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Nº 55 - TOMO 333 - 20 DE SETIEMBRE DE 1990

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

54ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y EL PROSECRETARIO SEÑOR DARDO ORTIZ ALONSO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1989

- Continúa en discusión particular.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

4) Asunto entrado

5) Empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado. Modificaciones de su régimen legal

- Se resuelve negativamente una moción formulada en el sentido de cambiar el trámite dado originalmente a este proyecto.

6) Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana. Su aprobación

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

7) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 19 de setiembre de 1990.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana jueves 20, a la hora 16, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1989.

(Carp. Nº 267/90 Rep. Nº 113/90 y Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII)

2º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana.

(Carp. Nº 1236/88 - Rep. Nº 114/90)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Bianchi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de la Sierra, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Millor, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste, Viera y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Bruera y Jude y con aviso, los señores senadores Belvisi y Pereyra.

3) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 1989.

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, queda levantado el cuarto intermedio.

(Es la hora 16 y 6 minutos)

-El Senado entra al orden del día, con la consideración del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1989. (Carp. Nº 267/90 - Rep. Nº 113/90 y Anexo I).

(Antecedentes: ver 52a. S.O.)

-Continúa la discusión particular.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra para una consulta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Quisiera saber si ya no hemos votado todas las disposiciones de este Capítulo, salvo las que eran objeto de alguna observación por parte de algún sector político.

SEÑOR PRESIDENTE. - Informo al señor senador que el Senado ya ha votado los artículos 1º, 2º, 5º, 8º, 10, 11, 12 y 13.

SEÑOR CASSINA. - Gracias por la aclaración, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: durante la discusión general, expresamos claramente que no íbamos a votar este artículo, por cuanto consideramos que él constituye una quita a las expectativas otorgadas por la Ley de Destituidos a los funcionarios que habían logrado probar su desvinculación de los trabajos que desempeñaban durante el régimen de facto por razones políticas o ideológicas.

El artículo 9º establece que se modificará el mecanismo de pago durante el tiempo transcurrido entre marzo de 1985 y el momento de su restitución en el artículo 13 de la Ley Nº 15.783, que ahora se sustituye y que obliga al Estado a pagar dentro de los 60 días. Con el mecanismo establecido en este artículo, los funcionarios restituidos van a cobrar en 24 cuotas, a partir de su restitución, lo que significa una quita muy grave a sus expectativas. Debemos tener en cuenta que estos funcionarios han sido restituidos porque han logrado probar la razón que les asistía en la reivindicación que planteaban.

Por estas razones, no vamos a votar este artículo porque, repito que creemos que se trata de una injusticia clarísima la que se comete con los mencionados funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE. - Sin ánimo de polemizar con el señor senador, la Presidencia quiere puntualizar, en primer término, que, en realidad, no hay quitas; lo que puede haber es una postergación en el tiempo. El artículo expresa que las cuotas se incrementarán en el mismo porcentaje y en cada oportunidad en que se disponga aumento de las retribuciones personales, de manera que, en principio, el poder adquisitivo se mantendrá.

En segundo lugar, si bien la norma vigente hace referencia a un término de 60 días, tal como ha dicho el señor senador, también expresa que el jerarca determinará la forma y las condiciones del pago. En virtud de ello, en esta propia Casa, el ex-Presidente del Senado dispuso, en muchas oportunidades, que estos haberes generados como consecuencia de lo establecido por el artículo 13 de la Ley Nº 15.783, se pagaran en varias cuotas.

De todos modos, la Mesa reconoce que el tema es opinable.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º.

(Se vota:)

-14 en 21. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en forma muy breve, quiero expresar que entiendo que el Senado ha votado una disposición flagrantemente inconstitucional. En mi opinión, ella reitera un criterio que viene del año 1985 y que se refiere al pago de una indemnización por daños causados por el Estado debido a un mal ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con lo que establece el artículo 24 de la Constitución de la República, lo que hay que indemnizar es ese daño. En una especie de acuerdo social y en un momento de transición, recién salidos de la dictadura, se limitó la indemnización y se fijó una fecha específica -1º de marzo de 1985- no de acuerdo con lo que estipula la Carta. Sin embargo, se dictaron luego otras normas que, pese a lo que señaló la Suprema Corte de Justicia en una sentencia -con la que discrepo radicalmente- son inconstitucionales. En mi opinión, esa misma inconstitucionalidad está presente, de manera muy clara, en este artículo 9º.

Es cierto que pueden haber razones prácticas e, incluso de administración más o menos razonable de los recursos, que hagan pensar que deben dictarse este tipo de disposiciones. Sin embargo, y como ya lo he dicho en varias oportunidades, considero que cuando se entiende que una norma constitucional está "molestando", se la debe modificar; mientras esto no se efectúe, corresponde aplicarla.

SEÑOR PRESIDENTE. - Deseo señalar que en su momento y en la Legislatura anterior, sostuve en el Senado, como navegante solitario, algo muy similar a lo que acaba de señalar el señor senador Korzeniak, pero la inconstitucionalidad no viene de la norma modificativa sino del propio artículo 13 de la Ley Nº 15.783, que es derecho vigente en nuestro país a pesar de su inconstitucionalidad.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - He votado afirmativamente este artículo y, naturalmente, se trata de una situación que me toca muy de cerca aunque no en lo que tiene que ver con el pago porque fui restituido inmediatamente de restaurado el régimen democrático en el Parlamento. Al mismo tiempo, no voy a tener la osadía de discutir el argumento del señor senador Korzeniak pero, creo que es necesario aclarar ciertos puntos porque de lo contrario nos vamos a quedar con la mitad de la verdad.

Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los casos razonables fueron contemplados pero debo agregar -porque de lo contrario, repito, no estaríamos diciendo toda la verdad- que en muchos casos se violó el espíritu de la ley reintegrando a gente que no tuvo ningún motivo de persecución durante la dictadura y esto ha sido lesivo para los propios destituidos. Lamentablemente, dichas personas son las que más se han beneficiado percibiendo montos que representan un verdadero sacrificio para el Estado.

Por otro lado, como esta es una verdad objetiva, más allá de que nos guste o no, creo que la situación que padece el Erario justifica la aplicación de un criterio realista que no significa sacarle dinero del bolsillo al funcionario. Además, este plazo que se aplicó en 1985 tenía la presunción en el transcurso del tiempo. Es por eso que aún admitiendo lo discutible de este tema lo he votado con tranquilidad porque creo que se adapta a las circunstancias que el país vive hoy día.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 14.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Vamos a votar negativamente este artículo porque introduce modificaciones a la disposición de la ley sobre la función pública. Por razones de coherencia votamos en contra de la incorporación de determinados organismos incluidos los Gobiernos Departamentales. Si bien se eliminan el Poder Legislativo y al Poder Judicial, se mantienen a los Gobiernos Departamentales tesitura con la cual discrepamos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14.

(Se vota:)

-14 en 20. Afirmativa.

En consideración el Capítulo II: "Incisos de la Administración Central", que comprende los artículos 15 a 47.

(Los artículos cuya lectura se suprime son los siguientes:

"CAPITULO II
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO 02
Presidencia de la República

Artículo 15. - Inclúyese en las excepciones del artículo 71 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de la República".

Art. 16. - Declárase que el cargo de Director de Proyectos de Desarrollo Regional del Programa "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República" Unidad Ejecutora 005 "Dirección de Proyectos de Desarrollo" creado por el artículo 59 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, es de particular confianza.

La retribución será la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 17. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil deberán proporcionar los datos e informes que soliciten los legisladores para llenar sus cometidos, que se tramitarán por escrito por intermedio del Presidente de la Cámara respectiva.

INCISO 03
Ministerio de Defensa Nacional

Artículo 18. - Deróganse los artículos 38 y 10 de las Leyes Nº 9.461, de 31 de enero de 1935, y Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, respectivamente, en la redacción dada por el artículo 115 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, y el porcentaje del 50% (cincuenta por ciento) del haber previsto en el artículo 102 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974.

Cuando se designe personal militar en misión oficial en el extranjero, integrando fuerzas para el cumplimiento de una misión específica o por obligaciones internacionales contraídas por la República, el Poder Ejecutivo dispondrá el pago de un suplemento equivalente al 100% (cien por ciento) del sueldo militar y compensaciones correspondientes. Este suplemento no se abonará si el personal indicado percibe viáticos a cargo del Estado por sus obligaciones en el exterior.

Art. 19. - La adquisición en el exterior de materiales y equipamiento para la Armada Nacional será financiada en el Ejercicio 1990 de la siguiente manera:

A) Una partida de U$S 1:597.685 (dólares de los Estados Unidos de América un millón quinientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y cinco) con cargo a la financiación 1.5 Endeudamiento Externo, que se habilitará en el Programa 003 "Marina - Armada Nacional".

B) El saldo se atenderá con cargo a los fondos extrapresupuestales de los distintos programas del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", según lo determine el Poder Ejecutivo. A tales efectos deberán adecuarse los respectivos preventivos dentro de los treinta días de publicada la presente ley.

Art. 20. - Derógase el literal c) del artículo 195 del Decreto-Ley Nº Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984.-

Art. 21. - Otórgase, a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990, una compensación mensual de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil), sujeta a montepío, al personal militar que se establece a continuación:

A) Alférez, Teniente 2º, Teniente 1º y Capitán y equivalentes.

B) Personal subalterno combatiente del grado Soldado de 2da. a Sargento y equivalentes.

Art. 22. - Extiéndese a los Oficiales Superiores de la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Prefectura Nacional Naval lo dispuesto por el artículo 239 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, con vigencia al 1º de febrero de 1985.

Dicha asignación no generará derecho a percibir ninguna suma por retroactividad, cualquiera sea el estado militar de los beneficiarios.

INCISO 04
Ministerio del Interior

Artículo 23. - Los integrantes del Personal Subalterno del subescalafón de Policía Ejecutiva que cumplan como mínimo cuarenta y ocho horas semanales de labor y que efectivamente desarrollen funciones ejecutivas de conformidad con el literal A) del artículo 41 de la Ley Nº 13.963, de 22 de mayo de 1971, percibirán una compensación mensual sujeta a montepío de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil).

El Personal Superior del subescalafón ejecutivo que ejerza su función en las Jefaturas de Policía, Dirección Nacional de Policía Caminera, Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciaría y Centros de Recuperación, Dirección Nacional de Policía Técnica y Dirección Nacional de Bomberos, percibirá también la compensación referida.

Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990.

Art. 24. - Autorízase al Poder Ejecutivo, por única vez, a transformar en el cargo inmediato superior los cargos ocupados por funcionarios policiales del personal subalterno del subescalafón ejecutivo que estén percibiendo, a la fecha de esta ley y por aplicación del beneficio de permanencia en el grado, las remuneraciones salariales del cargo superior inmediato.

Art. 25. - Autorízase al Poder Ejecutivo a actualizar cuatrimestralmente los precios que percibe el Inciso 04 "Ministerio del Interior" por los servicios que preste hasta la variación registrada por el Indice General de los Precios del Consumo, con excepción de aquellos que se ajusten por otro procedimiento.

INCISO 05
Ministerio de Economía y Finanzas

Artículo 26. - Autorízase al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", a contratar a término por el régimen de arrendamiento de servicios, a personal que preste tareas en la cafetería destinada a los funcionarios de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría General de la Nación y Tesorería General de la Nación y en el Jardín Maternal para los hijos de dichos funcionarios. Quienes de acuerdo a dichas contrataciones presten servicios no revestirán la calidad de funcionarios públicos.

Art. 27. - Fíjase, por única vez, una partida de N$ 491:050.000 (nuevos pesos cuatrocientos noventa y un millones cincuenta mil) equivalentes a U$S 610.000 (dólares de los Estados Unidos de América seiscientos diez mil) como contrapartida nacional del Convenio sobre Cooperación Técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (ATN/SF 3449-UR) para la realización en la Dirección General Impositiva de un Proyecto sobre "Ampliación y Consolidación del Registro Unico de Contribuyentes, Cuenta Corriente Tributaria y Adiestramiento de Personal".

Este crédito regirá a partir del 1º de junio de 1990.

Art. 28. - Suprímense el Programa 011 "Investigación de Mercados y Regulación de Precios" y su correspondiente Unidad Ejecutora 011 "Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos".

Las funciones y cometidos asignados a dicha Unidad Ejecutora pasarán a ser desempeñados por la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas".

Art. 29. - El Poder Ejecutivo determinará los funcionarios y el crédito de retribuciones personales de la Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos y el Programa 011 "Investigación de Mercados y Regulación de Precios" que pasarán a integrar la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas y el Programa 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la conducción Económico-Financiera", respectivamente, a efectos de poder dar cumplimiento a las nuevas funciones asignadas.

Los funcionarios excedentes se regirán por lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Art. 30. - Los créditos presupuestales para gastos de funcionamiento e inversiones, muebles, útiles y documentación del programa y Unidad Ejecutora que se suprimen por el artículo 28 de la presente ley pasarán a integrar el programa y Unidad Ejecutora al cual se transfieren sus cometidos.

Art. 31. - Suprímese el cargo de particular confianza de Director de la Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos.

Art. 32. - Autorízase a los funcionarios de los Programas 001 "Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas" y 002 "Contaduría General de la Nación" del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" a realizar, en ocasión de las tareas que demande la preparación del Presupuesto Nacional y de las Rendiciones de Cuentas y Balances de Ejecución Presupuestal hasta un máximo de cien horas extras mensuales pudiendo efectuar, como máximo, cuatro horas extras diarias.

INCISO 06
Ministerio de Relaciones Exteriores

Art. 33. - Sustitúyese el literal B) del artículo 49 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, por el siguiente:

"B) El pago de embalaje, transporte y fletes y seguro, en las condiciones establecidas en el literal c) del artículo 43 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985".

Art. 34. - Autorízase al Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", a través de la Dirección del Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE), a arrendar su anfiteatro en los casos que lo estime oportuno. El producido del arrendamiento será recaudado por IASE y se destinará el 50% (cincuenta por ciento) a Rentas Generales. El restante 50% (cincuenta por ciento) será para gastos de funcionamiento, a excepción de retribuciones personales, e inversiones del Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores".

El Poder Ejecutivo fijará el precio del arrendamiento en Unidades Reajustables.

INCISO 12
Ministerio de Salud Pública

Artículo 35. - Sustitúyese el artículo 445 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 445. - Créase en el programa 001 "Administración Superior" Unidad Ejecutora 001 "Administración Superior", el cargo de Subdirector General de la Salud que será de particular confianza (Técnico Profesional en el área de la salud)".

Art. 36. - Los fondos extrapresupuestales recaudados por la Unidad Ejecutora 001 "Administración Superior" del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", podrán destinarse, en caso de ser necesario a atender el pago de adquisiciones de bienes o de servicios no personales con destino a las unidades ejecutoras dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Art. 37. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1990, la partida fijada en el artículo 270 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en el Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud", en la suma de N$ 366:000.000 (nuevos pesos trescientos sesenta y seis millones).

Art. 38. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1990, la partida fijada por el artículo 245 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en el Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud", en la suma de N$ 115:200.000 (nuevos pesos ciento quince millones doscientos mil).

INCISO 14
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Artículo 39. - Incorpórase al Presupuesto Nacional el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" cuyos objetivos y metas se describen en la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990.

Tendrá a su cargo la ejecución de los Programas presupuestales siguientes:

001 "Administración Superior"

Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente"

002 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda e instrumentación de la política en la materia"

Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Vivienda"

003 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de desarrollo urbano y territorial"

Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial"

004 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de protección de medio ambiente"

Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Medio Ambiente"

Art. 40. - Créanse, a partir del 1º de julio de 1990, en el Programa 001 "Administración Superior", un cargo de Director General de Secretaría y un cargo de Subdirector General de Secretaría, que tendrán el carácter de particular confianza.

Art. 41. - Créanse, a partir de la promulgación de la presente ley, un cargo de Asesor Letrado A 22, serie Abogado; un cargo de Director de División A 22, serie Contador, y un cargo de Asesor Notarial A 21, serie Escribano, que tendrán un régimen de cuarenta horas semanales de labor y percibirán, como mínimo, el 80% (ochenta por ciento) de la compensación establecida en el artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 42. - Los funcionarios que se designen en los cargos creados por el artículo anterior, deberán ser funcionarios públicos. Percibirán la diferencia entre las remuneraciones de estos cargos y las de sus oficinas de origen desde la fecha de promulgación de la presente ley.

En caso de que en sus oficinas de origen, las remuneraciones fueren mayores, las diferencias serán recibidas como compensación a los funcionarios y sujetas a montepío, considerándose de naturaleza salarial a todos los efectos.

Art. 43. - Créanse, a partir del 1º de julio de 1990, en los Programas que se indican, los siguientes cargos:

- Programa 002 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda e instrumentación de la política en la materia" Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Vivienda", un cargo de Director Nacional de Vivienda.

- Programa 003 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de desarrollo urbano y territorial" Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial", un cargo de Director Nacional de Ordenamiento Territorial.

- Programa 004 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de protección de medio ambiente" Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Medio Ambiente", un cargo de Director Nacional de Medio Ambiente.

Los cargos referidos precedentemente tendrán el carácter de particular confianza y les corresponderá la remuneración establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 44. - Asígnase al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" las siguientes partidas anuales, las que se habilitarán en su totalidad a partir del 1º de julio de 1990.

RUBRO

DESCRIPCION

IMPORTE

  

N$

0

Servicios personales

39:217.000

2

Materiales y suministros  

59:000.000

3

Servicios no personales

67:408.000

4.7

Motores y partes para reemplazo

2:400.000

7

Subsidios y otras transferencias

10:800.000

9

Asignaciones globales

1:500.000

Facúltase al referido Inciso a realizar la apertura por subrubros, así como la distribución de las partidas asignadas entre los Programas correspondientes.

Art. 45. - El financiamiento de los Programas de funcionamiento y Proyectos de inversión cuya fuente original no fuere Rentas Generales, que se transfieran según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, quedará de cargo de Rentas Generales.

Art. 46. - Asígnase, por única vez, una partida de N$ 48:300.000 (nuevos pesos cuarenta y ocho millones trescientos mil) para equipamiento.

La presente disposición regirá a partir del 1º de julio de 1990.

Art. 47. - Establécese un régimen de cuarenta horas semanales de labor para los funcionarios del Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente".)

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que hay objeciones respecto a los tres primeros artículos de este Inciso y, por esa causa se votarán separadamente.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15.

(Se vota:)

14 en 20. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el artículo que se acaba de votar incluye en las excepciones del artículo 71 de la Ley Nº 15.809, gastos confidenciales a la Presidencia de la República.

En oportunidad de tratarse esto en la Comisión nosotros expresamos que dados los fundamentos que se habían vertido allí no era conveniente que se estableciera esta excepción puesto que las obligaciones que la Presidencia de la República puede tener para cumplimentar a determinados Jefes de Estado, personalidades o realizar determinados gastos, bien pueden efectuarse con los rubros normales de que dispone, sin que exista la necesidad de crear el rubro "gastos confidenciales" que en principio no es aceptable en el manejo de las cuentas públicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Presidencia señala que correspondería votar seguidamente los artículos 18 a 47, con las excepciones de aquellos artículos que en Comisión merecieron algunas objeciones y que fueron los artículos 19, 25 y 26.

Por consiguiente, se van a votar todos los demás artículos, del número 18 al 47.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 19.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Creo que en la discusión general quedó clara nuestra posición. Nos oponemos a este artículo por cuanto es el gasto más voluminoso que presenta la Rendición de Cuentas con un precio total de alrededor de U$S 40:000.000 de los cuales U$S 29:000.000 surgen del costo de las naves y U$S 11:000.000 de gastos. Entendemos que dada la situación del Erario -a la que tanto se ha hecho referencia- y las prioridades que existen en el plano nacional, esto no constituye una prioridad sin perjuicio de reconocer que las naves son necesarias para el desempeño de las funciones de la Armada. Repito, que no nos parece conveniente destinar esta partida, en este momento, a la adquisición por la Armada Nacional de estas dos naves que se destinarían al patrullaje del área económica del mar territorial.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19.

(Se vota:)

-17 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Simplemente, deseo señalar que hemos acompañado esta disposición, porque nos parece que adopta un buen criterio para la actualización de los precios que percibe el Ministerio del Interior por algunos servicios que brinda. En este caso, nos estamos refiriendo al criterio de la inflación ocurrida el que, por otra parte, nos gustaría que se aplicara en forma generalizada a todos los reajustes de precios que hay que hacer en la economía, cuando es menester llevarlos a cabo.

Lo que no nos complace demasiado es que, por ejemplo, en estos casos se aplique el criterio de la inflación ocurrida, mientras en otros se emplea el de la inflación futura. De esta forma, lo único que logramos es que algunos precios se adelanten respecto de otros, en tanto algunos se atrasan, con las consiguientes consecuencias sobre la distribución del ingreso. Sería terrible que se adelantaran los precios del Ministerio del Interior y se atrasaran los del Trabajo.

