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Nº 48 - TOMO 332 - 4 DE SETIEMBRE DE 1990

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

47ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN LOS DOCTORES GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y WALTER SANTORO Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y LOS PROSECRETARIOS SEÑORES DARDO ORTIZ ALONSO Y GUILLERMO FACELLO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 11) Asuntos entrados

4) Inasistencia de los señores senadores a las sesiones del Senado y a las distintas Comisiones del Cuerpo (artículo 50 del Reglamento)

- La Mesa da cuenta de la nómina correspondiente.

5) Industria textil. Su situación actual

- Manifestaciones del señor senador Pérez.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Industria y Energía y de Trabajo y Seguridad Social.

6) Palacio de las Comisiones del Poder Legislativo. Diversos problemas relacionados con su entorno

- Manifestaciones del señor senador Arana.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión de Asuntos Administrativos del Poder Legislativo, a la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes, a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Intendencia Municipal de Montevideo, a la Junta Departamental de Montevideo, a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y a los Institutos de Teoría y Urbanismo y de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura.

7) Importación de papas por el Estado

- Manifestaciones del señor senador Zumarán.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Confederación Granjera del Uruguay y a la Comisión Nacional de Fomento Rural.

8) Escuela Nº 266 del departamento de Montevideo. Problemas locativos que padece ese centro de enseñanza

- Manifestaciones del señor senador Singlet.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Educación y Cultura y de Transporte y Obras Públicas, al CODICEN, al Consejo de Educación Primaria y al Banco Hipotecario del Uruguay.

9) Descentralización en la prestación de servicios por parte del Estado

- Manifestaciones del señor senador Belvisi.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Programa Nacional de Desburocratización, al Consejo Directivo Central de la Educación, al Banco de la República Oriental del Uruguay y a la Unión de Exportadores del Uruguay.

10) Instituto de Profesores Artigas. Situación de sus egresados

- Manifestaciones del señor senador Belvisi.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Programa Nacional de Desburocratización y al CODICEN.

12) Ingeniero Agrónomo González Vidart. Homenaje del Senado con motivo de su fallecimiento

- Se resuelve realizarlo por moción de varios señores senadores y del señor Presidente.
- En consideración.
- Manifestaciones de lo señores senadores Pereyra, Zumarán, Cigliuti, Silveira Zavala, Viera, Batalla y Santoro.
- Se resuelve, por moción de varios señores senadores, que el Senado se ponga de pie en homenaje a la memoria del ingeniero agrónomo Arturo González Vidart; que el señor Presidente trasmita al Poder Ejecutivo la expresión del Cuerpo en el sentido de que el Erario se haga cargo de los gastos del sepelio y que se envíe el texto de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala a los familiares del extinto.

13 y 16) UTE en el marco del Proyecto de Mejora de la Gestión (P.M.G.)

- Exposición del señor senador Pérez.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Industria y Energía, al Directorio de UTE, a las autoridades de AUTE y a la Comisión de Industria y Energía del Cuerpo.

14) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para designar miembros en los Directorios de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP).

- Se resuelve, por moción del señor senador Santoro, alterar el orden del día y pasar a considerar estos asuntos de inmediato.
(En sesión secreta)
- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder al Poder Ejecutivo las venias que le fueron solicitadas para nombrar, en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, en calidad de Presidente al ingeniero industrial Andrés Tierno Abreu; en calidad de miembros, a los señores Saúl Posadas, Roberto Milburn, Ariel Lausarot y al doctor César Ausqui; en el Directorio de la Administración de Obras Sanitarias del Estado, en calidad de Presidente, al arquitecto Manuel Antonio Romay y en calidad de miembros a los señores Villanueva Saravia Pinto y Tabaré Viera Duarte y, en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, en calidad de Presidente al doctor Alberto Volonté Berro y en calidad de miembros a los señores don Renán Pereza, don Omar Pérez Rodríguez, doctor Mario Reibakas Rifkin y don Raúl Jude.

15) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para designar miembro integrante del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al señor José Ignacio Otegui Griego. Proyecto de Resolución

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- Fundamento de voto de los señores senadores Pereyra y Araújo.

17) Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la Confederación Suiza. Su aprobación

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos. Su aprobación

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Convenio de Colaboración en el Campo de la Cultura, de la Ciencia y la Educación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas y España (U.P.A.E.). Su aprobación

- En consideración.
- Manifestaciones del señor senador Viera.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de España. Su aprobación

- En consideración.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 31 de agosto de 1990.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 4 de setiembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Exposición de una hora del señor senador Jaime Pérez sobre: "UTE en el marco del Proyecto de Mejora de la Gestión (P.M.G.)".

(Carp. Nº 272/90)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) Por el que se aprueba el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la Confederación Suiza.

(Carp. Nº 1454/89 - Rep. Nº 96/90)

3º) Por el que se aprueba el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos.

(Carp. Nº 1455/89 - Rep. Nº 95/90)

4º) Por el que se aprueba el Convenio de Colaboración en el Campo de la Cultura, la Ciencia y la Educación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca.

(Carp. Nº 1315/89 - Rep. Nº 92/90)

5º) Por el que se aprueban las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas y España (U.P.A.E.).

(Carp. Nº 179/90 - Rep. Nº 93/90)

6º) Por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de España.

(Carp. Nº 1203/88 - Rep. Nº 91/90)

7º) Por el que se modifican varios artículos del Código Aeronáutico.

(Carp. Nº 248/90 - Rep. Nº 100/90)

8º) Por el que se crean los Bancos de Inversión y se dan normas para su funcionamiento.

(Carp. Nº 835/87 - Rep. Nº 102/90)

9º) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se crea el Grupo Parlamentario Uruguayo ante la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Latinoamericano.

(Carp. Nº 268/90 - Rep. Nº 94/90)

10) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para designar:

en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) en calidad de Presidente al Arq. Manuel Antonio Romay y en calidad de miembros a los señores Villanueva Saravia Pinto y Tabaré Viera Duarte. (Carp. Nº 283/90 - Rep. Nº 105/90)

en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) en calidad de Presidente al Dr. Alberto Volonté Berro y en calidad de miembros a los señores don Renán Peraza, don Omar Pérez Rodríguez, Dr. Mario Reibakas Rifkin y don Raúl Jude. (Carp. Nº 281/90 - Rep. Nº 103/90)

en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) en calidad de Presidente al Ing. Ind. Andrés Tierno Abreu y en calidad de miembros a los señores don Saúl Emilio Posadas Pasos, don Roberto Leandro Milburn Leindekar, don Ariel Lausarot Peralta y Dr. César Eugenio Ausqui Echave. (Carp. Nº 282/90 - Rep. Nº 104/90)

como miembro integrante del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al señor José Ignacio Otegui Griego. (Carp. Nº 284/90 - Rep. Nº 106/90)

11) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a:

una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección de Loterías y Quinielas. (Plazo constitucional vence el 30 de octubre de 1990). (Carp. Nº 255/90 - Rep. Nº 98/90)

un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura - Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. (Plazo constitucional vence el 11 de noviembre de 1990). (Carp. Nº 264/90 - Rep. Nº 97/90)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cid, Cigliuti, de la Sierra, de Posadas Montero, González Modernell, Irurtia, Jude, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Silveira Zavala, Singlet, Urioste, Viera y Zumarán.

FALTAN: con licencia los señores senadores Astori y Bruera; con aviso el señor senador Gargano.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y un minuto)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 4 de setiembre de 1990.

La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se establecen normas para la obtención de la personería jurídica a las cooperativas.

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

y por el que se autoriza al Personal del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América embarcado en el USS "Harlan County", a realizar ejercicios de tiro con personal del Cuerpo de Fusileros Navales.

-A la Comisión de Defensa Nacional.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo por los que comunica haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por la que se exonera a la Embajada de España del pago de todo recargo, incluido el mínimo, del Impuesto Aduanero Unico a la Importación, de la Tasa de Movilización de Bultos y Tasas Consulares, a la importación de bebidas y combustibles.

por el que se incorporan y se amplían en el Plan de Inversiones Públicas 1990 varios proyectos de inversión a financiarse con recursos extrapresupuestales en Unidades Ejecutoras del Inciso 07, "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

por el que se incorporan y se amplían en el Plan de Inversiones Públicas 1990 varios proyectos de inversión a financiarse con recursos extrapresupuestales en Unidades Ejecutoras del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública".

por el que se autoriza la trasposición de rubros en el Inciso 08 "Ministerio de Industria y Energía".

por el que se amplía en el Plan de Inversiones Públicas 1990 un proyecto de inversión a financiarse con recursos extrapresupuestales, en la Unidad Ejecutora 021 "Centro Departamental de Florida" del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública".

por la que se autoriza a la Administración de Zonas Francas a efectuar trasposiciones de rubros del Proyecto 770 "Construcción de Depósitos en Zonas Francas" al Proyecto 765 "Ampliación del Servicio de Zonas Francas".

por el que se autoriza la modificación del Presupuesto de Inversiones en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" en el Programa 004 "Dirección de Recursos Renovables" Proyecto 854 "Desarrollo Forestal" a la Financiación 1.5 "Endeudamiento Externo" a la Financiación 1.1 "Rentas Generales".

por el que se autoriza el financiamiento de tres estudios de preinversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Administración Nacional de Educación Pública.

por la que designa en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) en calidad de Presidente a la Cra. María del Rosario Medero y en calidad de miembros al Sr. Antonio Zeballos, Ing. Ind. Gabriel Gurméndez Armand Ugon y Sr. Benito Stern.

por la que designa en el Directorio del Banco de Seguros del Estado, al señor Julio Grenno, en calidad de Presidente y en calidad de Miembros al Dr. Ernesto Lorenzo de Ibarreta, Sr. Washington Alfonso Izquierdo, Sr. Ramón Vinci y Dr. Arsenio Bargo.

-Ténganse presente.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

Del Ministerio de Industria y Energía: relacionadas con reiteración de cheque de Fondos Extrapresupuestales y con el pago de horas extras.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionadas con el Concurso de Precios Nº 253/89 para "Servicio de Vigilancia en la División Abastecimientos" y con el Concurso de Precios Nº 216/89 "Contratación de empresas de limpieza para la División Abastecimiento".

Del Banco de Seguros del Estado: relacionadas con el Estado de Ejecución Presupuestal correspondiente al Período Enero-Junio de 1989 y con varios gastos efectuados sin disponibilidad de rubros.

Del Ministerio de Relaciones Exteriores: relacionadas con reiteración de varias Ordenes de Entrega, reiteración de cheques a favor de la Cía, Rioplatense de Hoteles S.A.

Del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: relacionados con los Concursos de Precios Nos. 2/89, 4/89 y 6/89 para la adquisición de heno y con el Concurso de Precios Nº 5/89 de la Dirección de Granos.

Del Ministerio de Turismo: relacionada con la adquisición de dos pasajes.

Del Banco de Previsión Social: relacionadas con la adquisición de dos pasajes.

Del Banco de Previsión Social: relacionadas con varias imputaciones de gastos.

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE): relacionadas con varios gastos observados por falta de disponibilidad de rubros, con Licitación Pública Nº 725/89 para el suministro de cuatro baterías de acumuladores y con gastos observados por error de procedimiento.

De la Suprema Corte de Justicia: relacionada con la contratación de dos funcionarios y pago de viáticos a choferes.

De la Administración de las Obras Sanitarias del Estado: relacionadas con la Licitación Pública Nº 1962 para el suministro de uniformes y con la Licitación Pública Nº 1993 para la adquisición de equipos desincrustadores para caños de hierro.

De Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea: relacionadas con la reiteración de varios gastos.

Del Ministerio de Economía y Finanzas: relacionadas con contratación de un profesional y de una maestra para el Jardín Materno Asistencial.

De la Dirección Nacional de Telecomunicaciones: relacionadas con fraccionamiento de varios gastos.

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionada con la contratación de un profesional.

De la Corte Electoral: relacionada con reiteración de Orden de Entrega a favor de Juncadella del Uruguay.

-A las Comisiones de Hacienda y de Constitución y Legislación.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

-A la Comisión de Asuntos Administrativos.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acusa recibo de los pedidos de informes formulados por el señor senador Jaime Pérez relacionados con:

volumen existente en el país de cebollas y manzanas y las razones que justifican la importación de productos competitivos de la producción nacional, y

sobre el destino que tendrán en el mercado nacional el maíz y el sorgo que ingresarán provenientes de los Estado Unidos de América.

-A disposición del señor senador Jaime Pérez.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de las versiones taquigráficas de las palabras pronunciadas por el señor senador Jaime Pérez, relacionadas con:

los problemas de la libre importación de azúcar, y

con los frecuentes cortes de energía eléctrica que se producen en los distintos barrios de la capital.

-A disposición del señor senador Jaime Pérez.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de las versiones taquigráficas de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Mariano Arana, relacionadas con:

la contaminación del medio ambiente, y

con distintos problemas que afectan a los pobladores de los asentamientos situados sobre camino al Paso del Andaluz.

-A disposición del señor senador Mariano Arana.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Danilo Astori, relacionadas con los productos hortícolas del departamento de Salto.

-A disposición del señor senador Danilo Astori.

El Ministerio de Industria y Energía acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor senador Reinaldo Gargano, relacionadas con el mecanismo de fijación de tarifas y la forma de facturar los consumos por parte de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas.

-A disposición del señor senador Reinaldo Gargano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Leopoldo Bruera, relacionadas con la situación conflictiva actual de la humanidad.

-A disposición del señor senador Leopoldo Bruera.

El Consejo de Educación Técnico Profesional acusa recibo de las manifestaciones formuladas en Sala por el señor senador Carlos Cassina, referentes a la situación de la Escuela de Lechería de Colonia Suiza.

-A disposición del señor senador Carlos Cassina.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República el señor senador Reinaldo Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior relacionado con los hechos ocurridos en un Bar de Punta Gorda el día 21 de agosto del corriente año.

-Procédase como se solicita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución los señores senadores Hugo Batalla y Carlos Cassina solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con las Fuerzas Armadas de la República.

-Procédase como se solicita.

Los señores senadores Pablo Millor y Dante Irurtia, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes:

a la Presidencia de la República referente al Grupo Coordinador de Políticas Sociales, que recientemente se habría creado a nivel de la Presidencia, y

al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con el estado actual de las gestiones para instrumentar "La Complementación Salarial para los Sueldos más bajos", que fuera anunciada por el señor Ministro.

-Oportunamente fueron tramitados.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se amplía el plazo de que dispone la Comisión Nacional de Actualización del Código Civil para el cumplimiento de sus fines.

-Repártase. Inclúyase en el orden del día de la sesión de mañana miércoles.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en Materia de Seguridad Social entre la República y los Estados Unidos Mexicanos.

-Repártase. Inclúyase en el orden del día de la sesión de mañana miércoles".

4) INASISTENCIA DE LOS SEÑORES SENADORES A LAS SESIONES DEL SENADO Y A LAS DISTINTAS COMISIONES DEL CUERPO. (Artículo 50 del Reglamento).

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Senadores, de la nómina de inasistentes a las sesiones del Senado y a las de las distintas Comisiones.

(Se da de las siguientes:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento, la Mesa da cuenta que:

a la sesión extraordinaria del Senado del día 27 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Walter Belvisi y Jorge Silveira Zavala.

a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 30 de agosto faltó con aviso el señor senador Américo Ricaldoni.

a la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del día 29 de agosto faltó con aviso el señor senador Walter Belvisi y sin aviso el señor senador Jorge Silveira Zavala".

5) INDUSTRIA TEXTIL. Su situación actual.

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado entra en la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: deseo ocuparme de la situación de los trabajadores de la industria textil.

Si bien el tiempo no nos permite extendernos sobre el punto, es por todos conocido el hecho de que, como consecuencia de diversas circunstancias, en dicha industria existe un importante nivel de desocupación. Ello nos preocupa porque la misma albergó, en otras épocas, a cerca de 20.000 trabajadores, los que hoy se han visto reducidos a menos de la mitad.

En concreto, quiero decir que he estado conversando con los trabajadores de una fábrica ubicada en la calle General Flores, a la altura de los barrios Cerrito y Las Acacias. Dicho establecimiento tiene, aproximadamente, 50 años de antigüedad y en el año 1978, es decir, apenas 12 años atrás, contaba con algo más de 1.000 empleados, repartidos en tres turnos, mientras que ahora, ellos apenas llegan a 450. Además, se halla en medio de grandes dificultades.

Los trabajadores denuncian que desde hace dos años vienen soportando el deterioro de las relaciones laborales, como consecuencia de la permanente amenaza de cierre de su fuente de trabajo. Esto responde -según ellos dicen- a la falta de inversión en la empresa durante largo tiempo, lo que se traduce en un decaimiento de la estructura fabril que pone en riesgo la vida misma de los trabajadores por la carencia de condiciones de seguridad e higiene ambiental.

Los trabajadores son conscientes de que la empresa tiene grandes deudas con la banca oficial y privada, pero también acusan a la dirección de la fábrica de ciertas actitudes de vaciamiento que han provocado que ni siquiera puedan pagarse retenciones que se le hacen a los trabajadores por concepto de ANDA, de la Cooperativa Familiar del Banco de Previsión Social, de cuota sindical, etcétera. Los importes no han sido vertidos a dichos organismos, con las dificultades que ello genera.

Los trabajadores han visto con preocupación la pérdida de algunas reivindicaciones conseguidas tiempo atrás por movilizaciones, como por ejemplo un premio que se cobraba todos los fines de año -hoy ya no se da lo mismo- un subsidio que se les daba mes a mes para enfrentar los gastos de cantina, que consistía en el 50% del valor del menú económico que allí se les ofrecía. Actualmente, ya no se da ese subsidio y ni siquiera existe el comedor.

Hace dos años recibieron un golpe cruel con el envío de 180 compañeros al Seguro de Paro y el despido de otros 150. Esto dejó un saldo muy negativo en el espíritu de los trabajadores.

Como si esto fuera poco, también desde hace dos años -como ellos mismos lo indican- se viene dilatando el plazo de pago de los salarios e incluso se paga en cuotas -lo que se ha agravado en los últimos 8 ó 9 meses- creando dificultades muy grandes.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Santoro)

-Conscientes de la necesidad de defender su fuente de trabajo, junto con el Congreso Obrero Textil- del que forman parte- han tratado de encontrar soluciones para el conjunto de problemas reseñados. Para ello han concurrido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a comisiones de conciliación previstas en el Convenio Colectivo del Congreso Obrero Textil y de AITU, que es la organización que agrupa a la patronal.

En enero del corriente año, debido al mencionado atraso de los pagos, la empresa llegó a una confrontación. Eso dio lugar a arduas negociaciones hasta lograr un programa de pagos mucho más allá de las normas legales. Sin embargo, la empresa no cumplió con el cronograma y en agosto se generó nuevamente una situación conflictiva. Ante las medidas tomadas por los trabajadores la empresa decretó el lock out, cerrando así la fuente de trabajo. El personal se mantuvo agrupado y firme, acampando durante 20 días frente a la sede del local sindical y tras una larga negociación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han logrado -sacrificando ciertos derechos pero manteniendo su fuente de trabajo- el inicio de una posible solución, si bien siempre existe el peligro de que se repita nuevamente lo que ya sucedió a principios de año, en que se firmó un convenio que no se cumplió.

Esto es lo que sucedió en una fábrica que pertenece a un gremio muy castigado por el escaso trabajo y la dura desocupación, y pone de relieve la necesidad de tomar con preocupación el tema referido a la reactivación del trabajo en lo mismo.

Por lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabra sea remitida a los Ministerio de Industria y Energía y de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se va a votar la moción formulada por el señor senador.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) PALACIO DE LAS COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO. Diversos problemas relacionados con su entorno.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA. - Señor Presidente: en la tarde de ayer, 3 de setiembre, estuvo a punto de concretarse un procedimiento judicial, esto es, el lanzamiento de varias familias afincadas desde hace muchos años en el entorno inmediato a ésta, nuestra Casa. Si bien se obtuvo una nueva prórroga en cuanto al lanzamiento, es de hacer notar que están previstos otros procedimientos similares a llevarse a cabo en los próximos días. Este no es un hecho nuevo, pues ya se ha reiterado en anteriores oportunidades; por otra parte, nos compromete a todos no sólo porque está en juego el alojamiento de un grupo de conciudadanos de modestos recursos, sino porque los inmuebles en los que estas personas están hoy asentadas son de propiedad pública.

Se trata de un conjunto de viviendas localizadas sobre las calles Panamá, Acuña de Figueroa y Guatemala. Dicho conjunto, compuesto de una veintena de casas, se ve afectado por el proyecto de reestructuración del espacio circundante al Palacio Legislativo y al nuevo edificio anexo destinado a Comisiones y servicios complementarios. Entiendo que de ser realmente imposible la permanencia de esas personas en el área por razones de reestructuración física, debe asegurárseles prioritariamente -y pongo en esto, un acentuado énfasis- un alojamiento alternativo decoroso, tal como la propia Constitución de la República lo prescribe. Por otro lado, siendo indudablemente prioritaria la situación poblacional, creo un deber llamar la atención hacia las especialísimas características físicas que singularizan el conjunto de que se trata.

Voy a reseñar brevemente, señor Presidente, esta concreta porción de la ciudad, tan próxima al Palacio Legislativo, afincada en un área que, como la de la Aguada, tiene que ver con la historia de la ciudad de Montevideo y está arraigada al inicio mismo de la configuración urbana de la capital. Sin duda, este conjunto es producto de una operación inmobiliaria realizada presumiblemente en el entorno de 1900. Más allá del acotamiento de vulumetría y de la modestia de recursos expresivos del conjunto, ese grupo de casas -respetando la tradicional configuración de la manzana, que por otra parte constituye el núcleo básico de origen indiano y que está, además, en la base misma de la estructuración de Montevideo y prácticamente de todas las ciudades del interior- presenta, desde el punto de vista estético, una gran unidad, sin por ello carecer de intereses múltiples y variados elementos con notorio valor arquitectónico. Contribuyen a esto el propio asentamiento físico con características topográficas poco usuales, con algunas pendientes particularmente pronunciadas.

Tanto desde el punto de vista urbanístico como arquitectónico, cada una de las unidades que conforman ese grupo -en sí mismas, modestas- alcanzan en tanto se aglutinan en conjunto urbano, un valor relevante. Por otra parte, este complejo arquitectónico dio motivo a la publicación de un artículo a cargo de técnicos especializados de nuestra Facultad de Arquitectura, en octubre de 1987, el que apareció en el Nº 19 de la revista "Trazo".

Es que, en efecto, el referido conjunto reviste una innegable significación plástica de gran sugestión y potencialidad urbana.

A lo expresado sobre la conformación de la masa, del proporcionado ordenamiento de sus fachadas y de las ocasionales riquezas artesanales, deben agregarse valores no menos relevantes en cuanto a los aciertos espaciales, que hacen que el conjunto posea una peculiaridad indudable, incluso teniendo en cuenta, áreas urbanísticas de similares características en el resto de la ciudad. Al respecto, debo mencionar que un grupo compuesto por seis viviendas se sitúan alrededor de un espacio interno al que se accede por un corredor tachado con claraboya; configura esto, en el medio de la manzana, una especie de plazoleta interior con fachadas internas, hecho absolutamente inusual dentro del marco urbanístico de Montevideo.

Al hablar con las autoridades de nuestra propia Casa y con los proyectistas que tienen bajo su responsabilidad el diseño y dirección de las obras del Palacio de las Comisiones, se me ha informado que ese grupo de casas -tan singularmente caracterizadas, reitero, desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico- está destinado a la demolición. Al preguntar sobre las razones que llevarían a tan insensata medida, se me habló de la construcción de un helipuerto. Si ese fuera el motivo, daría mucho para pensar y considerar, habida cuenta que, a nivel oficial, se afirma la voluntad de contención del gasto público.

Aparte de esa razón -si es que puede hablarse de tal- me preocupa fundamentalmente que después de haber sufrido los latinoamericanos -concretamente, los uruguayos y particularmente, los montevideanos- desaprensiones tan claras respecto a valores trascendentales, tales como los culturales, urbanísticos y estéticos, en general, en todo lo que significó la deformación de nuestro paisaje y de nuestras áreas urbanísticas y arquitectónicas, pueda insistirse en una acción depredatoria que realmente no podemos entender. Digo esto porque se contrapone clarísimamente a toda la doctrina, la teoría, los seminarios y congresos regionales e internacionales; se contrapone a todas las experiencias, concursos y publicaciones más relevantes. Digo esto porque se contrapone clarísimamente a toda la doctrina, la teoría, los seminarios y congresos regionales e internacionales; se contraponen a todas las experiencias, concursos y publicaciones más relevantes. Es que se ha venido cambiando en forma radical la manera de concebir la estructuración del espacio público para bien de los propios habitantes allí afincados. Ya no es posible contraponer pasado y presente; valor histórico y auténtica modernización.

Deseo enfatizar estos aspectos. Creo que no es irrelevante sostener que resultaría preocupante que hoy en democracia se estuvieran reiterando acciones que los uruguayos entendíamos habían sido motivadas tan sólo por las agresiones que la dictadura había impuesto en nuestro país a nuestra ciudad y a nuestra gente. Nuestra preocupación por los valores sociales, habitacionales y urbanos, implica tener en cuenta, en primer lugar, los mencionados desalojos y, de ser imprescindibles, buscar las lógicas alternativas de alojamiento para esas personas allí afincadas desde largo tiempo atrás. Somos igualmente sensibles, a los aspectos sociales y humanos que derivan del mantenimiento de una situación conflictiva que en nada favorece la buena marcha de unas obras que se han entendido imprescindibles para nuestra propia Casa: y a todos esos valores sociales, humanos y poblacionales debemos agregar aquellos otros de índole arquitectónica, urbanística y cultural. Creo que solamente de esa manera, podemos, en estos aspectos como en tantos otros que tienen que ver con nuestra acción parlamentaria, asegurar que conductas equilibradas, sensatas y sensibles, tengan cabida y resonancia en el ámbito público.

De acuerdo a todo lo manifestado solicitaría que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión Administrativa; a la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes; al Ministerio de Educación y Cultura; a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Intendencia Municipal de Montevideo; a la Junta Departamental de Montevideo; a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay; al Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y al Instituto de Historia de la Arquitectura de la misma Facultad. Pido excusas por esta larga nómina a que he hecho referencia, pero creo que corresponde debido a la preocupación que tengo sobre el tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - La Mesa agradecería que el señor senador Arana el nombre de los dos últimos institutos a que hizo referencia.

SEÑOR ARANA. - Dichos institutos son: el de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y el de Historia de la Arquitectura perteneciente a la misma Casa de Estudios.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se va a votar la solicitud del señor senador Arana en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras sea enviada a la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo; a la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes; al Ministerio de Educación y Cultura; a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Intendencia Municipal de Montevideo; a la Junta Departamental de Montevideo; a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay; y a los Institutos de Teoría y Urbanismo y de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

7) IMPORTACION DE PAPAS POR EL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Continuando con la hora previa tiene la palabra el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. - Deseo referirme a una información que por medios periodísticos ha llegado a la opinión pública, en el sentido de que la ex Comisión de Subsistencias -que ahora tiene otro nombre- importará papa para el consumo.

Quizás no sea éste el momento para referirme a este tema porque, estamos atravesando un agudo proceso inflacionario y existe una preocupación general a nivel de todos los sectores de la sociedad uruguaya, respecto al alza de los precios al consumo y costos de vida. En consecuencia, parecería que, en principio, toda acción que el Estado adopte con la noble intención de reducir este alza del costo de la vida debe ser bienvenido. Sin embargo, señor Presidente, creo que el instrumento elegido, o sea, el de recurrir a la ex Comisión de Subsistencias para importar productos, no es el más adecuado. Las experiencias pasadas respecto de la utilización del Estado como importador han sido muy malas y ello se debe a dos factores.

Por un lado, debemos tener en cuenta que el Estado realiza en forma incorrecta este trabajo. Es más, si se analizan los antecedentes de las últimas décadas se podrá comprobar que a Subsistencias le faltaron quilos; hubo una serie de irregularidades y, finalmente, se realizaron sumarios. Todo esto arrojó grandes pérdidas al Erario.

El Estado no es un buen ejecutor de estas operaciones que de por sí son difíciles. Debemos tener en cuenta que se trata de artículos altamente perecederos; son artículos que se pesan hoy y que mañana sufren una merma natural en su peso; el control del volumen físico de esta mercadería se vuelve muy complicado y, generalmente, se trata de operaciones que se realizan contra reloj. Repito, que son productos perecederos, de conservación muy difícil y, por lo tanto, es normal que el Estado compre y pague 100 y termine entregando y vendiendo -en el mejor de los casos- 60 ó 70. Inclusive han habido experiencias en que el Estado ha entregado solamente 50 ó 40 de los 100 quilos que compró inicialmente.

Debemos señalar que al Estado este tipo de operaciones le cuestan mucho y si bien es grande la preocupación por rebajar el costo de vida, resulta igualmente preocupante que se realicen típicas operaciones comerciales que le arrojan pérdidas y le ocasionan toda clase de dolores de cabeza.

Otro motivo por el cual esta operación no sería recomendable radica en la situación en que quedan los productos nacionales que cultivan este tipo de productos. Dichos productores, de golpe y sin previo aviso tienen que competir, nada menos, que con el Estado.

Por otro lado, si se entendió que la plaza estaba desabastecida y que el país requería la importación de papa, también debió recordarse de que el Uruguay la importación de estos artículos es libre, o sea, que cualquier particular puede realizar la operación pagando, simplemente, los recargos arancelarios que son cada vez más pequeños y que protegen la producción nacional. Estas son las reglas de juego en virtud de las cuales un productor uruguayo invierte en el cultivo de papa o de cualquier otro artículo; sabe que tienen el mercado uruguayo o el internacional para colocar su producto y también sabe que otro particular o interesado, puede importar la papa a precios internacionales pagando un recargo moderado -esto es lo normal en este tipo de producciones- del 25 ó 30%. De todas formas, no es este el momento de estudiar el volumen del recargo.

En consecuencia, el productor nacional sabe que enfrenta la competencia de otro particular interesado el cual asume los riesgos, invierte capital e importa papa a su ganancia o pérdida. Por lo tanto, este interesado se va a cuidar muy bien de importar las cantidades necesarias, en el momento en que efectivamente se precisen y a precios que resulten competitivos. No es lo mismo, para el productor, enfrentarse desde su granja a la competencia con el Estado, el cual no saca costos, puede perder en la operación sin que nadie lo llame a responsabilidad y, además, importa sin pago de aranceles y sin ninguna protección. Todo esto acarrea un profundo desánimo a nivel de la producción nacional.

Precisamente, en el día de hoy me han informado acerca de un productor que tenía todo programado para realizar el cultivo de papa para la próxima estación y que, al enterarse de que Subsistencias -cosa que no ocurría desde hace mucho tiempo- se convertiría en importador decidió desistir de ese cultivo. Sin duda, pensó que era mejor guardar el dinero en el banco y no contraer el crédito para no arriesgar su capital y firma. De lo contrario, tendría que competir no sólo con la sequía, las heladas, los granizos y todas las demás inclemencias climáticas, sino que además, tendría que competir con un Estado que importa libre de todo cálculo de costos, etcétera.

Este tema ha sido tratado a nivel de la Comisión de Hacienda y surgió a raíz de un planteo del señor senador Astori -lamentablemente hoy no está presente en Sala- basado en un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio relativo a la protección de la granja nacional frente a importaciones de productos de origen extranjero. A dicha Comisión asistió el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Ramos, quien categóricamente afirmó que este tipo de reglas de juego no se iban a violar. Quiero decir que cualquier productor nacional iba a enfrentar la competencia de aquellos otros comerciantes que quisieran, a su cuenta y riesgo, importar productos pagando el arancel correspondiente. Incluso, hubo una larga discusión sobre el tema de los precios de referencia.

Por la Comisión desfilaron todos ellos y constan en las actas las diferentes opiniones, es decir de la Confederación Granjera del Uruguay, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, de las Cooperativas Agrarias Federadas y de toda una serie de instituciones gremiales vinculadas al sector, que expresaron también su opinión sobre el punto. Un mes después, nos enteramos por el diario que la ex Subsistencias recurre a esta importación. Creo que esto le ha hecho un mal muy grande a la credibilidad sobre las reglas de juego para este sector.

Por estas razones, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para su conocimiento, a la Confederación Granjera del Uruguay y a la Comisión Nacional de Fomento Rural.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se va a votar la solicitud del señor senador Zumarán, en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se pase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Confederación Granjera del Uruguay y a la Comisión Nacional de Fomento Rural.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) ESCUELA Nº 266 DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO. Problemas locativos que padece ese centro de enseñanza.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador Singlet.

SEÑOR SINGLET. - Señor Presidente: me voy a hacer eco de la preocupación de los vecinos del Complejo Habitacional América, en lo que tiene referencia con la situación de la Escuela Nº 266 de Educación Primaria que allí funciona.

El origen de esta situación se da en una autorización, que los propios vecinos, en 1985, otorgaron al Consejo de Educación Primaria, hasta tanto se construyera el local en el predio que la propia Comisión. La escuela funciona en el salón comunal de ese Complejo, y naturalmente que de la subdivisión se obtuvieron salones pequeños, mal ventilados y mal iluminados. Si esta situación era ya precaria en 1985, con 387 alumnos, es fácil comprender cómo se ha ido agravando con el transcurso del tiempo. En 1988, el Director ordena un censo del cual resultan mil niños en edad escolar en la zona y una cantidad similar de cero a cinco años, que serán los futuros alumnos de la Escuela. En la zona se están construyendo Centros Habitacionales que representan 364 viviendas nuevas. A eso tenemos que sumarle las mil viviendas del Complejo América.

En principio, el local comunal fue cedido por los vecinos por un año. Hoy la situación es grave, tanto por las malas condiciones en que funciona la Escuela que, naturalmente, no cuenta con lo mínimo indispensable desde el punto de vista locativo, ni se realizan reparaciones indispensables, de acuerdo con lo que denuncian los vecinos. A todo esto, el Complejo América, con más de seis mil habitantes se ha visto privado de utilizar su salón comunal proyectado para actividades sociales y culturales.

Los vecinos que, en 1985, lo pusieron a las órdenes de Educación Primaria no se han desatendido del problema y han realizado numerosas, reiteradas e infructuosas gestiones. El Banco Hipotecario les presentó el plano del lugar gestionado para edificar la Escuela con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que no pudo concretarse porque la División Arquitectura de Primaria no habilitó el predio elegido. En setiembre de 1988, los vecinos del Complejo América hicieron un planteamiento al Ministerio de Educación y Cultura y a la propia Presidencia del CODICEN, solicitando una urgente solución que les permitiera recuperar el salón comunal, que hace cinco años otorgaron en préstamo a Primaria y, a la vez, se le permita a la Escuela contar con un edificio adecuado para cumplir con sus cometidos.

En julio de 1990 insistieron en su planteamiento y el 17 de agosto de este año convocaron a una conferencia de prensa en el propio Complejo que está ubicado en el Camino Durán y Yegros.

Nos sumamos a esta preocupación porque entendemos que cientos de escolares están siendo mal atendidos y porque los vecinos han dado suficientes muestras de tolerancia y buena voluntad, sin haber encontrado lo que nosotros creemos merecen, que es una respuesta concreta a breve plazo.

Con este propósito, solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras pase a los Ministerios de Educación y Cultura, de Transporte y Obras Públicas, al CODICEN, al Consejo de Educación Primaria y al Banco Hipotecario, que son los organismos que han tenido alguna intervención en el problema.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se va a votar la solicitud presentada por el señor senador Singlet.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) DESCENTRALIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador Belvisi.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: hoy volvemos a insistir en un tema que tiene importancia relevante -entre otros, naturalmente- en lo que dice relación con una verdadera descentralización en la prestación de servicios por parte del Estado.

En nuestro contacto y relación directa y estrecha, de casi todas las semanas con el interior del país, con su realidad, con su gente, con sus obreros, con sus maestros y profesores, sus estudiantes, en fin, con el vecino común, verificamos que, por más que se proclame desde el Gobierno y otros ámbitos la atención prioritaria del interior, existe una injusta discriminación, en múltiples aspectos, entre los habitantes de Montevideo y los de campaña, como suele llamárseles muchas veces.

La centralización -que no es nueva en nuestro país- hace todo más difícil, más complicado, lento y caro para los ciudadanos llamados de "tierra adentro", lo cual resulta, no sólo injusto, sino que, además, es perjudicial para el desarrollo integral del país.

Hoy no quiero cansar al Senado con una lista casi interminable de hechos y circunstancias que conforman el diario vivir de esta dependencia obligada del interior con la capital.

Bastarán algunos ejemplos de cosas y situaciones que, en forma aislada parecen sin importancia pero que, todas juntas, conforman esta trama tan injusta como perjudicial. Desde una maestra que debe viajar obligadamente a Montevideo para un simple examen psicofísico, o una madre que debe traer a su hijo a Montevideo para una visita médica de rutina por ejemplo, en Asignaciones Familiares, que es algo que podría hacer en cualquier consultorio médico del país.

Sirve, también, a modo de ejemplo, el caso del policía del interior, a quien el Ministerio no le da los mismos beneficios que a la policía de Montevideo. El policía de campaña está las 24 horas a la orden y no cobra ninguna compensación por ello y tampoco recibe la canasta de alimentos que, sí, recibe el policía de la capital. Tampoco los familiares del policía del interior reciben atención del Hospital Policial, a pesar de que aporta como todos los demás policías.

También podría referirme a cuántas reparticiones públicas hacen venir muchas veces a Montevideo a los interesados solamente a "notificarse", cuando esa misma dependencia tiene sucursales u oficinas departamentales.

Sabemos que el Banco República ha descentralizado muchos de sus trámites y decisiones. Sin embargo, constituye un reclamo de productores y comerciantes, es decir, las trabas a una acción rápida y eficaz que provienen de la centralización. Podría poner otros ejemplos en relación con UTE, OSE, Banco de Previsión Social, etcétera, pero, en resumen, podemos decir que, prácticamente, casi todo lo referido a la Administración Pública depende de Montevideo.

No podemos soslayar en este momento la situación de dependencia de toda la organización de exportaciones e importaciones, ya que los productores e industriales vinculados a ellas e instalados en el interior, se ven obligados, por esa dependencia con el centralismo, a instalar irremediablemente sus oficinas en la capital. Tal es el caso de las industrias de Paysandú que, siendo exportadoras de productos por un valor de U$S 150:000.000 -que implican el 25% de las exportaciones de rubros no tradicionales del país- se ven obligadas a radicar sus oficinas en Montevideo para todos los trámites de exportación. Esto no es más que un dato de la realidad, un hecho concreto, que nos obliga a reclamar medidas urgentes para descentralizar, con efectividad, el aparato burocrático afincado en Montevideo.

En los hechos, la descentralización va mucho más allá de lo que significa el sistema unitario de gobierno, por más que escuchemos el sistema unitario de gobierno, por más que escuchemos todos los días expresiones referidas a la descentralización y a la atención del interior. Como prueba, me remito sencillamente al testimonio de los habitantes del interior, que son quienes padecen y sufren en última instancia esta situación.

Conste que hoy no me estoy refiriendo a una descentralización que sea el resultado de una planificación o acondicionamiento territorial a corto o mediano plazo, promoviendo y desarrollando regiones con una óptica integral; me estoy refiriendo, simplemente, a situaciones que solamente pasan y dependen de la voluntad y decisión de hacerlas en forma inmediata y que no requieren otra mayor inversión que la propia voluntad gubernamental, especialmente en el ámbito administrativo.

10) INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS. Situación de sus egresados.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Para referirse a otro asunto puede continuar en el uso de la palabra el señor senador Belvisi.

SEÑOR BELVISI. - Señor Presidente: Hoy queremos referirnos, además, a otro tema como consecuencia de un planteamiento que hemos recibido del sector que se vincula a los egresados del Instituto de Profesores Artigas.

Deseo reclamar, quizá, justicia para aquellos profesores que, siguiendo su vocación, obtuvieron su título habilitante y, sin embargo, luego no pueden ser satisfechos sus derechos y sus aspiraciones.

Me voy a permitir leer algunos párrafos de un memorándum que me ha entregado recientemente un grupo de profesores titulados en el IPA.

Allí se dice: "suponemos que quienes poseemos título habilitante fuimos capacitados expresamente para nuestra función".

Por ello expresan: "no estamos de acuerdo con el Concurso de Oposición para lograr nuestra efectividad pues se está desconociendo la función del IPA como centro de formación docente".

Y, en punto a la descentralización, expresan: "Aun en el caso de insistir en el Concurso de Oposición y Méritos considerando injusto que docentes del interior debamos trasladarnos a Montevideo para rendirlo..."

"¿Por qué no instalar tribunales regionales en el interior del país si se habla tanto de descentralización?"

Y, finalmente, manifiestan su reclamo por "una regularización de la situación de los egresados del IPA en forma definitiva, que contemple el estudio y la especialización alcanzada..."

Entiendo, señor Presidente que les asiste razón a los profesores egresados del IPA para conseguir su graduación, en cuanto el título que ostentan ha sido otorgado por la enseñanza oficial.

No podemos ignorar que, también, en este aspecto la enseñanza pasa por esa situación coyuntural.

El reclamo de los profesores egresados del IPA lo es, sin perjuicio de los llamados profesores precarios, que en algunos casos han dictado clases por muchos años y esa es, precisamente, otra de la realidades que es necesario enfrentar y para lo que este Cuerpo tiene proyectos a estudio. Habría que buscarles una solución que les asegure su trabajo, porque en muchos casos han sido docentes los que han cubierto, con su vocación y esfuerzo, una carencia de profesores en todas las ramas de la Enseñanza Media que se ha venido generando.

Este es otro de los importantes temas que, a corto o mediano plazo, es necesario resolver dentro del gran tema de la enseñanza.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Programa Nacional de Desburocratización, al Consejo Directivo Central de la Educación, al Banco de la República Oriental del Uruguay y a la Unión de Exportadores del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Se va a votar la moción presentada por el señor senador Belvisi en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras pase al Programa Nacional de Desburocratización, al CODICEN, al Banco de la República y a la Unión de Exportadores del Uruguay.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Ha terminado la hora previa.

11) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Dése cuenta de dos asuntos entrados llegados a la Mesa.

(Se da de los siguientes:)

"De conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor senador Jaime Pérez solicita el envío de un pedido de informes a la Dirección de Comercio y Abastecimiento, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con referencia a las ofertas de venta de papas recibidas, precios de cada una de ellas, estudios y fundamentos que determinaron la elección de la oferta".

-Procédase como se solicita.

"De conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor senador Jaime Pérez solicita el envío de un pedido de informes a la Dirección de Comercio y Abastecimiento, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con referencia a las ofertas de venta de papas recibidas, precios de cada una de ellas, estudios y fundamentos que determinaron la elección de la oferta".

-Procédase como se solicita.

"De conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor senador Jaime Pérez solicita el envío de un pedido de informes al Ministerio del Interior, referido a la nómina de funcionarios trasladados en el último año en la Seccional 7a de Bella Unión, motivo de los traslados y si se tomaron las medidas necesarias para cubrir los gastos que se les generan a esos funcionarios por su nuevo destino".

-Procédase como se solicita.

12) INGENIERO AGRONOMO GONZALEZ VIDART. Homenaje del Senado con motivo de su fallecimiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - El Senado entra al orden del día.

Dése cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Los señores senadores Zumarán, Pérez, de la Sierra, Singlet y Silveira Zavala, y el señor Presidente del Cuerpo, doctor Aguirre Ramírez, mocionan en el sentido de que el Senado rinda homenaje al eminente ciudadano ingeniero agrónomo Arturo González Vidart, fallecido en el día de ayer".

-Se va a votar la moción presentada con carácter de urgencia en el sentido de que el Senado rinda homenaje al ingeniero agrónomo Arturo González Vidart.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el asunto cuya urgencia se acaba de votar.

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: en el día de ayer se ha extinguido la vida del ingeniero agrónomo Arturo González Vidart, significando ello el fin de una existencia consagrada a servir al país. Al así decirlo, empleó para ello toda la dimensión que tuvo su figura.

Este destacadísimo ciudadano, como profesional, como político, como gremialista en todo aquello que implica a la actividad cívica, donde marcó su presencia, sobresalió nítidamente con la personalidad de un hombre singular.

