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Nº 54 - TOMO 333 - 19 DE SETIEMBRE DE 1990

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLTURA

53ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente,

WALTER SANTORO Primer Vicepresidente

y el CONTADOR DANILO ASTORI Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES DARDO ORTIZ ALONSO Y GUILLERMO FACELLO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 1989

- Continúa el proyecto en discusión general.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se aprueba en general.
- En discusión particular.

5) Cuarto intermedio

- Se resuelve, por moción del señor senador Ricaldoni, pasar a cuarto intermedio hasta el día de mañana a la hora 16.

6) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 18 de setiembre de 1990.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana miércoles 19, a la hora 14 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1989.

(Carp. Nº 267/90 - Rep. Nº 113/90 y Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII)

2º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana.

(Carp. Nº 1236/88 - Rep. Nº 114/90)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Belvisi, Bianchi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de la Sierra, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Silveira Zavala, Singlet, Urioste, Viera y Zumarán.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Bruera y Jude y, con aviso, el señor senador Batalla.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 14 y 30 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 19 de setiembre de 1990.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionadas con Licitación Pública Nº 770/90 para el suministro de fotocopiadoras, con Licitación Pública Nº 073/87 para el suministro de transformadores, con varios gastos efectuados sin disponibilidad de rubros y con error de procedimiento, con la Licitación Pública Nº F 44 para fabricación de conductores de aluminio, con Licitación Pública Nº 751/89 para el suministro de botines de seguridad y con Licitación Pública Nº 772/90 para la contratación del transporte en ómnibus entre Rincón del Bonete y Paso de los Toros.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionadas con Concurso de Precios Nº 246/89 para la contratación de vehículos para el Hospital Vilardebó, con la contratación de servicio de vigilancia, con el Concurso de Precios Nº 217/89 para la contratación de empresas de limpieza, con la Licitación Restringida Nº 229/89 para la contratación de empresas de limpieza para el Instituto de Ortopedia y Traumatología, con la Licitación Pública Nº 237/90 contratación de empresa de limpieza para el Hospital Hogar Piñeyro del Campo, con la contratación de servicio de vigilancia para el Hospital Pedro Visca, reiteración de gasto relativo a servicios de mantenimiento para equipos del Instituto de Oncología, con Concurso de Precios Nº 249/89 para la contratación de un vehículo para transporte de personas y pequeños bultos, con el Concurso de Precios Nº 77/90 para la contratación de empresas de limpieza para el Laboratorio Francisco Dorrego, con el Concurso de Precios Nº 83/90 para la contratación de un micro-ómnibus, con el Concurso de Precios Nº 78/90, con Licitación Restringida Nº 85/90, con el Concurso de Precios 253/89, con el Concurso de Precios Nº 86/90 para la contratación de una empresa de limpieza para el Instituto Hanseniano, y con el Concurso de Precios Nº 218/89 para la contratación de empresas de limpieza para el Instituto Nacional de Ciegos General Artigas.

Del Banco de Seguros del Estado: relacionadas con varios gastos efectuados sin disponibilidad presupuestal.

Del Ministerio de Economía y Finanzas: relacionadas con reiteración de Orden de Pago Especial a favor de la empresa Cerámicas y Ladrillos S.A., con la contratación de un asesor en operación y soporte de sistema de computación, con la contratación de un peón de cocina en el comedor-cafetería de la Contaduría General de la Nación, con reiteración de autorización para gastar a favor de la empresa ILESA para la compra de resmas de papel, con el pago de horas extras, con la contratación de personal en régimen de arrendamiento de obra y con la reiteración de una Orden de Pago Especial a favor de la Administración Liquidadora del Frigorífico Melilla.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores: relacionada con el pago de honorarios a un Estudio Jurídico de Nueva York y pagos a la firma INTEL.

Del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: relacionado con la Licitación Restringida Nº 2/88 para la compra de equipos de computación.

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionadas con la contratación de varios profesionales.

Del Ministerio de Defensa Nacional: relacionada con la adquisición de víveres secos para Personal Subalterno dentro del Plan Alimentario de Emergencia y con la Licitación Pública Nº 002/90 para la adquisición de material para el Hospital de las Fuerzas Armadas.

De las Primeras Líneas de Navegación Aérea: relacionadas con reiteración de varios gastos ya observados y con la Resolución Nº 4944 de marzo de 1990.

De la Administración Nacional de Puertos: relacionadas con reiteración de varios gastos.

-A las Comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensajes comunicando que ha dictado sentencia en autos caratulados "Menéndez Cattáneo, Luis Alberto-Denuncia-Inconstitucionalidad (vía de excepción)" y, remitiendo la Acordada librada por dicha Corporación a fin de descongestionar la labor en la tramitación de las diversas comunicaciones que los distintos órganos del Poder Judicial realizan con otras autoridades nacionales.

-Téngase presente.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se establecen normas sobre apertura, cierre y rúbrica de los Libros del Registro de Estado Civil.

-Repártase. Inclúyase en el orden del día de la próxima sesión del Cuerpo".

4) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1989.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración el asunto que figura en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1989. (Carp. Nº 267/90 - Rep. Nº 113/90 y Anexo I)".

(Antecedentes: Ver 52a. S.O.)

-Continúa en discusión general.

Tiene la palabra el señor senador Viera.

SEÑOR VIERA. - Señor Presidente: retomo el hilo de mi exposición tratando de no ocupar demasiado tiempo al Senado.

Más allá de las consideraciones generales que hemos hecho ayer -en las que indicábamos los aspectos globales de nuestra crítica- hablábamos también de los aspectos puntuales en que discrepábamos en relación al proyecto de Rendición de Cuentas. Dijimos, por ejemplo, que no estamos de acuerdo con la desprotección de la industria nacional de los sectores que le venden al Estado; con que se modificara la Ley Nº 16.074 que obliga a todos los organismos públicos a asegurar en el Banco de Seguros del Estado a todos los trabajadores y que, con este artículo de la Rendición de Cuentas, se limitaba solamente a los trabajadores manuales en condiciones de riesgo. Entendemos que ello, además de afectar a los trabajadores, significa un serio perjuicio para el Banco de Seguros del Estado.

También nos manifestamos en contra de la redistribución de funcionarios, tanto a los que han cursado estudios de Odontología o de Medicina, así como a la redistribución más general que se establece en el artículo 14 ya que entendemos que sólo puede entrañar inestabilidad e injusticia a la carrera funcional. Asimismo, debemos señalar que estamos en contra de que la única inversión sea la compra de las dos fragatas francesas. También estamos contra la limitación de los fondos requeridos por el Poder Judicial en momentos que tiene más obligaciones generadas por el Código General del Proceso.

Por otra parte, nos hemos pronunciado criticando el exiguo aumento a los maestros y la no extensión del mismo a la Enseñanza Media, así como el escaso aumento que se propone para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y de la Policía. A su vez lo hemos hecho con artículos que atribuyen al Poder Ejecutivo facultades que entendemos excesivas, así como con otras disposiciones, en las que no queremos abundar, porque ya han sido referidas por el señor senador Gargano.

En el capítulo final de mi intervención quiero decir -sin tener más remedio que votar, indudablemente, la Rendición de Cuentas- que lo que criticamos es su orientación general en cuanto a su injusta política impositiva y, más aún, la orientación política y financiera que subyace y que va más allá del proyecto concreto que hoy nos ocupa. Ello tiene que ver con el sistema financiero, con la deuda externa, con la inversión y con la política distributiva. Pero como la presentación que hace el gobierno parte de un hecho objetivo innegable, como es el de que trate de una Rendición de Cuentas de un gobierno anterior, no hemos encontrado otro camino que analizar si los sucesos actuales indican un cambio de orientación o, por el contrario, un reforzamiento de sus aspectos negativos. Además se da la circunstancia de que mientras el Senado trata la Rendición de Cuentas, en la Cámara de Representantes se analiza el Presupuesto, lo que nos permite comparar orientaciones. Y no nos podemos hacer los distraídos como si pudiéramos hablar sólo del pasado o hacer historia. Cada día los hechos nos están indicando una grave situación; a las cifras realmente quemantes de la inflación, ahora se agregan las revelaciones oficiales sobre la brusca caída de la actividad industrial, con un descenso del 3,6% en el primer semestre, con tendencia a agravarse; decimos con tendencia a agravarse porque el primer trimestre en relación al mismo período del año pasado implica una disminución del 7,64%. Además hubo un descenso en las horas trabajadas; disminución del personal obrero y estamos, como decíamos ayer, ante iniciativas que según entendemos afectan el patrimonio nacional.

Por tal motivo la agrupación parlamentaria del Frente Amplio se ha dirigido al país en el día de ayer reclamando la renuncia del equipo económico. Reclamamos no sólo cambio de hombres, sino de política, de orientación; pero, también sabemos que determinados hombres son expresión y paladines de una orientación determinada.

Ayer decíamos que no hacemos cuestión de política menuda pues es visible que esta situación está afectando a la inmensa mayoría de los sectores del país. Por eso hablamos de entendimiento nacional, que no se contradice con nuestra oposición frontal a esta política.

En el punto 5º de la Declaración del Frente Amplio se dice que "con espíritu patriótico reclamamos la inmediata renuncia del equipo económico y la formulación de nueva política de entendimiento nacional, cimentado en razonable esfuerzo de todos los sectores sobre la base del incremento a la producción nacional y una más equitativa distribución de los ingresos". Luego siguen una serie de consideraciones concretas. Entendimiento que creemos puede expresarse en el plano parlamentario de los que quieran un cambio de orientación, pero entendimiento que indudablemente va más allá del plano parlamentario: hay que encontrar los caminos de la movilización popular que por cierto ya demuestra por hechos indudables el descontento de la inmensa mayoría de los sectores laboriosos y de otros de la población en relación a la política gubernamental. Me refiero a los caminos de la movilización popular y del pronunciamiento popular.

Reiteramos lo que se expresa en la última frase de la Declaración: "Hay que evitar que el fracaso del Gobierno se convierta en el fracaso del país".

Finalmente, más allá de las diferencias, debo señalar que estoy de acuerdo con el presidente de la Comisión, señor senador Pereyra, en el sentido de que la misma ha trabajado intensamente y en armonía -y me complazco en hacerlo constar- así como con la labor del propio Presidente.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: vamos a dar nuestro voto afirmativo a esta Rendición de Cuentas con dos tipos de salvedades. Una, en relación a las normas que se proyectan para el futuro las que habremos de concretar cuando éstas se analicen y que están ligadas fundamentalmente a dos temas. Uno de ellos en cuanto al artículo 6º, relativo a las compras que hace el Estado y la protección que la misma corresponde a la industria nacional, a pesar de que creemos que puede solucionarse este tema con la propuesta del Poder Ejecutivo contenida en el Mensaje de la Ley de Presupuesto. Por otra parte, con objeciones que plantearemos en el estudio particular respecto a algunas disposiciones tributarias que recaen en el mismo defecto que hemos visto en el período anterior -parecen redactados por los mismos asesores- que le dan facultades exorbitantes al Poder Ejecutivo, es decir, una delegación de funciones legislativas que, a nuestro juicio, es inconstitucional e inconveniente.

Esto en lo que tiene que ver con las normas que están previstas en la Rendición de Cuentas que van a regir en el futuro o a modificaciones que se introducen en el régimen tributario y de compras del Estado.

También queremos referirnos, muy brevemente, al contenido concreto de la Rendición de Cuentas que, como su propio nombre lo indica, la función específica de esta ley es que el Poder Ejecutivo informe al Poder Legislativo sobre las cuentas del Estado en el Ejercicio anterior. Ya lo han señalado distintos señores legisladores, empezando por el señor Presidente de la Comisión que se da en este período la circunstancia verdaderamente excepcional, aunque reiterada cada cinco años, de que corresponde rendir cuentas a una Administración respecto de la ejecución presupuestal que cumplió su antecesor. Y en este caso concreto, además, se da la circunstancia de un cambio de Partido. Esto llevó a que profundizáramos poco en la propia Rendición de Cuentas. Sin embargo, de los números que se han dado aquí en Sala surge claramente que en el año 1989 el país tuvo una desastrosa performance fiscal: bajó significativamente la recaudación en términos reales, y aumentaron los gastos. Ambos hechos son muy negativos y preocupantes. Esto explica que se haya acumulado un déficit muy importante en el Ejercicio 1989.

Lo ya apuntado en cuanto a que hoy rinde cuentas una Administración distinta a la que hizo la ejecución presupuestal correspondiente al Período pasado, evitó o hizo imposible que profundizáramos en esta desastrosa performance fiscal del año pasado. No obstante, creo que el país merece alguna explicación en cuanto a qué ocurrió con las finanzas del Estado durante 1989; cómo fue posible que bajara en términos tan importantes el ingreso del Estado; qué ocurrió en la Dirección General Impositiva que disminuyó notoriamente su recaudación. En este sentido, pienso que durante 1989 hubo un aumento considerable de la evasión fiscal y un decaecimiento de todos los institutos de contralor de la recaudación del Estado, ya que de otro modo no se explica por qué razón ésta disminuyó en términos tan apreciables en momentos en que hubo un estancamiento pero no un descenso de la actividad económica, y no bajaron las tasas. Creo que, simplemente, los impuestos no se cobraron y esto es muy grave.

Asimismo, tendríamos que decir por qué se salieron de madre los gastos del Estado, en todos los rubros, así como que ésta ejecución presupuestal fue francamente negativa.

Pienso que la Comisión debió haber destinado más tiempo para estudiar con mayor profundidad estos elementos, no para responsabilizar políticamente a una Administración que ya cesó, pero sí para extraer algunas consecuencias de cara al porvenir a fin de que estas lamentables experiencias no se repitan.

Esta performance fiscal del año 1989 ha traído muy malas y negativas consecuencias para 1990, porque obligó a una Ley de Ajuste Fiscal. Varios sectores políticos legítimamente han discrepado con los instrumentos elegidos, pero nadie ha sostenido que aquella no fuera necesaria luego de que se encontrara un desequilibrio en las cuentas del Estado de la magnitud originada en el año 1989 y cuyos resultados son los que hoy estamos considerando. Esa necesidad de un ajuste fiscal ha tenido, también, consecuencias importantes y negativas sobre diversos sectores de la economía nacional que han recibido una carga impositiva muy pesada. Asimismo esto se ha reflejado negativamente sobre aspectos sociales.

Finalizo, señor Presidente, diciendo que voy a dar mi voto ya que las cuentas que se nos presentan son correctas y reflejan el Estado de situación, pero dejando expresa constancia de la denuncia que nos merece la muy mala performance fiscal del año 1989.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Creo que no le quito ningún minuto al señor senador, puesto que ya ha utilizado los que creía necesarios.

Simplemente, deseo puntualizar algunas cosas con respecto a la mala performance fiscal del año anterior a que se refiere el señor senador Zumarán.

Lo que ocurrió es que la sequía afectó gravemente la recaudación, y lo hizo en un 10%. Esto quiere decir que en el año 1989 se recaudaron U$S 100:000.000 menos, y el déficit es el doble; es decir que se perdió la mitad. No puede pensarse que aumentaron los gastos comunes ni los relativos a sueldos de la Administración ni las restantes obligaciones; pero en lo que sí hubo que pagar más fue en relación a las obligaciones de la deuda externa y la asistencia a la Seguridad Social, que ya se sabe son los rubros que permanentemente acosan como una espada y obligan a actuar al Poder Ejecutivo a veces heroicamente.

Como decía, el año 1989 fue muy complejo ya que no sólo la sequía afectó al país, sino que también hubo tres elecciones -dos de ellas nacionales- y un cambio de gobierno. Los Partidos se rotaron en el poder y el Gobierno anterior a pesar de los ejemplos vecinos -en ninguno de los cuales hubo normalidad en los cambios del Gobierno, hasta tal punto que en uno de ellos tuvo que anticiparse- entregó normalmente la Administración del país al sucesor elegido por voluntad popular, que fue estrictamente respetado.

Es verdad que hubo un descenso de la recaudación fiscal que tiene esta explicación. Pero, además, no debemos olvidar que se terminaba el período de gobierno y no era posible abordar otras soluciones. Se siguió el mismo procedimiento aplicado durante los Ejercicios anteriores, enfrentando la excepcionalidad de esas contingencias adversas.

Quería hacer esta puntualización, señor Presidente, porque se planteó el debate en la Comisión, y aquí se hicieron algunas incursiones no tan serias y contundentes como las del señor senador Zumarán. Lo que digo es verdad y, además, puntualiza acabadamente la forma correcta en que actuó el Gobierno correspondiente al Ejercicio anterior, en un momento de adversidades, dificultades y de compleja situación política y social.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Raffo.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite, señor Presidente, para contestar una alusión?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Agradezco al señor Presidente y al señor senador Raffo.

Naturalmente, coincido en un todo con las expresiones del señor senador Cigliuti en cuanto a que el año pasado hubo elecciones, que se produjo la rotación de los Partidos con toda normalidad, y pienso que es un atributo digno de destacarse ya que habla bien de la hora altamente democrática que vivimos en el país. Pero me parece que eso tiene poco que ver con el déficit fiscal, con el descenso de la recaudación y con el aumento de los gastos.

El señor senador Cigliuti invoca la sequía para justificar el descenso de la recaudación. Es cierto que el año pasado se dio este fenómeno climático en el país, pero no veo la relación causa-efecto en virtud de la cual por una sequía tengamos que perder U$S 100:000.000 en materia de recaudación, como ha afirmado el señor senador Cigliuti. Los impuestos que se recaudaron de menos en términos reales no dicen relación estricta a alguna medida que se haya aplicado para aliviar la carga tributaria, por ejemplo, del sector agropecuario. Es cierto que algunos predios y sectores del país se vieron afectados por la sequía y que merecieron un tratamiento benévolo del punto de vista tributario -como efectivamente lo hubo- pero ello de ninguna manera justifica una caída en la recaudación en los términos que se han señalado.

Con respecto a los gastos, podemos decir que, en términos reales, también se producen aumentos en todos ellos. Los gastos de funcionamiento aumentan sustancialmente y, por desgracia, lo hacen inclusive los de la deuda externa; pero no sólo estos, sino todos los gastos. Esto sucede en una Administración que había hecho cuestión fundamental del tema del equilibrio fiscal y que había ido reduciendo el déficit en el correr del tiempo. El déficit operado en el año 1985 fue disminuyendo -por lo menos medido en términos de porcentaje del Producto Bruto Interno- en los años siguientes; sin embargo, en el año 1989, esa disciplina fiscal se rompió completamente. Creo que eso es malo para el país, porque reitera una práctica nefasta en el Uruguay. Por mejores intenciones que anuncie una Administración, cuando llega el año electoral se produce una incontinencia presupuestal que lleva a bajar la presión tributaria y a aumentar los gastos. Esta es una constante. Si observamos en qué años aumenta el déficit presupuestal, se podrá apreciar que sistemáticamente ocurre en el año electoral, lo que trae muy malas consecuencias desde el punto de vista de la credibilidad del sistema político.

Me he visto en la obligación de agradecer las expresiones del señor senador Cigliuti y de compartirlas en términos de la filosofía política que las inspiran; pero debo decir que en materia de déficit fiscal, las causas que él ha enumerado de ningún modo justifican la desastrosa performance fiscal que caracterizó al año 1989.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: vamos a hacer referencia, en forma bastante sintética, a algunas expresiones que se han vertido en las sesiones de ayer y de hoy en relación a las características generales de esta Rendición de Cuentas. Además, vamos a dar nuestra opinión sobre algunos tributos creados por este Mensaje del Poder Ejecutivo que el Senado tiene a consideración en el día de hoy.

Aunque ya se ha reiterado varias veces, no podemos iniciar un análisis de esta Rendición de Cuentas sin decir que ella tiene una característica muy singular: es presentada por una Administración a la que no pertenece. Es decir, la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal corresponden al anterior Gobierno, pero son presentados por éste. Es bueno deslindar este aspecto, porque a través de las manifestaciones de algunos señores senadores -en la crítica al Balance de Ejecución Presupuestal presentado y al abultado déficit que significa aprobar esta Rendición de Cuentas- se ha intentado deslizar imputaciones hacia el período de Administración de este nuevo Gobierno.

En consecuencia, queríamos formular esa primera acotación.

Por otra parte, deseamos expresar que, como es característica del Parlamento, esta Rendición de Cuentas excede lo que en sí misma debe ser, ya que incursiona en otros terrenos y brinda aspectos novedosos que no pertenecen a la Rendición de Cuentas del período anterior.

Como dijimos, en la consideración general del proyecto se han deslizado algunas críticas. Nos vamos a referir, muy rápidamente, a algo de lo que hemos estado escuchando.

El tema de las compras del Estado, que sin duda en la discusión particular conducirá a un animado debate, es uno de los adoptados como nódulo sustancial en torno al que no hubo unanimidad de opiniones en el trabajo en Comisiones. A este tema le damos una singular relevancia, aunque no pertenece precisamente al Balance de Ejecución Presupuestal del período anterior, sino que forma parte de las nuevas ideas y concepciones que esta Rendición de Cuentas nos trae.

Si bien en algún momento se dijo que no se habían aportado elementos de juicio suficientes como para apoyar esta iniciativa, creemos que la realidad indica, con meridiana claridad, que este sistema de compras del Estado, que actualmente protege a la industria nacional con un 40%, sin duda carga su costo al propio Estado y, a través de él, a todos y cada uno de los habitantes del país que, al fin de cuentas -concepto éste muchas veces olvidado- son quienes lo forman.

Más allá del debate a que esto dará lugar en la discusión particular y acaso en la consideración de la futura Ley de Presupuesto, el hecho de que esta protección es exagerada y de que debe reducirse radicalmente para que obre en beneficio de todos, es una tesitura a la que nos afiliamos y aportamos con entusiasmo nuestro voto.

También se ha mencionado que algunos aumentos que esta Rendición de Cuentas prevé para maestros, policías y soldados, son insuficientes y que ni siquiera están en el entorno de lo que se asumiera como compromiso político en la instancia electoral y aun antes. Entendemos que lo que ha llevado al Poder Ejecutivo a elevar estos montos ha sido, sin duda, una dosis de realismo. No está mal que se diga que esos valores de N$ 15.000 corresponden al 1º de enero de 1990 y no a la fecha. Se supone que de esto tienen conocimiento todos los señores senadores, pero creemos que conviene recordarlo. Por lo demás, pensamos que no deberíamos desconocer que el país atraviesa un momento difícil en lo que tiene que ver con las finanzas públicas, que por algo hubo que hacer el sacrificio del ajuste fiscal ni ignorar la política de contención del gasto y el esfuerzo que el Estado realiza en todos los ámbitos para tener más dinero y poder distribuirlo entre sus funcionarios con estas partidas que sabemos son escasas, pero marcan la tendencia natural de los sectores que este Gobierno pretende atender.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Santoro)

-No queremos entrar en la tarde de hoy en consideraciones que no hacen al debate, por más que alguna bala que vino "picando" desde otras trincheras nos llevaría gustosos a rebatir algunas manifestaciones que nada tienen que ver con esta Rendición de Cuentas, que piden -mediante declaraciones hechas ahora en el ámbito de este Cuerpo- la renuncia del equipo económico.

Sólo dejamos constancia de que no es el lugar ni la forma de tratar estos temas, y no vamos a hacer referencia a ellos. Queríamos en cambio, señor Presidente, incursionar rápidamente en un tema que es ajeno a una Rendición de Cuentas. Como es costumbre en este Parlamento, a través de ella se crean o perfeccionan algunos mecanismos que hasta ahora se entendían inadecuados. Me refiero a la creación de nuevos impuestos.

