gastos de las operaciones (técnicos, transporte, viajes, peones, alimentos, estadía, honorarios, etc.) serán de cargo de los peticionantes.

Sección VII
Acta de posesión de la misma

Artículo 107. - Otorgada la concesión para explotar, la Dirección Nacional de Minería y Geología, previa notificación al peticionante le dará posesión de la mina, labrándose el acta respectiva.

Sección VIII
Derechos que otorga la concesión para explotar

Artículo 108. - Esta concesión otorga a su titular el derecho a explotar la mina en exclusividad y a disponer de las sustancias minerales que extraiga de la misma. Si se tratare de sustancias no individualizadas originariamente deberá formular la denuncia formal e inmediata ante la Dirección Nacional de Minería y Geología, sin perjuicio de su derecho a disponer de las mismas. Quedan excluidas las sustancias de los yacimientos de la Clase I, II, y IV que seguirán sometidas a su régimen específico, sin perjuicio de la obligatoriedad de la denuncia de la misma por el titular de la concesión, bajo pena de caducidad de su derecho.

La simultaneidad o concurrencia de explotación en el caso del inciso precedente, será dispuesta y regulada por el Poder Ejecutivo, incluso con reducción de áreas, y si no fuera posible la explotación simultánea, la citada autoridad, decidirá según la importancia o el valor de los yacimientos cuál deberá prevalecer, disponiendo, si fuera del caso, la caducidad de la concesión para explotar, indemnizando a su titular de los daños y perjuicios que deriven de la caducidad dispuesta.

Sección IX
De la internación

Artículo 109. Los concesionarios no podrán prolongar sus labores fuera de los límites de su concesión.

Toda internación en una mina lindera obliga al que la efectúa al pago del mineral que ha extraído y a indemnizar todos los perjuicios causados.

Si los minerales estuvieren aún en poder del internante, el afectado podrá exigir la restitución, deducidos los costos de extracción, además de la indemnización de los perjuicios.

Si hubiera mala fe, el pago del mineral o la restitución se hará sin deducción alguna, sin perjuicio de la responsabilidad penal del internante por delito de hurto.

La mala fe se presume:

a) Si la internación excede de 10 metros, medidos desde el plano vertical que limita las minas;

b) Si el internante se opone o dificulta la visita de su mina.

Sección X
Derecho de visita

Derechos de los mineros colindantes

Artículo 110. - Los concesionarios lindantes tienen derecho a visitar la mina vecina personalmente o por intermedio de un ingeniero nombrado a su requerimiento por la Inspección General de Minas, siempre que sospechase haberse producido internaciones o que estuviese próxima a efectuarse o temiesen inundación u otro perjuicio de esta especie; o cuando la inspección geológica creyeren poder obtener observaciones útiles para sus explotaciones respectivas.

Cuando la visita se haya solicitado por motivo de internación que se sospecha, o por temor de inundación, podrán además ser mensuradas las labores inmediatas a la mina del solicitante.

Art. 111. - La negativa infundada, la ocultación de labores internadas o cualesquiera dificultades y obstáculos puestos para la inspección o examen, harán presumir falta de buena fe en la internación.

Si de la mensura que se practique resultara comprobado el hecho de la internación, la Inspección General de Minas ordenará suspender provisoriamente los trabajos en las labores internadas y fijar sellos en los puntos divisorios, mientras los interesados dirimen el litigio en la vía jurisdiccional.

Sección XI
Del abandono

Artículo 112. - El explotador que quisiera abandonar su mina deberá declararlo por escrito a la Inspección General de Minas. Esta luego de la inspección técnica necesaria y de comprobar que la mina queda en condiciones de seguridad adecuadas, ordenará inscribir la declaración del abandono en el Registro y la publicará en el "Diario Oficial" por tres días consecutivos y en otros dos diarios por una sola vez.

Si hubiere acreedores hipotecarios sobre la mina, el concesionario deberá notificarlos previo a la declaración de abandono y transferirle sus derechos si así lo exigieren.

En la declaración de abandono no podrá ponerse ninguna condición.

Responsabilidad del concesionario

Artículo 113. - Si el concesionario explotador no hace el abandono formal del modo prescripto, sigue sujeto a todas las cargas y obligaciones inherentes a la posesión de la mina y será responsable de los daños y perjuicios que causare el abandono de hecho, sin perjuicio de las multas y otras sanciones que correspondan.

Sección XII
Régimen de laboreo de las minas

Artículo 114. - El régimen de laboreo de las minas y todo lo concerniente a las prescripciones y medidas de orden técnico se ajustarán a los reglamentos vigentes o los que se dicten en el futuro.

TITULO IV
Régimen de los yacimientos de la Clase IV

CAPITULO I

Artículo 115. - Los yacimientos minerales de la Clase IV, pueden ser objeto de actividad minera en virtud de los títulos mineros correspondientes, de acuerdo a las condiciones que establecen las disposiciones siguientes.

CAPITULO II
Derechos del propietario del predio superficial

(artículo 5º)

Artículo 116. - El propietario del predio superficial, de ubicación del yacimiento, en virtud de la reserva establecida por el artículo 5º, puede realizar actividad minera, bajo estas condiciones:

a) Si la actividad minera no tiene carácter industrial o se desarrolla sin fines lucrativos, o es requerida por organismos públicos;

-El propietario está facultado para realizarla sin necesidad de título minero, sin perjuicio de la vigilancia de la autoridades mineras y del sometimiento a los reglamentos de seguridad y salubridad y a las reglas que aseguran la racionalidad de los trabajos;

b) Si la actividad minera a desarrollar tiene fines lucrativos, sólo podrá ejecutarse en virtud del título minero correspondiente.

Art. 117. - En el caso previsto en el literal b) del artículo 116, el propietario deberá solicitar que se le otorgue el título minero, que considere corresponda a la naturaleza y condiciones del yacimiento, proporcionando la información pertinente a estos efectos (artículo 120).

Si no existen derechos mineros vigentes sobre dicho yacimiento y la explotación no afecta una disposición de interés general, el título minero será otorgado a favor del propietario.

CAPITULO III
Derechos de terceros

Artículo 118. - Si no existen derechos mineros vigentes sobre el yacimiento, cualquier tercero puede presentar ante la autoridad minera una solicitud de título minero (permiso de prospección, de exploración o concesión para explotar) según la naturaleza y condiciones del yacimiento, que deberá acreditar con la información correspondiente.

