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N° 34 - TOMO 331 - 11 DE JULIO DE 1990

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLIII LEGISLATURA

33ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

y el CONTADOR DANILO ASTORI 3er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR JUAN HARAN URIOSTE Y SEÑOR MARIO FARACHIO Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR GUILLERMO FACELLO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencia de los señores senadores a las sesiones del Senado y a las distintas Comisiones del Cuerpo. (Artículo 50 del Reglamento)

- La Mesa da cuenta de la nómina correspondiente.

5) Asentamientos situados sobre el camino al Paso del Andaluz. Carencias que padecen sus pobladores

- Manifestaciones del señor senador Arana.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a OSE, UTE y a la Junta Departamental de Canelones.

6) Regiones fronterizas. Su situación económica, social y política

- Manifestaciones del señor senador Jude.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, a la Embajada de la República Federativa del Brasil y a la Intendencia y Junta Departamental de Artigas.

7) Trabajadores del metal. Su situación laboral.

- Manifestaciones del señor senador Pérez.
- Se resuelve remitir la versión taquigráfica al Ministerio de Industria y Energía.

8) Proyecto presentado

- Incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual e incapacidad superviniente (Proyecto de resolución).
- Iniciativa de los señores senadores del Frente Amplio.

9) Servicios descentralizados, se modifica el quórum requerido en sus Directorios para la enajenación de inmuebles.

- Continúa en discusión general.
- Se resuelve proponer la consideración de este proyecto y colocarlo en 5° término del orden del día.

10) Alteraciones del orden del día

- Se resuelve, por moción del señor senador Santoro, considerar en primer término el proyecto relativo a Asignaciones Familiares que figura en 5° lugar; en segundo término el relativo a feriados para la ciudad de Ombúes de Lavalle; en tercer lugar el modificativo de diversas disposiciones del Código General del Proceso; en cuarto término el que modifica el régimen vigente de feriados nacionales y en quinto lugar el modificativo del inciso 2° del artículo 1° del Decreto-Ley N° 14.982, siguiendo luego con el resto del orden del día establecido en el repartido.

12) Asignaciones Familiares. Beneficio adicional

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Ombúes de Lavalle. Feriados con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación.

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Código General del Proceso. Modificaciones

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.
- Se aprueba los artículos 1° al 9° del proyecto, trasladándose la consideración del artículo 10 del orden del día de la próxima sesión ordinaria.

15) Feriados Nacionales. Supresión

- En consideración.
- Manifestaciones de varios señores senadores.

16) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 10 de julio de 1990.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 11, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifica el inciso 2° del artículo 1° del Decreto-Ley N° 14.982, de 24 de diciembre de 1979, relacionado con el quórum requerido en los Directorios de los Servicios Descentralizados para la enajenación de inmuebles.

(Carp. N° 183/90 – Rep. N° 58/90)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2°) Por el que se modifican diversas disposiciones del Código General del Proceso.

(Carp. N° 67/90 – Rep. N° 71/90)

3°) Por el que se modifica el régimen vigente sobre feriados nacionales.

(Carp. N° 163/90 – Rep. N° 67/90)

4°) Por el que se declaran feriados para la ciudad de Ombúes de Lavalle, 11ª. Sección Judicial del departamento de Colonia, los días 1°, 2 y 3 de agosto de 1990, con motivo de los actos celebratorios del centenario de su fundación.

(Carp. N° 209/90 – Rep. N° 69/90)

5°) Por el que se concede un beneficio adicional a las asignaciones familiares para los sectores de menores recursos de la población, tanto en la actividad pública como privada.

(Carp. N° 210/90 – Rep. N° 72/90)

6°) Por el que se introducen modificaciones al Impuesto que grava la constitución de las sociedades anónimas y los aumentos de capital.

(Carp. N° 212/90 – Rep. N° 73/90)

7°) Por el que se aprueba la adhesión de la República a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

(Carp. N° 1263/88 – Rep. N° 74/90)

8°) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita el acuerdo necesario para acreditar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Francesa, al señor Diego Zorrilla de San Martín.

(Carp. N° 207/90 – Rep. N° 68/90)

9°) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar como Fiscal Letrado Departamental de Young, al Dr. Luis Artola Piñeyrúa.

(Carp. N° 185/90 – Rep. N° 66/90)

10) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (Plazo constitucional vence el 30 de agosto de 1990).

(Carp. N° 186/90 – Rep. N° 65/90)

LOS SECRETARIOS".

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Abreu, Arana, Araújo, Batalla, Belvisi, Blanco, Bouza, Brause, Bruera, Cadenas Boix, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, González Modernell, Irurtia, jude, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Posadas, Raffo, Ricaldoni, Santoro, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. – Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 2 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 11 de julio de 1990.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República por las que comunica las observaciones interpuestas a los siguientes expedientes:

De la Administración Nacional de Telecomunicaciones: relacionadas con fraccionamiento de gastos en los meses de marzo y abril de 1990.

Del Ministerio de Industria y Energía: relacionadas con pago de horas extras.

De la Administración de las Obras Sanitarias del Estado: relacionadas con la contratación directa con la firma TEYMA S.A. para la ejecución de obras de Saneamiento en la ciudad de Río Branco y con la contratación con la firma ETERNIT URUGUAYA S.A. para el suministro de caños.

Del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: relacionadas con reiteración de varias Ordenes de Entrega.

Del Ministerio del Interior: relacionada con la contratación de un Ingeniero.

De la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas: relacionadas con una contratación directa con la firma SCAM S.A. para la adquisición de bombas de vacío y repuestos y con varios gastos efectuados sin disponibilidad de rubros.

Del Ministerio de Educación y Cultura: relacionada con la inclusión de adeudos en relación de déficit gestionada por el SODRE.

Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: relacionada con la continuidad de los servicios de vigilancia en todas las dependencias del Programa Nacional de Complementación Alimentaria.

Del Ministerio de Economía y Finanzas: relacionada con reiteración de Orden de Entrega a favor de la firma CYLSA y con la contratación de dos técnicos en régimen de arrendamiento de obra.

De la Presidencia de la República (Oficina de Planeamiento y Presupuesto): relacionada con la contratación de una programadora y una secretaria de actividades de difusión.

Del Banco Hipotecario del Uruguay: relacionada con la contratación de un portero en régimen de arrendamiento de obra.

De Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea: relacionadas con la Licitación Pública para el aprovisionamiento del servicio de restaurante y confitería en los aviones y con reiteración de gastos efectuados durante los meses de marzo, abril y mayo.

Del Ministerio de Salud Pública: relacionado con la Licitación Pública N° 344/87 para el arrendamiento de dos fotocopiadoras.

De la Administración de Ferrocarriles del Estado: relacionada con pagos a técnicos que cumplen tareas en Peñarol.

- A las Comisiones de Hacienda y de Constitución y Legislación.

La Presidencia de la Asamblea General remite nota del Tribunal de Cuentas de la República comunicando la resolución adoptada, referente al Estado de Ejecución Presupuestal del Banco Hipotecario del Uruguay, correspondiente al período enero-diciembre de 1988.

- A las Comisiones de Hacienda y de Constitución y Legislación.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje de conformidad con lo establecido en las Disposiciones Transitorias y Especiales Letra M, literal a) y artículo 187 de la Constitución de la República, a los efectos de solicitar la venia para designar en el Directorio del Banco de Previsión Social en calidad de Presidente al Dr. Rodolfo Saldain y en calidad de miembros a los señores Ricardo Romero, Daoiz Jaurena Cuervo y escribano Héctor Goñi Castelao.

- A la Comisión de Asuntos Administrativos. De acuerdo con el artículo 171 del Reglamento, se reparten.

El Directorio del Banco de Previsión Social remite notas comunicando las resoluciones adoptadas por las que se efectúan refuerzos de rubros.

- Téngase presente.

El Consejo Directivo Central de la Administración Pública remite notas comunicando las resoluciones adoptadas relacionadas con la distribución de créditos presupuestales entre varios programas, con la distribución del Plan de Inversiones Públicas 1990 y adjunta fotocopia del Balance de Ejecución Presupuestal del Inciso 25, correspondiente al Ejercicio 1989.

- Téngase presente.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

Por el que se designa con el nombre "Agustín Ferreiro" la Escuela N° 34, Rural, Granja, del paraje Roldán, departamento de Lavalleja;

Por el que se designa con el nombre "J. Américo Beisso" la Escuela N° 3, de 2° grado, de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó y,

Por el que se designa con el nombre "Doctor Baltasar Brum" la Escuela N° 77 de la localidad de Baltasar Brum departamento de Artigas.

- Repártase. Inclúyanse en el orden del día de la próxima sesión.

4) INASISTENCIA DE LOS SEÑORES SENADORES A LAS SESIONES DEL SENADO Y A LAS DISTINTAS COMISIONES DEL CUERPO. (Artículo 50 del Reglamento).

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta, de acuerdo con lo establecido con el artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Senadores, de la nómina de inasistentes a las sesiones del Senado y de las distintas Comisiones.

(Se da de la siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento, la Mesa da cuenta que:

a la sesión del Senado del día de ayer, faltó sin aviso el señor senador Federico Bouza.

Y a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 10 de julio faltó con aviso el señor senador Américo Ricaldoni".