Esta Rendición de Cuentas crea tres nuevos tributos -llamándolos tasas, impuestos y de diversas maneras- que son: el Impuesto a las Comisiones, una Tasa para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y otra para el Poder Judicial. Queremos hacer una breve referencia a las mismas, porque fueron objeto de un análisis bastante detenido en la Comisión y, más allá de que en la discusión particular probablemente se vuelva sobre el tema, pretendemos dar un índice de qué es lo que se buscó con estos impuestos.

En cuanto al Impuesto a las Comisiones, hay una búsqueda de justicia tributaria, tratando de que todos los sectores estén gravados de igual manera. El Impuesto a la Renta, que actualmente grava a la industria, el comercio y el agro, no alcanzaba a ciertos sectores, según el criterio de esta Administración y también de la anterior. La actividad que se pretende gravar tiene como núcleo central la primacía de la actividad personal. Este Parlamento no es ajeno a una discusión ya generada durante el tratamiento del Presupuesto anterior con respecto a si este tipo de actividades estaban o no gravadas con el Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio. El Parlamento del Período anterior, interpretando -en contrario muchas veces, pero en forma declarativa- la voluntad de su Administración -que entendía que sí, estaban gravadas- por vía de declaraciones, expresó en más de una oportunidad que estas comisiones, que tanto dinero generan y que podían o no estar tributando, estaban exentas del tributo. Finalmente, el Parlamento sancionó una norma interpretativa que fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero la Asamblea General levantó el veto. Por lo tanto, actualmente hasta la creación de este Impuesto a las Comisiones, este tipo de actividades, está exento del gravamen. Decíamos que este Impuesto se crea buscando obtener una mayor justicia tributaria y que no haya actividades conocidas con mucho tiempo de vigencia que se encuentren absolutamente exoneradas de otra tributación. El Impuesto creado por el artículo 74 y exonerado por el artículo 73 -quizá venía al revés en la propuesta del Poder Ejecutivo- grava con una tasa variable que llega al 9% según el artículo 79, una tasa de hasta el 9% máximo. O sea que grava con un 5% a partir del 1º de enero de 1991; con un 7% a partir del 1º de enero de 1992 y con un 9% a partir del 1º de enero de 1993, facultando al Poder Ejecutivo para fijar la tasa dentro de ese límite.

El proyecto original del Poder Ejecutivo establecía una tasa de hasta el 10% y la última explicación que daremos acerca de la creación de este Impuesto refiere a por qué razón se arbitró esa tasa del 9%.

Precisamente, por adecuar la tributación al mismo mecanismo que rige con respecto al Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio cuando se debe hacer una declaración ficta, es decir, cuando no hay contabilidad suficiente para establecer cuál ha sido la renta neta o líquida por la que debe tributarse. En ese caso, por medio de la Dirección General Impositiva se prevé que la renta neta es el 30% de la renta bruta y la tasa con que está gravada esa renta es de un 30%; un 30% del 30% es un 9%.

Por lo tanto, señor Presidente, estas son las razones que, en general, han llevado al Poder Ejecutivo a incluir en esta Rendición de Cuentas el Impuesto a las Comisiones.

Junto a este Impuesto, tratando de racionalizar también lo que debe ser la materia tributaria, se han creado otros para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y para el Poder Judicial, en un intento de proveer recursos para los gastos de funcionamiento y de inversión de estos Organismos. Todos conocemos las dificultades que existen en ambos Organismos; por lo tanto, mediante estos Impuestos se trata de crear un mecanismo que les permita recaudar los fondos necesarios a través de su propia gestión. El primero de ellos comprende los artículos 82 a 86 del Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal y el segundo, del 87 al 96. En lo que refiere al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se grava con un tributo de N$ 5.000 a los escritos que ante él se presenten por cada parte, es decir, actor, demandado o tercerista. En cuanto al Poder Judicial, el artículo 87 es el que crea el Tributo estableciendo determinados valores según el monto del asunto. En este momento, el régimen vigente en cuanto a lo que puede recibir el Poder Judicial establece dos tributos que son: el Impuesto a las Ejecuciones que genera recursos a favor de Rentas Generales y un Timbre del Poder Judicial cuyos recursos benefician a la Suprema Corte de Justicia. Con la nueva normativa, todos pasan a ser recaudados en favor de Rentas Generales y, para compensar a la Suprema Corte de Justicia por dejar de cobrar el Timbre Judicial, se crea una partida de N$ 241:500.000. Esta cifra llamó la atención de algunos legisladores, pero no se trata de otra cosa que de U$S 300.000 tomados al valor de tipo de cambio al 1º de enero de 1990, es decir, a N$ 805 el dólar.

La filosofía que inspira esto es la de tratar de adecuar al nuevo Código General del Proceso un sistema tributario en el que estén gravadas todas las actuaciones judiciales y no sólo determinada categoría. A vía de ejemplo, queremos significar que, entre las cosas que se derogan -y para poder apreciar la injusticia que significaba el hecho de que estuvieran gravadas algunas categorías- por el artículo 97 con referencia a los artículos 546 a 560 de la Ley Nº15.809, se establecía una tasa de ejecución judicial, o sea un tributo de un 1% para la iniciación de un juicio. Lo que debía llamar la atención es que no sólo estaba obligado por esta tasa el demandante, sino también el demandado, a los efectos de poder contestar la demanda o responder en el juicio, también con una tasa de un 1%. Como se comprenderá, a veces por la índole de los asuntos esta tasa era muy elevada para quien debía defenderse en el juicio.

Estas breves consideraciones, señor Presidente, son las que nos merecen los tributos que se crean en esta Rendición de Cuentas y junto con las manifestaciones expresadas en su momento -al hacer la presentación general- por el Presidente de la Comisión de Presupuesto, el señor senador Pereyra, y las consideraciones vertidas por el señor senador Santoro, completan a nuestro juicio el entendimiento adecuado de un análisis en general de esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Es cuanto quería significar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - La Mesa señala que no hay más oradores inscriptos.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: aprovechando que no hay más oradores inscriptos, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema que hoy nos ocupa.

Me gustaría partir del reconocimiento, quizá conceptual, de lo que es una Rendición de Cuentas, a favor de lo que tantos señores senadores ya han expuesto según su experiencia y su trabajo detenido en el tema durante las semanas en que se analizó a nivel parlamentario este importante aspecto de la vida nacional.

Quisiera hacer un esfuerzo por no repetir conceptos que ya se han volcado, a mi juicio en forma muy correcta, desde que comenzó este tratamiento en la sesión de ayer por parte de integrantes de todas las bancadas, empezando por los señores miembros informantes que abrieron este debate, los señores senadores Pereyra y Santoro.

Me gustaría que todos los señores senadores tuvieran en cuenta en este momento que la Rendición de Cuentas es una de esas instancias que nos permite observar la marcha económica del país y que nos da la posibilidad de hacerlo en forma casi global, integral, analizando particularmente cómo el Estado se ha comportado en el contexto de esa marcha. Eso nos permite hacer dos cosas, esto es, echar una breve pero general mirada al pasado dado el carácter que siempre ha tenido una Rendición de Cuentas en el Uruguay y poder reflexionar sobre algunas proyecciones de futuro. La mirada al pasado no es para regodearse en ese pasado ni para simplemente observar fríamente algunas cifras que puedan corresponder al desarrollo de ejercicios precedentes. Creo que es una excelente oportunidad para interpretar ese pasado, para encontrar las causas fundamentales que puedan explicar ciertos fenómenos.

Eso, a su vez, podrá constituir el fundamento de una proyección al futuro, o sea capitalizar esa lección que nos da la experiencia, los hechos, la evidencia y en base a todo eso, en la propia Rendición de Cuentas, como siempre ha ocurrido en el Uruguay, tomar algunas acciones o medidas con relación al futuro.

La Rendición de Cuentas tiene siempre una doble cara; por eso, más que deslizar imputaciones hacia el actual Gobierno -estoy parafraseando al señor senador Raffo que me precedió en el uso de la palabra- al convertirse la Rendición de Cuentas en una verdadera ley presupuestal, el Gobierno genéricamente considerado, y no sólo el Poder Ejecutivo, se ve involucrado con relación al futuro. Esto sucede siempre porque en las Rendiciones de Cuentas hay un componente de ejecución presupuestal y otro de proyección al futuro. Esta Rendición de Cuentas que es peculiar, como lo han expresado varios señores senadores es peculiar, no sólo porque la presenta un Gobierno diferente a aquel que ejecutó presupuestalmente las cifras que aquí se presentan, sino porque simultáneamente se está discutiendo el Presupuesto quinquenal. Es la única Rendición de Cuentas del quinquenio en la que se puede decir que lo que no se incluye en ella estará contemplado en el Presupuesto. En las otras ya no podrá decirse eso. A pesar de todo, entiendo que esta Rendición de Cuentas igualmente tiene ese doble componente, es decir que nos permite examinar el pasado, interpretarlo, tener experiencia y acumularla a favor de una proyección hacia el futuro, esto es, tomar medidas.

Pido perdón a los señores senadores por la insistencia, pero creo que una Rendición de Cuentas es siempre, en el Uruguay, de hecho, una ley presupuestal. Este es el segundo sentido en que la podemos examinar en el día de hoy.

Entiendo que se podrían comentar varios aspectos sobre este punto y me gustaría hacerlo teniendo en cuenta este doble carácter de la Rendición de Cuentas correspondiente a 1989. En este sentido luego de hacer algunas referencias que me parecen importantes sobre las cifras básicas globales del comportamiento económico que aquí está en examen en esta ocasión -no quiero repetir los números básicos que ya han sido presentados y explicados por varios señores senadores del Cuerpo, particularmente por aquellos que integraron la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda- me gustaría enfatizar algunas características fundamentales que hacen a una interpretación de lo que pasó en el Uruguay, que creo es lo más importante y a lo que podemos dedicar el tiempo, porque constatar simplemente los números fríos sería por demás estéril.

La primera característica, señor Presidente, que me interesa destacar es el enorme crecimiento, el rápido crecimiento de una parte del déficit fiscal, no de todo el déficit fiscal sino de aquella parte que incrementándose velozmente hizo crecer al total. Me estoy refiriendo al déficit del Gobierno Central de la República Oriental del Uruguay, que en sólo un año, de 1988 a 1989, creció respecto al Producto Bruto Interno de 1.9% a 3.2% con relación a toda la producción. ¿Qué significa esto? Significa que en un año el déficit del Gobierno Central prácticamente pasa a tener la misma importancia que el déficit llamado parafiscal. Es la explicación de todo el déficit fiscal.

A partir de fines del año pasado tenemos un déficit fiscal explicado prácticamente por mitades entre el Gobierno Central y el Banco Central. Cuando hacemos referencia al Banco Central todos sabemos que estamos diciendo intereses de la deuda externa.

Quisiera llamar la atención del cuerpo, porque nos puede pasar desapercibido un hecho fundamental que es la composición de la deuda externa y sus repercusiones. La deuda externa que tiene en estos momentos nuestro país es muy diferente a la de hace algunos años. Está básicamente compuesta por fuentes de endeudamiento diferentes a las tradicionales que fueron las constituidas por la Banca privada. En los últimos años el Uruguay se endeudó, fundamentalmente, con residentes y no residentes, a través de la emisión de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. Por otra parte, también se endeudó con organismos internacionales.

Debemos tener muy claro aquí que el crecimiento del déficit del Gobierno Central, que es el más importante de todos, es el que se presenta asociado al crecimiento de la deuda en Bonos y Letras. ¿Por qué? Porque los pagos por servicios de esta deuda -que nosotros tendemos siempre a computar como deuda externa- están en el Gobierno Central y no en el Banco Central.

Esta es la explicación fundamental del rapidísimo crecimiento del déficit del Gobierno Central. Hace unos instantes oí polemizar a los señores senadores Zumarán y Cigliuti acerca del comportamiento fiscal acaecido en 1989. Más adelante, en el transcurso de mi exposición, haré algún aporte sobre este punto; independientemente de ello, es bueno que tengamos claro que el déficit del Gobierno Central del Uruguay es inexplicable sin tener en cuenta el crecimiento del endeudamiento en Bonos y Letras, por más sequía que haya habido y por más caída en la recaudación. Coincido con el señor senador Zumarán en el sentido de que una sequía no puede explicar una recaudación cuya caída constituye una tendencia y que no se produce en un solo año. Sin embargo, más adelante tendremos oportunidad de volver sobre esto.

Fuera de los factores que se tengan en cuenta -y todos son válidos a la hora de la interpretación- hay que recordar que este nuevo elemento de deuda del Estado Uruguayo, a través de Títulos emitidos por el Banco Central, aparece como servicios que son gastos del Gobierno Central, que es el que representa al Estado y no a la autoridad monetaria.

Quiero subrayar, reitero, el enorme crecimiento del déficit del Gobierno Central, que aumentó mucho más que el del Banco Central, que lo ha emparejado y que, inclusive, ha tendido a pasarlo y que, además, a fines de 1989 explicó ese 6% correspondiente al Producto Bruto Interno que es el déficit global del país. En números muy gruesos: de ese 6%, un 3% es explicado por el déficit del Gobierno Central y el 3% restante, por el Banco Central. Sin embargo, antes esto no era así; era completamente distinto. En 1989 se llegó a la situación a que he hecho referencia.

Este es uno de los aspectos que quería destacar, ya que lo considero como característica fundamental en los cambios recientes operados en la economía uruguaya. Es absolutamente fundamental tenerlo en cuenta, a efectos de diseñar cualquier táctica o estrategia de política en el futuro. El endeudamiento del Uruguay cambió de la forma que mencioné y al hacerlo, también se modificó la composición del déficit.

Deseo destacar, también, un hecho que ya fuera mencionado en el día de ayer por el señor senador Pereyra y que, más tarde, fuera enfatizado por el señor senador Santoro. Compartiendo totalmente lo que ambos dijeron, quiero profundizar un poco más sobre lo que significa haber tenido en 1989 un crédito presupuestal autorizado de alrededor de N$ 1.400.000:000.000 y haber gastado mucho menos. Esto es, entonces, una ejecución presupuestal extraordinariamente inferior a los créditos presupuestales autorizados. Ello, a su vez, se vincula con ingresos reales que están por debajo de las dos cifras. A fin de no cansar al Cuerpo con cifras, recordemos simplemente algunas. El crédito presupuestal autorizado, es decir, lo que el Gobierno podía gastar en 1989, casi llegó al billón y medio de nuevos pesos. Reitero que lo que gastó supera apenas el billón y los ingresos que realmente recaudó alcanzaron a aproximadamente N$ 800.000:000.000.

Quería recalcar este hecho, sin perjuicio del análisis por rubro realizado por el señor senador Viera, a fin de ver dónde se había gastado menos de lo autorizado, particularmente en lo que hace a las Inversiones. Coincido en cuanto a que siempre que se estudia un tema presupuestal el déficit debe preocupar, ya que se trata de un elemento fundamental. Pero muy pocas veces solemos preocuparnos por otro aspecto que es de medular importancia: la capacidad para gastar. La capacidad de gasto, de acuerdo con lo que se indica en el Presupuesto, es la característica más relevante de un Gobierno. Asimismo, lo es la capacidad de ejecución del gasto y, sobre todo, la de hacerlo a través de un programa realizado con anticipación. No debemos olvidar que, en base a lo dispuesto por la Constitución y teniendo en cuenta la práctica presupuestal del país en los últimos años, se supone que debemos aplicar la técnica del presupuesto por programa y que ello afecta, también, a las respectivas Rendiciones de Cuentas. En pocas palabras: esto significa que no se hace un presupuesto al barrer, tomando una serie de ingresos que constituye un conjunto de cifras y otra serie de gastos que conforman otro grupo de guarismos. Lo que se hace, en realidad, es un programa a efectos de cumplir con ciertos objetivos y a cuyo servicio se ponen gastos e ingresos.

Entonces, ¿en qué consiste gastar menos de aquello que ya fuera autorizado presupuestalmente por las autoridades correspondientes? Consiste, lisa y llanamente, señor Presidente, en no haber cumplido con el programa y no en haber gastado menos. Esto es, sobre todo, si la diferencia no es un 5% o un 10%, sino que supera un 40% de los créditos presupuestales. Entonces, me pregunto qué programa se pudo haber cumplido si la diferencia entre lo que se gasta y lo que se autorizó es superior a ese 40%. Asimismo, me pregunto también qué programa en materia de salud, educación o vivienda permite afirmar que se cumplió con tal o cual brecha entre la autorización y el gasto. Confieso que no atino a imaginar una situación en la que se pueda expresar que igualmente el programa se cumplió, siendo que existe tanta distancia. Me atrevo a sospechar que no debe haber caso alguno en el que esto se pueda decir.

Por lo expuesto, señor Presidente, apoyado en las cifras que se brindaron en el día de ayer con detalle, quisiera destacar la realidad que nos presenta esta Rendición de Cuentas, a fin de intentar un análisis interpretativo. Obviamente, no nos vamos a aburrir con cifras en el Senado, ya que lo hicimos a nivel de la Comisión respectiva. Tampoco vamos a caer en el vicio de considerar las cifras frías, sin desentrañar lo que indica su espíritu. Ese es el esfuerzo que creo debemos hacer, el que naturalmente ya fue intentado en el seno de la Comisión. Sin embargo, con todo respeto debo manifestar que no hicimos el suficiente.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-El trabajo de la Comisión consistió en un análisis de capítulos y artículos, en el que cada señor senador hizo su aporte. Pero de todos modos, creo que fuimos un poco renuentes, como Cuerpo, en el análisis de toda la marcha económica del país que se daba a través de esta Rendición de Cuentas. Me refiero, en definitiva, a que no hicimos una discusión general de la marcha económica del país. Por esas razones, pienso que esta es una instancia fundamental para hacerlo.

Desde mi punto de vista, lo que indican las cifras está muy claro. Por mi parte, no voy a agregar nada más, ya que otros compañeros han hecho un análisis con más detalle y profundidad que quien habla. Simplemente quería marcar dos aspectos fundamentales: el enorme crecimiento del déficit del Gobierno Central y lo que significa, en términos de administración y de política, gastar tanto menos de lo que se autorizó. En buen romance, ello implica no cumplir los programas elaborados.

Ahora bien, dejando de lado el tema de las cifras me gustaría realizar algún aporte en el terreno interpretativo sobre lo que ha venido ocurriendo en el Uruguay.

Desearía, señor Presidente, señalar que 1989 fue, sin la más mínima sombra de duda, el año más negativo desde el punto de vista del comportamiento fiscal de todo el período del Gobierno anterior. Esta frase ya ha sido pronunciada y, simplemente, la vuelvo a mencionar como introducción de una reflexión que al respecto deseo hacer. precisamente, en este año 1989, durante el cual se verifica en la práctica el comportamiento fiscal más negativo de todo el Gobierno anterior es, al mismo tiempo, la culminación de un período de Gobierno en el que en un contexto de política económica gradualista se optó -de alguna manera- por seguir ignorando los problemas fundamentales que han venido aquejando a la economía uruguaya desde hace tanto tiempo. Se postergaron reales soluciones a esos temas graves y, de esa manera, en lo que es una concepción gradual que evita enfrentar problemas de fondo y que en buena medida los deja de lado, se genera una situación fiscal muy difícil, así como un notorio agravamiento del endeudamiento del país. Desde este punto de vista esta es la primera reflexión que deseaba señalar.

Todo lo que manifesté anteriormente significa haber practicado durante cinco años una política que creo se podría calificar -sin ninguna dificultad por parte de nadie- como gradual. Esto importa hacerlo hoy, sobre todo, porque creemos que esta Administración, la actual, no es una Administración que esté practicando una política gradual; al contrario, se diferencia de la anterior en el impacto que está generando en la realidad económica nacional.

En consecuencia, debemos tener en cuenta lo que significa haber encarado el fenómeno económico en forma gradualista, manteniendo la política económica que se arrastraba desde los tiempos de la dictadura, sin cambios, para terminar al cabo de cinco años con un déficit fiscal importante, con una situación fiscal grave y con problemas fundamentales no resueltos. Deseo aclarar que dentro de los problemas fundamentales incluyo los problemas de la producción, de la tecnología, del crecimiento sostenido y los del empleo, que existen en el Uruguay.

El Uruguay, un país que expulsó a centenares de miles de sus habitantes, termina el período anterior con una altísima tasa de desempleo -después de la expulsión- que llega prácticamente al 10% de la fuerza de trabajo. Sin duda, esta cifra es muy alta para un país que, reitero, expulsó a buena parte de su fuerza de trabajo.

Por lo tanto, una reflexión que importa desde el punto de vista de esta mirada hacia atrás, que significa toda Rendición de cuentas, es ver cómo culmina la experiencia de los cinco años anteriores. Esta finaliza provocando una situación fiscal delicada, grave, postergando las soluciones de problemas fundamentales que no se encaran y agravando otros entre los que, si se me permite elegir, destacaría el de la deuda externa que ya ha sido mencionado aquí. Nuestro país, durante los cinco años anteriores aumentó, aproximadamente en U$S 1.800:000.000 su endeudamiento bruto con el exterior pero, lo más grave, es que aumentó esta cifra luego de dedicar U$S 2.000:000.000 a servir ese endeudamiento. Por lo tanto, estamos ante un caso clarísimo de agravamiento.

Esta primer reflexión que he formulado apunta a esta mala culminación financiera de un Gobierno que no resolvió los problemas fundamentales del Uruguay y que, al mismo tiempo, empeoró la performance fiscal.

La segunda reflexión que deseo realizar es extremadamente interesante si la observamos en base a la experiencia anterior. Quisiera que a esto le dedicáramos especial atención porque liga la situación de los años 1988 y 1989 con esta de 1990 y con la experiencia que hoy, con este Gobierno, estamos viviendo los uruguayos. Esta reflexión se basa en que es extremadamente interesante, señor Presidente, comprobar cómo el déficit fiscal en el Gobierno anterior crecía a la par que se contraía la demanda interna. En una palabra, mientras la demanda interna era cada vez menor en su ritmo de evolución, el déficit fiscal no paraba de crecer. Esto lo digo en contraste con aquellas teorías que nos ofrecen disminuir el déficit contrayendo la demanda interna. La realidad uruguaya de los dos últimos años indica especialmente lo contrario: el déficit creció con demanda interna en caída. Estas son las lecciones de la experiencia que es necesario aprovechar, señor Presidente, en oportunidad en que se discute una Rendición de Cuentas y, sobre todo, porque es un buen momento para reflexionar y pensar en la política que hoy estamos practicando.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Abonando la tesis que sustenta el señor senador Astori, solicitaría que se reflexionara sobre el comportamiento que tuvieron las mismas variables en los años anteriores, es decir, durante 1986 y 1987. Precisamente, durante esos dos años, ante un aumento de actividad, cayó el déficit fiscal y más paradojal es ver que ese aumento de actividad se produjo en el segundo semestre de 1985, gracias a un aumento salarial impulsado exclusivamente por el despertar gremial que trajo aparejado el sistema democrático. Mas aún se produjo sin que ni la coyuntura externa, ni la baja de la tasa de interés, ni el aumento de los precios de importación, ni la caída de los precios del petróleo, tuvieran incidencia. Estos factores comenzaron a incidir a fines de 1985 y principios de 1986 cuando ya se había iniciado esta recuperación económica.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - El señor senador Zumarán ha planteado un pedido que no sólo voy a satisfacer, sino que lo voy a hacer con mucho gusto porque me parece uno de los puntos cruciales del análisis. Vuelvo a repetir que es interesantísimo analizar el pasado pero al mismo tiempo es estéril si no, se convierte en una luz para orientar nuestra acción en el futuro y esa es la única forma de capitalizarlo. Lo que ha manifestado el señor senador Zumarán es absolutamente exacto.