De todos modos, acompañamos este criterio, en función de que nos parece adecuado. Sobre esa base es que hemos votado este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el artículo 26.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Voy a hacer una referencia que quizás puede resultar un poco molesta en virtud de su carácter puramente gramatical.

Dejando de lado el contenido del artículo, aspiro a que no se establezca que los "Incisos" contratan. A mi juicio, autorizar a un Inciso a contratar, es una frase bastante disparatada como para que se incluya en una ley.

Digo esto, para que se tenga en cuenta en las normas presupuestales futuras, ya que no veo clima para su modificación ahora.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Además de estar de acuerdo con el señor senador Korzeniak, en el sentido de que los Incisos no contratan, sino que lo hacen las personas físicas o jurídicas, debo señalar que, a mi juicio, al final de este artículo se utiliza una expresión que resulta muy difícil de entender. La misma es la siguiente: "Quienes de acuerdo a dichas contrataciones" -o sea, una vez que son contratados- "Presten servicios" -esto significa que asumen funciones, prestan servicios y perciben un salario- "no revestirán la calidad de funcionarios públicos" Entonces, si no son funcionarios públicos, ¿qué son? ¿Con qué finalidad se los excluye de la condición de funcionarios públicos?

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: deseo señalar que este tema ya fue tratado en Comisión en los mismos términos que ahora lo plantea el señor senador Zumarán. La respuesta que se nos dio por parte de la señora Sub Contadora General de la Nación, es que se trata de personas que tienen una movilidad realmente excepcional llegando, en algunos casos, a prestar servicios por muy pocos días. Podemos comprender esta respuesta como una realidad, y entender que la propuesta que viene en este artículo es para autorizar la contratación.

De lo que se trata es de que una persona es funcionaria pública en tanto se llenen determinadas condiciones que, a sus efectos están previstas en la Ley Jubilatoria Nº 9.940, o en el Código Penal para ciertos delitos en que pueden incurrir los funcionarios públicos. Seguramente, estas personas contratadas por esta vía son funcionarios públicos.

Si fuera necesario aplicarles la legislación penal ¿quedarían eximidos de la que corresponde a los funcionarios públicos, porque la ley dice que no lo son? Si generaran derechos jubilatorios ¿estarían excluidos del régimen jubilatorio de los funcionarios públicos porque la ley establece que no lo son? Este caso se parece mucho al ejemplo que se solía poner del Parlamento inglés, que podía hacer todo lo que quisiera menos transformar el sexo de las personas. En este caso ¿realmente podemos decir que no son funcionarios públicos personas que están...

SEÑOR SANTORO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Nosotros recordamos que en la Comisión se discutió esta norma, y se hicieron planteamientos desde el punto de vista doctrinario o conceptual, en los mismos términos en que los formula ahora el señor senador Cassina.

Apelamos a nuestros viejos conocimientos en Derecho Administrativo y recordamos que se nos enseñó que para tener la condición de funcionario público era necesario ser investido como tal. Este personal tiene todas las apariencias del funcionario público, pero no posee la investidura de tal, en virtud de que se lo contrata a término por el régimen de arrendamiento de servicios.

No hay una decisión del poder político o de la Administración que disponga darle dicha investidura. En ese sentido nosotros creemos que a este personal le falta una de las condiciones fundamentales para llegar a ser funcionario público.

Por otra parte, el señor Ministro de Economía y Finanzas, en oportunidad de concurrir a la Comisión, señaló que esta redacción había sido formulada en razón de las observaciones que había realizado el Tribunal de Cuentas en repetidas ocasiones. En consecuencia, se redactó esta norma con el fin de solucionar el problema que el Tribunal de Cuentas le había señalado en distintas oportunidades al Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: creo que no es oportuno hacer una discusión extensa sobre este artículo. Reconocemos que, de esta forma, se contempla una situación real que se da en este servicio de cafetería del Ministerio de Economía y Finanzas que se ha procurado solucionar por la vía de esta redacción.

Esto ya fue explicado por el señor Ministro y por la señora Sub Contadora General de la Nación.

De todos modos -y hasta donde llegan mis recuerdos sobre estudios de Derecho Administrativo, que, seguramente, no fueron realizados con el mismo profesor que el señor senador Santoro, ya que él debe haber sido alumno del doctor Aparicio Méndez, en tanto yo lo fui del doctor Sayagués Lazo- creo que, a juicio del doctor Sayagués Laso, estas personas estarían incluidas en la calidad de funcionarios públicos.

No quiero insistir más sobre este tema. Simplemente, quería formular esta observación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 26.

(Se vota:)

-16 en 23. Afirmativa.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Simplemente quería dejar constancia en la versión taquigráfica de mi satisfacción de haber votado afirmativamente el artículo 28 por el cual se suprime la Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos.

SEÑOR PRESIDENTE. - No tengamos ahora una polémica histórica como la del día de ayer.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quisiera solicitar una aclaración. Pido excusas porque ella está relacionada con el artículo 35, que sustituye al artículo 445 de la Ley Nº 15.809. La última frase de dicho artículo -que aparece en la página 47- dice, entre paréntesis "Técnico Profesional en el área de la Salud". Me consta que el Técnico Profesional en el área de la salud abarca además del médico propiamente dicho, al médico que se especializa en la administración de centros de salud. También existen títulos profesionales que tienen que ver con los técnicos en la administración que no tienen la calidad de médicos, o sea, en términos sencillos, que no egresaron de la Facultad de Medicina. Simplemente hago la pregunta de si lo mencionado comprende a este tipo de profesionales o solamente a los egresados de la Facultad de Medicina que se han especializado en el área de la salud.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: no voy a contestar directamente la pregunta, pero deseo hacer una reflexión en voz alta sobre este tema.

Creo que el artículo está orientado a la especialidad en el área de la administración vinculada a la salud. Quiere decir que no necesariamente quienes tengan conocimientos de la administración en el área de la salud deben ser médicos. Existen sistemas educativos fuera de nuestro país en los que el reconocimiento de determinados estudios puede desembocar en calificar técnicamente a una persona para desempeñar este cargo en el Uruguay. Por ejemplo, un abogado puede realizar un post-grado en Administración de la Salud fuera del país o cualquier otro tipo de educación básica y, naturalmente, esa especialización en el exterior lo habilita para ocupar este cargo.

Creo que los dos elementos que se requieren para ocupar este cargo son los conocimientos y los estudios en Administración vinculados específicamente a un tema tan complejo y delicado como es la Administración de la Salud, que, más allá de las carencias que pueda tener nuestro sistema educativo, requiere cada día una especialización mayor.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Apoyando lo que dice el señor senador Abreu, quiero expresar que el señor Ministro de Salud Pública se manifestó en igual sentido en la Comisión. En la página 23 de la versión taquigráfica de la sesión del día 24 de agosto de 1990, del Distribuido Nº 346, consta que el señor Ministro dice, entre otras cosas: "La nueva redacción es para ampliar la gama de profesionales que pueden desempeñar el cargo. De esta manera" -pone varios ejemplos- "podrán ocupar el cargo y se le da al Poder Ejecutivo mayores posibilidades de designación".

Es con ese criterio que se incluye esta parte final del artículo 35.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Si la memoria no me traiciona, en la Comisión habíamos visto que el Escalafón Técnico Profesional está fijado por el artículo 29 de la Ley Nº 15.809, que figura en la página 125 de la carpeta que contiene el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas aprobada por la Cámara de Representantes, con las disposiciones legales citadas. Ahí se define cuáles son los títulos universitarios que integran dicho Escalafón. En materia de salud, están comprendidos el doctor en medicina y el doctor en odontología, solamente. Por lo tanto, me parece que la remisión debe ser hecha a estos títulos expedidos por la Universidad de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el Capítulo III, "Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República", que comprende los artículos 48 a 63.

(Los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"CAPITULO III
ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 16
Poder Judicial

Artículo 48. - Increméntase la partida creada por el literal a) del artículo 516 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a partir del Ejercicio 1990, en N$ 150:000.000 (nuevos pesos ciento cincuenta millones) a valores del 1º de enero de 1990.

Art. 49. - Extiéndese la compensación especial no sujeta a montepío dispuesta por el artículo 112 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, a los Jueces de Paz Departamentales del Interior y a los Jueces de Paz de las ciudades del interior.

Art. 50. - La facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia por el artículo 121 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, también podrá ser ejercida respecto a todos los Juzgados de la República, cualquiera sea su materia.

Art. 51. - Extiéndese la excepción establecida en el inciso segundo del artículo 2º de la Ley Nº 16.053, de 20 de julio de 1989, a aquellos Juzgados en los que la Suprema Corte de Justicia, por resolución fundada, disponga que actúen simultáneamente de conformidad con los anteriores y nuevos procedimientos en primera instancia.

Art. 52. - Cuando los tribunales colegiados eleven expedientes en casación a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, deberán remitir conjuntamente los facsímiles a que refiere el artículo 344.2 del Código General del Proceso, los que tendrán el mismo valor que si fueran certificados por el Secretario de aquella Corporación.

Los órganos colegiados podrán disponer la destrucción de dichos facsímiles, cuando no fuere de utilidad ulterior su conservación.

Art. 53. - Transfórmase un cargo de Juez Letrado de Primera Instancia del Interior en Prosecretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia el que quedará equiparado, a todos los efectos de la carrera judicial como en su dotación, a los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior.

INCISO 18
Corte Electoral

Artículo 54. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1990, el Rubro 3 "Servicios no Personales", excepto suministros, en N$ 46:000.000 (nuevos pesos cuarenta y seis millones).

Art. 55. - Fíjase el crédito para gastos con cargo al Rubro 3 "Servicios no Personales", renglón 3.8.9, derivado 004, en N$ 3:220.000 (nuevos pesos tres millones doscientos veinte mil), equivalente a U$S 4.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro mil) para el Ejercicio 1990, a fin de efectuar los contratos de arrendamiento de obra necesarios para programar y poner en marcha el equipo de computación del Departamento de Contaduría.

Art. 56. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1990, el crédito para inversiones en N$ 20:000.000 (nuevos pesos veinte millones) para atender el Proyecto 001 "Reparación y Mejoras de las Oficinas Electorales Departamentales".

Art. 57. - Los funcionarios de los Escalafones D a F que a la fecha de promulgación de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por resolución de la Corte Electoral hubieren desempeñado en forma continua y durante un lapso no menor de cuatro años tareas propias del Escalafón C y continúen haciéndolo al presente, podrán solicitar su regularización presupuestal mediante la incorporación en el grado equivalente de dicho Escalafón.

Regirán al efecto las demás disposiciones, excepciones, plazos y condiciones establecidas por el artículo 337 de la citada ley.

INCISO 25
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

Artículo 58. - Otórgase, a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990, una partida mensual sujeta a montepío de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil) a los maestros del Escalafón H de la Unidad Ejecutora 002 "Consejo de Educación Primaria" que ejerzan efectivamente la docencia directa a educandos en establecimientos de dicha unidad. En caso de acumulación de cargos, la partida se abonará sólo en el de remuneración mayor.

INCISO 26
Universidad de la República

Artículo 59. - Sustitúyense los literales D) y E) del artículo 382 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por los siguientes:

"D) Reforzar las asignaciones de inversiones con créditos destinados a gastos corrientes o al Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales".

E) Para reforzar los créditos de los Rubros 2 "Materiales y Suministros " y 3 "Servicios no Personales" y los subrubros 4.7 "Motores y partes para reemplazo" y 5.4 "Semovientes", se podrá utilizar hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones y de los asignados al Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales".

Art. 60. - El fondo permanente que se asigne al Inciso 26 "Universidad de la República" de acuerdo a lo establecido por el artículo 535 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, será equivalente a dos duodécimos de la suma total asignada en el respectivo presupuesto para gastos de funcionamiento, con excepción de la correspondiente a retribución de servicios personales, cargas legales y prestaciones de carácter social, y suministros de bienes o servicios efectuados por organismos estatales y paraestatales. Dicho monto será ajustado anualmente al 1º de enero de cada año de acuerdo a los créditos permanentes vigentes a esa fecha.

Art. 61. - El monto resultante de los descuentos sobre sueldos de los funcionarios docentes y no docentes de la Unidad Ejecutora 015 "Hospital de Clínicas", como consecuencia de sanciones, inasistencias o impuntualidades, se destinará a la contratación de suplentes.

A tales efectos la Universidad de la República comunicará mensualmente a la Contaduría General de la Nación los descuentos efectuados, quien habilitará la asignación correspondiente en el renglón 0.7.3, derivado 332 "Retribuciones funcionarios que sustituyen Funciones Centros Asistenciales", procediendo a la baja del monto respectivo en el crédito de origen.

Art. 62. - Los créditos presupuestales correspondientes a licencias sin goce de sueldo y apartamientos de la carrera administrativa, en este caso para los funcionarios docentes, serán utilizados para la contratación de suplentes en los servicios respectivos.

Art. 63. - Los créditos asignados para las partidas correspondientes a becas y seguro de salud del Programa 003 "Bienestar Universitario", se ajustarán periódicamente en la forma dispuesta por el artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

SEÑOR PRESIDENTE. - Según la información que tiene la Presidencia, los artículos que no se votaron por unanimidad en la Comisión fueron los artículos 49 y 55, por lo que correspondería votar los restantes.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Nosotros vamos a votar afirmativamente este Capítulo, pero queremos hacer algunas puntualizaciones acerca de determinadas disposiciones, como ser las referentes al Poder Judicial, a la Universidad de la República y a ANEP.

En lo que dice relación con el Poder Judicial, queremos significar que en el Mensaje que éste remitió al Poder Legislativo reclamó, para el cumplimiento de los objetivos de poner en funcionamiento todos los Juzgados y servicios que prevé el Código General del Proceso, una partida de N$ 400:000.000, pero por el artículo 48 la misma se limita a N$ 150:000.000.

Como lo afirmó el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Comisión, esta limitación va a colocar en serio riesgo el hecho de poder cumplir efectivamente con las metas que se había trazado dicho organismo para aplicar el Código General del Proceso.

En lo que tiene que ver con las disposiciones que atañen a la Universidad de la República, en Comisión se examinaron los pedidos de la misma referentes a limitar al Tribunal de Cuentas los controles del gasto, en el entendido de que este mecanismo era suficiente para que el gasto fuera ordenado en el plano legal y se cumpliera en tiempo.

De hecho, ya desde la Legislatura pasada, la Universidad de la República viene reclamando que la Contaduría General de la Nación -que comenzó desde el régimen dictatorial a ejercer el control y a disponer su gasto- no interviniera más porque esto dificultaba la aplicación en término de las partidas correspondientes a los respectivos programas. También reclamó la posibilidad de utilizar las economías de un año en los Ejercicios siguientes, teniendo en cuenta que, desde hace más de veinte años, en el marco de la Universidad de la República siempre se actúa con restricciones muy severas desde el punto de vista financiero para cumplir con sus funciones.

De modo, pues, que a nuestro entender estas dos disposiciones permitirían a la Universidad cumplir eficientemente con aquello que los Poderes Ejecutivo y Legislativo habían acordado conceder para ese fin. Sin embargo, en Comisión no se entendió así y estas dos disposiciones no fueron contempladas. Al respecto, quisiera señalar que sí fueron contempladas otras en la órbita de la Cámara de Representantes -las que naturalmente acompañó unánimemente la Comisión- para permitir que en algún plano la Universidad de la República pudiera utilizar eficientemente sus recursos.

Por otro lado, los mecanismos que se establecieron como ser el llamado "fondo permanente" o la "caja chica", para ser utilizados en los gastos de funcionamiento -que se elevaron a dos duodécimos- fueron reclamados también por la Administración Nacional de Educación Pública, pero lamentablemente no se dio la posibilidad de contemplarlos.

Señalo esto porque en Comisión se entendió -incluso por parte del Rector de la Universidad- que estos mecanismos iban a ayudar eficazmente a que los gastos de esta Casa de Estudios se realizaran de la mejor manera posible.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Vamos a votar este Capítulo, pero con respecto al artículo 48 querríamos saber si estamos equivocados cuando entendemos que la partida que solicitó el Poder Judicial -la que efectivamente se sitúa en N$ 400:000.000- que quedó en N$ 150:000.000, resulta complementada por lo dispuesto en el artículo 96 por el que se le otorgan N$ 241:000.000.

Además, compartimos las observaciones hechas al artículo 58 en cuanto a la insuficiencia de la retribución de que se dispone y, también, porque deben ser contemplados todos los docentes, lo que esperamos ocurra en el Presupuesto.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Deseo aclararle al señor senador Singlet que estos dos rubros son distintos. Por un lado, hay una partida destinada a inversiones aplicadas a gastos de instalación para el funcionamiento de los Juzgados, tal como lo establece el Código General del Proceso. Por otro, existe otra partida de alrededor de N$ 240:000.000, compensatoria de la tasa del Timbre de Patente Judicial que hasta ahora se paga, pero que se derogará por otra disposición incluida en las normas tributarias, estableciéndose el impuesto judicial. Entonces, de ese impuesto judicial se saca esa partida que va a compensar en algo, a valores de 1º de enero de 1990, lo que actualmente recibe el Poder Judicial por el cobro de dicho Timbre de Patente Judicial.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Deseo expresar mi preocupación por no haberse tomado en cuenta las necesidades del Poder Judicial derivadas de la puesta en marcha del nuevo régimen procesal, lo que podría determinar -según lo manifestado por el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Comisión- que en la práctica no sea posible instrumentar la aplicación de lo establecido por el Código General del Proceso, tal como lo había querido el legislador y como lo había proyecto la Suprema Corte de Justicia.

El señor senador Gargano ha señalado que el tema no se soluciona por la previsión del artículo 96, porque lo que aquí se está haciendo es una sustitución de recursos, es decir, se sustituye un recurso que el Poder Judicial obtiene directamente, que ahora se deroga, o sea el timbre que se aplica en los escritos por una cantidad fija que dicho Poder retendrá de un nuevo tributo creado para la actuación judicial.

Pienso que será necesario esforzarse para que sean contempladas estas necesidades del Poder Judicial en la Ley de Presupuesto, porque sería lamentable que las inquietudes que todos compartimos en lo que hace a una sustancial modificación del régimen procesal en nuestro país, se vieran frustradas por el hecho de que el Poder Judicial no reciba los recursos indispensables.

En cuanto a los dos Entes Autónomos de la enseñanza reconocemos -como lo hicieran las autoridades de la Universidad en la Comisión- que a través de los artículos 59 y 60 se da un paso adelante en el otorgamiento de una mayor autonomía financiera a la Universidad. De todos modos, estamos aún muy lejos de cubrir las necesidades de la Universidad y de ANEP. Me refiero a las necesidades de la Universidad que estuvieron contempladas en la Ley Orgánica de 1958, particularmente en lo que tiene que ver con el control exclusivo del Tribunal de Cuentas y, sobre todo, a la posibilidad de utilizar los excedentes de un Ejercicio en el siguiente. Como lo hemos podido comprobar en las pasadas Rendiciones de Cuentas, esto determinó que las autoridades de la enseñanza se hayan visto obligadas, en algunos casos, para no perder los créditos respectivos, a gastar apresuradamente y a veces mal. En cambio, si tuvieran la facultad de disponer de los recursos no utilizados en un Ejercicio y emplearlos en el siguiente, seguramente se podría gastar mucho mejor, más racionalmente y sin apresuramientos. Esto hace a la autonomía financiera de los dos organismos docentes, lo que deberíamos consagrar en la Ley Presupuestal que está a consideración de la Cámara de Representantes.

SEÑOR VIERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA. - Simplemente, quiero expresar que en la Comisión hemos sostenido los mismos criterios que ahora han expuesto los señores senadores Cassina y Gargano, con respecto al Poder Judicial, a la Universidad y a la Enseñanza Media.

Votaremos afirmativamente, pero deseamos dejar constancia, asimismo, de que no estamos de acuerdo con las soluciones incluidas en estos artículos.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Quiero señalar muy brevemente, señor Presidente -aunque ya algunos señores senadores han hecho referencia a la forma en que la Universidad ha sido contemplada en esta Rendición de Cuentas- que quien habla, durante tantos años, ha asistido en este Parlamento a la dificultad del diálogo entre la Universidad de la República y el Poder Legislativo o con el Gobierno. Por ello, considero que esta es la ocasión propicia para citar las manifestaciones hechas por el señor Rector de la Universidad en el seno de la Comisión, cuando expresó, por su propia inspiración, al fin de su intervención, lo siguiente: "Quisiera agregar, simplemente, que la Universidad desea dejar claramente establecido su beneplácito -esa sería exactamente la palabra- frente a lo que en esta Legislatura ha sido recogido de los planteos universitarios". Al término de su exposición agregó: "Para finalizar, expresamos nuestro agradecimiento y señalamos que este ha sido un paso adelante: esperamos dar en el futuro otro aún mayor".