La petición, cualquiera sea el título que gestione en primer término, deberá indicar el tipo de explotación a realizar y el plazo que requiere para esta etapa.

La autoridad minera notificará al propietario del predio superficial de la petición mencionada, emplazándolo para que, en término de noventa días calendario contados a partir de su notificación, presente su copia petición de título minero si desea hacer valer la reserva dispuesta por el artículo 5º.

Si el titular del predio presenta la petición en plazo y se le otorga el título minero, la gestión del tercero quedará sin efecto.

Si al vencimiento del plazo otorgado al titular del predio, éste no hubiera presentado su petición de título, la autoridad minera dará curso a la gestión del tercero.

Art. 119. - Los yacimientos de la Clase IV -inciso primero- del artículo 7º, ubicados en predios de propiedad estatal o municipal o pertenecientes al dominio público, podrán ser objeto de explotación´, sin necesidad de título minero, según las siguientes reglas:

a) Para cumplir los fines propios del organismo público, titular del predio superficial o comprendido en la órbita de su competencia;

b) La explotación por terceros, con fines de interés privado, podrá ser acordada por los citados organismos públicos, previa intervención de la Dirección Nacional de Minería y Geología. Si la explotación afectare los objetivos de la política minera nacional, la Dirección Nacional de Minería y Geología podrá formular las recomendaciones o la modalidad de explotación que estime ajustada a dicha política o, con autorización del Poder Ejecutivo, determinar la prohibición de explotar.

La actividad que se realice, según los apartados precedentes, será comunicada a la Dirección Nacional de Minería y Geología, a los efectos previstos por el artículo 126.

CAPITULO IV
Disposiciones especiales de este régimen

Artículo 120. - Son de aplicación de este régimen las disposiciones generales que regulan los títulos mineros (artículo 63) y las correspondientes a los yacimientos de la Clase III, salvo las modificaciones y ajustes que se establecen:

a) Los programas de explotación y los planes de inversión se adecuarán a las características de estos yacimientos, admitiendo la variabilidad del ritmo de extracción y producción de las sustancias minerales.

Los períodos de inactividad no podrán ser mayores de un año, requiriéndose para términos superiores la autorización expresa de la Inspección General de Minas.

b) Cuando la actividad minera, la desarrolle el propietario del predio superficial estará exonerado del pago de derechos de prospección y Canon de superficie abonando únicamente el Canon estatal.

c) Si la actividad minera la desarrolla un tercero abonará los derechos y cánones correspondientes.

El propietario del predio superficial percibirá la participación del Canon de producción prescrita por el artículo 45.

LIBRO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES MINERAS Y REGIMEN DE FISCALIZACIONES

TITULO I

CAPITULO I
De las Autoridades

Artículo 121. - Constituyen autoridades mineras:

a) El Poder Ejecutivo;

b) El Ministerio de Industria y Energía;

c) La Dirección Nacional de Minería y Geología.

Art. 122. - La Dirección Nacional de Minería y Geología reemplaza al Instituto Geológico "Ing. Eduardo Terra Arocena", sucediéndole en todos sus cometidos.

CAPITULO II
De las competencias

Artículo 123. -

I. Al Poder Ejecutivo compete:

1) Fijar la política general minera;

2) Autorizar los contratos que acuerden las entidades estatales referidos a la actividad minera de yacimientos de la Clase I;

3) Otorgar los títulos mineros relativos a yacimientos de la Clase II del artículo 7º y autorizar los contratos de goce de los derechos mineros correspondientes;

4) Otorgar las concesiones para explotar y autorizar las cesiones de las mismas;

5) Declarar las servidumbres mineras;

6) Disponer las reservas mineras;

7) Decretar las expropiaciones necesarias a la actividad minera;

8) Dictar las caducidades de derechos mineros;

9) Declarar los yacimientos o sustancias minerales que cumplen con los extremos establecidos en el inciso segundo de la Clase III del artículo 7º;

10) Dictar el reglamento general de minería y los reglamentos especiales que corresponda.

II. Al Ministerio de Industria y Energía compete:

1) Entender en todas las cuestiones de minería no atribuidas al Poder Ejecutivo o a la Dirección Nacional de Minería y Geología;

2) Otorgar las autorizaciones y aprobaciones que correspondan de acuerdo a las disposiciones de este Código;

3) Aplicar a propuesta de la Dirección Nacional de Minería y Geología las multas que excedan de N$ 50.000.00 (nuevos pesos cincuenta mil).

III. A la Dirección Nacional de Minería y Geología compete:

1) Asesorar al Ministerio de Industria y Energía en todas las cuestiones mineras;

2) Otorgar los permisos de prospección y de exploración que regula el Código y autorizar las cesiones de los mismos;

3) Otorgar las autorizaciones preceptuadas en el Código, Leyes y Reglamentos;

4) Imponer las sanciones administrativas prescriptas por el artículo 59, literales a) y b).

Las multas que impongan no excederán de N$ 50.000.00 (nuevos pesos cincuenta mil);

5) Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos especiales de minería;

6) Ejercer la Policía Administrativa Minera y la vigilancia y fiscalización técnica de toda la actividad minera;

7) Dictar los actos, instrucciones, prescripciones y medidas que establece el presente Código y las leyes y reglamentos de la materia.

CAPITULO III
Del Registro General de Minería

Artículo 124. - El Registro General de Minería constituirá una dependencia de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Los cometidos del Registro son:

1) La inscripción de todos los títulos mineros, sus modificaciones, cambios de titular, cesiones y extinciones;

2) La inscripción de todos los gravámenes reales que incidan sobre los derechos mineros, sin perjuicio de los demás que correspondan;

3) La inscripción de las vacancias;

4) La anotación de las servidumbres mineras declaradas;

5) La inscripción de las caducidades y abandonos;

6) La inscripción de los descubrimientos;

7) La anotación de las reservas mineras: otorgamiento y extinción;

8) Llevar el Catastro Minero;

9) Otorgar las certificaciones y constancias que correspondan.

El número de registro, el sistema de registración y las formalidades y condiciones de funcionamiento serán regulados por el reglamento del Servicio.

Art. 125. - El Departamento de Registro tendrá a su cargo todo lo concerniente a las publicaciones y emplazamientos públicos que correspondan de acuerdo a las prescripciones legales y reglamentarias.

