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Nº 78 - TOMO 337 - 10 DE ABRIL DE 1991

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

5ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR WALTER R. SANTORO Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias de los señores senadores a la Sesiones del Senado y a las distintas Comisiones del Cuerpo (Artículo 5º del Reglamento)

-La Mesa da cuenta de la nómina correspondiente.

5) Vivienda. Sus carencias y entorno

-Manifestaciones del señor senador Pérez.
-Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Economía y Finanzas, a los Bancos Central e Hipotecario del Uruguay, a la Intendencia Municipal de Montevideo y a FUCVAM.

6) Aguas pluviales. Problemas que ocasiona en localidades del interior del país

-Manifestaciones del señor senador Arana.
-Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Transporte y obras Públicas y a la Intendencia y Junta Departamental de Rivera.

7) Topes jubilatorios previstos en el artículo 72 del llamado Acto Institucional Nº 9. Procedimiento aplicado por el Banco de Previsión Social

-Manifestaciones del señor senador Cassina.
-Se resuelve remitir la versión taquigráfica, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Previsión Social.

8) Servicio de Impresiones y Publicaciones Oficiales. Incentivo por rendimiento concedido a sus funcionarios

-Manifestaciones del señor senador Bruera.
-Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Educación y Cultura.

9) Tratados Torrijos-Carter

-Manifestaciones del señor senador Bruera.
-Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Relaciones Exteriores.

10) Archivo de carpetas

-Se resuelve, por moción del señor senador Irurtia, que diversas carpetas que enumera se extraigan del archivo y sean enviadas nuevamente a las distintas Comisiones.

11) Tratado del MERCOSUR. Integraciones de una Comisión Especial

-El señor Presidente da cuenta de la nómina de senadores que la habrán de integrar.

12) Exposición escrita

-La presenta el señor senador Arana para ser enviada al Poder Ejecutivo, relacionada con el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Nº 16.107, con relación a la rebaja de los aportes patronales y el impuesto a las retribuciones personales.
-Se resuelve afirmativamente.

13) Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir la lucha contra incidentes de contaminación del medio acuático producida por hidrocarburos y sustancias perjudiciales. Su aprobación

-En consideración.
-Manifestaciones de varios señores senadores.
-Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.
-Se resuelve remitir la versión taquigráfica de lo manifestado en Sala al Poder Ejecutivo y a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, con la constancia de que se aprueba el informe del señor senador de Posadas Montero sobre la interpretación del contenido del artículo 21 del Tratado.

14) Rectificación de trámite

-La Mesa da cuenta de que un proyecto por el que se designa con el nombre "Clemente Ruggia" al Liceo Nº 15 de la ciudad de Montevideo, enviado originalmente a la Comisión respectiva del Senado, pasaría a la Cámara de Representantes y otro, relacionado con pensiones graciables destinado a la Cámara de Representantes, pasaría al Senado.

15) Desafectación de un inmueble del departamento de Artigas perteneciente al Ministerio del Interior para afectarlo a la ANEP

-En consideración.
-Manifestaciones del señor senador Korzeniak.
-Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Consejo consultivo de Cooperación Agrícola de los países del área del sur (CONASUR). Aprobación del convenio

-En consideración.
-Manifestaciones del señor senador Zumarán.
-Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 9 de abril de 1991.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 10, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se aprueba el Convenio de Cooperación entre la Republica Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producido por hidrocarburos y sustancias perjudiciales.

(Carp. Nº 1125/88 - Rep. Nº 185/91)

2º) por el que se desafecta del patrimonio del Estado -Ministerio del Interior- y se afecta a la Administración Nacional de Educación Pública, a título gratuito un inmueble sito en la lera. Sección Judicial del departamento de Artigas.

(Carp. Nº 332/90 - Rep. Nº 186/91)

3º)por el que se aprueba el Convenio por el que se crea el Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los países del Area del Sur (CONASUR).

(Carp. Nº 384/90 - Rep. Nº 187/91)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN:los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Olascoaga, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente doctor Aguirre Ramírez; y, con aviso, el señor senador Brause.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 7 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 10 de abril de 1991.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña proyecto de ley por el que se designa al Liceo Nº 15 del departamento de Montevideo, con el nombre "Profesor Clemente Ruggia".

-A la Comisión de Educación y Cultura.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionadas con varios gastos efectuados sin disponibilidad de rubros.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionadas con varias Ordenes de Entrega.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores: relacionadas con el arrendamiento de un canal de telecomunicaciones por el mes de diciembre de 1990; con el arrendamiento de cuatro equipos de Télex; y con varias autorizaciones para gastos.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionadas con la Licitación Restringida Nº 227/89 relativa a la contratación de empresas de Limpieza; la contratación de personal por el régimen de arrendamiento de obra; el Concurso de Precios Nº 78/90 para la contratación de empresas de limpieza en el Servicio de Enfermedades Infecto Contagiosas; el Concurso de Precios Nº 127/90 para la adquisición de mobiliario; la reiteración de varias Ordenes de Entrega; el Concurso de Precios Nº 77/90 relativo a la contratación de una empresa de limpieza para el Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego; el Concurso de Precios Nº 66/90 para el mantenimiento y reparación de equipos de radio; la Licitación Pública Nº 1/88 para la remodelación del Pabellón Beisso del Hospital Pereira Rossell; la Licitación Restringida Nº 151/90 sobre contratación de una empresa de vigilancia para el Hospital Siquiátrico.

Del Ministerio de Educación y Cultura: relacionadas con la Licitación Pública Nº 43/89 obras de construcción del Liceo Nº 2 de Durazno; la reiteración de varios gastos efectuados sin disponibilidad de rubros; la Licitación Pública Nº 56/89, para obras de construcción del Liceo de Libertad, departamento de San José; la Licitación Pública Nº 57/89, para la construcción del Liceo Joaquín Suárez; la emisión de varias Ordenes de Entrega; la Licitación Pública Nº51/89 para construcción de la Escuela Nº 99 de Canelones; la autorización para gastar emitida a favor del Diario Oficial por la impresión del diario por el mes de junio/90; la autorización para gastar emitida a favor del Sodre por pagos a las firmas Transtel y Trading S.A. por exhibición de programas; las autorizaciones para gastar emitidas a favor de la Secretaria para reparación de fotocopiadora y compra de papel.

De la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland: relacionadas con el Concurso de Precios para la adquisición de aditivos para aceites; el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 1991; la Licitación para el suministro anual de partidas de whisky de malta; la Licitación Pública Nº 0/1177 para la contratación de una empresa de limpieza y mantenimiento de interiores de oficinas en la Planta de la Teja; la Licitación Pública Nº 0/1152 para la compra de fluido etílico; la Licitación Pública Nº 0/1130 para la compra de cuatro puentes de medición volumétrica; la Licitación Pública Nº 0/1167 para la construcción de un cilindro para almacenar Supergás; la Licitación Pública Nº 0/1137 para la compra de cuellos y envolventes para intercambios; la Licitación Pública Nº 0/1162 para la adquisición de aditivos para elaborar Lubricantes E.P.; la adquisición directa de compresores; la Licitación Pública Nº 0/1139 para la compra de una estación reductora de vapor y la Licitación Pública Nº 0/1042 para la compra de material aislante térmico para cañerías.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se exonera al Sindicato Médico del Uruguay del pago de todo recargo, excepto el mínimo, y demás gravámenes para la importación de varios bienes.

y por el que se autoriza la trasposición de rubros dentro de distintos Programas en el "Ministerio de Salud Pública".

-Ténganse presente.

La Suprema Corte de Justicia remite varias notas comunicando las resoluciones adoptadas por las que se efectúan trasposiciones de rubros presupuestales.

-Ténganse presente.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas acusa recibo de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Dante Irurtia, relacionadas con el aislamiento a que está sometida la zona oeste de nuestro país.

-A disposición del señor senador Dante Irurtia.

El Ministerio de Defensa Nacional acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Jaime Pérez, relacionadas con el Parque de Vacaciones para los Funcionarios de UTE y ANTEL.

-A disposición del señor senador Jaime Pérez".

4) INASISTENCIA DE LOS SEÑORES SENADORES A LAS SESIONES DEL SENADO Y A LAS DISTINTAS COMISIONES DEL CUERPO. (Artículo 50 del Reglamento).

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 del Reglamento del Senado de la nómina de inasistencias a las sesiones del Cuerpo y a las de las distintas Comisiones.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento, la Mesa da cuenta que:

a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 5 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Sergio Abreu y Reinaldo Gargano.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 5 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Carlos W. Cigliuti y Jorge Silveira Zavala.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 12 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Jaime Pérez y Jorge Silveira Zavala.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 19 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor y Manuel Singlet.

a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del día 20 de marzo faltaron con aviso los señores senadores Carlos W. Cigliuti y Carlos Julio Pereyra.

a la sesión de la Comisión de Industria y Energía del día 20 de marzo faltó con aviso el señor senador Bari González Modernell.

a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 21 de marzo faltó con aviso el señor senador Américo Ricaldoni.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 21 de marzo faltó con aviso el señor senador Américo Ricaldoni.

a la sesión de la Comisión de Agricultura y Pesca del día lº de abril faltó con aviso el señor senador Alberto Brause.

a la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del día 3 de abril faltaron con aviso los señores senadores Sergio Abreu y Mariano Arana.

a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del día 3 de abril, faltaron con aviso los señores senadores Mariano Arana y Carlos Julio Pereyra.

a la sesión de la Comisión de Industria y Energía integrada con Constitución y Legislación del día 3 de abril faltaron con aviso los señores senadores Bari González Modernell y Jaime Pérez.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 4 de abril faltaron con aviso los señores senadores Leopoldo Bruera y Américo Ricaldoni.

a la sesión de la Comisión de Presupuesto del día 4 de abril faltó con aviso el señor senador Alberto Brause.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del día 8 de abril faltó con aviso el señor senador Mariano Arana.

a la sesión del Senado del día 9 de enero faltaron con aviso los señores senadores Enrique Cadenas Boix, Ignacio de Posadas, Bari González Modernell, Raumar Jude y Omar Urioste.

a la sesión del Senado del día 14 de marzo faltó con aviso el señor senador Reinaldo Gargano.

a la sesión del Senado del día 20 de marzo faltaron sin aviso los señores senadores Danilo Astori, Federico Bouza y Alberto Brause.

a la sesión del Senado del día 2 de abril faltó sin aviso el señor senador Federico Bouza".

5) VIVIENDA. Sus carencias y entorno.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: el tema que quiero tratar hoy es, por su importancia, algo que considero excede indiscutiblemente las posibilidades que brinda la hora previa. A pesar de ello siento que los llamados de atención con respecto a este asunto deben ser permanentes y sistemáticos y deben estar presentes en toda instancia que nuestra actividad parlamentaria lo permita. Voy a referirme, entonces, al problema de la vivienda.

Debemos comenzar por dar cifras que seguramente son conocidas por los compañeros de este Cuerpo, pero que considero tienen que reiterarse pues suponen un llamado de atención a los efectos de que las autoridades competentes instrumenten soluciones a corto plazo.

Al respecto, se habla de un déficit de 105.000 viviendas, según cifras proporcionadas por el Banco Hipotecario del Uruguay. A esto hay que agregar el deterioro del "stock" de las existentes, de las que, el 30% son precarias, el 15% están arruinadas o en mal estado, el 20% carece de agua corriente, 400.000 no están conectadas a la red sanitaria y 100.000 poseen áreas menores que el mínimo habitacional exigido por normas de higiene. Esto, llevado a cifras absolutas, significa que más de 700.000 uruguayos tienen problemas graves de vivienda de los que 500.000 viven en condiciones de hacinamiento. Las cifras que tengo en mi poder fueron tomadas de la Dirección General de Estadística y Censos. Quiere decir entonces, que además del déficit cuantitativo existe uno cualitativo que agrava aún más la situación.

Debo decir, por lo tanto, que el acceso a la vivienda se ha convertido en algo suntuario, por lo que éste se aleja cada vez más del derecho que está consagrado constitucionalmente.

En materia de arrendamientos, esto tiene su reflejo inmediato. Las cifras que se manejan nos hablan de más de mil desalojos mensuales -hay quince mil previstos para 1991- que afectan, en un 80%, a inquilinos buenos pagadores, siendo fácil concluir que el 20% restante no ha podido pagar por insuficiencia de ingresos.

Actualmente, pagar la vivienda cuesta el doble de horas de trabajo que hace veinte años. Promedialmente, el precio de los alquileres insume el cincuenta por ciento de los ingresos del núcleo familiar. Incluso, el 66% de las viviendas se ofrece en dólares. El índice de reajuste de este mes es de los más altos y está en el orden del 118%.

A partir de estos datos, surgen irónicas contradicciones: frente a las carencias cualitativas, la Sociedad Uruguaya de Arquitectos nos dice que "Montevideo es una sociedad expulsora" ya que, por ejemplo, ha descendido la población de la Ciudad Vieja y de la Aguada, a raíz del traslado de sus habitantes a la periferia, dado el costo de los arriendos. Así, nos encontramos con zonas que, contando con una infraestructura costosa, pierden a sus habitantes, los que van a poblar zonas que no tienen ni siquiera los servicios mínimos.

Frente a todas estas carencias cuantitativas, se estima que hay cuarenta mil viviendas desocupadas. Ante estos datos que algunas veces llegan a nosotros bajo la forma de dramas personales como el del suicidio, el año pasado, de un matrimonio ante el lanzamiento inminente, creemos que debemos hacer llegar nuestra inquietud a las autoridades competentes.

Durante el quinquenio anterior, se previó la realización de trece mil viviendas, de las que se construyeron tres mil seiscientas y no, precisamente, para personas de bajos recursos.

Se habla -y ya se han tomado medidas al respecto- de la eliminación de subsidios "encubiertos y generalizados" a las vivienda financiadas por el Banco Hipotecario. A esto hay que agregar que este mes todos los ahorristas sienten el impacto de las nuevas cuotas, como consecuencia de la desaparición de lo que tiene que ver con los colgamentos, habiéndose vertido todo a las cuotas que paga cada uno de los que están vinculados como ahorristas al Banco Hipotecario.

También se ha dicho que el rubro vivienda no se considera reactivador de la economía, lo que tiene consecuencias tremendamente negativas para el gremio de la construcción que hace pocos años contaba con treinta mil miembros y hoy escasamente llega a los doce mil.

Asimismo, hemos oído que el Banco Hipotecario debe dejar de cumplir su fin social y convertirse en entidad exclusivamente financiera.

Existen cooperativas que hace mucho tiempo tienen en trámite la personería jurídica, la que no les ha sido otorgada por lo que no pueden acceder al préstamo del Banco. Sin embargo, hay entidades como COVICO, COVIUMPRO, CURTICUER que hace más de doce años que esperan ese préstamo, a pesar de contar con la referida personería jurídica.

