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Nº 69 - TOMO 336 - 12 DE DICIEMBRE DE 1990

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

68ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y WALTER SANTORO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

-Reglamento de la Cámara de Senadores. Artículos adicionales referentes a la consideración de los proyectos de leyes de Presupuesto y de Rendiciones de Cuentas.
-Iniciativa de varios señores senadores.
-Consejo de Pensión Infantil y Asignación Familiar. Creación de un organismo especializado.
-Iniciativa de la señora senadora Roballo.

5 y 8) Señor senador Korzeniak. Renuncia a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación

-Manifestaciones del señor senador Gargano solicitando la lectura de la nota presentada.
-Constancia del señor Presidente.
-Se resuelve proceder de conformidad a lo solicitado.
-Fundamentos de voto del señor senador Ricaldoni y del señor Presidente.

6) Departamento de Paysandú. Diversos problemas que afectan a su población

-Manifestaciones del señor senador Arana.
Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Educación y Cultura y de Salud Pública, al Directorio de OSE y a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Paysandú.

7) Agremiación de Lecheros de Minas. Su situación

-Manifestaciones del señor senador Cassina.
-Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria y Energía, a los Directorios del Banco de la República Oriental del Uruguay y del Instituto Nacional de Colonización y a la Agremiación de Lecheros de Minas.

9) Cuarto intermedio

-Se resuelve realizarlo por moción del señor senador Araújo.

10) Declaración política

-Se resuelve negativamente una moción formulada por el señor senador Araújo en nombre de su bancada para realizarla.
-Constancia del señor Presidente.
-Fundamentos de voto de varios señores senadores.

11 y 13) Ciudad de Carmelo. 175ª aniversario de su fundación

-Se resuelve, por moción del señor senador Irurtia, considerar este proyecto como urgente.
-En consideración.
-Manifestaciones del señor senador Irurtia.
-Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Receso parlamentario. Funcionamiento de las Comisiones del Senado

-El señor senador Santoro presenta una moción en el sentido de autorizar a las Comisiones del Cuerpo a citar a sus miembros y trabajar durante el receso parlamentario.
-Manifestaciones de varios señores senadores.
-Se resuelve afirmativamente.

14) Hora previa de las sesiones ordinarias del Cuerpo. Procedimiento de Inscripción de los señores senadores en la misma

-Planteamiento del señor senador Pérez.
-Constancia del señor Presidente.

15) Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

-El señor senador Gargano formula moción en el sentido de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado informe al Cuerpo, en la primera sesión ordinaria del próximo Período, acerca de las funciones de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.
-Manifestaciones de varios señores senadores.
-Se resuelve afirmativamente la moción formulada.

16) Banco de Previsión Social. Normas para la inscripción de empresas y afiliación de trabajadores

-Continúa en discusión general.
-Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17 y 19) Presupuesto del Senado. Modificaciones.

-Se resuelve, por moción del señor senador Cigliuti, tratar este proyecto como urgente.
-En consideración.
-Aprobado.

18) Escribano Dardo Ortíz. Se designa con su nombre a la Escuela de Práctica Nº 273 de Montevideo

-En consideración.
-Manifestaciones de varios señores senadores.
-Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular de Hungría. Su aprobación

-En consideración.
-Manifestaciones de varios señores senadores.
-Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Fundaciones. Se reglamenta su funcionamiento.

-En consideración.
-Exposición del Miembro Informante, señor senador de Posadas Montero.
-Manifestaciones de varios señores senadores.
-Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

-(En sesión secreta)
-El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

23) Pensión alimentaria para el niño en situación de extrema pobreza y marginación. Modificación a las Asignaciones Familiares

-Se resuelve autorizar a la señora senadora Roballo a realizar una exposición de treinta minutos en ese sentido en la primera sesión extraordinaria que celebre el Cuerpo.

24) José Pedro Martínez Matonte

-Se resuelve autorizar al señor senador Batalla a hacer uso de la palabra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, inciso 4º del Reglamento a los efectos de rendir homenaje al maestro recientemente fallecido.
-Manifestaciones de los señores senadores Batalla, Gargano y Roballo.

25) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 11 de diciembre de 1990.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 12, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para la inscripción de empresas de afiliación de trabajadores al Banco de Previsión Social.

(Carp. Nº 239/90 - Rep. Nº 148/90)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se designa con el nombre "Escribano Dardo Ortíz" la Escuela de Práctica de ler. Grado Nº 273 de la ciudad de Montevideo.

(Carp. Nº 321/90- Rep. Nº 129/90)

3º) Por el que se aprueba el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular de Hungría

(Carp. Nº 1506/89 - Rep. Nº 145/90)

4º) Por el que se reglamenta el funcionamiento de las Fundaciones.

(Carp. Nº 159/90- Rep. Nº 162/90)

5º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a:

Una funcionaria del Ministro de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 20 de diciembre de 1990).

(Carp. Nº 315/90- Rep. Nº 155/90)

Un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence el 23 de diciembre de 1990).

(Carp. Nº 1480/89 - Rep. Nº 156/90)

Un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 24 de diciembre de 1990).

(Carp. Nº 316/90- Rep. Nº 157/90)

Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Plazo constitucional vence el 2 de enero de 1991).

(Carp. Nº 325/90- Rep. Nº 160/90)

Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Plazo constitucional vence el 2 de enero de 1991).

(Carp. Nº 101/90- Rep. Nº 159/90)

6º) Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a:

Un funcionario del Ministerio de Salud Publica. (Plazo constitucional vence el 6 de enero de 1991).

(Carp. Nº 328/90- Rep. Nº 161/90)

Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (Plazo constitucional vence el 23 de enero de 1991)

(Carp. Nº 351/90- Rep. Nº 163/90)

Un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence el 27 de enero de 1991).

(Carp. Nº 352/90- Rep. Nº 164/90)

Un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 5 de febrero de 1991).

(Carp. Nº 356/90- Rep. Nº 165/90)

Un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 15 de enero de 1991).

(Carp. Nº 338/90- Rep. Nº 166/90)

LOS SECRETARIOS"

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Roballo, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán.

FALTAN: con licencia: los señores senadores Bruera y de la Sierra.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 04 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 12 de diciembre de 1990.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios mensajes del Poder Ejecutivo por los que da cuenta haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que se establece que los gastos que demande la organización de la Reunión Bilateral realizada entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, se atenderán con recursos arbitrados por resolución de 3 de octubre de 1990.

por el que se dispone el pago de la contribución de la República al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) correspondiente a los gastos del programa para 1988.

por el que se autoriza a librar Orden de Entrega a favor de la Administración Nacional de Educación Pública, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por Sentencia 210 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3er. Turno en autos caratulados "Jakubowsy Kluge Rolando c/Luis Martín y otros. Daños y Perjuicios".

-Ténganse presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

Del Ministerio de Economía y Finanzas: relacionadas con órdenes de Pago Especiales y la renovación de la contratación directa en régimen de arrendamiento de obra de un peón.

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionadas con la Licitación Pública Nº 661/89, varios gastos efectuados sin disponibilidad de rubros y reiteración del gasto emergente de la Licitación Pública Nº 405/88.

De la Administración Nacional de Telecomunicaciones: relacionada con la contratación directa para la adquisición de cables telefónicos.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionadas con reiteración de contratación con la firma Patricio de Salterain y con el Concurso de Precios Nº 218/89.

De Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea: relacionadas con reiteración de varios gastos efectuados en los meses de agosto, setiembre y octubre de 1990.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores: relacionadas con reiteración de cheque a favor de la firma OLUR S.A. y con la reiteración de varios cheques.

Del Ministerio de Industria y Energía: relacionadas con reiteración de varias Ordenes de Entrega.

Del Ministerio de Educación y Cultura: relacionadas con reiteración de varias órdenes de pago, con la compra de pasajes, con reiteración de varias Ordenes de Pago Especiales, con pago a la Jefatura de Policía de Montevideo, con pago de alojamiento para artistas y con la adquisición de diarios.

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionadas con reiteración de contratación de personal y con gastos efectuados sin disponibilidad de rubros.

Del Instituto Nacional del Menor: relacionadas con reiteración de órdenes de entrega

De la Administración de las Obras Sanitarias del Estado: relacionadas con varios gastos efectuados sin disponibilidad de rubros, con reiteración de varias Ordenes de Compra.

De la Universidad de la República (Facultad de Medicina): relacionada con reiteración de gastos a la firma Papelería Montevideo, (De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) relacionada con la financiación de las deudas con OSE y la Compañía del Gas.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite la información solicitada por los señores senadores Walter Belvisi, Carlos W. Cigliuti, Alberto Brause, Federico Bouza y Américo Ricaldoni, sobre el ingreso de funcionarios a la Administración Pública, a partir del lº de marzo de 1990.

-A disposición de los señores senadores Belvisi, Bouza, Brause, Cigliuti y Ricaldoni.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Walter Santoro relacionadas con el estudio, aprovechamiento y desarrollo de la cuenca del Río Santa Lucía, adjuntando la información correspondiente.

-A disposición del señor senador Walter Santoro.

La Cámara de Representantes remite varias notas comunicando la sanción de los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifica el plazo para realizar las elecciones de representantes de los productores granjeros a la Junta Nacional de la Granja.

por el que se establecen los requisitos para la obtención de la personalidad jurídica por parte de los fundadores de las sociedades cooperativas.

por el que se designa con el nombre "Doctor Ceibal Artigas" al Hospital-Centro Auxiliar de Salud Pública de Cerro Chato, departamento de Treinta y Tres.

por el que se designa con el nombre "Orestes Araujo" la Escuela Nº 105, de ler. grado, urbana, de la ciudad de San José, y por el que se concede una pensión graciable al señor Manuel Espínola Gómez.

-Ténganse presente y agréguense a sus antecedentes.

La Cámara de Representantes remite la exposición escrita presentada por el señor representante Eden Melo Santa Marina, para que se dé curso a la Comisión Especial de Medio Ambiente, sobre la Reserva de fauna de la Laguna de Castillos, departamento de Rocha.

-A la Comisión Especial de Medio Ambiente.

Los señores senadores Walter Santoro, Ignacio de Posadas Montero, Juan Carlos Blanco, Juan Carlos Raffo, Hugo Batalla, Enrique Cadenas Boix y Carlos Cassina presentan un proyecto de artículos adicionales al Reglamento de la Cámara de Senadores referentes a la consideración de los proyectos de Leyes de Presupuesto y de Rendiciones de Cuentas.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

La señora senadora Alba Roballo presenta con exposición de motivos un proyecto de ley referente a la creación de un organismo especializado, paraestatal denominado "Consejo de Pensión Infantil y Asignación Familiar" y por el que se fijan sus fines y cometidos.

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El señor senador doctor José Korzeniak remite una nota por la que presenta renuncia indeclinable a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

El Directorio de Obras Sanitarias del Estado solicita audiencia a la Comisión Especial de Medio Ambiente del Cuerpo.

-A la Comisión Especial de Medio Ambiente".

4) PROYECTOS PRESENTADOS

PROYECTO DE ARTICULOS ADICIONALES AL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE SENADORES

CAPITULO XXIV

De la Consideración de los Proyectos de Leyes de Presupuesto y de Rendiciones de Cuentas.

Art. 176. - Ingresados los proyectos al Senado, el Presidente conjuntamente con su envío a las Comisiones correspondientes, designará una Comisión Especial compuesta por siete señores senadores que no integren la Comisión de Presupuesto y de Hacienda.

Dicha Comisión Especial tendrá como cometido el análisis de los artículos de los proyectos aludidos que, por razón de su materia, sean desglosados por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y destinados a aquélla.

Art. 177. - Dentro de los primeros 20 días de recibidos, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda podrá desglosar de los proyectos mencionados los artículos referidos a inversiones, así como aquellos otros que, por su contenido, puedan ser analizados separadamente, al no formar parte esencial de la materia presupuestal o de rendición de cuentas. Estos últimos serán remitidos a la Comisión Especial referida en el artículo 176.

Las Comisiones que reciban de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda disposiciones para su consideración, elevarán a ésta sus informes 7 días antes del vencimiento del plazo que el presente Reglamento otorga a la misma.

Art. 178. - La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda terminará sus trabajos 72 horas antes del vencimiento del plazo otorgado al Senado para la consideración de los mismos.

Art. 179. - Los señores senadores que desean presentar artículos sustitutivos, modificativos o aditivos en los proyectos mencionados, deberán entregarlos a la Presidencia del Senado 48 horas antes del vencimiento del plazo citado en el artículo anterior.

Walter Santoro, Juan Carlos Blanco, Ignacio de Posadas Montero, Juan Carlos Raffo, Enrique Cadenas Boix, Carlos Cassina, Hugo Batalla. Senadores".

"PROYECTO DE LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

I) Visión del Tercer Mundo.

II) Pensión Infantil, en caso de la niñez en situación de indigencia y de extrema pobreza.

III) Modificación del sistema de leyes de Asignaciones Familiares:

a) Ampliación de sus franjas, fundamentalmente, el derecho del niño a la vida.

I) Visión del Tercer Mundo.

Cuando la UN reabre sus sesiones de 1990, UNICEF realiza una Asamblea Extraordinaria de más de 100 países, presencia de 81 Jefes de Estado y hace un estremecedor mensaje sobre la situación del Tercer Mundo y específicamente América Latina y el Caribe.

Llama a la conciencia universal por el hecho más del siglo XX y seguramente del siglo XXI, donde los países pobres padecen una crisis profunda de miseria y desnutrición que crece velozmente.

Así las cifras de muerte por hambre de ese crimen de humanidad que a esta altura de la historia humana (viajes. espacio, descubrimientos científicos, revolución en las ciencias, en la cultura, en todos los planos de la civilización) llaman a la reflexión universal.

Aprovechando la presencia de los Jefes de Estado, los exhorta, en una especie de juramento de su voluntad política a atender este problema con prioridad absoluta como el urgente, que no puede esperar, en un siglo que ha sido duda terrible, con dos guerras mundiales, con enormes conflictos, derramamientos de sangre genocidas como en Vietnam. Y ahora, a fin de siglo, con estas estadísticas cada más escalofriantes de esta realidad, acentuadas justamente las puertas del siglo.

Subraya entonces estos números de muertes por pobreza, miseria y desnutrición y para recordar una sola, en América Latina y el Caribe mueren 40 mil niños por día y en el mundo, las cifras son de un niño o más por minuto.

CELA reconoce también porcentajes parecidos y según ésta, en Latinoamérica, no solamente sus estadísticas dan cifras altísimas, sino que crecen y se ahondan con una tragedia alucinante.

Hace una exhortación para que el mismo niño se despierte e intervenga de algún modo en su situación tan cruel y haga sus reclamos propios.

Dice: el niño es creativo, inocente, frágil, pero alegre en su comienzo, puro y noble.

Desgraciadamente creemos que esta exhortación a los Jefes de Estado, cayó en saco roto. Ellos vuelven a sus países con la más grande buena voluntad, pero de algún modo están comprometidos todos planetariamente en un explosivo conflicto de guerra o pre-guerra mundial, gastando ríos de oro en armamentos y operativos para el posible enfrentamiento del Golfo.

Además, sin duda, la crisis profunda del sub-desarrollo que en América Latina es absolutamente general, con excepción apenas de uno o dos países y con su política económica le de la hora actual, hace que todo converja para acentuar este modo de aumentar el drama que recae más sobre los niños.

Los recursos se derivan para otros objetivos; poco alcanzan para la enseñanza, la salud, la vivienda, la cultura de las Universidades, la seguridad social, por lo que, como una ruleta trágica que estuviera fatalmente trampeada y cayera siempre en el mismo lugar, el niño pobre recibe todos los golpes.

Desde que el brasileño Schiller, hace 50 años escribió: El Libro Negro del Hambre, el tema era absolutamente tabú. La clase dirigente y los grandes intereses de otro orden, no querían que se hablara de ese mundo oculto y oscuro.

Ese libro fue una especie de despertar, estupor, que a partir de entonces asombra y así llega al periodismo, a los científicos, a los ensayos en la literatura, al estudio de las estadísticas, cifras divulgadas por los organismos nacionales e internacionales. Pero nada se hace. Con humor negro demostró entonces lo que Arciniegas llamaría "La América invisible"; estaba dividiendo al mundo donde hay pobreza, hambre o muerte, en dos clases que son: "los que no duermen por que no comen y los que no duermen por que tienen miedo de los que no comen". ¡Qué profecia!

Así vemos todos los días, que además de las cifras de distintos organismos internacionales, particularmente para nosotros el CELA, publica periódicamente notas, estudios y muestra fotografías de las manchas del hambre de los seres humanos que en América Latina, Asia, Africa, etc., revelan su agonía.

No podemos soportar un instante cuando vemos esas imágenes de niños que muestran ya sus deformaciones para morir, con sus grandes ojos tristes, sus raquíticas costillas, brazos, piernas flacas y débiles y su enorme vientre, no pareciéndose ya a seres humanos.

Causas de la pobreza.

1º) Las reglas bárbaras del comercio mundial, organizado por países ricos y que dan a veces sus frutos en las rondas del GAT, donde estamos esperando un milagro de la Ronda Uruguay para que no se haga dumping, no se mate la economía de los países pobres que sólo tiene materias primas para vender y productos del agro, con los fracasos consiguientes, que siempre terminan en catástrofes económicas para el Sur.

Secretos resortes determinan siempre el traslado de capitales a los grandes centros financieros del mundo y en América Latina, a los poderosos centros de dependencia de Estados Unidos.

2º) Seguramente una de las otras causas está en el belicismo. Lo que se gasta en armamentos, en experiencias de nuevas armas químicas y atómicas, cada vez más complicadas, sofisticadas y terribles, que enriquecen a los fabricantes de armas y a todos los países que las venden.

3º) También decimos que siempre los países ricos, para saquear a los países pobres y empobrecerlos más, inventan nuevas formas de saqueo.

Desde la ingenua y bien intencionada Alianza para el Progreso, que murió en forma tan triste, nos contaba una presa política, que encontrándose en un cuartel yacía en un colchón que decía: "Alianza para el Progreso". Sirvió tan sólo para las cárceles políticas del tiempo de los procesos militares de triste memoria.

4º) También el instrumento más hábil es la creación de organismos financieros que controlan y determinan los planes de la política económica: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Gatt, la gran trasnacional de la Banca poderosa del mundo y 130 internacionales, otra causa, que controlan toda la alimentación y el consumismo de los países pobres.

Luego hay otros inventos; la deuda externa, traslado de capitales (Venas Abiertas del escritor Galeano), los petrodólares que se ofrecían, ya sabemos, al 2%, regalados a malos administradores que los disfrutaban y los sacaban de los países, pero que en realidad tenían una condición: actualizaban los intereses formando el globo inmenso de hoy y los servicios de intereses de los países pobres. Es la causa primerísima de la pobreza y el sub-desarrollo.

Y si seguimos tenemos que decir, que la misma lucha que se da entre Norte y Sur, Tercer Mundo y países desarrollados y ricos, está en las clases privilegiadas de cada país, frente a los que no tienen nada.

5º) La política de los gobiernos también, al no distribuir mejor la torta y al encontrar otro modo de perder patrimonio nacional como con las privatizaciones, constituyen otra forma de empobrecer y trasladar capitales. Son y serán la causa última ya del total despojo, y además, indudablemente, todos los elementos siguen acentuados en una forma de capitalismo salvaje y de mercado que parece ser la gran moda en una especie de apagón de este siglo.

Políticos y pensadores ilustres nos dicen que no hay que esperar nada del Estado. Cada cual se arregle como pueda y busque su dicha o la solución de sus problemas económicos, humanos, de cultura, de salud, etc., porque el Estado ya no puede dar nada, ni siquiera el Tercer Mundo es el porvenir, y América Latina ya no es la esperanza porque se dice que ahora las formas sociales del capitalismo son para siempre. Esta exposición es polémica y refleja un punto de vista de la autora.

Lo cierto es que Uruguay no se salva. Las estadísticas lo dan como uno de los países más aliviados, pero la realidad es otra. Los porcentajes de la mortalidad infantil decrecen en lo. barrios altos y en los espacios donde no hay pobreza, pero tenemos otras estadísticas en los barrios pobres y en los ghetos de Ciudad Vieja, y en los tugurios del Centro.

Las cifras del Hospital Pereira Rossell y del Servicio de Enterramiento del Municipio de Montevideo, que tuvimos el honor de crear cuando fuimos parte del gobierno de esa Intendencia, hoy entierra por mes 40 niños casi recién nacidos o de pocos años. Padres que llegan allí con ellos a pedir el cajoncito, envueltos en diarios o trapos.

Aquel niño que vimos en los pueblos del interior, de rancherios, hoy está en el centro de Montevideo; lo vemos dormir en los portales, como pequeños delincuentes en la rapiña diaria y lo vemos también limpiando parabrisas, inventando algo para su mendicidad, sin tener nada más que su propia suerte o lo que su imaginación le da para sobrevivir.

Nosotros creemos que nada se ha hecho en concreto sobre esta realidad ya aceptada por todos.

Por más que llamen los organismos internacionales de UNICEF, FAO, Población y Desarrollo, UNTAC, en fin, lo cierto es que el problema crece como una mancha de aceite negra sobre todo el planeta sin ninguna esperanza.

Mientras los países ricos tienen una política económica absolutamente controlada, llena de subsidios y cerrada para el mercado mundial de los países pobres, nosotros creemos que si no se toman medidas urgentes en nuestro Uruguay y en el mundo, en un instante de guerra inminente y de odio racial o religioso, o casi lo mismo, una guerra atómica o química y el asesinato creciente de los que no comen, terminará el Tercer Mundo por ser una gigantesca Guernica.

Nosotros en el Uruguay nunca hemos abordado el tema con sinceridad y voluntad política.

No creemos, con todo respeto, en el plan de emergencia del gobierno, hecho con donaciones que no son permanentes y que sirve a 25.000 niños, con créditos mendigados al exterior, lo que no es una solución.

Poca cosa por poco tiempo y no para comer simplemente y dada personalmente, no como un derecho propio en una gran ley.

Menos polémica (aunque la aceptamos mientras tanto) la beneficencia de las organizaciones sociales que algún día hacen algo por el pan de cada día para los más desdichados de la tierra.

Yo creo que digo mal. Una vez se hizo un esfuerzo para concientizar sobre el problema y buscar el comienzo de una solución. Se lo debemos al gran maestro de la escuela rural, de la enseñanza infantil, el desaparecido Julio Castro, que realizó una experiencia notable en Caraguatá, un rancherío típico, un pueblo de miseria absoluta donde realizó las jornadas pedagógicas, acompañado de profesores voluntarios pedagogos, médicos, músicos, etc. En fin, para ver que hacer por aquella población que llegaba al extremo de no conocer el jabón, de no haber oído nunca música, haber nunca lavado ropa que se ponía (cuando tenía) pegaba para siempre entre llagas y andrajos.

Creyó Julio Castro que la primera cosa era concientizar a los padres, a los niños y al pueblo de aquel rancherío, demostrándoles que su situación no era general sino una injusticia. Hablándoles, logró al final de sus jornadas, que los niños volvieran a la escuela, guardaran y lavaran su ropa,oyeran por primera vez embelezados un violín, una guitarra haciéndolos cantar.

Pero aquello fue un relámpago. Cuando se fueron, volvió a ser Caraguatá igual. Su gente a vivir de la misma forma o peor, a huir e ir a lugares de más pobreza como son aledaños de las ciudades y pueblos, después Montevideo y luego nada: la muerte o algún viaje, si tuvieron suerte, exterior, con esa desangre permanente de gente, que nuestro país tan mal poblado padece, en busca de trabajo. Descubrió pues que había una primera tarea, despertar en los pobres una conciencia de que algo pasa contra ellos, que deben enfrentarse, reaccionar y defenderse ellos mismos. Así empieza otra vida.

La resignación es la causa profunda de los que no comen.

Tendrá que surgir una conciencia de todo el país, frente a esta situación que crece con una niñez desamparada, que no tiene esperanza en el INAME, porque los lugares donde Se recogen los niños son tremendos como los de Treinta y Tres, donde se les torturaba peor que en las cárceles y donde vemos repetir eso a lo largo y ancho del país (Montevideo, Salto, etc.). Además, se utiliza a los menores y a las niñas por los mismos funcionarios que debieran cuidarlas y dejan casos estremecedores como la muerte de Paulinita (como le decimos nosotros) que ha pasado a ser una leyenda.

Tampoco hay esperanzas en esa calle donde está la droga, el alcohol y la tentación de todas las formas para crear al delincuente, niño o juvenil.

Los uruguayos nos despertamos todos los días, lúcidos que tenemos lo necesario, los ricos también, en una especie de milagro solidario, pensando ya desde el desayuno, desde la casa confortable donde durmieron, o no confortable, al menos una vivienda, con el sentimiento de que están en cierto modo implicados a vivir más o menos con remordimiento en este muro del que nadie habla.

Todos hablan del muro de Berlín, que bien cayó, con tanto folklore al respecto que hasta se vende en pedacitos y no hay político, ni ensayista actual, ni periodista de la comunicación que no nombre hasta 100 veces hoy el muro de Berlín. Pero el verdadero muro que separa la opulencia de los miserables en los países del Tercer Mundo y en cada país a los ricos y a los pobres, de ese muro nadie habla y existe, hay que derribarlo aunque no lo podamos vender en pedacitos.

Hay que tener miedo de la explosión de los extremadamente miserables; lo que al fin sentirán, es un odio social peligroso.

La inmensa desgracia de los bogotazos o de los caracazos y otros más, deben hecernos pensar, en esta hora incierta, donde parece que el mayo del 68 quiso volver en París hace pocos días. Las conmociones de este tipo son una inmensa desgracia para todos y nadie gana nada. Sabemos que se avanza de otro modo.

II) Pensión Infantil, en caso de la niñez en situación de indigencia y de extrema pobreza.

Presentamos este proyecto de ley con mucha buena voluntad, muy ambicioso, pero posible.

Todas las grandes conquistas al parecer, cuando empezaron, se juzgaron imposibles, utópicas, demagógicas y mal concebidas, pero lanzadas con honradez y buena voluntad, con verdadero humanismo y convicción profunda, no se plantan en el aire.

Nuestros compatriotas perdonarán a esta ley su falta de tecnicismo, su ambición aparente, su fatiga para leerla, pero no hemos tenido suerte. En nuestro primer período legislativo en el Senado, cuando las famosas inundaciones, presentarnos un proyecto de recuperación de la pobreza, de los rancheríos y de las viviendas insalubres, financiado con un impuesto vienal modesto al mayor valor de la tierra. Esta es una riqueza que no le pertenece a su propietario, sino que es fruto del crecimiento, del trabajo, de toda la sociedad. Era previsible que fracasara un intento para encontrar soluciones de vivienda, educación y vida mínimamente humana, lejos de la muerte y la pobreza. No mereció siquiera que lo discutieran en el Senado. Nadie se dio por enterado. Nos atrevimos a tocar la tierra.

Ahora intentamos esta ley que supone:

Modificación del sistema de Asignación Familiar, que nace en 1943 (Decreto-Ley del Gral. Baldomir), que es legalizada por Ley Nº 10.449 por el Presidente Amézaga, reglamentada posteriormente.

Hurgando en sus orígenes, descubrimos que en un mundo en que no existía una institución parecida, aquí en el Uruguay, 4 ó 5 hombres extraordinarios, visionarios, crearon esta institución que luego se hace una experiencia original, eficaz y muy rica. Descubrirnos nombres que estaban en la Democracia Cristiana de la época, pero particularmente el del Dr. Tomás Brena, legislador a quien consideramos nuestro maestro en el período que estudiamos todas las leyes de seguridad, particularmente la gran ley de jubilaciones de la Escala Móvil, del trabajo insalubre, etc. Tenía un tremendo sentimiento cristiano de solidaridad, pero era además un creador, un hurgador de lo mejor del mundo. Conocía la legislación nacional y la legislación comparada, de modo que legislaba con un oficio, porque él sabia si se estaba modificando una norma, si se estaba repitiendo, creando o copiando, teniendo realmente la totalidad de los conocimientos en la historia legislativa del país.

Parece que es el Dr. Brena el inspirador, cuando a fines de la ilegalidad del Presidente Baldomir se crean los consejos de salarios, ley que aún es eficaz y está vigente, y que ha sido profunda, pacificadora, hasta con una estructura adecuada para el consenso, donde están todos los intereses. Tenía apenas un capitulito que creaba Cajitas por gremios de Asignaciones Familiares o instituciones muy someras, pero que tenían el mérito de disponer de una generosa financiación.

Descubrimos, cuando fuimos Presidentes de la Caja Nº 32, que cuando está el dinero se gasta bien porque nadie quiere que pase a Rentas Generales o que no se gaste.

Los patronos ya lo habían pagado y votaban siempre los beneficios nuevos y los obreros defendían lo suyo y el delegado del Poder Ejecutivo generalmente era un imparcial, bien intencionado y se hacia el consenso.

La reglamentación de esta ley creó una frondosidad de instituciones, de primas, de servicios de salud, de seguros de paro, de socorro extraordinario dado en mil formas, siendo una experiencia inigualable.

Más tarde descubrimos que quien las había gestionado con los legisladores eran las organizaciones sindicales, aquellas precursoras de la UGT, con la figura inolvidable del combatiente obrero y luego Senador brillante, Don Enrique Rodríguez.

Así se llegó a lo que no vamos a contar de lo curioso que fue el descubrir que cuando hay una ley buena y está bien financiada y hombres o mujeres bien inspirados a interpretarla, la hacen crecer de modo inesperado.

Fueron cuatro líneas, pocos artículos que crearon un número de instituciones y beneficios incontables.

Con el socorro extraordinario de su reglamentación se podía hacer todo y había mucho dinero. Así salieron los seguros de salud, con la experiencia de la Organización Internacional de la Salud, que tenía su sede en el Cerrito de la Victoria y vinieron aquellas Cajas que hicieron la experiencia de realizar el proyecto de salud preventiva, salud dental de los niños, de las primas por maternidad por hijo, por fallecimiento, por pérdida de trabajo. En fin, aquello fue prolífero, pero tuvo un defecto cada Caja lo aplicaba a su modo. Hubo que crear en el año 47, la ley de los Consejos Centrales de Salarios, Nº..., de la cual nosotros fuimos autores y que culminó esta obra. Se hizo una Comisión Provisoria con todos los Presidentes de las Cajas, y un asesor letrado, el Dr. Héctor Da Prat.

Así nació la ley del Consejo Central de Asignaciones Familiares, que continuó esta obra en una experiencia estudiada en otros países del mundo como excelente. Ley a la que regresamos en el presente proyecto porque el Acto Nº 9 las había arrasado, tomando sus servicios, destrozándolos, apropiándose de sus bienes muebles e inmuebles, enseres, recursos financieros, fondos provisorios cuantiosos de ahorro, etc., que reclamamos sean devueltos también, en este proyecto.

Todo esto acompañado de una represión tremenda para sus funcionarios, expertos y vocacionales, persiguiéndolos con destitución y cárceles. Algunos enfermaron; nunca fueron restituidos o jubilados como corresponde por ley. Se suponía una extracción polémica.

Entendemos que es hora de revisar todo.

En primer lugar la Asignación Familiar no puede estar fundada sólo en la concepción del núcleo familiar y su poder económico y por un monto bajísimo.

Hay algo por encima de eso que crea una exclusión absoluta de la mayoría de los niños. La situación tenía que ser la de un trabajador que gane poquísimo, que tenga la suerte que su patrón pague los aportes a las Cajas y que después lo entregue, que no haya evasión y además que trabaje siempre. No hay para quien no trabaja; para los desocupados, los marginados, los que están en seguro de paro, tampoco para el trabajador informal ni para la enorme cantidad de trabajadores que evadieron los aportes, que ahora se fueron por millones de dólares, que pagan en diez años y que no devuelven la Asignación Familiar. No hay tampoco para aquellos que nunca los regularizaron; no hay para quienes pagaron pero hubo evasión y delito.

No hay tampoco para el trabajador zafral y continuo, que con changas periódicas tiene derecho a alimentar a sus hijos con sus modestos recursos. Ni el modesto patrono como el zapatero de barrio, como el dueño de un kiosquito, que demuestre que su patrimonio es tan pequeño como un salario, que tiene hijos tan pobres como él, que trabaja y tiene la suerte que le paguen sus aportes a la Caja.