Tengo en mi poder las cifras que indican la evolución de la demanda interna en todo el quinquenio, cifras que son, naturalmente, del Banco Central del Uruguay, estadísticas oficiales. A partir del aumento salarial promedial que señalaba el señor senador Zumarán, verificado en el año 1985 y que se situaba en un 14%, vemos que, posteriormente, comienza a declinar para transformarse en alrededor de un 6% en 1986; luego en un 4%; llegando casi a desaparecer en los últimos dos años del período.

Esto fue una evidente tendencia a la congelación salarial de hecho, en el sentido del estancamiento.

En los años 1986 y 1987, podemos verificar un crecimiento de la demanda interna, que es muy difícil encontrar en los últimos 20 años, en nuestro país. Se trata de los crecimientos más altos: del 9.1%, en 1986 y del 10,4% , en 1987. Estamos hablando de crecimiento en moneda constante, o sea, del crecimiento real.

¿Qué pasaba con el déficit fiscal en ese mismo momento? Tal como lo adelantó el señor senador Zumarán, fue el menor de todo el período del Gobierno anterior, ya que había llegado a un entorno del 4%. Esto tuvo lugar, precisamente, cuando la demanda se expandía a mayor velocidad, más concretamente, ese componente de la demanda interna está vinculado a las condiciones de vida de la gente, que es el consumo privado. Este último es una especie de eufemismo que está en las cuentas del balance del Banco Central, para revelar lo que es una variable económica fundamental. Ese consumo privado, en las cuentas del Banco Central, reitero una vez más, traduce la forma en que vive la gente de este país. Evidentemente, esto está dicho en palabras muy sencillas y muy gruesas, pero que a veces suelen ser las más profundas.

El nivel de vida de la gente nunca había crecido tanto en las dos últimas décadas como en esos años de la administración anterior. Mientras tanto, el déficit fiscal caía, caía y caía, llegando al menor porcentaje de la historia reciente del país, tanto en dictadura como en democracia, ubicándose en el 4% del Producto Bruto Interno.

A fines del año 1987, comienza la tendencia contraria, porque el equipo económico de la época tomó una decisión de crucial importancia, la que sería absolutamente negativa para el Uruguay. Para fundamentar esta decisión económica, inclusive, se utilizó otro eufemismo de la nueva jerga de los economistas: opinaban que la economía uruguaya estaba muy "recalentada" y había que "enfriarla". Sin embargo, en la jerga de la nueva burocracia económica internacional, este término significa una economía que tiene expansión, donde la demanda interna está creciendo y se dinamiza la actividad económica interna, impulsada y estimulada por esa demanda.

¿Qué pasaba como consecuencia de esa dinamización? También aumentaban las importaciones. Cuando una economía se dinamiza, las fábricas producen más y necesitan mayor cantidad de materia prima, entre ellas, el combustible. Debemos tener en cuenta que nosotros no producimos combustible, por lo que debemos importarlo. Asimismo, también debemos adquirir insumos del exterior, porque a medida que se le va dando empleo a la gente, resulta imperioso comprar materia prima para que este nuevo personal produzca.

Evidentemente, las importaciones aumentan y no hay otra alternativa. Considero que está bien que aumenten; ello constituye un signo positivo. Mucha gente cree que la caída de las importaciones de un país es un buen signo y que su aumento es un mal signo. Sin embargo, esto es un gravísimo error, prohijado, por supuesto, por aquellos a quienes les interesa que esto ocurra. Esto ya lo vimos en oportunidad de llevarse a cabo el debate sobre el ajuste fiscal.

Los que quieren que nuestras importaciones caigan, caigan y caigan, mientras las exportaciones suben, suben y suben, son los acreedores, porque la única manera de asegurar dinero en caja para poder pagar, es tener un saldo comercial favorable. Este saldo comercial será más favorable cuanto más distancia haya entre importaciones y exportaciones. Sin embargo, si hacemos caer las importaciones, las fábricas trabajan menos, por lo que la única manera de hacer crecer las exportaciones produciendo menos, es comprimiendo la demanda interna. Es un callejón sin salida; no existe otra alternativa.

Entonces, es imposible aumentar la exportación con fábricas que importan menor cantidad de materias primas. Sólo hay una posibilidad de hacerlo; me estoy refiriendo a la que se impuso en nuestro país y en América Latina en los últimos años, es decir, comprimiendo la demanda interna. Esta compresión de la demanda interna se propuso a fines del año 1987, porque se entendió que se estaba "recalentando" la economía, que es un factor que ha preocupado a los acreedores y, naturalmente, a los organismos internacionales que los representan, y que condicionan al país en lo relativo a la renegociación de la deuda externa.

Por lo tanto, se dijo que era necesario "enfriar" la economía uruguaya, porque estaba importando mucho. Se consideraba que existía mucha actividad y que la misma debería ser menor.

Me interesa dejar expresa constancia de que no digo esto con ánimo peyorativo; me interesa que nadie lo interprete en forma contraria. Realmente, debo confesar, que nos cuesta mucho concebir y entender -no lo digo aludiendo al equipo económico anterior, ni tampoco al que está funcionando en la actualidad- cuál es el razonamiento esencial, fundamental, por el que en un país como el nuestro se dice que tenemos demasiada actividad, y que ella debería ser menor. Cuesta entender cómo en un país en el que existe casi un 10% de desempleo se dice que se debe reducir el nivel de actividad. Esto fue lo que se hizo.

Me interesa destacar, señor Presidente, que en esta oportunidad no estoy intentando hacer un juicio sesgado ni flechado. Esto que acabo de pronunciar fue dicho públicamente y, además, existen testimonios al respecto. Reitero, una vez más, que se llegó a decir que teníamos mucha actividad y que era necesario bajarla en virtud de que podía conducir a la inflación.

Se manifestó que nuestro país, bajando esa actividad, estaba disminuyendo su déficit fiscal y su inflación. Después veríamos cómo, "enfriando" la economía, aumentaría el déficit fiscal y la inflación. Como se puede observar, esta precisión fue totalmente a la inversa de lo que sucedió. O sea, que el enfoque y la propuesta teórica fue distinta a la forma en que se dieron los hechos.

Pero esta decisión de fines de 1987, fue crucial para explicar cómo culmina esta experiencia y para ver cómo termina -según expresó el señor senador Zumarán- con una situación fiscal desastrosa. Además de eso, debería agregar que se trata de la situación fiscal más negativa de todo el período anterior; es la culminación de una experiencia que, por supuesto, no debemos echarla en saco roto. No debemos olvidarnos de ella, ya que debemos aprovecharla y acumularla. Esta experiencia indica, señor Presidente, con absoluta claridad, que contrayendo la demanda interna no se soluciona el déficit fiscal, sino que se lo promueve. Contrayendo la demanda interna no hay solución para el déficit fiscal, por lo menos, en el Uruguay. Me estoy refiriendo, en forma precisa, a nuestro país, porque considero que no podemos generalizar en un sentido o en otro, ya que nuestras experiencias tienen características muy particulares y diferentes a las demás.

En virtud de lo expuesto, es necesario que nos concentremos en el análisis de la experiencia uruguaya, porque no es aplicable al caso venezolano, argentino, chileno o ecuatoriano, en virtud de que nuestra economía tiene sus peculiaridades. En los años 1987, 1988 y 1989, nuestra economía se caracterizaba, fundamentalmente, porque estaba haciendo vivir cada vez peor a su gente y, al mismo tiempo, se endeudaba cada vez más en bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. De esta forma, contraía la demanda interna y el déficit fiscal crecía.

En consecuencia, la línea de razonamiento teórica dominante en los últimos años no sólo no es clara sino que, en nuestro país, no funciona. Por lo tanto, quiero enfatizar desde ya que toda política que proponga abatir el déficit fiscal contrayendo la demanda interna, está negando la realidad del país. Digo esto porque, en los hechos, en los últimos años, en nuestro país, esto se está dando exactamente al revés.

Por otra parte, quisiera destacar que simultáneamente a que la realidad destrozaba la relación entre demanda interna y déficit fiscal, la producción tendía a caer, y el desempleo aumentaba, al igual que la inflación. En este sentido, me interesa destacar esta relación. Junto con mis compañeros de bancada y además con otros señores senadores porque este no es un asunto partidario -recuerdo a los señores senadores Cassina y Zumarán e incluso a algunos integrantes de la bancada de gobierno como es el caso de los señores senadores Abreu y Raffo, con quienes integramos la Comisión de Hacienda del Senado- hemos reconocido que la inflación es un tema complejo y que tiene muchas variables a tener en cuenta. Este es un tema que no se puede solucionar en el plano de la interpretación diciendo que se explica sólo por esta variable, ni tampoco en el terreno de la política afirmando que si se controla tal variable se liquida la inflación. No se puede hacer ni una cosa ni la otra aisladamente porque las dos van unidas. Inclusive, señor Presidente, la experiencia nacional desautoriza absolutamente a quienes han intentado aplicar esa interpretación y esa política lineales.

Pero, ¿cómo terminaba, en 1989, la experiencia anterior? Culminaba, para variar, con una tendencia a la recesión de la producción y al aumento de la inflación. Y estos aspectos, naturalmente que no son ajenos al país. Es más: en los 30 años de inflación en el Uruguay hay sólo una correlación que se mantiene; las demás entran y salen, están y no están. La única correlación que se mantiene impertérrita y absolutamente indiscutible es la que existe entre estancamiento productivo e inflación. Reitero que es la única correlación, las demás están o no están. Pero en cuanto a este último aspecto, ¿para qué están? Para agravar o atenuar la inflación, pero no para explicarla.

En lo que hace a la inflación, el tema fundamental es el productivo. Precisamente, todo aquello que se ha dicho acerca de controlar primeramente la inflación para luego crecer, ha fracasado por la sencilla razón de que no se puede controlar la inflación sin crecer al mismo tiempo. Es la única manera de, mediante el propio proceso de crecimiento, ir controlando y hasta aniquilando algún elemento que haga a la explicación de la inflación. Tal es la complejidad del fenómeno.

Quisiera señalar, también, que en 1989, con caída de la demanda interna, crecimiento del déficit fiscal, descrecimiento de la producción y aumento de la inflación, se cerraba una experiencia en la que todos los uruguayos capitalizamos una cantidad enorme de cosas positivas, pero que desde el punto de vista económico mantuvo al país sumido en los mismos problemas que lo han venido aquejando de manera profunda y arraigada desde hace mucho tiempo.

Como decía, señor Presidente, esta experiencia hay que aprovecharla y hay que hacerlo desde el punto de vista económico, social y político. No podemos echarla en saco roto. Este no es un problema de partidos, ni de decir: "Bueno, en los 5 años anteriores estaba en la Presidencia Fulano de Tal, pero ahora está Mengano" -naturalmente que digo esto con todo respeto- "pertenecemos a partidos diferentes; ellos con la suya, nosotros con la nuestra y la oposición que diga sus discursos". De ahí, entonces, que diga que sería fundamental adoptar otra actitud. Este no es un problema partidario, sino más bien nacional. Si compartimos el objetivo de derrotar la inflación, de crecer, de vivir mejor -que me parece son metas indiscutibles- ¿cómo podemos aprovechar la experiencia del pasado? ¿Cómo podemos capitalizarla ahora, en esta política económica?

Antes de que la preocupación invada al Cuerpo, creo que este es el momento de formularse una pregunta. ¿Tiene esto algo que ver con la Rendición de Cuentas? Quiero decir, con toda sinceridad, que sí, que tiene todo que ver. Si no hacemos este análisis global de la economía del país, cuando se discute una Rendición de Cuentas no sé en qué momento lo vamos a hacer. No me olvido, por supuesto, de que tenemos un Presupuesto en puerta, a diferencia de lo que sucederá en los cuatro años siguientes. Al mismo tiempo, quisiera que ninguno de nosotros olvidemos que los problemas económicos que hoy tiene el Uruguay son perentorios, urgentes; y que lo que significa esta Rendición de Cuentas no hacia el pasado sino con miras al futuro, es un indicio de actitud política que me importa evaluar hoy, aquí, con toda claridad. Es un indicador, un gesto de política, por lo que entiendo que hay que hacerlo. Antes que nada, quisiera decir que cuando me interesa fundamentar que, a mi juicio, todo esto está relacionado con el tema, al decir Gobierno no debe entenderse -pues lo voy a decir muchas veces de aquí en adelante- al Poder Ejecutivo. En el día de ayer el señor senador Santoro decía una cosa que quiero suscribir totalmente; y si él me lo permite, la voy a reiterar. El señor senador dijo que el Poder Ejecutivo tuvo que entregar el mensaje, la iniciativa correspondiente a efectos de cumplir con el plazo que vencía el 30 de junio; y que en ese plazo no podía saber, ni mucho menos, lo que estaba sucediendo en el país, lo que estaba ocurriendo en materia de evolución económica -recuerdo que esto lo dijo también el señor senador Pereyra- y que en esa iniciativa que tomaba respecto de la Rendición de Cuentas, no podía incluir cambios, por más que intuyera que existían problemas urgentes, teniendo en cuenta de que en pocos meses más enviaría el correspondiente Presupuesto. Estamos totalmente de acuerdo con lo manifestado; sería absurdo negar esta afirmación. Ni este Poder Ejecutivo ni ningún otro puede, a tres meses de asumido el Gobierno, tener un panorama general como para dar un paso fundamental en lo que hace a la Rendición de Cuentas, sabiendo por otra parte que después tiene la instancia del Presupuesto. Reitero que estamos totalmente de acuerdo con esto. Pero esta Rendición de Cuentas, señor Presidente, no es sólo obra del Poder Ejecutivo, sino de éste y del Poder Legislativo. Porque, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos, acaso, velando un muerto, esto es, diciendo de alguna manera cómo era todo en el pasado, cómo nos parece que podría ser en el futuro, o estamos gobernando? Creo que se trata de lo último, que estamos gobernando. Lo hicimos en la Cámara de Representantes cuando esta Rendición de Cuentas atravesó su primera fase legislativa y lo estamos haciendo hoy aquí en la Cámara de Senadores. Estamos gobernando junto al Poder Ejecutivo.

Como decía, señor Presidente, el Poder Ejecutivo al 30 de junio, no podía saber lo que estaba sucediendo en el país, pero en la actualidad nosotros sí podemos saberlo. Por cierto que conocemos muchas cosas hoy, en la Cámara de Senadores; y son muchas cosas que el Poder Ejecutivo no sabía. O que creía que iban a ser de una manera pero la realidad mostró que son totalmente diferentes y hasta antagónicas con lo que se suponía iba a ser.

De manera que quiero plantear esto porque a mi entender, todo tiene que ver con la Rendición de Cuentas. Deseo hacer este planteamiento porque el Cuerpo que hoy está gobernando aquí no está haciendo una polémica estéril. Se supone que nos estamos escuchando los unos a los otros en nuestro papel de gobernantes no de discutidores por deporte.

Por lo pronto, pienso que tenemos que reflexionar sobre otro punto de vista, que es la mirada hacia el futuro. Cuando el señor senador Raffo manifestaba hace un rato que se deslizaban imputaciones hacia el actual Gobierno, debemos sí reconocer que eso es cierto, pero al mismo tiempo debemos decir que las imputaciones nos involucran a todos los 31 senadores que estamos presentes. En estos casos, el Gobierno no es sólo el Poder Ejecutivo; éste toma la iniciativa, pero luego el Parlamento entra a jugar su papel fundamental. De modo que todo este debate tiene un componente que, desde el punto de vista institucional, es una autocrítica. Quiero que se entienda bien que no me olvido -y lo reitero a riesgo de cansar a los señores senadores- de que muy pronto va a haber una discusión presupuestal. No obstante, creo del caso que los integrantes del Cuerpo deberían tener en cuenta algunos aspectos.

En primer término, que los problemas son acuciantes y necesitan soluciones inmediatas; no las presupuestales que, de hecho, entran a regir en el año 1991. Sin duda que el Estado tiene mucho que ver con las mismas. El Gobierno, en particular, incluyendo este Parlamento también tienen mucho que ver. Por eso no hay que perder la oportunidad de analizarlas y esto tenemos que hacerlo también en ocasión de la discusión de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Me gustaría hacer, señor Presidente, ahora una reflexión central con proyección de presente y de futuro: si la experiencia anterior demuestra que no hay vinculación lineal entre demanda interna y déficit fiscal, la que estamos viviendo hoy demuestra que tampoco existe entre el déficit fiscal e inflación. Es notorio el cambio de la situación fiscal del país en los últimos meses. Además de notorio diría que es considerable y llamativo; por eso lo vamos a comentar enseguida, aunque sea brevemente.

Nadie podrá negar que una vez más -y digo una vez más porque esto ya pasó muchas veces- está quedando en evidencia que el déficit fiscal no explica la inflación, al menos cuando se pretende que esa relación sea lineal. No sólo no la explica sino que a veces deja mal parada a la teoría, en una posición sumamente incómoda, como está ocurriendo hoy en el Uruguay. El comportamiento financiero del Gobierno Central -cosa que me preocupé de enfatizar- hasta el año pasado era la principal causa del crecimiento del déficit fiscal. No sólo el déficit del Gobierno Central ha caído, sino que hace cuatro meses que se transformó en superávit, según las estadísticas oficiales y según lo que el Presidente de la República, el Equipo Económico y sus Asesores reiteran a diario cuando evalúan su política económica. Hay superávit fiscal en el Gobierno Central; pero ¡ojo! tienen superávit fiscal nada menos que en el ámbito en el cual el déficit había crecido más. ¡No es menor la transformación que se ha logrado en estos cuatro meses!

Sin embargo, el tema del Banco Central sigue igual, pero ya conocemos lo que pasa. Ahí sí son los intereses de la deuda que se pagan a los acreedores extranjeros, estrictamente definidos. Por lo tanto, no hay cambios, todo sigue igual. En tanto no haya cambios en la negociación de dicha deuda todo continuará de la misma manera. Así que dejemos esto y tomemos el tema del Gobierno Central por que es ahí donde se produjeron los grandes cambios en el período anterior y en éste. Fíjese qué curioso, señor Presidente, el déficit se ha tornado en superávit y la inflación no para de crecer. El déficit del Gobierno Central se ha transformado en superávit y el déficit fiscal total es muchísimo más chico que el del año pasado. Si no me equivoco, según las estadísticas, hoy día, el déficit total de todo el Estado uruguayo se ubica en aproximadamente el 3% del producto. Era del 6% y se ha reducido a la mitad. ¿Qué ha pasado con la inflación, mientras tanto? No ha parado de crecer. Al respecto me aventuro a pronosticar nuevamente, como lo hice hace seis meses en este mismo recinto, que no parará de crecer en tanto se siga practicando la misma política económica.

Se comenzó el período, señor Presidente, con un 95% de inflación anual. Ya estamos en el 109%. A esta altura del año puedo asegurar que es muy poco el margen de pronóstico y mucho el que se dispone de verdad para elaborar una cifra. Entonces, teniendo en cuenta que la inflación de setiembre no habrá de bajar del 12% o 13%, la de 1990, diciembre contra diciembre, para los uruguayos no será menor -poniéndonos en la posición más optimista- del 115% o 120%. Es público y notorio que ésta es la segunda más importante en toda la historia de la inflación uruguaya, y se da con superávit del Gobierno Central. Es muy curioso; pero una vez más la teoría queda hecha trizas, queda absolutamente desairada; una vez más la realidad está gritando que la inflación es mucho más compleja que lo que indican esas teorías lineales y tiene que ser atacada simultáneamente por un conjunto de elementos de política. Es decir, no obedeciendo a esta especie de aproximación lineal y superficial que intenta explicar y solucionar todo por la incidencia de un solo factor.

SEÑOR ARANA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: como coincido con la exposición que hace el señor senador, quiero recordar algunas cifras provenientes del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas referidas a la inflación a la que está sometida la población, particularmente aquellas capas de menores recursos económicos, aquellas que reciben retribuciones mensuales inferiores a cuatro salarios mínimos. Al respecto, se maneja un índice inflacionario superior al 7% mensual. De modo que, se superaría el 140% anual. Entonces se agudiza, para las capas más debilitadas de nuestro país, la problemática que el señor senador Astori viene analizando.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: ahora quisiera señalar que, una vez verificado el hecho fundamental de la coexistencia de superávit fiscal en el Gobierno Central y una inflación que no termina de crecer, sería interesante comprender de qué se compone dicho superávit. Con toda sinceridad digo que no puedo aceptar como algo positivo que se me diga que los gastos están bajando, que los ingresos están subiendo y el déficit está siendo comprimido sin preguntarme, al mismo tiempo, qué gastos están bajando y cuáles de pronto están aumentando, qué ingresos están fundamentando el aumento de la recaudación tributaria y cuáles no. En fin, qué es lo que está haciendo bajar el déficit fiscal en general e incluso transformando el del Gobierno Central en superávit. ¿Cuáles son los factores que explican esto? Si no lo averiguo estoy desaprovechando esta experiencia. Si a mí alguien me dice, gasto menos, y esto es un buen signo, yo le diría, depende en qué gasta menos. Por ejemplo, si se celebra que se está gastando menos en salud, habría que ver si eso ocurre porque hay una mejoría en el comportamiento del organismo. En ese caso lo saludaría como un hecho positivo. Pero si se gasta menos para ahorrar, entonces me parece un disparate. Traslado el ejemplo a la educación, a la vivienda y a la inversión pública, si se gasta menos porque esas cosas no son necesarias, ¡albricias!; pero si eso se hace por una decisión política deliberada, me parece grave y negativo. Lo mismo puedo decir de los ingresos. Estoy recaudando más, ¿es eso una buena noticia? No sé.

Antes de contestar si es buena o mala, me gustaría saber quiénes son los que están aportando y cuánto han pagado para que esa recaudación haya aumentado. El análisis de la calidad del gasto, del ingreso y del resultado, que es el déficit, es de fundamental importancia.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Formulo moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Gargano.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Decíamos que tan importante como percibir la tendencia de las variables económicas globales, es analizar su composición, en este caso, gastos, ingresos y déficit.

SEÑOR PEREZ. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Quiero formular la siguiente precisión.

Creo que lo que está manifestando el señor senador Astori es muy categórico y demuestra cómo se produce la disminución en rubros esenciales para la población. Pero también es conveniente destacar lo que queda implícito en la exposición del señor senador. Todo esto va unido a las inmensas dificultades que padece el pueblo uruguayo. ¿Por qué quiero dejar esta constancia? Porque, generalmente, algunos sectores del Gobierno -dicho esto sin ninguna intención de agravio- e incluso el propio Presidente de la República, a través de un programa televisivo, realizan ciertas críticas al movimiento sindical, tachándolo de opositor a ultranza, irreductible, y otros calificativos similares. No se entiende que este movimiento refleja un sentimiento de desesperación, de indignación por parte de los trabajadores, quienes se encuentran realmente atosigados por una inflación que les consume mucho más de lo que ingresa en cada uno de sus hogares. Por lo tanto, esto se ve traducido en la acción sindical.

Entonces, cuando se habla de estos temas, vale la pena dejar establecido este extremo de la situación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Voy a realizar dos brevísimas aclaraciones.

El señor senador Pérez ha dicho que el señor senador Astori está demostrando con contundencia en qué se gasta menos. Sin embargo, hasta el momento, el señor senador Astori se ha limitado a preguntarse a sí mismo, sin demostrar nada. Quizás lo haga más adelante. El ha apuntado a la vivienda y a la salud, preguntándose si se está gastando menos o no en estos rubros.