El Banco Central es el mayor deudor del Banco Hipotecario deteniendo, incluso, partidas liberadas por el propio Ministerio de Economía y Finanzas.

Hay tierras cedidas por la Intendencia Municipal de Montevideo en las que no se ha podido construir por no estar concedido el préstamo del Banco Hipotecario y del Ministerio correspondiente.

Hay tierras a las que, en manos del Estado, no se les saca ningún provecho y que, sin embargo, podrían constituir el elemento inicial de la vivienda de muchas familias.

El señor Ministro ha dicho que, en este período, se previó la construcción de 22.000 viviendas para todo el país, para personas con ingresos entre uno y tres salarios mínimos. Catorce mil de dichas viviendas serían financiadas por el BID.

El Banco Hipotecario ha dicho que está en condiciones de terminar y construir veinticinco mil viviendas más. Por su parte, la Intendencia Municipal de Montevideo habla de cinco mil viviendas más.

En la Comisión de la Cámara de Representantes que trabajó intensamente durante el mes de febrero, se llegó a algunos acuerdos como, por ejemplo, la instrumentación del Fondo Nacional de Viviendas, al que habrá que dotar de recursos. Pero aún no ha sido dado a conocer el Plan Quinquenal por parte del Ministerio correspondiente.

Como legisladores, tenemos una cuota parte de responsabilidad en la solución de este grave problema al que nos encontramos abocados. Precisamente, en el día de mañana, la agrupación parlamentaria del Frente Amplio va a recibir en esta Casa al señor Ministro Lago, a fin de plantearle algunas iniciativas que, creemos, cuentan con el acuerdo de otras fuerzas políticas. Pero la voluntad política de las instituciones especializadas en el tema es la que va a decir la última palabra.

Por lo anterior, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras, sea elevada a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Economía y Finanzas, a los Bancos Central e Hipotecario del Uruguay, a la Intendencia Municipal de Montevideo y a la FUCVAM.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Jaime Pérez a fin de que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Economía y Finanzas, a los Bancos Central e Hipotecario del Uruguay, a la Intendencia Municipal de Montevideo y a FUCVAM.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

6) AGUAS PLUVIALES. Problemas que ocasionan en localidades del interior del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: voy a distraer la atención del Cuerpo para plantear una situación que preocupa a no pocas localidades del interior del país.

Me refiero concretamente a la evacuación de aguas pluviales en diversos centros poblados, que en situaciones críticas ha llegado a generar accidentes de características fatales, como el que sucedió a fines del año pasado en la ciudad de Tacuarembó, en el que pereció ahogada una mujer que procuraba salvar a su pequeño hijo de la correntada originada por las copiosas lluvias registradas allí a comienzos del mes de diciembre.

Nosotros mismos, señor Presidente, tuvimos oportunidad de referirnos a las difíciles condiciones que se plantean en algunos barrios de la ciudad de Paysandú en épocas de lluvias abundantes, cuando los vecinos quedan aislados y sometidos a situaciones de riesgo importantes.

Precisamente en estos días pude comprobar similares problemas en un barrio popular de la ciudad de Rivera, denominado "Pesarolo", concretamente sobre la calle Brasil -al Este-y en el tramo comprendido entre las calles Chiosoni, Aurelio Carámbula y Abellá y Escobar.

A pesar de la alusión que nuestro compañero el señor senador Bruera efectuara días atrás sobre el caso, me permito insistir sobre el punto en la sesión de hoy, no sólo por la gravedad que esta situación reviste para los numerosos habitantes de la barriada, sino también porque se está demostrando allí la capacidad creativa y emprendedora de nuestros ciudadanos para contribuir a solucionar, con su propio esfuerzo, lo que debería ser tarea prevalente -y aun exclusiva- de las autoridades públicas.

En efecto, señor Presidente, se trata de un núcleo de vecinos constituido por algunas personas ya maduras y otras muy jóvenes, que sólo con sus brazos y con los menguados recursos económicos de la humilde localidad, están llevando adelante una obra de ingeniería sanitaria de considerable envergadura, siguiendo los lineamientos trazados por las oficinas técnicas departamentales de la Intendencia Municipal; titánica tarea que, como profesionales y como ciudadanos, nos ha sorprendido y admirado, a pesar de que -forzoso es decirlo- no se ha contado a nivel público sino con la aportación de algunos materiales -como piedra, gravilla, arena y unas 50 bolsas de cemento- y de unas escasas horas de trabajo de una máquina excavadora para llevar a cabo una obra de considerable porte.

Los vecinos que están llevando adelante la obra, que sólo cuentan con tres horas diarias para dedicar al trabajo conjunto y gratuito luego de realizadas sus tareas cotidianas, han logrado ya concretar -en sólo dos meses- un tramo, de un canal, de 3,20 metros de ancho por 1,50 metros de altura y 70 metros de largo, con muros de contención de un espesor promedio de 35 centímetros. Pero quedan aún por completar -en esta importante obra de ingeniería sanitaria a escala urbana- 150 metros lineales.

Hasta ahora, señor Presidente, estos vecinos han contado con su esfuerzo personal, con aportes populares obtenidos de la recolección de dinero para la adquisición de 55 bolsas de portland, con el préstamo gratuito de una pequeña máquina hormigonera y con la donación -por parte del propio vecindario-del agua y de la energía eléctrica imprescindible para la obra.

Creemos, señor Presidente, que un esfuerzo de tan relevante significación urbanística y social, llevado a cabo por parte de ciudadanos de muy modesta condición, debería contar con la justa contrapartida del sector público, responsable -en definitiva- de asegurar las condiciones de habitabitalidad decorosa para todos los ciudadanos de nuestra República.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia Municipal de Rivera y a la Junta Departamental del mismo Departamento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Arana en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se haga llegar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia Municipal de Rivera y a la Junta Departamental de ese departamento.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) TOPES JUBILATORIOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 72 DEL LLAMADO ACTO INSTITUCIONAL Nº 9. Procedimiento aplicado por el Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tienen la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: deseo hacer un planteamiento relacionado con el procedimiento que sigue el Banco de Previsión Social para aplicar el régimen de topes jubilatorios o montos máximos de las jubilaciones, previsto en el artículo 72 del llamado Acto Institucional Nº 9.

No aseguro que en todos los casos el Banco de Previsión Social haga lo que considero una aplicación equivocada de dicho régimen, pero me consta que en alguna oportunidad sí la hace, en perjuicio del afiliado. Creo, por consiguiente, que esa situación debe corregirse por la vía administrativa, por lo cual oportunamente solicitaré que la versión taquigráfica de mis palabras se remita al Directorio de la citada institución.

Como se sabe, el artículo 72 del llamado Acto Institucional Nº 9 establece topes de inicio o de arranque de la jubilación. Esto es: a la persona con causal jubilatoria afiliada al Banco de Previsión Social -lo mismo ocurre con las Cajas paraestatales que están sometidas al régimen jubilatorio y pensionario del mismo Acto Institucional- se le practica primero una liquidación en función del promedio de ingresos actualizados de los últimos tres años de servicios computables, y posteriormente, sobre ese promedio -que constituye lo que se denomina por parte de la ley "sueldo básico jubilatorio"- se le da un porcentaje teniendo en cuenta la edad y la cantidad de años de servicio con que accede a la pasividad. Finalmente, luego de hacer ese cálculo, se aplican los topes jubilatorios.

En el Banco de Previsión Social existen dos topes. Uno de ellos, que actualmente es de siete Salarios Mínimos Nacionales, se aplica a la generalidad de las jubilaciones. El otro tope es de quince Salarios Mínimos Nacionales, y se aplica a las jubilaciones de carácter especial.

El llamado Acto Institucional Nº 9 establece que el Poder Ejecutivo -teniendo en cuenta las posibilidades financieras del sistema de Seguridad Social- puede elevar ese tope de siete a quince. Es de destacar que originariamente, cuando se aprobó dicho Acto, el tope era de cinco Salarios Mínimos Nacionales; luego, el Poder Ejecutivo de la época -por decreto de 10 de julio de 1981- lo elevó a siete. Quiere decir que si una persona percibe un sueldo multimillonario y paga aportes por él, a la hora de jubilarse -sin embargo- su pasividad quedará topeada en siete Salarios Mínimos Nacionales.

Esto es claro y no está -en relación con el Banco de Previsión Social- relacionado con el tema de la aplicación de la disposición que hemos votado recientemente, del artículo 711 de la Ley de Presupuesto, que refiere a las Cajas paraestatales, asunto que está ahora a interpretación de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

Ha ocurrido -por lo menos en algunos casos en que he tenido a la vista las liquidaciones correspondientes- que el Banco de Previsión Social en lugar de aplicar el tope como operación final, lo ha aplicado antes de finalizada la liquidación de la pasividad, con lo cual ha reducido notablemente el monto de la prestación de la jubilación que se otorga.

Uno de los expedientes que he tenido oportunidad de leer es el de un afiliado beneficiado con el Convenio Uruguayo-Brasileño de Seguridad Social. Tiene servicios reconocidos en Brasil y también en el Uruguay, aproximadamente la mitad en cada uno de ellos. En este caso el Banco de Previsión Social aplica el tope con anterioridad al prorrateo que debe hacer, conforme al Convenio, de la jubilación a servir en nuestro país de acuerdo con los años de servicio efectivamente prestados y computados aquí.

De esta forma, la asignación de jubilación que se paga en nuestro país es mucho más reducida de lo que sería si primero se hiciera la liquidación de la jubilación, luego el prorrateo correspondiente a los términos del Convenio Uruguayo-Brasileño de seguridad social y finalmente se estableciera el tope de siete Salarios Mínimos Nacionales. Tal como se está actuando en estos momentos -tuve oportunidad de comprobarlo, por lo menos en este expediente- la jubilación resulta, a mi juicio, ilegalmente disminuida en lo que respecta al monto que el afiliado debería percibir.

Me parece que el concepto de los topes está muy claramente establecido en el artículo 72 del llamado Acto Institucional Nº 9. Se trata de un corte, de un límite máximo que la ley impone a las pasividades una vez que se ha efectuado la liquidación completa en función de las condiciones, de las pautas que fija el ordenamiento vigente para liquidar una jubilación.

Por lo tanto, entiendo que en estos casos, que son los que conozco -no sé si el criterio equivocado se hace extensivo también a otras jubilaciones servidas por el Banco de Previsión Social- el Banco está realizando una aplicación equivocada del régimen de topes previsto en la legislación vigente. Considero que esto debe ser corregido porque se está perjudicando, de una manera que la ley no admite, a los afiliados, otorgándoles en efectivo una pasividad sustancialmente inferior a la que legalmente les correspondía.

En consecuencia, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras pase a conocimiento del Directorio del Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada por el señor senador Cassina en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras pase al Banco de Previsión Social a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

8) SERVICIO DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES. INCENTIVO POR RENDIMIENTO CONCEDIDO A SUS FUNCIONARIOS.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Bruera.

SEÑOR BRUERA. - Señor Presidente: Quiero manifestar mi preocupación acerca de los funcionarios del Servicio de Impresiones y Publicaciones Oficiales, quienes todavía no han percibido los incentivos por rendimiento que les fueron otorgados por la última Ley Presupuestal.

La Asociación de Funcionarios de esta repartición estatal elaboró un proyecto de distribución del incentivo, que fue presentado al Director General de la Unidad, remarcando la solicitud de que se debían premiar la asiduidad, la responsabilidad, la productividad y el buen desempeño de los funcionarios. La Dirección manifestó su acuerdo en principio, pero han pasado ya casi cuatro meses desde que entró en vigencia la Ley Presupuestal y los trabajadores de este organismo no han recibido nada. Lo más grave es que, de acuerdo con lo manifestado por dicho jerarca, no hay nada concreto sobre la forma de distribución ni acerca de la rápida concreción del cobro de este beneficio.

En consecuencia, deseo que la versión taquigráfica de mis palabras pase a conocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

9) TRATADOS TORRIJOS-CARTER

SEÑOR PRESIDENTE. - Para referirse a otro tema, puede continuar el señor senador Bruera.

SEÑOR BRUERA. - Por otra parte, señor Presidente, no quería dejar pasar esta oportunidad sin referirme al siguiente asunto.

El próximo 7 de setiembre se cumplirán catorce años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, ceremonia que se llevó a cabo en la sede de la OEA, y donde los Estados Unidos se comprometieron a devolver el Canal y todas las instalaciones militares el último día del año 1999. Este proceso debía iniciarse con fuerza al ser nombrado un ciudadano panameño como administrador del Canal.

En 1978 el Senado norteamericano ratificó el Tratado por 68 votos a favor y 32 en contra, pero en 1979 el senador Murphy logró la aprobación de la ley 96/70, que es fuente de todas las violaciones a los acuerdos de 1977, y que es manifiestamente ilegal al no ser convenida entre Panamá y los Estados Unidos.

El 20 de diciembre de 1989 se produjo la invasión que, por informaciones de prensa, arrojó un saldo de entre 5.000 y 7.000 panameños muertos, y barrios enteros de la capital -como el popular El Chorrillo- destruidos, quedando unas 20.000 familias sin vivienda. La destrucción fue complementada luego de la intervención de los tanques con retroexcavadoras y aplanadoras que demolieron los escombros en manzanas enteras, y se procedió a incendiar los cadáveres, sellando las fosas comunes. La crueldad del procedimiento fue tal que no se permitió al pueblo panameño el entierro público de sus muertos.

Hoy en día el Presidente de la Cámara de Comercio de Panamá cita las pérdidas en la economía de la siguiente manera: "Unos U$S 450:000.000 en inventario y equipos, más los beneficios que se dejaron de ingresar, elevan la cifra de pérdida de los empresarios panameños a unos U$S 1.000:000.000."

Las familias desalojadas por la tropa norteamericana de El Chorrillo fueron instaladas en los hangares de una vieja base aérea, Albrook, y todavía siguen allí tras años de espera. Viven en unos cubículos de 3,5 metros cuadrados familias de hasta cinco miembros. De los 3.500 refugiados, tan solo la mitad han recibido una vivienda nueva, más unos U$S 800 para comprar los enseres mínimos, como un refrigerador y una cocina.

Mientras tanto, quienes en Panamá habían creído que en las mochilas de los soldados norteamericanos iba a llegar la ayuda que necesitaba el país, no han visto cumplidas sus esperanzas. Tan es así que nadie sabe qué porcentaje de ayuda se cumplió de los U$S 460:000.000 aprobados por el Congreso norteamericano. En este sentido, fuentes norteamericanas afirman que han sido enviados U$S 70:000.000 en ayuda directa, y otros U$S 130:000.000 que sólo pueden ser utilizados para pagar parte de los U$S 570:000.000 atrasados de la deuda externa. Por otra parte, Estados Unidos ha condicionado el pago de una partida de U$S 84:000.000 a la firma de un Tratado de Asistencia Mutua Legal.