En este proyecto aumentamos sus derechos en ese aspecto, sobre todo en el caso de la mujer jefe de familia, que tiene muchos hijos y que trabaja hoy aquí, mañana allá, por ejemplo en el campo: la lavandera, la planchadora, ayudante de cocina o trabajo zafral que se repite continuamente y que nunca la apuntan y que podía estar amparada con sus hijos al servicio de asignaciones humanamente concedido.

Y por último llegamos a la concepción de los únicos que aún en nuestro proyecto no entrarían, que son los niños de la calle, de los cantegriles, el niño en pobreza y abandono absoluto, que tiene derecho como el viejo a tener su pensión.

El anciano hace 80 años que tiene el derecho a una pensión a la vejez y el niño a la invalidez, probando dos extremos: su edad e indigencia, experiencia feliz y digna que la poseen todos los países.

Y nosotros decimos: el viejo sí y esto es justo y de recibo universal y el niño qué.

Alguna vez hubo una experiencia excelente, cuando la tuberculosis era una enfermedad incurable o casi, se creó la cruzada de apoyo a la familia de los enfermos. Ayudaron al enfermo y sus hijos estaban totalmente amparados hasta que de algún modo el enfermo se recuperara y pudiera trabajar. Pero fue en beneficio también para el niño que no tenía recursos y desapareció cuando llegaron los antibióticos.

Pensión Alimentaria, para el niño en situación de indigencia o extrema pobreza.

Nosotros creemos que tenemos que hacer una Pensión Alimentaria para el niño en absoluta pobreza y aquí está la revolución. No lo vamos a explicar, creemos que eso se verá leyendo la ley, pero vamos a decir que es una Pensión Infantil para niños en situación de pobreza extrema con la misma filosofía de la Pensión a la Vejez, que tiene 80 años en el Uruguay y que basta simplemente probar dos extremos: pobreza absoluta y vejez.

Tuve el honor de ser Presidente de la Caja Rural de Pensiones a la Vejez y a la Invalidez; ¿acaso no es un inválido un niño desnutrido que apenas camina o un niño que muere de hambre por las calles de Montevideo, mendigando, delinquiendo, sin nada de amparo o casi sin familia, sin techo ni amor ni nada más que ese mundo terrible que lo rodea, que sin duda lo va a destruir o lo va a matar?

Debo decir que se pagaron pensiones a la vejez durante mi mandato en la Caja, se dieron 50 mil pensiones muy documentadas y fue fácil de realizar sus pruebas; se levantaban en Actas Notariales y nunca hubieron denuncias de pobreza falsa.

Hay que revisar montos que nosotros concebimos como el pre-proyecto del Frente Amplio. En ese aspecto tenemos coincidencias de por lo menos 8 salarios mínimos y también el monto de la asignación o pensión, que no puede ser la miseria que se está dando. Tiene que ser por lo menos el 20 ó 25% del sueldo mínimo o de la Pensión a la Vejez, según los casos.

También hay una revolución en su financiación. Que se devuelvan los bienes que fueron cuantiosos, así como el porcentaje de los aportes que se trasladó al Banco de Previsión Social, al mismo tiempo que se desvastó el servicio al punto de que casi no existe. Hoy el servicio de maternidad no es ni parecido al extraordinario creado para la mujer trabajadora, para la mujer pobre en el caso de alumbrar a un hijo. Ella podía podía entrar en el Sanatorio más encumbrado y sentarse en la cama con una mujer de clase alta o media, la única diferencia era el ajuar.

Los niños nacían en una emocionante democracia absoluta. Todos iguales y en el mismo lugar.

Sobre la Pensión Infantil es lo que vamos a hablar y es lo nuevo del Proyecto y es lo único que significa por primera vez dar un ejemplo al mundo de cómo puede hacerse algo sobre ese genocidio del Tercer Mundo, sobre ese problema de la pobreza y la miseria extrema que dan esas estadísticas, que de tiempo en tiempo se descubren cada vez más grandes y desvastadoras.

Sabemos por ejemplo que del año 82 a la fecha, han crecido en extrema pobreza más de 100 millones de desgraciados en América Latina, asimismo como hay más de 100 millones de analfabetos.

La revolución, tanto para casos de exclusión del derecho a la Asignación Familiar, porque el fundamento es el núcleo familiar, el atributario, la familia y el trabajo ordenado en aportes, en este Proyecto no se excluye.

Pero la base fundamental o única es el derecho inalienable y sagrado a la vida del niño, consagrado en la Constitución, en Códigos y en Declaraciones de Organismos Nacionales e Internacionales.

III) Modificación del sistema de leyes de Asignaciones Familiares.

La Pensión Infantil con otros fundamentos jurídicos, exclusivamente basado en el derecho sagrado, inalienable del hombre y del niño tiene, por ser una experiencia inédita, una complejidad y una arquitectura jurídica difícil de aplicar y de concebir.

Es muy simple. Como en la Pensión a la Vejez y a la Invalidez, fundada en el mismo derecho, en cuanto son 2 los extremos nada más que hay para crear el derecho: la edad y su situación de pobreza, que debe ser certificada documentalmente, cuidadosamente, en un Acta Notarial final, con los extremos probados fehacientemente, cuya defraudación o concepción violatoria de la verdad, puede acarrear un delito.

El problema no está en encontrar al niño absolutamente desamparado, desnutrido, a veces en las puertas de la muerte. Tampoco está, repito, en la posibilidad de llevarlo a instituciones que deben reformarse, cambiarse totalmente para ser hábiles para estas situaciones.

Cuidamos que el mismo Consejo de Asignaciones tuviera dos nuevas presencias: la del médico, que lo nombra la Facultad de Medicina, que sabe de nutrición y además es especialista en pediatría, con un fondo de vocación determinada y el abogado, nombrado por la Facultad de Derecho, que puede entender como puede existir o bien una situación familiar promiscua, casi inexistente o no existente, el niño totalmente abandonado, el niño que va ya no solamente por los caminos de la posible muerte sino de la delincuencia, que crea el abandono, de la absoluta inocencia en la inmoralidad y la peligrosidad.

Porque es necesario que encuentre quien administre la pensión del niño y lo recoja. Si encontramos una familia (por más que sea difícil), capaz de darle responsabilidad y existencia, sería la situación ideal.

Nosotros creemos, con un optimismo ciego, que los padres que han abandonado a sus hijos donde fuera, a instituciones o a la calle, siempre lo han hecho por un tremendo problema económico.

Ellos van a tener al principio un incentivo que significa tener una entrada y al vivir y al alimentar a sus hijos como administradores, van en cierto modo a compartir. Y luego de la convivencia, naturalmente el sentimiento ese profundo de la sangre y de la familia, puede resurgir y así veremos, no solamente que vuelven a encontrarse familias, sino además, que las familias desde el principio tienen motivos para no disolverse.

Será éste el fundamento mayor: hacer que el niño no pierda su familia y encuentre un hogar totalmente indigente, pero un hogar de su sangre y de su amor.

Pero éste es un ideal, aunque basta que quede alguien de la familia que pueda ser, no curador, sino en el sistema de guarda que está en el derecho de Asignaciones Familiares con sus numerosas modificaciones. Deben haber más de 100 modificaciones a las leyes originales y nuevas leyes que luego extendieron ese derecho para todos; hasta los legisladores tienen una magnífica ley de Asignaciones Familiares.

Lo cierto es que nosotros creemos que esto va a servir para mejorar la natalidad de un país no poblado y para el fortalecimiento de la familia, de modo que ésta desaparezca en un caso de absoluta irresponsabilidad moral en extremos inconcebibles.

El Estado se verá aliviado en aquellas instituciones donde se reciben niños recién nacidos y abandonados o niños que están en la calle, durmiendo donde les caiga la noche, en un desamparo que estremece.

Las pandillas se van a terminar, si existe una responsabilidad de los funcionarios sociales y técnicos del Consejo de la Pensión Infantil y realmente todos los días crearemos unos nuevos espacios de la pobreza, decorosos, que van a influir sobre salud, delincuencia, drogas, alcohol, cigarro y todo lo que vemos en las bandas, sobre todo en Montevideo, donde el fenómeno es terrible. Lo vimos en San Pablo, en Río y en otros lados, donde no solamente nadie se ocupa de nada de esa situación que es tan inconmensurable. Está el caso por ejemplo de los favelados, inmensos, que son millones y millones y que además se los mata. Todas las noches se mata en Río a los pobres marginados y a los niños en particular, para librarse de un problema. En las calles de Colombia, Bogotá, en callejones, aparecen muertos niños de 8 y 10 años, fusilados por ser pobres y marginados.

Esto ocurre en casi todas las partes del mundo y también como lo vimos en nuestro Uruguay y en Montevideo, donde la prostitución de menores termina por matarlos.

Es algo inconcebible todo esto, que nos estremece en una protesta sin Dios, porque no puede existir Dios donde se dan estos extremos brutales de la convivencia humana.

Habrá que encontrarle guardadores, habrá que recurrir a precarias instituciones sin derogar en los magníficos institutos de la adopción.

No se despertará la solidaridad de la clase media y pobre donde vemos que las guardadoras del Consejo han sido una experiencia notable que han terminado por criar hijos adoptivos, con una carga tremenda que no se compensa. Lo que les paga el INAME o la seguridad social es mínimo.

Creemos que va a haber más natalidad. Vamos a reconstruir el mundo del niño absolutamente pobre, abandonado, desnutrido, delincuente, olvidado, que no delinque en los términos que estamos discutiendo para la minoridad y responsabilidad, sino en límites inconcebibles de sus primeros años.

El rencor social del niño abandonado existe. Lo hemos comprobado mil veces en el insulto que hemos recibido por no dar aquella moneda que se pide en la calle y el rencor del niño en extrema pobreza y marginado, donde los ojos le brillan de odio.

Todas las experiencias que se han hecho en el país sirven y los asistentes sociales, los inspectores, todo ese funcionario adecuado que debe entrar por concurso, con gran vocación y gran fiscalización y este nuevo Consejo que nos parece extraordinario por su experiencia anterior, hará milagros y lograremos un lugar para la guarda y la administración de la pensión que a su vez tendrá una pena severa, pena de cárcel, para el caso que sea desvirtuada en los fines supremos de ella misma.

Dos delitos creamos en esta ley: uno, cuando alguien sabe que hay un niño recién nacido, de un año, dos, cinco, ocho o diez, que está muriéndose de desnutrición (como vimos un día el ejemplo de una mujer encontrada en un barrio miserable, que dio cuenta la televisión y que estremeció a toda la sociedad uruguaya), comete un delito de omisión de asistencia. Porque, ¿no es lo mismo dejar en el camino a un accidentado de tráfico muriendo y no recogerlo, que dejar por un rincón de una calle o una casucha perdida en los barrios miserables a un niño que se está muriendo de hambre?.

Vamos a hacer una reflexión fuera de lugar. Ustedes han visto qué belleza es un niño bien nutrido, juguetón y gracioso. Tan hermosos son aunque no sean lindos, que no hay en la televisión comercial más atractivo que esos niños elegidos y enseñados para vender pañales, para vender productos que sirven para el cosmético de la infancia o para sus grandes beneficios. Y asimismo nosotros vimos que nuestros niños, nuestros nietos, fueron criaturas del amor y bellísimos, así en nada puede compararse en el mundo. El niño bien alimentado y bien guardado es una hermosura incomparable, que ha creado no sé por qué, toda la ternura y la alegría del mundo.

Decimos que ahí estará el talón de Aquiles de la ley, pero esto se creará como se armaron las Asignaciones Familiares en su comienzo, donde todo el mundo creó, donde nadie tocó el dinero, donde todo el mundo tuvo una maravillosa concepción y la aplicó y fue creciendo con frondosidad inigualable, haciendo un bien social a manos llenas y creando una experiencia que no puede olvidarse y fue única en el mundo.

Muchas dificultades habrá, pero la Pensión Infantil es innegable. No hay derecho a matar. El Código, el viejo Código Moral, a través de siglos infinitos dice: "No matarás", como el crimen más grande del hombre sobre la tierra.

Todos los Códigos Morales y la abundancia de la legislación sobre el niño ahonda en tantas normas declarativas que no conducen a ninguna parte.

Nacimos en un pueblo de extrema pobreza y rancherios, de marginación, de campos de concentración del hambre, donde la maestra, cuando un niño se desmayaba gritaba: ¡que le alcancen un vaso de leche!, porque se desmayaba de hambre. Y cuando no entendía la tabla de multiplicar, con un pequeño golpecito lo mandaba al fondo de su casa a que le dieran un plato de comida, porque sabia que con el hambre no se aprenden las tablas de multiplicar.

Eso nos ha marcado toda la vida, pero no está en nosotros esta conciencia. Hay miles de seres humanos en el mundo que sienten este tema y en el Uruguay, que es tan generoso, decimos que no hay diferencias casi entre ricos y pobres, sino en seres solidarios que entienden, viven, padecen y tienen una responsabilidad secreta, perturbadora.

En el fondo todos somos asesinos, o por lo menos en el crimen del hambre y la pobreza extrema todos estamos implicados.

Decimos que hablar de ello solamente es importante. Decía Rodó, aunque esté viejo y aunque no sea actual ni elegante citarlo en estos tiempos: "hablar a la juventud de nobles y elevados motivos es una especie de oratoria sagrada".

Esto es un comienzo mínimo, pero un comienzo al fin. Algo para la marginalidad, sólo para ella, con una política complementaria naturalmente, de salud, de vivienda y de asistencia social. Pero es por primera vez hacer directamente algo.

Y para terminar decimos que puede ser que esto sea utópico, les cueste dinero y reclame la financiación suya. Pero me recuerda lo que dijo un escritor de cuyo nombre no me acuerdo: "Matar a un hombre es el crimen más brutal y deleznable, pero matar a un niño, a un niño del hambre genocida, es matar 2 veces: es matar al hombre que iba a ser cuando ese niño creciera y también al niño mismo en su total desvalidez o inocencia, que no se sabe, que no presiente ese tremendo riesgo que está corriendo al borde de una vida imposible de creer que exista cuando tocamos las puertas del siglo XXI"

Dra. Alba Roballo. Senadora.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Se derogan por la presente ley, los artículos 14; 18 inc. 3; 20 y 21 literal A, del Acto Institucional Nº 9.

Art. 2º. - Créase un organismo especializado, paraestatal, denominado "Consejo de Pensión Infantil y Asignación Familiar" para el cumplimiento de los fines y cometidos que se expresarán en los Capítulos I y II de la presente ley.

El mismo estará integrado de la siguiente manera: un delegado del Poder Ejecutivo que ejercerá la Presidencia; tres delegados de los patronos; tres delegados de los trabajadores, elegidos por las respectivas representaciones; un delegado nombrado por la Facultad de Medicina, que deberá ser Pediatra; un delegado nombrado por la Facultad de Derecho, especializado en Derecho de Familia.

Los delegados patronales y de los trabajadores, serán elegidos de acuerdo a las Leyes Nos. 10.449 y 11.618, siendo los demás delegados, designados por su calificación, vocación y prueba por concurso.

Todos los delegados tendrán su respectivo suplente.

CAPITULO I
De la Pensión Infantil

Artículo 3º. - Todo niño nacido en la República Oriental del Uruguay, o que resida permanentemente en ella, en situación de indigencia o extrema pobreza, tendrá derecho a una pensión que le permita una mínima subsistencia.

Este beneficio se fundamenta exclusivamente, en el derecho inalienable y sagrado a la vida, consignado en la Constitución de la República.

Art. 4º. - Esta pensión será percibida hasta la edad que reconoce el sistema actual de Asignaciones Familiares, o hasta que cambie su situación económica, mejorando su nivel de vida.

Art. 5º. - El monto de la pensión debe resolver la asistencia del niño con riesgo de desnutrición y será fijada por alguno de los siguientes criterios:

A) el 25% del sueldo mínimo nacional.

B) la mitad de la pensión a la vejez.

En el caso de optarse por el primer criterio, la pensión se ajustará cuatrimestralmente; y cada vez que se renueven los montos de Seguridad Social en el segundo criterio.

Art. 6º. - En caso de que el menor viva con sus padres legítimos o naturales, curadores, tutores o simplemente guardadores estos serán los encargados de administrar la pensión.

Los guardadores excepcionales, no podrán acumular más de dos beneficiarios.

Art. 7º - Esta ley se reglamentará a los efectos de establecer los mecanismos que permiten calificar los extremos de pobreza e indigencia.

Disponiéndose para el cumplimiento de los mismos, de personal técnico idóneo como Inspectores calificados, que mediante la presentación de documentos, constaten: edad del menor, cantidad de integrantes del núcleo familiar, ingresos y condiciones de vida del menor, levantando a tales efectos Acta Notarial que refleje un interrogatorio exhaustivo y los documentos que se presenten.

Funciones del Consejo

Artículo 8º. - El Consejo, tendrá las siguientes funciones:

A) Otorgar pensiones infantiles.

B) Asesorar al Poder Ejecutivo.

C) Realizar estadísticas cuatrimestrales sobre el movimiento general del sistema.

D) Administrar el Fondo Nacional para el Servicio.

E) Realizar toda otra función tendiente a la regularidad, concordancia y progreso en el servicio de pensiones infantiles, dando cuenta al Poder Ejecutivo.

F) Dar cuenta de los beneficios que puedan otorgarse en casos muy particulares como socorro extraordinario.

De los recursos

Artículo 9º - El Consejo tendrá como recursos:

A)La restitución de lo que Asignaciones Familiares perdió de su patrimonio, los aportes que financiaban la ley originalmente en el Consejo Central, Leyes Nos. 10.449 y 11.618, las reservas guardadas en depósito además de sus bienes muebles, inmuebles y demás enseres.

El monto actual, pasará a ser recaudado por el Consejo que en esta ley se crea.

B) Un porcentaje del 1% sobre las ventas del Estado, así como de personas físicas y jurídicas.

C) Donaciones o Legados nacionales, o que provengan del extranjero, particularmente de organismos como UNICEF, FAO, etc.

Art. 10. - En caso de que el Consejo no pueda cubrir con su patrimonio las funciones que se le asignan, se obtendrán recursos de Rentas Generales, devolviéndose apenas éste tenga fondos.

De las penalidades

Artículo 11. - La no denuncia por parte de cualquier persona que tuviere conocimiento de la existencia de menores que se encuentren en riesgo de vida por desnutrición, configurará omisión de asistencia, de acuerdo a lo previsto por el Código Penal.

Art. 12. - La constatación de que la pensión otorgada, se desvirtúa en beneficio propio o de quien tiene el menor a su cargo, o de un tercero, también deberá ser denunciado, sin perjuicio de la constatación que de oficio se realice por los respectivos Inspectores y será pasible de la figura delictiva correspondiente.

CAPITULO II
De la Asignación Familiar

Artículo 13. - El régimen vigente se seguirá aplicando, modificándose el monto de las Asignaciones Familiares y la extensión de beneficios que se disponen en este Capítulo.

Art. 14. - A los efectos de la percepción de la Asignación Familiar, se considerarán los ingresos del núcleo familiar y el número de hijos o menores a cargo, de acuerdo a las siguientes escalas:

A) Hasta 8 salarios mínimos nacionales de ingreso del núcleo y hasta 2 hijos o menores a cargo, los atributarios percibirán como monto de la Asignación Familiar por beneficiario, el equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente.

Desde el tercer hijo o menor a cargo y siguientes, se percibirá por beneficiario el equivalente al 25% del salario mínimo nacional vigente.

B) Desde 8 y hasta 16 salarios mínimos nacionales de ingreso del núcleo familiar y hasta 2 hijos o menores a cargo, los atributarios percibirán como monto de la Asignación Familiar por beneficiario, el equivalente al 16% del salario mínimo nacional vigente.

Desde el tercer hijo menor; o menor a cargo, se percibirá por beneficiario el equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente.

C) Desde 16 salarios mínimos nacionales de ingreso del núcleo familiar y hasta 2 hijos, no se percibirá Asignación Familiar.

Desde la misma cantidad de ingresos del núcleo familiar y teniendo más de dos hijos o menores a cargo, se percibirá, a partir del primer hijo menor a cargo, como monto de la Asignación Familiar por beneficiario el equivalente al 12% del salario mínimo nacional vigente.

Art. 15. - El derecho a percibir Asignación Familiar, se extiende a las siguientes franjas:

A) Cuando el trabajador se encuentre en Seguro de Paro.

B) Cuando el trabajador haya sido despedido, durante un año.

C) Por pequeños patronos o trabajadores independientes.

D) Por el trabajador informal, zafral, changador.

E) Por el trabajador rural.

Art. 16. - En aquellos casos en que se deje de percibir la Asignación Familiar, y se pase a percibir el beneficio de Pensión Infantil, no se suspenderá la primera hasta tanto no se pase a cobrar la citada Pensión.

Art. 17. - Los atributarios que perciban Asignaciones Familiares por los beneficiarios en las condiciones previstas en el Art. 5º de la Ley Nº 13.711, seguirán en el régimen vigente, sin tope de remuneración.

Montevideo, 11 de diciembre de 1990.

Dra. Alba Roballo. Senadora".

5) SEÑOR SENADOR KORZENIAK. Renuncia a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - No se pueden plantear cuestiones de orden antes de que el Senado entre a la hora previa.

SEÑOR GARGANO. - Pero se trata de una cuestión de orden referente a los asuntos entrados, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Eso no es reglamentario. Si el señor senador quiere plantear una cuestión de orden relativa al trámite de los asuntos entrados, lo tendrá que hacer una vez que finalice la hora previa.

6) DEPARTAMENTO DE PAYSANDU. Diversos problemas que afectan a su población.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: quiero dar a conocer al Cuerpo y, por su intermedio, a las autoridades involucradas, algunas de las preocupaciones que recabé en diversas localidades del departamento de Paysandú.

En primer lugar, quiero dejar constancia de la inquietud que sienten numerosos productores rurales en torno a la disminución de estímulos para el sector exportador. También sienten preocupación por el impacto negativo que podría ocasionar la liberalización genérica de los arrendamientos rurales. Esto se nota particularmente entre los pequeños y medianos productores del sector lechero. Por otra parte, viven una gran incertidumbre respecto a la integración económica regional, pues hasta el momento no se ha efectuado una cautelosa instrumentación ni se han compatibilizado las medidas con los acotados plazos hasta ahora previstos.

Pensamos que todo esto puede conspirar contra los incentivos a la producción y contra el afincamiento de la población rural.

En segundo lugar, voy a referirme a la situación de la escuela de la pequeña localidad de Pueblo Esperanza, situado a unos quince kilómetros de la capital sanducera. La escuela atiende a unos 75 niños y funciona en una antigua finca que presenta muy serios deterioros de construcción y un estado general de mantenimiento muy deficiente. A pesar de la sacrificada y, por cierto, tan mal retribuida actuación del personal docente, éste, junto a los padres de los escolares, han obtenido montos con el fin de llevar a cabo algunas de las imprescindibles e importantes reparaciones que el local requiere. Para ello se entendió necesaria la adquisición del inmueble; pero, lamentablemente, se debió descartar tal solución a causa del precio exigido por el actual propietario, que se consideró muy excesivo, habida cuenta del estado deficitario del edificio.

Es por todo ello que se considera necesario y urgente la edificación, por parte de las autoridades competentes, de un local apropiado.

En tercer lugar, quiero hacer referencia en relación con la localidad de Quebracho- a otros problemas vinculados con la enseñanza en el departamento; concretamente, acerca del liceo de Quebracho. Este centro urbano de señalable dinámica comparativa a escala departamental viene reclamando la puesta en funcionamiento de un grupo de quinto año de Enseñanza Secundaria, reclamo que entendemos ampliamente justificado por el número creciente de adolescentes que aspiran continuar sus estudios en su propio ámbito local. Ello redundaría en facilitar el afincamiento en la zona de la población del lugar y evitarla trastornos a nivel familiar y notorias erogaciones a nivel económico.

Otro, a nuestro modo de ver, muy justificado reclamo -relacionado también con el ámbito de la enseñanza- es el referido a la construcción de la escuela para el conjunto habitacional denominado COOPARME, conjunto llevado a cabo por el sistema cooperativo de ayuda mutua, por parte de MEVIR. Se nos ha informado que, a pesar de estar firmado desde hace ya años, un convenio con Enseñanza Primaria para la edificación de un nuevo edificio escolar, los servicios deben prestarse -en forma, por cierto, inconveniente y precaria- en el local construido por la Cooperativa para salón comunal, habiéndose dividido con mamparas ese espacio en tres aulas improvisadas.

Es de hacer notar que el próximo año se habrán de culminar y entregar 190 nuevas unidades de vivienda también construidas por MEVIR, por el sistema cooperativo de ayuda mutua, con lo cual, sin duda, se incrementará el número de familias afincadas y el correspondiente número de niños en edad escolar que desde luego, reclamarán tener cabida en el ya precario edificio escolar. Ello resulta en un inconveniente funcionamiento desde el punto de vista docente y, además, impide que las familias allí localizadas puedan contar con los servicios comunes previstos por MEVIR para la promoción cultural y social del grupo.

Que el hecho no es menor, lo prueba la muy estimable actividad comunitaria llevada a cabo allí por numerosas personas que se aglutinan en el denominado Centro de Promoción Humana de Quebracho. Dicho Centro está llevando adelante una tarea que involucra a pobladores de Quebracho y de la zona inmediata, en lo referente a actividades culturales, económicas y productivas, conducentes al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Entendemos que tales grupos, que tan positiva tarea están desarrollando, merecerían el apoyo, por ejemplo, en lo referente a educación rural, a créditos para micro empresas artesanales, granjeras, etcétera. Todo ello contribuiría a la tan pregonada y no siempre efectivamente estimulada radicación de la población rural en su propio ámbito. No es raro, señor Presidente, esa vocación comunitaria que se detecta allí, y gracias a la experiencia tan positiva realizada por MEVIR en la zona, a tal punto que la población de Quebracho está reclamando la construcción de un tercer grupo de viviendas.

Por otra parte, es aspiración que OSE se haga cargo del control y cuidado del servicio de suministro de agua que hasta ahora, en esos núcleos cooperativos ya construidos son llevados a cabo y financiados por MEVIR bajo el control de los propios vecinos, particularmente de uno de ellos, que ha logrado obtener el apoyo de los habitantes del lugar por su labor meritoria y responsable, lo que le ha permitido ganar el respeto de todos los habitantes del barrio.

Es asimismo preocupación de los habitantes de Quebracho el grave problema sanitario suscitado por la contaminación originada en fisuras que han sufrido las canalizaciones del llamado Barrio Municipal. El hecho obligó al análisis de los pozos de agua practicados en el centro poblado, verificándose la contaminación del 100% de los casos analizados. Este problema afecta particularmente al llamado barrio El Parque, donde se afincan familias de muy escasos recursos económicos, muchas de las cuales carecen de suministro de agua, la que ni siquiera se obtiene a través de grifos de utilización pública.

Finalmente, señor Presidente, quiero referirme a la localidad de Lorenzo Geyres, la ex Estación Queguay. En esta pequeña localidad de unos 250 habitantes, la carencia percibida quizás como de mayor importancia y urgencia, se manifiesta en el área de la salud. Se nos ha hecho notar que existe una policlínica bien instalada, pero para la atención médica del lugar sólo se cuenta con un médico en carácter voluntario, que, en la medida de sus posibilidades se traslada desde Quebracho dos días en la semana. Por tal motivo, se entiende que la necesidad más perentoria es la de instalar ese centro con un médico permanente afincado en el lugar.

Por otra parte, si bien se dispone de una ambulancia, tiene que contarse con la buena voluntad de algún vecino para el traslado de personas hasta Paysandú, o alguna localidad que cuente con servicios permanentes, en casos de emergencia.

Otro de los problemas allí detectados es la carencia de viviendas, se reclama la construcción de un conjunto a través de la ya citada organización de MEVIR.

Finalmente, quiero dejar constancia de otra aspiración de la población del lugar; la implementación de los cursos móviles de UTU, como el de carpintería y el de tratamiento artesanal de la lana, que se reclaman especificarnente en esta zona, para beneficiar sobre todo a la juventud allí radicada.

Asimismo, solicitan el rápido funcionamiento de la escuela de alternacia en el ex local de Remates Muró.

Por lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, Educación y Cultura y Salud Pública, a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Paysandú y a la OSE.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Arana.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

7) AGREMIACION DE LECHEROS DE MINAS. Su situación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: el pasado fin de semana, el señor senador Batalla y el que habla visitamos la ciudad de Minas, en donde tuvimos oportunidad de recibir las inquietudes de varios sectores de la sociedad minuana -tanto empresarios, trabajadores de la actividad privada como de los de la actividad pública- que iremos trasmitiendo a los organismos públicos competentes en el curso de los próximos días. Pero queríamos aprovechar esta oportunidad para referirnos a la situación que nos plantearon los integrantes de la Agremiación de Lecheros de Minas -una Institución cuya sigla es ALEMI- en representación de esa Entidad.

Los productores lecheros de Minas y zonas adyacentes conforman un núcleo -importante en su número- de pequeños productores que poseen extensiones no mayores de 50 hectáreas –la más rande tiene ese tamaño, mientras que las otras son mucho más reducidas- y que manifiestan una honda preocupación por el futuro de su actividad en ese lugar. Están entregando al consumo la leche cruda, si bien desean poder formar, entre ellos, una agroindustria que les permita ofrecer el producto pasterizado, es decir, en las condiciones en que seguramente también lo quieren los consumidores.

Ocurre que se encuentran con algunas dificultades que pensamos pueden ser superadas por vía administrativa si los organismos competentes, en cada uno de los casos, adoptan de inmediato –o en el menor tiempo posible- las medidas apropiadas.

Una de sus preocupaciones es la de que la zona productora de leche de Minas y lugares adyacentes reciban el tratamiento que se otorga a los productores de la llamada Cuenca Lechera. Se nos señalaba que a los que pertenecen a ésta, la electrificación rural, por ejemplo, les llega en condiciones más favorables que las que podrían obtener estos pequeños productores, con un costo que en las actuales circunstancias les sería absolutamente imposible de cubrir.

Ellos entienden que si la zona minuana fuera reconocida como integrante de la Cuenca Lechera, la electrificación rural podría llegarles en forma mucho más accesible y mejorarían, desde todo punto de vista, su producción. Asimismo, si obtuvieran ese reconocimiento, conseguirían créditos, particularmente del Banco de la República, en condiciones más favorables que las que pueden recibir actualmente del mismo banco y, por supuesto, de la banca privada.

Otra de las aspiraciones más sentidas –y para cuya concreción ellos pueden colaborar desde todo punto de vista, si bien necesitan el aporte de los organismos competentes- es el establecimiento de un campo de recría en la zona. Consideran que se trataría de algo realmente accesible, si el Instituto Nacional de Colonización y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca colaboraran con ellos, así como el Banco de la República, otorgando créditos que están en condiciones de asumir colectivamente como Agremiación de Lecheros de Minas.

Reitero que a partir de las mencionadas condiciones –electrificación, otorgamiento de créditos, establecimiento de un campo de recría- se sentirían en condiciones de asumir la gran responsabilidad de dar el paso necesario hacia una etapa agroindustrial, construyendo una usina que les permita pasterizar la leche y, al mismo tiempo, ingresar en otros estadios del proceso de industrialización de la leche. Para ello, resulta imprescindible la habilitación de los créditos correspondientes, como ha ocurrido en todos aquellos lugares del país donde la leche es industrializada en todos sus aspectos.

En tal sentido, y apoyando este planteamiento e la Agremiación de Lecheros de Minas, solicitamos la intervención de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria y energía, así como del Banco de la República y del Instituto Nacional de Colonización, los que actuando en forma conjunta o separada, pueden contribuir decisivamente en la solución de las preocupaciones que afectan a este importante sector de pequeños productores del país, de forma de permitirles, no sólo sostenerse en la actividad -lo que hoy día es difícil- sino, también, mejorarla sustancialmente, adecuándose técnicamente a las necesidades del consumo y de la industrialización. De esta manera se podría realizar un aporte que les daría la posibilidad de estar en condiciones de competir, de cara al proceso de inserción del país en un mercado común regional.

Por lo expuesto, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se remita a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria y Energía, así como a los Directorios del Banco de la República y del Instituto Nacional de Colonización y a la Agremiación de Lecheros de Minas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Cassina.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

8) SEÑOR SENADOR KORZENIAK. Renuncia a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: solicito que por intermedio de Secretaría se dé lectura a la nota de renuncia a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación, presentada por el señor senador Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si los señores senadores lo permiten, la Mesa desea aclarar que no es de estilo que se dé lectura a las notas que ingresan al Senado. Simplemente se hace referencia en un brevísimo extracto, al contenido de las mismas y se remiten adonde corresponde, en este caso, a la Comisión de Constitución y Legislación, porque se trata de la renuncia a un cargo para cuyo ejercicio la Comisión lo designó. Esto sucede igualmente con los Presidentes de todas las Comisiones.