Creo que estas expresiones son de una enorme significación. En estos ámbitos parlamentarios siempre hemos oído el reclamo de la Universidad por contar con mayores recursos y posibilidades en el manejo financiero, procurando de ese modo una mayor autonomía. Hemos visto, también, las dificultades en el diálogo y los enfrentamientos. Hemos observado que el señor Rector de la Universidad de la República, con su enorme jerarquía -que en su condición tiene- pronuncia estas palabras en el Parlamento. Queremos resaltar el hecho por las circunstancias significativas que tiene y considerar que en adelante, estas manifestaciones, junto con el esfuerzo del gobierno y de los integrantes del Poder Legislativo, servirán para dar un paso más, tal como lo ha reclamado el señor Rector.

SEÑOR VIERA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SANTORO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR VIERA. - Es exacto lo que dice el señor senador Santoro en cuanto a las manifestaciones vertidas por el señor Rector en el seno de la Comisión, las que inclusive crearon en ella un clima muy auspicioso y siendo bien recogidas. Sin embargo, por las informaciones que poseo, mucho me temo que con el Presupuesto quinquenal las autoridades de la Universidad puedan decir lo mismo que ahora.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Terminamos diciendo que es cuestión de esperar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se nos informa por la Secretaría de la Comisión que el artículo 49 -contra lo que expresamos- fue votado en ella por unanimidad de 12 votos en 12.

Por consiguiente, se votarán todos los artículos a excepción del 55.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 55.

SEÑOR GARGANO. - Tengo anotado que la votación de este artículo en Comisión fue de 11 en 11.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE. - En tal caso, damos por votado el artículo.

El error, si es tal, proviene de una planilla que en el día de ayer nos entregó el señor Presidente de la Comisión -hoy ausente- en la que los artículos 49 y 55 no figuraban como votados por unanimidad.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - No deseo entrar en discusión al respecto, pero tengo anotada una votación de 9 en 10 con respecto al artículo 55.

SEÑOR PRESIDENTE. - A fin de evitar errores, vamos a votar el artículo 55.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo IV, Inciso 21, "Subsidios y Subvenciones", que comprende los artículos 64 y 65.

(Los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"CAPITULO IV

INCISO 21
Subsidios y subvenciones

Artículo 64. - Increméntase, para el Ejercicio 1990, el monto del subsidio fijado para Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE) en N$ 443:769.000 (nuevos pesos cuatrocientos cuarenta y tres millones setecientos sesenta y nueve mil) para regularizar los adeudos pendientes de pago con organismos públicos.

Art. 65. - Fíjase en hasta N$ 36:000.000 (nuevos pesos treinta y seis millones) la subvención concedida por el inciso primero del artículo 409 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, al Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo".)

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo V, Inciso 24, "Diversos Créditos", que incluye los artículos 66 y 67.

(Los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"CAPITULO V

INCISO 24
Diversos Créditos

Artículo 66. - Transfiérese del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" al Inciso 24 "Diversos Créditos", el Programa "Generación y Transferencia de Tecnología", habilitándose los saldos del mismo a la fecha de promulgación de la presente ley.

Dicho Programa será ejecutado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el que administrará la partida establecida precedentemente.

Art. 67. - Autorízase al Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" a transferir del crédito asignado por el Proyecto 812 "Puentes Varios", financiación FIMTOP del Programa 003 "Dirección Nacional de Vialidad", la suma de N$ 755:000.000 (nuevos pesos setecientos cincuenta y cinco millones) del Ejercicio 1990, a valores del 1º de enero de 1990, al crédito asignado por el artículo 366 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, incrementado por el artículo 94 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, para financiar gastos de traslado de docentes a centros de enseñanza de difícil acceso en el interior de la República".)

SEÑOR PRESIDENTE. - Se informa a la Mesa que el artículo 67 no ha sido votado por unanimidad, por lo que lo votaremos separadamente.

En consideración el artículo 66.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 67.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos al Capítulo VI, "Normas Tributarias", que comprende los artículos 68 a 98.

(Los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"CAPITULO VI
NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 68. - Declárase que las disposiciones del Título II del Libro II del Código General del Proceso, relativas al proceso cautelar, no han afectado la vigencia de los artículos 87 a 90 del Código Tributario, que regían a la fecha de la promulgación de aquél.

Art. 69. - Facúltase a la Dirección General Impositiva a proceder a clausurar, hasta por un lapso de seis días hábiles, los establecimientos de los sujetos pasivos en los casos en que se compruebe que realicen ventas o presten servicios sin emitir factura o documento equivalente cuando corresponda, escrituren facturas por un importe menor al real o transgredan el régimen general de documentación.

Los hechos constitutivos de la infracción serán documentados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 del Código Tributario y la clausura deberá decretarse por resolución fundada.

Los recursos que se interpongan contra dicha resolución no tendrán efecto suspensivo.

La Dirección General Impositiva podrá contar con el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir esta disposición.

Art. 70. - Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y de percepción de todos los impuestos que recaude la Dirección General Impositiva.

Art. 71. - Interprétase que el término "ingreso neto" a efectos de la aplicación del artículo 14 del Título 7 del Texto Ordenado 1987 corresponde al ingreso bruto menos la deducción de los costos de producción establecidos en el inciso primero del artículo 11 del referido Título.

Art. 72. - Sustitúyese el inciso final del artículo 445 de la Ley Nº 15.963, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"Esta disposición regirá exclusivamente para los ejercicios cerrados desde el 1º de enero de 1987 en adelante".

Impuesto a las Comisiones

Artículo 73. - Agrégase al artículo 20 del Título 4 del Texto Ordenado 1987, el siguiente literal:

"D) las derivadas de los ingresos comprendidos en el Impuesto a las Comisiones".

Art. 74 (Hecho generador). - Créase un tributo que gravará los ingresos devengados por los sujetos pasivos de este impuesto en concepto de comisiones u otro tipo de retribuciones.

Art. 75 (Configuración del hecho generador). - El hecho generador se considera configurado cuando el contrato o acto equivalente tenga ejecución mediante la realización del servicio gravado.

Dichas prestaciones se presumirán realizadas en la fecha de la factura respectiva, sin perjuicio de las facultades de la Administración de fijar la misma cuando existiera omisión, anticipación o retardo en la factura.

En todos los casos en que la contraprestación no se haga efectiva total o parcialmente por insolvencia del deudor, prescripción, mandato judicial, rescisión del contrato, bonificación, descuento o ajuste posterior de precio o por cualquier otra causa ajena a la voluntad del contribuyente, éste tendrá derecho a la deducción del monto correspondiente.

Art. 76 (Monto imponible). - El monto imponible estará constituido por la contraprestación devengada, correspondiente a la prestación del servicio gravado.

Art. 77 (Exoneraciones). - Estarán exoneradas las comisiones u otro tipo de retribuciones obtenidas al amparo de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987.

Art. 78 (Sujetos pasivos). - Serán sujetos pasivos quienes obtengan los ingresos de referencia en su calidad de mandatarios, comisionistas o consignatarios, mediadores, corredores de cambio, agentes de comercio exterior, despachantes de aduana, rematadores, corredores y quienes desempeñen actividades de similar naturaleza aunque tengan otra denominación.

Quedan exceptuados los profesionales universitarios en el ejercicio de su profesión.

Art. 79 (Tasa). - En 1991 la tasa máxima del impuesto será del 5% (cinco por ciento); a partir del 1º de enero de 1992 la tasa máxima será del 7% (siete por ciento) y a partir del 1º de enero de 1993 será del 9% (nueve por ciento).

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la misma dentro del referido límite.

Art. 80 (Declaración jurada y pago). - El impuesto se liquidará y pagará en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 81. - El Poder Ejecutivo fijará anualmente, para las actividades que determine, el monto de ingresos hasta el cual los contribuyentes del impuesto no quedarán alcanzados por el mismo.

Tributo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Artículo 82. - Créase un tributo que gravará los escritos que se presenten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por cada parte ya sea actor, demandado o tercerista.

El referido tributo deberá ser abonado tantas veces como litigantes comparezcan.

Art. 83. - El tributo a que refiere el artículo anterior será de N$ 5.000 (nuevos pesos cinco mil).

El Poder Ejecutivo actualizará anualmente dicha suma con vigencia al 1º de enero de cada año de acuerdo a la variación del Indice General de los Precios del Consumo determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, en el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 30 de noviembre del año anterior.

Art. 84. - El Tribunal de lo Contencioso Administrativo será el agente recaudador y reglamentará la forma de instrumentación y pago del tributo.

Art. 85. - De los fondos líquidos resultantes, deducidos los gastos de emisión y percepción, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispondrá de hasta N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones) para financiar exclusivamente gastos e inversiones correspondientes a ese organismo y se regirá por las normas que regulan el uso de los fondos extrapresupuestales.

Dichos fondos también podrán utilizarse, en forma transitoria, para adelantar pagos de erogaciones que tengan otra financiación.

El referido importe se ajustará al 1º de enero de cada año de acuerdo a la variación del Indice General de los Precios del Consumo confeccionado por la Dirección General de Estadística y Censos. El saldo restante será depositado en el Tesoro Nacional.

Art. 86. - Estarán exonerados de este tributo:

A) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial.

B) Los que perciban ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos, así como sus demandados (artículo 254 de la Constitución de la República). El Tribunal de lo Contencioso Administrativo reglamentará la forma de acreditar el extremo.

C) Los escritos presentados con la firma de los letrados dependientes de la Asesoría de la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Impuesto Judicial

Artículo 87. - Los actos procesales que se indican en el artículo siguiente y que se realicen ante el Poder Judicial tributarán un impuesto cuyo valor se regulará de acuerdo con la siguiente escala:

MONTO DEL ASUNTO

VALOR

Hasta

  

N$

500.000

N$

1.000

De más de N$  

500.000

hasta N$

1:000.000

N$

2.500

De más de N$  

1:000.000

hasta N$

2:500.000

N$

4.000

De más de N$

2.500.000

hasta N$

5:000.000

N$

5.000

De más de N$

5:000.000

hasta N$

10:000.000

N$

6.000

De más de N$

10:000.000

hasta N$

25:000.000

N$

7.500

Desde N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones) en adelante, el valor será de N$ 7.500 (nuevos pesos siete mil quinientos) aumentado a razón de N$ 2.000 (nuevos pesos dos mil) por cada N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones) o fracción excedente.

En los juicios de desalojo y en los asuntos por pensiones se regulará la escala anterior atendiendo al monto del importe total de un año de arrendamiento o pensión.

En el primer escrito o acta el actor o interesado de la gestión deberá expresar el valor que atribuye al asunto y, de acuerdo con dicha estimación, se aplicará la escala precedente, sin perjuicio de la facultad del Juez de aumentar dicho valor si lo considerara no ajustado.

Los asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria se regirán, según la jurisdicción donde se hubieren iniciado y hasta su conclusión, de acuerdo con la siguiente escala:

- En los Juzgados de Paz, N$ 1.000 (nuevos pesos un mil).

- En los Juzgados Letrados, Tribunales de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia, N$ 5.000 (nuevos pesos cinco mil).

En los juicios sucesorios se iniciará el asunto con el tributo que corresponda al Juzgado en que se tramita y fijado el acervo líquido de la herencia, gananciales y restituciones dotales y maritales, que a tal efecto se sumarán se liquidará aquél con arreglo a dicho monto.

Cuando se trate de comparecencias en audiencias en juicios regidos por el Código General del Proceso, el tributo a pagar será del doble del indicado precedentemente.

Art. 88. - El tributo fijado en el artículo anterior gravará los siguientes actos procesales de las partes:

A) Demanda principal, contestación, reconvención y contestación de la misma.

B) Demanda en juicio monitorio y oposición de excepciones.

C) Demanda incidental escrita y contestación.

D) Escrito de iniciación en los procesos voluntarios.

E) Comparecencia a cada audiencia de conciliación, preliminar o complementaria, en primera o segunda instancia.

F) Interposición de recursos de apelación y casación y contestación a los mismos y acción y excepción de inconstitucionalidad.

G) Escritos de prueba en los juicios que se rigen por el Código General del Proceso.

H) Demanda de ejecución de sentencia y contestación.

En caso de integración plurisubjetiva de alguna de las partes, cada integrante abonará íntegro el tributo por los actos procesales que realice, salvo que comparezcan por procurador común.

Art. 89. - En los casos de quiebra, concursos, liquidaciones de sociedades y concordatos, el monto del tributo será el que corresponda a la jurisdicción ante la cual se tramita.

No obstante ello el Juez de la causa, en cualquier tiempo, podrá fijar el monto del asunto a los efectos de la aplicación del tributo.

Art. 90. - En la intimación de pago de alquileres se deberá pagar:

A) Cuando los alquileres mensuales no excedan de N$ 20.000 N$ 500

Alquileres mensuales de más de N$ 20.000 hasta N$ 60.000 N$ 1.000

Alquileres mensuales de más de N$ 60.000 N$ 2.500

B) Cuando se trate de intimación o de desalojo de comodatarios precarios, pensionistas y huéspedes de hoteles N$ 2.500

Art. 91. - En materia penal se actuará sin abonar previamente el tributo. En caso de condena se repondrá el mismo aplicando la escala que corresponda al Juzgado Letrado donde se sustanció el expediente.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, cuando se formulen denuncias o querellas por particulares, los Jueces podrán ordenar que el trámite quede sujeto a lo dispuesto precedentemente en cuanto a los tributos por los escritos o exposiciones que se promuevan hasta el auto de procesamiento.

Art. 92. - La parte del trabajador estará exonerada del pago de tributos judiciales pero el patrono deberá satisfacerlos en caso de ser condenado al pago de la demanda con costos.

Art. 93. - Estarán esimidos de los tributos establecidos:

1) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial.

2) Las personas físicas o jurídicas que disfruten de auxiliatoria de pobreza.

3) Los que gestionen la auxiliatoria de pobreza y los que interpongan el recurso de "habeas corpus" sin perjuicio de la resolución definitiva, podrán actuar en el juicio principal sin pagar los tributos que establece la presente ley, siempre que sea indispensable, en opinión del Juez, para la conservación de su derecho. En los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria la auxiliatoria de pobreza será otorgada en todos los casos en que el interesado pruebe que sus recursos son inferiores a dos salarios mínimos nacionales. En los demás casos el Juez apreciará los recursos del solicitante en relación al tributo que corresponda.

4) Los que promuevan acción por alimentos, "litis expensas" o acción de amparo, sin perjuicio de las condenaciones o reposiciones que correspondan.

5) Los exhortos y cartas rogatorias del exterior cuando en el país de origen exista reciprocidad para con la República respecto a la liberación de tributos judiciales y los que se cursen en materia penal.

En los asuntos de competencia de los Juzgados de Menores y de Familia, los Tribunales y Jueces podrán conceder exenciones sin perjuicio de las condenaciones y reintegros que se dispongan.

Estas exenciones son revocables de oficio.

La concesión o revocación de este beneficio solamente admite recurso de reposición.

Art. 94. - El tributo que se crea por las disposiciones precedentes deberá ser abonado en forma previa a la presentación de los respectivos escritos o, en su caso, de la comparecencia a las audiencias.

La Suprema Corte de Justicia recaudará este tributo y reglamentará la forma e instrumentación del mismo.

Art. 95. - El Poder Ejecutivo actualizará anualmente la escala de montos y tributos correspondientes, con vigencia el 1º de enero de cada año, de acuerdo a la variación del Indice General de los Precios del Consumo determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, en el período comprendido entre el 1º de diciembre al 30 de noviembre del año anterior.

Art. 96. - De los fondos líquidos resultantes, deducidos los gastos de emisión y percepción, la Suprema Corte de Justicia dispondrá de hasta N$ 241:500.000 (nuevos pesos doscientos cuarenta y un millones quinientos mil) para financiar exclusivamente gastos e inversiones correspondientes a ese organismo y se regirá por las normas que regulan el uso de los fondos extrapresupuestales.

Dichos fondos también podrán utilizarse, en forma transitoria, para adelantar pagos de erogaciones que tengan otra financiación.

El referido importe se ajustará al 1º de enero de cada año de acuerdo a la variación del Indice General de los Precios del Consumo confeccionado por la Dirección General de Estadística y Censos. El saldo restante será depositado en el Tesoro Nacional.

Art. 97. - Deróganse los artículos 546 y 560 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 98 (Disposición transitoria). - A los efectos de la primera actualización de los tributos Judicial y Tribunal de lo Contencioso Administrativo se tomará en cuenta el período comprendido entre el 1º de enero de 1990 y el 30 de noviembre de 1990".)

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: solicitaría que se desglosen los artículos 69, 70, 78 y 93.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - En el mismo sentido del señor senador, vamos a solicitar que se desglosen los artículos 77, 81, 87 y 97.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo VI, "Normas Tributarias", exceptuando los artículos 69, 70, 77, 78, 81, 87, 93 y 97.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 69.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: vamos a referirnos específicamente al artículo 69, desglosado por este Cuerpo. Los señores miembros de la Comisión saben que he formulado al mismo algunas observaciones que de manera sistematizada y resumida trataré de exponer en esta oportunidad.

El artículo 69 proyecta otorgar a la administración tributaria la facultad de clausurar establecimientos industriales y comerciales. A nuestro juicio, otorgar dicha facultad a la administración tributaria supone contradecir normas constitucionales que protegen los invalorables derechos individuales. ¿Por qué? Porque, lo que aquí está en juego es un derecho individual que involucra la libertad de trabajo que, de acuerdo con el marco constitucional, sólo puede ser limitada o restringida por los órganos jurisdiccionales conforme a un previo y debido proceso. En la conformación de la norma proyectada, sin embargo estas circunstancias no se hallan presentes.

La interpretación que realizamos de esta norma jurídica está abonada por la más autorizada doctrina nacional y además, por los antecedentes que hemos podido encontrar en la materia. Dicha autorizada doctrina nacional sostiene, desde hace ya muchos años, que la clausura de establecimientos industriales y comerciales por parte de la administración tributaria violenta, normas constitucionales que amparan a los derechos individuales. Al invocar esta autorizada doctrina nacional no sólo acudo a la Cátedra de Derecho Financiero y de Finanzas de la Facultad de Derecho Financiero y de Finanzas de la Facultad de Derecho, sino también a aquella que elaboró los antecedentes inmediatos anteriores al Código Tributario que actualmente rige en el país, es decir, la Comisión que elaboró el proyecto de Código Tributario del año 1971.

Pero vamos por partes.

El Código Tributario vigente, en su artículo 93, consagra expresamente los tipos de infracciones tributarias. Dice: "Son infracciones tributarias: la mora, la contravención, la defraudación, la omisión de pago y la instigación pública a no pagar los tributos".

El profesor Ramón Valdés Costa, coautor del Código Tributario Concordado y Anotado, al comentar esta disposición dice expresamente: "La solución tiene su gran significación jurídica pues la aplicación de penas que afectan el ejercicio de derechos individuales consagrados por la Constitución, debe estar rodeada de las máximas garantías, entre ellas, la actuación de un Juez idóneo ajeno a las partes, como sostenía COUTURE, o super partes, como decía CARNELUTTI". Esta es la opinión de la más autorizada doctrina nacional.

Como señalaba anteriormente, existen antecedentes administrativos muy valiosos que también abonan esta interpretación. Los mismos surgen al analizar el proyecto de Código Tributario del año 1971, que sirvió de fuente directa al Código Tributario actualmente vigente.

Es así que en la misma publicación que acabo de señalar, esto es el Código Tributario Concordado y Anotado por el profesor Ramón Valdés Costa, en su página 380, refiriendo a estos antecedentes, especialmente dice que el artículo 72 del proyecto de Código Tributario de 1971, en su versión inicial, "... establecía con carácter general, que la Dirección General Impositiva podrá disponer el cierre del establecimiento por hasta 90 días en los casos previstos en el artículo 70. Los autores del proyecto de 1970, en la reunión mantenida el 20 de julio de 1971 con el delegado de la Dirección General Impositiva, observaron por inconstitucionalidad el texto proyectado, expresando que el cierre de establecimientos significa una pena que priva del derecho individual de la libertad de trabajo, la que sólo puede ser limitada por razones de interés general establecidos por la ley, artículos 10 y 36 de la Constitución de la República.

Agregaba que tratándose de una pena, sólo puede ser aplicada por los órganos jurisdiccionales, previo el debido proceso, artículo 12 de la Constitución. La índole y gravedad de esa pena sólo la hace aconsejable para castigar las evasiones fraudulentas graves.

El Poder Ejecutivo aceptó la observación y el artículo fue eliminado".

En suma, pues, señor Presidente, se puede concluir, en base a esta autorizada doctrina y a los antecedentes que sirven de fuente al actual Código Tributario, que esta facultad otorgada a la administración tributaria de la clausura de los establecimientos comerciales e industriales, es claramente inconstitucional por contrariar derechos individuales como el de la libertad de trabajo, que están expresamente consagrados en la Constitución de la República.