Recién recibido de ingeniero agrónomo -junto con los primeros técnicos surgidos de nuestra Facultad- el Gobierno de la República lo designó para realizar un viaje de estudios al exterior y recoger así experiencias para propiciar en el país la tarea de la colonización que transformara el ámbito agropecuario nacional. Esta misión que cumplió con éxito ya que regresó para impulsar, bajo distintos gobiernos, iniciativas que jalonaron toda la trayectoria de la acción colonizadora del Estado que culminó, en el año 1948, con la Ley de Creación del Instituto Nacional de Colonización.

El ingeniero González Vidart estaba profundamente convencido de que era necesaria la transformación de las estructuras del agro uruguayo a través del impulso de la colonización y del cooperativismo asociados; en ese sentido trabajó durante toda su vida. El mismo fue colono en la zona de Tapia, en una modesta explotación rural; esa modestia caracterizó todas las actividades de las que participó el ingeniero González Vidart.

A quienes no lo conocieron les podía resultar difícil encontrar, detrás de aquella figura sencilla, toda la inmensa dimensión de su talento, de su amor por el país y de su consagración al bien público.

No fue colono solamente debido al interés de obtener un beneficio económico; en realidad, era el maestro, el profesor que dejaba el aula donde había enseñado para ir a impartir sus conocimientos en el teatro mismo de las actividades agropecuarias.

Fue también un hombre público, un político.

Desde los años 1926 a 1933 fue diputado, y existen muchas leyes en las que podemos encontrar el sello de la intervención brillante y profunda del ingeniero González Vidart. Entre ellas se haya la Ley de creación del Frigorífico Nacional y, también, la de creación de ANCAP. Otras leyes marcaron igualmente su consagración al interés nacional.

En el año 1943 fue designado Ministro de Ganadería y Agricultura, bajo el Gobierno del doctor Juan José de Amézaga. No llegó a completar su mandato y fue sustituido por otro ciudadano, pero en el período -menos de dos años- en que estuvo al frente de esa Cartera, procuró llevar a cabo esa política que dinamizaba toda su vida: la transformación del agro uruguayo.

Por estas mismas razones, practicó una activa vida gremial en distintas instituciones, como la Sociedad de Fomento Rural, en la que desarrolló su más amplia gestión.

Quiero destacar que este ciudadano de profundas convicciones nacionalistas fue un patriota en toda la dimensión de la palabra, y un profundo demócrata, como lo demostró a través de su larguísima existencia en cuanta circunstancia le fue propicia.

Durante los doce años del gobierno de facto que vivió el país en las décadas pasadas, el ingeniero González Vidart participó activamente de las reuniones que, disimuladamente, en forma clandestina o semiclandestina, pudimos realizar en aquella época para avivar la llama de la resistencia a la dictadura.

En los últimos años consagró su esfuerzo y su sapiencia -con más de 90 años pero en plena lucidez- a fomentar distintas actividades cooperativistas. Pero no por eso olvidó la política. A los 96 años, y perfectamente lúcido, el ingeniero González Vidart, luego de conocido el resultado de las últimas elecciones, y sabiendo que en la vieja Casa de los Lamas estaba reunido un grupo de dirigentes nacionalistas, concurrió allí en el mes de febrero, acompañado por una de sus hijas, a señalar que estaba dispuesto a poner su experiencia al servicio de asesoramiento del Gobierno que iba a iniciar su gestión. Y voy a relatar lo que una de sus hijas me comentó esta mañana, a los efectos de señalar su profunda solidaridad con el nacionalismo. Cuando en esa oportunidad a que hice referencia el ingeniero González Vidart fue a bajar las escaleras de la casona de los Lamas, trastabilló y estuvo a punto de caer. Entonces, dijo a su hija lo siguiente: "Si me caigo, aquí, me mato". Y de inmediato, con la sonrisa que le era tan característica, agregó: "Bueno, moriría en el mejor lugar".

El ingeniero González Vidart no fue sólo un hombre que profesara amor hacia el nacionalismo; creo que ese amor fue superado ampliamente por su patriotismo. No lo evocamos aquí por haber sido un correligionario nuestro, sino en su calidad de hombre que consagró sus mejores afanes al servicio del país, a través de una larguísima existencia.

El año pasado -y voy a relatar dos situaciones más para definir esta personalidad que no muchos pueden medir hoy en toda su dimensión por razones generacionales- la Facultad de Agronomía realizó una ceremonia de homenaje al ingeniero González Vidart, otorgándole el título de Doctor Honoris Causa. Pocos meses después, la misma casa de estudios, organizó una discusión acerca de la vigencia o no de la Ley de creación del Instituto Nacional de Colonización. Tuve oportunidad de asistir a ambos actos. Era natural que en el primero de ellos el ingeniero González Vidart agradeciera la distinción que se le hacía, con la elocuencia que sabía hacerlo. En el segundo de estos eventos era una especie de patriarca que estaba presente en el debate de estos temas por los que había trabajado toda su vida. Sin embargo, cuando los técnicos terminaron sus exposiciones, don Arturo -como se le conocía en todos los medios que frecuentaba- pidió la palabra y pronunció un enjundioso discurso historiando la mayoría de las iniciativas propiciadas por distintos gobiernos para llevar a cabo una colonización efectiva del territorio nacional en beneficio de la economía y la sociedad uruguaya.

Estos 96 años consagrados a servir al país, señor Presidente, muestran una existencia riquísima y la presencia de un ciudadano singular. Por eso, usando la benevolencia de los compañeros del Senado, no hemos querido demorar en rendir aquí nuestro homenaje a esta figura excepcional. Si bien era previsible su desaparición física debido a su edad, quedará por siempre el ejemplo de su vida absolutamente consagrada al interés nacional.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR ZUMARAN. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. - Como ha dicho el señor senador Pereyra, en el día de ayer falleció este hombre verdaderamente excepcional que fue el ingeniero González Vidart, una leyenda viva, un patriarca de nuestro partido y un símbolo del país entero.

Hago mías las expresiones que el señor senador Pereyra ha vertido respecto de la personalidad y contribuciones que el ingeniero González Vidart hizo a la República como legislador y Ministro de Ganadería y Agricultura -era la designación de aquélla época- Presidente del Frigorífico Nacional, gremialista en la Comisión Nacional de Fomento Rural, que fue donde lo conocimos.

En la década del sesenta, cuando don Arturo había llegado a los 70 años, aún tenía tiempo, lucidez y energía para trabajar con los pequeños productores agrícolas del país. Asistía a la Comisión Nacional, desde la ciudad de Pando, donde vivió todos estos últimos años. Siempre me llamó la atención el hecho de que viviera en Pando, porque nada tenía que ver con esa ciudad, ya que era oriundo de Cerro Largo.

Entonces, me explicó que él era colono en Tapia y que la Ley de Colonización exige que el colono esté afincado próximo a su establecimiento. Don Arturo quiso cumplir hasta su muerte con dicha ley y el colono de Tapia vivía en la ciudad más próxima a su establecimiento, que era la ciudad de Pando.

Traté muy intensamente a don Arturo González Vidart y pude recoger sus lecciones más hermosas en el duro período de lucha contra la dictadura que asoló al país. Es ahí donde aparecen y florecen esas personalidades extraordinarias, es cuando se aprecia el verdadero crisol que contempla el espíritu de las personas. Don Arturo siempre estuvo a la orden de la causa de la libertad, incluso, con trabajos y fatigas realmente extraordinarias. Voy a citar, simplemente algunos.

El señor senador Pereyra se refirió al hecho de que don Arturo iba a las reuniones clandestinas que en aquéllos años organizábamos. Quiero agregar, también, que cuando fundamos el semanario "La Democracia", en el año 1981, tuvimos a don Arturo González Vidart como colaborador permanente con sus artículos en materia agrícola, que siempre traían una enseñanza en torno a la libertad. Para mi, como Director, era un honor tener la colaboración nada menos que del ingeniero agrónomo Arturo González Vidart. Nos deleitábamos con esos artículos porque eran un himno maravilloso de un hombre amante de la naturaleza como pocos, que quería enormemente al gaucho, a la tierra, a la agricultura, al agricultor, quizás más que al gaucho, que encontraba en todos esos comentarios sobre las faenas rurales, los adelantos científicos y tecnológicos sobre la agricultura, vinculándolos y traduciéndolos, convirtiéndolos en un himno a la libertad, al espíritu superior del hombre cuando lucha por esos altísimos valores.

Quiero recordar, también, que nos acompañó en el departamento de Canelones, sobre todo en la zona de Pando y Tapia, en las jornadas del Plebiscito del año 1980. También lo hizo en aquellas elecciones internas de 1982, en donde fuimos detenidos a raíz de un discurso pronunciado en una localidad del departamento de Canelones, no pudiendo llegar a la elección porque estábamos presos.

A ese acto fuimos con don Arturo, lo pasamos a buscar por su casa en Pando, llegando a Santa Rosa, donde nos detuvieron. Treinta y nueve días después, cuando salimos de la prisión, una de las personas que estaban en la puerta esperándonos, era precisamente, don Arturo.

El ingeniero González Vidart participó en la Comisión Uruguaya por la Defensa de los Derechos Humanos, la única Comisión que funcionó en el país presidida por don Horacio Terra Arocena. En aquellos años de funcionamiento de esta Comisión festejamos dos cumpleaños de 90 años: uno era el de don Horacio Terra y otro el de don Arturo. Cumplió años defendiendo la causa de los derechos humanos y lo celebramos en la casa de don Horacio Terra, en la calle Constituyente.

Don Arturo llegaba de Pando para asistir a las sesiones de la Comisión, pasaba por el apartamento donde yo vivía, me tocaba timbre e íbamos caminando juntos hasta la casa de don Horacio Terra, frente al monumento a El Gaucho. A las 21 y 30 acompañaba a don Arturo hasta la calle Uruguay y Ejido donde él tomaba un ómnibus de COPSA, que lo llevaba hasta la ciudad de Pando. No faltaba nunca a las sesiones de la Comisión Uruguaya de Defensa de los Derechos Humanos.

Las únicas divergencias o disputas que tuvimos fueron las ocasionadas por el hecho de que esos ómnibus interdepartamentales, como los señores senadores saben, tienen un escalafón muy alto y don Arturo debía realizar un gran esfuerzo para ascender. Entonces, disimuladamente lo ayudaba a subir, lo que le ocasionaba, a raíz de su gran amor propio, un gran enojo, apartándome, para demostrarme que a los 90 años, con sus solas fuerzas trepaba a un ómnibus en invierno, pasadas las 21 y 30 horas.

Encontré nuevamente a don Arturo González Vidart en un acto de la última campaña electoral que tuvo lugar en la ciudad balnearia de Atlántida. Estaba sentado en una sillita en la vereda.

Sirvió las mejores causas del país, luchando por la libertad como pocos; durante toda su vida, peleó por la democracia, la justicia social, y por los pequeños agricultores de este país, con un tesón y sapiencia verdaderamente admirables.

Fue un gran científico, uno de los primeros ingenieros agrónomos que tuvo el Uruguay. Fue profesor de Agronomía en la Facultad de Agronomía y derrochó saber y ciencia al más alto nivel en nuestra principal casa de estudios.

Disfrutaba más de asistir y trabajar junto con un pequeño agricultor o un colono en su querida Tapia que tutearse con un científico.

Este gran hombre apagó su vida, pero su memoria, su enseñanza y su mensaje van a acompañar a muchas generaciones de uruguayos por muchos años.

El Frigorífico Nacional, al igual que el Instituto Nacional de Colonización, deben su creación y puesta en marcha a este hombre verdaderamente increíble.

Para terminar, señor Presidente, quiero decir sin falso pudor que, como muchos grandes uruguayos, don Arturo murió pobre, muy pobre. Por lo tanto, entiendo que no va a ser una simple frase, sino un auxilio importante el hecho de que el Estado se haga cargo de los gastos del sepelio. Esta es una competencia que hoy tiene el Poder Ejecutivo pero si el Senado lo resuelve, se le puede hacer llegar esta preocupación al Poder Ejecutivo para que se haga cargo de los gastos del sepelio del ingeniero Arturo González Vidart.

Faltó decir, entre otras razones, que murió pobre no sólo porque era colono en Tapia, sino porque, a raíz de otra de las grandes obras que hizo la dictadura, fue disminuir su jubilación, porque lo consideraba un enemigo del régimen imperante en aquella época. Estuvo buena parte de aquellos doce años a media ración, como él decía, contento y alegre, exhibiéndolo como un galardón.

SEÑOR CIGLIUTI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. - Señor Presidente: la edad, como decía el ingeniero Serrato, tiene algunos privilegios, que los calificaba de melancólicos, pero sirven para recordar al ingeniero agrónomo Arturo González Vidart cuando él empezaba su carrera política.

En aquella época la dictadura del doctor Gabriel Terra, en 1933, unió a un grupo de ciudadanos de ambos partidos tradicionales. El ingeniero González Vidart y don Tomás Berreta eran fraternos e íntimos amigos.

El ingeniero González Vidart no tuvo una sola claudicación en la lucha contra aquel régimen y, cuando entró en vigencia la Constitución de 1942, cuando el Presidente de la República de la época, doctor Juan José de Amézaga, integró su primer Gabinete, pasó a formar parte de él, como Ministro de Ganadería y Agricultura, siendo Ministro de Obras Públicas el señor Tomás Berreta. Fue entonces cuando se intensificó todavía más nuestra vinculación con este eminente ciudadano que luego, por razones de carácter político, tuvo que dejar el Gabinete al cual ingresaron otros correligionarios suyos los doctores Gustavo Gallinal y Eduardo Rodríguez Larreta. Pero la amistad con el ingeniero González Vidart continuó permanentemente, luego de la muerte del señor Berreta, a través de César Mayo Gutiérrez, ya que con los dos tenía una afectuosa e intensa amistad que venía de la época anterior.

Era un técnico muy distinguido, un científico, un ciudadano ejemplar, un hombre de una sola pieza; tajante como el filo de un hacha, jamás se inclinó. Si alguna frase puede definirlo, es el testamento de Leandro Alem: "que se rompa, pero que no se doble", porque el doctor González Vidart fue -como dije- un hombre de una sola pieza, que siempre mantuvo enhiesta su idealidad política, su principismo, su adhesión a sus ideas, su insobornable militancia que luego lo llevó a estar fuera de la actividad oficial, soportando en la última etapa de su vida, con la misma entereza de siempre, dificultades y limitaciones desde el punto de vista económico que ha descrito muy bien ahora el señor senador Zumarán, pero que fueron propias, suyas, de siempre, porque no se arredró, no se entregó ni se achicó nunca.

El ingeniero González Vidart actuó, además, muy cerca del Instituto Nacional de Colonización y le cabe mucha responsabilidad en ello. Recuerdo bien cuando conversaba con quien era ya Presidente de la República, don Tomás Berreta, sobre la ley de creación de dicho Instituto, que luego fue aprobada por el Senado. Siempre comentaba con cierto pudor -pero que indudablemente daba fuerza a su espíritu- una frase de Mayo Gutiérrez que decía que quizá la verdadera felicidad era la de aquellos hombres prácticos que seguían la escondida senda, en ciertos felices tiempos en que no existía ni lo mío, ni lo suyo. El hablaba de esa frase y buscaba los orígenes del anarquismo teórico y utópico, sobre el que le gustaba conversar con aquel viejo anarquista que había sido Mayo Gutiérrez, en charlas verdaderamente inolvidables.

Después, se produjeron otros acontecimientos y él se mantuvo siempre fiel a sus principios y, cuando sobrevino la dictadura militar, él estaba igual que cuarenta años atrás, otra vez en el llano, soportando -con la misma entereza, con la misma reciedumbre de espíritu, con la misma definición ideológica- junto al pueblo el embate de la fuerza. Muere a edad provecta; es un ejemplo para la ciudadanía.

Esta bancada del Partido Colorado votará los homenajes que se tributen a este ciudadano y acompaña con todo entusiasmo la sugerencia del señor senador Zumarán. Los hombres como él viven intensa y brillantemente, pero viven modestamente y pobres. En las lápidas de Rivera y Lavalleja se dice: "Sirvió 43 años a la República, ocupó los destinos más elevados y murió pobre". El menor homenaje que se puede hacer a este hombre de una sola pieza, que siempre estuvo por encima de todo halago personal y de toda satisfacción material, es colocar en su lápida una frase semejante. Fue un ciudadano ejemplar; fue un hombre rectísimo; fue un técnico de jerarquía; sirvió al país durante 60 años y murió pobre. Ese es el gran ejemplo que recogerán de él las nuevas generaciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador Silveira Zavala.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. - Señor Presidente: es con verdadero dolor que en el día de hoy nos enteramos de la desaparición física del ingeniero agrónomo don Arturo González Vidart, ilustre ciudadano de larga y magnífica vida. Muere a los 96 años de edad, luego de una tan larga trayectoria que sería muy difícil describir, sin olvidarse de alguna de las múltiples facetas que ilustraron esa brillante personalidad que honró al país, al Parlamento, a las funciones de Gobierno, a nuestra gloriosa colectividad blanca y, también -por qué no decirlo- al departamento de Cerro Largo, del cual era oriundo.

El ingeniero Arturo González Vidart recibió, hace poco más de un año, el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de la República que quería rendirle homenaje a uno de los universitarios más brillantes que había pasado por las cátedras de esa casa de estudios. En esa oportunidad, me refería a la personalidad del ingeniero Arturo González Vidart en la Cámara de Representantes y dije algunas cosas que no me resisto a leer, señor Presidente, porque no quiero confiar en mi memoria.

Para que todos tengamos una idea de la vastedad, la amplitud y generosidad de aquél espíritu -que no sólo brilló por su talento y por sus valores científicos, sino porque fue de los hombres que saben ensuciarse las manos con la tierra generosa porque supo plantar árboles para plantar vida y supo levantar las banderas de la libertad y de la democracia cuando fue necesario- leeré lo que dije en aquella oportunidad: "En un país donde hay que tener un gran espíritu de sacrificio y abnegación para ser maestro, docente, educador, el ingeniero agrónomo González Vidart hizo un verdadero apostolado de su profesión. Fue docente de la Facultad de Agronomía que hoy le concede el Doctorado Honoris Causa; fue profesor en la vida diaria; lo fue en las escuelas y cumplió la tarea más difícil del educador: enseñar con el ejemplo y con el trabajo". Estas son las facetas que quiero recordar y que, a mi parecer, son importantes, por lo que no quiero confiar en mi memoria: "Con Fabrino Vianna, que fuera senador del Partido Nacional, fue cofundador de la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, que agrupó a los productores del departamento de Cerro Largo en defensa de los intereses de los productores rurales, siendo una de las primeras y más prestigiosas instituciones del país" -que aún subsiste y que honra la memoria del docente y del productor a quien nos estamos refiriendo- "Además, fue plantador de árboles. El árbol es vida, le da todo al hombre y no le pide nada, a pesar de que a veces éste lo destruye por ignorancia, por dureza de alma, por perversidad o simplemente, por el ánimo de aprovechar lo que la naturaleza tan generosamente le ofrece.

En la estancia ‘El Quebrachal’ en el departamento de Cerro Largo, Arturo González Vidart plantó ciento cincuenta mil árboles a lo largo de un camino con una extensión de cinco kilómetros que divide la 6a. y la 10a. Sección y que está como señalando a todos los que pasan por allí que la forestación es una de las obras más importantes que se puedan realizar, no sólo como medio material de enriquecer al país, sino también como forma de embellecerlo, de valorizarlo, de darle vida y crear vida para el hombre.

Es un hombre de múltiples facetas: también fue político y militó en las filas del Partido Nacional; entre 1926 y 1929 fue diputado por el departamento de Montevideo representando a nuestro Partido; luego, entre 1929 y 1932, fue diputado por el departamento de Cerro Largo, banca que volvió a ocupar desde febrero de 1933 hasta marzo de ese año. En el período de 1942-1946 actuó como Ministro de Ganadería y Agricultura. En 1964 fue designado Presidente del Frigorífico Nacional por el Gobierno blanco de la época y, en su honor, los Consejeros Vasconcellos y Gestido expresaron, en oportunidad de su designación, que se abstenían de votar la resolución por entender que normalmente era facultad privativa de la mayoría efectuar ese nombramiento, pero señalaban su complacencia ante la designación, que recaía en quien, a su juicio, era un profesional sumamente capaz y de reconocida solvencia moral".

También don Arturo González Vidart dejó la impronta de su talento, de su inteligencia y de su preocupación por los problemas capitales del país en el Instituto Nacional de Colonización. Ella fue una obra que impulsó y que apoyó hasta los últimos instantes. Como señalaba el señor senador Zumarán, demostró que siendo pequeño agricultor o pequeño productor del Instituto Nacional de Colonización, el hombre podía crear la tierra, la vida y la prosperidad que la República necesita para extenderse por los caminos del desarrollo y la felicidad de la sociedad.

"Arturo González Vidart ha tenido una larga y proficua actuación en todos los campos y muy especialmente en el de la libertad y de la democracia".

Ya los señores senadores Pereyra y Zumarán se refirieron a esta ilustre personalidad. Nosotros somos mucho más jóvenes que él -no sé si para felicidad nuestra, porque a veces la vejez de la bendición de la sabiduría- y tuvimos oportunidad de militar con don Arturo González Vidart en aquellas reuniones clandestinas que organizaba el Triunvirato del Partido Nacional y a las que él concurría sin faltar a ninguna, siempre con una gran serenidad de espíritu, con una gran altura y altivez. Era la voz firme y decidida que defendía la libertad; era quien empujaba al que aflojaba y era tal vez quien ponía temple al pusilánime y, por qué no decirlo, en algún "flojo", que nunca falta.

Debí recurrir a estos antecedentes, cuando la Facultad de Agronomía lo designó Doctor Honoris causa a los 95 años, porque temí que me traicionara la memoria y omitiera algún aspecto. Creo que tan larga vida merece, aunque sea este somero enfoque. Le rindo homenaje a ese ilustre hijo del departamento de Cerro Largo, que ha hecho de su vida un ejemplo de dedicación, de eficacia y de patriotismo. Se nace con las manos vacías pero se puede morir con las manos llenas. A pesar de que pueda morirse en la pobreza material y honrosísima, como ha sucedido con el ingeniero agrónomo Arturo González Vidart, se puede morir con las manos llenas de riqueza, cuando se han defendido las banderas de la libertad, de la democracia, los valores del espíritu y dedicando su vida a los demás -lo que servirá de ejemplo- sin pedir nada para sí.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador Viera.

SEÑOR VIERA. - En nombre del Frente Amplio, deseo expresar nuestra adhesión al homenaje que el Senado le está tributando a este ilustre ciudadano.

El ingeniero agrónomo Arturo González Vidart se caracterizó por ser sumamente polifacético: como hombre público militó en las filas del Partido Nacional, y también fue publicista, legislador laborioso y un hombre que se caracterizaba por su alta moral.

Si bien no lo conocí personalmente, sé de sus cualidades morales por relatos familiares.

Le cupo una muy destacada actuación como Ministro de Ganadería y Agricultura, y siempre hizo gala de profundos sentimientos democráticos, tal como lo demostró durante la última dictadura como así también en tiempos de la dictadura de Terra.

Fue un hombre de ideas progresistas y un destacado técnico rural, propulsor de la cooperativización y de la colonización. Los sectores de izquierda nos honramos en coincidir con esta personalidad, que tenía ideas muy amplias y profundas sobre el agro uruguayo así como postulaba, también, la necesidad de aplicar reformas en su estructura.

Por estas razones, señor Presidente, hacemos llegar al sector que ha solicitado este homenaje y a los familiares del ingeniero agrónomo Arturo González Vidart, nuestros sentimientos de pesar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. - Señor Presidente: creo que ha sido muy justo el Senado al rendir este homenaje a un hombre sin duda ilustre de la historia del Uruguay.

El ingeniero agrónomo Arturo González Vidart falleció a avanzada edad. Ninguno de los senadores que integramos este Cuerpo, seamos mayores o menores, fuimos compañeros de generación de él, más allá de que en varias ocasiones pudimos habernos sentido muy cerca de su manera de ser. Cuando se llega a la muerte luego de haber avanzado en demasía en la edad, uno tiene la sensación de que se produce casi "un apagarse". Sin duda, don Arturo González Vidart cumplió una labor sumamente positiva durante su vida. El simple hecho de que trascienda su generación y que en este momento provoque la necesidad, en hombres nacidos mucho después que él, de realizar este homenaje, es una prueba de esto que estoy sosteniendo.

Sólo en pocas oportunidades estuve cerca de él, y ello ocurrió en momentos en que en este país no había libertad ni democracia. Así como creo que es muy importante ser progresista y tener ideas avanzadas de transformación profunda de la sociedad cuando se cuenta con 30 años, también me parece que es más importante si esas ideas se mantienen en el tiempo y se siguen sosteniendo a los 60, 70 u 80 años. Así vimos siempre al ingeniero González Vidart.

Si bien transitó un largo camino hasta llegar a la vejez, nadie podía decir que él fuera un viejo. Pensaba y actuaba como un joven. Toda lucha desencadenada en el país que persiguiera como fin un valor importante, tenía a don González Vidart como protagonista. A ese hombre lo recordamos no en su muerte sino en su vida, como un ejemplo y un compromiso que es y que será.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Walter Santoro). - El senador que ocupa circunstancialmente la Presidencia desea adherir a las palabras de homenaje que se han pronunciado para honrar la memoria del ingeniero agrónomo don Arturo González Vidart. Lo que quiero hacer brevemente, recordando si figura, viéndolo con ropa ciudadana, peleándole a la agreste tierra de Tapia la posibilidad de que le entregara algún fruto -aunque nunca generoso- producto de su ahincada voluntad y de sus conocimientos técnicos.

El ingeniero González Vidart, en una actitud que lo definió permanentemente durante su larga trayectoria por la vida, lo hacía con decisión, con coraje, con espíritu de sacrificio y con voluntad constructiva. Este hombre, que se había definido con tanto fervor en el ideal nacionalista, daba la impresión de que en esas tierras de Tapia, donde aún merodean las sombras de Nicasio, de Matías Trías y de Platero, Comandante revolucionario del Partido Nacional, quería hacer una especie de conjunción entre el espíritu revolucionario del Partido Nacional y su voluntad, en cierta medida también revolucionaria, de generar la posibilidad de un Uruguay feliz a través de la colonización de nuestras tierras.

Dése cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Mocionamos: en el sentido de que el Senado se ponga de pie en homenaje al ingeniero Arturo González Vidart y guarde un minuto de silencio en su memoria; que el Presidente del Senado trasmita al Poder Ejecutivo la expresión del Cuerpo en el sentido de que el Erario se haga cargo de los gastos del sepelio; y que se envíe el texto de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas en Sala a los familiares del extinto. Firman: Alberto Zumarán, Carlos Julio Pereyra, Eduardo Viera, Hugo Batalla, Jorge Silveira Zavala y Carlos Cigliuti. Senadores".

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por lo señores senadores.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita a los señores senadores y a la Barra a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

(Así se hace)

13) UTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION (P.M.G.)

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Exposición de una hora del señor senador Jaime Pérez sobre: ‘UTE en el marco del Proyecto de Mejora de la Gestión (P.M.G.)’ (Carp. Nº 272/90)".

Tiene la palabra el señor senador Jaime Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Señor Presidente: hemos visto en los últimos días un video propagandístico de la Agrupación UTE (AUTE) -gremio que reúne a los trabajadores de UTE en todo el país- por el cual se denuncia la situación actual del Ente, los apagones, las elevadas tarifas, y el alto costo que significa la implantación de un Proyecto de Mejora de Gestión (PMG), llevado adelante por la consultora española FENOSA. En la parte final del mencionado video se requiere la palabra del Parlamento como caja de resonancia de las inquietudes y preocupaciones de la gente. Esto, sumado a nuestra preocupación por el desarrollo de la actividad de UTE, a la cual, en algunos aspectos, ya me he referido en esta Sala, me ha llevado a solicitar esta intervención especial para ocuparme con mayor profundidad de su realidad, con el fin de que en una reflexión colectiva, con los demás componentes de este Cuerpo, podamos aportar, en la búsqueda de los mejores caminos para transformar a dicho organismo en el Ente nacional, eficiente y eficaz, de cara a los mejores intereses del país y de su gente, lo que pensamos es la aspiración de todos los uruguayos y la de sus propios trabajadores.

Deseo referirme a la situación de UTE y, en particular, al PMG que el Ente viene desarrollando desde hace dos años, en virtud de la importancia que el organismo tiene para el país; al grado de deterioro en que se encuentra, por afectar sus servicios a toda la población del país; por ser, a nuestro modesto entender, un factor clave en su desarrollo y porque nos preocupa su actual estado y su futuro. Quiero referirme a dicha situación porque nos conmueven las penurias de la gente cuando debe ir a UTE a reclamar por qué se le facturó mal -distrayendo buena parte del tiempo destinado a su trabajo, a su familia o a resolver problemas personales- y hacer grandes colas y soportar largas esperas por causas ajenas a su voluntad.

Desde el interior del país nos llegan reclamos en el sentido de que es necesario de que no se reiteren los errores que se producen en el cobro, por ejemplo, cuando estuve en Tarariras, departamento de Colonia, un jubilado me mostró una factura en la que le cobraban N$ 101.000 por un consumo que de ninguna manera pudo realizar en sus rancho pobre. Esta persona me decía que estaba haciendo grandes esfuerzos y no lograba que le devolvieran el importe mal cobrado.

A todo ello debemos sumar los apagones -y aquí debemos distinguir los programados por el Ente en diversas zonas de Montevideo, a los efectos de realizar trabajos de reparación, de los sorpresivos, producidos por defectos en la red de distribución, por sobrecarga en las subestaciones, etcétera- que, en algunos casos, se reiteran y duran muchas horas, trayendo dificultades complementarias a la gente.

Por si esto fuera poco, habría que agregar la famosa tarifa térmica, que debimos soportar en gran parte del año pasado y principios de éste, impuesta por el Directorio y el Poder Ejecutivo, con recomendación del Banco mundial, para solventar los mayores costos por consumo extra de combustibles, debido al aumento de generación térmica por causa de la sequía. Como siempre, los errores y las deficiencias cometidas por la administración se trasladan a la población. Asimismo, hay que tener en cuenta la promoción realizada por UTE: "Use todo eléctrico", "UTE es energía" que, si bien tiene efectos positivos por aumentar la demanda, es un "gancho" para usar un servicio que luego resulta ser muy oneroso.

También debemos considerar que UTE es el organismo público con mayor índice de accidentes de trabajo -y a esto ya hemos hecho referencia- varios con un desenlace trágico, lo que ha provocado medidas de lucha por parte de los trabajadores, intentando sensibilizar al Directorio sobre la necesidad de incrementar las normas de seguridad e higiene laborales, tema que ha sido tratado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social que integro, con la presencia de una delegación de AUTE.

Finalmente, quisiéramos dar nuestra visión sobre la UTE en lo que tiene que ver con el desarrollo futuro del país. Pero antes creemos necesario hacer un poco de historia.

Como el señor Presidente y los señores senadores recordarán, UTE fue creada por la Ley Nº 4.273, de 21 de octubre de 1912, con la denominación de Usinas Eléctricas del Estado, bajo la Presidencia del señor José Batlle y Ordóñez y siendo Ministro de Industria de la época, el ingeniero José Serrato, casualmente, abuelo del que fue su Presidente, desde 1985 hasta que asumió el nuevo Directorio, el ingeniero José Serrato.

Sintéticamente, dicha Ley Orgánica, entre otros puntos, establecía en su artículo 6º, del Capítulo II sobre "Concesiones y Privilegios": "Confiérese a las ‘Usinas Eléctricas del Estado’, con exclusión de toda otra empresa o persona, la provisión a terceros de energía eléctrica para el alumbrado, fuerza motriz, tracción y demás aplicación en todas las ciudades y pueblos de la República". Esto significa el monopolio por parte de UTE, y por lo tanto del Estado, de la provisión de la energía eléctrica en todo el territorio nacional.

Por su parte, el artículo 17 del Capítulo III, sobre "Tarifas", señala que "La Administración General de las ‘Usinas Eléctricas del Estado’, con la aprobación del Poder Ejecutivo y previo informe de las respectivas Intendencias Municipales, fijará la tarifa de los diferentes servicios a su cargo".

El artículo 21 del Capítulo IV, sobre "Fondos de Reservas. Utilidades", establece que "El excedente de utilidades líquidas que resulte en cada departamento, con excepción del de Montevideo se aplicará para rebajar las tarifas y ampliar las instalaciones", etcétera.

Asimismo, en el inciso B), del artículo 23 del Capítulo V, "Recursos", se autoriza al Poder Ejecutivo para "emitir y vender, total o parcialmente, títulos de deuda pública, externa o interna", con afectación especial de la Administración General de las Usinas Eléctricas del Estado.

De este modo, queda delineado, en lo fundamental, el monopolio estatal para la generación, trasmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, comenzando un período histórico a través del cual el Estado, y por ende toda la ciudadanía, hizo denodados esfuerzos para la superación y el desarrollo de la sociedad.

Así fue como Uruguay tuvo a principios de siglo una central termoeléctrica, de destaque en su época. De igual manera, la primera represa hidroeléctrica del Uruguay, Rincón del Bonete, cuya sala de máquinas -tal como se recuerda- se anegó por completo en las inundaciones del año 1959, y fue sometida a un esfuerzo superior al normal. A pesar de ello, fue reparada por sus funcionarios y aún trabaja a plenitud. Inclusive, actualmente, está prevista su remodelación.

Creo importante destacar aquí que, difícilmente, una empresa privada hubiera hecho lo que realizó el Estado uruguayo, a través de UTE, llevando electricidad a todo el país, instalando usinas Diesel, que generaron a pérdida por años hasta que fueron sustituidas últimamente por el sistema interconectado nacional. Sin embargo, muchas de ellas entraron en funcionamiento durante la grave crisis energética acaecida a finales del año 1989 y principios de 1990.

Me parece conveniente aportar datos contenidos en el libro de Aldo Solari y Franco, "Empresas públicas en el Uruguay", en el cual se estampa que en 1911, un año antes de la creación del monopolio estatal, el kilovatio hora valía 40 centésimos, y en 1917 -seis años después, habiéndose creado UTE- su valor era de 12 centésimos, habiéndose multiplicado la demanda en el mismo período.

Sin embargo, es necesario anotar que durante la dictadura a través de la Ley Nº 14.694, de 7 de diciembre de 1977, fue derogado parcialmente el monopolio de electricidad de UTE. Esta ley fue aprobada por el Consejo de Estado, pero aún está vigente. Me pregunto, a pesar de como viene la correntada sino sería conveniente hacer un estudio a fondo de dicha ley para transformarla efectivamente en un instrumento que garantice la puesta en práctica de una política de electricidad en defensa de los intereses del país y de la población.

En el inciso tercero, del artículo 6º, de dicha ley -ley espuria, porque fue aprobada durante la dictadura- se establece que "En el caso que medie resolución expresa del Poder Ejecutivo y previa opinión de UTE, el suministro del servicio podrá otorgarse en régimen de concesión a otras empresas eléctricas, las cuales tendrán exclusividad en el área geográfica que se les asigne". A nuestro entender, de concretarse esta cláusula, se lesionaría claramente la soberanía nacional, ya que impide la presencia de UTE en una parte del territorio, además de consagrar otro monopolio, en este caso privado, sustitutivo del estatal.

Es necesario señalar que esta ley tiene un contenido tan alejado de la realidad nacional que, en los hechos, nunca se pudo aplicar. Introduce cambios sustanciales en el espíritu de la Ley Orgánica de UTE, acentuando la desmonopolización de la provisión de energía eléctrica.

Desde el punto de vista económico, hay elementos de peso para defender el monopolio estatal de la electricidad, pensado para la economía como un instrumento para la administración de la sociedad. El Estado no puede prescindir de un papel activo en la planificación de objetivos económicos generales y en la conducción de áreas consideradas prioritarias o estratégicas.

Hoy en día, en razón de la complejidad de las sociedades modernas, de la evolución de la ciencia, de la tecnología, de la industria, de los medios de comunicación y de la revolución científico técnica, el Estado debe cumplir -sobre todo en países como el nuestro, de economía débil y dependiente- un programa de desarrollo económico independiente, porque el mismo pasa por una decidida acción del Estado en áreas básicas de la economía.

Desde el punto de vista político, como ya lo expresamos antes, también hay razones para defender el monopolio estatal. La electricidad es un área estratégica, como lo es, por ejemplo, el combustible y su uso. La administración de los recursos es competencia del Estado en representación de la nación. Restablecer el monopolio estatal de la electricidad, debería transformarse en voluntad política del país.

Quisiera dar una clara y sintética idea acerca de la evolución de UTE y su actual situación y perspectivas, fundamentalmente en las áreas básicas de generación, trasmisión y distribución.

Con respecto a la generación, debo señalar que para cumplir su papel de generador de energía eléctrica, UTE cuenta con las Centrales Térmicas José Batlle y Ordóñez, Calcagno y Maldonado; con las Centrales Hidráulicas Gabriel Terra, Baygorria, Constitución -es decir, Palmar- y Salto Grande.

La Central Térmica Batlle y Ordóñez fue inaugurada el 8 de junio de 1931, y la sexta unidad el 30 de setiembre de 1975. Esta es la de mayor potencia, pues cuenta con 125.000 kilovatios -casi la misma que la Central Terra- y su costo fue de U$S 30:000.000. Utiliza como combustible fuel-oil pesado. Además, cuenta con dos unidades de 50.000 kilovatios cada una -la tercera y cuarta- y la quinta con 88.000 kilovatios se suma a la Geasa, turbina a gas con potencia de 10.000 kilovatios que funciona a gas-oil.

La Central Calcagno originalmente tenía dos generadores de 4.000 kilovatios y dos de 10.000 kilovatios, lo que hacía un total de 28.000 kilovatios. Es la más antigua del país y sus plantas físicas se encuentran totalmente obsoletas.

Actualmente funciona una turbina a gas que genera 21.000 kilovatios con fuel-oil pesado.

Finalmente, la Alsthom Atlantique es una turbina a gas que genera 23.000 kilovatios y se encuentra en la ciudad de Maldonado.

Por lo tanto, tenemos un total de generación térmica equivalente a 367 megavatios.

Estas centrales sobrellevaron la grave crisis energética del país en los últimos tiempos, producida por la sequía más grande, en lo que va del siglo, en esta región. Su deterioro es notorio y las condiciones de trabajo en dichas centrales son muy difíciles.

De acuerdo con los informe técnicos, suponiendo treinta años de vida útil para las turbinas de vapor y veinticinco para las de gas, estaríamos en el límite de la vida útil de las unidades tercera y cuarta de la Central Batlle.

Sin embargo, inversiones ya efectuadas en dichas unidades permitirían alargar su vida útil hasta 1995.

Las turbinas de gas BBC y Geasa finalizarán su vida útil aproximadamente en el año 1994 y 1990, respectivamente.

El funcionamiento de estas unidades ha descansado casi exclusivamente en el esfuerzo denodado de su personal.

Corresponde agregar que en estos días se ha firmado el contrato de la construcción -llave en mano- de una nueva central térmica de respaldo, que se integrará al sistema eléctrico interconectado uruguayo, por un costo estimado de U$S 79:000.000. Su potencia será de 225.000 kilovatios o sea casi el doble de la generada por la Central Gabriel Terra. Estará constituida por dos unidades generadoras idénticas, de 113.000 kilovatios cada una.

Vale mencionar aquí que ya en un informe de técnicos del organismo, ante una solicitud que se realizó con fecha 2 de julio de 1987, por parte del anterior Ministro de Industria y Energía, señor Jorge Presno, en el ítem 4.2, "Relación de la demanda con la oferta", se establecía textualmente: "La consideración de la relación oferta-demanda en esas condiciones permite detectar la posibilidad de un problema de potencia -dificultades para cumplir los picos anuales- en corto plazo -tres años- y de un problema de energía en el mediano o largo plazo, con mayor grado de indefinición". Luego, en el ítem 4.3, "Análisis y conclusiones sobre la potencia eléctrica necesaria en función de las características del parque generador", se dice que "la comparación de una capacidad instalada de 1.406 megavatios, con un máximo de 935 megavatios, en 1987, parecería alejar toda inquietud. No es así: los 1.039 megavatios corresponden a la potencia hidráulica instalada -incluyendo los 473 megavatios de Salto Grande- y 367 de potencia térmica instalada, de los cuales 313 megavatios son de centrales térmicas convencionales, a fuel-oil, y 54 de unidades de turbogas. Ello determina que en condiciones hidrológicas adversas se tenga que recurrir a las centrales térmicas convencionales, dada la escasa potencia disponible en turbogas".

Continúa este informe de los técnicos expresando que "se llega a la conclusión de que pueden producirse déficit de potencia en cualquier momento, en función de la situación hidrológica y de cuáles sean las unidades hidráulicas de generación que estén efectivamente disponibles para el servicio".

En otro párrafo se agrega: "Análisis y conclusiones sobre la energía eléctrica necesaria según las características del parque generador y las diferentes posibilidades del equipamiento eléctrico a adoptar".

"Existe la incertidumbre con respecto a la satisfacción de las necesidades energéticas en el mediano plazo, ya que a diferencia de la térmica la energía hidráulica no es energía 100% firme sino probable. El problema se acentúa porque en nuestro caso la capacidad hidráulica instalada en casi tres veces la térmica y será aún mayor en 1995 -cuatro a uno- si no se aumenta el parque térmico generador".

En este problema coincido con la denuncia hecha pública por AUTE, en el sentido de que el tan claro pronunciamiento del organismo de hace ya más de tres años no fue tenido en cuenta en su momento. No se priorizó una de las funciones específicas de UTE: generar energía para satisfacer la demanda. Y recién ahora se está comenzando a encarar el problema.

Sin embargo, desde hace más de dos años, se gastan millones de dólares en mejorar la gestión administrativa-contable, inclusive contratando a una consultora extranjera, de la que hablaremos algo más adelante.

La Central Gabriel Terra -entre las hidráulicas- se comenzó a construir en el año 1937 y empezó a generar el 26 de diciembre de 1945. Tiene una longitud del dique de hormigón de 1.174 metros y una altura de 33 metros. Sus cuatro generadores de 32.000 kilovatios cada uno, producen un total de 128.000 kilovatios, pudiendo generar 144.000 en las horas de máxima demanda.

El voltaje de generación es de 13.800 voltios, llevado por medio de transformaciones para su trasmisión a 150.000 voltios.

La Central de Baygorria fue la segunda en construirse, aguas abajo, en el río Negro, entre los años 1956 y 1960, por autorización de fecha 10 de noviembre de 1953.

La producción anual media estimada es de 400:000.000 de kilovatios/hora; cuenta con tres generadores de 36.000 kilovatios cada uno y produce un total de 108.000 kilovatios.

Ambas Centrales han cumplido con creces las expectativas para las cuales han sido creadas y siguen siendo hoy puntales en la generación de energía eléctrica en el país. Tienen una capacidad instalada de 236.000 kilovatios. Hoy está en vías de realizarse la remodelación de la Represa Gabriel Terra para su adecuación a las nuevas exigencias, pues su vida útil concluyó y su reparación o sustitución figura en el cronograma de realizaciones de UTE desde hace varios años y, seguramente, se efectuará con un préstamo del BIRF, ya otorgado, denominado "Rehabilitación del sector eléctrico".

La Central de Salto Grande fue puesta en funcionamiento el 21 de junio de 1979. Es una Represa de 29 metros de altura, que forma un lago embalse de 78.300 hectáreas. Cuenta con dos salas de máquinas interconectadas, con una capacidad de 189.000 kilovatios en total, de los cuales a Uruguay le corresponderá, según convenio, el 50%, o sea, 94.500 kilovatios. A esa cifra llegaremos en tomas sucesivas en 1995, puerto que hoy, desde el año 1989, son 630 megavatios y a partir de 1992, serán 787 megavatios. La Central generadora cuenta con 14 turbinas.

Esta obra binacional está administrada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, integrada por representantes de Argentina y Uruguay.