En consecuencia, la nota no puede ni debe ser considerada por el Senado.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: no he solicitado que se considere la nota de renuncia, sino que he pedido que se dé lectura por parte de Secretaría al contenido de la misma.

Además, si bien es cierto que las respectivas Comisiones acuerdan sus Presidentes, también es verdad que esos Presidentes son designados por decisión política de todas las bancadas. De hecho, es una resolución del Cuerpo la que los nomina, en definitiva, para la Presidencia de cada una de las Comisiones.

Por otra parte, no veo inconveniente de ningún tipo en que cuando un señor senador solicite que se dé lectura al contenido de un asunto entrado, se acceda al pedido, sin perjuicio de que luego lo considere o no el Cuerpo como elemento de discusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - La moción de orden que presenta el señor senador Gargano está comprendida en el numeral 6 del literal d) del artículo 66, que no admite discusión. Por lo tanto, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 25. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: he votado negativamente, porque como lo señalé en la Comisión en la sesión del día de hoy, entiendo que éste es un tema de resorte absolutamente interno de la misma, pues es ella la que designa a su Presidente y Vicepresidente. En modo alguno éste es un tema del Senado.

Creo, además, que la lectura de esta nota en el Senado daría a entender -por lo menos para quien habla- que más que un acto individual del señor senador Korzeniak -que he lamentado como todos los integrantes de la Comisión- es algo que tiene un propósito adicional, de tipo político, para introducir en la sesión del día de hoy, a través de la vía de la lectura de dicha nota, la consideración de otra materia. Conozco el contenido de la nota que ya ha sido leída en Comisión y que supongo está a disposición de cualquier miembro del Cuerpo. Reitero que esto ya no es una decisión individual de un señor senador -repito que lo lamentamos y respetamos- sino que se hace la consideración de una especie de clima, visto desde un ángulo que no comparto, respecto de lo que está ocurriendo con el tratamiento del proyecto de ley a estudio de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de dar lectura a la nota, por vía de fundamento de voto, la Presidencia desea expresar que comparte en todos sus términos el fundamento de voto del señor senador Ricaldoni.

Dese lectura de la nota

(Se da de la siguiente:)

"Montevideo, 12 de diciembre de 1990

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Doctor Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi más alta consideración:

Por la presente, vengo a presentar -con carácter indeclinable- renuncia a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

En más de una oportunidad he sentido la inequívoca sensación de que el tratamiento de un proyecto de ley, si se extiende más de los deseos del Poder Ejecutivo, provoca indisimuladas impaciencias. Así ocurrió cuando se trató la Ley sobre Funcionarios Públicos y así está ocurriendo ahora, concretamente, con el estudio del proyecto de ley sobre empresas públicas.

En la sesión de ayer, por ejemplo, se insistió por mayoría en votar el artículo primero del proyecto, pese a cuidadosas pero muy claras manifestaciones del suscrito de no haber tenido oportunidad de discutir dicha norma (situación no atribuible -me apresuro a aclararlo- a los demás miembros y asistentes a la Comisión). Igualmente, se votó una reunión para el próximo jueves (con horario matinal y vespertino), a pesar del anuncio -también cuidadoso pero también claro- de que se convocaba, precisamente para ese día y para ese tema, una reunión en mi Partido.

Pienso entonces, señor Presidente del Senado, que podré discutir mejor el proyecto como miembro de la Comisión que como Presidente de la misma. Usted sabe como Presidente de la Asamblea General y del Senado- que es muy difícil mantener una estricta ecuanimidad en la conducción de las sesiones, cuando se percibe la intención tanto de demorar innecesariamente, como la de evitar discusiones saludables o necesarias.

Las Comisiones no pueden convertirse en una suerte de Oficinas refrendadoras de decisiones políticas tomadas en el ámbito del Poder Ejecutivo. Tengo la impresión de que esto último podría ocurrir en el caso de este proyecto sobre empresas públicas, aunque me constan que no es su deseo ni el de los demás miembros de la Comisión. En todo caso, como siento esa impresión, no deseo que ello pueda perturbar la ecuanimidad e imparcialidad con que, hasta el presente, espero haber procedido en la conducción de las sesiones.

Al tiempo que solicito a Ud. la aceptación de esta renuncia -que es indeclinable- lo saluda con la cordialidad y estima de siempre,

José Korzeniak. Senador."

9) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Frente Amplio solicitamos un cuarto intermedio por quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden presentada por el señor Araújo.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 16 y 37 minutos)

10) DECLARACION POLITICA

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la sesión.

(Es la hora 16 y 59 minutos)

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para formular una declaración en nombre de la bancada de senadores del Frente Amplio.

SEÑOR PRESIDENTE. - El orden del día marca la consideración del proyecto de ley sobre el establecimiento de normas para la inscripción de empresas de afiliación de trabajadores al Banco de Previsión Social. La declaración no se puede referir a asuntos que no figuren en el orden del día ni que hayan sido puestos en consideración. Si el señor senador va a presentar una moción de orden, el Senado la escuchará; pero, por la vía de interrumpir el orden del día no se puede formular una declaración de carácter político.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - En este caso, en nombre de la bancada del Frente Amplio, solicito al Cuerpo que nos permita emitir una brevísima declaración de carácter político, cuya fundamentación será también poco extensa, sin que ello signifique ingresar o tratar de ingresar en la discusión de un tema que no integra el orden del día. Seguramente, esta misma tarde -cuando el Cuerpo trate la propuesta formulada por el señor senador Santoro en el día de ayer en nombre de la bancada del Partido Nacional- podremos brindar dichos fundamentos.

Por lo tanto reitero la solicitud en el sentido de que se nos permita, en nombre de nuestro sector, formular una declaración de carácter político que no insumirá más de un minuto.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿El planteamiento del señor senador se refiere a la moción de orden presentada en el día de ayer por el señor senador Santoro?

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: debo aclarar que la moción que formulo es a los efectos de poder emitir una declaración que no tendrá uná duración superior a un minuto. Además señalo en forma expresa que, al emitirla, vamos a dejar de lado argumentos que seguramente podremos exponer esta misma tarde una vez que en el Cuerpo se plantee la moción presentada en el día de ayer por el señor senador Santoro en nombre de la bancada del Partido Nacional.

Quiere decir que ahora no nos vamos a extender en fundamentos ni pretendemos, a través de esta moción de orden-en el caso de que sea aprobada- ingresar en la discusión de esa declaración política. En eso consi~te la moción que estamos presentando.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia considera que la realización de una declaración política no configura una cuestión de orden en el sentido que le da el artículo 66 del Reglamento, ni integra alguno de los supuestos que tanto el literal A, como los literales B, C y D admiten como cuestiones de orden. De todos modos, esta cuestión de orden no requiere discusión, por lo que será puesta a votación y, si el Senado opina distinto a la Presidencia, la declaración política se realizará.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Araújo.

(Se vota:)

- 13 en 29. Negativa.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Frente Amplio, lamentamos esta resolución que naturalmente hemos de aceptar como tal. De todas maneras, lo único que intentábamos era expresar nuestra solidaridad con la medida adoptada por el señor senador Korzeniak y tenemos la esperanza de poder tratar este mismo tema en la tarde de hoy, durante la consideración de la moción presentada en el día de ayer por el señor senador Santoro.

Era cuanto queríamos expresar.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: hemos votado afirmativamente porque a la nota que se leyó, del señor senador Korzeniak, correspondió una decisión colectiva de apoyo, por parte de la bancada del Frente Amplio. En ese sentido, el señor senador Araújo deseaba exponer su fundamentación al Cuerpo, tan sólo en un minuto.

(De acuerdo a lo estipulado en el artículo 101 del Reglamento del Senado se suprime parte de las expresiones del señor senador en el fundamento de voto).

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Pérez ha realizado, por vía de fundamento de voto, una alusión política y personal a la Presidencia. Por lo tanto, ésta dispone la eliminación de sus palabras de la versión taquigráfica.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. Señor Presidente: hemos votado afirmativamente la solicitud para formular una declaración política porque es de estilo en el Senado que cuando, se plantean, se lleven a cabo prácticamente sin discusión y sin votación.

Esa es la norma imperante; y así ha procedido reiteradamente el Partido Nacional, el Partido Colorado y, también, el Frente Amplio. Además, se ha actuado del mismo modo en la Comisión de Presupuesto y en el Senado durante el tratamiento del último proyecto de ley presupuestal.

SEÑOR BATALLA - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Declaro que, en los años que llevo de labor parlamentaria, es la primera vez que se ha presentado el caso de que un sector político pretenda realizar una declaración y no le sea permitido

Considero correcto el procedimiento que asumió la Mesa, de derivar la decisión al Senado, pero en mi concepto. la resolución adoptada no le hace bien al Cuerpo. Cuando hay problemas que dan lugar a discusiones de carácter político, por parte de un partido, me parece lógico que ellas sean enunciadas en el ámbito natural que es el Senado de la República.

Nosotros que no tenemos nada que ver con la declaración realizada por el Frente Amplio, sin embargo vamos a pedir la rectificación de la votación en la esperanza, por lo menos, de que algunos instantes de reflexión permitan que el Senado encuentre un camino de solución sin llegar a un debate.

Creo que en el fondo toda esta discusión ha resultado por haberse procedido en la forma que el Reglamento dispone. De otra manera, pues, pudo haberse hecho como tantas veces en este Cuerpo, es decir, marginando el Reglamento, lo que es menos deseable que el procedimiento elegido.

Reitero que solicito la rectificación, la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde pasar a votar si se rectifica la votación.

SEÑOR BOUZA. - Estaba pidiendo la palabra para fundar el voto, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiéndose solicitado la rectificación de una votación, ésta se debe realizar de inmediato. Pero si quien la está solicitando no tiene inconveniente en que se siga fundamentando el voto, así se hará.

SEÑOR BATALLA. - No tengo ningún inconveniente, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Según el orden en que la solicitaron, tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - He votado afirmativamente porque la Mesa ha ajustado su procedimiento a lo que establece el Reglamento. Al mismo tiempo deseo señalar que mi voto no implica solidaridad con una declaración que no conozco y que no pertenece a mi Partido. Lo he hecho por continuar con una tradición que he comprobado a lo largo de mi vida parlamentaria. En general, estas declaraciones políticas que formulan los sectores se han permitido en este ámbito, pues muchas veces las he leído yo mismo en nombre de mi Partido o de mi sector.

De manera que por ser consecuente con esa tradición que me parece valiosa, es que di mi voto afirmativo a la moción.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Nosotros no acompañamos la moción propuesta por la sencilla razón de que en la misma se anunciaba que los fundamentos de la mencionada declaración se iban a formular en ocasión de tratarse en el Senado la moción de orden que presentamos en el día de ayer -y que vamos a reiterar hoy- a los efectos de que las Comisiones puedan sesionar durante el receso.

Esas fueron las razones que nos habilitaron para no dar nuestro voto, ya que se estaba anunciando que el planteamiento se iba a desarrollar en otro momento, en oportunidad de presentar nuestra moción.

SEÑOR BOUZA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOUZA. - He votado por la negativa porque la moción de orden, tal como lo anunció la Presidencia, no puede ser objeto de discusión y porque, como se adelantó que se trataba de una declaración política, se suponía que iba a ser sin discusión para las otras partes. Creo que eso no respeta la tradición del Senado que se ha invocado.

Por otra parte, el problema de la renuncia del señor senador Korzeniak a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación integrada con la de Hacienda fue discutido y analizado por todos sus integrantes en la sesión realizada en la tarde de hoy, que es el ámbito natural en el cual se debe discutir este tema, ya que es la Comisión la que designa su Presidente y es la que decide en el caso de que se presente una renuncia indeclinable.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Quiero expresar que comparto y hago mías todas las expresiones que acaba de manifestar el señor senador Bouza. Por esos motivos voto negativamente esta moción.

Por otra parte, agrego que tampoco creo que tenga precedentes el hecho de que la renuncia a un cargo en una Comisión, por más que sea al de Presidente, dé mérito, escalonadamente, a un pedido que se aceptó por mayoría para leer esa renuncia -anunciándose que se iba a limitar a eso- a un cuarto intermedio y a la presentación de una declaración política que, como bien señalaba el señor senador Bouza, creaba una situación de desequilibrio entre quienes hacen una declaración y quienes no la apoyan.

Si no se hubiera procedido de esta manera, se podría continuar con el orden del día de hoy, pero se corre el riesgo de que terminemos en un debate que nos sustraiga de las tareas previstas.

(De acuerdo a lo estipulado en el artículo 101 del Reglamento del Senado se suprime parte de las expresiones del señor senador en el fundamento de voto).

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia observa que el señor senador Ricaldoni también ha transgredido lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento, al formular alusiones personales y políticas respecto del señor senador Korzeniak. Por tanto, esta parte de su exposición será eliminada de la versión taquigráfica.

La Presidencia observa al señor senador Araújo que en los fundamentos de voto no se admiten interrupciones y que no pueden hacerse aclaraciones ni rectificaciones a lo expresado por los señores senadores, tal como lo establece el artículo 101 del Reglamento.

SEÑORA ROBALLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ROBALLO. - Deseo dejar constancia de que comparto todos los fundamentos de las declaraciones de quienes se han sorprendido.

Naturalmente que no conozco las nuevas disposiciones; pero de acuerdo con la vieja tradición parlamentaria no discutiríamos tan simple afirmación.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una aclaración a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. Por no dominar el Reglamento de la forma que seguramente puede hacerlo el señor Presidente, quiero formular una consulta.

Un señor senador alude políticamente a las expresiones con las que fundamos nuestro voto y el señor Presidente no retira tal alusión de la versión taquigráfica. Deseo preguntar a la Mesa de qué manera puedo realizar la aclaración correspondiente a las palabras, a nuestro juicio equivocadas, pronunciadas por el señor senador. No sé si las mismas pueden retirarse de la versión taquigráfica o si, por el contrario, existe alguna vía reglamentaria que me permita desde mi particular punto de vista, poner las cosas en claro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lamentablemente no existe vía reglamentaria a tal efecto, cuando la Mesa se equivoca.

La Presidencia ha sido particularmente severa en esta situación y no ha hecho distinción de bancadas ni le corresponde hacerla, pero, si aplica con rigor el artículo 101 del Reglamento, debería disponer la eliminación de la versión taquigráfica de la mayoría de los fundamentos de voto, no sobre este asunto sino sobre todos ellos, porque es costumbre de los señores senadores hacer alusiones políticas en tales circunstancias. En dos ocasiones la Mesa ha dispuesto la supresión de expresiones de la versión taquigráfica, por considerar que era muy clara y manifiesta la alusión política.

Se va a rectificar la votación tal como lo solicitó el señor senador Batalla.

(Se vota:)

-13 en 30. Negativa.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - No me encontraba en Sala al efectuarse la primera votación, por lo que quiero fundar el voto ahora a fin de que no queden dudas de cuál hubiera sido mi posición.

En el momento en que se votó la posibilidad de hacerle una guiñada al Reglamento y leer algo que la Presidencia ya había destinado a la Comisión de Constitución y Legislación, dimos nuestro voto favorable por entender que era de cortesía parlamentaria, lo que no implica que compartiéramos el criterio. Cuando observamos que esa guiñada al Reglamento se transforma en la posibilidad de hacer una declaración política, convirtiéndose en una especie de onda expansiva, procedemos a votar negativamente.

11) CIUDAD DE CARMELO. 175º aniversario de su fundación.

SEÑOR IRURTIA. Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IRURTIA. En la sesión del día de ayer ingresó al Cuerpo un proyecto de ley referido a la celebración del 175º aniversario de la ciudad de Carmelo, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes. En virtud de que esta celebración tiene lugar el día 12 de febrero, solicito al Cuerpo tenga a bien declararlo urgente y considerarlo en la sesión del día de hoy, luego de que se efectúe el repartido correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE. En el día de ayer se dio cuenta del ingreso de este asunto, y se le dio trámite a la Comisión de Constitución y Legislación. Por lo tanto, estamos en condiciones de tratarlo como urgente -si el Cuerpo lo entiende pertinente- previo repartido del mismo.

Se va a votar la moción formulada por el señor senador Irurtia.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa UNANIMIDAD.

El proyecto de ley está siendo repartido a los señores senadores.

12) RECESO PARLAMENTARIO. Funcionamiento de las Comisiones del Senado.

SEÑOR SANTORO. Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Queremos reiterar la moción de orden que presentáramos en el día de ayer en el sentido de que el Senado proceda a autorizar a las Comisiones del Cuerpo a citar a sus miembros y trabajar durante el receso parlamentario. Desde el punto de vista legislativo consideramos de interés que sesionen durante el receso aquellas Comisiones que tienen a su cargo proyectos de gran trascendencia.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para referirme a la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Frente Amplio declaramos que vamos a votar afirmativamente la moción.

A través de todas las jornadas vividas en el Parlamento desde el comienzo de esta Legislatura -y aún antes- el Frente Amplio siempre ha mostrado su mejor disposición para trabajar todo el tiempo que fuere necesario -y algo más, si es posible- y, coherente con esa línea, está dispuesto a votar favorablemente el tratamiento de los temas que hoy se encuentran en Comisión, durante el receso.

Tal como lo habíamos adelantado, para nosotros este asunto está muy vinculado con lo que quisimos exponer en el marco de una declaración política. Es imposible destruir este vínculo. Por tal motivo, no nos alejamos del tema en tratamiento cuando decimos que así como hemos estado -y estaremos siempre dispuestos a rendir el máximo posible y a brindar nuestros mejores esfuerzos en el trabajo parlamentario, más de una vez hemos denunciado -y ahora lo hacemos, en particular por la renuncia del señor senador Korzeniak a la Presidencia de la Comisión de Constitución y Legislación- el hecho de que trabajar con dedicación, profundidad, esmero y responsabilidad no es lo mismo que trabajar con vértigo y sin el estado de conciencia que nos permita dar una opinión favorable o desfavorable a determinado proyecto. Esto ha ocurrido en más de una ocasión cuando, a instancias del propio Poder Ejecutivo, algunos señores senadores entienden que nada puede posponerse o demorarse, desconociéndose, por ejemplo -como ocurrió en la jornada de ayer- la posición política, no ya de un señor senador, sino de un sector político...

SEÑOR PRESIDENTE. - Lamento tener que indicar al señor senador que respecto a las cuestiones de orden que no admiten discusión, el Reglamento señala que tampoco pueden realizarse alusiones personales o políticas en relación con las mismas.

Puede proseguir el señor senador.

SEÑOR ARAUJO.- Muchas gracias, señor Presidente.

Simplemente aludimos a nuestro propio trabajo y a la necesidad que sentimos de profundizar en los temas, a fin de dar nuestra opinión y nuestro voto a conciencia. Queremos que ese respeto se mantenga en todos los casos y, por ello, hemos intentado emitir una declaración política. Creo dar testimonio de esto cuando al mismo tiempo y en nombre de la bancada del Frente Amplio demostramos que efectivamente estamos dispuestos a brindar todas nuestras horas -las que se consideren necesarias y alguna más si es preciso, reitero- para el tratamiento profundo de todos los temas legislativos.

Es cuanto quería expresar.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para referirme a la moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Vamos a votar afirmativamente la moción presentada por el señor senador Santoro, siguiendo una práctica que se ha vuelto tradicional -por lo menos en la Legislatura pasada- en el sentido de habilitar el trabajo de las Comisiones durante el receso, a fin de que aquellas que estén en condiciones de hacerlo y así lo resuelvan, puedan continuar su labor y preparar la tarea del Senado para el próximo período.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en primer lugar quiero plantear una duda de carácter reglamentario, que consiste en determinar si nos hallamos o no frente a una moción de orden. Si en este caso se llegara a la conclusión negativa, no tendríamos que continuar en este régimen de discusión un tanto acelerado.

En segundo lugar, con respecto al tema de las urgencias en el tratamiento de los proyectos expresamos que, en este caso, vamos a acompañar la propuesta de que funcionen las Comisiones porque la actitud de nuestro sector ha sido siempre la de no rehuir las discusiones ni el trabajo. En lo que tiene que ver con este tema de las urgencias, debo decir que siempre me ha llamado la atención el hecho de que el Poder Ejecutivo cuando envía un proyecto de ley y entiende que el mismo necesita una aprobación rápida -tal como se nos hace conocer constantemente, por lo menos en la Comisión que integro- no utilice el mecanismo expresamente previsto en el numeral 7del artículo 168 de la Constitución, que se refiere a los proyectos remitidos con declaratoria de urgente consideración.

Pienso que dado que la Constitución tiene un mecanismo específico, el que fue integrado en 1967, y, además, se cuenta con todas las fundamentaciones que da el Poder Ejecutivo cuando remite un proyecto de ley, la lógica indica que se aplique la disposición constitucional.

Con esto no estoy diciendo que sea inconstitucional la práctica de urgir el trabajo parlamentario por determinados mecanismos, porque todos estamos para no demorar inútilmente el trabajo. Lo que sí digo es que en cada una de estas normas que han sido enviadas por el Poder Ejecutivo, hasta la terminología utilizada indica que se trata de normas de urgente consideración. Primero se habla de 100 días, plazo que casi coincide con el que rige para tratar las leyes declaradas urgentes.

Considero que no es del todo claro el hecho de que el Poder Ejecutivo no utilice un mecanismo que está en la Constitución, pero si lo reclame constantemente cada vez que envía un proyecto que considera de importancia o de trascendencia.

Así dejo planteada la cuestión de si nos encontramos frente a una moción de orden o bien ante una de otra naturaleza.

Aunque no haya sido invocado expresamente, pienso que el señor senador Santoro se basa en lo que expresa el artículo 143 del Reglamento, para pedir que el Senado, por mayoría absoluta de votos, permita a las Comisiones Permanentes reunirse durante el período de receso. Si bien no lo niego, no encuentro ninguna disposición que me aclare de manera terminante que este artículo 143 entra dentro de las cuestiones de orden. Digo, si, que existen antecedentes parlamentarios bastante profusos, sobre todo los sostenidos por el ex Presidente de esta Cámara, el doctor Echegoyen quien expresaba que cuando se autoriza a las Comisiones a seguir funcionando, debe especificarse qué asunto van a tratar. Repito que esta era la tesis del doctor Echegoyen, la que sostuvo en reiteradas oportunidades en este Senado y con la que fue muy coherente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de poner a votación la moción de orden, el Presidente, ante las dudas expresadas por el señor senador Korzeniak, expresa que, efectivamente, considera que la moción planteada por el señor senador Santoro se hace a tenor de lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento. Aunque éste no lo diga, evidentemente se trata de una cuestión de orden que refiere al funcionamiento del Cuerpo y de las Comisiones y no hay otra vía para plantearla. Si no funcionase su hipótesis como moción de orden, sería inaplicable el artículo 143.

En cuanto a las leyes de urgencia, la Mesa lamenta que nuevamente por la vía de considerar una moción de orden, se hayan hecho alusiones políticas al Poder Ejecutivo. Parece que lo que dice el Reglamento en ese aspecto, es letra muerta.

Asimismo, el Presidente quiere señalar -y no al señor senador Korzeniak, ya que él lo sabe muy bien, sino al resto de los componentes del Senado- que no pueden merecer calificativo de leyes de urgencia ni tener tal tramite, aquellas que requieran en su votación mayorías especiales de 3/5 ó 2/3 del total de componentes de cada Cámara. Cuando el referido proyecto llegue al Cuerpo, vamos a ver al señor senador Korzeniak reclamando que se aplique la disposición constitucional que requiere dichas mayorías en determinadas oportunidades. Por lo tanto, sabemos bien que este proyecto no puede tener tratamiento de ley de urgencia.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿El proyecto de ley de empresas públicas requiere 3/5 ó 2/3 de votos?

SEÑOR PRESIDENTE. - Las disposiciones de dicho proyecto son muchas y algunas así lo van a requerir. Cuando llegue el momento, lo vamos a determinar.

SEÑOR GARGANO. - Que se tenga presente.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Señor Presidente: quiero decir que vamos a acompañar la iniciativa presentada por el señor senador Santoro. Asimismo queremos expresar que tal como lo señalaba el señor senador Araújo, reconocemos la buena disposición de los señores senadores del Frente Amplio, cosa que haríamos extensiva, de acuerdo con nuestra experiencia, a los legisladores pertenecientes a todos los sectores de los distintos partidos.

Creemos que si hay proyectos cuya tramitación se ha demorado más de lo previsible es porque no ha existido voluntad política para sacarlos adelante. Expresamos esto, no refiriéndonos a los planteamientos realizados en el día de hoy en el Senado. Al respecto, debemos decir que no nos causa gracia que de alguna manera se transmita a la opinión pública la sensación de que en el Senado no hay voluntad para trabajar. No es ese el caso y creemos que debemos dejar constancia de cuáles son las reales motivaciones para que en algunos casos no haya existido pronunciamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Santoro.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) CIUDAD DE CARMELO. 175º Aniversario de su fundación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el proyecto de ley por el cual se declaran feriados para la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, los días 12 y 13 de febrero de 1991 con motivo de los actos celebratorios del 17 aniversario de su fundación.

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La CAMARA DE REPRESENTANTES, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Decláranse feriados para la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, los días 12 y 13 de febrero de 1991 con motivo de los actos celebratorios del 175 aniversario de su fundación.

Art. 2º. - Otórgase el goce de licencia paga a los trabajadores nacidos o radicados en Carmelo, por los días indicados en el artículo 1º, si pertenecieran a la actividad privada y, por el 13 de febrero de 1991 a los que cumplan funciones en áreas de la Administración Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de diciembre de 1990.

Horacio D. Catalurda Secretario
Héctor Martín Sturla Presidente"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR IRURTIA. - Señor Presidente: el 12 de febrero de 1816 fue fundada la ciudad de Carmelo por una decisión muy especial de nuestro Prócer.

En consecuencia, ella tiene el mérito, y así lo sienten sus pobladores, de ser la única ciudad fundada por Artigas.

En este momento, existe una Comisión integrada, prácticamente, por la población entera, por todas sus fuerzas vivas, que trabaja para llevar a cabo una obra, de la misma significación que los hitos anteriores como ser, por ejemplo, la fiesta del Centenario o del Sequiscentenario, que dejaron aportes reales a la comunidad.

Estoy seguro que estos 175 años van a significar un hito de tremenda importancia para su población, para su zona y para el país.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general, el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

VARIOS SEÑORES SENADORES. - Que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 25. Afirmativa.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Decláranse feriados para la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, los días 12 y 13 de febrero de 1991 con motivo de los actos celebratorios del l75º aniversario de su fundación".)

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - Otórgase el goce de licencia paga a los trabajadores nacidos o radicados en Carmelo, por los días indicados en el artículo lº, si pertenecieran a la actividad privada y, por el 13 de febrero de 1991 a los que cumplan funciones en áreas de la Administración Pública".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley que será comunicado al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) HORA PREVIA DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL SENADO. Procedimiento de inscripción de los señores senadores en la misma.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - El asunto es el siguiente.

Hasta ahora, el tramite de inscripción en la hora previa estaba basado en que ya sea el senador o desde su despacho pidiese la inscripción en la lista de oradores -dentro de los seis señores senadores que fija el Reglamento del Senado- para poder hacer uso de la palabra. Con sorpresa me encontré que habiendo dos señores senadores anotados en tal lista se me comunicara que no podía hacer uso de la palabra porque no me había inscripto en el plazo requerido antes del inicio de la hora previa.

El Reglamento del Senado establece en su artículo 164, que se refiere a las exposiciones de los señores senadores en la hora previa, que para realizar exposiciones ajenas al orden del día los señores senadores deberán inscribirse en un registro que abrirá la Secretaría en el que estamparán su firma respectiva. Aquí no dice en absoluto que ese pedido tenga que ser expresado con anterioridad al inicio de la sesión del Senado. Por el contrario, durante el tiempo que hemos estado en el Senado muchas veces hemos visto que cuando el tiempo lo permite y resta un espacio para la culminación de la hora previa, existe la posibilidad de anotarse para hacer uso de la palabra. Lo he hecho yo y otros señores senadores, ya que así lo habilita el Reglamento.

Con esto, no quiero emitir un juicio referido a la Mesa porque, si bien me parece un problema importante, de ninguna manera pretendo sacar conclusiones negativas o positivas; simplemente, anoto lo que me parece es un error de interpretación en cuanto a lo que establece el parágrafo primero del artículo 164 del Reglamento.

Por lo tanto, considero que hubiese correspondido que quien habla pudiera hacer uso de la palabra en el día de hoy en el tercer puesto en que estaba anotado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiéndose cuestionado por parte del señor senador Pérez el procedimiento seguido por la Mesa, y aun admitiendo que el punto pueda ser opinable, la Presidencia quiere aclarar que el mismo criterio aplicó en el día de ayer ante una solicitud idéntica del señor senador Cassina y, en el día de hoy, ante otra solicitud del señor senador Zumarán.

El Presidente que durante la Legislatura pasada, como se sabe, estaba sentado en una de las bancas en calidad de senador -iba a decir de simple senador, pero creo que el calificativo no corresponde- toda vez que quiso hablar durante la hora previa concurrió previamente -valga la redundancia- a la Secretaría, se inscribió en el cuaderno o registro respectivo y allí firmó. Jamás lo hizo en Sala, porque entiende que la inscripción para la hora previa se hace antes de que se ingrese a Sala y cree que eso surge del artículo 164 del Reglamento. Cuando el Presidente ingresa a Sala y se dirige al estrado consulta siempre a la Secretaria de la Mesa -esto es a la señora Abdala- quiénes están inscriptos, y se le muestra el cuaderno respectivo. En el día de hoy estaban únicamente inscriptos y habían firmado, antes de comenzar la sesión, los señores senadores Cassina y Gargano. Por lo tanto, el Presidente entiende que ya se había vencido el plazo para inscribirse y que no había nadie más que hubiere cumplido con los requisitos reglamentarios. Si el Senado entiende el artículo 164 de otra manera, el Presidente no tendrá inconveniente, en el futuro, en proceder con otro criterio.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Deseo aclarar que el pedido lo realicé antes del inicio de la sesión del Senado. Por lo tanto, estaba dentro de lo que en apariencia sería el criterio a seguir, es decir, efectuar el pedido con anticipación.

De todas maneras, el texto es absolutamente claro y no puede ser interpretado de una u otra manera que no sea exactamente lo que expresa. Lo he leído y se puede volver a hacerlo por Secretaría y sobre eso formarse un juicio todos los señores senadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - El texto es claro para el señor senador Pérez y también es claro para la Presidencia, pero en sentido contrario.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Quiero hacer una consulta para saber si escuché correctamente en el sentido de que la Presidencia afirma que la firma del solicitante es un requisito para exponer en la hora previa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es un requisito que siempre ha exigido la Secretaría, donde existe un cuaderno en el que se lleva un registro y se hace firmar al senador una vez que se presenta allí haciendo la solicitud.

SEÑOR ASTORI. - Las veces que he hecho uso de la palabra en la hora previa nunca he firmado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Yo siempre he firmado. Me comunica el señor Secretario que a veces se omite ese requisito, pero la práctica generalizada es esa y es la que siempre se le exigió al Presidente cuando era senador.

15) COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: dado que esta es la última sesión ordinaria del Periodo, quiero plantear como cuestión de orden que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado informe al Cuerpo en la primera sesión ordinaria del próximo Período acerca de las funciones de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

En el día de hoy, cuando estuvo reunida la Comisión de Presupuesto se nos informó -incluida alguna pregunta de quien habla- de que la Comisión Administrativa había resuelto que estaba facultada por la ley de su creación a dictar su propio Presupuesto y adicionalmente -entiende quien habla- a fijar el sueldo, el número de sus funcionarios, etcétera, es decir, a administrar de por sí el Poder Legislativo sin dar cuenta al Senado o a la Cámara de Representantes, en su caso.

Creo que más allá de que la ley indique que la integración de la Comisión Administradora del Poder Legislativo tiene la peculiar circunstancia de integrarse con representantes del lema más votado y del que le sigue en número de votos, siempre se estimó que -y esta es la historia de las funciones del Cuerpo- sus resoluciones eran, de alguna manera, refrendadas por el Senado, en especial las presupuestales que son las que indican tanto los recursos de que dispone, como los sueldos y el número de funcionarios.