Cuando formulamos nuestras objeciones en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, los representantes del Poder Ejecutivo, sus Asesores y algún señor senador opusieron objeciones a esta interpretación. La primera de ellas fue la de que en el Derecho Comparado, en América Latina, existen ejemplos en los cuales la ley faculta a la administración tributaria a la clausura de establecimientos comerciales e industriales en determinadas circunstancias. Esta argumentación, que además encuentra apoyo en informes del Centro Interamericano de Administración Tributaria, CIAT, por cierto, desde nuestro punto de vista, no sirve para contradecir la línea interpretativa que sostenemos. Fundamentalmente, por cuanto el otorgamiento de determinadas facultades a la administración tributaria, determinadas atribuciones será o no constitucional teniendo presente cuál es el marco normativo constitucional de cada país. Si bien reconocemos que las Constituciones de los países latinoamericanos básicamente conocen una misma fuente, cierto es, también, que no todas conciben exactamente a las mismas soluciones en materia de reserva de ley.

Otro argumento que ha sido opuesto a nuestra interpretación, es que el Código Tributario también faculta a la administración a imponer penas pecuniarias, algunas de ellas muy abultadas y, por consiguiente, si eso es posible, por qué no también facultar a la administración al cierre de establecimientos.

Desde nuestro punto de vista, esta afirmación tampoco debilita la línea interpretativa que sostenemos, por dos razones. La primera de ellas, porque las sanciones pecuniarias no necesariamente importan o conllevan naturaleza punitiva. La segunda, porque la consecuencia entre una sanción de carácter pecuniaria o la de la clausura de un establecimiento comercial o industrial, es radicalmente diferente, en tanto y cuanto la segunda entraña un efecto irreparable, no así el de la pena pecuniaria.

Se ha argumentado también que esta norma proyectada del artículo 69, no violenta la Constitución de la República, por cuando la facultad concebida a la administración es posible sólo cuando se configuran determinadas situaciones de carácter objetivo. Y esta línea argumental, tampoco a nuestro juicio es de recibo, por cuanto teniendo esta sanción naturaleza punitiva, por consiguiente, de acuerdo con nuestro Derecho y el Derecho moderno en general, las infracciones -tributarias o no- que tienen naturaleza punitiva, deben observar el principio de la responsabilidad subjetiva.

También se ha dicho, argumentando en contra de ésta nuestra posición, que en nuestro Derecho Positivo abundan situaciones en las cuales la administración es facultada para imponer sanciones de cierre de establecimientos, como es el caso, por ejemplo, ante infracciones a las normas de bromatología o de las de la Ley de Subsistencias.

Ante afirmaciones como ésa, nosotros contestamos, señor Presidente, que las sanciones de esa naturaleza tienen un fundamento totalmente distinto que la que se persigue a través de esta norma, en la cual se faculta a la administración tributaria a limitar o gravemente transgredir un derecho individual.

De manera que tratándose de normas con fundamentos distintos, no pueden ser, desde el punto de vista de su interpretación jurídica, asimilables.

Finalmente, se ha dicho por parte de los representantes de la administración tributaria, que el otorgamiento de esta facultad a la administración es imprescindible, porque necesitan contar con un instrumento de esta naturaleza para continuar con la campaña de recaudación fiscal que esta Administración ha emprendido.

Reconocemos la importancia del propósito que persigue la Administración pero también le expresamos al Cuerpo que esta necesidad no es nueva. Otras Administraciones han perseguido idéntico propósito y han venido a proponer que este Parlamento les aprobara facultades como la que aquí se proyecta. Sin embargo, la más autorizada doctrina, reitero, en situaciones semejantes, ha sostenido reiteradamente la inconstitucionalidad de este tipo de atribuciones.

Comprendemos, señor Presidente, que este es un tema opinable. Como todas las cuestiones de derecho, siendo este, sin duda, un instrumento para la convivencia social -el derecho es muy dinámico- aquí se nos configura una situación más, de aquello que dice que siempre es posible invocar dos bibliotecas.

El punto planteado, señor Presidente, es muy delicado. Estamos en presencia de un asunto en donde debemos elegir entre la existencia de un derecho individual, cual es el derecho a la libertad de trabajo, o el otorgamiento de facultades excepcionales a la administración tributaria que mediante la clausura de establecimientos comerciales o industriales, puede limitar o restringir ese derecho individual. Ante la duda, señor Presidente, entre el derecho individual a la libertad de trabajar, y el de otorgarle facultades excepcionales a la administración tributaria, me inclino por el derecho a la libertad de trabajo.

Voy a reiterar las manifestaciones que formulé en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, con el mejor ánimo de encontrar una solución al problema planteado. Entiendo que estamos en presencia de dos cuestiones que se oponen o enfrentan entre sí: por un lado, la necesidad de que la Administración cuente con los instrumentos necesarios para alcanzar sus objetivos de mayor recaudación y, por otro, la defensa de los derechos individuales. A efectos de lograr una solución que concilie estas dos concepciones -y para ello, se cuenta con mi mejor buena voluntad- recojo la exhortación formulada por el señor Presidente del Senado en la sesión de la Comisión celebrada el día 11 de setiembre pasado: que a través de una redacción que se incorporaría al proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos que se encuentra a estudio del Parlamento, procuremos una solución legislativa que concilie los extremos que acabamos de plantear.

En síntesis, pues, haciéndonos eco de la exhortación del señor Presidente, nos avenimos a votar afirmativamente este artículo 69, a fin de que sea posible aprobar este proyecto de Rendición de Cuentas en la sesión de hoy. Cuando se trate el proyecto de Presupuesto, procuraremos la solución legislativa que ya hemos señalado.

Más aún; en aras de demostrar nuestra buena voluntad en el sentido de procurar instrumentos para que la Administración Tributaria esté en condiciones de recaudar mejor, sugerimos desde ya que hagamos extensible esta herramienta no sólo a los tributos que recauda la Dirección General Impositiva, sino también a todas aquellas prestaciones legales de carácter pecuniario a las que se aplica el Código Tributario.

En ese sentido, señor Presidente, y dentro de la formulación que acabamos de exponer, vamos a votar afirmativamente la disposición contenida en el artículo 69.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo señalar que este artículo 69 me ofrece las mismas consideraciones que acaba de manifestar el señor senador Brause en cuanto a la inconveniencia jurídica de que la Administración, sin la intervención del Poder Judicial, quede habilitada para disponer clausuras.

Por otra parte, también quiero destacar que he venido sosteniendo esta posición desde hace ya mucho tiempo. En tal sentido, recuerdo la clausura de un órgano periodístico ocurrida tiempo atrás, aunque en esa hipótesis se introducía un elemento adicional, como es el tema de la libertad de expresión. Me refiero a la clausura de una revista argentina, que tuvo lugar en medio de una dictadura militar, cuando el Presidente de ese país era el General Onganía. En dicha ocasión, la Suprema Corte de Justicia argentina ordenó -fijando un plazo muy breve- la reapertura de esa revista clausurada que, si mal no recuerdo, era la muy festejada "Tía Vicenta".

En ese entonces, tuve oportunidad de realizar un comentario, una nota de jurisprudencia. La fundamentación esgrimida precisaba los conceptos de clausura y de libertad de expresión.

En lo que respecta a la clausura de la empresa que editaba la revista "Tía Vicenta", la argumentación jurídica coincidía sustancialmente con la que acaba de realizar el señor senador Brause.

Asimismo, por vía administrativa se produjo el cierre de un órgano de prensa que, como es notorio, me era muy querido: el semanario "El Sol", de nuestro partido. En ese caso, formulé los mismos comentarios.

Con respecto a este artículo, señor Presidente, aunque descuento la buena intención de la norma, debo señalar que no veo la razón para que por vías tan expeditivas como las previstas, se pueda decretar una clausura sin la intervención del Poder Judicial. Pienso que después de labrar un acta de constatación, la intervención del Juez -todo esto establecido en un artículo que dispusiera la necesidad de una audiencia y fijara un plazo para resolver- no dilataría mayormente las actuaciones, llevándolas no más allá del término derivado de la aplicación del artículo 69, tal como está redactado.

En otro orden de cosas, en este artículo se faculta a la Administración a establecer sanciones de cierta gravedad, como es el caso de la clausura. Estimo que el vocablo "facúltase" puede dar un margen de discrecionalidad sumamente peligroso, por lo menos en el enfoque jurídico. En realidad, no se está autorizando a que la Dirección General Impositiva determine o no la clausura si se producen las infracciones de tipo administrativo aquí previstas, sino que incluso pueden llegar a tener connotaciones penales. Concretamente, habría que establecer que en caso de ocurrir determinados hechos, corresponde la clausura durante tantos días, graduando el lapso en la forma prevista por este artículo o por las normas a la que éste se remite. Por último, deseo hacer una consideración de orden práctico. Soy consciente de que existe voluntad de corregir esta circunstancia en las normas contenidas en el proyecto de Presupuesto. Adelanto que voy a mantenerme coherente con la posición que sostuve en el día de ayer respecto de otras disposiciones. Considero que desde el punto de vista jurídico, esta norma tiene defectos de importancia. Admito expresamente la buena intención de quienes entienden que este artículo igualmente debe aprobarse, partiendo de la base de que va a ser corregido cuando se sancione el proyecto de Presupuesto.

De todas maneras, por las razones anteriormente expuestas, voy a votar en contra el artículo 69.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: En Comisión participamos del intenso intercambio de opiniones con los asesores de la Dirección General Impositiva en torno a este tema. Asimismo, planteamos el punto de vista de nuestros asesores respecto a la inconstitucionalidad de la norma, coincidiendo con los fundamentos expuestos en Sala por los señores senadores Brause y Korzeniak.

Si no recuerdo mal, en el curso del debate en Comisión, el doctor Bordoli -asesor de la Dirección General Impositiva- señaló que la aplicación de los artículos 45 y 46 del Código Tributario permitía garantizar la defensa del presunto infractor, ya que éstos establecen que se dispone de una vista, con 15 días de plazo, dentro de los cuales el presunto infractor puede ejercer su derecho a la defensa.

Naturalmente, no es este extremo el que se encuentra en discusión, sino la necesidad de la intervención o no del Poder Judicial, que es la garantía esencial prevista en la Constitución para extraer este tema del ámbito de la Administración.

Nosotros votamos finalmente en forma afirmativa en la Comisión -y vamos a hacer lo mismo en Sala- esta disposición, como lo haremos con la siguiente, el artículo 70. Esta última norma faculta al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción de todos los impuestos que recaude la Dirección General Impositiva, con las prevenciones que aquí han mencionado los señores senadores Brause y Korzeniak, porque entendemos que es posible introducir modificaciones -y tenemos textos ya redactados- en la Ley Presupuestal, por ejemplo, dando los mismos plazos que prevé el Código Tributario, en la vista al presunto infractor, que asegure que está presente la Justicia como garantía superior, sin quitarle agilidad al procedimiento.

Lo que nos impulsa a votar ahora esta norma, no es sólo la posibilidad de poder legislar en un tiempo muy próximo para rectificar esto, sino además el brindar a la Dirección General Impositiva los medios para que efectivamente, las infracciones que se cometen por no facturar por los importes correspondientes o cobrar sin boleta -que son las infracciones que están previstas- puedan ser perseguidas para dar igualdad de posibilidades a todos los que intervienen en el comercio y en la industria en nuestro país.

En cuanto a la facultad para la designación de los agentes de retención, también creemos que hay que legislar en forma más precisa; no se puede dar un poder tan amplio, tan extenso, que permita nombrar como agente de retención a cualquier involucrado y no a aquellos que están directamente vinculados con la industria, el comercio del ramo, etcétera, que son los indicados en todos los casos. Además, la relación de éstos con la Dirección General Impositiva hace más factible que no se cometan distracciones de las retenciones -lo que en el lenguaje financiero se llama "jinetear los recursos del Estado", a veces por un tiempo mayor a aquél en que se prevé que deben verterse en la Dirección General Impositiva- o simplemente no se perciban los impuestos, combinándose con el que debe tributar, permitiendo una connivencia en la evasión de los recursos que deben recaudarse por el Estado.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: queremos señalar en forma muy breve que esta norma tuvo una amplia discusión en el seno de la Comisión; su consideración fue aplazada en dos oportunidades y luego fue votada afirmativamente, por la unanimidad de los 14 senadores presentes.

En el seno de la Comisión, como en oportunidad de la sesión de hoy, escuchamos -fundamentalmente en las consideraciones del señor senador Brause- una exposición muy fundamentada en relación a que esta norma tiene entre sus defectos la de ser inconstitucional. Naturalmente que en el ámbito de la Comisión tuvimos oportunidad de hacer alguna referencia e intentar alguna respuesta a esas expresiones. Al respecto, nos interesa ahora indicar -respetando mucho la exposición fundamentada que ha realizado el señor senador Brause, teniendo en cuenta su especial capacidad en el orden de los temas de carácter tributario- de manera fundamental, que en Sala hemos visto que se manejan, a nuestro criterio en forma equivocada, los conceptos de jurisdicción. Es decir, se estima que la única jurisdicción hábil para poder aplicar sanciones es a través de la vía de la jurisdicción civil, cuando sabemos que lo jurisdiccional no solamente existe a nivel de la justicia ordinaria sino también en el ámbito de la Administración, donde hay posibilidad del trámite administrativo consiguiente. Por lo tanto, esta norma haciendo referencia al Código Tributario, está respetando esa posibilidad de que en lo jurisdiccional, también en materia administrativa, se deba cumplir con la aplicación de este artículo 69.

Era nuestro interés hacer esa apreciación en el sentido que no estimamos apropiado considerar que solamente la jurisdicción judicial es la que habilita para poder aplicar sanciones. Nosotros creemos que la jurisdicción administrativa también lo hace sin perjuicio de las reclamaciones posteriores que en la jurisdicción judicial se puedan realizar.

Es cuanto queríamos señalar, señor Presidente.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes que el señor senador Brause haga alguna manifestación a título aclaratorio, la Presidencia -ya que se está en un terreno tan estrictamente jurídico- se siente habilitada para expresar algo muy brevemente, con todo respeto por la opinión del señor senador Santoro que tiene algunos antecedentes, creo, en la doctrina nacional y también en la extranjera. Nosotros compartimos en un todo la tesis que como título de un artículo, en mi concepto casi famoso, escribió el doctor Alberto Ramón Real y que se publicó en el Tomo 17 de la Justicia Uruguaya, según la cual la función jurisdiccional es privativa del Poder Judicial, salvo excepción constitucional expresa. En razón de eso, creemos que la Administración no desarrolla función jurisdiccional. Otra cosa es -y eso es más discutible- si igualmente, sin desarrollar función jurisdiccional, la Administración puede aplicar penas o sanciones de carácter administrativo.

Para una aclaración tiene la palabra el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Hago mías las palabras formuladas por el señor Presidente que me eximen de todo otro comentario.

Lo único que desearía agregar es que la naturaleza punitiva de la sanción no excluye que en determinadas circunstancias la pueda aplicar la Administración. Pero es norma de principio, que tratándose de penas que restrinjan la libertad individual, solamente pueden ser aplicadas por los órganos jurisdiccionales, que como leí en alguna transcripción del Código Tributario anotado por el doctor Ramón Valdés Costa, sólo deben ser hechas por un tercero a las partes o superpartes, como señalaba Carnelutti. Esto, sin perjuicio de que se consagren excepciones y la Administración pueda imponer penas de carácter punitivo en el caso de las pecuniarias que, por su envergadura, no sólo tengan un aspecto reparatorio indemnizatorio, sino también punitivo; pero, esencialmente tratándose sólo de penas pecuniarias, y no de sanciones que puedan violentar derechos individuales. Y, sin duda, la clausura de establecimientos industriales y comerciales por parte de la Administración vulnera el derecho individual a la libertad de trabajo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para contestar más de una alusión, tiene la palabra el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Nosotros reiteramos nuestros conceptos. Eso fue lo que aprendimos en la Facultad de Derecho y lo tenemos muy presente; eso se enseñaba en la Cátedra de Derecho Administrativo, y en esa época era "palabra santa".

Respetamos los conceptos del doctor Ramón Real, pero debemos decir que es posterior a esa época; naturalmente eso puede verse como una modificación de la orientación de la Cátedra, pero no para habilitar que lo que nosotros estamos diciendo no puede ser admisible desde el punto de vista estrictamente jurídico.

Reiteramos que lo jurisdiccional no está únicamente a nivel del Poder Judicial; cuando decimos eso estamos conscientes y creemos que es así.

Además, queremos hacer referencia a otro aspecto, que en este momento nos viene a la memoria.

La primera ley que regula en este país toda la actividad de la producción vitivinícola -la actividad de la bodega- es del año 1903. Invitamos a que acudan a esa norma y vean qué sanciones habilitaba a aplicar. Aún en 1903 regía la Constitución de 1830; han pasado varias Constituciones y esa norma de 1903 todavía está vigente, porque se sigue aplicando con las modificaciones consiguientes.

Asimismo, debo decir que una vez más estuvimos de acuerdo con el señor Presidente.

SEÑOR BRAUSE. - Tiene una fundamentación distinta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como en tantos otros temas jurídicos, es muy difícil ponerse de acuerdo.

Dado que no hay ningún otro señor senador anotado, se va a votar el famoso artículo 69.

(Se vota:)

-19 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 70.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Solicité el desgloce de este artículo, a los efectos de expresar que aquí se está facultando al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y de percepción, de todos los impuestos que recaude la Dirección General Impositiva.

Quiero recordar al Cuerpo que, de acuerdo con las disposiciones del Código Tributario, el agente de retención es una de las especies de sujeto pasivo en el Derecho Tributario y, por lo tanto, es la figura sobre la cual recaen todas las consecuencias obligacionales de éste, entre ellas, las del Derecho Penal Tributario. Por consiguiente, al otorgar una facultad como esta al Poder Ejecutivo, de designar al agente de retención y percepción, se está haciendo recaer sobre el mismo los efectos legales del Derecho Penal sin que previamente exista una ley que consagre dicha obligación. A mi modo de ver, pues, estaría configurándose una delegación inconstitucional que no responde a lo que establece el artículo 23 del Código Tributario en torno a este punto.

No obstante, vamos a votar afirmativamente esta norma en el entendido de que es una de las que debemos perfeccionar en ocasión de analizar el proyecto de ley presupuestal.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 70.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: he votado afirmativamente este artículo en el entendido -y aspiro a que sea el de la mayoría de los integrantes de este Cuerpo- de que esta facultad no otorga una competencia discrecional al Poder Ejecutivo. En caso contrario, espero que sea ejercida con mucha racionalidad y, desde luego, sin traspasar los límites para llegar a la arbitrariedad.

Como señalaba hace unos instantes el señor senador Gargano, en la designación de estos agentes de retención y de percepción -que, por cierto, técnicamente son cosas distintas, aunque aquí no están muy distinguidas- deberá tenerse en cuenta la vinculación directa con el negocio económico gravado. Me parece que aunque esto no está dicho expresamente en la norma, éste debe ser el criterio razonable que el Poder Ejecutivo tendría que seguir al efectuar estas designaciones. Si estas frases no fuesen controvertidas, pienso que contribuirían a hacer la historia fidedigna de la sanción de esta norma, ya que de algún modo tienen un carácter orientador a fin de que el Poder Ejecutivo no pueda actuar con una discrecionalidad que no sería conveniente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia comparte las precisiones efectuadas por el señor senador Korzeniak sobre el alcance de esta norma.

En consideración el artículo 77.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: no vamos a acompañar esta exoneración prevista en el artículo 77, que tiene que ver con las comisiones u otro tipo de retribuciones obtenidas al amparo de la Ley Nº 15.921, es decir, la Ley de Zonas Francas.

Como recordarán algunos señores senadores que fueron colegas en la Legislatura anterior, nosotros votamos en contra de esta ley y uno de los fundamentos que nos llevó a ello era la absoluta y total latitud de exoneraciones para todo tipo de actividades que allí se desarrollaban. A todos los permisos, posibilidades de negociación con el exterior, tráfico de metales preciosos, negociación con divisas, etcétera, ahora se agrega la exoneración del impuesto por la percepción de comisiones. Naturalmente, esta norma es congruente con el pensamiento de quienes votaron la ley con esa concepción de la absoluta permisividad, que no compartimos y no creemos sea conveniente para los intereses del país.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 77.

(Se vota:)

-13 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 78.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en coacción de considerarse este artículo, le formulamos una pregunta al señor Subsecretario de Economía y Finanzas, doctor Nicolás Herrera, procurando despejar algunas dudas que se insinuaban en torno a la actual redacción del artículo. Me refiero a esta redacción, porque el texto originalmente proyectado por el Poder Ejecutivo al referirse a la configuración del sujeto pasivo decía que estaba constituido por aquellas personas que desarrollaban actividades tales como comisionistas, corredores, despachantes de aduana y consignatarios. Pero cuando este artículo se analizó en la Cámara de Representantes se le agregó a la figura del sujeto pasivo todas aquellas actividades o personas que desarrollen actividades similares. Desde nuestro punto de vista, podría interpretarse entonces, que también están alcanzados por este tributo los contribuyentes del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio.