La intención del Gobierno argentino de privatizarla la ha convertido en un tema de notoriedad. Según declaraciones del Presidente de la Delegación, señor Rodolfo Gastaldi, a ese nivel no se ha considerado una eventual privatización del complejo por parte del Uruguay, aunque sí se está estudiando una adecuación administrativa y estructural de Salto Grande.

Sin embargo, en otra versión de prensa -diario "El Día", correspondiente al día 20 de julio de 1990- el hasta ahora Presidente de UTE, señor José Serrato, dijo que "La idea de privatizar Salto Grande actualmente administrada con una deuda de U$S 1.800:000.000 quedará definida en las próximas semanas". En el reciente encuentro entre el Presidente de la República, doctor Lacalle, y el Presidente de la República Argentina, señor Menem, el primero realizó declaraciones respecto al hecho de que también se estudiarían las distintas posibilidades con relación al tema de la posible privatización de Salto Grande.

En coincidencia con declaraciones del señor diputado Lescano, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, diríamos que, "de cualquier manera, vender la obra pública más grande que ha hecho el país en toda su historia, en el preciso momento en que comienza a amortiguarse y a hacerse rentable, no cabe dentro del argumento de eficiencia ni del de pérdida, que son los que se usan cuando se habla de privatización". Este proyecto parece estar incluido en la idea de pagar, también con Salto Grande, la deuda, entregándolo a capitales foráneos.

La Central Constitución -más conocida por Central Palmar- fue inaugurada el 21 de diciembre de 1981. Constituye el tercer escalón de aprovechamiento del río Negro. En el año 1962 comenzaron los estudios para elegir su ubicación y en 1976, por licitación "llave en mano", resulta ganadora la empresa brasileña "Méndez Junior", comenzando los trabajos de construcción en junio de 1977. Cuenta con una capacidad de 300.000 kilovatios instalados en tres turbinas de 100.000 kilovatios cada una. El dique tiene una longitud de 2.000 metros y un salto de agua de 27 metros.

Creo importante hacer mención de la deuda que UTE todavía está pagando, generada por la construcción de dicha empresa. Esta obra fue licitada por U$S 250:000.000 y su costo final fue de más de U$S 580:000.000. Además, todavía están por esclarecerse las tremendas irregularidades y vicios de construcción de que fue objeto y que merecieran, en la Legislatura anterior, un pedido de informes y una Comisión Investigadora, de parte del señor senador Pereyra. La deuda total de UTE es de varias decenas de millones de dólares y constituye, sin duda, parte importante de la deuda externa del país. La población, aunque no sea consciente de ello, siente en carne propia la pesada deuda generada por la Represa de Palmar, pues buena parte de la tarifa que abona, se destina al pago de dicha deuda.

Con respecto a Trasmisión, el documento de AUTE entregado a los señores legisladores expresa acerca de este tema: "Este sector presenta un problema de atención inmediata. Sin embargo, en virtud de la información que se posee, ya se ha dilatado en casi dos años su solución. El tema es la saturación de carga en las estaciones de trasmisión de Montevideo. En 1989, las mismas se vieron aliviadas como consecuencia de las restricciones operadas en el consumo eléctrico debido a la crisis ya mencionada. Aún queda capacidad instalada sin utilizar a la que apelar en caso de necesidad; no obstante estas obras son necesarias, no en balde se justificó y aprobó el proyecto con todas la garantías técnicas y jurídicas, con financiamiento bien definido. Es más; el período de gracia de los préstamos obtenidos ha expirado y no se han concretado mínimamente las obras correspondientes. Por otra parte, atrasos mayores pueden comprometer en el futuro el suministro integral de la demanda de energía eléctrica en nuestra capital".

En el ítem 2.2) del documento del Directorio de UTE se reconoce que "el sector presenta el tema de la saturación de carga en las estaciones de trasmisión de Montevideo en su anillo colector, que viene siendo objeto de estudios y trabajos técnicos..."

"...Los retrasos en su concreción (de las obras) respondieron en buena parte a problemas de tramitación..." "...Claro está que de producirse a partir de ahora atrasos mayores se podría comprometer en el futuro el suministro íntegro de la demanda de energía eléctrica en nuestra capital, pero se torna imposible en base a la situación actual y a las acciones tomadas".

Desearía saber cuáles son las acciones tomadas para evitar la repetición de atrasos que pongan en peligro el suministro de energía eléctrica a Montevideo. Entonces, este sector también viene siendo estudiado para su reestructura. De acuerdo con testimonios enviados por los trabajadores de dicho sector, se plantearía la utilización de nuevas tecnologías " tele comando", que permitirían controlar todas las subestaciones del país desde Montevideo. Esto equivaldría a dejar las subestaciones solas, corriéndose riesgos muy grandes. Técnicos con mucha experiencia en transmisión no consideran viable esta iniciativa. Inclusive, la introducción de dicha tecnología tendría un costo elevadísimo para UTE y, además, traería aparejado, inexorablemente, el desplazamiento de más de doscientos trabajadores, que verían amenazada su fuente de trabajo, con un costo social muy importante.

En tercer lugar, me referiré a la distribución. En ese sentido, el documento de AUTE establece: "Son conocidos y muy sufridos los recurrentes cortes que padecen vastas áreas de Montevideo debido, fundamentalmente, al estado vetusto de la red eléctrica. Para atacar a fondo el problema se formuló un plan que figura en los Planes de Inversión y Presupuesto como ‘Renovación de la Red Eléctrica de Montevideo’..." "Este proyecto atendía una necesidad indiscutible: persigue atenuar las molestias y daños que a la población ocasionan tales cortes; el servicio eléctrico sería mucho más eficaz, lo que contribuiría al objetivo de ‘eficiencia’, dado que simultáneamente aumentarían las ventas y disminuirían las pérdidas".

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

-El documento del Directorio establece a este respecto: "Desde larga data existen dificultades en el área ‘Distribución’. Ello fue lo que llevó al Directorio, en el segundo semestre de 1987 a emprender un proyecto para atacar esta situación en Montevideo..." Dice más adelante: "...La renovación de la red eléctrica de Montevideo comenzó a ejecutarse este año con una nueva estructura organizacional para dirigirla..."

Me pregunto: ¿por qué si desde 1987 se entendió que esta área era prioritaria recién se comenzó la ejecución del proyecto en 1990, es decir, varios años después? ¿Acaso las "carencias acentuadas en materia de organización e información" no pudieron resolverse antes? ¿O es que no existió voluntad política para resolver este problema? Sin embargo, durante ese mismo período otros proyectos vinculados a áreas no tan prioritarias, como por ejemplo el plan PMG y FENOSA, contaron, no sólo con voluntad política, sino también con los recursos necesarios para su implementación.

Los trabajadores de la Estación Reducto, sector directamente vinculado a Distribución, me hicieron llegar un pequeño repartido donde determinan claramente las carencias del servicio y las soluciones a abordar para resolver dicho problema. Entre las carencias señalan: 1) Nivel muy malo de propuestas; 2) Falta de información correcta que se refleja en: a) demora en llegar a las faltas; b) planos no actualizados; 3) Falta de materiales por: a) burocracia administrativa, b) compra de materiales sin haberlos probado antes, c) poca información sobre nuevos materiales; 4) carencia de personal a causa de: a) no se llenan las vacantes dirigidas a resolver este problema de distribución; b) el actual dimensionamiento está fuera de la realidad; c) los bajos niveles de remuneración y las condiciones de trabajo rigurosas hacen que los trabajadores se vayan de ese sector para dirigirse, muchos de ellos, como especialistas, a participar del éxodo de técnicos y trabajadores calificados que emigran a Argentina, Australia, Canadá, España y Brasil, entre otros países.

Como soluciones plantean: 1) un único centro de información, adonde el suscriptor debe dirigirse para que se sepa con exactitud cuál es la falla y a partir de allí resolverla, derivando los trabajos; 2) los planos deben ser únicos y contener todos los datos posibles: recorrido, cantidad de cables que pasan por esa acera, sección, material, longitud, etcétera; 3) el depósito debe ser modernizado, introduciendo informática, dando cursos de capacitación sobre materiales, consultar a técnicos que recomienden qué materiales son adecuados y, fundamentalmente, que las empresas privadas no retiren material de dicho depósito; 4) eliminar el ingreso para cuota política, estableciendo el concurso para que ingresen al Ente aquellas personas que realmente están en condiciones de ayudar a resolver los problemas del mismo.

Con esta pequeña cita quería demostrar que los propios trabajadores han visualizado las carencias y aportado soluciones que deben tener en cuenta, porque apuntan a fortalecer la imagen pública del Ente, a elevar la calidad del trabajo y, por cierto, a estar mejor remunerados.

También quiero dar cuenta de la nota enviada por el Directorio en respuesta a mi intervención del 6 de junio pasado, sobre la situación de UTE en estos momentos. En el numeral 4 de la citada nota, fechada el 8 de agosto de 1990, se dice: "Adicionalmente la crisis energética de los dos últimos años obligó a asignar cuantiosos recursos -120 millones de dólares por encima de los consumos habituales- a la compra de combustible, lo que significó enlentecer las inversiones desde fines de 1988 hasta los primeros meses de este año". Sin embargo, en el mismo período tomó cuerpo y fuerza el PMG, al cual se volcaron cuantiosos recursos.

Más adelante se agrega: "Como ya se dijo, existía información en UTE pero esa información estaba dispersa en varias unidades, bajo distintas jerarquías, no es compartible una con otra, no estaba procesada, no era completa ni confiable y no se utilizaba". Me pregunto nuevamente: ¿quiénes eran o son los responsables de tan caótica situación sino las máximas jerarquías del Ente?

Finalmente, para tener una idea de los costos que se requerirían para poner a punto áreas básicas que enunciamos, veamos las siguientes cifras, en comparación con el costo del PMG: para la red de 500 y 150 kilovatios, es decir las torres de alta tensión que desde las represas hidroeléctricas traen energía hacia el anillo colector de Montevideo, serían necesarios U$S 27:000.000; para toda la red eléctrica de Montevideo, es decir los cables que pasan frente a todas las casas, en las calles de toda la ciudad, se destinarían U$S 41:000.000. En cambio, el Proyecto de Mejora de la Gestión, según el trabajo realizado por los compañeros de AUTE con apoyo de técnicos, ascendería a U$S 63:000.000.

Es decir que el proyecto de gestión prácticamente sobrepasa lo que supone la solución del problema a través de las torres de alta tensión y la reparación de toda la red eléctrica de Montevideo.

Voy a ocuparme ahora un poco más concretamente de este informe acerca del PMG. En este sentido, tendré como guía en esta parte de mi intervención el material que AUTE nos ha hecho llegar a todos los legisladores para su estudio y conocimiento.

Más allá de lo que ahí se expresa -compártase o no- nos parece un intento serio y prolijo por parte de esta organización sindical y una preocupación legítima sobre un tema de tanta trascendencia. Asimismo, será motivo de referencia el Repartido Nº 151 de 1990 de la Cámara de Representantes, en donde se encuentra la respuesta del Directorio de AUTE al mencionado documento de AUTE.

Entre los temas que nos parecen principales, están los siguientes. El PMG no figura en el plan quinquenal de inversiones del organismo, pese a hallarse en ejecución desde el año 1988. En segundo término, tenemos el costo. No existe estimación exacta de él, aunque fuentes documentales permiten ubicarlo por encima de los U$S 60:000.000. Esta cifra ha sido rebatida en reiteradas oportunidades por el Directorio de UTE. En el documento remitido al Parlamento por este Directorio se establece que la contratación de FENOSA se realizó por un importe inicial de 1.200:000.000 de pesetas, que en su momento equivalían a U$S 9:971.000. De acuerdo con la legislación vigente -artículo 517 de la Ley Nº 15.903- el importe del contrato UTE-FENOSA se podrá ampliar hasta el doble del inicial; es decir que la ampliación en ningún caso podrá superar los 2.400:000.000 de pesetas o su equivalente en aproximadamente U$S 20:000.000. Sin embargo, en la ayuda-memoria del Banco Mundial, que resume las conclusiones y/o recomendaciones de la misión de esta institución de preparación de un posible nuevo préstamo -la que fue confeccionada por los señores A. Araújo y J. Wilberg, del 6 al 12 de junio de 1989- se expresa: "D) Programa de Mejoras de la Gestión. 12 - UTE informó que el PMG tiene un costo estimado de U$S 34:000.000 y que exigirá la modernización del sistema de informática (hardware) de UTE, que es obsoleto. Las inversiones en estas computadoras alcanzarían a U$S 8:500.000 adicionales", lo cual eleva la suma total del costo a U$S 42:000.000.

Por otra parte, en la ayuda-memoria de la misión del Banco Mundial -que comprende del 28 de noviembre de 1989 al 8 de diciembre de ese año- en su Anexo VI se estima un costo total de U$S 63:636.000, siendo sin duda ésta la fuente documental a que AUTE hace referencia. Esta cifra triplica claramente el costo que, según el Directorio, insumiría el PMG, pues al pago de la consultora deberán sumarse las inversiones que ella recomienda y los gastos efectuados por el Comité de Dirección del referido PMG.

Por cierto que es sugestivo lo que establece la primera ayuda-memoria, en su literal G): "la Misión recomendó a UTE analizar la posibilidad de aumentar la participación de técnicos de UTE" -es decir, de técnicos uruguayos- "con la disminución de la participación de FENOSA en las áreas donde ello sea posible, con vistas a una reducción de costos".

Otro tema relevante es el que dice relación al financiamiento. En la referencia anterior a los U$S 34:000.000 se presentaba el siguiente financiamiento: BIRF, U$S 3:000.000; España (co-financiamiento BIRF) U$S 13:300.000; Fondo 51 Centenario BID-España, U$S 13:800.000; y otros, U$S 4:200.000, lo que da un total de U$S 34.300.000.

Esto está en contradicción con lo que establece el Directorio en el citado documento: "El financiamiento del PMG se realizará con recursos propios de UTE a lo largo de los cinco años que demanda el contrato de FENOSA..." "El financiamiento que UTE ha obtenido del BIRF contempla parte de las inversiones que realizará hasta 1997 y no incluye el PMG". Entonces, cabe al menos preguntarse cuál de las cifras sobre costos y formas de financiamiento son las correctas; cuál de las informaciones brindadas por el Directorio de UTE al Parlamento y al Banco Mundial, son las precisas.

En la toma de decisiones sobre el punto, dice el documento del Directorio: "El poder en la UTE radica en el Directorio legalmente constituido, de acuerdo a lo que establece la legislación y las normas vigentes, siendo facultad de los Directores pedir información en la forma que lo entiendan pertinente, sin que ello signifique ignorancia de los temas. Aquellas decisiones que no fueron tomadas directamente por él, lo han sido con su pleno conocimiento y participación, como surge de sus actas y resoluciones adoptadas".

Esto es así, según lo que la propia carta orgánica de UTE establece. Ciertamente, toda la documentación que he estudiado está avalada por la firma del Presidente de UTE. Sin embargo, habida cuenta de algunos hechos que paso a relatar, me he preguntado si efectivamente todas la resoluciones adoptadas han sido del conocimiento del Directorio en su conjunto.

Un video difundido por AUTE en noviembre del año pasado, estima un costo superior a los U$S 60:000.000 para el PMG. Ante esta versión, un integrante del Directorio -lo menciono con respeto- al doctor Alberto Volonté Berro, el 15 de noviembre de 1989 -según Acta Nº 16.824, que tengo a la vista- luego de expresar el respeto y la consideración que le merece AUTE y la significación que tiene el PIT-CNT en este país, manifiesta que "de ser cierto todo lo que esto implica" -es decir, los U$S 60:000.000- "ello le causaría una profunda sorpresa". Y dice: "En este caso, desde ya adelanto que de confirmarse lo que está diciendo AUTE-PIT-CNT, mi renuncia al cargo en forma indeclinable quedará en manos del señor Presidente del Directorio...".

"Desde ya adelanto que si realmente este monto, (como mucho nos tememos, de acuerdo a la información que tenemos los Directores) está lejísimo de los U$S 60:000.000 que se dio a publicidad con el respaldo del PIT-CNT y con la autoridad que emana de AUTE, mucho me temo, digo, que vamos a tener que terminar en la justicia ordinaria".

Por otro lado, el 13 de diciembre de 1989, en Acta Nº 16.827 -casi un mes después- el mismo doctor Volonté expresa: "Esa información" -o sea la referida a si podían ser U$S 60:000.000- "la pedí hace un mes y aún no la he recibido" -menos mal que la solicitó un miembro del Directorio- "pese a estimar que dispondría de ella en una semana (...) Porque, además se me informa que lo que cobra FENOSA son U$S 9:917.000 pero que el costo total del proyecto y su implementación se sitúa en los U$S 42:883.000". Es decir que estamos frente a una cifra mucho más cercana a los U$S 60:000.000.

El día 20 de diciembre en el Acta Nº 16.828 la Gerencia General responde -el memorándum Nº 208/89 correspondiente a ese día- muy escuetamente lo solicitado por el doctor Volonté en los siguientes términos: "Su costo será largamente menor al monto que se estima mayor a los U$S 60:000.000 que se mencionara en el comercial televisivo a que se hace referencia. El contrato de Unión Eléctrica FENOSA, aprobado y vigente es de U$S 9:900.000".

En consecuencia no se trata de ni de U$S 9:917.000 como se dijo antes ni U$S 42:883.000 tal como había señalado en el Acta del 20 de diciembre de 1989, el doctor Volonté.

Personalmente no pongo en tela de juicio las opiniones de algunos miembros del Directorio -en este caso concreto las opiniones del doctor Volonté- pero, este hecho me hace pensar si efectivamente las decisiones que se adoptan en UTE, acerca del PMG son conocidas por las jerarquías máximas del Ente.

Sobre la oportunidad del PMG el informe de AUTE establece que: "El PMG se desarrolla basado en la mayor voluntad política concebible, lo que de suyo no es criticable, pero sin embargo amerita algunas reflexiones sobre el énfasis puesto en otros proyectos que no se desenvuelven con un marco tan auspicioso". Y, por cierto con una gran lentitud. "Nos referimos a proyectos que sin duda son estratégicos para la empresa, que hacen a su imagen pública, que contribuyen directamente a superar los problemas que ponen en riesgo la continuidad de sus objetivos -generar, trasmitir, distribuir-" -y comercializar agrego- "a consecuencia, fundamentalmente, de la obsolescencia y gravísimo deterioro de su infraestructura, así como el crecimiento de la demanda, por no citar el riesgo que significa Palmar y su deuda. En la tres grandes áreas ya mencionadas se destacan problemas que, a nuestro juicio, son de primer orden y no se atienden debidamente".

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador Araújo, supongo que para una cuestión de orden.

SEÑOR ARAUJO. - Exactamente, señor Presidente.

Simplemente deseo mocionar para que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor orador.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia lamenta tener que reiterar lo que expresó en oportunidad de realizarse un planteo similar en un caso anterior, estando en uso de la palabra el señor senador Gargano.

De acuerdo al artículo 165 del Reglamento, en este caso se debe aplicar el régimen del artículo 68, que autoriza una prórroga de 30 minutos cuando el orador dispone de ese tiempo. No ocurre lo mismo cuando, como en este caso, dispone de una hora. De todas maneras, el Cuerpo resolverá.

SEÑOR BATALLA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - No tengo presente el caso del señor senador Gargano pero, sé que en aquél momento tuve participación directa porque planteé la posibilidad de realizar debate libre, en la medida en que había sido voluntad del Cuerpo el autorizar una exposición por el término que había solicitado el exponente.

Personalmente considero que en este caso no existe ninguna norma reglamentaria que impida al Senado, de acuerdo a lo que es tradicional, conceder una prórroga que, obviamente, se otorgará en función de lo que establece el Reglamento, o sea, por media hora. Es en este sentido que planteo esta solicitud.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Creo recordar -no sé si ocurrirá lo mismo entre los demás integrantes del Cuerpo- que en oportunidad de realizarse la disertación del señor senador Gargano, éste había solicitado hacer uso de la palabra por media hora y, posteriormente, se le prorrogó el plazo por 30 minutos más. Asimismo, hubo una segunda prórroga.

De todas formas, creo que no es este el caso del señor senador Pérez, en virtud de que él solicitó una hora y esta es la primer media hora de prórroga que se solicita. En consecuencia pienso que el Reglamento lo ampara.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ocurre, señor senador, que el Reglamento se remite al régimen del artículo 68. Dicho artículo establece, con carácter general, que se puede hablar durante 30 minutos. Para el caso de los miembros informantes, por excepción, se puede hacer uso de la palabra durante el lapso de una hora. Es decir que ese régimen no prevé exposiciones por tiempo mayor y, en el caso de los miembros informantes -referido obviamente a los proyectos de ley- establece que, antes de darse el punto por suficientemente discutido, es decir, al cierre del debate, éste puede volver a hablar por otros 30 minutos.

Evidentemente, no nos encontramos en este momento con el mismo caso. De todas formas, admito que el Senado es dueño de resolver y de no compartir el criterio de la Mesa.

En consideración la moción de orden presentada por el señor senador Araújo en el sentido de que se prorrogue por 30 minutos el término de que dispone el orador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Deseo señalar que voté favorablemente esta moción a pesar de que me parece antirreglamentaria. Lo hice por consideración al señor senador Jaime Pérez, pero en el futuro dado que no habría relación con ningún senador en particular no habré de votar favorablemente este tipo de iniciativas.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede proseguir el señor senador Jaime Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Siguiendo con mi exposición deseo señalar que el informe de AUTE establece, al respecto, que sería deseable que otros temas que tienen que ver con elementos que se consideran más vitalmente prioritarios para UTE, en beneficio de la población, tuvieran un tratamiento tan beneficioso como el que ha tenido el PMG.

SEÑOR BATALLA. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PEREZ. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BATALLA. - Muy brevemente, señor Presidente. El señor senador Jaime Pérez, en su exposición, ha citado algunas expresiones de integrantes de este Directorio y, más concretamente manifestaciones del doctor Volonté Berro.

Personalmente deseo ratificar el hecho de que muchas de las decisiones no están en conocimiento -ello me consta- de todos los miembros del Directorio. Además, creo que muchas de las decisiones del PMG se tramitan, se procesan y mueren, también, en el ámbito de la estructura burocrática, sin llegar al Directorio.

Era cuanto deseaba señalar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ. - Eso confirma la duda que tenía en ese sentido y es bueno que se esclarezca.

Hay aspectos que tienen que ver con la contratación de FENOSA. Desde el 2 de marzo de 1988, en que se aprueba el pliego de conflictos, al 8 de agosto del mismo año, en que se firma el contrato entre UTE y FENOSA, pasando por la creación de un grupo de trabajo para el cambio y una Comisión Asesora de adjudicaciones, transcurrió algo más de cinco meses. Ese lapso parecería ser muy escaso para encarar los cambios que se proponen. Al restringirse la asesoría técnica del PMG, el Convenio Complementario de Cooperación Tecnológica suscrito entre España y Uruguay, se limitó la posibilidad de ofertas de otras latitudes, teniendo en cuenta que UTE es una empresa estatal y no privada. Consultados los técnicos del Ente fueron coincidentes en afirmar que, por ejemplo, una firma francesa de electricidad E.D.F. se hubiera adecuado más a nuestra realidad, ya que es una empresa estatal en las áreas de generación, trasmisión y distribución y líder en el Mercado Común Europeo, con 26 millones de usuarios con un desempeño comercial exitoso.

La empresa española FENOSA es el resultado de la fusión realizada en 1982 entre la Unión Eléctrica y FENOSA, las que tuvieron una nueva organización a partir de una consultoría externa. De acuerdo con testimonios, esta reestructura aún no ha concluido, aportando elementos que permiten asegurar que intentan aplicar en UTE paquetes tecnológicos, que aún no han sido, siquiera, experimentados e implementados en España.

Al ser FENOSA una empresa privada, su encuadre institucional es muy distinto al de UTE. Me resulta difícil creer que eso de transplantar modelos que hayan resultado exitosos, en otras realidades puedan ser válidos para cualquier circunstancia. En una publicación de FENOSA se realiza un reportaje al ingeniero Antonio Marco, responsable del Departamento de Acción y Consultoría Externa de la empresa, quien al ser requerido sobre los proyectos en curso, manifiesta: "Por supuesto, hay que destacar al PMG que estamos desarrollando con la empresa de electricidad de Uruguay, UTE. El objetivo final es implementar los sistemas de gestión de Unión FENOSA y aplicar nuestra metodología a su organización".

Se destaca que gran parte del personal afectado a FENOSA es joven e inexperiente, en contradicción con lo expresado por el Directorio en el documento citado, que establece: "Corresponde destacar no sólo su capacidad técnica y su experiencia sino el alto nivel jerárquico que alguno de ellos ocupa dentro de la propia FENOSA".

En consecuencia, es válido lo planteado por AUTE en el sentido de que muchos están aprendiendo en UTE, lo cual no sería negativo si no fuera que para ello UTE les paga cuantiosos honorarios. En cambio, se ha dejado al costado a técnicos nacionales, que también en esta rama tienen mucha experiencia y con los cuales no se consulta en absoluto.

Si bien al decir del Directorio, "los honorarios de FENOSA se ajustan a los valores de los honorarios de trabajos de características similares", pensamos que estas cifras astronómicas están fuera del alcance de UTE y del país, debiéndose tener en cuenta, además, que no se atacan ni se resuelven los problemas de fondo de UTE, como son la generación, distribución y trasmisión de energía eléctrica.

No quiero extenderme más, pero hay que decir que esto ha llevado a una situación tensa en UTE. Existe gente que había sido seleccionada para integrar el PMG y muchos de ellos se han negado a hacerlo, por considerar que entra en pugna con su ética en relación con las normas, las reglas que tiene UTE. No sé si hay conciencia o si se ha discutido qué es lo que se busca con ese PMG. Hay proyectos de corto plazo que se han implementado en la era FENOSA, algunos de mucha publicidad, como el de la atención personalizada a clientes. Muchos señores senadores recordarán los "spots" televisivos que nos mostraban el nuevo sistema de televisión color, plantas, alfombras, etcétera, y la conformidad de la gente con el método. Sin embargo, recordarán también el caos que se produjo en el hall del Palacio de la Luz al poco tiempo -muchos fuimos testigos- con colas interminables ante los innumerables reclamos de la población.

Sin duda, los cambios se operaban sobre lo secundario, mientras que en lo sustancial, la UTE sigue con los apagones, los cobros desmedidos de consumo, etcétera.

El documento de UTE expresa: "Cabe puntualizar que en muchos de estos proyectos la participación de Unión FENOSA no se hubieran llevado adelante de otro modo o se habrían demorado mucho tiempo". Más allá de abrir juicio sobre la oportunidad de tales proyectos, me pregunto por qué el Directorio afirma "que no se hubieran llevado adelante de otro modo". ¿Es que existe voluntad política ahora y no antes? De ser así, ¿por qué no existió antes? ¿O qué pasos se dieron antes de emprender dichos proyectos y qué escollo se encontró que impidieron su concreción? Son preguntas que me surgen y las realizo en voz alta, a las cuales el Directorio de UTE, ¿tiene respuesta?. Tenemos entendido que la implantación de los Terminales Portátiles de Lectura, que agilitarán y perfeccionarán el tomaconsumo, fue planteado años atrás por los propios funcionarios de UTE y nunca tenidos en cuenta.

El personal asigna al PMG, como ya fue expresado, beneficios de hasta un 90% por encima del sueldo base, o sea, prácticamente se le duplica el sueldo, lo cual es muy significativo en esta época de pérdida constante del valor real de los salarios de los trabajadores.

A pesar de ello, como lo dije, son muchos los funcionarios que no han aceptado el llamado del PMG.

En cuanto a los viajes, el documento de AUTE manifiesta: "Muchos funcionarios de UTE en el marco del proyecto han viajado a España: Directores, un buen número de jerarcas. Hay grupos de técnicos que han realizado estadías de cuatro y seis meses. A UTE esos seis meses le cuestan, por cada funcionario, U$S 33.000. En el segundo semestre de 1989, se gastaron más de U$S 190.000, entre viáticos y pasajes".

Mientras esta situación se desenvuelve en UTE, la misma encara un monto total de inversiones de U$S 350.000.000 en cinco años, a estar por un comunicado de prensa del Directorio del 18 de noviembre de 1989, período en el que se desarrolla el PMG a un costo total de más de U$S 60:000.000.

Datos actualizados me permiten afirmar que en lo que va del año se lleva gastado por concepto de viáticos al exterior para el personal de UTE aplicado al PMG, la suma de U$S 567.354. O sea, tres veces más de lo gastado en igual período del año 1988. Estos gastos se generan en pleno esfuerzo de contención del gasto público y cuando existen normas que establecen su reducción en un 15%. Parece que dicha restricción no alcanza al PMG.

Simultáneamente a esta realidad que involucra a un número pequeño de funcionarios (141), cerca de 7.000 comprendidos entre la escala 3 y 6, o sea más del 60% del total, perciben un sueldo base promedio de N$ 149.160, cifra que no alcanza a dos salarios mínimos. Ello causa, lógicamente, la desmoralización y el resquemor entre el funcionariado.

Por otra parte, es de destacar que hoy UTE percibe la tarifa que, sin temor a equivocarme, se sitúa en los puntos históricos más altos, encarecida aún más a partir del 1º de setiembre en un 22%.

En relación con este asunto, quisiera detenerme un segundo para hacer la siguiente reflexión. Para los servicios residenciales UTE establece una escala de tarifas que paso a detallar, con valores actualizados incluyendo el 22% de aumento: de 1 a 50 kilowatts mensuales, N$ 52,92; de 51 a 200 kilowatts, N$ 87,72; de 201 a 1000 kilowatts, N$ 117,07; y de 1001 kilowatts en adelante, N$ 130,51.

Esto posibilitaría que la gente de menos recursos tuviera un alivio en las tarifas y ello no implicaría una modificación sustancial en los ingresos del Organismo.

En síntesis, pensamos que no se invierte priorizando las urgencias del Ente, sino que se generan gastos suntuosos en materia de equipamiento, viáticos, locomoción y otros, por lo que la deuda de UTE sigue creciendo. Me pregunto si no sería conveniente hacer una investigación sobre este asunto, de manera de evitar -aunque sea en menor escala- una situación similar a la de la construcción de la represa de Palmar y que esto, además, termine en un gran fraude que, al final, como siempre, lo paga la población.

Como consideraciones generales, diremos que en virtud de lo expresado, creemos poder afirmar, sin temor a equivocarnos, que el camino emprendido en UTE para implantar y desarrollar el PMG, no es el más adecuado. Estamos convencidos de que se ha emprendido este camino sin una discusión previa y a fondo sobre el futuro de la UTE, ni dentro ni fuera del Ente. Desde nuestro punto de vista, este aspecto es muy importante. Creemos que en UTE, como en cualquier otro Organismo del Estado, hay muchas cosas para cambiar y para mejorar, pero cualquiera de las modificaciones que se pretenda efectuar debe ser previamente discutida y valorada entre todos los sectores involucrados, es decir, técnicos del Ente, jerarquías, trabajadores, Universidad de la República y otros.

Al igual que AUTE, "pensamos que el encare que se le dio al cambio en UTE no contribuye a la mejor solución de sus problemas". El Directorio en su documento establece: "...El proyecto es entonces obra enteramente nacional, elaborado por los técnicos del Organismo, quienes establecieron las condiciones para la ejecución y los requerimientos a que habrían de ajustarse las empresas interesadas, en particular en esta idea nacional...". ¿Por qué no se culminó con la "idea nacional" con una realización nacional? ¿Es que las vías internas se agotaron o no se tuvieron en cuenta?

Para terminar, quisiera transcribir parte de un trabajo escrito realizado en 1986, a pedido de la agrupación UTE, por un capacitado técnico del Ente, que trabajaba en él por aquella época, el ingeniero Vladimir Turiansky, que voy a leer haciéndolo mío plenamente: "1) UTE no puede ser sólo una empresa que se dedique a vender electricidad a quien quiera comprarla. Debe orientar el uso de la electricidad en función de intereses permanentes y no por situaciones coyunturales. ‘Usemos todo eléctrico’ es el eslogan actual de UTE, basado en los excedentes, en la capacidad de generación de electricidad, derivados de la incorporación a la red nacional, en pocos años, de dos grandes centrales hidroeléctricas, Palmar y Salto Grande. Pero de pronto, esos excedentes conviene al país derivarlos de una manera selectiva. Por dos razones entre otras: porque no sobra energía eléctrica como podrían sobrar, por ejemplo, manzanas si hubiera una gran cosecha en un año y se dijera ‘coma manzanas’. Las centrales eléctricas representan una enorme inversión de muchos centenares de millones de dólares y ahora deben redituar al país y no tanto a la UTE, sobre todo en aquellas actividades que resulten productivas. Y además, porque no hay cómo conducir hacia los usuarios ese mayor consumo, en virtud del estado deficitario de las redes de distribución. Más bien UTE debería hablarle francamente a la población y decirle: Disponemos de centrales de generación, pero no tenemos redes suficientes para conducir esa electricidad hasta los usuarios, porque a lo largo de estos años se construyeron represas pero no se tendieron cables.

Pero en cambio sí se puede pensar en proyectos concretos de desarrollo, ya sea en industrias como en servicios. Proyectos como el de la cuenca arrocera, o la lechera, en los que UTE viene trabajando, son ejemplos de lo que queremos decir.

A esto puede agregarse la electrificación del transporte urbano y suburbano de pasajeros (ferrocarril, trolebuses). Hay también objetivos a priorizar: zonas, núcleos poblados y aún viviendas individuales a las que no llega todavía la electricidad. UTE, sus dependencias técnicas, tienen planes que deberían conocerse y discutirse públicamente, pues no hay en ellos nada secreto y por el contrario, le interesan mucho al país". El PMG no estaba aún en esos planes.

"2) UTE debe mejorar su eficiencia. Eficiencia no es sinónimo de rentabilidad. Se puede ser rentable y terriblemente ineficiente, en la medida en que el costo de la ineficiencia se traslade a la población, que paga así caro un servicio malo. Hay una ineficiencia imputable a las carencias del sistema, de lo que ya se ha hablado: baja tensión en horas pico, apagones por deterioro o sobrecarga de cables y líneas, son consecuencias del retraso en años en la ampliación y el mejoramiento de la red de distribución.

Esto se irá resolviendo en la medida en que se avance en el cumplimiento de las obras previstas en este sentido. Pero hay otras formas de ineficiencia no achacable a carencias del sistema, sino a la administración del mismo, al desarrollo de la actividad y su coordinación y a los controles. Así el tiempo de reposición de fallas es promedialmente muy grande. ¿Qué suma de demoras contribuye a ese resultado? ¿Son demoras en la detección de la falta, en planificar y ordenar los trabajos, en su ejecución? ¿Faltan medios, herramientas, repuestos, transporte, personal? Sean cuales sean las causas, deben corregirse, y los trabajadores deben ser los primeros en promover esas correcciones, porque el pueblo, es pueblo del que formamos parte, no merece esta penuria adicional a las tantas que padece. La eficiencia de UTE, su aptitud para suministrar un servicio vital para el país y su gente, acorde a las normas de calidad y fiabilidad, merece la preocupación de todos, trabajadores, técnicos, jerarcas, gremio y autoridades.

Precisamente, en momentos en que se abordan planes importantes que tienden a mejorar la fiabilidad del sistema (ampliaciones y mejoras en las redes de trasmisión y distribución, remodelación de Rincón del Bonete, posibles reparaciones de importancia en Palmar, mejora en las condiciones de mantenimiento de las centrales termoeléctricas) la preocupación por la eficiencia, la rapidez, la calidad del suministro y la gestión, no puede ser ajena a ningún sector de la actividad del Ente".

Hacemos este llamado como frenteamplistas, en la concepción de un modelo de país diametralmente opuesto al que lleva a cabo el presente Gobierno, para la viabilidad del proyecto nacional, popular y democrático del Frente Amplio. Pensamos que el Estado uruguayo debe mantener el control de las empresas públicas que forman parte de su patrimonio, por cuanto la privatización y segura extranjerización traería aparejada una crisis de impredecibles consecuencias.

Finalmente, creemos conveniente que se abran instancias de discusión profunda sobre la realidad y el futuro de UTE, dándose participación a todos los sectores que de alguna manera se vinculan a su quehacer diario: parlamentarios, técnicos del Ente y de la Universidad, autoridades, trabajadores, etcétera.

Si este objetivo se logra en alguna medida, no habrá sido en vano el haber reclamado del señor Presidente y de los señores senadores en el día de hoy un tiempo precioso de su atención, y me consideraré muy satisfecho.

Muchas gracias.

14) INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO POR LOS QUE SOLICITA VENIA PARA DESIGNAR MIEMBROS EN LOS DIRECTORIOS DE LA ADMINISTRACION DE OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE); DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS (UTE) Y DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)

SEÑOR SANTORO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO. - Señor Presidente: solicito que se altere el orden del día y se pase a considerar a continuación el asunto que figura en 10° término, es decir, los informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo por lo que solicita venia para designar miembros de los Directorios de distintos organismos del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Santoro.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a considerar el punto que figura en décimo lugar del orden del día: "Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para designar miembros de los Directorios de distintos organismos del Estado".

A estos efectos, el Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 19 y 15 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 28 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Juan Harán Urioste). - El Senado, en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo las venias que le fueron solicitadas para nombrar, en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, en calidad de Presidente al ingeniero industrial Andrés Tierno Abreu; en calidad de miembros, a los señores Saúl Posadas, Roberto Milburn, Ariel Lausarot y al doctor César Ausqui; en el Directorio de la Administración de Obras Sanitarias del Estado, en calidad de Presidente, al arquitecto Manuel Antonio Romay y en calidad de miembros a los señores Villanueva Saravia Pinto y Tabaré Viera Duarte; y en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, en calidad de Presidente al doctor Alberto Volonté Berro y en calidad de miembros a los señores don Renán Peraza, don Omar Pérez Rodríguez, doctor Mario Reibakas Rifkin y don Raúl Jude.

15) INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO CON MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO POR LOS QUE SOLICITA VENIA PARA DESIGNAR MIEMBRO INTEGRANTE DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO AL SEÑOR JOSE IGNACIO OTEGUI GRIEGO. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar la solicitud de venia formulada por el Poder Ejecutivo para designar integrante del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al señor José Ignacio Otegui Griego. (Carp. Nº 284/90 - Rep. Nº 106/90).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 284/90
Rep. Nº 106/90

PODER EJECUTIVO
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 24 de agosto de 1990.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores

El Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de 1985, a los efectos de solicitar la venia para designar miembro integrante del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al señor José Ignacio Otegui Griego.

Los antecedentes con las condiciones personales y técnicas del señor José Ignacio Otegui Griego se adjuntan al presente Mensaje.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan Andrés Ramírez, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva, Mariano Brito, Guillermo García Costa, Wilson Elso Goñi, Augusto Montes de Oca, Carlos Cat, Alfredo Solari, Alvaro Ramos, José Villar, Raúl Lago.

Curriculum vitae

Nombre:

José Ignacio Otegui Griego

Fecha de
nacimiento:

2.08.51 en Montevideo

Estado Civil:

Casado con Soledad Pérez Soares de Lima
Tres hijos

Estudios cursados:

Primaria y Secundaria

  

Perito Mercantil

  

Administración de Empresas

Actividad Privada:

Ha participado en la Administración de Empresas dedicadas al ramo de la construcción y agropecuarias.

  

Fue Administrador del semanario "La Razón".

Actividad Gremial:

Actualmente integra el Consejo Ejecutivo de la Cámara de la Construcción del Uruguay"-

-Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

"Artículo único. - Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar como miembro integrante del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al señor José Ignacio Otegui Griego".

SEÑOR PRESIDENTE. - En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. - El Senado ha procedido a conceder la venia para la designación del señor José Ignacio Otegui Griego como integrante de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Quiero destacar que conozco, a través de toda su vida, a este joven valor humano que en el ámbito del trabajo se ha destacado con inteligencia y solvencia en todos los aspectos, tanto como integrante de una Sociedad Ganadera como de una empresa constructora y de las filiales que reúnen a estas empresas. El señor Otegui ha demostrado a lo largo de su trabajo una acrisolada honestidad que me complazco en poner de manifiesto, en el momento en que se obtiene la venia para que integre la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Solicito, señor Presidente, que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar nuevamente si se concede la venia solicitada.

(Se vota:)

-22 en 25. Afirmativa.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Hemos votado favorablemente la moción formulada por el señor senador Pereyra porque, precisamente, nosotros íbamos a solicitar también la reconsideración de la votación.

El hecho de no haber votado anteriormente esta venia -votación que hemos rectificado- se debe a que no habíamos logrado obtener información suficiente, por lo que no podíamos identificar claramente al candidato propuesto. Confieso que ahora las expresiones del señor senador Pereyra nos han ayudado en ese sentido.

Además, deseo solicitar que, en todos estos casos, las propuestas vengan acompañadas de mayor información. Con total franqueza digo que nos ha costado muchísimo poder identificar a algunos de los candidatos propuestos, lo que genera ciertas dificultades, sobre todo cuando en estos días debemos desarrollar tanta actividad y cuando, muchas veces, las venias se presentan en un plazo muy breve.

En este caso, entonces, acompañamos la rectificación y fundamos nuestro voto favorable.

16) UTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION (PMG)

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Solicito que se altere el orden del día y se vuelva al punto que figura en primer término para poder plantear el pase de la versión taquigráfica de mis palabras a determinados organismos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción de orden del señor senador Pérez.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PEREZ. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. - Solicito que la versión taquigráfica de las palabras que pronuncié al considerarse el primer punto del orden del día, sea enviada al Ministerio de Industria y Energía, al Directorio de UTE, a las autoridades de AUTE y a la Comisión de Industria y Energía del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa aclara que no corresponde votar la última parte de la moción, porque reglamentariamente es de resorte de la Presidencia hacerlo y así se procederá.

Se va a votar la moción formulada por el señor senador Pérez.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) ACUERDO DE FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA CONFEDERACION SUIZA. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la Confederación Suiza. (Carp. Nº 1454/89 - Rep. Nº 96/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1454/89
Rep. Nº 96/90

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de julio de 1990.

Señor Presidente
de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 1º de agosto de 1989, en lo que se refiere a la solicitud de aprobación parlamentaria -de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 inciso 20 y 85 numeral 7 de la Constitución de la República- de los Acuerdos celebrados con el Reino de los Países Bajos y con la Confederación Suiza, sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, que fueron suscriptos, respectivamente, los días 22 de setiembre de 1988 y 7 de octubre del mismo año; al permanecer vigentes para los intereses de la República, los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

En atención a ello se transcriben los argumentos contenidos en el mencionado Mensaje, vinculados a dichos instrumentos internacionales.

"Los Tratados sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital celebrados con el Reino de los Países Bajos y con la Confederación Suiza propenden a mejorar las condiciones para la radicación de inversiones de capital extranjero, mediante un marco jurídico que perfecciona la normativa que actualmente las regula.

Entre los aspectos más destacados de estos Tratados puede señalarse que se establece que las inversiones extranjeras no serán objeto de tratamiento discriminatorio con relación a las inversiones nacionales.

Se garantiza la libre transferencia de remesas relacionadas con las inversiones de capital, reglamentándose la forma en que las mismas se harán efectivas.

Las diferencias que pudieran surgir entre un inversor y la Parte Contratante en la que se realiza la inversión, continuarán sometidas a la decisión de los tribunales nacionales competentes.

Sólo en los casos que se compromete la responsabilidad del Estado por actos dictados por la autoridad judicial, esto es, cuando la sentencia viole una regla de Derecho internacional, se configure denegación de justicia o la decisión sea notoriamente injusta, cualquiera de las Partes podrá recurrir a un tribunal arbitral internacional.

Las divergencias de opinión entre los Estados serán resueltos mediante negociaciones, o en su defecto, a través de los mecanismos de arbitraje internacional.

Se excluyen de lo dispuesto en los Tratados que se remiten, aquellas actividades que, por razones de seguridad, moralidad, sanidad u orden público, se encuentren prohibidas o reservadas a nacionales".

Reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la Confederación Suiza, suscripto en Berna el 7 de octubre de 1988.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión aconseja la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo en el que se dispone la ratificación del Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la Confederación Suiza. El mismo se inscribe en la línea de favorecer el ingreso de inversiones al país, iniciada con la suscripción de un tratado similar con la República Federal de Alemania, que mereciera la sanción del Cuerpo.