5) ASENTAMIENTOS SITUADOS SOBRE EL CAMINO AL PASO DEL ANDALUZ. Carencias que padecen sus pobladores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: días atrás concurrimos, convocados por diversas comisiones de fomento del departamento de Canelones, a una reunión de vecinos afincados en distintos asentamientos localizados sobre Camino al Paso del Andaluz, en el área próxima al límite con el departamento de Montevideo. La reunión se llevó a cabo en la denominada Villa de los Panoramas y contó con la presencia de ediles integrantes de la Junta Departamental de Canelones, abarcando un amplio espectro de las opciones políticas a nivel nacional, así como también con legisladores electos por ese mismo departamento. En ella participaron vecinos pertenecientes a las Villas Fiorito, Mauricio, Santa Rita, Lomas de Toledo, Fortuna, Mariana, Barrio Benzo y la ya citada Villa de los Panoramas. Todos esos asentamientos están situados entre el kilómetro Cero y el kilómetro 5.500 sobre el mencionado Camino al Paso del Andaluz.

De acuerdo con el Censo de 1985 se agrupan en la zona 5.635 personas. En forma prácticamente unánime, estos vecinos perciben determinadas carencias, en función de las cuales vienen efectuando reclamos. Algunas están referidas a la asistencia médica, que consideran muy insuficiente por cuanto se trata de familias mayoritariamente de muy limitados recursos. En consecuencia, se ven imposibilitados de afiliarse a ninguna mutualista, por lo que su asistencia médica depende exclusivamente del Ministerio de Salud Pública. La situación se agrava porque en algunas de esas localidades son poco frecuentes los teléfonos públicos para casos de emergencia.

Por otra parte, también se plantearon carencias en cuanto a la pavimentación, que en época de lluvias y en situaciones extremas, obligan a la gente a circular por las banquinas, ya que les resulta más seguro que hacerlo por la calle, hasta tal punto llega el mal estado de las propias calzadas. En algunas situaciones se nos ha planteado que, a causa de la mala condición de los caminos y de algunos puentes, los niños deben caminar hasta dos kilómetros y medio para asistir a clase, como en el caso de los que concurren a la escuela de Villa García.

Otras carencias no menos importantes son las relacionadas con la iluminación pública, que es prácticamente nula en todos estos barrios y villas que hemos mencionado.

Asimismo, los pobladores de esta zona deben enfrentar algunas situaciones críticas bastante sorprendentes e inhabituales, por lo menos para la mayoría de los habitantes de Montevideo. Me refiero a las perturbaciones que se originan a nivel de la convivencia familiar como consecuencia de las maniobras militares. Habida cuenta de la insuficiente seguridad en torno a estas maniobras, se han producido algunos accidentes, a nivel personal en algunos casos, y perjuicios de índole material. Un ejemplo de esto último lo constituyen las roturas de vidrios, así como las frecuentes fisuras provocadas en las mamposterías de viviendas que, con grandes dificultades y sacrificios han construido los moradores de estas villas.

La mayor parte de los problemas que se viven en estas zonas tienen su origen en los fraccionamientos de las villas, efectuados hace 35 ó 40 años, muy a menudo por empresas inescrupulosas que tervigersaron prácticamente en forma total, la Ley de Centros Poblados y realizaron acciones muy a menudo fraudulentas. Desgraciadamente, en su oportunidad, todo esto fue tolerado por las propias autoridades públicas. Ello generó, entre otras cosas, pérdidas a veces importantes de áreas cultivables próximas, precisamente, a la mayor concentración poblacional del país constituida por el área metropolitana de Montevideo.

Quiero señalar aquí que al hablar de área metropolitana de Montevideo me estoy refiriendo, particularmente, a su extensión, que ha hecho que la ciudad tenga un dimensionamiento desmedido y antieconómico, ya que genera la demanda natural de la extensión de los servicios públicos.

Por otra parte, quienes compraron predios a través de esos fraccionamientos, perciben ahora que han sido objeto de una verdadera estafa puesto que esos predios se vendían –según aducen los pobladores de la zona- con agua, luz y locomoción. Esto último resulta curioso porque parece poco probable que en una venta se puedan dar las garantías de la extensión de los servicios de locomoción que los acercarían a los centros neurálgicos próximos. Duele decir que algunas empresas, señor Presidente, se prestaron al engaño de muchas personas crédulas, seguramente forzadas, por su situación económica a buscar afincamientos en áreas afectadas pero de bajo costo.

Con respecto a la problemática que se plantea en toda esta zona, quiero destacar que el tema del transporte –además de los referentes a los servicios de luz y agua potable- es uno de los que genera mayor preocupación en tanto ocasiona costos familiares que pueden llegar a ser muy importantes en términos porcentuales con relación a los ingresos de los trabajadores allí afincados. Por ejemplo, para estas zonas tan próximas al departamento de Montevideo, el costo del boleto es prácticamente el doble del que deben abonar personas que viven a escasos kilómetros de estos afincamientos.

Además, es de destacar que existen grandes dificultades para los traslados dado que los horarios nocturnos no existen o no se cumplen. Reitero que esto ocasiona graves inconvenientes no sólo para los trabajadores sino también para los escolares y liceales.

Indudablemente, más allá de estos problemas vinculados a aspectos urbanísticos del área metropolitana a que ya hice referencia, existen graves inconvenientes con respecto a la salubridad e higiene, que preocupan grandemente a estos pobladores. Ellos demandan en primer término, el servicio básico de agua potable. Hay una carencia crónica de este servicio en muchas de las villas allí existentes. Por otro lado, existen promesas incumplidas por parte de los organismos públicos frente a las cuales se han realizado trámites interminables. En algunos casos, según se ha informado, se han extendido por 20 años las gestiones para la obtención del agua potable. De todas maneras, como se comprenderá, esto ha generado frustraciones importantes, descontentos y desconfianzas entre los pobladores, quienes aducen que han existido favoritismos con respecto a este tema. Por ejemplo, señalan que lagunas líneas planificadas y que han sido llevadas ya a la práctica, a pesar de estar a escasos metros de lagunas de las viviendas allí afincadas, éstas no contarán sin embargo, con las conexiones correspondientes, mientras que, por otro lado, se realizan extensiones que ellos consideran arbitrarias porque no estaban incluidas en los planes originalmente formulados.

Los organismos pertinentes aducen que no se pueden llevar a cabo las demandas por la inexistencia de rubros suficientes. No obstante ello, en muchos casos los vecinos –a pesar de sus escasos recursos- se han comprometido a efectuar los pagos correspondientes y aun a contribuir con su propio trabajo personal.

En algunos casos, la escasez de agua potable se hace particularmente aguda. Por ejemplo, los moradores de las villas Santa Rita y Mauricio solamente tienen posibilidad de llenar en forma muy precaria los tanques de agua haciendo funcionar los motores de bombeo únicamente dos días por semana durante aproximadamente una hora y media. Esto obedece a que la napa freática no es suficiente; si eso tiene lugar ahora, en el invierno, ¿cuál no será su situación en la época del verano? Cabe señalar que esos motores a que he hecho referencia son viejos y de difícil mantenimiento; y lo mismo sucede con las cañerías. Esto genera costos e insume el esfuerzo personal de los propios vecinos. Además, las tarifas eléctricas para el accionamiento de esos motores no son las correspondientes a los servicios domiciliarios sino que esos vecinos deben abonar tarifa comercial, hecho que se percibe como tremendamente injusto.

Quiero destacar que en esa zona habitan muchos pobladores, y nos preguntamos: si el índice de natalidad del país y del área metropolitana de Montevideo no crece, si no hay empuje demográfico, ¿cómo es posible que a fines del Siglo XX, tantos compatriotas tengan que abastecerse de agua potable –o seudo potable- a través de los servicios de aguateros que cobran aproximadamente N$ 2.000 por tanque?

A todos estos problemas se suman los inconvenientes que deben enfrentar la escuela y el liceo, que se encuentran en precaria situación. En particular la escuela debe abastecer su comedor mediante escasísimos rubros, como es de conocimiento de los integrantes de este Cuerpo.

Todos estos temas están siendo tratados por esos vecinos, que intentan manifestarse en forma organizada y responsable para superar su precaria situación.

Por las razones ya expuestas, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a OSE, a UTE, y a la Junta Departamental de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador Arana.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) REGIONES FRONTERIZAS. Su situación económica, social y política.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Jude.

SEÑOR JUDE.- Señor Presidente: Uruguay está viviendo un momento político excepcional, en el que comienza a aflorar, para su debate ante la opinión pública nacional, una agenda de temas que son de importancia vital para su presente y su futuro.

En esta oportunidad queremos llamar la atención sobre uno de ellos por supuesto no con la intención de ubicarlo en el centro del debate nacional, pero sí considerando que su discusión vale la pena en la medida en que se encuentra involucrada la defensa de nuestra soberanía.

Nos referimos concretamente a la situación económica, social y política que afecta a las regiones fronterizas con Argentina y, especialmente, con la República Federativa del Brasil.

No es la primera vez que insistimos en este tema, ya que desde la Legislatura anterior venimos reclamando la instrumentación efectiva de una política de fronteras que tenga como objeto bien definido una presencia integral en los territorios limítrofes.

Es necesario que de una buena vez los gobernantes demuestren en los hechos su intención tantas veces repetida, de lograr le desarrollo, la revitalización y la modernización de la base jurídica del estatuto fronterizo con Brasil y Argentina.

