Retorno a página principal

Nº 53 - TOMO 333 -18 DE SETIEMBRE DE 1990

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

52 SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente,

y WALTER SANTORO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GUILLERMO FACELLO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3, 15 y 20) Asuntos entrados

4 y 16) Exposiciones escritas

- Las presentan los señores senadores Batalla y Cassina para ser enviadas al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria, la relacionada con necesidades de los Centros Docentes de Educación Primaria de la ciudad de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja; al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Técnica, la relacionada con la posibilidad de la instalación en la zona este del país de una Escuela Técnica de Maquinaria Agrícola; al Ministerio de Educación y Cultura y a la Comisión Nacional de Educación Física, la relacionada con la situación en que se encuentra el gimnasio de la ciudad de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja; y a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, la relacionada con los problemas de endeudamiento con la banca privada de los pequeños y medianos productores.
- La presenta el señor senador Viera para ser enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionada con el Fondo Social de Vivienda de los Trabajadores de la Industria Gráfica.
- La presenta el señor senador Araújo para ser enviada a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Salud Pública, a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Maldonado, a AFE y a OSE, relacionada con carencias en la Estación "Las Flores".
- La presenta el señor senador Araújo para ser enviada a la Intendencia Municipal de Salto y a OSE, relacionada con la falta de agua en la localidad de Sarandí de Arapey.
- Se resuelven afirmativamente.

5) Inasistencia de los señores senadores a las sesiones del Senado y a las distintas Comisiones del Cuerpo (Artículo 50 del Reglamento)

- La Mesa da cuenta de la nómina correspondiente.

6) Solicitudes de licencia

- La formula el señor senador de Posadas Montero por el término de 31 días.
- Concedida.
- La formula el señor senador Jude por el término de 31 días.
- Concedida.

7) Integración del Cuerpo

- El señor José Villar, suplente convocado del señor senador Jude, comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.
- Encontrándose en Antesala el señor Horacio Bianchi, suplente convocado del señor senador Jude, se le invita a pasar, a los efectos de prestar el juramento de estilo, declarándosele incorporado al Cuerpo.

8) Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo del Uruguay y Departamento de Asesoramiento Técnico Económico y Social. Reunión celebrada en la ciudad de Paysandú sobre el Medio Rural y las Organizaciones Sindicales

- Manifestaciones del señor senador Arana.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Mesa Representativa del PIT-CNT.

9) Mercado Internacional de Productos Lácteos. Dificultades por las que atraviesa

- Manifestaciones del señor senador Brause.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

10) Viviendas para jubilados y pensionistas

- Manifestaciones del señor senador Viera.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a los Bancos de Previsión Social e Hipotecario del Uruguay; a la Comisión Asesora creada por el Decreto-Ley Nº 238/989; a INDA; a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas adherida al PIT-CNT y al Plenario General de Jubilados.

11) Parque de Vacaciones de UTE y ANTEL. Problemas que afectan a sus trabajadores

- Manifestaciones del señor senador Viera.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Directorios de UTE y ANTEL; al Consejo Directivo Central del Parque de Vacaciones; a la Junta Departamental de Lavalleja y a las Entidades Gremiales de AUTE y SUTEL.

12) Industrias Metalúrgica y Química. Modificaciones de disposiciones que protegían a la industria nacional

- Manifestaciones del señor senador Cassina con respecto a un pedido de informes elevado por él junto con el señor senador Batalla.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Industria y Energía adjunto al pedido de informes, a la Cámara de Industrias del Uruguay y a las filiales de las Cámaras de Industria Metalúrgica y Química.

13) Zona Oeste de nuestro país. Su aislamiento

- Manifestaciones del señor senador Irurtia.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Defensa Nacional, de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Públicas.

14) Proyectos presentados

- Indemnización a ex funcionarios del Frigorífico Nacional excluidos en las disposiciones de la Ley Nº 16.102.
- Iniciativa del señor senador Raffo.
- Autorización al Estado y demás personas de derecho público a enajenar inmuebles con destino a casa habitación.
- Iniciativa del señor senador Raffo.

17) Integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América. Se autoriza su ingreso al territorio nacional con motivo de la ejecución de ejercicios de retiro con personal del Cuerpo de Fusileros Navales

- Se resuelve, por moción del señor senador Santoro, que el asunto se trate como urgente.
- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.
- Fundamento de voto de los señores senadores Viera, Gargano, Zumarán y Arana.

18) Pedido de informes

- Se resuelve, por moción del señor senador Arana, que un pedido de informes elevado por él con fecha 1º de agosto de 1990 a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con la construcción de viviendas destinadas a jubilados, sea hecho suyo por el Senado.

19, 22 y 24) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 1989

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

21 y 23) Cuarto intermedio

- Así se resuelve por moción del señor senador Araújo hasta el día de mañana a la hora 14 y 30, al término de la hora reglamentaria de esta sesión.

25) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 14 de setiembre de 1990.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 18, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1989.

(Carp. Nº 267/90 - Rep. Nº 113/90 y Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII).

2º) Por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Dominicana.

(Carp. Nº 1236/88 - Rep. Nº 114/90).

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Bianchi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cigliuti, de la Sierra, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Silveira Zavala, Singlet, Urioste, Viera y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores Bruera y Jude.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 3 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 18 de setiembre de 1990.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley relativo a las Empresas Públicas, modificaciones al régimen del dominio industrial y comercial del Estado.

-A la Comisión de Constitución y Legislación integrada con dos miembros de la Comisión de Hacienda.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje por el que solicita el acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Arabe de Egipto, al doctor José Luis Bruno Fariello.

-A la Comisión de Asuntos Internacionales.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo del pedido de informes formulado por el señor senador Jaime Pérez relacionado con la situación laboral de los trabajadores de la industria metalúrgica.

-A disposición del señor senador Jaime Pérez.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Carlos Cassina relacionadas con la situación laboral de la empresa INUNOR S.A.

-A disposición del señor senador Carlos Cassina.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Leopoldo Bruera referentes a los problemas que afectan a los habitantes de la ciudad de Las Piedras.

-A disposición del señor senador Leopoldo Bruera.

La Cámara de Representantes remite nota comunicando la aceptación de la propuesta formulada por el Senado para ser presentada por el Grupo Uruguayo ante la 84a Conferencia de la Unión Interparlamentaria.

-Téngase presente y agréguese a sus antecedentes.

La Cámara de Representantes remite la versión taquigráfica de las manifestaciones formuladas por el señor representante Nacional León Lev, para que se de curso a la Comisión de Educación y Cultura, relacionadas con el vigésimo quinto aniversario del Día Internacional de la Alfabetización.

-A la Comisión de Educación y Cultura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República los señores senadores Hugo Batalla y Carlos Cassina solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria y Energía referente al Decreto 320/90 por el que se autorizó a exportar una partida de 2.500 toneladas de cable telefónico en desuso.

-Procédase como se solicita.

La Junta Departamental de Río Negro remite varias notas relacionadas con: la actualización del Código del Niño,

el tabaquismo y la influencia perjudicial para la salud;

proponiendo que la utilidad producida por las apuestas de quinielas fueran volcadas en favor del Instituto Nacional del Menor;

con los desalojos que afectan a los inquilinos buenos pagadores, y

con la situación de los comedores escolares.

La Junta Departamental de Rocha remite notas relacionadas con:

los elevados consumos de la facturación de UTE en los dos últimos meses.

La Junta Departamental de Canelones remite notas relacionadas con: exposición del señor edil Aldo Borrás sobre el "Instituto Nacional de Colonización",

con la instalación de Zonas Francas en el interior del país,

exposición del señor edil Antonio Silva, relacionada con los sucesos acaecidos en China hace un año.

exposición del señor edil Alberto Caraballo relacionada con la integración de las Juntas Locales.

La Junta Departamental de Artigas remite notas relacionadas con:

una revisión y actualización del Código del Niño, y

con modificaciones al Código de Minería.

La Junta Departamental de San José remite notas relacionadas con:

los desalojos y lanzamientos de inquilinos buenos pagadores, y

los problemas de la Enseñanza en general.

La Junta Departamental de Colonia remite notas relacionadas con:

lanzamientos de inquilinos buenos pagadores;

que el beneficio de la Asignación Familiar sea extendido a los trabajadores desocupados, y

con la instalación de la Oficina de Identificación Civil en las ciudades de Carmelo y Nueva Helvecia.

La Junta Departamental de Tacuarembó remite notas relacionadas con:

la situación de la Enseñanza;

con la exigencia de recetas médicas para la expedición de medicamentos, y

con la situación del Instituto Nacional del Menor.

La Junta Departamental de Maldonado remite notas relacionadas con:

planteamiento efectuado por el edil Juan Angel Silvera relacionado con la falta de Sede Judicial en la ciudad de Piriápolis,

con los eventos que habrán de cumplirse para la celebración de los 100 años de la ciudad de Piriápolis, y

con la administración y distribución del Fondo Presupuestal para realización de convenios en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La Junta Departamental de Durazno remite nota relacionada con la situación de la enseñanza en general.

La Junta Departamental de Paysandú remite notas relacionadas con:

la situación de los ediles que desempeñan cargos en la Administración Pública y en las empresas privadas.

exposición del señor edil Justo Gómez solicitando la actualización del Código del Niño, y

con la situación de los Comedores Escolares.

La Junta Departamental de Florida remite notas relacionadas con:

la posibilidad de instrumentar un marco legal adecuado para la creación y desarrollo del Cooperativismo,

comunicando su disconformidad con la medida de instalar una zona franca en Carrasco,

con la situación del Instituto Nacional de Colonización, y

con la situación de los Comedores Escolares.

La Junta Departamental de Cerro Largo remite notas relacionadas con:

exposición del señor edil Mauro Iriart sobre la provisión de cargos vacantes en organismos públicos con personal no calificado,

con la posibilidad de que se financie el viaje al exterior de enfermos de escasos recursos que lo requieran para su mejor atención, y

con la decisión del Poder Ejecutivo de transferir por venta, las tierras del Estado a productores privados.

-Ténganse presente".

4) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de varias solicitudes de envío de exposiciones escritas llegadas a la Mesa.

(Se da de las siguientes:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento, los señores senadores Hugo Batalla y Carlos Cassina solicitan se cursen las siguientes exposiciones escritas:

al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria referente a las necesidades de los centros docentes de Educación Primaria de la ciudad de José Pedro Varela - Departamento de Lavalleja.

al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Técnica, relacionada con la posibilidad de la instalación en la zona Este del país de una Escuela Técnica de Maquinaria Agrícola.

al Ministerio de Educación y Cultura y a la Comisión Nacional de Educación Física, relacionada con la situación en que se encuentra el Gimnasio de la ciudad de José Pedro Varela - Departamento de Lavalleja.

y a los Ministerios de Economía y Finanzas y Ganadería, Agricultura y Pesca sobre los problemas de endeudamiento con la banca privada de los pequeños y medianos productores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de las exposiciones escritas:)

"Montevideo, Setiembre 12 de 1990.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De nuestra mayor consideración:

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento del Senado, venimos a formular la presente exposición acerca de las necesidades de los centros docentes de Educación Primaria de la ciudad de JOSE PEDRO VARELA (Departamento de Lavalleja), tal como nos han sido planteadas por los integrantes de las Comisiones de Fomento respectivas en la visita que realizamos a esa Ciudad el pasado sábado 8.

1) Escuela Nº 6 de 2º grado "Amelia Maeso de Pereira":

- Implementación de un Laboratorio de Ciencias, aunque fuere con lo más imprescindible, a fin de que pueda cumplirse con lo establecido en el Programa Escolar.

- Adquisición de una fotocopiadora, que se considera necesaria para reproducir material de estudio indispensable, y ponerlo al acceso de todos los niños.

- Creación de un cargo de maestro.

- Escuela de Recuperación Psíquica.

- Dotación de un rubro para la atención de la salud de los niños económicamente más carenciados.

- Presupuestación de la auxiliar cocinera Sra. Tomasa Toledo Rodríguez (Credencial Cívica S.I.A. Nº 2484) quien desempeña a satisfacción esas funciones, contratada por la Comisión de Fomento, desde el 30 de abril de 1982.

Corresponde señalar que el Comedor Escolar atiende normalmente a 140 alumnos.

- Presupuestación de una limpiadora que también cumple funciones permanentes, contratada por la Comisión de Fomento.

La atención de estas necesidades, por parte de los organismos competentes, permitirá que los recursos que en forma permanente provee la Comisión de Fomento, se destinen a cubrir otras carencias y a mejorar las condiciones materiales en que la Escuela desarrolla su labor.

2) Jardín de Infantes Nº 112:

- Ampliación de las instalaciones y espacios físicos con que actualmente cuenta el Jardín de Infantes, que resultan absolutamente insuficientes, en tanto atiende a una población de 100 pre-escolares, en constante crecimiento.

Para ello -sin perjuicio de las obras de construcción de nuevos locales que se realizarían en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas- es preciso disponer del predio lindero al Jardín, bien inmueble en régimen de condominio. Acerca de este inmueble, su adquisición por compra-venta -acordada hasta en el precio con uno de los condominios- parece improbable por la negativa del otro co-propietario, por lo que se estima imprescindible acudir de inmediato al procedimiento de expropiación.

- Presupuestación de la Auxiliar Vigilante Srta. María Isabel Malagamba (C.C. S.H.D. Nº 7467), quien desde hace tres años cumple esa función y también la de Auxiliar de Servicio, a entera satisfacción de la Dirección, los docentes y los padres de los niños.

En el propósito de colaborar en la solución de los problemas y carencias precedentemente expuestos, solicitamos que esta exposición sea remitida al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria.

Sin otro particular, saludamos al Señor Presidente muy atentamente.

Hugo Batalla, Carlos Cassina. Senadores".

"Montevideo, Setiembre 12 de 1990.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De nuestra mayor consideración:

En ejercicio de la facultad acordada en el Reglamento del Senado (artículo 166), venimos a formular la presente exposición, recogiendo en ella una aspiración de toda la población de JOSE PEDRO VARELA (Departamento de Lavalleja), que en una reciente visita que junto con los señores representantes Dr. TABARE CAPUTI, BALTASAR PRIETO y EDEN MELO SANTAMARINA, realizamos recientemente a esa ciudad, nos fue planteada por varias instituciones y personalidades, entre las que destacamos al ROTARY CLUB.

Se trata de la instalación en la zona Este del país de una Escuela Técnica de Maquinaria Agrícola -cuya creación en esa zona es imprescindible- y para la que VARELA y sus pobladores se sienten con fundadas expectativas de que dicho centro docente se radique en esa ciudad, por ser centro de una amplia región de producción agrícola y agroindustrial.

Apoyando la rápida instalación de la nueva Escuela Técnica en la mencionada zona y haciéndonos eco de la aspiración de JOSE PEDRO VARELA, solicitamos que esta exposición sea remitida al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Técnica.

Sin otro particular, saludamos al Señor Presidente, muy atentamente.

Hugo Batalla, Carlos Cassina. Senadores".

"Montevideo, Setiembre 12 de 1990.

Señor Presiente de la Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente.

De nuestra mayor consideración:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento del Senado, venimos a formular la presente exposición, que recoge inquietudes, aspiraciones y necesidades de la población de JOSE PEDRO VARELA, que nos fueran planteadas en reciente visita que a esa ciudad realizamos varios legisladores del "PARTIDO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO"; particularmente, en lo referente al asunto objeto de esta exposición, por integrantes de la Comisión Administradora del Gimnasio Cerrado.

Este magnífico Gimnasio, construido con enorme esfuerzo popular y la colaboración de la Intendencia Municipal de Lavalleja y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuenta con 650 metros cuadrados de parquet, canchas de basquetbol, voleibol y fútbol de salón, ducheros y vestuarios interiores y exteriores, oficinas, depósitos y un tramo de gradas que se proyecta ampliar; y está ubicado en un amplio predio de varias hectáreas, donde se construirá una piscina cerrada y pistas para la práctica de deportes al aire libre.

En la actualidad, el Gimnasio carece -así como la ciudad misma de VARELA- de un Profesor de Educación Física estable, disponiéndose solamente de un profesional que concurre un día por semana.

Se hace imprescindible dotar inmediatamente al Gimnasio, por lo menos, de un Profesor de Educación Física y de un Ayudante, de modo de permitir que ese gran esfuerzo no se frustre y que se pueda desarrollar plenamente la obra cultural -en el sentido más amplio- para la que fue concebido y realizado.

Asimismo, se requiere que se aporte a esta obra de implementos para las actividades gimnásticas y atléticas, en especial los que permitan instrumentar un rincón infantil.

Compartiendo plenamente estas inquietudes, solicitamos que esta exposición sea remitida al Ministerio de Educación y Cultura y al Consejo Nacional de Educación Física.

Sin otro particular, saludamos al Señor Presidente muy atentamente.

Hugo Batalla, Carlos Cassina. Senadores".

"Montevideo, Setiembre 12 de 1990.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente.

De nuestra mayor consideración:

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento de Senado, venimos a formular la presente exposición, por la que reiteramos nuestra preocupación por la solución del problema del endeudamiento con la banca privada de los pequeños y medianos productores.

Este Sector de la producción nacional -de fundamental importancia para el país- aparece como discriminado en las soluciones que en vía administrativa se han adoptado en relación con la banca oficial -tanto la estatal como la "gestionada"- pese a que las autoridades competentes públicamente han dado seguridades de que se atendería su difícil situación.

En efecto, en la sesión inaugural del 73º Congreso de la Federación Rural, celebrado en la Ciudad de San José el 26 de mayo pasado, el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ing. Agr. ALVARO RAMOS TRIGO, expresó que "para pequeños y medianos productores endeudados con bancos no vinculados al Estado, el Banco de la República Oriental del Uruguay tendría instrucciones a los efectos de poder atender, según el estudio de cada caso y la negociación con el banco correspondiente, incluir en la refinanciación a estos productores".

Por su parte, el Señor Ministro de Economía y Finanzas, Cr. ENRIQUE BRAGA, en la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado de fecha 31 de mayo de 1990, reiteró esa posición ante una consulta de uno de los suscritos.

Reiterando nuestra inquietud en el tema, en sesión del Senado de 10 de julio de 1990, realizamos una exposición verbal -cuya versión se remitió a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Directorio del Banco de la República- en la que haciendo referencia a estos antecedentes, señalamos que, pese a nuestra discrepancia con la vía elegida para la refinanciación -en tanto éramos y seguimos siendo partidarios de una solución legal que obligue a todas las instituciones bancarias por igual- considerábamos absolutamente necesario implementar fórmulas viables para refinanciar las deudas de los pequeños y medianos productores con la banca privada.

En la medida que no hemos recibido respuesta a este último planteamiento y que, por lo que conocemos, la situación permanece incambiada, es que volvemos a formularlo, con la misma preocupación por la suerte de estos productores, cuyo número y monto total del endeudamiento permiten sin duda arribar rápidamente a soluciones amplias que les permitan seguir en actividad.

Solicitamos al Señor Presiente se sirva disponer que esta exposición sea remitida a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, nos valemos de la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Hugo Batalla, Carlos Cassina. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento el señor senador Eduardo Viera solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relacionada con el Fondo Social de Vivienda de los trabajadores de la Industria gráfica".

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-12 en 15. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 17 de setiembre de 1990.

Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social
Ing. Carlos Cat
Presente

Trabajadores gráficos nos han planteado la situación del Fondo Social de Vivienda de la industria, que ampara a 5.000 trabajadores, y que en la actualidad no cumple con la finalidad de su creación, al no vertirse los aportes por parte de la patronal del sector.

Este aporte que es del 1,15% de los salarios pagados, no se vertió en la cuenta Nº 311.037/3 del Banco de la República por haber aducido el sector patronal que falta, por parte de la autoridad competente, determinar el organismo recaudador.

En Fondo Social de Vivienda originariamente se formó por acuerdo, en 1971, entre el Sindicato de Artes Gráficas y la Asociación de Impresores del Uruguay, en base a un aporte del 2% sobre los salarios pagados. En 1972 se hace efectivo el pago y el mismo es recaudado por la Caja de Compensaciones Nº 29. La dictadura congeló la aportación por decreto del 29 de abril de 1976 y los fondos fueron depositados en el Banco Hipotecario del Uruguay. Cálculos Sindicales estiman en medio millón de dólares los montos de los aportes, más los intereses que a la fecha se encuentran en esa situación.

Por convenio entre partes se vuelve a establecer el Fondo, lo que es ratificado por el Consejo de Salarios del sector, el 23 de octubre de 1986, el que se acuerda será de 1,15% de los salarios devengados.

Como el señor Ministro entenderá, la falta de reglamentación ha posibilitado que se acumule una deuda por parte de la patronal gráfica que además de no ser conveniente para la correcta relación entre las partes, lleva a que no se proceda a verter en la construcción de viviendas tal como fue determinado por convenio. Mucho estimaríamos su preocupación por conocer la situación de los fondos depositados en el Hipotecario, así su gestión para el desbloqueo de los mismos.

Otro de los puntos de suma importancia del planteo del Sindicato de Artes Gráficas es que la revocación tecnológica de las empresas pueda ser acordada previamente, a efectos de evitar despidos o envíos al Seguro de Paro.

Entendemos que la introducción de nuevas tecnologías debe ser acompasada con la reconversión de la capacitación del personal ya existente, el que dotado de experiencia en el sector productivo será la base sobre la que se asienten los cambios.

Con la introducción de nuevas tecnologías han aparecido fenómenos que en el aspecto sanitario de la labor eran desconocidos hasta hace poco. Es urgente que se establezca en un proyecto de ley la rebaja del horario de labor sin disminuir el jornal de los trabajadores que lo hacen en tareas de "pantalla", igual que los sometidos durante la jornada a ruidos intensos, vibraciones o emanaciones de sustancias irritantes, como las que se manipulan en forma constante en los talleres gráficos.

En este aspecto sería conveniente, a nuestro entender, se procediera a la revisión del Decreto Nº 406/988, de 3 de junio de 1988, relacionado con disposiciones reglamentarias sobre seguridad, higiene y salud ocupacional, a los efectos de adecuar las normas vigentes a las recomendaciones de los institutos internacionales que han manejado técnicas preventivas para los problemas señalados en el ámbito de la industria gráfica.

Es también de nuestro interés pueda ser contemplada la creación de una bolsa de trabajo para la industria gráfica en la cual puedan inscribirse tanto los obreros desocupados como los egresados de la UTU, Escuelas de Periodismo, Ciencias de la Comunicación, etc. ante las cuales recurrirían las empresas cuando necesiten personal.

Saluda a Ud. atte.

Eduardo Viera. Senador".

5) INASISTENCIA DE LOS SEÑORES SENADORES A LAS SESIONES DEL SENADO Y A LAS DISTINTAS COMISIONES DEL CUERPO. (Artículo 50 del Reglamento).

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Senadores, de la nómina de los inasistentes a las sesiones del Cuerpo y de las distintas Comisiones.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento la Mesa da cuenta que:

a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 6 de setiembre, faltó con aviso el señor senador Ignacio de Posadas Montero.

a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 13 de setiembre, faltó con aviso el señor senador Ignacio de Posadas Montero,

a la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del día 12 de setiembre, faltó con aviso el señor senador Jorge Silveira Zavala.

a la sesión de la Comisión de Defensa Nacional de día 17 de setiembre, faltaron con aviso los señores senadores Federico Bouza y Raumar Jude.

a la sesión de la Comisión Especial sobre Seguridad Pública del día 17 de setiembre, faltó con aviso el señor senador Ariel de la Sierra".

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Ignacio de Posadas Montero solicita licencia por el término de 31 días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 10 de setiembre de 1990.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Señor Presidente, licencia por el término de 31 días, a partir del 24 de setiembre del año en curso.

Sin otro particular le saludo con mi más alta estima.

Ignacio de Posadas Montero. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Procédase a convocar al primer suplente.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Raumar Jude solicita licencia por el término de 31 días".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 18 de setiembre de 1990.

Señor Presidente
de la Cámara de Senadores
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente.

De mi más distinguida consideración:

Por intermedio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitar licencia al Cuerpo por el término de 31 días a partir de la fecha, por razones particulares.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi mayor consideración.

Raumar Jude. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Procédase a convocar al primer suplente.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un desistimiento ante una convocatoria efectuada.

(Se da de la siguiente:)

"El señor José Villar suplente convocado del señor senador Jude, comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, setiembre de 1990. Señor Presidente de la Cámara de Senadores doctor Gonzalo Aguirre. Presente. De mi mayor consideración: Me dirijo a usted a los efectos de comunicarle, que por esta única vez, renuncio a la convocatoria de la que he sido objeto para ingresar a ese Cuerpo. Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente con mi más alta estima. José Villar Gómez".

SEÑOR PRESIDENTE. - Téngase presente y convóquese al siguiente suplente, señor Horacio Bianchi.

Encontrándose en la antesala se le invita a ingresar al hemiciclo a efectos de prestar el juramento reglamentario.

(Ingresa a Sala el señor Horacio Bianchi)

-Se invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Bianchi: "¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?".

SEÑOR BIANCHI. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - "¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?".

SEÑOR BIANCHI. - Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE. - Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

8) CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO DEL URUGUAY Y DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO TECNICO ECONOMICO Y SOCIAL. Reunión celebrada en la ciudad de Paysandú sobre el Medio Rural y las Organizaciones Sindicales.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Deseo hacer referencia, señor Presidente, a una trascendente y peculiar reunión a la que tuve oportunidad de asistir, en estos últimos días, en el departamento de Paysandú.

Concretamente, señor Presidente, se trató de una reunión convocada por dos prestigiosas entidades de investigación que en el ámbito de las Ciencias Sociales actúan en nuestro país. Me refiero al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo del Uruguay y el Departamento de Asesoramiento Técnico, Económico y Social.

He calificado este evento como trascendente por la temática que allí se analizó y que tiene que ver con el medio rural y las organizaciones sindicales. Además, señalé que era peculiar porque más allá de los técnicos, asesores, hombres de Gobierno y parlamentarios intervinientes, la mayor parte de sus participantes eran hombres de trabajo; asalariados rurales provenientes de los más variados puntos de la República.

Los principales aspectos considerados en estas jornadas estuvieron centrados en los siguientes temas: modernización en el agro, empleo y salario; posibilidades y dificultades para el desarrollo de la sindicalización rural en el país y sobre el estatuto del trabajador rural, sus alcances y limitaciones.

Consideramos, señor Presidente, que los trabajadores y las trabajadoras domésticas, en particular, los rurales, han sido -y siguen siendo- los verdaderos parias dentro del mercado de trabajo en nuestro país. A la inseguridad e inestabilidad del empleo a la que están sometidos la mayoría de los asalariados uruguayos, se suma, en el caso de los trabajadores rurales, una situación de desamparo particularmente acentuada por la dispersión territorial; por el mayor desconocimiento de sus propios derechos y por la dificultad para hacerlos valer, incluso, en caso de tener conciencia de ellos.

Podríamos decir que hay un derecho que existe y avanza a nivel de los textos pero que difícilmente se aplica en la realidad y, sobre todo, en lo que tiene que ver con nuestra específica realidad rural.

Sobre este tema, y en particular deben tenerse en cuenta variados aspectos. Entre otros, la condición de aislamiento del medio rural; la aparente o la directamente falsa contractualidad del trabajador del campo -raramente se puede hablar de contratos y de igualdad en el plano de la relación laboral- y los accidentes de trabajo. En el ámbito rural y en relación a la distribución poblacional nos encontramos con que existe una alta incidencia en los accidentes de trabajo, ya que el 25% del total de accidentes se localizan en este medio aunque, la población urbana supera el 83%.

La indefensión del trabajador respecto a su empleador es muy grande y se acentúa más en el caso del trabajador rural y al respecto podemos citar algunos casos ilustrativos.

No siempre se respeta, por ejemplo, el cabal cumplimiento de las obligaciones del empleador al cese de la relación laboral ya que la compensación por despido no se paga, habitualmente, al contado, manejándose a menudo la exortación de un eventual juicio como desestímulo para reivindicar los legítimos derechos que le asisten al asalariado. Además, el alejamiento geográfico del trabajador despedido dificulta generalmente el cobro diferido de su indemnización.

Por otra parte, un profundo sentido de la dignidad personal, impide muchas veces al hombre de campo reclamar el pago íntegro de lo que por ley tiene legítimo derecho.

Por otro lado, otro importante punto considerado en esta jornada fue el relacionado con la prestación gratuita que habitualmente realizan los familiares del trabajador rural, en una situación de subordinación absolutamente abusiva y antijurídica puesto que todo trabajo debe tener una retribución adecuada.

Asimismo, resulta abusivo y contrario a derecho la práctica habitual de desalojos compulsivos, inequívocamente inconstitucionales desde el momento en que se procede de acuerdo a indicaciones impartidas a la policía por parte del empleador. Además, y tal como lo explicitó el propio inspector General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no median, en tales acciones, las garantías del debido proceso.

Se habla con frecuencia de que no pueden aplicarse distintas normas en la ciudad que en la campaña, habida cuenta de la índole muy distinta de las tareas rurales. Eso es cierto, pero en modo alguno puede confundirse la lógica y deseable flexibilidad horaria, para el caso del trabajo rural con el límite horario compartible con la condición laboral y hasta la mismísima condición humana. Hoy en día hay muchos asalariados rurales que están realizando jornadas de diez, doce y hasta catorce horas.

En resumen, señor Presidente, el trabajador rural está hoy sometido a condiciones injustas y discriminatorias en cuanto a sus derechos vinculados al seguro de paro, al despido, al aguinaldo, a las licencias, al descanso semanal y al límite horario de trabajo.

La indefensión del asalariado rural se acentúa si se tiene en cuenta las presiones directas, indirectas y hasta personales a que se ve sometido al hacer efectivas las correspondientes denuncias de casos irregulares, o para poder sustanciar las pruebas con que hace valer sus derechos y obtener testigos, con decisión suficiente, para declarar a favor del débil y contra el hombre o la empresa poderosos.

Finalmente, en esta tan peculiar y trascendente reunión celebrada en el departamento de Paysandú, se hizo mención a la no observancia de los Convenios Nos. 99 y 131 de la Organización Internacional del Trabajo, que tienen fuerza de ley en el país y refieren a garantías básicas para el trabajador rural tales como: el régimen de protección general del asalariado -inclusive a nivel rural- la prohibición de los trabajadores -por supuesto, incluyendo a los rurales- para la fijación de los salarios mínimos; la integración en las comisiones de control de las condiciones laborales, con delegados de los trabajadores.

Señor Presidente: somos conscientes de que por primera vez, así haya sido por decreto, se ha fijado un salario mínimo para el trabajador rural, que asciende, concretamente, a aproximadamente un 32% de sus entradas líquidas. Pero ese trabajador continúa sometido a una acentuada desprotección, la que probablemente sea una de las principales causas de la creciente despoblación de nuestra campaña.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Ganadería Agricultura y Pesca y a la mesa Representativa del PIT/CNT.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

9) MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS. Dificultades por las que atraviesa.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Brause.

SEÑOR BRAUSE. - Señor Presidente: los señores senadores conocen las dificultades por las que atraviesa el mercado internacional de productos lácteos, cuya principal consecuencia es, naturalmente, la baja en los precios.

Este hecho, que por cierto no es nuevo, ha sido constatado desde hace ya un tiempo y afecta gravemente a un sector tan importante para la economía del país como es el lechero.

Varias son las causas de este deterioro en los precios, señor Presidente. En primer lugar, desde el punto de vista de la oferta, se observa una mayor producción de lácteos, cosa que ya había sido prevista por los expertos de la F.A.O., en aquellos países tradicionalmente exportadores de estos productos, como es el caso de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Australia y Nueva Zelandia. Pero además, a esta mayor oferta que se está volcando en el mercado internacional, se debe agregar el hecho de que los excedentes de los productos lácteos de los países de Europa del Este, que ya no encuentran colocación en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. A esta circunstancia se debe sumar el caso conocido de que los países desarrollados realizan una política fuertemente proteccionista y de importantes subsidios. Ella incorpora al mercado elementos distorsionantes en la colocación de estos productos, actuando como un factor de competencia desleal.

Por otra parte, la demanda de estos productos en el mercado internacional se ha reducido, principalmente porque aquellos países que importaban han sufrido una caída en sus recursos disponibles -como es el caso de la URSS- y también por otros factores conocidos por todos, como la situación bélica del Golfo Pérsico. Además de la URSS, tanto Irán como Irak son compradores de productos lácteos uruguayos.

Esta es la realidad, grave por cierto, señor Presidente, que afecta al sector. La misma provoca, como decía, una fuerte disminución en los precios, lo cual crea una situación realmente preocupante, la que, a nuestro juicio, requiere de la intervención del Poder Ejecutivo, a efectos de tomar medidas extraordinarias tendientes a aliviarla.

Si bien la situación repercute en todos los productos lácteos, se hace insostenible para el caso de la manteca o mantequilla. Al respecto voy a dar solamente dos ejemplos. En la actualidad Estados Unidos le vende mantequilla a la URSS a U$S 900 la tonelada y en cantidades superiores a las 100.000 toneladas. Asimismo, la Comunidad Económica Europea, y Nueva Zelanda, venden a U$S 1.100 la tonelada.