Según se señala en el preámbulo, las Partes Contratantes desean fortalecer la cooperación económica entre ambos Estados sobre las bases del derecho internacional y la mutua confianza y, reconocen que la única forma de obtener y mantener un flujo de capital suficiente, es el logro de un clima de inversiones, mutuamente creado, con el debido respeto por los inversores extranjeros, compartible con las políticas fijadas por los Estados receptores del capital y con su esfuerzo por contribuir eficazmente al desarrollo del país.

En el artículo 2 se conviene que cada Parte Contratante, fomentará en su territorio y en la medida de lo posible, las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante, otorgando las autorizaciones necesarias con relación a la inversión.

En lo relativo a la protección de las inversiones que se realicen, cada Parte Contratante se obliga a no obstaculizar con medidas injustificadas o discriminatorias, la administración, uso, goce, crecimiento, venta y en su caso, la liquidación de dichas inversiones. Al mismo tiempo se acuerda el tratamiento justo y equitativo de las inversiones que "no podrán ser menos favorable que el acordado por cada Parte Contratante a las inversiones realizadas dentro de su territorio por sus propios inversores o al otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones hechas en su territorio por inversores de terceras naciones, si este tratamiento es más favorable". La cláusula de nación más favorecida se excluye en aquellos casos en que los privilegios recibidos por los inversores de un tercer Estado provengan de la participación de la Parte Contratante en asociaciones de libre comercio, uniones aduaneras o mercados comunes, o en aquellos casos en que dicho tratamiento se otorgue para evitar la doble tributación en base a acuerdos internacionales.

La norma mencionada, en realidad, no hace más que recoger el principio de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Constitución de la República, reconociendo que no se podrán establecer categorías diferenciales con relación a inversores nacionales del Estado contratante.

El artículo 4, al asegurar la libre transferencia de intereses, dividendos, beneficios, etcétera, constituye una de las normas básicas a efectos de lograr la inversión extranjera en el país. La disposición es sumamente clara y constituye motivo importante para el logro y posteriormente, el incremento de dicha inversión. Dicha libertad es, por otra parte y como se sabe, práctica vigente en el país bajo su normativa interna.

Las normas vinculadas a expropiación y compensación, que seguramente presentan importancia para el inversor extranjero, desde el punto de vista del derecho interno uruguayo son de escasa relevancia práctica, ya que los principios contenidos en el mismo tienen en nuestro país rango constitucional. Así, lo referido a la expropiación, ya se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Carta, con el agregado de que el pago de la indemnización debe ser previo. La única modificación aparece, con relación a la moneda en que se pagará la reparación, lo que no afecta la cuestión ni contradice el texto constitucional.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de nacionalizaciones o medidas de similar naturaleza o efecto, así como por los daños causados por conflictos armados, etcétera, también surge del artículo 24 de la Constitución, razón por la cual, el Acuerdo, repite un principio que ya existe en nuestro derecho interno y sobre el cual existen múltiples antecedentes nacionales.

Las disputas que pudieran surgir entre las Partes Contratantes, serán dirimidas de acuerdo al procedimiento arbitral previsto en el artículo 9, que resulta en todo coincidente con el artículo 6 de la Constitución y otorga al Estado las máximas garantías en la materia.

En el artículo 10, en forma similar a lo dispuesto en el Tratado de Fomento y Recíproca Protección de las Inversiones de Capital suscrito con Alemania, en mayo de 1987 y aprobado por el Senado en el año en curso, se prevé, para las disputas que pudieran surgir entre los inversores de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, un procedimiento que impone que se intente, previamente, la solución amigable del diferendo y en caso de no ser esto posible se someta a los Tribunales competentes del Estado parte en cuyo territorio se efectuó la inversión.

Lo anterior es complementado por el artículo 10 Nº 2 que prevé que cuando no se hubiera obtenido sentencia dentro de los dieciocho meses de promovida la acción, el inversor podrá recurrir ante un Tribunal Arbitral integrado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9. En mérito a lo previsto en el artículo 9 Nº 8, dicho Tribunal, también será competente para conocer en los planteamientos realizados por el inversor, cuando la sentencia nacional sea violatoria del derecho internacional, resulte notoriamente injusta o haya existido denegación de justicia.

La solución mencionada, se inserta en las corrientes más modernas del derecho internacional, siendo de práctica corriente en las relaciones entre un sinnúmero de Estados. Constituye asimismo una solución, que ya fue reconocida por nuestro país no sólo en el mencionado Tratado con Alemania, sino también por la Ley Nº 15.737, que ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), reconociendo la competencia de la Corte Interamericana luego de agotados todos los recursos jurisdiccionales del derecho interno.

Por último, en el artículo 12 se establece la vigencia del presente acuerdo, estableciendo un término de validez de diez años computados desde la notificación del efectivo cumplimiento de los requisitos constitucionales exigidos para la aprobación y entrada en vigor de los tratados internacionales, y en caso de que el mismo no se denuncie por escrito seis meses antes de la expiración de dicho plazo, se renovará el mismo por períodos sucesivos de cinco años.

Aun en los casos de denuncia, el convenio mantendrá su aplicación con relación a las inversiones realizadas con anterioridad a la denuncia, por un período de diez años. También se aplicará el acuerdo a las inversiones realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de este acuerdo, aunque el mismo, en ningún caso, se aplicará a controversias o litigios surgidos con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio.

En definitiva, el acuerdo constituye un medio idóneo para el fomento de la inversión extranjera en aras del desarrollo nacional.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 1990.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

ACUERDO DE FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA CONFEDERACION SUIZA

Preámbulo

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Consejo Federal Suizo, con el deseo de fortalecer la cooperación económica entre ambos Estados, sobre la base del derecho internacional y la mutua confianza;

Reconociendo la importante función complementaria de la inversión extranjera en el proceso de desarrollo económico y el derecho de cada una de las Partes Contratantes a determinar dicha función y a definir las condiciones en virtud de las cuales la inversión extranjera podrá participar en el referido proceso;

Reconociendo que la única manera de lograr y mantener un flujo de capital suficiente radica en el mantenimiento de un adecuado clima de inversiones mutuamente creado, con el debido respeto, por parte de los inversores extranjeros de la soberanía y las leyes del país anfitrión con jurisdicción sobre ellas, en su comportamiento compartible con las políticas y prioridades fijadas por los países receptores de capital y en su esfuerzo por contribuir eficazmente al desarrollo del país;

Intentando crear condiciones favorables para la inversión de capitales en ambos Estados;

Deseando intensificar la cooperación entre los nacionales y las sociedades, tanto privadas como públicas, de ambos Estados en el campo de la tecnología, industrialización y productividad;

Reconociendo la necesidad de proteger las inversiones realizadas por nacionales y sociedades de las Partes Contratantes con el fin de promover la prosperidad económica de ambos Estados;

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo:

(1) El término "inversor" se refiere con relación a cada una de las Partes Contratantes a:

a) las personas físicas que, de acuerdo con la legislación de la respectiva Parte Contratante, son consideradas como sus nacionales;

b) personas jurídicas, incluyendo compañías, sociedades, asociaciones empresariales y otras organizaciones, constituidas o debidamente organizadas en virtud de las leyes de dicha Parte Contratante y que tengan su sede en el territorio de esa misma Parte Contratante;

c) personas jurídicas constituidas conforme con la legislación de terceros países, directamente o indirectamente controladas por nacionales de dicha Parte Contratante.

(2) El término "inversiones" incluirá todo tipo de activo y en particular:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles así como todo otro derecho real, tales como servidumbres, hipotecas, prendas industriales y mobiliarias;

b) acciones, cuotas sociales u otro tipo de participación en sociedades;

c) créditos y derechos a prestaciones de valor económico;

d) derechos de autor, derechos de propiedad industrial (tales como patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio, nombres comerciales, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen), conocimientos tecnológicos y valor llave;

e) concesiones de derecho público, incluyendo concesiones para investigar, extraer o explotar recursos naturales así como cualquier otro derecho otorgado por ley, por contrato o por decisión de un organismo de derecho público de acuerdo con la ley.

(3) El término "territorio" incluye las áreas marítimas adyacentes a la costa del Estado involucrado hasta el punto en que dicho Estado pueda ejercer derechos de soberanía o de jurisdicción en esas áreas, de acuerdo con el derecho internacional.

Artículo 2
Promoción, admisión

(1) Cada Parte Contratante fomentará en su territorio, en la medida de lo posible, las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus leyes y reglamentos. Las Partes Contratantes reconocen el derecho de cada una de ellas de no permitir actividades económicas por razones de seguridad, orden público, salud pública o moralidad, así como otras actividades que por ley se reserven a sus propios inversores.

(2) Cuando una de las Partes Contratantes haya admitido, de acuerdo con su legislación, una inversión en su territorio, otorgará las autorizaciones necesarias con relación a esa inversión, incluyendo la ejecución de contratos sobre licencias, asistencia técnica, comercial o administrativa. Cada Parte Contratante, cuando así se requiera, facilitará el otorgamiento de las autorizaciones necesarias relativas a la actividad de consultores o de otras personas calificadas de nacionalidad extranjera.

Artículo 3
Protección y tratamiento de inversiones

(1) Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones realizadas, de acuerdo con su respectiva legislación, por los inversores de la otra Parte Contratante y no obstaculizará con medidas injustificadas o discriminatorias la administración, el mantenimiento, uso, goce, crecimiento, venta y, en caso que así sucediera, la liquidación de dichas inversiones. En particular, cada Parte Contratante otorgará las autorizaciones necesarias mencionadas en el artículo 2, parágrafo (2) del presente Acuerdo.

(2) Cada Parte Contratante asegurará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante. Este tratamiento no será menos favorable que el acordado por cada Parte Contratante a las inversiones realizadas dentro de su territorio por sus propios inversores o al otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones hechas en su territorio por inversores de la nación más favorecida, si este último tratamiento es más favorable.

(3) El tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los inversores de un tercer Estado en virtud de su participación o su asociación a una zona de libre comercio, una unión aduanera o un mercado común.

(4) El tratamiento de la nación más favorecida no será aplicable a las ventajas que cualquiera de las Partes Contratantes otorgue a los inversores de un tercer Estado como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble tributación o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios.

Artículo 4
Libre transferencia

Cualquiera de las Partes Contratantes, en cuyo territorio inversores de la otra Parte Contratante hayan realizado inversiones, otorgará a esos inversores la libre transferencia de los pagos correspondientes a dichas inversiones, a saber:

a) de los intereses, dividendos, beneficios y otros ingresos corrientes;

b) de amortizaciones de préstamos;

c) de montos destinados a cubrir los gastos relativos a la administración de las inversiones;

d) de regalías y otros pagos provenientes de los derechos enumerados en el artículo 1, parágrafo (2), incisos c), d) y e) del presente Acuerdo.

e) de aportes adicionales de capital necesario para el mantenimiento o desarrollo de las inversiones;

f) del producto de la venta o de la liquidación total o parcial de la inversión, incluyendo el eventual aumento de valores.

Artículo 5
Expropiación, compensación

(1) Ninguna de las Partes Contratantes tomará, directa o indirectamente, medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza o efecto, contra inversiones pertenecientes a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que las medidas se tomen en caso de utilidad pública establecida por ley, a condición que no sean discriminatorias, que estén sujetas al debido proceso legal y se hagan las provisiones del caso para el efectivo y adecuado pago de la indemnización. El monto de la indemnización, incluido sus intereses, se determinará en la moneda nacional del país de origen de la inversión y se pagará sin demora a la persona autorizada para ello.

(2) Los inversores de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones hayan sufrido pérdidas por causas de guerra o cualquier otro tipo de conflicto armado, revolución, estado de emergencia o rebelión, acaecido en el territorio de la otra Parte Contratante, serán beneficiados por esta última, con un tratamiento acorde con lo establecido por el artículo 3, parágrafo (2) del presente Acuerdo, en lo que respecta a restituciones, indemnizaciones, compensaciones, u otras prestaciones susceptibles de ser valuadas.

Artículo 6
Inversiones previas al Acuerdo

(1) El presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones realizadas en el territorio de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación, por inversores de la otra Parte Contratante, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

(2) En ningún caso el presente Acuerdo se aplicará a controversias o litigios surgidos con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo.

Artículo 7
Condiciones más favorables

En caso de que las condiciones contenidas, o que se acuerden en el futuro por cualquiera de las Partes Contratantes, con un inversor de la otra Parte Contratante, autoricen al inversor un tratamiento más favorable que el dispuesto por el presente Acuerdo, dichas disposiciones prevalecerán sobre los términos establecidos por el presente Acuerdo.

Artículo 8
Principios de subrogación

Cuando una de las Partes Contratantes haya otorgado cualquier tipo de garantía financiera para cubrir riesgos no comerciales, respecto de una inversión realizada por un inversor en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última reconocerá los derechos de la primera Parte Contratante, en virtud del principio de subrogación en los derechos del inversor, cuando el pago se haya efectuado en cumplimiento de dicha garantía por parte de la primera Parte Contratante.

Artículo 9
Disputas entre Partes Contratantes

(1) Las controversias entre las Partes Contratantes con relación a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo, se resolverán por la vía diplomática.

(2) Si las Partes Contratantes no llegan a un acuerdo dentro de los doce meses contados a partir de la iniciación de la controversia, esta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un Tribunal Arbitral compuesto de tres miembros. Cada Parte Contratante designará un árbitro, y ambos árbitros nombrarán al presidente del tribunal que será un nacional de un tercer Estado.

(3) Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado su árbitro y no diera respuesta a la invitación de la otra Parte Contratante para proceder a realizar el nombramiento en un período de dos meses, el árbitro será designado a solicitud de dicha Parte Contratante por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.

(4) Si los dos árbitros no logran llegar a un acuerdo sobre la elección del presidente, en un plazo de dos meses siguientes a su designación, este último será designado, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.

(5) Si, en los casos previstos en los parágrafos (3) y (4), el Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviera impedido de realizar dicha función o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, la designación será realizada por el Vicepresidente, y si este último estuviera impedido o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, el nombramiento será realizado por el Juez de la Corte de mayor antigüedad que no sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes.

(6) Salvo que las Partes Contratantes acuerden lo contrario, el propio tribunal determinará su procedimiento.

(7) Las decisiones del Tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes.

(8) Con relación a las controversias que hayan sido sometidas, de acuerdo con el artículo 10, a los Tribunales competentes de la Corte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, el Tribunal Arbitral previsto en el presente artículo sólo podrá emitir un laudo arbitral, para decidir sobre el asunto en todos sus aspectos, si hubiera determinado que la sentencia nacional infringe una norma del derecho internacional, incluyendo las disposiciones del presente Acuerdo, o resulte notoriamente injusta o exista denegación de justicia.

Artículo 10
Controversias entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante

(1) Las controversias que surgieren entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante con relación a inversiones comprendidas en el presente Acuerdo se resolverán, en lo posible, en forma amigable entre las partes interesadas.

(2) Si una controversia en el sentido previsto en el parágrafo (1) no pudiera ser resuelta en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que fuera promovida, la misma será sometida, a solicitud de cualquiera de las partes involucradas en ella, a los Tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión. Si dentro de un plazo de 18 (dieciocho) meses, contados desde el inicio del proceso legal, no se dictara sentencia, el inversor involucrado podrá recurrir a un Tribunal Arbitral que tendrá competencia para decidir la controversia en todos sus aspectos.

(3) El Tribunal Arbitral mencionado en el parágrafo (2) se constituirá para cada caso en particular. Las disposiciones de los parágrafos (2) a (7) del artículo 9 se aplicarán mutatis mutandis, sujeto a la condición de que los árbitros, de acuerdo con el artículo 9 parágrafo (2), sean elegidos por las partes involucradas en la disputa y que, en caso de no haber sido observados los plazos previstos en el artículo 9 parágrafos (3) y (4), cada una de las Partes involucradas podrá, en ausencia de otros convenios, invitar al Presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París a realizar las correspondientes designaciones.

(4) Ninguna de las Partes Contratantes podrá promover el procedimiento arbitral previsto en el artículo 9 respecto de una controversia resuelta por un Tribunal Arbitral de acuerdo con el presente artículo, a menos que la otra Parte Contratante no acate ni cumpla con el laudo dictado por el Tribunal Arbitral.

Artículo 11
Observancia de los compromisos

Cada una de las Partes Contratantes asegurará en todo momento la observancia de los compromisos adquiridos con relación a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.

Artículo 12
Entrada en vigencia, renovación, terminación

(1) El presente Acuerdo entrará en vigencia el día en que ambos Gobiernos se hayan notificado que han cumplido con los requisitos constitucionales exigidos para la aprobación y entrada en vigor de los acuerdos internacionales; mantendrá validez por un período de diez años. Si no es denunciado por escrito seis meses antes de la expiración de dicho período, el presente Acuerdo se considerará renovado, en los mismos términos por períodos sucesivos de cinco años.

(2) En caso de denuncia del presente Acuerdo, las disposiciones de los artículos 1 al 11 continuarán en vigencia por un período de diez años más, para aquellas inversiones realizadas antes de la notificación oficial de la denuncia del Acuerdo.

HECHO EN Berna, el 7 de octubre de 1988 en seis originales, dos en español, dos en francés y dos en idioma inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay
Por el Consejo
Federal Suizo

PROTOCOLO

Al firmar el presente Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la Confederación Suiza de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones, los suscritos Plenipotenciarios han asimismo acordado las siguientes disposiciones adicionales que se considerarán parte integrante del presente Acuerdo.

Ad Artículo 1, parágrafo (1)

(a) El Acuerdo no se aplicará a inversiones realizadas por personas naturales que sean nacionales de ambas Partes Contratantes a menos que dichas personas tengan, al momento de efectuar la inversión y desde entonces, domicilio fuera del territorio de la Parte Contratante donde se realiza la inversión.

(b) El término "sede" se refiere al lugar en donde la sociedad tiene la administración principal o, en caso de no poder establecer dicho lugar, al centro de sus intereses económicos.

(c) Se podrá requerir a las personas jurídicas a que hace referencia el artículo 1, parágrafo (1), inciso c), que aporten prueba de dicho control a los efectos de obtener los beneficios previstos en las disposiciones del presente Acuerdo. Se podrán considerar pruebas aceptables, por ejemplo, las siguientes:

i) Ser filial de una persona jurídica constituida según las leyes de esa Parte Contratante;

ii) Ser económicamente dependiente a una persona jurídica estableciera según las leyes de esa Parte Contratante;

iii) El hecho de que un porcentaje del capital accionario poseído por inversores de esa Parte Contratante les permita ejercer el correspondiente control.

Ad Artículos 9 y 10

La sentencia de los tribunales competentes en el sentido del artículo 9, parágrafo (8) y artículo 10, parágrafo (2), significa para el Uruguay una decisión judicial dictada en un procedimiento de una sola instancia.

Ad Artículo 10

En caso que ambas Partes Contratantes se hubieren adherido a la Convención de 18 de marzo de 1965, sobre Arreglo de Controversias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, las controversias relativas a inversiones entre cualquiera de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante, se someterán, a solicitud del inversor, de acuerdo con las disposiciones de la mencionada Convención, al Centro Internacional para Arreglo de Controversias sobre Inversiones.

HECHO EN Berna el 7 de octubre de 1988 en seis originales, dos en español, dos en francés y dos en idioma inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay
Por el Consejo
Federal Suizo"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. - Señor Presidente: este tema fue tratado por la Comisión de Asuntos Internacionales, que redactó un informe el cual obra en poder de los señores senadores. Por esa razón es muy poco lo que voy a agregar en esta instancia.

La celebración de esta clase de tratados es algo, no sólo común, sino de frecuencia creciente en los últimos tiempos en que, como es de conocimiento de todos, la economía mundial ha ido tomando características de una mayor interdependencia. En nuestro caso, tenemos el antecedente próximo del acuerdo celebrado con Alemania, que fuera tratado en la Legislatura anterior y aprobado en ésta, hace relativamente poco tiempo.

Cabe destacar que el Uruguay, en términos comparativos, ha tardado en incorporarse a esta corriente, lo cual posiblemente haya significado una valoración negativa con respecto al caso de otros países que tomaron la delantera -frente al nuestro- en este camino, con beneficio en la captación de corrientes de inversión.

La experiencia demuestra que el elemento seguridad jurídica es factor fundamental en la consideración de los inversores, al contemplar la situación de efectuar inversiones en otros países y creo que se ve particularmente subrayado en el caso de Uruguay donde, en virtud del tamaño de nuestro mercado, la perspectiva de grandes ganancias suele no estar presente, con lo que cobra mayor importancia relativa la seguridad jurídica que sustenta esa inversión.

Es importante recordar -aunque sea notorio- también en este contexto que somos un país captador de inversiones; más aún, ávido de inversiones, tanto en capital como en tecnología y que, por lo tanto, a mi juicio, debemos procurar todos aquellos instrumentos que favorezcan esas acciones que redundan en directo beneficio del país.

Por otra parte, también es destacable el hecho de que este acuerdo tiene sus particularidades para Uruguay, desde el momento en que Suiza ha dado pruebas en el pasado -y las continúa dando- de una cooperación activa con nuestro país, tanto a través de una oficina de promoción de inversiones en Zürich, como de un asesoramiento activo sobre el que casualmente me correspondió tomar un conocimiento inmediato en toda el área del desarrollo de los servicios en el Uruguay, a través de una Comisión que oportunamente designara la Administración anterior.

En ella, el gobierno suizo tuvo una activa y muy positiva participación.

En cuanto al caso concreto de este Acuerdo, que en mucho se asemeja al que fuera aprobado por el Senado en relación con el Estado alemán, cabe señalar que la enorme mayoría de sus disposiciones tienen, en realidad, un contenido más simbólico que práctico desde el momento en que no innova en cuanto la legislación vigente en el país ya ofrece ventajas. Pero no por ello deja de tener importancia como instrumento para la captación de inversiones, e inclusive para la divulgación del perfil del Uruguay como un país interesado no sólo en atraer inversores, sino que también asegura ese marco jurídico que señalábamos antes y que es fundamental para cualquier inversor extranjero.

En los hechos -a mi juicio, claro está- el único aspecto relativamente innovador en este Acuerdo, es el de las normas en materia de solución de controversias, aspecto que ya fuera debatido por el Cuerpo en ocasión de considerarse el Tratado con la República Federal de Alemania. Como se dijo en aquella oportunidad, ese aspecto cuenta con la opinión favorable de autorizados doctrinos del Derecho. Recuerdo que en aquella ocasión se citó al doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga, quien presentara un informe a la Comisión de Asuntos Internacionales cuando se consideró el tema del Tratado con la República Federal de Alemania, y también se mencionó al profesor de Derecho y actual Canciller de la República, doctor Héctor Gros Espiell. No voy a reiterar los argumentos esgrimidos en ese momento, y sólo me voy a limitar a recordar rápidamente dos o tres puntos que hacen a este tema en particular.

En primer lugar, debemos recordar que, además del Tratado con la República Federal de Alemania, existe otro antecedente de características muy similares en materia de solución de controversias, la Convención Interamericana sobre derechos humanos: me refiero al Pacto de San José de Costa Rica, que oportunamente fuera ratificado por nuestro país.

Señalo, también que la disposición que contiene este Acuerdo -y el otro que habremos de ver más adelante, en esta misma sesión- no significa en modo alguno una discriminación contra los nacionales uruguayos, desde el momento en que el mecanismo está limitado al caso de una controversia entre el inversor y el Estado anfritrión y no entre particulares.

Subrayo, asimismo, que a mi juicio el mecanismo dispuesto no vulnera para nada la separación del Poder Judicial, desde el momento en que éste no es independiente del Estado en sus relaciones internacionales.

A mi juicio, tampoco significa el sometimiento del país a un tribunal extranjero, sino que se trata de un tribunal arbitral calificado, del más alto nivel, con participación del país y con una intervención limitado a casos específicos.

Por último, me permito también señalar que ese tipo de mecanismo es común en tratados de esta naturaleza, inscribiéndose dentro de las corrientes más modernas y más en boga del Derecho Internacional.

Creo que con estos someros comentarios y los elementos que obran en el informe respectivo, existe material suficiente como para entrar al debate.

Simplemente deseo añadir que, dado que la estructura de este Acuerdo es sustancialmente similar al que debemos considerar después con la República de los Países Bajos, cuando se considere el asunto que figura en tercer término del orden del día daré por reiterados mis comentarios.

En resumen, señor Presidente, este Acuerdo ha sido aprobado por mayoría en la Comisión de Asuntos Internacionales, que recomienda su aprobación al Senado.

SEÑOR CASSINA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA. - Deseamos dejar constancia que no vamos a votar la ratificación de este Acuerdo por las razones expuestas por nuestro compañero, el señor senador Batalla, en ocasión de considerar el Cuerpo un Tratado de características similares celebrado entre nuestro país y la República Federal de Alemania.

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Queremos adelantar que también vamos a votar negativamente este proyecto de ley. En realidad, el señor senador Gargano -quien no ha podido asistir- tenía la intención de expresar el pensamiento de nuestra bancada en tal sentido. Ya se ha pronunciado en la Comisión de Asuntos Internacionales en sentido desfavorable a este proyecto, precisamente porque es prácticamente igual y ofrece las mismas desventajas para nuestro país que el Tratado consagrado por este Cuerpo con la República Federal de Alemania.

Reitero, pues, que vamos a votar negativamente este proyecto, y otro tanto haremos con el que figura a continuación en el orden del día, o sea, el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos. Por consiguiente, este fundamento de voto tiene alcance para ambos proyectos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley presentado. La Mesa recuerda que, de conformidad con el artículo 85, numeral 7º) de la Constitución de la República, este proyecto de ley requiere mayoría absoluta del total de integrantes del Cuerpo.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º y único.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Apruébase el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y la Confederación Suiza, suscripto en Berna el 7 de octubre de 1988".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley y será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

18) ACUERDO DE FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos. (Carp. Nº 1455/89. Rep. Nº 95/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1455/89
Rep. Nº 95/90

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de julio de 1990.

Señor Presidente de
la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 1º de agosto de 1989, en lo que se refiere a la solicitud de aprobación parlamentaria -de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 inciso 20 y 85 numeral 7 de la Constitución de la República- de los Acuerdos celebrados con el Reino de los Países Bajos y con la Confederación Suiza, sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, que fueron suscriptos, respectivamente, los días 22 de setiembre de 1988 y 7 de octubre del mismo año; al permanecer vigentes para los intereses de la República, los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

En atención a ello se transcriben los argumentos contenidos en el mencionado Mensaje, vinculados a dichos instrumentos internacionales.

"Los Tratados sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital celebrados con el Reino de los Países Bajos y con la Confederación Suiza propenden a mejorar las condiciones para la radicación de Inversiones de capital extranjero, mediante un marco jurídico que perfecciona la normativa que actualmente las regula.

Entre los aspectos más destacados de estos Tratados puede señalarse que se establece que las inversiones extranjeras no serán objeto de un tratamiento disciminatorio con relación a las inversiones nacionales.

Se garantiza la libre transferencia de remesas relacionadas con las inversiones de capital, reglamentándose la forma en que las mismas se harán efectivas.

Las diferencias que pudieran surgir entre un inversor y la Parte Contratante en la que se realiza la inversión, continuarán sometidas a la decisión de los tribunales nacionales competentes.

Sólo en los casos que se compromete la responsabilidad del Estado por actos dictados por la autoridad judicial, esto es, cuando la sentencia viole una regla de Derecho internacional, se configure denegación de justicia o la decisión sea notoriamente injusta, cualquiera de las Partes podrá recurrir a un tribunal arbitral internacional.

Las divergencias de opinión entre los Estados serán resueltas mediante negociaciones, o en su defecto, a través de los mecanismos de arbitraje internacional.

Se excluyen de lo dispuesto entre los Estados serán resueltas mediante negociaciones, o en su defecto, a través de los mecanismos de arbitraje internacional.

Se excluyan de lo dispuesto en los Tratados que se remiten, aquellas actividades que, por razones de seguridad, moralidad, sanidad u orden público, se encuentren prohibidas o reservadas a nacionales".

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscrito en La Haya el 22 de setiembre de 1988.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME:

Al Senado:

Vuestra Comisión aconseja la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo en el que se dispone la ratificación del Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos.

El Tratado persigue los mismos objetivos y contiene, salvo diferencias menores, las mismas soluciones que el acuerdo suscrito con Alemania -ya aprobado por el Senado- y que el suscrito con la Confederación Suiza -cuya aprobación también sugiere la Comisión en informe puesto a consideración del Cuerpo- por lo que corresponde hacer remisión a lo expresado en este último.

De la misma forma que lo hacen los referidos Tratados, se procura aquí, a los inversores nacionales de las Partes Contratantes, las garantías mínimas que los alienten a realizar inversiones en los territorios correspondientes.

En este sentido, las Partes Contratantes, se comprometen a promover la cooperación económica entre ambos Estados y admitir las inversiones referidas, que recibirán un tratamiento justo y equitativo, no pudiendo establecerse medidas injustas o discriminatorias que perjudiquen el funcionamiento, administración, mantenimiento, usufructo, uso, o enajenación de las mismas.

Se asegura en el artículo 5 la libre transferencia de las ganancias, dividendos y otros fondos, en moneda libre convertible y sin restricción o demora alguna.

En materia tributaria, cada Parte Contratante, asegurará a los inversores nacionales de la otra Parte, un tratamiento no menos favorable al que reciben los inversores del Estado en que se realiza la inversión, o similar al que reciban inversores de terceras naciones, si éste fuera más favorable, salvo en los casos en que dicho tratamiento más favorable provenga de la participación del Estado en que se realiza la inversión en uniones aduaneras, económicas, etc., o de acuerdos internacionales que tengan por objeto evitar la doble tributación (artículo 4º).

En lo relativo a las posibilidades del Estado que recibe la inversión, en materia de expropiaciones, nacionalizaciones, o en general, responsabilidad por los hechos bélicos, etc., la solución es similar al Tratado suscrito con la Confederación Suiza y en un todo compatible con nuestro ordenamiento jurídico. Incluso cabe agregar que, aun cuando no se incluyeran estas disposiciones, a igual solución se llegaría por aplicación de las normas constitucionales (artículo 7º, 8º, 24, 32, 36, 72 y concordantes de la Constitución de la República).

En materia de controversias, sean éstas entre las Partes Contratantes o entre un inversor nacional de una Parte con la otra Parte Contratante, la solución es prácticamente idéntica a la establecida en el convenio suscrito con Suiza, por lo que corresponde remitirse a lo expresado al respecto.

El convenio entrará en vigencia el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan comunicado recíprocamente el cumplimiento de los correspondientes requisitos constitucionales para la aprobación de tratados internacionales y permanecerá en vigencia por un período de quince años. En caso de no ser denunciado dentro de los plazos establecidos en el artículo 14 numeral 2, el convenio se prorrogará, tácitamente, por períodos de diez años.

En caso de denuncia del convenio, y con relación a las Inversiones realizadas antes de la notificación de la denuncia, el acuerdo permanecerá vigente por quince años.

En síntesis, con las leves diferencias mencionadas y al igual que el convenio suscrito con la Confederación Suiza, el Acuerdo cumple razonablemente con el objeto de ser un instrumento de atracción al país de inversores extranjeros.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 1990.

Ignacio de Posadas Montero (Miembro Informante), Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

ACUERDO DE FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE LA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de los Países Bajos, a quienes en adelante se denominará Partes Contratantes, deseando fortalecer los tradicionales lazos de amistad entre ambos países, extender e intensificar sus relaciones económicas, particularmente en lo que se refiere a las Inversiones por parte de los nacionales de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, reconociendo que la conformidad sobre el tratamiento que se otorgue a tales Inversiones estimulará el flujo de capital y tecnología, así como el desarrollo económico de las Partes Contratantes, por lo que es deseable lograr un justo y equitativo tratamiento de las inversiones, han acordado lo siguiente:

Artículo 1º

Para los fines del presente Acuerdo:

a) El término "inversiones" comprenderá toda clase de activo y específicamente, aunque no en forma exclusiva:

i) La propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales con respecto a toda clase de activo.

ii) Los derechos derivados de acciones, títulos y otras formas de participación en sociedades y empresas conjuntas.

iii) Los derechos pecuniarios y otros activos y cualquier prestación que tenga un valor económico.

iv) Los derechos en el área de la propiedad intelectual, procesos técnicos, valor llave y know-how.

v) Los derechos otorgados de acuerdo a la legislación vigente, incluyendo derechos de prospección, exploración, explotación y obtención de recursos naturales.

b) El término "nacionales" comprenderá con relación a cualquiera de las Partes Contratantes a:

i) Las personas naturales que posean la nacionalidad de esa Parte Contratante, de acuerdo con su legislación.

ii) Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el siguiente apartado (iii), las personas jurídicas constituidas de acuerdo con la legislación de esa Parte Contratante.

iii) Las personas jurídicas, donde quiera que se encuentren radicadas, que estén controladas, directa o indirectamente, por nacionales de esa Parte Contratante.

c) El término "territorio" incluye las áreas marítimas adyacentes a la costa del Estado involucrado, hasta el grado en que ese Estado pueda ejercer derechos de soberanía o jurisdicción en esas áreas, de acuerdo con el derecho internacional.

Artículo 2º

1) Cualquiera de las Partes Contratantes promoverá, dentro del marco de sus leyes y reglamentaciones, la cooperación económica, a través de la protección en su territorio de las Inversiones realizadas por nacionales de la otra Parte Contratante. Cada Parte Contratante admitirá estas inversiones con sujeción a su derecho de ejercer las potestades conferidas por sus leyes o reglamentos.

2) Quedan excluidas de las disposiciones de este Acuerdo aquellas actividades que, por razones de seguridad, moralidad, sanidad u orden público estén prohibidas o reservadas a los nacionales de las Partes Contratantes.

Artículo 3º

1) Cada Parte Contratante asegurará un tratamiento justo y equitativo por las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante y no perjudicará, con medidas injustas o discriminatorias el funcionamiento, administración, mantenimiento, usufructo, uso o la ejecución de las mismas por esos nacionales.

2) Cada Parte Contratante específicamente acordará a tales Inversiones plena seguridad y protección, la que en cualquier caso no será menor que la acordada ya sea a las inversiones de sus propios nacionales o a las inversiones de nacionales de un tercer Estado, considerándose la que sea más favorable para el inversor.

3) Si una Parte Contratante hubiese acordado privilegios a los nacionales de un tercer Estado en virtud de acuerdos que establezcan uniones aduaneras, uniones económicas o instituciones similares, o en base a acuerdos provisionales que conduzcan a tales uniones o instituciones, esa Parte Contratante no estará obligada a acordar esos privilegios a los nacionales de la otra Parte Contratante.

4) Cada Parte Contratante cumplirá cualquier obligación que haya aceptado, con respecto a inversiones de nacionales de la otra Parte Contratante.

5) Si las disposiciones legales de cualquiera de las Partes Contratantes o las obligaciones contraídas de acuerdo al derecho internacional vigente en la actualidad o establecidas a partir de este momento entre las Partes Contratantes, al margen de este Acuerdo, contienen una norma, ya sea de naturaleza general o específica, que permita que las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante tengan un tratamiento más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, esa norma prevalecerá, en la medida en que resulte más favorable, sobre este Acuerdo.

Artículo 4º

En materia de impuestos, cargas, gravámenes, así como deducciones y exenciones fiscales, cada Parte Contratante acordará a los nacionales de la otra Parte Contratante, que se encuentren realizando una actividad económica en su territorio, un tratamiento no menos favorable que aquel acordado a sus propios nacionales o a aquellos de un tercer Estado, siendo aplicable el que sea más favorable para los nacionales involucrados. Sin embargo, con este propósito, no serán tenidas en cuenta ningún tipo de ventajas fiscales acordadas por esa Parte como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble tributación, en virtud de su participación en una unión aduanera, una unión económica o una institución similar, o basado en la reciprocidad con un tercer Estado.

Artículo 5º

Las Partes Contratantes garantizarán que los pagos relacionados con una inversión puedan ser transferidos. Las transferencias se realizarán en una moneda libremente convertible, sin restricción o demora.

Estas transferencias incluyen en particular, aunque no en forma exclusiva:

a) Las ganancias, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes.

b) Los fondos necesarios para:

i) La adquisición de materias primas o secundarias, los productos semi fabricados o terminados, o

ii) Reemplazar bienes de capital con el fin de asegurar la continuidad de la inversión.

c) Los fondos adicionales necesarios para el desarrollo de una inversión.

d) Los fondos para el pago de préstamos.

e) Las regalías u honorarios.

f) Los ingresos de las personas naturales.

g) El producto de la venta o liquidación de la inversión.

Artículo 6º

Ninguna de las Partes Contratantes tomará en forma directa o indirecta, medidas de expropiación, nacionalización, o cualquier otro tipo de medidas que tengan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación, en contra de las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante, a menos que sea por razones de necesidad o utilidad pública, de acuerdo con el debido proceso legal y a condición que estas medidas no sean discriminatorias y que se pague al nacional involucrado una justa y rápida indemnización.

El monto de la indemnización representará el valor real de las inversiones afectadas y se pagará sin demora en la moneda del país de origen de la inversión o en cualquier otra moneda convertible aceptada por el demandante, siendo este importe libremente transferible.

Artículo 7º

Los nacionales de una Parte Contratante que sufran pérdidas respecto de sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, por causa de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, rebelión, insurrección o sublevación, recibirá, por parte de esta otra Parte Contratante, un tratamiento, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otra solución, no menos favorable que el que esa Parte Contratante acuerde a sus propios nacionales o a los nacionales de un tercer Estado, siendo aplicable el que sea más favorable para los nacionales involucrados.

Artículo 8º

Si las inversiones de un nacional de una Parte Contratante están aseguradas contra riesgos no comerciales, según un procedimiento establecido por ley, cualquier subrogación del asegurador o re-asegurador en los derechos de dicho nacional, será reconocida por la otra Parte Contratante.

Artículo 9º

1) Las controversias que surgieren entre una de las Partes Contratantes y un nacional de la otra Parte Contratante con relación a una inversión de ese nacional en el territorio de la primera Parte Contratante, deberán, toda vez que sea posible, ser dirimidas en forma amigable entre las partes interesadas.

2) Si la controversia, en el sentido dado en el párrafo anterior, no ha sido dirimida dentro de un plazo de seis meses, contado desde la fecha en que una de las partes interesadas la haya promovido, será sometida, a solicitud de una de las Partes, al Tribunal Competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión. Si dentro de un plazo de 18 (dieciocho) meses, desde el momento en que la controversia ha sido sometida al Tribunal Competente, no se ha dictado sentencia, el nacional interesado podrá recurrir a un Tribunal Arbitral, el que tendrá competencia para resolver la mencionada controversia.

3) En el caso que el Tribunal Competente mencionado en el párrafo (2) de este artículo haya dictado una sentencia que infrinja una norma de derecho internacional o que sea notoriamente injusta, como resultado de la aplicación incorrecta de la legislación interna, el nacional involucrado podrá recurrir a un Tribunal Arbitral.

4) El Tribunal Arbitral mencionado en los párrafos (2) y (3) de este artículo se constituirá para cada caso. Las disposiciones de los párrafos (2) a (7) del artículo 13 se aplicarán mutatis mutandis. No obstante se invitará al Presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París para que haga los nombramientos necesarios.

5) En caso que ambas Partes Contratantes se hubieren adherido a la Convención sobre Arreglo de Controversias sobre Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto para la ratificación en Washington el 18 de marzo de 1965, las controversias entre cualquiera de las Partes Contratantes y un nacional de la otra Parte Contratante, de acuerdo al primer párrafo de este artículo, serán sometidas para ser dirimidas por conciliación o arbitraje al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias sobre Inversiones.

Artículo 10

Las disposiciones de este Acuerdo, a partir de la fecha de su vigencia, se aplicarán también a las inversiones que se hayan realizado con anterioridad a esa fecha.

Artículo 11

En lo que se refiere al Reino de los Países Bajos, el presente Acuerdo se aplicará a la parte del Reino ubicada en Europa, a las Antillas Holandesas y a Aruba, a menos que la notificación establecida en el artículo 14, párrafo (1), disponga lo contrario.

Artículo 12

Cualquiera de las Partes Contratantes puede proponer a la otra Parte que se hagan consultas sobre cualquier asunto relativo a la interpretación o aplicación del Acuerdo. La otra Parte acordará una especial consideración a la propuesta, creando las condiciones adecuadas para que esta consulta se realice.

Artículo 13

1) Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, que no pueda ser dirimida dentro de un plazo razonable por medio de negociaciones diplomáticas, a menos que las Partes hayan acordado lo contrario, será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes, a un Tribunal Arbitral.

2) El tribunal se compondrá de tres miembros. Cada una de las Partes designará un árbitro y los dos árbitros así designados nombrarán conjuntamente a un tercer árbitro que actuará como Presidente y que no será nacional de ninguna de las Partes. Si una de las Partes no cumple con la designación de su árbitro y no ha procedido a hacerlo dentro de un plazo de dos meses luego de haber recibido la invitación de la otra Parte para efectuar este nombramiento, esta última Parte podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que haga la designación correspondiente.

3) En caso que ambos árbitros no logren llegar a un acuerdo, dentro de los dos meses siguientes a su nombramiento, sobre la elección del tercer árbitro, cualquiera de las Partes podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, para que haga la designación correspondiente.

4) Si, en los casos previstos en los párrafos (2) y (3) del presente artículo, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia se ve impedido de cumplir la mencionada función, o es nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se invitará al Vicepresidente para que haga las designaciones necesarias. En el caso en que el Vicepresidente se vea impedido de ejercer dicha función, o sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, se invitará al miembro más antiguo de la Corte, que no sea nacional de cualquiera de las Partes, para que realice las designaciones necesarias.

5) El Tribunal tomará su decisión sobre la base de las disposiciones de este Acuerdo, las normas de derecho internacional que considere aplicables, y el derecho interno del Estado en el cual se realizó la inversión que diera origen a la controversia. Antes de pronunciarse, el Tribunal podrá, en cualquier etapa de los procedimientos, proponer a las Partes que la controversia sea resuelta en forma amigable. Las disposiciones que anteceden no perjudicarán la potestad del Tribunal para decidir la controversia ex aequo et bono si las Partes se avienen a ello.

6) A menos que las Partes decidan lo contrario, el Tribunal determinará su propio procedimiento.

7) El Tribunal tomará su decisión por mayoría de votos. Esta decisión será definitiva y obligatoria para las Partes.

8) Ninguna Parte Contratante promoverá una reclamación internacional respecto a una controversia que uno de sus nacionales y la otra Parte Contratante hayan sometido a la decisión del tribunal competente de la parte en cuyo territorio fue hecha la inversión o al arbitraje, conforme al artículo 9 de este Acuerdo, a menos que esta otra Parte Contratante no haya acatado o cumplido con la sentencia pronunciada en esa controversia.

Artículo 14

1) El presente Acuerdo entrará en vigencia el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en la cual las Partes Contratantes se hayan recíprocamente comunicado por escrito, que se ha cumplido con los procedimientos constitucionales necesarios para su aprobación en sus respectivos países, y permanecerá en vigencia por un período de 15 años.

2) A menos que cualquiera de las Partes Contratantes lo hubiese denunciado, por lo menos con seis meses de anticipación a la fecha de expiración de su vigencia, el presente Acuerdo se prorrogará tácitamente por períodos de 10 años, reservándose cada Parte Contratante el derecho a denunciar este Acuerdo previa notificación, por lo menos seis meses antes de la fecha de expiración de actual período de validez.

3) Con relación a aquellas inversiones hechas antes de la fecha de terminación de este Acuerdo, los artículos precedentes del mismo continuarán en vigencia por otro período de 15 años, a partir de esa fecha.

4) Con respecto al período mencionado en el párrafo (2) de este artículo, el Gobierno del Reino de los Países Bajos tendrá derecho a denunciar la aplicación de este Acuerdo, en forma independiente, con respecto a cualquiera de los territorios del Reino.

EN FE DE LO CUAL, los suscriptos representantes, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente Acuerdo.

HECHO en duplicado en La Haya el 22 de setiembre de 1988, en los idiomas español, holandés e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos.