Esta es la tradición. Quiero que se establezca explícitamente por el Senado y por la Cámara de Representantes cuál es el limite de las atribuciones de la Comisión Administrativa porque, en este caso, habría un porcentaje del 30% de los legisladores que no se enterarían para nada de las resoluciones que dicte la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y, además, las decisiones se adoptarían al margen de su voluntad.

En consecuencia, pido que el tema pase a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación y si corresponde que la Comisión Administrativa tenga la autonomía que se ha atribuido por sí misma en la sanción de su propio Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin perjuicio de poner a votación la moción de orden que plantea el señor senador Gargano, la Presidencia se siente en el deber de informar al Cuerpo que oportunamente la Comisión Administrativa -no su Presidente- por unanimidad de sus miembros, es decir, la Presidencia, los dos señores senadores y los dos señores representantes que la integran, entendieron, y así lo resolvieron, que la sanción del Presupuesto de la Comisión Administrativa es competencia exclusiva de dicha Comisión.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - En cuanto a la cuestión de orden planteada por el señor senador Gargano, en el sentido de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado debe proceder a dictaminar sobre las competencias de la Comisión Administrativa, a fin de aprobar el Presupuesto de ésta, debemos decir que estimamos que el hecho de que votemos favorablemente por la moción presentada, implicaría reconocer que este Cuerpo tiene que ver con el manejo y la conducción en la forma de actuar de la Comisión Administrativa, como si ella integrara esta Cámara.

Hemos dado nuestra opinión en el seno de la Comisión de Asuntos Administrativos, en el sentido de que la Comisión Administrativa -que fue creada y modificada por ley su constitución- es un órgano que no tiene la condición de legislativo, sino que tiene constitución netamente administrativa y, por tal razón, en nuestro criterio, está en condiciones de aprobar su propio presupuesto.

Por lo tanto, nos vamos a expedir negativamente sobre la solicitud efectuada por el señor senador Gargano, porque de lo contrario estaríamos reconociendo que es competencia del Senado proceder a la determinación de las posibilidades de la Comisión Administrativa, por cuanto estaríamos admitiendo que la Comisión de Constitución y Legislación de este Cuerpo debería determinar este tema.

Por otra parte, existe la particularidad de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se expida con respecto a la existencia y alcance de dos o tres leyes que regulan la actividad de esta Comisión Administrativa, ya que no creemos que sea posible admitirlo como competencia de la propia Comisión de esta Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por razones de índole política el Presidente debe retirarse de Sala, por lo que solicita ocupe la Presidencia el primer Vicepresidente del Cuerpo, señor senador Santoro.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Santoro)

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - No me gusta hablar en primera persona, pero debo decir que fue quien habla, en el Período pasado, quien cuestionó en primera instancia la regulación, por medio de la ley, de facultades que, en mi concepto, son de competencia institucional exclusiva del Poder Legislativo.

En aquel momento -creo que por unanimidad del Senado- se encomendó a la Comisión de Constitución y Legislación, el cometido de estudiar este tema. Si mal no recuerdo, posteriormente hubo un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio, en el que se planteaba la derogación de la ley que regulaba las facultades de la Comisión Administrativa.

Considero que se trata de un asunto en el que, evidentemente, la normativa actual no es la institucionalmente correcta. Durante muchos años el Presupuesto de la Comisión Administrativa fue aprobado por el Senado. Esta es la primera oportunidad en que esta Comisión reivindica determinadas facultades que dejan fuera del ámbito de resolución, problemas importantes para el Poder Legislativo, como los que representa el 30% del electorado nacional

Este tema merece discusión y quien habla ratifica su concepto de que no puede estar regulado por ley, porque en ese caso el Parlamento estaría abdicando de facultades que le son privativas, por cuanto en la medida en que el mecanismo formalmente utilizado es el de la ley, se posibilitaría la vía del veto por parte del Poder Ejecutivo.

Entendemos que este asunto debe ser resuelto a nivel de la Asamblea General y que ninguna de las Cámaras tiene competencia en la materia. No se trata de que nos opongamos a que en la Comisión de Constitución y Legislación de ambas Cámaras se examine el tema, sino que es de facultad exclusiva del Parlamento, recayendo sobre, reitero, la Asamblea General. En consecuencia, este aspecto no puede ser resuelto sobre la base de que la Comisión Administrativa es la única habilitada para resolver algo que me parece es de resorte del Poder Legislativo.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Comienzo por recordar el episodio parlamentario a que hizo referencia el señor senador Batalla. El señor senador, efectivamente, planteó -y el Senado expresó su conformidad- que el tema de la Comisión Administrativa integra la órbita del gobierno de la Asamblea General.

El proyecto de ley presentado por el que se pretendía derogar la ley vigente -que establece una integración exclusivamente por dos lemas- se hizo sobre la base del razonamiento expuesto por el señor senador Batalla y sólo por un simple error documental no llevó la firma de este señor senador, quien tuvo la iniciativa en tal sentido.

La derogación tiene por objeto reconocer que este tema no es materia de una ley, sino de los reglamentos, según el artículo 105 de la Constitución que dice lo siguiente: "Cada Cámara se gobernará interiormente por el reglamento que se dicte y, reunidas ambas en Asamblea General, por el que ésta establezca".

Al parecer, si no entendemos que la Comisión Administrativa pertenece al Palacio Legislativo o al Poder Legislativo, deberemos encontrarle alguna naturaleza jurídica extraña, que es un Ente Autónomo, un Servicio Descentralizado o un órgano ajeno a todos los Poderes, con algún tipo de competencia muy especial que no podemos reconocer.

En segundo lugar, conviene dejar en claro que ese proyecto de ley, junto con el de integración del Directorio del Banco de Previsión Social -como lo ordena la Constitución- no fueron tratados en el ámbito de la Comisión de Constitución y Legislación.

En tercer término, pienso que, aún con esa legislación vigente, no se ha encontrado ninguna forma presupuestal que no sea la de que el Cuerpo legislativo -en este caso la Asamblea General, ya que hay una dependencia de ambas Cámaras- actúe en la aprobación del Presupuesto de la Comisión Administrativa. En este aspecto, la Constitución de la República fija un sistema de presupuesto múltiple: uno para la Administración Central, otro para los organismos del artículo 220, otro para los Entes comerciales e industriales y otro para los Gobiernos Departamentales, pero no prevé ninguna otra fórmula presupuestal. Sin embargo, todos estamos de acuerdo con que se trata de un órgano público, a no ser que se sostenga que no lo es.

En consecuencia, no se puede inventar, al margen de las fórmulas presupuestales previstas en la Constitución, una manera de hacer un Presupuesto distinto. Además, la Constitución establece en su artículo 108, las potestades presupuestales internas de las Cámaras del Poder Legislativo; no existe otra y si se estableciera, ella quedaría al margen de nuestro ordenamiento máximo.

Por consiguiente, entiendo que debe haber un pronunciamiento no sólo de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, sino también de la de la Cámara de Representantes, a efectos de que el tema se regule dentro del marco constitucional ostensible que está a la vista.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - En forma muy breve deseo hacer un planteo que puede parecer de escasa importancia, pero si las funciones de la Comisión Administrativa son efectivamente las que ha definido la Mesa, esto puede ser tomado en carácter de sugerencia.

El Senado votó una retribución -decisión que acompañamos- para aquellos funcionarios que trabajaron extraordinariamente con motivo del tratamiento del Presupuesto Nacional y nos parece que es injusto que se excluya a los de la Comisión Administrativa. Dichos empleados también cumplieron horarios extraordinarios a raíz de la labor que se realizó a nivel de las Comisiones de Presupuesto integrada con Hacienda y la de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Ya están incluidos.

SEÑOR SINGLET. - Me tranquiliza la acotación que acaba de hacer el señor senador Silveira Zavala pero, de acuerdo con las últimas consultas que realicé, no estaban incluidos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - La Mesa señala que de acuerdo a la información que posee, los funcionarios de la Comisión Administrativa que trabajaron extraordinariamente dirrante el tratamiento del Presupuesto están incluidos en dicha resolución.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - En consideración la moción formulada por el señor senador Gargano.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Sin pretender ser impertinente o vanidoso, desearía que el Senado votara la moción de orden que se ha propuesto, ya sea en un sentido o en otro. Asimismo, señaló que desde ayer tenemos un orden del día que no hemos comenzado a considerar, aunque si hemos analizado muchos otros asuntos. Pienso que si no hacemos un torneo oratorio, podemos finalizar el orden del día en poco más de una hora de trabajo.

En consecuencia, invito a los companeros del Cuerpo a agilizar el trabajo para agotar todos los asuntos que tenemos pendientes. En la sesión del día de ayer, no pudimos votar un proyecto porque había solamente trece señores senadores en Sal~

Por otro lado, tenemos pendiente la designación de una escuela con el nombre del escribano Dardo Ortiz que aún no se ha tratado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - La moción de orden presentada por el señor senador Gargano, es a los efectos de que la Comisión de Constitución y Legislación se expida sobre las facultades que en materia tributaria tiene la Comisión Administrativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 22. Afirmativa.

16) BANCO DE PREVISION SOCIAL. Normas para la inscripción de empresas y afiliación de trabajadores.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - El Senado pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para la inscripción de empresas de afiliación de trabajadores al Banco de Previsión Social. (Carp. Nº 239/90 - Rep.Nº 148/90)".

(Antecedentes: ver Sesión 67a. S.0.)

-Continúa en discusión general.

No hay oradores inscriptos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

VARIOS SEÑORES SENADORES. - Que se suprima la lectura de todo el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada, en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Antes de pasar a votar este proyecto de ley debemos aclarar si se trata del texto que viene de la Cámara de Representantes o del sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - La Mesa aclara que se está tratando el proyecto sustitutivo que figura en la página 15 del repartido.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º (Inscripción de empresas). - Los empresarios, como requisito previo y necesario a la iniciación de sus actividades, deberán solicitar su inscripción al Banco de Previsión Social, haciendo constar expresamente su naturaleza jurídica, el sector de actividad, el domicilio principal y de los demás locales, agencias o sucursales que utilicen para sus negocios, así como los demás datos que se consideren pertinentes.

Las modificaciones y ampliaciones de giro comercial así como las aperturas o cierres de locales comerciales deberán comunicarse al Banco de Previsión Social, con carácter imprescindible, antes de su realización efectiva.

Los cambios o transformaciones de naturaleza jurídica de las empresas inscriptas deberán ser comunicados al Banco de Previsión Social dentro de los treinta días hábiles de producidos.

A los efectos de la presente ley se considerará empresario:

A)Toda persona natural o jurídica, pública o privada, persiga o no fines de lucro, por cuya cuenta trabajen dependientes.

B)Todo trabajador por cuenta propia o no dependiente, que no ocupe personal, esté o no instalado con local abierto al público, que desarrolle cualquiera de las actividades comprendidas por las leyes jubilatorias").

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º (Afiliación de trabajadores dependientes). Los empresarios estarán obligados, dentro de los plazos que fijará la reglamentación, a solicitar la afiliación y el alta al Banco de Previsión Social de los trabajadores dependientes que no registraran incorporación previa, así como comunicar el alta o la baja para los casos de los trabajadores que registraran afiliación al sistema.

Las afiliaciones o comunicaciones de altas o bajas de los trabajadores dependientes, realizadas por las empresas, con posterioridad al plazo reglamentario fijado, sin perjuicio de las sanciones que les correspondan por incumplimiento, deberán ser verificadas por el Banco de Previsión Social antes de su aceptación.

En el caso que el empresario no cumpla con las obligaciones impuestas, según los incisos primero y segundo de este artículo, el trabajador podrá realizar su afiliación o comunicar el alta o la baja correspondiente directamente al Banco de Previsión Social, el que luego de las averiguaciones pertinentes decretará la efectividad de tal afiliación o comunicación.

El Banco de Previsión Social, también, decretará la afiliación, el alta o la baja al sistema de todo trabajador como consecuencia de la actuación de sus servicios inspectivos o de los que procedan de la Inspección General del Trabajo, así como las que surgieran con motivo de la actuación de dependencias estatales o paraestatales. En estos casos el propio Banco de Previsión Social realizará la notificación pertinente al empresario, aludiendo expresamente a las actuaciones que dieron mérito a tal resolución de incorporación.

En los casos mencionados en los incisos segundo, tercero y cuarto de este artículo el empresario responsable deberá abonar las obligaciones devengadas, así como las multas por mora y recargos por atraso, previstos en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Concomitantemente, el empresario deberá abonar la multa por defraudación prevista en el artículo 96 del Código Tributario, en la forma que lo determine el Banco de Previsión Social.

A los efectos de la presente ley se consideran como trabajadores dependientes aquellos trabajadores ocupados en las distintas ramas de la actividad económica, públicos o privados, con puestos de trabajo fijos, eventuales, de temporada, de trabajo discontinuo y los trabajadores del hogar y a domicilio, con independencia de la categoría profesional del trabajador y de la forma y cuantía de la remuneración percibida").

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º (Afiliación de trabajadores no dependientes). - Todos los trabajadores no dependientes o por cuenta propia, cuando realicen actividades comprendidas en las leyes jubilatorias deberán afiliarse así como comunicar las altas y las bajas respectivas ante el Banco de Previsión Social. Las afiliaciones o comunicados respectivos operarán a partir de la fecha de producidos, siempre que se realicen dentro de los plazos que fijará la reglamentación.

El Banco de Previsión Social podrá decretar la afiliación, el alta o la baja al sistema de todo trabajador no dependiente que hubiera comunicado con atraso su incorporación o que la misma hubiera sido verificada por los servicios inspectivos del propio Banco o de otros organismos estatales o paraestales, con la condición que la misma operará desde la fecha de la notificación respectiva. En estos casos el trabajador no dependiente será responsable de las multas por defraudación establecidas en el articulo 96 del Código Tributario, en la forma que lo determine el Banco de Previsión Social.

A los efectos de la presente ley se consideran trabajadores no dependientes o por cuenta propia todos los titulares de empresas individuales y los cónyuges colaboradores, así como los integrantes de sociedades personales civiles o comerciales, tengan o no negocio abierto al público, siempre que intervengan con su labor personal en la dirección o administración de cualquier actividad comprendida en las leyes jubilatorias del Banco de Previsión Social").

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º (Constancias de inscripción y afiliación).- El Banco de Previsión Social expedirá constancias o documentos justificativos de la inscripción de las empresas y de la afiliación de los trabajadores, así como de las altas y las bajas que se operen, dentro de los plazos reglamentarios que se establezcan.

Las constancias o documentos mencionados en el inciso anterior servirán como suficiente justificativo de la actividad o trabajo realizados por la empresa o el afiliado respectivo, debiéndoseles otorgar completa validez en cualquier trámite de tipo administrativo o judicial, incluyendo el reconocimiento de la efectividad de los servicios para el caso de cómputos jubilatorios o de cualquier otra prestación de seguridad social.

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley cada trabajador deberá disponer de un carné expedido por el Banco de Previsión Social, en el que constarán las certificaciones de trabajo, incluido el cese, formuladas por el mismo").

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 5º (Denuncia de servicios luego del cese). -Los servicios prestados por todo trabajador dependiente, excluidos los que estuvieran vinculados al empresario por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, que no hubieran sido denunciados o comprobados por los servicios inspectivos durante su prestación efectiva, podrán ser denunciados por el propio trabajador.

El Banco de Previsión Social, en toda denuncia de actividad realizada con posterioridad al cese del trabajador dependiente, en las condiciones de los incisos anteriores, efectuará las investigaciones del caso y resolverá sobre los servicios, plazos de prestación, salarios computables y deuda devengada por los aportes omitidos, multas y recargos respectivos. La resolución dictada por el Banco de Previsión Social podrá ser objeto de los recursos administrativos pertinentes").

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 6º (Sanciones a las empresas por despidos de trabajadores que denuncian actividad). - Las empresas omisas en el cumplimiento de las obligaciones de afiliación o comunicados del alta de los trabajadores dependientes que ejerzan actividades en las mismas, podrán ser sustituidas en dichas obligaciones por el propio interesado o de oficio, por el Banco de Previsión Social.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social impondrá una multa de 100 UR (cien unidades reajustables) hasta 1000 UR (mil unidades reajustables) por cada caso, a las empresas que encontrándose en la situación referida en el inciso anterior despidieran trabajadores, siempre que se compruebe que tales medidas están motivadas en la regularización de la afiliación o inscripción de los mismos.

Las empresas que despidan trabajadores por razones que, directa o indirectamente, se relacionen con las inscripciones o afiliaciones mencionadas en el inciso anterior, serán objeto por parte de la justicia laboral de una multa, que deberán abonar al trabajador, equivalente a diez meses del último salario percibido reajustado según la evolución del Indice General de los Precios al Consumo, al momento de su pago").

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 7º (Responsabilidad patronal por omisión de afiliación o comunicación del alta). - La empresa que hubiera omitido la afiliación o comunicación del alta respectiva del trabajador dependiente, dentro de los plazos que fijará la reglamentación, será responsable de todos los pagos de prestaciones que el Banco de Previsión Social deba realizar a consecuencia directa o indirecta de dicha actividad, sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondan por las obligaciones de los aportes adeudados, multas y recargos pertinentes.")

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 8º. Registros del Banco de Previsión Social). - El Banco de Previsión Social está obligado a mantener al día los registros de empresas y empresarios afiliados que permitan determinar la naturaleza jurídica, las actividades comprendidas y los locales comerciales explotados por los mismos.

En las condiciones del inciso anterior, el Banco de Previsión Social deberá llevar un registro detallado con los datos que se relacionen con las personas afiliadas, en especial, servicios prestados, salarios computados, y aportes personales efectuados.

El Banco de Previsión Social estará obligado a remitir anualmente al trabajador dependiente la cuenta personal mencionada en el inciso anterior, con especificación del período trabajado, sueldos por los cuales se cotizó y aportes personales efectuados.")

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 9º (Información a empresas y trabajadores afiliados al Banco de Previsión Social). - Las empresas y los trabajadores afiliados al Banco de Previsión Social tendrán derecho a ser informados, dentro de los plazos reglamentarios que se fijen, de las actividades realizadas, servicios prestados y salarios computados.

En la misma forma los organismos estatales o paraestatales, así como toda persona que acredite un interés legítimo, podrán solicitar información sobre los aspectos mencionados en el inciso anterior.")

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al considerado)

17) PRESUPUESTO DEL SENADO. Modificaciones

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se va a dar cuenta de un proyecto de resolución que acaba de ingresar a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Pereyra, Cigliuti, Gargano, Roballo, Santoro y Urioste presentan un proyecto de resolución por el que se introducen modificaciones al presupuesto del Cuerpo".

(Texto del proyecto presentado:)

"CAMARA DE SENADORES
Comisión de Presupuesto

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Equipáranse los sueldos básicos del Itern 02 de los escalafones I Secretaría, II Oficiales de Sala y Barra, III Amplificación, Radiofonía y Grabación, IV Impresos, V Intendencia, VI Choferes, Item 03 Cuerpo de Taquígrafos y Contratados de la Cámara de Senadores, que sean inferiores con los correspondientes de la Cámara de Representantes vigentes a la fecha.

En los casos en que las denominaciones de los cargos no se correspondieren, se realizarán las adecuaciones, conforme a las equivalencias o similitud de funciones.

Art. 2º. - Los funcionarios de la Cámara de Senadores que a partir del 1º de marzo de 1985, se hayan acogido o se acogieren a la pasividad, gozarán del beneficio dispuesto por el artículo 15 de la Resolución de 25 de julio de 1985, haciéndolo extensivo a su cónyuge, hijos solteros menores de veintiún años a su cargo, e incapaces declarados judicialmente. Increméntase el monto respectivo de la partida creada en la disposición mencionada, hasta la suma necesaria para cubrir las erogaciones resultantes. La Presidencia reglamentará la presente disposición y la pondrá en conocimiento de la Comisión de Asuntos Administrativos.

Art. 3º. - Otórgase el beneficio de Hogar Constituido a los funcionarios de la Cámara de Senadores que se jubilen o lo hubieren hecho a partir del lº de marzo de 1985, en las mismas condiciones que los funcionarios en actividad.

Art. 4º.- Los titulares indicados en el artículo 5º de la Resolución de la Cámara de Senadores de 25 de julio de 1985, percibirán los mismos beneficios y compensaciones liquidas que se acuerden a los funcionarios de la Cámara de Senadores.

Art. 5º. - La presente Resolución entrará en vigencia el lº de diciembre de 1990.

Art. 6º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo a los efectos previstos en el artículo 108 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 1990.

Carlos Julio Pereyra (Presidente), Carlos W. Cigliuti, Reinaldo Gargano, Alba Roballo, Walter Santoro, Omar Urioste. Senadores".

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Para aclarar que éste no es un proyecto firmado a título personal por los señores senadores que lo presentaron, sino que es una resolución de la Comisión de Presupuesto del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Ha quedado perfectamente aclarado por el señor Presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, que el proyecto de resolución presentado fue aprobado en la tarde de hoy por dicha Comisión.

En consecuencia, este proyecto será repartido.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pienso que después que se reparta debe ser considerado.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - De acuerdo. Se está procediendo, en este momento, al repartido correspondiente y, oportunamente, se tendrá en cuenta la sugerencia del señor senador Cigliuti.

18) ESCRIBANO DARDO ORTIZ. Se designa con su nombre a la Escuela de Práctica Nº 273 de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre ‘Escribano Dardo Ortiz’, la Escuela Práctica de ler. Grado Nº 273 de la ciudad de Montevideo. (Carp. Nº 321/90 -Rep. Nº 129/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 321/90
Rep. Nº 129/90

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase "Escribano Dardo Ortiz" la Escuela de Práctica de ler. Grado Nº 273, sita en la calle Ellauri Nº 603 de la ciudad de Montevideo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Horacio Abadie, Mariano Arana, José Germán Araújo, Danilo Astori, Hugo Batalla, Walter Belvisi, Horacio Bianchi, Enrique Cadenas Boix, Carlos Cassina, Carlos W. Cigliuti, Alba Clavijo, Enrique De Fuentes, Ariel de la Sierra, Reinaldo Gargano, Arturo Heber, Dante Irurtia, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Jaime Pérez, Juan Carlos Raffo, Américo Ricaldoni, Walter Santoro, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet, Omar Urioste, Alberto Zumarán. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La designación de Escuelas, Liceos y otras instituciones de la Educación Pública con los nombres de eminentes personalidades nacionales, ha sido una tradición inspirada en nobles motivos de perpetuar en la memoria colectiva el recuerdo de aquellos que a través de su existencia, pueden exhibirse como verdaderos paradigmas de los valores que en su conjunto forman al ser nacional.

En este caso, la propuesta de designar con el nombre de Escribano Dardo Ortiz una escuela pública de la ciudad de Montevideo, se ajusta a esos fundamentos. La abnegada entrega del Escribano Ortíz a través de su dilatada actuación parlamentaria constituye un ejemplo impar de las virtudes republicanas que conforman la esencia de nuestra concepción democrática.

A raíz de su reciente fallecimiento, las tribunas parlamentarias recogieron el unánime reconocimiento, más allá de las banderías ideológicas, a su talento, a su infatigable desvelo por los grandes problemas que la comunidad nacional debió afrontar a los 35 años de su ininterrumpida actuación pública.

En particular, los suscritos consideran necesario exaltar para el recuerdo de las generaciones jóvenes que se suceden en el tiempo, como un elevadísimo ejemplo a recoger, su actuación en el período donde las instituciones democráticas sufrieron la dura prueba del ejercicio dictatorial del poder. Allí, el Escribano Ortiz, privado de su investidura parlamentaria otorgada por la soberanía popular, no desmayó un solo momento en la defensa de los principios democráticos conculcados, integrando el Triunvirato del Partido Nacional que tomó a su cargo la enorme responsabilidad de mantener la vigencia de los partidos políticos y los valores cardinales de nuestra civilización.

En este concepto, consideran los suscritos que la designación con su nombre, a una Escuela Pública, donde se trasmiten esos valores a la niñez, se justifica plenamente.

Horacio Abadie, Mariano Arana, José Germán Araújo, Danilo Astori, Hugo Batalla, Walter Belvisi, Horacio Bianchi, Enrique Cadenas Boix, Carlos Cassina, Carlos W. Cigliuti, Alba Clavijo, Enrique De Fuentes, Ariel de la Sierra, Reinaldo Gargano, Arturo Heber, Dante Irurtia, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Jaime Pérez, Juan Carlos Raffo, Américo Ricaldoni, Walter Santoro, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet, Omar Urioste, Alberto Zumarán. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Deseo manifestar, señor Presidente, que en una oportunidad anterior este proyecto no fue considerado por el Senado porque, en ese momento, no había obtenido aún la conformidad del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

En este momento tengo en mi poder el Oficio del Ministerio de Educación y Cultura adjuntando copia de la Resolución del CODICEN, adoptada el 8 de noviembre. Dicha Resolución ingresó al Senado el 13 de noviembre y no se pudo tratar en esa oportunidad porque se había entrado en receso para considerar el Presupuesto.

La Resolución de ANEP dice que el Consejo Directivo Central resuelve remitir esas actuaciones al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura, con la opinión favorable de este Consejo ante el proyecto de ley presentado por los señores senadores, a fin de denominar con el nombre Escribano Dardo Ortiz a la Escuela de Práctica de ler. Grado Nº 273 de la ciudad de Montevideo.

En nombre de la Comisión de Educación y Cultura tengo el honor de informar de esta situación al Senado a efectos de que esté en condiciones de votar el homenaje que se propone. Al mismo tiempo, expreso mi satisfacción por poder concurrir con mi voto a este merecido tributo a nuestro compañero extinto, por el que una escuela llevará su nombre. De este modo el Senado rinde homenaje a un ciudadano que lo honró a través de varias Legislaturas con su ilustración, su talento y su trabajo al servicio del país.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Brevemente, quiero fundar las razones por las cuales voté este proyecto del cual soy uno de sus autores y que está firmado por representantes de todos los sectores políticos.

Se trata de la designación de una escuela de práctica de ler. Grado con el nombre del Escribano Dardo Ortiz, en la que se educa a los niños y donde se forman los futuros docentes del país. Se otorga a esta escuela el nombre de "Escribano Dardo Ortiz" como homenaje a un ciudadano que fue un permanente abanderado de la libertad y de la legislación en este país.

Creemos que la República hace bien en recordar a sus ciudadanos ilustres para ejemplo de las futuras generaciones.

Dije que iba a ser breve y voy a serlo. Creo que el hecho de que las autoridades de la enseñanza resuelvan designar con el nombre de "Escribano Dardo Ortiz" a una escuela es un homenaje que merecidamente se tributa a esta figura nacional de alto relieve.

SEÑORA ROBALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ROBALLO. - En nombre de la bancada del Frente Amplio y en el mío propio, quiero hacer el elogio a esta personalidad uruguaya.

Tuve el honor de compartir un período con el entonces senador Dardo Ortiz, y en esos cinco años sostuvimos enfrentamientos apasionados, llegando incluso hasta el amanecer en dos oportunidades ante leyes sociales muy polémicas. El escribano Dardo Ortiz tenía un estilo particular y una gran capacidad de comprensión; tanto es así que en determinado momento coincidimos en una solución. Lo recuerdo por su honradez, por su caballerosidad, por sus grandes conocimientos, porque era un experto en materia de hacienda y porque además me dejó una grata impresión. Esto lo digo a título personal.

Pero en nombre de la bancada debo señalar que hay unanimidad en cuanto reconocer sus méritos y, a esos efectos, levantar la mano.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Queremos decir que hacemos nuestras las palabras de todos los compañeros que nos han precedido en el uso de ella.

Con el ex senador Dardo Ortiz tuvimos una larga vida en común en la Cámara de Representantes, en alguna oportunidad, y en el Senado, en el período anterior. Así fue que aprendimos a respetarlo y a quererlo, que son dos cosas distintas.

No queremos agregar nada más a lo que ya dijimos en oportunidad en que justicieramente el Senado le rindiera homenaje. En este sentido, creemos que no se hace más que un acto de equidad cuando se le pone a una escuela el nombre de quien fuera un digno ciudadano de la República.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr.Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - La bancada del Movimiento Nacional de Rocha adhiere con satisfacción a esta iniciativa que finalmente resulta posible concretar, por la que se rinde homenaje a aquel gran parlamentario que fue el escribano Dardo Ortiz.

En lo personal, no tuvimos oportunidad, como los señores senadores que nos precedieron en el uso de la palabra, de tener una relación directa con el escribano Ortiz, como Sí la tuvieron los compañeros de bancada de nuestro Movimiento. Sí lo conocimos más profundamente en aquella campaña de "ACF" de las elecciones internas, cuando se comenzaron a abrir las puertas de la democracia y antes, durante la actuación de aquel inolvidable triunvirato que con tanta dignidad y coraje condujo al Partido Nacional en la época del régimen de facto y que él integrara junto con los señores senadores Pereyra y Silveira Zavala y con el extinto Mario Heber; y más tarde en aquellas reuniones preparatorias de la labor parlamentaria de este período cuando nada hacía suponer su fallecimiento.

Tal vez en los avatares de la vida política no hayamos coincidido con el escribano Dardo Ortiz, pero siempre reconocimos en él a un hombre con firmeza de carácter, digno, responsable, con coraje para defender sus convicciones y de gran talento y es por eso que creemos que merece ser recordado en la forma que se propone por intermedio de este proyecto de ley que con mucho gusto vamos a acompañar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Designase ‘Escribano Dardo Ortiz’ la Escuela de Práctica de ler. Grado Nº 273, sita en la calle Ellauri Nº 603 de la ciudad de Montevideo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

19) PRESUPUESTO DEL SENADO. Modificaciones.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro) - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - La Mesa dio cuenta de un proyecto de resolución presentado al Senado por la Comisión de Presupuesto y que lleva la firma de sus integrantes. Estando el Cuerpo en conocimiento de dicho proyecto, pues ya ha sido repartido, me permito proponer que se lo considere como urgente y se trate sobre tablas.

En ese sentido, hago moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada en el sentido de que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de resolución relativo a modificaciones del Presupuesto del Cuerpo.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia se acaba de votar: Proyecto de resolución relativo a modificaciones del Presupuesto del Cuerpo.

(Antecedentes:)

"PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Equipáranse los sueldos básicos del Item 02 de los Escalafones I Secretaría, II Oficiales de Sala y Barra, III Amplificación, Radiofonía y Grabación, IV Impresos, V Intendencia, VI Choferes, Item 03 Cuerpo de Taquígrafos y Contratados de la Cámara de Senadores, que sean inferiores con los correspondientes de la Cámara de Representantes vigentes a la fecha.

En los casos en que las denominaciones de los cargos no se correspondieren, se realizarán las adecuaciones, conforme a las equivalencias o similitud de funciones.

Art. 2º. - Los funcionarios de la Cámara de Senadores que a partir del lº de marzo de 1985, se hayan acogido o se acogieren a la pasividad, gozarán del beneficio dispuesto por el artículo 15 de la Resolución de 25 de julio de 1985, haciéndolo extensivo a su cónyuge, hijos solteros menores de veintiún años a su cargo, e incapaces declarados judicialmente. Increméntase el monto respectivo de la partida creada en la disposición mencionada, hasta la suma necesaria para cubrir las erogaciones resultantes. La Presidencia reglamentará la presente disposición y la pondrá en conocimiento de la Comisión de Asuntos Administrativos.

Art. 3º. - Otórgase el beneficio de Hogar Constituido a los funcionarios de la Cámara de Senadores que se jubilen o lo hubieren hecho a partir del 10 de marzo de 1985, en las mismas condiciones que los funcionarios en actividad.

Art. 4º. - Los titulares indicados en el artículo 5º de la Resolución de la Cámara de Senadores de 25 de julio de 1985, percibirán los mismos beneficios y compensaciones líquidas que se acuerden a los funcionarios de la Cámara de Senadores.

Art. 5º. - La presente Resolución entrará en vigencia el 1º de diciembre de 1990.

Art. 6º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo a los efectos previstos en el artículo 108 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 1990.