Esta oferta provoca una fuerte depresión en los precios y descoloca, naturalmente, a aquellos países que, como el Uruguay, carecen de los recursos para aplicar los subsidios necesarios para contrarrestar esas prácticas y, por consiguiente, quedan desplazados del mercado de manera directa.

En el pasado inmediato y en una situación similar, el Poder Ejecutivo dictó el decreto del 30 de diciembre de 1987 por el cual se estableció una política de devolución de impuestos indirectos, a fin de facilitar la exportación de las existencias de lácteos del país. Para citar un ejemplo, menciono a CONAPROLE que pudo exportar a la URSS a un precio de U$S 1.750 la tonelada FOB. Compárese, señor Presidente, el precio de U$S 1.750 la tonelada FOB en el Puerto de Montevideo en 1987 con el de U$S 900, que vende en la actualidad Estados Unidos a la URSS.

Ante esta situación de hecho es claro que resulta imprescindible tomar medidas económicas porque, de lo contrario, resultará imposible acceder al mercado internacional y colocar las existencias que el país tiene en el presente y, por cierto, aquellas que habrá de producir en el futuro inmediato. De ahí la necesidad de poner en práctica una solución semejante a la que en 1987 dictó el Poder Ejecutivo.

Señor Presidente, ¡qué mejor instrumento entonces para llevar a cabo esto que a través de la devolución de impuestos indirectos! De esta manera, no sólo se estaría facilitando la colocación de productos lácteos en el exterior, sino que también, y de una forma más general, se estaría comenzando a reimplantar la política de devolución de impuestos indirectos, que constituye un legítimo reclamo para algunos sectores de la economía nacional.

Por último, continuando mis reflexiones sobre el sector lácteo, resulta imprescindible que se persista con la política de mediano y largo plazo, inaugurada por la administración anterior. En estas políticas se basa el crecimiento sostenido de la producción, así como también de la productividad, lo que va a traer como consecuencia el desarrollo económico y social que ella implica. Y como corolario se podrá enfrentar en mejores condiciones las distorsiones que en el mercado internacional provocan los países de mayor potencial económico.

Enmarcados en esta línea de pensamiento, es que consideramos imprescindible que se continúe brindando apoyo al programa de Electrificación y Caminería Rural, que ya cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del que tanto caudal se ha hecho por distintos sectores vinculados al tema. Este programa, ciertamente, beneficiará en forma directa a 1.400 productores. Asimismo, aumentará la producción láctea en más de un 20% y, en definitiva, contribuirá al mejoramiento del índice de productividad, que es el objetivo final que persiguen estos programas de desarrollo y el progreso del país.

En función de ello, señor Presidente, resulta imprescindible que en el Presupuesto Nacional de Gastos se incluya la contrapartida nacional que haga posible la concreción de este tan importante Programa para el sector lácteo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Brause, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

10) VIVIENDAS PARA JUBILADOS Y PENSIONISTAS

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Viera.

SEÑOR VIERA. - Señor Presidente: deseo ocupar la atención del Senado sobre el cumplimiento de la ley que determina la construcción de viviendas para los jubilados y pensionistas.

Se recordará que la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, estableció en su artículo 7º que el impuesto creado por el decreto-ley de octubre de 1982, quedara exclusivamente afectado a la construcción de viviendas para dar en usufructo personal a jubilados y pensionistas, cuyas asignaciones mensuales de pasividad fueran inferiores al monto de dos salarios mínimos nacionales.

Pero pasó el tiempo sin que la justa y legal aspiración se concretara; esto dio lugar al reclamo de este sacrificado sector del pueblo y al dictamen histórico del 8 de mayo de 1989, en que se falló favorablemente a la acción de amparo interpuesta contra el Banco Hipotecario, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social, solicitando conocer el destino de las retenciones sobre haberes realizadas por el Banco desde noviembre de 1987.

La sentencia fue luego revocada, pero el 17 de mayo de 1989 se dictó el Decreto 238/989, por el que se dispuso la creación de una Comisión Asesora, a los efectos de colaborar en la implementación del régimen establecido por la referida Ley Nº 15.900. Sin embargo, este decreto que reglamenta la ley tenía dos fallas notorias, una de las cuales fue el factor determinante para el enlentecimiento de la aplicación de la norma legal. Nos referimos a la creación de una Comisión Asesora sólo integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un representante del Banco de Previsión Social, un representante del Banco Hipotecario del Uruguay. Es decir, se desconocía a los interesados, a los beneficiarios de la ley. Nos referimos a los jubilados y pensionistas, así como también a sus organizaciones representativas.

La otra disposición que entendemos contradice el propio espíritu de la Ley Nº 15.900, es la que establece que el precio del usufructo a determinar por el Banco Hipotecario del Uruguay, no podrá superar el 20% de los ingresos que por todo concepto perciben los beneficiarios. Hace algunos días, leímos en la prensa que el Presidente de la Comisión Asesora de Viviendas para Pasivos, doctor Ricardo Reilly, al anunciar la próxima entrega de algunas viviendas, dijo que la misma es prácticamente gratuita, ya que sólo se va a aplicar un descuento que no excederá el 20% de sus ingresos.

No creemos necesario abundar en las razones por las cuales nos parece realmente una contradicción flagrante que se diga que es una entrega gratuita, cuando descontar un 20% al magro ingreso de los jubilados y pensionistas, constituye una quita demasiado importante a sus pasividades.

Pero hoy queremos, sobre todo, urgir la terminación y la entrega de viviendas. Ya hace bastante tiempo que se declaró que se habían destinado a este fin cuatro obras: la de Gonzalo Ramírez, ex Asilo Dámaso Larrañaga; el complejo habitacional Nº 91, en Dr. Pena y Coronilla, cuyas obras estarían avanzadas en más de un 60%, según nuestra información; la de Luis Alberto de Herrera y Burgues, en plena construcción, y el complejo Nº 90, en Arapey y Huidobro, prácticamente terminado, ya que falta conectar la energía eléctrica y el agua corriente.

De acuerdo con el ritmo previsto manifestado en el referido proceso, en abril de este año ya se debería haber contado con 134 viviendas terminadas. Al principio de este año se adjudicaron 72 en el complejo de Burgues y Aparicio Saravia, pero aún no han sido efectivamente entregadas.

Esta lentitud, reiteramos, es consecuencia, entre otras cosas, de que las organizaciones de jubilados y pensionistas no integren la Comisión Asesora.

Asimismo, tenemos otras preocupaciones: la necesidad de asegurar la vigilancia y atención médica durante las 24 horas del día, así como también la seguridad de los ancianos, ya que existe una ola de ataques y robos a personas de edad avanzada.

Por otra parte, aunque reconocemos que las viviendas están bien construidas, el aislamiento de las mismas respecto a las demás, y a las personas que habitan esos barrios, contradice las recomendaciones y técnicas internacionales que aconsejan no aislar a los ancianos, para que vivan en bloques trigeneracionales.

Asimismo, sería conveniente que INDA ubique comedores con alimentación apropiada para las personas de la tercera edad, y que Subsistencias instale un puesto con alimentos al alcance de quienes perciben bajos ingresos.

En fin, la entrega rápida de las viviendas mencionadas es un tema que no acepta dilaciones, así como tampoco el de encontrar soluciones para reparar los aspectos que hemos descripto.

Los jubilados precisaban la vivienda ayer. Tal vez mañana sea demasiado tarde. No olvidemos que de acuerdo con la reglamentación, les corresponde el puntaje más alto a los de mayor edad y menos ingresos.

Por tanto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Banco de Previsión Social, al Banco Hipotecario del Uruguay, a la Comisión Asesora creada por el Decreto-Ley Nº 238/989, a INDA, a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas adherida al PIT-CNT, y al Plenario General de Jubilados.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud formulada por el señor senador Viera.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PARQUE DE VACACIONES DE UTE Y ANTEL. Problemas que afectan a sus trabajadores.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: quiero ocupar la atención del Senado respecto de un conjunto de problemas que nos plantearon los trabajadores del Parque de Vacaciones de UTE y ANTEL.

Como es sabido, el Parque de Vacaciones se inauguró oficialmente el 26 de octubre de 1947, con el claro objetivo de brindar a los funcionarios de UTE -hoy, reitero, UTE y ANTEL- y a sus familiares un lugar de descanso lo más económico posible, aunque también estaba previsto mantener una granja modelo como factor económico que pudiera abaratar los costos. Dicho parque tiene una extensión de aproximadamente 470 hectáreas y cuenta con 153 apartamentos disponibles. Estos apartamentos están repartidos en dos edificios y tienen una capacidad para albergar a alrededor de 600 personas.

Además de la granja mencionada, hay allí una huerta, una vaquería, criadero de aves, porqueriza, viveros y otros servicios que atienden las necesidades del Parque. También es de destacar el salón comedor que, en dos salas, puede recibir a la totalidad de los pasajeros.

Este Parque de Vacaciones cuenta con alrededor de 430 trabajadores en Minas y cerca de 150 en Montevideo, los cuales tienen que atender todos los servicios que brinda dicho Parque, desde las solicitudes de hospedaje, la atención de las 18 cantinas ubicadas en diversos lugares de UTE y también en el edificio de ANTEL, los servicios de carpintería, el taller mecánico, etcétera, hasta el comedor situado en el Palacio de la Luz, así como también otro de similares características que se está estudiando instalar en el edificio de ANTEL.

A más de 40 años de fundado el Parque, aún no está claramente establecido a quién pertenece, aunque ese no es el desvelo fundamental. Es necesario hacer saber que por intermedio de la Comisión Pro Fomento, financiada por los funcionarios de ambos organismos, no sólo se han incorporado 80 hectáreas al predio inicial, sino que además ésta se ha constituido en un elemento de constante ayuda.

La situación de los trabajadores del Parque de Vacaciones también es motivo de duda en cuanto a su carácter de funcionario público o privado. Dentro de los funcionarios hay un grupo de alrededor de 35 personas que pertenecen a UTE y que se encuentran en Comisión en dicho establecimiento; el resto son funcionarios pertenecientes a él. Su salario es abonado por UTE, en un 70% y por ANTEL, en un 30%; aunque, en realidad, depende de la cantidad de funcionarios de cada organismo que hayan concurrido al Parque en el mes en cuestión. Constantemente la presupuestación de los empleados del Parque a UTE ha sido objeto de reivindicaciones por parte de los trabajadores, a quienes siempre los jerarcas les han respondido con evasivas, entre otros conceptos, porque "esto significaba una vía colateral de ingresos al Ente". La presupuestación de esos funcionarios pondría fin a una situación que mucho afecta la estabilidad laboral. Es importante aclarar que esta medida no significaría al Ente demasiadas complicaciones administrativas o económicas, ya que en la actualidad, por ejemplo, en la liquidación de sueldos, horas extras y beneficios sociales se utilizan el mecanismo y la reglamentación que aplica UTE. Lo mismo sucede con respecto a la administración de personal más precisamente en lo que refiere a licencias, faltas, suspensiones, licencia médica, viáticos, etcétera.

Por otro lado, es notorio que son muchas las coincidencias y pocas las diferencias. Sin embargo, la situación actual conlleva algunas trabas o desventajas para los funcionarios del Parque, como ser la posibilidad de concursar para ocupar un cargo dentro de UTE. Por ejemplo, cada beneficio que aprueba el Directorio de UTE, debe ser homologado por el Consejo Directivo del Parque, lo que muchas veces significa un retraso respecto de la fecha en que los funcionarios puedan recibirlo. Un claro ejemplo fue la compensación por quebrantos de caja, que los funcionarios del Parque recibieron un año después que los de UTE, y esto gracias a la seriedad con que AUTE reinvidicó ese beneficio.

En cuanto a la administración de personal, existen carencias fundamentales. Tan es así que no hay un organigrama general, ni un dimensionado de personal; no hay una planificación en cuanto a la capacidad de los funcionarios y no siempre se respeta la opinión del Departamento de Estudios Salariales de UTE. Además, tampoco se aplica el procedimiento contable de fijación de costos respecto de los productores elaborados en el Parque. Con relación a este ítem, no existen planes ni objetivos de producción a mediano ni largo plazo. Se puede destacar que hace cerca de dos años se empezó a construir un silo de primera calidad -esto, en cuanto a los materiales empleados- pero su tamaño es tal que dificulta a un camión maniobrar libremente.

Por otra parte, el Parque es víctima de una mala administración, pues ha centralizado demasiado la toma de decisiones en el Consejo Directivo y ha quitado desenvolvimiento a los mandos medios. Asimismo, no cuenta con un programa mínimo de inversiones, mantenimiento y desarrollo.

Como posibles soluciones, estaría la presupuestación de los funcionarios del Parque de Vacaciones a UTE y la aplicación estricta del estatuto y reglamentación de personal; el estudio serio de un organigrama general del Parque y el dimensionamiento de su personal; y la aplicación rigurosa de una metodología contable en cuanto a la fijación de costos. Hacemos constar que ya se ha presentado un informe de factibilidad por parte de los técnicos de UTE en julio de 1986, el que aún no ha sido aprobado.

Entre otros criterios a tener en cuenta, estaría el de priorizar los gastos con objetivos de producción en cada uno de los sectores fundamentales, estudiar los métodos de planificación y analizar seriamente la producción a corto, mediano y largo plazo.

Potencialmente, este Parque de Vacaciones tiene cerca de veinte mil usuarios -entre los funcionarios de UTE y ANTEL- a los que habría que sumar sus familiares, los jubilados y los ex-funcionarios de ambos organismos.

Por otra parte, cuenta también con espacio y materiales para ampliar el alojamiento. Por ejemplo, construyendo dormitorios colectivos en la zona del balneario que pueden ser usados durante la alta temporada -diciembre, enero, febrero y marzo- debiendo, además, fomentar la concurrencia en baja temporada, en invierno, abaratando el costo del hospedaje o mejorando las actividades deportivas bajo techo.

El Parque tiene también las instalaciones y los medios para mejorar sus servicios en todas las áreas, fundamentalmente en la de la producción; se puede producir más y mejor sin invertir demasiado. Pero creemos que la única garantía para que el parque de Vacaciones trabaje a pleno es conformando un Consejo Directivo, lo suficientemente amplio, que refleje todos los intereses y que se preocupe, no sólo de lo económico y comercial, sino que además tenga en cuenta el carácter social de la obra que representa uno de los pocos lugares donde miles de trabajadores y sus familias puedan disfrutar sus vacaciones en un ambiente de compañerismo y pagando tarifas acordes a los menguados ingresos de los funcionarios del Estado.

Por último, deseo que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Directorios de UTE y de ANTEL, al Consejo Directivo del Parque de Vacaciones, a la Junta Departamental de Lavalleja y a las entidades gremiales de AUTE y SUTEL.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Pérez en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras pase a los Directorios de UTE y de ANTEL, al Consejo Directivo del Parque de Vacaciones, a la Junta Departamental de Lavalleja y a las entidades gremiales de AUTE y SUTEL.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

12) INDUSTRIAS MATALURGICA Y QUIMICA. Modificación de disposiciones que protegían a la industria nacional.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Cassina.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: al comienzo de esta sesión, la Mesa dio cuenta de un pedido de informes que, junto con el señor senador Batalla, solicitamos se remitiera al Ministerio de Industria y Energía. En él se plantean las preocupaciones y las interrogantes que resultan del Decreto Nº 320/990 del 16 de julio de 1990, por el cual se modifican disposiciones de otros dos Decretos Nos. 312/72 y 544/80, que protegían a la industria nacional, especialmente en los sectores metalúrgico y químico, prohibiendo la exportación de desechos o de chatarra metálicos, particularmente de cobre, que resultan imprescindibles para el desarrollo de la labor industrial de las empresas que trabajan en nuestro país en los sectores anteriormente mencionados.

A través del Decreto 320/90, que expresamente dice en su Visto que se dicta a pedido de una empresa, aparentemente no industrial, que tenemos entendido está radicada en la zona franca de Colonia, se solicita autorización para exportar 2.500 toneladas de cable telefónico que, por lo que presumimos, había sido adquirida previamente en una licitación restringida realizada por ANTEL. Asimismo, se modifica el régimen vigente y la posibilidad o la autorización para exportar desechos metálicos que se concede con la sola certificación del Ministerio de Industria y Energía si entiende que en el país están cubiertas las necesidades en plaza del material que se pretende exportar.

Lo dispuesto en el Decreto Nº 320/90 ha creado enorme preocupación y dificultades reales a la industria nacional, tanto en las ramas de la metalurgia como en la química. Como es sabido, nuestro país no es productor primario de estos metales, por lo tanto los importa y los desechos son adquiridos por las industrias nacionales -generalmente a empresas del Estado como UTE y ANTEL- y los utilizan en la fabricación de sus productos; por ejemplo, en el caso de la industria química, en la producción de fungicidas cúpricos, el sulfato de cobre y el oxicloruro de cobre, que son de uso primordial en la citricultura, en la viticultura y en la horticultura. Estos productos, incluso, son exportados hacia Brasil y Argentina.

En este pedido de informes no sólo reclamamos información, sino la modificación del decreto en los términos que ha planteado al Ministerio de Industria Metalúrgica, solicitando que antes de autorizar la exportación de desechos metálicos se consulte preceptivamente a la Cámara de Industrias del Uruguay y, particularmente a sus filiales de las industrias químicas y metalúrgicas, en el sentido de si sus necesidades están cubiertas. Con el procedimiento que se sigue actualmente, esas necesidades no se satisfacen y se plantean situaciones como las que queremos dar cuenta en el día de hoy -que no pudimos recoger en el pedido de informes presentado a la Presidencia del Senado en el día de ayer- con motivo de un reclamo presentado por una empresa que, a causa de la carencia de chatarra de cobre se ve impedida de cumplir obligaciones asumidas con empresas argentinas para exportar los productos químicos que produce. Tenemos a la vista un télefax cursado por una empresa argentina a una de la industria química uruguaya en el que se reclama enérgicamente por la falta de cumplimiento a la obligación asumida en cuanto a la exportación de una determinada partida de productos químicos para los cuales la chatarra de cobre resulta imprescindible.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea cursada al Ministerio de Industria y Energía -si es posible, adjunta al pedido de informes que se dio cuenta por parte de la Mesa al comienzo de la sesión- y a la Cámara de Industrias del Uruguay y de sus filiales las Cámaras de las Industrias Metalúrgica y Química.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Cassina en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea cursada al Ministerio de Industria y Energía, a la Cámara de Industrias del Uruguay y sus filiales, las Cámaras de las Industrias Metalúrgica y Química.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

13) ZONA OESTE DE NUESTRO PAIS. Su aislamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Irurtia.

SEÑOR IRURTIA. - Señor Presidente: en el momento histórico que vive el país, cuando nadie puede ignorar la ansiedad de la población por soluciones que atiendan a incrementar su nivel cultural, la seguridad de la familia, las fuentes de ocupación, y todo el entorno que debe aportarse para lograr una mejor calidad de vida; cuando valoramos la responsabilidad que nos cabe por tener la oportunidad de expresarnos en los órganos de gobierno; con todo respeto, señor Presidente, siento la necesidad de manifestar mi inquietud referida al aislamiento a que está sometido el Oeste uruguayo.

Por mi conocimiento particular de la zona, permítame hacer las siguientes reflexiones.

Los departamentos de Colonia y Soriano, la confluencia de los ríos Uruguay y Paraná, el nacimiento del Río de la Plata, sus puertos profundos y tranquilos. Sus costas, auténticos atractivos turísticos. Sus suelos, humíferos, fértiles, proclives e innumerables producciones. Su población, producto de múltiples inmigraciones, componen un verdadero crisol de razas, deseoso de desarrollarse, donde los conceptos del esfuerzo, del riesgo, en su más amplia acepción, están arraigados, unidos a su personalidad. Donde lo que importa es la felicidad de la familia, su afincamiento, el mejoramiento de su calidad de vida. No dudamos que ese es el entorno de país que debemos preservar.

Y no tengo dudas, señor Presidente, que ese espacio de país está olvidado, está aislado.

Los ciudadanos uruguayos ahí radicados requieren que no se aporten sólo palabras al desarrollo. Los vecinos nuestros, requieren a los organismos del Estado que promuevan el desarrollo, suministren información y atiendan los servicios esenciales. Que se utilicen los programas como herramientas de fundamental importancia para la reactivación del aparato productivo nacional.

Como un pantallazo y a vía de ejemplo, intentaré exponer algunos de los siguientes temas.

Nuestras rutas nacionales: Las rutas de la costa oeste, las número 22, 21, 12 y 97.

La Ruta 21 uniendo las ciudades de Colonia, Carmelo, Nueva Palmira, Dolores y Mercedes; la 12 desde Nueva Palmira hasta Cardona y la 97 desde Carmelo por el Puente de Picada de Albertano, hoy fuera de servicio, como auténtica ruta de penetración. La mayoría de ellas, están prácticamente intransitables.

No existen en el país rutas tan deterioradas.

No exageramos si las comparamos a paisajes lunares, ya que en muchos tramos el porcentaje de pozos es mucho mayor que el de pavimento que va quedando.

Están totalmente deterioradas.

No hay duda de que el tránsito pesado hacia el Puerto de Nueva Palmira y la densidad del tránsito local entre las vecinas poblaciones, las ha destrozado. Prácticamente no se han realizado bacheos, no se han realizado reparaciones ni mantenimiento. Los caminos de penetración, igualmente, desde donde salen nuestras producciones, al desaparecer la maquinaria vial departamental, van quedando en igual situación, o salvándose a medias por la benevolencia de un invierno de pocas lluvias. Por todo lo mencionado, está limitado el tráfico terrestre entre y hacia las poblaciones.

En otro aspecto, está vedado el tráfico aéreo desde adentro y hacia afuera del país.

El aeropuerto internacional de Zagarzazú ubicado entre Carmelo y Nueva Palmira, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y administrado por la Dirección de Aeronáutica Civil, está clausurado.

La excelente pista que es propiedad del Estado está inhabilitada. Existe un problema de disponibilidad de lugar de operaciones y hangares. Se trata de un viejo litigio no resuelto. Su servicio y su operatividad constituyen una necesidad real para la zona. Entendemos que debe proponerse su rehabilitación.

Los técnicos, los inversores, los ejecutivos de las empresas necesitan de este Servicio que les permite acceder a la zona en quince minutos desde Buenos Aires o en muy poco tiempo desde otros puntos del país o de los países que aportan actividades comerciales o industriales al Puerto de Nueva Palmira, a su Zona Franca Oficial en pleno desarrollo, a la terminal de la Hidrovía en el momento tan especial de su radicación, ya no como una idea, sino como una auténtica realidad.

Por otra parte, la vía marítima para pequeñas embarcaciones, medio por el cual llegan a la zona técnicos, ejecutivos o turistas, también tiene limitado el ingreso por la escasa navegabilidad del canal de acceso a la ciudad de Carmelo.

La Dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas deberá dar las soluciones del caso, promoviendo el dragado de un muy pequeño tramo para habilitar el pasaje. Su navegabilidad es imprescindible para la comunicación fluida entre las márgenes del Plata.

Pensamos que existen soluciones prácticas, realizables por la Dirección de Hidrografía y los Departamentos especializados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

En consecuencia, señor Presidente, el oeste de nuestro país está aislado. Lo está también en los aspectos culturales y de información; sólo la prensa escrita llega a un pequeño porcentaje de ciudadanos; las radios de países vecinos cubren gran parte del dial y un enorme porcentaje de población no recibe señales de la televisión nacional. Nuestros hijos no conocen a nuestro Presidente ni a los legisladores.

El SODRE tiene autorizado en la ciudad de Colonia una repetidora por convenio internacional que ya tiene 26 años de vigencia, capaz de cubrir no sólo los departamentos de Colonia y Soriano, sino todo Buenos Aires. Además puede irradiar hacia afuera nuestra cultura, nuestras producciones. El Canal 6 SODRE, en la ciudad de Colonia, debe hacerse realidad en el breve plazo.

En resumen, debemos expresar que las rutas terrestres intransitables, el acceso por vía aérea clausurado, la falta de navegabilidad de los canales de acceso y la penetración cultural, son temas que merecen la atención de los órganos específicos de la Administración del Estado.

En consecuencia, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a los Ministerios de Defensa Nacional, Educación y Cultura y al de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Irurtia, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras pase a los Ministerios de Defensa Nacional, Educación y Cultura y al de Transporte y Obras Públicas.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

14) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un proyecto llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"El señor senador Juan Carlos Raffo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se indemniza a ex funcionarios del Frigorífico Nacional, excluidos de las disposiciones de la Ley Nº 16.102."

-A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Texto del proyecto:)

"INDEMNIZACION A EX FUNCIONARIOS DEL FRIGORIFICO NACIONAL EXCLUIDOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 16.102

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nº 16.102, de 1º de noviembre de 1989, reconociendo la responsabilidad del Estado por acto legislativo y en razón de lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 14.810, de 11 de agosto de 1978, estableció una indemnización en favor de los trabajadores del Frigorífico Nacional (plantas de Puntas de Sayago y Casablanca), pero excluyó de la misma a los empleados mensuales con menos de un año de antigüedad y a los jornaleros que no hubieran trabajado determinado número de jornales en el último año.

Habiéndose reconocido la responsabilidad del Estado en la especie, no se comprende la exclusión aludida, desde el momento que es obvio que los trabajadores que quedan excluidos por el artículo 3º de la Ley Nº 16.102 sufrieron daños al igual que los otros.

El presente proyecto viene a corregir dicha situación otorgando a los trabajadores excluidos la indemnización correspondiente. En este sentido debe señalarse que no resulta aplicable en los casos de responsabilidad del Estado por su actividad legislativa, el derecho laboral, por lo que debe reconocerse que el daño causado -pérdida de la fuente laboral- afecta a todos los trabajadores por igual sin importar la antigüedad que tuvieran en sus funciones.

El artículo 2º del proyecto se remite a la Ley Nº 16.102 en lo relativo a la determinación y forma de pago de la indemnización y el artículo 3º aclara el alcance de dicha norma en situaciones que han presentado algunas dudas.

Juan Carlos Raffo. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Los ex-trabajadores del Frigorífico Nacional (plantas de Puntas de Sayago y Casablanca) que no tuvieron derecho a la indemnización prevista en la Ley Nº 16.102, de 1º de noviembre de 1989 en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º de la referida ley, tendrán derecho a la mencionada reparación patrimonial de acuerdo a lo establecido en los artículos siguientes.

Art. 2º. - La indemnización prevista en el artículo anterior, será determinada y abonada en los términos establecidos en los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 16.102, de 1º de noviembre de 1989.

Art. 3º. - Declárase que quedan comprendidos en lo dispuesto en los artículos anteriores y en la Ley Nº 16.102, aquellos trabajadores que, siendo efectivos al 11 de agosto de 1978 se encontraban a la orden, con licencia ordinaria o extraordinaria, enfermos o accidentados.

Art. 4º. - Comuníquese, etc.

Juan Carlos Raffo. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otro proyecto llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"El señor senador Juan Carlos Raffo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se autoriza al Estado y demás personas de Derecho Público a enajenar inmuebles ocupados con destino a casa habitación."

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto:)

"AUTORIZACION AL ESTADO Y DEMAS PERSONAS DE DERECHO PUBLICO A ENAJENAR
INMUEBLES CON DESTINO A CASA HABITACION

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos treinta años, el departamento de Montevideo, ha presenciado una verdadera colonización de predios estatales o municipales, llevada a cabo, en forma pacífica y silenciosa, por miles de familias que han ido construyendo sus viviendas en dichos bienes.

Esta situación ya fue advertida por el legislador a principios de la década del setenta, intentándose con la sanción de la Ley Nº 14.006, dar solución a quienes ocupaban predios estatales en los barrios Tablada Nueva, Casabó (norte y oeste), Villa Esperanza, Cerro 13, Bajo Valencia y Estrella del Cerro. Por diversas razones la ley precitada no tuvo aplicación práctica, quedando incambiada la situación de los destinatarios de dicha norma.

En la actualidad, los asentamientos se han extendido en otras zonas del departamento de Montevideo, superando las seis mil familias que se encuentran en dichas condiciones. Entre los centros más populosos puede destacarse la zona de Santa Catalina (entre Punta Yeguas, arroyo El Tala y camino Burdeos), con más de dos mil construcciones, así como el barrio La Vía, Campos de Maracaná, Núcleo 2 de Julio, etc.

Entre los propietarios de los predios ocupados, se advierte que en su mayoría pertenecen al Estado, aunque se han detectado construcciones en inmuebles de Entes Autónomos (en especial de AFE), Servicios Descentralizados (OSE, etc.) e incluso del Gobierno Departamental de Montevideo.

La situación referida debe ser solucionada, aunque deben tenerse presente dos cuestiones que, en caso de no ser evitadas, distorsionarían el objetivo de la iniciativa. Se trata de evitar que el proyecto provoque una "invasión" de terrenos estatales por parte de la población a efectos de acogerse a los beneficios de la ley, así como destacar que se trata de una norma excepcional, por lo que, quienes se encuentren en similar situación en el futuro, no tendrán derecho a la misma solución. Al mismo tiempo se debe evitar que la posibilidad prevista en el proyecto, no permita ninguna forma de especulación, y que por medio de la misma, personas que cuentan con recursos suficientes, puedan adquirir bienes en las condiciones establecidas para núcleos familiares de escasos recursos.

Los problemas mencionados se propone solucionarlos estableciendo en el artículo 1º que solo tendrán derecho a los beneficios de la presente ley, quienes con destino casa habitación, ocupen terrenos estatales o municipales al 1º de setiembre de 1990. Complementando lo anterior se establece en el artículo 8º que no podrán adquirir los bienes aquellas personas que sean propietarios de bienes inmuebles en cualquier punto de la República, y con las prohibiciones del artículo 6º se pretende desestimular todo tipo de especulación.

Se establece que el precio de los predios será equivalente a la cuota parte que sobre el valor catastral vigente corresponda al padrón que integran, con lo que se asegura un precio razonable para el Estado y accesible para los ocupantes.

La actuación del Banco Hipotecario del Uruguay en la materia es básica, pues financiará las compraventas, la construcción o mejora de las viviendas, así como otros gastos que puedan surgir. Debe advertirse que los créditos tendrán la usual garantía hipotecaria, por lo que el Ente no estará presentando sin seguridades de cobro.

En los artículos 4º y 5º del proyecto se hace referencia a una de las cuestiones más importantes de la iniciativa y que consiste en cómo se ejecutará lo resuelto. Es obvio que la complejidad de los casos que se presentarán, la necesidad en muchos de ellos de reconstruir títulos de propiedad, practicar mensuras, etc. constituye una tarea sumamente pesada, pero de su eficaz realización dependerá que este proyecto sea solución real al problema social en cuestión, o que se limite a ser una buena intención que no se concreta en la práctica.

Se propone la creación de una Comisión Especial, que recibirá y cursará las peticiones que se formulen y que prestará asesoramiento a los interesados. Entre las atribuciones de esta Comisión se incluye la de elaborar un plan de división de predios, constitución de servidumbres, obras de saneamiento, alumbrado, etc., que será elevado a las autoridades competentes en la materia.

Debe tenerse presente, que los terrenos ocupados, hace varios años que no son utilizados por su titular, por lo que sólo han generado gastos para el mismo.

En el artículo 1º se prevé que el titular pueda oponerse a la venta, cuando los bienes estén afectados a un destino especial, presenten un especial interés para el servicio, o tengan mejoras realizadas por el propietario o a su costo. Esta disposición tiene por objeto evitar que el titular del bien sufra un daño por la imposición de la enajenación, previéndose de esta forma, los casos en que la solicitud podrá ser rechazada por parte del Estado.

El proyecto dispone que sus disposiciones serán de orden público -por lo que podrán ser modificadas por la voluntad de las partes- y se desafectan los bienes en cuestión de sus actuales destinos.

Por último cabe señalar que la iniciativa no sólo es válida para Montevideo, sino que sin duda deberá ser aplicada en todo el territorio nacional. El inconveniente que surge en este punto, es la falta de información sobre los asentamientos existentes en el interior del país, algunos seguramente en zonas rurales. Lo expresado y los eventuales inconvenientes que puede aparejar al Estado la extensión del proyecto sin conocer claramente la situación, justifican que en el artículo 9º, se autorice al Poder Ejecutivo a extender la aplicación del proyecto a todo el territorio de la República, pero no se haga aplicable el mismo a dichos casos, en forma similar a lo que ocurre en el departamento de Montevideo.

En síntesis, el proyecto viene a solucionar, en forma justa, uno de los principales problemas que sufre parte de nuestra sociedad, cumpliendo simultáneamente con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución de la República que reconoce el derecho de todos los habitantes al goce de vivienda decorosa.

Juan Carlos Raffo. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - El Estado y demás personas jurídicas de derecho público, titulares de inmuebles en el departamento de Montevideo, que se encuentren ocupados por personas físicas al 1º de setiembre de 1990 con destino casa-habitación o, que a dicha fecha y con igual destino existan construcciones, podrán enajenar a éstas, en forma directa, la propiedad de los referidos inmuebles, siempre que los mismos no tengan un destino especial, presenten un especial interés para el servicio o tengan mejoras de importancia realizadas por el titular del dominio o efectuadas a su costo.