Sin embargo, las secuelas que ha dejado la invasión no sólo han sido económicas. Ya existen presiones para renegociar los tratados del Canal, por los cuales se preveía la retirada total militar norteamericana a partir del 31 de diciembre de 1999. Es decir que la renegociación de los tratados aparece como la causa real de la invasión del 20 de diciembre de 1989.

Nuestra preocupación se centra, justamente, en el cumplimiento de estos tratados, tema en el que nuestro país tiene una gran responsabilidad por ser garante de los mismos. En este sentido, es importante conocer los pasos que ha dado nuestra Cancillería en los diversos ámbitos internacionales para asegurar el respeto de estos instrumentos.

A pesar de que la excusa para invadir Panamá fue la de capturar al General Noriega por su vinculación al narcotráfico, hoy Panamá está viviendo una crisis sin precedentes por la posible relación del actual Presidente, Guillermo Endara, con una red de venta de cocaína en Estados Unidos. Tan es ello así que el 9 de abril próximo pasado la Procuraduría de ese país congeló cuentas bancarias por U$S 8:000.000 a una serie de empresas en las que Endara figura como abogado, y que serían propiedad de narcotraficantes cubano-norteamericanos detenidos en los Estados Unidos. Cabe señalar que, incluso, un documento de la DEA -la agencia antinarcóticos norteamericana- establece que las empresas en las que Endara figura como directivo introdujeron en Estados Unidos casi 1.000 kilos de cocaína por mes. Según la propia DEA, estas empresas fueron constituidas en su gran mayoría, por la firma Solís, Endara y Delgado, de la que el actual Presidente de Panamá es socio.

Esta vinculación del Gobierno panameño con el narcotráfico se tornó más preocupante aún cuando en la primera quincena de febrero de este año Guillermo Endara declaró que los tratados no serían renegociados durante su permanencia en el cargo, pero sugirió que podría hacerlo quien le sucediera.

El Canciller de Panamá, Julio Linares afirmó que su país tendrá que renegociar al menos uno de los tratados, nada menos el que se refiere a la neutralidad permanente del Canal, mientras que el Vicepresidente Guillermo Ford no se mostró contrario a las propuestas de renegociación, aunque considera que el tratamiento del tema todavía es prematuro.

Todo este panorama hace cada vez más importante contar con la información que pueda brindar la Cancillería uruguaya al respecto en su calidad de garante de los Tratados Torrijos-Carter.

Solicito que esta última parte de la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud del señor senador Bruera en el sentido de que la versión taquigráfica de la primera parte de las palabras por él pronunciadas sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura y la segunda, al Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

10) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑOR IRURTIA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Irurtia.

SEÑOR IRURTIA. - Señor Presidente: solicito que las Carpetas que a continuación voy a mencionar se extraigan del archivo y se envíen a las siguientes Comisiones: Carpeta Nº 228/90, a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social; Carpeta Nº 371/90, a la Comisión de Constitución y Legislación; y, Carpetas Nos. 221/90, 232/90 y 361/90, a la Comisión de Educación y Cultura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud del señor senador Irurtia, a los efectos de que las Carpetas que ha mencionado sean extraídas del archivo y enviadas a las Comisiones referidas.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) TRATADO DEL MERCOSUR. Integración de una Comisión Especial.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa da cuenta de que la Comisión especial que tiene como cometido considerar el Tratado del MERCOSUR estará integrada por los señores senadores Abreu, Singlet, Raffo, Zumarán, de Posadas Montero, Astori, Bruera, Gargano, Batalla, Ricaldoni, Blanco, Brause y Millor.

12) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de envío de exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Arana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento del Cuerpo, solicita se eleve al Poder Ejecutivo una exposición escrita referida al incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Nº 16.107 con relación a la rebaja de los aportes patronales y el impuesto a las retribuciones personales".

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 10 de abril de 1990.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Walter Santoro
Presente

De mi mayor consideración:

Pido a Ud. eleve la presente solicitud al Poder Ejecutivo. El artículo 27 de la Ley Nº 16.107 estableció:

"Encomiéndase al Poder Ejecutivo adoptar las acciones adecuadas que permitan reducir rápidamente las erogaciones estatales.

Encomiéndase, asimismo, que cuando la situación del Erario lo permita, proponga prioritariamente al Poder Legislativo la disminución de las tasas de los aportes patronales y del impuesto a retribuciones personales.

El 30 de marzo de 1991, el Poder Ejecutivo informará a la Asamblea General acerca de los resultados obtenidos en tales sentidos".

Transcurrido el plazo establecido en el inciso final de dicho artículo y sin que la Asamblea General haya sido convocada para recibir el informe allí referido, considero que corresponde solicitar el cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo de la referida Ley.

Dos razones poderosas motivan esta solicitud.

Una de carácter formal, ya que considero que la omisión consentida termina por afectar el prestigio de las instituciones involucradas. La segunda, más importante aún, es la trascendencia que le adjudicaron tanto los partidarios de la ley, impulsada por el Poder Ejecutivo, como los que nos opusimos a ella.

Recuerdo que los primeros argumentaban que la propuesta respondía a una emergencia económica que daría resultados en tanto se ajustaran procedimientos para abatir gastos públicos desbordados y en tanto se recurriera a determinados tributos de inmediata recaudación -más allá de su justicia redistributiva- y cuyo aumento fuera factible de ser posteriormente revertido.

Me consta que más de un voto favorable a la iniciativa estuvo condicionado por esa circunstancia, extremo que llevó a fijar en un año, el plazo para que el Poder Ejecutivo informase acerca de los resultados obtenidos en ambos sentidos.

Ahora bien, el plazo ha transcurrido y los que no acompañamos la iniciativa teníamos también una expectativa que no se vio colmada. En lo que me es particular no avizoro que se haya avanzado significativamente hacia los objetivos planteados en el artículo 27 de la Ley Nº 16.107.

Por el contrario, preocupa constatar que el gasto público no vinculado al salario ni a la inversión, aumentó en 1990 con relación a 1989.

Es en función de todo lo expuesto que considero imprescindible solicitar la presentación del informe a la Asamblea General tal como lo dispuso la ley, para el esclarecimiento parlamentario y el conocimiento público de tan relevante temática.

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente.

Mariano Arana, Senador".

13) CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGENTINA PARA PREVENIR LA LUCHA CONTRA INCIDENTES DE CONTAMINAClON DEL MEDIO ACUATICO PRODUCIDA POR HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS PERJUDICIALES. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producido por hidrocarburos y sustancias perjudiciales. (Carp. Nº 1125/88 -Rep. Nº 185/91)".

(Antecedentes:)

"PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Defensa Nacional

"Montevideo, 15 de enero de 1991.

Señor Presidente
de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 31 de mayo de 1988, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación parlamentaria del "Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producido por hidrocarburos y sustancias perjudiciales", suscrito el día 16 de setiembre de 1987, al permanecer vigentes para los intereses de la República los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se aprueba el ‘Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producido por hidrocarburos y sustancias perjudiciales’ suscrito en la ciudad de Buenos Aires el 16 de setiembre de 1987.

El mencionado Convenio, cuyo ámbito de aplicación es el medio acuático comprendido en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y el Tratado de Límites del Río Uruguay, tiene en cuenta las más modernas tendencias del Derecho Internacional en la materia, que atienden a la creciente preocupación de la comunidad internacional frente al grave problema de la contaminación del medio acuático.

Asimismo, este Convenio responde a los propósitos expresados en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y el Estatuto del Río Uruguay y concuerda con sus disposiciones.

El Convenio consta de cinco capítulos que contienen un total de 26 artículos y a ello se agrega un anexo de Definiciones sobre el alcance de algunos términos usados en el Convenio.

I) En el Capítulo I sobre Generalidades se precisa, además del ámbito de aplicación del Convenio, al que ya se hizo referencia, la materia que regula, que son los incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos provenientes de cualquier fuente o de sustancias perjudiciales provenientes de buques, aeronaves, artefactos navales o instalaciones costa afuera (Artículo II).

A su vez, el Artículo III, en armonía con lo establecido por el artículo 48 del Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo y el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay, expresa que las Partes adoptarán en sus respectivas jurisdicciones las medidas apropiadas para el efectivo cumplimiento de sus normas, es decir que, a través del Convenio, se busca coordinar la acción de las Partes para prevenir y luchar contra los incidentes de contaminación, pero corresponde a cada una de ellas tomar, dentro de su respectivo ámbito jurisdiccional, las medidas que hagan efectivas las normas del Convenio.

II) El Capítulo II sobre Prevención de los Incidentes de Contaminación hace referencia a una serie de medidas y acciones que se desarrollan a tres niveles: a) a nivel internacional, b) a nivel interno y c) a nivel de coordinación bilateral.

a) A nivel internacional, el convenio se remite a dos fuentes: los instrumentos internacionales en vigor y las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales competentes.

a.1 .- Los instrumentos internacionales en vigor constituyen el marco y la base de las medidas y acciones tendientes a promover la reducción de los riesgos de incidentes de contaminación.

Los dos instrumentos básicos vigentes entre las Partes son el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y el Estatuto del Río Uruguay.

Por otra parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar contiene numerosas disposiciones en la materia, especialmente la Parte XII relativa a la Protección y Preservación del Medio Marino. Aunque esta Convención no está aún en vigor, muchas de sus disposiciones están siendo invocadas y tomadas como modelo en instrumentos internacionales y en leyes nacionales.

a.2.- La acción de las Partes debe adecuarse, asimismo, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales competentes.

Ello está de acuerdo, con los artículos 48 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y 41 a) del Estatuto del Río Uruguay así como con lo que establece la Convención sobre el Derecho del Mar. De esta manera se busca enfocar la lucha contra la contaminación del medio marino o acuático en forma coherente e integral.

b) A nivel interno, el Convenio se ajusta a las leyes, decretos y reglamentos dictados por cada Parte (Artículo V).

El artículo VI reitera la obligación, de cada Parte, asumida en el artículo 49 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay, de no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas en vigor y la severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción.

c) A nivel de coordinación bilateral se prevé la obligación de las Partes de informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar en relación con la prevención de incidentes de contaminación a los efectos de un enfoque normativo coherente y, por tanto, más efectivo de protección del medio acuático (Cf. artículos 50 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y 41 c) del Estatuto del Río Uruguay).

III) El Capítulo III que trata sobre vigilancia de Calidad del Medio Acuático, contempla también una coordinación entre las Partes mediante el intercambio de información y la realización de consultas en relación con diversas medidas dirigidas a una vigilancia permanente y eficaz de la calidad del medio acuático y los organismos vivos, incluyendo el establecimiento de niveles de alerta por concentración de sustancias perjudiciales y la delimitación de áreas críticas.

La coordinación bilateral se busca promover, asimismo, a través de estudios e investigaciones de carácter científico sobre la calidad del medio acuático y los organismos vivos realizados en campañas conjuntas. Con ello se complementa el esfuerzo mancomunado en la lucha contra la contaminación que se inspira también en las disposiciones de los tratados bilaterales sobre el Río de la Plata y su Frente Marítimo y sobre el Río Uruguay así como en la Convención sobre el Derecho del Mar.

Esta última, por otra parte, trata igualmente de promover la cooperación y asistencia de las organizaciones internacionales competentes. A ello se refiere, también, el artículo X del Convenio.

IV) El Capítulo IV sobre Lucha contra Incidentes de Contaminación constituye el núcleo central del sistema de medidas previstas en el Convenio.

Este sistema se estructura sobre las siguientes bases:

1) Establecimiento de planes de contingencia a nivel nacional que deberán ser compatibles entre sí y permitir la utilización de los medios en forma complementaria a fin de facilitar, cuando resulte necesario, la acción conjunta de las Partes.

El Convenio fija, al respecto, una serie de criterios y pautas específicas a fin de asegurar la compatibilización de dichos planes y su eficiente ejecución coordinada y conjunta (Artículo XI).

2) Aplicación de los criterios de distribución de jurisdicciones establecidos en el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo y en el Tratado del Río Uruguay, en la realización y control de las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación (Artículos XII, XIII y XIV).

El Convenio se ajusta, así, en forma expresa, a lo dispuesto en dichos Tratados.

3) Coordinación de acciones entre las Partes de manera de poder actuar con la mayor urgencia y eficacia posibles, a través de la colaboración en la utilización de medios adecuados, el suministro de la información disponible, la fluidez de las comunicaciones, la facilitación del tránsito fronterizo de personas, equipos y materiales necesarios para combatir incidentes de contaminación, la adopción de las medias precautorias que se estimen convenientes para la protección de áreas críticas e, incluso, la realización de acciones conjuntas en la lucha contra aquellos incidentes que abarquen áreas de jurisdicción de ambas Partes o excedan la capacidad de una de ellas para enfrentarlos (Artículos XIV, XV, XVI y XVII).

4) Identificación, por las Partes, del o los responsables y mutua cooperación a esos efectos (Artículo XIX).

5) Reconocimiento de las acciones administrativas y judiciales pertinentes en favor de las autoridades responsables de operaciones de lucha contra incidentes de contaminación dirigidas a obtener el resarcimiento de los gastos en que hayan incurrido en la ejecución de esas operaciones (Artículo XX).

6) Organización del régimen de sanciones por infracciones a las respectivas legislaciones en materia de contaminación.

El Convenio prevé, asimismo, la colaboración entre las Partes en los casos de infracción cometida en la jurisdicción de una de ellas por un buque de bandera de la otra. En esos casos, en armonía con el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (artículo 6), el Convenio prevé dos hipótesis: a) que el buque sea apresado por encontrársele en flagrante violación de las normas sobre contaminación y en ese caso será puesto a disposición de la otra Parte (es decir la Parte de la bandera del buque) y b) que se verifique la existencia de una infracción y en ese caso la Parte que verificó la infracción dentro de su jurisdicción podrá suministrar a la otra Parte (es decir, la Parte de la bandera del buque) los elementos de juicio pertinentes para sus respectiva sanción (Artículo XXI).

7) Determinación de las responsabilidades por daños causados por acciones contaminantes del medio acuático.

Cuando esos daños causados a una Parte sean producidos por las propias actividades de la otra, ésta será responsable frente a la primera, concordando con lo que establecen respectivamente los artículos 51 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y 42 del Estatuto del Río Uruguay.