Para mencionar un tema trascendente, la eliminación de la aftosa en nuestro país está necesariamente vinculada a un entendimiento integral con las fronteras de Brasil y Argentina. Ello significaría, como beneficio para nuestro país, nada más ni nada menos que U$S 150:000.000 anuales, por los precios a que se venderían nuestras haciendas y carnes en un circuito no aftósico.

Tenemos la esperanza de que el tratamiento del tema no se limite, como hasta el presente, a la consideración de aspectos meramente jurídicos, que conforman la línea de acción de uno u otro Estado, sino que aspiramos a un análisis profundo, con mayor amplitud de criterios, que se extienda a los aspectos económicos, sociales y políticos que están inmersos en la realidad fronteriza. Asimismo, pretendemos el protagonismo de las fuerzas vivas, de los representantes de la soberanía en los distintos departamentos, de los intendentes, diputados, senadores, etcétera, cuyas iniciativas deben ser estudiadas por la infraestructura del gobierno nacional.

Deseamos también que se examine la imperiosa necesidad de garantizar la presencia activa de uruguayos en nuestras fronteras, presencia ésta que sólo es posible y perdurable en la medida en que se permita y estimule una creciente actividad económica en los medios y regiones mencionados, y que se reconduzca el patrón de población con base en una adecuada liberalización de la actividad económica de cada zona.

En su momento denunciamos la situación de marginalidad que caracterizaba a los territorios fronterizos, producto de la predominancia hegemónica de los centros de decisión nacional que residen en la capital de la República.

Señalamos también la necesidad de despertar en las regiones fronterizas una conciencia protagónica de la conducción de sus destinos.

Al mismo tiempo observamos que bastaba recorrer el país y acercarnos a los departamentos fronterizos, en especial a aquellos limítrofes con Brasil, para apreciar la dimensión del problema. Era y es como si uno transitara por un páramo en donde sólo encontrara pequeñas poblaciones que apenas logran sobrevivir o simplemente mojones, testigos silenciosos del abandono y de la frustración.

Es con profundo dolor que relatamos esta experiencia en razón de que consideramos que las zonas fronterizas forman parte de nuestra estructura vital y de nuestra patria.

Es por todo lo expuesto que en la anterior Legislatura impulsamos un proyecto de ley con el propósito de promover el crecimiento y el desarrollo socio – económico de los territorios de frontera. Proponíamos que ése desarrollo se declarara de interés nacional y preveíamos la instrumentación de un órgano a nivel nacional para formular, coordinar y desarrollar una política de fronteras.

En la presente Legislatura, es nuestra decisión proceder a la reformulación de aquel proyecto y comprometernos a viabilizar su aprobación realizando los contactos que sean necesarios.

Decimos esto porque días atrás, imbuidos de la determinación de impulsar toda iniciativa tendiente a lograr un directo protagonismo de los pobladores fronterizos en los temas que nos convocan, asistimos a una importante reunión celebrada en la frontera Artigas – Quaraí, denominada "Encuentro Intercomunitario Binacional Pro Desarrollo Quaraí – Artigas", cuyos objetivos son la constitución del Comité de Frontera y la habilitación del Puente de la Concordia como puerto de importación, exportación y tránsito.

En dicha reunión, de la que participaron representantes de las fuerzas vivas de ambas ciudades, se manifestó la firma intención de constituir un Comité de Frontera, para posibilitar el desarrollo de esa zona fronteriza. Pero de acuerdo al acta de instalación de los Comités de Frontera suscrita por los Presidentes Sanguinetti y Sarney, firmada el 19 de febrero del presente año, es imprescindible el nombramiento de una autoridad consular de carrera, de nuestro país, en la ciudad de Quaraí. Por tal razón reclamamos esa nominación, además de realizar una ampliación de esa primitiva manifestación de los Gobiernos, a efectos de incluir a la zona fronteriza de Artigas – Quaraí entre los lugares a instalar Comités de Zona fronterizos, como se ha hecho anteriormente en las zonas de Chuy – Santa Victoria do Palmar, Río Branco – Yaguarón y Rivera – Santa Ana do Livramento.

En resumen, señor Presidente, desde el trascendente ámbito del Senado de la República queremos sumar nuestra voz a la de los pobladores de aquella lejana región de nuestro país con el fin de lograr, con un acendrado sentido patriótico, que se adopten las medidas necesarias por parte de nuestro Gobierno para facilitar la instalación de un Comité de Frontera en las ciudades de Artigas y Quaraí, recogiendo el anhelo de ambas poblaciones de asumir un protagonismo principal en el crecimiento de su propia región.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, a la Embajada de la República Federativa del Brasil, y a la Intendencia y a la Junta del departamento de Artigas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Jude en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se remita al Ministerio de Relaciones Exteriores, al de Economía y Finanzas, a la Embajada de la República Federativa del Brasil, y a la Intendencia y a la Junta Departamental de Artigas.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

7) TRABAJDORES DEL METAL. Su situación laboral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Pérez.

SEÑOR PEREZ.- Señor Presidente: en estos días hemos realizado una visita a la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, a efectos de conversar con sus directivos e interiorizarnos de los principales problemas que afectan a la citada organización.

Fue así que tomamos un mayor grado de conciencia, no sólo de los problemas agudos que tienen en materia salarial –que sufren también todos los trabajadores- sino además –y esto es concretamente lo que queremos plantear al Cuerpo- de las dificultades en la obtención de trabajo y de la situación precaria en que se hallan quienes se están desempeñando en esa actividad.

A vía de ejemplo, en los seis últimos meses, más de 1.200 trabajadores de este gremio han sido enviados al seguro de paro y algunos de ellos despedidos.

Por otra parte, cabe destacar la situación que se ha creado en muchas empresas en las que se ha disminuido la jornada laboral y, consecuentemente, el salario de los trabajadores.

En el país prácticamente no hay ninguna empresa en la que se pueda estar tranquilo en relación a un derecho tan importante –garantizado o por lo menos establecido en la Constitución de la República- como el derecho al trabajo. Esto afecta tanto a la industria genéricamente llamada metalúrgica como a otras ramas que de una u otra manera están vinculadas con ella, como por ejemplo la industria de la construcción.

También hay una desprotección bastante agudizada en lo que se refiere a la industria automotriz, ya que la libre importación de autos y motos armados en origen hace que más de 2.500 trabajadores de esta rama y un número similar de personas que se desempeñan en sectores vinculados a ella, se encuentren bajo la amenaza del cierre de sus empresas.

Es conocido, porque ya fue denunciado en este Cuerpo, el cierre de la empresa "Lestido" –la que se ocupa del armado de los Volskwagen- en Nueva Palmira, que fue reabierta durante treinta días para armar ochenta taxímetros del modelo "Amazon", cesando nuevamente una vez finalizado dicho trabajo. Esto dificulta la economía de esa población ya que de sus 7.000 habitantes, alrededor de 2.000 dependen directamente de esa fábrica.

En otras empresas montadoras también se plantean problemas. Por ejemplo, la fábrica de motos "Cibana" ha declarado que sólo tiene trabajo para los próximos dos meses y que, de continuar esta situación, luego tendría que ser cerrada.

Por otra parte, la situación actual ha llevado a la paralización de obras públicas, lo que apareja grandes consecuencias para el gremio de la construcción, pero también a varios sectores de la industria metalúrgica.

Esto se agrava, a su vez, por la libre importación de hierro y acero, que ya ha comenzado. Debido a esto, la producción del sector siderúrgico ha bajado aproximadamente un 50%. Prácticamente todos los trabajadores de la empresa "San Martín" han sido enviados al seguro de paro; en "Raltur" se han producido importantes despidos y se amenaza con el cierre de la empresa. en otras, que están vinculadas a la siderurgia, se habla de una drástica reducción de las ventas y, como consecuencia de ello, del número de trabajadores.

Por otra parte, hay que tener en cuenta un cambio que se ha producido en la relación con los Entes Autónomos que también afecta a varias de las empresas de la industria metalúrgica y más particularmente a aquellas que tienen que ver con la electrónica, lo que ha obligado al envío de varios trabajadores al seguro de paro. Inclusive, se habla del llamado a licitaciones con participación de firmas extranjeras. Por este motivo muchas empresas deben mandar a sus trabajadores al seguro de paro. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con "Alur" –de Canelones- que fabrica principalmente cables de aluminio y con las empresas "Mak" y "Crul" de Montevideo, que elaboran transformadores. En este caso debemos tener en cuenta que dichas empresas ya habían efectuado la producción porque tenían un convenio con UTE y de un día para el otro se encontraron con que las reglas del juego han cambiado. Como consecuencia de esto, muchos trabajadores van a la calle y algunos corren el peligro de que su empresa cierre definitivamente.

En diciembre del año pasado prácticamente cerró una de las empresas "Jonia", despidiendo a 130 trabajadores –en su mayoría mujeres- que aún no han recibido, siquiera, sus haberes.

Por otra parte, el gremio está reclamando la reapertura, en condiciones adecuadas, de "Mina Valencia". Sabemos que se considera beneficioso el régimen de intervención sostenida por el Banco de la República, porque demostró eficiencia; por consiguiente, los trabajadores estiman que el mismo debe continuar a fin de garantizar el mantenimiento de la producción en la zona.

Estimamos, también, que debería develarse el misterio que existe sobre la nueva ley de la industria automotriz –en la que se está trabajando- ya que se ha consultado a una porción de los interesados –como por ejemplo los vendedores de las empresas automotoras- mientras se mantiene en reserva para los trabajadores y aun para parte de las propias empresas, que se preguntan qué contenido tendrá la misma y quieren saber, por ejemplo, si va a significar la defunción definitiva de todo lo que en materia de industria automotriz, se fue montando a lo largo de años y de forma beneficiosa para el país, o se efectivamente representará un estímulo.