Quería formular esta precisión porque, reitero, hasta ahora no se ha demostrado nada.

Por otra parte, el señor senador Pérez se refirió a algunas manifestaciones del señor Presidente de la República, y quiero aclarar que esas apreciaciones no se relacionan con este momento, sino a la circunstancia de que, desde el primer día, cuando se trazó el plan de Gobierno, el movimiento gremial anunció que no iba a dar tregua alguna. Francamente, en esa oportunidad no sabíamos qué trayectoria se iba a trazar la actual Administración.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Agradezco tanto la intervención del señor senador Pérez, que llama la atención sobre un tema fundamental y que comparto, como la del señor senador Raffo, quien aclara que ciertos hechos aún no están demostrados. Esto es correcto; todavía no están demostrados.

En virtud de que la atención del Cuerpo se centra ahora en la reciente intervención del señor senador Raffo, voy a señalar ahora dónde se ha concentrado el descenso del gasto público, aportando las cifras correspondientes.

Creo que nadie debe tener en estos momentos la más mínima sombra de duda en cuanto a que el rubro preferente es la inversión pública, que está cayendo en 1990, según nos anunció el señor Ministro de Economía y Finanzas en el mes de marzo pasado, aún sin admitir muy claramente el porcentaje. Reconoció que se iba a producir una caída aproximada del 22% o 23% en 1990, en términos reales, es decir, en moneda constante. Esto es trágico para el país porque toda la inversión bruta interna -es decir, la pública y la privada- viene recorriendo -y no necesito reiterarlo aquí- una trayectoria de depresión absoluta. En el día de ayer, los señores miembros informantes que abrieron este debate plantearon, como una de las características centrales de esta Rendición de Cuentas, el hecho de que en 1989, toda la inversión bruta interna había caído un 10%, mientras aquella que se vincula con una parte fundamental de esa inversión -que es la maquinaria y el equipo- disminuyó todavía más: el 12%. Repito que esto es trágico y constituye uno de los verdaderos dramas económicos del país, porque es el resumen más impecable de la situación de estancamiento productivo que el Uruguay no logra romper. Y, precisamente en este rubro es donde se concentra la disminución del gasto público, con lo cual -y lo podremos discutir cuantas veces se desee, pero me parece que la historia del país manda- los problemas que habrán de avecinarse en el futuro, desde este punto de vista, sólo podrán agravarse. No hay otra alternativa. Un 22% o 23% -y menciono estos porcentajes porque sólo el cierre del Ejercicio nos va a dar la cifra exacta caída de una ya famélica inversión bruta representa una decisión política extraordinariamente importante e igualmente negativa. En realidad, es como querer agravar los problemas del país. Por favor, que no se entienda que hay intención de agravarlos; pero, en los hechos, es como estar haciéndolo.

El componente privado de la inversión pública está tan absolutamente deprimido que no hay otra forma de acumular y de empujar los motores del crecimiento, que impulsar la inversión pública.

Entonces, señor Presidente, la noticia de que está disminuyendo el gasto y de que el mayor porcentaje de reducción se da en la inversión pública no sólo no es buena, sino que es trágica desde el punto de vista económico, y no quiero exagerar en el adjetivo. Es lo peor que le puede suceder al Uruguay desde el punto de vista económico. Es creer que el fenómeno económico se desarrolla en el plano de las cuentas financieras, exclusivamente, y que si cierran el debe y el haber, los ingresos y los egresos, estamos bien. Es -y vaya dicho con el mayor respeto- una interpretación extraordinariamente superficial del fenómeno económico. Lo financiero siempre es el resultado, a la larga, del funcionamiento sano o no, genuino o falso, de la economía. Y si ahora obtenemos victorias a lo Pirro en el plano financiero, después seguramente lamentaremos derrotas reales en el plano productivo porque si no hay inversión, no hay producción ni crecimiento.

Aquí, pues, se está concentrando la gran caída del gasto público. Ningún rubro importante del gasto público ha sufrido una reducción tan grave como la inversión pública. Pero, ¿qué es la inversión pública? Es, fundamentalmente, construcción. ¿Qué es la construcción, aparte de las maquinarias, de los equipos que se puedan incorporar? Son obras nacionales, por ejemplo, de infraestructura. Pero también son construcciones y mantenimiento en el plano de la salud, de la educación, de la vivienda y ¡vaya si tenemos que trabajar en esos campos! Existe una vinculación directa entre las carencias de inversión pública que tenemos y las condiciones esenciales de vida de gente.

Pienso que sería bueno empezar a dar ejemplos concretos cuando se habla de las condiciones de vida, dado que es una expresión que se ha usado tanto que, al final, uno la devalúa.

Me gustaría que todos imagináramos a las parturientas del Hospital Pereira Rossell, en este momento, teniendo que soportar que las ratas caminen entre las patas de sus camas. Esas son condiciones de vida. Eso es destino de la inversión pública.

Me gustaría que imagináramos a los niños y muchachos de escuelas y liceos, teniendo que soportar las peores condiciones de enseñanza, no ya porque tengan maestros o profesores malos, sino porque entra frío por las ventanas sin vidrios. Eso es gasto público, eso es inversión pública.

Asimismo, me gustaría que imagináramos la situación denunciada por un prestigioso organismo internacional -no por el Frente Amplio, por el Partido Colorado, por el Partido Nacional o por el Partido Por el Gobierno del Pueblo- como es la Organización de las Naciones Unidas, respecto a que la tercera parte de la población de Montevideo se encuentra viviendo en "cantegriles". O sea, alrededor de medio millón de personas, puesto que Montevideo ha alcanzado ya el millón y medio de habitantes. Esas son condiciones de vida. Eso es gasto público. Eso es inversión público. Eso es lo que estamos restringiendo.

Por lo tanto, si ahí se encuentra el destino fundamental de la compresión del gasto quiero declarar, señor Presidente, que se trata de una mala noticia. Además, podemos hacernos la misma pregunta con respecto al plano de los ingresos: dado que aumentó la recaudación fiscal, ¿la saludamos? Para responder a esta pregunta, antes que nada quiero saber de qué manera aumentó dicha recaudación. Al respecto, quiero hacer referencia a dos características de este aumento del cuatro por ciento que el señor Presidente de la República ha venido destacando en sus recientes apariciones. Es de fundamental importancia tomar en cuenta dos características, que se hayan encerradas en dicho incremento. ¿Obedece -ese incremento- a un aumento del nivel de actividad? No. Absolutamente no. Ya veremos algunos indicadores que así lo confirman. Obedece, en cambio, a un incremento de la carga fiscal. Obviamente todo el resultado tributario puede mejorar por una vía, por la otra, o por ambas simultáneamente. Además, ¿ha habido aumento de la actividad? No; más bien, en algunos sectores ella decayó. Lo que sí hubo, es un aumento de la presión fiscal, razón por la cual aumentaron los tributos nacionales.

Por otra parte, este aumento de la recaudación fiscal -y esto tiene que ver con la Rendición de Cuentas- se materializa, básicamente, por la vía del incremento de la presión fiscal de tributos, que tiene dos características negativas para el Uruguay. En primer lugar, casi todos ellos son indirectos y no reparan en la capacidad contributiva. En segundo término, son tributos que se descargan, especialmente, sobre la producción y no sobre las actividades que no generan riqueza. Vemos que es la producción la que paga impuestos. En este país, cuanto más se produce, más impuestos se paga. Esta es una verdad tanto para el agro, para la industria, para el comercio, como para cualquier sector productivo. Aquí, si un empresario decide crear fuentes de trabajo, importar maquinaria, progresar tecnológicamente, es decir, crecer, a medida que lo hace, tiene que pagar más impuestos. En cambio, si ese mismo señor decide colocar el dinero en un Banco, comprar bonos, letras, o llevárselo fuera del país, no va a tener que pagar ni un solo peso de impuestos. Entonces, ante este mensaje, me pregunto: ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a invertir?

Este aumento de la recaudación tributaria viene por esta vía. ¿Es una buena noticia? No. Al respecto, me permito afirmar que no sólo no es una buena noticia, sino que es una muy mala noticia. Esto, junto a una compresión del gasto público que se sintetiza en rubros fundamentales como la inversión pública, lo único que está asegurando, desde ya -y ruego que se me disculpe porque hacer pronósticos puede parecer arrogante, pero no es ésa nuestra intención- y por debajo de este mejoramiento epidérmico de la situación fiscal, es el surgimiento de nuevos y graves problemas económicos para el país, con una culminación de la que deja experiencia el Gobierno anterior. Esta buena situación fiscal de hoy -no por la forma en que se obtiene, sino por sus resultados- es insostenible por mucho tiempo más. La propia caída de la actividad, que se sequirá acentuando, se encargará de hacer descender, nuevamente, los ingresos públicos. Una vez soportada la carga del nuevo ajuste fiscal y mantenido un nivel mínimo de gastos, los ingresos públicos caerán nuevamente. Repito que este superávit del Gobierno Central de los últimos meses es insostenible de no mejorarse la situación económica.

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Sí, si es muy breve, me quedan pocos minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Simplemente, quisiera decir que con respecto al tema de la recaudación fiscal, que el señor senador Astori imputa al exceso de tributación, no se ha hecho ningún comentario sobre los efectos positivos de la gestión del Gobierno, como los obtenidos por el contralor de la evasión fiscal y del contrabando.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Agradezco al señor senador Raffo, además de su brevedad, el contenido de los conceptos que ha vertido.

Evidentemente, es imposible desconocer los esfuerzos que se están realizando en materia de contralor de la evasión fiscal. Si bien no los valor lo suficiente, porque los desconozco, debo decir que me consta que se están haciendo y que algún efecto positivo están teniendo, aunque me temo que el mismo no llega al uno por ciento. De todas maneras, reconozco ese factor a que hizo alusión el señor senador Raffo.

En lo que tiene que ver con el segundo factor -y me va a perdonar el señor senador Raffo- pienso que, en todo caso, tendríamos que hacer un debate sobre las políticas económicas de Argentina y Brasil, ya que esa es la verdadera causa de que se haya revertido el fenómeno de fronteras que el Uruguay ha soportado toda su vida.

Quiero señalar que no desconozco el hecho de que existe una institución que está realizando esfuerzos notorios para controlar el negocio del comercio ilegal. Desde este Senado, le deseo mucho éxito, y acompaño totalmente la acción que está desarrollando. Sin embargo, al respecto debemos tener cuidado porque, ¿qué pasa con el "efecto" Collor de Melo y el "efecto Menem", que han sido decisivos para cambiar el lugar de iniciativa comercial, revirtiendo el sentido del comercio? De todas maneras, reconozco que esto algo ha tenido que ver en nuestra realidad económica. Sin embargo, debemos ubicarlo en su real dimensión.

Señor Presidente: yo estaba diciendo -y me gustaría repetirlo porque me parece que es una de las conclusiones más importantes a la que podemos llegar en el día de hoy- que no podemos festejar una disminución de gastos que se base en la menor inversión pública, un aumento de ingresos que se base en un castigo a la producción, en una mayor carga tributaria, porque éstas, repito, son malas noticias. Por lo tanto, harán que el actual festejo fiscal sea efímero y que el país se suma en un estado, no ya económicamente grave como el que tiene ahora, sino en una situación fiscal tan deficiente como la que tuvo.

Esta situación fiscal es, reitero, insostenible, sin una mejoría económica. Y es simplemente un razonamiento lógico cómo sostenerla; ni aunque se vendieran todas las empresas del Estado se podría. Ya tendremos oportunidad de debatir cómo se agravaría esta política con la de venta de las empresas del Estado. No voy a ingresar, por supuesto, en ese debate. Argentina, simplemente, está exhibiendo la gravedad de esa etapa en este momento.

Pienso, señor Presidente, que estos temas estrechamente relacionados con la Rendición de Cuentas, entendida como una de las instancias anuales importantes que tiene todo Gobierno, incluyendo a su Parlamento -su Parlamento entendido como órgano de Gobierno- para intentar cambiar las cosas y atender las situaciones urgentes, nos muestran un grave contraste entre la situación económica actual y el contenido de este proyecto de ley que hoy estamos analizando. Y digo grave contraste porque, por ejemplo, no hay una sola referencia -y cuando la hay es de patética insuficiencia- a estos problemas graves y urgentes como son los problemas salariales, de la producción, de la industria y de las exportaciones. Creo que tendríamos que recordar en este momento que en el primer semestre de 1990, la producción industrial cayó un 4% respecto a la del período similar en el año anterior. Además, deberíamos saber que las exportaciones en el segundo semestre del año o sea, en el que estamos viviendo ahora, vienen cayendo notoriamente en su ritmo de expansión respecto al primer semestre, lo que indica desde ya que el Uruguay no va a exportar en el año 1990 el mismo nivel que exportó en 1989. Esto hay que saberlo puesto que está pasando en este momento. Hay una caída en el ritmo de evolución de las exportaciones.

En consecuencia, uno analiza la Rendición de Cuentas y se preocupa porque no hay la más leve referencia a los problemas fundamentales, a los de la producción, del empleo, del salario, sino marginalmente, según ha sido dicho por integrantes del Cuerpo con mucha claridad. No hay ni siquiera referencias indirectas. Y voy a volver a utilizar el adjetivo "patético". siendo una trágica noticia la caída de la inversión en el Uruguay, es patético que la única inversión importante de la Rendición de Cuentas sea la compra de dos fragatas para la Armada Nacional. Patético; no porque nuestra Armada no tenga que estar equipada, ni porque esta operación realizada durante la Administración anterior en sus últimos días, no haya que continuarla cumpliendo con lo pactado con el país; lo patético es que ésta sea la única inversión destacable que hace el Uruguay en 1990. Eso es lo patético, lo trágico, la mala noticia para el futuro. ¿Qué empleo se va a crear con las dos fragatas de la Armada Nacional? ¿Qué progreso técnico se trae al país con dos fragatas para la Armada Nacional? ¿Cuál es el desarrollo productivo y comercial del que se va a beneficiar el Uruguay con esta incorporación? Reitero, no estoy en contra de que la Armada se equipe y de que se continúe con una operación ya pactada; en absoluto. Sí estoy en contra de que ésta sea la única inversión pública destacable. ¡La única!, eso es lo patético. Y, además, en circunstancias en que el Uruguay necesita desesperadamente inversión pública adicional más rica.

Luego, señor Presidente, vinculado con lo anterior, ya se ha manejado detalladamente el tema de las compras del Estado. Lo único que quiero agregar a lo expresado por otros compañeros de diversos partidos -porque este tema nos preocupa a todos; no es un tema partidario y ojalá tengamos en el Uruguay un mayor número de temas que no sean partidarios; que nos unan en vez de dividirnos- es que el tema de las compras del Estado tiene muchas caras, pero hay una que no debemos olvidar jamás: es un formidable instrumento de política económica por los efectos que tiene. Entonces, tiene una cara que es la participación del gasto que hace el Estado y si el régimen es malo, el aumento de costo es del Estado. Resultado: negativo. Tiene, además, otra cara que es el estímulo a la producción nacional, su protección, la posibilidad de crear trabajo, crecer y progresar. Resultado: positivo.

Cuenta con una tercera cara que es la corrupción de encubrir ineficiencias a sabiendas y quizás, hasta por situaciones que más vale no analizar; quizás, por lo menos teniendo la oportunidad de hacerlo. Resultado: negativo. Entonces, ¿qué significa agregar esta cuarta faceta? Las compras del Estado, en un país como el Uruguay, pero también en países como Brasil, México o Argentina, constituyen un formidable instrumento de política económica por la potencialidad que tienen de producir muchos efectos. Entonces, ¿por qué no beneficiarnos de la potencialidad del argumento, en vez de descalificarlo de un plumazo porque el régimen actual es malo? Estamos de acuerdo en que es malo y es, además, propulsor de la protección redundante, esto es la protección que no se necesita, la que encubre esta corrupción, no sólo política sino también la económica de beneficiarse de una situación de comodidad y no progresar, descansando en esa protección.

Pero entonces, ¿por qué no cambiarlo, en vez de eliminarlo? Naturalmente que me hago cargo de que aquí no hay nadie que haya propuesto eliminarlo, por suerte. Pero sí entiendo que hay cierta tendencia de llevarlo a una expresión mínima. Y, por otra parte, lo que es más grave, sin corregir sus defectos que son, precisamente, los de la indiscriminación del instrumento; su falta de selectividad, ya que es el 40% para todos o el porcentaje que se establezca, pero para todos. Esto es lo malo; entre otras cosas, porque el Uruguay necesita selectividad en su política económica.

Acá hay personas que conocen muy bien sectores productivos específicos -mucho más que yo- porque han trabajado y lo están haciendo en sectores de la producción nacional. Los ejemplos son notorios.

En este caso les pido a mis compañeros del Cuerpo -como empresarios y no como senadores- que piensen en si la situación de todos los sectores de la economía que ellos conocen son iguales. No lo son. Lo que hoy necesita el sector A para crecer y desarrollarse, y en el futuro, prescindir del Estado, no es lo mismo que necesita el sector B; es distinto. Además, ¿por qué tiene que ser igual si son historias diferentes? ¡Cómo va a ser igual el caso de una producción que se ha incorporado al país hace pocos años que el caso de una que viene vegetando desde hace 50 años! No pueden ser iguales. Tiene historias, voluntades y perspectivas diferentes y mercados distintos. Entonces, ¿por qué no ser selectivos? Para ser selectivos hay una condición y es la de estudiar a fondo este instrumento y no fue analizado a fondo. La primera propuesta llegó, digamos, al barrer puesto que se expresaba que de 40 había que llegar a 0.

Eso es lo que todavía contiene esta Rendición de Cuentas y a ello nos oponemos radicalmente. Posteriormente, el señor Presidente del Cuerpo anuncia un régimen más atemperado en el Presupuesto. No me gusta que queden cosas para el Presupuesto bajo la condición de que la Rendición de Cuentas no vuelva a la Cámara de Representantes. Confieso que reconozco que se crean problemas, pero no me agrada un Parlamento que discuta temas sabiendo que ellos no se pueden modificar. Siento una sensación de impotencia a priori, que le hace mal al debate y aprovecho para decirlo.

En todo caso, hemos recibido esa propuesta más atemperada, pero quiero decir que la misma deja subsistente un problema fundamental, como la carencia de selectividad del instrumento. No es tan difícil hacer un análisis por sectores y decir, por ejemplo, en esta rama fundamental del Estado, el régimen de protección es tal. Y concretamente voy a poner un ejemplo. Se podría hablar de la rama electrónica donde el país ha hecho milagrosos progresos que, quizás, ni siquiera nosotros conocemos. Hace diez años era impensable hacer en el país un tablero electrónico como el del Estadio Centenario; esto se logró con tecnología y trabajo nacional, en el Uruguay. También podríamos decir que tal otro sector, que tiene una determinada historia en el país, se adapta a cierto régimen de protección.

Creo que la selectividad es amiga de los buenos resultados en política económica. Tenemos que convencernos de que este afán liberalizador de los últimos años nos ha llevado a olvidar que la política económica pierde la fuerza cuando se le quita su selectividad. La posibilidad de elegir es una fuente fundamental de fortaleza en una política económica. Pienso que este aspecto debemos tenerlo en cuenta a propósito de esta medida.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Singlet.

SEÑOR SINGLET. - Señor Presidente: nuestra intervención iba a quedar fuera de orden, porque pretendíamos hacerle una brevísima acotación al señor senador Raffo, pero coincidió que el señor senador Astori también abordó el tema al final de su exposición. La misma tiene relación con la protección a la industria nacional. Este es un tema que justifica un estudio profundo, pero en base a nuestra muy escasa experiencia en la Administración, tenemos que reconocer que efectivamente el Estado compra mal, y muchas veces muy mal. Además del problema económico, suele hacerlo sin que ello beneficie a nadie en el país, porque si esta norma no se aplica estrictamente, a veces se transforma en una farsa que beneficie a industrias y capitales extranjeros que simplemente tienen en el país un representante, algunas máquinas y muy pocos obreros. Creemos que esta experiencia se está dando con bastante frecuencia, por lo cual pretendíamos aportar este elemento a los manejados por el señor senador Raffo en cuanto a la necesidad, no solamente de revisar los índices, sino de ajustar estrictamente la aplicación de esta norma.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: no es por casualidad -según mi experiencia en las leyes de presupuesto y de modificaciones presupuestales que ya lleva algo más de cinco años- que en esta Ley de Rendición de Cuentas, por lo menos en el Senado, los miembros de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda, no hemos recibido colectivamente ningún planteamiento de sectores de la sociedad referido a los temas sobre los que esta ley legisla con excepción de los mencionados en el artículo 6º, al que se ha hecho abundante alusión. Quizá ello se deba a que esta Ley de Rendición de Cuentas -a diferencia de lo que han manifestado algunos colegas que la han calificado un tanto inusual- es típica de la primera Rendición de Cuentas de una nueva Administración. Generalmente, son leyes muy breves, donde se rinde cuentas, se formula el Balance de Ejecución Presupuestal del último Ejercicio de la Administración anterior y, además, en tanto se prepara el Presupuesto quinquenal de la Nación, no se introducen modificaciones presupuestales de importancia.

Creo constatar que la gente no siente que sus problemas acuciantes del diario vivir, del llegar a fin de mes, pasen por esta Rendición de Cuentas. Con esa constatación y ese estado de ánimo encaro esta exposición que realizo a nombre de mi Partido y que intentaré sea lo más breve posible, sin perjuicio de lo cual procuraré, en esta oportunidad de la discusión general, hacer breves comentarios sobre algunas disposiciones que compartimos y otras a las que nos oponemos, acogiéndome a la tolerancia de la Mesa y de los colegas, con el propósito de no volver a hacer uso de la palabra en el resto del debate -e incluso en la discusión particular- salvo que resulte imprescindible.

Esta Ley de Rendición de Cuentas nos informa de la gestión deficitaria de la Administración anterior. El tema ha sido encarado por varios señores senadores, particularmente por los señores senadores Zumarán y Astori. Este es un aspecto que no suele centrar la atención de los miembros del Parlamento en cada oportunidad de recibir una Ley de Rendición de Cuentas siendo, sin embargo, de excepcional importancia porque si históricamente algo hace a las competencias y responsabilidades de los Parlamentos, es el control de las cuentas de la Administración.

Es claro que desde el punto de vista estrictamente contable, la Ley de Rendición de Cuentas está bien formulada, porque así nos lo hace saber el órgano constitucionalmente competente para dictaminarlo, como lo es el Tribunal de Cuentas. Pero ella nos lleva a realizar algunas apreciaciones de tipo político a las que aludieron los señores senadores Zumarán y Astori -por lo menos, de las que recuerdo en el debate de ayer y de hoy- sobre una política deliberadamente trazada en el segundo período de la Administración anterior, y a la que la actual Administración ha venido con un entusiasmo digno de mejor causa acentuándola gravemente, de disminución del gasto público procurando disminuir, a su vez, la inflación por la vía de abatir el déficit fiscal.

Como bien se ha señalado por los señores senadores que mencioné y como tuvimos oportunidad de decir cuando se discutió la Ley llamada de Ajuste Fiscal, los problemas de la inflación -es decir el gran problema que para la gente representa la inflación- no se resuelve solamente con el abatimiento del déficit fiscal. Lo que ha ocurrido en los últimos Ejercicios de la Administración anterior y en los pocos meses transcurridos del actual Gobierno, creo que lo corroboran de manera terminante. Por el contrario, cuando el abatimiento del gasto público determina un decrecimiento de la actividad interna y un descenso en las posibilidades de consumo de la gente, la inflación se acentúa.