En este orden dispondrá:

1) La publicación de los otorgamientos de permisos y concesiones;

2) La publicación de los descubrimientos y vacancias mineras, y todas las demás que correspondan u ordenen las autoridades mineras.

TITULO II
LA VIGILANCIA MINERA

Artículo 126. - La vigilancia y supervisión de la actividad minera será realizada por la Dirección Nacional de Minería y Geología, sin perjuicio de la que pueda corresponder a otras entidades públicas según su competencia específica.

A estos efectos, toda la actividad minera que se desarrolle en el país, sin excepción alguna, está sometida al régimen de vigilancia y fiscalización que establece el presente Código, las leyes de la materia, el reglamento general de minería, los reglamentos de policía y seguridad y las reglamentaciones especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

Art. 127. - Para el ejercicio de la vigilancia minera, la Dirección Nacional de Minería y Geología y los funcionarios autorizados de la misma, están facultados para requerir el auxilio de la fuerza pública que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

Art. 128. - Los titulares de derechos mineros y los contratistas habilitados para desarrollar actividad minera, están obligados a permitir el acceso y facilitar todas las tareas de inspección y fiscalización a los funcionarios y técnicos autorizados de la Dirección Nacional de Minería y Geología bajo pena de sanciones, que pueden llegar a la caducidad del derecho minero otorgado.

LIBRO CUARTO

TITULO I
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 129. - Los plazos de los permisos y concesiones otorgados según el régimen del Código de Minería de 1943 y leyes modificativas, subsistirán hasta su vencimiento.

Art. 130. - Los gestionantes de títulos mineros con trámite al promulgarse el presente Código dispondrán de noventa días calendario a partir de su entrada en vigencia, para ajustarse a sus disposiciones, sin afectar la prelación otorgada por la fecha de iniciación del trámite.

Art. 131. - Las disposiciones del presente Código, relativas a obligaciones, cargas, gravámenes, formas de contralor y fiscalización y aquellas que otorguen beneficios en cuanto a plazos, extensión de áreas y otros no existentes en el régimen anterior, regirán a partir de la vigencia de este Código.

Art. 132. - La actualización de los valores monetarios establecidos en el presente Código será realizada en el mes de enero de cada año por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la variación oficial del índice del costo de vida.

Art. 133. - Deróganse el Código de Minería, sancionado por Decreto-Ley Nº 10.327, de 28 de enero de 1943, la Ley Nº 14.302, de 26 de noviembre de 1974, la Ley Nº 15.112, de 26 de marzo de 1981 y los artículos 1º, 3º, 4º, 6º, 7º, 9º, 12, 14, 15, 18, 19 y 22 de la Ley Nº 14.171, de 29 de marzo de 1974.

TITULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 134. - Las reglamentaciones actuales continuarán en vigencia, en todo lo que no sean contradictorias con las nuevas disposiciones legales.

Art. 135. - El presente Código de Minería entrará en vigencia el 1º de abril de 1982.

Art. 136. - Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 28 de diciembre de 1981.

HAMLET REYES Presidente

NELSON SIMONETTI, JULIO A. WALLER Secretarios


Ministerio de
Industria y Energía.
Ministerio de
Economía y Finanzas.
Ministerio de
Defensa Nacional.
Ministerio de
Justicia.

Montevideo, 8 de enero de 1982.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

GREGORIO C. ALVAREZ
FRANCISCO D. TOURREILLES
VALENTIN ARISMENDI
JUSTO M. ALONSO
JULIO CESAR ESPINOLA

Ley Nº 14.181

Artículo 16. - Exonérase la exploración, explotación, transporte y comercialización del petróleo crudo, del gas natural y del aceite, gas y azufre provenientes de los esquistos bituminosos, obtenidos en el territorio nacional, de todo tributo y de todo gravamen de cualquier naturaleza, creados o a crear.

ANCAP y los contratistas que convengan con ella cualesquiera de las actividades o negociaciones a que se refiere esta ley, están exonerados de todo tributo y de todo gravamen de cualquier naturaleza, nacionales o municipales, creados o a crear, que incidan en las actividades de exploración, explotación, transporte o comercialización de cualesquiera de las sustancias a que se refiere el inciso 1º de este artículo, obtenidas en el territorio nacional.

A título de ejemplo y sin que suponga limitación se entiende por:

A) Tributos: impuestos, tasas y contribuciones, cualquiera sea su denominación.

B) Gravámenes: prestaciones de carácter fiscal, monetario o cambiario, cualquiera sea su denominación, establecidas por el Estado o por cualquiera de sus organismos.

Las exoneraciones precedentes no comprenden los aportes por leyes sociales, ni son aplicables a los precios de los servicios prestados cuando respondan al costo de los mismos.

Art. 17. - Créase un impuesto anual del 15% (quince por ciento) que el contratista de un contrato de exploración o explotación abonará como único impuesto en el Uruguay, y como sustitutivo del impuesto a la renta obtenida por la empresa contratista y sus dueños, socios o accionistas.

Este impuesto gravará la renta ficta que será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la remuneración obtenida. Cuando dicha remuneración sea en especie se liquidará en base a los precios del petróleo y del gas (o de las sustancias provenientes de los esquistos bituminosos en su caso) que fijará el Poder Ejecutivo. Dichos precios se determinarán atendiendo, en cuanto al petróleo, al precio internacional del metro cúbico de petróleo de características similares al que se produzca en el área materia del contrato puesto en lugar de embarque (condición FOB); y en cuanto al gas natural y sustancias provenientes de los esquistos bituminosos, a los valores promediales del mercado internacional u otros asesoramientos que estime pertinentes.

El contratista podrá en todo caso optar por pagar este tributo en especie, a razón del 7,5% (siete por cinco por ciento) del total de hidrocarburos que le corresponda.

El Poder Ejecutivo podrá, por resolución fundada, disponer la exoneración total o parcial del impuesto creado por este artículo.

En casos de venta al Estado, el impuesto se calculará en base a los precios facturados de las ventas.

El impuesto se liquidará en la forma y plazos que determine el Poder Ejecutivo, pudiendo exigirse pagos a cuenta.