Por lo expuesto, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras se pase al Ministerio de Industria y Energía y, si fuera posible, que se enviara una respuesta inmediata en lo que tiene relación con este nuevo proyecto de ley que se está elaborando, sobre el que parecería que algunos sectores ya tienen conocimiento –incluso algo ha salido publicado en la prensa- aunque no ocurre lo mismo con los trabajadores y con las empresas más directamente involucradas en esta esfera de la producción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor senador Pérez en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras se pase al Ministerio de Industria y Energía, con el alcance expresado.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

8) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto de ley ha llegado a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Los señores senadores Arana, Araújo, Astori, Bruera, Gargano, Korzeniak y Pérez presentan, con Exposición de Motivos, un proyecto de resolución a fin de que, con opinión favorable del Cuerpo, se solicite al Poder Ejecutivo preste la iniciativa dispuesta por el artículo 86 de la Constitución de la República a un proyecto de ley que establece un régimen de prestaciones por incapacidad absoluta y permanente en el empleo o profesión habitual e incapacidad superviniente".

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Texto del proyecto:)

"PROYECTO DE RESOLUCION – INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE PARA EL
EMPLEO O PROFESION HABITUAL E INCAPACIDAD SUPERVINIENTE

EXPOSICION DE MOTIVOS

La incapacidad laboral es un riesgo previsto en nuestra legislación por dos tipos de normas, a saber: las que se derivan del régimen de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a cargo del Banco de Seguros del Estado, y las que se derivan del régimen jubilatorio a cargo del Banco de Previsión Social y las Cajas Paraestatales. Ambos regímenes son compatibles y acumulables.

Las leyes de Seguros (Nos. 10.004, 12.349) establecen rentas e indemnizaciones según los casos. En materia jubilatoria, y a este respecto rigen los Actos Institucionales 9 y 13 y el Art. 60 de la Ley Especial N° 7 y sus disposiciones reglamentarias.

En el Art. 35 del referido Acto Institucional N° 9 (con las modificaciones precitadas), literal b), se fija como "causal jubilatoria especial, la incapacidad absoluta y permanente en las siguientes situaciones: para todo trabajo (numeral 1), para el empleo o profesión habitual (numeral 2), y cuando ocurre después del cese de actividad (numeral 3). En este último caso sólo se concede si es para todo trabajo, cuando se computen diez años de servicio como mínimo, siempre que el afiliado no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro y que haya mantenido residencia en el país desde la fecha de su cese.

En el marco de una modificación global del sistema de Seguridad Social, toda esta legislación deberá ser coordinada y relacionada con el Servicio de Salud, por un lado, y con el Servicio de Empleo, por otro lado.

Sin embargo, y mientras tanto, consideramos urgente corregir graves injusticias que se producen en los casos de los numerales 2 y 3, literal b), del referido Art. 35 del A.I. N° 9 en su actual redacción, agravado el 2, por interpretaciones restrictivas aplicadas por la DGSS y el BPS.

En efecto, el Acto Institucional N° 9 determinó la temporalidad del beneficio jubilatorio en caso de incapacidad para continuar en el empleo o profesión habitual, fijándolo en dos años, término ampliado a cinco años por el Acto Inst. N° 13. Con tal falta de tecnicismo la DGSS y el BPS han fijado la duración del servicio de jubilación en función de la fecha de cese del titular: sólo dos años para los cesantes entre el 23/X/979 y el 12/X/83, y cinco años, para los cesantes desde la vigencia del Acto 13. Si jurídicamente se consideró que el término era insuficiente, y por eso se modificó, el nuevo plazo debe corresponder a todos los incapacitados para continuar en sus funciones, pues, como lo expresa el Dr. De los Campos, es una condición de goce y no de otorgamiento del derecho (ver pág. 40 de Normas Jubilatorias y de la Seguridad Social. Imprenta Vinaak – Marzo de 1985 – Montevideo).

Son numerosísimos los casos que demuestran la iniquidad de esa solución, situaciones que se reiteran continuamente en el BPS; muchos afiliados tardan en presentarse, dándose las siguientes consecuencias: se les da la incapacidad en actividad, pero han caducado ya los plazos de servicio del beneficio (que como se expresó se fijan en función del cese) o, como ha transcurrido mucho tiempo no se les data la incapacidad al cese, sino con posterioridad, y se quedan en ambos casos sin amparo alguno jubilatorio.

Por ello se propicia la reforma de los dos numerales. El beneficio debe servirse mientras dure la incapacidad que, por su carácter de permanente en general dura el resto de la vida del trabajador: ese punto se resuelve con los exámenes periódicos.

Los montos de las pasividades por incapacidad son, en general, muy bajos al haber desaparecido con el Acto Inst. N° 9 las bonificaciones de servicios que acordaban en ese caso los diversos regímenes anteriores. La reinserción en el mercado de trabajo se torna muy difícil en nuestro pequeño mercado de trabajo.

Sobre la incapacidad superviniente al cese, consideramos que debe amparar tanto para la incapacidad que imposibilite para todo trabajo como para la concerniente a la profesión o empleo habitual, exigiéndose que se computen diez años de servicios como mínimo y no ser beneficiario de otra pasividad.

Se elimina el requisito de que "haya mantenido residencia en el país desde la fecha de su cese" en razón de las diversas circunstancias que han impuesto una verdadera diáspora de uruguayos: la propia incapacidad puede haber motivado el buscar refugio en parientes o allegados radicados fuera del país. Como lo expresa el Dr. De los Campos, a cuyas expresiones en general, nos remitimos en la obra ya citada, introduce un elemento extraño a la institución de la causal, se aparte de los principios generales en materia de seguridad social, y carece de fundamento racional.

Para ambos numerales se determina que las modificaciones amparan aunque los beneficiarios hayan cesado antes de su vigencia, habida cuenta de la inicua interpretación de la DGSS y el BPS, en oportunidad de modificarse los plazos.

Consideramos:

1) que el beneficio debe amparar la incapacidad absoluta y permanente que impida continuar con el empleo o profesión habitual.

2) que no se suspenda sino en función de la recuperación de la salud.

3) Que se mantengan las normas sobre exámenes médicos periódicos, tal como los estatuye el Art. 3° del A.I. N° 9 y sus normas reglamentarias.

Por tratarse de modificación de causales, esta propuesta que formulamos, modificando lo esencialmente irracional del régimen actual, es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, según lo preceptúa el Art. 86 de la Constitución de la República.

Ello no es óbice para que el Senado, en atención a sus reglamentaciones y de acuerdo al derecho de petición ante el Poder Ejecutivo, que le es inherente, apruebe el proyecto de resolución que a continuación presentamos.

Germán Araújo, Danilo Astori, Mariano Arana, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Jaime Pérez, Leopoldo Bruera. Senadores.

1° Remítese al Poder Ejecutivo, con opinión favorable, y con solicitud de que ejerza la iniciativa que le confiere el Art. 86 de la Constitución de la República, respecto del siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Sustitúyese los numerales 2 y 3, literal B del Art. 35 del Acto Institucional N° 9 de 23 de octubre de 1979, modificados por el Art. 3 del Acto Institucional N° 13 de 12 de octubre de 1982, y por el Art. 60 de la Ley Especial N° 7 del 23 de diciembre de 1983, por los siguientes:

"2) La incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual sobrevenida en situación de actividad cualquiera sea la causa que haya originado la incapacidad.

Esta prestación se servirá por el tiempo que dure la referida incapacidad, aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el Art. 38.

3) La incapacidad laboral, absoluta y permanente para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, sobrevenida después del cese de la actividad, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios como mínimo, siempre que el afiliado no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro".

Art. 2°.- Las modificaciones precedentes amparan al beneficiario aunque haya "cesado" y configurado la causal antes de su vigencia".

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro correspondiente.

2. Estése a la oportuna devolución por parte del Poder Ejecutivo con la iniciativa pertinente.

Mariano Arana, José Germán Araújo, Danilo Astori, Leopoldo Bruera, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Jaime Pérez. Senadores".

9) SERVICIOS DESCENTRALIZADOS. Se modifica el quórum requerido en sus Directorios para la enajenación de inmuebles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primera lugar: "Proyecto de ley por el que se modifica el inciso 2° del artículo 1° del Decreto – Ley N° 14.982, de 24 de diciembre de 1979, relacionado con el quórum requerido en los Directorios de los Servicios. Descentralizados para la enajenación de inmuebles. (Carp. N° 183/90 – Rep. N° 58/90)".

(Antecedentes: ver 32ª.S.O.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general de este proyecto de ley. En la sesión del día de ayer había hecho uso de la palabra, en su calidad de miembro informante, el señor senador Cadenas Boix.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Como surge de la carpeta respectiva, en este proyecto se establece que los organismos descentralizados, o sea tanto los Servicios Descentralizados como los Entes Autónomos, pueden vender inmuebles, por mayoría simple, cumpliendo ciertos requisitos.

También se desprende de allí que ningún miembro de la Comisión presentó oposición al mismo en el momento en que la Comisión lo aprobó.

Si bien lamentablemente no hemos tenido tiempo de conversar con todos los integrantes de la Comisión, aunque lo hicimos informalmente con algunos de ellos, vamos a pedir que el proyecto vuelva a Comisión.