Sin perjuicio de reconocer que en cualquier país el déficit incide en la inflación, en uno como el nuestro, económica y productivamente dependiente y estancado desde 1955, las causas de la inflación son estructurales. Mientras no cambiemos esa situación, mientras el país no desarrolle una política de crecimiento económico, realizando simultáneamente justicia social, seguiremos teniendo inflación aunque se trate de sujetar severamente por la vía de la eliminación o disminución de déficit fiscal.

Lo que sí observo, señor Presidente -y creo que importa decirlo- es que cuando el actual Poder Ejecutivo -a través de su Mensaje y de las exposiciones efectuadas por el señor Ministro de Economía y Finanzas en las respectivas Comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado- analiza la situación de las cuentas del Estado y realiza la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Administración anterior, hace un examen bastante aséptico de las causas. Quizás las circunstancias políticas lo obligan a ello, pues no se debe molestar a quienes fueron Gobierno en el período anterior y ahora son cogobierno a través del llamado acuerdo de coincidencia nacional. En dicho examen, se pone un cuidado muy escrupuloso en no cargar las tintas, en no atribuir responsabilidades; sólo se constatan los hechos. Sin embargo, parece que cuando se rinden cuentas es necesario, también hacer una apreciación política, ya que se trata de la acción de un Poder político del Estado, el Poder Ejecutivo, frente a otro, el Poder Legislativo, explicando por qué ocurren determinados fenómenos económicos.

Como se ha señalado, señor Presidente, las modificaciones de carácter presupuestal contenidas en este proyecto son reducidas y se destaca, además, que algunas de ellas habrán de ser corregidas por la Ley de Presupuesto que en este momento está a consideración de la Comisión especializada de la Cámara de Representantes.

Aun con las dificultades que implicaría en circuntancias como esta devolver un proyecto de ley a la Cámara de Representantes, me parece que legislar a sabiendas de que se legisla mal, por el hecho de que en dos o tres meses eso se corregirá con otra ley que necesariamente debe ser aprobada, es un criterio profundamente equivocado. Además, tal como ocurre con el artículo 6º de este proyecto -al que me referiré más extensamente- en algunos casos esto lleva a adoptar soluciones que atan al Parlamento. Conforme con el régimen establecido por la Constitución de 1967, en ciertas materias el Poder Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva. Por consiguiente, una vez reducida sustancialmente la protección que el Estado brinda a la industria nacional a través de sus compras -por ejemplo- quedamos atados a la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo para modificar el régimen que determinará esta ley. En tanto reduzcamos drásticamente la protección del 40%, no podremos ir más lejos de lo que el Poder Ejecutivo nos proponga, quedando el Parlamento con las manos atadas para legislar con independencia, conforme a su propio criterio, cuando en pocos meses se apruebe la Ley de Presupuesto.

SEÑOR ZUMARAN. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Creo que el señor senador Cassina introduce una distinción entre lo que es un criterio que se puede compartir o no y lo que es legislar sabiendo que se legisla mal. Hemos discutido aquí si el poder de compra del Estado tiene que tener una protección del 40%, del 25%, del 15% o del 10%, con respecto a lo cual se puede decir que la solución es equivocada, pero no que se legisla mal.

El propósito de esta disposición es reducir la protección de que goza la industria nacional en las compras del Estado; sin embargo, el artículo 6º dice que los organismos estatales y paraestatales van a tener ahora determinada protección, con lo que se logra el efecto contrario al que se quiso obtener. Actualmente, las compras que realizan los organismos paraestatales no tiene protección, pero de sancionarse esta disposición, pasarán a tenerla. Por lo tanto, si bien la industria nacional pierde protección en cuanto al tanto por ciento, la gana horizontalmente con respecto a los sujetos a los que esta Administración obliga a guardar la protección que antes sólo era del Estado. Ese efecto es contrario al que se buscaba, y se debe, exclusivamente, a defectos en la redacción.

Nadie ha podido explicarme por qué el artículo 6º incluye a los organismos paraestatales en la protección que se pretende reducir. Se trata de un claro ejemplo de un artículo mal redactado cuyo error se descubre en el trámite parlamentario. Sin embargo, se demuestra que esto es cierto y que el sentido de la norma es, precisamente, el contrario del que se busca, pero igual debe ser sancionado con su actual redacción. Esto implica desvirtuar totalmente la función del Parlamento y también el sentido de la ley.

Me parece, pues, que en este artículo 6º está muy bien aplicada la expresión "cuando a sabiendas se legisla mal", porque independientemente de la opinión que se tenga sobre el porcentaje de la protección, es unánime la opinión en el sentido de que nadie quiso incluir a los organismos paraestatales, ampliando así el espectro de la protección, que es lo que se logra con el artículo 6º.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Coincido totalmente con el señor senador Zumarán en cuanto al absurdo que supone legislar mal a sabiendas, con la esperanza de que esta mala legislación sea corregida a breve plazo, con una ley imprescindible para el país, como es la de Presupuesto que permitirá el estudio en profundidad y que en pocos meses estará vigente.

Voy a alterar un poco el curso de mi exposición para ir directamente al tema planteado por el artículo 6º, que sin duda es la disposición más importante de esta Rendición de Cuentas, porque es lo que preocupa a la gente; lo demás, en cierto modo es rutinario.

En su redacción original, el artículo 6º ha sido concebido por el Poder Ejecutivo con un desacierto que no digo que nos asombre, pero sí nos preocupa. No podemos entender que cuando Uruguay decide -y decide bien- incorporarse a la integración regional que aceleradamente se está procurando llevar a cabo, por lo menos en la subregión -en una integración que, si para Argentina y Brasil es conveniente, para nuestro país es imprescindible- por anticipado se desarme y renuncie a tener un elemento negociador tan importante como es la determinación de la política económica en las compras del Estado. Esto constituye un elemento de negociación de enorme importancia y gravitación porque en cualquier país las compras del Estado forman parte de la política económica, sobre todo en lo que hace a la protección de la industria nacional. Argentina y Brasil, que no ignoran esto, en los acuerdos de integración de 1986 se reservaron este tema por la importancia que tiene. Sin embargo nosotros, alegremente decidimos desarmarnos antes de negociar. Reitero que se trata de un tema muy importante porque en un país como Uruguay, de reducido mercado interno, las compras del Estado juegan un rol de fundamental importancia en el desarrollo de la industria nacional.

Ciertamente, la norma vigente tiene que ser modificada, aunque me asombran algunos ejemplos sobre la mala aplicación del régimen vigente que nos han sido brindados en la Comisión, entre otros, por el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque revela cómo, para corregir una deficiencia fácilmente subsanable -aun con la legislación vigente- se opta por un remedio tan drástico que puede terminar por matar al enfermo. Se nos puso como ejemplo que hoy en día obtienen la protección del 40% empresas que se limitan a importar rollos de placas radiográficas, fraccionarlas -cortarlas- ensobrarlas y venderlas al Estado recibiendo por eso la referida protección. En realidad, aquí no hay industria nacional. Si las normas vigentes no son claras, alcanza con decirlo. Nosotros propusimos en la Cámara de Representantes que se formulara una expresa aclaración respecto de cuándo debe entenderse que se trata de una industria nacional.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Astori)

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Es interesante la afirmación que está haciendo el señor senador Cassina, porque ese tema fue motivo de análisis en la Comisión. Cuando el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto puso este ejemplo, nosotros le señalamos que las disposiciones vigentes estrictamente contemplan este fenómeno, porque naturalmente rebajan la protección solamente a la parte en la que interviene la mano de obra o la industria nacional, dejando absolutamente desprotegida la parte de importación. Este elemento tampoco se tuvo en cuenta al redactar la norma sustitutiva, agregando con esto una nota más a la desprolijidad de que hablaba el señor senador Zumarán, aunque él no la llamó así, pero hay que caracterizarla de alguna manera. Parecería que se adoptó la decisión política y ella se transformó en norma, absolutamente sin ningún elemento de consulta en torno al volumen de las compras del Estado, a sus características, a las relaciones con los países vecinos -como decía el señor senador Cassina- y a las repercusiones que puede tener sobre el sistema económico en su conjunto, especialmente en lo que dice relación con el empleo y con otros factores que fueron señalados por la Cámara de Proveedores, como es el tema de los aportes a la seguridad social, etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: hago mías las expresiones del señor senador Gargano. Tan cierto es lo que él señala que, por parte de empresarios, industriales y habituales proveedores del Estado, se proporcionaron a la Comisión datos que no han sido controvertidos con respecto al perjuicio que para el país y para el Estado mismo, supone la eliminación o la drástica reducción indiscriminada de la protección a la industria nacional, por lo que implica de pérdida de fuentes de trabajo, de pérdida de ingresos tributarios para el Estado y también de mayores egresos por la vía, por ejemplo, del seguro de paro.

Quizá los beneficios que se obtendrían como consecuencia de la disminución de egresos del Estado, por esta modificación del régimen de compras, estén eliminados o desvirtuados por los perjuicios que el país y el Estado habrían de sufrir de aplicarse el criterio sustentado originalmente por el Poder Ejecutivo y aun el que resulta del texto que se ha anunciado por el señor Presidente del Senado -en sesión de la Comisión- que habría de enviarse como una transacción política, en el Presupuesto que está a consideración de la Cámara de Representantes.

Por nuestra parte, creemos que el régimen de protección a la industria nacional en las compras del Estado debe mantenerse con modificaciones importantes, tratando de introducir -como señalaba el señor senador Astori- selectividad en la protección.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Muchas gracias.

Este es un tema que sin duda vamos a tener oportunidad de discutir nuevamente cuando tratemos el Presupuesto. Por esa razón he sido un poco reticente en cuanto a incrementar las discusiones. Pero hay dos o tres aspectos de la exposición del señor senador Cassina que no desearía dejar pasar sin formular un breve comentario.

El primero se refiere a la suposición de que el Poder Ejecutivo propuso esa medida con un espíritu de alegría. Se trata de un tema muy complejo y no hay por qué presuponer que el Poder Ejecutivo no lo estudió con el detenimiento que merece, en función de su importancia.

En segundo lugar -y porque es un tema muy complejo- creo conveniente ser preciso en los términos y no considerar que las pérdidas, que sin duda sufrirían los proveedores con la eliminación de la protección, constituyen pérdidas del país, mientras que los sobre costos que el Estado paga en las compras, son del Estado y no del país. La discusión en torno a este tema -que, como decía el actual señor Presidente, tiene varias caras- reside en sopesar los beneficios y los costos que insumiría para el país, es decir, para sus integrantes que, en definitiva, son quienes pagan una cosa o la otra; y no en discriminar con cuáles cargaría el Estado y con qué otros el país. Creo que esta precisión es importante.

En cuanto a lo que esto pueda significar en el contexto de una negociación tendiente a instaurar un mercado común -ya no un esquema de integración al estilo de ALALC o de ALADI- con todo respeto por el señor senador Cassina, creo que no modifica los parámetros de una negociación de ese tipo, donde no pueden subsistir protecciones de esta naturaleza. No pueden subsistir no sólo porque no lo permitiría el contratante, sino porque colocarían al Uruguay -con sobre costos en su producción- en una situación desventajosa dentro de un mercado común y agravarían los términos del intercambio en su contra. Esa es una de las tantas caras que, como decía el señor senador Astori, tiene esta problemática.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: continúo con mi exposición, comenzando por el final de las manifestaciones del señor senador de Posadas.

No afirmo que en un mercado común subsista este tipo de protección a la industria nacional. He dicho que no podemos desarmarnos anticipadamente cuando vamos a negociar con nuestros dos vecinos -económicamente mucho más poderosos que nosotros- esa integración económica al punto de procurar alcanzar un mercado común. Aquí nos estamos desarmando anticipadamente.

SEÑOR BRAUSE. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CASSINA. - Sí, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). - Puede interrumpir el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Hemos escuchado con mucha atención las expresiones del señor senador Cassina a propósito de este tema tan importante. Coincidimos en que se trata de uno de los puntos más salientes de este proyecto de ley que está a consideración del Senado.

Debemos realizar algunas aclaraciones, que entendemos pertinentes y que seguramente no escapan al conocimiento del señor senador Cassina.

Creemos que son importantes, porque se ha afirmado que la sanción de este artículo significa, en definitiva, desproteger totalmente a la industria nacional frente a las situaciones que en el futuro se podrían crear, especialmente en lo que concierne a las relaciones de integración con los países vecinos. Desearía aclarar este aspecto porque creo que es muy importante, por cuanto no se produce esa desprotección total. Este artículo apunta, exclusivamente, a la disminución de lo que se llama la preferencia especial de que goza la industria nacional respecto de las compras realizadas por el Estado. Se trata solamente de la preferencia especial, no del sistema de preferencias generales, con que sí cuenta el Estado y que este artículo no roza, sino que por el contrario permanece vigente.

En los hechos, lo que ocurre cuando se plantea una situación donde el Estado pretende adquirir algo es que, frente al ofertante del exterior, al precio CIF de la mercadería, se deben sumar los aranceles, los impuestos a la importación más los recargos pertinentes, e inclusive en los casos que corresponda, los precios de referencia o los precios mínimos de exportación que protegen, justamente, contra medidas de dumping que se puedan llevar a cabo desde el exterior. Todo esto se suma al precio CIF fijando, en definitiva, el nivel que hace relación a la preferencia general de protección frente a la oferta de la industria nacional que se realiza internamente.

Si bien el Estado luego no paga esos impuestos, naturalmente, sí establece el nivel de preferencia general.

Es importante señalar estos aspectos, porque en definitiva se trata de instrumentos tributarios y no tributarios, como es el caso de los precios de referencia y los precios mínimos de importación, que hacen a la protección de la industria nacional, frente a situaciones desestabilizantes o de competencia desleal que pueden ocurrir en las ofertas del extranjero.

Reitero que no dudo de que el señor senador Cassina tiene conocimiento de esta situación, pero considero que es importante señalarlo por cuanto el artículo a consideración del Senado a lo único que se refiere es al sistema adicional de preferencia especial existente y no al de preferencia general que continúa vigente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). - Puede continuar el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: agradezco al señor senador Brause la explicación que da sobre el rol que estrictamente juega el régimen de protección a la industria nacional en las compras del Estado. Yo lo conozco, pero el señor senador debe admitir que la brusca desaparición o la sustancial reducción de este régimen, sin ninguna selectividad, seguramente va a producir, en algunas importantes actividades industriales nacionales, un perjuicio quizá irreparable. Relaciono esta respuesta que doy al señor senador Brause con algo que me quedó en el tintero, que tiene que ver con las manifestaciones del señor senador de Posadas.

Distingo, naturalmente, los perjuicios que sufre el país y los que padece el Estado; pero cuando mencioné los daños al país y al Estado que resultarían, según apreciaciones que nos hicieron, y que en buena medida compartimos, representantes de sectores industriales que venden corrientemente al Estado, quería señalar que unos importan tanto como los otros. Cuando una actividad industrial cesa o disminuye y se pierden fuentes de trabajo, el que se perjudica es el país, al igual que el Estado, en materia tributaria. Si se suman ambos perjuicios, los del país y los del Estado en sentido estricto, que no pueden ser examinados separadamente, se puede llegar a la constatación de que la enmienda puede resultar peor que el soneto, porque las ventajas para el Estado que se pretende lograr a través de la eliminación total de este régimen de protección a la industria nacional, se vuelven, en definitiva, en perjuicios mayores para la sociedad en su conjunto, y para el Estado, en particular. Esto no puede dejar de considerarse cuando examinamos una disposición como ésta, que reitero, es la más importante, quizás la única de señalable trascendencia, en este Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-Señor Presidente: cumpliendo con lo prometido en el sentido de hacer una breve referencia a otras normas que no votaremos, digo que vamos a oponernos a la disposición del artículo 4º que establece un régimen de disponibilidad en relación con funcionarios públicos graduados en el área de la medicina y la odontología que, como expresamos en Comisión, nos parece sobreabundante porque, en todo caso, lo que se procura lograr con esta norma ya está previsto en la Ley Nº 16.127 recientemente sancionada.

Además, nos oponemos a la disposición del artículo 9º por la cual se obliga a que los funcionarios restituidos, de acuerdo con la Ley Nº 15.783, en adelante, perciban en cuotas, si bien reajustadas, los haberes que de acuerdo con la ley original deben cobrar en sesenta días, en tanto se reconocía que habían sido arbitrariamente destituidos o sancionados durante el gobierno de facto.

No estamos de acuerdo tampoco con el artículo 14 que modifica el artículo 16 de la recién mencionada Ley Nº 16.127, por las razones que determinaron entonces nuestra oposición.

Por otra parte, no daremos nuestro apoyo a la norma del artículo 16, en tanto crea un cargo de confianza, manteniendo una conducta que hemos establecido con mucha firmeza, desde siempre, con respecto a los cargos de confianza, tanto en la administración nacional como en la descentralizada o municipal; por considerar que, salvo aquellos estrictamente indispensables, los mismos atentan contra la carrera administrativa, la buena administración y se vuelven, muchas veces, un factor gravitante de "clientelismo" político-partidario.

En lo que se refiere al impuesto a las comisiones, nos oponemos a la exoneración prevista en el artículo 77 para las actividades desarrolladas en las zonas francas.

Nos oponemos, también a lo establecido por el artículo 81 al que se refirió el señor senador Zumarán -aunque no lo mencionó expresamente- ya que otorga al Poder Ejecutivo facultades propias del Parlamento delegándole el poder de fijar "el monto de los ingresos hasta el cual los contribuyentes del impuesto no quedaran gravados por el mismo".

No estamos de acuerdo, además con el artículo 106 que faculta a los Directorios de los organismos mencionados en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, es decir, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a delegar atribuciones que, a nuestro juicio, no pueden ser delegadas porque, de acuerdo con lo establecido por la Constitución, son propias de dichos Directorios.

Por otra parte, deseamos hacer algún comentario sobre el artículo 103, que fuera incorporado a este Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, a propuesta justamente de nuestro Partido, en la Cámara de Representantes y que sabemos ha generado inquietud en el seno del Tribunal de Cuentas.

La disposición referida establece que dicho Tribunal adoptará medidas para que el dictamen prescripto en el Literal D) del artículo 211 de la Constitución sea presentado a la Asamblea General, junto con el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Naturalmente, nos hacemos cargo de la dificultad que puede presentársele al Tribunal de Cuentas para cumplir con lo que manda la norma, si la Contaduría General de la Nación no le hace llegar la Rendición de Cuentas en tiempo suficiente como para informar a la Asamblea General, junto con el envío del Mensaje del Poder Ejecutivo correspondiente.

Es obvio que cuando establecemos esta disposición -que nos parece elemental- es para que la Asamblea General, en el mismo momento en que reciba el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, pueda contar a su vez con el dictamen del órgano constitucionalmente competente para hacerlo. Quiere decir que el Tribunal de Cuentas deberá producir la correspondiente información, si cuenta para ello con los datos que debe recibir de parte del Poder Ejecutivo y, en particular, de la Contaduría General de la Nación.

Apoyamos, además, los aumentos reales establecidos por este Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas para algunos reducidos sectores de la Administración Pública, como es el caso de los docentes. No podemos dejar de señalar, sin embargo, que no se ha cumplido con el compromiso que asumió la casi unanimidad de los sectores políticos del país el año pasado, en oportunidad de plantearse la posibilidad de otorgar un préstamo no reintegrable a maestros y docentes en general.

Señalamos, asimismo, la limitación que tiene lo que acabamos de citar, en relación con quienes realizan docencia directa -como es el caso de Educación Primaria- porque no abarca siquiera a los Directores y a los maestros que ejercen el cargo de Secretarios de las escuelas, quienes cumplen una tarea imprescindible y relevante, que está directamente vinculada con la docencia y que, de acuerdo con la interpretación que se nos ha hecho saber, no percibirían este aumento en sus remuneraciones.

Tenemos vacilaciones -que la Comisión conoció- en lo que hace a las modificaciones de los tributos judiciales. Sin perjuicio de ello, finalmente, lo acompañamos porque nos fueron suficientes y satisfactorias las explicaciones dadas en Sala por quien se reconoció como autor material e intelectual de esta modificación, es decir, el Ministro del Interior, doctor Juan Andrés Ramírez.

Queremos decir, también, que vemos con preocupación y disgusto que en este Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas se vuelva a insistir en la política de no acrecentar las inversiones del Estado, teniendo en cuenta que incluso las reduce.

En 1985, en la Rendición de Cuentas que tuvo características como la actual -si bien contó con un texto más reducido- en el breve debate que se llevó a cabo, señalamos en el seno de la Cámara de Representantes, nuestra discrepancia con la falta de crecimiento de las inversiones del Estado, porque nos pareció que este era un elemento imprescindible para contribuir a sacar al país de su estancamiento. En tal sentido, debemos expresar que la única inversión prevista por esta ley, fue propuesta en cumplimiento de una obligación asumida por el Gobierno anterior, es decir, la de la compra de dos fragatas para la Armada Nacional. Apoyaremos esta inversión porque la consideramos útil para el Uruguay. De igual modo, lamentamos profundamente que no se incorpore a este Rendición de Cuentas otras inversiones también imprescindibles, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con las áreas de la salud y de la educación. Pero, de todos modos, estamos convencidos de que estas compras son necesarias para la Armada Nacional y para el país, ya que el Uruguay carece en la actualidad de buques que permitan defender sus aguas territoriales y la riqueza que hay en ellas.

Como todos sabemos, durante el gobierno de facto se compraron algunas lanchas veloces, que son absolutamente inviables para su uso en altamar; ellas sólo pueden prestar un servicio costero, porque no brindan la confianza de una navegación segura en altamar. Reitero que en este momento Uruguay no cuenta con buques que le permitan proteger su riqueza existente en su mar territorial; como me acota el señor senador Ricaldoni, no puede defender su zona de influencia económica. En consecuencia, teniendo en cuenta esa necesidad, el país debe dar a la Armada Nacional los instrumentos adecuados. Debo agregar que la adquisición de estos buques resulta necesaria, además, para la protección de la vida en el mar. Es importante señalar, sobre este tema, que nuestro país carece de buques con los que pueda socorrer a otros navíos, en particular a sus embarcaciones pesqueras, en situación de desastre. Recientemente, han existido casos de este tipo con consecuencias trágicas y no han podido ser atendidas por la Armada Nacional, pese a querer hacerlo, debido a la carencia de embarcaciones apropiadas.

Por lo expuesto, reitero, es necesaria la adquisición de estos buques, aunque lamentamos y protestamos por el hecho de que ésta sea la única inversión prevista por el Poder Ejecutivo en este Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas.

Como resulta del informe de la Comisión y tal como lo expresáramos en su seno, votaremos en general este proyecto de ley que está a consideración, oponiéndonos desde ya a las normas a las que nos hemos referido.

SEÑOR PRESIDENTE. - No es habitual este tipo de actitud por parte de la Presidencia, pero ya que el señor senador recuerda las normas a las que se va a oponer, cabe decir que en el curso de su exposición mencionó que no estaba de acuerdo con el artículo 77 de este proyecto de ley, por el que se crea una exoneración tributaria y la Mesa no le pudo entender, realmente, qué fue lo que expresó. La Presidencia le solicita que tenga a bien reiterarlo.

SEÑOR CASSINA. - Si no me equivoqué en el número de artículo, debo decir que se trata de una exoneración del Impuesto a las comisiones a las actividades que se realizan en las zonas francas. Esa es la razón de nuestra oposición a la norma, aunque se me plantea la duda si el número del artículo es el 77; tal vez pude haberme equivocado de número.