Carlos Julio Pereyra (Presidente), Carlos W. Cigliuti, Reinaldo Gargano, Alba Roballo, Walter R. Santoro, Omar Urioste. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - En discusión.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CIGLIUTI. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Equipáranse los sueldos básicos del Item 02 de los Escalafones I Secretaría, II Oficiales de Sala y Barra, III Amplificación, Radiofonía y Grabación, IV Impresos, V Intendencia, VI Choferes, Item 03 Cuerpo de Taquígrafos y Contratados de la Cámara de Senadores, que sean inferiores con los correspondientes de la Cámara de Representantes vigentes a la fecha.

En los casos en que las denominaciones de los cargos no se correspondieren, se realizarán las adecuaciones, conforme a las equivalencias o similitud de funciones").

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Los funcionarios de la Cámara de Senadores que a partir del 1º de marzo de 1985, se hayan acogido o se acogieren a la pasividad, gozarán del beneficio dispuesto por el artículo 15 de la Resolución de 25 de julio de 1985, haciéndolo extensivo a su cónyuge, hijos solteros menores de veintiún años a su cargo, e incapaces declarados judicialmente. Increméntese el monto respectivo de la partida creada en la disposición mencionada, hasta la suma necesaria para cubrir las erogaciones resultantes. La Presidencia reglamentará la presente disposición y la pondrá en conocimiento de la Comisión de Asuntos Administrativos").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 3º - Otórgase el beneficio de Hogar Constituido a los funcionarios de la Cámara de Senadores que se jubilen o lo hubieren hecho a partir del 1º de marzo de 1985, en las mismas condiciones que los funcionarios en actividad").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 4º - Los titulares indicados en el artículo 5º de la Resolución de la Cámara de Senadores de 25 de julio de 1985, percibirán los mismos beneficios y compensaciones líquidas que se acuerden a los funcionarios de la Cámara de Senadores").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD. En consideración el artículo 5º

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 5º - La presente Resolución entrará en vigencia el 1º de diciembre de 1990").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD. En consideración el artículo 6º

(El artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 6º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo a los efectos previstos en el artículo 108 de la Constitución de la República").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado, por ser igual al considerado).

20) ACUERDO DE FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular de Hungría. (Carp. Nº 1506/89 - Rep. Nº 145/90").

(Antecedentes:)

"PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 4 de setiembre de 1990.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha de 26 de setiembre de 1989, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación parlamentaria del Acuerdo de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la República de Hungría (anteriormente denominada República Popular de Hungría), suscripto el día 25 de agosto de 1989, al permanecer vigentes para los intereses de la República, los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

‘El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a la consideración de ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7, de la Constitución de la República del Acuerdo de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular de Hungría, suscripto el día 25 de agosto del presente año, en la ciudad de Budapest.

Dicho instrumento internacional, propende a mejorar las condiciones para la radicación de inversiones de capital extranjero, mediante un marco jurídico que perfecciona la normativa que actualmente las regula.

Entre los aspectos más destacables del Acuerdo de referencia puede señalarse que se establece que las inversiones extranjeras no serán objeto de un tratamiento discriminatorio con relación a las inversiones nacionales.

Se garantiza la libre transferencia de remesas relacionadas con las inversiones de capital, reglamentándose la forma en que las mismas se harán efectivas.

Las controversias que pudieran surgir entre un inversor y la Parte Contratante en la que realiza la inversión será dirimida en forma amigable toda vez que ello sea posible. Si pasados seis meses desde que cualquiera de las partes haya pedido una solución amigable, la divergencia no hubiese sido resuelta, será sometida al Tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión. Si pasados dieciocho meses no se ha dictado sentencia, las partes someterán de común acuerdo la controversia a un Tribunal Arbitral.

Las divergencias de opinión entre los Estados serán resueltas mediante negociaciones, o en su defecto, a través de los mecanismos de arbitraje internacional.

Con referencia a la República Oriental del Uruguay, se excluyen de lo dispuesto en el Acuerdo que se remite, aquellas inversiones hechas en Uruguay por personas físicas que sean nacionales de ambas Partes Contralantes y que estén domiciliadas o tengan su centro de interés económico en Uruguay’.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la República de Hungría (anteriormente denominada República Popular de Hungría), suscripto en Budapest el 25 de agosto de 1989.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que solicita la aprobación del Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República y la República de Hungría (anteriormente, República Popular de Hungría), suscrito en Budapest el 25 de agosto de 1989, y aconseja la sanción de dicho proyecto de ley.

I Antecedentes

1. La iniciativa del Poder Ejecutivo ahora a consideración del Senado reitera la formulada durante el período anterior de gobierno con fecha 26 de setiembre de 1989.

2. En la presente Legislatura, el Senado ha sancionado proyectos de ley que aprueban sendos convenios de fomento y protección recíproca de inversiones entre la República y la República Federal de Alemania, el Reino de los Países Bajos y la Confederación Suiza.

3. En oportunidad de sancionarse el convenio con la República Federal de Alemania, fue aprobado también un proyecto de ley -ahora Ley Nº 16.110, de 25 de abril de 1990- que organiza un procedimiento jurisdiccional especial para dirimir las contiendas que se susciten entre inversores extranjeros y el Estado, al amparo de cualesquiera tratados bilaterales de fomento y protección de inversiones ratificados por la República.

II. El Acuerdo

1.El preámbulo del Acuerdo destaca que su finalidad es intensificar la cooperación económica entre ambos países para el beneficio mutuo, reconociendo en las inversiones reciprocas -que se procura fomentar y proteger- un medio idóneo para estimular dicha cooperación.

2. Las partes se comprometen, en ese sentido, a promover y a recibir las inversiones de la otra en sus respectivos territorios (artículo 2), para cuyo fin se estructura un sistema de principios y garantías.

3. Cada parte asegurará un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de la otra y les reconocerá un tratamiento no discriminatorio y no menos favorable que el concedido a inversiones de un tercer estado (artículo 3). No se incluye en esta regla el régimen que resulte de procesos de integración económica (artículo 3 numeral 3). La inversión se beneficiará también del tratamiento más favorable que resulte de normas nacionales o internacionales aplicables (artículo 7).

4. Las partes no privarán a los inversores de la otra de sus inversiones sino por causa de necesidad o utilidad pública, de acuerdo con el debido proceso legal, sin discriminaciones, y mediante el pago sin demoras de una justa indemnización. Los pagos relacionados con las inversiones serán transferibles libremente (artículos 4 y 5).

5.Las controversias entre las partes que no se resuelvan por negociaciones serán dirimidas por un Tribunal Arbitral (artículo 9).

6. Las controversias entre una de las partes y un inversor de la otra, agotados los medios amigables, se someterán a la jurisdicción competente del país donde se efectuó la inversión. No obstante, el inversor interesado podrá llevar el asunto a un Tribunal Arbitral si el Tribunal nacional no ha dirimido una controversia relativa a nacionalización o expropiación dentro de los dieciocho meses de que le fuera planteada. El Inversor interesado y la parte en cuyo territorio se hizo la inversión podrán, de común acuerdo, acudir también al Tribunal Arbitral cuando el Tribunal nacional no haya dictado sentencia dentro de los dieciocho meses de planteada la controversia (artículo 10).

III. Análisis

1. La finalidad del Acuerdo es plausible en cuanto se trata de promover un incremento de las relaciones económicas, enfocando el aspecto de las inversiones, crucial para el desarrollo. Ello se inscribe, además, en el contexto de antiguas y activas relaciones comerciales existentes entre Uruguay y Hungría, mantenidas en los más diversos contextos políticos, a las que se adiciona un instrumento nuevo de cooperación.

2. Los compromisos que asume la República conforme el Acuerdo no van más allá de lo que el propio régimen nacional ya consagra aunque, claro está, las normas del Acuerdo le confieren carácter convencional. En algunos casos las garantías requeridas para el inversor son menores que las existentes: las normas nacionales no hacen distinción entre nacionales y extranjeras (el Acuerdo se refiere a terceros países) y la indemnización por expropiación deberá ser en general previa (el Acuerdo: que no haya demora indebida). La libertad de transferencia de fondos rige en el Uruguay desde hace años

3.La solución de conflictos entre las partes, a través del arbitraje, es conforme a la Constitución (artículo 6 de ésta).

4.En lo relativo a las controversias entre un inversor y una de las partes, el sistema instituido en el Acuerdo es también compartible con el ordenamiento jurídico nacional.

Las hipótesis en las que en estos casos- es posible recurrir a un Tribunal Arbitral constituyen situaciones en las que habría una virtual denegación de justicia. Cabe observar, en efecto, que el recurso de arbitraje por motivo de expropiación procede, no contra una sentencia nacional, sino en ausencia de ésta (artículo 10 numeral 3). A la vez, el plazo de dieciocho meses que prevé el Acuerdo, cubre con amplitud el tiempo previsto para que se expida el Tribunal nacional competente de acuerdo con la Ley Nº 16.110, de 25 de abril de 1990. En las demás hipótesis, el arbitraje procede también en ausencia de sentencia local y la controversia será sometida, en esos casos "de común acuerdo" al Tribunal Arbitral (artículo 10 numeral 2).

Por lo demás, la solución arbitral -como lo ha sostenido vuestra Comisión en ocasión de informar sobre los acuerdos similares con la República Federal de Alemania, Países Bajos y Suiza- responde a las tendencias más modernas del derecho internacional y es práctica habitual entre numerosos países, sobre la base de que la instancia internacional procede cuando se han agotado los recursos internos. La República lo ha reconocido así, entre otros casos, en la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, que ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la que franquea la competencia de la Corte Interamericana una vez agotados los recursos jurisdiccionales internos. Similar recibo ha tenido este criterio en los acuerdos celebrados en esta misma materia con Alemania, Países Bajos y Suiza.

5.Los acuerdos de fomento y protección de inversiones han alcanzado una enorme difusión en todo el mundo y, en alguna forma, suplen la ausencia de normas multilaterales de Derecho Internacional que regulen de manera general una materia esencial para el desarrollo. En el caso, corresponde señalar, además, que el Acuerdo con Hungría supone para la República ampliar a otra área geográfica, económica y política, los vínculos que ha ido estableciendo en el campo de las inversiones.

IV. Recomendación

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Senado la sanción del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de referencia entre la República y la República de Hungría.

Sala de la Comisión. 30 de octubre de 1990.

Juan Carlos Blanco (Miembro Informante), Sergio Abreu, Leopoldo Bruera (discorde), Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano (discorde), Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores.

ACUERDO

DE FOMENTO Y RECIPROCA PROTECCION DE LAS INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA POPULAR DE HUNGRIA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular de Hungría,

Con el deseo de intensificar la cooperación económica para el mutuo beneficio de ambos países,

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes en el territorio de la otra Parte, y

Reconociendo que el fomento y la protección de inversiones estimula, sobre la base del presente Acuerdo, la iniciativa en este campo,

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

Para los fines del presente Acuerdo:

1. El concepto "inversiones" comprende toda clase de activo vinculado con la participación en sociedades y "joint ventures" (operaciones conjuntas), en especial aunque no exclusivamente:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles así como todo otro derecho real en relación a cualquier tipo de activo;

b)derechos derivados de acciones, obligaciones y otro tipo de participación en sociedades;

c) derechos pecuniarios, valor llave y otros activos y cualquier prestación que tenga un valor económico;

d) derechos en el área de la propiedad intelectual, procesos técnicos y "know-how".

2. El término "inversor" se refiere, con relación a cada una de las Partes Contratantes, a:

a) las personas físicas que tengan la nacionalidad de la respectiva Parte Contratante, de acuerdo con su legislación;

b) las personas jurídicas constituidas conforme con la legislación de la respectiva Parte Contratante.

3. Para la República Oriental del Uruguay el presente Acuerdo no se aplicará a inversiones hechas en Uruguay por personas físicas que sean nacionales de ambas Partes Contratantes y que están domiciliadas o tengan su centro de interés económico en Uruguay.

ARTICULO 2

1.Cualquiera de las Partes Contratantes promoverá en su territorio las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus leyes y reglamentos.

2.El presente Acuerdo será aplicable a inversiones hechas por inversores de cualquiera de las Partes Contratantes, conforme a las leyes y reglamentos, en el territorio de la otra Parte Contratante, a partir del lº de enero de 1973.

3. En ningún caso el presente Acuerdo se aplicará a controversias o litigios surgidos con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo.

ARTICULO 3

1. Cada Parte Contratante asegurará un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y no perjudicará, con medidas injustas o discriminatorias, el funcionamiento, administración, mantenimiento, usufructo, goce o la enajenación de las mismas por esos inversores.

2. Cada Parte Contratante específicamente, acordará a tales inversiones plena seguridad y protección, la que en cualquier caso no será menor que la acordada a inversiones realizadas por inversores de un tercer Estado.

3. Si una Parte Contratante hubiese acordado privilegios a inversores de un tercer Estado en virtud de acuerdos que establezcan uniones aduaneras, uniones económicas o instituciones similares, o en base a acuerdos provisionales que conduzcan a tales uniones o instituciones, esa Parte Contratante no estará obligada a acordar esos privilegios a los inversores de la otra Parte Contratante.

4. El tratamiento otorgado de acuerdo con el presente artículo no será aplicable a impuestos, derechos, cargas y deducciones fiscales y exenciones otorgadas por cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros Estados como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble tributación o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios, o sobre la base de la reciprocidad con un tercer Estado.

ARTICULO 4

1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará, en forma directa o indirecta, medidas que priven de su inversión al inversor de la otra Parte Contratante, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

a) las medidas se han tomado por razones de necesidad o utilidad pública, de acuerdo con el debido proceso legal;

b) las medidas no son discriminatorias o contrarias a cualquier compromiso que la primera Parte Contratante pueda haber asumido;

c) las medidas se acompañan por una provisión para el pago de una justa indemnización. Dicha indemnización se pagará y será transferible sin demora indebida.

2. Los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes cuyas inversiones hayan sufrido pérdidas en el territorio de la otra Parte Contratante por causas de guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia, revolución o rebelión, serán beneficiados por esta última con un tratamiento no menos favorable que el acordado a inversores de un tercer Estado, en lo que respecta a restituciones, indemnizaciones, compensaciones u otras prestaciones susceptibles de ser valuadas. Dichos pagos serán libremente transferibles entre ambas Partes Contratantes.

ARTICULO 5

1. Las Partes Contratantes garantizarán que los pagos relacionados con una inversión puedan ser transferidos. Las transferencias se realizarán en una moneda libremente convertible, sin restricción o demora.

Estas transferencias incluyen en particular, aunque no en forma exclusiva:

a) el capital y aportes adicionales para el mantenimiento o desarrollo de las inversiones;

b) las ganancias, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;

c) los fondos para el pago de préstamos;

d) las regalías u honorarios;

e) el producto de la venta o liquidación de la inversión.

ARTICULO 6

Si las inversiones de un inversor de una Parte Contratante están aseguradas contra riesgos no comerciales, según un procedimiento establecido por ley, cualquier subrogación del asegurador o reasegurador en los derechos de dicho inversor, conforme a los términos del seguro, será reconocida por la otra Parte Contratante.

ARTICULO 7

Si las disposiciones legales de cualquiera de las Partes Contratantes o las obligaciones contraídas de acuerdo al derecho internacional vigente en la actualidad o establecidas a partir de este momento entre las Partes Contratantes, al margen de este Acuerdo, contienen una norma, ya sea de naturaleza general o específica, que permita que las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante tengan un tratamiento más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, esa norma prevalecerá, en la medida en que resulte más favorable, sobre este Acuerdo.

ARTICULO 8

Cualquiera de las Partes Contratantes puede proponer a la otra Parte que se hagan consultas sobre cualquier asunto relativo a la aplicación del presente Acuerdo. La otra Parte acordará una especial consideración a la propuesta, creando las condiciones adecuadas para que esta consulta se realice.

ARTICULO 9

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, será, en lo posible, dirimida por los gobiernos de ambas Partes Contratantes.

2. Si la controversia no ha podido ser resuelta dentro de los seis meses contados a partir de la iniciación de las negociaciones, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un Tribunal Arbitral.

3. El Tribunal Arbitral será designado en la forma siguiente: cada una de las Partes Contratantes nombrará un árbitro y estos dos árbitros designarán de común acuerdo al presidente, que será nacional de un tercer Estado. Los dos árbitros deberán ser designados dentro del plazo de tres meses y el presidente dentro del plazo de cinco meses a contar de la fecha en que cualquiera de las Partes Contratantes haya manifestado a la otra Parte Contratante que pretende someter la controversia a un tribunal arbitral.

4. Si una de las Partes no cumple con la designación de su árbitro o no ha procedido a hacerlo dentro de un plazo determinado, la otra Parte podrá invitar al Secretario General de las Naciones Unidas para que haga la designación correspondiente. En caso que ambos árbitros no logren llegar a un acuerdo en el plazo determinado, sobre la elección del tercer árbitro, cualquiera de las Partes podrá invitar al Secretario General de las Naciones Unidas para que haga la designación correspondiente.

5. A menos que las Partes decidan lo contrario, el Tribunal determinará su propio procedimiento.

6. El Tribunal tomará su decisión por mayoría de votos. Esta decisión será definitiva y obligatoria para las Partes.

7. Cada Parte Contratante asumirá el costo del árbitro que ha nombrado y de su representación. El costo del presidente así como los otros costos en que se haya incurrido serán solventados por partes iguales por las Partes Contratantes.

ARTICULO 10

1.Las controversias que surgieren entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante en el territorio de la primera Parte Contratante, deberán toda vez que sea posible, ser dirimidas en forma amigable entre las partes interesadas.

2. Si una controversia no ha podido ser dirimida dentro de un plazo de seis meses contado desde la fecha en que cualquiera de las partes haya pedido una solución amigable, la controversia será sometida, a solicitud de una de las partes involucradas, al Tribunal Competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión. Si dentro de un plazo de dieciocho meses no se ha dictado sentencia, el inversor interesado y la Parte Contratante en el territorio de la cual se ha hecho la inversión, someterán de común acuerdo la controversia a un Tribunal Arbitral.

3. Si una controversia referente a nacionalización o expropiación no ha podido ser dirimida dentro de un plazo de dieciocho meses desde el momento en que dicha controversia ha sido sometida al Tribunal competente de la Parte Contratante en el territorio de la cual se ha hecho la inversión, el inversor interesado podrá recurrir a un Tribunal Arbitral

4. El Tribunal Arbitral mencionado en los párrafos (2) y (3) de este artículo se constituirá para cada caso y será competente para dirimir la controversia. Las disposiciones del artículo 9 párrafos (3) - (7) se aplicarán mutatis mutandis. No obstante, se invitará al Presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París para que haga los nombramientos necesarios.

5. Las Partes Contratantes no darán protección diplomática ni promoverán una reclamación internacional respecto de una controversia que uno de sus inversores y la otra Parte Contratante hayan sometido a la decisión del tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio fue hecha la inversión o a un tribunal arbitral, conforme lo dispuesto por este artículo, a menos que esta otra Parte Contratante no haya acatado o cumplido con la sentencia pronunciada en esta controversia.

6. En caso que ambas Partes Contratantes se hubieren adherido a la Convención sobre Arreglo de Controversias sobre Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto para la ratificación en Washington el 18 de marzo de 1965, las controversias entre cualquiera de las Partes Contratantes y un nacional de la otra Parte Contratante, de acuerdo con el tercer párrafo de este artículo, serán sometidas para ser dirimidas por conciliación o arbitraje al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias sobre Inversiones.

7. Las decisiones del Tribunal competente, en el sentido de este artículo, significa, para la República Oriental del Uruguay, la decisión judicial en una única instancia.

ARTICULO 11

1. El presente Acuerdo entrará en vigencia el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en la cual las Partes Contratantes se hayan recíprocamente comunicado por escrito, que se ha cumplido con los procedimientos constitucionales necesarios para su aprobación en sus respectivos países y permanecerá en vigencia por un período de 15 años.

2. A menos que cualquiera de las Partes Contratantes lo hubiese denunciado, por lo menos con seis meses de anticipación de la fecha de expiración de su vigencia, el presente Acuerdo se prorrogará tácitamente por períodos de 10 años, reservándose cada Parte Contratante el derecho de denunciar este Acuerdo, previa notificación, por lo menos seis meses antes de la fecha de expiración del actual período de validez.

3. Con relación a aquellas inversiones hechas antes de la fecha de terminación de este Acuerdo, los Artículos precedentes del mismo continuarán en vigencia por un período de 10 años a partir de esa fecha.

Hecho en duplicado en Budapest el 25 de agosto de 1989 en los idiomas español y húngaro, siendo ambos textos igualmente auténticos y existiendo un tercer texto en idioma inglés, el que, en caso de duda en cuanto a la interpretación de este Convenio, será tenido en cuenta como referencia.

R. ZERBINO
Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay"
FIRMA ILEGIBLE
Por el Gobierno de la República
Popular de Hungría

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Tal como figura en el repartido correspondiente, este asunto viene a consideración del Senado con informe favorable de la Comisión de Asuntos Internacionales, aun cuando existen opiniones discordes por parte de algunos miembros de la misma.

Este proyecto tiene como antecedente una iniciativa del Poder Ejecutivo de la anterior Administración presentada a través de un Mensaje del 26 de setiembre de 1989 y también en la presente Legislatura, la sanción de sendos proyectos de ley que se refieren a la Protección Recíproca de las Inversiones entre la República, la República Federal de Alemania, la Confederación Suiza y el Reino de los Países Bajos.

El acuerdo con la República de Hungría establece en sus principios generales y en sus fundamentos, la protección y el fomento de las inversiones recíprocas. Sus principios básicos consisten en un tratamiento no discriminatorio de estas inversiones recíprocas y el compromiso de una de las partes contratantes de asegurar a la otra en sus respectivos territorios, un tratamiento no menos favorable que el concedido a inversiones de un tercer Estado. Luego está complementado con una serie de normas sobre tratamiento justo y equitativo a estas inversiones.

El punto que suscita más dificultades -tanto en este caso como en los anteriores mencionados como antecedentes- es el referente a la solución de controversias que pueden darse a propósito de este tema. Asimismo, esto debe dividirse en dos aspectos. Por un lado, las controversias de las partes contratantes, o sea, entre los Estados, que de conformidad con este Acuerdo y con los otros similares se resuelve en función de Tribunales Arbitrales. Esta parte no ofrece dificultades puesto que a través de un principio que está incorporado en nuestra Constitución se puede proceder de esa manera. Y por otro, lo que se refiere a las controversias que puedan darse entre el Estado y un particular inversor de la otra parte contratante. En relación al proyecto que está a consideración del Senado, este punto sufre alguna atenuación, a mi juicio, en cuanto a las dificultades que ofrece, ya que en la disposición correspondiente, o sea, en el artículo 10, se establece que se tratará de solucionar amigablemente estas controversias entre las partes interesadas y, si las mismas no han podido ser dirimidas dentro del plazo de seis meses, se someterán al Tribunal de la parte en cuyo territorio han ocurrido los hechos. Si dentro de un plazo de dieciocho meses no se ha dictado sentencia, el inversor interesado y la parte contratante someterán de común acuerdo la controversia a un Tribunal Arbitral.

A través del documento que estamos considerando, se puede someter a un arbitraje internacional el conflicto entre un inversor privado y el Estado. Para que se lleve a cabo este procedimiento se requiere que no se haya dictado sentencia en los dieciocho meses de sometido el tema al Tribunal correspondiente del Estado en cuyo territorio ocurren los hechos y que además, esto sea formulado de común acuerdo.

El derecho de una parte a acudir a un Tribunal Arbitral internacional, surge solamente en los casos de nacionalizaciones o expropiaciones que no hayan podido ser dirimidas dentro de los dieciocho meses.

Según los análisis efectuados en los Acuerdos anteriores, esta previsión es conforme a los requisitos actualmente reconocidos en materia de derecho internacional, en cuanto al agotamiento previo de la vía administrativa.

En función de estos antecedentes, la Comisión de Asuntos Internacionales -de acuerdo con el informe presentado y sometido a consideración del Senado- aconseja la aprobación del Tratado de referencia.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: conforme a los motivos que hemos manifestado en ocasión de que se aprobaran los Tratados con la República Federal de Alemania, Confederación Suiza y el Reino de los Países Bajos -sustancialmente similares al presente- vamos a acompañar con nuestro voto favorable este Tratado.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en oportunidad de considerarse los Tratados con la República Federal de Alemania, Confederación Suiza y el Reino de los Países Bajos, la bancada del Frente Amplio indicó que no iba a acompañarlos con su voto porque en ellos se consagraba la delegación de jurisdicción a través de algunos artículos.

En el Tratado que hoy estamos considerando la solución es prácticamente idéntica, aunque atenuada. Por esta razón no vamos a acompañar la sanción del mismo.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Voy a reiterar algunos argumentos que ya formulamos en la Comisión de Asuntos Internacionales y a los que ha hecho referencia el señor senador Gargano.

Creemos que las fórmulas que aparecen contenidas en este Tratado con la República de Hungría son menos rígidas que las establecidas en los de la República con la República Federal de Alemania, Confederación Suiza y el Reino de los Países Bajos. De cualquier manera, entiendo que en estos Tratados se otorga a Tribunales que están fuera de la institucionalidad del país, el tratamiento de eliminación de diferencias o de interpretación de éstas entre las partes.

Considero que esa solución podría admitirse en el caso de tratarse de personas de Derecho Público, en la medida en que sean relaciones de Estado a Estado. Pero no debería ser así para relaciones que ponen al Estado por un lado y, al inversor privado, por otro.

Es evidente que las soluciones que están planteadas en este tratado no son las mismas que en los otros, pero igualmente lo vamos a votar negativamente -aunque no con la misma fuerza con que hemos votado en contra los otros Tratados- porque consideramos que hay que seguir buscando algún mecanismo que nos permita establecer procedimientos de regulación de inversiones recíprocas de los países que establezcan soluciones distintas en materia de interpretación o ejecución de las diferencias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-14 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Apruébase el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la República de Hungría (anteriormente denominada República Popular de Hungría), suscripto en Budapest el 25 de agosto de 1989".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-14 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

21) FUNDACIONES. Se reglamenta su funcionamiento.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: solicito que se altere el orden del día y que se trate en primer término el asunto que figura en el numeral 5º y luego el del 4º, porque hay venias de destitución solicitadas, cuyo plazo vence el 23 o el 24 de diciembre y si no las votamos ahora vencerá dicho plazo constitucional. Pido esto porque observo que el quórum del Senado se encuentra en el límite reglamentario para poder votar.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra para referirme a este tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Lamento discrepar con mi querido amigo, señor senador Silveira Zavala, pero debo solicitar que el Senado considere los temas tal como se presentan en el orden del día, en mérito a los argumentos que voy a exponer a continuación.

El asunto que figura en cuarto término del orden del día -y que deberíamos tratar a continuación- relativo al funcionamiento de las Fundaciones, fue extensamente considerado por la Comisión de Constitución y Legislación y recibió el apoyo unánime de todos sus integrantes. Por lo tanto, estimo que ese tema no dará lugar a un prolongado debate.

Por otra parte, quiero recordar que las solicitudes de venia -que integran el siguiente punto del orden del día- siempre están a tiempo de ser consideradas por la Comisión Permanente. En cambio, si no aprobamos este proyecto, que es de gran trascendencia, de alguna manera se frustraría el trabajo que durante bastante tiempo realizó la Comisión de Constitución y Legislación, y habría que reflotar el proyecto en el próximo período.

Muchas gracias.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - En consideración a los argumentos expuestos por mi querido amigo, el señor senador de Posadas Montero -y le devuelvo la flor, pero pido que no nos tiremos más serpentinas porque esto se va a transformar en un corso de carnaval- retiro mi moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se reglamenta el funcionamiento de las Fundaciones. (Carp. Nº 159/90. - Rep. Nº 162/90").

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 159/90
Rep. Nº 162/90

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Artículo 1º. - (Objeto). Las fundaciones son personas jurídicas reconocidas como tales por la autoridad competente que se constituyen mediante el aporte de bienes, derechos o recursos realizado por una o más personas físicas o jurídicas y que persiguen un objeto de bien común, sin propósito de lucro.

CAPITULO II
Constitución y Reconocimiento

Artículo 2º. - (Constitución). Las fundaciones se constituyen por: a) acto entre vivos, documentado en instrumento público otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial, o b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes, derechos o recursos que se aportan y el o los fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Si en el acto de constitución se estableciera que los estatutos deberán contener alguna disposición expresamente vedada por la ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Art. 3º.- (Reconocimiento). El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación, a cuyos efectos se presentará:

A) El instrumento público referido en el artículo 2 de la presente ley o el testamento correspondiente.

B) Detalle de los bienes, derechos o recursos aportados.

C) Proyecto de los estatutos que contendrá:

a. Nombre y domicilio de la fundación.

b. Determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución.

c. Capital inicial, integración y recursos futuros.

d. Plazo de duración si estuviere sometido a dicha modalidad.

e. Organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones.

f. Disposiciones referentes al funcionamiento de la fundación.

g. Procedimiento para la reforma del estatuto.

h. Fecha de cierre del ejercicio anual.

i. Casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes.

J. Designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.

CAPITULO III
Organos y Administración

Artículo 4º. - (Consejo de Administración). El gobierno y administración de las fundaciones estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros, que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Art. 5º. - (Integración). Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar con miembros permanentes y/o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometida a personas físicas o jurídicas o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan requiriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en todos los casos y aun cuando existiere disposición estatutaria en contrario, la designación será por el término de un año.

Art. 6º. – (Funcionamiento el Consejo). El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que se establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, el quórum para sesionar será el número entero inmediato superior a la mitad aritmética de los componentes y las decisiones serán adoptadas por mayoría de presentes, salvo lo previsto en los artículos 15 y 16 de la presente ley.

En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto doble.

Art. 7º. - (Deberes de los miembros del Consejo). Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la fundación y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad o apartamiento del fin de la institución que adviertan.

En caso de quedar cargos vacantes en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que por cualquier causa no se realizare la designación correspondiente de acuerdo lo previsto en el estatuto en el plazo de sesenta días.

Los miembros serán civilmente responsables de todo daño o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración será evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Art. 8º. - (Derechos de los miembros). Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

1) A participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto.

2) A percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir compensación alguna o beneficio de cualquier clase de la fundación.

Si se hubiere previsto el pago de alguna compensación, el monto total anual de las mismas no podrá superar el cinco por ciento a valores constantes de los fondos utilizados por la fundación en el período anual anterior para cumplir con su objeto.

3) A solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 16 la intervención de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Art. 9º. - (Cese y remoción de los consejeros). Los consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecidas por el fundador.

Salvo previsión estatutaria en contrario, el Consejo de Administración podrá, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, remover de su cargo a un consejero, cuando éste cometa actos violatorios de la ley o del estatuto, cuando sobrevenga alguna causal de incompatibilidad o cuando se desentienda de los asuntos de la fundación pese a las advertencias que le realice el Consejo.

Art. 10. - (Derecho de veto). Los estatutos podrán conferir a uno o más consejeros, sean permanentes o a término, el derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada, podrán recurrir ante la autoridad administrativa competente cuando el resultado de la oposición resulte contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte del objeto de la fundación.

Art. 11. - (Prohibiciones). Los miembros del Consejo de Administración no podrán realizar por sí ni por interpuesta persona ningún tipo de contrato ni mantener ningún tipo de relación comercial, profesional, laboral o de cualquier tipo que pueda redundar en un beneficio para su persona, con la fundación de la que son consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del consejero y a sus familiares ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas a las que se encuentre vinculado o lo haya estado en los últimos cinco años.

En caso de mediar disposición estatutaria en contrario, la misma será válida, pero en caso de aplicarse la misma, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 2 del artículo 8 de la presente ley.

CAPITULO III
Patrimonio de la fundación

Artículo 12. - (Aportes).

12.1. - (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivo, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetos a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

12.2. - (Aportes realizados por disposición testamentaria). En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha del fallecimiento del testador si se trata de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el referido reconocimiento.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento referido.

12.3. - (Intervención del Ministerio Público). En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación y podrá solicitar al tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

12.4. - (Plazo para el reconocimiento). En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 17.

12.5. – (Responsabilidad). Si se diera la situación prevista en el inciso 2 del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en los artículos 842 y 1.012 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Art. 13. – (Patrimonio insuficiente). Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la misma, podrá proceder conforme lo dispuesto en el artículo 16, o intentar la capitalización de la fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin mas trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la presente ley.

Art. 14. - (Acumulación de capital). La mayor parte de los recursos anuales de la fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto, y sólo podrán acumularse fondos, cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución y que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capital. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la autorización de la autoridad administrativa de contralor.