La duda que se le planteó al doctor Herrera en su momento, estaba dirigida a saber si están alcanzados por esta redacción los sujetos pasivos que prestan servicios personales a través de actividades donde se utiliza como factor productivo predominante el trabajo, o si también abarcaba aquellas otras situaciones donde se usan los factores productivos de capital y trabajo, en forma combinada sin que ninguno predomine sobre el otro. El señor Subsecretario de Economía y Finanzas respondió en forma muy clara y contundente a la interrogante formulada. Tal respuesta está recogida en la página 21 de la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda celebrada el día 11 de setiembre de 1990.

Naturalmente, quiero ahorrar al Cuerpo la lectura de lo expresado por el señor Subsecretario, pero sí desearía que se le considerara como la interpretación correcta a la pregunta planteada en el sentido de que la nueva redacción del artículo 78 establece que sujetos pasivos son, en definitiva, aquellos que prestan servicios personales o desarrollen actividades similares donde se utiliza como factor productivo predominante el trabajo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia desea agregar, para la historia fidedigna de la sanción de la norma, que se hallaba presente en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes cuando se trató este artículo y se modificó el texto originalmente propuesto por el Poder Ejecutivo.

Por lo que pude advertir, tiene la convicción de que el texto se modificó para clarificar la situación de varios agentes de comercio que no estaban expresamente mencionados y podían considerarse incluidos en el espíritu de la norma. Pero de ninguna manera, por vía de la referencia "a las actividades de similar naturaleza", se ha querido agregar a los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio. Por el contrario, en la propia sesión de esa Comisión, la Dirección General Impositiva, por vía de su titular, la contadora Celia Priore de Soto, propuso el agregado al artículo 20 del Título IV del Texto Ordenado, que figura como literal d) del artículo 73, que excluye del Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio a los sujetos pasivos del Impuesto a las Comisiones. Congruentemente, los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio no pueden serlo del Impuesto a las Comisiones, porque entonces habría una doble imposición.

Se va a votar el artículo 78.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 81.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: no voy a acompañar el artículo tal como está redactado. Como se puede apreciar en función de su contenido, el artículo otorga al Poder Ejecutivo la facultad de fijar anualmente, para las actividades que determine, el monto de ingresos hasta el cual los contribuyentes de este impuesto no quedarán alcanzados por él. Opino que el monto mínimo no imponible no debe quedar en la facultad absoluta del Poder Ejecutivo. En la Comisión, reiteradamente hemos puesto el ejemplo de centenares de profesionales que se desempeñan en esta actividad y perciben el salario de un trabajador común de la actividad pública o privada. El Poder Ejecutivo, en función de esta latitud, puede adoptar dos tipos de conducta, las dos negativas: una de absoluta permisividad, llevando el monto mínimo no imponible a N$ 4:000.000 mensuales o a N$ 60:000.000 anuales; o, por el contrario, reducir ese monto hasta niveles que puedan significar una verdadera exacción del contribuyente.

SEÑOR BRAUSE. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Muchas gracias.

Coincido en el orden de consideraciones que efectúa el señor senador Gargano y agrego que esta delegación puede suponer que el Poder Ejecutivo discrimine según las actividades y, posteriormente, según el monto imponible, lo que constituiría una doble discriminación. Puede incluir determinadas actividades y excluir otras y, al mismo tiempo, dentro de una misma actividad, establecer distintos montos imponibles.

Por lo tanto, coincido plenamente en cuanto a que aquí se está configurando una delegación a todas luces impropia; y adhiero a sus expresiones, aun cuando la votaré afirmativamente en el entendido de que esta es una de las disposiciones que debemos corregir al tratar el Presupuesto General.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Considero que la facultad de discriminar, en cuanto a variar los montos mínimos no imponibles por actividad, es comprensible desde el punto de vista de la percepción práctica del Impuesto, porque no es lo mismo ser corredor de seguros, que ser corredor de Cambio o de Bolsa, o tener una actividad mucho más rentable, que naturalmente tendrá un monto mínimo no imponible diferente, según las categorías.

Pero lo que me preocupa es la delegación de esta facultad, ya que no me parece conveniente darle al Poder Ejecutivo -cualquiera sea éste- atribuciones que le permitan tener los comportamientos que hemos descripto.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: adhiero a las expresiones que acaban de verterse en el Senado, en el entendido de que se trata de una disposición inconstitucional, por cuanto establece una delegación de competencias del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, que no está autorizada en nuestro Derecho, que se caracteriza por tener una Constitución rígida y por sustentar el principio de separación de Poderes.

Como es sabido, la delegación de atribuciones está autorizada a texto expreso en el artículo 168 de la Constitución de la República dentro del Poder Ejecutivo y también está permitida -a texto expreso- en materia de Gobiernos Departamentales. Pero lo que repugna a nuestro Derecho Constitucional es la delegación de atribuciones de uno de los tres Poderes a cualquier otro de ellos. Aquí se configura un caso típico de delegación. La moderna ciencia del Derecho Financiero admite que los Poderes administradores, dentro de pautas y límites marcados por la ley, puedan establecer excepciones y exoneraciones; pero cuando la ley no las fija, no estamos frente a una ampliación de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, sino frente al típico fenómeno de delegación de facultades de Poder a Poder. Reitero que esto está admitido por el Derecho Público de unas cuantas Constituciones europeas, pero no por la nuestra.

Ese es el pronunciamiento que también hizo el Instituto de Finanzas Públicas el 11 de marzo de 1988 y en ese sentido hay opiniones y hasta proyectos de ley, incluyendo uno del señor Presidente. Comprendo el consenso de varios miembros de este Cuerpo, de tratar de regular esta situación modificándola prontamente en el próximo Presupuesto, pero creo que debe votarse coherentemente en contra, por constituir la aprobación de una disposición contraria a la Constitución de la República, a sabiendas de que, si no lo hacemos así, estamos legislando mal.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Deseo dejar constancia de que votaré negativamente este artículo por las razones expuestas por los señores senadores Brause, Korzeniak y Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 81.

(Se vota:)

-16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 87.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: el artículo 87 establece el Impuesto Judicial, sustitutivo de las dos disposiciones tributarias actualmente vigentes que son: el Impuesto a las Ejecuciones, que es percibido directamente por el Tesoro Nacional a través de la Dirección General Impositiva, y la Tasa Judicial, percibida por la Suprema Corte de Justicia.

Declaro que no voy a votar esta sustitución -tal como lo manifesté en la discusión general- por entender que la misma es de difícil percepción y que también involucra la derogación de una norma de justicia impositiva, como era el Impuesto a las Ejecuciones. A nuestro juicio, se cambia el responsable de la tributación, en buena medida, el gran acreedor y el gran deudor eran quienes soportaban el peso decisivo de esta tributación que hoy se deroga y se sustituye por el sistema de imposición establecido mediante una escala que legisla el artículo 87.

Además, no preocupa que el propio Poder Judicial tendrá que organizarse a los efectos de la percepción de este Impuesto porque, si bien el artículo establece que se pasa en una primera instancia por la estimación que el propio actor en el juicio realiza, luego es necesario controlar si efectivamente su declaración se compadece o no con lo determinado en la norma que estamos considerando. Este tema va a generar un engorroso trámite, tal como se señaló en la propia Comisión por parte del señor Presidente y del señor Contador de la Suprema Corte de Justicia.

Por otra parte, más allá de los fundamentos que expuso en la Comisión el señor Ministro del Interior -que, curiosamente, fue el redactor de esta norma y el que la fundamentó en el seno de la Comisión; no fue el señor Ministro de Economía y Finanzas- para nosotros cuál será el monto de la recaudación de este impuesto es un hecho que aún está en un terreno absolutamente hipotético.

Estas son las consideraciones que nos llevan a votar negativamente el artículo 87 y, naturalmente, el artículo 97, que establece la derogación de los impuestos vigentes.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: tal como expresamos más de una vez en la Comisión, la creación de este nuevo impuesto judicial que sustituye a dos tributos vigentes, el de timbres y el que grava las ejecuciones, nos planteó una serie de dudas que nos fueron despejadas por las explicaciones que dio en la propia Comisión quien reconoció ser el autor intelectual y material de estos textos, el señor Ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez. El señaló la inconveniencia de mantener los tributos vigentes que gravan la actuación judicial en tanto ella misma había sufrido modificaciones que todos sabemos son de enorme trascendencia, por la sanción del Código General del Proceso y la necesidad de adoptar la tributación en materia judicial al régimen del Código General del Proceso.

Por otro lado, se nos brindó información precisa acerca de la caída vertical que ha tenido la recaudación del impuesto a las ejecuciones, que proporcionó a Rentas Generales un ingreso realmente importante en las primeras etapas de su vigencia. Si no recuerdo mal, este impuesto se incorporó a la Ley de Presupuesto de 1985 o, más bien, a la de 1986, que fue el año en que empezó a regir. Dadas las ejecuciones que se iniciaron en torno al endeudamiento interno, al principio se registró una recaudación muy alta, pero luego ella ha venido cayendo verticalmente y no es razonable pensar que haya una recuperación, por lo que se hace necesario modificar la tributación con un alcance general, de modo que contemple -repito- las nuevas modalidades procesales que introdujo el Código General del Proceso.

Por esta razón y con alguna preocupación, que señalamos también en Comisión, sobre la practicidad de este tributo, que hace a su recaudación por el Poder Judicial anunciamos nuestro voto afirmativo.

Aprovecho la oportunidad, señor Presidente -y acudo a la tolerancia de la Mesa- para hacer una referencia al artículo 93 que establece las exoneraciones de este tributo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea recordar al señor senador Cassina que el artículo 93 aún no ha sido votado, por lo que tendrá oportunidad de referirse a él en su momento.

SEÑOR CASSINA. - Así lo haré, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 87.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 93.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - El artículo 93, que, como dije, establece las exoneraciones al impuesto judicial, contiene tres incisos finales que, como reconoció también en Comisión el señor Ministro del Interior, deberían constituir un único inciso. Me importa señalar este aspecto, para la correcta interpretación de la norma, porque se podría llegar a entender que los incisos penúltimo y último, que establecen que las exenciones son revocables de oficio y que la revocación sólo admite el recurso de reposición, podrían estar referidos a todas las exoneraciones a que alude esta norma, cuando sólo lo están a la exoneración que pueden disponer los tribunales y los jueces en los asuntos de competencia de los Juzgados de Menores y de Familia.

Cuando planteamos esta preocupación, el doctor Juan Andrés Ramírez reconoció que la interpretación que adelantábamos era correcta y que las disposiciones de los incisos penúltimo y último estaban exclusivamente referidas a la facultad que se concede a los tribunales y jueces por el inciso antepenúltimo.

Es lo que quería expresar.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Es simplemente para hacer una breve aclaración.

Reiteradamente, el actual Ministro del Interior, señor Juan Andrés Ramírez ha sido aludido. Y para que conste en la versión taquigráfica -porque puede parecer insólito que su nombre aparezca mencionado en el tema que estamos tratando- debemos decir que, tal como él lo ha manifestado en el seno de la Comisión, no se presentaba ante ella en su carácter de Ministro del Interior sino como autor intelectual de la norma.

Simplemente, quería dejar esa constancia.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa desea agregar que cuando el actual señor Ministro redactó estas normas, aún no había asumido ese cargo.

Por otra parte, si bien la Presidencia va a votar afirmativamente este artículo, por razones obvias, quiere manifestar que no le parece correcta la terminología que se utiliza en el comienzo de su redacción, cuando se habla de los sujetos pasivos que estarán "eximidos" de los tributos, debiendo decirse "exonerados".

Además, en la Rendición de Cuentas del año 1988, propuso al Senado la derogación de una norma similar a la que está contenida en los tres últimos incisos del artículo a que acaba de hacer referencia el señor senador Cassina. Asimismo, la Presidencia recuerda que en aquella oportunidad, el señor senador Cigliuti le dio su apoyo y el Cuerpo, por unanimidad de los presentes, eliminó esta parte de la norma porque si puede cuestionarse en materia tributaria la constitucionalidad de la delegación de atribuciones en el Poder Ejecutivo, mucho menos puede hacerse en el Poder Judicial. Considero sencillamente aberrante que se otorgue a los Jueces facultades para exonerar impuestos, con el agravante de que se agrega: "sin perjuicio de las condenaciones y reintegros que se dispongan". Considero que esta expresión es totalmente confusa y las luces de mi entendimiento no alcanzan a discernir cómo puede ello funcionar en la práctica. Creo que esto hay que suprimirlo en el Presupuesto. Los tributos los vota el Parlamento y no pueden exonerarlo los jueces.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Comparto plenamente las manifestaciones del señor Presidente, que en la sesión de la Comisión de Presupuesto ya había formulado. Se trata, indudablemente, de una delegación que la ley está haciendo en el Poder Judicial, por cuanto habilita a que los Juzgados y Tribunales concedan exoneraciones en determinadas circunstancias. Así lo expresé claramente con el artículo 2º del Código Tributario, que determina como materia de reserva de ley, entre otras, las exoneraciones. Se puede señalar que en el último inciso del artículo 2º del Código Tributario, se expresa que entre la materia reserva de ley, las exoneraciones pueden ser delegadas en el Poder Ejecutivo siempre que se cumplan determinados límites y condiciones señaladas en la Ley.

Esta configuración, a nuestro juicio, no se da en la redacción de este artículo y, por consiguiente, pensamos que esta disposición no debería ser aprobada.

SEÑOR CASSINA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRAUSE. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Por esta vía deseo señalar que comparto lo que han expresado con respecto a este Inciso el señor Presidente del Cuerpo y el señor senador Brause. Además, como se recordará, en Comisión señalé que no podía atribuirse a los jueces el ejercicio de funciones propias de los poderes políticos del Estado. Los jueces tienen la misión muy trascendente, por cierto -sobre todo en una sociedad democrática- de decir el Derecho y no adoptar decisiones eminentemente políticas y que corresponden a los poderes políticos del Estado, generalmente, a través de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Deseo manifestar que a la argumentación que formulé en Comisión se agregaron opiniones contrarias con argumentos, naturalmente, muy respetables. Nosotros entendemos, al igual que el señor Presidente, que estamos enfrentados a una redacción que sería bueno pudiéramos corregir en oportunidad en que el Presupuesto General de Gastos y Recursos sea considerado por el Cuerpo. No obstante esa salvedad, para ser consecuente con la votación que le di a esta disposición en Comisión, en esta oportunidad votaré negativamente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 93.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se va a rectificar la votación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar este artículo.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 97.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 25. Afirmativa.

Antes de considerar el próximo Capítulo la Mesa desea recordar al Cuerpo -porque teme que una vez finalizada la consideración de este proyecto de ley quedemos sin quórum- que en el orden del día de la sesión de hoy hay un segundo punto relativo a un proyecto de ley, que tiene que ver con la aprobación de un Acuerdo sobre Cooperación Cultural con el Gobierno de la República Dominicana. Además, después de terminar con este proyecto de ley, se dará entrada a otro venido de la Cámara de Representantes, a efectos de que pueda ser enviado a la Comisión respectiva.

En consideración el Capítulo VII: "Disposiciones varias" que comprende los artículos del 99 al 111.

(Los artículos cuya lectura se resolvió suprimir son los siguientes:

"CAPITULO VII
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 99. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 97 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969, por el siguiente:

"El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) es persona pública no estatal y será administrado por una Comisión Directiva integrada de la siguiente forma: un delegado del Miembro Informante, que la presidirá; un delegado del Banco de la República Oriental del Uruguay, y un delgado de la Cámara de Industrias del Uruguay. El Presidente de la Comisión Directiva deberá ser designado entre personas de reconocida solvencia en la materia que compete a la institución y su remuneración será equivalente a la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

Art. 100. - Las personas de derecho público no estatal presentarán ante el Ministerio que corresponda, antes del 30 de abril de cada ejercicio, un presupuesto de funcionamiento e inversiones para el ejercicio siguiente y un balance de ejecución por el ejercicio anterior, acompañado con un informe de auditoría contable y de gestión realizado por profesionales independientes.

El Poder Ejecutivo, previa verificación, los incluirá a título informativo en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio respectivo.

A efectos de la uniformización de la información, el Poder Ejecutivo determinará la forma de presentación de los documentos referidos.

Art. 101. - Las entidades privadas que perciban fondos públicos deberán presentar ante la Contaduría General de la Nación, en la forma que ésta determine, antes del 30 de abril de cada año, un balance de ejecución del ejercicio anterior.

El Poder Ejecutivo lo incluirá, a título informativo, en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a ese ejercicio.

Art. 102. - Los jubilados o retirados que desempeñen cargos de carácter electivo, los Ministros de Estado y los miembros de los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, podrán optar entre la asignación de pasividad o las dietas o sueldos que les corresponda en virtud del ejercicio de dichos cargos, independientemente de los gastos de representación y aguinaldo que por el mismo motivo les correspondiere.

Cuando el jubilado o retirado opte por la asignación de pasividad, el organismo al que pertenezca verterá donde sea servida dicha pasividad el importe de las dietas o sueldos que le hubieren correspondido.

Esta disposición regirá a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 103. - El Tribunal de Cuentas adoptará las medidas conducentes a que el dictamen referido en el literal D) del artículo 211 de la Constitución de la República sea presentado a la Asamblea General al mismo tiempo que el Mensaje y Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Art. 104. - El Poder Ejecutivo adjuntará a la información de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de cada ejercicio, el resultado de gestión del Banco Central del Uruguay originado por las operaciones en las que actúa como agente financiero del Estado.

Art. 105. - Facúltase al Poder Ejecutivo a sustituir por las declaraciones juradas de los administrados o quienes los representen u otros medios de prueba idóneos, las exigencias legales de presentación de certificados en los trámites administrativos a realizarse ante la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

La misma facultad, en su ámbito de competencia, tendrán los restantes organismos públicos.

Art. 106. - La autoridad máxima de los Organismos a que refieren los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República podrá delegar, por resolución fundada, las atribuciones que les asignan las normas legales, cuando lo estimen conveniente para la regular y eficiente prestación de los servicios a su cargo.

Esta disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 107. - Declárase que el "Asistente Social Universitario" y el "Psicólogo" con título expedido por la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" o reconocido o revalidado por autoridad competente, están comprendidos en el artículo 29 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Art. 108. - Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 19. - Los propietarios de predios rurales en los que no existiere explotación agropecuaria, serán responsables del pago de la contribución patronal según la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que disponiendo del inmueble no lo explotare, siendo la tasa aplicable del 50% (cincuenta por ciento) superior a la que corresponda de aplicar el artículo 13 de la presente ley. No se consideran incluidos en la obligación de pago de la citada contribución patronal los predios rurales o superficies ocupadas en zona rural, en las que sólo se realicen tareas agropecuarias destinadas al autoconsumo familiar o actividades industriales, comerciales, deportivas, recreativas u otras distintas de la explotación agropecuaria, debidamente justificadas. El Poder Ejecutivo reglamentará su aplicación".

Art. 109. - Transfiérese del dominio del Estado, Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" al Gobierno Departamental de Río Negro, la propiedad y posesión de las fracciones de terrenos y sus construcciones, que conforman en la actualidad el ex Frigorífico Fray Bentos (antes Anglo), situado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro y constituido por los padrones que se describen a continuación: Suburbanos: Padrones Nos. 3716 y 2368, los que según planos del Ing. Agrim. Luis A. Carballo, Registro Nº 1148 en Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, de 25 de abril de 1972, y plano del Ing. Agrim. Roberto Benelli, Registro Nº 2546 en Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, de 23 de enero de 1990, tienen en conjunto un área calculada por diferencia de 24 hás 7.745 mts.; Padrón Nº 3715, fracción "H" del Plano del Ing. Agrim. Luis A. Carballo, Registro Nº 1148 de 25 de abril de 1972, ya citado; Padrón Nº 2367 parte, fracciones "5" de 7.776 mts.; "8" de 1.410 mts.; "15" de 1 há. 7.386 mts. y fracción "28" de 7.887 mts. todas del plano del Ing. Agrim. Roberto Benelli, Registro Nº 2546, de 23 de enero de 1990, ya citado. Rurales: Padrón Nº 70 parte, fracción "B", de 199 hás. 3.510 mts., con exclusión de un área de 50 hás. que la Resolución del Poder Ejecutivo, de 23 de febrero de 1990, dispuso para la instalación de la Zona Franca Fray Bentos, de explotación estatal, a cargo de la Dirección Nacional de Zonas Francas del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", fracción "C" de 4.650 mts. y fracción "D" de 26 hás. 1.526 mts., todas del plano del Ing. Agrim. Luis A. Carballo, Registro Nº 1148, de 25 de abril de 1972 ya citado. Cométese a la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado el levantamiento de los planos que correspondan.

El Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" en representación del Estado otorgará la respectiva escritura. No obstante, lo dispuesto en el presente artículo surtirá efecto a partir de la promulgación de la presente ley.