Ley Nº 15.851

Artículo 165. - Sustitúyese el artículo 9º del Título 2 del T.O. 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 9º. - Activo fijo. Se entenderá por bienes del activo fijo que constituyen el asiento de la actividad y los demás bienes de uso utilizados por el contribuyente o por terceros; los inmuebles se considerarán bienes de activo fijo, salvo los destinados a la venta.

La actualización de valores de los bienes del activo fijo y su amortización será obligatoria a todos los efectos fiscales. La actualización deberá realizarse anualmente, aplicando el porcentaje de la variación del índice de precios al por mayor producida entre los meses de cierre del Ejercicio anterior y el que se liquida.

Para los bienes dados en arrendamiento, el Poder Ejecutivo podrá establecer coeficientes especiales atendiendo a su valor de mercado o su rentabilidad".

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Industria y Energía

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Industria y Energía ha estudiado el proyecto venido del Poder Ejecutivo, sobre modificaciones del régimen tributario para la exploración y explotación de petróleo crudo en el Uruguay.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland está aplicada a la reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos por lo que se hace necesario acompasar la legislación petrolera del Uruguay, modificándole en lo que refiere a la posibilidad de evitar una doble tributación a nivel mundial.

El Uruguay, dadas sus condiciones geológicas y geográficas y la situación de riesgo específico que presenta la zona "costa afuera", ha optado por un régimen de exploración por medio de contratos de riesgo. Estos contratos tienen dos etapas bien diferenciadas: la de exploración pura y la de desarrollo y explotación. Su característica es que en todo el período exploratorio no hay costo para el país. Si tiene éxito en la primera etapa, comienza a comercializar y a recuperar la inversión realizada antes.

Por lo tanto es perceptible la importancia que las industrias dedicadas a estos fines otorgan a la doble tributación. La propuesta es buscar una definición tal que los países sede de las empresas multinacionales lo entiendan como equivalente al impuesto a la renta y como tal deducible por las empresas en las casas matrices. Para ello esta definición debe ser similar a la que existe en el resto del mundo. Al respecto como ejemplo de la tributación en el extranjero podemos citar el caso de Estados Unidos que grava un 34%, mientras que el impuesto nacional a la renta de industria y comercio es de un 30%. Mediante este proyecto se tributa de igual nivel que en el exterior.

La Ley Nº 14.181 grava con el 15% la renta ficta, que se establece en un 50% de la valorización del petróleo obtenido en la suposición de que ese es aproximadamente el nivel de costo. Por lo tanto estaría gravando un 7,5% del total del período extraído. En la época que se dictó esta ley la alícuota del impuesto a la renta era del 15%; luego fue eso evolucionando y lo que se propone ahora es adecuar la tasa a la vigente del 30% de la renta neta.

Los países sede de compañías petroleras gravan la renta en base al criterio de domicilio, por lo que en la actualidad estarían gravadas en forma múltiple: una en Uruguay, otra en el país de domicilio, lo que aumenta los costos y quita incentivos para explotar en nuestro país.

Por estos motivos: evitar doble tributación; aumento en la recaudación fiscal; igualdad legal y contractual con el resto del mundo; regulación de actividad y regulación financiera y de funcionamiento. Nuestra Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la comisión, a 15 de mayo de 1991.

Ernesto Amorín Larrañaga (Miembro Informante), Walter Belvisi, Bari González, Dante Irurtia. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante señor senador Amorín Larrañaga.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Señor Presidente: el informe que daremos al Cuerpo fue elaborado por la Comisión de Industria y Energía del Senado integrada con la Comisión de Hacienda.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland está aplicada a la reactivación de la exploración y explotación de hidrocarburos, por lo que se hace necesario acompasar la legislación petrolera del Uruguay, modificándola en lo que refiere a evitar una posible doble tributación a nivel mundial. El Uruguay, dadas sus condiciones geológicas y geográficas, así como también la situación de riesgo específico que presenta la zona "costa afuera", ha optado por un régimen de exploración a través de contratos de riesgo. Los mismos cuentan de dos etapas bien diferenciadas: la de exploración pura y la de desarrollo y explotación.

Una de sus características radica en que durante todo el proceso exploratorio no hay costo alguno para el país. Si la primera etapa es exitosa, se comienza a comercializar a fin de recuperar la inversión realizada. Por lo tanto, es perceptible la importancia que las industrias dedicadas a estos fines otorgan a la doble tributación.

En tal sentido, la propuesta ha sido buscar una definición tal que los países sede de las empresas multinacionales la consideren equivalente al Impuesto a la Renta y, como tal, deducible en las respectivas casas matrices. En consecuencia, esta definición debe ser similar a la que existe en el resto del mundo. Al respecto, podemos citar el caso de los Estados Unidos, que grava un 34%, mientras que el Impuesto Nacional a la Renta de Industria y Comercio es de un 30%.

Mediante este proyecto se tributa en el mismo nivel que en el exterior.

La Ley Nº 14.181 grava con el 15% la renta ficta, que se establece en un 50% de la valorización del petróleo obtenido en la suposición de que ese es, aproximadamente, el nivel de costo.

En la época en que se dictó esta Ley, la alícuota del Impuesto a la Renta era del 15%. Luego fue evolucionando y ahora, lo que se propone, es adecuar la tasa a la vigente de 30% de la renta neta.

Los países sede de compañías petroleras gravan la renta en base al criterio de domicilio, por lo que en la actualidad estarían gravadas en forma múltiple, una en Uruguay y otra en el país de domicilio.

Con esto se aumenta los costos y se quita los incentivos para la explotación en nuestro país.

Por estos motivos: evitar la doble tributación; aumento en la recaudación fiscal; igualdad legal y contractual con el resto del mundo; regulación financiera, de actividad y de funcionamiento es que la Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: confieso que he tomado contacto con este proyecto en la sesión del día de hoy, por lo que me resulta difícil tener una opinión definida sobre sus ventajas.

Una lectura simple del mismo, me ha suscitado una serie de dudas respecto de sus verdaderos alcances. Por ejemplo, en el artículo 2º -y en ese sentido creo que sería del caso que se realizara alguna aclaración- se establecen exoneraciones para las rentas obtenidas por las empresas contratistas, titulares de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Y se dispone que abonarán, como único impuesto en el país, el de las Rentas de la Industria y el Comercio.