El procedimiento que se siguió para la aprobación de este proyecto en Comisión fue el siguiente. en esos días, la Comisión estaba particularmente atareada en el estudio de una cantidad de temas, por lo que se acordó dividir el trabajo entre aquellos proyectos que merecían un estudio especial, ya sea por razones políticas o técnicas, y aquéllos sobre los cuales existía una convicción a priori o intuitiva de que no iban a merecer un tratamiento exhaustivo. Precisamente fue en este grupo que se incluyó el presente proyecto, por lo que no fue discutido. Respecto del mismo, se dijo que era una disposición de la época del gobierno de facto, de las que se iban a dejar sin efecto a fin de que entraran en vigencia las que existían en la época de la normalidad institucional. Esto bastó para que sin un estudio sobre el contenido del tema, fuera unánimemente aprobado.

En consecuencia, dadas las razones existentes, entre ellas la de que no hubo una discusión sobre el tema, proponemos que el proyecto de ley vuelva a Comisión para poder estudiarlo más detenidamente. Esto no significa que la próxima semana no pueda estar incluido en el orden del día del Cuerpo.

En lo personal, debo aclarar que lo considero uno de los puntos a partir de los cuales el Parlamento quedó comprometido, en la Ley de Convalidación que tanto mérito tuvo, a seguir estudiando actos del período de facto, a fin de ver cuáles son los que hay que derogar. Debo decir que en aquél momento interpreté que este proyecto estaba incluido en ese rubro, pero ahora entiendo que merece alguna discusión y que, quizá, lo más adecuado sea enviarlo nuevamente a Comisión, en donde no tiene porqué permanecer por un largo período.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI.- Antes de que se hiciera uso de la palabra en relación a esta propuesta del señor senador Korzeniak, estuve conversando con él y manifiesto que estoy dispuesto a acompañarlo en su moción, no sólo por una razón de cortesía parlamentaria, sino porque siempre aparecen argumentos no manejados previamente, pero que son dignos de ser considerados. Sin embargo, y tal como ya lo señalara el señor senador Korzeniak, pienso que debería disponerse el regreso de este proyecto a Comisión en el entendido de que el martes, con informe o sin él, figurara –no sé si con esto paso por encima de la autoridad del señor Presidente del Cuerpo- en el primer o segundo punto del orden del día.

En ese sentido reitero que estoy dispuesto a acompañar lo que propone el señor senador Korzeniak en nombre de la bancada del Frente Amplio.

10) ALTERACIONES DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO.- Señor Presidente: a efectos de considerar la moción del señor senador Korzeniak, estimaríamos adecuado que se nos diera la posibilidad de modificar la ubicación de este asunto en el orden del día, postergándolo para posibilitar que el Senado entre en la consideración de los otros asuntos, dándonos el tiempo suficiente para analizar la moción del señor senador Korzeniak.

O sea que no estamos diciendo que no vamos a acompañar la moción del señor senador, sino que estamos señalando la conveniencia de que este asunto sea trasladado a otro lugar del orden del día a fin de poder analizar otros temas que están en la agenda del Senado para, en su momento, proceder a resolver sobre la moción recientemente formulada.

SEÑOR PRESIDENTE.- la Mesa advierte que parece existir asentimiento del mocionante en cuanto a lo últimamente propuesto pero, en ese caso, tendríamos que precisar en qué punto del orden del día colocamos este asunto.

SEÑOR SANTORO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SANTORO.- Nosotros haríamos moción en el sentido de modificar el orden del día colocando en primer lugar el tema referido a Asignaciones Familiares, ya que tenemos la misma preocupación del señor senador Singlet y, en segundo término, el tema relativo a los feriados en Ombúes de Lavalle. El resto seguiría como está ahora y el tema que nos ocupa y figura en primer término, lo ubicaríamos en quinto lugar, sin perjuicio de que pueda ser considerado en cualquier momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de orden presentada por el señor senador Santoro, según la cual pasaría a ocupar el 1er. Punto del orden del día el proyecto de ley relativo a Asignaciones Familiares que actualmente figura en 5° término; el segundo lugar sería ocupado por el proyecto de ley relativo a feriados para la ciudad de Ombúes de Lavalle, que actualmente está situado en 4° término; en tercer lugar estaría el proyecto de ley modificativo de diversas disposiciones del Código General del Proceso; en 4° término, figuraría el proyecto que modifica el régimen vigente de feriados nacionales; y en 5° lugar, el proyecto de ley por el que se modifica el inciso 2° del artículo 1° del Decreto – Ley N° 14.982, de 24 de diciembre de 1979. El resto del orden del día proseguiría en el orden establecido en el repartido.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

11) ASUNTO ENTRADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores senadores Ricaldoni, Cigliuti y Belvisi solicitan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución, informe de la Suprema Corte de Justicia sobre diversos aspectos de la obra del Palacio de Justicia y sobre el monto de lo gastado en el Ejercicio 1989 y en lo que transcurre del presente Ejercicio".

- Procédase como se solicita.

12) ASIGNACIONES FAMILIARES. Beneficio adicional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar de acuerdo a lo resuelto, el proyecto de ley "por el que se concede un beneficio adicional a las Asignaciones Familiares para los sectores de menores recursos de la población, tanto en la actividad pública como privada. (Carp. N° 210/90 – Rep. N° 72/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 210/90
Rep. N° 72/90

PODER EJECUTIVO
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Montevideo, 14 de junio de 1990.

Señor Presidente
De la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a consideración del Poder Legislativo, el presente proyecto de ley, por el cual se concede un beneficio adicional a las Asignaciones Familiares, para los sectores de menores recursos de la población, tanto de la actividad pública como privada.

Como ha expresado el Poder Ejecutivo y lo han manifestado sus Ministros al debatirse el Proyecto de Ajuste Fiscal, el abatimiento del déficit de las cuentas públicas, la reducción de la inflación y la obtención de la estabilidad económica son la mejor garantía para defender el beneficio de los sectores sociales de menores ingresos. No obstante, las políticas que se instrumentan en tal sentido, requieren lapsos mínimos para que se obtengan resultados. Por ello, se estima necesario brindar apoyo, otorgando a los citados sectores, un aporte mensual hasta el mes de noviembre próximo.

El propósito del Poder Ejecutivo, es conceder a partir del mes de julio próximo y hasta noviembre del corriente año, el beneficio mencionado para aquellos atributarios que tengan ingresos mensuales inferiores a cuatro salarios mínimos nacionales.

Para financiar parte de la erogación que la concesión del beneficio a otorgar ocasionará se han recibido donaciones en dinero de otros Estados.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan A. Ramírez, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva, Mariano Brito, Guillermo García Costa, Wilson Elso Goñi, Augusto Montesdeoca, Carlos Cat, Alfredo Solari, Alvaro Ramos, José Villar, Raúl Lago.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Otórgase una compensación mensual extraordinaria de N$ 8.000 (nuevos pesos ocho mil) por los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre de 1990, a quienes perciban el beneficio de la asignación familiar, sea en la actividad pública o privada y cumplan los demás requisitos establecidos en los artículos siguientes.

Art. 2°.- El citado beneficio se percibirá cualquiera sea el número de beneficiarios a cargo de los respectivos atributarios y por cada uno de aquéllos.

Art. 3°.- Sólo podrán percibir el beneficio del artículo 1° los atributarios y quienes sin serlo, sean administradores de asignación familiar, que tengan ingresos mensuales del núcleo familiar inferiores a cuatro salarios mínimos nacionales al valor vigente al mes de abril de 1990, lo que deberá ser acreditado mediante declaración jurada.

A los efectos de la aplicación de esta ley se consideran ingresos del núcleo familiar los ingresos del atributario o de quien sin serlo, sea administrador de asignación familiar, su cónyuge o concubino.

Art. 4°.- Exonérase a las declaraciones juradas necesarias para el otorgamiento del beneficio que por esta ley se concede, del timbre que, como recurso de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios estableció el artículo 23 de la Ley N° 12.997, de 28 de noviembre de 1961.

Art. 5°.- La erogación que demande la aplicación de los artículos precedentes –tanto en lo que concierne a la actividad pública como a la actividad privada- será de cargo de Rentas Generales.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Juan A. Ramírez, Héctor Gros Espiell, Enrique Braga Silva, Mariano Brito, Guillermo García Costa, Wilson Elso Goñi, Augusto Montesdeoca, Carlos Cat, Alfredo Solari, Alvaro Ramos, José Villar, Raúl Lago.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha resuelto, con el voto unánime de sus integrantes, elevar al Cuerpo aconsejando su aprobación, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se concede un beneficio adicional de Asignaciones Familiares para aquellos atributarios que tengan ingresos mensuales del núcleo familiar, inferiores a cuatro salarios mínimos nacionales.

La compensación extraordinaria que asciende a nuevos pesos 8.000 (nuevos pesos ocho mil con 00/00) se aplicará, tanto en la actividad pública como privada, en los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre; será financiada en parte con donaciones en dinero de otros Estados, y tiene como propósito brindar apoyo a los sectores de menores ingresos por lo cual esta Comisión informa favorablemente esta iniciativa.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 1990.

Manuel Singlet, (Miembro Informante), Mariano Arana, Carlos Cassina, Carlos W. Cigliuti, Pablo Millor, Jaime Pérez, Jorge Silveira Zavala. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

- En discusión general.