CAPITULO IV
Reforma de estatutos y disolución de la fundación

Artículo 15. – (Reforma de estatutos). Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su reconocimiento de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de diez días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estatutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 13 de la presente ley.

Art. 16. - (Disolución de la fundación).

16.1 – (Resolución). La disolución de la fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de regulación estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse alguna de las causales previstas en el numeral siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática; la disolución será declarada por el tribunal competente, a instancias del fundador; de algún miembro del Consejo de Administración; del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

16.2. - (Causales de disolución). Son causales de disolución de las fundaciones:

a)la finalización del plazo establecido por el fundador si es que existe previsión al respecto;

b)cuando por cualquier causa deviniera imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentre impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c)si resulta manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, y sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la fundación y de lo previsto en el art. 13 de esta ley;

d)por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el tribunal competente;

e)las establecidas como tales por el fundador.

16.3. - (Liquidación). Resuelta la disolución de la fundación, los miembros del Consejo de Administración quedarán investidos de la calidad de liquidadores.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del numeral 1 del presente artículo, y en aquellos casos en que los consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el tribunal procederá a la designación de los mismos.

Art. 17. - (Destino de los bienes). El remanente que resulte de la liquidación de la fundación, tendrá el destino establecido por el fundador en los estatutos y en caso de que el mismo resulte imposible o que no exista previsión al respecto, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá la situación, destinando los bienes a una persona jurídica de derecho público o privado, sin fines de lucro, que desarrolle en el país una actividad similar o afín con el objeto de la fundación.

CAPITULO V
Régimen de contralor

Artículo 18. -

18.1. - (Autoridad administrativa de contralor). El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

18.2. - (Contabilidad). Las fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

La reglamentación establecerá la forma en que la misma será controlada por la autoridad administrativa de contralor.

18.3. - (Memoria anual). El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos.

Art. 19. - (Atribuciones de la autoridad de contralor). Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

1)Solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en el artículo 18.1. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor.

2)Apercibir e intimar a las autoridades de la fundación cuando constate cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la ley o en los estatutos.

3)Promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En casos graves, en que peligre el patrimonio de la fundación en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para que la institución fue creada o cuando se constate que la fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra los responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes, la intervención de la fundación e incluso la cancelación de la personalidad jurídica ante el tribunal competente.

CAPITULO VI
Disposiciones generales

Artículo 20. - (Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). Todo negocio entre la fundación y sus fundadores o sus herederos, ascendientes o descendientes, colaterales hasta el segundo grado, salvo las donaciones que de éstos recibiera la fundación, deberá ser comunicada previamente a la autoridad administrativa de contralor que podrá ejercer sus atribuciones cuando dicho negocio sea ilegal o constituya una desnaturalización del objeto de la fundación.

Toda resolución del Consejo de Administración que directa o indirectamente, beneficie al fundador o a sus herederos, estará sometida al régimen previsto en el inciso anterior.

Art. 21. – (Protección del nombre). Queda prohibida la utilización de la expresión "fundación" por toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente ley.

Exceptúandose de lo estipulado en el inciso precedente a aquellas personas jurídicas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma.

Art. 22. - (Fundaciones extranjeras). Las fundaciones constituidas en el extranjero, sólo podrán actuar en la República, cuando cumplan con lo establecido en la presente ley y obtengan el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura.

A partir de la entrada en vigencia de esta ley, las fundaciones extranjeras que actúen en el país, dispondrán de un plazo de un año para regularizar su situación.

Art. 23. – (Plazo para el reconocimiento). El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de esta ley.

Si vencido el plazo referido en el inciso anterior, el Ministerio de Educación y Cultura no se hubiera pronunciado, se entenderá aceptada la solicitud y se procederá a la inscripción en el registro correspondiente.

Art. 24. – (Registro de fundaciones). El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro actualizado y público, en que figurará cada una de las fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida de la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente.

Art. 25. - Comuníquese, etc.

Ignacio de Posadas Montero, Enrique Cadenas Boix, Juan Carlos Raffo. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

El presente proyecto de ley tiene por objetivo superar un vacío existente en nuestro derecho positivo, dando un marco jurídico adecuado a actividades beneficiosas para la comunidad.

En la práctica actual la admisión de este tipo de instituciones ha presentado una serie de inconvenientes, frustrándose en muchos casos iniciativas valiosas.

Los problemas mencionados fueron advertidos en su oportunidad por el Poder Ejecutivo, que el 3 de setiembre de 1986, remitió al Parlamento un proyecto de ley que no obtuvo sanción legislativa.

Para la elaboración del texto propuesto, se analizó la experiencia de otros países. Así, fueron estudiadas las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile, Francia e Italia; junto con opiniones doctrinarias de dichas fuentes. También se tuvo en cuenta y de manera particular el antecedente constituido por el proyecto del Poder Ejecutivo antes mencionado.

II

En el Capítulo I del proyecto se determina el objeto del mismo, estableciendo el concepto de fundación, que presenta una gran similitud con el utilizado en el referido proyecto del Poder Ejecutivo y en el Decreto-Ley Nº 19.836, de 1972, vigente en la República Argentina.

Puede apreciarse que se suprimió la referencia a la irrevocabilidad de los aportes realizados, contemplada por ejemplo en la ley francesa de 23 de julio de 1987 y defendida por buena parte de la doctrina extranjera (conf. BRICHET, Robert, Fundation, en Civil Annexes, Nº 2, 1989, etc.), ello en razón de optarse por comprender los aportes en el régimen vigente en materia de donaciones o sucesiones, según corresponda (art. 12 del proyecto).

III

La constitución y el reconocimiento de la personalidad jurídica de las fundaciones se encuentran regulados en el Capítulo II, complementado por los artículos 23 y 24.

Se prevén dos formas de constitución de fundaciones: por acto entre vivos o por disposición testamentaria, estableciéndose los requisitos básicos con los que se debe cumplir para que aquélla sea válida. También se aclara, para evitar cualquier tipo de duda, que en el acto de constitución pueden establecerse alguna o algunas de las disposiciones que deberán ser incluidas en los estatutos.

El artículo 3 establece el procedimiento para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica a cuyos efectos será competente el Ministerio de Educación y Cultura. En este punto se suprimen algunas exigencias, como la prevista en el art. 9 del proyecto del Poder Ejecutivo, sosteniendo que la misma excede el contralor exclusivamente de legalidad que debe realizar el Estado con relación a instituciones privadas (máxime cuando tienen una finalidad filantrópica).

Otra innovación importante aparece en el art. 23 que introduce un mecanismo de reconocimiento tácito. De esta forma se pretende evitar que demoras administrativas impidan el funcionamiento de estas instituciones. Se señalará más adelante, que esta disposición está íntimamente relacionada con el art. 12 en lo relativo a la constitución de fundaciones por disposición testamentaria y al interés en que la voluntad del causante sea correctamente cumplida, así como que el período en que los bienes aportados no tengan un titular definido sea el más breve posible.

IV

En el Capítulo III se incluyen disposiciones tendientes a regular el funcionamiento de la fundación.

Puede apreciarse que este Capítulo se inspira en dos ideas básicas: por un lado respetar al máximo la voluntad del fundador, a la que se le da un amplio margen y que sólo se encuentra limitada en aquellos casos en que esté en juego la esencia misma de la fundación. Por otra parte se intenta establecer los mecanismos necesarios que permitan suplir las carencias del acto de constitución o de los propios estatutos, de forma tal que dichas insuficiencias no impidan el funcionamiento de la fundación. Así, se establece una serie de disposiciones que solo resultarán aplicables en cada caso concreto cuando falte la previsión estatutaria correspondiente (art. 5 inc. 3, art. 6 inc.2 y 3, art. 9 inc.2, art. 11,art. 15,art. 16,etc.)

Dentro de los límites que se imponen a la voluntad del fundador cabe señalar el previsto en el ordinal 2 del artículo 8 (en que se limita el porcentaje del patrimonio que puede ser destinado a remuneración de los consejeros, de forma de evitar que con compensaciones desproporcionadas se frustre en los hechos la voluntad del fundador y se desnaturalice la institución); el Art. 10 inc. 2 (que prevé la posibilidad de que en caso de haberse otorgado el derecho de veto a uno o más consejeros, la mayoría pueda obtener un contralor de la legalidad del veto opuesto); el Art. 11 (que si bien admite que el fundador pueda dejar sin efecto las prohibiciones previstas en el mismo, el inciso final exige en tales casos una comunicación previa a la autoridad administrativa con el fin de controlar la legalidad de la resolución y si la misma no implica una desviación con relación al objeto de la institución).

V

En lo referido a los aportes y al patrimonio de la fundación, se incluyen varias diferencias con relación a la legislación argentina y al proyecto del Poder Ejecutivo, procurando que el marco jurídico de las fundaciones coincida en lo posible con la legislación vigente para situaciones afines y que se respete en lo posible la voluntad del fundador evitando normas que regulen excesivamente la liberalidad efectuada.

En este sentido debe señalarse que se evita toda solución que condicione el reconocimiento de la fundación a la efectiva y previa transferencia de los bienes (tratándose de una liberalidad del fundador no se advierte el interés del Estado en que se acredite que los aportes se han hecho efectivos y por otra parte tal exigencia no haría más que trabar la constitución de estas instituciones).

En cuanto al marco jurídico de los aportes, se entiende conveniente que el mismo sea el vigente en materia de donaciones simples y sucesiones (según se trate de constitución por acto entre vivos o por disposición testamentaria), en mérito a que la claridad de las normas correspondientes del Código Civil permitirán tener certeza en las soluciones dado el amplio análisis de que han sido objeto y al mismo tiempo se evita la creación de regímenes excepcionales con todos los inconvenientes prácticos que los mismos aparejan.

Se elimina también el contralor previo sobre el patrimonio inicial (previsto en alguna legislación comparada y en el proyecto del Poder Ejecutivo) con el fin de dar una mayor libertad al fundador, limitar el contralor estatal a cuestiones estrictamente de legalidad y permitir que se haga uso de las facultades previstas en los artículos 13 y 15 del proyecto.

En los casos de constitución por disposición testamentaria y cuando la fundación no haya obtenido el reconocimiento de su personalidad jurídica a la fecha del fallecimiento del causante, se intenta reducir al máximo el período en que los bienes aportados no tendrán propietario definido, estableciendo un severo régimen de responsabilidad para los herederos, legatarios y albaceas (art. 12.2, 12.4 y 12.5) y sin perjuicio de las facultades que se confieren al Ministerio Público (art. 12.3). Debe tenerse presente que la situación de los herederos, legatarios y albaceas, se encuentra contemplada en el Art. 23 del proyecto, de manera que sólo procederá la aplicación del art. 12.5 en casos en que haya existido una culpa grave de las personas mencionadas en el mismo.

Se prevé en el art. 14 que la mayoría de los recursos de la fundación deben destinarse al cumplimiento de su objeto y se limita la posibilidad de acumular capital a efectos de evitar que funcionen fundaciones que se limiten a incrementar su patrimonio sin cumplir o desnaturalizando el objeto para el cual fueron creadas.

VI

En materia de reforma de estatutos se establece que se estará a lo dispuesto en los mismos, incluso en el caso en que el fundador prohiba toda reforma. En caso de no mediar prohibición y si se hubiera omitido incluir el procedimiento correspondiente en los estatutos, se podrá proceder según lo dispuesto en el Art. 15.

En cuanto a la disolución de la fundación, si bien se reconoce al fundador la facultad de establecer causales de disolución no previstas en el proyecto, las establecidas en el art. 16.2 literales "a" a "d" inclusive, proceden aun cuando existe disposición estatutaria en contrario.

VII

El régimen de contralor proyectado no coincide con el que con frecuencia aparece en el derecho positivo uruguayo ni con el que se propuso en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Al respecto cabe señalar que si bien se considera conveniente la existencia de un control por parte del Estado, se entiende imprescindible precisar que el mismo será exclusivamente de legalidad, ésto es referido al cumplimiento por parte de las fundaciones de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, sin entrar en ningún caso a efectuar consideraciones de oportunidad o conveniencia, salvo en los casos expresamente previstos (ej. art. 5 inc. final).

En cuanto a las atribuciones de la autoridad administrativa de contralor las mismas se limitan a las de fiscalización y se prevé que si bien podrá apercibir o intimar a las autoridades de la fundación cuando advierta cualquier apartamiento de lo dispuesto en las normas legales, reglamentarias o estatutarias, toda otra medida que resulte pertinente adoptar -como ser la intervención de la fundación o la cancelación de la personalidad jurídica- deberá ser solicitada ante los tribunales competentes. Si bien puede parecer a primera vista contradictorio que el Ministerio de Educación y Cultura pueda reconocer la personalidad jurídica de la fundación pero no pueda, por ejemplo, cancelar la misma, se entiende que una medida de tal trascendencia para la fundación, debe encontrarse rodeada por las garantías del debido proceso, en lugar del control a posteriori que resultaría de la posibilidad de recurrir el acto administrativo dictado a tales efectos (Art. 317 de la Constitución).

VIII

Las disposiciones que limitan la posibilidad de que la fundación contrate con el fundador, sus herederos o parientes, responden a la intención de evitar que la constitución de fundaciones no responda a las características que a las mismas se asignan en el art. 1.

Ignacio de Posadas Montero, Enrique Cadenas Boix, Juan Carlos Raffo, Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación, recomienda la aprobación del proyecto sustitutivo adjunto, por el que se crea y reglamenta el instituto de las fundaciones, en mérito a lo que a continuación se expondrá.

Si bien en su mayoría revisten entidad (y se juzga que todas ellas contribuyen a perfeccionar el texto) las modificaciones introducidas en Comisión no alteraron el espíritu y la estructura del proyecto original. En consecuencia, continúan siendo válidas las consideraciones contenidas en su exposición de motivos, a las que el presente informe se remite.

Sólo cabe aquí reiterar que el proyecto, de ser sancionado, llenaría un vacío de nuestra actual legislación, incorporando un instituto socialmente valioso y de tradición secular en otros sistemas jurídicos. Con relación a este punto, también importa subrayar que si bien existen en nuestro medio instituciones bajo el nombre de "fundación", las mismas tienen la estructura jurídica de asociaciones civiles. Estructura sustancialmente distinta a la de una fundación y que ni constituyen un instrumento plenamente idóneo para alcanzar el fin perseguido, ni contemplan una de las formas en que comúnmente nace una fundación (la disposición testamentaria).

Resumiendo este aspecto de fondo, nuestro país carece de un instrumento jurídico que permita, como sucede en otras sociedades, canalizar adecuadamente iniciativas altruistas, beneficiosas para la comunidad.

En el análisis del proyecto original, vuestra Comisión utilizó el aporte de antecedentes tanto nacionales como extranjeros, destacándose entre los primeros un proyecto análogo remitido por el Poder Ejecutivo en la Legislatura anterior.

De ello y como fruto de las deliberaciones efectuadas, fueron introducidas las siguientes modificaciones:

Capítulo I. - ARTICULO 1º. Se rehizo su redacción, procurando definir con mayor claridad el momento en que se adquiere la personería jurídica, a efectos de evitar dificultades interpretativas, sobre las cuales existe experiencia en nuestro régimen jurídico.

Capítulo II - ARTICULO 2º. Sin perjuicio de otras alteraciones en aras de perfeccionar el texto jurídicamente, se introdujo aquí el documento privado con firma certificada como instrumento idóneo de constitución. Con ello se pretende un mayor grado de flexibilidad compatible con exigencias mínimas de contralor y certeza a través de la intervención de escribano público.

Asimismo, y por razones de técnica jurídica, el artículo referido al plazo de reconocimiento (4º, en la actual versión) fue colocado en este Capítulo, modificándose además su redacción para compatibilizar, mejor que el proyecto original, la conveniencia del control con la de evitar que tal requisito se transforme en un freno o impedimento.

Capítulo III. Fueron modificados:

-el artículo 7º, en materia de quórum para funcionar (mayoría absoluta) e introduciendo la obligación de llevar actas;

-el artículo 8º, dejando a criterio del Juez la valoración de la responsabilidad;

-el artículo 9º, procurando un mejor equilibrio entre la preservación de la naturaleza altruista de las fundaciones y la posibilidad de que éstas cuenten con los medios de tener quién las dirija con idoneidad y dedicación. La Comisión juzgó que el texto original era excesivamente rígido para tal objetivo;

-el artículo 10, con similar filosofía, eliminando un inciso adicional;

-el artículo 11, sustituyendo el mecanismo administrativo de recurso contra los vetos por otro en vía judicial y más expeditivo.

Finalmente, el artículo 12 también fue objeto de cambios de redacción por motivos técnico-jurídicos.

Capítulo IV. - Se efectuó un perfeccionamiento sustancial en el artículo 13.2, que regula uno de los aspectos más importantes del tema: la situación de los bienes dejados por testamento a una fundación aún no creada. La redacción sustitutiva de la Comisión da para ello una solución de mejor y más clara técnica jurídica.

En el Capítulo relativo a la Reforma de Estatutos y Disolución (IV), fue ajustado el texto del artículo 18 en su parte final.

Finalmente, el Capítulo VI de Disposiciones Generales sufrió cambios en el artículo 21 (limitando las posibilidades de contratación entre las fundaciones y los fundadores o sus herederos); en el artículo 22 (regulación de las "fundaciones" existentes y, lo más importante, en el artículo 23, regulando el caso de las fundaciones extranjeras en una forma técnica más depurada y práctica.

Respecto del régimen tributario, de conformidad con la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, las fundaciones serán consideradas de la misma forma que las asociaciones.

Se suman así, a los argumentos esbozados en la exposición de motivos, el hecho de haber sido perfeccionado el instrumento jurídico en forma tal de merecer, a juicio de esta Comisión, el voto favorable del Senado.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 1990.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

PROYECTO SUSTITUTIVO

CAPITULO I

Artículo 1º. - (Objeto). - Las fundaciones serán personas jurídicas a partir de su reconocimiento como tales por la autoridad competente. Se constituirán mediante el aporte de bienes, realizado por una o más personas físicas o jurídicas, y tendrán un objeto de bien común, sin propósito de lucro.

CAPITULO II
Constitución y Reconocimiento

Artículo 2º. - (Constitución). - Las fundaciones se constituyen por: a) acto entre vivos, documentado en instrumento público, o privado con firma certificada, otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial o, b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes que se aportan y el o los fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Si en el acto de constitución se estableciere que los estatutos deberán contener alguna disposición, que sin desnaturalizar el objeto lícito de la fundación, estuviera expresamente vedada por la ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a los efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Art. 3º. - (Reconocimiento). - El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación, a cuyos efectos se presentará:

A)El instrumento referido en el artículo 2º de la presente ley o el testamento correspondiente.

B)Detalle de los bienes aportados.

C)Proyecto de los estatutos que contendrá:

a)Nombre y domicilio de la fundación.

b)Determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución.

c)Capital inicial, integración y recursos futuros.

d)Plazo de duración si estuviere sometido a dicha modalidad.

e)Organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones.

f)Disposiciones referentes al funcionamiento de la fundación.

g)Procedimiento para la reforma del estatuto.

h)Fecha de cierre del ejercicio anual.

i)Casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes.

j)Designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.

Art. 4º. – (Plazo para el reconocimiento). - El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de esta ley.

Si entre los treinta y sesenta días de presentada la solicitud el interesado la reiterase, el vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior se entenderá como aceptación de la solicitud, procediéndose a la inscripción en el registro correspondiente.

CAPITULO III
Organos y Administración

Artículo 5º. - (Consejo de Administración). - El gobierno y administración de las fundaciones estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros, que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Art. 6º. - (Integración). - Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar con miembros permanentes o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometida a personas físicas o jurídicas, o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo, y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes, o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan requiriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en este caso, aun cuando existiere disposición estatutaria en contrario, la designación será por el término de un año.

Art. 7º. - (Funcionamiento del Consejo). - El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que se establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatuaria. El quórum para sesionar será la mayoría absoluta de los componentes, y las decisiones serán adoptadas por mayoría de los presentes, salvo lo previsto en los artículos 16 y 17 de la presente ley.

En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto doble.

De las sesiones se labrarán actas, las que se transcribirán en un libro especial a esos efectos con la firma de uno o más miembros, según disponga el estatuto.

Art. 8º. - (Deberes de los miembros del Consejo). - Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la fundación, y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad que adviertan respecto del apartamiento del fin de la institución.

Dentro del plazo de 60 días posteriores a la vacancia de cargos en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que por cualquier causa no se realizare la designación correspondiente de acuerdo a lo previsto en el estatuto.

Los miembros serán civilmente responsables de todo dallo o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración podrá ser evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Art. 9º. - (Derechos de los miembros). - Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

1) A participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto.

2) A percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador con las limitaciones estipuladas en el inciso siguiente. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir compensación alguna o beneficio de cualquier clase de la fundación.

Si el total de las remuneraciones excede en un ejercicio del 10% de los ingresos o del 2% de los activos de la fundación, deberá darse cuenta inmediatamente a la autoridad administrativa de contralor. Esta podrá disponer que aquéllas se limiten a los montos referidos si entiende que no mediaron circunstancias extraordinarias que justifiquen exceder éstos, sin perjuicio de tomar las medidas pertinentes cuando del análisis de los hechos surja, fundamentalmente, que por la vía del pago de remuneraciones excesivas se están desvirtuando los fines o la naturaleza jurídica de la fundación.

3) A solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 17 la intervención de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Art. 10. - (Cese y remoción de los consejeros). - Los consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando Se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecida por el fundador.

Art. 11. - (Derecho de veto). Los estatutos podrán conferir a uno o más consejeros, sean permanentes o a término, el derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada, podrán recurrir ante el tribunal competente cuando el resultado de la oposición resulta contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte del objeto de la fundación. Se aplicará en este caso el procedimiento previsto para los incidentes en el artículo 321 del Código General del Proceso, y la resolución del tribunal no admitirá otros recursos que los de aclaración o ampliación (artículo 244 del Código General del Proceso).

Art. 12. – (Prohibiciones). Los miembros del Consejo de Administración no podrán realizar por sí ni por interpuesta persona ningún tipo de contrato ni mantener ningún tipo de relación comercial, profesional, laboral o de cualquier tipo que pueda redundar en un beneficio para su persona, con la fundación de la que son consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del consejero y a sus familiares ascendentes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas que integre como socio, accionista o director.

Si mediara disposición estatutaria en contrario, ésta será válida pero de aplicarse, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 2 del artículo 9ºde la presente ley.

CAPITULO III
Patrimonio de la fundación

Artículo 13. - (Aportes).

13.1. - (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetos a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en el Título 1 de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

13.2. - (Aportes realizados por disposición testamentaria). En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador tratándose de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el referido reconocimiento. En estos casos se reputará existente la fundación a la fecha de la apertura legal de la sucesión y los bienes correspondientes serán adquiridos en dicho momento pero sujeto a la condición resolutoria de que se obtenga el reconocimiento de la fundación en el plazo fijado en el artículo 13.4.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento referido.

13.3. - (Intervención del Ministerio Público). En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante, en caso de testamento abierto, o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación y podrá solicitar al tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

13.4. – (Plazo para el reconocimiento). En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 18.

13.5. – (Responsabilidad). Si se diera la situación prevista en el inciso 2 del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en los artículos 842 y 1.012 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Art. 14. – (Patrimonio insuficiente). Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la misma, podrá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 17, o intentar la capitalización de la fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.

Art. 15. - (Acumulación de capital). La mayor parte de los recursos anuales de la fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto. Sólo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución, la que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capital. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la anuencia de la autoridad administrativa de contralor.

CAPITULO IV
Reforma de estatutos y disolución de la fundación

Artículo 16. – (Reforma de estatutos). Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su aprobación de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de diez días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 14 de la presente ley.

Art. 17. - (Disolución de la fundación).

17.1. - (Disolución). La disolución de la fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de regulación estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse algunas de las causales previstas en el numeral siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática, la disolución será declarada por el tribunal competente, a instancias del fundador, de algún miembro del Consejo de Administración, del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

17.2. - (Causales de disolución). Son causales de disolución de las fundaciones:

a) la finalización del plazo establecido por el fundador si existiere previsión al respecto;

b) cuando por cualquier causa deviniere imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentre impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c) si resultare manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la fundación y de lo previsto en el artículo 14 de esta ley;

d) por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el tribunal competente;

e) las establecidas como tales por el fundador.

17.3. - (Liquidación). Resuelta la disolución de la fundación, los miembros del Consejo de Administración quedarán investidos de la calidad de liquidadores.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del numeral 1 del presente artículo, y en aquellos casos en que los consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el tribunal procederá a la designación de los mismos.

Art. 18. - (Destino de los Bienes). Los estatutos podrán establecer que el remanente resultante de la liquidación revierta al aportante, en caso de fundaciones constituidas por acto entre vivos, o sea destinado a una persona jurídica de derecho público o privado, sin fines de lucro. Si lo anterior fuera de cumplimiento imposible o de no existir previsión estatutaria, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá el destino de los bienes en favor de una persona jurídica con las características antes señaladas.

CAPITULO V
Régimen de contralor

Artículo 19. -

19.1. - (Autoridad administrativa de contralor). El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

19.2. - (Contabilidad). Las fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

La reglamentación establecerá la forma en que la misma será controlada por la autoridad administrativa de contralor.

19.3. - (Memoria anual). El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos.

Art. 20. - (Atribuciones de la autoridad de contralor). Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

1) Solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación, que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en el artículo 19.1. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor.

2) Apercibir e intimar a las autoridades de la fundación cuando compruebe cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la ley o en los estatutos.

3) Promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En casos graves, en que peligre el patrimonio de la fundación en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para el que la institución fue creada o cuando se acredite que la fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra los responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes, la intervención de la fundación e incluso la cancelación de la personalidad jurídica ante el tribunal competente.

CAPITULO VI
Disposiciones generales

Artículo 21. - (Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). Los fundadores, sus herederos o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad no podrán realizar negocios con la fundación, excepto las donaciones que de éstos recibiera la fundación y todos aquellos que, en cada caso, apruebe la autoridad de contralor.

Art. 22. Las personas jurídicas existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, bajo la denominación de Fundaciones, que persiguen un objetivo de bien común, sin propósito de lucro, deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones, siéndoles aplicables las normas de la presente ley.

Si los estatutos de dichas fundaciones tuvieren disposiciones contrarias a la ley, se aplicará esta última sin necesidad de que sean reformados aquéllos.

Queda prohibida la utilización de la expresión "fundación" para toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente ley.

Art. 23. - (Fundaciones Extranjeras). Para que las fundaciones constituidas en el extranjero puedan actuar habitualmente en el país, deberán obtener la autorización del Ministerio de Educación y Cultura e inscribirse en el registro. A esos efectos presentarán ante aquél sus estatutos, debiendo el Ministerio verificar que los mismos cumplan con el objeto dispuesto en el artículo 1º y demás disposiciones de orden público.

El patrimonio de dichas fundaciones radicado en el país se regirá por las normas de la presente ley. En caso de insolvencia o disolución, los acreedores locales tendrán preferencia sobre el patrimonio local por las obligaciones contraídas en la República.

Art. 24. – (Registro de fundaciones). El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro actualizado y público, en que figurará cada una de las fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida de la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente.

CAPITULO VII

Artículo 25. - (Régimen Tributario). A todos los efectos tributarios, las fundaciones serán consideradas en la misma forma que las asociaciones.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 1990.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, José Korzeniak, Américo Ricaldoni. Senadores.

EDUARDO VAZ FERREIRA
Abogado

Montevideo, 25 de junio de 1990.

Señor Presidente de la Comisión de
Constitución y Legislación
de la Cámara de Senadores
Dr. José Korzeniak
Presente.

Tengo el agrado de hacer llegar a Ud. la opinión que se me ha solicitado acerca del proyecto de ley a estudio de la Cámara de Senadores sobre funcionamiento de las fundaciones.

Para la mejor ordenación del tema, expondré en primer lugar mi opinión sobre la conveniencia de admitir, o no, la existencia de fundaciones. Luego, sobre el proyecto a estudio de esa Cámara.

Ante todo: no me parece conveniente legislar, en nuestro país, para admitir la existencia de fundaciones personificadas. Considero un acierto de Narvaja haber seguido las ideas de los pensadores del siglo XVIII, al no incluir las fundaciones entre las instituciones consideradas personas jurídicas conforme al art. 21 del Código Civil. Respecto a tales ideas me remito a las obras de Saleilles, "De la personnalité juridique", y de Michoud,"La theorie de la personnalité morale". Sobre el punto, pueden recordarse las ideas del Canciller d'Aguesseau y del enciclopedista Turgot.

Contra los abusos de las fundaciones, se dictó en Francia el famoso edicto de agosto de 1749, obra del Canciller d'Aguesseau. En su preámbulo, el famoso canciller insistía en los peligros de las fundaciones de "mano muerta" (instituciones que tenían la mano "siempre abierta para adquirir, siempre muerta para enajenar", como es el caso en el Uruguay de la fundación N.N.), observando que gran parte de los fondos del reino se encontraban poseídos por personas cuyos bienes, no pudiendo ser disminuidos por enajenaciones, se aumentaban al contrario por nuevas adquisiciones. También invocaba el interés de la familia y la protección de los herederos, diciendo que en la mayoría de los casos es la vanidad lo que inspira las fundaciones, el deseo de perpetuar el propio nombre, y que por satisfacer así sus pequeñas ambiciones muchos fundadores desheredaban a sus familias, al menos en parte. Sin llegar a eliminar todas las fundaciones (lo cual hubiera significado un cambio demasiado radical en las costumbres), d'Aguesseau prohibió para el porvenir toda fundación testamentaria, sometió a condiciones las fundaciones entre vivos, y respecto a ciertas fundaciones permitidas dispuso que para su dotación quedaba prohibido emplear inmuebles, porque; dice Saleilles, en el antiguo derecho los peligros de la mano muerta no presentaban real importancia sino con relación a la tierra, pues ya en aquella época el dinero se desvalorizaba rápidamente, por lo cual una fundación dotada en dinero no era peligrosa porque progresivamente se extinguió perdía importancia. Y todavía el edicto va más lejos: las liberalidades testamentarias que recayeran sobre inmuebles quedan prohibidas en favor de las personas de mano muerta

En la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert la palabra "fundación" fue confiada al hombre de Estado más prestigioso de la época, Turgot, cuyo artículo se hizo célebre. Observa que los fundadores, en la mayoría de los casos, son casi exclusivamente guiados por la preocupación de dejar una obra que lleve su nombre y satisfaga su vanidad. Y la perpetuidad tiene por efecto prolongar en el porvenir obras que podían ser útiles en su comienzo, pero que forzosamente pierden su importancia por los cambios de costumbres y la evolución económica y social: la obra entra en un período de decadencia en que sólo sirve para hacer vivir al personal destinado a su funcionamiento. Y tratándose de fundaciones, no hay regulador destinado a medirle los recursos en proporción a su utilidad (al contrario de lo que ocurre en el caso de las asociaciones, cuyos recursos dependen principalmente del número de socios, y que por si solas se extinguen cuando pierden utilidad). Al hacerse inútil la obra, sólo sirve para perpetuar sinecuras manteniendo un personal parasitario. Turgot reconoce que se puede atenuar dicho peligro por el derecho de la autoridad pública de suprimir las fundaciones en decadencia, pero constata que sólo es un derecho nominal que muy raramente se ejerce en la práctica.

Saleilles cita todavía, como antecedentes del edicto de d'Aguesseau y del artículo de Turgot, el estatuto inglés de Jorge II en 1736, con restricciones y prohibiciones concernientes únicamente a la "real property", o sea aproximadamente a lo que nosotros llamamos propiedad inmobiliaria. Se declaró nula toda disposición testamentaria que tendiera a crear una fundación y que recayera sobre bienes inmuebles. La fundación entre vivos se permitió aunque recayera sobre inmuebles, pero por ley de 1891 se exigió que todos los inmuebles (salvo el local de la fundación), fueran vendidos dentro de un plazo determinado a partir de la muerte del testador. Lo que no se quiere (dice Saleilles) es que la dotación patrimonial de la fundación pueda consistir en bienes inmuebles acumulados.