Me gustaría saber -no sé si el señor miembro informante está en condiciones de hacerlo- si lo que se exonera son las rentas obtenidas de la explotación y exploración de hidrocarburos o todas las rentas de esas empresas. Digo esto, porque pudiera darse el caso de que una empresa contratista tuviera rentas no vinculadas directamente con el tema de que trata el artículo 2º, es decir, con los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y la actividad consiguiente. Reitero que, a la letra, podrían existir rentas exoneradas de otro tipo, aunque también fueran de Industria y Comercio.

Por lo tanto, a la letra de este artículo 2º, podría sostenerse que la exoneración es más amplia de lo que debería ser. En tal sentido, creo que sería importante que se aclarara el punto.

Luego, en el artículo 3º se aclara cuál es la solución para determinar la cuantía de la remuneración del contratista, cuando la misma se haga efectiva en especies.

Pero de la exposición de motivos del proyecto parece desprenderse una serie de supuestos que luego no constan en el mismo.

En primer lugar -y lo repetía el señor miembro informante hace unos instantes- en el párrafo 3º del informe de la Comisión se expresa: "El Uruguay, dadas sus condiciones geológicas y geográficas y la situación de riesgo específico que presenta la zona "costa afuera", ha optado por un régimen de exploración por medio de contratos de riesgo".

Pero el proyecto de ley, en cambio, no se refiere solamente a las zonas de "costa afuera", y al régimen de contratos de riesgo, sino que es más amplio. Una exploración y explotación de cualquier tipo de hidrocarburos en el territorio del país -pero no en la llamada zona de "costa afuera"- también están incluidas en este proyecto.

De modo que no entiendo la relación que existe entre lo que se plantea en el informe y lo que luego deriva del texto que estamos considerando.

Por otro lado, se habla de la preocupación por eliminar la doble tributación. Al respecto, en el párrafo 4º del informe se dice lo siguiente: "La propuesta es buscar una definición tal que los países sede de las empresas multinacionales lo entiendan como equivalente al Impuesto a la Renta y como tal deducible por las empresas en las casas matrices".

Personalmente, creo que hay otro supuesto que no se corresponde con el proyecto de ley, porque en ninguna parte del mismo se dice que esté destinado -si luego se convierte en ley- al tratamiento exclusivo de aquellas empresas que no son nacionales.

La semana pasada, en oportunidad de discutirse el proyecto de ley de reforma de las empresas públicas, señalé mi discrepancia con un artículo vinculado a ANTEL, referido a los llamados capitales o mayorías nacionales que, supuestamente, se establecían en él.

La empresa multinacional supone un concepto sobre el cual hay muchas interpretaciones. Lo vinculado con el domicilio de una empresa, y con su nacionalidad, también es algo muy difícil de determinar. Aunque una idea de este tipo no se recoge expresamente en el proyecto de ley, parece ser el supuesto implícito que la justifica.

En tal sentido, ¿por qué no se reconoce la posibilidad de que existan empresas auténticamente nacionales que pudieran, "costa afuera" o en el área propiamente terrestre del país, llevar adelante actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos?

En la reunión de Presidentes que culmina en el día de hoy, uno de los temas que se consideró fue el relativo a la conexión del gas natural proveniente de la Argentina. Me pregunto qué sucedería si una empresa uruguaya pudiera dedicarse a la actividad de distribución del gas natural proveniente de la Argentina.

Debo señalar otro aspecto que también me provoca ciertas dudas. Repito que, por ahora, se trata simplemente de dudas.

En el artículo 4º, se establece una serie de normas, aparentemente muy precisas, referidas a la forma de activar y revaluar los gastos financieros como ser los de funcionamiento, inversión y otros. Reitero que no sé claramente qué consecuencias podría tener este proyecto si se lo convierte en ley. Indudablemente, me da tranquilidad el hecho de saber que contó con el apoyo de los cuatro miembros de la Comisión correspondiente, dos de los cuales pertenecen a mi Partido. Sin embargo, me permito plantear a la Mesa la posibilidad de que se postergue la consideración de este tema, a fin de poder estudiarlo más detenidamente para la próxima sesión.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Dado que aparezco como miembro informante, quisiera reiterar algo que manifesté cuando comenzamos a tratar este tema. Para estudiar este asunto, la Comisión de Industria y Energía trabajó integrada con la Comisión de Hacienda del Senado. En ese sentido, debo reconocer que el tema que ha planteado el señor senador Ricaldoni es ajeno a mi competencia, por lo que se le encargó al señor senador Blanco que vertiera en Sala los conceptos que creyera pertinentes.

Pido disculpas por la interrupción, pero consideré importante explicar lo que efectivamente aconteció.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Francamente, pensaba realizar sólo una acotación lateral, pero luego de escuchar las palabras del señor miembro informante, me veo con una responsabilidad mucho mayor. De todas maneras, espero que los señores senadores tomen con indulgencia mis comentarios y que los consideren simplemente como tales, realizados a propósito de la muy interesante pregunta formulada por el señor senador Ricaldoni.

Debo confesar que no he analizado recientemente este proyecto de ley; sin embargo, en lo que respecta al régimen tributario, me parece que habría que recordar que el vigente actualmente en la materia está determinado por el Decreto-Ley Nº 14.181, de fecha 29 de marzo de 1974. Los artículos 16 y 17 figuran transcriptos en la página 53 del Repartido Nº 225/91. El primero de ellos establece una exoneración para las actividades de exploración, explotación, transporte y comercialización de petróleo crudo, gas natural, etcétera. El artículo 17, por su parte, establece la creación de un impuesto anual del 15% que el contratista, en un contrato de exploración o explotación, abonará como único impuesto en el Uruguay. Entonces, en el régimen vigente podemos señalar dos cosas: por un lado, la exoneración de esas actividades específicas que se mencionan con la finalidad, justamente, de incentivarlas, y por otro, un régimen tributario a la empresa que las realiza, con una tasa del 15% anual.

Este proyecto de ley deroga, en el artículo 1º, el artículo 17 del decreto-ley, es decir, el que establece un impuesto único del 15% a la manera de Impuesto a la Renta. El artículo 2º del proyecto establece un régimen tributario diferente -sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 14.181, es decir, que se mantiene la exoneración para las actividades que allí se señalan- para las empresas que lo practican. El régimen del artículo 2º es sustitutivo del artículo 17 que se deroga.