Art. 2º. - El precio de la enajenación será la cuota parte que a cada predio corresponda sobre el padrón que integra, de acuerdo al valor catastral vigente a la fecha de sanción de la presente ley.

Art. 3º. - El Banco Hipotecario del Uruguay, otorgará a las personas comprendidas en la presente ley, un préstamo máximo de trescientas unidades reajustables, a efectos de la adquisición del inmueble, construcción o mejora de la vivienda y para gastos de agrimensura, saneamiento de títulos y escrituración definitiva.

Art. 4º. - La reglamentación creará una Comisión Especial que tendrá los siguientes cometidos:

a. recibir las solicitudes y cursarlas al organismo competente para resolver sobre la petición;

b. asesorar a las personas interesadas en adquirir predios de acuerdo a la presente ley y, evacuar toda consulta que al respecto le formule cualquier órgano estatal; y

c. elaborar un plan de división de predios, constitución de las servidumbres que sean necesarias, obras de saneamiento, alumbrado, etc., que será elevado a las autoridades competentes en la materia.

Art. 5º. - Los interesados formularán su solicitud para adquirir el predio que ocupan dentro de los siguientes ciento veinte días a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en la forma que establezca la reglamentación, ante la Comisión Especial que a esos efectos se creará, salvo cuando el propietario del inmueble sea el Gobierno Departamental de Montevideo, en cuyo caso la solicitud deberá dirigirse a la Intendencia Municipal.

Art. 6º. - Los adquirentes de predios de acuerdo a lo previsto en la presente ley, no podrán enajenar, dar en anticresis, comodato, ni arrendar los mismos hasta el 31 de diciembre de 2000, salvo autorización fundada y expresa del Banco Hipotecario del Uruguay.

Art. 7º. - Quedan desafectados de su actual destino, todos aquellos inmuebles que sean enajenados a su actual ocupante de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Art. 8º. - No podrán acogerse a lo establecido en la presente ley, aquellas personas que sean propietarios de bienes inmuebles en cualquier punto de la República.

Art. 9º. - El Poder Ejecutivo podrá ampliar el ámbito de aplicación de la presente ley, a todo el territorio nacional. A tales efectos, se considerarán desafectados todos los bienes que queden comprendidos en la ampliación.

Art. 10. - La presente ley es de orden público.

Art. 11. - Comuníquese, etc.

Juan Carlos Raffo. Senador".

15) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de dos asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El señor senador Arana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita informes al Ministerio de Economía y Finanzas, referentes al Plan Habitacional de Emergencia y al Plan ‘Aquiles Lanza’".

-Procédase como se solicita.

"El mismo señor senador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República solicita informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, referidos a la construcción de viviendas para pasivos de menores ingresos".

-Procédase como se solicita.

16) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de una solicitud de envío de una exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Germán Araújo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento, presenta una exposición escrita con destino a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Salud Pública, a la Intendencia y Junta Departamental de Maldonado, a AFE y a OSE, relacionadas con carencias en la Estación ‘Las Flores’".

-Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita:)

"Sr. Presidente del
Senado de la República
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por este intermedio cúmpleme hacer llegar a su conocimiento en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 166 del Reglamento del Senado, la exposición escrita cuyo contenido se expresa a continuación:

Nos referiremos a los problemas que sufre la población de la localidad "Estación Las Flores" del departamento de Maldonado.

Constituye un anacronismo que coexista a tan escasos kilómetros de los exhuberantes balnearios de la costa esteña, una situación social de verdadera desolación, como la que hoy soporta este núcleo esforzado de 500 habitantes.

Ellos son predominantemente funcionarios públicos, jubilados y obreros, que deben recorrer largas distancias para cumplir sus tareas, ya que en el Centro Poblado y sus inmediaciones no se halla afincada ninguna fuente de producción agraria o industrial.

Como es de conocimiento público el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado eliminó la estación de ferrocarril a la cual el poblado debe su nombre.

Por este motivo los productos de primera necesidad escasean y elevan sus precios, debido a los costos agregados de fletes.

También se ve incrementado el precio del transporte, que deben realizar en omnibuses de empresas privadas interdepartamentales, costo sensiblemente mayor al que pagarían por el uso de los ferrocarriles del Estado.

A todo esto debe agregarse la situación generada por carencias que serían fácilmente subsanables.

Existe en el Pueblo un pozo de agua con bomba instalada en el Salón Comunal Municipal con un alcance de aproximadamente 300 metros.

Como el poblado tiene una extensión próxima a los 3 kilómetros, la mayoría de las familias no cuenta con agua corriente, debiendo trasladarla a grandes distancias, o surtirse de algunos viejos aljibes que contienen agua de lluvia estancada, o de una cachimba a la orilla de un camino, cuyo contenido está permanentemente sucio y contaminado.

Entendemos que podría extenderse la cañería desde el pozo del Salón Comunal para que sirva a todos los vecinos, o, en caso de ser insuficiente su caudal, se realice otro pozo, o se lleve una línea desde la fuente proveedora del Cerro de Pictamiglio, u otra más próxima.

En todos los casos deberán emplazarse surtidores en número y lugares adecuados para servir completamente a la población.

El alumbrado público es insuficiente y mal distribuido, quedando los vecinos que habitan los últimos padrones sin ninguna iluminación.

Podrían mejorarse estos aspectos agregando como mínimo dos focos, uno al fin del poblado y otro intermedio entre éste y los existentes.

Las carencias relativas a la salud pública son alarmantes.

No existe médico residente, no hay farmacia ni centro de primeros auxilios.

Tampoco hay locomoción para casos de urgencia que la requieran.

Podría instalarse en el Salón Comunal existente una Policlínica, ya que éste cuenta con las comodidades como para albergarla.

De más está decir que habría que dotarla de los implementos y medicamentos imprescindibles para su funcionamiento y del personal especializado -enfermera permanente y médico visitador- y un funcionario para limpieza.

Los aspectos relativos a la locomoción de urgencia podrían coordinarse de manera de atender con un vehículo conjuntamente con "Estación Las Flores", las necesidades de los vecinos de los Balnearios Bella Vista, Las Flores y Solís y los pueblos Cerros Azules, Gregorio Aznárez y Solís Grande, así como las zonas rurales circundantes.

El Salón Comunal podría también cómodamente albergar diversas actividades culturales y sociales tales como guardería, comedor popular, salón artesanal y de expresión plástica, así como otras actividades recreativas y deportivas que deberían promocionarse, alentarse y sostenerse por las autoridades correspondientes en conjunto con los vecinos.

Otra carencia por demás peligrosa es la no existencia de los resguardos peatonales correspondientes a las paradas de los omnibuses interdepartamentales que circulan por Ruta Nº 93 en los Kmts. 96 y 98 en dirección a Montevideo.

Es esta una vía de intenso y veloz tránsito y especialmente los días de lluvia cuando los resguardos son más necesarios, los vecinos deben esperar el ómnibus del otro lado de la ruta y en lugares no enfrentados a las paradas.

Constituye un serio riesgo de vida el intento de cruzar dicha ruta en las condiciones precitadas.

Entendemos que con poco esfuerzo e inversión podrían solucionarse o al menos mitigarse en parte los angustiosos dramas de estos sacrificados uruguayos que aportan lo suyo al engrandecimiento nacional.

En mérito a lo expresado, Sr. Presidente, solicitamos por este intermedio que eleve esta exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Salud Pública, a la Intendencia Municipal de Maldonado, a la Junta Departamental de Maldonado, a la Administración de Ferrocarriles del Estado y a Obras Sanitarias del Estado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente, con mi consideración más distinguida.

José Germán Araújo. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de otra solicitud de envío de exposición escrita llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor senador Araújo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento, solicita el envío de una exposición escrita con destino a la Intendencia Municipal de Salto y a OSE, referente a la falta de agua en la localidad de Sarandí de Arapey".

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar si se accede al trámite solicitado.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita:)

"Sr. Presidente del
Senado de la República
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez
Presente

De mi mayor consideración:

Por este intermedio cúmpleme hacer llegar a su conocimiento en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 166 del Reglamento del Senado, la exposición escrita cuyo contenido se expresa a continuación.

Una grave carencia se observa en la localidad Sarandí de Arapey, ubicada a 200 Km. de la ciudad de Salto, 50 km. de Tranqueras, 87 km. de Artigas y 100 km. de Rivera, perteneciente territorialmente al departamento de Salto, pero vinculada por razones de cercanía más hacia el departamento de Rivera.

Si bien en general, el pueblo, de aproximadamente 300 habitantes cuenta con servicios acordes a una población de estas características, la grave carencia que se presenta hoy, y aunque parezca increíble, desde hace ya 14 años, es la falta de agua corriente.

Los pobladores deben recoger el líquido elemento, indispensable para la vida, en baldes, principalmente de dos fuentes.

Una, es la perforación existente, donde está conectada la cañería que debería abastecer al pueblo, cuando en dicha perforación hay agua; la otra es un manantial, ubicado en un predio privado, cuyo propietario permite gentilmente a los vecinos abastecerse.

Se advierte entonces inmediatamente los perjuicios que este problema plantea a la salud de los pobladores y otros derivados de la situación, tal como el acarreo a grandes distancias, más aún, contando el pueblo con las cañerías, los picos y canillas, la instalación eléctrica y la bomba necesarias como para que el funcionamiento fuera normal.

El principal problema radica en el caudal de la perforación existente, que sólo permite el funcionamiento de la bomba eléctrica durante una hora por día, media en la mañana y media en la tarde, lo cual hace imposible que el vital elemento llegue a todo el pueblo; apenas si alcanza para cubrir unas pocas viviendas de la zona más baja durante algunas horas y con escaso caudal.

Incluso se padece de falta de agua en la Escuela Pública, a la que concurren asiduamente 50 niños.

Entendemos que la solución es realizar otra perforación, de manera de abastecer normalmente a los pobladores, en un terreno de aproximadamente 1 há. propiedad de la Intendencia Municipal de Salto, en el que ya hubo un intento fallido, ya que al parecer el pozo no se realizó en las condiciones técnicas adecuadas, de manera que quedó una barreta trancada y los trabajos fueron detenidos.

Es importante destacar que con poco esfuerzo y con una inversión relativamente pequeña, podría solucionarse una grave carencia que afecta a un esforzado núcleo de pobladores residentes en una zona rural alejada de los centros de servicios más importantes, que brindan los mayores sacrificios para el engrandecimiento de nuestro país.

En mérito a lo expresado, Sr. Presidente, solicitamos por este intermedio que eleve esta exposición escrita a la Intendencia Municipal de Salto y a Obras Sanitarias del Estado.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente, con mi consideración más distinguida.

José Germán Araújo. Senador".

17) INTEGRANTES DEL CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Se autoriza su ingreso al territorio nacional con motivo de la ejecución de ejercicios de tiro con personal del Cuerpo de Fusileros Navales.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra al orden del día.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: vamos a mocionar para que se declare urgente y se trate de inmediato un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con el Mensaje correspondiente, mediante el cual se autoriza a integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América que navegan en un barco de la Armada de dicho país, a ingresar al territorio nacional, a fin de hacer ejercicios de tiro con personal de nuestro Cuerpo de Fusileros Navales. La urgencia está fundamentada en el hecho de que la operación de entrenamiento está prevista para el día 11 de octubre, y el proyecto debe ser enviado, como corresponde por disposición constitucional, a consideración de la Cámara de Representantes.

Reitero que formulo moción en este sentido.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se está repartiendo el proyecto que hace referencia a la moción de orden del señor senador Santoro.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar dicha moción de orden en el sentido de que se declare urgente la consideración de este proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 27. Afirmativa.

En consideración el asunto cuya urgencia acaba de votarse: "Proyecto de ley por el que se autoriza a integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América que navegan en un barco de la Armada de dicho país, a ingresar al territorio nacional a fin de hacer ejercicio de tiro con personal de nuestro Cuerpo de Fusileros Navales. (Carp. Nº 287/90 - Dist. 374/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 287/90
Rep. Nº 374/90

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior

Montevideo, 28 de agosto de 1990.

Señor Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de someter a su consideración, atento a lo dispuesto en el inciso 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, el proyecto de ley adjunto por el que se autoriza al personal del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América embarcado en el USS "HARLAN COUNTY", a realizar ejercicios de tiro con personal del Cuerpo de Fusileros Navales el día 11 de octubre del corriente entre las 08.00 y las 16.00 horas; dichos ejercicios consistirán en tiro de demostración con Fusil M16, Mortero 60 mm. y 81 mm., Lanza cohetes At-4 y Tiro Dragón.

Los objetivos que se persiguen con dicha demostración son capacitar al personal del Cuerpo de Fusileros Navales en el uso de armamento sofisticado de última generación del cual carece dicho Cuerpo; la misma significa una oportunidad invalorable para acceder al conocimiento de ese tipo de tecnología de avanzada.

El personal de la Infantería de Marina será transportado desde el USS "HARLAN COUNTY" al Polígono de la Prefectura Nacional naval, ubicado en Punta Tigre, en vehículos del Cuerpo de Fusileros Navales.

Por los fundamentos expuestos precedentemente, se solicita al señor Presidente la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor Presiente con la más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Mariano R. Brito, Héctor Gros Espiell, Juan Andrés Ramírez.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase al personal del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América embarcado en el USS "HARLAN COUNTY" a realizar ejercicios de tiro con personal del Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada Nacional, el día 11 de octubre del corriente, desde la 08.00 a las 16.00 horas y trasladarse al Polígono de la Prefectura Nacional Naval, ubicado en Punta Tigre en vehículos del Cuerpo de Fusileros Navales.

Art. 2º. - Comuníquese, publíquese y archívese.

Mariano R. Brito, Héctor Gros Espiell, Juan Andrés Ramírez.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Autorízase a integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América embarcados en el USS "HARLAN COUNTY" a ingresar al territorio nacional, a fin de realizar ejercicios de tiro conjuntamente con personal del Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada Nacional, el día 11 de octubre del corriente año, desde las 08.00 a las 16.00 horas y trasladarse al Polígono de la Prefectura Nacional Naval ubicado en Punta Tigre, en vehículos del Cuerpo de Fusileros Navales.

Art. 2º. - Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 18 de setiembre de 1990.

Enrique Cadenas Boix (Miembro Informante), Federico Bouza, Raumar Jude, José Korzeniak (Discorde), Walter Santoro. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En discusión particular.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Señor Presidente: la Comisión en mayoría aconseja la aprobación de este proyecto de ley, porque entiende que la visita de este Cuerpo de Infantería de los Estados Unidos tiene por objeto capacitar al personal del Cuerpo de Fusileros Navales en uso de armamento sofisticado, de última generación, según el lenguaje empleado. Se trataría de prácticas de tiro con fusiles M16, mortero de 60 milímetros y 81 milímetros, lanza cohetes, antitanques 4 y tiro dragón. El personal de la Infantería de Marina sería transportado en vehículos de la Marina Nacional desde el Puerto de Montevideo a Punta Tigre, donde están emplazados los campos de entrenamiento.

Es cuanto deseaba informar.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: vamos a votar en contra de este proyecto.

Como es sabido no somos contrarios a que los integrantes de nuestras Fuerzas Armada se capaciten. Digo esto a título personal pero, también, estoy seguro de que lo puedo afirmar en nombre de mis compañeros de bancada. En este proyecto que, lamentablemente, se va haciendo habitual- no se dice en el marco de qué normas se va a producir este ingreso de marines al territorio nacional para hacer ejercicios de tiro. No se sabe si es, por ejemplo, en el marco del TIAR; si es un acuerdo del Poder Ejecutivo uruguayo con el norteamericano; si es un acuerdo de la Armada Nacional -de la que dependen los Fusileros Navales- con la norteamericana, lo que, naturalmente, sería un hecho irregular pero que todos sabemos se da a nivel de las fuerzas del Ejército, como ha ocurrido con las reuniones de los Jefes de los Ejércitos Americanos.

De modo que la cita jurídica de la Constitución que se hace en la Exposición de Motivos es obvia, pues para el ingreso de personal militar extranjero se necesita una autorización legislativa. Pero el hecho es que este ingreso no se sabe, repito, en el marco de qué acuerdo se va a realizar. ¿Es una invitación de la Armada uruguaya para capacitarse? ¿Se está respondiendo a una invitación recíproca, como en un caso reciente de la visita de cuatro aviones norteamericanos?

Al respecto, nos parece que ese punto debió ser aclarado por el Poder Ejecutivo mediante su Mensaje, sin necesidad de efectuar largas fundamentaciones, pero el Parlamento tiene derecho a conocer en el marco, repito, de qué cuadro jurídico se produce esta visita.

Por otro lado -y reiterando que no somos contrarios a que nuestra Armada se capacite, porque nos parece muy importante por ejemplo, que estén en muy buenas condiciones de proteger nuestras aguas territoriales, nuestra riqueza pesquera, etcétera- nos parece que la humanidad está viviendo un momento muy peculiar donde el mundo civilizado -y cuando hablo de mundo civilizado no lo vinculo a ideologías, sino a la civilización, que es el sentido natural y obvio de la expresión- tiene un miedo muy justificado a la guerra. Se trata del temor a la veta de la imbecibilidad humana que tiende a guerrear. Todos conocemos los problemas del Golfo Pérsico que además de los aspectos éticos y económicos se vinculan, fundamentalmente, al petróleo, y a las violaciones al Derecho Internacional. En general, la gente no quiere la guerra por guerrear no le gusta la violencia por la violencia. Entonces, todo acto que atienda a ser una demostración que en lugar de aumentar la capacitación para la paz, para la ciencia y la cultura, sea para actos de tipo bélico, no es en este momento bien recibida.

A nadie se le va a ocurrir -por lo menos, particularmente a mí no se me ocurre- que las Fuerzas Armadas de cualquier país dejen de hacer ejercicio de tiro ahora porque estamos en un momento en que todos necesitamos la paz. Obviamente que no. Pero aquí se trata, precisamente, de un entrenamiento con armas muy sofisticadas -y así lo establece la Exposición de Motivos- las de última generación. Aquí se manejan nombres tales como lanza cohetes, morteros y tiro dragón.

SEÑOR CADENAS BOIX. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Deseo preguntarle al señor senador Korzeniak si él está enterado -ya que habla de que son altamente sofisticadas- de lo que es el tiro dragón y el lanza cohete AT4.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Agradezco la interrupción que me solicitara el señor senador Cadenas Boix, pues en el seno de la Comisión de Defensa pasamos a cuarto intermedio, precisamente, para que cada uno de sus integrantes -por lo menos, en mi caso- pudiera consultar con sus respectivas bancadas sobre este punto. Allí estuvimos deliberando sobre lo que era el tiro dragón. De una manera un poco jocosa, todos confesamos nuestra ignorancia sobre el tema. Por ello, en el día de hoy recogí una información técnica vinculada a lo que es el tiro dragón, que tiene que ver, efectivamente, con lo que presumíamos: se trata de una fórmula que da la apariencia de una especie de lanzas llamas. De ahí su nombre de "tiro dragón".

Sin embargo, nuestras preocupaciones no eran solamente desde el punto de vista gramatical. Por ello, también estuvimos recogiendo alguna información acerca de los costos de esta operación, aunque aclaro que éstos no van a ser pagados por las Fuerzas Armadas uruguayas -en último caso, sería el pueblo uruguayo el encargado de pagar por esas armas y municiones- sino que van a correr por cuenta de los "marines" norteamericanos.

Aprovecho esta reflexión para formular el último de estos breves fundamentos por los cuales voy a votar en contra este proyecto.

Muchas veces nos hemos expresado acerca de la política hegemónica de los Estados Unidos en América Latina, aunque en lo personal tuve oportunidad de distinguir algún acto concreto sin el acuerdo de mis compañeros. Pienso que los Estados Unidos deberían dar muestras de otro estilo para hacernos ver que también nosotros estamos en otro estilo. Seguimos manteniendo, por ejemplo, que la OEA es una institución hegemonizada todavía por este país; sin embargo, eso no impidió al Frente Amplio -como es de conocimiento del Cuerpo- votar por unanimidad mejoras a las disposiciones que rigen a esa Organización.

En este caso, el cálculo de los costos, que en un lapso muy breve pude realizar en la mañana de hoy, me demostró que los Estados Unidos habrían podido dar un destino más humano y menos bélico a lo que se va a gastar en esta operación. Y pienso en lo que esto podría representar en el caso de una donación a una escuela, etcétera. Considero que esa sería una forma de demostrar que el mundo cambia y que los Estados Unidos pueden modificar sus relaciones con América Latina.

Por consiguiente, en esta fundamentación tan breve, dejamos expuestas las razones básicas por las cuales votaremos en contra este proyecto.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Señor Presidente: casualmente, en la mañana de hoy, en la reunión de la bancada de legisladores de nuestro Partido, estuvimos considerando la actitud de asumir por los señores representantes de nuestro sector frente a dos proyectos de ley que hoy se encuentran a consideración de aquella Cámara. Uno de ellos se relaciona con la autorización para que efectivos de la Armada Nacional participen en la operación UNITAS, y el otro tiene por objeto facultar la participación de integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, junto con efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en la realización de ejercicios de paracaidismo en nuestro país. Con pleno conocimiento de cada uno de los temas, llegamos a la conclusión de que corresponde votar negativamente la autorización para participar en la operación UNITAS, por tratarse de ejercicios de carácter eminentemente bélico, que se han venido desarrollando desde hace años en el Atlántico Sur.

Por el contrario, en el caso de la autorización para realizar ejercicios de paracaidismo, determinamos que es pertinente votar afirmativamente porque creemos que dichos ejercicios son convenientes para la formación de los efectivos correspondientes de nuestras Fuerzas Armadas.

Con respecto a este proyecto de ley, que hoy se presenta como urgente a la consideración del Senado, adelanto que vamos a votarlo negativamente, fundamentalmente por carecer de la información suficiente en torno a las razones que llevan a realizar este tipo de ejercicios, así como a los tratados o acuerdos en los que puedan o no inscribirse estas operaciones. Además hubiéramos deseado disponer de más tiempo para poder informarnos adecuadamente y adoptar una decisión con mayor conocimiento.

Las razones que acabo de mencionar nos llevan a votar negativamente este proyecto, y dejo constancia expresa de este hecho, porque ello no supone necesariamente que cuando este texto -en caso de ser aprobado hoy por el Senado- sea considerado por la Cámara de Representantes, nuestros compañeros asuman la misma actitud; puede ser que, con una mayor información, entiendan que este tipo de prácticas es conveniente para nuestras Fuerzas Armadas.

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: no está en nuestro ánimo que el debate relativo a este pequeño asunto sea muy extenso y tenga como consecuencia que el Senado emplee gran parte de su tiempo útil en él, postergando de esa forma el tratamiento de temas que figuran en el orden del día, fundamentalmente la Rendición de Cuentas.

Estimamos del caso señalar algunas precisiones, fundamentalmente con respecto a las manifestaciones del señor senador Korzeniak.

Queremos destacar que esta operación se basa en lo que establece el Tratado del Río de Janeiro de 1947, que muchas veces se olvida a nivel del Parlamento, fundamentalmente cuando se tratan operaciones como la UNITAS. Se debe tener en cuenta que son Tratados de carácter internacional que el Uruguay suscribió hace ya muchos años.

Por otra parte, deseamos indicar que el costo de esta operación corre totalmente por cuenta de la Marina norteamericana. El Uruguay no hace ningún gasto y, sin embargo, obtiene la posibilidad de alcanzar conocimientos técnicos en armamentos de que no dispone nuestro país. Naturalmente, este tipo de conocimiento no se podría lograr sino a través de esta colaboración de la Armada de Estados Unidos.

En lo que hace al "tiro dragón", nos permitimos señalar que el señor senador Korzeniak ha incurrido en un error porque no existe ninguna llamarada. El "tiro dragón" es, en realidad, un misil antitanque que no posee nuestro país, pero sí nuestros vecinos. En esta oportunidad será utilizado para que nuestros fusileros navales sepan cómo se emplea ese armamento y qué efectos produce.

Reiteramos que nuestra marina no cuenta con misiles y carece de conocimientos en esa materia, por lo que la práctica que se realizará el 11 de octubre posibilitará que se obtenga una información que de otra manera resultaría imposible de alcanzar.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: comparto el planteamiento realizado por el señor senador Korzeniak, y me voy a permitir agregar que cuando se hace mención a que este ejercicio conjunto responde a un Tratado firmado en 1947, se debe tener en cuenta que ese acuerdo se celebró en una época -si mal no recuerdo, ésta se extendió hasta 1953- en que se agravaron las tensiones provocadas por la llamada Guerra Fría. Por consiguiente, en nuestro continente se generó una gran preocupación a nivel militar que derivó en una preparación de los ejércitos latinoamericanos, bajo la dirección del Pentágono de los Estados Unidos, ante la perspectiva de una agresión desde el exterior del territorio americano. Esto formaba parte de todo un andamiaje que llevó a la uniformidad en el aprendizaje militar y a la concertación de muchos convenios. También se instalaron academias, tanto en el Canal de Panamá como en los Estados Unidos. Sin embargo, con el correr del tiempo, todo esto no se correspondió con la realidad. La primera vez que fue puesto a prueba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y se tuvo oportunidad de defender algo específicamente americano frente a la agresión extranjera, fue cuando se originó el conflicto sobre las Islas Malvinas, instancia en la cual Argentina -en el acierto o en el error- apeló a la solidaridad latinoamericana y la recibió. En cambio, quien en 1947 había patrocinado la unidad para defender a América de los peligros exteriores, en este caso prefirió unirse firmemente a su aliado natural, a Inglaterra, y dejar por el camino las aspiraciones de Argentina. Por lo tanto, la historia de América Latina ha demostrado que estos instrumentos no han servido para defender estrictamente las economías, ni los territorios, ni tampoco los pueblos que la componen. Pero en este caso debemos decir que existe un elemento agravante y es el hecho de que se trate, justamente, del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, que desde el siglo pasado -y muy particularmente en este siglo- se ha caracterizado por constituirse siempre en punta de lanza contra las causas más positivas que se hayan levantado en el continente. Esto quedó demostrado, por ejemplo, en Santo Domingo y en otras repúblicas latinoamericanas, como Panamá, donde justamente la Infantería de Marina fue la punta de lanza empuñada por agredir a dicho país, al grito de que se lo hacía por la democracia y en contra de las drogas e instaurar un gobierno cuyo Presidente y Vicepresidente son acusados, hoy, de estar absolutamente entremezclados con los intereses de las drogas.

Por ende, para los pueblos de latinoamérica y para la gente que tiene cierta visión de lo que ha sido el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, su sola mención tiene un sentido totalmente negativo dado que simboliza lo peor del imperialismo norteamericano, por lo menos en lo que va desde este siglo y también en el pasado.

Digo esto, sin perjuicio de lo que manifestaba el señor senador Korzeniak -cuyas palabras comparto- y yo mismo en alguna oportunidad, en cuanto al papel de gendarmes que ellos se arrogan en el Golfo Pérsico. Aclaro que no comparto en absoluto la agresión de Irak contra Kuwait, pero de todos modos ello no justifica esa posición hipócrita que ha asumido el Gobierno norteamericano con respecto a la situación que allí se vive.

Por todo lo expuesto, me parece totalmente justificativo votar negativamente esta autorización.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Agradezco al señor senador Santoro la información, que creo es correcta, con respecto al marco normativo al que se ciñe este pedido, lo que reafirma mi voto contrario. Pero eso no contradice mi afirmación. Hablé de la desprolijidad -que ya viene siendo habitual- del Poder Ejecutivo por cuanto en sus Mensajes ni siquiera dice cuáles son las normas en las que basa su propuesta. De modo que el señor senador Santoro ha sustituido brillantemente esa omisión del Poder Ejecutivo, y sinceramente lo celebro.

En segundo lugar, en lo que se refiere al significado de la expresión "tiro dragón" quiero decir que posiblemente sea el que el señor senador Santoro ha manifestado. Sin embargo, en un diccionario sobre términos de marina del año 1941 que pude consultar, aparece esa expresión y no creo que en esa época existieran los misiles y por ende, tampoco los antimisiles. De cualquier manera es probable que hoy, como al igual que el Derecho, la gramática tiene un sentido histórico evolutivo, la expresión "tiro dragón" signifique efectivamente lo que decía el señor senador Santoro. Confieso mi ignorancia con respecto a esta materia y a la vez me enorgullezco de esto. Es de las ignorancias que no me preocupan; con respecto a las otras, generalmente hago algo por tratar de superarlas.

Nada más.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Pido la palabra para ilustrar al Cuerpo sobre lo que es el "tiro dragón".

SEÑOR PRESIDENTE. - Habida cuenta de la pericia que en materia armamentística parece tener el señor senador Cadenas Boix, le concedemos el uso de la palabra para que ilustre al Cuerpo.

SEÑOR CADENAS BOIX. - Traté de asesorarme porque tengo muy poca versación en la materia.

Se trata de un misil antitanque que funciona filoguiado. Esto quiere decir que funciona a través de un hilo que va desarrollando detrás de sí a medida que avanza, y mediante el cual recibe señales que le son dirigidas solamente en virtud de la puntería que toma, desde el arma de lanzamiento, la persona que lo dispara. De esa forma llega a su destino.

Es cuanto quería informar.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. - Señor Presidente: naturalmente que puedo admitir una oposición respecto a la realización de estas maniobras, que se tengan discrepancias, reservas, críticas o antipatías por el Gobierno de los Estados Unidos, o por su Armada. Ello forma parte de lo que puede ser la preferencia o no que cada uno tiene sobre la política de otros países, o la coincidencia o falta de coincidencia respecto a actitudes asumidas en el pasado, más cerca o más lejos de nuestro país.

Lo que, en cambio, quiero decir, es que me llama la atención que se hable de falta de prolijidad del Gobierno respecto de este Mensaje. Confieso que lo leo y lo releo, y no veo por qué razón se lo puede tildar de desprolijo. Cualquier Gobierno, éste o los que le sucedan, podrá un día -quizás por apresuramiento o imprevisión- emitir un texto con redacción defectuosa. Pero en mi concepto éste es claro. Creo haber oído decir que la falta de prolijidad radicaría en que no se señalan las normas en virtud de las cuales el Gobierno solicita autorización para que el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos realice, por algunas horas, una práctica de tiro cerca de Montevideo.

No advierto, señor Presidente, cuál es la norma constitucional que establece que hay que basarse en una disposición determinada, de rango legal, para autorizar el ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio a los efectos de realizar maniobras. El numeral 11) del artículo 85 de la Constitución de la República, sólo exige que, cuando se permita la entrada de tropas extranjeras al territorio de la República, se determine el tiempo en que deban salir de él. Eso está dicho en el Mensaje. Las prácticas se van a realizar entre las 8 y 16 horas del día 11 de octubre. Durante ocho horas se van a desarrollar estas maniobras. Todo está muy claro.

¿De dónde surge, señor Presidente, que el Mensaje tendría que decir que ellas se hacen en cumplimiento de determinado Tratado? No recuerdo de memoria el texto del TIAR, al que se acaba de referir el señor senador Santoro. Si lo dice, ahí está la contestación adecuada. Pero aunque no se mencionara norma alguna igualmente, el Gobierno podría solicitar esta autorización, y el Parlamento otorgarla. En ninguna parte se establece que la autorización tenga que estar condicionada a un Tratado o a una norma determinada, que establezcan lo que aquí se reclama equivocadamente.

Vamos a votar, sin ningún tipo de dudas -creemos que el tema no da para mayores comentarios- esta solicitud del Poder Ejecutivo.

No quiero terminar mis palabras sin señalar una discrepancia respecto de otro comentario que he escuchado, sobre la mala aplicación que en algunas oportunidades se habría hecho del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es decir, del TIAR. Como prueba de esa mala aplicación del Tratado se menciona, como ejemplo reciente, que el mismo no fue puesto en práctica durante la guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Esta tesis la sostuvo la Cancillería del gobierno de facto de aquel momento. Puedo apreciar que ahora, en el seno del Parlamento democrático, las coincidencias se repiten. Esto me llama la atención, porque una cosa es lo que cada uno pueda pensar respecto de la legitimidad de la reclamación argentina sobre el archipiélago, y otra, muy diferente, es la aplicabilidad o no a la guerra de referencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

El TIAR sólo funciona cuando un Estado ajeno al sistema interamericano ataca a un miembro del mismo. En esa circunstancia, sí se debe poner en práctica. Pero tenemos que admitir que, más allá de lo que cada uno de nosotros piense acerca de la legitimidad del reclamo argentino sobre las Malvinas, fue la República Argentina quien agredió a Gran Bretaña, y ésta fue quien se defendió.

No hay ninguna norma de Derecho Internacional -es bueno recordarlo- que establezca que la guerra es un método para reclamar la devolución de territorios, que se entiendan propios y perdidos. Ello está expresamente prohibido, no sólo por las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA sino, además, por toda esa otra enorme fuente de Derecho Internacional que es la costumbre. Entonces, lamentándolo por la Argentina, creo que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en aquella oportunidad, mal podía haber sido aplicado para defender a la Argentina, por parte de los miembros del sistema interamericano, por la razón que acabo de señalar.

La Argentina recurrió a un método expresamente prohibido por el Derecho escrito, y por las costumbres internacionales, para reclamar lo que entendía, en el acierto o en el error, que era suyo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley que está en consideración.