Termino, señor Presidente, anunciando nuestro voto afirmativo al proyecto de ley que está a consideración, pero con mucha preocupación por no haber incluido inversiones del Estado, dirigidas particularmente a sectores como el de la educación y el de la salud y, además, por el hecho de que dicho proyecto de ley, tal como será aprobado, seguramente contiene disposiciones, como es el caso del artículo 6º, sobre las que se ha reconocido que son malas y que es necesario modificarlas inmediatamente. Sin embargo, terminaremos sancionándolo en una práctica legislativa que, a nuestro juicio, es inconveniente.

Muchas gracias.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Simplemente para formular algunas palabras en relación con el proyecto que está a examen del Senado. Se trata, tal como se ha expresado, de la Rendición de Cuentas correspondiente al año 1989 a cargo del Gobierno anterior y presentada por el que hoy lo sustituye. Además, se ha hablado del déficit que se debe juzgar a través de dicha Rendición y que está contenido en la totalidad de las cifras que figuran en el artículo 1º que arroja como resultado deficitario la cifra de N$ 240.284:462.000.

Es necesario recordar, señor Presidente -y esta es la razón principal de mi intervención en el debate- que cuando el Gobierno anterior inició su gestión el 1º de marzo de 1985 el déficit presupuestal era del 9.5% del Producto Bruto Interno. Desde dicha fecha hasta la finalización de nuestra gestión de Gobierno el Producto Bruto Interno creció en un 15%.

Pienso que todos estamos de acuerdo en que para realizar la apreciación histórica de la acción de un Gobierno debe observarse a ésta a través de toda su actividad y no basarse en un solo período de su Ejercicio. Desde ese punto de vista, es conveniente señalar que ese déficit fiscal del 9.5% del Producto Bruto Interno que tenía el Ejercicio anterior a 1985 bajó posteriormente, a los siguientes porcentajes: 4.2%, 4.5%, 6.3% y 6.5%. Es decir que promedialmente se puede afirmar que se redujo a casi la mitad con respecto al que traía del último Ejercicio de la administración militar.

Por otra parte, se ha hablado de la inversión y tengo en mi poder datos relacionados con la misma. Ellos demuestran que mejoró tanto en valores absolutos como en porcentajes del Producto Bruto Interno, ya que pasó del 8% al 9.5% y, en dinero ascendió de U$S 400:000.000 a más de U$S 760:000.000.

Deseo señalar que, además, el crecimiento del país hacia afuera mejoró en forma tan notable que pasó de U$S 925:000.000 en 1984 a U$S 1.540:000.000 en 1989, lo que indica un avance del 66%. El comentario que al respecto se ha hecho señala que estos índices son récord en la historia comercial del país y los mismos fueron el resultado de una política ubicada en las siguientes orientaciones: manteniendo de una política cambiante realista, una política de apertura externa que redujo el arancel máximo con respecto a 1984 del 55% al 40%, un régimen de devolución de impuestos indirectos para numerosos productos de exportación, el mantenimiento de una política de admisión temporaria ágil, un régimen para la importación sin gravámenes de bienes de capital, un régimen de financiamiento en condiciones competitivas para la actividad exportadora no tradicional, la prosecución de una política de promoción y desarrollo a cargo de la Dirección General de Comercio Exterior, la participación del sector exportador privado en la política exterior del país, la realización de una vigorosa acción negociadora multilateral en la que Uruguay mantuvo un constante protagonismo y la realización de negociaciones en convenios bilaterales con Argentina, Brasil y México.

Personalmente señalo que he manifestado todo esto con el propósito de puntualizar los beneficios que representó, para el país, desde este punto de vista, la Administración de nuestro Partido.

En el año 1989 culminó la gestión del anterior Gobierno y esta Rendición de Cuentas referida concretamente a la forma en que el Gobierno anterior encontró al país y a la forma en que tuvo que entregarlo el 1º de marzo, cinco años después, revela que en todos los Ejercicios la posición del Gobierno mejoró notablemente. Señalo que daremos nuestro voto para la aprobación de esta Rendición de Cuentas y estamos de acuerdo en que no se puede condicionar la aprobación de la misma o de algunos de sus artículos a lo que se resuelva posteriormente en el Presupuesto General de Sueldos y Gastos. Quizás sea un procedimiento equivocado pero no podemos votar favorablemente ciertos artículos que no nos parecen correctos, a cambio de la posibilidad de mejorarlos en el Presupuesto que ya está a consideración de la Cámara de Representantes, más aun si tenemos en cuenta que ambas leyes entran en vigor el mismo día. De todas formas se trata de una situación de excepción que debe ser apreciada debidamente.

En consecuencia, en este caso particular no se trata de una fórmula equivocada de legislar. No todas las disposiciones son semejantes, ni todas las afirmaciones correctas. Precisamente, en el análisis del artículo 6º vamos a tener algunas diferencias.

Pienso que lo que no es correcto y sigue estando mal después de dos días de debate, es que en la discusión general se traten asuntos correspondientes a la discusión particular. Precisamente, el artículo 6º que se refiere a la protección o desprotección de las industrias ha sido objeto de discusión en este momento antes de que se entre al análisis del articulado punto por punto. No estoy de acuerdo con dicho artículo porque en su primera parte establece que a partir del 1º de enero de 1992, el régimen general de adquisiciones de los organismos estatales o paraestatales, tendrá la misma protección a la industria nacional que tengan las demás adquisiciones en el mercado. Es decir que deja de lado la protección que a mi entender debe mantenerse sobre la industria nacional ya que habla de las compras de los organismos paraestatales, dejándolos en la misma situación en que se encuentran actualmente e incorpora mediante este primer inciso a los organismos estatales. Pero, como los organismos estatales están protegidos hasta el 40%, en el inciso siguiente se refiere a ellos exclusivamente mencionando las leyes respectivas, estableciendo una escala que va eliminando privilegios y protección hasta dejarla en cero a partir del 1º de enero de 1992.

Precisamente, en lo dicho anteriormente se basa nuestra discrepancia porque en oportunidad de analizarse esta disposición en la Cámara de Representantes, plantemos la necesidad de establecer una escala en mayor espacio de tiempo y que no terminara en cero sino, por lo menos, en el 15%.

En consecuencia, estamos de acuerdo en que cuando se llegue a la discusión particular se aprecie la situación que se deriva de ese análisis si es que tenemos pruebas o compromisos de que cuando se trate el Presupuesto General de Sueldos y Gastos la resolución sea no la del 10% -que es la que contiene actualmente- sino la de un 15% que es el porcentaje que hemos solicitado y propuesto.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Como ingresaremos a la discusión particular de esta Rendición de Cuentas nosotros nos permitimos formular moción en el sentido de que se considere por capítulos, habilitando la posibilidad de que aquellos señores senadores que deseen abstenerse en la votación de alguna de sus disposiciones y ocuparse de otras se sirvan señalarlo en cada una de las oportunidades en que se ingresa a la votación del respectivo Capítulo. En ese sentido es que formulamos moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador Santoro a efectos de que se proceda a votar por Capítulos con las salvedades de que se votarán separadamente aquellos artículos cuando algún señor senador lo solicite así.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

Léase el Capítulo I del proyecto de ley, "Disposiciones Generales", que comprende los artículos 1º al 14.

(Se lee:)

"CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1989, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de N$ 240.284:462.000 (nuevos pesos doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil), según los anexos que acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1991, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Los créditos establecidos para sueldos, gastos e inversiones, subsidios y subvenciones, corresponden a valores del 1º de enero de 1990. Dichos créditos se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricos o formales que se comprueben en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General.

ARTICULO 3º. - El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado al personal que empleen en trabajos manuales en condiciones de riesgo.

Esta obligación se mantiene aun cuando distintos tipos de reglamentaciones les otorguen el derecho a licencia con goce de sueldo mientras no se reintegren al trabajo. El personal asegurado recibirá, durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella dure, la indemnización fijada por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, y directamente de los organismos mencionados la diferencia de remuneración que pueda corresponderles según las leyes o reglamentos a que estén sometidos.

Derógase el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

ARTICULO 4º. - Los jerarcas de los Incisos 02 al 14 proporcionarán a la Oficina Nacional del Servicio Civil , dentro de los sesenta días de la vigencia de la presente ley, la relación de los funcionarios de sus dependencias que posean estudios aprobados en alguna rama de la medicina u odontología, a efectos de ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública".

De dicha redistribución, solamente podrán exceptuarse aquellos casos debidamente fundados por razones de servicio a juicio de la Oficina Nacional del Servicio Civil .

Las redistribuciones que se realicen por esta causa, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

ARTICULO 5º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a reforzar los créditos presupuestales de suministros por las obligaciones impagas que los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional mantengan con los Entes públicos proveedores al 30 de junio de 1990.

Dichos importes surgirán de una conciliación de adeudos entre ambas partes, que serán verificadas por la Contaduría General de la Nación.

Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar un régimen de facilidades para compensar y pagar los adeudos anteriores a la fecha indicada en el inciso primero entre los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional y los Entes públicos proveedores de suministros, así como entre dichos Entes, pudiéndose establecer mecanismos de reajuste e intereses, los cuales estarán exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

ARTICULO 6º. - Establécese que, a partir del 1º de enero de 1992, el régimen general de adquisiciones de los organismos estatales y paraestatales, tendrá la misma protección a la industria nacional que tengan las demás adquisiciones en el mercado.

El margen de preferencia establecido en el artículo 374 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, disminuirá al 20% (veinte por ciento) a partir del 1º de enero de 1991, al 10% (diez por ciento) al 1º de julio de 1991, y quedará eliminado el 1º de enero de 1992.

ARTICULO 7º. - Agrégase al numeral 3) del artículo 482 de la Sección 2, De los Contratos del Estado, de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el siguiente literal:

‘N) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras, que involucren un intercambio compensado con productos nacionales de exportación’.

ARTICULO 8º. - En las contrataciones del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, los pliegos generales y particulares a que refiere el artículo 489 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, aun en los casos previstos en el artículo 486 de la referida ley, a efectos de asegurar la igualdad de tratamiento de los oferentes, deberán ajustarse a los siguientes criterios:

1) A los oferentes de productos, servicios u obras nacionales, se les permitirá:

A) Ofertar en la misma moneda de pago que a los restantes oferentes.

B) Obtener los mismos instrumentos de crédito o de pago que los restantes oferentes, incluyendo la apertura de cartas de crédito.

2) En los casos que la adquisición del exterior se encontrare exonerada de tributos a la importación o del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se sumarán idealmente a la oferta del exterior. El monto así calculado será el que se utilice en la comparación de ofertas.

3) En las adquisiciones tanto de plaza como del exterior se requerirá que los oferentes coticen los objetos puestos en el almacén del comprador, incluyendo en dicho precio todos los gastos que ello implique.

ARTICULO 9º. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, por el siguiente:

‘Los haberes generados entre esa fecha y la del efectivo reintegro del funcionario le serán abonados, dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de su efectiva reincorporación, en veinticuatro cuotas mensuales, iguales y sucesivas, hasta la cancelación definitiva. Dichas cuotas se liquidarán conjuntamente con el sueldo y se incrementarán en el mismo porcentaje y en cada oportunidad en que se disponga aumento de las retribuciones personales de los funcionarios públicos’.

ARTICULO 10. - Para la renovación de los contratos de ingreso a la función pública celebrados antes del 13 de marzo de 1990, se prescindirá de los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

ARTICULO 11. - El ingreso a la función pública en los Escalafones E, F y R, al amparo de las excepciones previstas en los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, sólo podrá realizarse mediante concurso de oposición y méritos, de méritos y prueba de aptitud o mediante sorteo.

ARTICULO 12. - El delegado de los funcionarios que integrará el Tribunal a que refiere el artículo 12 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, será elegido por voto secreto.

ARTICULO 13. - El asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil a que refiere el artículo 14 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, respecto a la Administración Central y a los Servicios Descentralizados, se realizará con la participación de un delegado de los gremios representativos de los funcionarios.

ARTICULO 14. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 16 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

‘Las necesidades de personal de la Administración Pública serán cubiertas con funcionarios declarados excedentes del Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales, sean presupuestados o contratados con carácter permanente, de los escalafones civiles. No podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los escalafones docentes y del Servicio Exterior, como así tampoco aquellos que revistan en cargos políticos o de particular confianza’".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se desglosen, para ser tratados en forma particular, los artículos 3º, 4º, 6º, 9º y 14.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Como observo que en la Comisión han sido votados por unanimidad los artículos 1º, 2º, 5º, 8º, 10, 11, 12 y 13, solicitaría que se procediera a su votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - En virtud de que la Mesa entiende que es criterioso el procedimiento sugerido por el señor senador Pereyra, se procederá en consecuencia.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º, 2º, 5º, 8º, 10, 11, 12 y 13, correspondientes al Capítulo I, "Disposiciones Generales" del proyecto de ley a estudio.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º, que no ha sido votado en bloque junto con los demás artículos.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en virtud de los fundamentos que brindamos en el día de ayer, vamos a votar en contra de lo dispuesto en el artículo 3º del proyecto de ley, en tanto esto restringe la cobertura del seguro obligatorio de los trabajadores del Estado, de los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a aquellos que estén empleados en tareas manuales, en condiciones de riesgo.

Quiero dejar constancia de que esto modifica sustancialmente la ley votada por el Poder Legislativo el 10 de octubre de 1989, al que, en su artículo 5º, disponía que el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y demás organismos públicos, están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado a todo personal, cualquiera sea el tipo de tarea que realice.

De acuerdo con lo ya manifestado -y que reiteramos en esta ocasión- el Banco de Seguros del Estado ha informado al Poder Legislativo que la modificación de esta disposición va a ocasionar dificultades en la cobertura del seguro, dado que al reducirse el universo de los asegurados, la cantidad de siniestros puede superar el ingreso que corresponda por el pago de las cuotas.

Por lo tanto, acompañando el criterio adoptado por el Banco de Seguros del Estado, vamos a votar en contra de esta disposición que, en sí misma, limita un beneficio muy importante para todos los trabajadores de estos Entes y servicios del Estado.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: deseo señalar que vamos a votar afirmativamente este artículo 3º, aunque no sin preocupación por las consecuencias que él produce. El tema que se plantea en esta disposición, fue objeto de una extensa deliberación en la Cámara de Representantes. Finalmente, se optó por una solución transaccional que, por lo menos, establecía la obligación del Estado, en sentido amplio, de asegurar parte de su personal en el Banco de Seguros del Estado. Teniendo en cuenta estas consideraciones y en virtud de que esta solución fue propuesta por nuestro Partido, vamos a votar afirmativamente dicho artículo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: cuando en la Comisión se discutió este artículo, dejamos constancia de nuestra oposición a la sanción de esta disposición, en virtud de su carácter absolutamente genérico, dado que la misma faculta al Poder Ejecutivo a redistribuir a los profesionales médicos u odontólogos, en beneficio del Ministerio de Salud Pública. A primera vista, esto parecería una disposición compartible. Sin embargo, no se nos ha aclarado si con esta disposición se estaría afectando a distintos servicios que se prestan actualmente en diversas dependencias del Estado.

Naturalmente, nosotros compartimos las preocupaciones del Poder Ejecutivo, en el sentido de tener recursos humanos suficientes en el Ministerio de Salud Pública, pero no creemos que se deba hacer a través del desmantelamiento de los otros servicios, pasando los titulares de los mismos al referido Ministerio.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - En el mismo sentido que lo hacía hace unos instantes el señor senador Gargano, quisiera señalar, brevemente, que en el marco de la aplicación de una ley que como es notorio hemos considerado negativa, en este caso se trata de una experiencia específica que, a nuestro juicio, incluso se podría haber llevado a cabo sin este artículo, en virtud de que la ley ya lo establece.

Lo que es más grave, y se convierte en el fundamento central de nuestra oposición, es que no se hace a partir de un programa concreto en donde se establezca en función de qué criterios se harán todas esas redistribuciones. Si se trata simplemente de prever legalmente la autorización para hacerlo con la llamada Ley de Funcionarios Públicos, creo que alcanza y sobra. Entonces, ¿para qué incluirlo en una Rendición de Cuentas? Si en cambio, lo que se pretende es llevar adelante una experiencia específica en el ámbito de la Salud Pública entonces, ¿cuál es el programa que asegura que no va a ocurrir lo que planteaba hace unos instantes el señor senador Gargano, es decir, que el servicio público quede, desde el punto de vista médico, auténticamente desmantelado, o sea, sin profesionales médicos en la esfera de la salud en general o, por ejemplo, en la salud bucal? Como se advierte, no existe un programa al respecto. Trasladamos nuestra interrogante ante el señor Ministro y su respuesta, en lo que a nosotros respecta, nos reafirmó en nuestra postura negativa.

Simplemente, señor Presidente, deseaba señalar este tema y focalizar, principalmente, la carencia de un programa de respaldo a una propuesta que, en el caso de haber sido bien fundamentada, podría ser positiva. Es en virtud de las razones expuestas que hemos decidido no acompañar la votación afirmativa de este artículo.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: deseo señalar que vamos a votar afirmativamente este artículo porque creemos que atiende a una exigencia de sentido común. Estando Salud Pública en una situación de carencia de personal profesional de la salud -ya se trate de médicos u otros especialistas- y teniendo en cuenta que el mismo existe en otras dependencias del Estado, parece de elemental sentido común que los médicos desempeñen tareas en este ámbito.

El señor senador Gargano formuló su temor -si interpreté bien sus expresiones- en el sentido de que esta disposición pudiera ocasionar el desmantelamiento de los servicios médicos que se prestan en el Estado o fuera de su órbita. parecería que ese temor -aunque reconozco que hubiera sido mejor redactar una disposición más clara- no se vería confirmado, en la medida en que el inciso tercero de este artículo 4º expresa que las redistribuciones que se realicen por esta causa, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo 3º, de la Ley del 17 de agosto de 1990, que se refiere a la redistribución de funcionarios.

En lo que tal vez se tenga razón -no sé si quien lo afirmó fue el señor senador Gargano o el señor senador Astori- es hasta dónde era necesaria esta disposición expresa, ya que ese Capítulo III exige a la oficina donde pertenece el funcionario una declaración de excedente en una forma forzada o imperativa. Pero el artículo 26 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, dice que podrán solicitar su inclusión en la nómina de personal a redistribuir los funcionarios -se trata de Técnicos- cuyos títulos habilitantes no constituyan requisitos para desempeñar el cargo o función en el que revistan, es decir que esto tiene un carácter más general, pues no se refiere exclusivamente a los médicos.

De modo que lo que plantea esta disposición tiene mucho de sentido común, pues si en una repartición del Estado hay un funcionario que es, por ejemplo, agrimensor, y está desempeñando una tarea que nada tiene que ver con su título habilitante -puede estar cumpliendo labores de portero en Salud Pública- él puede exigir su redistribución para ir a una dependencia del Estado como puede ser la Dirección General del Catastro Nacional, donde tiene una mayor utilidad y puede ejercer una función pública más acorde con el título que ostenta.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ZUMARAN. - Sí, con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Lo que expresa el señor senador Zumarán es exacto, pero para ello el Poder Ejecutivo ya está autorizado; además los jerarcas de las distintas dependencias pueden proceder de conformidad. De lo que se trata aquí es de profesionales que ya revisten en cargos de tales, y no de porteros que sean médicos o auxiliares de determinados servicios. De lo contrario, la disposición no tendría sentido alguno.

Además de compartir la opinión del señor senador Cassina en cuanto a que en general es superabundante, considero que si se establece específicamente es para redistribuir a los profesionales médicos u odontólogos que tengan esos cargos en la Administración Pública. Esa es la interpretación que quedó de manifiesto en la Comisión; y no la de que se iba a trasladar, por ejemplo, a un Auxiliar III, que es médico, para darle el cargo como profesional en dependencias de Salud Pública.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Por mi parte pienso que la disposición no puede tener el alcance que señala el señor senador, o sea, el deseo deliberado de desarmar los servicios médicos del Estado que se prestan fuera de la órbita de Salud Pública. Reitero que, en mi concepto, ello no tendría sentido.

Me parece que la inteligencia correcta del artículo es la de trasladar a Salud Pública aquellos profesionales médicos que están en otras reparticiones del Estado cumpliendo tareas no médicas o que sí lo sean pero sin ninguna relevancia o que acaso sean sobrantes. De lo contrario, tampoco tendría sentido el inciso 2º de este artículo 4º, que dice: "De dicha redistribución, solamente podrán exceptuarse aquellos casos debidamente fundados por razones de servicio a juicio de la Oficina Nacional del Servicio Civil". Y razones de servicio -de ello hay mucho en la Administración Pública- puede tener aquella repartición que extienda certificados médicos, los que sólo pueden ser otorgados por un profesional médico. De modo que dejar al resto de la Administración Pública sin médicos es algo que contraría el sentido común, sería una catástrofe.

En consecuencia, señor Presidente, voy a votar el artículo en esa inteligencia. Reconozco, sí, que es un tanto superfluo. Asimismo, debo decir que no entiendo porqué en el Capítulo III de la Ley Nº 16.127 se incluye el concepto de que bastaba una circular para que en aplicación de esta ley todas aquellas reparticiones del Estado que tuvieran médicos excedentes los transmitieran inmediatamente a la Oficina Nacional del Servicio Civil. No obstante, no creo que esto tenga el alcance de desarmar todas las oficinas médicas existentes en la Administración Pública, porque ello configuraría un atentado.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Señor Presidente: queremos decir que vamos a votar afirmativamente este artículo y que entendemos necesario realizar algunas precisiones en virtud de algunas dudas surgidas respecto de su alcance.

Esta disposición no se refiere a cargos presupuestales o a funciones contratadas, sino a los funcionarios que en su hoja de vida o currículum tengan estudios vinculados a las actividades médicas u odontológicas. Quiere decir que no necesariamente hace alusión a quienes ocupan cargos técnicos en la Administración Pública, sino también a funcionarios que revistiendo en otros escalafones o cargos tuvieran este tipo de estudios. En tal carácter sus jerarcas los podrán incluir en una nómina en virtud de lo que la norma establece. Esto es en cuanto al alcance del punto de vista de los funcionarios en sí.

Pero también es cierto que si bien es compartible la inquietud del señor senador Astori respecto de que este punto tendría que responder a un programa, hay que dejar claramente establecido que cuando se da competencia a la Oficina Nacional del Servicio Civil y ésta cumple lo dispuesto por razones debidamente fundadas o de servicio, lo que se está haciendo aquí, es que ella, habida cuenta de las atribuciones que la ley de su creación le fija, pueda realizar no sólo los estudios, sino las averiguaciones necesarias como para que este tipo de redistribución por razones de servicio no suponga el desmantelamiento del resto de las oficinas de la Administración Pública. En este sentido, al no ser indispensable la existencia de un programa consideramos importante la participación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que por ser un órgano de carácter técnico tiene, a su vez, la posibilidad de recabar información, asesorar y, por supuesto, fundamentar las excepciones a la generalidad que la norma establece.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

La Presidencia quiere señalar que una afirmación formulada por el señor senador Zumarán -quien no se encuentra en Sala en este momento- durante la discusión general y por vía de una interrupción, no es exacta. Dicho señor senador expresó que en este artículo se incorpora, a la protección conferida a la industria nacional, a los organismos paraestatales, que no la tenían. Pero se trata de un error, porque el artículo 499 de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera, incluida en la Ley Nº 15.903, expresa: "En todas las contrataciones de los organismos mencionados en el artículo 451 y de los organismos paraestatales, deberá darse preferencia a los productos nacionales en paridad de calidad o aptitud con los extranjeros. Dichas preferencias a la producción nacional se regirán por lo que determinan las leyes de fomento dictadas o que se dicten, debiendo hacerse constar sus límites y naturaleza en el pliego de bases y condiciones particulares que rija en cada caso".