En suma, el régimen que establece el proyecto mantiene la exoneración de las actividades en la misma forma que lo hace el decreto-ley mencionado. Así mismo, modifica el régimen tributario de las empresas que desarrollan esas actividades, cambiando el impuesto del 15%, como sustitutivo del Impuesto a la Renta, por un 30%, similar al Impuesto a la Renta de Industria y Comercio. La razón de esto -mencionada por el señor miembro informante en sus informes verbal y escrito- es que no es posible utilizar el actual impuesto del 15% en términos internacionales por parte de las empresas que vengan a realizar las actividades de exploración y explotación, como un pago que sea deducible o descontable del Impuesto a la Renta que las empresas paguen en el lugar donde tienen sus casas matrices.

En cambio, el impuesto que cualquier empresa nacional o extranjera paga en el Uruguay sí es deducible de los impuestos en otros países. De manera que el primer objetivo de esto es evitar la doble tributación. El segundo, también de tipo tributario y de igualdad jurídica, consiste en la aplicación del régimen del 30% -que es el común en empresas comerciales e industriales- en lugar del vigente del Decreto-Ley Nº 14.181. Con esto, existe una ganancia o beneficio fiscal y además se establece la igualdad entre las empresas extranjeras o nacionales que hagan la exploración, y el resto de las nacionales dedicadas a cualquier otro ramo comercial o industrial. Lo que acabo de señalar constituye el fundamento para la modificación de los artículos 1º y 2º; a juicio de ANCAP, estos son los cambios sustanciales.

Asimismo, debo decir que ANCAP necesita con cierta urgencia la aprobación de este proyecto de ley, porque según se nos informó en la Comisión, existe en proceso una serie de concursos de ofertas para adjudicación de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas costa afuera -"off shore"- del Uruguay cuyo andamiento, de alguna manera, está supeditado a la aprobación de estas normas. Si ellas no se aprueban, no vendrá ninguna empresa extranjera, pro temor a ser más tarde objeto de la doble tributación resultante de la normativa vigente, contenida en el Decreto-Ley Nº 14.181.

SEÑOR PEREZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Tengo la impresión de que esto es bastante más simple de lo que parece.

El proyecto tiene un único propósito: que las empresas que aceptan un contrato para la investigación en aguas territoriales, no tengan que pagar una doble tributación, es decir, que no tengan que pagar una determinada cantidad en nuestro país y, además, el Impuesto a la Renta que deben abonar en el lugar donde figura la casa matriz.

Por lo tanto, a esos efectos, se le sustituye ese 15%, que en realidad es un ficto que no es aceptado en las casas matrices, por un mecanismo que es el que utiliza cualquier empresa uruguaya, es decir, el 30% que aquí se ha mencionado.

De todas maneras, si un señor senador tiene dudas sobre esto, pensamos que se puede proponer el tratamiento de este tema aunque, en verdad, ha estado mucho tiempo a consideración de la Comisión, enlenteciendo una perspectiva de prospección en aguas territoriales. Si el señor senador insiste en su propuesta, simplemente por cortesía, habría que hacerlo.

Debemos recordar que concurrieron a la Comisión representantes del Directorio de ANCAP y el Ministro, quienes informaron claramente sobre el problema.

Nos queda bastante claro que en la perspectiva actual -y cuando digo esto me refiero a varios años- no hay ninguna posibilidad que pueda quedar a cargo del Estado o de alguna empresa uruguaya una erogación de esta naturaleza, porque no creo que sea conveniente realizar esos gastos sin tener la certeza de que existe o no petróleo. A mi juicio, el riesgo es enorme.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - A pesar de que se me han solicitado varias interrupciones, me gustaría redondear mi pensamiento, pero no sé de cuánto tiempo dispongo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede hacer uso de la palabra por veinte minutos.

SEÑOR BLANCO. - Agradezco la interrupción del señor senador Pérez, pues aporta dos elementos importantes. En primer lugar, se refirió a algo que olvidé mencionar y que me parece importante. La razón por la cual el actual régimen del 15% no es reconocido en el exterior como deducible del Impuesto a la Renta, es porque ese porcentaje se calcula sobre un ficto. El decreto-ley dice: "Este impuesto gravará las rentas fictas". Por lo tanto, de esa manera no se puede deducir. La acotación es, pues, oportuna.

En segundo término, considero que este proyecto no hace una distinción entre empresa nacional o extranjera. Si hubiera una empresa nacional que se dedicara a la exploración off-shore, en estas actividades, estaría exonerada y como empresa tendría únicamente este impuesto a la renta similar al que pagan todas las empresas pertenecientes a la industria y al comercio. Pero, por otra parte, no se discriminan tampoco en los hechos -tal como lo señalaba el señor senador Pérez- porque sabemos que las empresas que están tecnológicamente habilitadas para hacer estos trabajos son transnacionales. Estas empresas son las únicas que pueden correr el riesgo de una inversión colosal afrontando la posibilidad de no encontrar petróleo y tener una pérdida completa. Este segundo punto se relaciona con otro señalado por el señor senador Ricaldoni. Me refiero al artículo 4º, que establece los plazos de amortización, los que están acompasados a las características de una explotación sumamente riesgosa, con inversiones sumamente elevadas.

Las consultas que efectuó la Comisión, presidida en ese momento por el señor senador Irurtia y asesorada por especialistas en esa materia, nos indicaron que esos plazos de amortización eran los habituales para este tipo de explotación, donde el riesgo es muy grande y la inversión es sustancial.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: si el único senador que tiene dudas sobre este proyecto es quien habla, no voy a insistir con la moción.

Sin embargo, quiero señalar que tanto el señor senador Blanco como el señor senador Pérez han hecho referencia a algunas hipótesis que, sin duda, contempla el proyecto de ley. Me refiero, por una parte, a la participación posible de empresas transnacionales y, por la otra parte, al supuesto de que no puedan hacerse exploraciones o explotaciones de hidrocarburos por parte de empresas nacionales, dentro de lo que está a su alcance. Puedo entender que la explotación petrolera mar afuera esté muy lejos de las posibilidades de nuestro país pero, repito, podría pensarse en alguna otra posibilidad, más accesible y que se contraría en los hechos, dentro del territorio nacional.

Reitero que si ningún otro señor senador tiene dudas no voy a insistir en mi moción. Simplemente, seguiré analizando el proyecto, aunque resulte hoy aprobado por el Senado.