(Se vota:)

-20 en 27. Afirmativa.

SEÑOR VIERA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA. - Me felicito por el hecho de que en el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica de la OEA hayamos expresado que era necesario, para una organización latinoamericana nueva, modernizada, ligar esto a la anulación del TIAR.

Por tal motivo, señor Presidente, quiero que este voto a este proyecto no sólo sea negativo; sino que también quede establecida la aspiración de que una vez por todas anulemos un Tratado que está en contra de los intereses de nuestros pueblos.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - En el fundamento de voto quiero dejar constancia de que he votado por la negativa, por los motivos que han expuesto mis compañeros de bancada del Frente Amplio. Deseo fervientemente que esta práctica, que ha sido aprobada por mayoría, no traiga consecuencias desgraciadas por el hecho de que se erren algunos disparos de los misiles y tengamos que lamentar algunos problemas.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Señor Presidente: he votado afirmativamente porque, sin querer entrar a considerar los distintos puntos de vista que se han manifestado en Sala respecto al momento que vive la humanidad en relación con la paz internacional, felizmente todos estamos expresando un sentido positivo de la situación internacional. El tema es mucho más concreto. Se trata de un simple ejercicio militar que se va a desarrollar en el territorio nacional durante apenas ocho horas. Todo sector profesional tiene el deseo de poner en práctica y tomar contacto con lo que constituye la última palabra en elementos materiales y técnicos. Esto es lo que sucede en este caso con los marinos uruguayos que van a tener la oportunidad de ejercitarse y tener un contacto directo con armamento muy sofisticado. La presencia de este cuerpo norteamericano durante sólo ocho horas en territorio nacional está diciendo muy a las claras que nada tiene que ver con consideraciones de orden filosófico y político en cuanto a la situación internacional del presente o con respecto a los orígenes del TIAR en 1947, la guerra de las Malvinas u otras consideraciones que entiendo que en esta emergencia no corresponden.

En virtud de lo expuesto, señor Presidente, he dado mi voto afirmativo a este proyecto de ley.

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador para fundar el voto.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: no estaba en Sala en el momento en que se producía la votación, pero quiero expresar que hubiera votado negativamente este proyecto de ley.

La guerra fría supuestamente ha culminado y la guerra caliente que los Estados Unidos mantienen en América Latina, por cierto, está muy presente, habida cuenta de que estamos en plena invasión de un territorio americano. Además recuerdo -no puedo dejar de hacerlo- las primeras etapas de conciencia cívica que fueron valoradas desde mi propia familia y mis compañeros- que lo siguen siendo hasta el día de hoy en algunos de los alineamientos políticos actuales- sino también en los de algunos compañeros nacionalistas que me enseñaron, más allá por los años cincuenta, a raíz de algunas de las situaciones que vivimos por entonces, a tratar de ver con claridad cuáles son los amigos del pueblo uruguayo y cuáles son los potenciales enemigos de este mismo pueblo.

SEÑOR PRESIDENTE. - En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Autorízase a integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América embarcados en el USS "HARLAN COUNTY" a ingresar al territorio nacional, a fin de realizar ejercicios de tiro conjuntamente con personal del Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada Nacional, el día 11 de octubre del corriente año, desde las 08.00 a las 16.00 horas y trasladarse al Polígono de la Prefectura Nacional Naval ubicado en Punta Tigre, en vehículos del Cuerpo de Fusileros Navales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR ARANA. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: con fecha 1º de agosto formulé un pedido de informes a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas -en un sentido confluyente con lo planteado en la hora previa por el señor senador Viera- relacionado con la construcción de viviendas destinadas a jubilados que perciban una asignación de hasta dos salarios mínimos nacionales, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley Nº 15.900. Habiendo pasado más de 45 días de esta solicitud -que por otra parte considero de fácil contestación- entiendo pertinente pedir al Cuerpo que haga suya la reiteración de la misma.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor senador Arana en el sentido de que el Senado haga suyo el pedido de informes a que ha hecho referencia.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

19) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1989.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figuraba en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 1989. (Carp. Nº 267/90 - Rep. Nº 113/90 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 267/90
Rep. Nº 113/90

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1989, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de N$ 240.284:462.000 (nuevos pesos doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil), según los anexos que acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.

Art. 2º. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1991, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Los créditos establecidos para sueldos, gastos e inversiones, subsidios y subvenciones, corresponden a valores del 1º de enero de 1990. Dichos créditos se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricos o formales que se comprueben en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 3º. - El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado al personal que empleen en trabajos manuales en condiciones de riesgo.

Esta obligación se mantiene aun cuando distintos tipos de reglamentaciones les otorguen el derecho a licencia con goce de sueldo mientras no se reintegren al trabajo. El personal asegurado recibirá, durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella dure, la indemnización fijada por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, y directamente de los organismos mencionados la diferencia de remuneración que pueda corresponderle según las leyes o reglamentos a que estén sometidos.

Derógase el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

Art. 4º. - Los jerarcas de los Incisos 02 al 14 proporcionarán a la Oficina Nacional del Servicio Civil, dentro de los sesenta días de la vigencia de la presente ley, la relación de los funcionarios de sus dependencias que posean estudios aprobados en alguna rama de la medicina u odontología, a efectos de ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública".

De dicha redistribución, solamente podrán exceptuarse aquellos casos debidamente fundados por razones de servicio a juicio de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Las redistribuciones que se realicen por esta causa, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Art. 5º. - Autorízase al Poder Ejecutivo a reforzar los créditos presupuestales de suministros por las obligaciones impagas que los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional mantengan con los Entes públicos proveedores al 30 de junio de 1990.

Dichos importes surgirán de una conciliación de adeudos entre ambas partes, que serán verificadas por la Contaduría General de la Nación.

Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar un régimen de facilidades para compensar y pagar los adeudos anteriores a la fecha indicada en el inciso primero entre los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional y los Entes públicos proveedores de suministros, así como entre dichos Entes, pudiéndose establecer mecanismos de reajuste e intereses, los cuales estarán exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Art. 6º. - Establécese que, a partir del 1º de enero de 1992, el régimen general de adquisiciones de los organismos estatales y paraestatales, tendrá la misma protección a la industria nacional que tengan las demás adquisiciones en el mercado.

El margen de preferencia establecido en el artículo 374 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, disminuirá al 20% (veinte por ciento) a partir del 1º de enero de 1991, al 10% (diez por ciento) al 1º de julio de 1991, y quedará eliminado el 1º de enero de 1992.

Art. 7º. - Agrégase al numeral 3) del artículo 482 de la Sección 2, De los Contratos del Estado, de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el siguiente literal:

"N) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras, que involucre un intercambio compensado con productos nacionales de exportación".

Art. 8º. - En las contrataciones del Estado, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, los pliegos generales y particulares a que refiere el artículo 489 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, aun en los casos previstos en el artículo 486 de la referida ley, a efectos de asegurar la igualdad de tratamiento de los oferentes, deberán ajustarse a los siguientes criterios:

1) A los oferentes de productos, servicios u otras nacionales, se les permitirá:

A) Ofertar en la misma moneda de pago que a los restantes oferentes.

B) Obtener los mismos instrumentos de crédito o de pago que los restantes oferentes, incluyendo la apertura de cartas de crédito.

2) En los casos que la adquisición del exterior se encontrare exonerada de tributos a la importación o del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se sumarán idealmente a la oferta del exterior. El monto así calculado será el que se utilice en la comparación de ofertas.

3) En las adquisiciones tanto de plaza como del exterior se requerirá que los oferentes coticen los objetos puestos en el almacén del comprador, incluyendo en dicho precio todos los gastos que ello implique.

Art. 9º. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, por el siguiente:

"Los haberes generados entre esa fecha y la del efectivo reintegro del funcionario le serán abonados, dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de su efectiva reincorporación, en veinticuatro cuotas mensuales, iguales y sucesivas, hasta la cancelación definitiva. Dichas cuotas se liquidarán conjuntamente con el sueldo y se incrementarán en el mismo porcentaje y en cada oportunidad en que se disponga aumento de las retribuciones personales de los funcionarios públicos".

Art. 10. - Para la renovación de los contratos de ingreso a la función pública celebrados antes del 13 de marzo de 1990, se prescindirá de los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Art. 11. - El ingreso a la función pública en los escalafones E, F y R, al amparo de las excepciones previstas en los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, sólo podrá realizarse mediante concurso de oposición y méritos, de méritos y prueba de aptitud o mediante sorteo.

Art. 12. - El delegado de los funcionarios que integrará el Tribunal a que refiere el artículo 12 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, será elegido por voto secreto.

Art. 13. - El asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil a que refiere el artículo 14 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, respecto a la Administración Central y a los Servicios Descentralizados, se realizará con la participación de un delegado de los gremios representativos de los funcionarios.

Art. 14. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 16 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente:

"Las necesidades de personal de la Administración Pública serán cubiertas con funcionarios declarados excedentes del Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales, sean presupuestados o contratados con carácter permanente, de los escalafones civiles. No podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los escalafones docentes y del Servicio Exterior, como así tampoco aquellos que revistan en cargos políticos o de particular confianza".

CAPITULO II
INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO 02
Presidencia de la República

Artículo 15. - Inclúyese en las excepciones del artículo 71 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de la República".

Art. 16. - Declárase que el cargo de Director de Proyectos de Desarrollo Regional del Programa "Planificación del Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República" Unidad Ejecutora 005 "Dirección de Proyectos de Desarrollo" creado por el artículo 59 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, es de particular confianza.

La retribución será la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 17. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil deberán proporcionar los datos e informes que soliciten los legisladores para llenar sus cometidos, que se tramitarán por escrito por intermedio del Presidente de la Cámara respectiva.

INCISO 03
Ministerio de Defensa Nacional

Artículo 18. - Deróganse los artículos 38 y 10 de las Leyes Nº 9.461, de 31 de enero de 1935, y Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, respectivamente, en la redacción dada por el artículo 115 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, y el porcentaje del 50% (cincuenta por ciento) del haber previsto en el artículo 102 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974.

Cuando se designe personal militar en misión oficial en el extranjero, integrando fuerzas para el cumplimiento de una misión específica o por obligaciones internacionales contraídas por la República, el Poder Ejecutivo dispondrá el pago de un suplemento equivalente al 100% (cien por ciento) del sueldo militar y compensaciones correspondientes. Este suplemento no se abonará si el personal indicado percibe viáticos a cargo del Estado por sus obligaciones en el exterior.

Art. 19. - La adquisición en el exterior de materiales y equipamiento para la Armada Nacional será financiada en el Ejercicio 1990 de la siguiente manera:

A) Una partida de U$S 1:597.685 (dólares de los Estados Unidos de América un millón quinientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y cinco) con cargo a la financiación 1.5 Endeudamiento Externo, que se habilitará en el Programa 003 "Marina - Armada Nacional".

B) El saldo se atenderá con cargo a los fondos extrapresupuestales de los distintos programas del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", según lo determine el Poder Ejecutivo. A tales efectos deberán adecuarse los respectivos preventivos dentro de los treinta días de publicada la presente ley.

Art. 20. - Derógase el literal c) del artículo 195 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984.

Art. 21. - Otórgase, a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990, una compensación mensual de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil), sujeta a montepío, al personal militar que se establece a continuación:

A) Alférez, Teniente 2º, Teniente 1º y Capitán y equivalentes.

B) Personal subalterno combatiente del grado Soldado de 2da. a Sargento y equivalentes.

Art. 22. - Extiéndese a los Oficiales Superiores de la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Prefectura Nacional Naval lo dispuesto por el artículo 239 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, con vigencia al 1º de febrero de 1985.

Dicha asignación no generará derecho a percibir ninguna suma por retroactividad, cualquiera sea el estado militar de los beneficiarios.

INCISO 04
Ministerio del Interior

Artículo 23. - Los integrantes del Personal Subalterno del subescalafón de Policía Ejecutiva que cumplan como mínimo cuarenta y ocho horas semanales de labor y que efectivamente desarrollen funciones ejecutivas de conformidad con el literal A) del artículo 41 de la Ley Nº 13.963, de 22 de mayo de 1971, percibirán una compensación mensual sujeta a montepío de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil).

El Personal Superior del subescalafón ejecutivo que ejerza su función en las Jefaturas de Policía, Dirección Nacional de Policía Caminera, Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciaría y Centros de Recuperación, Dirección Nacional de Policía Técnica y Dirección Nacional de Bomberos, percibirá también la compensación referida.

Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990.

Art. 24. - Autorízase al Poder Ejecutivo, por única vez, a transformar en el cargo inmediato superior los cargos ocupados por funcionarios policiales del personal subalterno del subescalafón ejecutivo que estén percibiendo, a la fecha de esta ley y por aplicación del beneficio de permanencia en el grado, las remuneraciones salariales del cargo superior inmediato.

Art. 25. - Autorízase al Poder Ejecutivo a actualizar cuatrimestralmente los precios que percibe el Inciso 04 "Ministerio del Interior" por los servicios que preste hasta la variación registrada por el Indice General de los Precios del Consumo, con excepción de aquellos que se ajusten por otro procedimiento.

INCISO 05
Ministerio de Economía y Finanzas

Artículo 26. - Autorízase al Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" a contratar a término, por el régimen de arrendamiento de servicios, a personal que preste tareas en la cafetería destinada a los funcionarios de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría General de la Nación y Tesorería General de la Nación y en el jardín Maternal para los hijos de dichos funcionarios. Quienes de acuerdo a dichas contrataciones presten servicios no revestirán la calidad de funcionarios públicos.

Art. 27. - Fíjase, por única vez, una partida de N$ 491:050.000 (nuevos pesos cuatrocientos noventa y un millones cincuenta mil) equivalentes a U$S 610.000 (dólares de los Estados Unidos de América seiscientos diez mil) como contrapartida nacional del Convenio sobre Cooperación Técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (ATN/SF 3449-UR) para la realización en la Dirección General Impositiva de un Proyecto sobre "Ampliación y Consolidación del Registro Unico de Contribuyentes, Cuenta Corriente Tributaria y Adiestramiento de Personal".

Este crédito regirá a partir del 1º de junio de 1990.

Art. 28. - Suprímense el Programa 011 "Investigación de Mercados y Regulación de Precios" y su correspondiente Unidad Ejecutora 011 "Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos".

Las funciones y cometidos asignados a dicha Unidad Ejecutora pasarán a ser desempeñados por la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas".

Art. 29. - El Poder Ejecutivo determinará los funcionarios y el crédito de retribuciones personales de la Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos y el Programa 011 "Investigación de Mercados y Regulación de Precios" que pasarán a integrar la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas y el Programa 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la conducción Económico-Financiera", respectivamente, a efectos de poder dar cumplimiento a las nuevas funciones asignadas.

Los funcionarios excedentes se regirán por lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Art. 30. - Los créditos presupuestales para gastos de funcionamiento e inversiones, muebles, útiles y documentación del programa y Unidad Ejecutora que se suprimen por el artículo 28 de la presente ley pasarán a integrar el programa y Unidad Ejecutora al cual se transfieren sus cometidos.

Art. 31. - Suprímese el cargo de particular confianza de Director de la Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos.

Art. 32. - Autorízase a los funcionarios de los Programas 001 "Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas" y 002 "Contaduría General de la Nación" del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" a realizar, en ocasión de las tareas que demande la preparación del Presupuesto Nacional y de las Rendiciones de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal hasta un máximo de cien horas extras mensuales pudiendo efectuar, como máximo, cuatro horas extras diarias.

INCISO 06
Ministerio de Relaciones Exteriores

Artículo 33. - Sustitúyese el literal B) del artículo 49 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1981, por el siguiente:

"B) El pago de embalaje, transporte y fletes y seguro, en las condiciones establecidas en el literal c) del artículo 43 de la Ley Nº 15.767, de 13 de setiembre de 1985".

Art. 34. - Autorízase al Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", a través de la Dirección del Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE), a arrendar su anfiteatro en los casos que lo estime oportuno. El producido del arrendamiento será recaudado por IASE y se destinará el 50% (cincuenta por ciento) a Rentas Generales. El restante 50% (cincuenta por ciento) será para gastos de funcionamiento, a excepción de retribuciones personales, e inversiones del Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores".

El Poder Ejecutivo fijará el precio del arrendamiento en Unidades Reajustables.

INCISO 12
Ministerio de Salud Pública

Artículo 35. - Sustitúyese el artículo 445 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, por el siguiente:

"ARTICULO 445. - Créase en el programa 001 "Administración Superior" Unidad Ejecutora 001 "Administración Superior", el cargo de Subdirector General de la Salud que será de particular confianza (Técnico Profesional en el área de la salud)".

Art. 36. - Los fondos extrapresupuestales recaudados por la Unidad Ejecutora 001 "Administración Superior" del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" podrán destinarse, en caso de ser necesario, a atender el pago de adquisiciones de bienes o de servicios no personales con destino a las unidades ejecutoras dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Art. 37. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1990, la partida fijada en el artículo 270 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en el Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud", en la suma de N$ 366:000.000 (nuevos pesos trescientos sesenta y seis millones).

Art. 38. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1990, la partida fijada por el artículo 245 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en el Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud", en la suma de N$ 115:200.000 (nuevos pesos ciento quince millones doscientos mil).

INCISO 14
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Artículo 39. - Incorpórase al Presupuesto Nacional el Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" cuyos objetivos y metas se describen en la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990.

Tendrá a su cargo la ejecución de los Programas presupuestales siguientes:

001 "Administración Superior"

Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente"

002 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda e instrumentación de la política en la materia"

Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Vivienda"

003 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de desarrollo urbano y territorial"

Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial"

004 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de protección de medio ambiente"

Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Medio Ambiente"

Art. 40. - Créanse, a partir del 1º de julio de 1990, en el Programa 001 "Administración Superior", un cargo de Director General de Secretaría y un cargo de Subdirector General de Secretaría, que tendrán el carácter de particular confianza.

Art. 41. - Créanse, a partir de la promulgación de la presente ley, un cargo de Asesor Letrado A 22, serie Abogado; un cargo de Director de División A 22, serie Contador, y un cargo de Asesor Notarial A 21, serie Escribano, que tendrán un régimen de cuarenta horas semanales de labor y percibirán, como mínimo, el 80% (ochenta por ciento) de la compensación establecida en el artículo 50 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 42. - Los funcionarios que se designen en los cargos creados por el artículo anterior, deberán ser funcionarios públicos. Percibirán la diferencia entre las remuneraciones de estos cargos y las de sus oficinas de origen desde la fecha de promulgación de la presente ley.

En caso de que en sus oficinas de origen, las remuneraciones fueren mayores, las diferencias serán recibidas como compensación a los funcionarios y sujetas a montepío, considerándose de naturaleza salarial a todos los efectos.

Art. 43. - Créanse, a partir del 1º de julio de 1990, en los Programas que se indican, los siguientes cargos:

- Programa 002 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda e instrumentación de la política en la materia" Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Vivienda", un cargo de Director Nacional de Vivienda.

- Programa 003 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de desarrollo urbano y territorial" Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial", un cargo de Director Nacional de Ordenamiento Territorial.

- Programa 004 "Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de protección de medio ambiente" Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Medio Ambiente", un cargo de Director Nacional de Medio Ambiente.

Los cargos referidos precedentemente tendrán el carácter de particular confianza y les corresponderá la remuneración establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 44. - Asígnase al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" las siguientes partidas anuales, las que se habilitarán en su totalidad a partir del 1º de julio de 1990.

RUBRO  

DESCRIPCION   

IMPORTE
N$

  

0  

Servicios personales  

39:217.000

2  

Materiales y suministros  

59:000.000

3  

Servicios no personales  

67:408.000

4.7  

Motores y partes para reemplazo  

2:400.000

7  

Subsidios y otras transferencias  

10:800.000

9  

Asignaciones globales  

1:500.000

Facúltase al referido Inciso a realizar la apertura por subrubros, así como la distribución de las partidas asignadas entre los Programas correspondientes.

Art. 45. - El financiamiento de los Programas de funcionamiento y Proyectos de inversión cuya fuente original no fuere Rentas Generales, que se transfieran según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 16.112, de 30 de mayo de 1990, quedará a cargo de Rentas Generales.

Art. 46. - Asígnase, por única vez, una partida de N$ 48:300.000 (nuevos pesos cuarenta y ocho millones trescientos mil) para equipamiento.

La presente disposición regirá a partir del 1º de julio de 1990.

Art. 47. - Establécese un régimen de cuarenta horas semanales de labor para los funcionarios del Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente".

CAPITULO III
ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 16
Poder Judicial

Artículo 48. - Increméntase la partida creada por el literal a) del artículo 516 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a partir del Ejercicio 1990, en N$ 150:000.000 (nuevos pesos ciento cincuenta millones) a valores del 1º de enero de 1990.

Art. 49. - Extiéndese la compensación especial no sujeta a montepío dispuesta por el artículo 112 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, a los Jueces de Paz Departamentales del Interior y los Jueces de Paz de las ciudades del interior.

Art. 50. - La facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia por el artículo 121 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, también podrá ser ejercida respecto a todos los Juzgados de la República, cualquiera sea su materia.

Art. 51. - Extiéndese la excepción establecida en el inciso segundo del artículo 2º de la Ley Nº 16.053, de 20 de julio de 1989, a aquellos Juzgados en los que la Suprema Corte de Justicia, por resolución fundada, disponga que actúen simultáneamente de conformidad con los anteriores y nuevos procedimientos en primera instancia.

Art. 52. - Cuando los tribunales colegiados eleven expedientes en casación a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, deberán remitir conjuntamente los facsímiles a que refiere el artículo 344.2 del Código General del Proceso, los que tendrán el mismo valor que si fueran certificados por el Secretario de aquella Corporación.

Los órganos colegiados podrán disponer la destrucción de dichos facsímiles, cuando no fuere de utilidad ulterior su conservación.

Art. 53. - Transfórmase un cargo de Juez Letrado de Primera Instancia del Interior en Prosecretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia el que quedará equiparado, a todos los efectos de la carrera judicial como en su dotación, a los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior.

INCISO 18
Corte Electoral

Artículo 54. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1990, el Rubro 3 "Servicios no Personales", excepto suministros, en N$ 46:000.000 (nuevos pesos cuarenta y seis millones).

Art. 55. - Fíjase el crédito para gastos con cargo al Rubro 3 "Servicios no Personales", renglón 3.8.9, derivado 004, en N$ 3:220.000 (nuevos pesos tres millones doscientos veinte mil), equivalente a U$S 4.000 (dólares de los Estados Unidos de América cuatro mil) para el Ejercicio 1990, a fin de efectuar los contratos de arrendamiento de obra necesarios para programar y poner en marcha el equipo de computación del Departamento de Contaduría.

Art. 56. - Increméntase, a partir del 1º de enero de 1990, el crédito para inversiones en N$ 20:000.000 (nuevos pesos veinte millones) para atender el Proyecto 001 "Reparación y Mejoras de las Oficinas Electorales Departamentales".

Art. 57. - Los funcionarios de los Escalafones D a F que a la fecha de promulgación de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por resolución de la Corte Electoral hubieren desempeñado en forma continua y durante un lapso no menor de cuatro años tareas propias del Escalafón C y continúen haciéndolo al presente, podrán solicitar su regularización presupuestal mediante la incorporación en el grado equivalente de dicho Escalafón.

Regirán al efecto las demás disposiciones, excepciones, plazos y condiciones establecidas por el artículo 337 de la citada ley.

INCISO 25
Administración nacional de Educación Pública (ANEP)

Artículo 58. - Otórgase a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990, una partida mensual sujeta a montepío de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil) a los maestros del Escalafón H de la Unidad Ejecutora 002 "Consejo de Educación Primaria" que ejerzan efectivamente la docencia directa a educandos en establecimientos de dicha unidad. En caso de acumulación de cargos, la partida se abonará sólo en el de remuneración mayor.

INCISO 26
Universidad de la República

Artículo 59. - Sustitúyense los literales D) y E) del artículo 382 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por los siguientes:

"D) Reforzar las asignaciones de inversiones con créditos destinados a gastos corrientes o al Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales".

E) Para reforzar los créditos de los Rubros 2 "Materiales y Suministros" y 3 "Servicios no Personales" y los subrubros 4.7 "Motores y partes para reemplazo" y 5.4 "Semovientes", se podrá utilizar hasta un 10% (diez por ciento) de los créditos asignados a inversiones y de los asignados al Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales".

Art. 60. - El fondo permanente que se asigne al Inciso 26 "Universidad de la República" de acuerdo a lo establecido por el artículo 535 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, será equivalente a dos duodécimos de la suma total asignada en el respectivo presupuesto para gastos de funcionamiento, con excepción de la correspondiente a retribución de servicios personales, cargas legales y prestaciones de carácter social, y suministros de bienes o servicios efectuados por organismos estatales y paraestatales. Dicho monto será ajustado anualmente al 1º de enero de cada año de acuerdo a los créditos permanentes vigentes a esa fecha.

Art. 61. - El monto resultante de los descuentos sobre sueldos de los funcionarios docentes y no docentes de la Unidad Ejecutora 015 "Hospital de Clínicas", como consecuencia de sanciones, inasistencias o impuntualidades, se destinará a la contratación de suplentes.

A tales efectos la Universidad de la República comunicará mensualmente a la Contaduría General de la Nación los descuentos efectuados, quien habilitará la asignación correspondiente en el renglón 0.7.3., derivado 332 "Retribuciones Funcionarios que sustituyen Funciones Centros Asistenciales", procediendo a la baja del monto respectivo en el crédito de origen.

Art. 62. - Los créditos presupuestales correspondientes a licencias sin goce de sueldo y apartamientos de la carrera administrativa, en este caso para los funcionarios docentes, serán utilizados para la contratación de suplentes en los servicios respectivos.

Art. 63. - Los créditos asignados para las partidas correspondientes a becas y seguro de salud del Programa 003 "Bienestar Universitario", se ajustarán periódicamente en la forma dispuesta por el artículo 6º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

CAPITULO IV

INCISO 21
Subsidios y subvenciones

Artículo 64. - Increméntase, para el Ejercicio 1990, el monto del subsidio fijado para Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE) en N$ 443:769.000 (nuevos pesos cuatrocientos cuarenta y tres millones setecientos sesenta y nueve mil) para regularizar los adeudos pendientes de pago con organismos públicos.

Art. 65. - Fíjase en hasta N$ 36:000.000 (nuevos pesos treinta y seis millones) la subvención concedida por el inciso primero del artículo 409 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, al Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo.

CAPITULO V

INCISO 24
Diversos Créditos

Artículo 66. - Transfiérese del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" al Inciso 24 "Diversos Créditos", el Programa "Generación y Transferencia de Tecnología", habilitándose los saldos del mismo a la fecha de promulgación de la presente ley.

Dicho Programa será ejecutado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el que administrará la partida establecida precedentemente.

Art. 67. - Autorízase al Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" a transferir del crédito asignado por el Proyecto 812 "Puentes Varios", financiación FIMTOP del Programa 003 "Dirección Nacional de Vialidad", la suma de N$ 755:000.000 (nuevos pesos setecientos cincuenta y cinco millones) del Ejercicio 1990, a valores del 1º de enero de 1990, al crédito asignado por el artículo 366 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, incrementado por el artículo 94 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, para financiar gastos de traslado de docentes a centros de enseñanza de difícil acceso en el interior de la República.

CAPITULO VI
NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 68. - Declárase que las disposiciones del Título II del Libro II del Código General del Proceso, relativas al proceso cautelar, no han afectado la vigencia de los artículos 87 a 90 del Código Tributario, que regían a la echa de la promulgación de aquél.

Art. 69. - Facúltase a la Dirección General Impositiva a proceder a clausurar, hasta por un lapso de seis días hábiles, los establecimientos de los sujetos pasivos en los casos en que se compruebe que realicen ventas o presten servicios sin emitir factura o documento equivalente cuando corresponda, escrituren facturas por un importe menor al real o transgredan el régimen general de documentación.

Los hechos constitutivos de la infracción serán documentados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 del Código Tributario y la clausura deberá decretarse por resolución fundada.

Los recursos que se interpongan contra dicha resolución no tendrán efecto suspensivo.

La Dirección General Impositiva podrá contar con el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir esta disposición.

Art. 70. - Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y de percepción de todos los impuestos que recaude la Dirección General Impositiva.

Art. 71. - Interprétase que el término "ingreso neto" a efectos de la aplicación del artículo 14 del Título 7 del Texto Ordenado 1987 corresponde al ingreso bruto menos la deducción de los costos de producción establecidos en el inciso primero del artículo 11 del referido Título.

Art. 72. - Sustitúyese el inciso final del artículo 445 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"Esta disposición regirá exclusivamente para los ejercicios cerrados desde el 1º de enero de 1987 en adelante".

Impuesto a las Comisiones

Artículo 73. - Agrégase al artículo 20 del Título 4 del Texto Ordenado 1987, el siguiente literal:

"D) Las derivadas de los ingresos comprendidos en el Impuesto a las Comisiones".

Art. 74 (Hecho generador). - Créase un tributo que gravará los ingresos devengados por los sujetos pasivos de este impuesto en concepto de comisiones u otro tipo de retribuciones.

Art. 75 (Configuración del hecho generador). - El hecho generador se considera configurado cuando el contrato o acto equivalente tenga ejecución mediante la realización del servicio gravado.

Dichas prestaciones se presumirán realizadas en la fecha de la factura respectiva, sin perjuicio de las facultades de la Administración de fijar la misma cuando existiera omisión, anticipación o retardo en la factura.

En todos los casos en que la contraprestación no se haga efectiva total o parcialmente por insolvencia del deudor, prescripción, mandato judicial, rescisión del contrato, bonificación, descuento o ajuste posterior de precio o por cualquier otra causa ajena a la voluntad del contribuyente, éste tendrá derecho a la deducción del monto correspondiente.

Art. 76 (Monto imponible). - El monto imponible estará constituido por la contraprestación devengada, correspondiente a la prestación del servicio gravado.

Art. 77 (Exoneraciones). - Estarán exoneradas las comisiones u otro tipo de retribuciones obtenidas al amparo de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987.

Art. 78 (Sujetos pasivos). - Serán sujetos pasivos quienes obtengan los ingresos de referencia en su calidad de mandatarios, comisionistas o consignatarios, mediadores, corredores de cambio, agentes de comercio exterior, despachantes de aduana, rematadores, corredores y quienes desempeñen actividades de similar naturaleza aunque tengan otra denominación.

Quedan exceptuados los profesionales universitarios en el ejercicio de su profesión.

Art. 79 (Tasa). - En 1991 la tasa máxima del impuesto será del 5% (cinco por ciento); a partir del 1º de enero de 1992 la tasa máxima será del 7% (siete por ciento) y a partir del 1º de enero de 1993 será del 9% (nueve por ciento).

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la misma dentro del referido límite.

Art. 80 (Declaración jurada y pago). - El impuesto se liquidará y pagará en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 81. - El Poder Ejecutivo fijará anualmente, para las actividades que determine, el monto de ingresos hasta el cual los contribuyentes del impuesto no quedarán alcanzados por el mismo.

Tributo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Artículo 82. - Créase un tributo que gravará los escritos que se presenten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por cada parte ya sea actor, demandado o tercerista.

El referido tributo deberá ser abonado tantas veces como litigantes comparezcan.

Art. 83. - El tributo a que refiere el artículo anterior será de N$ 5.000 (nuevos pesos cinco mil).

El Poder Ejecutivo actualizará anualmente dicha suma con vigencia al 1º de enero de cada año de acuerdo a la variación del Indice General de los Precios del Consumo determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, en el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 30 de noviembre del año anterior.

Art. 84. - El Tribunal de lo Contencioso Administrativo será el agente recaudador y reglamentará la forma de instrumentación y pago del tributo.

Art. 85. - De los fondos líquidos resultantes, deducidos los gastos de emisión y percepción, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispondrá de hasta N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones) para financiar exclusivamente gastos e inversiones correspondientes a ese organismo y se regirá por las normas que regulan el uso de los fondos extrapresupuestales.

Dichos fondos también podrán utilizarse, en forma transitoria, para adelantar pagos de erogaciones que tengan otra financiación.

El referido importe se ajustará al 1º de enero de cada año de acuerdo a la variación del Indice General de los Precios del Consumo confeccionado por la Dirección General de Estadística y Censos. El saldo restante será depositado en el Tesoro Nacional.

Art. 86. - Estarán exonerados de este tributo:

A) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial.

B) Los que perciban ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos, así como sus demandados (artículo 254 de la Constitución de la República). El Tribunal de lo Contencioso Administrativo reglamentará la forma de acreditar el extremo.

C) Los escritos presentados con la firma de los letrados dependientes de la Asesoría de la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Impuesto Judicial

Artículo 87. - Los actos procesales que se indican en el artículo siguiente y que se realicen ante el Poder Judicial tributarán un impuesto cuyo valor se regulará de acuerdo con la siguiente escala:

MONTO DEL ASUNTO

VALOR

Hasta   

N$

500.000

N$

1.000

De más de

N$

500.000

hasta

N$

1:000.000

N$

2.500

De más de

N$

1:000.000

hasta

N$

2:500.000

N$

4.000

De más de

N$

2:500.000

hasta

N$

5:000.000

N$

5.000

De más de

N$

5:000.000

hasta

N$

10:000.000

N$

6.000

De más de

N$

10:000.000

hasta

N$

25:000.000

N$

7.500

Desde N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones) en adelante, el valor será de N$ 7.500 (nuevos pesos siete mil quinientos) aumentado a razón de N$ 2.000 (nuevos pesos dos mil) por cada N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones) o fracción excedente.