Cuando los daños sean causados por personas físicas o jurídicas, la responsabilidad será la que determinen los instrumentos internacionales vigentes. Al respecto los mismos Tratados antes mencionados prevén que cada Parte será responsable frente a la otra por aquellos daños causados por las personas físicas o jurídicas domiciliadas en su territorio.

Estas disposiciones son de especial importancia para nuestro país que, en principio, es el más expuesto a sufrir este tipo de daños.

8) Asignación a las Comisiones Administradoras del Río de la Plata, Técnica Mixta del Frente Marítimo, y Administradora del Río Uruguay de facultades de seguimiento e impulso de la coordinación de las acciones previstas en el Convenio para luchar contra la contaminación y de recomendación a las Partes de las mejoras que se estimen convenientes en los respectivos planes de contingencia sobre la base del análisis de los informes finales de los incidentes de contaminación.

De esta manera el Convenio recurre a organismos ya existentes entre ambas Partes para facilitar la efectividad de sus disposiciones, teniendo en cuenta que dichos organismos poseen experiencia y medios apropiados y han demostrado ser foros y mecanismos idóneos para la cooperación entre las Partes, entre otras, en las materias que son objeto del Convenio (Artículo XXIV).

V) Por último el Capítulo V sobre Disposiciones Finales contiene dos aspectos a señalar especialmente.

El primero es el de que el Convenio no afectará los derechos y obligaciones de las Partes conforme al Derecho Internacional ni las funciones de las Comisiones arriba mencionadas establecidas en los respectivos Tratados.

Ello quiere significar que el Convenio tiene un carácter complementario o de precisión pero de ningún modo de sustitución o disminución de los derechos y obligaciones que tienen las Partes según el Derecho Internacional.

En cuanto a las funciones de las Comisiones, los mismos Tratados que las establecen prevén que, además de las expresamente atribuidas, cada una de dichas Comisiones podrá cumplir las demás funciones que las Partes le asignen por medio de otras formas de acuerdo (artículos 66 j y 82 h del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y 56 e del Estatuto del Río Uruguay).

El segundo aspecto que cabe señalar es que el Convenio tiene una duración indefinida pero puede ser denunciado por cualquiera de las Partes, en cuyo caso dejará de producir efectos seis meses después de la comunicación por vía diplomática de la intención de denunciarlo.

Como se dijo al inicio de este análisis, el Convenio consta también de un Anexo de Definiciones que es de suma utilidad para su interpretación. En lo pertinente, esas definiciones concuerdan con los Tratados vigentes entre las Partes.

Por todo lo expuesto, el Poder Ejecutivo considera que este Convenio contempla y tutela adecuadamente los intereses nacionales y constituye un instrumento eficaz en la organización de la lucha contra la contaminación del medio acuático y la coordinación de medidas apropiadas con la República Argentina, para mutuo beneficio de ambos países".

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Carlos Delpiazzo.

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Convenio de Cooperación entre la República Oriental de Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producido por hidrocarburos y sustancias perjudiciales, suscrito en la ciudad de Buenos Aires, el 16 de setiembre de 1987.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Carlos Delpiazzo.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

CONVENIO DE COOPERACION PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA INCIDENTES DE
CONTAMINACION DEL MEDIO ACUATICO CON LA REPUBLICA ARGENTINA

Se trata de un Convenio, suscrito con la República Argentina el 16 de setiembre de 1987, que en su momento contó con la opinión favorable de la Comisión de Asuntos Internacionales. Siendo informado el 4 de julio de 1988, pero que no pudo ser aprobado en el Plenario por culminar el período legislativo.

Sin perjuicio de lo expresado en el informe referido, pueden hacerse algunas puntualizaciones en la materia:

1.- El Convenio se aplicará en el Río Uruguay, así como en el Río de la Plata y su frente marítimo.

2.- Desarrolla, sin contradicción alguna, disposiciones que surgen del Tratado del Río de la Plata y del Estatuto del Río Uruguay.

3.- Como se señaló, en su anterior pasaje por la Comisión, el Convenio se caracteriza por la generalidad de su contenido. Se trata en líneas generales de un acuerdo marco, que requerirá la adopción de medidas individuales por parte de los Estados contratantes, sin perjuicio de las actividades que se acuerden en conjunto. Ello es común en este tipo de tratados, no constituyendo a nuestro juicio impedimento para su aprobación.

4.- En materia de prevención de incidentes de contaminación, en el capítulo II, se reconocen tres fuentes para las medidas que se adoptarán: a) por un lado las internacionales (Convenios vigentes, pautas y recomendaciones de los organismos internacionales competentes); y b) las de derecho interno (normas internas de uno de los Estados parte); y c) bilaterales (coordinación de actividades entre los Estados, previéndose expresamente la obligación de comunicar las medidas que se adopten).

5.- En los capítulos III y IV se desarrollan las medidas unilaterales y se delimita, de conformidad con los tratados vigentes, la jurisdicción para actuar en los distintos casos, así como el establecimiento de un régimen de sanciones tanto para particulares como para los Estados parte. Se atribuye a las Comisiones del Río de la Plata, Frente Marítimo y Río Uruguay, facultades de seguimiento e impulso de las medidas previstas en este Convenio.

6.- Cabe llamar la atención del Cuerpo sobre lo dispuesto en el artículo XXI del Convenio, particularmente su inciso segundo. Este establece que se pondrá a disposición del otro Estado el buque que haya causado daños y que haya sido apresado en flagrante violación de las normas sobre contaminación. La redacción del inciso, en su contexto, es pasible de llamar a confusión, ya que parecería que el Estado aprehensor, deberá entregar el buque infractor (de su bandera) al otro Estado, sin previo pronunciamiento jurisdiccional, lo que puede vulnerar derechos de terceros.

En opinión de vuestra Comisión, la cuestión puede superarse y, simultáneamente asistir la intelección del texto, interpretándolo el Cuerpo con motivo de su aprobación, en el sentido de que la medida será aplicable cumplidas las instancias judiciales en forma previa.

7.- Por último, cabe reiterar que se trata de un Convenio complementario de los ya vigentes con Argentina y que viene a llenar, en parte, un vacío existente en materia de contaminación acuática.

En mérito a lo expuesto, se recomienda al Cuerpo la ratificación de este Convenio de Cooperación.

Sala de la Comisión, 4 de abril de 1991.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Reinaldo Gargano, Alberto Zumarán, Hugo Batalla, Leopoldo Bruera, Américo Ricaldoni. Senadores.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGENTINA PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA INCIDENTES DE CONTAMINACION DEL MEDIO ACUATICO PRODUCIDO POR HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS PERJUDICIALES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Argentina,

Deseosos de mantener y ampliar la cooperación entre ambos países para prevenir los incidentes de contaminación y luchar contra sus consecuencias en el medio acuático comprendido en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y en el Tratado del Río Uruguay,

Teniendo en cuenta que en los Acuerdos citados precedentemente y en sus respectivos Estatutos se prevé la obligación de proteger y preservar el medio acuático, dictando normas y adoptando medidas apropiadas,

Considerando que resulta necesario armonizar las respectivas políticas nacionales y establecer planes de contingencia y procedimientos compatibles para desarrollar y fortalecer la capacidad de acción conjunta, y

Animados del propósito común de intensificar la referida cooperación,

Convienen lo siguiente:

CAPITULO 1- GENERALIDADES

Artículo I

El ámbito de aplicación del presente Convenio será el medio acuático comprendido en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y en el Tratado de Límites del Río Uruguay.

Artículo II

El presente Convenio será aplicable a los incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos provenientes de cualquier fuente o de sustancias perjudiciales provenientes de buques, aeronaves, artefactos navales o instalaciones costa afuera.

Artículo III

Las Partes adoptarán en sus respectivas jurisdicciones las medidas apropiadas para el efectivo cumplimiento de las normas establecidas en el presente Convenio.

Artículo IV

Las Partes acuerdan las definiciones que figuran en el Anexo, que es parte integrante del presente Convenio.

CAPITULO II- PREVENCION DE LOS INCIDENTES DE CONTAMINACION

Artículo V

Las Partes promoverán la reducción en el mayor grado posible de los riesgos de incidentes de contaminación, mediante acciones tendientes a aumentar la seguridad de las operaciones que incidentalmente puedan contaminar el medio acuático, de conformidad con los instrumentos internacionales en vigor y las leyes, decretos y reglamentos dictados por cada una de ellas.

Artículo VI

Las Partes actuarán de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes con adecuación en lo pertinente a las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales competentes.

Asimismo, se obligan a no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas en vigor y la severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción.

Artículo VII

Las Partes se obligan a informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar en relación con la prevención de incidentes de contaminación, con vistas a establecer normas compatibles o equivalentes en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

CAPITULO III- VIGILANCIA DE CALIDAD DEL MEDIO ACUATICO

Artículo VIII

Las Partes relevarán e intercambiarán información, y efectuarán consultas entre sus autoridades competentes en relación con las siguientes medidas:

a) Diseño y operación en forma sistemática de una red de vigilancia de calidad del medio acuático y organismos vivos.

b) Establecimiento de los niveles de alerta por concentración de sustancias perjudiciales en el medio acuático o en organismos vivos.

c) Delimitación de áreas críticas.

Artículo IX

Las Partes y las Comisiones en su caso, procurarán que al efectuarse compañías conjuntas se realicen estudios e investigaciones de carácter científico relacionados con la calidad del medio acuático y organismos vivos.

Artículo X

Las Partes promoverán la cooperación y asistencia de organismos nacionales e internacionales para la ejecución de las medidas incluidas en el artículo VIII.

CAPITULO IV - LUCRA CONTRA INCIDENTES DE CONTAMINACION

Artículo XI

Las Partes se obligan a:

a) Establecer planes de contingencia a nivel nacional, que deberán ser compatibles entre sí y permitir la utilización de los medios en forma complementaria a fin de facilitar, cuando resulte necesario, la acción conjunta de las mismas.

b) Establecer en los propósitos de los respectivos planes de contingencia, que ante un incidente de contaminación:

1. Los costos y gastos que se originen en el desarrollo de actividades y empleo de medios, deberán guardar razonabilidad con la significación del respectivo incidente de contaminación.

2. En la medida en que se encuentren involucradas áreas críticas, se incrementarán las tareas preventivas y de lucha para su preservación.

c) Acordar las pautas y recomendaciones que contendrán los respectivos planes de contingencia, y que incluirán, entre otros elementos:

1. El plan de comunicaciones a utilizarse.

2. La forma en que se dará la alarma a la autoridad responsable de la ejecución de cada una de las Partes.

3. Las instrucciones sobre procedimientos a que se ajustará cada Parte.

4. El criterio para el uso de dispersantes, aglutinantes y gelificantes.

5. El análisis de los factores hidrometeorológicos intervinientes a fin de determinar la evolución probable del incidente de contaminación.

d) Presentar a todas las Comisiones un informe final de cada incidente de contaminación ocurrido en el ámbito especificado en el artículo 1.

Artículo XII

Cada Parte asumirá el control de las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación sujetos a su jurisdicción, conforme a lo establecido en los respectivos Tratados enunciados en el artículo 1.

Artículo XIII

En las aguas de uso común del Río de la Plata cuando un siniestro origine una operación de salvamento de buque y un incidente de contaminación, el control total de las operaciones será asumido por la autoridad de la Parte que tenga jurisdicción sobre el salvamento, otorgando la debida importancia a la preservación del medio acuático.

Artículo XIV

La Parte actuante comunicará inmediatamente a la autoridad de la otra Parte la iniciación de una operación de lucha contra incidentes de contaminación.

Cuando por cualquier causa la autoridad de dicha Parte no pueda iniciar o continuar las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación, lo comunicará inmediatamente a la autoridad de la otra Parte y requerirá que ésta asuma el control de las operaciones, facilitándole los medios adecuados de que disponga.

La Parte actuante podrá requerir la colaboración de la autoridad de la otra Parte cuando lo estime necesario, conservando el control de las operaciones, a la vez que suministrará la información disponible sobre su desarrollo.

La Parte requerida colaborará con los medios adecuados de que disponga.

Cuando una autoridad tome conocimiento de la existencia de un incidente de contaminación sujeto a la jurisdicción de la otra Parte, lo comunicará inmediatamente a ésta y podrá iniciar las operaciones de lucha hasta tanto la autoridad de la otra Parte asuma el control de las operaciones o lo delegue expresamente.

Artículo XV

Cuando un incidente de contaminación amenace o afecte directamente las áreas críticas previstas en sus respectivos planes de contingencia, la Parte no actuante podrá:

a) Adoptar las medidas precautorias que estime conveniente.

b) Ofrecer su colaboración sujeta al control de la Parte actuante.

Artículo XVI

Las Partes cooperarán entre sí y coordinarán la realización de acciones conjuntas de lucha contra incidentes de contaminación que abarquen áreas de jurisdicción de ambas o excedan la capacidad de una de ellas para enfrentarlo, teniendo especialmente en cuenta los casos en que puedan llegar a estar involucradas áreas críticas.

Artículo XVII

En caso de descarga o echazón de sustancias perjudiciales embaladas, las Partes cooperarán en la medida de sus posibilidades en la recuperación de las mismas, con el propósito de reducir el peligro de contaminación del medio acuático.

Artículo XVIII

Las Partes realizarán las acciones necesarias para que, en la mayor medida posible, la contaminación causada por incidentes sujetos a su jurisdicción no se extienda más allá de la misma.

Artículo XIX

Las Partes procurarán la identificación del o los responsables de incidentes de contaminación y se prestarán a estos efectos mutua cooperación.

Artículo XX

Cada Parte podrá peticionar en sede administrativa y accionar judicialmente contra el responsable de un incidente de contaminación a fin de obtener el reembolso y resarcimiento de los gastos en que hubiera incurrido la autoridad responsable de la ejecución de las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación, ya sea que se haya realizado una acción conjunta o que las Partes hayan actuado en forma separada.

Cuando una Parte haya requerido colaboración de la otra y ésta no hubiese peticionado en sede administrativa o judicialmente contra el responsable a fin de obtener el reembolso y resarcimiento de los gastos en que hubiera incurrido, dichos gastos serán reembolsados por la Parte requirente, la cual podrá repetir en sede administrativa o judicial contra el responsable del incidente de contaminación.

Artículo XXI

Cada Parte aplicará las sanciones previstas en su legislación en materia de contaminación respecto de toda infracción cometida en su jurisdicción o por buques sujetos a su jurisdicción.

Cuando se trate de una infracción cometida en su jurisdicción por un buque de bandera de la otra Parte, podrá suministrar a dicha Parte los elementos de juicio pertinentes para su respectiva sanción y se pondrá a su disposición el buque si ha sido apresado en flagrante violación de las normas sobre contaminación.