SEÑOR SINGLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SINGLET.- Señor Presidente: entendemos que la naturaleza de este proyecto no da lugar a una fundamentación extensa.

Hemos considerado en el seno de la Comisión que es conveniente esta iniciativa por la que el Poder Ejecutivo propone una compensación extraordinaria de N$8.000 por mes y por hijo, para los atributarios de Asignaciones Familiares que perciban ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos nacionales. Este beneficio se otorga tanto en la actividad pública como en la privada, durante cinco meses –es decir que tendrá un carácter transitorio- mientras el Poder Ejecutivo, tal como lo expresa en el Mensaje, aguarda el resultado de su política económica con el fin de reducir la inflación y lograr estabilidad.

Si bien entiendo que seguramente todos desearíamos darle un carácter general al proyecto, asimismo creo que la distribución de los recursos existentes refleja un espíritu de justicia por cuanto está dirigido a beneficiar a los sectores más carenciados.

Por todas estas razones consideramos que corresponde la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PEREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ.- No me quedaría tranquilo si no dijera que aunque estoy de acuerdo con este proyecto de ley, considero que es de una insuficiencia flagrante. La verdad sea dicha, pienso que él hubiera merecido un debate sobre el tema de las Asignaciones Familiares, recordando la época en que ellas eran percibidas también por los hijos de los trabajadores desocupados.

Actualmente, por obra de las circunstancias, este beneficio tiene una incidencia mucho menor; pero de todos modos estos N$8.000 por mes y por hijo son mejor que no percibir nada. En este sentido, lo apoyaremos.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA.- Señor Presidente: no vamos a entablar un debate –como ya lo dijo el señor senador Pérez- sobre la significación y la importancia de este proyecto de ley.

Sin perjuicio de ello, queremos decir que no se trata solamente de darle N$8.000 por mes y por hijo a cada atributario de Asignaciones Familiares, sino que este monto será otorgado por encima de lo que cobran actualmente por ese concepto los núcleos familiares que no perciben más de cuatro salarios mínimos nacionales.

Esta es la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo con el fin de atender a los sectores sociales más carenciados, en oportunidad de presentarse el proyecto de ley de ajuste fiscal. En ese sentido, el Mensaje del Poder Ejecutivo es muy claro. Ya ha expresado su voluntad a través de un decreto para el mes de julio y ahora lo hace por medio de este proyecto de ley para los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre, estableciendo que se otorguen N$8.000 por hijo y por mes, duplicando con ello prácticamente la Asignación actual.

Podríamos discutir lo concerniente al tema de las Asignaciones Familiares, pero el momento de hacerlo no es éste. Sin embargo, debemos decir que este beneficio representa un porcentaje de los ingresos, por lo que su mecanismo no ha sido modificado.

Desearíamos también que el monto del beneficio fuera mucho mayor de lo que es y que se atendiera, inclusive, a niños que hoy no están amparados en este régimen de Asignaciones Familiares.

Por lo expuesto, la significación y la justicia de este proyecto de ley ameritan que sea votado inmediatamente, ya que el beneficio será otorgado a partir del mes de agosto y es imprescindible instrumentar los mecanismos necesarios para realizar en fecha el pago del bimestre agosto – setiembre.

SEÑOR CASSINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASSINA.- Votaremos afirmativamente este proyecto de ley, tal como ya lo hiciéramos en el seno de la Comisión que lo informa.

Entendemos que este proyecto tiende a cubrir en parte –como ya lo habían expresado el Poder Ejecutivo y el propio señor Presidente de la República- los problemas derivados del ajuste fiscal, en aquellas familias de bajos recursos. Originalmente, según se anunció, se pensó en otra forma de compensar los perjuicios emanados de la aprobación de esta ley en este sector de la población.

Naturalmente –como ya se ha señalado- supongo que el tema de la revisión del régimen de las Asignaciones Familiares será objeto de un pronunciamiento del Parlamento en oportunidad de examinar el proyecto de ley relativo a la reforma del mecanismo de Seguridad Social, que por ahora duerme en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, aguardando un acuerdo que al parecer está demorando en producirse.

Asimismo, señor Presidente, queremos señalar que entendemos que este proyecto de ley, o la fórmula presentada originalmente, tenía el propósito de ayudar a esas familias que están en condiciones más difíciles desde el punto de vista económico, a pasar el invierno, por así decirlo. Pero debido a que el beneficio se otorgará a partir del mes de agosto y hasta el mes de noviembre, tendrá un efecto realmente limitado y en lugar de ayudar a pasar el invierno, ayudará a pasar la primavera.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA.- Deseamos expresar que entendemos cuál es la intención de este proyecto de ley y en tal sentido lo acompañaremos por más que consideramos que viene a ser –como ya lo expresara el señor senador Cassina- una respuesta algo tardía. Pero bienvenida sea, porque viene a favorecer, aunque sea en forma muy limitada, a gran cantidad de familias uruguayas que tienen múltiples carencias y que se han visto afectadas por la reciente reforma tributaria.

Todo esto obliga a pensar que el sistema de la Seguridad Social deberá ser estudiado de una manera integral y cuidadosa, configurándose ello desde ahora, como un verdadero desafío para todo el país y, en particular, para el Poder Legislativo, y más concretamente para el Senado. Será necesario asumir nuestras responsabilidades a fin de lograr que aquellos lineamientos tan compartibles que constituyeron, en algún momento, orgullo para el Uruguay, vuelvan a encauzase en los términos en que fueron originariamente. Este desafío deberemos asumirlo a la brevedad, a los efectos de que todo lo concerniente a la Seguridad Social no sea resuelto en forma esporádica, accidental, parcial y transitoria, sino de una manera más sistemática, permanente y contemplando una filosofía de verdadera justicia social.

Nada más.

SEÑOR SINGLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SINGLET.- Simplemente, quiero señalar –y creo haberlo dicho en el informe- que no se trata de discutir el problema de fondo de las Asignaciones Familiares sino de la distribución de las partidas existentes en este caso. Asimismo, cabe agregar que de acuerdo con lo que nos encomendó la Comisión, conversamos con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien nos informó que gracias a las donaciones recibidas de parte de otros Estados, existen recursos para poder hacer efectivo el pago del mes de julio. Por tanto, el Poder Ejecutivo necesita la aprobación de este proyecto de ley que le permita otorgar el beneficio en el mes de agosto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARGANO.- He votado afirmativamente el proyecto de ley porque creo que contempla, aunque sea en forma mínima, la posibilidad de compensar el desfase que se viene produciendo en los últimos meses entre el costo de vida y los ingresos de la población.

Quiero decir que me rechina que el Estado uruguayo deba recurrir a una especie de gracia o contribución externa para poder atender a los sectores más carenciados del país.

Creo que en el Uruguay existen recursos suficientes como para poder contribuir a ello. En cierto modo, esto surge de la fundamentación del Poder Ejecutivo y lo quiero decir porque no me parece que el Estado deba atender el pago de las Asignaciones Familiares ni de ningún otro beneficio social, partiendo de la base que existen recursos que provienen de contribuciones de Estados extranjeros.

Nuestro país tiene recursos y hay que buscarlos a efectos de financiar lo que es de estricta justicia.

SEÑOR PRESIDENTE. – En discusión particular.

Léase el artículo 1°.

(Se lee:)

"ARTICULO 1°. – Otórguese una compensación mensual extraordinaria de N$ 8.000 (nuevos pesos ocho mil) por los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre de 1990, a quienes perciban el beneficio de la asignación familiar, sea en la actividad pública o privada y cumplan los demás requisitos establecidos en los artículos siguientes".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, el Presidente, por su parte, desea sugerir una corrección en el artículo 1° porque en la parte final de la disposición se dice que quienes perciban el beneficio de la asignación familiar, deberán cumplir "los demás requisitos establecidos en los artículos siguientes". Aparte de que la palabra "demás sobra, leyendo el articulado encuentro que sólo en el artículo 3° se establecen requisitos, ya que en el 2°, 4° y 5° no se fija ninguno.

Por lo tanto, sugiero que en al parte final de este artículo se diga: "y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°".

Interpreto el silencio del Cuerpo como aprobatorio del criterio de la Mesa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1° con el texto propuesto.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 2°.

(Se lee:)

"ARTICULO 2°. – El citado beneficio se percibirá cualquiera sea el número de beneficiarios a cargo de los respectivos atributarios y por cada uno de aquéllos".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3°.

(Se lee:)

"ARTICULO 3°. – Sólo podrán percibir el beneficio del artículo 1° los atributarios y quienes sin serlo, sean administradores de asignación familiar, que tengan ingresos mensuales del núcleo familiar inferiores a cuatro salarios mínimos nacionales al valor vigente al mes de abril de 1990, lo que deberá ser acreditado mediante declaración jurada.

A los efectos de la aplicación de esta ley se consideran ingresos del núcleo familiar los ingresos del atributario o de quien sin serlo, sea administrador de asignación familiar, su cónyuge o concubino".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 4°.

(Se lee:)

"ARTICULO 4°. – Exonérase a las declaraciones juradas necesarias para el otorgamiento del beneficio que por esta ley se concede, del timbre que, como recurso de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios estableció el artículo 23 de la Ley N° 12.997, de 28 de noviembre de 1961".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 5°.

(Se lee:)

"ARTICULO 5°. – La erogación que demande la aplicación de los artículos precedentes –tanto en lo que concierne a la actividad pública como a la actividad privada- será de cargo de Rentas Generales".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 6°.