En los juicios de desalojo y en los asuntos por pensiones se regulará la escala anterior atendiendo al monto del importe total de un año de arrendamiento o pensión.

En el primer escrito o acta el actor o interesado de la gestión deberá expresar el valor que atribuye al asunto y, de acuerdo con dicha estimación, se aplicará la escala precedente, sin perjuicio de la facultad del Juez de aumentar dicho valor si lo considerara no ajustado.

Los asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria se regirán, según la jurisdicción donde se hubieren iniciado y hasta su conclusión, de acuerdo con la siguiente escala:

- En los Juzgados de Paz, N$ 1.000 (nuevos pesos un mil).

- En los Juzgados Letrados, Tribunales de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia, N$ 5.000 (nuevos pesos cinco mil).

En los juicios sucesorios se iniciará el asunto con el tributo que corresponda al Juzgado en que se tramita y fijado el acervo líquido de la herencia, gananciales y restituciones dotales y maritales, que a tal efecto se sumarán se liquidará aquél con arreglo a dicho monto.

Cuando se trate de comparecencias en audiencias en juicios regidos por el Código General del Proceso, el tributo a pagar será del doble del indicado precedentemente.

Art. 88. - El tributo fijado en el artículo anterior gravará los siguientes actos procesales de las partes:

A) Demanda principal, contestación, reconvención y contestación de la misma.

B) Demanda en juicio monitorio y oposición de excepciones.

C) Demanda incidental escrita y contestación.

D) Escrito de iniciación en los procesos voluntarios.

E) Comparecencia a cada audiencia de conciliación, preliminar o complementaria, en primera o segunda instancia.

F) Interposición de recursos de apelación y casación y contestación a los mismos y acción y excepción de inconstitucionalidad.

G) Escritos de prueba en los juicios que se rigen por el Código General del Proceso.

H) Demanda de ejecución de sentencia y contestación.

En caso de integración plurisubjetiva de alguna de las partes, cada integrante abonará íntegro el tributo por los actos procesales que realice, salvo que comparezcan por procurador común.

Art. 89. - En los casos de quiebra, concursos, liquidaciones de sociedades y concordatos, el monto del tributo será el que corresponda a la jurisdicción ante la cual se tramita.

No obstante ello el Juez de la causa, en cualquier tiempo, podrá fijar el monto del asunto a los efectos de la aplicación del tributo.

Art. 90. - En la intimación de pago de alquileres se deberá pagar:

A) Cuando los alquileres mensuales no excedan de N$ 20.000  

N$  

500

Alquileres mensuales de más de N$ 20.000 hasta N$ 60.000  

N$  

1.000

Alquileres mensuales de más de N$ 60.000  

N$  

2.500

B) Cuando se trate de intimación o de desalojo de comodatarios precarios, pensionistas y huéspedes de hoteles N$ 2.500

Art. 91. - En materia penal se actuará sin abonar previamente el tributo. En caso de condena se repondrá el mismo aplicando la escala que corresponda al Juzgado Letrado donde se sustanció el expediente.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, cuando se formulen denuncias o querellas por particulares, los Jueces podrán ordenar que el trámite quede sujeto a lo dispuesto precedentemente en cuanto a los tributos por los escritos o exposiciones que se promuevan hasta el auto de procesamiento.

Art. 92. - La parte del trabajador estará exonerada del pago de tributos judiciales pero el patrono deberá satisfacerlos en caso de ser condenado al pago de la demanda con costos.

Art. 93. - Estarán eximidos de los tributos establecidos:

1) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial.

2) Las personas físicas o jurídicas que disfruten de auxiliatoria de pobreza.

3) Los que gestionen la auxiliatoria de pobreza y los que interpongan el recurso de "habeas corpus" sin perjuicio de la resolución definitiva, podrán actuar en el juicio principal sin pagar los tributos que establece la presente ley, siempre que sea indispensable, en opinión del Juez, para la conservación de su derecho. En los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria la auxiliatoria de pobreza será otorgada en todos los casos en que el interesado pruebe que sus recursos son inferiores a dos salarios mínimos nacionales. En los demás casos el Juez apreciará los recursos del solicitante en relación al tributo que corresponda.

4) Los que promuevan acción por alimentos, "litis expensas" o acción de amparo, sin perjuicio de las condenaciones o reposiciones que correspondan.

5) Los exhortos y cartas rogatorias del exterior cuando en el país de origen exista reciprocidad para con la República respecto a la liberación de tributos judiciales y los que se cursen en materia penal.

En los asuntos de competencia de los Juzgados de Menores y de Familia, los Tribunales y Jueces podrán conceder exenciones sin perjuicio de las condenaciones y reintegros que se dispongan.

Estas exenciones son revocables de oficio.

La concesión o revocación de este beneficio solamente admite recurso de reposición.

Art. 94. - El tributo que se crea por las disposiciones precedentes deberá ser abonado en forma previa a la presentación de los respectivos escritos o, en su caso, de la comparecencia a las audiencias.

La Suprema Corte de Justicia recaudará este tributo y reglamentará la forma e instrumentación del mismo.

Art. 95. - El Poder Ejecutivo actualizará anualmente la escala de montos y tributos correspondientes, con vigencia al 1º de enero de cada año, de acuerdo a la variación del Indice General de los Precios del Consumo determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, en el período comprendido entre el 1º de diciembre al 30 de noviembre del año anterior.

Art. 96. - De los fondos líquidos resultantes, deducidos los gastos de emisión y percepción, la Suprema Corte de Justicia dispondrá de hasta N$ 241:500.000 (nuevos pesos doscientos cuarenta y un millones quinientos mil) para financiar exclusivamente gastos e inversiones correspondientes a ese organismo y se regirá por las normas que regulan el uso de los fondos extrapresupuestales.

Dichos fondos también podrán utilizarse, en forma transitoria, para adelantar pagos de erogaciones que tengan otra financiación.

El referido importe se ajustará al 1º de enero de cada año de acuerdo a la variación del Indice General de los Precios del Consumo confeccionado por la Dirección General de Estadística y Censos. El saldo restante será depositado en el Tesoro Nacional.

Art. 97. - Deróganse los artículos 546 a 560 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 98 (Disposición transitoria). - A los efectos de la primera actualización de los tributos Judicial y Tribunal de lo Contencioso Administrativo se tomará en cuenta el período comprendido entre el 1º de enero de 1990 y el 30 de noviembre de 1990.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 99. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 97 de la Ley Nº 13.737, de 9 de enero de 1969, por el siguiente:

"El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) es persona pública no estatal y será administrado por una Comisión Directiva integrada de la siguiente forma: un delegado del Ministerio de Industria y Energía, que la presidirá; un delegado del Banco de la República Oriental del Uruguay, y un delegado de la Cámara de Industrias del Uruguay. El Presidente de la Comisión Directiva deberá ser designado entre personas de reconocida solvencia en la materia que compete a la institución y su remuneración será equivalente a la establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

Art. 100. - Las personas de derecho público no estatal presentarán ante el Ministerio que corresponda, antes del 30 de abril de cada ejercicio, un presupuesto de funcionamiento e inversiones para el ejercicio siguiente y un balance de ejecución por el ejercicio anterior, acompañado con un informe de auditoría contable y de gestión realizado por profesionales independientes.

El Poder Ejecutivo, previa verificación, los incluirá a título informativo en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio respectivo.

A efectos de la uniformización de la información, el Poder Ejecutivo determinará la forma de presentación de los documentos referidos.

Art. 101. - Las entidades privadas que perciban fondos públicos deberán presentar ante la Contaduría General de la Nación, en la forma que ésta determine, antes del 30 de abril de cada año, un balance de ejecución del ejercicio anterior.

El Poder Ejecutivo lo incluirá, a título informativo, en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a ese ejercicio.

Art. 102. - Los jubilados o retirados que desempeñen cargos de carácter electivo, los Ministros de Estado y los miembros de los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, podrán optar entre la asignación de pasividad o las dietas o sueldos que les corresponda en virtud del ejercicio de dichos cargos, independientemente de los gastos de representación y aguinaldo que por el mismo motivo les correspondiere.

Cuando el jubilado o retirado opte por la asignación de pasividad, el organismo al que pertenezca verterá donde sea servida dicha pasividad el importe de las dietas o sueldos que le hubieren correspondido.

Esta disposición regirá a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 103. - El Tribunal de Cuentas adoptará las medidas conducentes a que el dictamen referido en el literal D) del artículo 211 de la Constitución de la República sea presentado a la Asamblea General al mismo tiempo que el Mensaje y Proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Art. 104. - El Poder Ejecutivo adjuntará a la información de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de cada ejercicio, el resultado de gestión del Banco Central del Uruguay originado por las operaciones en las que actúa como agente financiero del Estado.

Art. 105. - Facúltase al Poder Ejecutivo a sustituir por las declaraciones juradas de los administrados o quienes los representen u otros medios de prueba idóneos, las exigencias legales de presentación de certificados en los trámites administrativos a realizarse ante la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

La misma facultad, en su ámbito de competencia, tendrán los restantes organismos públicos.

Art. 106. - La autoridad máxima de los Organismos a que refieren los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República podrán delegar, por resolución fundada, las atribuciones que les asignan las normas legales, cuando lo estimen conveniente para la regular y eficiente prestación de los servicios a su cargo.

Esta disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Art. 107. - Declárase que el "Asistente Social Universitario" y el "Psicólogo" con título expedido por la Universidad de la República, la Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga" o reconocido o revalidado por autoridad competente, están comprendidos en el artículo 29 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Art. 108. - Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 16.107, de 31 de marzo de 1990, por el siguiente:

"ARTICULO 19. - Los propietarios de predios rurales en los que no existiere explotación agropecuaria, serán responsables del pago de la contribución patronal según la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, sin perjuicio de su derecho de repetición contra el que disponiendo del inmueble no lo explotare, siendo la tasa aplicable del 50% (cincuenta por ciento) superior a la que corresponda de aplicar el artículo 13 de la presente ley. No se consideran incluidos en la obligación de pago de la citada contribución patronal los predios rurales o superficies ocupadas en zona rural, en las que sólo se realicen tareas agropecuarias destinadas al autoconsumo familiar o actividades industriales, comerciales, deportivas, recreativas u otras distintas de la explotación agropecuaria, debidamente justificadas. El Poder Ejecutivo reglamentará su aplicación".

Art. 109. - Transfiérese del dominio del Estado, Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" al Gobierno Departamental de Río Negro, la propiedad y posesión de las fracciones de terrenos y sus construcciones, que conforman en la actualidad el ex Frigorífico Fray Bentos (antes Anglo), situado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro y constituido por los padrones que se describen a continuación: Suburbanos: Padrones Nos. 3716 y 2368, los que según planos del Ing. Agrim. Luis A. Caraballo, Registro Nº 1148 en Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, de 25 de abril de 1972, y plano del Ing. Agrim. Roberto Benelli, Registro Nº 2546 en Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, de 23 de enero de 1990, tienen en conjunto un área calculada por diferencia de 24 hás. 7.745 mts.; Padrón Nº 3715, fracción "H" del Plano del Ing. Agrim. Luis A. Carballo, Registro Nº 2367 parte, fracciones "5" de 7.776 mts.; "8" de 1.410 mts.; "15" de 1 há. 7.386 mts. y fracción "28" de 7.887 mts. todas del plano del Ing. Agrim. Roberto Benelli, Registro Nº 2546, de 23 de enero de 1990, ya citado. Rurales: Padrón Nº 70 parte, fracción "B", de 199 hás. 3.510 mts., con exclusión de un área de 50 hás. que la Resolución del Poder Ejecutivo, de 23 de febrero de 1990, dispuso para la instalación de la Zona Franca Fray Bentos, de explotación estatal, a cargo de la Dirección Nacional de Zonas Francas del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", fracción "C" de 4.650 mts. y fracción "D" de 26 hás. 1.526 mts., todas del plano del Ing. Agrim. Luis A. Carballo, Registro Nº 1148, de 25 de abril de 1972 ya citado. Cométese a la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado el levantamiento de los planteos que correspondan.

El Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" en representación del Estado otorgará la respectiva escritura. No obstante, lo dispuesto en el presente artículo surtirá efecto a partir de la promulgación de la presente ley.

Los recursos que la Intendencia Municipal de Río Negro obtenga de los bienes transferidos, deberán ser reinvertidos conjunta o indistintamente en la conservación o ampliación de sus instalaciones, así como en la construcción de la infraestructura de obras y servicios de la Zona Franca Fray Bentos, de explotación estatal a cargo de la Dirección Nacional de Zonas Francas del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas". Dicha transferencia comprende además los bienes muebles descriptos en el Inventario General de Bienes y Existencias suscrito el 24 de mayo de 1989 entre el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" y la Intendencia Municipal de Río Negro.

El Poder Ejecutivo podrá efectuar el control de lo establecido precedentemente de la forma que lo estime pertinente. A tal efecto establecerá dicho control en forma concomitante a la firma de la escritura de transferencia de dominio.

Art. 110. - A partir de la vigencia de la presente ley, los depósitos que por disposición legal deban efectuarse en Obligaciones Hipotecarias Reajustables o en Caja de Ahorro Valores del Banco Hipotecario del Uruguay, se realizarán en Caja de Ahorro Reajustable.

Facúltase al Banco Hipotecario del Uruguay a transferir a cuentas de Caja de Ahorro Reajustable las sumas que por disposición legal, judicial o contractual, se hayan depositado en Unidades Reajustables u Obligaciones Hipotecarias Reajustables.

Las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato que deban constituirse en caso de licitaciones públicas podrán efectuarse en Certificados de Depósito Reajustables en Unidades Reajustables que emita el Banco Hipotecario.

Art. 111. - Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 18. - El régimen de contralor de la obligación del voto regulado por la presente ley se aplicará durante ciento veinte días contados a partir de los ciento veinte días siguientes de realizado cada acto eleccionario. La Corte Electoral podrá, cuando así lo estime conveniente, modificar dicho término hasta un máximo de un año así como disponer la suspensión de la aplicación de las exigencias de los artículos 9º y 10 de la Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989.

Lo dispuesto precedentemente operará sin perjuicio de la facultad de la Corte Electoral de hacer efectivo el cobro de las multas dispuestas en los artículos 8º, 12 y 14, toda vez que comprobare fehacientemente el incumplimiento del ciudadano de la obligación de votar".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de agosto de 1990.

Héctor Martín Sturla Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario"

Carp. Nº 267/90
Rep. Nº 113/90 Anexo I

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 27 de junio de 1990.

Señor Presidente de la Asamblea General
Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 1989.

Las cifras referidas a dicho Ejercicio, muestran un comportamiento dispar de los ingresos y egresos con respecto a los resultados del Ejercicio 1988 en valores reales.

A nivel de ingresos puede constatarse una disminución (8,9%), mientras que los gastos experimentaron un leve incremento (2,2%), por lo que el déficit aumentó en relación al Ejercicio anterior en un 75,4% en términos reales.

Dicho déficit, que asciende a N$ 240.284:462.000 (nuevos pesos doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil) representa el 22,7% sobre el total de egresos comprometidos del Gobierno Central (Véase Cuadro II - I del Tomo I).

En términos de Caja, el déficit del Ejercicio ascendió a N$ 163.953:700.000 (nuevos pesos ciento sesenta y tres mil novecientos cincuenta y tres millones setecientos mil) lo que representa un 17,9% de los egresos (Véase Cuadro II - 26 del Tomo II).

El texto legal propone la aprobación del resultado de la Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1989 y normas modificativas al Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones y de Recursos, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 214 inciso final de la Constitución de la República.

Saludan al señor Presidente de la Asamblea General muy atentamente.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Enrique Braga Silva, Juan A. Ramírez, Guillermo García Costa, Carlos Cat, Mariano Brito, Gustavo Cersósimo, Wilson Elso Goñi, Gustavo Ferréz, Alfredo Solari, José Villar, Raúl J. Lago, Eduardo Mezzera.

PROYECTO DE LEY

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. - Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1989, con un resultado deficitario de ejecución presupuestal de N$ 240.284:462.000 (nuevos pesos doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil), según los anexos que acompañan a la presente ley y que forman parte integrante de la misma.

Art. 2º. - La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 1991, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

Los créditos establecidos para sueldos, gastos e inversiones, subsidios y subvenciones, son a valores de 1º de enero de 1990. Dichos créditos se ajustarán en la forma dispuesta por los artículos 6º, 68, 69, 70 y 82 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Contaduría General de la Nación, podrá efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricos o formales que se comprueben en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General.

Art. 3º. - El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y demás organismos públicos, están obligados a asegurar al personal que empleen en trabajos manuales en condiciones de riesgo.

Derógase el artículo 5º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

Art. 4º. - Los jerarcas de los Incisos 02 al 14 proporcionarán a la Oficina Nacional del Servicio Civil, dentro de los sesenta días de la vigencia de la presente ley, la relación de los funcionarios de sus dependencias que posean estudios aprobados en alguna rama de la Medicina u Odontología, a efectos de ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del Ministerio de Salud Pública.

De dicha redistribución, solamente podrán exceptuarse aquellos casos debidamente fundados por razones de servicio a juicio de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Las redistribuciones que se realicen por esta causa, se regirán por lo dispuesto por los artículos 8º y siguientes de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Art. 5º. - Autorízase al Poder Ejecutivo, a reforzar las partidas presupuestales por las obligaciones impagas por suministros al 30 de junio de 1990.

Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar un régimen de facilidades para compensar y pagar los adeudos anteriores a la fecha indicada en el inciso precedente, entre los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional y los Entes públicos proveedores de suministros, así como entre dichos Entes, pudiéndose establecer mecanismos de reajuste e intereses.

Los reajustes e intereses emergentes de la aplicación del inciso anterior, estarán exonerados del Impuesto al Valor Agregado.

Art. 6º. - A partir del 1º de enero de 1992, el régimen general de adquisiciones de los organismos estatales y paraestatales, tendrá la misma protección a la industria nacional que tengan las demás adquisiciones en el mercado.

Sin perjuicio de ello, el margen de preferencia establecido en el artículo 374 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, disminuirá el 20% (veinte por ciento) a partir del 1º de enero de 1991, el 10% (diez por ciento) al 1º de julio de 1991, quedando eliminado el 1º de enero de 1992.

Art. 7º. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, por el siguiente:

"Los haberes generados entre esa fecha y la del efectivo reintegro del funcionario, le serán abonados desde la fecha de su efectiva reincorporación, en treinta y seis cuotas mensuales iguales y sucesivas hasta la cancelación definitiva, en razón del salario vigente en el momento del pago y calculado mes a mes en función del cargo correspondiente".

Art. 8º. - Sustitúyese el inciso primero del artículo 164 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, por el siguiente:

"El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) será administrado por una Comisión Directiva integrada de la siguiente forma: un delegado del Ministerio de Industria y Energía, que la presidirá, un delegado del Banco de la República Oriental del Uruguay y un delegado de la Cámara de Industrias. El Presidente de la Comisión Directiva tendrá la remuneración prevista en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986".

INCISO 02
Presidencia de la República

Artículo 9º. - Inclúyese en las excepciones del artículo 71 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al Programa 01 "Determinación y Aplicación de la Política del Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de la República".

Art. 10. - Declárase que el cargo de Director de Proyectos de Desarrollo Regional del Programa "Planificación del Desarrollo y del Asesoramiento Presupuestal del Sector Público" del Inciso 02 "Presidencia de la República" Unidad Ejecutora 005 "Dirección de Proyectos de Desarrollo" creado por el artículo 59 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, es de particular confianza.

INCISO 03
Ministerio de Defensa Nacional

Artículo 11. - Deróganse el artículo 94 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973 y los artículos 38 y 10 de las Leyes Nº 9.461, de 31 de enero de 1935 y Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, respectivamente, en la redacción dada por el artículo 115 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Art. 12. - La adquisición en el exterior de materiales y equipamiento para la Armada Nacional, será financiada en el Ejercicio 1990 de la siguiente manera:

A) Una partida de U$S 1:597.685 (dólares americanos un millón quinientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y cinco) con cargo a la financiación 1.5 Endeudamiento Externo, que se habilitará en el Programa 003 "Marina - Armada Nacional".

B) El saldo se atenderá con cargo a los Fondos Extrapresupuestales de los distintos Programas del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", según lo determine el Poder Ejecutivo. A tales efectos, deberán adecuarse los respectivos preventivos dentro de los treinta días de publicada la presente ley.

Art. 13. - Derógase el literal c) del artículo 195 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984.

Art. 14. - Otórgase a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990, al personal del Escalafón K "Militar", que se establece a continuación, una compensación mensual sujeta a montepío de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil):

A) Para los grados de Alférez, Teniente 2º, Teniente 1º, y Capitán y equivalentes.

B) Para el personal subalterno combatiente del grado Soldado de 2a a Sargento y equivalentes.

Art. 15. - Extiéndase a los Oficiales Superiores de la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Prefectura Nacional Naval lo dispuesto por el artículo 239 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, con vigencia al 1º de febrero de 1985.

Dicha asignación no generará derecho a percibir ninguna suma por retroactividad estando los beneficiarios en situación de actividad o retiro.

INCISO 04
Ministerio del Interior

Artículo 16. - Los integrantes del Personal Subalterno, del Subescalafón de Policía Ejecutiva que cumplan como mínimo cuarenta y ocho horas semanales de labor, y que efectivamente desarrollen funciones ejecutivas (artículo 41, literal A) de la Ley Orgánica Policial) percibirán una compensación mensual sujeta a montepío de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil).

El Personal Superior del Subescalafón Ejecutivo que ejerza su función en las Jefaturas de Policía, Dirección Nacional de Policía Caminera, Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciaria y Centros de Recuperación, Dirección Nacional de Policía Técnica y Dirección Nacional de Bomberos, percibirá también la compensación referida.

Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990.

Art. 17. - Sustitúyase el artículo 62 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 62. - Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer de hasta un 20% (veinte por ciento) de lo percibido por los servicios policiales pagos prestados a particulares o a personas públicas, con destino a la financiación de las pasividades que sirva la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial.

El 80% (ochenta por ciento) del importe restante será destinado exclusivamente al pago de una compensación extraordinaria a los funcionarios que presten los servicios directamente y el 20% (veinte por ciento) a la respectiva Jefatura o Dirección Nacional.

Exceptúase de lo dispuesto en el Inciso precedente los casos en que los servicios se realicen con policías actuando en cumplimiento de sus funciones ordinarias".

Art. 18. - Autorízase, por única vez, al Poder Ejecutivo, para transformar en el cargo inmediato superior a los cargos ocupados por policías del Personal Subalterno del Subescalafón Ejecutivo, que estén percibiendo a la fecha de esta ley las remuneraciones salariales del cargo superior por aplicación del beneficio de permanencia en el grado.

Art. 19. - Autorízase al Poder Ejecutivo a actualizar cuatrimestralmente las tasas que percibe el Ministerio del Interior por los servicios que preste, de conformidad con el Indice de Precios al Consumo, con excepción de aquellos que se ajusten por otro procedimiento.

INCISO 05
Ministerio de Economía y Finanzas

Artículo 20. - Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a contratar a término por el régimen de arrendamiento de servicios, a personal que preste tareas en la cafetería destinada a los funcionarios de la Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría General de la Nación y Tesorería General de la Nación y para el Jardín Maternal para los hijos de dichos funcionarios. Quienes de acuerdo a dichas contrataciones presten servicios, no revestirán la calidad de funcionarios públicos.

Art. 21. - Fíjase una partida por una sola vez de N$ 491:050.000 (nuevos pesos cuatrocientos noventa y un millones cincuenta mil) equivalentes a U$S 610.000 (dólares americanos seiscientos diez mil) como contrapartida nacional del Convenio sobre Cooperación Técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (ATN/SF 3449-UR) para la realización en la Dirección General Impositiva de un proyecto sobre "Ampliación y Consolidación del Registro Unico de Contribuyentes, Cuenta Corriente Tributaria y Adiestramiento de Personal".

Este crédito regirá a partir del 1º de junio de 1990.

Art. 22. - Suprímese el Programa 011 "Investigación de Mercados y Regulación de Precios" y su correspondiente Unidad Ejecutora 011 "Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos".

Las funciones y cometidos asignados a dicha Unidad Ejecutora, pasarán a ser desempeñadas por la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas".

Art. 23. - El Poder Ejecutivo determinará los funcionarios y el crédito de retribuciones personales de la Dirección Nacional de Contralor de Precios e Ingresos y el Programa "Investigación de Mercados y Regulación de Precios" que pasarán a integrar la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas y el Programa 001 "Administración de Recursos de Apoyo a la conducción Económico-Financiera" respectivamente, a efectos de poder dar cumplimiento a las nuevas funciones asignadas.

Los funcionarios excedentes se regirán por lo dispuesto en los artículos 8º a 23 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986.

Art. 24. - Los créditos presupuestales para gastos de funcionamiento e inversiones, muebles, útiles y documentación del Programa y Unidad Ejecutora que se suprimen, pasarán a integrar el Programa y Unidad Ejecutora al cual se transfieren sus cometidos.

Art. 25. - Suprímese el cargo de particular confianza de Director de la Dirección Nacional de Contralor de Precios a Ingresos.

INCISO 06
Ministerio de Relaciones Exteriores

Artículo 26. - Sustitúyese el literal B) del artículo 45 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 49 del Decreto-Ley Nº 15.167, de 6 de agosto de 1982, que quedará redactado de la siguiente manera:

"B) El pago del embalaje, transporte y fletes y seguro, en las condiciones establecidas en el apartado C) del artículo 77 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960".

Art. 27. - Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección del Instituto Artigas del Servicio Exterior, a arrendar su Anfiteatro, en los casos que lo estime oportuno. El producido del arrendamiento será recaudado por el IASE y se destinará el 50% (cincuenta por ciento) a Rentas Generales. El otro 50% (cincuenta por ciento) será para gastos de funcionamiento -a excepción de retribuciones personales- e inversiones del Inciso 06.

El Poder Ejecutivo fijará el precio del arrendamiento en Unidades Reajustables (UR).

INCISO 12
Ministerio de Salud Pública

Artículo 28. - Sustitúyese el artículo 445 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 445. - Créanse en el Programa 001, "Dirección de Administración Superior", en la Unidad Ejecutora 001, a cargo del Subdirector General de la Salud que será de particular confianza (Técnico Profesional en el área de la Salud)".

Art. 29. - Los Fondos Públicos Extrapresupuestales recaudados por la Unidad Ejecutora 01 "Administración Superior" del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", podrán destinarse, en caso de ser necesario, a atender el pago de adquisiciones de bienes o de servicios no personales con destino a las unidades ejecutoras dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Art. 30. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1990 la partida fijada en el artículo 270 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en el Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud" en la suma de N$ 366:000.000 (nuevos pesos trescientos sesenta y seis millones).

Art. 31. - Increméntase a partir del 1º de enero de 1990, la partida fijada por el artículo 245 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en el programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de Salud" en la suma de N$ 115:200.000 (nuevos pesos ciento quince millones doscientos mil).

INCISO 14
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Artículo 32. - Asígnanse al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, las siguientes partidas anuales:

Rubro

Importe
N$

  

021  

75:000.000

061.301

11:000.000

200  

31:500.000

200.801

6:000.000

200.802

5:500.000

300.809

625.000

300.819

7:500.000

300  

28:500.000

470  

2:400.000

700  

10:800.000

900  

1:500.000

Para el Ejercicio 1990, se habilitará a partir del 1º de julio de 1990, la totalidad de la partida anual asignada.

Art. 33. - Asígnase una partida por única vez de N$ 48:300.000 (nuevos pesos cuarenta y ocho millones trescientos mil) para equipamiento.

La presente disposición regirá a partir del 1º de julio de 1990, la totalidad de la partida anual asignada.

Art. 33. - Asígnase una partida por única vez de N$ 48:300.000 (nuevos pesos cuarenta y ocho millones trescientos mil) para equipamiento.

La presente disposición regirá a partir del 1º de julio de 1990.

Art. 34. - Créanse a partir de la promulgación de la presente ley un cargo de Asesor Letrado A 22, Serie Abogado: un cargo de Contador Central A 22, Serie Contador y un cargo de Asesor Notarial A 21, Serie Escribano. Tendrán un régimen de cuarenta horas semanales de labor y percibirán el 80% (ochenta por ciento) de compensación establecido por el artículo 5 0 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Los funcionarios que se designen en los cargos creados en el presente artículo, deberán ser funcionarios públicos y percibirán la diferencia entre la remuneración de los cargos respectivos y la de sus oficinas de origen, desde la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 35. - Créanse a partir del 1º de julio de 1990 los cargos de Director General de Secretaría y Subdirector General de Secretaría, los que tendrán el carácter de particular confianza.

Art. 36. - Créanse a partir del 1º de julio de 1990 los cargos de Director Nacional de Vivienda, Director Nacional de Ordenamiento Territorial y Director Nacional de Medio Ambiente, los que tendrán el carácter de particular confianza y percibirán la remuneración establecida en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 37. - Establécese un régimen de cuarenta horas semanales de labor para los funcionarios del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

INCISO
Subsidios y subvenciones

Artículo 38. - Increméntase para el Ejercicio 1990, el monto del subsidio fijado para Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE) en N$ 443:769.000 (nuevos pesos cuatrocientos cuarenta y tres millones setecientos sesenta y nueve mil), para regularizar los adeudos pendientes de pago con organismos públicos.

Art. 39. - Fíjase en hasta N$ 36:000.000 (nuevos pesos treinta y seis millones) la subvención concedida por el artículo 409 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en favor del Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo.

INCISO 24
Diversos Créditos

Artículo 40. - Transfiérase del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" al Inciso 24 "Diversos Créditos", el Proyecto de Generación y Transferencia de Tecnología, habilitándose los saldos de dicho proyecto a la fecha de promulgación de la presente ley.

Dicho proyecto será ejecutado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el que administrará la partida establecida precedentemente.

INCISO 25
Administración Nacional de Educación Pública

Artículo 41. - Otórgase a partir del 1º de octubre de 1990 y hasta el 31 de diciembre de 1990, una partida mensual sujeta a montepío de N$ 15.000 (nuevos pesos quince mil) a los maestros del escalafón H de la Unidad Ejecutora 002 "Consejo de Educación Primaria", que ejerzan efectivamente la docencia directa a educandos en establecimientos de dicha Unidad. En caso de acumulación de cargos, la partida se abonará sólo en el de remuneración mayor.

Normas Tributarias

Artículo 42. - Declárase que el Código General del Proceso, no ha afectado las disposiciones reguladoras de los procesos cautelares en materia tributaria que regían a la fecha de su vigencia.

Art. 43. - Facúltase a la Dirección General Impositiva a proceder a clausurar hasta por un lapso de seis días hábiles, los establecimientos de los sujetos pasivos en los casos en que se compruebe que realicen ventas o presten servicios sin emitir factura o documento equivalente cuando corresponda, escrituren facturas por un importe menor al real, o transgredan el régimen general de documentación.

Los hechos constitutivos de la infracción serán documentados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 del Código Tributario y la clausura deberá decretarse por resolución fundada.

Los recursos que se interpongan contra dicha resolución no tendrán efecto suspensivo.

La Dirección General Impositiva podrá contar con el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir esta disposición.

Art. 44. - Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y de percepción para todos los impuestos que recaude la Dirección General Impositiva.

Art. 45. - Interprétase que el término "ingreso neto" a efectos de la aplicación del artículo 14 del Título 7 del Texto Ordenado 1987, corresponde al ingreso bruto menos la deducción de los costos de producción establecidos en el inciso 1º del artículo 11 del referido Título.

Art. 46. - Fíjase en el 2% (dos por ciento) la tasa a que refiere el artículo 573 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Impuesto a las Comisiones

Artículo 47. - Hecho generador. - Créase un tributo que gravará los ingresos devengados por los sujetos pasivos de este impuesto en concepto de comisiones u otro tipo de retribuciones, excepto aquellos ingresos que generen rentas que estén comprendidas en el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio.

Art. 48. - Configuración del hecho generador. - El hecho generador se considera configurado cuando el contrato o acto equivalente tenga ejecución mediante la realización de la comisión u otro servicio gravado.

Dichas prestaciones se presumirán realizadas en la fecha de la factura respectiva, sin perjuicio de las facultades de la Administración de fijar la misma cuando existiera omisión, anticipación, o retardo en la factura.

En todos los casos en que la contraprestación no se haga efectiva total o parcialmente por insolvencia del deudor, prescripción, mandato judicial, rescisión del contrato, bonificación, descuento o ajuste posterior de precio o por cualquier otra causa ajena a la voluntad del contribuyente, éste tendrá derecho a la deducción del monto correspondiente.

Art. 49. - Monto imponible. - El monto imponible estará constituido por la contraprestación devengada correspondiente a la prestación de la comisión u otro servicio gravado.

Art. 50. - Exoneraciones. - Estarán exoneradas las comisiones u otro tipo de retribuciones obtenidas al amparo de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987 (Zonas Francas).