Artículo XXII

Cada Parte será responsable frente a la otra por daños producidos como consecuencia de la contaminación del medio acuático causados por sus propias actividades conforme a lo referido en el artículo II. En los casos en que la contaminación sea causada por personas físicas o jurídicas, la responsabilidad será aquella que determinen los instrumentos internacionales vigentes.

Artículo XXIII

Las Partes promoverán un rápido y diligente tránsito fronterizo de personas, equipos y materiales necesarios para combatir incidentes de contaminación en el medio acuático.

Artículo XXIV

Las Comisiones podrán:

a) Solicitar a las Partes que en todo momento efectivicen la cooperación establecida en el presente Convenio y coordinen sus acciones de lucha contra incidentes de contaminación.

b) Analizar el informe final de cada incidente de contaminación, sugiriendo a las Partes las mejoras que se estimen más convenientes en los respectivos planes de contingencia.

CAPITULO V - DISPOSICIONES FlNALES

Artículo XXV

El presente Convenio no afectará los derechos y obligaciones de las Partes conforme al derecho internacional ni las funciones de las Comisiones establecidas en los respectivos Tratados.

Artículo XXVI

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de canje de los respectivos instrumentos de ratificación y dejará de producir efectos seis meses después que una de las Partes declare su intención de denunciarlo por vía diplomática.

HECHO en la ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de setiembre del año mil novecientos ochenta y siete en dos ejemplares originales, ambos igualmente auténticos.

Firma
Por el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay
Firma
Por el Gobierno de la
República Argentina

ANEXO

Definiciones

A los efectos del presente Convenio se entiende por:

1. Acción conjunta

El empleo de medios de ambas Partes bajo un único mando.

2. Areas críticas

Las zonas costeras, fluviales o marítimas que cada Parte establezca, y que reúnan conjuntamente las siguientes características:

a) Areas de alto valor comercial, industrial o turístico.

b) Areas ecológicamente muy sensibles.

c) Areas de alto riesgo a incidentes de contaminación.

3. Comisiones

La Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo y la Comisión Administradora del Río Uruguay.

4. Derrame

La introducción involuntaria en el medio acuático de hidrocarburos o sustancias perjudiciales resultantes de la exploración y el consiguiente tratamiento, en instalaciones costa afuera, de los recursos minerales del lecho y subsuelo del medio acuático, y de aquellas actividades que se realicen en terminales portuarias y que produzcan los mismos efectos.

5. Descarga

La introducción en el medio acuático de hidrocarburos o de sustancias perjudiciales o de fluidos que contengan tales sustancias, precedentes de buques, aeronaves o artefactos navales, por cualquier causa y comprende todo tipo de escape, evacuación, rebose, fuga, achique, emisión o vaciamiento.

6. Echazón

El acto de arrojar voluntariamente al agua bienes materiales, que pueden corresponder tanto al buque, aeronave o artefacto naval como a la carga, con el fin de preservar su seguridad

7. Hidrocarburos

El petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el fuel-oil, los fangos, los residuos petrolíferos y los productos de refinación y, sin que ello limite la generalidad de la enumeración precedente, las sustancias que se establezcan en convenios internacionales vigentes y aceptados por las Partes.

8. Incidentes de contaminación

El suceso que causa o puede potencialmente causar un derrame, descarga o una echazón de hidrocarburos o de sustancias perjudiciales, y que requiere la realización de una operación acción inmediata de lucha a fin de eliminar o reducir sus efectos nocivos en el medio acuático, sobre los bienes, la salud humana o el bienestar público.

9. Instalación costa afuera

Toda estructura flotante o no, fija al lecho o no, destinada a la exploración o explotación de los recursos minerales del lecho y subsuelo del medio acuático y que no posea vinculación estructural con la costa, aunque esté permanentemente conectada a tierra mediante un ducto.

10. Medio acuático

Las aguas fluviales y marítimas definidas en el artículo I incluyendo playas y costas respectivas.

II. Plan de contingencia

La estructura que posee cada Parte para actuar ante un incidente de contaminación en el medio acuático, en la que define las políticas y responsabilidades institucionales, estableciendo una organización de respuesta, proveyendo información básica necesaria, estableciendo las áreas críticas, asignando todos los medios necesarios y sugiriendo cursos de acción y recomendaciones para que se pueda combatir con éxito los incidentes de contaminación del medio acuático.

12. Sustancia perjudicial

Cualquier sustancia cuya introducción en el medio acuático pueda ocasionar efectos nocivos y en particular, toda sustancia sometida a control, de conformidad con Convenios Internacionales vigentes y aceptados por las Partes".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: se trata de un convenio que complementa el elenco de los tratado ya vigentes con la República Argentina y que viene a llenar en parte un vacío existente en materia de contaminación acuática, cuya importancia sería obvio resaltar.

Este convenio fue suscrito bajo la Administración anterior y remitido a consideración del Senado durante la Legislatura pasada. En esa oportunidad, contó con el informe favorable, por unanimidad, de la Comisión de Asuntos Internacionales, pero no llegó a ser tratado por el Cuerpo en el transcurso del Período. Es así que regresa nuevamente con informe favorable de los integrantes de dicha Comisión.

El material que obra en poder de los señores senadores -tanto el Mensaje del Poder Ejecutivo, reiterado en esta Administración, como los dos informes- tornan innecesario ocupar el tiempo de que dispone el Cuerpo para brindar una extensa información, que en buena medida resultará repetitiva.

Por esa razón, simplemente me voy a limitar a señalar uno o dos aspectos generales para posteriormente hacer hincapié en un tema que, a juicio de la Comisión de Asuntos Internacionales, tiene jurídicamente una importancia especial.

En líneas generales, cabe destacar que el Convenio se aplicará tanto al Río Uruguay como al Río de la Plata y a su frente marítimo. Es preciso señalar que el Convenio no presenta, jurídicamente, ninguna contradicción con respecto a las disposiciones del Tratado del Río de la Plata y del Estatuto del Río Uruguay, y que, como es frecuente en este tipo de casos, se trata de un acuerdo-marco que estipula las líneas generales que luego deberán ser completadas por ambos países, con las medidas específicas que acuerden entre ambos. Para lo cual ya se ha previsto, el seguimiento a fuentes internacionales y el establecimiento de mecanismos de cooperación, tanto en materia de información como práctica.

Apartándome de las características generales que, como mencionaba anteriormente, son de conocimiento de los señores senadores en mérito a los informes escritos, debo decir que por mi intermedio la Comisión desea hacer particular mención a una disposición contenida en el artículo 21 del Convenio. Este artículo contiene, en su segundo inciso, potenciales dificultades de interpretación, que la Comisión considera conveniente aclarar al Cuerpo y, si éste participara de su criterio -tanto en la aclaración, como en la ratificación del Tratado-hacer que de esa manera consten para su futura correcta intelección.

El artículo en cuestión se refiere a las sanciones que puede aplicar cada Estado parte en caso de infracciones cometidas dentro de su jurisdicción o por buques sujetos a ella. La redacción de ese inciso 2º es poco clara, ya que puede dar lugar a que se interprete que cuando un Estado parte apresa un buque de bandera de otro Estado, que haya cometido una infracción dentro de su jurisdicción -la del aprehensor- pueda suministrarle al Estado a que pertenece el buque no sólo los elementos de juicio necesarios para su posible sanción, sino también el propio buque. Si así fuere interpretada la disposición, inmediatamente acarrearía consecuencias referidas a nuestro derecho interno, puesto que esa interpretación no parecería compadecerse con nuestro Derecho Constitucional. Me refiero a la posibilidad de que el Estado aprehensor pueda entregar al otro el buque apresado, sin que medie previa orden del Juez competente.

Esta potencial dificultad interpretativa -que fue motivo de estudio y análisis por la Comisión- puede ser superada si se la armoniza con nuestro ordenamiento jurídico interno. De acuerdo con éste, una vez apresado el buque, el mismo debería quedar a disposición del Juez competente y su entrega a las autoridades del otro Estado sólo podrá verificarse luego de que así lo haya resuelto el magistrado actuante.

Lejos de considerarse que la anterior constituya una interpretación forzada de la norma, o que esta solución no surja de la disposición en estudio, se entendió que ese inciso segundo del artículo 21 puede perfectamente armonizar con las normas de nuestro Derecho interno y, en particular, de nuestro Derecho Constitucional. Quiere decir que no se violentaría en absoluto el texto a través de esta interpretación armónica que respeta el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, así como la protección a los derechos constitucionales de propiedad, seguridad, etcétera.

Pese a que esta intelección que acabamos de desarrollar brevemente es perfectamente clara y coherente a juicio de la Comisión, dada la particular redacción del texto que provocaba el temor a potenciales interpretaciones erróneas en el futuro, ésta consideró que era conveniente dejar expresa constancia del sentido que a su entender debe darse a esta disposición, de forma de evitar cualquier posible aventura interpretativa que pudiera contrariar las normas de nuestro Derecho interno.

Es así que con esta breve aclaración de ese aspecto puntual del texto, la Comisión -reitero que por unanimidad- recomienda al Cuerpo la ratificación de este Tratado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en nuestra fundamentación del voto queremos solicitar al Cuerpo que se expida en el sentido de que comparte la interpretación auténtica que la Comisión hizo del artículo 21, y que al ejecutar el Tratado el Gobierno uruguayo deberá atenerse a ella.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que el señor senador Gargano plantea una propuesta que correspondería ser considerada en la discusión particular.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Apruébase el Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina para prevenir y luchar contra incidentes de contaminación del medio acuático producidos por hidrocarburos y sustancias perjudiciales, suscrito en la ciudad de Buenos Aires, el 16 de setiembre de 1987".

-En consideración.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: reiterando lo que manifesté cuando fundé mi voto favorable a la aprobación en general, solicito al Senado que cuando se vote este artículo, exprese que comparte la interpretación que la Comisión hace del artículo 21, y que el Estado uruguayo, al ejecutar dicho Tratado, deberá atenerse a ella.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que habría que buscar los medios técnicos para poder recoger la solicitud que ha formulado el señor senador Gargano.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: sin la pretensión de aportarlos de modo suficiente, deseo señalar que cuando el señor senador Gargano expresa que esto es lo que ha interpretado la Comisión con respecto al artículo 21, párrafo segundo del Convenio, puede entenderse que no existiendo ninguna manifestación que discuta tal interpretación en el seno del Cuerpo, ello significa que éste está avalando la posición sustentada por aquélla.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dado que no se ha propuesto una redacción que habilite a colocar dentro del texto del proyecto de ley los conceptos que han sido vertidos por los señores senadores Gargano y Korzeniak, sus manifestaciones sólo formarán parte de la versión taquigráfica de la discusión de este tema.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - El proyecto de ley está compuesto por un solo artículo que aprueba el Convenio y éste, a su vez, contiene alrededor de 21 disposiciones.

La Comisión nos dio la interpretación del artículo 21 y el Cuerpo no la objetó. Por consiguiente, lo que propongo es que se exprese -o, de lo contrario, se diga que así no se considera- que, dado que las manifestaciones de los señores senadores Gargano y de Posadas Montero no fueron controvertidas, esa es la interpretación que el Cuerpo en pleno comparte.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: más allá de que todos compartimos el informe de la Comisión, que ha sido ampliado en Sala por el señor senador de Posadas Montero, pienso que no hay mecanismos idóneos para que los textos, de alguna manera, consagren esa interpretación.

Se me ocurre, pues -y en todo caso me acojo a la experiencia del señor Presidente para ver si ello es pertinente o no- que oportunamente podría ponerse en conocimiento del Poder Ejecutivo -y esto podría ser una resolución del Senado, quizá un poco atípica, pero no creo que inconstitucional- la interpretación que la Comisión de Asuntos Internacionales ha realizado del texto del artículo 21 de este Convenio; la que no ha sido controvertida sino, por el contrario, compartida por varios señores senadores al considerarse este tema

Aclaro que no estoy formulando una moción concreta sino que, simplemente, consulto a la Mesa si cree que algo de esto es posible. En caso contrario, sólo integrará la historia fidedigna de la sanción de esta ley, y a ello nos remitiremos si surgen problemas en su aplicación.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: creo que lo que la Comisión postula y que el señor senador Gargano buscaba poner más en evidencia es que en este caso -dado que los Tratados simplemente se aprueban o se rechazan- se acompañara a esa ratificación la constancia de la interpretación que el Cuerpo hace, precisamente, como parte de la historia fidedigna de su sanción. Eso es lo que se procura, y no requiere de ninguna instrumentación en particular, ya que estas constancias son suficientes.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Pido excusas al Senado porque no pude seguir la discusión que inicialmente planteó en su fundamento de voto el señor senador Gargano.

Concretamente, lo que deseo preguntar al señor miembro informante es cuál es la inteligencia que la Comisión le ha dado a este texto y, en función de su respuesta pediré luego para hacer uso de la palabra o no.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - La interpretación que la Comisión hizo es que el artículo en sí mismo es perfectamente aplicable.

Sin embargo, su preocupación es que quede en evidencia, tal como lo pretendía el señor senador Gargano, que su aplicación se hará de acuerdo con el orden jurídico interno.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quisiera que el señor miembro informante me aclare el contenido del segundo párrafo del artículo 21, que expresa: "Cuando se trate de una infracción cometida en su jurisdicción por un buque de bandera de la otra Parte, podrá suministrar a dicha Parte los elementos de juicio pertinentes para su respectiva sanción y se pondrá a su disposición el buque", etcétera. Por ejemplo, si un buque argentino comete la infracción en aguas jurisdiccionales uruguayas siendo apresado en flagrante violación de las normas sobre contaminación, debe ser puesto a disposición de las autoridades argentinas, que serán quienes los juzgarán. Esto es lo que establece el artículo 21.

Entonces, no entiendo por qué en el informe de la Comisión se dice: "La redacción del inciso, en su contexto, es pasible de llamar a confusión, ya que parecería que el Estado aprehensor" -en el ejemplo que puse seria el Estado uruguayo-"deberá entregar el buque infractor" -argentino- "al otro Estado, sin previo pronunciamiento jurisdiccional, lo que puede vulnerar derechos de terceros". A mi modo de ver, creo que se debe entregar el buque y quien juzgará será la justicia argentina.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador de Posadas Montero.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Esa es la intelección que precisamente la Comisión busca esclarecer porque considera que es la que puede vulnerar preceptos constitucionales nacionales. Esto se resuelve a nivel del Poder Ejecutivo sin intervención del Juez competente. Precisamente, eso es lo que la Comisión quiere aclarar, en el sentido de que la disposición se cumplirá pero respetando el ordenamiento jurídico interno del país aprehensor. En este caso estamos hablando del Uruguay porque fue el ejemplo que planteó el señor senador Ricaldoni, pero se aplica para cualquiera de las partes. Entonces, no es competencia lisa y llana del Poder Ejecutivo resolver la liberación de un buque y la entrega al país de su bandera, si ha cometido una infracción en territorio nacional.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Estaba escuchando atentamente la exposición del señor senador Ricaldoni y pienso que el único camino viable es que se resuelva enviar la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas sobre el Convenio a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional a los efectos de la interpretación que propone el señor miembro informante. Considero que esta es la única solución reglamentaria viable -repito- para el conocimiento de ambos Ministerios de esta interpretación.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: no tengo dudas de cómo sería la mecánica del Tratado en base al ejemplo que expuse hace un momento. No sé cuál es el papel de los órganos del Poder Judicial uruguayo en este tema, según lo que establece el segundo párrafo del artículo 21. Además, me pregunto qué valor jurídico tendría un pronunciamiento de la justicia uruguaya si en definitiva la que tiene que juzgar, de acuerdo con esta norma, es la justicia argentina.