Quizá se objete que todas estas citas sobre los peligros de las fundaciones corresponden a siglos pasados. Por lo tanto, creo útil una cita de un actual libro de texto, el Traité élémentaire de Planiol y Ripert, T. I, nº 3031, aplicable a las fundaciones de mano muerta cuya legitimidad se viene admitiendo en nuestro país. "Antes de la Revolución (dicen) los bienes de mano muerta habían ciertamente tomado en Francia un desarrollo exagerado ... Los bienes de mano muerta estaban, como decía Pothier, muertos para el comercio ... Queda el peligro político de la mano muerta. Este no es el menor. Un régimen de libertad absoluta tendería a crear en un Estado poderes privados poseedores de grandes riquezas y una influencia temible, que pronto se convertirían en rivales de los poderes públicos y podrían entrar en conflicto contra ellos, con armas casi iguales. El Estado, que representa los intereses generales de la nación en su forma más alta y que es encargado de su defensa, no puede desinteresarse de un movimiento que organiza fuerzas colectivas capaces de contrariar la suya y de reducirla a veces a la impotencia".

Tales los peligros de las fundaciones. En las legislaciones que las admiten y que mejor tratan el tema, se las somete a rigurosas normas. El Código suizo p. ej., arts. 80 a 89 bis, las coloca bajo la vigilancia de la corporación pública (Confederación, cantón, comuna) de que ellas dependen por su fin. Control muy cuidadosamente organizado, nacional, cantonal, comunal y judicial. El Código italiano, art. 17, dispone que no pueden adquirir inmuebles ni aceptar donaciones, herencias o legados sin autorización del gobierno; y en cuanto al control sobre la administración de las fundaciones, art. 25, faculta en ciertos casos al gobierno para nombrar o sustituir a los administradores y para disolver la administración y nombrar un comisario extraordinario cuando los administradores no actúan de conformidad con la ley o los estatutos, así como para anular las decisiones de los administradores.

Hasta aquí, me he referido a doctrinas y leyes extranjeras. Ahora, creo oportuno comentar lo que, en materia de fundaciones, viene ocurriendo en nuestro país.

Me referiré especialmente al caso de la fundación N.N., porque a consecuencia de un litigio en que intervine pude constatar hasta qué punto puede llegar el fraude y su impunidad en materia de fundaciones. Todo lo que aquí digo está plenamente probado en el expediente tramitado en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de segundo turno, "X.X. c/Fundación N.N." y en los autos sucesorios agregados al mismo. Resumido en parte en mi Tratado de las sucesiones, t. III, apéndice al capítulo XIV.

Es una fundación de mano muerta, organizada en una forma que supera todo lo que pudo imaginarse en Europa antes de la Revolución francesa. Los bienes raíces son declarados eternamente inalienables, y también los que deberán adquirirse con el 50% de las rentas de la fundación (con la consecuencia de que, si los estatutos se cumplieran, cosa que ni remotamente ocurre, la fundación sería en el próximo siglo propietaria de todo nuestro territorio, según se demostró en el expediente). La administra un directorio en que los dos miembros ejecutivos perciben un porcentaje del 8% de las rentas brutas, mientras que p. ej. la Cristóbal Colón (una de las instituciones beneficiarias) sólo el 4.40% de las rentas líquidas (muy inferiores a las brutas). Cualquier reclamación de rentas por las instituciones beneficiarias (durante 15 años no se repartió nada) puede verse vetada por los ejecutivos y el veto confirmado por un tribunal de alzada que ellos nombran y pagan. Tan escandalosos estatutos fueron aprobados, previo pedido de urgente despacho por el Ministro de Educación y Cultura a la Fiscalía de Gobierno, por dicho Ministerio.

Con igual rapidez, la fundación logró exoneración de impuestos nacionales. Como garantía del cumplimiento de sus fines se dispuso en los estatutos que anualmente debería presentar un estado patrimonial a la Inspección General de Hacienda, pero por más de quince anos no lo presentó, ni dicha Inspección se enteró de la existencia de la fundación.

Durante los diez años que vivió el fundador, la fundación funcionó pura y exclusivamente como organización de defraudación de impuestos, sin entregar a las instituciones beneficiarias ni un solo viejo peso ni pagar nada por impuestos nacionales. El fundador disfrutó de sus bienes y de dicha exoneración hasta el fin de sus días: falleció el 15 de enero de 1973, en plena temporada, en un lujoso edificio de la península de Punta del Este que era propiedad de la fundación exonerada de impuestos y que por lo tanto no debía servirle para veranear él sino para arrendar y entregar las rentas a las instituciones beneficiarias.

Cuando, ya años después de la muerte del fundador, la Inspección de Hacienda reclama el pago de las rentas atrasadas y propone criterios de reajuste, el Directorio, integrado por representantes de Enseñanza Primaria y de otras instituciones beneficiarias, lo aprueba, pero los dos ejecutivos lo vetan y el tribunal de alzada que ellos nombran y pagan generosamente confirma el veto. Ello significó para Primaria y demás instituciones beneficiarias una pérdida de más del 95% de lo que debieron recibir.

La Suprema Corte, confirmando las sentencias de primera y de segunda instancia, se pronunció en el sentido de la validez de esta fundación de mano muerta. Esto supone un retroceso de dos siglos porque viene a coincidir con el segundo centenario de la Revolución francesa, y en oportunidad de tal Revolución la Asamblea, en la memorable fecha del 4 de agosto de 1789, veinte días después de la caída de La Bastilla, entre otras medidas que marcan el fin del feudalismo, votó la abolición de las "manos muertas", o sea de todo lo que significara tener las manos "siempre abiertas para adquirir, siempre muertas para enajenar".

Los argumentos en que se basó la Corte para admitir la existencia de las fundaciones, son inaceptables.

Entendió p. ej. la Corte que el Art. 21 del Código Civil ha quedado modificado por el Art. 19 de la Ley Nº 10.793 sobre Registros Públicos. La verdad es que esta ley ni directa ni indirectamente se refiere a las fundaciones y que hay unanimidad de opiniones en el sentido de que el Art. 21 C.C. sigue en plena vigencia. Integro actualmente, como representante del Colegio de Abogados, la Comisión creada por Ley Nº 15.281 para la elaboración de un texto actualizado del Código Civil. De sus once integrantes (dos designados por la Suprema Corte, dos por el Colegio de Abogados, dos por la Asociación de Escribanos, dos por la Facultad de Derecho y tres por el Poder Ejecutivo) nadie ha dudado de la total vigencia del art. 21 C.C.

Argumenta también la Corte que "la regulación estatutaria privada del uso del dominio no es antijurídica". Basta la lectura de los Comentarios de Guillot o de cualquier libro correspondiente a sistemas jurídicos afines al nuestro para disipar toda duda respecto a la imposibilidad jurídica de que, salvo ley que lo disponga, exista propiedad inalienable.

También cita la Corte, siguiendo a Paolillo, la ley que creó el Registro de locaciones, enfiteusis y capellanías, entendiendo que las capellanías eran fundaciones. La verdad es que las capellanías dejaron de existir desde principio de siglo y que la ley que las mencionaba fue derogada. Y lo más importante: que las capellanías nunca nunca fueron personas jurídicas, consistían en bienes donados para pagar misas y que pertenecían a la Iglesia, no constituían otro sujeto de derecho.

Finalmente, cita la Corte el Decreto-Ley Nº 15.089 de 12 de diciembre de 1980, conforme al cual el Ministerio de Educación y Cultura ejercerá la policía administrativa de las fundaciones controlando su creación y funcionamiento. La cita era improcedente en el caso, pues lo que se discutía era la capacidad para heredar en una sucesión abierta quince años antes; pero además, de ese decreto-ley no surge que las fundaciones sean personas jurídicas. Si p. ej. se dictara una ley que encomendara al Ministerio de Defensa Nacional el contralor de las organizaciones de narcotraficantes, ello no significaría convertirlas en personas jurídicas capaces de heredar. Y por otra parte, esta y otras alusiones legales a las fundaciones pueden tener sentido en cuanto son aplicables a las fundaciones extranjeras, pues conforme al Art. 2394 C.C. la existencia y capacidad de las personas jurídicas se rige por la ley del Estado en que fue reconocida como tal.

Entiendo, pues, que las fundaciones como personas jurídicas no existen en nuestro sistema. Pero lo que se me consulta es si conviene legalizar su existencia por una reforma legislativa.

Mi opinión es negativa, y se funda en la consideración de los móviles que inspiran al fundador, que son o pueden ser tres: la vanidad y el deseo de perpetuar el propio nombre, la intención de defraudación fiscal, y la beneficencia y altruismo.

En cuanto al deseo de perpetuar el propio nombre: no es generalmente un móvil que merezca consideración legislativa. El Sr. N.N. quiso pasar a la historia como una especie de San Francisco de Asís que se desprendía de sus bienes por puro altruismo, pero como seguramente pasará a la historia es como autor de la más ingeniosa y cuantiosa defraudación de impuestos del siglo.

Claro que en otros casos es justo que la memoria de una persona se perpetúe en una institución que lleve su nombre. Es p. ej. el caso de la llamada "Fundación Torres García", que de fundación no tiene más que el nombre, pues fue reconocida como asociación y no como fundación. Es regida por una asamblea soberana y dirigentes honorarios. Perdurará sin duda alguna pues siempre la apoyarán admiradores del ilustre pintor. Pero no existen razones para satisfacer la vanidad de quienes sólo se proponen p. ej. defraudar impuestos.

Segundo móvil, el que ya mencioné, la defraudación fiscal. En el litigio ya mencionado cité las correspondientes normal legales como p. ej. el art. 228 de la Ley Nº 13.637, conforme al cual se pena con prisión o penitenciaria a quien, con intención de eludir tributos, cometa un engaño que induzca a los funcionarios de la administración central a otorgar franquicias indebidas. Fue lo que hicieron el Sr. N.N. y sus colaboradores, sin que se les aplicara ninguna sanción ni se anulara su personalidad por ilicitud de la causa.

Tales defraudaciones son en muchos casos el móvil de las fundaciones en la Argentina, en Estados Unidos y en otros Estados. Y recuerdan lo que decía Planiol: que las fundaciones alcanzan un poder que hace imposible el contralor del Estado.

Tercer móvil: el altruismo.

Absolutamente excepcional. Lo común es que durante su vida el fundador siga disfrutando de sus bienes y que, en el mejor de los casos, los deje a la fundación por testamento.

Si el posible altruismo se considera razón suficiente para admitir las fundaciones, al menos debe asegurarse que el altruismo se ejerza a expensas del mismo fundador, no del conjunto de los contribuyentes a consecuencia de la exoneración de impuestos.

Además, debe tenerse presente lo que ya decía Turgot en el siglo XVIII y sigue siendo cierto a fines del siglo XX: que los fines de la fundación quedan pronto olvidados y sólo sirven para pagar sinecuras y mantener pequeñas burocracias parasitarias. Ya he explicado como (según surge del ya mencionado expediente) cuando por primera vez, después de quince años de obtenida la exoneración de impuestos para un incalculable patrimonio, la iniciación del pleito obligó a los ejecutivos de la fundación N.N. a repartir utilidades, ellos, vetando la resolución del directorio y desatendiendo el reajuste sugerido por la Inspección General de Hacienda, lograron que las instituciones beneficiarias recibieran menos del 5% de lo que les correspondía. Todo en beneficio de los dos ejecutivos, pues con tal retención de rentas aumentan sus retribuciones, las cuales (a diferencia de los porcentajes que corresponden a dichas instituciones) se calculan sobre las rentas brutas y no sobre las rentas líquidas.

He hablado de sinecuras y de burocracias parasitarias. Estas palabras de Turgot se aplican perfectamente al caso de la fundación N.N. en que los ejecutivos hasta se ha han liberado del trabajo de administración de los inmuebles confiándolo a una inmobiliaria. Y las sinecuras se eternizarán y aumentarán con el patrimonio a través de las generaciones, pues indirectamente, por medio del tribunal de alzada que ellos nombran, los ejecutivos eligen a sus sucesores.

Hasta aquí me he referido a fraudes plenamente probados. Independientemente de ello, por circunstancias especiales he tenido conocimiento, respecto a determinadas fundaciones argentinas y uruguayas, de fraudes cometidos por los dirigentes en forma que se sustrae a toda posibilidad de prueba. P. ej.: se le compra a un pintor una de sus obras, o se contrata con determinados trabajadores obras de reparación de edificios, y se les pide recibo por una cantidad mucho mayor de la realmente pagada. Con la diferencia se benefician directamente los dirigentes de la fundación.

Mientras en las asociaciones siempre es posible el contralor de los asociados (quienes, por otra parte, dejan la asociación si esta no funciona satisfactoriamente), respecto a las fundaciones no existe ningún control eficaz. Ya recordé que en el caso de la fundación N.N. debía controlar su actuación la Inspección General de Hacienda, y que ésta recién vino a enterarse de su existencia cuando la fundación llevaba más de diez años disfrutando de la exoneración de impuestos y sin distribuir rentas a los beneficiarios.

Actualmente, según el decreto-ley de 1980 citado por la Suprema Corte, corresponde al Ministerio de Educación y Cultura ejercer la policía administrativa de las fundaciones controlando su funcionamiento. Mi impresión personal es que dicho Ministerio, absorbido por más importantes funciones y careciendo de medios adecuados, no ejerce eficazmente tal control.

Como tal impresión puede ser, desde luego, equivocada, sugiero que, conforme al Art. 118 de la Constitución, se solicite al Sr. Ministro de Educación y Cultura que informe: 1) En qué forma ejerce el Ministerio de Educación y Cultura la "policía administrativa" de las fundaciones que le encomendó el Decreto-Ley Nº 15.809 de 1980. 2) Qué cargos desempeñan los funcionarios del Ministerio que tienen a su cargo dicha tarea. 3) Qué fundaciones existen en el país, indicando su nombre y domicilio estatutario. 4) Cuál es el capital de cada una de esas fundaciones, y cuánto aplicó cada una al cumplimiento de sus fines durante el año 1989. 5) Qué retribuciones percibieron durante el mismo año los dirigentes de dichas fundaciones. 6) Cuál de ellas se encuentra exonerada de impuestos nacionales.

Me consta que hacia los comienzos de la anterior legislatura se hizo una solicitud de informes parecida a la que ahora me permito sugerir y que nunca fue contestada. Si ahora se obtuviera dicha información se podría, con buen conocimiento de los hechos, decidir sobre la conveniencia o inconveniencia de legislar sobre esta materia.

En los Estados donde las fundaciones funcionan sin problemas, como en Suiza, el sistema de control es muy completo: en Suiza, un triple sistema de órganos de contralor federales, cantonales y locales. Como si aquí dijéramos: nacionales, departamentales y locales. No creo que los beneficios que pueda comportar la legislación sobre fundaciones justifiquen tan complicadas innovaciones; ni que el solo contralor de un Ministerio pueda evitar que se repita el caso de la fundación N.N. y otros que probablemente sean parecidos pero que no puedo mencionar por no haber tenido la documentación a la vista.

Es bien sabido como p. ej. el impuesto al patrimonio suele eludirse o disminuirse poniendo los bienes a nombre de sociedades anónimas. Actualmente, ya he oído hablar de la conveniencia de "poner los bienes en fundación" como manera de eludir impuestos más radical y satisfactoria que la anteriormente mencionada.

Si el proyecto sobre el cual se me pide mi opinión se aprobara entiendo que en lo relativo a las fundaciones, lejos de mejorar, empeoraría, pues en el futuro nadie podría impugnar la legitimidad de las fundaciones (como acertadamente lo viene haciendo desde hace tiempo una de las Fiscalías de Gobierno), y no se podría evitar que, a ejemplo de la fundación N.N., cada vez surgieran más que paralizaran la circulación de la propiedad inmobiliaria y eludieran impuestos. Si, al contrario, la legislación actual se mantiene, es de esperar que los cambios en las autoridades judiciales permitan volver a una correcta interpretación del Código de Narvaja.

Si el proyecto fuera aprobado entiendo que debería serlo con dos agregados. Uno: disponer que las fundaciones no disfrutarán nunca de ninguna exoneración de impuestos. Otro: que no podrán adquirir más inmueble que el que les sirve de sede; y que todas sus propiedades podrán ser libremente enajenadas.

También, creo que debe excluirse la posibilidad de crear fundaciones testamentarias, pues significaría una profunda alteración de nuestro derecho civil admitir que, entre la apertura de la sucesión y el reconocimiento de la fundación, existirían bienes sin dueño no sometidos sin embargo a las reglas de las res-nullius.

Finalmente, si prevalece la opinión favorable a la aprobación del proyecto, considero de máxima importancia la supresión del Art. 23, conforme al cual si el Ministerio de Educación y Cultura no se pronuncia en 90 días sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica la fundación se reputará reconocida y se procederá a su inscripción en el registro correspondiente. Ya me he referido a los fraudes que cometen los dirigentes de las fundaciones burlando la voluntad del fundador, buscando la evasión de impuestos, asegurándose para ellos lucros indebidos. Por lo tanto, entiendo que nunca debe considerarse reconocida su personalidad jurídica si no media un pronunciamiento expreso del Ministerio de Educación y Cultura, previo minucioso examen de los estatutos.

Agradeciendo la distinción que significa el pedido de mi opinión sobre el proyecto, saludo al Sr. Presidente con mi más distinguida consideración.

Eduardo Vaz Ferreira. Abogado".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor de Posadas Montero.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Como es sabido, señor Presidente, nuestro país carece de una legislación sobre Fundaciones, lo que implica que no existe un instrumento jurídico perfectamente apto para canalizar actividades de bien común. Ante ese vacío -o, mejor dicho, frente a esa carencia- se han ido intentando medidas supletorias. Un ejemplo de ello es lo que han realizado las Fundaciones existentes -que, a pesar de llevar el nombre, no tienen la características de tales- que han echado mano al instrumento jurídico de las asociaciones civiles, con las dificultades que eso significa, porque se trata de un régimen pensado para objetivos distintos y que no se adapta perfectamente a estas finalidades.

En mérito a esa carencia, a esa dificultad de adaptación del Estatuto de las Asociaciones Civiles para las finalidades o actividades que cumplen las Fundaciones, se han llevado a cabo intentos de jurisprudencia administrativa, procurando solucionar este tema. Sin embargo, debemos señalar que no se ha llegado a un grado de uniformidad tal que permita que la aprobación de una Fundación, si bien bajo la forma sui generis de una asociación civil, sea un trámite relativamente fácil. Además, cabe tener en cuenta que ese tipo de solución jurisprudencial no otorga la seguridad de una norma legal.

Por estos motivos, movido por esa misma inquietud, el Poder Ejecutivo de la Administración anterior presentó al Parlamento un proyecto que no alcanzó a ser tratado. Al comienzo de esta Legislatura, en compañía de otros señores senadores, presentamos un proyecto que si bien tomaba en cuenta partes sustanciales de la iniciativa del anterior Poder Ejecutivo, a nuestro juicio la enriquecía, tomando elementos de normas de Derecho Comparado, que estudiamos oportunamente.

Creemos que esta iniciativa mejora el antecedente del Poder Ejecutivo. No obstante ello, a nivel de la Comisión y haciendo uso de la experiencia que nos brinda el Derecho Comparado, se perfeccionó sustancialmente el proyecto en varios de sus pasajes, sobre todo en lo que tiene que ver con el incremento de las garantías necesarias.

Como mencionaba hace instantes cuando me referí a la moción de orden presentada por el señor senador Silveira Zavala, luego de un análisis muy extenso y provechoso, este proyecto es elevado a la consideración del Cuerpo con el apoyo unánime de la Comisión de Constitución y Legislación. Entiendo que con estos elementos, además de los que obran en poder de los señores senadores a través del partido correspondiente, el Senado estará en condiciones de entrar a la consideración de este tema.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: como se señaló, este proyecto fue muy estudiado a nivel de la Comisión, y simplemente quiero puntualizar que, a mi juicio, está mal caratulado pues no se trata de un proyecto sustitutivo sino de un texto elaborado por la Comisión. Según tengo entendido, un proyecto merece la calificación de sustitutivo cuando ocupa el lugar de uno que vino aprobado de la Cámara de Representantes o de otro texto elaborado por la Comisión.

Reitero que este proyecto fue muy analizado en Comisión, incluso se esperó el Mensaje del Poder Ejecutivo a los efectos de establecer algunas exoneraciones.

Por otra parte, a fin de mantener la armonía de la discusión, voy a solicitar que se vote por Capítulos, pues creo que no va a merecer mayores consideraciones y podrá ser aprobado rápidamente.

SEÑOR CASSINA. Formulo moción a los efectos de que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se va a votar si se suprime la lectura de todos los artículos y si se vota por Capítulos.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el Capítulo I, que comprende solamente el artículo 1º.

(El texto del Capítulo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO I

Artículo 1º. - (Objeto). Las fundaciones son personas jurídicas a partir de su reconocimiento como tales por la autoridad competente que se constituirán mediante el aporte de bienes, realizado por una o más personas físicas o jurídicas y tendrán un objeto de bien común, sin propósito de lucro".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el Capítulo II, Constitución y Reconocimiento, que comprende los artículos 2º a 4º, inclusive.

(El texto del Capítulo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO II
Constitución y Reconocimiento

Artículo 2º. - (Constitución). Las fundaciones se constituyen por: a) acto entre vivos, documentado en instrumento público o privado con firma certificada otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial, o b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes, que se aportan y el o los fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Si en el acto de constitución se estableciere que los estatutos deberán contener alguna disposición que sin desnaturalizar el objeto lícito de la fundación, estuviera expresamente vedada por la ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Art. 3º - (Reconocimiento). El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación, a cuyos efectos se presentará:

A) El instrumento referido en el artículo 2º de la presente ley o el testamento correspondiente.

B) Detalle de los bienes aportados.

C) Proyecto de los estatutos que contendrá:

a) Nombre y domicilio de la fundación.

b) Determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución.

c) Capital inicial, integración y recursos futuros.

d) Plazo de duración si estuviere sometido a dicha modalidad.

e) Organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones.

f) Disposiciones referentes al funcionamiento de la fundación.

g) Procedimiento para la reforma del estatuto.

h) Fecha de cierre del ejercicio anual.

i) Casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes.

j) Designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.

Art. 4º - (Plazo para el reconocimiento). - El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de esta ley.

Si entre los treinta y sesenta días de presentada la solicitud el interesado la reiterase, el vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior se entenderá como aceptación de la solicitud, procediéndose a la inscripción en el registro correspondiente".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo II.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capitulo III, Organos y Administración, que comprende los artículos 5º a 12, inclusive.

(El texto del Capítulo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO III
Organos y Administración

Artículo 5º. - (Consejo de Administración). El gobierno y administración de las fundaciones estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros, que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Art. 6º. - (Integración). Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar con miembros permanentes o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometida a personas físicas o jurídicas o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan requieriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en este caso aún cuando existiere disposición estatutaria en contrario, la designación será por el término de un año.

Art. 7º. – (Funcionamiento del Consejo). El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que se establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, el quórum para sesionar será la mayoría absoluta de los componentes y las decisiones serán adoptadas por mayoría de presentes, salvo lo previsto en los artículos 16 y 17 de la presente ley.

En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto doble.

De las sesiones se labrarán actas, las que se transcribirán en un libro especial a esos efectos, con la firma de uno o más miembros, según disponga el estatuto.

Art. 8º. - (Deberes de los miembros del Consejo). Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la fundación, y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad que adviertan respecto del apartamiento del fin de la institución.

Dentro del plazo de 60 días posteriores a la vacancia de cargos en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que por cualquier causa no se realizare la designación correspondiente de acuerdo a lo previsto en el estatuto.

Los miembros serán civilmente responsables de todo daño o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración podrá ser evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Art. 9º - (Derechos de los miembros). Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

1) A participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto.

2) A percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador con las limitaciones estipuladas en el inciso siguiente. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir compensación alguna o beneficio de cualquier clase de la fundación.

Si el total de las remuneraciones excede en un ejercicio del 10% de los ingresos o del 2% de los activos de la fundación, deberá darse cuenta inmediatamente a la autoridad administrativa de contralor. Esta podrá disponer que aquéllas se limiten a los montos referidos si entiende que no mediaron circunstancias extraordinarias que justifiquen exceder éstos, sin perjuicio de tomar las medidas pertinentes cuando del análisis de los hechos surja, fundadamente, que por la vía del pago de remuneraciones excesivas se están desvirtuando los fines o la naturaleza jurídica de la fundación.

3) A solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 17 la intervención de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Art. 10. - (Cese y remoción de los consejeros). Los consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecidas por el fundador.

Art. 11. - (Derecho de veto). Los estatutos podrán conferir a uno o más consejeros, sean permanentes o a término, el derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada, podrán recurrir ante el tribunal competente cuando el resultado de la oposición resulta contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte del objeto de la fundación. Se aplicará en este caso el procedimiento previsto para los incidentes en el artículo 321 del Código General del Proceso, y la resolución del tribunal no admitirá otros recursos que los de aclaración o ampliación (artículo 244 del Código General del Proceso).

Art. 12. – (Prohibiciones). Los miembros del Consejo de Administración no podrán realizar por si ni por interpuesta persona ningún tipo de contrato ni mantener ningún tipo de relación comercial, profesional, laboral o de cualquier tipo que pueda redundar en un beneficio para su persona, con la fundación de la que son consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del consejero y a sus familiares ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas que integre como socio, accionista o director.

Si mediara disposición estatutaria en contrario, ésta será válida pero de aplicarse, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 2 del artículo 9 de la presente ley".)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo III.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el Capítulo IV, Patrimonio de la Fundación, que comprende los artículos 13 a 15, inclusive.

La Mesa aclara que en la página 22 del repartido se cometió un error, pues donde se dice "Capítulo III", debería decirse "Capítulo IV".

(El texto del Capítulo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO IV
Patrimonio de la fundación

Artículo 13. - (Aportes).

13.1. - (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetos a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del articulo 1634.

13.2. - (Aportes realizados por disposición testamentaria). En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador tratándose de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el referido reconocimiento. En estos casos se reputará existente la fundación a la fecha de la apertura legal de la sucesión y los bienes correspondientes serán adquiridos en dicho momento pero sujeto a la condición resolutoria de que se obtenga el reconocimiento de la fundación en el plazo fijado en el artículo 13.4.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento referido.

13.3. - (Intervención del Ministerio Público). En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación y podrá solicitar al tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

13.4. - (Plazo para el reconocimiento). En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 18.

13.5. – (Responsabilidad). Si se diera la situación prevista en el inciso 2 del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en los artículos 842 y 1.012 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Art. 14. – (Patrimonio insuficiente). Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la fundación es insuficiente a lo dispuesto en el artículo 17, o intentar la capitalización de la fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.

Art. 15. - (Acumulación de capital). La mayor parte de los recursos anuales de la fundación deberán destinarse en el referido Ejercicio al cumplimiento de su objeto. Sólo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución, la que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capital. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la anuencia de la autoridad administrativa de contralor").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo IV.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo V, "Reforma de Estatutos y Disolución de la Fundación" -que en el Repartido figura como IV- que comprende los artículos 16 a 18.

(El texto del Capítulo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO V
Reforma de estatutos y disolución de la fundación

Artículo 16. – (Reforma de estatutos). Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su aprobación de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de diez días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estatutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 14 de la presente ley.

Art. 17. - (Disolución de la fundación).

17.1.(Disolución). La disolución de la fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de regulación estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse alguna de las causales previstas en el numeral siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática, la disolución será declarada por el tribunal competente, a instancias del fundador, de algún miembro del Consejo de Administración, del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

17.2. (Causales de disolución). Son causales de disolución de las fundaciones:

a) la finalización del plazo establecido por el fundador si existiere previsión al respecto;

b) cuando por cualquier causa deviniere imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentre impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c) si resultare manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la fundación y de lo previsto en el artículo 14 de esta ley;

d) por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el tribunal competente;

e) las establecidas como tales por el fundador.

17.3. (Liquidación). Resuelta la disolución de la fundación, los miembros del Consejo de Administración quedarán investidos de la calidad de liquidadores.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del numeral 1 del presente artículo, y en aquellos casos en que los consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el tribunal procederá a la designación de los mismos.

Art. 18. - (Destino de los Bienes). Los estatutos podrán establecer que el remanente resultante de la liquidación revierta al aportante, en caso de fundaciones constituidas por acto entre vivos, o sea destinado a una persona jurídica de derecho público o privado, sin fines de lucro. Si lo anterior fuera de cumplimiento imposible o de no existir previsión estatutaria, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá el destino de los bienes en favor de una persona jurídica con las características antes señaladas").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el Capítulo VI, "Régimen de Contralor" -que en el Repartido figura como V- que comprende los artículos 19 a 20.

(El texto del Capítulo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO VI
Régimen de contralor

Artículo 19. -

19.1.(Autoridad administrativa de contralor). El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

19.2.(Contabilidad). Las fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

La reglamentación establecerá la forma en que la misma será controlada por la autoridad administrativa de contralor.

19.3. (Memoria anual). El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos).

Art. 20. - (Atribuciones de la autoridad de contralor). Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

1) Solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación, que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en el artículo 19.1. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor.

2) Apercibir e intimar a las autoridades de la fundación cuando compruebe cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la ley o en los estatutos.

3) Promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En casos graves, en que peligre el patrimonio de la fundación en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para el que la institución fue creada o cuando se acredite que la fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra los responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes, la intervención de la fundación e incluso la cancelación de la personalidad jurídica ante el tribunal competente").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Este Capítulo, al igual que el siguiente, fueron estudiados en Comisión muy cuidadosamente y posteriormente aprobados. Se entendió que de esta manera se terminaba con una vieja discusión entre aquellos que son partidarios de las fundaciones y quienes no lo son. Al respecto, recibimos numerosos informes.

Se considera que el sistema de contralor que aquí se establece impedirá que las fundaciones se conviertan, desvirtuando su naturaleza, en instituciones con fines de lucro disfrazadas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - En consideración el Capítulo VII "Disposiciones Generales" -que en el Repartido figura como VI- que comprende los artículos 21 a 24.

(El texto del Capítulo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"Art. 21.-(Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). Los fundadores, sus herederos o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad no podrán realizar negocios con la fundación y todos aquellos que, en cada caso, apruebe la autoridad de contralor.

Art.22.- Las personas jurídicas existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, bajo la denominación de Fundaciones, que persiguen un objetivo de bien común, sin propósito de lucro, deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones, siéndoles aplicables las normas de la presente ley.

Si los estatutos de dichas fundaciones tuvieren disposiciones contrarias a la ley, se aplicará esta última sin necesidad de que sean reformados aquéllos.

Queda prohibida la utilización de la expresión "fundación" para toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente ley.

Art. 23.- (Fundaciones Extranjeras). Para que las fundaciones constituidas en el extranjero puedan actuar habitualmente en el país, deberán obtener la autorización del Ministerio de Educación y Cultura e inscribirse en el registro. A esos efectos presentarán ante aquél sus estatutos, debiendo el Ministerio verificar que los mismos cumplan con el objeto dispuesto en el artículo 1º y demás disposiciones de orden público.

El patrimonio de dichas fundaciones radicado en el país se regirá por las normas de la presente ley. En caso de insolvencia o disolución, los acreedores locales tendrán preferencia sobre el patrimonio local por las obligaciones contraídas en la República.

Art.24.-(Registro de fundaciones). El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro actualizado y público, en que figurará cada una de las fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida e la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente").

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo VIII –que en el Repartido figura como VII- que comprende solamente el artículo 25.

(El texto del Capítulo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO VIII

Artículo 25 (Régimen Tributario). –A todos los efectos tributarios, las fundaciones serán consideradas en la misma forma que las asociaciones".)

SEÑOR CADENAS BOIX.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX.- Señor Presidente: este Capítulo se refiere al régimen tributario y establece que las fundaciones serán consideradas en la misma forma que las asociaciones. Estas son, las asociaciones civiles sin fines de lucro que, según tengo entendido, están exoneradas de las contribuciones patronales a la seguridad social.

Si bien se justificó en el pasado sentar determinado tipo de excepciones, entiendo que para el futuro sería conveniente establecer el proncipio de que deben pagarse tanto las contribuciones obreras como las patronales.

Formulo moción, entonces, en el sentido de que el artículo 25 quede redactado de la siguiente manera: "A todos los efectos tributarios, las fundaciones serán consideradas en la misma forma que las asociaciones, con excepción de las contribuciones patronales de la seguridad social".