Art. 51. - Sujetos pasivos. - Serán sujetos pasivos quienes obtengan los ingresos de referencia en su calidad de comisionistas, corredores, rematadores, despachantes de aduana y consignatarios.

Art. 52. - Tasa. - La tasa máxima del impuesto será del 10% (diez por ciento). El Poder Ejecutivo queda facultado a establecer la misma dentro del referido límite.

Art. 53. - Declaración jurada y pago. - El impuesto se liquidará y pagará en al forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 54. - El Poder Ejecutivo podrá fijar anualmente, para las actividades que determine, el monto de ingresos hasta el cual los contribuyentes del impuesto no quedarán alcanzados por el mismo.

Art. 55. - Sustitúyese el inciso final del artículo 445 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"Esta disposición regirá exclusivamente para los Ejercicios cerrados entre el 1º de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1990".

Tasa Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Artículo 56. - Créase un tributo que gravará el primer escrito que se presente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por cada parte ya sea actor, demandado o tercerista.

El referido tributo deberá ser abonado tantas veces como colitigantes comparezcan.

Art. 57. - El tributo a que refiere el artículo anterior será de N$ 5.000 (nuevos pesos cinco mil).

El Poder Ejecutivo actualizará anualmente dicha suma con vigencia al 1º de enero de cada año de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumo determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, en el período comprendido entre el 1º de diciembre al 30 de noviembre del año anterior.

Art. 58. - El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de instrumentación y pago del tributo.

Art. 59. - Los fondos líquidos resultantes, deducidos los gastos de emisión y percepción, serán destinados a solventar exclusivamente gastos de funcionamiento e inversiones correspondientes a oficinas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y será administrado por el mismo.

Art. 60. - Estarán exonerados de este tributo:

A) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial e industrial.

B) Los que perciban ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos, así como sus demandados (artículo 254 de la Constitución de la República); el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reglamentará la forma de acreditar el extremo.

C) Los escritos presentados con el asesoramiento de la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Tasa Judicial

Artículo 61. - Los actos procesales que se indican en el artículo siguiente y que se realicen ante el Poder Judicial, tributarán una tasa cuyo valor se regulará de acuerdo con la siguiente escala:

  

MONTO DEL ASUNTO  

VALOR

Hasta  

N$

500.000

N$

1.000

De más de

N$

500.000

hasta

N$

1:000.000

N$

2.500

De más de

N$

1:000.000

hasta

N$

2:500.000

N$

4.000

De más de

N$

2:500.000

hasta

N$

5:000.000

N$

5.000

De más de

N$

5:000.000

hasta

N$

10:000.000

N$

6.000

De más de

N$

10:000.000

hasta

N$

25:000.000

N$

7.500

Desde N$ 25:000.000 (nuevos pesos veinticinco millones) en adelante, el valor será de N$ 7.500 (nuevos pesos siete mil quinientos) aumentado a razón de N$ 2.000 (nuevos pesos dos mil) por cada N$ 10:000.000 (nuevos pesos diez millones) o fracción excedente.

En los juicios de desalojo y en los asuntos por pensiones se regulará la escala anterior, atendiendo al monto del importe total de un año de arrendamiento o pensión.

En el primer escrito o acta, el actor o interesado de la gestión, deberá expresar el valor que atribuye al asunto y de acuerdo con dicha estimación, se aplicará la escala precedente, sin perjuicio de la facultad del Juez de aumentar dicho valor si lo considerara no ajustado.

Los asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria se regirán, según la jurisdicción donde se hubieren iniciado y hasta su conclusión, de acuerdo con la siguiente escala:

- En los Juzgados de Paz N$ 1.000 (nuevos pesos mil).

- En los Juzgados Letrados, Tribunales de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia N$ 5.000 (nuevos pesos cinco mil).

En los juicios sucesorios se iniciará el asunto con el tributo que corresponda al Juzgado en que se tramita y fijado el acervo líquido de la herencia, gananciales y restituciones dotales y maritales, que a tal efecto se sumarán, se liquidará aquél con arreglo a dicho monto.

Cuando se trate de comparecencias en audiencias, en juicios regidos por el Código General del Proceso, el tributo a pagar será del doble del indicado precedentemente.

Art. 62. - El tributo fijado en el artículo anterior, gravará los siguientes actos procesales de las partes:

A) Demanda principal, contestación, reconversión y contestación de la misma.

B) Demanda en juicio monitorio y oposición de excepciones.

C) Demanda incidental escrita y contestación.

D) Escrito de iniciación en los procesos voluntarios.

E) Comparecencia a cada audiencia, sea ésta de conciliación, preliminar o complementaria, en primera o segunda instancia.

F) Interposición de recursos de apelación y casación y contestación a los mismos y acción y excepción de inconstitucionalidad.

G) Escritos de prueba en los juicios que se rigen por el Código de Procedimiento Civil.

H) Demanda de ejecución de sentencia y contestación.

En caso de integración plurisubjetiva de alguna de las partes, cada integrante abonará íntegro el tributo por los actos procesales que realice, salvo que comparezcan por procurador común.

Art. 63. - En los casos de quiebra, concursos, liquidaciones de sociedades y concordatos, el monto del tributo será el que corresponda a la jurisdicción ante la cual se tramita.

No obstante ello, el Juez de la causa en cualquier tiempo, podrá fijar el monto del asunto a los efectos de la aplicación del tributo.

Art. 64. - En las intimaciones de pago de alquileres se deberá pagar:

A) Cuando los alquileres mensuales no excedan de N$ 20.000 N$ 500

Alquileres mensuales de más de N$ 20.000 hasta N$ 60.000 N$ 1.000

Alquileres mensuales de más de N$ 60.000 N$ 2.500

B) Cuando se trate de intimación o de desalojos de comodatarios precarios, de pensionistas y huéspedes de hoteles N$ 2.500

Art. 65. - En materia penal se actuará sin abonar previamente el tributo. En caso de condena, se repondrá el mismo aplicando la escala que corresponda al Juzgado Letrado donde se sustanció el expediente.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando se formulen denuncias o querellas por particulares, los Jueces podrán ordenar que el trámite quede sujeto a lo dispuesto precedentemente en cuanto a los tributos por los escritos o exposiciones que se promuevan hasta el auto de procesamiento.

Art. 66. - La parte del trabajador está exonerada del pago de tributos judiciales, pero el patrono deberá satisfacerlos en caso de ser condenado al pago de la demanda, más los costos, si para ello hubiere dado mérito.

Art. 67. - Estarán eximidos de los tributos establecidos:

1) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial e industrial.

2) Las personas físicas o morales que disfruten de auxiliatoria de pobreza.

3) Los que gestionen la auxiliatoria de pobreza y los que interpongan el recurso de "habeas corpus", sin perjuicio de la resolución definitiva, quienes podrán actuar en el juicio principal sin pagar los tributos que establece esta ley, siempre que sea indispensable en opinión del Juez, para la conservación de su derecho. En los asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria, la auxiliatoria de pobreza será otorgada en todos los casos en que el interesado pruebe que sus recursos son inferiores a dos Salarios Mínimos Nacionales. En los demás casos, el Juez apreciará los recursos del solicitante en relación al tributo que corresponda.

4) Los que promuevan acción por alimentos, o litis expensas, sin perjuicio de las condenaciones o reposiciones que correspondan.

5) Los exhortos y cartas rogatorias del exterior cuando en el país de origen exista reciprocidad para con la República, respecto a la liberación de tributos judiciales y los que se cursen en materia penal.

En los asuntos de competencia de los Juzgados de Menores y de Familia, los Tribunales y Jueces podrán conceder exenciones sin perjuicio de las condenaciones y reintegros que se dispongan.

Estas exenciones son revocables de oficio.

La concesión o revocación de este beneficio, solamente admite recurso de reposición.

Art. 68. - El tributo que se crea por las disposiciones precedentes, deberá ser abonado en forma previa a la presentación de los respectivos escritos o, en su caso, de la comparecencia a las audiencias.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de instrumentación y pago de los mismos.

Art. 69. - El Poder Ejecutivo actualizará anualmente la escala de montos y tributos correspondientes, con vigencia al 1º de enero de cada año, de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumo determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, en el período comprendido entre el 1º de diciembre al 30 de noviembre del año anterior.

Art. 70. - Los fondos líquidos resultantes, deducidos los gastos de emisión o percepción, serán destinados a solventar exclusivamente gastos de funcionamiento o inversiones correspondientes al Poder Judicial y será administrado por la Suprema Corte de Justicia.

Art. 71. - Deróganse los artículos 546 a 560 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Art. 72 (Disposiciones transitorias). - A los efectos de la primera actualización de la tasa judicial, se tomará en cuenta el período comprendido entre el 1º de enero de 1990 y la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 73. - Comuníquese, etc.

Montevideo, 27 de junio de 1990.

Enrique Braga Silva, Juan A. Ramírez, Guillermo García Costa, Carlos Cat, Mariano Brito, Gustavo Cersósimo, Wilson Elso Goñi, Gustavo Ferréz, Alfredo Solari, José Villar, Raúl J. Lago, Eduardo Mezzera.

Mensaje económico-financiero del Ejercicio 1989

La evolución de la economía uruguaya estuvo pautada durante el Ejercicio 1989 por las intensas fluctuaciones de precios relativos que afectaron a los países vecinos, el comportamiento de las tasas internacionales de interés y las dificultades por las que atravesó China Continental, factores externos a los que se adicionaron desde el ámbito interno, el deterioro de las expectativas de los agentes económicos y la intensificación de la sequía que ya venía soportando el país. En este entorno, se ubican como los componentes económico-financieros más destacables del ejercicio:

- un crecimiento del déficit del sector público cuyas presiones inflacionarias, vía expansión de los agregados monetarios, fueron parcialmente controladas, no obstante lo cual, con una intensificación de la dolarización y un aumento de la velocidad de la circulación del dinero, la variación anual de los precios al consumo subió el 20 puntos con respecto a 1988;

- una reorientación del ahorro captado por el sistema financiero desde las instituciones públicas hacia las privadas, con efectos derivados en el financiamiento del déficit agregado del sector público;

- un sensible crecimiento de las exportaciones que, adicionado a un ligero aumento del gasto interno, conformó una demanda global moderadamente más elevada, demanda que al ser abastecida por bienes y servicios provenientes del exterior en mayor medida que en el Ejercicio anterior, vio amortizado su impacto en la evolución del nivel de actividad interna;

- una caída de la inversión del orden del 10% en moneda constante, caída que para el caso de maquinaria y equipo llegó al 12%;

- una notoria expansión del saldo comercial, lo que pese al crecimiento de servicio de intereses de la deuda externa y al contrabando, posibilitó cerrar el balance de pagos con una ganancia de reservas del Banco Central.

1. Bajo el impacto preponderante de una retracción de los ingresos del Gobierno Central y del incremento experimentado por las tasas internacionales de interés, el déficit agregado del sector público se expandió en 1989 1.5 puntos medido en términos del PBI, llegando a representar el 6% del mismo. La variación registrada en el déficit agregado del sector público obedeció en lo sustancial a la gestión financiera del Gobierno Central, donde el resultado negativo pasó de 1.9% en 1988 a 3.2% en 1989. Mientras sus erogaciones se mantuvieron virtualmente constantes en términos reales, sus ingresos se redujeron 8.6%, 5.8 puntos de este 8.6% se explican por la baja del 6.6% que en moneda constante experimentó la recaudación de la Dirección General Impositiva, al tiempo que 1.8 puntos se vinculan a la contracción del 13.6% en los ingresos por comercio exterior. El adelanto establecido en la fecha de pago de algunos impuestos recaudados por la DGI durante el Ejercicio base de comparación -1988- supuso para dicho Ejercicio un nivel de ingresos superior al generado por la base imponible en un período anual, lo que explica gran parte de la caída de recaudación impositiva de 1989. Asimismo, la contemplación que como consecuencia de la sequía debió tenerse con respecto a la capacidad financiera del agro para afrontar sus obligaciones tributarias, explica más de la cuarta parte del descenso registrado en los ingresos de la DGI. En torno a la mitad de la contracción que acusaran los ingresos por tributos al comercio exterior se vincula el desfasaje entre devaluación e inflación promedio, al tiempo que la disminución establecida para las tasas arancelarias máximas contribuyó a la evolución señalada.

El virtual mantenimiento de las erogaciones del Gobierno Central en moneda constante, globaliza variaciones dispares de los rubros componentes. Las caídas más marcadas operaron en los gastos no personales y en las transferencias a otros organismos públicos, reducción esta última que abarcó las efectivizadas a los organismos de previsión social, al Banco Hipotecario, a AFE y a las vinculadas a Rentas Afectadas. Asimismo declinaron levemente los gastos en remuneraciones personales. Contrarrestando estos descensos jugaron la expansión real de los egresos por servicio de intereses de la deuda pública (resultante del comportamiento de la colocación de valores gubernamentales) y los gastos e inversiones (fundamentalmente los financiados con recursos externos). La clasificación funcional de las erogaciones del Gobierno Central ubica los porcentajes más altos de crecimiento en moneda constante, por fuera de los correspondientes al servicio de intereses de la deuda pública en los destinados a administración general (17.1%), a sanidad (8.2%) y a vivienda y planificación urbana y rural (12.5%). En contraposición, los descensos más notorios, por fuera de los ya señalados de las transferencias a otros organismos públicos, correspondieron a los gastos en justicia (-13.0%), defensa (-5.5%), asuntos exteriores (-5.3%), educación (-3.6%) y actividades y servicios económicos (-5.9%).

2. El financiamiento del déficit del sector público acusó el impacto de la modificación experimentada durante 1989 en la canalización del ahorro hacia el sistema financiero. La proximidad del acto eleccionario nacional, unido al notorio deterioro de la gestión fiscal, alentó una sensible reducción en el monto de la colocación neta de valores públicos que se había alcanzado en 1988, reorientándose el ahorro hacia la banca comercial, en particular la privada. Mientras el ahorro total captado por el sistema financiero en el Ejercicio 1989 creció en torno al 46% en términos de dólares por sobre el monto captado en 1988, la colocación neta de Letras y Bonos fue en torno al 35% inferior a la verificada en el año anterior. De representar el 35% de la captación total de ahorro en 1988, los valores públicos pasaron a ser apenas un 15% en 1989, mientras la captación de depósitos efectivizada en el año por parte del BROU aumentaba cerca de 65% en términos de dólares con respecto a la lograda en el año anterior, y la de la banca privada más que se duplicaba.

Este fenómeno, adicionado al crecimiento del déficit del Gobierno Central, determinó que mientras en 1988 la colocación neta de Letras y Bonos representó un 165% del déficit del Gobierno Central y un 55% del primero y apenas el 30% del segundo. La aplicación que de los depósitos captados hizo la banca comercial, contribuyó a financiar el acrecido déficit público. Mientras la banca privada recicló al exterior la totalidad de depósitos de no residentes, el BROU aplicó parte de los mismos dentro del país.

Paralelamente, de los depósitos captados de residentes por la banca comercial, un elevado porcentaje se aplicó a su vez a la constitución de depósitos en el Banco Central, en forma particularmente marcada por el sistema privado.

En definitiva, la captación de depósitos de la banca comercial por parte del Banco Central y la colocación neta de valores públicos, financiaron un alto porcentaje del déficit global del sector público, a lo que se adicionó cierto modo por crédito obtenido de proveedores del exterior, debiéndose sin embargo recurrir concomitamentemente a expansión monetaria.

3. Lo señalado en el numeral anterior con respecto a la canalización del ahorro en 1989, evidencia un menor ingreso neto de capitales provenientes del exterior hacia la banca comercial y los valores públicos que en el Ejercicio precedente. Mientras en 1988 la banca privada ingresó U$S 100 millones del exterior en términos netos, en el Ejercicio 1989 recolocó fuera del país (principalmente bajo la forma de crecimiento de sus activos con corresponsales) toda la significativa captación de depósitos de no residentes que efectivizó en el año por un monto del orden de los U$S 500 millones con lo que el ingreso neto de capitales por vía de estas instituciones fue prácticamente nulo. Como fuera antes señalado, también declinó la entrada neta de capitales con destino a la adquisición de valores públicos. Por vía del BROU se verificó un ingreso neto positivo similar al del año anterior.

Contrarrestando levemente los menores ingresos netos de capitales registrados por las vías arriba señaladas, operó una entrada neta por proveedores del sector público.

4. A nivel de la cuenta corriente del balance de pagos, la modificación más significativa estuvo referida al notorio crecimiento del saldo comercial, que en lo sustancial respondió al comercio con Brasil. Pese al aumento que, como consecuencia del alza de las tasas internacionales de interés, se verificó en la salida de divisas por concepto del saldo comercial posibilitó un sensible aumento del superávit en cuenta corriente, el que según cifras preliminares pasó de U$S 34 millones en 1988 a U$S 153 millones en 1989.

En un aumento de las exportaciones del orden del 14% en términos de dólares, radica la explicación del significativo crecimiento del saldo comercial. El aumento de U$S 213 millones (equivalente a 93%) en las ventas a Brasil, resulta similar al monto de expansión global de las exportaciones (U$S 194 millones). Paralelamente, el aumento de las colocaciones de mercaderías en Estados Unidos, México y Medio Oriente, contrarrestó en forma parcial la declinación de las ventas a China Continental, Europa Oriental y Argentina, descensos asociados en los dos primeros casos a las particulares condiciones por las que atravesaron dichas regiones y en el último a un deterioro de la capacidad de competencia de la producción uruguaya en dicho mercado del orden del 23% con respecto al año anterior.

La articulación de un saldo en cuenta corriente marcadamente positivo y de movimientos que a la fecha se estiman como ingresos netos para los capitales registrados y salidas netas de divisas por contrabando, posibilitaron que el Banco Central lograra en 1989 una ganancia de reservas internacionales netas de U$S 94 millones.

5. Bajo el impacto del dinamismo de las colocaciones externas de bienes y servicios (que crecieron 5.8% sobre valores constantes a precios de 1978) y de un modesto crecimiento de la demanda interna (1.1%), la demanda global se expandió 2%. La caída de la inversión constituye el síntoma más preocupante dentro del comportamiento experimentado por la demanda interna, en forma especial porque dicha caída estuvo asociada a la efectivizada en maquinaria y equipo (-12.1%) y presumiblemente se vincula al deterioro que en el transcurso del Ejercicio fueron experimentando las expectativas.

Mientras la inversión en maquinaria y equipo disminuía notoriamente, la referida a construcción se expandió 7.8% en términos reales, bajo la incidencia preponderante de la llevada a cabo por el sector público (que creció 12.4%).

Con la evolución experimentada por la inversión, el coeficiente de inversión pasó de 9.8 en 1988 a 9.2 en 1989, lo que seguramente lo mantiene si no por debajo, prácticamente en los niveles de reposición.

6. Frente a un crecimiento de la demanda global del 2% en moneda constante, las importaciones se expandieron 4.6%. Este mayor abastecimiento de la demanda en 1989 mediante bienes y servicios provenientes del exterior que en 1988 limitó el crecimiento del PBI al 1.5%.

La expansión productiva abarcó a los sectores de construcción y pesca con porcentajes superiores al 10% (11.7% y 14.6% respectivamente), a las comunicaciones con 7.1%, al conjunto de actividades integrado por instituciones financieras, Gobierno Central, servicios diversos y canteras y minas con 4.2% y a los sectores agropecuario, comercio y transporte, con porcentajes oscilantes entre 1% y 2.8%. La sequía aparejó una declinación considerable en la generación de energía eléctrica, mientras que diversos factores entre los que se ubica el contrabando proveniente de los países vecinos, la incertidumbre generada por la proximidad del acto eleccionario con respecto a la variación cambiaria y los problemas para algunos rubros de colocación externa, derivaron en una contracción del producto manufacturero del orden del 2%.

7. Bajo el impacto de un déficit público creciente y un deterioro de las expectativas, el ritmo inflacionario se fue expandiendo durante 1989 hasta cerrar el año con 20 puntos anuales más que en 1988, tanto si la medición se efectúa por el Indice de Precios al Consumo como por el índice de precios al por mayor de productos nacionales. La variación cambiaria, manejada bajo flotación sucia, fue paralelamente acelerándose, cerrando 189 con 77.1% de incremento anual, frente al 61.7% registrado durante el año precedente. Esta aceleración del ritmo devaluatorio tuvo su impacto sobre las tasas de interés en moneda local, cuyo arbitraje a las tasas en dólares se ajustó sin embargo con cierto rezago, con efectos adversos sobre la demanda por dinero.

En lo que respecta a la variación de otros precios relativos, las tarifas de teléfonos, transporte ferroviario y agua corriente, resultaron ajustadas en inferiores porcentajes que la variación promedial de los precios internos entre diciembre de 1988 y de 1989, al tiempo que los correspondientes a derivados del petróleo y energía eléctrica resultaban superiores, en este último caso como consecuencia de los mayores costos de generación que aparejó la sequía.

Finalmente, los valores promediales del salario real declinaron ligeramente durante 1989, acompañando la tendencia descendiente que conforme al comportamiento del PBI, la tasa de empleo y las horas promedialmente trabajadas por persona ocupada, habría experimentado la productividad de la mano de obra".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: vamos a hacer un breve informe de las líneas generales de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 1989, que viene de la Cámara de Representantes y ha sido aprobado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de este Cuerpo.

La discusión del proyecto ha revelado que el mismo no contiene aspectos muy cuestionables, puesto que salvo unos veinte artículos de los 111 que lo componen, los demás han merecido el voto unánime de los integrantes de la mencionada Comisión.

Quiero comenzar señalando algo que todos sabemos, pero que conviene recordar. Esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal no podemos decir que sea atípica, porque la misma situación se repite en cada Legislatura, cada vez que hay una rotación de gobierno, pero sí que tiene características especiales, por cuanto se trata de una Rendición de Cuentas realizada por el actual Gobierno sobre lo actuado por el anterior. Es decir que el Gobierno actual eleva al Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a la gestión cumplida por el Gobierno saliente. Por haberse iniciado hace pocos meses este período de Gobierno, el proyecto de ley que tenemos a consideración no es de la extensión que estamos acostumbrados a analizar. No sólo es más breve sino que, reitero, no tiene aspectos que hayan engendrado una gran discusión en torno a su contenido.

Refiriéndonos concretamente a algunas cifras, diría que el déficit señalado es de N$ 240.000:000.000. El mismo se inscribe en un cuadro de ingresos de N$ 819.000:000.000, que se descomponen en: N$ 765.000:000.000 por concepto de recursos tributarios y N$ 54.000:000.000 correspondientes a recursos no tributarios. Los gastos totales del Ejercicio suman N$ 1:048.000:000.000, y se discriminan de la siguiente forma: N$ 934.000:000.000, de gastos de funcionamiento, y N$ 113.000:000.000, de gastos de inversión. En porcentajes, estas cifras representan el 89% y el 11%, respectivamente.

Para ser más claros o emplear un razonamiento más técnico, podemos leer algunos párrafos de la exposición formulada en Comisión por el señor Ministro de Economía y Finanzas. El mismo manifestó: "Debemos destacar, también, la caída de la inversión, que es del orden del 10% en moneda constante y que para el caso de maquinarias y equipos llegó el 12%. Habría que señalar la notoria expansión del saldo comercial, que pese al crecimiento del servicio de intereses de la deuda externa y el contrabando, posibilitó cerrar el balance de pagos con ganancia de reservas del Banco Central. Con respecto a esto habría que decir que el déficit del sector público se expandió en el año 1989 en 1.5% al 6%, medidos en términos de PBI. Esto obedeció, en lo sustancial, a la gestión financiera del Gobierno Central, donde el resultado negativo que había sido del 1.9% en 1988, se eleva al 3.2% en 1989".

"Mientras por un lado las erogaciones se mantuvieron prácticamente constantes, hablando en términos reales, los ingresos se redujeron 8.6%, que se descomponen en 5.8% que se explica por la baja de un 6.6% que experimentó la recaudación de la Dirección General Impositiva y, por otro lado, 1.8% que se vincula a la contracción de 13.6% en los ingresos provenientes del comercio exterior".

Para sintetizar diría que el déficit equivale, en general, al 6% del Producto Bruto Interno.

Esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que estamos considerando contiene, como otras leyes similares, una serie de aditamentos. Generalmente los gobiernos aprovechan la circunstancia de la Rendición de Cuentas o del Presupuesto para incluir estos aditamentos, que a veces tienen una relación más o menos remota o próxima y, otras veces, poco tienen que ver. En esta oportunidad, esas disposiciones no son muchas pues, como ya lo hemos señalado, el proyecto de ley que nos ocupa sólo contiene 111 artículos, en tanto con otras leyes similares hemos tenido que considerar centenares de artículos integrándolas.

Para reafirmar lo que he dicho en el sentido de que no se generaron discusiones que señalen posiciones profundamente discrepantes, quiero destacar que de los 111 artículos que componen el proyecto de ley, 80 fueron aprobados por unanimidad y el resto por mayorías sustanciales. Sin embargo, hubo dos artículos que sí merecieron discusión e inclusive aplazamientos en busca de soluciones. Uno de ellos fue el artículo 6º, relativo a los estímulos existentes para la industria nacional, y el otro, el artículo 69, que fue bastante discutido, pues uno de los señores senadores integrantes de la Comisión impugnó su constitucionalidad.

En lo que tiene que ver con el discutido artículo 6º -cuyo contenido ha tenido eco en la prensa y que fue motivo de entrevistas con instituciones que pidieron audiencia a la Comisión- debo decir que en él se establece que a partir del 1º de enero de 1992, el régimen general de adquisiciones de los organismos estatales y paraestatales tendrá la misma protección a la industria nacional que tengan las demás adquisiciones en el mercado.

En el párrafo segundo se expresa: "El margen de preferencia establecido en el artículo 374 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, disminuirá al 20% (veinte por ciento) a partir del 1º de enero de 1991, al 10% (diez por ciento) al 1º de julio de 1991, y quedará eliminado el 1º de enero de 1992".

Este artículo originó una gran discusión por lo menos en tres sesiones de la Comisión. Imperaba el criterio, bastante lógico de que, en lo posible, en el Senado no se realizaran modificaciones al proyecto, por cuanto su retorno a la Cámara de Representantes coincidiría con el estudio que allí se está haciendo del proyecto de presupuesto, lo que produciría una superposición de trabajo en dicha Cámara, que se repetiría luego en el Senado.

Este fue el motivo por el cual el Presidente del Cuerpo, doctor Aguirre Ramírez, presentó una solución transaccional a esta cuestión, considerando que tanto la Rendición de Cuentas como el Presupuesto van a entrar a regir el 1º de enero del año próximo. Es decir, ambos entran en vigencia el mismo día, de modo que una disposición en el Presupuesto pueda anular, sin ningún perjuicio y sin que se haya aplicado un solo día en el país, lo establecido en este artículo 6º.

Al respecto, el doctor Aguirre Ramírez señaló que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a proponer, para el Presupuesto, un texto que expresaría que el margen de preferencia establecido en el artículo 374 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961, modificativos y concordantes, "quedará fijado en un 25% a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley; en un 15% al 11º de julio de 1991 y en un 10% al 1º de enero de 1992". Como vemos, se establece una escala distinta, con diferentes fechas de vigencia, que no extingue, definitivamente, el beneficio.

Teniendo en cuenta, por un lado, el compromiso contraído respecto a la aprobación de este artículo y, por otro, que tanto la Rendición de Cuentas como el Presupuesto comenzarían a regir el mismo día, era perfectamente posible sustituir el cuestionado texto del artículo 6º por el mencionado por el señor senador Aguirre Ramírez, obviando las dificultades que presentaba el artículo.

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - La historia del artículo 6º, a que estaba haciendo referencia el señor senador Pereyra, tiene que ser precisada en este momento y no después, razón por la que me tomé la libertad de interrumpir al señor senador.

En la Cámara de Representantes la bancada que integro sostuvo, originalmente, el criterio de que los plazos eran muy breves, que la supresión no era conveniente y que era admisible rebajar el beneficio del 40% al 15%, extendiendo el plazo. En este Cuerpo, luego de conversar con el doctor Aguirre Ramírez, llegamos a una solución que podría haber sido admisible: rebajar lo acordado a la cifra propuesta por el señor senador, pero sin suprimirlo totalmente.

El grupo que tengo el honor de integrar considera que el beneficio que reciba la industria nacional debe ser del 15% y no del 10%, como se había convenido originalmente. En mi opinión, creo que esto va a ser objeto de análisis en las negociaciones propias de la consideración del Presupuesto; eso sí, todos admitimos la intención de no modificar el texto del artículo 6º, para evitar el retorno del proyecto a la Cámara de Representantes. Sin embargo, su sustitución deberá ajustarse -y así lo propondremos en su momento- al 15% final. Es verdad que en el proyecto de Presupuesto a estudio de la Cámara de Representantes, el artículo establece el 10%.

Sin embargo, y debo confesarlo con toda lealtad, considero que no vamos a tener dificultad en llegar a un ajuste, ya que no sólo nuestro sector y nuestro Partido están de acuerdo con esta solución. Dado que el grupo que integro ha tomado posición ante este tema, he querido hacer esta aclaración. En ese sentido, en la tarde de hoy he intercambiado ideas con el señor Presidente del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Antes de devolver la palabra al señor senador Pereyra y aunque se están realizando consideraciones propias de la discusión particular y no de la general, quiero señalar, en virtud de que he sido aludido, que son exactas todas las expresiones que se han vertido sobre el tema, tanto por parte del miembro informante, señor senador Pereyra, como del señor senador Cigliuti.

El texto que, a último momento se incluyó en la Ley de Presupuesto, fue negociado por mi intermedio y acordado entre el Poder Ejecutivo -en la persona del señor Presidente de la República- y el sector del Partido Colorado que integra el señor senador Cigliuti.

Naturalmente, como toda norma que integra el Presupuesto, ésta puede ser revisada en su contenido; si el Foro Batllista así lo cree conveniente -y tal como se ha señalado en Sala- el tema estará abierto a nuevas consideraciones y negociaciones, ya que debe ser votado, no sólo por los integrantes del Partido Nacional y de un sector del Partido Colorado, sino por la mayoría de los miembros de ambas Cámaras.

Puede continuar el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - En su interrupción, el señor senador Cigliuti ha expresado la manera de pensar de su Partido. Sin embargo, recién en el día de hoy ha comunicado su aspiración en cuanto a la modificación de los porcentajes, razón por la cual ya no podía conocerla. Por lo tanto, hice mención únicamente a las consideraciones vertidas en el seno de la Comisión y a lo que allí propuso el señor Presidente del Cuerpo. Es sabido que, si bien en principio todo esto ha sido aceptado, todavía debe ser objeto de discusión.

Debo decir que todos los integrantes de la Comisión coincidieron en el hecho de votar este artículo, pero sabiendo que luego sería sustituido por otro que vendría en el Presupuesto, de tal modo que su entrada en vigencia no acarreara los perjuicios que implicaba, según opinión de la mayoría de los miembros de la Comisión.

Teniendo en cuenta la observación realizada por el señor Presidente de que estamos entrando en la discusión particular, quisiera hacer referencia a dos artículos que merecieron cuestionamientos especiales, lo que no ocurrió con el resto del articulado que no fue objeto, por lo menos en forma profunda, de discusión persistente.

Al hacer mención únicamente a estos dos artículos, doy por descontado que este proyecto será, tal como lo fue en Comisión, rápidamente aprobado por el Cuerpo.

Debo decir que los artículos 6º y 69 fueron objeto de discusión más detenida en el seno de la Comisión.

El artículo 69 faculta a la Dirección General Impositiva a proceder a clausurar, hasta por un lapso de seis días hábiles, los establecimientos de los sujetos pasivos en los casos en que se compruebe que realicen ventas o presten servicios sin emitir factura por un importe menor al real o transgredan el régimen general de documentación.

Este artículo fue impugnado por el señor senador Brause quien entiende que es inconstitucional. Se realizó una discusión en torno al tema en la que, como es natural, se expresaron opiniones que no sostenían la misma tesis que el señor senador y se señalaron antecedentes, empezando por la vieja Ley de Subsistencias que establecía facultades similares. Finalmente el artículo, después de varios aplazamientos, fue aprobado.

Con estos dos ejemplos lo que me propongo es señalar que, en realidad, esta Rendición de Cuentas tuvo un trámite ágil y no muy cuestionado en la Comisión correspondiente.

Otro capítulo que no podemos dejar de mencionar es el referido a los aumentos para algunos funcionarios públicos, caso del personal militar combatiente, de la Policía Ejecutiva y en lo referido a Primaria "para quienes ejercen efectivamente la docencia". Es decir que quienes ejercen efectivamente reciben un aumento de N$ 15.000, propuesta formulada por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las disponibilidades que consideró que tenía a su alcance, al igual que los funcionarios mencionados anteriormente.

SEÑOR BRAUSE. - ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR PEREYRA. - Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Estamos escuchando con mucha atención la exposición del señor miembro informante y como acaba de hacer referencia a las observaciones formuladas por quien habla respecto a algunas disposiciones incorporadas en el capítulo correspondiente a Normas Tributarias, lo que ocurrió efectivamente como lo señala el señor senador, queremos dejar expresa constancia en este momento en que nos encontramos en la discusión general del proyecto, de que volveremos sobre el tema cuando consideremos la Rendición de Cuentas en la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR PEREYRA. - Mi propósito en este momento no es el de contradecir la tesis del señor senador Brause. Simplemente señalo el trámite bastante ágil que tuvo el estudio de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Repito que hubo dos artículos que se discutieron con más extensión, el 6º y el 69 en el que, como ya hice notar, tuvo intervención preponderante el señor senador.