Quizá, en el caso de que se produjera alguna controversia con respecto a la bandera del buque infractor -este ejemplo es teórico porque es prácticamente imposible imaginar que se controvierta cuál es la bandera del barco- o si se pusiera en discusión si hay flagrante violación de las normas -que es una condición previa para determinar si se produce la entrega- la justicia uruguaya tendría que opinar al respecto. Pero en el tema de fondo sobre la infracción en sí, no tengo dudas que la justicia competente es aquella a la cual corresponde la bandera del buque.

Esto es muy parecido a lo que ocurre en la mecánica relativa a un procedimiento de extradición. Si una persona comete un delito en nuestro país, y se va a la República Argentina, la justicia uruguaya formula un pedido de extradición y, según los Tratados vigentes, lo que puede realizar el Gobierno argentino es el contralor de la regularidad jurídica de los procedimientos seguidos. Pero no puede pronunciarse sobre el tema de fondo, ya que eso pertenece a la justicia del país que reclama la extradición.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: creo que las intervenciones del señor senador Ricaldoni han sido muy útiles porque contribuyen a ratificar por qué la Comisión quiso salir al cruce en este tema y hacer algunas aclaraciones.

Si el señor senador Ricaldoni lee el artículo en su contexto, podrá observar que el primer inciso dice que cada Parte aplicará las sanciones previstas en su Legislación en materia de contaminación, respecto de toda infracción cometida en su ejemplo que traía a colación el señor senador Ricaldoni, de la extradición, no es aplicable al caso. Continuando con su ejemplo de una infracción cometida dentro del territorio uruguayo por un buque de bandera argentina, no es asimilable al caso de extradición, sino que deben aplicarse las sanciones previstas en la Legislación uruguaya. Esto lo establece el acápite del artículo 21. Si ese es el acápite, la lectura del inciso segundo puede llevar a las dificultades a que nosotros hacíamos referencia. Si la norma general es que se aplican las sanciones previstas en la Legislación respecto a toda infracción cometida en su jurisdicción, la infracción del buque argentino en jurisdicción uruguaya, de acuerdo con el inciso primero, merecerá la aplicación de las sanciones previstas en nuestra Legislación.

Con este acápite se tendrá que interpretar la frase que dice que si fue apresado ese buque argentino bajo jurisdicción uruguaya en flagrante violación de las normas, se pondrá a disposición de las autoridades argentinas.

Para congeniar eso y habida cuenta de lo que es el ordenamiento jurídico nacional, que no otorga facultades al Poder Ejecutivo cuando se infringen las leyes para disponer de un bien -como sería en este caso- creemos que la comprensión correcta de esto -considero que sería interesante la opinión del señor senador Korzeniak, que no integra la Comisión de Asuntos Internacionales- siguiendo el principio de que las normas tienen que interpretarse de manera de que sean aplicables, es que el buque se pondrá a disposición del país de la bandera, cumpliendo las normas del Derecho interno del país aprehensor.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: pienso que son varios los asuntos que estamos discutiendo. Por un lado, una determinada interpretación de este artículo que conduce a plantearnos una cuestión de posible inconstitucionalidad de la norma, y ello nos introduce en un problema mucho más difícil, que es el que tiene que ver con jerarquía del Derecho Internacional Público o Privado frente a las normas constitucionales de un determinado país.

Sobre este tema, hay distintas posiciones, aunque yo tengo la mía.

Sería interesante saber la opinión del señor senador Korzeniak sobre este punto, en su calidad de profesor en la materia, en el sentido de si existe o no una violación constitucional de esta norma en el supuesto de que no interviniera la Justicia uruguaya.

En mi opinión, hay otro problema que es previo, relativo a qué quiere decir realmente el artículo. He escuchado con atención la explicación del señor senador de Posadas Montero y admito que esa interpretación es posible pero que, personalmente, no le encuentro lógica. A mi entender, el primer inciso establece un principio general, que es el derecho del Estado aprehensor del buque en infracción de juzgarlo, siempre de acuerdo con las normas de su Derecho Positivo y del Derecho Internacional. Esa es la norma general que se debe aplicar. Luego, el inciso segundo establece un tipo de excepciones al principio general del primer inciso. ¿Cuáles son éstas?

En primer lugar, debe comprobarse si el buque infractor es de bandera de la otra parte, es decir, si la infracción es cometida dentro de jurisdicción uruguaya por un buque de bandera argentina o a la inversa.

En segundo término, habrá que determinar si el buque ha sido apresado en flagrante violación de las normas relativas a la contaminación o no. En el caso de que exista la flagrante violación de las normas sobre contaminación, sin más trámite, el buque tiene que ponerse a disposición de la Justicia argentina. Si esto no fuera así qué se quiere expresar al decir "suministrar a dicha parte los elementos de juicio pertinentes para su respectiva sanción". ¿Debe entenderse que habrían dos sanciones, una relativa a la Justicia correspondiente al Estado aprehensor y otra sanción ulterior, que se acumularía a la primera, de la Justicia del Estado a cuya bandera pertenece el buque que cometió la infracción? Esto no puede ser. Se trata de una sanción y, naturalmente, le corresponde una sola pena.

Considero que la adecuada interpretación de los dos incisos conduce a decir que el principio general se refiere a que el Estado aprehensor juzga y sanciona al barco en infracción, salvo cuando se trate de un buque de bandera de la otra parte. En este último caso la sanción se aplicará por parte del Estado correspondiente a la bandera del barco, poniéndose éste a su disposición por cometer flagrante violación a las normas sobre contaminación.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quisiera hacer un aporte a este tema, aunque no participé en la que seguramente fue una rica discusión en la Comisión de Asuntos Internacionales.

La interpretación del artículo 21 del Convenio puede ofrecer en muchos aspectos vinculados al Derecho Internacional múltiples dudas, además de las que se han expuesto aquí.

La tentativa del informe de la Comisión y las intervenciones de los señores senadores de Posadas Montero y Gargano tienden a solucionar un problema que, en última instancia, es la ratificación de la aplicación de principios de nuestro Derecho interno, a un artículo que está en el Convenio.

Creo que de lo que se trata es que una decisión de esta naturaleza -como lo es la prevista en el artículo 21 - no se tome sin que intervenga el Poder Judicial uruguayo. En mi opinión, ese es el alcance de lo que ha aportado la Comisión y de las expresiones de los señores senadores de Posadas Montero y Gargano.

Este es un tema de Derecho interno.

Mi pregunta es si este Senado entiende que una decisión como la prevista en el artículo 21 puede ser tomada por la Administración, sin intervención de un Juez que diga que efectivamente se configura la hipótesis de ese artículo. Pienso que es en este sentido que la Comisión ha presentado su informe para que el Senado lo interprete.

El tema de los posibles problemas interpretativos de este artículo, creo que tiene un espectro aún mayor. Por ejemplo, se puede considerar que una infracción de esta naturaleza va contra el derecho de la gente. Si eso es así, entonces el tema será de competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, tal como lo establece expresamente la Constitución.

Podría parecer que esto -y no nos debe resultar muy extraño, porque también está previsto- genera una de las llamadas causas de almirantazgo, porque es un buque que ha sido apresado.

Este tema tendrá que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia.

Sigo insistiendo en la idea de que lo que la Comisión intenta es que una decisión de este tipo no debe tomarse sin la intervención de nuestro Poder Judicial.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Creo que estamos dando un buen ejemplo de cómo los abogados podemos confundirnos cuando interpretamos un texto. Quien más se merece este comentario, es el que habla.

Debo aclarar que no descarto que la jurisdicción uruguaya puede intervenir en ciertos aspectos de la posible controversia. No estoy tan seguro de que siempre sea el Poder Judicial y, en algunos casos, quizás pudiera actuar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta intervención debería ser para analizar si se dan o no los supuestos de hecho que establece el inciso segundo y, en alguna medida, el primero.

Las preguntas que formularía son las siguientes: ¿de qué bandera es el buque infractor?, ¿existe o no flagrante violación de las normas de contaminación? A los efectos de aplicar las sanciones pienso que debe considerarse que cuando el buque de bandera es de la otra parte -tal como lo establece el artículo 21 - la Justicia que debe fallar sobre la cuestión no es otra que la correspondiente al Estado de la bandera del buque infractor.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Me parece que el artículo 21 no plantea un principio general en el inciso primero, para luego desarrollarlo en el segundo, sino que regula dos hipótesis diferentes.

A mi juicio, la hipótesis que expone el inciso primero es que la infracción se haya cometido en la jurisdicción de un país -es decir, en sus aguas jurisdiccionales- o por buques sujetos a su jurisdicción, o de su bandera. Si se dan ambas circunstancias, o una de ellas, se debe aplicar el inciso primero.

En el caso de que la contaminación se produzca en aguas jurisdiccionales uruguayas, por banderas de terceros países, se aplica la sanción según la ley uruguaya. Si el accidente de contaminación se da en aguas jurisdiccionales uruguayas por un buque con nuestra bandera, también deberá aplicarse la ley de nuestro país.

La hipótesis del inciso segundo, es diferente. Esta establece que no coincide la jurisdicción con la bandera.

En consecuencia, si el accidente contaminante se produce bajo aguas jurisdiccionales del Estado A, pero con buques de bandera del Estado B, primará el derecho de este último, el que juzgará al buque una vez que éste sea devuelto.

Si nos remitimos al ejemplo utilizado por el señor senador Ricaldoni, nos podemos sentir un poco doloridos porque en ese caso, si un buque de bandera argentina sufre un accidente contaminante en aguas jurisdiccionales uruguayas primará de acuerdo al inciso segundo la legislación argentina a la que deberá ser entregado. Asimismo, si se trata de un delito flagrante también corresponde que intervenga la justicia argentina.

Evidentemente, si firmamos un tratado con la República Argentina suponemos que esa nación tiene el mismo interés que Uruguay en el sentido de preservar el medio ambiente y sancionar aquellos buques culpables de una acción contaminante. Obviamente, no podemos firmar un tratado en base a una relación de desconfianza con un país limítrofe, propietario y usufructuario de estas aguas jurisdiccionales.

Por lo tanto, creo que el tenor del artículo es claro; prevé en cada inciso dos hipótesis diferentes y tendremos que aprobarlo porque si desconfiamos que el Estado argentino -en caso de que se produzca el ejemplo que se ha citado- va a tomar medidas, más vale que no firmemos el tratado, porque estaríamos suponiendo que esa nación no tiene interés en preservar el buen estado de las aguas.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Si bien no soy jurista, me gustaría destacar algunos aspectos que surgen de la interpretación personal que he hecho a partir del debate que se ha venido realizando sobre este artículo 21 y que he escuchado con mucha atención. Al mismo tiempo, si fuera posible, me gustaría plantear algunas preguntas.

En primer lugar, me parece tener clara la necesidad que existe de dar a este artículo 21 una interpretación que no surge claramente de su texto y que cuando el señor senador de Posadas informó al respecto, expuso con precisión cuáles eran esas razones que creo comprender.

En segundo término, deseo señalar que me ha quedado claro el sentido fundamental de la contribución que hacía a esta discusión el señor senador Korzeniak, cuando altrinaba que seguramente la intención de esta interpretación que se quiere dar por parte del informe y, en particular, del trabajo de nuestra Comisión de Asuntos Internacionales -y solicito al señor senador de Posadas que me corrija si me equivoco-busca que sea el Poder Judicial uruguayo el que tenga una actuación protagónica en la determinación de las distintas situaciones que eventualmente podrían plantearse.

Por otro lado, cuando se señaló que en las posibles situaciones previstas por el inciso segundo del artículo 21 habría que asegurar la intervención del Derecho uruguayo, creo haber escuchado que el señor senador Korzeniak proponía que esto se interpretara en el contexto de una intervención concreta de nuestro Poder Judicial. Asimismo, lo que está previsto en ese inciso segundo del artículo 21 puede subdividirse en dos situaciones diferentes. En cuanto a la primera, se afirma que podrá suministrar a dicha parte los elementos de juicio, etcétera, etcétera, lo cual plantea una posibilidad y no una necesidad.

Por lo tanto, si esto es correcto y si yo interpreté bien, no podría compartir la afirmación del señor senador Ricaldoni en el sentido de que si se da esa situación debería intervenir la Justicia argentina que es la que debería sancionar en ese caso. Asimismo, el artículo 21 establece que "se podrá suministrar", lo que abre la posibilidad de que no se suministren los elementos de juicio pertinentes para la respectiva sanción.

Por otro lado, tenemos el tema de la flagrante violación de las normas sobre contaminación y la relación que existe entre ese delito y el hecho de poner el buque, en este caso, a disposición de la Justicia argentina.

En definitiva, si esto se puede considerar como un aporte a la interpretación del asunto que estamos considerando y recordando lo que había propuesto el señor senador Korzeniak, debería ser la Justicia uruguaya la que determine y decida si habrán de suministrarse a la otra parte los elementos de juicio pertinentes para su respectiva sanción en manos de la Justicia y no, por ejemplo, del Poder Ejecutivo.

Asimismo, también deberá ser la Justicia uruguaya la que determine si existió flagrante violación de las normas sobre contaminación para dejar abierto el camino de entrega del buque a la otra parte. En resumen, habría dos posibles espacios de intervención de la Justicia uruguaya: por un lado, para determinar si se suministran a la otra parte los elementos de juicio necesarios para la respectiva sanción y, por otro, para determinar si existió o no flagrante violación de las normas sobre contaminación, en cuyo caso correspondería la entrega del buque a la otra parte.

Creo haber entendido -a partir del nacimiento de este debate- que sea esta la verdadera intención que tiene la Comisión de Asuntos Internacionales cuando señala -tal cual lo explicaba el señor senador de Posadas- la necesidad de interpretar el artículo 21, y en particular su 2º inciso, a la luz de la aplicación y vigencia del derecho uruguayo.