(Se lee:)

"ARTICULO 6°. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1°. – Otórgase una compensación mensual extraordinario de N$ 8.000 (nuevos pesos ocho mil) por los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre de 1990, a quienes perciban el beneficio de la Asignación Familiar, sea en la actividad pública o privada y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°.

Art. 2°. – El citado beneficio se percibirá cualquiera sea el número de beneficiarios a cargo de los respectivos atributarios y por cada uno de aquéllos.

Art. 3°. – Sólo podrán percibir el beneficio del artículo 1° los atributarios y quienes, sin serlo, sean administradores de Asignación Familiar que tengan ingresos mensuales del núcleo familiar inferiores a cuatro salarios mínimos nacionales al valor vigente al mes de abril de 1990, lo que deberá ser acreditado mediante declaración jurada.

A los efectos de la aplicación de esta ley se consideran ingresos del núcleo familiar los ingresos del atributario o de quien, sin serlo, sea administrador de Asignación Familiar, su cónyuge o concubino.

Art. 4°. – Exonérase a las declaraciones juradas necesarias para el otorgamiento del beneficio que por esta ley se concede, del timbre que, como recurso de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios, estableció el artículo 23 de la Ley N° 12.997, de 28 de noviembre de 1961.

Art. 5°. – La erogación que demande la aplicación de los artículos precedentes –tanto en lo que concierne a la actividad pública como a la actividad privada- será de cargo de Rentas Generales.

Art. 6°. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley".

13) OMBUES DE LAVALLE. Feriados con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación.

SEÑOR PRESIDENTE. – De acuerdo con la alteración de orden del día aprobada, corresponde considerar en segundo término: "Proyecto de ley por el que se declaran feriados para la ciudad de Ombúes de Lavalle, 11ª Sección Judicial del departamento de Colonia, los días 1°, 2 y 3 de agosto de 1990, con motivo de los actos celebratorios del centenario de su fundación. (Carp. N° 209/90 – Rep. N° 69/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 209/90
Rep. N° 69/90

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. – Declárase feriados para la ciudad de Ombúes de Lavalle, 11ª Sección Judicial del departamento de Colonia, los días 1°, 2 y 3 de agosto de 1990, con motivo de los actos celebratorios del centenario de la fundación de dicha ciudad.

Art. 2°. – Otórgase goce de licencia paga, durante los días referidos en el artículo 1°, a los trabajadores de las actividades públicas y privadas nacidos o radicados en Ombúes de Lavalle.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de junio de 1990.

Horacio D. Catalurda Secretario"
Héctor Martín Sturla Presidente

-En discusión general.

Léase.

(Se lee)

-En consideración.

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: debo confesar que fui uno de los integrantes de la Comisión que no tuvo la fortuna de constituir la mayoría en oportunidad de tratarse el proyecto que viene con sanción de la Cámara de Representantes. Desde cierto punto de vista puede parecer un hecho menor hacerle perder algunos minutos al Cuerpo explicando porqué quien habla y otros señores senadores de la Comisión de Constitución y Legislación, no lo votamos con esta redacción.

Este proyecto de ley, señor Presidente, refiere a que con motivo de los actos celebratorios del centenario de la fundación de la ciudad de Ombúes de Lavalle –entre paréntesis debo decir que no se aclara cuál de los tres días previstos en el artículo 1° es el que corresponde al centenario de la fundación referida- se propone que los días 1°, 2 y 3 de agosto de 1990, se declaren feriados, en una palabra, serían feriados los días miércoles, jueves y viernes pero, a continuación vienen el sábado y el domingo, por lo que este proyecto de ley –que seguramente a pesar de lo que yo sostenga contará con alguna mayoría- estaría estableciendo una especie de semana de turismo abreviada para celebrar los cien años de Ombúes de Lavalle.

En el artículo 2° se establece que se otorga goce de licencia paga durante los días referidos en el artículo 1° a los trabajadores de las actividades públicas y privadas nacidos o radicados en Ombúes de Lavalle. O sea, que todos los organismos públicos y empresas privadas del país deben pagar 3 días de licencia a los trabajadores, no sólo a los que hubieren nacido en esa ciudad sino, también, a aquéllos que estuvieran radicados allí.

Este proyecto de ley tiene un antecedente bastante reciente. El año pasado el Senado discutió un tema casi exactamente igual, en ocasión del 75° aniversario de la fundación de Villa Tranqueras, analizando un proyecto de ley muy similar, remitido por la Cámara de Representantes. En esa oportunidad, la discusión que se suscitó aquí en el Senado terminó con una votación dividida pero, finalmente, se aprobó el proyecto enviado por la Cámara de Representantes. Dicho proyecto referido a Villa Tranqueras, que era absolutamente desproporcionado en cuanto a lo que contenía, se queda corto en relación a lo que establece éste que hoy tenemos a consideración. En el proyecto de Villa Tranqueras se otorgaban, por una parte, goce de licencia paga por un día, el 19 de julio y, por otra, sólo para los nacidos en el lugar, en cambio, en ese proyecto que hoy consideramos, se establece para los nacidos y radicados en Ombúes de Lavalle. Pienso que no será fácil determinar cuáles están radicados y cuáles no.

Pero en el proyecto de ley del año anterior –que finalmente concluyó en la Ley N° 16.052- se estableció un párrafo final –por razones que para mí son desconocidas- que determinaba que los jerarcas de dichos beneficiarios –los "paganini", por decirlo de una forma no del todo ortodoxa- tomarían las providencias pertinentes a los efectos de acreditar la condición de nacidos en la Villa de Tranqueras. Ahora, esta precaución desaparece, seguramente porque ella no se hace necesaria cuando en lugar de celebrarse setenta y cinco años, se celebran cien. De cualquier manera, esa diferencia de veinticinco años, entre lo que se celebró el año pasado y lo que se quiere conmemorar en éste, no me parece que sea suficiente para justificar el criterio actual y ni siquiera el empleado el año anterior.

SEÑOR CADENAS BOIX. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX. – Lo que sucede es que el artículo 2° a mi juicio viene mal redactado de la Cámara de Representantes y creo que eso se da en dos aspectos. Uno de ellos –advertido por quien habla con anterioridad- motiva la interrupción al señor senador Ricaldoni y tiene que ver con el hecho de que la licencia es paga para los trabajadores nacidos o radicados en Ombúes de Lavalle. O sea, que todos los radicados en esa ciudad van a tener licencia por fuerza de lo que dispone el artículo primero, es decir, durante esos tres días.

Por otro lado, los nacidos en Ombúes de Lavalle son los que van a tener licencia paga. El error del que me he dado cuenta, hará que medite mucho sobre todo en lo que tiene que ver con este artículo 2°, pues creo que debería hacerse referencia a los nacidos en Ombúes de Lavalle que concurran a dicha festividad, cosa que no dice esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. – El artículo 2° establece la licencia paga de tres días para los nacidos en Ombúes de Lavalle, vayan o no a participar de los festejos que, según parece, va a durar tres días hábiles y uno de los cuales -¡oh, casualidad!- coincide con el viernes. Debo suponer, entonces, que el sábado y el domingo habrá que reponerse de los festejos de los días anteriores o que continuarán éstos.

Al mismo tiempo, puede ser que los radicados en Ombúes de Lavalle, si bien tienen su domicilio allí, trabajen en otro lado; también se va a beneficiar, concurran o no a los festejos. En cambio, un señor que no nació ni está radicado en Ombúes de Lavalle, pero que acaso tenga una novia o una suegra que sí viva en esa localidad y que sintiendo una gran solidaridad con los festejos que allí se avecinan, adhiere a éstos, ese sí, efectivamente en cuerpo y alma, no tendrá estos tres días de licencia paga.

SEÑOR MILLOR. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MILLOR. – Personalmente considero que está bien que se discuta este tema, porque todos los temas son pasibles de discusión; pero francamente he quedado asombrado ante la modificación que propone el señor senador Cadenas Boix. Digo esto porque la única fórmula para compatibilizar su inquietud con el texto es pasar lista en los festejos, lo que me parece algo realmente imposible. Tal como está redactado el artículo, me parece que es algo viable, pero lo que propone el señor senador –salvo que pongamos una especie de bedel que pase lista para ver en qué momento estuvo o no en los festejos- no sé como va a poder ser plasmado en el texto del artículo.

SEÑOR CADENAS BOIX. – Pude ser con el pasaje del ómnibus.

SEÑOR MILLOR. – Pero el pasaje del ómnibus no le está acreditando que concurra al festejo.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa ruega a los señores senadores no dialogar.

Puede proseguir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. – Me parece que esto, tal cual está planteado, crea un antecedente. En este sentido, varios senadores ya hemos manifestado algo al respecto en el Senado en la sesión del día 11 de julio del año pasado; uno de ellos es quien hoy preside el Senado y otro el ex senador Dardo Ortiz.

Como decía, señor Presidente, un antecedente de esos no es de los más recomendables. No obstante, veo que el texto del proyecto de ley del año pasado referido a Tranqueras –a este respecto, creía que iba a figurar prácticamente impreso a mimeógrafo para llenarlo simplemente con los años que se festejaban y la localidad beneficiaria de los festejos- por lo que he dicho anteriormente, tiene algunos progresos legislativos. Si bien esto será bienvenido por algunos ciudadanos de la República que tengan vinculación con Ombúes de Lavalle, creo que un momento en que todos estamos tratando de demostrar nuestro sentido de responsabilidad en cuanto tiene que ver con nuestra obligación frente a las dificultades existentes, eso no es lo más recomendable.