De modo que lo expresado en Sala en ese sentido padeció de un error.

SEÑOR MILLOR. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Vamos a tratar de ser breves pues este artículo ya fue considerado in extenso en oportunidad de la discusión general.

Queremos expresar que nuestra bancada va a votar negativamente esta disposición, y a la vez va a formular algunas puntualizaciones respecto de afirmaciones hechas en Sala.

Por un lado, se ha hablado del criterio de selectividad, que compartimos, en el sentido de que hubiese sido más adecuado aplicarlo a los efectos de hacer jugar la norma que hoy se deroga, en lugar de suprimirla.

Por otro lado, se ha afirmado que el Estado compra mal, concepto con el que estamos de acuerdo. El problema consiste en dirimir por qué razón compra mal el Estado y quién debe pagar las consecuencias de ese comportamiento inadecuado. Tal vez el Estado compra mal debido a su ineficiencia o a la falta de capacitación del personal designado para cumplir esos cometidos; o, simplemente, por su propia estructura.

Pero lo que no nos queda claro es por qué el industrial y la industria nacionales tienen que pagar las consecuencias de ese mal comprar que ostenta el Estado.

En Sala se ha informado que hay proveedores que lo único que agregan es una pequeña máquina o una máquina y unos pocos funcionarios, y en ese sentido el señor senador Cassina dio un ejemplo concreto. Es aquí donde debió haber jugado el criterio de selectividad. Pero de la misma manera que se pueden dar estos ejemplos concretos, hasta ahora nadie ha desmentido que de los ciento veinticinco mil uruguayos que absorbe la industria manufacturera, entre treinta y treinta y cinco mil trabajan en empresas que proveen al Estado. Esto, sin contar aquellas empresas que no son proveedoras permanentes, sino eventuales. Si bien hay casos en los cuales es muy poca la mano de obra que se agrega, hay una cantidad importante de trabajadores uruguayos que depende de esas empresas que proveen ocasionalmente al Estado. En este sentido, pensamos que el impacto sobre la mano de obra va a ser perjudicial.

Por otro lado, pensamos que derogar esta norma no es bueno para la industria nacional ni para el Estado. Francamente, no nos queda en claro si el Estado va a ahorrar en caso de que se suprima esta disposición. Se habla de que su ahorro sería del 40%, pero no se ha tenido en cuenta lo que va a dejar de percibir. Hay que tener en cuenta que la industria nacional paga cargas sociales, impuestos e intereses. En cambio, el extranjero que a partir de la vigencia de la Ley pueda proveer al Estado, no va a pagar ninguna de esas cosas. Además -y por acá no nos cierran los números- no sólo creemos que el Estado no va a ahorrar sino que puede llegar a pagar de más. Digo esto porque el Estado uruguayo por lo general le paga a sus proveedores con un atraso muy grande, con un promedio de 120 días; no paga intereses por el atraso y abona en nuevos pesos uruguayos. Pero cuando el Estado importa, paga por adelantado y en dólares. En mi modesta opinión, creo que estos parámetros económicos no fueron tenidos en cuenta para afirmar a rajatabla que el Estado uruguayo, con la derogación de esta disposición, va a ahorrar un 40%.

Más allá de otros comentarios hechos en Sala en el sentido de que las condiciones son mucho más gravosas cuando se compra al extranjero que cuando se adquiere a nivel nacional, nos preocupa la tendencia que no se insinúa sino que se prolonga en este proyecto de ley a desproteger a la industria nacional. No es la primera medida, señor Presidente. Ahora se está hablando de desproteger a la industria nacional que provee al Estado, pero ya se ha desprotegido a la de exportación, que trata nada menos que de conquistar mercados internacionales, cosa en la que el Estado uruguayo se juega la vida y donde con él todos los uruguayos nos jugamos nuestro bienestar económico. Esto ocurre cuando el Estado uruguayo lleva adelante una insostenible política fiscal. Se le pide al pueblo uruguayo que haga sacrificios y también al industrial. Este último se sacrifica porque ve aumentados sus costos, con un mercado interno en recesión y porque ha dejado de ser prácticamente competitivo en el exterior. Por allí aparece una disminución de fuentes de trabajo. Pero a cambio de ese sacrificio, se hacen todavía más intolerables las condiciones en las cuales debe manejarse dicho industrial.

En consecuencia, creemos que la derogación de esta disposición se enquista en una política que no compartimos y que nos hace recordar, con temor, ciertas expresiones que provinieron del oficialismo apenas instalado el Gobierno y apenas insinuada cuáles habrían de ser las políticas del Gobierno en materia fiscal y con respecto a los monopolios del Estado. Un caracterizado representante del Partido de Gobierno dijo: "en este país, el Estado batllista nunca más". Pensamos -lo digo con total franqueza- que se está arrasando con lo último que quedaba del Estado batllista. Si algo caracterizó al Batllismo -para otro momento quedará la discusión sobre si fue acertado o no, y por algo somos batllistas y no pertenecemos a otro partido político- fue haber hecho hincapié en la protección a la industria nacional. No es el primer intento de aplicar esta política, Cuando asumió el primer gobierno blanco, en momentos en que el mundo no era proteccionista y sí lo era el Uruguay -lo paradojal de esto es que el Uruguay deja de ser proteccionista cuando el mundo pasa a serlo- se arrasó con la protección a la industria nacional con la reforma cambiaría y monetaria. Esta norma que se quiere derogar surgió de la necesidad de recuperar, en el año 1961, algunos de esos parámetros de protección a la industria nacional.

Repito, entonces, que todo esto se enquista en una política que no compartimos y entendemos que le cabía razón, sí, a quien desde el oficialismo dijo que con estas medidas y con otras se iba a arrasar con el Estado batllista. Creemos que se está terminando con sus últimos vestigios al atacar un aspecto que siempre le preocupó al batllismo, o sea, la protección a la industria nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: sin dejar de valorar los argumentos de fondo que se han hecho en torno a este artículo y sin entrar en una polémica sobre si se mantiene o no la política batllista, quiero recordarle al Cuerpo que esta disposición figura en el proyecto -y con ese sentido se votó afirmativamente en la Comisión- a los solos efectos de que éste no tuviera que volver a la Cámara de Representantes, superponiéndose su consideración a la del proyecto de Ley de Presupuesto. En Comisión se llegó a un acuerdo sobre un artículo sustitutivo, que viene en este último proyecto y que no altera la situación, por cuanto el Presupuesto y la Rendición de Cuentas entrarán en vigencia más o menos en la misma fecha. El artículo 6º del Proyecto de Rendición de Cuentas, dice: "Establéces que, a partir del 1º de enero de 1992", etcétera. Es la misma fecha en la que va a regir la próxima Ley de Presupuesto, con la nueva disposición que va a sustituir a este artículo 6º. De manera que se trata de una votación simbólica, a los efectos de no alterar el trámite parlamentario. El artículo 6º no va a entrar en vigencia. Entonces, más allá del valor de los argumentos, es inútil toda discusión sobre el punto.

Nada más.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: por las razones que ya fueron expuestas en el curso del debate en general, por otros señores senadores y por los de nuestra bancada, no vamos a acompañar este artículo. Quiero dejar en claro que, aunque tuvimos noticias de que en el artículo 546 del Mensaje Presupuestal del Poder Ejecutivo, tal como lo señaló en Comisión el señor Presidente del Cuerpo, se modifican las disposiciones de este artículo 6º, no es exacto que no vaya a entrar en vigencia si se vota tal cual viene. Digo esto porque el Presupuesto será aprobado no sabemos exactamente cuándo, si en diciembre o en enero. Dicho artículo dice que el margen de preferencia quedará fijado "a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente Ley". Además, el segundo párrafo del artículo 6º, dice:

"El margen de preferencia establecido en el artículo 374 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, disminuirá al 20% (veinte por ciento) a partir del 1º de enero de 1991", etcétera. Quiere decir que seguramente tendrá una vigencia temporal que nadie puede precisar de cuánto será.

SEÑOR PEREYRA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARGANO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Creo que hay un error de interpretación porque al comienzo del artículo 6º, se dice: "a partir del 1º de enero de 1992"; y luego, cuando se establecen los porcentajes, se dice que el margen de preferencia disminuirá "a partir del 1º de enero de 1991". De manera que esta disposición no puede, de ninguna manera, así se sancione mañana esta Rendición de Cuentas, entrar a tener efecto hasta después del 1º de enero.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - Con todos los respetos que me merece el señor senador, me parece que no hace una lectura correcta del artículo. El mismo establece, en su inciso primero, que "a partir del 1º de enero de 1992, el régimen general de adquisiciones de los organismos estatales y paraestatales, tendrá la misma protección a la industria nacional que tengan las demás adquisiciones en el mercado". Ese es un planteo; pero luego viene el segundo inciso, donde figuran las disposiciones que disminuyen la sobreprotección o la protección adicional de que gozan, en las compras del Estado, las empresas uruguayas. Entonces, mi interpretación es la correcta.

Por otra parte, el señor senador Millor me acaba de recordar que en la Legislatura pasada el Presupuesto entro en vigencia prácticamente en el mes de abril de 1986.

De modo, pues, que no sería extraño que por las vicisitudes por las que pueda pasar el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto -que no podemos prever por anticipado- esta norma llegue a tener efectiva vigencia. Igualmente, creemos que no es conveniente votarla por las razones que expusimos en la discusión general.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ASTORI. - Voy a realizar algunas reflexiones adicionales a las que ya formulé en la discusión general de este proyecto de ley.

En primer lugar, quiero reiterar algo que ya adelantamos en Comisión. Me refiero a la absoluta redundancia -para emplear un término apropiado con respecto al contenido de este artículo- de todo el primer inciso. Expresa lo siguiente: "Establécese que, a partir del 1º de enero de 1992, el régimen general de adquisiciones de los organismos estatales y paraestatales, tendrá la misma protección a la industria nacional que tengan las demás adquisiciones en el mercado". Como señalé, no sé qué papel cumple este inciso porque, a continuación se dice: "El margen de preferencia establecido en el artículo 374", etcétera, determinándose así lo que se propone efectivamente entre en vigencia en lugar del régimen actual. ¿Para qué, entonces, se dijo lo anterior? Pienso que la inclusión de este inciso obedece solamente a motivos literarios, pero estos suelen introducir confusiones de interpretación en este tipo de normas y, por lo tanto, generalmente son dañinos o negativos. pero esto es sólo una reflexión.

En segundo término, tengo ante mi vista el artículo 546 del Proyecto de Ley Presupuestal que está siendo considerado por la Cámara de Representantes. Dicha norma expresa lo siguiente: "El margen de preferencia establecido en el artículo 374 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, modificativos y concordantes" -por suerte, la nueva ley presupuestal resolvió prescindir del primer inciso que figura en el artículo 6º de la Rendición de Cuentas- "quedará fijado en un 25% a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley; en un 15% al 1º de julio de 1991 y de un 10% al 1º de enero de 1992". Esto es lo que establece el proyecto de ley presupuestal actualmente a estudio de la Cámara de Representantes que, por otra parte, refleja lo que el señor Presidente del Cuerpo ya había adelantado en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

La redacción de este nuevo artículo en discusión, que evidentemente atempera el texto original que vino como parte del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, a nuestro juicio ataca una sola de las facetas del tema. Además no lo hace en la forma que consideramos correcta. Esa única faceta atacada se relaciona con el impacto del cambio de régimen, es decir, no pasar de una preferencia del 40% -como es la existente ahora- a un régimen que bruscamente reduce el porcentaje. Dicho de otra manera, se trata de atemperar el "shock" que puede provocar una medida de esta naturaleza sobre la economía de todas aquellas actividades que se vinculan con el poder de compra del Estado. todo lo demás, es decir, lo que está encerrado en esta toma de decisión fundamental, permanece vigente en cuanto a sus aspectos negativos. Así, se mantiene la falta de un análisis a fondo de esta medida y, por lo tanto, la renuncia -hecho ligado a este- a la selectividad en su aplicación.

Hace instantes señalábamos que este es un formidable instrumento de política económica. Y estos, con todas las implicaciones que tienen, adquieren una mayor potencialidad si son manejados en forma selectiva.

En este caso, no se dispone de estudios a fondo que permitan analizar el tema con profundidad. Entre otras cosas -lo señalaba el señor senador Gargano en la sesión de ayer- no conocemos fehacientemente cuál es el volumen de compras del Estado. ¿Cuánto compra el Estado? ¿Cuál es el volumen de riqueza en juego? No lo sabemos porque la información es mala debido a que el tema no ha sido estudiado a fondo. Entonces, subsiste la falta de selectividad.

Para terminar, señor Presidente, me voy a permitir reflexionar sobre un par de temas que fueron tocados en la discusión general en momentos en que debí sustituir al señor Presidente y, por lo tanto, estaba inhibido de intervenir.

En su exposición, el señor senador Cassina se refirió a la estrecha relación que existe entre el manejo de este instrumento y la integración económica. Simplemente, quiero dejar constancia de que adhiero totalmente a lo que planteó el señor senador. Se trata de un instrumento de negociación fundamental en cualquier proceso de integración económica. Ha sido manejado desde que el Tratado de Montevideo inauguró la experiencia de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es decir, la actual Asociación Latinoamericana de integración. Este siempre fue un instrumento de negociación no escrita, y estuvo presente como factor clave en las conversaciones, que son lo fundamental para llegar a acuerdos. ¿Qué hubiera sido de Brasil o México -países con Estados de un tamaño extraordinariamente grande, que usan los poderes de compra para promover sus industrias que, por otra parte, son las más avanzadas de toda América Latina- si no hubieran utilizado este instrumento? Pienso que habría sido demasiado ingenuo por parte de ellos, además.

Por lo tanto, suscribo totalmente lo manifestado y destaco la importancia que tiene este instrumento en el plano de la integración, cuyo objetivo central todos compartimos.

Me voy a referir ahora a un comentario que, durante la exposición del señor senador Cassina, efectuó el señor senador Brause. El decía, correctamente, que esto no significa eliminar la protección a la industria nacional, mencionando además, como ejemplo, un sistema general de preferencias y protección. Esto es lo que en economía denominamos "protección de tipo arancelario". Estoy totalmente de acuerdo en que esto no implica eliminar la protección a la industria nacional, pero sí quiero llamar la atención en cuanto a que significa renunciar a un mecanismo de protección.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Creo que este es un aspecto decisivo porque en la discusión que tuvo lugar en la Comisión respectiva pusimos de manifiesto que la protección adicional en el caso de un país de las dimensiones de Uruguay -y sólo con relación a los países vecinos- tenía una explicación lógica en la industria de escala que existe tanto en Brasil como en Argentina.

Por ejemplo, los proveedores de UTE -que fueron quienes comparecieron ante una Subcomisión Especial- dejaron constancia de este hecho. Como es natural, este sector difícilmente puede llegar a funcionar en forma rentable en nuestro país si tiene que competir en condiciones de igualdad -aun con la protección arancelaria- con nuestros vecinos.

Pienso que todo esto debe ser materia de negociación en un proceso de integración. Así, a cambio de abrir las puertas a la industria brasileña o argentina en el régimen de compras del Estado, habrá que obtener otras ventajas para nuestros productos. Pero, si desde ya se aplica una política de puertas abiertas, se puede desmantelar literalmente algún sector de la industria nacional como el de los proveedores de UTE.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Básicamente, me manifesté de acuerdo con lo expresado por el señor senador Brause en cuanto a que esta medida contenida en el artículo 6º no significaba eliminar la protección a la industria nacional.

Sin embargo, si bien estoy de acuerdo, quisiera señalar que esto significa renunciar a un mecanismo de protección. Naturalmente, no olvido que se está discutiendo la Ley Presupuestal que mantiene ese mecanismo en lo que podríamos llamar un nivel mínimo, aunque de mala manera. Pero cuando se renuncia a un mecanismo de protección de este tipo, aunque se mantengan otros, se está renunciando a posibilidades en materia de política económica y, lo que es más importante, no para asegurar -aprovecho la oportunidad para comentar una reflexión que en su momento hizo el señor senador Brause- la eliminación de la protección redundante. Sin realizar un estudio de esto, no se puede estar seguro de lograr esa eliminación. ¿Quién puede afirmar hoy en el Uruguay que la protección redundante promedio de toda la industria nacional es de un determinado porcentaje en 1990, de otro en 1991 y así sucesivamente? Ningún habitante de la República puede hacerlo.

Quiero decir -y aprovecho la oportunidad para hacérselo saber al señor senador Brause- que estoy completamente de acuerdo con eliminar la protección redundante. Ella nunca me gustó.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara al señor senador, tal como ya lo ha hecho en alguna otra ocasión, que debe dirigirse a ella, sin perjuicio de que pueda aludir a las opiniones en Sala por los otros señores senadores.

SEÑOR ASTORI. - Tiene razón el señor Presidente y, tal como ya lo he expresado en otras oportunidades, debo decirle que estoy totalmente de acuerdo.

Tal como ya lo he señalado, estoy de acuerdo con que se elimine la protección redundante en el país. Creo que mantenerla no es bueno, ya que encubre ineficiencias.

Por otra parte, como lo señalé en la discusión general, ella es productora de corrupciones que son malas desde todo punto de vista, ya sea político como económico. Ahora bien; cabe preguntarse qué podemos hacer para eliminarla. En primer término, hay que conocerla, hay que saber a cuánto asciende y para esto debemos estudiar cada rama de la industria o de la producción. Si nos embarcamos en esa tarea, vamos a encontrar, por ejemplo, que en la industria metalúrgica la protección redundante es de un porcentaje determinado que no tiene por qué ser igual al de la industria del plástico o al de la agroindustria láctea. ¿A cuánto asciende la protección redundante en cada caso? ¿A un 15%? ¿Tal vez a un 20%? ¿O, quizás, a un 25%? Hay que estudiarlo. Y es fundamental saber qué magnitud tiene la protección redundante en las distintas ramas industriales que abastecen al Estado.

Me atrevo a plantear aquí la hipótesis -y hablo de hipótesis porque se trata de algo que no puedo demostrar con cifras- de que no es igual en todos los casos; en consecuencia, necesitamos realizar un estudio sobre el tema. Por lo tanto, considero que esta medida no es buena, pues va a mantener sin solución graves problemas que se dan en la actualidad y va a originar daños -desearíamos que ello no fuera así- que pueden llegar, incluso, a ser irreparables como, por ejemplo, el cierre de empresas, de fuentes de trabajo y, en algunos casos, la imposibilidad de seguir funcionando con determinada escala de producción, cosa que en materia industrial es algo muy importante.

Queremos hacer hincapié en el hecho de que, en este tema, estamos hablando de sectores que, en caso de dejar de vender al Estado, perderían su razón de ser, ya que viven casi exclusivamente en función de esa venta.

De modo que la repercusión de esta medida, si llega a ser negativa, puede condicionar, incluso, la propia existencia de la rama, el sector o la empresa. Por eso hay que estudiar muy bien este tema y hay que ser cauteloso y prudente, pues es mucho lo que está en juego.

Por todo lo expuesto, este artículo 6º nos parece muy negativo, así como el contenido del proyectado artículo de la Ley Presupuestal al que acabo de dar lectura.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: quiero añadir a lo ya expresado en Sala algún otro elemento para fundamentar mi voto en contra de este artículo. No sé si la expresión exacta es "añadir", ya que me voy a basar en una frase a la que hacía referencia hace un momento el señor senador Cassina, en el sentido de que no se debe legislar mal a sabiendas.

Si no interpreté mal, en el seno de la Comisión se creó una especie de consenso en cuanto a que este artículo no era correcto y que, por razones de práctica parlamentaria, se trataría de corregirlo rápidamente, durante el análisis del Presupuesto.

En mi opinión, ha quedado demostrado que la disposición proyectada en el Presupuesto tampoco evita que este artículo tenga efectos que hasta ahora no han sido defendidos por nadie.

En consecuencia, para mí bastaría la razón a la que acabo de aludir; no se debe legislar mal a sabiendas sólo para evitar el regreso a la Cámara de origen, pues cuando hay acuerdo político, las leyes se aprueban en pocos días; en caso contrario, las leyes tienen su proceso. No creo que la imagen del Parlamento se vea fortalecida cuando queda la constancia de que se aprueban normas simplemente para no dejar transcurrir más días.

Así interpreto la situación.

Además, pienso que lo que recién señalaba el señor senador Astori respecto al inciso primero de este artículo 6º, merece una reflexión. El lo calificaba de mera expresión literaria pero agregaba que puede ser fuente de conflictos interpretativos.

En mi opinión, ese inciso tiene una intención que no advierto en la voluntad sicológica de quienes lo redactaron -porque no la conozco- sino en el propio texto. A pesar de que puedo equivocarme, pienso que ella es, concretamente, la de señalar una filosofía. Si observamos el artículo en forma global y, si como legisladores reflexionamos acerca del impacto que causa en la mente de las empresas y de las industrias nacionales, vamos a provocar, en esos sectores, una gran inquietud. Creo que el legislador, cuando actúa en función de tal, no debe omitir esta reflexión. Por ejemplo, cuando estaba a estudio la Ley de Funcionarios Públicos, con o sin intención, al grueso de dichos funcionarios se les hizo sentir que eran algo así como culpables. Este artículo, visto globalmente y sin realizar un análisis detallado, provoca en muchas empresas, una tremenda inquietud. Todos los que hemos actuado en la Administración Pública sabemos que existen muchas empresas que suministran o ganan licitaciones en el Estado, a raíz de normas que les dan un cierto grado de protección, correcto o perfectible, que acá se elimina.

SEÑOR VIERA. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR VIERA. - Tal como señalaba con razón el señor senador Korzeniak, este artículo implica una filosofía. En mi opinión, ella se corresponde, tal como lo señalamos en la discusión general, con la política de desnacionalización de las empresas públicas y ahora también de la industria, con la singularidad de que esa filosofía no se manifiesta porque, tal como lo expresaban los señores senadores Korzeniak y Astori, su redacción es tan sugestiva que, hasta por eso mismo habría que anularla. En este artículo se dice que tendrá la misma protección que la industria nacional. Entonces, cualquier persona puede pensar que es para proteger a la industria nacional, pero no es así. Tendría que decir que las empresas de capital extranjero tendrán el mismo régimen que el de la industria nacional.

En el artículo 6º se expresa: "Establécese que, a partir del 1º de enero de 1992, el régimen general de adquisiciones de los organismos estatales y paraestatales, tendrá la misma protección..." Reitero, a partir del 1º de enero de 1992. Luego, en el inciso segundo se dice que el margen de preferencia quedará eliminado el 1º de enero de 1992. Luego, en el inciso segundo se dice que el margen de preferencia quedará eliminado el 1º de enero de 1992. ¿Quién entiende esto?

Se trata de una filosofía que está escondida y, diría, que hasta por este solo hecho este artículo no merece estar en un proyecto serio.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - La intervención del señor senador Viera me ahorró ensayar una interpretación de ese literario primer inciso del artículo 6º. Al respecto me estaba formulando la pregunta en cuanto a qué es lo que quiere decir que tendrá la misma protección que las demás adquisiciones. La protección que tendrá la industria nacional ¿no es la misma que tiene un particular cuando compra en el mercado o una empresa extranjera? ¿Es eso lo que se quiere decir? Si es así, se debe poner con toda claridad. De esta forma la discusión se ordena y el Parlamento funciona en base a disposiciones claras. Creo que este artículo, además -y voy a seguir utilizando una palabra machacona que he venido mencionando- no tuvo en cuenta una técnica que es ortodoxa cuando se redactan artículos que tienen aplicación diferida en el tiempo, con soluciones que van variando. El régimen de adquisiciones por parte de los organismos estatales -y como bien aclaraba el señor Presidente también los paraestatales, por extensión de otra ley- en una gran proporción supone un procedimiento de licitación o de llamado a precios y, por lo tanto, no se trata de un acto instantáneo ya que implica el llamado, la presentación, la apertura de oferta, la adjudicación, eventuales recursos administrativos contra la adjudicación, etcétera.