Los recursos que la Intendencia Municipal de Río Negro obtenga de los bienes transferidos, deberán ser reinvertidos conjunta o indistintamente en la conservación o ampliación de sus instalaciones, así como en la construcción de la infraestructura de obras y servicios de la Zona Franca Fray Bentos, de explotación estatal a cargo de la Dirección Nacional de Zonas Francas del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas". Dicha transferencia comprende además los bienes muebles descriptos en el Inventario General de Bienes y Existencias suscrito el 24 de mayo de 1989 entre el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" y la Intendencia Municipal de Río Negro.

El Poder Ejecutivo podrá efectuar el control de lo establecido precedentemente de la forma que lo estime pertinente. A tal efecto establecerá dicho control en forma concomitante a la firma de la escritura de transferencia de dominio.

Art. 110. - A partir de la vigencia de la presente ley, los depósitos que por disposición legal deban efectuarse en Obligaciones Hipotecarias Reajustables o en Caja de Ahorro Valores del Banco Hipotecario del Uruguay, se realizarán en Caja de Ahorro Reajustable.

Facúltase al Banco Hipotecario del Uruguay a transferir a cuentas de Caja de Ahorro Reajustable las sumas que por disposición legal, judicial o contractual, se hayan depositado en Unidades Reajustables u Obligaciones Hipotecarias Reajustables.

Las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato que deban constituirse en caso de licitaciones públicas podrán efectuarse en Certificados de Depósito Reajustables en Unidades Reajustables que emita el Banco Hipotecario del Uruguay.

Art. 111. - Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 18. - El régimen de contralor de la obligación del voto regulado por la presente ley se aplicará durante ciento veinte días contados a partir de los ciento veinte días siguientes de realizado cada acto eleccionario. La Corte Electoral podrá, cuando así lo estime conveniente, modificar dicho término hasta un máximo de un año así como disponer la suspensión de la aplicación de las exigencias de los artículos 9º y 10 de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989.

Lo dispuesto precedentemente operará sin perjuicio de la facultad de la Corte Electoral de hacer efectivo el cobro de las multas dispuestas en los artículos 8º, 12 y 14, toda vez que comprobare fehacientemente el incumplimiento del ciudadano de la obligación de votar".)

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

Cabe recordar que, según se nos ha manifestado, los artículos 105 y 106 no tuvieron votación unánime a nivel de la Comisión. En consecuencia corresponde votar los artículos 99 al 11, con excepción de los artículos 105 y 106.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 105.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: deseo señalar que el artículo 105 faculta al Poder Ejecutivo a sustituir por las declaraciones juradas de los administrados o quienes los representen u otros medios de prueba idóneos, las exigencias legales de presentación de certificados en los trámites administrativos a realizarse ante la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Nosotros siempre hemos estado muy atentos a que se implementen mecanismos que permitan una rápida tramitación de los asuntos frente a la Administración y siempre nos hemos hecho cargo de la pesadez de muchas de las exigencias previstas, que dificultan la realización en tiempos útiles de los trámites y presentaciones de los ciudadanos ante la Administración.

De todas formas, la facultad que se otorga aquí al Poder Ejecutivo es de tal magnitud que puede llevar, en algunas circunstancias, a que el Estado por pasar a través de la declaración jurada del ciudadano, se vea en la imposibilidad de percibir los recursos o tributos que necesariamente deben ser vertidos en la Administración. Estamos pensando en el Banco de Previsión Social porque si esta facultad que se otorga es ejercida ante este banco, con la mejor buena voluntad, ello puede llevar a que a través de una declaración jurada se produzca una evasión de carácter tributario de imposición de la Seguridad social, de gran magnitud. Asimismo, esta evasión puede ser llevada a otros planos de la Administración.

Creemos que la latitud dada es de tal magnitud que no es aconsejable votarla en la presente Rendición de Cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 105.

(Se vota:)

-19 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 106.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Este artículo establece que la autoridad máxima de los organismos a que refieren los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República podrá delegar, por resolución fundada, las atribuciones que les asignan las normas legales.

En oportunidad de discutirse este artículo en Comisión, dejamos sentada nuestra discrepancia, no por razones de tipo constitucional -creemos que estas facultades pueden delegarse- sino porque nos preocupa la latitud que se otorga, ya que se faculta a delegar todas las atribuciones que les asigna las normas legales.

Pensábamos que si fuera así puede ser posible que el Directorio de ANCAP delegue en el Gerente General la fijación de las tarifas; si ésta es una atribución, la puede delegar. Digo esto a modo de ejemplo.

Repito que a nuestro entender en este artículo se otorga una latitud que no parece aconsejable que el Poder Legislativo otorgue a la Administración.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Sin ánimo de entrar en aspectos legales o doctrinarios profundos...

...o políticos, como me acota el señor senador Gargano -como ya lo hemos expresado en Comisión- el tema de la delegación de atribuciones, de acuerdo a la interpretación de la mejor doctrina, establece que la delegación de atribuciones no significa la pérdida de competencias por parte de los delegantes sino que el órgano delegado tiene esas atribuciones simultáneamente con el delegante y, además, éste puede revocarlas en cualquier momento.

Queremos hacer esta constancia porque es la posición que sostienen los doctores Cassinelli y Cajarville, en el sentido de que no significa abdicación de atribuciones sino que comunica el ejercicio de la atribución delegada al delegatario, pudiendo ser ejercida desde entonces indistintamente por ambos. La delegación de atribuciones no altera la competencia de los órganos; el delegante sigue teniendo las mismas posibilidades de actuar que tenía antes de verse en el ejercicio de las atribuciones delegadas por parte del delegatario. Es una ampliación de la competencia de éste.

Es importante que dejemos constancia al respecto, porque naturalmente, en lo que tiene que ver con la doctrina internacional, hay posiciones que no coinciden con lo que sostienen los doctores Cassinelli Muñoz y Cajarville, tales como las de los doctores José García Trejibano, Manuel María Diez, Miguel Marinoff. En nuestro país, acompañados en su momento, por la opinión del doctor Aparicio Méndez.

De esta forma, los fundamentos de la delegación radican en la conveniencia de descongestionar la labor del delegante, el cual puede encontrarse en la imposibilidad de atender por sí, con eficiencia y oportunidad, todos los asuntos que le competen. No se establece por una regla de Derecho que se imponga la voluntad del jerarca, sino por resoluciones delegatorias que no alteran la distribución constitucional, legislativa o reglamentaria de las competencias.

De esta manera, señor Presidente, podemos observar dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el encuadramiento, en el espectro de la delegación de atribuciones -que, tal como señalábamos, está sostenida por un importante sector de la doctrina nacional- y el otro está relacionado con la necesidad de que la Administración se mueva con mayor eficiencia en aquellas áreas que requieran delegar sus funciones para poder actuar en forma más coordinada o con la necesaria justeza que a veces se pierde, en virtud de la excesiva centralización que existe en el ámbito gerencial.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: pienso que lo peligroso de este artículo 106 -como del tratado anteriormente, es decir, el 105, que también supone una terrible delegación, en la parte tributaria, al igual que otros que ya consideramos- consiste en una tendencia que, a mi juicio, va más allá de los partidos políticos, en virtud de que este tipo de redacción ya se había utilizado en disposiciones dictadas en el período anterior. Sobre todo se generalizaron y se extendieron durante el régimen de facto.

Creo que se trata de una simple pereza mental. Lo que sucede es que los asesores, las personas que están en la Dirección General Impositiva no quieren tomarse el trabajo de hacer un proyecto de ley cuidadoso. Entonces, envían al Parlamento proyectos que están muy mal redactados. Nadie puede negar que delegar facultades en ciertas materias constituye un principio saludable de la Administración.

El problema radica en que una vez sancionado este proyecto de ley, con esta redacción, no se va a saber qué materia es propia de un organismo y cuál no lo es. Incluso puede entrar en colisión con disposiciones contenidas en Cartas Orgánicas.

A través del artículo 105 se sustituyen los certificados por declaraciones juradas. Entonces, ¿quién se va a aprovechar de semejante reglamentación? Una persona deshonesta. ¿Y quién la va a obtener? Aquél que no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones, por lo que, en lugar de obtener el certificado, va hacer la trapisonda de sustituir éste por una declaración jurada. Esto terminará ensuciando, inclusive, a la Administración.

Soy el primero en reconocer que muchas veces se solicitan certificados para actos que no se justifican en modo alguno. Obtener el certificado supone que el contribuyente deba estar dando vueltas durante dos o tres meses y no pueda realizar un acto jurídico al que tiene derecho.

En consecuencia, pienso que podríamos haber revisado -y por eso hoy hablaba de pereza mental- en qué condiciones resulta totalmente infundado exigir un certificado, a los efectos de simplificar este trámite. De esta manera, podríamos eliminar una disposición tan amplia como la que se propone, que permite, aun en las hipótesis más difíciles -en las que el deudor realiza un acto jurídico enajenando todos sus bienes- sustituir el certificado por una declaración jurada. Parece que esto estuviera hecho a medida de algún "vivo" que pretendiera aprovecharse de esta situación.

SEÑOR GARGANO. - Apoyado.

SEÑOR ZUMARAN. - Estas consideraciones las hago extensivas al artículo 106. Entonces, ¿cómo no recoger el principio de que muchas veces en nuestro orden jurídico, el Poder Ejecutivo, los Directorios de los Entes Autónomos, y los Ministros, firman resoluciones de menor cuantía, al punto de que toda la Administración está taponeada en la cúspide porque se requiere la firma, inclusive, del propio señor Presidente de la República, para cuestiones de mero trámite? De este modo, quedamos absortos cuando vemos las actas de los Entes Autónomos e inclusive de la propia Universidad de la República. Sin lugar a dudas, en Sala hay algunos señores senadores que estuvieron presentes en las sesiones del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y habrán quedado atónitos al observar los asuntos que quedan sometidos a su decisión.

Reitero que en el caso que estamos tratando resulta imprescindible tomarse el trabajo de pensar qué es lo que se puede delegar con conveniencia para la Administración. Por ejemplo, podríamos pensar en la cuestión de montos. Esto es lo que se hace desde tiempo inmemorial con el Poder Judicial. No podemos pretender que todas las sentencias las dicte la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el Juez de Paz no atiende los juicios más importantes del país, sino que atiende los casos, por ejemplo, según la cuantía. Esto significa que hay niveles de decisión inferiores, en relación a la cuantía o de la naturaleza del asunto, por lo que pueden ser delegados.

En consecuencia, es necesario trabajar para poder redactar un proyecto de ley de esta índole. Asimismo, también se debe trabajar para eliminar la exigencia de certificados, en algunos casos. Sin embargo, en vez de eso, se ha optado por enviar al Parlamento -no me estoy refiriendo exclusivamente a esta Legislatura, ya que también se ha realizado en períodos anteriores, más allá de quién fuera el Ministro y de quien ocupara la Presidencia de la República- disposiciones redactadas de tal modo que van a provocar que todos nosotros nos lamentemos. Me estoy refiriendo al hecho de que estas verdaderas barbaridades sean aprobadas por el Parlamento nacional.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: voy a ser muy breve en virtud de que comparto íntegramente las exposiciones de los señores senadores Gargano y Zumarán, quienes me acaban de preceder en el uso de la palabra. Esto no significa que esté discrepando con la explicación jurídica que brindó el señor senador Abreu acerca del instituto de la delegación.

Cuando un Parlamento está estudiando una norma y discutiendo si la va a aprobar o no -al igual que en cualquier acto jurídico, norma constitucional, reglamento, decreto o resolución- hay dos aspectos que se deben analizar: el que tiene que ver con la jurisdicidad y el relativo a la conveniencia o no de su aprobación.

Lo que el señor senador Abreu explicaba con mucha claridad y fundamento doctrinario es que, efectivamente, las facultades o atribuciones que un órgano tiene establecidas por ley, pueden ser delegadas si una norma la autoriza. El principio que autoriza la delegación -y que es compartido por toda la doctrina nacional y extranjera- señala que se pueden delegar las atribuciones, siempre que lo autorice una norma de la misma jerarquía jurídica que aquella que otorgó las facultades. Esto significa que el Parlamento podría delegar las atribuciones constitucionales si una norma constitucional lo autorizara a ello. En caso contrario, no podría delegar ninguna función. Como no hay norma constitucional autorizante, el Parlamento no puede delegar sus atribuciones.

El artículo 106, efectivamente, establece que estos organismos pueden delegar aquellas atribuciones que le han dado ciertas normas legales. Entonces es cierto, desde el punto de vista jurídico -tal como lo señalaba el señor senador Abreu- que como es una norma legal la que autoriza -o sea, del mismo rango jurídico que aquella que le dieron las competencias- no existe obstáculo jurídico en que esto se lleve a cabo.

El problema radica en saber si es bueno o no que esto se realice, porque el Parlamento, por ejemplo, puede crear nuevos Departamentos, ya que la Constitución lo autoriza. Pero si hubiera un proyecto de ley que estableciera que en lugar de 19 Departamentos, nuestro país tuviera 214, seguramente, aunque el proyecto no fuera inconstitucional, no lo aprobaríamos en virtud de que no resultaría conveniente o saludable.

En consecuencia, lo que explicaban los señores senadores Gargano y Zumarán es que no es saludable que una norma legal autorice a los jerarcas de estos organismos a delegar todas las atribuciones que estimen convenientes, a pesar de que las mismas se les hayan conferido por medio de una norma legal.

No se me oculta que deben haber mediado dos factores. Uno de ellos -y lo digo con todo respeto y, además, compartiendo lo que dice el señor senador Zumarán- dice relación con esa falta de prolijidad, con ese apuro en legislar, lo que hace que a veces los asuntos no se estudien debidamente y se remitan al Parlamento lo más rápidamente posible. Pienso, entonces, que éste puede haber sido uno de los factores que haya incidido.

El otro puede ser que por un enganche psicológico no revelado, se haya utilizado la misma frase que aparece en el artículo 168 de la Constitución que se refiere a la delegación de atribuciones por el Poder Ejecutivo, manifestando: delegar por resolución fundada las atribuciones que estime convenientes bajo su responsabilidad política.

En consecuencia, podemos afirmar que tanto el Poder Ejecutivo -que puede delegar- como los Intendentes -que también pueden hacerlo según el artículo 278- tienen responsabilidad política; son políticamente responsables. Ahora, si el acto cometido por uno de sus delegados o delegatarios -como gusta decir al amigo doctor Cassinelli Muñoz- está mal y genera errores, tanto el Poder Ejecutivo como los Intendentes son responsables, tienen responsabilidad política y, a ese respecto, hay órganos políticos que pueden ejercer control sobre ellos.

Por otro lado, hay organismos en los que algunos de los miembros tienen responsabilidad política, otros tiene responsabilidad político-penal y otros ninguna. Acaso, podemos referirnos a lo que se estampa en las Actas de los Directorios, aspecto éste al que con mucha pulcritud y acierto hizo mención el señor senador Zumarán. Recuerdo lo que en una oportunidad sucedió en una sesión del Directorio de un Ente Autónomo, más precisamente de ANCAP -esto tuvo lugar en la década del ‘60 y formó parte de los ejemplos de un trabajo realizado por un experto de las Naciones Unidas- donde se discutió extensamente si se donaba o no unas seis botellas que no sé bien si eran de whisky o de caña ANCAP.

Naturalmente, estas cosas no deberían ser resueltas en el seno de un Directorio, pero me pregunto qué sucedería si a un Director de un Ente Autónomo o de un organismo como puede ser el Banco Central -y esto lo digo con el mayor de los respetos- se le ocurriera, impulsado por un estado si no etílico, sí bastante alegre, dictar una decisión delegatoria por la cual la más bella de las telefonistas de dicha institución fuera la encargada de decidir si se intervenía o no determinado Banco. Por supuesto que esto lo puede hacer en virtud de la disposición que estamos considerando, aunque seguramente no lo realizarán. Pero lo cierto es que están legalmente autorizados para ello.

De manera que, a nuestro entender, este artículo debió ser más prolijo en su redacción; debió ser una disposición que fijara los límites o qué aspectos de esas normas legales por las que se atribuyen competencias, éstas se pueden y se deben delegar. En este sentido, creo que hasta es sano que exista una norma mucho más prolija que ésta, porque de hecho estas delegaciones se efectúan. Como es sabido, por ejemplo, el Banco de la República ha delegado en sus Gerentes Generales, Subgerentes Generales o Gerentes la decisión de otorgar préstamos según determinados montos y utilizando criterios racionales. Al efecto, digamos que durante muchos años esa delegación no tuvo ningún fundamento jurídico expreso porque de acuerdo con la Constitución, la administración de un Ente Autónomo la tiene su Directorio.

De modo que, reitero, es bueno que exista una norma de este tipo, pero bien redactada y, por supuesto, estudiada.

En consecuencia, señor Presidente, y compartiendo los fundamentos de los dos señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, votaré en contra esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de pasar a votar esta norma, la Presidencia quiere expresar que le llama la atención el ataque a la misma por la vía de considerar que es indeterminada y que, por consiguiente, autoriza a delegar cualquier tipo de atribuciones, las que se refieren a minucias administrativas -que estamos todos de acuerdo en que no debieran ser resueltas por los jerarcas- y las que dicen relación con materias importantes. Entonces, por el absurdo, presumiendo que un Directorio va a proceder de manera irracional, se ridiculiza a la disposición.

Pero si esta norma está mal redactada y es desprolija, consecuentemente está mal redactada la Constitución de la República y es también desprolija. De acuerdo con el artículo 280 de la Carta Magna, "Los directores generales de departamento ejercerán los cometidos que el Intendente expresamente delegue en ellos". ¿Cuáles? Cualquiera, desde el más irrelevante hasta el más importante.

Por otro lado, leyendo el numeral 24) del artículo 168 a que ha hecho alusión el señor senador Korzeniak, se advertirá que autoriza al Poder Ejecutivo a delegar, por resolución fundada y bajo su responsabilidad política, las atribuciones que estime convenientes ¿Cuáles? Cualquiera, con la sola exclusión de aquellas que por el artículo 160 deben necesariamente ser ejercidas en Consejo de Ministros.

Más aún, el numeral 9º) del artículo 181 de la Constitución dice que los Ministros son competentes para delegar, a su vez por resolución fundada y bajo su responsabilidad política, las atribuciones que estimen convenientes ¿Cuáles? Todas, desde la primera hasta la última; y todavía no se dice quien puede ser el delegatario. De modo tal si razonamos por el absurdo, vemos que puede ser el portero de un Ministerio si al jerarca se le ocurre. Si bien éstos tienen responsabilidad política, también la poseen los Directores de los Entes Autónomos. Porque si se cometen barbaridades, el Poder Ejecutivo los llamará al orden, revocará el acto o, eventualmente, pedirá su remoción al Senado. No se puede razonar de esa manera.

Lo cierto es que la concentración de atribuciones en los órganos jerárquicos de estos Organismos los torna profundamente pesados e ineficientes en su funcionamiento. Entonces, no es posible que se diga que la Administración tiene que ser más ágil y eficiente y que, cuando se propone un proyecto de ley para que ésta así actúe -que al final dice lo mismo que la Constitución de la República- surja una oposición tajante a la disposición.

Con todo respeto por los señores senadores que han opinado en contra, a la Presidencia le parece que esto es muy claro. Además, desde el punto de vista jurídico, de acuerdo con lo que decía el señor senador Korzeniak, no se pueden delegar las normas atribuidas por disposición expresa de la Constitución sino, como bien dice la norma en discusión, aquellas competencias o atribuciones que tengan origen en normas legales.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Esto es algo que tendríamos que meditar en conjunto todos los sectores políticos.

La argumentación del señor Presidente es muy buena, pero es evidente que la Constitución de la República no puede fijar normas sino con una gran generalidad. Si analizamos lo que ella dice respecto de las competencias de los distintos Juzgados, para aplicar el símil que yo utilicé, observamos que allí se establece hasta qué monto van a intervenir los Juzgados de Paz y hasta cuál otro lo harán los Juzgados Letrados, etcétera. Esa es, precisamente, una tarea que se comete al legislador, porque lo natural es que la Constitución adopte normas de carácter más general. Se confía en que luego el legislador las va a precisar con un grado más concreto y de certeza, que es lo que no estamos haciendo aquí. Asimismo, y reglamentando esta disposición de carácter general, dice que la Administración abundará en mayor criterio para ir desde el principio general a lo más particular. Si en algo peca nuestra Constitución -y no me quiero introducir en el tema constitucional respecto del cual el Senado tiene sus voceros naturales- es en la excesiva reglamentación que hace en muchas materias. Quizá fuera suficiente con que la Constitución dijera que se ampara a las personas en el derecho a la vida y no que se agregaran después una cantidad de artículos; eso es propio de la materia constitucional. El legislador tiene que precisar cómo se tutela ese derecho a la vida, no debiendo reiterar la norma de carácter general que establece la Carta Magna.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Despejado el tema jurídico, al parecer sobre este aspecto no habría mayores dificultades, pues solamente se pueden delegar atribuciones por vía legal, dentro del marco de las competencias que la ley otorga a cada uno de los Organismos que están contemplados en los artículos 220 y 221. Tratándose de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, sólo se pueden delegar aquellas atribuciones que sus Cartas Orgánicas fijan, naturalmente que aprobadas por vía legislativa. Dando esto por supuesto así como también el hecho de que por la vía de delegación de atribuciones el funcionario delegatario de ellas está sujeto a jerarquía y aun cuando no tenga responsabilidad política, se hace acreedor a sanciones administrativas en el caso de que incumpla, se exceda o sea omiso con las atribuciones que le fueron delegadas por parte de la autoridad máxima.