(Firma)
Por el Gobierno de la
República Oriental
del Uruguay
(Firma)
Por el Gobierno del
Reino de los
Países Bajos"

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ZUMARAN. - Que se vote, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º y único del proyecto.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Apruébase el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscrito en La Haya el 22 de setiembre de 1988".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) CONVENIO DE COLABORACION EN EL CAMPO DE LA CULTURA, LA CIENCIA Y LA EDUCACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA CHECA Y ESLOVACA.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Colaboración en el Campo de la Cultura, la Ciencia y la Educación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca. (Carp. Nº 1315/89 - Rep. Nº 92/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1315/89
Rep. Nº 92/90

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 3 de julio de 1990.

Señor Presidente:
de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 2 de febrero de 1988, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación del Convenio de Colaboración en el Campo de la Cultura, la Ciencia y la Educación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca (anteriormente denominada República Socialista de Checoslovaquia), suscripto el 2 de setiembre de 1987, al permanecer vigentes para los intereses de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración en el Campo de la Cultura, la Ciencia y la Educación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia, suscrito el 2 de setiembre de 1987.

Con las características de un Acuerdo marco se establecen las pautas y modalidades de colaboración entre los dos países en los campos de la Cultura, la Ciencia y la Educación, con el propósito de contribuir a un mayor estrechamiento de la relaciones y conocimiento de ambos pueblos.

Está previsto que dicha colaboración se manifieste en los terrenos de la ciencia, la educación, la radio, la televisión, la cinematografía y el deporte (artículo 1), al tiempo que las relaciones entre los institutos de educación y de investigación científico-técnica serán estimulados a través del intercambio mutuo de especialistas, científicos y profesores (artículo 2).

El aspecto informativo, referente a cada país, está contemplado como área de colaboración en el Convenio (artículo 3), atendiendo en posteriores artículos lo atinente al intercambio de obras de carácter científico, literario y artístico (artículo 4); otorgamiento de becas de enseñanza (artículo 5), fomento de la colaboración en el terreno de la literatura, música, teatro, cine, radio, televisión, etc. (artículo 7).

En los artículos finales se prevé la participación de especialistas y delegaciones en actividades culturales internacionales y las relaciones entre las respectivas organizaciones deportivas nacionales (artículo 10)."

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Eduardo Mezzera, Guillermo García Costa, Alfredo Solari, Gustavo Ferrés.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Convenio de Colaboración en el Campo de la Cultura, la Ciencia y la Educación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca (anteriormente denominada República Socialista de Checoslovaquia, suscripto el 2 de setiembre de 1987.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Eduardo Mezzera, Guillermo García Costa, Augusto Montes de Oca, Alfredo Solari, Gustavo Ferrés.

CONVENIO

DE LA COLABORACION EN EL CAMPO DE LA CULTURA, LA CIENCIA Y LA EDUCACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA SOCIALISTA DE CHECOSLOVAQUIA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia, denominados en adelante, "Partes contratantes",

deseosos de desarrollar y consolidar las relaciones amistosas entre los dos países, guiados por los principios de igualdad soberana y de no injerencia en los asuntos internos,

teniendo en cuenta que el intercambio y la colaboración en el campo de la cultura, la ciencia y la educación, contribuirán a un mejor conocimiento de sus países y pueblos,

acuerdan firmar el siguiente Convenio:

Artículo 1

Las Partes contratantes se comprometen a desarrollar y consolidar la colaboración en el campo de la ciencia, la educación, la radio, la televisión, la cinematografía y el deporte.

Artículo 2

Las Partes contratantes estimularán el establecimiento de relaciones y el desarrollo de la colaboración entre sus Institutos de Educación e Investigación Científico-Técnica, a través del intercambio mutuo de visitas de especialistas, científicos y profesores de los Centros de Enseñanza, así como el intercambio de información científica y documentación en el campo de la cultura, la historia, la economía y otros materiales, necesarios para la elaboración de manuales y otras publicaciones.

Artículo 3

Las Partes contratantes contribuirán para la información más amplia y correcta, así como a la actualización de publicaciones, manuales, guías, enciclopedias, etc. que se refieran al otro país.

Artículo 4

Las Partes contratantes estimularán el intercambio de obras científicas, literarias y artísticas, así como visitas de científicos, artistas, escritores y representantes de la cultura de ambos países, al efecto de intercambiar experiencias y especialización.

Artículo 5

Cada país encarará el otorgamiento de becas de enseñanza y especialización de ciudadanos de la otra parte contratante. Las mismas y sus condiciones se acordarán adicionalmente.

Artículo 6

Las Partes contratantes analizarán las posibilidades de la firma de un Convenio a los efectos de reconocer la equivalencia de certificados, documentos de enseñanza, grados científicos, títulos, etc.

Artículo 7

Las Partes contratantes fomentarán la colaboración en el campo de la literatura, la música, el teatro, el cine, la radio, la televisión, la emisión de discos, las bellas artes, la actividad de museos y en bibliotecas, a través de visitas mutuas realizadas por artistas y especialistas destacados, con el objetivo de conocer, ofrecer experiencias y conocimientos, participar en reuniones, congresos, festivales y concursos internacionales.

Artículo 8

Para el conocimiento mutuo de las riquezas culturales de sus pueblos, las Partes contratantes fomentarán y ayudarán al intercambio de películas, exposiciones, obras musicales, cintas grabadas y visitas de conjuntos y grupos artísticos.

Artículo 9

Las Partes contratantes fomentarán la participación de especialistas y delegaciones del otro país en actividades internacionales de la cultura, así como de niños y jóvenes, organizadas en el territorio de cada una de ellas.

Artículo 10

Las Partes contratantes colaborarán en el campo del deporte, estimulando las relaciones entre organizaciones nacionales deportivas y fomentando en sus países las visitas de deportistas, equipos y especialistas deportivos.

Artículo 11

Cada una de las Partes contratantes creará condiciones para facilitar la actividad de los ciudadanos del otro país en el cumplimiento de este Convenio, dentro de la legislación del país receptor.

Artículo 12

Para el cumplimiento del presente Convenio, las Partes contratantes elaborarán planes periódicos/como mínimo bienales/ a los efectos de concretar los campos de la colaboración contemplados en el presente Convenio.

Las condiciones financieras serán incluidas en los planes respectivos, o bien, se acordarán en cada caso en forma individual.

Artículo 13

El presente Convenio entrará en vigor treinta días después del canje de notas diplomáticas por medio de las cuales las partes informarán una a la otra sobre su aprobación de conformidad con las disposiciones legales vigentes en ambos países.

La validez del presente Convenio será de cinco años y renovable automáticamente por períodos iguales, si ninguna de las Partes informa a la otra por vía escrita y con seis meses de anticipación su deseo de denunciarlo.

Artículo 14

La denuncia de este Convenio no afectará la ejecución de los Planes en curso acordados durante su vigencia, a menos que ambas Partes contratantes convengan lo contrario.

Artículo 15

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes contratantes. Las modificaciones entrarán en vigor treinta días después de las notificaciones.

Hecho en la ciudad de Praga a los 2 días del mes de setiembre de 1987, en dos ejemplares originales en idioma español e idioma eslovaco teniendo ambos textos igual validez.

(Firma)
Por el Gobierno
de la República Oriental
del Uruguay
(Firma)
Por el Gobierno
de la República Socialista
de Checoslovaquia


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

CONVENIO DE COLABORACION EN EL CAMPO DE LA CULTURA, LA CIENCIA Y LA EDUCACION
ENTRE EL GOBIERNO DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA CHECA Y ESLOVACA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONVENIO:

El Convenio de colaboración tiene una estructura de tratado marco por el que se determinan los campos de cooperación entre los dos países y establece las normas generales que regularán los acuerdos y programas específicos para poner en práctica dicha cooperación.

Los campos de colaboración que se establecen en el convenio son los de la Cultura, la Ciencia, la Educación y el Deporte. Tal como lo expresa el Mensaje del Poder Ejecutivo, dicha colaboración se manifestará específicamente en los terrenos de la ciencia, la educación, la radio, la televisión, la cinematografía y el deporte. Al mismo tiempo establece mecanismos para la relación entre los institutos de educación e investigación científico-técnico. (Artículos 1 y 2).

Otros aspectos también regulados en los artículos siguientes son la colaboración en los aspectos informativos, intercambio de obras de carácter científico, literario y artístico e intercambio de becas y fomento de las artes. (Artículos 3 a 7).

ANALISIS DE CONVENIENCIA DE SU APROBACION

El Convenio no tiene ningún elemento perjudicial para nuestro país y se ajusta a los acuerdos de este tipo firmados con otros países tanto de la región Europa Oriental como de otras zonas.

Cabe agregar que la propia Checoslovaquia ha firmado tratados de este tipo con otros países de América Latina, entre ellos Argentina y Brasil.

El único argumento que expresa el Poder Ejecutivo en favor del tratado se refiere al propósito del mismo de contribuir a un mayor estrechamiento de las relaciones y conocimiento de ambos pueblos.

Partiendo de la base que es compartible este propósito, la actual situación de cambios en Checoslovaquia acentúa los elementos favorables a la aprobación de este Convenio. Por una parte puede ser mucho más fructífero un proceso de cooperación con un país más abierto a la colaboración e intercambios culturales que lo que era previsible anteriormente.

Finalmente se puede agregar que por el grado de desarrollo de Checoslovaquia -uno de los pocos en Europa Oriental al que puede calificarse de desarrollado industrial y culturalmente- las ventajas que podrían obtenerse serán evidentemente mayores que las que pueden surgir de un acuerdo con un país de menor nivel de desarrollo.

La aprobación de este Convenio por otra parte acentuará un buen nivel de relaciones existentes con dicho país, con el que existe una importante y estable relación comercial.

Quedamos a la orden del Senado por cualquier ampliación que se estime pertinente.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 1990.

Hugo Batalla (Miembro Informante), Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Leopoldo Bruera, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

El miembro informante es el señor senador Batalla, que en este momento no se encuentra en Sala.

Este proyecto fue votado por unanimidad de los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR RICALDONI. - Que se vote en general, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 1º y único del proyecto de ley.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Apruébase el Convenio de Colaboración en el Campo de la Cultura, la Ciencia y la Educación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca (anteriormente denominada República Socialista de Checoslovaquia), suscripto el 2 de setiembre de 1987".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único del proyecto.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, y será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

20) ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA (U.P.A.E.). Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueban las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas y España - UPAE- (Carp. Nº 179/90 - Rep. Nº 93/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 179/90
Rep. Nº 93/90

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 22 de mayo de 1990.

Señor Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueban las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas y España (UPAE), emanadas del XIII Congreso de la Unión, celebrado en La Habana, Cuba, en marzo de 1985, y que comprenden el Tercer Protocolo adicional a la Constitución de la UPAE adoptada por el Congreso de Santiago, en el año 1971, el Reglamento General de la Unión Postal de las Américas y España y las Resoluciones dictadas por el XIII Congreso de la UPAE.

En esta oportunidad son presentados a consideración legislativa los instrumentos que durante el XIII Congreso de la UPAE introducen modificaciones respecto a las normas y reglamentos aprobados por el anterior Congreso, celebrado en Managua, y que cuentan con aprobación parlamentaria según Ley Nº 15.761, de 12 de setiembre de 1985.

Como en casos anteriores, la documentación emanada de los Congresos de la UPAE reúne de manera ajustada una serie de normas destinadas a perfeccionar el intercambio recíproco de envíos de correspondencia entre los países miembros de la Unión, en una acción paralela pero más restringida, similar a lo que ocurre en el ámbito de la Unión Postal Universal.

En virtud de la necesidad de que la República esté en condiciones similares a la de los restantes países miembros de la Unión, no sólo en la prosecución de los objetivos generales y labor social que cumplen los servicios afectados, sino también en la constante actualización de los mecanismos que deben utilizarse a tales efectos, el Poder Ejecutivo ha resuelto remitir a consideración legislativa el adjunto proyecto de ley.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Guillermo García Costa.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébanse las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas y España (UPAE) emanadas del XIII Congreso de la Unión, celebrado en La Habana, Cuba, en marzo de 1985, y que comprenden el Tercer Protocolo adicional a la Constitución de la UPAE adoptada por el Congreso de Santiago en el año 1971, el Reglamento General de la Unión Postal de las Américas y España y las Resoluciones dictadas por el XIII Congreso de la UPAE.

Art. 2º. - Comuníquese, etcétera.

Héctor Gros Espiell, Guillermo García Costa.

INDICE GENERAL DE MATERIAS

Constitución
Tercer Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España
Reglamento General de la Unión Postal de las Américas y España
Resoluciones del XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España
- Declaración postal de La Habana sobre prioridades de la UPAE para el próximo quinquenio
- Reglamento de la Secretaría General
- Reglamento de XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España
Acuerdo de cooperación técnica entre la UPU y la UPAE
Resoluciones del Grupo Lingüistico Español

Constitución de la Unión Postal de las Américas y España

modificada por los Protocolos Adicionales de Lima 1976, Managua 1981 y La Habana 1985

CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

INDICE

Preámbulo

CAPITULO I
Disposiciones generales

Art.

1. Extensión y finalidad de la Unión
2. Relaciones con la Unión Postal Universal y otros organismos internacionales
3. Miembros de la Unión
4. Ambito de la Unión
5. Sede de la Unión
6. Idioma oficial de la Unión
7. Personería jurídica
8. Privilegios e inmunidades

CAPITULO II
Adhesión, admisión y retiro de la Unión

9. Adhesión o admisión en la Unión
10. Retiro de la Unión

CAPITULO III
Organización de la Unión

11. Organos de la Unión
12. Congreso
13. Congreso extraordinario
14. Conferencia
15. Consejo Consultivo y Ejecutivo
16. Secretaría General

CAPITULO IV
Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión

Art.

17. Actas de la Unión
18. Resoluciones y Recomendaciones

CAPITULO V
Finanzas

19. Gastos de la Unión

CAPITULO VI
Aceptación de las Actas y Resoluciones de la Unión

20. Firma, ratificación y otras modalidades de aprobación de las Actas y Resoluciones de la Unión
21. Notificación de las ratificaciones y de otras modalidades de aprobación de las Actas y de las Resoluciones de la Unión
22. Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión

CAPITULO VII
Modificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión

23. Presentación de proposiciones
24. Modificación de la Constitución. Ratificación
25. Modificación del Reglamento General y de las Resoluciones

CAPITULO VIII
Legislación y reglas subsidiarias

26. Complemento a las disposiciones de las Actas y de las Resoluciones y Recomendaciones

CAPITULO IX
Solución de divergencias

27. Arbitraje

CAPITULO X
Disposiciones finales

28. Vigencia y duración de la Constitución

CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

Preámbulo

Los que suscriben, Representantes Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión Postal de las Américas y España,

conscientes de la necesidad de establecer un nuevo orden en sus relaciones en concordancia con la realidad actual;

teniendo en cuenta sus aspiraciones de extender y perfeccionar los servicios de correos en sus respectivos Países mediante una cooperación más estrecha entre sus miembros;

adoptan, bajo reserva de ratificación, la presente Constitución.

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1

Extensión y finalidad de la Unión

1. Los Países cuyos Gobiernos adopten la presente Constitución forman, bajo la denominación de Unión Postal de las Américas y España, un solo territorio postal para el intercambio recíproco de envíos de correspondencia en condiciones más favorables para el público que las establecidas por la Unión Postal Universal.

2. En todo el territorio de la Unión estará garantizada la libertad de tránsito.

3. La Unión tiene como objetivos esenciales:

a) facilitar y perfeccionar las relaciones postales entre las Administraciones de los Países miembros;

b) desarrollar, simplificar y mejorar los servicios postales de los Países miembros, mediante una estrecha coordinación y colaboración entre los mismos;

c) realizar estudios que interesen a las Administraciones postales y especialmente aquellos que tiendan a la implantación de nuevos servicios;

d) promover la cooperación técnica con las Administraciones postales para lograr, a través de una planificación eficiente de las actividades, la elevación de la capacitación profesional de los funcionarios de Correos y el desarrollo y mejoramiento de la gestión de los servicios postales y de los sistemas de trabajo;

e) establecer una acción capaz de representar eficazmente en los Congresos y demás reuniones de la Unión Postal Universal, así como de otros organismos internacionales, sus intereses comunes y armonizar los esfuerzos de los Países miembros para el logro de esos objetivos.

4. La Unión participará, dentro de los límites financieros de los programas aprobados por el Congreso, en la cooperación técnica y la enseñanza profesional postal en beneficio de sus Países miembros.

Artículo 2

Relaciones con la Unión Postal Universal y otros organismos internacionales

1. La Unión es independiente de cualquier otra organización y mantiene relaciones con la Unión Postal Universal y, bajo condiciones de reciprocidad, con las Uniones postales restringidas. Cuando existan intereses comunes que así lo requieran, podrá sostener relaciones con otros organismos internacionales.

2. Ejerce sus actividades en el marco de las disposiciones de la Unión Postal Universal, a cuyo efecto mantiene su carácter de Unión restringida de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Constitución de la Unión Postal Universal.

Artículo 3

Miembros de la Unión

Son miembros de la Unión:

a) los Países que posean la calidad de miembros en la fecha de la puesta en vigor de la presente Constitución;

b) los Países que adquieran la calidad de miembros conforme al artículo 9.

Artículo 4

Ambito de la Unión

La Unión tiene en su ámbito:

a) los territorios de los Países miembros;

b) las oficinas de correos establecidas por los Países miembros en territorios no comprendidos en la Unión;

c) los demás territorios que, sin ser miembros de la Unión, dependan desde el punto de vista de Países miembros.

Artículo 5

Sede de la Unión

La sede de la Unión y de sus órganos permanentes se fija en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 6

Idioma oficial de la Unión

El idioma oficial de la Unión es el español.

Artículo 7

Personería jurídica

Todo País miembro, de acuerdo con su legislación interna, otorgará capacidad jurídica a la Unión Postal de las Américas y España para el correcto ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos.

Artículo 8

Privilegios e inmunidades

1. La Unión gozará en el territorio de cada uno de los Países miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

2. Los representantes de los Países miembros que participen en las reuniones de los órganos de la Unión, los funcionarios de la misma y los funcionarios de las Administraciones postales de los Países miembros, cuando cumplan funciones oficiales de la Organización, gozarán igualmente de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de sus actividades.

CAPITULO II
Adhesión, admisión y retiro de la Unión

Artículo 9

Adhesión o admisión en la Unión

1. Los países o territorios que estén ubicados en el Continente americano o sus islas y que tengan la calidad de miembros de la Unión Postal Universal, siempre que no tengan ningún conflicto de soberanía con algún País miembro, podrán adherir a la Unión.

2. Todo país soberano de las Américas, que no sea miembro de la Unión Postal Universal, podrá solicitar su admisión en la Unión Postal de las Américas y España.

3. La adhesión o la solicitud de admisión en la Unión deberá incluir una declaración formal de adhesión a la Constitución y a las otras disposiciones obligatorias de la Unión.

Artículo 10

Retiro de la Unión

Todo País tendrá derecho a retirarse de la Unión, renunciando a su calidad de miembro.

CAPITULO III
Organización de la Unión

Artículo 11

Organos de la Unión

1. La Unión se estructura en los siguientes órganos:

a) el Congreso;

b) la Conferencia;

c) el Consejo Consultivo y Ejecutivo;

d) la Secretaría General.

2. Los órganos permanentes de la Unión son: el Consejo Consultivo y Ejecutivo y la Secretaría General.

Artículo 12

Congreso

1. El Congreso es el órgano supremo de la Unión.

2. El Congreso se compondrá de los Representantes de los Países miembros.

Artículo 13

Congreso extraordinario

A solicitud de tres Países miembros, por lo menos, y con el asentimiento de las dos terceras partes se podrá celebrar un Congreso extraordinario.

Artículo 14

Conferencia

En ocasión de celebrarse un Congreso Postal Universal, los Representantes de los Países miembros celebrarán una Conferencia para determinar la acción conjunta a seguir en el mismo.

Artículo 15

Consejo Consultivo y Ejecutivo

1. El Consejo Consultivo y Ejecutivo asegurará, entre dos Congresos, la continuidad de los trabajos de la Unión conforme a las disposiciones de las Actas de la Unión, y deberá efectuar estudios y emitir opinión sobre cuestiones técnicas, económicas, de explotación y de cooperación técnica que interesen al servicio postal. Asimismo, supervisará y controlará las actividades de la Secretaría General.

2. Los miembros del Consejo Consultivo y Ejecutivo ejercerán sus funciones en el nombre y en el interés de la Unión.

Artículo 16

Secretaría General

1. La Secretaría General de la Unión Postal de las Américas y España, es el órgano permanente de enlace, información y consulta entre los miembros de la Unión y de cooperación con los mismos. Desempeñará la Secretaría del Congreso, de la Conferencia y del Consejo Consultivo y Ejecutivo, al que asistirá en sus funciones.

2. La Secretaría General funciona en la sede de la Unión, dirigida por un Secretario General y bajo la Alta inspección de la Administración postal de la República Oriental del Uruguay.

CAPITULO IV
Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión

Artículo 17

Actas de la Unión

1. La Constitución es el Acta fundamental de la Unión y contiene sus reglas orgánicas.

2. El Reglamento General contiene las disposiciones que aseguran la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de la Unión. Será obligatorio para todos los Países miembros.

3. Los Protocolos finales, anexados eventualmente a las Actas de la Unión, contienen las reservas a éstas.

Artículo 18*

Resoluciones y Recomendaciones

1. Las disposiciones no contempladas en el Reglamento General, que se refieran al funcionamiento de la Unión, de sus órganos o a ciertos aspectos de la explotación postal, adoptarán la forma de resolución y tendrán carácter obligatorio para todos sus miembros.

2. Las que afecten al funcionamiento de los servicios adoptarán la forma de recomendación y su aplicación por las Administraciones postales de los Países miembros se llevará a cabo en la medida en que les sea posible.

3. El Protocolo final anexado eventualmente a las Resoluciones del Congreso relativas a la explotación postal, contiene las reservas a éstas.

CAPITULO V
Finanzas

Artículo 19*

Gastos de la Unión

1. Cada Congreso fijará el importe máximo que podrán alcanzar:

a) anualmente los gastos de la Unión;

b) los gastos correspondientes a la reunión del Congreso siguiente,

2. Si las circunstancias lo exigen podrá superarse el importe máximo de los gastos previstos en el párrafo 1, siempre que se observen las disposiciones del Reglamento General relativas a los mismos.

3. Los gastos de la Unión serán sufragados en común por todos los Países miembros, que a tales efectos se clasificarán en diferentes categorías de contribución. A estos fines, cada País miembro elegirá la categoría de contribución en que desea ser incluido. Las categorías de contribución están determinadas en el Reglamento General.

4. En caso de adhesión o admisión a la Unión, el Gobierno del País interesado determinará desde el punto de vista de la repartición de los gastos de la Unión, la categoría de contribución en la cual desea ser incluido.

CAPITULO VI
Aceptación de las Actas y Resoluciones de la Unión

Artículo 20*

Firma, ratificación y otras modalidades de aprobación de las Actas y Resoluciones de la Unión

1. La firma de las Actas y Resoluciones de la Unión por los Representantes Plenipotencarios de los Países miembros, tendrán lugar al término del Congreso.

2. La Constitución será ratificada, tan pronto como sea posible, por los Países signatarios.

3. La aprobación del Reglamento General, de los Protocolos finales y de las Resoluciones se regirá por las reglas constitucionales de cada País signatario.

4. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 2 y 3 precedentes, los Países signatarios podrán efectuar dicha ratificación o aprobación en forma provisional, dando aviso de ello por correspondencia a la Secretaría General de la Unión.

5. Si un País no ratificare la Constitución o no aprobare las otras Actas y Resoluciones, no dejarán de ser válidas tanto unas como otras, para los que las hubieren ratificado o aprobado.

Artículo 21*

Notificación de las ratificaciones y de las otras modalidades de aprobación de las Actas y de las Resoluciones de la Unión

Los instrumentos de ratificación de la Constitución y, eventualmente, los de la aprobación de las demás Actas y de las Resoluciones se depositarán, en el más breve plazo, ante el Gobierno del País sede de la Unión, el cual lo comunicará a los demás Países miembros.

Artículo 22*

Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión

Los Países miembros que no hayan firmado la presente Constitución y las demás disposiciones obligatorias, podrán adherir a ellas en cualquier momento.

CAPITULO VII
Modificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión

Artículo 23*

Presentación de proposiciones

1. Las proposiciones modificativas de las Actas de la Unión, así como de las Resoluciones y Recomendaciones, podrán presentarse:

a) por la Administración postal de un País miembro;

b) por el Consejo Consultivo y Ejecutivo como consecuencia de los estudios que realice o de las actividades de la esfera de su competencia, así como en lo que afecten a la organización y funcionamiento de la Secretaría General.

2. Las proposiciones a las que se refiere el párrafo anterior deberán ser sometidas al Congreso.

Artículo 24

Modificación de la Constitución. Ratificación

1. Para ser adoptadas las proposiciones sometidas al Congreso relativas a la presente Constitución deberán ser aprobadas por los dos tercios, al menos, de los Países miembros de la Unión.

2. Las modificaciones adoptadas por un Congreso serán objeto de un Protocolo adicional y salvo acuerdo en contrario de este Congreso, entrarán en vigor al mismo tiempo que las Actas revisadas en el curso del mismo Congreso.

3. Las modificaciones de la Constitución serán ratificadas lo antes posible por los Países miembros y los instrumentos de esta ratificación se tratarán conforme a las disposiciones de los artículos 20 y 21.

Artículo 25*

Modificación del Reglamento General y de las Resoluciones y Recomendaciones

El Reglamento General, así como las Resoluciones y Recomendaciones, podrán ser modificados por el Congreso, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el Reglamento General.

CAPITULO VIII
Legislación y reglas subsidiarias

Artículo 26*

Los asuntos relacionados con los servicios postales que no estuvieren comprendidos en las Actas de la Unión, Resoluciones o Recomendaciones adoptadas por el Congreso, se regirán en su orden:

1º por las disposiciones de las Actas de la Unión Postal Universal;

2º por los acuerdos que entre sí firmaren los Países miembros;

3º por la legislación interna de cada País miembro.

CAPITULO IX
Solución de divergencias

Artículo 27*

Arbitraje

Los desacuerdos que se presentaren entre las Administraciones postales de los Países miembros sobre la interpretación o aplicación de las Actas y las Resoluciones de la Unión, serán resueltos por arbitraje, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la Unión Postal Universal.

CAPITULO X
Disposiciones finales

Artículo 28

Vigencia y duración de la Constitución

La presente Constitución entrará en vigor el primero de julio del año mil novecientos setenta y dos, y permanecerá vigente durante un tiempo indeterminado.

En fe de lo cual los Representantes Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros han firmado la presente Constitución en la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, a los veintiséis días del mes de noviembre del año mil novecientos setenta y uno.

Tercer Protocolo adicional de la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España, La Habana 1985

TERCER PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

INDICE

Art.

I. Resoluciones y Recomendaciones (Artículo 18, modificado).

II. Gastos de la Unión (Artículo 19, modificado).

III. Capítulo VI. Aceptación de las Actas y Resoluciones de la Unión (Capítulo VI, modificado).

IV. Firma, ratificación y otras modalidades de aprobación de las Actas y Resoluciones de la Unión (Artículo 20, modificado).

V. Notificación de las ratificaciones y de las otras modalidades de aprobación de las Actas y de las Resoluciones de la Unión (Artículo 21, modificado).

VI. Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión (Artículo 22, modificado).

VII. Capítulo VII. Modificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión (Capítulo VII, modificado).

VIII. Presentación de proposiciones (Artículo 23, modificado).

IX. Modificación del Reglamento General y de las Resoluciones y Recomendaciones (Artículo 25, modificado).

X. Complemento a las disposiciones de las Actas y de las Resoluciones y Recomendaciones (Artículo 26, Título, modificado).

XI. Arbitraje (Artículo 27, modificado).

XII. Entrada en vigor y duración del Tercer Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España.

TERCER PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA*

Los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión Postal de las Américas y España, reunidos en Congreso en La Habana, capital de la República de Cuba, visto el artículo 28, párrafo 2, de la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España firmada en la ciudad de Santiago, capital de Chile, el 26 de noviembre de 1971, han adoptado bajo reserva de ratificación, las siguientes modificaciones a dicha Constitución:

ARTICULO I
(Artículo 18, modificado)

Resoluciones y Recomendaciones

1. Las disposiciones no contempladas en el Reglamento General, que se refieran al funcionamiento de la Unión, de sus órganos o a ciertos aspectos de la explotación postal, adoptarán la forma de resolución y tendrán carácter obligatorio para todos sus miembros.

2. Las que afecten al funcionamiento de los servicios adoptarán la forma de recomendación y su aplicación por las Administraciones postales de los Países miembros se llevará a cabo en la medida en que les sea posible.

3. El Protocolo final anexado eventualmente a las Resoluciones del Congreso relativas a la explotación postal contiene las reservas a éstas.

ARTICULO II
(Artículo 19, modificado)

Gastos de la Unión

1. Cada Congreso fijará el importe máximo que podrán alcanzar:

a) anualmente los gastos de la Unión;

b) los gastos correspondientes a la reunión del Congreso siguiente.

2. Si las circunstancias lo exigen podrá superarse el importe máximo de los gastos previstos en el párrafo 1, siempre que se observen las disposiciones del Reglamento General relativas a los mismos.

3. Los gastos de la Unión serán sufragados en común por todos los Países miembros, que a tales efectos se clasificarán en diferentes categorías de contribución. A estos fines, cada País miembro elegirá la categoría de contribución en que desea ser incluido. Las categorías de contribución están determinadas en el Registro General.

4. En caso de adhesión o admisión a la Unión, el Gobierno del País interesado determinará desde el punto de vista de la repartición de los gastos de la Unión, la categoría de contribución en la cual desea ser incluido.

ARTICULO III
(Capítulo VI, "Aceptación de las Actas de la Unión", modificado)

CAPITULO VI
Aceptación de las Actas y Resoluciones de la Unión

ARTICULO IV
(Artículo 20, modificado)

Firma, ratificación y otras modalidades de aprobación de las Actas y Resoluciones de la Unión

1. La firma de las Actas y Resoluciones de la Unión por los Representantes Plenipotenciarios de los Países miembros, tendrá lugar al término del Congreso.

2. La Constitución será ratificada, tan pronto como sea posible, por los Países signatarios.

3. La aprobación del Reglamento General, de los Protocolos finales y de las Resoluciones se regirá por las reglas constitucionales de cada País signatario.

4. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 2 y 3 precedentes, los Países signatarios podrán efectuar dicha ratificación o aprobación en forma provisional, dando aviso de ello por correspondencia a la Secretaría General de la Unión.

5. Si un País no ratificare la Constitución o no aprobare las otras Actas y Resoluciones, no dejarán de ser válidas tanto unas como otras, para los que las hubieren ratificado o aprobado.

ARTICULO V
(Artículo 21, modificado)

Notificación de las ratificaciones y de las otras modalidades de aprobación de las Actas y de las Resoluciones de la Unión

Los instrumentos de ratificación de la Constitución y, eventualmente, los de la aprobación de las demás Actas y de las Resoluciones se depositarán, en el más breve plazo, ante el Gobierno del País sede de la Unión, el cual lo comunicará a los demás Países miembros.

ARTICULO VI
(Artículo 22, modificado)

Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión

Los Países miembros que no hayan firmado la presente Constitución y las demás disposiciones obligatorios, podrán adherir a ellas en cualquier momento.

ARTICULO VII
(Capítulo  VII, "Modificación de las Actas de la Unión", modificado)

CAPITULO VII
MODIFICACION DE LAS ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA UNION

ARTICULO VIII
(Artículo 23, modificado)

Presentación de proposiciones

1. Las proposiciones modificativas de las Actas de la Unión, así como de las Resoluciones y Recomendaciones, podrán presentarse:

a) por la Administración postal de un País miembro;

b) por el Consejo Consultivo y Ejecutivo como consecuencia de los estudios que realice o de las actividades de la esfera de su competencia, así como en lo que afecten a la organización y funcionamiento de la Secretaría General.

2. Las proposiciones a las que se refiere el párrafo anterior deberán ser sometidas al Congreso.

ARTICULO IX
(Artículo 25, modificado)

Modificación del Reglamento General y de las Resoluciones y Recomendaciones

El Reglamento General, así como las Resoluciones y Recomendaciones, podrán ser modificados por el Congreso, de acuerdo con las condiciones que se establezcan en el Reglamento General.

ARTICULO X
(Artículo 26, Título, modificado)

Complemento a las disposiciones de las Actas y de las Resoluciones y Recomendaciones.

ARTICULO XI
(Artículo 27, modificado)

Arbitraje

Los desacuerdos que se presentaren entre las Administraciones postales de los Países miembros sobre la interpretación o aplicación de las Actas y las Resoluciones de la Unión, serán resueltos por arbitraje, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la Unión Postal Universal.

ARTICULO XII

Entrada en vigor y duración del Tercer Protocolo Adicional a la Constitución de la Unió Postal de las Américas y España.

El presente Protocolo Adicional comenzará a regir el día primero de enero de mil novecientos ochenta y seis y permanecerá en vigor por tiempo indeterminado.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros han redactado el presente Protocolo Adicional, que tendrá la misma fuerza y el mismo valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo de la Constitución y firman un ejemplar que quedará depositado en los archivos del Gobierno del País sede de la Unión. El Gobierno del País sede del Congreso entregará una copia a cada parte.

Firmado en La Habana, capital de la República de Cuba, a los veintisiete días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco.

(Las firmas son las que figuran entre las páginas 107 y 111 de este libro).

Reglamento General de la

Unión Postal de las Américas y España, La Habana 1985

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

INDICE

PREAMBULO

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Art.

101. Adhesión o admisión en la Unión. Procedimiento
102. Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión. Procedimiento
103. Retiro de la Unión. Procedimiento

CAPITULO II
Organización y funcionamiento de los órganos de la Unión

Art.

104. Organización y funcionamiento de los Congresos
105. Delegaciones
106. Poderes de los delegados
107. Observadores
108. Atribuciones del Presidente del Congreso y de los Vicepresidentes
109. Presentación y examen de las proposiciones
110. Deliberaciones
111. Mociones de orden y mociones de procedimiento
112. Votaciones
113. Actas de las sesiones
114. Organización y funcionamiento de los Congresos extraordinarios
115. Organización y funcionamiento de la Conferencia
116. Consejo Consultivo y Ejecutivo
117. Comisiones del Consejo

CAPITULO III
Secretaría General de la Unión

118. Atribuciones
119. Secretario General y Consejero de la Unión
120. Personal de la Secretaría General
121. Jubilaciones y pensiones del personal de la Secretaría General de la Unión
122. Colaboración con la Secretaría General de la Unión

CAPITULO IV
Autoridad de alta inspección

123. Deberes del Gobierno del País sede
124. Atribuciones de la Autoridad de alta inspección

CAPITULO V
Modificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión

125. Proposiciones para la modificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión por el Congreso. Procedimiento
126. Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al Reglamento General, a las Resoluciones y a las Recomendaciones

CAPITULO VI
Finanzas de la Unión

127. Presupuesto de la Unión
128. Fondo de ejecución presupuestario
129. Contribución de los Países miembros
130. Fiscalización y anticipos
131. Formulación de cuentas
132. Pago de las cuotas contributivas

CAPITULO VII
Lenguas admitidas en la Unión

133. Lenguas

CAPITULO VIII
Disposiciones finales

134. Vigencia y duración del Reglamento General

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

PREAMBULO

Los que suscriben, Representantes Plenipotenciarios de los gobiernos de los Países miembros de la Unión Postal de las Américas y España, adoptan, de común acuerdo, el presente Reglamento General, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 2 de la Constitución de la Unión firmada en Santiago, Capital de la República de Chile, a los veintiséis días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y uno, con el fin de asegurar su aplicación y el funcionamiento de la Unión.

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 101

Adhesión o admisión en la Unión. Procedimiento

1. La nota de adhesión o la solicitud de admisión, deberá dirigirse por el Gobierno del País interesado, por vía diplomática, al Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el que la comunicará a los demás Países miembros de la Unión.

2. Para ser admitido como miembro se requerirá que la solicitud sea aprobada, como mínimo, por los dos tercios de los Países miembros.

3. Se considerará que los Países miembros aprueban la solicitud cuando no hubieren dado respuesta en el plazo de cuatro meses, a partir de la fecha en que se les haya comunicado.

4. La adhesión o admisión de un país en calidad de miembro será notificado por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y a los Gobiernos de todos los Países miembros de la Unión.

5. Al país solicitante se le comunicará el resultado y si fuere admitido, la fecha desde la cual se le considera miembro y demás datos relativos a su aceptación.

Artículo 102

Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión. Procedimiento

1. Los Países miembros que no hayan suscrito las Actas y demás disposiciones obligatorias adoptadas por el Congreso, deberán adherir a ellas en el más breve plazo posible.

2. Los instrumentos de adhesión relativos a los casos previstos en el artículo 22 de la Constitución y en el párrafo 1 del presente artículo, se dirigirán por vía diplomática al Gobierno de la República Oriental del Uruguay el cual notificará este depósito a los Países miembros.

Artículo 103

Retiro de la Unión. Procedimiento

1. Todo País miembro tendrá la facultad de retirarse de la Unión mediante denuncia de la Constitución que deberá comunicarse por vía diplomática al Gobierno de la República Oriental del Uruguay y por éste a los demás Gobiernos de los Países miembros.

2. El retiro de la Unión será efectivo a la terminación del plazo de un año a partir del día de recepción por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay de la denuncia prevista en el párrafo 1.

3. Todo País miembro que se retire deberá cumplir con todas las obligaciones que estipulan las Actas de la Unión hasta el día en que se haga efectivo su retiro.

CAPITULO II
Organización y funcionamiento de los órganos de la Unión

Artículo 104

Organización y funcionamiento de los Congresos

1. Los Representantes de los Países miembros se reunirán en Congreso cada cinco años aproximadamente.

2. Cada Congreso designará al país en el cual deberá reunirse el Congreso siguiente siempre que mediare invitación a tal efecto del país designado. Si fueren varios los países invitantes, la decisión tendrá lugar mediante votación secreta.

3. Si no fuere posible la realización de un Congreso en el país elegido, la Secretaría General, con la urgencia del caso, realizará las gestiones necesarias para tratar de encontrar un país que esté dispuesto a ser sede del Congreso. El resultado de estas gestiones será sometido al Consejo Consultivo y Ejecutivo para su decisión.

4. Si al clausurar un Congreso no hubiere ningún país invitante para sede del próximo, la Secretaría General aplicará el mismo procedimiento establecido en el párrafo 3.

5. Cuando un Congreso deba ser reunido sin que haya un Gobierno invitante, la Secretaría General de acuerdo con el Consejo Consultivo y Ejecutivo y con el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, adoptará las disposiciones necesarias para convocar y organizar el Congreso en el País sede de la Unión. En este caso, la Secretaría General ejercerá las funciones de Gobierno invitante.

6. Previo acuerdo con la Secretaría General, el Gobierno del País sede del Congreso, fijará la fecha definitiva, así como el lugar donde deba reunirse el Congreso. En principio, un año antes de esta fecha, el Gobierno del País sede del Congreso enviará invitación al Gobierno de cada País miembro, ya sea directamente o por conducto de la Secretaría General.

7. La Presidencia del Congreso se atribuye al país invitante. En el caso previsto en el párrafo 5 precedente, corresponderá al Consejo Consultivo y Ejecutivo designar al país que deba desempeñar la Presidencia.

8. La Administración postal del País sede del Congreso, en consulta con la Secretaría General, sugerirá la designación del Decano del mismo, que deberá ser un funcionario postal en actividad o jubilado de larga trayectoria en los Congresos de la Unión. El Consejo Consultivo y Ejecutivo procederá a adoptar esta designación en el momento adecuado. A la apertura de la primera sesión plenaria, el Decano asumirá la Presidencia del Congreso hasta tanto sea nombrado el Presidente. El Decano propone al Congreso el Presidente y los Vicepresidentes del mismo, así como los de las Comisiones. Una de las Vicepresidencias del Congreso se atribuirá al País que desempeñó la Presidencia del Congreso anterior.

9. En la primera sesión, el Decano propondrá la constitución de la Mesa, que estará integrada por el Presidente del Congreso, los dos Vicepresidentes y el Secretario General de la Unión.

10. Las finalidades del Congreso son:

a) revisar y completar, si fuere el caso, las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión;

b) fijar las prioridades de acción de la Unión para el período siguiente, y

c) tratar cuantos asuntos se sometan a su consideración, relacionados con los fines de la Unión.

11. Cada País miembro se hará representar por uno o varios delegados o por la delegación de otro país. La delegación de un país no podrá representar más que a otro país además del suyo.

12. Todo País miembro tendrá derecho a formular reservas a las Actas de la Unión y Resoluciones relativas a la explotación postal que adopte el Congreso en el momento de firmarlas.

13. El Gobierno del País sede del Congreso notificará a los Gobiernos de los Países miembros las Actas y las Resoluciones que el Congreso adopte.

Artículo 105

Delegaciones

1. Por delegación se entiende la persona o conjunto de personas designadas como representantes por un País miembro para participar en el Congreso. Estará compuesta por un Jefe de delegación, un Jefe Adjunto, en su caso, de uno o varios delegados y, eventualmente, de uno o varios funcionarios agregados.

2. Los componentes de las delegaciones han de ser en lo posible funcionarios calificados de las Administraciones postales de los Países miembros.

3. Cuando un país no pueda participar en un Congreso, podrá hacerse representar por la delegación de otro. Si, participando en el Congreso, no pudiera asistir a una sesión, podrá igualmente hacerse representar por otra. En ambos casos se comunicará al Presidente la decisión adoptada, teniendo en cuenta que cada País miembro sólo podrá ostentar la representación de otro.

Artículo 106

Poderes de los delegados

1. Los delegados deberán estar acreditados por poderes firmados por el Jefe de Estado, por el Jefe de Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores del país interesado.

2. Los poderes deberán estar redactados en debida forma. Se considera a un delegado como representante plenipotenciario si sus poderes responden a uno de los criterios siguientes:

a) si confieren plenos poderes;

b) si autorizan a representar a su Gobierno sin restricciones;

c) si otorgan los poderes necesarios para firmar las Actas.

Cualquiera de los tres casos incluye implícitamente el poder de tomar parte en las deliberaciones y votar.

Los poderes que no se ajusten a los criterios detallados en a), b) y c) de esté párrafo, otorgarán solamente el derecho de tomar parte en lad deliberaciones y votar.

3. Los poderes serán depositados tan pronto se inaugure el Congreso ante la autoridad designada a ese efecto.

4. Los delegados que no hayan presentado sus poderes podrán tomar parte en las deliberaciones y en las votaciones, siempre que hubieren sido anunciados por su Gobierno, al Gobierno del País sede del Congreso. También podrán hacerlo aquellos delegados en cuyos poderes se haya constatado alguna insuficiencia o irregularidad. Ninguno de estos delegados podrá votar a partir del momento en que el Congreso haya aprobado el informe de la Comisión de Verificación de Poderes en el cual se constate que no han presentado sus poderes o que éstos son insuficientes para votar y hasta tanto no se regularice tal situación.

5. No se admitirán los poderes y los mandatos dirigidos por telegrama. Sin embargo, se aceptarán los telegramas que respondan a peticiones de informes sobre cuestiones de poderes.

Artículo 107

Observaciones

1. Podrán participar en las deliberaciones del Congreso en carácter de observadores y con derecho a voz:

a) los representantes de las Administraciones postales de los países americanos no miembros de la Unión, que hubieren sido especialmente invitados por decisión del Consejo Consultivo y Ejecutivo;

b) los representantes de la Unión Postal Universal;

c) los representantes de las Uniones postales restringidas que ofrezcan reciprocidad;

d) los representantes del Comité de Líneas Aéreas de la Unión Postal de las Américas y España.

2. También se admitirán como observadores los representantes de cualquier otro organismo calificado que el Consejo Consultivo y Ejecutivo estime necesario asociar a los trabajos del Congreso; sin embargo, la participación se limitará a aquellas cuestiones que interesen a éstos y a la Unión.