SEÑOR SOTO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLANCO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SOTO. - Lo que quería manifestar -y advierto que aún no se ha hecho referencia a este punto- con respecto a la materia impositiva, es que el impuesto que rige actualmente para este tipo de actividad es el de la Ley Nº 14.181, que establece la creación de un impuesto anual del 15%. Es decir que el contratista de un contrato de exploración o de explotación -se supone que se trata de explotación de petróleo- abonará un único impuesto, como sustitutivo del impuesto a la renta de los beneficios obtenidos por la empresa, sus dueños, socios o accionistas.

Este parecería ser un impuesto a una categoría especial de rentas. Podría darse el caso de que según legislaciones extranjeras no se le admita deducir del impuesto a la renta general que tienen que pagar esas sociedades anónimas, en sus países de origen. Aunque el monto imponible fuera un ficto -por ejemplo el 50% de la remuneración obtenida- en el régimen de la Ley Nº 14.181 habría que pagar un impuesto en nuestro país. De la manera que se propone ahora, es posible que nunca lo tengan que hacer las sociedades que hagan esta explotación.

Esta distinción es muy importante y, con todo respeto, reitero que no se la ha mencionado.

Cuando se apruebe este proyecto de ley y se incluyan estas sociedades en el impuesto a la renta, de la industria y el comercio tendrían que pagar un impuesto pero el hecho imponible no sería el de ser un contratista, para la exploración, explotación y comercialización de petróleo sino que deberá tener una actividad con rentas derivadas de la explotación de contratos de petróleo. De esa manera estaría incluida en el sistema normal del impuesto a la renta de industria y comercio que determina que la renta gravada resulta de los ingresos netos menos los gastos necesarios para obtenerla y conservarla.

En este caso se admite deducir gastos de determinada forma que en este país no le están permitidos a cualquier contribuyente. Si se tienen gastos financieros de funcionamiento e inversión incurridos durante el período de exploración, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Esto quiere decir que ante un gasto financiero la empresa recurrirá a un préstamo para realizar su exploración y tendrá que afrontar los intereses. En ese momento no ha tenido ingresos y entonces lo tiene que presentar como una pérdida fiscal de ese ejercicio. A partir del tercer año, en el régimen del IRIC, esa pérdida fiscal deja de serlo y no se puede deducir de las próximas utilidades fiscales que arrojen en los próximos ejercicios, perdiéndose así para un sujeto pasivo cualquiera. En el caso concreto del artículo 4º se establece que esos gastos financieros, de funcionamiento e inversión se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Más adelante, se agrega: "Dichos gastos activados, se amortizarán en un plazo de cinco años" -o sea que se permite amortizarlas en ese plazo- "a partir del ejercicio económico en que comience la producción". Esto último puede ocurrir después de transcurridos cuatro o cinco años, por lo que se han ido revaluando permanentemente y, a partir de ese momento, se comienzan a amortizar, lo que significa considerarlas pérdida fiscal. Estamos así, frente a un régimen excepcionalísimo para este tipo de empresas. Además, debemos tener en cuenta, que a los gastos financieros, de funcionamiento e inversión, incurridos durante el período de exploración, se les agregan también aquellos en los que se incurre durante la fase de desarrollo en el período de explotación. Quiere decir que estamos abarcando un período muy posterior, a menos que se tenga la suerte de hacer una primera exploración y encontrar inmediatamente petróleo.

En este artículo 4º también se dice que los gastos financieros, de funcionamiento e inversión, incurridos durante la fase de desarrollo en el período de explotación, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichos gastos activados, se amortizarán en un plazo de cinco años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción. Además, se establece: "Las inversiones realizadas durante el período de explotación, tanto en la fase de desarrollo como en la de producción, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichas inversiones se amortizarán en un plazo de diez años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción". Hoy en día, cualquier sujeto pasivo del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, lo que constituya una inversión de activo fijo, tendrá que amortizarlo, si es un inmueble, en un plazo de 50 años y, si se trata de un bien mueble, se deberá determinar su vida útil, ya sea cinco, diez o quince años. En este caso concreto, se nos dice que las inversiones se amortizarán en un plazo de diez años, o sea que se estaría aceptando amortizar -aunque esto depende del bien de que se trate- en un plazo más corto a efectos del Impuesto a la Renta.

Si sumamos todos estos elementos, a mi manera de ver, significa que la empresa que en el régimen anterior previsto por el artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.181 tenía que pagar determinada suma, ahora, posiblemente -y esta es una hipótesis- no tendrá que abonar nada en el Uruguay por concepto de IRIC. Pienso que esto no le conviene al país porque...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE. - Ha finalizado el término de que dispone el señor senador Soto, salvo que el señor senador Blanco le conceda, de los nueve minutos que le restan, otra interrupción. Quizás lo pueda negociar por tres minutos en lugar de cinco.

SEÑOR BLANCO. - No tengo inconveniente en que el señor senador Soto redondee su pensamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Soto.

SEÑOR SOTO. - Para finalizar deseo expresar que esto que el Uruguay posiblemente -en lo personal creo que va a ser así- va a perder, no tendría por qué ser así. En realidad, a la empresa que debería pagar este tributo no le afecta, porque en caso de que lo haga, lo deduce del impuesto que tiene que pagar al Fisco extranjero.

Creo, pues, que nuestro país estaría dejando de percibir algo que, en definitiva, no constituye perjuicio para la empresa extranjera.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. - Simplemente, para finalizar, querría señalar -teniendo en cuenta también las manifestaciones del señor senador Soto- que en el régimen actual, el artículo 17 que hemos mencionado, en un párrafo posterior, faculta al Poder Ejecutivo, por resolución fundada, a exonerar total o parcialmente el impuesto creado por este artículo.