Desde el punto de vista legal y una vez despejado todo esto, mi preocupación apunta a discutir si es conveniente o no la nueva forma en que se encara la administración del Estado. Si razonamos por la vía del absurdo, podríamos llegar a conclusiones realmente inaceptables, en tanto la casuística no es la mejor consejera cuando se trata de dictar normas de carácter general que hagan no sólo a la mejor administración del sector público, sino también a una forma más racional y moderna en su funcionamiento, sobre lo que creo no hay discrepancias en el Cuerpo.

Por lo expuesto, consideramos que desde el punto de vista de la administración y habida cuenta de que existe un acotamiento jurídico y legal de cómo debe ser canalizado este tipo de atribuciones- es importante que comencemos a reconocer que la delegación de atribuciones es uno de los instrumentos que debe utilizar el sector público -eso sí, racionalmente- para aumentar la eficiencia y la eficacia en la prestación de sus servicios. Por lo tanto, claro está, no podremos llevar al mundo de la casuística las eventuales desviaciones que se pueden constatar porque sobre este tipo de problemas todos hemos escuchado y opinado y, además, lo vemos en el propio seno del Parlamento cuando nos enfrentamos con solicitudes de venias de destitución y cuando debatimos sobre sanciones a los funcionarios de la Administración Pública. Entonces, reitero, si encaminamos esto hacia la casuística, no podremos tomar ningún tipo de medida que suponga una concepción moderna de administrar el Estado, sin que ello signifique discurrir o incursionar en los aspectos filosóficos o programáticos acerca de cuál debe ser su tamaño.

Por todas estas razones, señor Presidente, votaremos afirmativamente, basándonos en especial en dos motivos: uno de orden jurídico, que es incuestionable, y otro que tiene que ver con la conveniencia, que creemos es un punto de partida importante para empezar a administrar e impulsar una forma diferente de ejercicio de la actividad estatal.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Confesamos que, en lo personal, nuestras dudas tenían que ver con la constitucionalidad. En tal sentido, debemos decir que nos alegra que ese aspecto haya sido obviado.

Entendemos que este elemento tiene muchas ventajas prácticas y que la delegación no exime de responsabilidad a la autoridad. Sin embargo, teniendo en cuenta el ejemplo dado por el señor senador Korzeniak, manifiesto que si se van a adoptar decisiones en ese estado de alegría -por no llamarle etílico- no sé qué será peor, si que delegue o que adopte las decisiones el jerarca.

SEÑOR PRESIDENTE. - Luego de la feliz intervención del señor senador Singlet, se va a votar el artículo 106.

(Se vota:)

-18 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto de proyecto aprobado por ser igual al considerado).

4) ASUNTO ENTRADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por que el que se aprueba la `Convención sobre los Derechos del Niño’, adoptada en la ciudad de Nueva York el 6 de diciembre de 1989".

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

5) EMPRESAS PUBLICAS DEL DOMINIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO. Modificaciones de su régimen legal.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Frente Amplio, nos vemos en la necesidad de exponer ante el Cuerpo una preocupación.

Como se sabe, ha ingresado a estudio del Senado el proyecto de ley relativo a las Empresas Públicas, el que fue destinado por el señor Presidente del Cuerpo -de acuerdo con lo establecido en el Reglamento- a la Comisión de Constitución y Legislación, integrada con dos miembros de la de Hacienda.

El propio Poder Ejecutivo ha expresado que este proyecto de ley podría ser el más importante del año. La Cámara de Representantes, sobre este tema, ha adoptado el criterio -que nos parece más justo- de nombrar una Comisión Especial para su tratamiento. Ello permite que puedan integrarse representantes de las distintas bancadas al estudio de este proyecto de ley. En el caso del Senado, se puede comprobar que con la integración de dos miembros de la Comisión de Hacienda a la de Constitución y Legislación, varios sectores políticos hemos quedado marginados de esa discusión, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de ley sobre el que, reitero, el Poder Ejecutivo ha manifestado que es el más importante de todos.

Por estas razones, nos parece mucho más justo que se considere la posibilidad de designar una Comisión Especial que nos permita a todos llevar a cabo un análisis que merece la opinión de todos, entendiendo que con esto se legislará mejor, que es el objetivo que, obviamente, perseguimos quienes integramos este Cuerpo.

Por lo expuesto, señor Presidente, en nombre de nuestra bancada mocionamos en el sentido de que se corrija lo establecido por la Presidencia y se dé lugar a la integración de esta Comisión Especial.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia quiere expresar que en su momento analizó detenidamente cuál era la Comisión a la que debía destinarse este proyecto de ley.

Consideró que los señores senadores tienen un recargo de trabajo, ya que siendo treinta deben atender todas las Comisiones, por lo que la creación de una Comisión Especial haría que se superpusieran otras tareas a las ya existentes. En cambio, destinándolo a una de las Comisiones permanentes del Cuerpo, naturalmente ella se abocará a estudiar este proyecto de ley, postergando los otros. La Mesa no cree que el ejemplo de lo ocurrido en la Cámara de Representantes obligue al Senado.

Por todas estas consideraciones, la Presidencia entendió que correspondía pasar este proyecto de ley a la Comisión de Constitución y Legislación y, en función de ello, resolvió darle trámite, a lo que está autorizada reglamentariamente.

De todos modos, el Cuerpo es dueño de resolver de otra manera. Sin embargo, la Mesa estima que no hay razón para crear una Comisión Especial.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: somos muy respetuosos del criterio de la Mesa. Más allá de ello, discrepamos porque, inclusive, en la decisión ya tomada se le da esa responsabilidad a la Comisión que, como bien sabemos, recibe mayor cantidad de proyectos de ley para su estudio. Al hacerlo, naturalmente, se detiene la consideración de otras iniciativas, lo que creemos que no es bueno para este Cuerpo. En cambio, con la integración de una Comisión Especial, se da lugar a que cada sector político pueda escoger a uno de sus representantes y quizás, en todo caso, a quien pueda participar de esa Comisión por disponer de más tiempo.

Queríamos hacer esta aclaración porque, efectivamente, no sólo discrepamos con la resolución, sino también con los fundamentos que ha brindado el señor Presidente del Cuerpo, expresado esto con el mayor de los respetos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Lo que ocurre, señor senador Araújo -y la Mesa se cree en el deber de informarlo al Cuerpo- es que el propósito de los partidos políticos representados en la Comisión de Constitución y Legislación -y así lo resolvieron hoy- es adoptar un régimen de trabajo intenso, lo que determinará que, exista o no una Comisión Especial, quienes la integren deberán dejar de asistir a otras y, naturalmente, la labor de esas otras Comisiones se paralizará. Además, para que optáramos por la Comisión de Constitución y Legislación, medió el hecho de que es la que desarrolla un trabajo más intenso, al que están acostumbrados sus miembros, sesionando dos veces por semana, con el agregado de que ahora lo hará en tres y hasta cuatro ocasiones, a fin de dar un trámite ágil a este proyecto de ley.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: pienso que es posible que detrás de esta discusión entre el procedimiento que rige actualmente -Comisión de Constitución y Legislación integrada- y la propuesta formulada por el señor senador Araújo, exista una cuestión de tipo político, la que plantearé con total franqueza. Por otra parte, esto ya se lo comenté informalmente al señor Presidente cuando nos encontrábamos en la Comisión de Constitución y Legislación.

La mencionada Comisión está integrada por siete miembros y, por suerte para el Parlamento, están representados en ella todos los lemas que existen en este Senado. Sin embargo, se ha decidido integrarla con dos miembros de la Comisión de Hacienda y fueron designados dos distinguidos Senadores uno del Partido Colorado y otro del Partido Nacional. Quiere decir, entonces, que este tema quedará a estudio de una Comisión conformada por nuevos miembros en la que el Nuevo Espacio y el Frente Amplio sólo tendrán un representante cada uno. Existe, pues, una razón política de fondo para que se pida la designación de una Comisión Especial y, según se me ha informado, el asunto fue conversado por el señor Presidente del Cuerpo y el señor senador Araújo. En términos de representatividad, de estudio de las proporcionalidades, creo que no nos encontramos frente a una integración equitativa. Dicha falta de equidad podría ser solucionada mediante una Comisión Especial. Nuestra bancada interpreta que ese es el verdadero sentido de la propuesta formulada. Lógicamente, no se trata de algo rígido pero nos parece que una Comisión que realizará un trabajo tan importante debe contar con la representación proporcional de las diversas fuerzas políticas que forman este Cuerpo, porque ella responde -hasta donde el sistema lo permite- a las voluntades de la ciudadanía de nuestro país.

Quiero dejar una última constancia. Con esta o con otra integración, la Comisión ya ha demostrado que no va a retacear ni a chicanear el trabajo. De lo que se trata es que, habiendo llegado al Parlamento una norma de tal importancia para la vida económica y social del país, todas las fuerzas políticas se expresen de una manera coherente, bien representadas.

Esta es la afirmación que quería formular, abonando la propuesta que acaba de hacer el señor senador Araújo, que intenta corregir -repito- ese aspecto político en materia de integración.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Quisiera recordar algunos aspectos que todos conocen, pero que sería bueno considerar en conjunto.

En primer lugar, deseo referirme al contenido de este proyecto de ley, que es de capital importancia.

Según ha manifestado el propio señor Presidente de la República, este es uno de los proyectos de ley fundamentales en la propia visión del Gobierno, y lo denomina como un proyecto de transformación fundamental en la vida del país.

Por nuestra parte, coincidimos con el Gobierno en cuanto a que se trata de un proyecto de ley muy importante, aun cuando no compartimos los conceptos que allí están encerrados. Por lo tanto, considero que la discusión es sustancial.

Decimos que es un proyecto de ley fundamental, no sólo por su contenido sustantivo, sino también por lo novedoso que es su naturaleza, su propósito, su objetivo, desde el punto de vista histórico en el país.

Por otro lado, sé que el criterio adoptado por la Cámara de Representantes -como señaló el señor Presidente del Cuerpo- no nos obliga; eso es claro. Sin embargo, su experiencia nos sirve, y esto es tan claro como lo anterior. La experiencia de la Cámara de Representantes, en un proyecto igualmente importante, fue la de crear una Comisión Especial. Esto no sólo es importante desde el punto de vista de la representatividad político-partidaria -esto de suyo es fundamental si tenemos en cuenta la democratización del debate- sino que también tiene relevancia desde otra perspectiva, que es la que va unida a las características de los temas como el que está contenido en este proyecto de ley. Se trata de asuntos interdisciplinarios, que en su estudio necesitan el enfoque que puedan aportar varias disciplinas, porque son temas y problemas que abarcan, al mismo tiempo aspectos muy importantes de la vida del país. A la necesidad de que haya una representatividad político partidaria lo más equitativa posible, se agrega -a nuestro juicio- la de que exista la mayor posibilidad de atacar el tema y de analizarlo con una perspectiva de trabajo conjunto de todas las disciplinas que están involucradas en ese proyecto.

Por lo expuesto, señor Presidente, nosotros creemos que la creación de una Comisión Especial designada al efecto, que tome en cuenta al mismo tiempo estas dos necesidades, es la mejor solución posible.

A las demás opiniones que se habían vertido en Sala, quise agregar ésta, que trata de enfatizar algunos puntos que, por lo menos a mi juicio, no habían quedado del todo claros.

Por otra parte, pienso que este Parlamento tiene que temerle, quizá, a muchas cosas, pero hay una a la que no le puede temer -tiene la obligación de no hacerlo- y es al debate, a la discusión; no debe tener temor de discutir, de dedicarle todo el tiempo y la energía que sean necesarios al análisis, sobre todo cuando se está ante temas de tan arraigada importancia en la vida económica, social y política del país.

En consecuencia, creo que debemos hacer todos los esfuerzos posibles por enriquecer el debate y no por limitarlo, por tratar de multiplicarlo y no de acotarlo, sabiendo que esto no es sinónimo de alargamiento en el tiempo. Al respecto existen ejemplos en esta misma Legislatura. Si el Parlamento se dedica con la energía y la eficiencia que hasta ahora ha demostrado, estoy seguro de que puede discutir mucho, bien y en el menor lapso posible.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia, por error, permitió la discusión de esta moción de orden. Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento, no es correcto, porque se refiere a la integración de una Comisión. No obstante, como ha dejado hablar a varios señores senadores, va a permitir que lo sigan haciendo los demás.

Hago esta acotación para que en una ocasión futura este precedente erróneo, debido a una distracción de la Mesa, no se reitere.

Tiene la palabra el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: además de compartir el criterio de la Mesa, que por algo lo habrá tomado y decidido derivar a la Comisión de Constitución y Legislación integrada con Hacienda el tema de referencia, con una composición bastante elocuente e importante -de 9 senadores sobre 30 ó 31, contando al señor Presidente, cuando en la Cámara Baja se hizo con una Comisión Especial de 13 miembros en 99- creemos que en ningún lugar del Reglamento figura que con la integración de esta Comisión quede limitada la capacidad de discusión, que pueda llevar cualquier señor senador no integrante de la Comisión al seno de la misma.

Pienso que en la instalación de la Comisión en la tarde de hoy, en la cual participamos, se tomó un cuidadoso manejo en cuanto a ese tema. Si no recuerdo mal -quizás algún senador más avezado que el que habla lo pueda ilustrar- cuando debatimos, por ejemplo, la Ley de Ajuste Fiscal, en la Comisión de Hacienda del Senado, estuvieron presentes en más de una oportunidad muchos señores senadores interesados en el tema, solicitaron la palabra e hicieron uso de la misma, formularon argumentaciones y preguntaron a los invitados que en ese momento se encontraban presentes. No sólo señores senadores, señor Presidente, sino que en más de una sesión, yo diría que la voz cantante en cuanto a preguntas a integrantes del Equipo Económico en algunos tramos de sus exposiciones, la llevaron algunos señores representantes que se encontraban presentes en Sala y que, por supuesto, fueron autorizados, con el voto conforme de los señores integrantes de la Comisión, a exponer sus dudas e, incluso en algunos casos, sus argumentos.

Somos de los que creemos que cuando asisten invitados especiales para informar a la Comisión se debe escuchar lo que estos dicen y no entrar en argumentaciones que pueden derivar en una discusión general en torno a la misma. Pero no creemos que los mecanismos que reglamentan las Comisiones que, en principio y salvo decisión en contrario, son los mismos que los del Senado de la República, impidan o inhiban a cualquier señor senador que quiera hacerse presente en las mismas, participar adecuadamente en todas las dudas que quieran despejar en las presencias que ya taxativamente han sido establecidas en la tarde de hoy y que hacen a integrantes del Poder Ejecutivo y de los organismos públicos a los que el proyecto de ley hace referencia.

No creemos que el ser o no miembros de dicha Comisión los inhiba de formular todas las preguntas que quieran en el seno de la misma y en algún momento, incluso, de expresar su opinión.

Por eso, señor Presidente -salvo que alguien que sepa más que yo de estos temas me lo aclare- no veo cuál es el temor porque en torno a esto no se proceda al debido debate. Desde luego que, la votación será entre los nueve señores senadores integrantes de la Comisión. Pero esto es otra cosa.

En cuanto a las dudas, a las preguntas y al debate en torno a estas ideas, que por supuesto lo queremos, no creemos que la integración de la Comisión inhiba de hacerlo a ningún otro señor senador que no pertenezcan a la misma.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: ya se han dado en Sala distintas argumentaciones en uno u otro sentido con relación a esta solicitud del Frente Amplio para la designación de una Comisión Especial que ingrese al estudio del proyecto sobre Empresas Públicas que, como es sabido, está a cargo de la Comisión de Constitución y Legislación integrada con dos miembros de la Comisión de Hacienda.

Creemos que en estas argumentaciones no se ha manejado una que para nosotros es de gran importancia y trascendencia. Este proyecto relativo a Empresas Públicas, es de fundamental importancia como se acaba de expresar en Sala. En él, el actual Gobierno del país tiene fundadas especiales esperanzas a los efectos de procurar cambios y modificaciones que considera esenciales en la estructura del Estado y en el manejo de las empresas públicas.

De acuerdo a la estructura de la Comisión que se encargará de realizar este análisis y de trabajar en este tema, apreciamos que la preside un señor senador del Frente Amplio. Se trata del señor senador Korzeniak y esto hay que resaltarlo de manera esencial y fundamental.

Las mayorías de este Senado podrían haber dispuesto que esta Comisión fuera presidida por un hombre perteneciente a ellas. Sin embargo, no se hizo así. Se votó que se integrara la Comisión de Constitución y Legislación con miembros de la Comisión de Hacienda, habilitando que el propio Presidente de la Comisión de Constitución y Legislación fuera el Presidente de esta Comisión integrada. Este es un hecho de fundamental trascendencia e importancia. En un proyecto esencial para las mayorías parlamentarias que integran este Senado, se habilita a que presida la Comisión un señor senador del Frente Amplio, lo que está indicando civilización política, respeto a las minorías y, fundamentalmente, consideración personal por los conocimientos del señor senador Korzeniak.

Junto a este razonamiento queremos significar que en la Comisión están representados todos los sectores de este Senado y, por tal razón, están habilitados para expresarse en forma amplia y total, porque como se acaba de manifestar, además de la representación efectiva que tiene cualquier señor senador, se puede hacer presente en la Comisión y dar allí su opinión.

Por esas razones, estimamos que esta Comisión especial que se solicita, no es viable en razón de que están dados todos los elementos para que en forma normal, adecuada, el Senado pueda trabajar a través de esta Comisión presidida por el señor senador Korzeniak y constituida por la Comisión de Constitución y Legislación con dos representantes de la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - En las cuestiones de orden no hay contestaciones de alusión, señor senador Araújo. Le pido disculpas.

Estaba en uso de la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR ARAUJO. - Hubo una alusión, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - La habrá habido, señor senador Araújo, pero también existieron otras. Hace rato que entramos en el terreno de las alusiones, que no se debieran realizar por parte de ningún señor senador.

Reitero que está en uso de la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Veo que se va dilatando el debate sobre este problema y no sé exactamente cuál es la dificultad para que haya una representatividad más equivalente por parte del Frente Amplio en el tratamiento de este asunto en Comisión. Tengo la impresión que por la forma en que está compuesta esta Comisión, creo que no hay una representatividad, salvo en cuanto a los colores políticos, pero no así en los matices políticos de los diversos grupos que componen cada una de las colectividades. Hay que tener en cuenta que en estos cinco años, existirán muchos temas importantes para abordar, pero creo que habrá fundamentalmente dos.

Uno de ellos, naturalmente, es el Presupuesto. Una vez, un veterano legislador, me indicó que a un país puede sucederle cualquier cosa, menos no tener Presupuesto; por lo tanto, uno es el Presupuesto.

SEÑOR SANTORO. - Hubo años sin Presupuesto.

SEÑOR PEREZ. - No voy a entrar en detalles acerca de lo que sucedió durante esos años.

El otro tema, sin duda, es un cambio de contenido, no sólo económico, profundo, sino, además, de contenido histórico, que tiene relación con la modificación de la propiedad de las empresas estatales. Sin dudas, una definición con respecto a este tema, junto con lo que se resuelva a nivel de Presupuesto, será lo más trascendente que en estos cinco años pueda hacer el Parlamento nacional.

Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos al realizar un análisis de este asunto, pues será un acontecimiento económico, social e histórico que modificará aspectos de la vida de la República que datan de 1911, 1913, etcétera. No se trata de dilatar la consideración del tema a propósito, sino de actuar con una cierta tranquilidad en cuanto a que todos los componentes del Cuerpo puedan efectivamente brindar sus puntos de vista y que sus opiniones sean valoradas en sus justos términos.

En consecuencia, no veo la razón por la que existe temor de que el Frente Amplio esté representado por dos miembros en una Comisión de nueve. Por otra parte, de los 30 integrantes del Cuerpo, nueve corresponden al Frente Amplio y al Nuevo Espacio, lo que supone un porcentaje del 30%. Sin embargo, en la Comisión, el Frente Amplio tendrá un solo representante entre los nueve miembros que la componen. Esto significa que no se da una representatividad adecuada.

Aquí se ha dicho que cualquier señor senador puede asistir a la Comisión, preguntar, etcétera. Creo que este argumento vale tanto para un lado como para el otro porque, en definitiva, cualquier representante de sectores de la coincidencia -tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional- puede concurrir a ella. Además, la votación definitiva sobre el tema tendrá lugar en el Senado.