Vamos a suponer -y es una hipótesis que estamos tratando de evitar- que este artículo empiece a regir, en cualquiera de estas fechas; entonces, ¿qué pasa con las licitaciones que ya se habían llamado y las ofertas que ya estaban presentadas? ¿Qué régimen se aplica a aquéllas en las cuales ya se habían abierto las ofertas? ¿Cuál es la norma jurídica que va a regir respecto de aquellas otras en las cuales ya se había procedido a la adjudicación, pero no se había celebrado el convenio o contrato que suele hacerse con posterioridad a la misma? No señalo esto porque esté mal expresado en el artículo sino como una clásica carencia que está caracterizando a las normas de este tipo y que, por lo general, siempre vienen acompañadas de alguna disposición que elimine posibilidades de conflicto entre las partes, entre el Estado y los particulares; en este caso podría ser entre el Estado y las empresas nacionales.

Aun cuando no me caben dudas de que la Comisión haya consensuado un criterio en el sentido de que este artículo no debiera aprobarse me parece, de todas maneras, que lo que el Senado debe hacer -aunque se cumpla la consecuencia natural y obvia que establece la Constitución en el sentido de que el texto tiene que volver a la Cámara de Representantes de donde proviene- es no aprobar este artículo 6º.

Muchas gracias.

SEÑOR BRAUSE. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: nosotros vamos a votar favorablemente este artículo 6º por entender que se trata de una disposición que beneficia a la economía nacional y lo hace tanto desde una perspectiva interna como también desde una perspectiva externa; y valga señalar esto a propósito de comentarios que algunos señores senadores han efectuado en Sala.

Desde la perspectiva interna, se beneficia la economía por cuanto el Estado que se ve obligado, al adquirir bienes, a tener que pagar un precio adicional resultado de la preferencia especial y, por consiguiente, le estamos encareciendo el costo de ese bien, en el futuro se verá liberado de ese sobrecosto. Precisamente en un momento como el actual, en donde se reclama del Estado una mayor eficiencia, resulta, útil y beneficioso que colaboremos en esa necesaria eficiencia por la vía que el legislador le quite la sobrecarga de esta preferencia especial. Siempre dentro de la perspectiva interna, una disposición de esta naturaleza también beneficia a las industrias por cuanto, en la alternativa de la adquisición a la industria nacional o a aquella que no lo es, estamos beneficiando a la industria nacional que resulta entonces más ineficiente. Sin duda, la preferencia especial perjudica, en definitiva, a la economía nacional, porque estamos privilegiando a la industria ineficiente. Se argumenta que es la industria nacional, pero yo no tengo esa seguridad por cuanto, al amparo de esta preferencia especial, nada dice que esa industria deba ser o sea nacional, ya que el destinatario también puede ser de origen extranjero. Por último, también desde la perspectiva interna esta disposición es beneficiosa porque, en definitiva, le otorga ventajas al destinatario último que es el objetivo de nuestras preocupaciones; me refiero al ciudadano, al usuario, a aquél que se va a encontrar en la situación de poder adquirir un bien o recibir un servicio en condiciones más beneficiosas desde el punto de vista económico, ya que el precio va a disminuir y, al tener opciones de costos más bajos, va a mejorar necesariamente su calidad de vida.

Además, a nuestro juicio, esta norma beneficia a la economía desde el punto de vista externo por cuanto el Estado va a tener la alternativa de poder permitir en sus compras la competencia de sectores de economías, de empresas nacionales y del exterior. Ello no significa un perjuicio frente a la industria nacional porque siempre el Estado -como lo señalé en la interrupción que me concedió en su oportunidad el señor senador Cassina- va a continuar contando con la protección que se denomina como preferencia general. Estas también son instrumentos de defensa de la economía nacional, algunos de naturaleza tributaria y otros que no tienen esa condición pero que, en definitiva, pueden ser manejados por el Poder Ejecutivo a los efectos de proteger a la industria nacional frente a la competencia de economías mayores o de las que actúan agresivamente en el mercado por la vía de distorsiones de precios que pueden provenir de subsidios o algún otro tipo de "dumping", que pueden colocar a la industria nacional en situaciones desventajosas. De ahí entonces la posibilidad del Poder Ejecutivo de poder manejar instrumentos no tributarios que se denominan "anti-dumping", que permiten, en definitiva, la protección de la industria nacional.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRAUSE. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Precisamente, cuando se hizo referencia al tema de la inserción del país en materia regional y a la integración en particular, se esgrimió un argumento que creo es opuesto al que se ha utilizado acá, respecto del alcance de estas normas referidas a la protección de la industria nacional.

Creemos que este tipo de protección a la industria nacional conspira con el objetivo de incrementar el comercio intrazonal y la participación de las restantes economías que conforman con el Uruguay un esquema de integración que necesita de mecanismos ágiles para crear y desviar comercio. Si nosotros insistimos en mecanismos de protección a la industria nacional estaremos manteniendo barreras dentro del propio esquema de integración que hemos establecido y respecto del cual asumimos compromisos para realizar las aperturas necesarias de nuestra economía. Por tal motivo -inclusive, ante la referencia que hacía el señor senador Astori- ninguno de los Tratados de Montevideo de 1960 y de 1980 recogió en forma expresa este tipo de protección, precisamente, porque de lo que se trata es de ir a un sistema de preferencias y de liberación de comercio. Y, más precisamente, a eliminar desde el punto de vista nacional todas aquellas normas que significan una consolidación de mercados cautivos a expensas del esfuerzo de integración y de inserción intraregional. Es cierto que en algunas oportunidades se ha utilizado con carácter de negociación; pero también lo es que todos los esfuerzos de carácter multilateral por consagrar mecanismos regionales de "compre del Estado", como se le llama en la jerga internacional, han fracasado en virtud de que todavía persisten en las economías latinoamericanas -y en algunos países en particular- estas tendencias de protección nacional que afectan y contradicen los compromisos que se asumen en la región. Aquí no estamos hablando ni del capital y la inversión extranjera no regional, sino que nos referimos al desmantelamiento de determinadas protecciones que nuestros países latinoamericanos deberían comenzar a encarar, a efectos de poder asumir y cumplir con los compromisos y tratados internacionales que suponen nuestra inserción como país en el área latinoamericana, y que responden a la voluntad política de ir a alcanzar una real integración latinoamericana.

Muchas gracias, señor Presidente y señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Pienso que es muy acertada la intervención del señor senador Abreu en relación a las normas que tienen que ver con el Tratado de ALADI que, sin duda, se basan en los conceptos que él ha señalado. Pero también es cierto que la exposición que yo venía realizando hacía referencia al argumento por el cual, con la sanción de una norma de esta naturaleza, la industria nacional quedaba totalmente desprotegida. Esto no es así, por cuanto desde una perspectiva externa la industria nacional continúa siendo protegida por el régimen de preferencias generales.

En síntesis, por estas consideraciones que hacen relación a la economía en general, tanto desde su perspectiva interna como externa, consideramos que esta disposición que se encuentra a consideración del Senado es una buena y sana norma, por lo que la vamos a votar afirmativamente.

SEÑOR VIERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA. - Señor Presidente: pedí la palabra para contestar una alusión del señor senador Abreu.

En la Comisión de Asuntos Internacionales escuché decir al señor Ministro de Relaciones Exteriores que en las negociaciones para el convenio regional se tendría muy en cuenta la situación de los pequeños países, por ejemplo, Paraguay y Uruguay, Pero, de acuerdo con la tesis planteada por el señor senador Abreu -por lo menos, se desprende, aunque no se refirió expresamente a ello- ello no regiría. Es decir, que él postula para una negociación regional la desprotección absoluta de la industria nacional.

Por lo tanto, creo que sería bueno que el gobierno se pusiera de acuerdo en relación a este problema, pues la afirmación del señor senador Abreu es bastante seria en este sentido y, seguramente, va a preocupar mucho a la industria nacional.

SEÑOR ABREU. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para contestar una alusión tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ABREU. - Es para tratar de contestar una alusión y aventar la utilización ambigua del término "seria" que ha venido usando el señor senador Viera, ya que hace unos instantes nos hablaba de que el artículo no es serio y, ahora, que la apreciación que hizo quien habla, es seria. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo, aunque este tema pueda resultar un tanto complicado y técnico.

La apreciación que el señor Ministro de Relaciones Exteriores efectuó hace unos días en la Comisión de Asuntos Internacionales se refería a las ventajas que supone la existencia de países de menor desarrollo económico relativo y los distintos tratamientos que en materia de comercio internacional tienen esas naciones, con el fin de solucionar o evitar la disparidad que existe en sus matices de desarrollo respecto de los demás países de la región. Esto supone la existencia de mecanismos que se refieren a las barreras arancelarias, a la exxportación e importación de mercaderías. Sin embargo el tema de compras del Estado que es a lo que nos estamos refiriendo, es apenas una parte del problema de la integración, ya que no es el único tema específico vinculado a los aspectos comerciales. Estos incluyen todas las negociaciones que de una manera u otra repercuten sobre el incremento del comercio destinado a potenciar el mercado regional.

En este sentido, quiero dar tranquilidad al señor senador Viera en cuanto a que el gobierno está de acuerdo en estos temas, porque tiene las cosas claras y, además, porque esta norma forma parte de la orientación que está siguiendo. Que se comparta o no, ese es un derecho que tiene cada uno de los señores senadores y los partidos en sostener una posición u otra. Pero pienso que, descalificarlo a priori, tratando de poco serio algunos aspectos y de no tan estudiados como si fuesen incluidos en forma ligera y un tanto temeraria es exagerar las apreciaciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR RAFFO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. - Señor Presidente: deseamos hacer algunas reflexiones en torno a este polémico artículo de la Rendición de Cuentas.

En primer lugar, si esto constituye o no desandar un camino que el país ha recorrido durante mucho tiempo, y a qué fuerza política se le debe atribuir dicho camino, nosotros creemos que es hora de que ese camino se desande. Pero queremos recordar que la disposición que vamos a suprimir, que es el artículo 374 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, es nada más y nada menos que la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno nacionalista de la época; menuda Rendición de Cuentas de 420 artículos que, por ejemplo, en su artículo 411 mandaba erigir un monumento a Lavalleja y, en el 412, un monumento a Oribe, el primero en su actual ubicación, en la Plaza Los Treinta y Tres y, el último, en 18 de Julio y Brandzen. Como dijimos, esta medida incluida en esa Rendición de Cuentas, aunque a alguno le parezca un contrasentido, en su momento fue propiciada por el gobierno nacionalista.

SEÑOR MILLOR. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAFFO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MILLOR. - Sinceramente, no me gusta interrumpir las exposiciones de los señores senadores, pero ahora lo hago porque creo advertir que puede haber una referencia a lo que dijimos.

Sostuvimos, sí, que esta norma que se deroga proviene de la primera administración del Partido Nacional. En las primeras de cambio, el gobierno instalado el 1º de marzo de 1959 arrasó con una política de protección a la industria nacional, que se inauguraba con la Ley Nº 10.000 del año 1940 y que era de origen batllista. Al arrasarse con esa política de protección a la industria nacional se hizo necesario en la Rendición de Cuentas a la que se refiere el señor senador, tratar de reimplantar algo de aquélla política protectora porque el modelo recién instalado había fracasado. Justamente, yo destaqué que la norma que se deroga había surgido en el primer gobierno del Partido Nacional.

Lo que me preocupa no es el aspecto concreto de cuándo fue redactada la norma, sino la tendencia que se trata de retrovertir, que evidentemente es de origen batllista: proteger a la industria nacional, a aquella que trabaja hacia el mercado interno, a la que procura ganar mercados internacionales para el país. A eso me refería.

La norma que hoy se deroga fue votada en el primer gobierno blanco, pero con anterioridad, cuando éste recién se había instalado arrasó, mediante la reforma cambiaria y monetaria, con una política de protección a la industria nacional, por la cual mucho había luchado el batllismo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Raffo.

SEÑOR RAFFO. - Con su habitual ímpetu, el señor senador Millor adelanta sus argumentos antes de que yo pueda desarrollar mi exposición. Por supuesto, no sólo iba a hacer incapié en el origen de la norma, sino en la tendencia que marca y en lo contento que nos sentimos por ello.

SEÑOR SANTORO. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAFFO. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - No podemos rehuir a hacer algunas breves manifestaciones cuando en pleno Senado de la República vemos que se defiende la Ley Nº 10.000, la de contralor de cambios, la que provocó una verdadera catástrofe en el país porque permitió la realización de los negociados más tremendos que se hayan conocido en el Uruguay y posibilitó la venta de divisas y aquel espectáculo de los cueros pelados y peludos. Vemos que ahora se procede a recordar todo aquello en el Senado de la República y, en cierta forma, se realiza su defensa. Naturalmente, creíamos que ese debate, que ya es histórico, no sólo había concluido sino que había sido cerrado sobre la base de no traer tales recuerdos a la época actual.

Queremos expresar que todo aquello fue superado por la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria, producto de la expresión soberana del pueblo uruguayo en las elecciones de 1958. La base de toda esa campaña electoral estuvo constituida, precisamente, por la modificación del sistema relativo a los cambios en el país y por la liberación de todo el sistema de importaciones y exportaciones.

La disposición que hoy se procura cambiar, incluida en la Ley Nº 13.032, en su momento integró el conjunto de normas que el Gobierno nacionalista, el primer Gobierno nacionalista de este siglo procedió a realizar, modificando las disposiciones de carácter presupuestal Nos. 12.801, 12.802, 12.803 y 12.804. Naturalmente ahora, en una perfecta continuidad histórica y luego de la experiencia vivida y de los resultados obtenidos, el actual Gobierno nacionalista considera conveniente proceder a modificar la actual legislación al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Raffo.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR RAFFO. - Con mucho gusto le concederé la interrupción cuando termine de exponer mi razonamiento.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido disculpas al señor senador, pues no era mi intención interrumpir su exposición.

SEÑOR RAFFO. - Antes de concluir, con gusto le concederá la interrupción al señor senador Cigliuti.

Decíamos que hoy va a ser revisada la norma original de esta protección. Queremos dejar expresa constancia de que nuestra bancada entiende que el alcance del artículo tal como está redactado -es decir, con la tendencia de llegar a un protección adicional cero- es conveniente. En tal sentido compartimos la filosofía que inspiró al Poder Ejecutivo. La misma se basa en una nueva política que entiende suficiente para la industria nacional la protección arancelaria que ya existe, pues en este tiempo ha visto crecer una serie de industrias al amparo de la norma que hoy se discute. Al respecto, para los integrantes de la Comisión fueron muy elocuentes algunas apreciaciones realizadas por el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que mostraban con ejemplos claros, rotundos y concretos, la serie de "empresas" -por así llamarlas- que se habían montado para abastecer al Estado. Estas compras que cuestan al Estado más de lo que deberían, no sólo lo perjudican a él, sino también al país.

Brevemente quiero hacer referencia a algunas cifras. En este momento, la empresa UTE compra anualmente por un valor de U$S 63:500.000; si pudiera importar o competir en un plano de igualdad con otras empresas -por supuesto, con los aranceles correspondientes- comprando mercadería importada, su costo sería de U$S 38:000.000. Es decir que por este concepto, el Estado pierde anualmente U$S 25:500.000. Ponemos el ejemplo de UTE porque es el más significativo, el de mayor volumen -recordemos que compra cables eléctricos, aisladores, medidores, transformadores, seccionadores- pero a esto se suman todas las otras compras que el Estado realiza. Creo que este es un ejemplo capital de a qué se está apuntando. Se está apuntando a una reducción que entendemos vital y trascendente y a un ahorro efectivo por parte de los organismos del Estado. Ello nos permitirá incidir, vía presupuesto nacional, en otros sectores que tanto lo reclaman. Es el propio Estado quien quiere redistribuir de mejor manera los recursos con que cuenta y no cree verse obligado ni atado por normas que en el tiempo no han demostrado su eficacia.

Precisamente, el tema de este artículo 6º puede ser el del ahorro de alrededor de U$S 30:000.000 por parte del Estado.

Por lo expuesto, vamos a votar con convicción este artículos tal como está redactado, más allá de la aventura que el mismo deba correr de acuerdo con las circunstancias y a lo que se ha dicho en Sala.

Antes de terminar, voy a conceder la interrupción prometida al señor senador Ciglitui.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa descuenta que la intervención del señor senador Cigliuti se va a referir al tema histórico en que incursionó el señor senador Santoro.

SEÑOR CIGLIUTI. - No tengo la culpa de que se haya traído a Sala ese tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - No estoy culpando al señor senador, pero, en adelante, trataremos de ceñirnos al tema que se esté discutiendo, que en este caso es un artículo de la Rendición de Cuentas del año 1990 y no una ley de 1940.

De cualquier modo, como la alusión política se hizo, la Mesa entiende que corresponde dar la palabra al señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. - Trataré de que mis palabras sean lo más breves posible.

El señor senador Santoro ha aludido a esta ley y ha formulado un conjunto de apreciaciones agresivas y violentas con respecto a la ejecución de la misma y a la forma en que se desarrolló la vida del país en aquel tiempo, por lo menos hasta que se realizaron las elecciones que en 1958 dieron la victoria al Partido Nacional. Debo manifestar que esta ley permitió un crecimiento constante de la economía nacional. La misma no la instrumentó el batllismo, pues en 1941, cuando se aprobó, no estaba en el gobierno. Durante el Consejo Nacional de Administración y aún antes de la Presidencia del señor Luis Batlle y del señor Martínez Trueba se utilizó esta ley y fue tan favorable y conveniente que la economía creció en forma constante lo hizo desde aquella época hasta 1959, en que la ley quedó sin efecto. En esa fecha ya se habían producido los acuerdos de Bretton Woods, que tanto castigaron a la economía nacional. Como consecuencia de esto, tuvo lugar la elección de 1958, en la que no sólo estuvo en juego esta ley sino también las consecuencias negativas de aquel Tratado y la modificación del régimen constitucional, que luego de entrar en vigencia, en 1951, fue inmediatamente torpedeado por el Partido Nacional y el Herrerismo y en 1958 constituyó el caballo de batalla, el principal elemento utilizado para conseguir la victoria electoral. Después vino la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria, que hizo gran daño al país, daño que todavía hoy lo estamos pagando.

(Apoyados)

La Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria envileció la moneda, mantuvo artificialmente al dólar en una cotización completamente inadecuada e incorrecta; después que ganaran la segunda elección, el dólar se remontó en un 200% y desde 1959 hasta ahora el país está en la misma situación: la moneda cada vez más envilecida; el dólar cada vez más caro; y la situación económica cada vez peor. Además, señor Presidente -y esto es lo más grave- como en aquélla oportunidad ahora también se vende el oro. En aquel momento también se lo vendió, porque no había otro recurso al que echar mano. Después, en la segunda elección que ganó el Partido Nacional en 1962, igualmente trepó el dólar y se mantuvo artificialmente, pero en 1964 ya no era posible sostenerlo más, de modo que el Partido Nacional perdió la siguiente elección siendo gobernante, en medio de una situación de aflicción general y de grave crisis económico financiera y política.

Si hablamos de las leyes, señor Presidente, digo que ellas no valen ni dejan de valer por lo que dicen, sino también por la forma en que se aplican. La ley que el Partido Colorado utilizó desde el Gobierno en aquel período fue una buena ley. Las cosas que se dijeron, las acusaciones que se formularon, las implicancias de que se habló no fueron -ninguna- probadas, no hubo ninguna investigación que diera resultado positivo. En aquel momento nuestro partido rindió tributo a su rectitud democrática, a su conducta honesta y limpia pero fue -y dígase lo que se quiera- contrario a aquella propaganda terriblemente violenta. Apreciándola ahora, a tantos años de distancia, quienes también estábamos entonces seguimos creyendo que nuestra era la razón. Y, cuando en el Senado recordamos aquellos momentos, continuo afirmado en el concepto de que aquella votación de 1958 verdaderamente constituyó para el país una desgracia y que fue un error haber aprobado la Reforma Cambiaria y Monetaria que aquí mismo, en este Senado, criticó con toda razón, con todo acopio de documentos y con toda justicia el padre del actual señor senador Brause, el doctor Luis Alberto Brause, a quien le rindo el homenaje de mi recuerdo afectuoso.

SEÑOR PRESIDENTE. - La discusión está totalmente fuera de la cuestión.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Para una pequeña aclaración daré la palabra al señor senador Santoro, pero no me resisto a la tentación de decir, con total serenidad, que si a la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria se le deben -parece- todos los males que ha sufrido el país desde hace 30 años, es inexplicable que los sucesivos gobiernos posteriores, la gran mayoría de los cuales no fueron del Partido Nacional, jamás se hayan tomado el trabajo de propiciar su derogación.

En cuanto a los sucesos a que se refirió el señor senador Santoro, debo decir que por la década del cincuenta aquellos asuntos llegaron a la Justicia y en 1957 el ex magistrado doctor Espínola dictó, por esos hechos, una serie de procesamientos muy sonados.

Tiene la palabra el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Nuestra aclaración va a ser lo más breve y sencilla posible.

En el Senado de la República se ha dicho, por el señor senador Cigliuti, que el triunfo del Partido Nacional en 1958, por libre decisión de la soberanía por más de 120.000 votos sobre el Partido Colorado, fue una gran desgracia nacional. Que quede constancia en actas.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR CIGLIUTI. - La desgracia fue la ley.

SEÑOR VIERA. - Pido la palabra para contestar una alusión al señor senador Abreu.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA. - Debo decir que solicité la palabra para hablar sobre un tema menos ardoroso que el que se ha planteado.

No me he referido al contenido de este artículo diciendo que no era serio. Más que serio, diría que es grave. Yo me refería a como está redactado porque habla de la protección de la industria nacional y, sin embargo, tiende a desprotegerla. Me parece que realmente esta redacción oculta el verdadero sentido del artículo.

En segundo lugar, el argumento expuesto por el señor senador Abreu con respecto a la relación que este tema tiene con el convenio regional, realmente no me ha convencido, pero creo que se trata de un problema de criterios diferentes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar el artículo 6º.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Rectifíquese la votación.

Se va a votar nuevamente el artículo.

(Se vota:)

-16 en 29. Afirmativa.

Por vía de fundamento de voto, el señor Presidente quiere decir que ha votado esta disposición porque comparte lo expresado en Sala por los señores senadores Brause y Raffo, al fundamentar también su voto afirmativo. Pero además, se siente en la obligación de expresar que, de acuerdo con el resultado de la votación y con la forma en que han votado los integrantes del Senado, se siente totalmente relevado del compromiso que lo llevó a interceder ante el señor Presidente de la República para que se incluyera en el proyecto de ley de Presupuesto el artículo 546 que redactó de su puño y letra.

5) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: luego de algunas consultas que se han hecho durante la sesión al respecto, formulo moción en el sentido de pasar a cuarto intermedio a partir de este momento, hasta mañana a las 16 horas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-26 en 29. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas.

6) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 8 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Astori, Belvisi, Bianchi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de La Sierra, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Millor, Pereyra, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste, Viera y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Dardo Ortiz Alonso Prosecretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General de Cuerpo de Taquígrafos.

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.