Quiere decir, que ya en el régimen vigente se visualiza el hecho económico, tecnológico y real, que estas empresas que hacen una enorme inversión y corren un enorme riesgo que es absolutamente inalcanzable para el Estado uruguayo o para sus empresas debido a su actual configuración, plantean como contraparte ciertas condiciones de carácter tributario que les permitan enfrentar ese riesgo de la mejor forma posible. En la normativa actual se preveía el impuesto del 15% sobre un ficto, con la posibilidad de que ello también se pudiera pagar en especies y que incluso el Poder Ejecutivo pudiera llegar a su exoneración. Por lo tanto, en el régimen actual, sin dejar de reconocer lo que señalaba el señor senador Soto en cuanto a que podría ocurrir que la empresa -esta es una hipótesis- no llegara a tributar, también es posible que pague el tributo correspondiente de acuerdo con el régimen que ahora se proyecta. Si así fuera, estaríamos otorgándole un marco legal que constituiría un incentivo para que esas empresas se presentaran y pudieran seguir un proceso de exploración que tiene que ver con un interés fundamental del Estado uruguayo. Es obvio que de acuerdo con nuestros propios recursos, esto es algo que no podríamos afrontar.

Por todas estas razones, en el seno de la Comisión de Industria y Energía integrada, hemos expresado nuestra posición acorde con el proyecto de ley, en base a estos lineamientos y los fundamentos que se han expuesto en Sala por parte del señor miembro informante y del señor senador Pérez.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quiero dejar constancia de que no he votado el proyecto porque no veo claro su alcance y, además, porque algunas dudas que tenía han aumentado luego de la precisa intervención del señor senador Soto.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR BLANCO. - Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Derógase el artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.181, de 29 de marzo de 1974 (artículo 58 del Texto Ordenado 1987).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 14.181, las rentas obtenidas por las Empresas Contratistas, titulares de Contratos de Exploración y Explotación de hidrocarburos, abonarán como único impuesto en la República Oriental del Uruguay el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio").

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º. - Si la remuneración del contratista fuera pagada en especie, los ingresos devengados se determinarán en base a los precios del petróleo, del gas o de las sustancias provenientes de los esquistos bituminosos, en su caso.

Dichos precios se determinarán atendiendo, en cuanto al petróleo, al precio del mercado internacional del metro cúbico de petróleo de características similares al que se produzca en el área materia de contrato, puesto en lugar de embarque (condición FOB) y en cuanto al gas natural y las sustancias provenientes de los esquistos bituminosos, a los valores que se pacten en los respectivos contratos".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º. - Los gastos financieros, de funcionamiento e inversión, incurridos durante el período de exploración se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichos gastos activados se amortizarán en un plazo de cinco años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción. Los gastos financieros y de funcionamiento incurridos durante la fase de desarrollo en el período de explotación, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichos gastos activados, se amortizarán en un plazo de diez años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción.

Las inversiones realizadas durante el período de explotación, tanto en la fase de desarrollo como en la de producción, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichas inversiones se amortizarán en un plazo de diez años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción.

Las revaluaciones dispuestas en el presente artículo se efectuarán de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 165 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 5º. - El impuesto se liquidará en la forma y plazos que determine el Poder Ejecutivo, pudiendo exigirse pagos a cuenta").

SEÑOR SOTO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SOTO. - Desde el punto de vista de técnica tributaria, considero que el artículo 5º no tiene razón de ser, porque al decir de estas sociedades sólo abonarán el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, no es necesario especificar que el mismo se liquidará en la forma y plazos que determine el Poder Ejecutivo, porque eso ya está establecido en la normativa del impuesto. A mi juicio, se recoge el último inciso del artículo final del impuesto del 15%, que decía: "El impuesto se liquidará en la forma y plazos que termine el Poder Ejecutivo pudiendo exigirse pagos a cuenta". Considero que no tiene sentido repetir en este proyecto normas del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio.

Es cuanto quería expresar.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿La Comisión acepta la eliminación de esta disposición?

SEÑOR AMORIN LARRAÑAGA. - Sí, señor Presidente, la acepta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º.

(Se vota:)

-0 en 21. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1º. - Derógase el artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.181, de 29 de marzo de 1974 (artículo 58 del Texto Ordenado 1987).

Art. 2º. - Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 14.181, las rentas obtenidas por las Empresas Contratistas, titulares de Contratos de Exploración y Explotación de hidrocarburos, abonarán como único impuesto en la República Oriental del Uruguay el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

Art. 3º. - Si la remuneración del contratista fuera pagada en especie, los ingresos devengados se determinarán en base a los precios del petróleo, del gas o de las sustancias provenientes de los esquistos bituminosos, en su caso.

Dichos precios se determinarán atendiendo, en cuanto al petróleo, al precio del mercado internacional del metro cúbico de petróleo de características similares al que se produzca en el área materia de contrato, puesto en lugar de embarque (condición FOB) y en cuanto al gas natural y las sustancias provenientes de los esquistos bituminosos, a los valores que se pacten en los respectivos contratos.

Art. 4º. - Los gastos financieros, de funcionamiento e inversión, incurridos durante el período de exploración se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichos gastos activados se amortizarán en un plazo de cinco años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción. Los gastos financieros y de funcionamiento incurridos durante la fase de desarrollo en el período de explotación, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichos gastos activados, se amortizarán en un plazo de diez años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción.

Las inversiones realizadas durante el período de explotación, tanto en la fase de desarrollo, como en la de producción, se activarán y revaluarán al cierre de cada ejercicio. Dichas inversiones se amortizarán en un plazo de diez años, a partir del ejercicio económico en que comience la producción.

Las revaluaciones dispuestas en el presente artículo se efectuarán de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 165 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986".

15) XIII ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO. Proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el décimo punto del orden del día: Proyecto de resolución elevado por la Comisión de Asuntos Internacionales por el que se resuelve concurrir a la XIIIª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. (Carp. Nº 531/91 - Rep. Nº 231/91).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 531/91
Rep. Nº 231/91

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico. - Resuélvese concurrir a la XIIIª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, desde el 31 de julio al 4 de agosto de 1991.

La Presidencia del Senado, en acuerdo con la Presidencia de la cámara de Representantes, designará la delegación que representará al Cuerpo en dicha reunión.

Sala de la Comisión, 1º de julio de 1991.

Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Leopoldo Bruera, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al considerado)

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 42 minutos, presidiendo el doctor Santoro y estando presentes los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Astori, Belvisi, Blanco, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Irurtia, Korzeniak, Moreira Graña, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Singlet, Soto y Urioste).

DR. WALTER SANTORO Presidente.

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio. Secretarios

Sra. Alba E. Rubio Cuadrado Directora del Cuerpo de Taquígrafos

NOTA

(1) Publicada en "Diario Oficial" el 16 de febrero de 1982.

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.