Por otra parte, no creo que el hecho de agregar un miembro a una Comisión que ya cuenta con nueve, pueda modificar en absoluto la correlación deseada.

Por estas razones, señor Presidente, vamos a apoyar la creación de una Comisión Especial. De todas formas, dejo planteada esta alternativa que se me acaba de ocurrir: ¿por qué no designar a tres miembros de la Comisión de Hacienda -en lugar de dos- para que se integren al grupo de trabajo que estudiará el proyecto?

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: en primer lugar, quiero señalar que desde nuestro punto de vista la Mesa ha actuado de acuerdo con lo que establece el Reglamento. En ese sentido, parece ocioso efectuar un análisis exhaustivo de dicho texto.

De todos modos, el artículo 141 -que habla de asuntos de competencia de más de una Comisión- establece que "el Presidente lo destinará a la que crea más adecuada, integrándola, al efecto del estudio de ese asunto, con miembros de la otra". Más adelante, se remite al artículo 137, que expresa: "La distribución de los cargos de los sectores parlamentarios en cada una de las Comisiones Permanentes será realizada por el Presidente del Senado, procurando en lo posible" -y subrayo esta expresión- "mantener en cada Comisión y entre los distintos sectores la proporción que éstos tienen en la Cámara, así como también que en las Comisiones esté representado el mayor número de sectores". Reitero que en este artículo se utiliza la expresión "en lo posible", y si analizamos lo que ocurre en el Senado, observaremos que debe haber una docena de sectores registrados como tales. Existen cuatro lemas pero, reitero, hay una docena de sectores. Entonces, si se procura mantener la representación del Senado y, al mismo tiempo, que esté representada la docena de sectores existentes, sería más conveniente dejar de lado la idea de crear una Comisión e ingresar directamente a la discusión en el Plenario, con lo cual rendiríamos un enorme homenaje a la ineficiencia del trabajo parlamentario. Si para algo existen las Comisiones es para realizar el trabajo de intercambio de opiniones, de descarte de propuestas, de sugerencias, a fin de traer ya más o menos -y perdóneseme la expresión- digerida la solución para que el Plenario luego resuelva.

Repito que es imposible que en cualquier Comisión -tanto en ésta como en la que fuere- por un lado, se contemple a los doce sectores aquí representados -no creo estar muy errado en la cuenta- y, por otro, se mantenga una razonable proporción equivalente a la del Senado.

Me voy a referir a otro tema que, a mi juicio, es fundamental. Parecería que el problema se suscita ante la idea de que algún sector o miembro del Senado pueda quedar fuera de la posibilidad de participar ampliamente en el debate de esta Comisión integrada que ha designado el señor Presidente. Creo que ya se ha dicho, pero no es ocioso reiterar que la Comisión en el día de hoy resolvió establecer que el régimen a aplicar será igual al que utiliza el Senado en la discusión de los proyectos de ley. Es decir que cada uno de los nueve miembros de la Comisión dispondrá de media hora prorrogable por otros treinta minutos en la discusión general de este proyecto de ley, mientras que durante la consideración de cada artículo podrá hacer uso de la palabra por veinte minutos. Pero, además, también resolvió -y consta en las actas respectivas- que cualquier miembro del Senado puede concurrir a las sesiones y disponer del mismo tiempo que sus integrantes. Entonces, ¿por qué se dice que no todos los integrantes de este Cuerpo tendrán las mismas posibilidades de expresar lo que se les ocurra? No olvidemos que se ha fijado un régimen absolutamente equitativo e igualitario para todos en el seno de esa Comisión, precisamente porque era de prever que habría muchos señores senadores interesados -aun no formando parte de esta Comisión Especial- en participar en el debate. En el día de hoy ya concurrieron dos.

El señor senador Cigliuti me recordaba algo que yo pensaba decir. Hace instantes el señor senador Pérez señalaba que el Presupuesto es la ley fundamental de un período legislativo, y estoy de acuerdo con él; en general, es así. Cabe señalar que a la Comisión de Presupuesto concurren tanto quienes la integran como quienes no, y participamos todos con más o menos brillo, mayor o menor acierto, pero en un estricto pie de igualdad. Y no recuerdo que jamás se haya hecho cuestión alguna acerca de este hecho y, ¡vaya tema que es el Presupuesto!

En definitiva, señor Presidente, lo único que sí es exacto es que con esta composición puede haber, a la hora de votar en la Comisión integrada, un resultado proporcionalmente desigual al que se pueda dar posteriormente en la Cámara de Senadores cuando el tema sea considerado por el Plenario. Pero me parece que esa es una cuestión menor, y no es la que interesa políticamente al país; lo que importa a la opinión pública es el debate en Sala y lo que quede registrado -supongo que habrá versión taquigráfica- del tratamiento del tema en Comisión.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que en modo alguno este asunto tiene la importancia que se le atribuye. Quiero señalar nuevamente que, a mi juicio, el señor Presidente ha actuado con sensatez y de acuerdo con el Reglamento.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Pienso que el tema que estamos discutiendo no es menor sino de suma importancia.

Voy a realizar una apreciación rápida sobre la representatividad que puede tener esta Comisión en cuanto a los sectores. Si no estoy equivocado hay tres sectores parlamentarios excluidos de ella porque no tienen representantes ni en la de Constitución ni entre los integrantes de la de Hacienda que han sido designados para integrarla.

Esa es la primera apreciación. No están representados el sector de la Cruzada 94, el del señor senador Zumarán ni el Movimiento Nacional de Rocha.

Nadie ha discutido la importancia y trascendencia del proyecto que se va a estudiar, seguramente -así lo ha dicho el señor Presidente de la República- uno de los fundamentales de su gestión, o el más importante de todo el período parlamentario.

Hemos constituido Comisiones Especiales de variado signo, aunque sé que hay señores senadores que se oponen a ello. Pero, si ésta es para estudiar la ley eje de toda una gestión, si esa ley va a cambiar las directivas generales de todo el país, de su funcionamiento, de la eficiencia del sistema público de empresas, de la gestión del Estado y, además, el desarrollo económico nacional y la potencialización de todas las virtudes económicas que nuestro país tiene, ¿ello no amerita o no se dan las circunstancias para que se designe una Comisión Especial?

Vamos a partir de la base, naturalmente, de que los sectores parlamentarios no incluidos en esta Comisión de Constitución integrada con Hacienda pueden, por voluntad de sus legisladores, acreditar a uno de ellos para que concurra y actúe dentro de la misma. Pero no es igual, señor Presidente, que constituir una Comisión en la que cada sector parlamentario pueda acreditar a aquellos senadores que entienda más competentes para desempeñarse, por la calidad de sus conocimientos, en un debate altamente especializado.

Entendemos que no habría problema en integrar una Comisión Especial por cuanto hay vasta experiencia al respecto. Además, si partimos de la base de que todos van a asistir a las sesiones de la Comisión, podríamos ser mucho más breves en la aprobación del proyecto nombrando una en la que estén representados todos los sectores. Eso nos permitiría disminuir el número de senadores que concurriría a las sesiones de la Comisión.

Por último, señor Presidente, nadie niega la especialidad, la trascendencia e importancia, la exclusión de sectores, ni el desequilibrio en la representación porque, evidentemente, dentro de esta Comisión el Frente Amplio y el Nuevo Espacio, que en conjunto suman el 30% de los votos de la ciudadanía, tienen sólo dos legisladores. Naturalmente, el equilibrio se rompe por ese lado; pero, además, está el hecho de que hay sectores concretos, del propio Partido de Gobierno y del Partido Colorado que no están incluidos.

Pienso que esto no se compensa diciendo que se ha dado una gran muestra de amplitud con el hecho de que el señor senador Korzeniak es Presidente de la Comisión de Constitución y Legislación y va a presidir la integrada con Hacienda. El señor senador Korzeniak es Presidente de esa Comisión por un acuerdo político entre todos los sectores, derivado de la presencia parlamentaria que ellos tienen aquí y no por gracia divina ni por concesión graciosa sino porque se le designó Presidente como se nombró al señor senador Pereyra Presidente de la de Presupuesto y a otros señores senadores de las distintas Comisiones. Aprovecho para recordar que, a siete meses de iniciada nuestra gestión, todavía no hemos llegado a un acuerdo para designar a los Vicepresidentes.

SEÑOR SINGLET. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SINGLET. - Como comprenderá, señor Presidente, no en base a la experiencia sino con el propósito de buscar alguna solución intermedia -porque tengo la sensación de que, evidentemente, no hay acuerdo- ya que la importancia del tema no es lo que está en discusión y aunque la posibilidad de la polémica no se vería afectada por la integración dado que cualquier señor senador puede concurrir a las sesiones y, además, porque entiendo que los votos que duelen -por decirlo de alguna manera- son los que se dan posteriormente en Sala, como hay dos integrantes de la Comisión de Hacienda que son miembros de la de Constitución y otros dos que ahora integrarían ésta, pienso que podría ser una solución intermedia que se reunieran las dos Comisiones, es decir, integrar Constitución y Legislación con Hacienda para debatir el tema con lo que llevaríamos de 9 a 12 el número de integrantes.

Creo que esta es una solución intermedia ante las dos posiciones que se han expuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Había solicitado la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: me ganó de mano el señor senador Singlet. Iba a hacer la misma propuesta con igual espíritu constructivo, de modo que me siento interpretado por sus palabras.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Nosotros tenemos una vieja tradición en el sentido de fortalecer el trabajo en las Comisiones. Creemos que es muy importante facilitarlo y permitir que la mayor cantidad posible de planteos se realice en Comisión.

De modo que admitimos cualquier tipo de solución que permita que el mayor número de sectores pueda emitir su pronunciamiento, formular preguntas y realizar un examen a fondo de los proyectos en Comisión.

No teníamos al respecto una solución sustitutiva a las dos planteadas e íbamos a votar tanto la moción para designar una Comisión Especial como la de que se integrara la de Constitución y Legislación con tres miembros de la de Hacienda. Ahora, creemos que la formulada por el señor senador Singlet resume lo que puede ser el deseo de gran parte de los señores senadores -no quiero decir de todos, pues ni siquiera sé si es el de la mayoría- por lo que la vamos a acompañar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Araújo en el sentido de que se designe una Comisión Especial.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Quisiera retirar nuestra moción porque vamos a adherir a la formulada por el señor senador Singlet.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, se va a votar la moción formulada por el señor senador Singlet en el sentido de que para tratamiento del proyecto de ley sobre Empresas Públicas actúen en conjunto, integradas, las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

(Se vota:)

-11 en 26. Negativa.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se trataba de una moción de orden, de modo que no se puede fundamentar el voto.

6) ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana. (Carp. Nº 1236/88 - Rep. Nº 114/90)".

(Antecedentes:)

"Carp Nº 1236/88
Rep. Nº 114/90

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 31 de julio de 1990.

Señor Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 4 de octubre de 1988, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación parlamentaria del "Acuerdo sobre Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana", suscripto el 29 de enero de 1988, al permanecer vigentes para los intereses de la República los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana, suscripto el 29 de enero de 1988.

Por el presente Acuerdo se establecen las líneas generales en que se fundamentará la relación, intercambio y cooperación que en el ámbito de la cultura adoptarán las Partes, con el objeto de estrechar los lazos de amistad existentes.

Las áreas atendidas en el instrumento son la educativa, la cultural y de investigación, detallándose los mecanismos en que se harán efectivas las mismas.

En ese sentido, en el artículo I, para el área educativa se establece la posibilidad de intercambio de profesores, técnicos, estudiantes, así como la asignación de becas o créditos a estudiantes y profesionales para estudiar en instituciones de educación y cultura en ambas Partes.

Se prevé asimismo -artículo II- el estudio por las Partes de procedimientos y condiciones para hacer factible el reconocimiento de los títulos, diplomas y certificados otorgados por las instituciones educativas de las Partes Contratantes.

Seguidamente, los artículos III y IV están destinados a proyectar intercambios de representantes de las distintas actividades artísticas y culturales de cada Parte así como en lo relativo a material bibliográfico, fotográfico, de audio y video, y todo tipo de documentación referente a sus instituciones culturales.

Por los artículos V y VI se establece la mutua colaboración en actividades relativas a la investigación histórica, arqueológica, la restauración artística y arquitectónica en el marco del desarrollo general del patrimonio nacional; promoviéndose la participación en actividades de instituciones culturales particularmente con respecto a estudios documentales y a investigaciones (artículo VII).

Por último se acuerda la adopción conjunta por las Partes de las medidas necesarias para la ejecución del presente Acuerdo, previéndose la creación de una Comisión de Cooperación integrada por representantes de organismos competentes que determine cada país y un delegado de la Misión Diplomática respectiva, con el objeto de colaborar en la aplicación del Acuerdo y elaboración de programas relativos a las formas de cooperación y las condiciones financieras de los mismos.

Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo considera que el presente instrumento tutela adecuadamente los intereses nacionales y favorecerá la cooperación cultural entre ambas naciones".

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gross Espiell, Guillermo García Costa.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana, suscripto el 29 de enero de 1988.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Guillermo García Costa, Héctor Gross Espiell.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación del Acuerdo sobre Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, cuyo texto se transcribe a continuación:

Por el presente Acuerdo se establecen las líneas generales en que se fundamentará la relación, intercambio y cooperación que en el ámbito de la cultura adoptarán las Partes, con el objeto de estrechar los lazos de amistad existentes.

En particular se establece en el artículo 1 que "en la medida de sus recursos respectivos" las Partes proveerán:

a) al intercambio de profesores, técnicos, expertos investigadores y estudiantes;

b) a la asignación de becas o créditos a estudiantes y profesionales graduados, para estudiar en instituciones de educación y cultura en ambos países.

El artículo 2, insta a las Partes a examinar los procedimientos y condiciones para que los títulos, diplomas y otros certificados "otorgados por las instituciones educativas de las Partes Contratantes, puedan ser reconocidos recíprocamente con fines académicos o profesionales".

Los artículos 3 y 4 detallan las áreas de intercambio cultural.

El inciso 1 del artículo III hace mención a la organización de visitas de grupos de artistas y a la posibilidad de realizar exposiciones, espectáculos y conferencias.

Los incisos 2 y 3 admiten que "los materiales y obras destinadas a exposiciones se recibirán temporalmente libres de derechos `salvo que éstos sean destinados a la venta’".

El artículo 4, en particular, hace referencia al propósito de "conocer y comprender" las civilizaciones respectivas, para lo cual se promoverán, entre otros, el intercambio de libros, discos e informaciones estadísticas (inciso 1); programas de radio y televisión (inciso 2); documentación sobre instituciones culturales, ciencia, artesanía (inciso 3).

El artículo 5 prevé la colaboración de las Partes en el área de la investigación arqueológica, la restauración artística, la rehabilitación urbana y la conservación del patrimonio nacional.

El artículo 6 trata de la posibilidad de celebrar seminarios y reuniones en el marco de la común investigación de la historia dominicana, uruguaya.

El artículo 7 habla del estímulo que ambas Partes se comprometen a dar a su participación en las actividades de las instituciones culturales, lo que se complementa con lo dispuesto en el artículo 8 sobre cooperación en la preparación y organización de eventos artísticos a celebrarse en países de la región.

El artículo 9 prevé la creación en cada una de las Partes, de una Comisión de Cooperación a los efectos de que éstas "tomen conjuntamente las medidas necesarias para la ejecución de este Acuerdo".

Esta Comisión estará integrada "por representantes de los organismos competentes que determine cada país y por un representante de la Misión Diplomática respectiva que la misma designe".

Deberá además elaborar programas de cooperación bianuales, con las condiciones financieras de los mismos, así como evaluar los resultados de su ejecución (artículo 9 in fine).

Los artículos 10 y 11 contienen cláusulas de estilo referidas a la entrada en vigor del presente Acuerdo, la posibilidad de denunciarlo y la no afectación -por esta denuncia- de los programas en curso acordados durante su vigencia.

En virtud de considerarse que las características de este Acuerdo son beneficiosas para el enriquecimiento cultural de nuestro país, vuestra Comisión recomienda su aprobación.

Sala de la Comisión, 13 de setiembre de 1990.

Sergio Abreu (Miembro Informante), Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Américo Ricaldoni, Eduardo Viera, Alberto Zumarán. Senadores".

ACUERDO SOBRE COOPERACION CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

El Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay deseosos de estrechar los lazos de amistad que existen entre sus dos países a través de los intercambios y la cooperación.

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

Las Partes Contratantes en la medida de sus recursos respectivos, facilitarán el desarrollo de vínculos culturales entre ambos países mediante:

a) El intercambio de profesores, técnicos, expertos, investigadores y estudiantes.

b) La asignación de becas o créditos a estudiantes y profesionales graduados con el fin de estudiar en instituciones de educación y cultura en ambos países, o para recibir una formación práctica en esos mismos centros.

ARTICULO II

Cada una de las Partes Contratantes, examinará los procedimientos y condiciones bajo los cuales los títulos, diplomas y otros certificados otorgados por las instituciones educativas de las Partes Contratantes, pueden ser reconocidos recíprocamente con fines académicos o profesionales, sujeto a lo que establezca la legislación de cada país.

ARTICULO III

1. Las Partes Contratantes estimularán los intercambios culturales a través de la organización de visitas de sus grupos musicales y teatrales de artistas, actores, bailarines, músicos, escritores, periodistas y otros representantes del arte y la cultura. Asimismo organizarán actividades artísticas y culturales que incluyan exposiciones, espectáculos, conferencias.

2. Los materiales y obras destinadas a las exposiciones, se admitirán temporalmente libres de derechos en cada uno de los dos países, de acuerdo con los reglamentos en vigor a ese respecto.

3. Los derechos de aduana y otras cargas fiscales deberán ser pagados en el caso de que las obras admitidas en exposición sean vendidas, de acuerdo a lo que establezca la legislación de cada Parte.

ARTICULO IV

1. Con el propósito de conocer y comprender mejor la cultura y la civilización respectivas, las Partes Contratantes promoverán el intercambio de libros, publicaciones periódicas, fotografías, cintas magnetofónicas, discos, bandas de video, películas, así como informaciones estadísticas.

2. Para los mismos fines las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de intercambiar o preparar programas de radio y televisión.

3. Las Partes Contratantes facilitarán recíprocamente el intercambio de documentación sobre sus museos, bibliotecas y otras instituciones culturales, y también intercambiarán informaciones de toda índole sobre ciencias, arte y artesanía.

ARTICULO V

Las Partes Contratantes se prestarán mutua colaboración en actividades y proyectos en los campos de la investigación arqueológica, la restauración artística y arquitectónica, la rehabilitación urbana, la conservación y restauración y el desarrollo general del patrimonio nacional.

ARTICULO VI

En el campo de la historia, ambas partes prestarán especial atención al estudio y la investigación de la historia dominicana y uruguaya, incluyendo la celebración de seminarios y reuniones.

ARTICULO VII

Las Partes Contratantes estimularán una participación incrementada en las actividades de las instituciones culturales, especialmente con respecto a estudios documentales y a investigaciones.

ARTICULO VIII

Las Partes Contratantes pondrán especial atención a la mutua cooperación en la preparación y organización de eventos internacionales artísticos, científicos, literarios y culturales en general, a celebrarse en países de la región.

ARTICULO IX

Las Partes Contratantes tomarán conjuntamente las medidas necesarias para la ejecución de este Acuerdo.

A esos efectos, cada una de las Partes creará una Comisión de Cooperación integrada por representantes de los organismos competentes que determine cada país.

También integrará dichas Comisiones de Cooperación un representante de la Misión Diplomática respectiva que la misma designe.

Competerá a estas Comisiones de Cooperación colaborar con sus respectivos gobiernos en todo lo relacionado con la aplicación del presente Acuerdo, incluyendo la elaboración de los programas periódicos bianuales, relativos a las formas de cooperación, así como las condiciones financieras de los mismos.

Dichas Comisiones de Cooperación, también tendrán como cometido evaluar la ejecución de los referidos programas.

ARTICULO X

El presente Acuerdo está sujeto a ratificación. Entrará en vigor treinta días después del canje de los Instrumentos de Ratificación y permanecerá en vigor hasta que una de las Partes comunique a la otra su decisión de denunciarlo. En este caso, la denuncia tendrá efecto seis meses después de la fecha de notificación.

ARTICULO XI

La denuncia de este Acuerdo no afectará la ejecución de los programas en curso acordados durante su vigencia, a menos que ambas Partes convengan lo contrario.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, siendo debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman este Acuerdo.

HECHO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán el día 29 del mes de enero del año mil novecientos ochenta y ocho, por duplicado en español siendo ambos textos igualmente auténticos.

Dr. Donald J. Reid Cabral
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores
Por el Gobierno de la República Dominicana
Sr. Jaime Walfson Kat
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana, suscripto el 29 de enero de 1988".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

7) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 19 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abreu, Astori, Batalla, Bianchi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Korzeniak, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Viera y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Dardo Ortiz Alonso Prosecretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos.

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.