Simplemente, deseaba formular este razonamiento que se ha basado enteramente en las contribuciones que desde el punto de vista jurídico han realizado otros señores senadores durante el desarrollo de esta discusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa debe señalar que de acuerdo con lo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República a la Asamblea General compete aprobar o reprobar por mayoría de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras. Es decir que en este caso estamos ante la situación de que se aprueba o se desaprueba un proyecto por parte de la Asamblea General y, en éste en particular, por el Senado.

En consecuencia y si hay voluntad para hacerlo, corresponde que se vote, en primer término el artículo 1º y, en segundo lugar, una resolución del Senado en el sentido de que se envíe la versión taquigráfica de las expresiones vertidas en Sala al Poder Ejecutivo, a los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, con la constancia de que se aprueba el informe del señor senador de Posadas Montero, que es quien hace la interpretación a que se ha hecho referencia.

SEÑOR OLASCOAGA. - Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quizás mis expresiones puedan tomarse como fundamento de voto. Naturalmente, estoy de acuerdo en general con el informe de la Comisión, que firmé. Sin embargo, si esto no hubiera sido planteado por el señor senador Gargano, seguramente la cuestión me hubiera pasado inadvertida. Es claro que de acuerdo con mis palabras anteriores tengo de este artículo 21 del Convenio una interpretación diferente de la que resulta del punto 6 del informe de la Comisión. Por lo tanto, lo apruebo con esa salvedad. En ese aspecto concreto, al menos, tengo otra inteligencia de lo que dicen las normas allí contenidas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para tranquilidad del señor senador Ricaldoni, su firma no está estampada en el proyecto de ley.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Teniendo en cuenta que la versión taquigráfica de estas palabras se va a enviar al Ministerio de Relaciones Exteriores, quisiera que el señor senador Ricaldoni reparara en lo siguiente, a ver si estoy en lo cierto.

El señor senador dijo que no está de acuerdo con el punto 6 del informe de la Comisión. Sin embargo, creo que se refiere al punto 6 del Mensaje del Poder Ejecutivo.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - El punto 6 que aparece en la página 10 del repartido 185 señala que parecería que el Estado aprehensor deberá entregar el buque infractor (de su bandera) al otro Estado, sin previo pronunciamiento jurisdiccional, lo que puede vulnerar derechos de terceros.

Esto significa que el Estado debe entregar el buque cuando la bandera es de la otra parte y ha sido apresado en flagrante violación de las normas sobre contaminación. Es aquí donde discrepo con las demás opiniones vertidas en Sala y con lo que dice el propio informe.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se envía la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas y la aprobación del informe del señor senador de Posadas Montero con la interpretación en él contenida con respecto al artículo 21 del Tratado al Poder Ejecutivo y a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al considerado)

14) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa quiere dar cuenta de una rectificación de trámite con respecto a dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Oportunamente, se dio cuenta de que un proyecto por el que se designa al Liceo Nº 15 de Montevideo con el nombre de Profesor Clemente Ruggia pasaba a conocimiento de las Comisiones correspondientes del Senado y que otro relativo a la regulación de las pensiones graciables, también enviado por el Poder Ejecutivo, se remitía a la Cámara de Representantes.

Se rectifica el trámite en el sentido de que el nombrado en primer término se deriva a la Cámara de Representantes y el segundo permanece en el Senado.

15) DESAFECTACION DE UN INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA AFECTARLO A LA ANEP.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el punto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se desafecta del patrimonio del Estado -Ministerio del Interior- y se afecta a la Administración Nacional de Educación Pública, a título gratuito un inmueble sito en la 1ª- Sección Judicial del departamento de Artigas. (Carp. Nº 332/90 - Rep. Nº 186/91)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 332/90
Rep. Nº 186/91

PODER EJECUTIVO
Ministerio del Interior

Montevideo, 18 de setiembre de 1990.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, para someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el que se desafecta del patrimonio del Estado -Ministerio del Interior- parte del inmueble empadronado con el Nº 1366 en mayor área ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Artigas y se afecta a la Administración Nacional de Educación Pública, a título gratuito.

La finalidad que motiva la iniciativa es la de ceder gratuitamente y en forma definitiva el predio de que se trata, para la construcción del local para la Escuela Nº 4 Rural.

Saluda al señor Presidente atentamente.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan Andrés Ramírez.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - DESAFECTASE del patrimonio del Estado -Ministerio del Interior- y aféctase a la Administración Nacional de Educación Pública, a título gratuito, con destino a la construcción del local para la Escuela Nº 4 Rural, parte del inmueble empadronado con el Nº 1366 en mayor área, ubicado en la 1ª- Sección Judicial del departamento de Artigas, que cuenta con una superficie de una hectárea, según plano del ingeniero agrimensor Ricardo Nario de noviembre de 1988 y que se deslinda así: 100 metros al Oeste de frente a Ruta Nº 30 (vieja); 100 metros al Norte lindando con resto del padrón Nº 1366; al Este 100 metros lindando con resto del padrón Nº 1366 y al Sur 100 metros también, lindando con resto del padrón Nº 1366.

Juan Andrés Ramírez.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Esta Comisión aconseja al Senado la aprobación del proyecto de ley adjunto, por el cual se desafecta del patrimonio de la persona jurídica pública mayor Estado (Ministerio del Interior), parte del inmueble empadronado con el Nº 1366, ubicado en la Sección Judicial de Artigas, el cual queda afectado a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El cambio patrimonial se produce a título gratuito y con el objetivo de que el Organismo recién mencionado pueda construir un local para la Escuela Rural Nº 4.

Las razones indicadas justifican plenamente, según estima esta Comisión, que el Cuerpo apruebe este proyecto.

Sala de la Comisión, 9 de abril de 1991.

José Korzeniak, (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, Ignacio de Posadas Montero, Américo Ricaldoni, Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: el informe que figura en fojas 3 del repartido 186 es muy breve. Simplemente, se trataría de una afectación patrimonial gratuita y con el objetivo de que pasara del Ministerio del Interior a ANEP, para la construcción de una escuela.

La Comisión entendió unánimemente que esas dos condiciones determinan la legalidad y mérito de que el Cuerpo apruebe este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo lº.

SEÑOR ZUMARAN. - Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Zumarán.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - DESAFECTASE del patrimonio del Estado -Ministerio del Interior- y aféctase a la Administración Nacional de Educación Pública, a título gratuito, con destino a la construcción del local para la Escuela Nº 4 Rural, parte del inmueble empadronado con el Nº 1366 en mayor área, ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Artigas, que cuenta con una superficie de una hectárea, según plano del ingeniero agrimensor Ricardo Nario de noviembre de 1988 y que se deslinda así: 100 metros al Oeste de frente a Ruta Nº 30 (vieja); 100 metros al Norte lindando con resto del padrón Nº 1366; al Este 100 metros lindando con resto del padrón Nº 1366 y al Sur 100 metros también, lindando con resto del padrón Nº 1366").

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley y se remitirá a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

16) CONSEJO CONSULTIVO DE COOPERACION AGRICOLA DE LOS PAISES DEL AREA DEL SUR (CONASUR). Aprobación del Convenio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio por el que se crea el Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los países del Area del Sur (CONASUR). (Carp. Nº 384/90 - Rep. Nº 187/91)".

(Antecedentes:)

"PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 5 de diciembre de 1990.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de someter a su consideración el presente Mensaje y proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay; la Subsecretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Argentina; el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria de la República Federativa del Brasil; el Ministerio de Agricultura de la República de Chile; el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República del Paraguay y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, por el cual se crea el Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los Países del Area Sur (CONASUR), adoptado en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de junio de 1990.

La gestación del CONASUR, cuya aprobación se solicita por el presente Mensaje, tuvo su inicio a través de las Reuniones de Consulta de Viceministros o Subsecretarios de Agricultura, en el marco del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en las cuales se fue tomando consenso en torno a la necesidad de establecer un mecanismo institucional de carácter permanente para la consulta de los diferentes aspectos relacionados con la cooperación agrícola entre los países del Area Sur.

En la Tercera Reunión de Consulta, realizada en Santiago de Chile entre el 7 y 8 de marzo de 1989, se requirió del IICA la preparación de un documento en tal sentido, tomando como base las pautas establecidas en dicha Reunión.

El texto fue finalmente aprobado en la Reunión de Ministros y Secretarios de Agricultura de los Países del Cono Sur, que tuvo lugar en Buenos Aires, los días 8 y 9 de junio de 1990.

Por el referido instrumento se crean los siguientes órganos, que conforman en un todo el dispositivo de consulta:

I) CONSEJO CONSULTIVO

Formado por los Ministros de Agricultura de los países del área, que se convocará al menos una vez al año y con funciones de:

-Actuar como máximo foro para el análisis de problemas del desarrollo rural, agrario, forestal, pesquero, etc.;

-Servir de órgano permanente de consulta y orientación agropecuaria de la subregión;

-Servir de nexo entre la subregión y agencias u organismos regionales o internacionales en los temas de su competencia.

II) PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

La disposición tercera establece que el Presidente del Consejo Consultivo durará un año en sus funciones y será rotativo por orden alfabético de los miembros, comenzando por Argentina.

Sus funciones serán las de convocar y conducir las reuniones del Consejo Consultivo y representar al Cono Sur ante los diferentes organismos con que éste se relacione.

III) SECRETARIA DE COORDINACION

Esta cumplirá las tareas de coordinación y asesoramiento necesarias para la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo Consultivo.

Su titularidad será ejercida por el Representante en el IICA del país que esté desempeñando la presidencia rotativa del Consejo Consultivo.

Tendrá también facultades de representación del CONASUR, además de dirigir la Secretaría y de otras funciones que se detallan en los literales "a" hasta la "K" de la disposición cuarta.

La disposición quinta establece cuáles serán las formas de participación de los países signatarios, que podrá consistir en apoyo institucional, aporte material logístico, asesoramiento mediante técnicos nacionales, etc.

El apoyo del IICA al CONASUR está regulado en la disposición sexta, y podrá consistir en ayudas financieras y de equipamiento para la Secretaría de Coordinación, además de poner a disposición del CONASUR las oficinas del IICA en los países miembros, con fines de enlace, coordinación y apoyo a la Secretaría de Coordinación.

La disposición séptima se refiere a los recursos financieros con que contará el CONASUR, entre los cuales se mencionan aportes del IICA, de los países miembros y contribuciones especiales. Dichos fondos serán administrados por el Secretario de Coordinación, de acuerdo a las normas financieras del IICA.

Finalmente, se dispone que el Convenio tendrá una duración de dos años, renovable por iguales y sucesivos períodos, salvo denuncia ("desahucio"), que deberá notificarse al Director General del IICA tres meses antes del vencimiento del plazo original o de sus prórrogas sucesivas. El convenio entrará en vigencia cuando todas las partes comuniquen su aceptación al director General del IICA.

El Poder Ejecutivo se permite recomendar la aprobación de presente Convenio, considerando que el mismo establece un mecanismo de consulta útil que sin duda contribuirá a fortalecer la cooperación conjunta subregional en materia agropecuaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Aberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Enrique

Braga, Alvaro Ramos.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Convenio entre la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria de la República Federativa del Brasil, el Ministerio de Agriculutra de la República de Chile, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República del Paraguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura (IICA), por el cual se crea el Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los Países del Area Sur (CONASUR), adoptado en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de junio de 1990.

Héctor Gros Espiell, Enrique Braga, Alvaro Ramos.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales
Integrada

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Cuerpo la aprobación del Convenio suscrito entre el Gobierno de la República junto a los similares de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, por una parte y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, denominado IICA, por la otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de junio de 1990.

En mérito a este Convenio se crea el Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los países referidos, como un mecanismo institucional permanente para la consulta de los diferentes aspectos relacionados con la cooperación agrícola entre los países del sur del Continente, así como en las relaciones de los países miembros con organismos internacionales de cooperación técnica y financiera.

En Consejo Consultivo estará formado por los Ministros de Agricultura de cada uno de los países miembros. Uno de ellos actuará como Presidente del Consejo, con mandato de un año, rotativo comenzando por Argentina y siguiendo el orden alfabético de los países miembros.

Se crea una Secretaría de Coordinación para atender la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo Consultivo que será ejercida por el Representante del IICA del país que desempeña la Presidencia rotativa del Consejo Consultivo. El IICA suministrará oficina, secretaría, equipos y demás elementos.

El nuevo organismo funcionará con aportes del IICA y de los países miembros.

La circunstancia de que casi la totalidad de los países miembros están asimismo empeñados en un proceso de integración hace más oportuna y conveniente la ratificación de este Convenio.

Por lo expuesto, recomendamos al Cuerpo la aprobación de este Convenio.

Sala de la Comisión, 9 de abril de 1991.

Alberto Zumarán, (Miembro Informante), Danilo Astori, Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Alberto Brause, Leopoldo Bruera, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Raumar Jude, Carlos Julio Pereyra, Juan Carlos Raffo, Américo Ricaldoni, Omar Urioste. Senadores".

CONVENIO ENTRE:

-LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA REPUBLICA ARGENTINA,

-EL MINISTERO DE AGRICULTURA Y REFORMA AGRARIA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL,

-EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DE CHILE, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY,

-EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,

EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAClON PARA LA AGRICULTURA.

PARA ESTABLECER EL CONSEJO CONSULTIVO DE COO0PERACION AGRICOLA DE LOS PAISES DEL AREA SUR (CONASUR).

Buenos Aires, 8 de junio de 1990.

CONVENIO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, EL MIMSTERIO DE AGRICULTURA Y REFORMA AGRARIA DE LA REPUBLICA
FEDERATIVA DE BRASIL, EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DE CHILE,
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA REPUBLICA DEL PARGUAY,
EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERACION PARA LA AGRICULTURA, PARA ESTABLECER EL
CONSEJO CONSULTIVO DE COOPERACIÓN AGRICOLA
DE LOS PAISES DEL AREA SUR.

La Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, Representada por Felipe C. Solá, el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria de la República Federativa de Brasil, representado por Antonio Cabrera Mano Filho, el Ministerio de Agricultura de la República de Chile, representado por Juan Agustín Figueroa Yavar, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Repúbica del Paraguay, representado por Hernando Bertoni y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay, representado por Alvaro Ramos Trigo, en adelante denominados "los Ministerios y Ministros de Agricultura" y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, representado por su Director General, Dr. Martín E. Piñeiro, en adelante denominado "el IICA",

CONSIDERANDO

Que el IICA es el organismo especializado del sistema Interamericano para la cooperación técnica en el campo de la agricultura y el desarrollo rural.

Que los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, signatarios de la Convención sobre el IICA, vigente a partir del 8 de diciembre de 1980, pueden suscribir cartas de entendimiento con el IICA para facilitar y fortalecer el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en sus respectivos países.