SEÑOR DE POSADAS MONTERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE(Dr. Walter Santoro).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO.- Señor Presidente: sin desdeñar las fundamentaciones que acaba de exponer el señor senador Cadenas Boix, actualmente es una realidad el hecho de las asociaciones civiles –que en definitiva sn instituciones que, si bien no tienen fines de lucro, están destinadas a beneficiar a sus asociados- gozan de esta exoneración tributaria; más razones habría entonces, en ese sentido para la fundaciones, cuya finalidad es el bien común. Además de no tener fines de lucro, están dedicadas, por su esencia, al bien de los demás y no al beneficio propio, como las asociaciones civiles. Por lo tanto, si en la actualidad éstas gozan de ese beneficio tributario, sería incoherente privar de él a las fundaciones.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA.- Señor Presidente: comparto el criterio expuesto por el señor senador de Posadas Montero. Creo, además, que el tema de las exoneraciones del pago de las contribuciones jubilatorias, en lo que hace al aporte patronal –aspecto que fue considerado por la Comisión de Presupuesto, a raíz de una propuesta del Poder Ejecutivo luego retirada- debe ser examinado en todo su alcance, en algún momento en que el Parlamento decida encararlo, y creo que así debe hacerlo.

Debo señalar que en este caso no innovaría, porque ello significaría retacear a estas entidades un beneficio que tienen otras o menos similares, cuando creo que una de las virtudes de este proyecto, el día en que se convierta en ley, será la de que permitirá fomentar la creación de instituciones que pueden cumplir una obra de verdadera trascendencia social. Esta se vería limitada y condicionada, si le impusiéramos la obligación de pagar el aporte patronal.

Señalo esto, sin perjuicio de entender que el tema global de las exoneraciones del aporte patronal debe ser considerado en algún momento por esta Legislatura, y examinado a la luz de aquella propuesta del Poder Ejecutivo que quedó descartada durante el análisis del Presupuesto, pero que de alguna manera todos nos comprometimos a estudiar oportunamente, con la opinión de todas las entidades interesadas.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: adhiero a lo que acaba de señalar el señor senador Cassina. No me encontraba en Sala en oportunidad de la intervención del señor senador de Posadas Montero, por lo que seguramente me he perdido también una valiosa exposición. De todos modos, considero -como se ha expresado- que si con el consenso de todos los partidos políticos se retiró en su momento del Mensaje complementario del Poder Ejecutivo el artículo 61, insistir con aquella solución ahora, en el caso de las fundaciones, es volver -fuera de contexto- a plantear un problema polémico.

Por lo expuesto, adelanto que voy a acompañar el texto que figura en el Repartido.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo VIII, en primer lugar, con la redacción originaria.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley y se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPITULO I

Artículo 1º. - (Objeto). Las fundaciones serán personas jurídicas a partir de su reconocimiento como tales por la autoridad competente. Se constituirán mediante el aporte de bienes realizado por una o más personas físicas o jurídicas y tendrán un objeto de bien común, sin propósito de lucro.

CAPITULO II
Constitución y Reconocimiento

Artículo 2º. - (Constitución) Las fundaciones se constituyen por: a) acto entre vivos, documentado en instrumento público o privado con firma certificada, otorgado por el o los fundadores o por sus mandatarios con poder especial, o b) por disposición testamentaria.

En ambos casos se deberá establecer expresamente y con claridad los bienes que se aportan y el o los fines a que los mismos se destinan.

También podrá incluirse en el acto de constitución todas o algunas de las disposiciones que contendrán los estatutos, así como el nombre de la o las personas que quedan autorizadas para gestionar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Si en el acto de constitución se estableciere que los estatutos deberán contener alguna disposición que sin desnaturalizar el objetivo lícito de la fundación, estuviera expresamente vedada por la ley, la misma se tendrá por no puesta y se prescindirá de la misma a efectos de cumplir, en lo posible, con la voluntad del fundador.

Art. 3º. - (Reconocimiento) El o los fundadores o las personas especialmente facultadas en caso de constitución por acto entre vivos; las personas autorizadas en el testamento y en su defecto el o los albaceas, los herederos, los legatarios o el Ministerio Público comparecerán ante el Ministerio de Educación y Cultura, solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación, a cuyos efectos se presentará:

A) El instrumento referido en el artículo 2º de la presente ley o el testamento correspondiente.

B) Detalle de los bienes aportados.

C) Proyecto de los estatutos que contendrá:

a) Nombre y domicilio de la fundación.

b) Determinación del objeto en forma clara y precisa, de acuerdo a lo establecido en el acto de constitución.

c) Capital inicial, integración y recursos futuros.

d) Plazo de duración si estuviere sometido a dicha modalidad.

e) Organización del Consejo de Administración, forma de designación de sus miembros, duración de sus mandatos y régimen de reuniones.

f) Disposiciones referentes al funcionamiento de la fundación.

g) Procedimiento para la reforma del estatuto.

h) Fecha de cierre del ejercicio anual.

i) Casos de disolución, formas de liquidación y destino de los bienes.

j) Designación de los miembros del primer Consejo de Administración, en forma definitiva o en calidad de interinos.

Art. 4º. - (Plazo para el reconocimiento). - El Ministerio de Educación y Cultura deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación dentro de los noventa días computados a partir de la solicitud formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de esta ley.

Si entre los treinta y sesenta días de presentada la solicitud el interesado la reiterase, el vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior se entenderá como aceptación de la solicitud, procediéndose a la inscripción en el registro correspondiente.

CAPITULO III
Organos y Adminstración

Artículo 5º. - (Consejo de Administración). El gobierno y administración de las fundaciones estará a cargo de un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de tres miembros, que tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la institución.

Art. 6º. - (Integración). Los estatutos preverán la forma de integración del Consejo de Administración que podrá contar con miembros permanentes o a término.

La designación podrá ser efectuada por el propio fundador, en forma total o parcial, o cometida a personas físicas o jurídicas o por cualquier otro procedimiento, según lo establezcan los estatutos.

En caso de quedar vacantes uno o más cargos del Consejo y a falta de disposición estatutaria que permita efectuar las designaciones correspondientes o cuando el cumplimiento de la misma resulte imposible, los restantes miembros efectuarán las designaciones que correspondan requieriéndose a tales efectos una mayoría de votos equivalente a los dos tercios de cargos existentes en el Consejo. Cuando por cualquier razón no se alcanzare la mayoría referida, la designación será efectuada por el Ministerio de Educación y Cultura y en este caso aún cuando existiere disposición estatutaria en contrario, la designación será por el término de un año.

Art. 7º. – (Funcionamiento del Consejo). El Consejo sesionará en régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a lo que se establezca en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, el quórum para sesionar será la mayoría absoluta de los componentes y las decisiones serán adoptadas por mayoría de presentes, salvo lo previsto en los artículos 16 y 17 de la presente ley.

En caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto doble.

De las sesiones se labrarán actas, las que se transcribirán en un libro especial a esos efectos, con la firma de uno o más miembros, según disponga el estatuto.

Art. 8º. - (Deberes de los miembros del Consejo). Los integrantes del Consejo de Administración deberán cumplir en forma estricta con el objeto de la fundación, y deberán comunicar a las autoridades correspondientes toda irregularidad que adviertan respecto del apartamiento del fin de la institución.

Dentro del plazo de 60 días posteriores a la vacancia de cargos en el Consejo, cada miembro tendrá la obligación de comunicar tal situación a la autoridad administrativa competente siempre que por cualquier causa no se realizare la designación correspondiente de acuerdo a lo previsto en el estatuto.

Los miembros serán civilmente responsables de todo daño o perjuicio causado por su actuación ilícita o negligente. La responsabilidad de los miembros que perciban algún tipo de remuneración podrá ser evaluada con mayor severidad que la de los integrantes honorarios.

Art. 9º - (Derechos de los miembros). Los integrantes del Consejo tendrán los siguientes derechos:

1) A participar en todas las deliberaciones del Consejo con voz y voto.

2) A percibir la remuneración que hubiera establecido el fundador con las limitaciones estipuladas en el inciso siguiente. En caso de no mediar voluntad del fundador en tal sentido, ninguno de los integrantes podrá percibir compensación alguna o beneficio de cualquier clase de la fundación.

Si el total de las remuneraciones excede en un ejercicio del 10% de los ingresos o del 2% de los activos de la fundación, deberá darse cuenta inmediatamente a la autoridad administrativa de contralor. Esta podrá disponer que aquéllas se limiten a los montos referidos si entiende que no mediaron circunstancias extraordinarias que justifiquen exceder éstos, sin perjuicio de tomar las medidas pertinentes cuando del análisis de los hechos surja, fundadamente, que por la vía del pago de remuneraciones excesivas se están desvirtuando los fines o la naturaleza jurídica de la fundación.

3) A solicitar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 17 la intervención de las autoridades públicas y denunciar cualquier apartamiento de lo dispuesto en los estatutos de la fundación o la realización de cualquier acto ilegal.

Art. 10. - (Cese y remoción de los consejeros). Los consejeros cesarán en sus cargos por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En caso de ser miembros no permanentes cesarán también al vencer el término de su mandato. Los estatutos podrán prever el cese automático en caso de inasistencia injustificada a determinado número de sesiones o cuando se configuren las causales de incompatibilidad expresa y taxativamente establecidas por el fundador.

Art. 11. - (Derecho de veto). Los estatutos podrán conferir a uno o más consejeros, sean permanentes o el término, e derecho al veto con relación a las decisiones adoptadas por la mayoría del Consejo.

En caso de hacerse ejercicio del derecho mencionado en el inciso anterior, los consejeros que votaron afirmativamente la resolución vetada, podrán recurrir ante el tribunal competente cuando el resultado de la oposición resulta contrario a las normas legales o estatutarias vigentes o cuando se aparte de objeto de la fundación. Se aplicará en este caso el procedimiento previsto para los incidentes en el articulo 321 del Código General del Proceso, y la resolución del tribunal no admitirá otros recursos que los de aclaración o ampliación (artículo 244 del Código General del Proceso).

Art. 12. - (Prohibiciones). Los miembros del Consejo de Administración no podrán realizar por si ni por interpuesta persona ningún tipo de contrato ni mantener ningún tipo de relación comercial, profesional, laboral o de cualquier tipo que pueda redundar en un beneficio para su persona, con la fundación de la que son consejeros o de la que lo han sido en los últimos cinco años.

Esta prohibición será extensiva al cónyuge del consejero y a sus familiares ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, así como a las personas jurídicas que integre como socio, accionista o director.

Si mediara disposición estatutaria en contrario, ésta será válida pero de aplicarse, lo actuado deberá ser comunicado a la autoridad administrativa de contralor dentro de los siguientes diez días y todo sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 2 del artículo 9º de la presente ley.)

CAPITULO IV
Patrimonio de la fundación

Artículo 13. - (Aportes).

13.1. - (Aportes por acto entre vivos). Los aportes realizados por el fundador en el caso de constitución por acto entre vivos, serán considerados como donaciones puras y simples, sujetos a la condición suspensiva de que se obtenga el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación. Obtenido el referido reconocimiento, se considerarán aceptadas todas las donaciones efectuadas, procediéndose a la entrega de los bienes y a la realización de las inscripciones en los Registros Públicos que correspondan.

Serán aplicables en la especie, las disposiciones contenidas en el Título I de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil, relativas a donaciones simples, con excepción del artículo 1634.

13.2. - (Aportes realizados por disposición testamentaria). En los casos en que los aportes se realicen por disposición testamentaria se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil.

Si a la fecha de fallecimiento del testador tratándose de testamento abierto, o al efectuarse la apertura del testamento cerrado, la autoridad competente no ha reconocido la personalidad jurídica de la fundación beneficiaria, los bienes aportados quedarán bajo la custodia de la o las personas designadas por el testador a tales efectos, o en ausencia de designación del albacea, o a falta de éste de los herederos o legatarios, hasta tanto se obtenga el referido reconocimiento. En estos casos se reputará existente la fundación a la fecha de la apertura legal de la sucesión y los bienes correspondientes serán adquiridos en dicho momento pero sujeto a la condición resolutoria de que se obtenga el reconocimiento de la fundación en el plazo fijado en el artículo 13.4.

Las personas mencionadas en el inciso anterior cuando tengan la custodia de los bienes aportados a la fundación futura, serán responsables por la conservación de los mismos y por su inmediata entrega, con sus frutos y accesorios, una vez que se obtenga el reconocimiento referido.

13.3. - (Intervención del Ministerio Público). En todos los casos en que se designe heredero o legatario a una fundación no reconocida por la autoridad competente, los restantes herederos y legatarios así como el o los albaceas, tendrán la obligación de comunicar dicha situación al Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.

El Ministerio Público tendrá todas las facultades necesarias para asegurar la conservación de los bienes y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación y podrá solicitar al tribunal competente todas las medidas que estime necesarias a tales efectos.

13.4. - (Plazo para el reconocimiento). En las hipótesis de aporte de bienes por disposición testamentaria a fundaciones futuras, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas deberá ser obtenido dentro del plazo de un año computado desde el fallecimiento del causante en caso de testamento abierto o desde la apertura del testamento cerrado.

Si por cualquier causa no se obtuviese el reconocimiento en el plazo señalado, quedará sin efecto la disposición testamentaria y se procederá con los bienes según lo previsto en el artículo 18.

13.5. - (Responsabilidad). Si se diera la situación prevista en el inciso 2 del numeral anterior, las personas que tengan la custodia de los bienes aportados a fundaciones futuras, los albaceas, los herederos y los legatarios, tengan éstos la tenencia de los bienes o no, quedarán comprendidos en lo previsto en los artículos 842 y 1.012 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan contra el o los responsables de la no obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica de la fundación.

Art. 14. - (Patrimonio insuficiente). - Cuando el Consejo de Administración considere que el patrimonio de la fundación es insuficiente para cumplir con el objeto de la misma, podrá proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 17, o intentar la capitalización de la fundación mediante la realización de los bienes y la adquisición de títulos de deuda pública, dando cuenta a la autoridad administrativa de contralor.

En caso de optar por la segunda posibilidad, el período de capitalización no podrá superar los dos años computados desde la fecha en que el Consejo de Administración resolvió la realización de los bienes. Si vencido dicho plazo el patrimonio resulta insuficiente, se procederá sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.

Art. 15. - (Acumulación de capital). - La mayor parte de los recursos anuales de la fundación deberán destinarse en el referido ejercicio al cumplimiento de su objeto. Sólo podrán acumularse fondos cuando se pretenda realizar una obra determinada, coincidente con el objeto de la institución, la que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes diez años computados a partir del momento en que se decida la acumulación de capital. Si los estatutos establecieran la posibilidad de acumular capital por un período superior a los diez años y si se decidiera hacer uso de dicha facultad, el Consejo deberá obtener previamente la anuencia de la autoridad administrativa de contralor.

CAPITULO V
Reforma de estatutos y disolución de la fundación

Artículo 16. – (Reforma de estatutos). - Los estatutos podrán ser reformados mediante el procedimiento previsto en los mismos o de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente, y las modificaciones se considerarán válidas una vez que hayan obtenido su aprobación de la autoridad administrativa de contralor.

Si no se estableció en los estatutos procedimiento para su reforma y siempre que el fundador no haya prohibido expresamente dicha posibilidad, los mismos podrán ser modificados por el voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración en sesión especialmente realizada con dicho objeto y a la que deberá haber sido citado cada miembro por algún medio fehaciente, con indicación del tema a tratar y con una anticipación mínima de diez días. En los casos de modificación del objeto establecido por el fundador (que sólo se podrá modificar cuando su cumplimiento resulte imposible y siempre que en el acto de constitución el fundador no haya prohibido su alteración) y para la fusión con entidades similares, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo.

En aquellos casos en que el fundador haya prohibido en el acto de constitución toda reforma a los estatutos o al objeto de la institución, y cuando tal modificación resulte imprescindible para el funcionamiento de la fundación, se procederá según lo establecido en el artículo siguiente, salvo la única excepción prevista en el artículo 14 de la presente ley.

Art. 17. - (Disolución de la fundación). -

17.1. (Disolución). - La disolución de la fundación será resuelta por el Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en los estatutos o por el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros en caso de ausencia de regulación estatutaria.

Si el Consejo no dispusiera la disolución al configurarse alguna de las causales previstas en el numeral siguiente o en los estatutos como causa de disolución automática, la disolución será declarada por el tribunal competente, a instancias del fundador, de algún miembro del Consejo de Administración, del Ministerio Público o de la autoridad administrativa de contralor.

17.2. (Causales de disolución). - Son causales de disolución de las fundaciones:

a) la finalización del plazo establecido por el fundador si existiere previsión al respecto;

b) cuando por cualquier causa deviniere imposible el cumplimiento del objeto establecido, salvo que el Consejo de Administración no se encuentre impedido de modificar el mismo y así lo hiciera;

c) si resultare manifiestamente insuficiente el patrimonio disponible para cumplir con el fin de la institución, sin perjuicio de la posibilidad de modificar el objeto de la fundación y de lo previsto en el artículo 14 de esta ley;

d) por la cancelación de la personalidad jurídica decretada por el tribunal competente;

e) las establecidas como tales por el fundador.

17.3. - (Liquidación). Resuelta la disolución de la fundación, los miembros del Consejo de Administración quedarán investidos de la calidad de liquidadores.

En la hipótesis prevista en el inciso segundo del numeral 1 del presente artículo, y en aquellos casos en que los consejeros no acepten o no puedan actuar como liquidadores, el tribunal procederá a la designación de los mismos.

Art. 18. - (Destino de los bienes). Los estatutos podrán establecer que el remanente resultante de la liquidación revierta al aportante, en caso de fundaciones constituidas por acto entre vivos, o sea destinado a una persona jurídica de derecho público o privado, sin fines de lucro. Si lo anterior fuera de cumplimiento imposible o de no existir previsión estatutaria, el Ministerio de Educación y Cultura resolverá el destino de los bienes en favor de una persona jurídica con las características antes señaladas.

CAPITULO VI
Régimen de contralor

Artículo 19. -

19.1. - (Autoridad administrativa de contralor). El Ministerio de Educación y Cultura ejercerá el contralor y la fiscalización de las fundaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.

19.2. - (Contabilidad). Las fundaciones llevarán su contabilidad sobre bases uniformes, de las que resultará cada una de las operaciones realizadas y la justificación de todos los gastos.

La reglamentación establecerá la forma en que la misma será controlada por la autoridad administrativa de contralor.

19.3. - (Memoria anual). El Consejo de Administración, dentro de los sesenta días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, elaborará una memoria anual de la gestión desarrollada en dicho ejercicio, en la que se especificará cada uno de los actos realizados en cumplimiento del objeto de la institución, los recursos utilizados y la situación patrimonial de la fundación.

La memoria anual deberá presentarse ante la autoridad administrativa de contralor y tendrá la difusión que se encuentre prevista en los estatutos.

Art. 20. - (Atribuciones de la autoridad de contralor). Sin perjuicio de otras atribuciones que surjan de la presente ley, la autoridad administrativa de contralor podrá:

1) Solicitar en cualquier momento la información, así como la presentación de la documentación que estime pertinente a efectos de cumplir con los cometidos establecidos en el artículo 19.1. El Consejo de Administración y toda persona dependiente de la fundación tendrá la obligación de colaborar con la autoridad administrativa de contralor.

2) Apercibir e intimar a las autoridades de la fundación cuando compruebe cualquier violación o apartamiento de lo previsto en la ley o en los estatutos.

3) Promover ante los tribunales competentes la adopción de todas aquellas medidas que entienda convenientes para evitar o corregir toda infracción a la ley o a los estatutos y en especial cualquier apartamiento del objeto de la institución.

En casos graves, en que peligre el patrimonio de la fundación en razón de una conducta ilícita, cuando se desnaturalice el objeto para el que la institución fue creada o cuando se acredite que la fundación realiza actividades ilícitas, y sin perjuicio de las denuncias que se formularán contra los responsables de tales hechos, podrá solicitar el desapoderamiento de los bienes, la intervención de la fundación e incluso la cancelación de la personalidad jurídica ante el tribunal competente.

CAPITULO VII
Disposiciones generales

Artículo 21. - (Contrato con el fundador o con sus herederos o familiares). Los fundadores, sus herederos o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, no podrán realizar negocios con la fundación, excepto las donaciones que de éstos recibiera la fundación y todos aquellos que, en cada caso, apruebe la autoridad de contralor.

Art. 22. - Las personas jurídicas existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, bajo la denominación de Fundaciones, que persiguen un objetivo de bien común, sin propósito de lucro, deberán inscribirse en el Registro de Fundaciones, siéndoles aplicables las normas de la presente ley.

Si los estatutos de dichas fundaciones tuvieren disposiciones contrarias a la ley, se aplicará esta última sin necesidad de que sean reformados aquellos.

Queda prohibida la utilización de la expresión "fundación" para toda persona jurídica, empresa o sociedad que no se ajuste a lo establecido en la presente ley.

Art. 23. – (Fundaciones Extranjeras). Para que las fundaciones constituidas en el extranjero puedan actuar habitualmente en el país, deberán obtener la autorización del Ministerio de Educación y Cultura e inscribirse en el registro. A esos efectos presentarán ante aquél sus estatutos, debiendo el Ministerio verificar que los mismos cumplan con el objeto dispuesto en el artículo lº y demás disposiciones de orden público.

El patrimonio de dichas fundaciones radicado en el país se regirá por las normas de la presente ley. En caso de insolvencia o disolución, los acreedores locales tendrán preferencia sobre el patrimonio local por las obligaciones contraídas en la República.

Art. 24. – (Registro de fundaciones). El Ministerio de Educación y Cultura llevará un Registro actualizado y público, en que figurará cada una de las fundaciones reconocidas por la autoridad competente, la pérdida de la personalidad jurídica de las mismas y toda otra información que la reglamentación estime conveniente.

CAPITULO VIII

Artículo 25. - (Régimen Tributario). - A todos los efectos tributarios, las fundaciones serán consideradas en la misma forma que las asociaciones".

22) INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO POR LOS QUE SOLICITA VENIA PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - El Senado debe pasar a sesión secreta a los efectos de considerar el asunto que figura en 5º término del orden del día: "Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos".

(Así se hace)

(Es la hora 18 y 43 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiéndo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 51 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Harán Urioste). - El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a un funcionario del Ministerio de Salud Pública, un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.

23) PENSION ALIMENTARIA PARA EL NIÑO EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA Y MARGINAClON. Modificación a las Asignaciones Familiares.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Dése cuenta de una solicitud de la señora senadora Alba Roballo relativa a pensión alimentaria para el niño en situación de extrema pobreza y marginación, llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Montevideo, 11 de diciembre de 1990.

Sr. Presidente del Senado
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito del Cuerpo su aprobación para realizar una exposición de 30 minutos de duración sobre el tema: ‘Pensión alimentaria al niño en absoluta pobreza y marginación. Modificación a las asignaciones familiares’.

Es mi deseo realizar dicha exposición en la primera sesión extraordinaria si la hubiere.

Sin más, le saluda atte.

Alba Roballo. Senadora".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr.Walter Santoro).-Si no se hace uso de la palabra se va a votar la solicitud de la señora senadora Roballo a los efectos de realizar exposición sobre el tema a que se ha hecho referencia, en la primera sesión extraordinaria que realice el Cuerpo.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

24) JOSE PEDRO MARTINEZ MATONTE

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro).- dése cuenta de otra solicitud llegada a la mesa.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, inciso 4, del Reglamento, solicito hacer uso de la palabra para rendir homenaje al recientemente fallecido, señor José Martínez Matonte. Dr. Hugo Batalla. Senador"

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud formulada.

-20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR BATALLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro).- Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA.- Señor Presidente: pido disculpas por distraer alunos minutos al Senado, porque entiendo que el Cuerpo no puede permanecer ajeno a un hecho profundamente doloroso y que diría ha marcado, sin duda alguna, a todo el magisterio nacional.

Ha muerto don José Pedro Martínez Matonte. Es posible que para muchos señores senadores su nombre sea desconocido. Pero para quienes tuvimos la suerte de conocerlo en épocas muy duras para el país y para él y también, en momentos muy felices para ambos, su muerte no es un episodio que pueda quedar en el olvido.

Fue un maestro, pero también fue mucho más que eso, un ejemplo, una vida al servicio del magisterio como vocación y entrega permanente.

Recuerdo algunos hechos importantes de su vida.

Comenzó su carrera docente como maestro rural en "Las Cañas", departamento de Durazno, a los 19 años, cuando aún no tenía su diploma. Pero fue un maestro ejemplar en lo que representó -en cierto modo- una de las experiencias más hermosas que se vivieron en este país, en la Escuela Nº 157 de Villa García, situada en el quilómetro 21 del Camino Maldonado, en las afueras de Montevideo. Era una escuela más de las que él dio en llamar "Unidad Educacional Cooperaria Villa García" y tenía, como lema: "Por un niño responsable para un hombre libre". El decía: "Un hombre que piense, pero un hombre que haga; un hombre que viva, pero un hombre que luche; un hombre que construya su mundo, que levante su camino, que hunda su mano en la herramienta y en la tierra, en la misma medida que extiende su pensamiento; un hombre comprometido y sano; un hombre humanizado y libre". Se diría que toda su vida fue su obra y fue esta obra maravillosa en la que toda una zona llegó a sentirse consustanciada con el pensamiento y la acción de José Pedro Martínez Matonte. Fue, tal vez, uno de los hombres que más sufrió durante la dictadura, porque no lo destrozó a él, sino que destrozó su obra, lo que es mucho peor; destrozó lo que durante muchos años él había construido con esfuerzo, con sacrificio, con alegría y con todo el vecindario. Una de las cosas que nunca quiso admitir fue que se le otorgara a él el mérito de una obra que había sido construida por todos los vecinos, por todos los hombres y mujeres de la zona.

Muchas veces hube de llegar a Villa García -casi siempre durante la dictadura, en los comienzos- cuando todavía funcionaba algo así como un centro cívico, un lugar humanizado, de pensamiento, de acción, trabajo, afecto y amor. En el curso del tiempo he podido apreciar cómo a veces los hombres pueden sentirse consustanciados de tal manera con su obra que, en la medida en que ella se destroza, se va destrozando también al hombre.

Creo que pocos maestros tuvieron la dignidad, la fuerza en su acción que tuvo José Pedro Martínez Matonte. No es el hombre de los últimos años, que un poco arrastraba su bohemia, en la medida en que ya poco quedaba de su obra, sino que él, como pocos, tuvo la suerte de teñir toda una época no en el país, pero si en una zona muy importante. Vivió para los demás. Dio toda su vida a la escuela porque, en ese Uruguay de postguerra, tenía una profunda fe en la escuela, en la educación y en el hombre como tal, a los efectos de ir eliminando las injusticias de una sociedad que él trató siempre -en la paz en el amor- de transformar en una sociedad más justa y más humana.

Vivió en un lugar que durante muchos años se fue construyendo sobre la base de una clase trabajadora, de un sector proletario que, a través de la presencia y de la acción de José Pedro Martínez Matonte, fue sintiendo la influencia plena de que era esa educación intelectual que tantas veces hemos priorizado nosotros, pero que él complementaba con el trabajo. ¡Qué importante es, para el hombre, sentir que no todo se arma en la cabeza, sino que tan importante es la mano como la cabeza!

En todo lo que fue su acción en la escuela Nº 157, creo que construyó -por lo menos- parte de un mundo en el que existía amor y respeto por el trabajo, amor entre todos y un profundo espíritu solidario. Creía y creo, señores senadores, que la figura de José Pedro Martínez Matonte no podía quedar sin que el Senado le rindiera un emocionado homenaje. Naturalmente que los homenajes no pueden ser, nunca, recuerdo solamente. Una de las frases que recuerdo haberle oído decir era: "No podemos llorar sobre los cadáveres, sino que siempre tenemos que luchar por un hombre nuevo". Y digo que nosotros no podemos sentir que este homenaje nuestro es sólo un mirar hacia atrás, un derramar alguna lágrima, el sentir una profunda emoción por algo que fue, sino también que nuestro compromiso, con su ejemplo, debe cundir y debe hacernos sentir que su lucha por un hombre mejor, por un hombre que tuviera como base de su acción solidaridad, afecto y, fundamentalmente, amor, sea también, tal vez -ojalá- la meta de todos y cada uno de nosotros.

Por eso quería decir estas palabras, no para que fueran enviadas a nadie ni para que fueran trasmitidas a su familia porque no sé si a esta altura de la vida la tenía, pero si pienso que su familia la constituían, en el Uruguay todos aquellos que tenían un sufrimiento, un dolor o una necesidad que no podía satisfacer. Esa solidaridad que le dio al país, al hombre, a todos aquellos que pudieron convivir con él es lo que me parece importante que rescatemos todos nosotros en nuestra acción cotidiana

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDEN~ (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: deseo adherir, emocionado, al homenaje que a iniciativa del señor senador Batalla se le está rindiendo en el día de hoy a José Pedro Martínez Matonte.

Lo conocí a finales de la década del 50, en aquel quilómetro 21, donde estaba asentada la escuela de Villa García y hacia donde íbamos a conversar con él sobre la experiencia que estaba realizando. Fue un apasionado constructor de una experiencia educativa y social de nuevo tipo en el país y, porque lo hizo con fervor y dedicación y porque se basaba en los pilares fundamentales de una escuela pública, laica, gratuita, obligatoria, pero inserta además en la construcción de un hombre y una mujer de un nuevo tiempo, también conquistó odios profundos y su obra fue destruida, como bien señalaba el señor senador Batalla.

Lo vi por última vez en la ciudad de Durazno, en un mitín político de la última campaña electoral. Me reencontré con él y vi frente a mi a un hombre avejentado, pero muy firme en sus convicciones. Con dolor no pude asistir a su sepelio, porque llegó tarde a mi conocimiento la noticia de su muerte. Creo que su experiencia va a vivir en el seno de la gente con la que trabajó y también en el de todo el magisterio nacional que lo acompañó en forma unánime hasta su última morada.

Nada más.

SEÑORA ROBALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ROBALLO. - Señor Presidente: hablo en nombre de un sector que realmente siente este hecho, pero hablo en modo muy especial a título personal.

El maestro, el gran maestro Martínez Matonte integraba nuestro grupo dentro del Frente Amplio y fue mi suplente en la Lista 1.001. Desde mucho tiempo nos acompañaba, de modo que hay en esto una intensa gratitud. Lástima que no voy a extenderme porque, tanto el señor representante Previtali está anotado para hacer uso de la palabra en la Cámara Baja, como el señor edil Brum en la Junta Departamental. Vale decir que lo hago por la entrañable admiración que le tengo. Dijo bien el señor senador Batalla: era un maestro. ¡Era mucho más que un maestro!

Creo que, en el orden de la visión de lo que puede ser un maestro en la historia del país, hay tres hombres cuyos nombres me permito decir: José Pedro Varela; nuestro desaparecido especialista de la Escuela Rural, Julio Castro; y José Pedro Martínez Matonte.

Lo conocí de mucho tiempo. Fue un hombre formidable. Llevó adelante una experiencia única en Villa García.

Fue un martir de la cárcel, donde la tortura se ensañó con él hasta un límite inconmensurable. Sufrió tanto en la cárcel como con la pérdida de su gran sueño, de su gran construcción, que fue Villa García, lugar donde todos aprendían un oficio y donde todos se hacían hombres inquietos y profundos. Lo vi al final de su vida, y esa es la experiencia que quiero evocar.

Martínez Matonte se fue a morir a Durazno, donde había hecho sus primeras armas y se sentía entrañablemente unido al Río Yi. Lo vi representando a nuestro sector y llegando a los barrios más pobres con la devoción de quien empieza a vivir. Estuvimos caminando por el monte del Yi, donde la gente que habita en los barrios inundables vive de ese monte y de ese bosque, y donde mujeres increíbles dan a luz allí, en un lugar donde su familia come lo que da el árbol salvaje del Río Yi.

¡Con qué emoción me confió su último sueño! Con su retiro, con su jubilación iba a comprarse una chacra -y la compró- para repetir la experiencia de Villa García. No pudo cumplirlo; estaba desgastado.

Sufrió mucho. Y yendo a morir en ese lugar nos deja la imagen de un hombre que casi no podemos comparar con ninguno y a quien le rendimos, en nombre de nuestro sector y en el mío propio, todos los homenajes.

Muchas gracias.

25) SE LEVANTA LA SESION

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace siendo la hora 19 y 8 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Amorín Larrañaga, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Cassina, Cigliuti, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Pereyra, Pérez, Roballo, Santoro, Silveira Zavala, Singlet y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.