SEÑOR BRAUSE. - Efectivamente, es tal como lo relata el señor miembro informante.

SEÑOR PEREYRA. - En cuanto a los organismos regidos por el artículo 220 de la Constitución, que como todos sabemos tienen un régimen especial, para el momento de la consideración de sus presupuestos, tuvimos planteos efectuados por ANEP, por la Universidad de la República y también por el Poder Judicial, en cuanto al mantenimiento de sus aspiraciones iniciales formuladas ante el Poder Ejecutivo.

Finalmente privó el criterio de que estando próximo el estudio del Presupuesto en él se podían buscar soluciones más acordes con las necesidades de esos organismos, a fin de evitar la vuelta a la Cámara de Representantes de este proyecto de Rendición de Cuentas, lo que produciría una verdadera superposición de trabajo, tal como decía hace unos instantes, puesto que coincidiría la consideración en la misma Cámara, del Presupuesto y la Rendición de Cuentas.

En el caso del Poder Judicial hubo un reclamo de N$ 400:000.000 que quedó en N$ 150:000.000; y en el de la Universidad de la República se consideró el tema sin llegar a realizarse una votación al respecto.

Merece señalarse, asimismo, que en esta Rendición de Cuentas se votan los recursos necesarios para la instalación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, recientemente creado.

En cuanto a recursos lo más señalado tiene que ver con el impuesto a las comisiones, que aparece en el capítulo correspondiente y que será debatido cuando realicemos la discusión particular.

En ese mismo capítulo se encuentran los tributos que se cobrarían en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que merecieron especial preocupación de la Comisión que escuchó las explicaciones correspondientes brindadas por los técnicos que intervinieron en su confección.

Reitero, pues, que esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal no contiene, a nuestro juicio, elementos de mayor trascendencia hecho que se explica porque el actual Gobierno, apenas a unos meses de iniciada su gestión, ha tenido que enviar este proyecto correspondiente a la actuación del Gobierno anterior, en el año 1989. Seguramente el poco tiempo disponible le ha impedido establecer otro tipo de disposiciones las que, por otra parte, al ser el envío del Presupuesto casi simultáneo estarán seguramente contempladas, en su mayor parte, en ese proyecto que en este momento tiene a estudio la Cámara de Representantes.

Estos son los lineamientos generales, señor Presidente, que quería darle al Cuerpo por ahora, como una ilustración sintética sobre el tema.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Santoro.

SEÑOR SANTORO. - Vamos a realizar una breve exposición porque consideramos que el Presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, señor senador Carlos Julio Pereyra, ha hecho ya una referencia muy precisa al proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que tenemos a consideración. De manera esencial ha brindado la información necesaria sobre los puntos trascendentes que interesan al Senado.

Sí queremos significar que esta Rendición de Cuentas tiene una particularidad, como todos sabemos, que está constituida por el hecho de corresponder al último ejercicio del anterior Gobierno y ser realizada por el Ejecutivo actual.

Esto nos lleva, naturalmente -más allá de esas precisiones y referencias- a indicar que en la Constitución de la República se dan ciertas particularidades, ya que de acuerdo a nuestro texto fundamental al Presidente de la República le corresponde dar cuenta instruida de la inversión hecha en los Presupuestos anteriores lo que hace ante la Asamblea General a la que compete aprobar o reprobar, en todo o en parte, las cuentas que presenta el Poder Ejecutivo.

En el caso especial de esta Rendición de Cuentas -que significa cumplir con otra disposición constitucional, que hace referencia a que el Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual que coincide con el año civil, presentará al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal- cabe señalar que por normas que todos conocemos se ha producido una modificación en los titulares del Poder Ejecutivo y ha variado la constitución del Poder Legislativo. Por esa razón decimos, que desde el punto de vista constitucional habría que proceder a modificar algunas circunstancias como esta situación particular de que deba rendir cuentas del Ejercicio cumplido por un Gobierno, otro que no ha sido parte de él.

Marcada esa situación, queremos señalar que la Rendición de Cuentas resulta una circunstancia muy particular para ver la realidad de nuestro país por medio del manejo presupuestal y comprender así las dificultades que se plantean en lo que tiene que ver con la posibilidad de atender debidamente los distintos compromisos del Estado, en todos los órdenes a que pueda hacerse referencia.

Tal como lo establece el proyecto de ley en su artículo 1º, el déficit del Ejercicio correspondiente al año 1989 alcanzó, en relación a su ejecución presupuestal, la suma de N$ 240.284:462.000. Esta suma, de real importancia, se deriva del hecho de que los egresos comprometidos superaron el billón de nuevos pesos, es decir N$ 1.048.118:992.000. Si se la compara con los ingresos totales, tanto tributarios como no, se llega a esa diferencia que hemos indicado y que es el déficit de ejecución cuya aprobación, o solicitud de aprobación, integra el primer artículo de esta Rendición de Cuentas.

Ahí tenemos, señor Presidente, un elemento que debemos tomar como una primera precisión: este es el resultado deficitario de la Ejecución Presupuestal que nos está indicando, por esa razón, la existencia de un déficit de alrededor del 6% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Vale la pena señalar, de acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas en oportunidad del estudio de la Rendición de Cuentas en Comisión, que ése porcentaje indica un déficit creciente del sector público, porque pasó del 1,5% al 6,5%.

Estamos hablando de la Ejecución Presupuestal, y en ese sentido, estamos mencionando el monto del déficit correspondiente; pero no solamente cabe hacer referencia al resultado de la Ejecución Presupuestal sino que también hay que tener en cuenta lo realmente recaudado por la Tesorería, o sea, lo que se llama presupuesto de caja, y, junto a éste, lo pagado por ella en forma efectiva. Ese déficit alcanzó a un monto de N$ 163.953:680.000. Con esto estamos viendo que el déficit del Ejercicio es un 22,7% del total de los egresos y el déficit de caja alcanza el 17,9% de los egresos. Se ve, entonces, en forma real, el resultado de la Ejecución Presupuestal, el resultado de Tesorería, directamente indicado; pero con estos elementos no termina el examen de la Ejecución Presupuestal, el resultado de Tesorería, directamente indicado; pero con estos elementos no termina el examen de la Ejecución Presupuestal y del manejo total del Presupuesto en el último Ejercicio, el de 1989, sino que hay que tener en cuenta que había autorización para gastar más. Me refiero a una suma que no se gastó. Por tal razón, nosotros comprendemos, y es lo que resulta de la información consiguiente, que dejara de comprometerse la suma de N$ 259.980:933.000 la que, en cierta manera, puede considerarse que se economizó, porque estaba autorizada y no se gastó. Pero el déficit que se acumuló en el Ejercicio -habría que sumárselo al que se indica en el artículo 1º del proyecto de ley- es de N$ 500.265.395.000. Esta cantidad resulta de toda la Ejecución Presupuestal. Es decir, a la cifra de nuevos pesos 240.284:462.000 hay que agregarle la de N$ 259.980:933.000, que no se utilizó, lo que da esos N$ 500.265:395.000 que hemos indicado. Esto muestra -vale la pena señalarlo- que se cumplió con algo menos del 50% de lo que estaba programado en el Presupuesto.

Lo que acabo de mencionar, señor Presidente, debe llevar a tener una clara visión de la realidad de la Ejecución Presupuestal en nuestro país, cuando en ocasión de las Rendiciones de Cuentas se plantean ciertas posibilidades de alcanzar y superar sueldos, incrementar las partidas de gastos y de inversiones. Es fácil ver las enormes dificultades con que se maneja el Estado al analizar los resultados de su Ejercicio Presupuestal, al estudiar el Ejercicio de su Tesorería, de lo realmente recaudado y lo pagado y lo que no gasta, a pesar de estar autorizado a hacerlo, en razón, primero, de programas que no se cumplen debidamente -se cumplen parcialmente- y, segundo, de que no se llevan a cabo por carecer de los medios adecuados.

A todo este panorama tenemos que agregarle el que se deriva de la deuda pública. Al 31 de diciembre de 1989 la deuda pública en circulación se situó en alrededor de U$S 2.090:000.000. A esto hay que sumar las Letras de Tesorería a corto plazo, la deuda flotante, que se ubicó en alrededor de U$S 1.018:000.000.

A través de estas cifras se puede comprobar la realidad del manejo presupuestal del Uruguay y las dificultades encontradas por los que hicieron el relevo en la conducción económica y financiera del país.

En ocasión de esta Rendición de Cuentas, el señor Ministro de Economía y Finanzas procedió a realizar una amplia información, indicando las causales de la situación, que derivaron en la generación del déficit, la falta del debido cumplimiento de los programas y lo que hace a la deuda pública del país. Dichas causales, y lo vamos a explicar en forma breve, están señaladas según el propio Ministro de Economía y Finanzas en que la evolución anual de los precios al consumo, en 1989, subió 20 puntos -con aumento de circulante, con mayor velocidad de éste- en que hubo una falta de confianza en el Nuevo Peso. El ahorro captado por el sistema financiero se reorientó, disminuyendo el ingreso neto de capitales provenientes del exterior hacia la banca comercial y los valores públicos. El señor Ministro de Economía y Finanzas señaló que en 1988 ingresaron al país, en términos netos, U$S 100:000.000, y que en 1989 se recolocó, fuera del país, bajo la forma de crecimiento del activo del sistema financiero con los bancos corresponsales, la cifra de U$S 500:000.000, con lo cual el ingreso neto de capitales por vía de estas instituciones, fue prácticamente nulo.

Otra de las causales es el aumento del gasto interno. Tal como señaló oportunamente el señor senador Pereyra, la inversión cayó en un 10%, y en lo que tiene que ver con las maquinarias, dicha disminución alcanzó aproximadamente al 12%, mientras que las erogaciones, en términos reales, se mantuvieron constantes en un 18% del Producto Bruto Interno.

Los ingresos se redujeron en un 8.6%, de la siguiente forma: un 5.8%, por la baja de un 6.6%, que experimentó la recaudación de la Dirección General Impositiva y un 1.8% por la contracción del 13.6% de los ingresos provenientes del comercio exterior.

Se señaló que hubo una importante influencia en esta situación, generada por la necesidad de proceder a trasladar el cobro de los impuestos para el año siguiente, como consecuencia de los efectos de la sequía.

Asimismo, quisiéramos señalar en forma breve -otros compañeros se referirán al resto de lo que concierne a la Rendición de Cuentas- que esta realidad la debemos tomar en consideración en oportunidad de analizar estas disposiciones que, como sabemos, tienen la particularidad de que en su artículo 1º figura lo que realmente es la Rendición de Cuentas, a saber, el resultado de la ejecución presupuestal y el balance correspondiente. Sin embargo, también viene acompañada -tal como sabemos, ya es una costumbre que se ha ido incorporando, fundamentalmente, a partir de la vigencia de los presupuestos quinquenales- por una serie de disposiciones que tienen como fin mejorar y corregir situaciones anteriores, es decir, ir adaptando el presupuesto quinquenal a las distintas exigencias del momento.

Todo esto nos lleva a comprobar la forma en que se encontraba nuestro país en el momento en que se procede a incorporar el nuevo Poder Ejecutivo. No vamos a considerar las consecuencias de esta situación, en virtud de que todos las conocemos. A nivel del Senado, en oportunidad del análisis relativo al ajuste fiscal, se realizaron amplias exposiciones al respecto. Nos interesaba en cambio señalar en forma precisa, la referencia al resultado deficitario del Presupuesto Nacional y Balance de Ejecución Presupuestal; el resultado deficitario del Presupuesto de caja y, por último, el resultado deficitario de lo que no se ejecutó por carecer de los recursos adecuados, por lo que se tuvieron que dejar de cumplir importantes programas.

En nuestro concepto, esto es lo esencial a considerar en lo que hace en forma estricta y determinada a la Rendición de Cuentas como elemento de práctica presupuestal.

Era cuanto deseaba manifestar.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: quisiera comenzar diciendo que, aunque comparto la caracterización general que han realizado tanto el señor senador Pereyra como el señor senador Santoro acerca de los alcances limitados de esta Rendición de Cuentas, y de la especial circunstancia de que ésta corresponde al último año de gobierno de la Administración anterior, cabe puntualizar que la misma se materializa luego de que en el país, en los meses de marzo y abril, se tramitó ante el Parlamento una Ley de Ajuste Fiscal que, en gran medida, contiene los elementos de carácter tributario que pretendían ajustar la recaudación y los ingresos a los gastos del Estado.

De modo que aquello que no tiene esta Rendición de Cuentas sí lo contiene el ajuste fiscal votado oportunamente por el Parlamento, y en ejecución desde el mes de abril del presente año. Digo esto porque me parece que las dos leyes que hemos analizado y, en especial, la de Rendición de Cuentas, están vinculadas con las normas de carácter tributario votada en aquella oportunidad.

Las características de la Rendición de Cuentas ya han sido esbozadas por los señores senadores preopinantes. Quiero señalar, ya que me parece que debe quedar muy bien determinado, que entre otras características, en el informe del Poder Ejecutivo se señala que los ingresos de 1989 cayeron en un 8.9% en relación a 1988; que los gastos correspondientes a 1989 se incrementaron realmente en un 2.2%; que el déficit aumentó, en relación al Ejercicio 1988, en un 75.4%, en términos reales; que dicho déficit alcanza a la suma ya mencionada de N$ 240.284:000.000, que representa el 22.7% del total de egresos comprometidos por el Gobierno central y, por último, que en términos de caja el déficit del Ejercicio es de N$ 163.953:000.000, lo que significa un 17.9%. Señalo estas cifras porque me parece que ellas enmarcan el resultado de la gestión.

No obstante ello, deseo señalar que en el Mensaje del Poder Ejecutivo y en las explicaciones dadas por el señor Ministro, se hace una evaluación de las razones que determinaron estos resultados. Allí se atribuye como causa determinante de dichos resultados financieros del Gobierno central, las fluctuaciones de los precios relativos que afectaron a los países vecinos. Voy a continuar enumerando otras de las razones que allí se mencionan, en virtud de que me parece indicado para este debate.

En ese sentido, también se agrega como causa determinante, en segundo término, el comportamiento de las tasas de intereses internacionales; en tercer lugar, las dificultades que vivió China; en cuarto término, el deterioro de las expectativas de los agentes económicos y, en quinto lugar, la sequía que padecía el país en esas circunstancias.

He hecho referencia, linealmente, a cada uno de los elementos causales del resultado de la gestión, según el Poder Ejecutivo, y la primera observación que surge cuando se analizan dichos factores determinantes, es que son todos ajenos al desarrollo de la política económica del Gobierno. Esto significa que no existe un análisis del acierto o del desacierto de la conducción de la política económico-financiera del Gobierno, sino que el resultado de la gestión se atribuye, simple y sencillamente, a estos factores que están más allá de la voluntad de los creadores de la administración anterior.

No creo que esto sea así. Considero que el resultado de la gestión en el año 1989 -al igual que en años anteriores- es de entera responsabilidad de la conducción de la política económica y financiera, y que estos factores que incidieron naturalmente en el comportamiento de los resultados, debieron haber sido abordados con medidas que, de alguna manera, atenuaran su impacto sobre el conjunto de la economía nacional.

Asimismo, el señor Ministro de Economía y Finanzas manifestó en la Comisión que los componentes más destacables de estos elementos traducían el crecimiento del déficit, que llegó a un 6% del Producto Bruto Interno, y que dicho déficit se debió, en lo sustancial, a la gestión financiera del Gobierno Central, donde el resultado negativo pasó del 1.9% del Producto Bruto Interno en 1988, al 3.2% en 1989. Aunque no se dice directamente en el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, si se concluye que los informes que se han manejado en el Parlamento -o sea, a través de los elementos que nos proporcionó oportunamente el Poder Ejecutivo, cuando tramitó ante el Poder Legislativo la Ley de Ajuste Fiscal- que prácticamente un 50% del déficit global está determinado por lo que habitualmente se llama el déficit parafiscal, es decir, el que se genera en el Banco Central y, fundamentalmente, el déficit generado por el pago de los intereses de la deuda externa.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Walter Santoro)

-Señalo esto pues entiendo oportuno que se tome en cuenta al reflexionar sobre este tema, que también el Poder Ejecutivo analiza en su Mensaje.

Dicho Poder dice que como consecuencia de todo lo anterior la inflación trepó 20 puntos por encima de los niveles alcanzados en 1988; y que en 1989 había llegado a un 89%. En la reflexión que hace el Poder Ejecutivo acerca de la política económica y del funcionamiento del marco financiero, en general atribuye el comportamiento de la inflación exclusivamente a factores de tipo monetario. Así como la inflación anualizada a diciembre de 1989 alcanzó esta cifra del 89%, no hay que dejar de señalar que pese a la Ley de Ajuste Fiscal votada en el mes de abril, la inflación anualizada está, a fines de agosto, en un 109%, no obstante haberse controlado, al parecer exitosamente, los gastos del Gobierno Central. Si no estoy equivocado, de acuerdo con los datos que las publicaciones especializadas nos brindan, en los meses de junio, julio y agosto se ha registrado un superávit en los ingresos del Gobierno Central. Pero ello no ha atenuado el ascenso impertérrito de los niveles de inflación que superan largamente a los correspondientes al Ejercicio 1989. Como decía, señor Presidente, ya estamos en un 109% y es de prever que si a esto le sumamos los previsibles resultados del mes de setiembre -apenas transcurridos 15 días de este mes se llegó a más del 11%- la inflación anualizada va a trepar seguramente al 115% o 120% para 1990.

Me parece oportuno señalar esto por cuanto están controlados los elementos del gasto público -se lo redujo drásticamente- y se ha incrementado de manera formidable la recaudación del Estado en virtud de la aplicación de la Ley de Ajuste Fiscal. Sin embargo, estamos asistiendo a un aumento vertiginoso de los niveles inflacionarios que golpean, como reiteradamente dice el Poder Ejecutivo, fundamentalmente a los sectores de ingresos fijos de tal forma que hace que la estrategia de la política económica y financiera del Gobierno se centre en el abatimiento de los niveles de inflación.

El Poder Ejecutivo nos dice en su informe que el ahorro interno se reorientó desde las instituciones públicas del sistema financiero hacia las privadas y que esto tuvo efecto sobre el financiamiento del déficit agregado del sector público. Es un elemento a mi juicio importante a destacar.

También nos dice el informe que la banca privada -y que según esta afirmación es la que canalizó gran parte del ahorro- recicló al exterior la totalidad de los depósitos de los no residentes, mientras que el Banco de la República aplicó parte de ellos en el país.

Este es un dato de la realidad, es decir, de la función que cumple la banca privada, fundamentalmente extranjera, en nuestro país, que se limita a la captación del ahorro y a reciclarlo hacia el exterior; su estancia en el país no hace sino cumplir la función de un mero mecanismo de caja y de tránsito de los recursos que capta, fundamentalmente, reitero, de los no residentes. Asimismo, el informe señala que los depósitos de residentes captados por la banca comercial, en un alto porcentaje, se aplicaron a la constitución de depósitos en el Banco Central, de manera particularmente acentuada por el sistema privado.

Me parece que esto es importante destacarlo porque dibuja perfectamente la función que cumple la banca privada extranjera en nuestro país y los resultados que deja como saldo, pues no hace sino de trampolín de los recursos financieros para girarlos al exterior; actúa como intermediaria y no deja en el Uruguay ninguno de los beneficios que presuntamente un sistema bancario financiero privado debería dejar dentro de la concepción tradicional de la banca comercial, es decir, destinar una parte de ese ahorro captado al fomento de la producción y al otorgamiento de créditos hacia el interior con miras al desarrollo.

Es mi intención vincular esto con otro dato que proporciona el informe del Poder Ejecutivo a través de las manifestaciones vertidas en la Comisión por parte del señor Ministro de Economía y Finanzas. Se dice allí -y con mucha verdad- que la inversión cayó en 1989 en un 10%, en moneda constante; y que la caída es más espectacular en el caso de la maquinaria y equipo, donde llegó al 12%. También se señala que esta inversión estuvo por debajo de los niveles de reposición, lo que es un indicador más del cuadro económico que el país tuvo al final de la gestión del anterior Gobierno. Esto sucedió pese a que en 1989, por ejemplo, las exportaciones crecieron en forma sensible, objetivo éste largamente perseguido por la Administración anterior y también por ésta. Esto es el crecimiento hacia afuera; y es naturalmente importante para la economía nacional. También la expansión del saldo comercial fue relevante, a pesar del crecimiento de los servicios de la deuda externa y del contrabando. Esto permitió cerrar la balanza de pagos con una ganancia de reservas del Banco Central. O sea que exportamos más, que ganamos reservas, pero la economía del país quedó absolutamente deteriorada a fines de la gestión del anterior Gobierno.

El informe del Poder Ejecutivo dice que la captación de depósitos de la banca comercial por parte del Banco Central y la colocación neta de valores públicos más la expansión monetaria fueron los que financieron en un alto porcentaje el déficit público.

Este es el resumen de los abrevaderos a los que hubo que recurrir para pagar el déficit que el país tuvo como resultado de la anterior gestión. De paso, quiero señalar que como consecuencia de ella, el Producto creció sólo en un 1.5% en 1989. Este fue un dato que se obtuvo meses después de terminada la actuación de la anterior Administración. Por su parte, este Poder Ejecutivo atribuye ese casi insignificante crecimiento a que él tuvo como resultado que las importaciones crecieron en un 4.6% y que ese mayor abastecimiento de la demanda con bienes del exterior fue lo que limitó el crecimiento del producto. También allí se dice que pese a ese crecimiento, el producto industrial -que es uno de sus componentes fundamentales- cayó en un 2%. Al respecto, quiero significar que, según las informaciones de que disponemos, en el primer semestre de este año el producto industrial cayó un 4% con relación a 1989, lo que se constituye en un indicador más de la situación económica, que no es la que describe el Poder Ejecutivo en su Mensaje, sino que es aquella que estamos viviendo en la actualidad.

El Poder Ejecutivo agrega que los valores promediales del salario real también declinaron en 1989.

Considero importante realizar esta descripción porque da un panorama global de la situación económica del país y, naturalmente, de los problemas que enfrenta el Uruguay a pocos meses vista. Pienso que faltó hacer un pequeño señalamiento al resultado de la última Administración, y es un cálculo elemental de algo que influye decisivamente en el déficit global y que corresponde al comportamiento de la deuda externa.

Recordemos que el Poder Ejecutivo de la Administración anterior asumió el gobierno con una deuda externa de U$S 4.800:000.000 y que, al final de su mandato, se incrementó en U$S 6.900:000.000, lo que significa un crecimiento del endeudamiento de un 44%.

Si bien estamos juzgando la gestión de la anterior Administración, creo que es importante tener estos elementos a la vista porque ellos también inciden en el presente, dado que no advertimos cambios significativos en lo esencial para combatir estos resultados de diferentes políticas económicas que le permitan al país crecer, desarrollarse, amortiguar los servicios de la deuda, o sea que de una vez por todas el país pueda salir del estancamiento en que se encuentra desde hace 30 años y brindar la posibilidad de que la gente se quede aquí y no vuelva a fomentarse -como actualmente se está haciendo como consecuencia de la política económica- la salida de los uruguayos hacia otras tierras.

Si la memoria no me falla, los compromisos de amortización de intereses -y el principal de la deuda- que contrajo el Gobierno anterior deben comenzar a pagarse este año, el próximo y el siguiente, lo que va a incidir en forma decisiva en la situación económica del país. Me parece importante dejar constancia de esto, porque recuerdo que en sesiones del Senado de la República especialmente dedicadas al análisis de la deuda -luego de la negociación de la misma por parte de la Administración anterior, especialmente encabezadas por el ex Ministro de Economía y Finanzas, contador Zerbino, y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- se nos informaba que los compromisos a que se había arribado comprendían el obtener plazos de gracia en el vencimiento de una parte importante de la deuda y de sus intereses que llegaban hasta 1990, momento en el cual deberían comenzar a cumplirse. Por eso lo recuerdo a los efectos de añadir un elemento más al cuadro general en el que debemos ubicarnos, no sólo para hablar del tema de la Rendición de Cuentas, sino de las perspectivas económicas que tiene el país.

Asimismo, es importante subrayar que el informe económico-financiero se nos dice que en el año 1989 disminuyeron los gastos en la Educación, en la Administración de Justicia y en las transferencias a la Seguridad Social, al Banco Hipotecario y a la Administración de Ferrocarriles del Estado.

El saldo de toda esta política es un país virtualmente estancado, con un déficit del 6% del Producto Bruto Interno, del cual la mitad corresponde al déficit parafiscal generado por una deuda externa que está en los niveles que he mencionado, incrementada en un 45% respecto a 1985. A todo esto añado la caída del salario real y de los gastos de Educación al exterior prácticamente la totalidad -lo dice así el informe económico que nos remite el Ministerio de Economía y Finanzas- de los depósitos que capta.

¿Qué plantea el Mensaje del Poder Ejecutivo fuera del marco del déficit y de la forma como se lo financió? ¿Qué contiene la Rendición de Cuentas?

A los efectos de no ocupar demasiado tiempo al Cuerpo, diría que el mayor gasto adicionado por esta Rendición de Cuentas lo constituye la compra de fragatas para la Armada por U$S 30:000.000. Este gasto, que es el único significativo y de gran envergadura, lo voy a comparar con otros. Por supuesto que no soy de los que cree que la Armada no debe tener barcos para cumplir la función que, quizás, es la más importante de las Fuerzas Armadas, que es la de controlar el mar territorial y vigilar que no sea saqueada su riqueza.

Con respecto al marco que hemos descrito anteriormente, seguramente a cualquier ciudadano de nuestro país -desde el más encumbrado intelectual hasta el menos informado- no le va a parecer bien que mientras disminuyen los gastos destinados a la Educación, a la Salud Pública, a los fondos de vivienda y a la Seguridad Social, crezca el gasto del país en U$S 30:000.000 por la compra de barcos para la Armada. Seguramente los impostergables sean los otros gastos, aquellos que dicen de la situación económica y social de amplísimos sectores de nuestra población.

Otro elemento que contiene la Rendición de Cuentas es el referente a los incrementos salariales, que están ubicados en los Ministerios de Defensa y del Interior, así como en la ANEP y que significan un aumento de N$ 15.000 para los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas hasta el grado de Capitán; para la Policía Ejecutiva y para algunos grados policiales que desarrollen tareas ejecutivas, así como para los maestros que dictan clases.

Quiero señalar que cuando a fines de octubre y principios de noviembre del año pasado asistimos al conflicto de la Enseñanza Pública todos reconocimos que era impostergable conceder un incremento en la remuneración de los maestros. Ellos solicitaban un aumento de N$ 25.000, el que de alguna manera fue prometido en la campaña electoral. En ese momento se dijo que no se estaba en condiciones de otorgarlo porque no había mecanismos de carácter legal que lo permitieran, pero que se comprometían a efectivizarlo inmediatamente después de la asunción del Gobierno. Me estoy refiriendo a palabras del actual Presidente de la República. Sin embargo, hoy se les concede N$ 15.000 solamente a los maestros que dictan clases y no a la totalidad de ellos, aunque existen muchos que trabajan dentro de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública permitiendo que los maestros puedan dictar sus clases. ¡Y ni que hablar del resto del funcionariado de ANEP!

Es importante destacar que aquí se diferencia a los maestros que cumplen una u otra tarea, y que lo mismo se hace con la Policía, donde hay policías que ganan muy mal y no cumplen tareas de Policía Ejecutiva, pero que sin embargo son esenciales para que ésta cumpla su función. Mientras esta remuneración se refiere sólo a estos sectores -tanto a la policía como a los maestros de Enseñanza Primaria- dentro de las Fuerzas Armadas -y no creo que esté mal- comprende desde el personal de tropa hasta el grado de capitán. Esto me parece bien, pero lo que me parece mal es la discriminación que se hace con los distintos integrantes de los cuerpos de la Administración Nacional de Enseñanza Pública y de la propia Policía.

Otro de los elementos que aquí fue mencionado -y me parece de suma importancia que se haya abordado en la discusión general- es la modificación del régimen de compras del Estado, que fue votado afirmativamente por la mayoría de la Comisión, a raíz de un compromiso que hoy mencionaba el señor senador Cigliuti, en el sentido de que el Poder Ejecutivo, a través del Mensaje que envió al Poder Legislativo conteniendo las normas del Presupuesto General de Gastos y Recursos, modificaría las disposiciones aprobadas, en principio, por la Cámara de Representantes, que están contenidas en este proyecto de Rendición de Cuentas.

Quiero señalar que votamos negativamente este punto y, además, creemos que la iniciativa ha sido muy mal estudiada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, deseo significar que el mencionado Poder no pudo brindar explicaciones claras, ni siquiera del volumen de compras del Estado; no se estudió el régimen que a este tipo de compras le dan los países vecinos, lo que es muy importante para saber si debemos proteger a la industria nacional de esa sobreprotección que tenía y con la que aún cuenta. Tampoco se ha analizado la repercusión de la medida sobre la industria involucrada ni, por ejemplo, la repercusión que tendría sobre la política de empleo. Tampoco está estudiado el nivel de ahorro que tendría el Estado por abatir esta sobreprotección a la industria nacional que viene desde la década del sesenta.

El señor senador Astori me señala que tampoco hay análisis selectivo y creo que no se lo tuvo en cuenta.

Debo señalar que las únicas explicaciones medianamente claras las escuché, no en el seno de la Comisión, sino en una Subcomisión designada para atender a una delegación de la Cámara de Proveedores, fueron las de que el conjunto de esta compra que hace el Estado no supera los U$S 60:000.000. Creo que la cifra oscila entre los U$S 50:000.000 y los U$S 60:000.000, pero si se desea, se pueden examinar los datos que poseemos. Además, estas empresas que proveen al Estado -y que, naturalmente, pueden dar lugar en ciertas circunstancias a que el Estado no se provea adecuadamente y a que, de pronto, los plazos de determinados rubros no sean competitivos con algunos de proveedores extranjeros- tributan al Fiscal nacional, aportan a la Seguridad Social y eso debe imputarse también como ingresos del Estado y de los servicios que éste presta. A esto se suman las repercusiones que en materia de empleo tiene esta política de protección a los proveedores del Estado.

Aun aceptando el criterio de que vamos a reestudiar el tema, puesto que no continuamos la discusión en Comisión cuando surgió esta iniciativa del señor Presidente del Senado en torno a la inclusión de una norma en el Presupuesto Nacional, entiendo que debemos estudiarla en dicho Presupuesto en forma rigurosa, diría, científica, con datos que nos permitan expresar, por ejemplo, que el 15% es la protección que debe mantenerse; de lo contrario, que se diga que tiene que ser el 18% o el 12%, pero debemos contar con elementos objetivos que nos permitan valorar si los porcentajes tienen que ser ésos, si deben ser únicos, globales o diferentes para los distintos sectores de los proveedores del Estado.

Otro de los elementos -y voy a ser breve con el objeto de no ocupar demasiado tiempo al Cuerpo- es una norma incorporada que limita el seguro obligatorio, votado el 10 de octubre de 1989, contenido en la Ley Nº 16.074. Esta disposición comprendía a todos los trabajadores del Estado, pero por las normas de la Rendición de Cuentas que se van a aprobar, este seguro obligatorio que debía contraerse con el Banco de Seguros del Estado, queda limitado exclusivamente a los trabajadores con riesgo. El Banco de Seguros del Estado hizo saber -no a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado- a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, las repercusiones negativas que iba a tener sobre el funcionamiento de ese seguro, ahora limitado exclusivamente a los trabajadores que se juzgue con riesgos, porque además, habrá que caracterizar quiénes son esos trabajadores. Al limitarse el universo de la gente protegida y al tributarse sólo por ello, el seguro no va a funcionar y, por lo tanto, va a acarrerar déficit al Banco de Seguros del Estado.

A nuestro juicio, otro aspecto totalmente negativo que contiene el proyecto de Rendición de Cuentas, es el cambio del régimen de pago de sus haberes a los destituidos en la época del proceso dictatorial.

En la ley correspondiente, se establecía que cuando se restituyera a los funcionarios públicos arbitrariamente separados de sus cargos por el régimen dictatorial, éstos deberían cobrar sus haberes desde marzo de 1985 hasta el momento en que fueran restituidos, en un plazo de sesenta días. Ahora, la iniciativa del Poder Ejecutivo, la aprobada en la Cámara de Representantes y en la Comisión -y seguramente la que va a ser aprobada en el pleno del Senado- extiende a veinticuatro meses el pago de sus haberes.

Cuando discutimos esta norma con el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el seno de la Comisión y expresamos que esto significaba una expropiación de haberes que les correspondía a los trabajadores destituidos, se nos dijo que no era así porque ello se iba a reajustar periódicamente. Pero no se pudo rebatir la afirmación de que no es lo mismo obtener la retribución en su totalidad en sesenta días que recibirla en veinticuatro meses, porque generan veintidós meses de intereses que el Estado se guarda para sí; además va a reajustar en función de como se fijen los aumentos de los salarios de los trabajadores y no teniendo en cuenta el deterioro del dinero que debió haber percibido el funcionario.