Artículo 108

Atribuciones del Presidente del Congreso y de los Vicepresidentes

1. El Presidente abre la sesión, dirige los debates, concede la palabra de acuerdo al orden en que se solicita, pone a votación los asuntos en los que no haya unanimidad de pareceres, decide sobre las cuestiones de procedimiento que ocurran durante las deliberaciones y clausura el Congreso.

2. El Presidente firmará las Actas, las Resoluciones y Recomendaciones que adopte el Congreso conjuntamente con el Secretario General.

3. En caso de impedimento, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente perteneciente al País que desempeñó la Presidencia del Congreso anterior.

Artículo 109

Presentación y examen de las proposiciones

1. Las proposiciones presentadas dentro del plazo señalado en el artículo 125, párrafo 1, del presente Reglamento, servirán de base para las deliberaciones del Congreso. Fuera de ese plazo las proposiciones deberán venir apoyadas por otras dos Administraciones como mínimo y deberán presentarse al menos cuarenta y ocho horas antes de la apertura del Congreso.

2. En principio, cada proposición deberá tener un solo objetivo y deberá contener sólo las modificaciones justificadas por dicho objetivo.

3. Sin embargo, podrán admitirse enmiendas en cualquier momento, bien por escrito o verbalmente durante la discusión del tema de que se trate.

4. El Congreso determinará en la sesión plenaria la Comisión que habrá de examinar cada una de las proposiciones. A tal efecto, la Secretaría General elaborará el oportuno documento de base en el que se indicarán las proposiciones que, a su juicio, deba estudiar cada Comisión o, en su caso, el propio Congreso.

5. Si una cuestión es objeto de varias proposiciones, el Presidente decidirá el orden de discusión, comenzando en principio por la que se aleje del texto de base, o que implique un cambio más radical.

6. Si una proposición pudiera subdividirse en varias partes, cada una de ellas podrá, con el acuerdo del autor de la proposición o del Congreso, ser examinada y puesta a votación por separado.

7. Si una enmienda es aceptada por la Delegación que presentó la proposición primitiva, será incorporada de inmediato al texto de ésta. Si la enmienda no fuera aceptada, se aplicará para el orden de discusión el criterio establecido en el párrafo 5.

8. El procedimiento descrito en el párrafo 7 también se aplicará cuando se presenten varias enmiendas a una misma proporción.

9. Cualquier proposición retirada en el Pleno o en Comisión puede ser retomada por otra delegación. Asimismo toda proposición rechazada o adoptada en Comisión puede ser retomada en el Pleno. Además, si la enmienda a una proposición es aprobada y aceptada por el país de origen de la proposición, otro país miembro podrá retomar la proposición original no modificada.

Artículo 110

Delibraciones

1. Los participantes deberán ajustarse al tema en discusión, limitando su intervención a un tiempo no mayor de cinco minutos, salvo acuerdo en contrario tomado por la mayoría simple de los miembros presentes y votantes. En caso de excederse del tiempo previsto en el uso de la palabra, el Presidente estará autorizado a interrumpir al orador.

2. Previa consulta al Congreso, con la aprobación de la mayoría simple de los miembros presentes y votantes, el Presidente podrá:

a) limitar el número de intervenciones de una delegación sobre una proposición o grupo de proposiciones determinado;

b) limitar el número de intervenciones de distintas delegaciones sobre una misma proposición o grupo de proposiciones determinado a cinco intervenciones a favor y cinco en contra del tema en discusión;

c) declarar cerrada la lista de oradores, después de dar lectura a la misma respetando el derecho de la delegación que hubiere presentado la proposición de responder a las intervenciones de otras delegaciones.

Artículo 111

Mociones de orden y mociones de procedimiento

1. Durante la discusión de una cuestión o incluso, dado el caso, después del cierre del debate, una delegación podrá presentar una moción de orden para pedir:

- aclaraciones sobre el desarrollo de los debates;

- el respeto de la Constitución o del Reglamento General;

- la modificación del orden de discusión de las proposiciones sugerido por el Presidente.

La moción de orden tendrá prioridad sobre todas las cuestiones, comprendidas las mociones de procedimiento mencionadas en el párrafo 3.

2. El Presidente hará inmediatamente las precisiones solicitadas o tomará la decisión que considere conveniente con respecto a la moción de orden. En caso de objeción, la decisión del Presidente se pondrá de inmediato a votación.

3. Además, durante la discusión de una cuestión, una delegación podrá introducir una moción de procedimiento que tenga por objeto proponer:

a) la suspensión de la sesión;

b) el levantamiento de la sesión;

c) la clausura de la lista de oradores;

d) el aplazamiento del debate sobre la cuestión en discusión;

e) el cierre del debate sobre la cuestión en discusión.

Las mociones de procedimiento tendrán prioridad, en el orden arriba indicado, sobre todas las demás proposiciones, con excepción de las mociones de orden indicadas en el párrafo 1.

4. Las mociones tendientes a la suspensión o al levantamiento de la sesión no se discutirán, sino que se pondrán inmediatamente a votación.

5. Cuando una delegación proponga la clausura de la lista de oradores, la postergación o el cierre del debate sobre una cuestión en discusión, sólo se otorgará la palabra a dos oradores opuestos a la moción de procedimiento en cuestión, después de lo cual la moción se pondrá a votación.

6. La delegación que presente una moción de orden o de procedimiento no podrá tratar en su intervención el fondo de la cuestión en discusión. El autor de una moción de procedimiento podrá retirarla antes de que se ponga a votación y toda moción de este tipo, enmendada o no, que fuere retirada, podrá ser retomada por otra delegación.

Artículo 112

Votaciones

1. Las cuestiones que no cuenten con el asentimiento general, serán sometidas a votación. La validez del voto está subordinada a la presencia o representación de los dos tercios de los Países miembros.

2. La votación, por regla general, se efectuará levantando la pancarta con el nombre del país. Sin embargo, a petición de una delegación o por decisión del Presidente se votará nominalmente, siguiendo el orden alfabético de países, previo sorteo para determinar la delegación que comenzará a votar.

3. A petición de una delegación, apoyada por otra, se efectuará votación secreta. En tal caso, la Presidencia adoptará las medidas necesarias para asegurar el secreto del voto. La petición de votación secreta hecha de conformidad con este párrafo predominará sobre la de votación nominal.

4. Cada País miembro tendrá derecho a un solo voto; además podrá votar por representación o por delegación, por otro País miembro.

Artículo 113

Actas de las sesiones

1. Las actas de cada sesión se establecerán en lengua española. Reproducirán sucintamente el desarrollo general de las sesiones, proposiciones formuladas, deliberaciones habidas y resultados obtenidos.

2. Cada delegado tendrá el derecho de solicitar la inserción íntegra en el acta de toda declaración que formule, a condición de que entregue el texto a la Secretaría General en el término de veinticuatro horas después de finalizada la sesión de que se trata.

3. Las actas de las sesiones se distribuirán a los delegados después de su reproducción y éstos dispondrán de un plazo de 24 horas para formular sus observaciones por escrito ante la Secretaría General. Como norma general, las actas deberán quedar aprobadas por el Congreso 48 horas después de su distribución. Las actas de las últimas sesiones plenarias que no se hubieren entregado a los delegados, al menos con 48 horas de antelación a la clausura del Congreso, serán aprobadas por el Presidente del Congreso. En este último caso, la Secretaría General tomará en consideración las observaciones que le lleguen dentro del plazo de 40 días a contar de la fecha de distribución de las actas a las delegaciones o de su envío a los Países miembros que corresponda.

Artículo 114

Organización y funcionamiento de los Congresos extraordinarios

1. Los Países miembros se reunirán en Congreso extraordinario, cuando la importancia y urgencia de los asuntos a tratar no permitan esperar la celebración de un Congreso ordinario.

2. Los Países miembros que lo promuevan señalarán, al mismo tiempo, cuál de ellos está dispuesto a ser la sede del Congreso extraordinario, a fin de que la Secretaría General pueda recabar la conformidad de los demás Países miembros.

3. El Gobierno del País designado como sede del Congreso extraordinario, enviará la oportuna invitación al Gobierno de cada País miembro al menos 6 meses antes de la fecha que se señale para el comienzo del Congreso extraordinario, ya sea directamente o por conducto de la Secretaría General.

4. Son de aplicación por analogía, los párrafos 11, 12 y 13, del artículo 104.

5. Todo país tendrá derecho a formular reservas a las Actas de la Unión y a las Resoluciones relativas a la explotación postal que se adopten en un Congreso extraordinario.

Artículo 115

Organización y funcionamiento de la Conferencia

1. El Presidente del Consejo Directivo y Ejecutivo convocará por medio de la Secretaría General a los representantes de los Países miembros para reunirse en Conferencia en la ciudad designada como sede del Congreso de la UPU. En ella se examinarán las proposiciones y asuntos de mayor interés para la Unión, a fin de determinar los procedimientos de acción conjunta a seguir. La Conferencia se reunirá a lo largo del Congreso Postal Universal cuantas veces se estime necesario. Cuando existan asuntos importantes a tratar, el Consejo Consultivo y Ejecutivo podrá convocar la reunión de la Conferencia para una fecha anterior al inicio del Congreso de la UPU, previo consentimiento de la mayoría de los Países miembros.

2. El Presidente de la Conferencia, que será el del Consejo Consultivo y Ejecutivo, informará al Congreso de los resultados de los trabajos realizados con ocasión del correspondiente Congreso de la UPU y formulará propuestas tendientes a fijar la actuación que se juzgue más conveniente para el próximo Congreso.

3. La Conferencia designará al país que deba sustituir al Presidente de la misma en caso de que éste no concurra a la reunión o se encuentre imposibilitado de asistir a alguna sesión.

4. Todo cuanto se señala en el presente Reglamento para el desarrollo de las sesiones del Congreso, será de aplicación para la Conferencia.

Artículo 116

Consejo Consultivo y Ejecutivo

1. El Consejo Consultivo y Ejecutivo estará compuesto por nueve miembros, designados o electos en la siguiente forma:

a) al País sede del Congreso le corresponderá ser miembro de derecho y ejercerá la Presidencia del Organo;

b) tres miembros los elegirá el Congreso para ejercer las Presidencias de las Comisiones que son órganos especializados encargados de la realización de estudios y tareas que interesen a la Unión, escogidos entre los candidatos que se inscriban para tal fin en cada Comisión, debiendo en lo posible ser electos de grupos geográficos distintos, según el párrafo 2;

c) cinco miembros, diferentes de los anteriores, los designará el Congreso sobre la base de una distribución geográfica equitativa previa elección entre los países que presenten su candidatura. Los Vicepresidentes de cada Comisión serán designados por el Consejo.

2. A los efectos de la elección referida anteriormente los Países se dividirán en los dos siguientes grupos geográficos: GRUPO 1: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Paraguay, Perú, República Federativa del Brasil, República de Venezuela y Uruguay; GRUPO 2: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, República de Honduras y República de Suriname. Corresponderán dos Consejeros al grupo a que pertenezca el país que habrá de ejercer la Presidencia del Consejo y tres al otro grupo.

3. Ningún país podrá ser miembro del Consejo más de dos veces en forma sucesiva, excepto cuando la calidad de miembro le corresponda por su condición de País sede del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1, inciso a).

4. La primera reunión de cada Consejo será convocada durante el Congreso por el Presidente de éste. En ella se elegirá un primero y un segundo Vicepresidente. Si el país a quien corresponde la Presidencia renunciase a ella, pasará a desempeñarla el primer Vicepresidente. En tal caso, el segundo Vicepresidente pasará a primero y se elegirá un nuevo segundo Vicepresidente entre los miembros restantes.

5. Si entre dos Congresos se produjera alguna vacante en el Consejo deberá desempeñarla por derecho el miembro de la Unión que en la última elección hubiese obtenido el mayor número de voto sin ser elegido y así sucesivamente, dentro del grupo geográfico correspondiente, en la medida de lo posible. De lo contrario, la vacante será cubierta por el país que hubiera obtenido mayor número de votos, sin tener en cuenta el grupo geográfico. Si la vacante corresponde a un Presidente de Comisión, el Vicepresidente de la Comisión asumirá tales funciones.

6. El Representante de cada País miembro del Consejo será designado por la Administración postal de su país. Este Representante deberá ser un funcionario calificado de la Administración postal.

7. Convocado por su Presidente por conducto de la Secretaría General, el Consejo celebrará una sesión anual en la Sede de la Unión. En todas sus sesiones el Secretario General tomará parte en los debates sin derecho a voto. El Consejo se regirá por el Reglamento General de la Unión.

8. En caso de necesidad, el Presidente, a propuesta de cualquier miembro y con el asentimiento de las dos terceras partes de los miembros del Consejo convocará una reunión extraordinaria en el plazo máximo de dos meses.

9. Las funciones de miembros del Consejo serán gratuitas. Los gastos de funcionamiento estarán a cargo de la Unión. Con excepción de las reuniones que se realicen durante el Congreso, los representantes de los Países miembros de la última categoría contributiva tendrán derecho al reembolso ya sea del precio de un pasaje aéreo de ida y vuelta, clase económica, o del costo del viaje por cualquier otro medio con la condición de que este importe no exceda el precio del pasaje por vía aérea, ida y vuelta, en clase económica.

10. La Administración postal de la República Oriental del Uruguay será invitada a participar como observadora en las reuniones del Consejo, dada su calidad de Autoridad de alta inspección de la Secretaría General.

11. Serán también invitados a participar como observadores:

a) los representantes de la Unión Postal Universal;

b) el Comité de Líneas Aéreas de la Unión;

c) cualquier otro organismo calificado siempre que el asunto a ser considerado esté relacionado con él;

d) las Administraciones de los demás Países miembros que tengan interés en los asuntos a ser tratados.

12. La Secretaría General enviará invitaciones a los observadores mencionados en el párrafo anterior.

13. El Consejo Consultivo y Ejecutivo coordinará y supervisará las actividades de la Unión con las siguientes atribuciones en particular:

a) mantener contacto con las Administraciones postales de los Países miembros, con los órganos de la Unión Postal Universal, con las Uniones Postales restringidas y con cualquier otro organismo nacional o internacional;

b) tomar iniciativas y realizar actividades destinadas a la defensa de los intereses comunes de las Administraciones postales de los Países miembros de la Unión, en lo que se refiere a los servicios postales;

c) actuar como contralor de las actividades de la Secretaría General;

d) examinar y en su caso, aprobar la Memoria anual formulada por la Secretaría General sobre las actividades de la Unión;

e) autorizar el presupuesto anual de la Unión dentro de los límites fijados por el Congreso. Estos límites solamente podrán ser sobrepasados a iniciativa del Consejo y con la aprobación de la mayoría de los Países miembros;

f) examinar y, en su caso, aprobar la rendición de cuentas del presupuesto del año precedente;

g) examinar y, en su caso, aprobar el plan anual de participación de la Secretaría General en las reuniones postales internacionales, así como el número de funcionarios que deberán asistir a cada una de ellas, con excepción de aquellos viajes de emergencia que resulten de interés para la Unión. Bajo el mismo procedimiento aprobará los demás viajes que deban efectuarse en representación de la Unión;

h) examinar y autorizar si procede las solicitudes de trasposición entre programas y entre grupos de gastos de un mismo programa del presupuesto autorizado por el año en curso, hechas por el Secretario General;

i) realizar, por mandato o de por sí, estudios con relación a los problemas administrativos, legislativos, jurídicos, técnicos, de explotación y económicos que presenten interés o que puedan afectar a las Administraciones postales de los Países miembros o de la Unión;

j) gestionar y favorecer, mediante expertos en enseñanza postal, la implantación y desarrollo de escuelas postales nacionales en los países de la Unión que lo soliciten;

k) establecer, por intermedio de la Secretaría General, normas de orientación sobre la programación de los estudios y textos de posible aplicación en las escuelas postales nacionales que soliciten asesoramiento, así como colaborar en su desarrollo y adecuada organización y funcionamiento;

l) designar al País sede del próximo Congreso en los casos previstos en el artículo 104, párrafos 3 y 4, previa votación si hubiere más de un candidato;

ll) adoptar las disposiciones necesarias para designar al país que deba asumir la Presidencia del Congreso en el caso previsto en el artículo 104, párrafo 5;

m) presentar al Congreso proposiciones de modificación de las Actas y proyectos de Resoluciones y Recomendaciones que surjan de estudios realizados por mandato o de por sí;

n) decidir acerca de las Administraciones de países no miembros y organismos calificados que deben ser invitados como observadores al Congreso, conforme a las disposiciones del artículo 107, de este Reglamento;

ñ) informar a las Administraciones postales de los Países miembros sobre el resultado de estudios iniciados de por sí, cuando no corresponda la intervención del Congreso, al que sin embargo dará conocimiento de ello por aplicación del párrafo 14;

o) establecer normas acerca de los documentos que debe publicar y distribuir gratuitamente o a precio de costo la Secretaría General;

p) redactar, con destino al Congreso, el proyecto de programa de trabajo del próximo Consejo, sobre la base de las sugerencias formuladas por las Administraciones postales de la Unión;

q) la organización y desarrollo de los cursos que eventualmente disponga la Unión, serán supervisados por el Consejo Consultivo y Ejecutivo por intermedio de la Secretaría General;

r) promover la cooperación internacional para facilitar, por todos los medios de que disponga, la cooperación técnica a las Administraciones postales de los países en vías de desarrollo;

s) actuar en instancia superior en las reclamaciones del personal de la Secretaría General contra las decisiones adoptadas por ésta y resueltas en primera instancia por la Autoridad de alta inspección;

t) las demás atribuciones necesarias para el debido cumplimiento del objeto del Consejo.

14. El Consejo Consultivo y Ejecutivo presentará, por lo menos con cuatro meses de anticipación al próximo Congreso, un informe sobre el conjunto de las actividades realizadas en el período entre uno y otro Congreso.

Artículo 117

Comisiones del Consejo

1. Las Comisiones a que se refiere el párrafo 1, inciso b), del artículo 116, serán:

a) Comisión de Operaciones Postales.

b) Comisión de Asuntos Generales y Servicios Financieros Postales.

c) Comisión de Cooperación Técnica.

Los Países miembros de la Unión tienen derecho a pertenecer a todas las Comisiones.

2. Bajo la dirección de sus respectivos Presidentes, las Comisiones mantendrán actividad permanente por medio de correspondencia. Cada Comisión podrá ser asesorada por especialistas proporcionados por las Administraciones postales de los Países miembros de la Unión.

3. La Comisión de Operaciones Postales se ocupará del estudio de los problemas de orden técnico y de investigación derivados de la prestación de los servicios postales y de la aplicación del Convenio Postal Universal, del Reglamento de Ejecución y de los Acuerdos y Reglamentos de Encomiendas Postales y de cualquier otro servicio afín atribuible al Correo. Estudiará, asimismo, los problemas relativos a los encaminamientos postales (aéreos y de superficie), a fin de optimizar el transporte de los envíos postales en la región.

4. La Comisión de Asuntos Generales y Servicios Financieros Postales se ocupará de los problemas jurídicos, económicos y administrativos de interés de la Unión y de sus Países miembros, la realización de estudios tendientes a la implantación y desarrollo en el ámbito de la Unión de los servicios de carácter bancario, tales como el Giro Postal, Cheques Postales, Reembolsos y Caja Postal de Ahorros, adoptando las disposiciones de la Unión Postal Universal sobre estas materias a las necesidades reales de los Países miembros.

5. La Comisión de Cooperación Técnica se ocupará del estudio de los proyectos y programas de su competencia que interesen a las Administraciones postales de los Países miembros de la Unión y del análisis de las áreas que precisan asistencia, tanto en materia de formación de personal como de desarrollo de los servicios.

6. El Presidente de cada Comisión someterá al Consejo los estudios o trabajos efectuados para su consideración.

CAPITULO III
Secretaría General de la Unión

Artículo 118

Atribuciones

1. En el marco de sus funciones generales, a la Secretaría General de la Unión le corresponde:

a) reunir y distribuir los documentos e informaciones que interesen al servicio postal de la Unión;

b) realizar las encuestas o estudios que le encomiende el Congreso, el Consejo Consultivo y Ejecutivo o sus Comisiones;

c) proporcionar las informaciones que le soliciten las Administraciones postales, la Oficina Internacional de la UPU, las Uniones restringidas o los Organismos internacionales que se ocupen de temas que interesan a los servicios de correos;

d) intervenir y colaborar en los planes de cooperación técnica multilateral y representar a la Unión ante los correspondientes Organismos internacionales o Administraciones postales, que puedan facilitar su cooperación para el mejoramiento de los servicios de correos en los Países miembros;

e) emitir opinión sobre la interpretación de las normas de la Constitución y del Reglamento General, así como de las Resoluciones y Recomendaciones que se dictaren, cuando alguna Administración lo solicite;

f) emitir su opinión en cuestiones litigiosas a requerimiento de las partes interesadas;

g) tener al día el estado del grado de cumplimiento de las Recomendaciones adoptadas por el Congreso y comunicar a los Países miembros las modificaciones del mismo;

h) mantener organizada la Sección filatélica y la Biblioteca de la Secretaría General;

i) formular anualmente la cuenta de gastos de la Unión;

j) redactar y distribuir oportunamente una Memoria anual sobre los trabajos que realice, la que deberá ser aprobada por el Consejo Consultivo y Ejecutivo;

k) determinar el monto de las cuotas contributivas que debe satisfacer anualmente cada país;

l) llevar a la práctica los programas de cooperación técnica y de asistencia para el desarrollo de la enseñanza postal a nivel regional de la Unión y realizar las tareas de supervisión y control de los cursos postales de la Unión, de acuerdo con las directivas trazadas por el Congreso y el Consejo Consultivo y Ejecutivo.

2. En el marco de los Congresos, de la Conferencia y demás reuniones de la Unión, a la Secretaría General le corresponde:

a) intervenir en la organización y realización de los Congresos, de la Conferencia y demás reuniones determinadas por la Unión;

b) cursar las consultas pertinentes a cada uno de los Países miembros para la fijación de una nueva sede en los casos previstos en los artículos 104, párrafo 3, y 114, párrafo 2. Luego hará conocer al Consejo Consultivo y Ejecutivo el resultado de la gestión y solicitará su pronunciamiento en favor de uno de los Países invitantes. Comunicará entonces a cada Gobierno el nombre del país que el Consejo Consultivo y Ejecutivo designó como sede del Congreso;

c) distribuir oportunamente las proposiciones que las Administraciones postales remitan para la consideración de los Congresos, de la Conferencia y demás reuniones de la Unión;

d) desempeñar la Secretaría de la Conferencia;

e) elaborar un resumen de las decisiones adoptadas en las reuniones de la Conferencia;

f) preparar la agenda para las reuniones del Consejo Consultivo y Ejecutivo y el informe sobre sus estudios y proposiciones que presentará al Congreso;

g) publicar los documentos de los Congresos, de la Conferencia y demás reuniones de la Unión.

3. En el marco de los Congresos de la Unión Postal Universal:

a) gestionar ante el país sede del Congreso las salas de reunión y de oficinas que se precisen respectivamente para la Conferencia y servicios administrativos;

b) difundir entre los Países miembros la convocatoria para la reunión de la Conferencia de acuerdo con el Presidente del Consejo Consultivo y Ejecutivo;

c) prestar su colaboración a las Administraciones postales de los Países miembros en cuestiones relativas al desarrollo del Congreso Postal Universal.

Artículo 119

Secretario General y Consejero de la Unión

1. La Secretaría General de la Unión estará dirigida y administrada por un Secretario General, asistido por un Consejero. Ambos serán elegidos en votación secreta por el Congreso entre los candidatos presentados al efecto. El Secretario General y el Consejero serán elegidos para un período y podrán ser reelegidos para otro período adicional. Se entiende por período el intervalo entre dos Congresos ordinarios consecutivos.

2. En caso de quedar vacante, la plaza de Secretario General la ocupará interinamente el Consejero, con retención de sus responsabilidades.

3. En caso de quedar vacante la plaza de Consejero, el Secretario General se hará cargo de las tareas atribuidas a dicho funcionario.

4. En caso de vacante de ambos cargos, la Autoridad de alta inspección asumirá interinamente la dirección y administración de la Secretaría General

5. Inmediatamente de producirse cualquiera de las eventualidades previstas en los párrafos 2 a 4, la Secretaría General cursará invitación a los Países miembros de la Unión para presentar candidaturas al puesto o puestos que deberán cubrirse. Por excepción a la norma del párrafo 1, el Consejo Consultivo y Ejecutivo procederá a la elección de cargo o cargos que correspondan entre los candidatos propuestos, en la primera reunión que celebre el órgano con posterioridad a la fecha en que la o las vacantes se hayan producido. El mandato de los funcionarios elegidos se extenderá por el período que resta hasta el próximo Congreso; dicho período no será computado, dado el caso, a los efectos de la reelección prevista en el párrafo 1.

6. El procedimiento establecido en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las vacantes se produjeren después de la última reunión ordinaria del Consejo Consultivo y Ejecutivo en el período comprendido entre dos Congresos.

7. El Secretario General tendrá, además de las atribuciones que de forma expresa le confieren la Constitución y el presente Reglamento General, las siguientes:

a) nombrar y destituir al personal de la Secretaría de acuerdo con el Reglamento que a tal efecto apruebe el Consejo Consultivo y Ejecutivo;

b) concurrir a la reuniones del Congreso, del Consejo Consultivo y Ejecutivo y de la Conferencia, pudiendo tomar parte en las deliberaciones, con voz pero sin voto;

c) asistir en calidad de Observador a los Congresos de la Unión Postal Universal, así como a las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Consejo Consultivo de Estudios Postales de la misma; organizar la Conferencia, así como las reuniones de los Representantes de los Países miembros de la Unión que asistan a las sesiones del Consejo Ejecutivo de la Unión Postal Universal;

d) contratar préstamos, suscribir documentos de adeudo y constituir garantías que no superen los dos duodécimos del presupuesto anual. Los documentos deberán ser suscritos mancomunadamente por el Secretario General y el Consejero;

e) abrir cuentas bancarias;

f) efectuar trasposiciones de partidas entre rubros y subrubros dentro del mismo grupo de un mismo programa de acuerdo con las necesidades del servicio. Asimismo, consultar y obtener el acuerdo del Presidente del Consejo Consultivo y Ejecutivo para efectuar las trasposiciones mayores previstas en el artículo 116, párrafo 13, inciso h) del Reglamento General que sean necesarias para solventar gastos importantes en situaciones de emergencia, y posteriormente someter esas trasposiciones para confirmación al Consejo Consultivo y Ejecutivo en pleno, de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo conjuntamente con cualquier otro gasto que refleje cambios importantes en los programas o grupos de gastos dentro de un mismo programa.

8. El Consejero asistirá al Secretario General, y en su ausencia lo reemplazará en sus funciones, con sus mismas atribuciones y se ocupará fundamentalmente de:

a) dirigir las tareas administrativas;

b) confeccionar los proyectos de presupuestos de la Unión;

c) establecer las cuentas anuales;

d) colaborar con el Secretario General en las actividades de estudios y cooperación técnica.

Artículo 120

Personal de la Secretaría General

1. El personal que presta sus servicios en la Secretaría General será de dos clases:

a) de servicios profesionales;

b) de servicios generales.

2. El Congreso, a propuesta del Secretario General, fijará por resolución la plantilla de personal permanente tanto en la categoría profesional como de servicios generales y, tentativamente, el no permanente de una y otra clase, este último en base a los trabajos que deban realizarse.

Artículo 121

Jubilaciones y pensiones del personal de la Secretaría General de la Unión

Las jubilaciones y pensiones del personal de la Secretaría General serán pagadas del fondo propio que para tal objeto tiene destinada la misma. En el caso de que dicho fondo fuese insuficiente, serán pagadas conforme al párrafo 2 del artículo 128 de este Reglamento.

Artículo 122

Colaboración con la Secretaría General de la Unión

Las Administraciones de los Países miembros podrán enviar por el tiempo indispensable, funcionarios técnicos para colaborar en la realización de trabajos especiales a la Secretaría General de la Unión, cuando ésta lo requiera en casos notoriamente justificados.

CAPITULO IV
Autoridad de alta inspección

Artículo 123

Deberes del Gobierno del País sede

Para facilitar el funcionamiento de la Secretaría General y de los otros órganos de la Unión, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay:

a) otorgará los privilegios e inmunidades que establece el artículo 8 de la Constitución de la Unión;

b) adelantará los fondos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría General;

c) adoptará toda otra medida necesaria para el cumplimiento de los cometidos de la Secretaría General.

Artículo 124

Atribuciones de la Autoridad de alta inspección

A la Administración postal de la República Oriental del Uruguay, en su carácter de Autoridad de alta inspección de la Secretaría General, le compete:

a) formular las observaciones que estime procedentes, a la Secretaría General sobre cualquier aspecto de su funcionamiento;

b) poner en conocimiento de los Países miembros el no acatamiento, por la Secretaría General, de las observaciones que le hubiere formulado en aplicación de la potestad que le confiere el inciso anterior;

c) efectuar el control a posteriori de todas las contrataciones, gastos, movimientos de fondos, pagos, asientos contables, etc., de la Secretaría General;

d) tomar las medidas convenientes para que se haga efectivo el adelanto de fondos para el funcionamiento de la Secretaría General;

e) vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presupuesto anual de gastos aprobado por el Consejo Consultivo y Ejecutivo, de acuerdo con las estipulaciones del presente Reglamento General;

f) aprobar las rendiciones de cuentas anuales de los gastos de la Secretaría General;

g) resolver, en primera instancia, los reclamos del personal de la Secretaría General, contra las decisiones que ésta dictare;

h) adoptar cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de las funciones de alta inspección.

CAPITULO V
Modificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión

Artículo 125

Proposiciones para la modificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión por el Congreso. Procedimiento

1. Las proposiciones se deben enviar a la Secretaría General con cuatro meses de anticipación a la apertura del Congreso.

2. La Secretaría General publicará las proposiciones y las distribuirá entre las Administraciones postales de los Países miembros, por lo menos tres meses antes de la fecha indicada para el comienzo de las sesiones.

3. Las proposiciones presentadas después del plazo indicado en el párrafo 1 se tomarán en consideración si fueren apoyadas por dos Administraciones como mínimo. Se exceptúan las de orden redaccional, que deberán ostentar en el encabezamiento de la letra "R", y que pasarán directamente a la Comisión de Redacción.

Artículo 126

Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al Reglamento General, a las Resoluciones y a las Recomendaciones

1. Para que tengan validez las proposiciones sometidas al Congreso y relativas al presente Reglamento General, a las Resoluciones y Recomendaciones, deberán ser aprobadas por la mayoría de los Países miembros presentes y votantes. Los dos tercios, por lo menos, de los Países miembros de la Unión deberán estar presentes o representados en el momento de la votación.

2. Se exceptúan de la regla precedente las proposiciones modificatorias del Reglamento General, relativas al funcionamiento del Congreso (Arts. 104 a 114, inclusive) las que requerirán mayoría de los dos tercios de los Países miembros de la Unión representados en el Congreso. Estas proposiciones, de ser aprobadas, entrarán en vigencia de inmediato.

CAPITULO VI
Finanzas de la Unión

Artículo 127

Presupuesto de la Unión

1. Cada Congreso fijará por Resolución el importe máximo del presupuesto para cada año durante el período quinquenal siguiente al mismo, expresado en dólares de los Estados Unidos de América y tomando como base la presentación por programas y actividades hecha por la Secretaría General. Los presupuestos aprobados regirán desde el 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.

2. La Secretaría General someterá al Consejo Consultivo y Ejecutivo el presupuesto detallado del año siguiente, así como la cuenta de gastos habidos durante el año precedente juntamente con los justificativos para su examen y, dado el caso, su aprobación.

Artículo 128

Fondo de ejecución presupuestario

1. Al final de cada ejercicio económico el total anual de los gastos, que deben sufragarse por el conjunto de los Países miembros de la Unión, será incrementado en el porcentaje que acuerde cada Congreso. Su importe se destinará al fondo de ejecución presupuestario.

2. Este fondo se aplicará, por la Secretaría General, para el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.

3. Si al finalizar un ejercicio económico, el fondo de ejecución presupuestario fuese igual o superior al total de los gastos previstos para el ejercicio siguiente, ese año no será de aplicación el incremento previsto en el párrafo primero.

Artículo 129

Contribución de los Países miembros

1. Los Países miembros contribuirán, para cubrir los gastos de la Unión, según la categoría de contribución a la cual pertenezcan. Estas categorías son:

a) categoría de 8 unidades;
b) categoría de 4 unidades;
c) categoría de 2 unidades, y
d) categoría de 1 unidad.

2. Los Países miembros pertenecerán a las siguientes categorías:

a) de 8 unidades: Argentina - Canadá - España - Estados Unidos de América - República Federativa del Brasil y Uruguay;

b) de 4 unidades: Colombia - Chile y Perú;

c) de 2 unidades: Cuba - Panamá - Paraguay - República de Suriname y República de Venezuela;

d) de 1 unidad: Bolivia - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Guatemala - Haití - Nicaragua - República Dominicana y República de Honduras.

3. Los Países miembros podrán cambiar de categoría de contribución, con la condición de que este cambio sea notificado a la Secretaría General antes de la apertura del Congreso. Esta notificación será comunicada al Congreso y el cambio de categoría se hará efectivo en la fecha de entrada en vigor de las disposiciones financieras aprobadas por el Congreso.

4. Los Países miembros sólo podrán reducir una categoría de contribución por vez. Los Países miembros que no dieren conocimiento de su deseo de reducir su categoría de contribución antes de la apertura del Congreso, serán mantenidos en la categoría a que pertenecían hasta entonces.

5. Los cambios hacia categorías superiores no tienen ninguna restricción.

Artículo 130

Fiscalización y anticipos

La Administración Postal del País sede de la Unión fiscalizará los gastos de la Secretaría General y el Gobierno del referido País hará los anticipos necesarios.

Artículo 131

Formulación de cuentas

La Secretaría General formulará, anualmente, la cuenta de los gastos de la Unión que deberá ser verificada por la Autoridad de alta inspección.

Artículo 132

Pago de cuotas contributivas

1. El presupuesto aprobado por el Consejo Consultivo y Ejecutivo será comunicado de inmediato a los Países miembros a los efectos de que éstos paguen la cuota-parte que les corresponda en dicho presupuesto. Este pago debe ser hecho antes del 30 de junio del año al cual corresponde este presupuesto. Si en definitiva no se gastase el monto total autorizado los excedentes le serán acreditados al país respectivo y se imputarán a cuenta del presupuesto siguiente.

2. Después de la fecha indicada en el párrafo anterior las cantidades adeudadas tanto respecto al presupuesto como al fondo de ejecución presupuestario, devengarán interés a razón del 5% al año, a contar del día de la expiración de dicho plazo.

CAPITULO VII
Lenguas admitidas en la Unión

Artículo 133

Lenguas

1. Los documentos de la Unión serán suministrados a las Administraciones en lengua española. Sin embargo, para la correspondencia de servicio emitida por las Administraciones postales de los Países miembros cuya lengua no sea la española, podrán emplear la propia. Excepcionalmente, el Consejo Consultivo y Ejecutivo podrá autorizar la traducción a las lenguas francesa, inglesa y portuguesa, de publicaciones que revistan interés especial para la ejecución de los servicios.

2. Para las deliberaciones de los Congresos, de la Conferencia y del Consejo, serán admitidos, además de la lengua española, el francés, el inglés y el portugués. Queda a criterio de las organizaciones de la reunión y de la Secretaría General la elección del sistema de traducción a ser empleado.

3. Los gastos que demande el servicio de interpretación correrán por cuenta de los países que soliciten ese servicio, salvo cuando se trate de países incluidos en la última categoría contributiva.

CAPITULO VIII
Disposiciones finales

Artículo 134

Vigencia y duración del Reglamento General

El presente Reglamento General entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos ochenta y seis y permanecerá vigente hasta la puesta en ejecución de las Actas del próximo Congreso.

En fe de lo cual, los Representantes Plenipotenciarios de los gobiernos de los Países miembros de la Unión Posta del las Américas y España, firman el presente Reglamento General en La Habana, capital de la República de Cuba, el día veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cinco.

(Las firmas son las que figuran entre las páginas 107 y 111 de este libro).

Resoluciones del XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España, La Habana 1985

RESOLUCIONES DEL XIII CONGRESO DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

INDICE

- Declaración postal de La Habana sobre prioridades de la UPAE para el próximo quinquenio.

I Aprobación de la Declaración postal de La Habana sobre prioridades de la UPAE para el quinquenio 1986/1990.

II Acuerdo UPU/UPAE - Acuerdos complementarios.

III Desarrollo de las actividades de cooperación técnica.

IV Realización de un Coloquio general sobre cooperación técnica.

V Establecimiento del Servicio de Correo Acelerado.

VI Estudio sobre el nivel del servicio en el correo internacional aéreo y de superficie.

VII Estudio sobre el servicio de correo certificado.

VIII Gastos terminales.

IX Publicación referente al correo vía de superficie en el ámbito de la Unión.

X Creación de sellos postales "América" con tema común.

XI Emisión de sellos postales "América" con tema común.

XII Estudio sobre intercambio de información científico-técnica.

XIII Presidencia de los Congresos.

XIV Acción conjunta de los Países miembros de la UPAE en Congresos de la UPU.

XV Denominación de los actos normativos de la Unión.

XVI Consideración preferente de los problemas técnico-postales durante los Congresos.

XVII Plantilla de personal de la Secretaría General.

XVIII Estudio "Estatuto del Personal de la Secretaría General de la UPAE".

XIX Designación del Consejero de la UPAE.

XX Fecha de cese en sus funciones del Consejero de la UPAE.

XXI Período de actuación del Secretario General de la UPAE.

XXII Presupuesto de la Unión.

XXIII Estudio sobre categorías de contribución.

XXIV financiamiento de las obligaciones a curso de la Caja de Jubilaciones.

XXV Vigencia de Resoluciones establecidas por el XII Congreso de la UPAE.

XXVI Correcciones de forma en los documentos del Congreso por parte de la Secretaría General.

XXVII Reglamento de la Secretaría General de la UPAE.

DECLARACION POSTAL DE LA HABANA SOBRE LAS PRIORIDADES DE LA UPAE
PARA EL PROXIMO QUINQUENIO

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

OIDA

la declaración del Director General de la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal en ocasión de la sesión plenaria inaugural de este Congreso sobre la situación de los Correos en la región;

CONSCIENTE

de la urgente necesidad de mejorar la calidad del servicio en la región, como así de optimizar la gestión de las Administraciones postales procurando el empleo de modernas técnicas administrativas;

CONSIDERANDO

que en la "Declaración de Hamburgo relativa al papel desempeñado por la UPU en la integración de las redes postales nacionales" se invita a las Uniones Postales restringidas a colaborar en la consecución de los objetivos fijados por dicha Declaración;

que el desarrollo del Correo Acelerado Internacional ofrece la posibilidad de prestar a los usuarios un servicio de alta calidad;

que resulta indispensable optimizar el intercambio de los despachos aéreos y de superficie entre los distintos puntos de la región;

que se ha venido observando un deterioro de la seguridad en el servicio de envíos de correspondencia y de encomiendas postales;

que resulta necesario conocer el grado de calidad del servicio que se presta en la región;

que el intercambio de información sobre temas técnicos postales ha de favorecer el desarrollo de los Correos de la Unión;

que durante el presente Congreso se han volcado los mejores esfuerzos al tratamiento de temas relacionados con las Actas y los Reglamentos de la propia Organización, en lugar de tratar los problemas postales cuya solución justifica el verdadero ser de la UPAE;

DECLARA

que la UPAE en su conjunto debe realizar todos los esfuerzos para el perfeccionamiento y desarrollo del servicio postal en la región y aumentar la calidad de las prestaciones, adoptando para ello las medidas que siguen:

- adherir a la Declaración de Hamburgo para el mejoramiento de la calidad y de la rapidez de los encaminamientos y de los intercambios postales internacionales;

- desarrollar el Correo Acelerado Internacional procurando la implantación del servicio en aquellos países que aún no lo realizan y perfeccionándolo en los que ya cuentan con él;

- procurar la expansión del transporte del correo de superficie por avión;

- crear servicios asimilables al postal aprovechando la red de oficinas con que cuenta el Correo;

- mejorar las condiciones de seguridad en el servicio de envíos de correspondencia y de encomiendas postales;

- establecer sistemas de medición de calidad del servicio postal internacional en la región;

- propender en la gestión y en la operación de los servicios postales a la implantación de los adelantos de la ciencia y de la técnica y fijar objetivos comunes de desarrollo en los países de la Unión;

- favorecer el intercambio de información sobre temas técnicos postales;

- promover en las Administraciones postales las técnicas modernas de gestión, en especial la de la planificación postal;

- intensificar la cooperación técnica y dirigirla a la solución de aquellos problemas que afecten más intensamente la calidad de los servicios en la región;

INVITA

a los Países miembros de la Unión a que en los próximos Congresos de la UPAE se aboquen definitivamente a tratar los problemas específicos del servicio postal, relegando a segundo término aquellos de tipo jurídico o reglamentario que hacen a la propia Organización;

ENCARGA

al Consejo Consultivo y Ejecutivo y a la Secretaría General que dediquen sus esfuerzos y dirijan sus actividades, en forma absolutamente prioritaria, a la identificación y solución de los problemas postales que afectan a la región, como así que hagan todo lo posible para contribuir a la concreción de los fines precitados.

RESOLUCIONES DEL XIII CONGRESO DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

RESOLUCION I

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

que durante los días 25 y 26 de marzo de 1985, el XIII Congreso de la UPAE, reunido en la ciudad de La Habana, en su séptima, octava y novena sesiones plenarias realizó un debate general sobre las prioridades de la UPAE para el próximo quinquenio;

CONSIDERANDO

que como conclusión del mencionado debate general se formuló una declaración sobre las prioridades de la Unión para el desarrollo de los Correos de la región para el quinquenio que habrá de transcurrir hasta el próximo Congreso ordinario,

RESUELVE:

Aprobar la Declaración Postal de La Habana sobre las prioridades de la Unión Postal de las Américas y España para el quinquenio 1986-1990.

RESOLUCION II*

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

que el fortalecimiento de las relaciones entre la UPU y la UPAE resulta conveniente;

que se ha sometido al Congreso la posibilidad de suscribir un Acuerdo de cooperación entre ambas Uniones;

CONSIDERANDO

que el Congreso aprobó concluir el Acuerdo de cooperación entre la UPU y la UPAE;

que de conformidad con las disposiciones actuales el Secretario General de la UPAE no está facultado para suscribir acuerdos.

RESUELVE

1 - Facultar al Secretario General de la UPAE a suscribir el Acuerdo de Cooperación entre la Unión Postal Universal y la Unión Postal de las Américas y España contenido en el Congreso - Doc. 21/Anexo 2.

2 - Facultar al Secretario General de la UPAE a concluir acuerdos complementarios basados en proyectos de cooperación técnica previamente aprobados por el Consejo Consultivo y Ejecutivo.

3 - Establecer que esta Resolución entre en vigor a partir del 14 de marzo de 1985.

RESOLUCION III

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

que es necesario establecer los principios de acción que regirán las actividades de la Unión en el campo de la cooperación técnica durante el próximo quinquenio;

CONSIDERANDO

las proposiciones concretas, como así las ideas y sugerencias aportadas por las distintas representaciones que intervinieron en los debates habidos en la Comisión 3, Cooperación Técnica, con relación a las futuras actividades de la Unión en ese campo;

los excelentes resultados obtenidos con el sistema de cooperación técnica adoptado por el Congreso de Managua, que asignó a cada País miembro una alícuota para ser utilizada con arreglo a sus reales necesidades en la materia;

la conveniencia de imprimir a estas actividades la mayor dinámica compatible con el aprovechamiento óptimo y oportuno de los recursos disponibles;

el deseo manifestado en el sentido de crear nuevas modalidades de cooperación que permitan a las Administraciones potenciar sus propios valores en el campo de la formación profesional;

RESUELVE:

Aprobar las siguientes pautas para el desarrollo de las actividades de cooperación técnica durante el período 1986-1990:

1 - Los gastos de la Unión destinados a la cooperación técnica no podrán exceder de U$S 2:225.000 para el quinquenio 1986-1990;

la cuota parte de dicho monto que corresponda a cada País miembro se establecerá sobre una base igualitaria;

el monto correspondiente a las Administraciones que eventualmente decidieran no hacer uso total o parcialmente de ese derecho, acrecerá por partes iguales al de las demás Administraciones, quedando facultado el Consejo Consultivo y Ejecutivo para aprobar la asignación de los fondos a que se renuncia para otras actividades de cooperación técnica.