Que de marzo de 1988 a marzo de 1989 se realizaron tres Reuniones de Consulta a nivel de Vice Ministros o Subsecretarios de Agricultura, para dar seguimiento a la formulación del Plan de Acción Conjunta para la Reactivación de la Agricultura en América Latina y el Caribe, con especial referencia a los países del Area Sur.

Que las referidas reuniones fueron creando consenso en torno a la necesidad de establecer un mecanismo Institucional de carácter permanente, para la consulta de los diferentes aspectos relacionados con la cooperación agrícola entre los países del Area Sur.

Que en la tercera Reunión de Consulta, realizada en Santiago de Chile, los días 7 y 8 de marzo de 1989, se solicitó al IICA la preparación de un documento para la creación del mecanismo de consulta, con base en las pautas establecidas por los Señores Vice-Ministros en dicha Reunión:

ACUERDAN

PRIMERA: PROPOSITO

Establecer el Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los Países del Area Sur (CONASUR). El CONASUR constituye el mecanismo Institucional de consulta y coordinación de los Ministerios de Agricultura, en asuntos que conciernen al desarrollo rural, agropecuario, forestal, pesquero y de conservación de los recursos naturales renovables; así como en sus relaciones con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera. Cada Ministro actuará en el Consejo de acuerdo a la competencia que le corresponda conforme a su legislación nacional.

SEGUNDA: DEL CONSEJO CONSULTIVO

El Consejo Consultivo está formado por los Ministros de Agricultura de los países del Area; se reunirá al menos una vez al año y tendrá las siguientes funciones básicas:

a. Actuar como el máximo foro sectorial para el análisis de los problemas del desarrollo rural, agropecuario, forestal, pesquero y de conservación de los recursos naturales renovables de los países miembros y para formular propuestas de soluciones mediante acciones y medidas conjuntas o articuladas.

b. Servir como órgano permanente de consulta, orientación e intercambio de experiencias relacionadas con las políticas y programas de desarrollo del sector agropecuario de la subregión.

c. Acordar medidas concretas tendientes a fortalecer la acción conjunta subregional relacionada con el proceso de reactivación de la agricultura de los países miembros y las relaciones de éstos con los países de otras subregiones.

d. Propiciar la adopción de posiciones conjuntas tanto para las relaciones de la subregión en el mercado internacional de insumos y de productos del sector, como en foros internacionales para fortalecer la capacidad de negociación de la subregión.

e. Promover gestiones con organismos y agencias regionales e internacionales para orientar, respaldar iniciativas y encauzar la ayuda técnica y financiera destinada para actividades de desarrollo rural, agropecuario, forestal, pesquero y de conservación de los recursos naturales renovables a nivel subregional, instándolos a utilizar el foro del CONASUR para el tratamiento de sus asuntos y decidiendo sobre la forma de coordinar la cooperación que éstos brindan.

f. Analizar informes y recomendaciones sobre la situación del sector agropecuario y su desarrollo en los países de la subregión.

g. Servir como órgano de coordinación y apoyo a mecanismos subsectoriales, programas y proyectos del Area Sur en ejecución o en vías de serlo, tales como PROCISUR y COSAVE.

h. Apoyar el funcionamiento de la Secretaría de Coordinación, así como encomendarle tareas y funciones que considere prioritarias en relación al desarrollo rural, agropecuario, forestal, pesquero y de conservación de los recursos naturales renovables.

i. Aprobar el Programa- Presupuesto Anual, los Reglamentos y Normas de funcionamiento del propio Consejo y de la Secretaría de Coordinación.

j. Gestionar y aportar los recursos que comprometan los Ministerios de Agricultura, para el financiamiento de las acciones del CONASUR.

TERCERA: DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

1. El Consejo Consultivo elegirá un presidente entre sus miembros. Este tendrá una duración de un año en sus funciones y será rotativo comenzando por Argentina, siguiendo el orden alfabético de los países miembros.

2. El Presidente convocará y conducirá las reuniones del Consejo Consultivo.

3. Sin perjuicio de la representación que corresponde al Secretario de Coordinación, el Presidente ejercerá la representación del CONASUR ante los diferentes organismos con los que éste mantenga relaciones funcionales.

4. El Presidente orientará la labor de la Secretaría de Coordinación y dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Consultivo.

CUARTA: DE LA SECRETARIA DE COORDINACION

1. La Secretaría de Coordinación cumple tareas de coordinación y asesoramiento para atender la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo Consultivo. Es ejercida por un Secretario de Coordinación, al que podrán agregarse uno o más técnicos temporales o permanentes según los requerimientos de trabajo y los recursos financieros disponibles; contará además con el apoyo secretarial y de infraestructura correspondiente.

2. La Secretaría de Coordinación será ejercida por el Representante del IICA del país que desempeñe la Presidencia rotativa del Consejo Consultivo.

3. El Secretario de Coordinación, bajo la supervisión del Consejo Consultivo, actuará en representación del CONASUR y tendrá la responsabilidad de dirigir y administrar la Secretaría de Coordinación de acuerdo con las normas y procedimientos del IICA.

4. El Secretario de Coordinación tendrá las siguientes funciones específicas:

a. Actuar como Secretario del Consejo Consultivo y participar en sus reuniones con derecho a voz pero no a voto.

b. Promover y gestionar conjuntamente con el Presidente del Consejo Consultivo, la asistencia técnica y financiera para la realización de estudios y la formulación y ejecución de proyectos subregionales en el campo agropecuario.

c. Asesorar al Consejo Consultivo en materia de política agrícola y de desarrollo subregional.

d. Estimular la participación activa de los países en la decisión, formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos de carácter subregional.

e. Preparar en consulta con los países, el Proyecto de Programa-Presupuesto Anual del CONASUR y someterlo al Consejo Consultivo.

f. Preparar y presentar al Consejo Consultivo un Informe Anual sobre las actividades y la situación financiera del CONASUR.

g. Administrar conforme a las normas y procedimientos del IICA, los recursos financieros que se asignen a la Secretaría de Coordinación para la ejecución de sus actividades.

h. Actuar como elemento de enlace con el IICA y las demás instituciones de cooperación técnica.

i. Divulgar la información oficial del CONASUR y los resultados de sus actividades.

j. Dictar y hacer cumplir las disposiciones de carácter técnico y administrativo bajo su responsabilidad.

k. Supervisar el personal de la Secretaría de Coordinación, para mayor eficiencia de los servicios y mejor ejecución de las actividades.

QUINTA: DE LA PARTICIPACION DE LOS PAISES

Las instituciones de los países del Area Sur signatarios de esta Carta de Entendimiento, se comprometen a:

a. Participar a través de sus máximas autoridades en el Consejo Consultivo del sector agropecuario, así como formular los reglamentos para el funcionamiento del CONASUR, en conformidad con las disposiciones aquí establecidas.

b. Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, la colaboración de los técnicos nacionales de enlace que deben prestar asesoramiento al CONASUR, así como la ayuda de otros especialistas cuyo aporte sea necesario para la realización de tareas recomendadas por el Consejo Consultivo.

c. Proporcionar el apoyo institucional que se requiera para el ejercicio de las funciones de la Secretaría de Coordinación.

d. Hacer los aportes que sean establecidos por consenso del Consejo Consultivo.

e. Proveer las instalaciones, servicios técnico-administrativos y cualquier otro apoyo logístico que requiera en el respectivo país la realización de actividades encomendadas por el Consejo Consultivo.

SEXTA: DEL APOYO DEL IICA

El IICA apoyará al CONASUR mediante la prestación de la siguiente colaboración:

a. Destinará al Representante del IICA del país en el que desempeña la Presidencia Rotativa del Consejo Consultivo para que realice las funciones de Secretario de Coordinación y si las circunstancias lo requieren, podrá financiar un Personal Profesional Nacional para que apoye la labor del Secretario de Coordinación.

b. Suministrará oficina, una secretaria, los equipos, materiales y útiles necesarios para el funcionamiento de la Secretaría de Coordinación.

c. Designará a un funcionario de la Sede Central como canal de comunicación permanente con el CONASUR.

d. Ofrecerá la participación de las Oficinas del IICA en los países miembros del CONASUR, con los siguientes propósitos:

i. Actuar como oficina de enlace entre la Secretaría de Coordinación del CONASUR y las autoridades nacionales de los países del Cono Sur.

ii. Apoyar la sistematización del conocimiento, problemas y necesidades de cada país, en relación a los campos de competencia de la Secretaría de Coordinación del CONASUR.

iii. Promover, desarrollar, apoyar y retroalimentar las actividades a cargo de la Secretaría de Coordinación del CONASUR.

iv. Supervisar, participar y colaborar con las autoridades y técnicos del país, en la realización de trabajos definidos conforme al Programa Operativo Anual del CONASUR.

v. Apoyar a la Secretaría de Coordinación en la administración de recursos financieros del CONASUR en el país.

SEPTIMA: DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

1. El CONASUR operará con recursos provenientes de tres distintas fuentes:

a. Aportes del IICA.

b. Contribuciones especiales.

c. Aportes de los países miembros.

2. Los aportes del IICA serán los necesarios para hacer efectivo el apoyo indicado en la cláusula quinta de este documento. Estos aportes estarán consignados en los presupuestos del IICA para cada bienio que aprueba la Junta Interamericana de Agricultura en sus reuniones ordinarias.

3. Las contribuciones especiales estarán constituidas por aquellas provenientes de diferentes fuentes para financiar programas o proyectos especiales aprobados por el Consejo Consultivo.

4. Los aportes de los países miembros serán establecidos por consenso del Consejo Consultivo.

5. Cada una de estas contribuciones se contabilizará por separado y de acuerdo con las normas específicas aprobadas para cada una y en base a los acuerdos o convenios suscritos al efecto.

6. Los recursos financieros del CONASUR serán administrados por el Secretario de Coordinación de acuerdo a las normas financieras del IICA.

OCTAVA: DE LA COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS

El IICA promoverá la coordinación con los organismos que desarrollan acciones relacionadas con los sectores agropecuarios de los países del Area Sur, en las materias de sus respectivas competencias.

NOVENA: DE LA DURACION DEL CONVENIO

El Convenio tendrá una duración de dos años, a contar de su vigencia. Se entenderá renovada por períodos iguales y sucesivos, si ninguna de las partes comunicara su desahucio. Este desahucio deberá notificarse oficialmente al Director General del IICA, con una anticipación no inferior a tres meses a la expiración del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas.

DECIMA: CONSULTAS

Las partes firmantes aceptan que las instituciones que brinden ayuda financiera, puedan consultar a la Secretaría de Coordinación del CONASUR sobre el progreso y desarrollo de este Convenio.

El presente instrumento, en testimonio de su conformidad con el texto, se inicialan en esta fecha por los personeros concurrentes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y por el Director General del IICA, quien pasa a ser su depositario. Entrará en vigencia cuando todos y cada uno de los personeros de las partes a quienes ligará este Convenio, comuniquen oficialmente su aceptación a dicho Director General.

Buenos Aires, 8 de junio de 1990

Felipe C. Solá
Subsecretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la
República Argentina
Antonio Cabrera Mano Filho
Ministro de Agricultura y
Reforma Agraria de la
República Federativa de Brasil

Juan Agustín Figueroa Yávar
Ministro de Agricultura de la
República de Chile

Alvaro Ramos Trigo
Ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca de la
República Oriental del Uruguay

Martín E. Piñeiro
Director General del Instituto
Interamericano de Cooperación
para la Agricultura".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: por Convenio que une las voluntades de la Argentina, del Brasil, del Paraguay, de Chile y de nuestro país, por un lado, y del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola -conocido como IICA- se crea el Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los países referidos.

La Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo que apruebe este Convenio por considerar que la creación de este Instituto constituye un elemento positivo. Su objetivo es coordinar las políticas agropecuarias de estos países del Cono Sur. De por sí, esto ya sería una meta de máximo interés, pero teniendo en cuenta que cuatro de estas cinco naciones están en proceso de lograr una integración de sus economías, el tema cobra una gran actualidad.

Por otra parte, independientemente del resultado de la integración que descontamos se llevará adelante, esta iniciativa tiene también una gran importancia, teniendo en cuenta la problemática que se vive en torno al tema agrícola, a nivel internacional, ya que la segunda finalidad del Instituto es coordinar las políticas agrícolas de estos cinco países con organismos internacionales. Pensemos, por ejemplo, en la importancia que tiene para nuestra región su presencia con una sola voz, enfoque y tipo de planteo ante organismos de la magnitud del GATT que, precisamente, en esta ronda Uruguay está tratando el tema agrícola general, de gran trascendencia para el sector agropecuario.

Parece muy útil, pues no sólo lograr esta coordinación de las políticas agrícolas que cada país va a llevar adelante en su interior, sino también hacer sentir su presencia en relación al resto del mundo.

Otro de los beneficios de este Convenio es que su estructura resulta poco costosa para los países. Muchas veces se ha censurado el exceso de organismos y de siglas, ya que cada uno de ellos genera gastos que repercuten negativamente en el erario de los países que forman parte. En este caso, sin embargo -por eso el convenio tiene como contraparte al Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura (IICA)- la labor de apoyo, de secretaría, la técnica e, inclusive, la de oficina estará a cargo -según lo expresa el mismo convenio-del mencionado Instituto. Este Instituto -muy conocido a nivel latinoamericano- ha desarrollado una larga y prestigiosa actuación en estas últimas décadas, contando con técnicos muy capacitados que trabajan en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

A través de este Convenio, los países miembros podrán recibir y usufructuar los aportes de estos trabajos técnicos que, a pesar de su excelente nivel, muchas veces no pasan de figurar en los estantes de alguna biblioteca.

Por todo lo expuesto, aconsejamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley que ratifica el Tratado.

Sólo cabe agregar que el órgano directriz estará integrado por los señores Ministros de cada uno de estos países y su Presidente rotará anualmente, siguiendo el orden alfabético, por lo que ya está dispuesto que en el primer período la Presidencia será ocupada por el señor Ministro de la República Argentina. Reitero, además, que la parte de Secretaría y de infraestructura de oficina estará a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo lº.

SEÑOR RAFFO. - Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Apruébase el Convenio entre la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria de la República Federativa del Brasil, el Ministerio de Agricultura de la República de Chile, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República del Paraguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay y el Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura (IICA), por el cual se crea el Consejo Consultivo de Cooperación Agrícola de los Países del Area Sur (CONASUR) adoptado en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de junio de 1990").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - No habiendo más asuntos a considerar en el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 17 y 49 minutos, presidiendo el señor senador Santoro y estando presentes los señores senadores Arana, Astori, Belvisi, Blanco, Bouza, Bruera, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán).

DR. WALTER SANTORO Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.