Desde el punto de vista de la justicia -y pido perdón al señor Presidente- creo que esto es una iniquidad que los funcionarios restituidos a sus cargos no lo merecen porque, o se los restituye por razones valederas o no se los restituye. Entonces, si tienen el derecho a la restitución, hay que cumplir con ellos, tal como lo mandó la ley que determinó el marco en el que esos funcionarios tendrían que ser restituidos.

Dentro del proyecto, también hay mecanismos de redistribución general, global de médicos y odontólogos de la Administración Pública hacia el Ministerio de Salud Pública. Esta es una norma que no votamos porque creemos que no se sabe qué grado de aplicación y de desmantelamiento puede tener en algunos servicios que se prestan en determinadas dependencias del Estado, sin traer como consecuencia, seguramente, grandes modificaciones en lo que es la prestación de los servicios de salud de parte del Estado.

Uno de los Capítulos fundamentales de la Rendición de Cuentas es, a nuestro juicio, el tratamiento que se le da al Poder Judicial y el régimen impositivo que se cambia en dicho Poder.

El Poder Judicial, en una norma que la Suprema Corte de Justicia elevó como Mensaje -que como organismo del artículo 220 de la Constitución tiene la facultad de hacerlo- pedía N$ 400:000.000 como refuerzo de sus rubros para inversiones y gastos de funcionamiento. No se trataba de un pedido arbitrario sino del básico que la Suprema Corte de Justicia hacía para que se montaran los Juzgados, cuya creación dispuso el Código General del Proceso, para agilitar la prestación de la administración de justicia.

El Poder Ejecutivo, naturalmente, no compartía esta iniciativa de la Suprema Corte de Justicia que, reitero, sólo se trataba de los recursos imprescindibles para poner en funcionamiento aquellas disposiciones legales votadas por el Poder Legislativo al sancionar el Código General del Proceso.

Sin otra explicación -porque no hay ninguna- se destinan N$ 150:000.000 como partida para cubrir esos servicios. Creo que antes de aprobar esto, hay que tener muy claro que esta es una cifra absolutamente insuficiente como para que funcione la administración de justicia sobre la base de las nuevas normas del Código General del Proceso. Es decir que, en gran medida, será papel mojado todo lo que se votó anteriormente, pues sin recursos no hay manera de adaptar la prestación de la Administración de Justicia a los nuevos mecanismos.

Pienso que más grave que esto -que con ser importante, no lo es tanto- es el cambio del régimen impositivo. El Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de sustituir el impuesto a las ejecuciones y la tasa timbre del Poder Judicial por un tributo que, a nuestro juicio, es de difícil percepción, cuyo rendimiento no es certero y que, sobre todo -aun cuando los cálculos estuvieran hechos- se limita a que el Poder Judicial, que va a ser el que va a actuar como organismo recaudador, perciba del monto general de esa partida solamente N$ 241:500.000. Esta cifra que equivale a alrededor de U$S 300.000, de acuerdo con los cálculos efectuados por el Poder Ejecutivo, se originó en la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Representantes.

En este sentido, quiero recordar que mientras el Poder Ejecutivo tomaba la iniciativa de cambiar el sistema impositivo, por el artículo 70 del proyecto original destinaba todos los recursos que se obtuvieran a través de este nuevo sistema al Poder Judicial para atender -decía- con estos fondos líquidos resultantes, exclusivamente gastos de funcionamiento e inversiones. Es decir que en forma casi inexplicable- digo que totalmente inexplicable- la Cámara de Representantes modificó una disposición que era, por lo menos, un poco más generosa con el Poder Judicial y que le hubiera permitido atender los gastos extraordinarios que tenía a raíz de la puesta en marcha de los servicios previstos en el Código General del Proceso. Hago esta rápida descripción, porque el Poder Judicial no planteaba aquí ningún aumento excepcional en materia de retribuciones personales y ni siquiera algún capítulo relacionado con beneficios sociales para sus trabajadores. Sin embargo, hay una política drástica de recorte de los fondos que se destinan a este Poder.

Reitero que esta Rendición de Cuentas se pondrá en práctica dentro de un mes y, por ello, habrá de comenzar a ejecutarla. Seguramente, transcurrirá prácticamente un año antes de que las partidas presupuestales que se aprueben en el Presupuesto General de Gastos, Sueldos y Recursos puedan ser puestas en funcionamiento por el Poder Judicial. En consecuencia, debemos tener muy claro que durante un año más este organismo va a vivir con esos recursos recortados.

También, en el plano de la Universidad de la República hay varias iniciativas que no se recogen. Por ejemplo, las relacionadas con limitar el contralor que se ejerce sobre la actividad financiera de la Universidad de la República por parte del Tribunal de Cuentas; es decir, el ejercicio de lo que se entiende es la facultad implícita en las normas constitucionales y en la Ley Orgánica de la Universidad en cuanto a su autonomía financiera. Aquí lo que se pedía no era que no se ejercieran controles, sino que éstos fueran ejercidos por el Tribunal de Cuentas -como lo establece la Constitución- y no por la Contaduría General de la Nación como se hace actualmente. Se solicitaba, además, tener la posibilidad de utilizar las economías generadas en un año, en el ejercicio siguiente. Las dos disposiciones no fueron atendidas.

Sin embargo, deseo señalar -porque esto hay que decirlo- que sí se recogieron en parte algunos otros pedidos de la Universidad de la República, concretamente, los referentes a poder contar con la posibilidad de disponer de la trasposición de rubros con destino a inversiones y gastos de funcionamiento derivados de lo que se ahorrara en materia de retribuciones personales y de otras erogaciones. Pienso que esto es importante, pues le permitirá un funcionamiento mucho más ágil a la Universidad de la República, así como la posibilidad de gastar más de los presupuestos que tiene. También debo señalar que el fondo permanente establecido ahora en dos duodécimos es un mecanismo que hará que la Universidad de la República pueda utilizar en forma más eficiente sus recursos. Si algo pedía este organismo era justamente eso: normas legales que le permitieran -ya que tanto se habla de eficiencia- gastar en forma eficiente, en tiempo y forma los recursos de que dispone.

Me parece útil recordar que cuando se recibió al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, éste reclamó para el CODICEN el mismo tratamiento que se le daba a la Universidad de la República. Inclusive, nosotros solicitamos al CODICEN que nos hiciera saber su posición en cuanto a los criterios sobre los cuales se pensaba que podían dársele las mismas facilidades. No se trataba de autorizarlo a gastar más, sino a hacerlo mejor y en forma más eficaz.

Lamentablemente, sé que el criterio predominante de las mayorías parlamentarias, del Gobierno de coalición que tenemos, es que no había que modificar absolutamente nada en esta Rendición de Cuentas. Por lo tanto, también la Administración Nacional de Enseñanza Pública no va a poder tener no ya más dinero, sino mejores mecanismos como para poder gastar en forma más eficiente los magros recursos de que dispone.

Finalmente, deseo muy brevemente referirme a dos temas, uno de los cuales es la creación de un impuesto muy importante. Me refiero al Impuesto a las Comisiones.

Nosotros votamos afirmativamente este tributo e inclusive la tasa en la que se fija dicho impuesto, porque creemos que es justo ya que, en algunos casos, grava actividades que son extraordinariamente lucrativas. Luego de consultar los planillados he podido constatar, por ejemplo, que el Impuesto a la Vacuna Antiaftósica da casi siete veces más que el tributo que paga el sistema financiero por el impuesto bancario. Es asombroso que se pague siete veces más de tributación por la utilización de una vacuna de este tipo. Frente a esto, se podrá decir que el Impuesto a las Comisiones tiene defectos, que no está establecido con una técnica que permita aplicarlo en forma selectiva y diferente según las categorías, que se fijan tasas uniformes; pero, de cualquier manera, creemos que es una tributación justa. Lo que no compartimos es que se deja latitud al Poder Ejecutivo para fijar el monto mínimo no imponible, delegando el Poder Legislativo una de las funciones que le son esenciales, es decir, legislar sobre la materia impositiva; diría, aquello que está en la matriz misma de los Parlamentos.

Esta disposición puede permitir que el Poder Ejecutivo actúe con una enorme latitud y fije montos no imponibles muy elevados; por otra parte, también posibilita que actúe con un criterio draconiano, reduciendo estos montos a tal punto que, por ejemplo, personas que viven de comisiones, como los corredores de seguros -creo que son aproximadamente 2.000, de los cuales 1.800 no deben ganar más de cuatro o cinco salarios mínimos- se transformarían en sujetos pasivos de esta tasa establecida por ley, que no es móvil.

Quiero llamar la atención sobre este punto, porque pienso que habrá que volver sobre él cuando se estudie el Presupuesto Nacional, ya que se pueden cometer injusticias muy grandes en la aplicación de este impuesto.

Por último, me voy a referir a los artículos 69 y 70 de la Rendición de Cuentas. El primero dice relación con la capacidad que tiene la Dirección General Impositiva para sancionar, con clausura de hasta seis días, a los infractores que realicen ventas sin factura o que facturen por menor importe que el real. Estas sanciones nos parecen justas, pero han merecido observaciones de índole constitucional por parte del señor senador Brause. Y quiero recordar que, en principio, nosotros también nos referimos a esta posible inconstitucionalidad. Sin embargo, votamos esa disposición que faculta a la Dirección General Impositiva a aplicar este tipo de medidas en el entendido -como se explicó en la Comisión- de que el presunto infractor tenía, de acuerdo con el Código Tributario, la posibilidad de defenderse, dándosele vista por un plazo de 15 días.

No obstante, de acuerdo con nuevas informaciones y elementos de juicio, es posible analizar la inclusión de una disposición -y aprovecho para dejar constancia de que lo vamos a hacer- en el próximo Presupuesto que prevea la intervención del Poder Judicial en estos casos sin que se pierda tiempo, y sin que las gestiones se vuelvan eternas. Esto es factible, sobre todo ahora, cuando hay procedimientos de carácter oral y cuando se pueden fijar plazos perentorios para que el Poder Judicial se pronuncie. De esta forma, se da al presunto infractor la garantía de contar con el amparo, no sólo de la vista que le da la Dirección General Impositiva, sino de la decisión a cargo del Poder Judicial.

En lo que respecta al artículo 70, que autoriza a la Dirección General Impositiva a nombrar agentes de retención, queremos señalar que es una norma que, aun votándola afirmativamente, debe perfeccionarse a los efectos de marcar los límites dentro de los que dicha Dirección puede llevar a cabo su gestión.

Es cuanto quería manifestar en la discusión general.

20) ASUNTO ENTRADO

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Batalla y Cassina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, solicitan un pedido de informes al Ministerio de Industria y Energía relativo a la situación creada con la empresa INDUNOR y su vinculación con la empresa PHILIPS del Uruguay".

-Procédase como se solicita.

21) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: en nombre de la bancada del Frente Amplio, solicitamos que una vez finalizada la exposición del señor senador Viera, el Senado pase a cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 16 horas. En el caso de que el señor senador Viera no haya culminado su exposición a la hora 20, mocionaríamos para que se le prorrogara el término de que dispone aunque de acuerdo con lo que él nos ha manifestado, eso no sería necesario.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - ¿El señor senador formula moción en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio a la hora 20, estando en uso de la palabra el señor senador Viera?

SEÑOR ARAUJO. - No, señor Presidente.

De acuerdo con el Reglamento, por tratarse de una sesión ordinaria, ésta debe culminar a las 20 horas, salvo que el Cuerpo apruebe moción en contrario, en virtud de esta circunstancia, nuestra moción consiste en que se pase a cuarto intermedio a la hora 20, salvo que el señor senador Viera no haya finalizado su exposición, en cuyo caso solicitaríamos que se prorrogue el término de que dispone hasta que él termine su disertación.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: tengo entendido que mañana no hay sesión ordinaria, por lo que habría que realizar una extraordinaria.

Teniendo en cuenta ese hecho, nuestro sector había programado para el día de mañana una jornada de trabajo político, por lo cual algunos de nosotros no vamos a poder asistir a la sesión del Senado, si es que se decide realizarla.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - El señor senador Pereyra acaba de informar que, junto con algunos otros integrantes de su sector parlamentario, no podría asistir a la sesión que se efectuaría mañana.

SEÑOR PEREYRA. - Por esa misma razón, no tenemos inconveniente en realizar el cuarto intermedio que solicita la bancada del Frente Amplio, pero reanudando y culminando la sesión en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - La moción presentada por el señor senador Araújo tenía el siguiente sentido: si al llegar a las 20 horas, el señor senador Viera -que es a quien corresponde hacer uso de la palabra- hubiera concluido su exposición, se pasaría a cuarto intermedio hasta mañana; en caso de no haber finalizado, se prorrogaría el término y el intermedio comenzaría una vez que éste haya concluido su disertación.

Ahora bien; el señor senador Pereyra señala que los integrantes de su sector parlamentario tendrían dificultades para estar presentes en la sesión de mañana, por lo que sugiere que ésta culmine en el día de hoy.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: si el Cuerpo está de acuerdo, solicitaría que por el momento se dé el uso de la palabra al señor senador Viera a efectos de que esta sesión pueda continuar desarrollándose normalmente, mientras realizamos consultas entre los diversos sectores políticos acerca de la posibilidad de continuar esta sesión el día jueves. Una vez efectuado este relevamiento de opiniones entre los integrantes del Senado, pediríamos una interrupción al orador a fin de formular una nueva moción.

En consecuencia, por el momento retiramos la moción que habíamos planteado en primera instancia.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Quiero adelantar que estoy de acuerdo con la variante que acaba de proponer el señor senador Araújo, en el sentido de ganar tiempo y continuar la sesión mientras se realizan las consultas a las bancadas.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar el señor senador Araújo.

Quería precisar que muchos compañeros de nuestra bancada, en el entendido de que habría acuerdo para levantar la sesión, ya se han retirado. Por lo tanto, esta noche el debate no puede continuar con suficiente quórum.

Por otra parte, si existen inconvenientes para sesionar mañana, estoy de acuerdo en que el Cuerpo se reúna pasado mañana. Pero, reitero, no creo que podamos extender hoy esta sesión más allá de las 20 horas.

22) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. Ejercicio 1989.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo con la solicitud planteada por el señor senador Araújo, y mientras se realizan las consultas correspondientes a nivel de las bancadas, continúa la discusión general del asunto que figura en primer término del orden del día por lo que tiene la palabra el señor senador Viera.

SEÑOR VIERA. - Señor Presidente: se ha dicho reiteradamente que esta Rendición de Cuentas es atípica por ser la de un gobierno saliente, enviada al Parlamento por una Administración instalada en marzo. Creo que no lo es tanto y que la paradoja no es tal; además, entiendo que lo contradictorio no es, precisamente, tan contradictorio.

En esencia, se trata de una misma política, aunque el actual Gobierno representa un nuevo momento, una tendencia, un sesgo determinado del neoliberalismo. Indudablemente, es una Rendición de Cuentas de una administración deficitaria; el déficit agregado al sector público representa el 6% del Producto Bruto Interno, siendo el 3.2% de éste ocasionado por la gestión financiera del Gobierno Central.

¿Por qué se ha producido este déficit? ¿Fue porque hubo más gastos? No; se mantuvieron los gastos en moneda constante. Ahora el actual Gobierno anuncia un pequeño superávit después del "fiscalazo" y el despojo que sufren los trabajadores y los jubilados a través del Impuesto a los sueldos. Pero, volviendo a aquel déficit, ¿cuáles son los factores principales que ocasionaron ese déficit situado en el 6% del Producto Bruto Interno?

El servicio de la deuda ha influido en dos tercios de su valor y también el déficit parafiscal del año 1989 que alcanza la cifra de 161:500.000. Nosotros tenemos que preguntarnos, entonces, qué actitud va a adoptar el Gobierno con respecto a estos factores, es decir, con relación al servicio de la deuda y al déficit parafiscal. Es cierto que hay también otros factores; por ejemplo, el descenso en la recaudación y asimismo han existido otros, coyunturales. Sin duda, en la recaudación ha influido el estado económico del país. Pero, como expresaban los señores senadores Santoro y Gargano, el propio Ministro Braga señalaba la reorientación del ahorro captado por el sistema financiero, desde las instituciones públicas a la privadas, y el papel que desempeñaba la Banca privada en todo este proceso. Crecieron los activos financieros con los Bancos corresponsales, lo que significó una cifra de alrededor de U$S 500:000.000, por lo cual el ingreso neto fue prácticamente nulo. Es decir que la burbuja financiera, la acumulación de activos financieros -que marcha por diversos carriles- acentúa la tendencia del rol de la Banca privada y el flujo de divisas al exterior y nosotros, para seguir con la lógica del pensamiento en cuanto a que lo atípico no lo es tanto y lo que podría ser contradictorio tampoco lo es, nos preguntamos...

SEÑOR PEREZ. - ¿Me permite, señor senador? Como algunos señores senadores están intercambiando opiniones con respecto a si se debe o no continuar sesionando, no se está prestando la atención debida al orador y ello no me parece justo. Por lo tanto, habría que decidir si se realiza un breve cuarto intermedio para ajustar la fecha de una posible sesión o se permite que el orador continúe con su exposición o, de lo contrario, se le interrumpe y continuamos discutiendo sobre el tema en el momento en que haya sido acordado por las distintas opiniones consultadas.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador Pérez tiene razón en la observación que ha formulado; la Mesa estaba a punto de realizar la misma advertencia cuando él interrumpió al señor senador Viera.

En consecuencia, la Mesa solicita a los señores senadores que tomen asiento en sus bancas a los efectos de que el señor senador Viera pueda continuar con su exposición.

SEÑOR VIERA. - Decía que, si el sistema financiero ha tenido ese papel en el déficit que estamos analizando, ¿qué actitud tomará el actual Gobierno con respecto al sistema financiero?

Deseo dar algunas cifras, aunque sé que resultan fatigosas. A diciembre de 1989 el Banco de la República captó U$S 1.177:000.000 por depósitos -a la vista y en cajas de ahorro- y la Banca privada captó U$S 2.471:000.000, lo que da un total de U$S 3.648:000.000 a esa fecha. Pero, ¿qué pasa durante el transcurso de este Gobierno? En el mes de mayo el Banco de la República captó U$S 1.256:000.000 y la Banca privada U$S 2.654:000.000, lo que totaliza U$S 3.910:000.000. En el mes de julio, el Banco de la República captó U$S 1.277:000.000 y la Banca privada, U$S 2.684:000.000; es decir un total de U$S 3.971:000.000 por concepto de depósitos en los Bancos. Si tenemos en cuenta esos U$S 3.971:000.000, más los U$S 1.619:000.000 de Bonos y Letras del Tesoro, más U$S 74:000.000 por concepto de préstamos, totalizan una cifra de U$S 5.644:000.000, equivalente al 70% del Producto Bruto Interno en 1989. Quiere decir que se trata de una financiación dependiente e insana.

En el primer semestre de este año el Gobierno Central tuvo un déficit de N$ 11.630:000.000, que se financió con Letras y Bonos; también se pagó algo de deuda externa. El sector no financiero dio un déficit de N$ 30.117:000.000; por deuda externa se pagó U$S 25:000.000 y se financia con Letras y Bonos. En junio el déficit parafiscal asciende a U$S 144.803:000.000. Todo esto demuestra la continuidad de una política.

Si observamos lo que ocurre con el tema de la deuda externa, no podemos olvidar que a veces se dan cifras inferiores a las reales. El Balance de pagos de 1989 muestra que fundamentalmente por intereses y también por utilidades salieron del país U$S 552:000.000, cifra bruta, ya que el neto es de U$S 349:000.000. De manera que hoy existe una deuda externa bruta de U$S 6.900:000.000, prácticamente U$S 7.000:000.000. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuáles son los compromisos que se tienen que asumir este año? El Banco Central debe amortizar U$S 127:000.000; los Entes, U$S 34:000.000; a esto se suma algunas pequeñas cifras del Banco de la República, del Banco Hipotecario y del Gobierno Central, que significan U$S 38:000.000, por los préstamos a largo plazo; los proveedores del sector privado, U$S 182:000.000 y U$S 800:000.000 de Letras y Bonos. Es cierto que una buena parte de ellos se va a renovar, pero también lo es que cada vez existen más dificultades en esta burbuja financiera. Si tomamos en consideración el total -aunque disminuye con esta renovación de Letras- observamos que se sitúa en U$S 1.079:000.000 este año y esta cifra no comprende los intereses. ¿No será por esto que se está movilizando el oro, que es la reserva del país?

Se ha movilizado ya la cuarta parte de las reservas netas de oro, las que han ido en custodia al exterior y por casualidad ganó la licitación el City Bank que es nuestro principal acreedor. ¿Esto tiene que ver con la amortización de la deuda externa? Realmente este es un asunto que el equipo económico aún no ha aclarado.

La política impositiva gravita sobre los bienes y servicios en un 62%, lo que significa que incide sobre el consumo de la población, y sobre las rentas y utilidades en un 10.69%, sobre la propiedad gravita un 7.31%.

El señor senador Gargano hacía referencia a lo ridículo del impuesto único a la actividad bancaria, que es de N$ 19.748:000.000. También se hablaba de un impuesto de vacuna antiaftósica de N$ 86.595:000.000. Pero el país no puede seguir con este régimen impositivo.

En cuanto al tema de la inversión, el déficit se remonta a N$ 240.000:000.000. A la cotización promedio de 1989 es de unos U$S 284:000.000, pero puede ser aún mayor si hacemos la diferencia de la gestión entre lo comprometido y los créditos presupuestales, alcanzando a U$S 300:000.000 a la cotización promedio de diciembre. O sea que la inversión baja un 10%, y hay, además, inversiones no ejecutadas.

En 1989 se concretaban las gestiones para lograr el financiamiento del BIRF a un préstamo del sector transporte a una entidad del Japón y a un programa de desarrollo regional que incluye unos U$S 15:000.000 para vialidad nacional y departamental. Pero, ¿qué ocurrió? Para los servicios de construcción de la red vial nacional se dio una asignación presupuestal de N$ 60.000:000.000, alcanzando lo ejecutado a N$ 9.566:000.000 -el 15.92%- y la economía fue de N$ 50.528:000.000; es decir que lo no ejecutado fue un 84.08%. Y así podríamos seguir. Para planificación y coordinación del contralor del transporte las cifras son: asignación, N$ 13.000:000.000, ejecutado nada y la economía del 100%. En cuanto al mantenimiento de la red vial departamental que es tan importante tenemos N$ 3.044:000.000 asignados, N$ 1.036:000.000 de ejecutado y una economía de N$ 2.008:000.000. Es decir, que en todos estos rubros de casi U$S 64:000.000, apenas se utilizaron U$S 10:000.000.

También tenemos otros programas de desarrollo de la cuenca lechera y arrocera. Se decía que el Gobierno apoyaría el desarrollo de dichas cuencas mediante un programa vial que demanda inversiones del orden de los U$S 30:000.000; pero el mismo sólo se ha cumplido en un 34%.

Con respecto al tema de los puertos turísticos, se decía que se iba a procurar su acondicionamiento para incrementar sustancialmente la actividad náutica a lo largo de todo el año, especialmente la proveniente de Argentina, a los efectos de contribuir, de este modo, al desarrollo de otras actividades, como por ejemplo la hotelería. En apoyo a estos objetivos se incluyen inversiones en puertos turísticos en el préstamo al sector transporte financiado también por el BIRF.

Se puede observar que existe una economía del 100%. Podríamos continuar detallando datos que fueron publicados por "La Hora Popular".

Para la prestación integral de los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública se dio una asignación de N$ 10.462:000.000, ejecutado N$ 5:314:000.000, con una economía de N$ 5.148:000.000.

Podríamos seguir con los rubros asignados al Estudio Auditorio del SODRE.

Con relación al balance de inversiones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podemos indicar que se le han asignado N$ 2.611:769.955, de los cuales fueron ejecutados N$ 40:000.000 y hubo una economía de N$ 2.570:000.000. Para los servicios veterinarios fueron asignados nuevos pesos 2.470:000.000, de los que se ejecutaron nuevos pesos 149:000.000, con una economía de N$ 2.320:000.000. Si hacemos un resumen general vemos que con una asignación de N$ 103.041:000.000 y N$ 20.033:000.000 de ejecutado, se tuvo una economía de N$ 83.008:000.000.

Hubo préstamos externos. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó con este dinero? ¿Qué ocurrió con estos dólares? ¿Se destinaron a financiar el déficit o para el pago de la deuda externa? Ya lo hemos dicho. No vemos un cambio en todos estos fenómenos negativos de la Administración anterior, sino que la Administración actual los ha agravado en distintos aspectos. Esto lo hemos expresado más de una vez en el Senado. El Gobierno anterior administró la crisis y el actual hace una remodelación mucho más a fondo, pero entendemos que es para insertar a las transnacionales en la economía del país. Lo podemos ver en el proyecto de monopolización, en el de privatización de UTE, PLUNA, ANTEL -que en realidad son proyectos de desnacionalización- y en la política de Bancos de inversión que hemos analizado en Sala.

Se han aplicado sesgos nuevos como la política de "shock" en materia de tarifas y el impuesto a los sueldos, que se dice que recién se suprimiría el año que viene.

Si bien existen algunos giros diferentes en el actual Gobierno, por ejemplo cuando dice que no habrá déficit fiscal, en una serie de rubros fundamentales no los ha habido. Respecto a la deuda externa no hay nada nuevo; en inversiones, seguramente menos; la inflación fue el fracaso más absoluto, ya en 1989 hubo un 89% de aumento en el costo de la vida. Este Gobierno, ya en el mes de agosto lo llevó al 69%. En los diez primeros días de setiembre los precios crecieron un 8%, con lo cual la inflación llegará a un 15% o 120%, o sea que será una de las más grandes de los últimos tiempos. Con respecto a los salarios, el Gobierno anterior terminó en el mes de diciembre con una pequeña variación negativa. Pero en este caso, sobre todo por la rebaja del sueldo real de los funcionarios públicos, tenemos una variación negativa en julio.

Por todo lo expresado, creo que la Rendición de Cuentas, a pesar de lo dicho no es tan intrascendente. ¿Cuáles son los aumentos porcentuales de esta Rendición de Cuentas en materia de compromisos? Ministerio de Defensa Nacional, 0.4%; Ministerio del Interior, 4.1%; ANEP, -1.5%; Universidad de la República, -0.9%. El Contador General de la Nación, Oscar Berrueta, expresó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que esa era la comparación a valores reales de los gastos de funcionamiento de 1989 con respecto a 1988.

Es decir que siendo una Rendición de Cuentas intrascendente, marca una orientación. Pero esta orientación se mantiene, y aun se refuerza, y lo hace en temas vitales que tienen que ver, además del tema financiero y de la deuda, con estos proyectos -algunos de los cuales ya están a consideración del Parlamento- que están causando extraordinario descontento y angustia en la población. El gran problema de la gente es llegar a mitad de mes y ya no poder hacer frente a la compra de alimentos ni a los demás gastos de una familia. A ello se agregan estos proyectos privatizadores, la gran incertidumbre sobre las fuentes de trabajo y episodios tan resonantes como el del Banco Comercial, que no le han hecho ningún favor al Gobierno, porque se habla del problema de los dineros públicos, de cómo hay que manejarlos, de la austeridad, de que no se debe gastar tanto, pero se vende un Banco con papeles sin ninguna garantía, como ha sido demostrado en los debates parlamentarios.

No queremos hacer de esto una política menuda, aunque indudablemente creemos que no puede haber soluciones para el país sin un cambio total de política, impulsado por nuevas fuerzas que entren al Gobierno para sostener el programa que el Frente Amplio ha levantado, no como bandera sectárea, sino con la finalidad de posibilitar el acuerdo de amplias fuerzas. Sin embargo, la angustia de la población es tan grande, que entendemos que no podemos hablar sólo de la perspectiva de 1994; deseamos soluciones inmediatas en lo que tiene que ver con el salario, con la necesidad de quitar el impuesto que está gravando los sueldos. Lógicamente, es preciso buscar soluciones de más largo aliento, relacionadas con propuestas que muchas veces ha hecho el Frente Amplio en lo que tiene que ver con los créditos, con la producción y con la inversión. Lo que decimos es que estamos en una situación frente a la que este Parlamento no puede ser indiferente; se trata de una situación grave. Aunque este sea un debate sobre una Rendición de Cuentas intrascendente, tenemos que manifestar que realmente es necesario un cambio de política. Los problemas planteados en relación a esta Rendición de Cuentas ponían de manifiesto una orientación, que no creemos que se haya cambiado sino agravado.

23) CUARTO INTERMEDIO

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Señor Presidente: hemos mantenido contacto con todas las bancadas y en nombre de ellas creemos poder mocionar para que una vez finalizada la exposición del señor senador Viera, el Cuerpo pase a cuarto intermedio hasta el día de mañana a la hora 14 y 30.

SEÑOR PRESIDENTE. - ¿Se formula moción para que continúe la sesión hasta que finalice la exposición del señor senador Viera o para que se pase a cuarto intermedio al llegar la hora reglamentaria?

SEÑOR ARAUJO. - Formulo moción para que el Cuerpo pase a cuarto intermedio una vez llegada la hora reglamentaria, pero si el señor senador Viera no hubiera culminado su exposición, pediríamos que se prolongue por unos minutos.

SEÑOR PRESIDENTE. - El señor senador podría terminar su exposición en el día de mañana.

SEÑOR ARAUJO. - De acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Araújo en el sentido de que una vez llegada la hora reglamentaria, se pase a cuarto intermedio para proseguir en el día de mañana a la hora 14 y 30 minutos.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: en 22 votos conformes puede haber llamado la atención nuestra manifestación contraria a la decisión adoptada por el Cuerpo. Lamentamos no haber sido consultados, porque creemos que en la medida en que se acuerda una solución, es deseable que ella implique, por lo menos, contar con la opinión de todos los sectores. En este caso concreto tenemos una razón de peso para haber votado negativamente la moción, puesto que para el día de mañana nos habíamos comprometido a visitar la localidad de Castillos. Si hubiéramos sido consultados, habríamos tratado de que la sesión se realizara otro día.

En la medida en que no podemos dejar sin efecto la visita a la que ya nos habíamos comprometido y no pudiendo asegurar nuestra concurrencia para el día de mañana, nos vimos obligados a votar negativamente la propuesta. Trataremos de llegar a la sesión, aunque no tenemos la certeza de poder hacerlo. De cualquier manera, hubiéramos deseado participar de la concreción del acuerdo.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Quiero pedir excusas al señor senador Batalla por la cuota parte de responsabilidad que me corresponde. Debo decir que en determinado momento fui en su búsqueda, pero no se encontraba en Sala y confieso que después lo olvidé por completo, por lo que nuevamente reitero mis disculpas.

No sé si podremos encontrar una solución alternativa antes de que finalice la sesión, pero si se plantea alguna otra propuesta aprovecharíamos estos cuatro minutos para ver si todos estamos de acuerdo con ella, y así contaríamos con la presencia de los señores senadores Batalla y Cassina.

24) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL. EJERCICIO 1989

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Viera en el uso de la palabra en la discusión general del proyecto que figura en primer término del orden del día.

SEÑOR VIERA. - Indudablemente, no hay más remedio que votar en general esta Rendición de Cuentas, pero declaro -como lo decía el señor senador Gargano- que no compartimos diversos artículos. No hemos estado de acuerdo con la desprotección a los sectores de la industria nacional que venden al Estado, porque creemos que esta disposición que se insertó en la Rendición de Cuentas no se separa del tema de la banca de inversión ni de los proyectos de desmonopolización y privatización. Todo esto tiene que ver con una política desnacionalizadora, no sólo en relación a los Entes públicos sino también a la propia industria nacional.

Es cierto que ahora se ofrece la solución de que esta disposición pueda corregirse durante el trámite del Presupuesto. Creo que esto debe pensarse y es necesario analizar las diversas propuestas que existen para llegar a un acuerdo que corrija algo que entendemos muy nocivo para la industria nacional, sobre todo en momentos en que se habla de integración de nuestra industria en el marco regional. Precisamente por ese motivo no podemos votar ahora una disposición que significa su desprotección.

Del mismo modo, tampoco estamos de acuerdo con que no se ampare al conjunto de trabajadores del Estado con el respaldo del Banco de Seguros.

Creemos que es una injusticia que se comete con el conjunto de los trabajadores, al mismo tiempo que un sensible perjuicio al Banco de Seguros. Por ello, también debemos preguntarnos, sin pensar en intenciones, si esta disposición que significará un perjuicio para el Banco mencionado tiene relación con los proyectos de privatización parcial del Banco de Seguros.

SEÑOR PRESIDENTE. - Siendo la hora reglamentaria de levantar la sesión, la Presidencia informa al señor senador que dispone de treinta minutos de su tiempo reglamentario para continuar su exposición en el día de mañana.

25) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. - Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Arana, Araújo, Astori, Batalla, Belvisi, Blanco, Brause, Cadenas Boix, Casina, Cigliuti, de la Sierra, de Posadas Montero, Gargano, Korzeniak, Pereyra, Pérez, Ricaldoni, Silveira Zavala, Singlet y Viera).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Guillermo Facello Prosecretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.