2 - La formación profesional se estructurará sobre la base de los cursos que dicten las Escuelas nacionales de capacitación de las Administraciones postales que reciban becarios de otros países.

3 - La cooperación técnica que se brinde a las Administraciones postales para la creación y desarrollo de sus escuelas nacionales, o para asegurar el dictado regular de sus cursos si fuere el caso, incluirá el dictado por el Consultor del curso inicial de formación.

La asistencia podrá incluir la provisión de equipos didácticos y otros materiales de enseñanza.

4 - En casos debidamente fundados que ofrezcan, a juicio de la Secretaría General, las adecuadas garantías en cuanto a capacidad profesional y docente, las Administraciones podrán solicitar hacer uso de su alícuota de cooperación técnica para contribuir a financiar la realización de cursos nacionales de nivel medio destinados a sus propios funcionarios. La ejecución de estos cursos será supervisada por la Unión por intermedio de la Secretaría General. La cooperación se limitará a la provisión de equipos y material de enseñanza, al pago de profesores, pasajes para desplazamiento de los alumnos y viáticos de los mismos.

Los fondos actualmente acumulados por concepto de la alícuota de cooperación técnica podrán destinarse a los fines contemplados en esta disposición en forma inmediata una vez aceptada la respectiva solicitud.

5 - Las pasantías deberán desarrollarse sobre la base de un programa previamente acordado entre la Administración solicitante y la receptora del pasante. Dicho programa incluirá el esquema programático a que se ceñirá su desarrollo, el que comprenderá prácticas en las tareas de ejecución y de supervisión o dirección en el sector de actividad a que se refiere la pasantía. Su duración no podrá exceder de 60 días.

6 - La asistencia técnica operativa se prestará a través de misiones de Consultores especializados en las áreas para que se hubiere requerido. Tendrá en la medida de lo posible un acentuado carácter operativo, procurando la obtención de resultados prácticos para la mejora efectiva de los servicios. Su duración no podrá en principio exceder de tres meses.

Asimismo, la Unión podrá cooperar con las Administraciones postales de los Países miembros en la elaboración de proyectos para la adquisición de equipos y medios técnicos destinados a la operación postal de sus servicios. La Secretaría General velará por la correcta ejecución de dichos proyectos en las condiciones en que hayan sido aprobados por el Consejo Consultivo y Ejecutivo.

7 - Con cargo a las alícuotas de cooperación técnica de los Países interesados, la Secretaría General elaborará manuales de ejecución del servicio postal internacional, manuales de enseñanza, cursos con apoyo audiovisual, etc. Para el cumplimiento de este cometido podrá contratar los servicios de Consultores que dado el caso resulten necesarios.

8 - Se procurará formular proyectos integrales de cooperación técnica, los que podrán incluir misiones de consultoría, becas de estudio, pasantías, equipamiento de escuelas, etc.

9 - Los programas de actividades de cada proyecto deberán asegurar, para el mejor logro de los objetivos perseguidos, una participación relevante de las Administraciones receptoras de los mismos.

10 - Transcurridos tres meses desde la finalización del proyecto, la Administración beneficiaria comunicará a la Secretaría General el grado de cumplimiento del mismo. Un nuevo informe será remitido al cumplirse un año de aquella fecha.

11 - La Secretaría General:

a) solicitará a las Administraciones postales suministren la nómina y antecedentes de los funcionarios en actividad o jubilados que estén en condiciones de ofrecer para cumplir misiones de consultoría en el marco de la cooperación técnica operativa y en el de la organización y desarrollo de escuelas nacionales;

b) anualmente consultará a las Administraciones postales sobre las modalidades de cooperación técnica que consideren necesario recibir en el año siguiente, dado el caso, con indicación de la Escuela o Administración que prefiere a tales efectos. Acompañará la consulta con los programas de los distintos cursos ofrecidos y una información relativa al costo de cada tipo de asistencia y a la disponibilidad con que cuenta la Administración para hacer uso de ella. Del resultado de la consulta informará al Consejo Consultivo y Ejecutivo.

c) si razones de perentoriedad aconsejaren la concreción de un proyecto sin aguardar a la siguiente reunión del Consejo Consultivo y Ejecutivo, la Secretaría General adoptará las medidas necesarias para su oportuna ejecución, informando de ello al Consejo;

d) anualmente gestionará ante la Unión Postal Universal, sobre la base del Convenio de Cooperación Técnica UPU/UPAE, la financiación de proyectos de cooperación técnica aprobados por el Consejo Consultivo y Ejecutivo para el año siguiente como parte del plan general adoptado por el Congreso para el quinquenio 1986-1990.

12 - El Consejo Consultivo y Ejecutivo y la Secretaría General adoptarán en el marco de sus respectivas competencias, todas las medidas conducentes al mejor cumplimiento de las actividades de cooperación técnica que deberán desarrollarse con ajuste a lo dispuesto en la presente resolución.

RESOLUCION IV

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

la importancia que han alcanzado los programas de cooperación técnica dentro del plan general de actividades de la Unión, a partir de las reformas adoptadas por el Congreso de Managua, y

TENIENDO EN CUENTA

que las Administraciones postales miembros tienen pocas oportunidades de medir la efectividad de los proyectos individuales de cooperación técnica de la Unión Postal de las Américas y España en forma objetiva,

RESUELVE:

1 - Que a partir del Congreso de La Habana se adopte como política de la Unión la realización de un Coloquio General sobre Cooperación Técnica antes de que el Congreso adopte el programa de cooperación técnica de la Unión Postal de las Américas y España para el período siguiente.

2 - Que dicho Coloquio no dure más de un día, y

3 - que durante este Coloquio se estimule a cada Administración a presentar:

a) una evaluación de la efectividad de los programas de cooperación técnica de la Unión Postal de las Américas y España con que se haya beneficiado durante el período precedente, y

b) una declaración de sus necesidades previstas en cuanto a cooperación técnica para el período que sigue.

4 - Que la Secretaría General suministre una lista detallada de actividades realizadas y el programa al cual pertenecen.

RESOLUCION V

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

que muchas Administraciones postales miembros no ofrecen actualmente el Servicio de Correo Acelerado nacional ni internacional a sus clientes postales, y que las Administraciones postales miembros enfrentan una competencia cada vez mayor de parte de los servicios de correos privados que han instaurado servicios de correo acelerado a gran escala dentro de la región;

RESUELVE:

1 - Considerar el establecimiento del Servicio de Correo Acelerado entre todos los Países miembros de la Unión Postal de las Américas y España como uno de los objetivos de mayor prioridad de la Unión durante el período que media hasta el próximo Congreso.

2 - Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo que a través de la Comisión de Operaciones Postales realice acciones sobre el Correo Acelerado para:

a) promover el establecimiento del Servicio de Correo Acelerado por parte de las Administraciones postales miembros que actualmente no ofrecen el servicio;

b) promover la utilización de logotipos, colores, fórmulas y etiquetas comunes para el Correo Acelerado;

c) encargarse del intercambio de información relacionada con mercadeo y funcionamiento del Servicio de Correo Acelerado entre las Administraciones postales miembros;

d) gestionar por intermedio del Comité de Contacto UPAE/CLAUPAE la obtención de tarifas favorables que faciliten la puesta en marcha del CAI en las Administraciones.

3 - El Consejo Consultivo y Ejecutivo en sus reuniones ordinarias efectuará evaluaciones e informará a través de la Secretaría General a los Países miembros sobre el desarrollo de tan importante proyecto.

RESOLUCION VI

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

que uno de los objetivos fundamentales de la Unión Postal de las Américas y España es servir los intereses de los usuarios en todos los Países miembros;

HABIENDO NOTADO

que los usuarios del Correo de las Administraciones postales miembros de la Unión Postal de las Américas y España han expresado interés por conocer el nivel actual de servicio que recibe el correo internacional aéreo y de superficie;

TOMANDO EN CUENTA

que la Declaración de Hamburgo adoptada por el XIX Congreso de la Unión Postal Universal pidió al Consejo Ejecutivo, al Consejo Consultivo de Estudios Postales y a la Oficina Internacional que realicen estudios sobre la calidad del servicio postal en el mundo, y

que las Administraciones postales miembros de la Unión Postal de las Américas y España en la actualidad disponen de pocos medios para determinar reales expectativas de servicio para el correo aéreo y de superficie que intercambian con otras Administraciones postales miembros,

RESUELVE:

1 - Instruir al Consejo Consultivo y Ejecutivo para que, a través de su Comisión de Operaciones Postales, estudie:

a) las expectativas de entrega para el correo aéreo y de superficie entre las Administraciones postales miembros de la Unión Postal de las Américas y España por todos los métodos utilizables incluyendo una serie de expediciones de cartas de prueba;

b) los resultados de la información obtenida a través de los diferentes estudios, que podrían convertirse en fuente permanente de información sobre los niveles actuales de servicio del correo aéreo y de superficie dentro de la región de la Unión Postal de las Américas y España;

c) los resultados de estos estudios, que servirán para formular recomendaciones específicas sobre los programas de cooperación técnica para el XIV Congreso de la Unión Postal de las Américas y España con el fin de mejorar el servicio entre las Administraciones postales miembros.

2 - Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo para que, a través de su Comisión de Cooperación Técnica, emprenda acciones para el mejoramiento del servicio entre los Países miembros de acuerdo con los resultados determinados por la Comisión de Operaciones Postales.

3 - Invitar a las Administraciones postales miembros de la Unión a prestar toda su colaboración para que el Consejo Consultivo y Ejecutivo pueda tener los elementos necesarios para producir un documento real sobre la calidad de los servicios en el área.

RESOLUCION VII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

que las Administraciones postales miembros reconocen la importancia constante del servicio de correo certificado como medio de trasmitir documentos valiosos e instrumentos financieros;

que es imperativo que la integridad del servicio de correo certificado se mantenga en las Administraciones postales miembros, y

DESEANDO

mejorar la seguridad del servicio de correo certificado en las Administraciones postales miembros,

RESUELVE:

Que el Consejo Consultivo y Ejecutivo emprenda las siguientes actividades como un asunto de primera prioridad:

1 - Estudiar los posibles medios de mejorar los procedimientos para documentar el correo certificado, inclusive la transmisión electrónica de las fórmulas AV 7 entre Administraciones para mejorar la seguridad de los despachos de correo certificado.

2 - Examinar la manipulación del correo certificado por parte de las compañías áreas.

3 - Adoptar medidas para mejorar la seguridad del correo certificado dentro de la región de la UPAE, inclusive la utilización más generalizada de contenedores de seguridad.

4 - Examinar la factibilidad de ponerse en contacto con las oficinas gubernamentales no postales para comprometerlas a solucionar este problema en los países donde haya un nivel constante de rubros de envíos certificados.

RESOLUCION VIII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

El Congreso - Doc. 7, "Gastos Terminales", mediante el cual la Administración postal de Venezuela reseña el desarrollo del estudio que sobre gastos terminales relatara durante el anterior período;

CONSIDERANDO

que se plantean ante la Comisión de Operaciones Postales las alternativas de continuar o de interrumpir dicho estudio;

que el Consejo Ejecutivo de la Unión Postal Universal, por mandato del Congreso de Hamburgo, debe continuar examinando el problema de los gastos terminales (Resolución C 42);

que la UPAE no estaría en condiciones de efectuar un estudio completo sobre tema tan complejo, que requeriría recursos y disponibilidad de medios muy lejos de su alcance;

que, no obstante ello, no debe desvincularse de un problema de gran significación para los Países miembros, aunque los intereses puedan no ser coincidentes;

que el Consejo Consultivo y Ejecutivo puede ser informado por la Secretaría General y por los Países que son miembros del Consejo Ejecutivo de la UPU y al mismo tiempo del Consejo Consultivo y Ejecutivo de la UPAE, sobre la marcha del estudio en el seno de la Unión Postal Universal,

RESUELVE:

Encomendar al Consejo Consultivo y Ejecutivo de la UPAE el seguimiento de los estudios que en materia de gastos terminales se efectúen en la Unión Postal Universal y, si las circunstancias así lo aconsejan, emprender estudios y realizar actividades que ayuden a clarificar las posiciones de los Países miembros de la Unión en relación con este tema.

RESOLUCION IX

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTAS

las dificultades que presenta el intercambio del correo vía de superficie en el ámbito de la Unión;

TENIENDO EN CUENTA

la ausencia de información existente en la región en lo que a líneas de barcos, su regularidad y frecuencia se refiere, así como que la publicación sobre Líneas de Barcos de la Unión Postal Universal no satisface las necesidades específicas de nuestra región;

CONSIDERANDO

que el desarrollo técnico-económico en la región, no permite a todas sus Administraciones postales el establecimiento del régimen de encaminamiento Avión Prioridad Reducida (APR) y por consiguiente conlleva una mayor utilización de la vía de superficie.

RESUELVE:

1 - Establecer como publicación permanente de la Unión un folleto que editado una vez al año establezca, previa consulta con las Administraciones postales, hacia qué países están en condiciones de recibir despachos en tránsito señalando la vía, medio y prioridad de evacuación.

2 - Encargar a la Secretaría General de la Unión se ocupe de recopilar la información, así como de la emisión y distribución del folleto.

3 - Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo que realice un estudio dirigido al perfeccionamiento del folleto a fin de garantizar el intercambio de información en materia de encaminamientos vía de superficie.

RESOLUCION X

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTOS

los documentos Congreso - Doc. 13 y Congreso - Doc. 13/Agr. 1, "Transporte del correo de superficie por avión";

CONSIDERANDO

que el Comité de Líneas Aéreas de la Unión Postal de las Américas y España aún no ha modificado su posición respecto a la formulación de una oferta para el transporte por avión del correo de superficie;

que, no obstante ello, dicho transporte continúa siendo una de las prioridades en el área de nuestra región;

que el Congreso ha señalado como otra importante prioridad el desarrollo y perfeccionamiento del servicio de Correo Acelerado Internacional, revistiendo a esos efectos especial importancia la optimización del transporte aéreo;

que para obtener mejores resultados es conveniente establecer contactos permanentes entre los órganos de la UPAE y el mencionado Comité,

RESUELVE:

Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo la creación y puesta en funcionamiento de un Comité de Contacto UPAE/CLAUPAE con el fin de estudiar todo lo relacionado con el transporte del correo de superficie por avión y del Correo Acelerado Internacional, como así otros temas que el Consejo estime pertinentes.

RESOLUCION XI

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

el estudio UPAE/EP/014 "Emisión de sellos postales ‘América’ con tema común";

CONSIDERANDO

que de las respuestas a la consulta formulada oportunamente a los Países miembros de la Unión, surgió la opinión mayoritaria en favor de la aludida emisión de sellos postales (CCE/OP/84 - Doc. 11);

que los antecedentes existentes en el ámbito postal-filatélico tornan aconsejable la adopción de esta innovación por parte de las Administraciones postales de los Países miembros de la Unión;

que resulta aconsejable establecer las normas de procedimiento apropiadas para el logro efectivo de esta iniciativa;

TOMANDO EN CUENTA

que varios Países miembros, que han expresado su apoyo a tales sellos postales, se ven obligados a operar dentro de los límites de sus normas internas de procedimiento que regulan la emisión de sellos postales, y

que las normas establecidas deberían ser suficientemente flexibles como para estimular la participación del mayor número posible de Administraciones postales de los Países miembros en la emisión de sellos postales con tema "América",

RESUELVE:

1 - Aprobar el estudio UPAE/EP/014 "Emisión de sellos postales ‘América’ con tema común", realizado bajo la relatoría de la Administración postal argentina.

2 - Adoptar las Normas Básicas para la Emisión de sellos postales "América" con tema común, que forman parte integrante de la presente resolución.

3 - Recomendar a las Administraciones postales de los Países miembros que, en la medida en que lo permitan sus normas de procedimiento y reglamentación interna, autoricen la emisión de dichos sellos postales, de conformidad, en la medida de lo posible, con las Normas Básicas referidas en el párrafo precedente.

4 - Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo, a través de la Comisión de Operaciones Postales, efectúe el seguimiento permanente de las actividades consecuentes de la emisión y la Secretaría General intervendrá en función de órgano de enlace, asesoramiento y difusión, para la efectiva aplicación de la presente resolución.

NORMAS BASICAS Y DE RESOLUCION RELATIVAS A LA EMISION DE SELLOS POSTALES
"AMERICA" CON TEMA COMUN

1. Las presentes Normas Básicas relativas a la emisión de sellos postales con tema común "América", serán observadas, con sujeción a las normas legales y administrativas de cada país, por las Administraciones postales que decidan participar en dichas emisiones,

2. El tema para cada emisión anual será establecido por el Consejo Consultivo y Ejecutivo, previa consulta a las Administraciones postales. Con la finalidad de facilitar su inclusión en los planes de emisiones nacionales, cada tema será elegido con tres años de anticipación.

3. Las Administraciones que deseando participar, tuvieren dificultad para emitir anualmente este tipo de sellos, podrán hacerlo en los años que ello resulte posible.

4. Los temas elegidos para estas emisiones deberán contribuir a la mutua comprensión de los pueblos, a la difusión de la cultura y, de manera general, al estrechamiento de los lazos de amistad internacional.

5. Para cada tema seleccionado por el Consejo Consultivo y Ejecutivo, las Administraciones postales tienen amplia libertad de elegir el o los motivos para las viñetas de los sellos postales que emitan, salvo cuando el Consejo establezca un motivo único común. No se permitirán motivos que representen cartas geográficas. De ser posible, las viñetas deberán incluir el emblema de la Unión, de acuerdo con el siguiente diseño:


6. Las Administraciones postales adoptarán los recaudos necesarios para que sus emisiones del tema común "América" se emitan, en la medida de sus posibilidades, el 12 de octubre, aniversario del Descubrimiento de América.

7. Cada emisión constará, a decisión de la Administración postal, de uno o dos sellos postales. Uno destinado al servicio interior y otro al internacional. Sus valores faciales serán, en cuanto fuere posible, los correspondientes al franqueo ordinario del primer escalón de peso. En caso de emitirse un solo sello postal, se recomienda que su valor facial esté destinado al servicio internacional.

8. A fin de mantener las emisiones dentro de prácticas que favorezcan su prestigio, se recomienda no emitir hojitas-souvenir, hojitas-bloque u otras formas similares de presentación de sellos postales.

9. Los sellos postales que se emitan con tema común "América" deberán responder a las dimensiones establecidas en el artículo 187, párrafo 2, del Reglamento de Ejecución del Convenio Postal Universal.

10. La cantidad de sellos postales emitidos en cada valor, no deberá, en principio, ser inferior a las tiradas normales de sellos conmemorativos del País emisor.

11. Las Administraciones postales adoptarán los recaudos necesarios para evitar cualquier forma de especulación en el proceso de venta y comercialización de estos sellos postales.

12. La Secretaría General de la UPAE solicitará a las Administraciones postales el envío de sugerencias con la debida antelación a la reunión del Consejo Consultivo y Ejecutivo, a fin de que el órgano cuente con los elementos de juicio que le permitan elegir el tema para la emisión siguiente.

13. Los temas seleccionados serán comunicados de inmediato por la Secretaría General a las Administraciones postales. Si uno de los temas elegidos hubiera recaído en un motivo único común, esta comunicación incluirá también su diseño.

14. Las Administraciones postales procurarán la más amplia difusión de las emisiones del tema común "América" a través de los medios de comunicación masiva. A la vez harán conocer a la Secretaría General, por cada emisión y con una adecuada antelación, la siguiente información:

- Fecha de emisión.

- Valores emitidos.

-Viñeta de cada sello.

- Toda otra información de interés filatélico que considere oportuno aportar.

- Formas y medios para la adquisición de los sellos postales que se emitan.

- Dirección de su Servicio Filatélico.

15. La Secretaría General recopilará la información detallada en el punto anterior y la difundirá para conocimiento de las Administraciones postales.

16. Con la finalidad de evitar problemas derivados del uso indebido, por parte de particulares, del o de los símbolos que se adopten para identificar a la emisión "América", cada país participante de este programa adoptará las medidas de resguardo legal que estime conveniente.

RESOLUCION XII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTOS

los beneficios que representa para los servicios postales el contar con un medio dinámico para el intercambio de información especializada utilizando el marco de sus Congresos u otros foros a través de conferencias, debates o reuniones paralelas al mismo;

TENIENDO EN CUENTA

los resultados satisfactorios logrados en ocasión del XIX Congreso Postal Universal, Hamburgo 1984, materializado en el debate general sobre las transformaciones del Correo frente al mercado de las comunicaciones;

CONSIDERANDO

que todo Congreso de la UPAE debería insertar en su período de sesiones, conferencias, debates, simposios u otras variantes que operen en el marco del Congreso en forma sencilla y dinámica, con el fin de garantizar actividades dirigidas al conocimiento del Correo, sus logros y dificultades,

RESUELVE:

1 - Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo que realice un estudio destinado a que en el próximo Congreso se lleve a cabo un intercambio de información científico-técnica de carácter postal entre los Países miembros asistentes.

2 - Encargar a la Secretaría General que con suficiente antelación difunda entre las Administraciones postales de los Países miembros un documento con la información resultante del estudio realizado por el Consejo Consultivo y Ejecutivo, que será sometido al Congreso para que éste decida, sobre las bases establecidas en dicho documento, realizar el mencionado intercambio.

RESOLUCION XIII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

que las disposiciones adoptadas por el Congreso de Managua, 1981, respecto a la organización y funcionamiento de los Congresos no preven la forma en que habría de designar al Presidente del Congreso cuando se den las condiciones previstas en el párrafo 5 del artículo 104 del Reglamento General;

RESUELVE:

1 - Cuando un Congreso deba ser reunido sin que haya un Gobierno invitante, la Presidencia del mismo se atribuirá al País sede de la Unión si éste manifiesta su conformidad. En caso contrario, la Secretaría General de la Unión solicitará que los Países miembros presenten su candidatura para la Presidencia del Congreso, la cual se someterá al Consejo Consultivo y Ejecutivo quien designará al país que deba desempeñarla mediante votación secreta.

2 - Si se presentaran dos o más candidaturas y resultara equivalencia de votos, se recurrirá a la suerte.

3 - Si sólo hubiera un candidato, será designado sin votación.

4 - Si no hubiera ningún candidato, serán considerados como tales los Países miembros del Consejo Consultivo y Ejecutivo eligiéndose a uno de ellos por el propio Consejo, mediante votación secreta.

RESOLUCION XIV

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

que la etapa previa al Congreso de la Unión Postal Universal, de la Conferencia de la Unión, ha sido suprimida del Reglamento General;

que es necesario asignar a otro órgano de la Unión, en reemplazo de la misión que le corresponde a la Conferencia previa al Congreso de la UPU, el dictado de las pautas que permitan cumplir el objetivo de la misma, órgano que, con la suficiente antelación, estudie y proponga, tanto a las Administraciones postales de los Países miembros como a la Conferencia, las materias en las cuales considere conveniente adoptar una acción conjunta a seguir en defensa de los intereses comunes de la Unión;

TENIENDO EN CUENTA

lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la Constitución y en el párrafo 1 del artículo 115 e inciso b) del párrafo 13 del artículo 116 del Reglamento General,

RESUELVE:

1 - El Consejo Consultivo y Ejecutivo, en la reunión que celebre el año anterior al del Congreso de la Unión Postal Universal, propondrá a las Administraciones postales de los Países miembros, previo informe de la Secretaría General, las materias en las cuales estime necesario que la Unión adopte una acción conjunta a seguir en defensa de sus intereses comunes ante el citado Congreso, de acuerdo con sus propios estudios, a los efectuados por el Consejo Ejecutivo de la UPU y a las proposiciones que le hayan hecho llegar las Administraciones postales.

2 - En el año en que se celebre el Congreso de la Unión Postal Universal, el Consejo Consultivo y Ejecutivo, se reunirá antes de su inicio y, previo informe de la Secretaría General, recomendará a las Administraciones postales de los Países miembros, las proposiciones, enmiendas o documentos que permitan concretar una acción conjunta a seguir ante dicho Congreso, considerando el estado de los estudios señalados en el número anterior y las observaciones que hubieren presentado las Administraciones en relación a la decisión que, sobre esta materia, hubiere adoptado en su última reunión.

3 - Las recomendaciones que proponga el Consejo Consultivo y Ejecutivo, serán sometidas a la Conferencia de la Unión para su pronunciamiento.

RESOLUCION XV

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

el estudio llevado a cabo por el Consejo Consultivo y Ejecutivo en el precedente período de sesiones sobre la denominación de los actos normativos de la Unión,

CONSIDERANDO

que el alcance y contenido de las Resoluciones y Recomendaciones, tal como se definen en el artículo 18 de la Constitución, debe reservarse para las disposiciones adoptadas exclusivamente por los Congresos,

RESUELVE:

Los actos de la Conferencia, del Consejo Consultivo y Ejecutivo y de la Secretaría General de la Unión Postal de las Américas y España, adoptarán la forma de:

a) DECISIONES, cuando se trate de disposiciones de obligado cumplimiento para dichos órganos o para los miembros de la Unión;

b) VOTOS, cuando se trate de disposiciones desprovistas de efectos obligatorios, que expresen un deseo o una declaración de intención respecto al grado de cumplimiento de ciertas actividades.

RESOLUCION XVI

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

la cantidad de problemas que afectan los servicios postales en los Países miembros de la Unión;

TENIENDO EN CUENTA

que la Recomendación I del Congreso de Managua, 1981, instaba a las Administraciones postales de los Países miembros a presentar proposiciones de fondo con miras a que los Congresos siguientes pudiesen dedicar más tiempo a trabajos relacionados directamente con el mejoramiento de los servicios postales de la región, lo cual no ha tenido un cumplimiento satisfactorio;

CONSIDERANDO

que se ha logrado un adecuado nivel de estructura y organización de la Unión;

RESUELVE:

1 - Que los Países miembros encaminen sus esfuerzos a presentar la mayor cantidad de proposiciones tendientes a analizar problemas técnicos.

2 - Que el Congreso dedique la mayor parte de su tiempo al análisis de los problemas que afectan al servicio postal y sus soluciones.

RESOLUCION XVII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

que en el nuevo Reglamento de la Secretaría General se ha fijado la nueva estructura orgánica de la misma y las normas básicas referentes a la formación de la planilla de personal, que es preciso fijar las retribuciones correspondientes al personal que viene desempeñando los diversos trabajos de la Secretaría General y el que corresponderá percibir a quien se integre en el futuro;

TENIENDO EN CUENTA

que el artículo 28 del "Reglamento Provisional de la Secretaría General" establece los grados y escalones del personal elegido, así como del de Servicios Profesionales y de Servicios Generales; y la Resolución XXIII del Congreso de Managua que fijó los grados y escalones del personal no permanente;

VISTOS

los documentos elaborados al efecto por la Secretaría General,

RESUELVE:

1 - La planilla del personal de la Secretaría General, categorías y retribuciones inherentes a los mismos, correspondientes a plazas ocupadas actualmente se fija de la siguiente forma con los grados y escalones que se indican:

a) Personal elegido:

1 Secretario General

D

2.3

1 Consejero

P

5.1

b) Personal de Servicios Profesionales:

3 Encargados de Unidad

P

2.3

c) Personal de Servicios Generales:

3 Auxiliares administrativos taquígrafos

G

4.7

1 Mayordomo

G

1.11

2 Recepcionistas (6 horas)

G

1.1

(75%)

1 Jefe de Imprenta

G

5.6

1 Impresor Nivel I

G

4.11

1 Impresor Nivel II

G

3.10

1 Impresor Nivel III

G

2.10

1 Ayudante Nivel I

G

1.6

1 Ayudante Nivel II

G

1.2

d) Plaza a suprimir:

1 Limpiadora

G

1.4   

(70%)

(Sra. Crispina Madruga de Duarte)

Esta plaza se suprimirá en el momento en que la titular de la misma esté en condiciones de hacer valer sus derechos a la jubilación.

2 - Cualquier vacante de las reseñadas anteriormente, salvo la relativa a la letra d) que se suprime, tendrán el mismo grado si bien el escalón inicial estará siempre referido a 1, salvo en el caso de los Auxiliares administrativos taquígrafos, que partirán de 7.

3 - En todo lo que no se oponga a la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 28 del "Reglamento Provisional de la Secretaría General".

4 - Esta resolución entrará en vigor el día 1º de enero de 1986, si bien los escalones correspondientes a los grados que se indican serán de aplicación a partir de la fecha en que se cumpla el aniversario de entrada en la Secretaría General.

RESOLUCION XVIII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

que el Consejo Consultivo y Ejecutivo dirigió al Congreso los documentos Congreso - Doc. 2 y Anexos 1, 2 y 3 y Congreso - Doc. 5, conteniendo un estudio de la Administración postal chilena sobre Reglamento de la Secretaría General y Estatuto de su personal;

que igualmente diferentes Administraciones presentaron al Congreso un número considerable de proposiciones relacionadas con el tema;

CONSIDERANDO

que si bien el Congreso logró dictar el Reglamento de la Secretaría General, no pudo hacer lo mismo con el Estatuto de Personal, habida cuenta la falta de tiempo para estudiar el cúmulo de proposiciones sobre el tema;

que durante el Congreso se puso en funcionamiento un Grupo de Trabajo destinado a armonizar las diferentes proposiciones que en materia de Estatuto de Personal se habían presentado y que dicho Grupo de Trabajo consiguió armonizar muchas de las propuestas presentadas, pese a lo cual el Congreso no pudo adoptar ninguna decisión en definitiva;

que el Estatuto de Personal debe contar con disposiciones que regulen el régimen jubilatorio y pensionario del personal de la Secretaría General;

que teniendo en cuenta la crítica situación que padecía la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el Consejo Consultivo y Ejecutivo, en su Reunión de 1983, debió dictar una resolución con disposiciones de emergencia para superar la crisis;

que igualmente el Congreso de La Habana dictó la Resolución XXIV dando solución al problema planteado;

que el régimen que en el futuro rija en materia de jubilaciones y pensiones debe ser cuidadosamente estructurado con el fin de que no se produzca una nueva crisis;

que en el seno de la Comisión 4 "Estatutos y Reglamentación" se debatió el tema del Estatuto de Personal y, en especial, el de las jubilaciones y pensiones, recogiéndose en las actas respectivas las opiniones de los Países miembros concurrentes al Congreso;

que resulta indispensable que el Consejo Consultivo y Ejecutivo elabore y ponga en vigencia el Estatuto de Personal;

RESUELVE:

1 - Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo elaborar y dictar el Estatuto de Personal de la Secretaría General de la UPAE, para lo cual tendrá en cuenta:

a) Estudio UPAE/AG/002, Revisión del Reglamento de la Secretaría General;

b) las proposiciones que sobre el tema se presentaron al XIII Congreso;

c) las conclusiones del Grupo de Trabajo que se abocó a la armonización de las diferentes propuestas;

d) las opiniones vertidas por los Países miembros durante las reuniones de la Comisión 4, "Estatutos y Reglamentación", en que se trataron los temas pertinentes;

e) las conclusiones de un estudio que en materia de jubilaciones se encarga realizar a la Secretaría General en forma inmediata a través de una empresa especializada.

2 - Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo que, si de su estudio surgiera la necesidad de incorporar al Reglamento General o al Reglamento de la Secretaría General disposiciones que figuran actualmente en los diferentes proyectos de Estatuto de Personal, formule las correspondientes proposiciones al próximo Congreso.

3 - Prorrogar la vigencia de la Resolución VIII del Consejo Consultivo y Ejecutivo de 1983 hasta la entrada en vigor del Estatuto de Personal, para el caso de que ésta no se produzca antes del 31 de diciembre de 1985.

4 - Las modificaciones que en el futuro deban introducirse al Estatuto de Personal como consecuencia de los estudios que realice el Consejo Consultivo y Ejecutivo y de las propuestas que le haga la Secretaría General, serán resueltas por el propio Consejo.

5 - Hasta tanto el Consejo Consultivo y Ejecutivo ponga en vigencia el Estatuto del Personal, serán de aplicación las normas contenidas en el actual Reglamento provisional de la Secretaría General que no se opongan a las disposiciones adoptadas por el Congreso.

RESOLUCION XIX

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

la elección realizada en la sexta sesión plenaria, el día 23 de marzo de 1985;

RESUELVE:

1 - Designar, en los términos del artículo 119 del Reglamento General de la Unión, La Habana, 1985, Consejero de la Unión Postal de las Américas y España al señor Luis María Alvarado Carreño, de nacionalidad colombiano.

2 - El mencionado funcionario iniciará su gestión el 1º de enero de 1986.

RESOLUCION XX

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

que, como consecuencia de no haber sido reelegido por el Congreso el señor Miguel Angel Porras Villegas para continuar desempeñando el cargo de Consejero, se hace necesario fijar la fecha de cese en sus funciones;

que resulta imprescindible establecer la forma en que se hará efectiva la suma que le corresponde percibir con cargo al Fondo de Reserva, al no haber adquirido derecho a la jubilación;

VISTOS

el artículo 38, inciso c), del Reglamento Provisional de la Secretaría General;

la Resolución VIII del Consejo Consultivo y Ejecutivo en su reunión de 1983, en la parte correspondiente a los aportes que deben efectuar los funcionarios elegidos,

la Resolución XXIV del Congreso de La Habana, que norma el régimen de jubilaciones, pensiones y retiro del personal de la Secretaría General,

RESUELVE:

1 - Declarar como fecha del cese en sus funciones del señor Miguel Angel Porras Villegas, la del 31 de diciembre de 1985.

2 - Autorizar al Secretario General a abonar al señor Porras Villegas, por una sola vez y con cargo a las economías del ejercicio presupuestario del año en curso, una suma integrada por los siguientes conceptos:

a) por todos los aportes que se hubieren ingresado al fondo de reserva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Secretaría General por concepto de este funcionario a razón del 35% de su salario, desde la fecha de su ingreso en la Secretaría General de la Unión hasta la de su cese en la misma;

b) por todos los aportes que a razón del 10% de su salario hubiere realizado dicho funcionario desde la fecha de entrada en vigor de la Resolución VIII del Consejo Consultivo y Ejecutivo, 1983, hasta la de su cese en el servicio;

c) por los servicios capitalizados por la suma de los dos conceptos anteriores, a razón del 5% anual.

RESOLUCION XXI

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

las modificaciones introducidas por este Congreso a los artículos 104 y 120 del Reglamento General de la Unión, Managua 1981;

CONSIDERANDO

que el período entre dos Congresos ordinarios ha pasado a ser de cinco años (artículo 104 del Reglamento General, La Habana 1985);

que igualmente han variado las disposiciones en materia de elección y reelección del Secretario General y del Consejero de la Unión (artículo 119 del Reglamento General, La Habana 1985),

RESUELVE:

Establecer que el período inicial a que se refiere el artículo 119, párrafo 1, del Reglamento General, La Habana 1985, se considerará concluido para el actual Secretario General en el próximo Congreso ordinario de la Unión.

RESOLUCION XXII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

el documento Congreso - Doc. 20, Presupuesto de la Unión;

CONSIDERANDO

que en dicho documento la Secretaría General propone al Congreso los presupuestos para el quinquenio 1986-1990;

que mediante su Resolución XXIV el Congreso decidió abonar con cargo al presupuesto ordinario de la Unión las jubilaciones y pensiones causadas por Directores Generales y Consejero de la ex Oficina Internacional jubilados o fallecidos;

que en los actuales momentos para efectuar estos pagos es necesario contar con un crédito adicional de 135.000 dólares estadounidenses anuales;

que la difícil situación económica por la que atraviesan los Países miembros determina la conveniencia de no superar los topes presupuestarios establecidos para el año 1985.

RESUELVE:

1 - Los presupuestos para los años 1986, 1987, 1988, 1989, y 1990 no podrán exceder los siguientes montos anuales:

  

U$S

UPAE -  

Programas 1, 2, 4, 5 y

  

Fondo de Cooperación Técnica

1:177.569,00

Servicio de Traducción del GLEs

163.696,00

Estos montos incluyen los créditos necesarios para el pago de jubilados y pensionados mencionados en el segundo Considerando.

2 - Los créditos para atender los gastos originados por el XX Congreso de la UPU y por el XIV Congreso de la UPAE, años 1989 y 1990 respectivamente, se establecen en 70.000 dólares estadounidenses en cada caso.

3 - El Consejo Consultivo y Ejecutivo podrá autorizar sobrepasar los montos establecidos precedentemente cuando se produzcan incrementos en las retribuciones del personal activo o jubilado como consecuencia de medidas adoptadas por las Naciones Unidas aplicables en la ciudad de Montevideo.

4 - El fondo de ejecución presupuestario se constituirá con créditos adicionales anuales al 5% de los montos antes mencionados,

RESOLUCION XXIII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

que se han presentado al Congreso diferentes proposiciones destinadas a consagrar nuevas categorías de contribución para el sostenimiento de los gastos de la Unión;

CONSIDERANDO

que la introducción de una categoría de media unidad podría tentar a una desclasificación de los Países miembros;

que la mayoría de los Países miembros de la Unión padecen situación económica difícil, en especial por la carencia de las divisas que les permitan cumplir con todas las obligaciones adquiridas como miembros de la comunidad internacional;

que por ello resultaría apresurado adoptar las proposiciones mencionadas en el Visto sin contar con un estudio detallado que permita prever las consecuencias emergentes;

que el Congreso decidió no adoptar ninguna de las proposiciones presentadas, manteniendo el statu quo,

RESUELVE:

1 - Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo la realización de un estudio de las disposiciones contenidas en el artículo 129 del Reglamento General de la Unión, La Habana, 1985, Contribución de los Países miembros.

2 - Si como consecuencia del estudio resultara conveniente la modificación del texto actual, presentar al XIV Congreso las proposiciones correspondientes.

RESOLUCION XXIV

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

el documento Congreso - Doc. 15, Situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Secretaría General de la Unión Postal de las Américas y España;

el documento Congreso - Doc. 16, Planteamiento de los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Secretaría General de la UPAE;

CONSIDERANDO

que el Consejo Consultivo y Ejecutivo, en su Reunión de 1983, debió enfrentar la grave situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Secretaría General, situación que implicaba a corto plazo la cesación de pagos de las prestaciones;

que ante tal situación el Consejo Consultivo y Ejecutivo debió adoptar medidas de emergencia y provisorias ad referéndum del XIII Congreso, plasmadas en la Resolución VIII de 1983;

que las medidas adoptadas por el Consejo rindieron los resultados esperados habida cuenta de que se consiguió financiar las prestaciones hasta diciembre de 1985, lo que permitiría al Congreso actuar en relación con este problema;

que la crítica situación por la que atraviesa la Caja alcanzará su punto álgido el 31 de diciembre de 1985, fecha a partir de la cual los fondos serán insuficientes para cubrir las erogaciones consecuentes al pago a jubilados y pensionados;

que es obligación de los Países miembros afrontar y resolver este problema;

RESUELVE:

1 - Aprobar las medidas transitorias adoptadas por el Consejo Consultivo y Ejecutivo en su Resolución VIII de 1983 y mantenerlas en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1985.

2 - Adoptar las siguientes medidas en cuanto a la forma de financiar las jubilaciones y pensiones a partir del 1º de enero de 1986:

a) jubilaciones y pensiones causadas por Directores y Consejero de la ex Oficina Internacional jubilados o fallecidos: se abonarán a través del presupuesto ordinario de la Unión, a cuyos efectos se incluirá un crédito adicional de U$S 135.000 anuales;

b) jubilaciones y pensiones causadas por personal de las categorías profesional y de servicios generales: se satisfarán con cargo a la Caja, completándose las eventuales insuficiencias con cargo a los ingresos que se obtengan por el alquiler de locales del edificio de la Unión;

c) el Secretario General y el Consejero no tendrán derecho a jubilarse con cargo a la Unión; pero sí a recibir al cese en su cargo, ellos o sus causahabientes, una compensación por retiro consistente en la percepción por una sola vez de una suma compuesta por todos los aportes realizados por el funcionario y por la Unión a partir del inicio de la actuación del beneficiario en cargo de nivel superior, más los intereses capitalizados a la tasa del 5% anual. Los aportes de estos funcionarios ingresarán a un fondo especial de retiro a partir del 1º de enero de 1986, facultándose al Consejo Consultivo y Ejecutivo a encontrar las fórmulas que permitan la integración y actualización del mencionado fondo sin que ello signifique en ningún momento sobrepasar los límites presupuestarios fijados por el Congreso.

3 - La jubilación será del 70% de tantos treintavos del promedio de sueldos, jornales y ajuste por lugar de destino percibidos durante los últimos tres años, como años de servicio reconocidos posea el afiliado, no contándose los que pasen de treinta.

4 - En caso de que la aplicación del 70% afectare el monto de la jubilación de modo que el pasivo perciba una suma inferior a U$S 1.000, el quántum de su pasividad quedará fijado en esa suma.

5 - El fondo de reserva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones se formará además con el dinero que se descuente de las remuneraciones del personal de servicios profesionales y generales de la Secretaría General, por concepto de montepío, aplicando el 10% sobre los sueldos, jornales y ajuste por lugar de destino.

6 - Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de la firma de las Actas.

RESOLUCION XXV

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

la necesidad de mantener vigentes las Resoluciones adoptadas por el Congreso precedente y que no hayan perdido su razón de ser;

VISTO

que el Congreso de Managua (1981) adoptó una serie de Resoluciones que deben continuar en vigor,

RESUELVE:

Considerar vigentes las siguientes resoluciones establecidas por el XII Congreso de la UPAE:

a) Resolución I, por la que se expresa el deseo de que los Estados Unidos Mexicanos reingresen en la Unión;

b) Resolución VIII, por la que se trata de fomentar el transporte por avión de los envíos por vía de superficie;

c) Resolución XVII, por la que se autoriza a abonar un complemento de pensión a los jubilados de la Oficina de Transbordos;

d) Resolución XVIII, por la que se recuerda la necesidad de que las sumas adeudadas a la Oficina de Transbordos de Panamá se cancelen a la mayor brevedad;

e) Resolución XXV, por la que se autoriza a Nicaragua a pagar en trece anualidades el saldo de su deuda al 13 de diciembre de 1979;

f) Resolución XXVI, por la que se encarece el cumplimiento de las obligaciones financieras de los Países miembros;

g) Resolución XXVII, por la que se mantiene la obligación de remitir a la Secretaría General tres ejemplares de los sellos postales que emitan;

h) Resolución XXVIII, por la que se dan normas para la distribución de documentos y publicaciones.

RESOLUCION XXVI

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTAS

las dificultades que presentan los ajustes de las Actas definitivas y el poco tiempo de que dispone la Comisión de Redacción y la Secretaría General para efectuar el trabajo;

DESEANDO

que los "Documentos del XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España, La Habana 1985" sean publicados por la Secretaría General, en la forma más perfecta posible,

RESUELVE:

Encargar a la Secretaría General rectificar en las actas de las sesiones plenarias y de las Comisiones, así como en las Actas definitivas:

a) los errores de forma que no se señalaran al realizarse el examen de los proyectos de las Actas;

b) la remuneración de los artículos y de los párrafos, así como las referencias, cuando ello resulte necesario.

RESOLUCION XXVII

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

que es necesario que el Congreso apruebe el Reglamento de la Secretaría General;

CONSIDERANDO

que la Comisión 4, "Estatutos y Reglamentación", en base a las proposiciones que al Congreso formularan los Países miembros de la Unión en relación con dicho Reglamento presentó el correspondiente proyecto al Congreso,

RESUELVE:

Aprobar el Reglamento de la Secretaría General de la Unión Postal de las Américas y España que se anexa a la presente Resolución formando parte integrante de la misma.

ANEXO A LA RESOLUCION XXVII
- REGLAMENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

REGLAMENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

INDICE

Capítulo I
Generalidades

Art.

1. Alcance del Reglamento de la Secretaría General
2. Dirección y administración de la Secretaría General
3. Atribuciones del Secretario General
4. Consejero
5. Estructura de la Secretaría General

Capítulo II
Presupuesto y contabilidad

6. Proyecto de presupuesto
7. Período presupuestario
8. Compras y contratos de trabajo, obras o suministros
9. Enajenaciones
10. Arrendamientos

Capítulo III
Disponibilidades

11. Anticipos
12. Ingresos bancarios
13. Retiro de Fondos

Capítulo IV
Del control

14. Control general
15. Control semestral
16. Rendición de cuentas
17. Condiciones para la modificación del Reglamento de la Secretaría General

REGLAMENTO DE LA SECRETARIA DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

CAPITULO I
Generalidades

Artículo 1

Alcance del Reglamento de la Secretaría General

La organización y el funcionamiento de la Secretaría General de la Unión Postal de las Américas y España y las relaciones con el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en su carácter de País sede y con la Autoridad de alta inspección, se rigen por las disposiciones de este Reglamento, sin perjuicio de las contenidas en la Constitución y en el Reglamento General.

Artículo 2

Dirección y administración de la Secretaría General

En su organización y funcionamiento la Secretaría General constituye una unidad orgánica colocada bajo la responsabilidad y autoridad del Secretario General y del Consejero, en su condición de reemplazante de éste.

Artículo 3

Atribuciones del Secretario General

1. Al Secretario General le compete la dirección y administración de la Secretaría General de la cual es el representante legal, comprometiéndola con su firma.

2. Sin perjuicio de las atribuciones que el Reglamento General confiere al Consejo Consultivo y Ejecutivo y a la Autoridad de alta inspección, al Secretario General le compete:

a) organizar y dirigir todos los trabajos de la Secretaría General;

b) nombrar al personal de la Secretaría General;

c) conceder licencias, vacaciones, fijar días y horarios de trabajo;

d) contratar personal de las categorías profesional y de servicios generales con carácter eventual, dando cuenta al Consejo Consultivo y Ejecutivo.

e) imponer sanciones al personal de la Secretaría General, conforme a lo establecido en el Estatuto de Personal y proponer las destituciones que correspondan;

f) organizar el legajo o foja de servicios de cada empleado y ordenar las anotaciones en el mismo, previa vista al interesado;

g) preparar los proyectos de presupuesto anuales y presentarlos al Consejo Consultivo y Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento General;

h) contratar o comprometer los gastos y autorizar los pagos de la Secretaría General, previo cumplimiento de las formalidades del caso;

i) resolver acerca de las bonificaciones establecidas en el Estatuto de Personal;

j) resolver los desplazamientos del Consejero y del personal de la Secretaría General por motivos de servicio, acreditándoles los viáticos y gastos de locomoción, conforme a lo establecido por Naciones Unidas;

k) rendir cuenta a la Autoridad de alta inspección de la ejecución del presupuesto aprobado por el Consejo Consultivo y Ejecutivo;

l) elevar a la Autoridad de alta inspección las reclamaciones que los empleados de la Secretaría General interpongan contra sus decisiones;

ll) dictar los manuales de procedimiento administrativo y contable de la Secretaría General.

Artículo 4

Consejero

El Consejero asiste al Secretario General y en su ausencia lo reemplaza con sus mismas atribuciones.

Artículo 5

Estructura de la Secretaría General

1. Para el desempeño de las tareas que le están encomendadas la Secretaría General contará con las siguientes unidades:

a) Estudios y Cooperación Técnica;

b) Organos de la Unión y relaciones con las Administraciones postales;

c) Administración y Finanzas.

2. El Secretario General determinará las funciones y cometidos a desempeñar por cada una de estas unidades.

CAPITULO II
Presupuesto y Contabilidad

Artículo 6

Proyecto de presupuesto

1. El proyecto de presupuesto por programas deberá ser elaborado de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General, conteniendo información detallada y ordenada por actividades.

2. El proyecto de presupuesto contendrá en sucesivas columnas:

a) el presupuesto del ejercicio anterior;

b) el registro de los gastos reales del ejercicio anterior;

c) el presupuesto del ejercicio en curso, junto con cualquier modificación que se proponga de acuerdo con el artículo 116, párrafo 13, letra h) del Reglamento General;

d) el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente.

3. Con independencia de la exposición de motivos que acompañará al proyecto de presupuesto, se incluirán las aclaraciones y detalles necesarios para la mejor comprensión de las distintas partidas.

4. El proyecto de presupuesto debe obrar en poder de las Administraciones postales interesadas con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para el comienzo de la reunión del órgano que deba examinarlo.

Artículo 7

Período presupuestario

El ejercicio presupuestario abarcará el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 8

Compras y contratos de trabajo, obras o suministros

1. No podrá comprometerse gasto ni celebrarse contrato alguno sin que exista en el momento de contraer el compromiso, disponibilidad suficiente a tales efectos en el grupo de gastos del programa que ha de soportar la erogación ni afectar los mismos a recursos de ejercicios venideros.

2. Toda compra, así como todo contrato de trabajo, obras o suministros, se hará mediante el procedimiento de licitación pública, salvo las excepciones siguientes:

a) cuando el importe no exceda de 1.000 dólares;

b) cuando se trate de contratos que se celebren con personas jurídicas de derecho público;

c) cuando existan razones de ineludible necesidad y urgencia;

d) cuando por su naturaleza o por las circunstancias que concurran, resulte imposible o innecesario el llamado a licitación;

e) cuando se realicen en el extranjero;

f) cuando una licitación hubiere sido declarada desierta por segunda vez o cuando se hubiere efectuado un primer llamado sin la concurrencia de ningún proponente.

3. En los casos de los incisos c), d) y f), deberá recabarse la conformidad de la Autoridad de alta inspección previamente a la contratación directa. En el caso del inciso e), deberá solicitarse la colaboración de la Administración postal del país donde el trabajo se realice.

4. Queda prohibido el fraccionamiento de compras, obras, suministros o trabajos, cuyo monto dentro del ejercicio exceda del señalado por el Congreso, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2, letra a) precedente.

5. En las compras y contratos en que no se requiera la celebración de la licitación y cuyo monto sea superior a 150 dólares, deberán recabarse, por lo menos, tres cotizaciones, las cuales serán agregadas al expediente respectivo. En caso de no poder obtenerse las tres cotizaciones o de no ser conveniente seguir tal procedimiento, el Secretario General podrá resolver las adquisiciones sin necesidad de dichas tres cotizaciones.

Artículo 9

Enajenaciones

Toda enajenación a título oneroso de bienes propiedad de la Unión cuyo valor sea superior a 150 dólares, deberá hacerse en subasta o licitación pública, previa tasación pericial y acuerdo del Consejo Consultivo y Ejecutivo.

Artículo 10

Arrendamientos

Los locales disponibles del edificio sede de la Unión podrán ser arrendados por la Secretaría General, dando cuenta de ello a la Autoridad de alta inspección.

CAPITULO III
Disponibilidades

Artículo 11

Anticipos

1. En caso de necesidad, la Secretaría General recabará del Gobierno de la República Oriental del Uruguay por trimestres adelantados, los montos que precise para las atenciones presupuestarias, incluidas las cantidades destinadas al fondo de reserva para jubilaciones y pensiones.

2. Las cantidades puestas a disposición de la Secretaría General por este motivo se retirarán, de acuerdo con las necesidades del servicio, solamente mediante cheques que deberán tener la firma del Secretario General y del funcionario que esté a cargo de la Contabilidad de la Secretaría General.

Artículo 12

Ingresos bancarios

Los giros, cheques o transferencias de fondos, provenientes de los Países miembros, así como cualquier otra entrada de dinero a favor de la Secretaría General, deberán ser depositados en sus cuentas bancarias a más tardar el primer día hábil siguiente al de su recepción.

Artículo 13

Retiro de fondos

La disposición de los fondos depositados en cuenta bancaria se efectuará con las formalidades señaladas en el artículo 11, párrafo 2 de este Reglamento.

CAPITULO IV
Del control

Artículo 14

Control general

1. El control que corresponde a la Autoridad de alta inspección sobre el movimiento de fondos de la Secretaría General, será de carácter formal y material.

2. El control formal comprenderá:

a) el examen de los libros de contabilidad y de los recibos y documentos justificativos;

b) la revisión de los asientos, movimientos y transferencias contables;

c) la comprobación del efectivo, valores, cuentas bancarias, inventario y demás bienes de la Secretaría General;

d) la verificación de si las entradas y salidas son adecuadas al presupuesto aprobado;

e) cualquier otro procedimiento de control formal.

3. El control material comprende el examen de la conformidad de las entradas y salidas a las disposiciones en vigor.

Artículo 15

Control semestral

La Secretaría General efectuará estados semestrales de movimiento de fondos que serán sometidos a examen y aprobación de la Autoridad de alta inspección.

Artículo 16

Rendición de cuentas

1. Operada la clausura definitiva del ejercicio se procederá a la formulación de la rendición de cuentas, la cual comprenderá:

a) un estado de los ingresos;

b) un estado de los egresos, en el que se especificarán los legalmente autorizados, las transposiciones efectuadas, las sumas efectivamente pagadas y las sumas pendientes de pago;

c) un estado de los importes comprometidos durante el ejercicio;

d) los saldos existentes a la iniciación y a la clausura del ejercicio;

e) el resultado de la gestión total del ejercicio;

f) la explicación de todos los casos en que los gastos reales difirieron del presupuesto en forma significativa.

2. Una copia de la rendición de cuentas presentada a la Autoridad de alta inspección será enviada por la Secretaría General a las Administraciones postales de los Países miembros dentro de los tres meses desde el fin del año fiscal al cual se refieren las cuentas. Posteriormente se enviará la constancia de su aprobación o, en su defecto, las observaciones que hubiere merecido.

Artículo 17

Condiciones para la modificación del Reglamento de la Secretaría General

1. Para que tengan validez las proposiciones sometidas al Congreso, relativas al presente Reglamento, deberán ser aprobadas por la mayoría de los Países miembros representados en el Congreso. Los dos tercios de los Países miembros de la Unión deberán estar presentes en la votación.

2. Para su modificación en el intervalo de los Congresos se requiere la aprobación de los dos tercios de los Países miembros de la Unión.

En fe de lo cual los Representantes Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión Postal de las Américas y España, firman las presentes Resoluciones en La Habana, capital de la República de Cuba, el día veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cinco.

A continuación se reproducen las firmas de los delegados plenipotenciarios de los Países miembros que suscribieron en La Habana, capital de la República de Cuba, el día veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cinco:

a) el Tercer Protocolo adicional a la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España adoptada por el Congreso de Santiago en el año 1971;

b) el Reglamento General de la Unión Postal de las Américas y España;

c) las Resoluciones dictadas por el XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España.

Por Argentina

Ingeniero Elias Cherñajovsky

Por Bolivia

Doctor Ignacio Efrain Ortiz

Por Canadá

Señor Robert Michael Warren
Señor John G. Halpin
Señor André A. Joseph Fallu
Señor Germain Dubeau Adhemar

Por Colombia

Doctor Carlos Adolfo Arenas Campos
Señor Luis María Alvarado Carreño

Por Costa Rica

Licenciado Roberto Castro Chaves

Por Cuba

Señor Manuel Peña Suárez
Señora Olimpia C. Segrera Aranda
Señor Onelio Alfonso Pérez

Por Chile

Señor Patricio Delano Barrios
Señor Claudio Vicuña Zeballos

RECOMENDACION I

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

que los servicios postales de los Países miembros necesitan utilizar mejor sus energías y recursos para hacer frente cabalmente a las legítimas expectativas de sus usuarios y a la creciente presión de la competencia;

CONVENCIDO

que los planes estratégicos y operacionales que están bien concebidos, adaptados a la evolución de las circunstancias y que, bien ejecutados, constituyen la clave hacia encauces exitosos de los medios disponibles tendientes al logro de los objetivos de los servicios postales;

CONSCIENTE

que no todas las Administraciones postales de los Países miembros han desarrollado su función de planificación en la medida deseable;

RECOMIENDA:

1 - Que cada Administración postal de los Países miembros haga los esfuerzos necesarios para tener a su disposición una efectiva función de planificación, de modo de definir claramente y programar la dirección que debería tomar el desarrollo del servicio postal en ese país, de modo de atender las necesidades de los usuarios de los servicios postales internos e internacionales.

2 - Que una vez esta función de planificación esté operando totalmente, la Administración postal involucrada, utilice al máximo esa herramienta de planificación en las discusiones que apuntarán a asegurar el compromiso de las correspondientes autoridades gubernamentales en cuanto a atender plenamente los objetivos del servicio postal.

RECOMENDACION II

El XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España,

VISTO

que el Acuerdo relativo a Encomiendas Postales (Lima, 1976), artículo 2, párrafo 2, consideraba la admisión de encomiendas especiales;

VISTO

que el Congreso de Managua, 1981, modificó la estructura de las Actas de la Unión, permitiendo que estas normas se establezcan por medio de Resoluciones o Recomendaciones;

TENIENDO EN CUENTA

que el artículo 1, párrafo 1 de la Constitución señala como una de las finalidades de la Unión el intercambio recíproco de envíos en condiciones más favorables que las establecidas en la Unión Postal Universal;

CONSIDERANDO

que es necesario establecer un sistema de intercambio que permita a las Administraciones prestar su colaboración y facilitar la ayuda de los usuarios a los Países de la región afectados por siniestros de cualquier naturaleza.

RECOMIENDA:

A las Administraciones postales de los Países miembros que admitan, en la medida de sus posibilidades, encomiendas especiales, que son las destinadas a países donde hubieran ocurrido catástrofes de cualquier naturaleza, siempre que dichas encomiendas estén dirigidas a la Cruz Roja nacional o a las Comisiones de Auxilio que se establezcan para estos fines en los países afectados. Estas encomiendas estarán exentas de cualquier tasa postal y su intercambio se efectuará según lo establecido en el Acuerdo relativo a Encomiendas Postales de la Unión Postal Universal.

Por Ecuador

Arquitecto Gastón Ramírez Salcedo

Por El Salvador

Por España

Señor Gerardo Entrena Cuesta
Doctor Jaime Ascandoni Rivero
Señor Rafael Sánchez Suárez

Por Estados Unidos de América

Señor Walter E. Duka Señor Gerald L. Griffin

Por Guatemala

Por Haití

Por Nicaragua

Señor Otto Roeder Sediles
Señor José Antonio Sánchez
Señor Rafael Valdez Rodríguez

Por Panamá

Señor Oscar Isaza

Por Paraguay

Señor Antonio Souza Cunha

Por Perú

Señor Jorge Melgar Saavedra
Señor Samuel Montalván Vera

Por República Dominicana

Señor Barón A. Suero Cedeño

Por República Federativa del Brasil

Señor Antonio Souza Cunha

Por República de Honduras

Por República de Suriname

Por República de Venezuela

Licenciado Rafael Rangel Vargas

Por Uruguay

Señor Emilio Berriel
Doctor Félix Sienra

RECOMENDACIONES DEL XIII CONGRESO DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA,
LA HABANA 1985

RECOMENDACIONES DEL XIII CONGRESO DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA

INDICE

I Planificación de los servicios postales.

II Encomiendas destinadas a países donde hubieran ocurrido catástrofes.

ACUERDO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU) Y LA
UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA (UPAE)

La UNION POSTAL UNIVERSAL, de una parte
y
la UNION POSTAL DE LAS AMERICAS Y ESPAÑA, de otra parte,

CONSIDERANDO

los artículos 1 y 8 de la Constitución de la Unión Postal Universal,

CONSIDERANDO

los artículos 1 y 2 de la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España,

CONSIDERANDO

las resoluciones C 37 y C 38 del Congreso de Hamburgo 1984 y la resolución CE 6/1983 del Consejo Ejecutivo de la UPU,

DESEANDO

favorecer los objetivos de las dos Uniones en el marco de sus Actas fundamentales respectivas así como de sus resoluciones y decisiones,

CONSCIENTES

del papel importante que juegan los servicios postales en materia de comunicación y acercamiento de los pueblos,

CONVENCIDAS

de la necesidad de disponer de acuerdos técnicos que permitan una mayor eficacia especialmente en el ámbito de la cooperación técnica.

CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:

ARTICULO I

Cooperación técnica

En vista de facilitar la armonización, mejora y desarrollo de los servicios postales de la Región, la Unión Postal de las Américas y España y la Unión Postal Universal conjugarán y coordinarán sus esfuerzos propios teniendo en cuenta la política fijada por cada una de las dos Organizaciones. En el marco así definido, la UPU acordará un concurso activo a la UPAE, en función de los medios disponibles.

La Unión Postal Universal asociará a la Unión Postal de las Américas y España al análisis de la situación de conjunto de los servicios postales en la Región y al establecimiento de prioridades.

La Unión Postal Universal, igualmente asociará a la Unión Postal de las Américas y España, respetando los procedimientos establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y dentro del marco de las responsabilidades propias de la UPU, a la preparación y a la puesta en ejecución de programas y proyectos multinacionales de desarrollo de los servicios postales concernientes al conjunto de países de la Región.

La Unión Postal de las Américas y España asociará a la Unión Postal Universal a las iniciativas que ella tome en la elaboración y la ejecución de programas y proyectos de cooperación técnica en la Región.

La Unión Postal de las Américas y España y la Unión Postal Universal se suministrarán mutuamente todas las informaciones estadísticas y de otra índole, especialmente para el análisis de la situación de los servicios postales y para la elaboración de programas de desarrollo postal en la Región.

A solicitud de la Unión Postal de las Américas y España y dentro del límite de sus medios, la Unión Postal Universal puede suministrarle su concurso para la preparación de su programa de actividades operacionales que interesen al desarrollo postal de la Región.

La Unión Postal Universal y la Unión Postal de las Américas y España pueden concluir acuerdos para la elaboración de programas comunes, determinando los elementos de estos programas que serán ejecutados en función de los medios de acción propios de cada Unión y ser objeto de proposiciones precisas, respetando la política fijada por sus Organos competentes.

ARTICULO II

Intercambio de informaciones

Bajo reserva de las medidas necesarias a la salvaguardia del carácter confidencial de ciertos documentos, un intercambio lo más completo y rápido posible de informaciones y documentos será efectuado entre la Unión Postal Universal y la Unión Postal de las Américas y España.

Por otra parte, y en un deseo de coordinación, cada una de las dos Organizaciones asociará a la otra a las actividades concernientes a los servicios postales en la Región.

ARTICULO III

Ejecución del Acuerdo

En vista de aplicar el presente Acuerdo, el Director General de la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal y el Secretario General de la Unión Postal de las Américas y España, pueden concluir todos los acuerdos complementarios que puedan ser convenientes a las dos Organizaciones.

ARTICULO IV

Entrada en vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigencia después de su firma.

ARTICULO V

El presente Acuerdo puede ser revisado por vía de entendimiento entre la Unión Postal Universal y la Unión Postal de las Américas y España.

En testimonio de lo expuesto, los suscritos, representantes de la Unión Postal Universal de una parte, y de la Unión Postal de las Américas y España de otra, firman el presente Acuerdo establecido en tres ejemplares, en idiomas español y francés.

Adwaldo Cardoso Botto de Barros
Por la Unión Postal Universal
Pedro Miguel Cabero
Por la Unión Postal de las Américas y España


La Habana, 14 de marzo de 1985.

Resoluciones del Grupo Lingüístico Español

I Plantilla de personal

II Publicación en español de los documentos de la UPU

RESOLUCION I

El Grupo Lingüístico Español,

CONSIDERANDO

que el XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España, reunido en la ciudad de La Habana, Cuba, aceptó el mantenimiento en la Sede de la Unión del Servicio de Traducción al español (STEs),

que resulta necesario fijar las dotaciones del personal que ha de atender el STEs, así como sus grados y escalones retributivos,

RESUELVE:

1 - La plantilla del Servicio de Traducción al español, categorías y retribuciones inherentes al personal que presta sus servicios en el mismo, se fija de la siguiente forma con los grados y escalones que se indican:

2 Traductores

P 2.2

1 Traductora en Berna (Suiza)  

2 Dactilógrafos

G 3.3

2 - Cualquier vacante correspondiente a las plazas reseñadas anteriormente, tendrá el mismo grado si bien el escalón inicial estará siempre referido a 1.

3 - En todo lo que no se oponga a la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 28 del "Reglamento Provisional de la Secretaría General".

4 - Esta Resolución entrará en vigor el día 1º de enero de 1986, si bien los escalones correspondientes a los grados que se indican serán de aplicación a partir de la fecha en que se cumpla el aniversario de entrada al Servicio del Grupo Lingüístico.

RESOLUCION II

El Grupo Lingüístico Español en su reunión realizada con motivo del XIII Congreso de la Unión Postal de las Américas y España, celebrada en La Habana:

CONSIDERANDO

que los costos de traducción y reproducción de los documentos generados por la Unión Postal Universal se han venido incrementando considerablemente en los últimos años, afectando seriamente a las Administraciones miembros del Grupo Lingüístico Español,

que la serie de publicaciones que genera la UPU con destino a todas las Administraciones miembros obligatoriamente incluye un ejemplar en el idioma francés que continúa siendo el idioma oficial de ese organismo,

que varias Administraciones miembros del GLEs han adoptado mecanismos que facilitan la comprensión de los textos del idioma oficial de la Unión y que no necesariamente se requiere la reproducción al idioma español de todas las publicaciones emanadas de la UPU,

que el convenio UPU - UPAE, de traducción y reproducción, requiere de una revisión urgente para mejorar la calidad y celeridad de la información, así como la racionalización de los medios humanos y materiales en orden a simplificar las tareas administrativas de la Secretaría General de la UPAE,

RESUELVE:

1 - Invitar a las Administraciones miembros del GLEs a reexaminar sus reales necesidades tanto de traducción como de reproducción de publicaciones de la UPU en idioma español, reduciendo estos requerimientos a los documentos estrictamente indispensables.

2 - Encargar al Portavoz del GLEs para que previa la realización de una encuesta realice un estudio coordinado con la UPU tendiente a simplificar y reducir los costos ocasionados por este concepto, informando a las Administraciones miembros sobre sus resultados.

3 - Autorizar al Portavoz del GLEs para que tome las medidas administrativas que se consideren convenientes para el logro de los objetivos que se propone en la presente resolución.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión tiene a estudio las modificaciones a la Constitución de UPAE, el Reglamento General y las Resoluciones del XIII Congreso, realizado en La Habana, Cuba, en el año 1985.

En lo que se refiere a las modificaciones a la Constitución de UPAE, se trata de reformas parciales, en general de poca entidad, a los artículos 18 a 23 y 25 a 27.

Se ajusta y armoniza la redacción, haciendo referencia, según el caso, a las resoluciones, recomendaciones, reglamento general o protocolos.

Se amplían las disposiciones del artículo 19 sobre gastos, estableciendo que el Congreso fijará el importe máximo que podrán alcanzar anualmente los gastos de la Unión y los correspondientes a la reunión del Congreso siguiente.

En cuanto al Reglamento General que también se somete a aprobación, de acuerdo al artículo 17 inciso 2, el Reglamento es el conjunto de disposiciones que aseguran la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de UPAE. Es obligatorio para los países miembros.

El contenido se refiere a las normas sobre adhesión y retiro y los órganos. No creemos necesario detallar los trámites allí establecidos. Sí anotamos que no nos merece ninguna observación.

En cuanto a los órganos, se establece el Congreso; de lo que nos interesa destacar el artículo 105, el que determina que las delegaciones al Congreso deben estar integradas, en lo posible, por funcionarios calificados de las administraciones estatales de los países miembros. El mismo criterio se aplica en la integración del Consejo Consultivo (artículo 116).

Por el artículo 115 se crea la Conferencia en la que se examinarán las proposiciones y asuntos de mayor interés para la Unión, "a fin de determinar los procedimientos de acción conjunta a seguir".

También se crea un Consejo Consultivo y Ejecutivo de 9 miembros, así como las Comisiones que son "órganos especializados encargados de la realización de estudios y tareas que interesen a la Unión" (artículo 116 Ap. b).

Por último, se crea la Secretaría General por el artículo 118 con diversas funciones, de las que podemos anotar especialmente las referidas a reunir y distribuir los documentos e informaciones que interesen al servicio postal de la Unión, realizar encuestas, proporcionar las informaciones que le soliciten las Administraciones postales, intervenir y colaborar en los planes de cooperación técnica multilateral, etc.

En cuanto a las Resoluciones merece destacar la primera que aprueba la Declaración postal de La Habana, estableciendo algunas prioridades compartibles, en especial, los esfuerzos para perfeccionar y desarrollar el servicio postal en la región y aumentar la calidad de las prestaciones; la invitación a los países miembros a que en próximos Congresos se aboquen definitivamente a tratar los problemas específicos del servicio postal, relegando a segundo término aquellos de tipo reglamentario.

También consideramos importante lo establecido en la Resolución Tercera, que establece pautas para el desarrollo de las actividades de cooperación técnica en el período que ya finaliza (1986-90).

La Resolución Quinta que comprueba la competencia cada vez mayor de servicios de correo privados que cumplen servicios de correo acelerado a gran escala. Concluye correctamente, calificando como objetivo de mayor prioridad, la consideración de servicios de correo acelerado entre todos los países miembros de UPAE.

En las siguientes Resoluciones se expresa la intención de mejorar los procedimientos de correo certificado, el intercambio de información científico-técnica, la posibilidad de definir materias en las cuales se estime necesario una acción conjunta de los países de UPAE, en defensa de intereses comunes ante los Congresos de la misma.

No merecen especial atención las resoluciones que se refieren a aspectos administrativos internos: grados, escalafones de personal, presupuestos, jubilaciones y pensiones y reglamento de la Secretaría General.

En conclusión, las reformas de la Constitución de UPAE según el Protocolo de La Habana, no modifican los objetivos ni el alcance general de esta organización internacional. La finalidad de UPAE: extender y perfeccionar los servicios de correos en sus respectivos países, mediante la cooperación más estrecha entre sus miembros.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 1990.

Leopoldo Bruera (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Juan Carlos Blanco, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR VIERA. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA. - Los señores senadores tienen en su poder el informe de la Comisión en la que, por nuestro sector, trabajó el señor senador Bruera. Voy a tratar de ser breve a los efectos de que este proyecto de ley se apruebe, ya que es muy importante, y su consideración se vio retrasada en el Parlamento.

El artículo 1º y único de este proyecto de ley se refiere a las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas y España, que surgieron del XIII Congreso celebrado en marzo de 1985 en La Habana. Comprende el tercer Protocolo adicional a la Constitución de la UPAE que se celebrara en Santiago en 1971, el Reglamento General de la UPAE y las Resoluciones de dicho XIII Congreso.

En cuanto a las modificaciones de la constitución de UPAE, por ejemplo, se amplían las disposiciones del artículo 19 sobre gastos. Con respecto al Congreso, fijará el importe máximo anual y las que corresponden al Congreso siguiente.

Se podrían hacer algunas observaciones con respecto al artículo 20, que dice que la aprobación del Reglamento general, de los Protocolos finales y de las Resoluciones, se regirá por las reglas constitucionales de cada país signatario. Pero en el inciso siguiente se manifiesta que sin perjuicio de ello los países signatarios podrán efectuar la ratificación en forma provisional. Buscando agilitar los procedimientos, se incurre en un error. De cualquier manera, se trata de una potestad que queda sujeta a las disposiciones de nuestro Derecho Positivo. Esto, además, estaba en los textos anteriores.

En lo que refiere al Reglamento general, es el conjunto de disposiciones que aseguran la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de la UPAE. Se trata de las normas sobre adhesión y retiro de los órganos y no nos merecen observaciones.

En cuanto a los órganos, se establece el Congreso, y en el artículo 105 se determina que las delegaciones deben estar integradas en lo posible por funcionarios calificados.

A través del artículo 115 se crea la Conferencia y también un Consejo Consultivo y Ejecutivo de nueve miembros, así como las Comisiones que son órganos especializados: por medio del artículo 116 se crea la Secretaría General.

En las Resoluciones se aprueba la Declaración Postal de La Habana, estableciendo entre las prioridades, los esfuerzos por perfeccionar el servicio postal y aumentar la calidad de las prestaciones. Y la invitación a los países miembros para que en los próximos Congresos se aboquen más a los problemas específicos del Servicio Postal que a los administrativos.

Es importante la Resolución Quinta, que comprueba la competencia cada vez mayor de servicios de correos privados que cumplen funciones de correo acelerado. Con respecto a esto último, se establece que es un objetivo de la mayor prioridad de la UPAE.

Por lo tanto, y como conclusión final, las reformas de la Constitución de la UPAE no modifican los objetivos de esta organización, por lo que recomendamos la aprobación de estos documentos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley que figura en quinto término del orden del día.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

"Apruébanse las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas y España -(UPAE)- emanadas del XIII Congreso de la Unión, celebrado en La Habana, Cuba, en marzo de 1985, y que comprenden el Tercer Protocolo adicional a la Constitución de la UPAE adoptada por el Congreso de Santiago en el año 1971, el Reglamento General de la Unión Postal de las Américas y España y las Resoluciones dictadas por el XIII Congreso de la UPAE".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular el artículo único del proyecto de ley.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley y será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

21) ACUERDO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE ESPAÑA. Su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de España (Carp. Nº 1203/88 - Rep. Nº 91/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1203/88
Rep. Nº 91/90

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Ganadería,
Agricultura y Pesca

Montevideo, 3 de julio de 1990.

Señor Presidente de la Asamblea General:

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de reiterar el Mensaje de fecha 9 de agosto de 1988, que se transcribe, por el que se solicita la aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito el 4 de noviembre de 1987, por permanecer vigentes para los intereses de la República los mismos fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío.

"El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito el 4 de noviembre de 1987.

"El citado Acuerdo se establece como instrumento "marco" destinado a la ampliación de la cooperación para el desarrollo entre los dos Países, previéndose promover iniciativas conjuntas en sectores como el de la industria manufacturera y la agricultura, agroalimentaria, energía y explotación de recursos energéticos, industria de la construcción, salud, comunicación y formación de profesionales.

"La cooperación que cubre el Convenio será atendida mediante distintas formas, como ser el otorgamiento de créditos destinados a la financiación de proyectos de desarrollo, envíos de técnicos españoles al Uruguay, concesión de becas de estudio a ciudadanos uruguayos, promoción y eventualmente la subvención de equipos y materiales, participación en programas de cooperación para crear, desarrollar y fortalecer entidades profesionales de capacitación y especialización e institutos de investigación científica y tecnológica.

"En el Acuerdo se estipula que los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes serán los encargados de acordar lo relativo a las iniciativas de cooperación presentadas, estableciéndose asimismo la posibilidad cuando sea necesario de suscribir convenios específicos en los que determinarán las condiciones y planes de acción para el cumplimiento de las actividades previstas.

"El artículo seis del Acuerdo prevé el caso de que puedan ser empresas, entidades privadas o públicas de cada Parte, y de ser necesario con contratos específicos, las que sean autorizadas para emprender las acciones que demande la cooperación, facilitándose las actividades (artículo siete) de dicha cooperación comprometiéndose a brindar asistencia a las personas físicas o jurídicas, exoneración de impuestos y derechos aduaneros a la importación sobre materiales y equipos enviados a la República, facilidades para los profesionales o técnicos de las Partes en el territorio de la otra".

La enorme importancia que puede llegar a adquirir para nuestro país el intercambio técnico con el Reino de España, a efectos de la promoción del desarrollo en distintas áreas de la actividad nacional fundamenta, a juicio del Poder Ejecutivo, la reiteración del mensaje transcripto.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva, Augusto Montesdeoca, Alvaro Ramos, Alfredo Solari.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito el 4 de noviembre de 1987.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva, Augusto Montesdeoca, Alvaro Ramos, Alfredo Solari.

ACUERDO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY Y EL REINO DE ESPAÑA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de España en adelante denominados "las Partes", en expresión de su voluntad de reafirmar los vínculos de amistad que ligan los pueblos de los dos países y concordando en el deseo de intensificar las relaciones recíprocas sobre la base de la mutua concesión de ventajas a través de la ampliación de la cooperación para el desarrollo entre los dos Países, acuerdan lo siguiente:

ARTICULO 1

Las Partes se comprometen a adoptar todas las medidas tendientes a promover iniciativas conjuntas de cooperación para el desarrollo, aunando los esfuerzos que permitan asegurar el armonioso desenvolvimiento de sus relaciones.

ARTICULO 2

Las Partes promoverán la cooperación, particularmente, en los siguientes sectores: industria manufacturera y agricultura y agroalimentaria, energía y explotación de recursos energéticos, industria de la construcción, salud, comunicación y formación de profesionales.

ARTICULO 3

La cooperación prevista en este Convenio será estructurada mediante:

a) el otorgamiento de créditos particularmente ventajosos, con destino a la financiación de proyectos de desarrollo;

b) el envío al Uruguay de técnicos españoles con la finalidad de brindar apoyo en áreas operativas o de consultoría;

c) la concesión de becas de estudios o subvenciones a ciudadanos uruguayos participantes en España en cursos de capacitación o en períodos de formación profesional, entrenamiento o especialización en sectores a concordar;

d) la promoción y, eventualmente, la subvención de proyectos o estudios llevados a cabo por firmas españolas;

e) el envío de equipos, materiales y la prestación de servicios en condiciones ventajosas o a título gratuito;

f) la participación en programas de cooperación técnica con entidades u Organismos Internacionales;

g) la cooperación para crear, desarrollar y fortalecer entidades profesionales de capacitación y especialización e institutos de investigación científica e innovación tecnológica y laboratorios;

h) cualquier otra forma de cooperación acordada entre las Partes.

ARTICULO 4

Las iniciativas de cooperación para el desarrollo, que sean efectuadas en cumplimiento del presente Acuerdo, deberán acordarse entre los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 5

Para el cumplimiento de las actividades previstas por el presente Acuerdo, las Partes, cuando lo consideren necesario, podrán suscribir convenios específicos, en los cuales serán definidas las condiciones y los planes de acción, incluyendo cuando correspondan los gravámenes financieros o de otro género asociados al mismo. Para tal fin las Partes designan al Ministerio de Economía y Hacienda del Reino de España y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO 6

El cumplimiento de las acciones de cooperación previstas por el presente Acuerdo podrá ser confiado a empresas, entidades privadas o públicas y a otras organizaciones de cada Parte, con las cuales podrán estipularse de ser necesario, contratos específicos.

ARTICULO 7

Las Partes, de acuerdo con lo previsto por las respectivas legislaciones, se comprometen a brindar toda la asistencia posible a las personas físicas o jurídicas, para el desarrollo de las actividades de cooperación referidas en el presente Acuerdo.

Estarán exonerados de derechos aduaneros y de todo impuesto, tasa o tarifa vinculados a las importaciones, los equipos, implementos y materiales enviados al Uruguay y en el marco del presente Acuerdo, requeridos para la ejecución de proyectos de cooperación técnica acordados oportunamente.

Los profesionales y técnicos, que una de las Partes enviara en misión al territorio de la otra Parte en el ámbito del presente Convenio, gozarán de todas las facilidades otorgadas por el derecho del país hospedante, para el desarrollo de las actividades de cooperación.

Los profesionales y técnicos españoles en misión en Uruguay y el personal español en servicio de cooperación, gozarán del tratamiento previsto para los expertos de las Naciones Unidas por la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.

ARTICULO 8

El presente Acuerdo no perjudica las obligaciones de las dos Partes Contratantes, que se deriven de su pertenencia a Comunidades, Uniones Económicas, Grupos Regionales o Subregionales.

Las dos Partes Contratantes se reservan el derecho de proceder a eventuales consultas, con respecto a los correspondientes compromisos internacionales sin que esas consultas puedan, sin embargo, poner en discusión los objetivos fundamentales del presente Acuerdo.

ARTICULO 9

El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha de la última notificación con la cual las Partes comunican la finalización de los procedimientos previstos en el ordenamiento interno para tal fin.

El presente Acuerdo será válido por un período de tres años, renovables tácitamente, no existiendo denuncia de una de las Partes con un preaviso de por lo menos seis meses antes del vencimiento.

La denuncia del presente Acuerdo no perjudicará los derechos y las obligaciones que se deriven del Acuerdo mismo en tiempo anterior a la denuncia.

Firmado en la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de noviembre del año mil novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares originales, en idioma español, igualmente válidos ambos textos.

Por el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay
Por el Reino
de España


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se solicita la aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República y el Reino de España, suscrito el 4 de noviembre de 1987.

1. ANTECEDENTES

1.1. El Acuerdo fue suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 1987. El Poder Ejecutivo, en su anterior integración, propició la aprobación parlamentaria correspondiente, pero ello no fue posible en el curso de la Legislatura pasada. Ahora, el Poder Ejecutivo reitera dicha solicitud, por Mensaje de 3 de julio del corriente.

1.2. La cooperación entre Uruguay y España se halla regulada actualmente por el Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, de 29 de noviembre de 1974, y su Acuerdo Complementario General de Cooperación, de 4 de noviembre de 1987.

1.3. En el ámbito de esos instrumentos se han cumplido y se cumplen importantes actividades, entre otras:

a. Convenios complementarios de ejecución, en el campo de la energía atómica para usos pacíficos y de apoyo al Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial.

b. Reuniones de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, para evaluación de las actividades y determinación de prioridades y programas.

c. Programas de cooperación en áreas tales como: sector agropecuario y agroindustrial (nordeste de Canelones, Quebracho, oferta exportable agrícola, desarrollo rural, etc.); cooperativas de producción; formación de recursos humanos y actividades turísticas.

d. Instalación y funcionamiento en Montevideo de una oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para coordinar las actividades.

1.4. El nuevo acuerdo a estudio del Senado amplía el espectro de la cooperación. En efecto, las modalidades operativas del Convenio Básico son las usuales en materia de cooperación técnica y, de acuerdo con su denominación, se enfatizan los aspectos tecnológicos y científicos, por más que no se limite a ellos, como se advierte de la reseña efectuada más arriba. El nuevo acuerdo, en cambio, cubriendo esas modalidades, ingresa, además, en el área del financiamiento de proyectos y de estudio de proyectos (artículo 3, letras a y d).

2. CARACTERISTICAS GENERALES Y OPERATIVAS

2.1. Se trata de un acuerdo de los denominados "marco". Las Partes asumen el compromiso de adoptar "medidas tendientes a promover iniciativas conjuntas de cooperación para el desarrollo" (artículo 1), se señalan luego las áreas de acción (artículo 2) y se describen las formas de cooperación utilizables (artículo 3). Se deja a acuerdos específicos la instrumentación, en cada caso, de las actividades concretas que se acuerde realizar dentro del ámbito general definido (artículos 4 y 5).

2.2. Se prevé, a tales efectos, la intervención de ambos Ministerios de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía y Hacienda de España y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay. Estos organismos serán los encargados de acordar las iniciativas de cooperación y los convenios específicos en los que se definirán las condiciones y los planes de acción.

2.3. El cumplimiento de las acciones acordadas puede ser confiado a entidades públicas o privadas.

3. AREAS

Los sectores en los que se pondrá más énfasis, sin excluir otros, serán: industria manufacturera y agricultura, agroalimentario, energía y explotación de recursos energéticos, construcción, salud, comunicación y formación de profesionales.

4. ACTIVIDADES

4.1. La cooperación puede materializarse a través de una amplia gama de actividades, tales como becas; envío de técnicos, equipos y materiales; programas conjuntos con organismos internacionales; apoyo para la creación de entidades de capacitación profesional y de investigación. Las menciones tienen un carácter enunciativo y no cierran el paso a otras posibles actividades.

4.2. Junto a esas formas más usuales, se incluyen otras que exceden lo técnico y representan formas sustantivas de cooperación económica. En este sentido, se contempla el otorgamiento de créditos para financiar proyectos de desarrollo y la posibilidad de subvencionar proyectos o estudios llevados a cabo por firmas españolas.

5. REGIMEN DE GARANTIAS

Se reconoce a los técnicos españoles en el Uruguay el régimen previsto para los expertos de las Naciones Unidas y se establecen otras disposiciones para facilitar el desempeño de las actividades de cooperación. También se contempla la exoneración tributaria para la importación de equipos y materiales, en el marco del convenio.

6. EVALUACION

6.1. El Acuerdo contribuye a consolidar y a ampliar una línea de cooperación entre España y Uruguay que ya está en funcionamiento con realizaciones significativas.

6.2. Sus disposiciones son las habituales en esta clase de instrumentos. Las obligaciones que asume la República son las requeridas para hacer efectiva la cooperación, como el status jurídico de los expertos y el régimen para introducción de equipos y otros bienes en el cumplimiento de los proyectos. Desde que se trata de un acuerdo marco, cualquier obligación adicional exigirá un convenio específico ulterior.

6.3. El carácter de acuerdo marco, por otro lado, confiere gran flexibilidad y permite variar, según las circunstancias, tanto las áreas de operación como las modalidades de acción que se empleen.

6.4. Las obvias afinidades de idioma y cultura hacen particularmente propicia la cooperación técnica entre los dos países, al tiempo que la evolución económica de España derivan avances tecnológicos y experiencias adecuadas a nuestro propio grado de desarrollo y a nuestros problemas. La transferencia de tecnología se hace, así, más fácil y útil.

6.5. Cabe subrayar que la cooperación que se prevé excede las modalidades usuales y puede materializarse también a través de préstamos en condiciones ventajosas para financiar proyectos de desarrollo. En esa misma dirección se sitúa la posibilidad de que España promueva y subvencione estudios y proyectos en el Uruguay.

Tanto estas últimas modalidades como las más usuales de cooperación técnica suponen un flujo de bienes y servicios hacia el Uruguay, proporcionados por España. Aunque el acuerdo no asume formalmente, en todas sus disposiciones, un carácter asimétrico, es claro que Uruguay resulta el destinatario principal del régimen de cooperación que se establece.

6.6. No obstante esta característica, el acuerdo se basa en acciones que suponen el concierto de voluntades de las Partes e incluso la iniciativa conjunta de ellas (artículos 1, 2, 4, 5, entre otros) y, en definitiva, la ejecución concreta en el Uruguay de actividades bajo este acuerdo estará sujeto a convenios específicos.

6.7. El instrumento a estudio del Senado, además de sus rasgos propios, debe ser considerado como un elemento positivo en el conjunto de las relaciones entre Uruguay y España. Este aspecto es expresamente recogido en el preámbulo.

Esas relaciones, enraizadas en los vínculos tradicionales, son ya excelentes en los diversos órdenes y cobran cada día nuevo significado a tono con el notable desarrollo de España y con su papel en Europa y América. En tal sentido, el acuerdo se integra a una corriente de vinculaciones importantes para la República, tanto en su aspecto tradicional como en la perspectiva de la nueva dimensión europea.

En atención a las consideraciones precedentes, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Senado la sanción del proyecto de ley por el que se aprueba el acuerdo de Cooperación Técnica entre la República y el Reino de España.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 1990.

Juan Carlos Blanco (Miembro Informante), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Leopoldo Bruera, Ignacio de Posadas Montero, Reinaldo Gargano, Américo Ricaldoni, Alberto Zumarán. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR BLANCO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO. - Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, no sé si es el deseo del Senado que yo proceda a realizar un informe abreviado del texto o, en razón de que ya ha sido distribuido el Repartido, que se pase a votar directamente como se ha hecho con otros asuntos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Eso lo debe resolver el Cuerpo.

SEÑOR SANTORO. - Que se vote.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo primero y único del proyecto de ley.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º. - Apruébase el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito el 4 de noviembre de 1987".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular el artículo primero y único del proyecto.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley y será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

22) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR ARAUJO. - Pido la palabra para formular una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARAUJO. - Formulo moción en el sentido de que los restantes puntos del orden del día sean considerados en la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 58 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Blanco, Bouza, Brause, Cadenas Boix, Cassina, Cid, Cigliuti, de la Sierra, de Posadas Montero, González Modernell, Irurtia, Pérez, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Viera).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario

Don Dardo Ortiz Alonso Prosecretario - Don Guillermo Facello Prosecretario

Don Jorge Peluffo Echebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

NOTAS

* Modificado en el Congreso de La Habana, 1985. (Ver Tercer Protocolo Adicional).

* La Constitución de la Unión Postal de las Américas y España fue concluida en el Congreso de Santiago, 1971, y figura en el tomo II, 2º volumen, de los Documentos de ese Congreso. El Primer Protocolo Adicional fue adoptado en el Congreso de Lima, 1976 y el Segundo en el Congreso de Managua, 1981.

* El acuerdo de cooperación Técnica entre la UPU y la UPAE se publica en las páginas 121 a 123 de este libro.

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.