El entonces senador Ortiz, el 11 de julio del año pasado y referente a Tranqueras, decía lo siguiente: "La Comisión del Senado consideró realmente excesivo el lapso de tres días. Los precedentes para otras ocasiones similares no tienen esa extensión. Además hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a los días 19, 20 y 21 de julio. Si se suman estos días al 18, que es feriado, además del lunes que es el día sandwich, se le está dando una semana de vacaciones a los funcionarios".

No voy a citar las palabras del señor Presidente para no violar el reglamento que impide hacer alusiones; pero él se expresaba en sentido similar al del señor senador Ortiz y de quien habla.

Tal vez las expresiones que manejamos no tuvieron la contundencia, ni la elocuencia que era de esperar –y la que seguramente se nos debió exigir- porque sufrimos una derrota, a mi juicio bastante decorosa, perdiendo por catorce votos afirmativos contra siete negativos de los veintiún miembros presentes en aquel momento

Voy a terminar mi intervención con el deseo de que no pase desapercibido el porqué de mi oposición a este proyecto de ley.

Se me ha dicho por parte de un diputado del departamento de Colonia, que ha venido a verme con una preocupación muy grande sobre este tema, que tenía entendido que el centenario se celebraba el 1° del mes próximo; claro está que era el más lejano al fin de semana. De cualquier manera, me parece que vamos a aprobar unos festejos sin las constancias correspondientes acerca de esta fecha. Otra cosa sería si fijáramos feriado para un solo día, es decir, el que corresponda realmente al centenario de la fundación de Ombúes de Lavalle –sobre este tema tenemos algunos expertos en historia aquí en Sala- o sea, si estableciéramos ese día como licencia paga para los nacidos en ese lugar y se adoptaran determinadas garantías por parte de quienes deben hacer efectivo el jornal de ese día. Sin embargo, me parece que de esta forma –y lo reitero- lo que estamos creando por vía de errores acumulados –y que se me perdone este juicio que efectúo sobre lo que creo va a resolver igualmente la mayoría- es un mal precedente. Reservo mi regocijo para cuando se trate otro tema del orden del día donde algunos de los presuntos votantes de este generoso feriado de cinco días reales va a proponer, en cambio, la supresión de otro feriado nacional.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR KORZENIAK. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. – Señor Presidente: en primer lugar, conviene tener presente que las leyes no crean precedentes en sentido técnico ni en sentido tradicional, El señor senador Ricaldoni acaba de dar lectura a una ley distinta a este proyecto.

En segundo término, con respecto al artículo 1°, debe quedar claro que se declaran tres días feriados. Que los subsiguientes sean sábado y domingo, no significa que se estén declarando cinco días feriados. El sábado y el domingo ya son días no laborables, ya sea en Ombúes de Lavalle o en cualquier otro lugar del país, y ellos nada tienen que ver con este proyecto de ley. De manera que no comparto el argumento de que este proyecto de ley declara una especie de otra Semana de Turismo para una zona del país.

En tercer lugar, se trata del centenario de un centro poblado, lamentablemente, el interior de nuestro país no está nutrido de tantos pueblos, villas y ciudades, como para decir que el centenario de un centro poblado se pueda transformar en un fenómeno demasiado frecuente.

Por otra parte, la Comisión de Constitución y Legislación ha recibido alguna información a este respecto, en la Cámara de Representantes hubo consenso entre los distintos sectores –y es un fenómeno político a tener en cuenta- en torno a este proyecto. Se nos explicó que la razón del alborozo de los nativos de Ombúes de Lavalle se debía a que se pensaba realizar una fiesta importante que iba a contar con manifestaciones culturales e institucionales –inclusive se informó que se había invitado a la Primera magistratura del país- y todos quienes somos del interior sabemos que estas festividades se reservan para el sábado y el domingo, que de por sí ya son feriados para Ombúes de Lavalle y para cualquier otro pueblo del interior.

Por estas razones pensamos que debe acompañarse este proyecto de ley.

Por último, deseo señalar que se trata de una población que no alcanza los cuatro mil habitantes. Se apruebe o no este proyecto de ley, lo cierto es que durante estos cinco días no va a trabajar ninguno de los que allí viven. Asimismo, no creo que haya muchos oriundos diseminados en el país.

Por lo expuesto, me parece que el Parlamento no debería privar a los oriundos y a los que allí viven, de la algarabía que motiva el centenario de este pueblo.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR KORZENIAK. – Con mucho gusto, aunque aclaro que ya había terminado mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Supongo que el criterio que va a privar es el que ha expresado el señor senador Korzeniak. Ya "don Pepe" Batlle decía que las mayorías podían equivocarse, aunque nunca podía dudarse de su honestidad. Por ello, se me ocurre que para evitar que estos asuntos distraigan permanentemente el trabajo de las Comisiones y de ambas Cámaras y siguiendo el razonamiento expuesto en Sala habría que aprobar una ley de carácter general –teniendo en cuenta el valioso precedente de Tranqueras y el todavía más valioso de este año- que dijera, por ejemplo, lo siguiente "Artículo 1°. – Declárase que cuando se celebre los setenta y cinco años de una ciudad, villa o pueblo, se darán tres días de licencia pagos- por supuesto, pegados a fin de semana- para los radicados solamente en esa localidad. Artículo 2°. – Cuando en una ciudad, villa o pueblo se celebren los cien años, los tres días de licencia –pegados a un fin de semana- benefician no sólo a los radicados en ese lugar, sino también a los allí nacidos".

De esta manera, nos evitaríamos esta discusión, de todos modos, sigo pensando que más allá de que siempre van a haber situaciones que afecten a las personas de distinta manera, lo real es que –aunque descarto que esa no es la intención de los autores del proyecto inicial ni de quienes lo defienden en el Senado- se puede dar la imagen de que para nosotros "trabajar" es una palabra que admite demasiadas excepciones.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE POSADAS MONTERO, - Muy brevemente, porque creo que el tema no da para extensos discursos.

He votado negativamente este proyecto en Comisión, y en este momento mantengo la misma posición. Lo hice para ser congruente con la posición que voy a adoptar cuando se trate –posiblemente en el día de hoy- el proyecto de supresión de feriados. Creo que en ambos casos existe una razón, quizá no tanto de fondo en cuanto a que uno y otro vayan a cambiar la faz económica del país, pero en cuanto al mensaje que de alguna manera puede trasmitir. Creo que por las circunstancias que está atravesando el país, un mensaje de mayor austeridad y seriedad puede aportar un elemento positivo.

Por ese motivo acompaño los dos proyectos de ley, uno en forma positiva y el otro en forma negativa.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PEREYRA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA. – Señor Presidente: los argumentos que aquí se han expuesto son de importancia y deben ser tenidos en cuenta. Asimismo, pienso que la idea de una ley general que contemple estas situaciones, debe ser recogida y materializada en un proyecto que, seguramente, va a recibir aprobación.

Desde que ingresé al Parlamento –hace ya muchos años- cada vez que se presenta un proyecto de esta naturaleza, resulta aprobado. He votado cantidad de ellos, para distintas poblaciones del país. Comenzar hoy a reaccionar contra esta práctica sería un acto discriminatorio frente a las concesiones que hemos hecho hasta ahora en ocasión de considerar proyectos relativos a celebraciones de centenarios y otras fechas importantes que tienen por centro a distintas localidades del país.

De manera que, en este caso, voy a dar mi voto afirmativo a este proyecto, dado que lo he hecho durante tantas legislaturas, y no tendría explicación no hacerlo ahora, cuando se trata de una ciudad determinada.

SEÑOR PRESIDENTE. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

SEÑOR RICALDONI. – Pido que se rectifique la votación, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se va a votar en general nuevamente, el proyecto de ley.

(Se vota:)

-26 en 30. Afirmativa.

Por la vía del fundamento de voto, el Presidente quiere expresar que su voto afirmativo en la discusión general no significa otra cosa que la voluntad, como tantas veces se ha dicho, de que el proyecto de ley sea puesto en consideración. Las objeciones que el mismo le merece, son similares a las que expresó en ocasión de la consideración del proyecto de ley relativo a la celebración de los 75 años de la ciudad o villa de Tranqueras en la Legislatura pasada.

-En discusión particular.

Léase el artículo 1°.

(Se lee:)

"ARTICULO 1°. – Decláranse feriados para la ciudad de Ombúes de Lavalle, 11ª Sección Judicial del departamento de Colonia, los días 1°, 2 y 3 de agosto de 1990, con motivo de los actos celebratorios del centenario de la fundación de dicha ciudad".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 30. Afirmativa.

Por vía de fundamento de voto, el Presidente quiere expresar que ha votado negativamente el artículo 1°, consecuente con el criterio que formuló, como ya dijo, en la Legislatura pasada ante un proyecto de ley similar, por considerar que es un exceso que, para celebrar un aniversario, por más importante que éste sea, de la fundación de una ciudad, se declaren por ley días de inactividad total.

Además, aunque se haya sostenido lo contrario, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, esta votación y este proyecto de ley significan un precedente para leyes posteriores, digo esto porque, de acuerdo con dicho Diccionario, precedente significa "antecedente, acción o circunstancia anterior que sirve para juzgar hechos posteriores".

Léase el artículo 2°.

(Se lee:)

"ARTICULO. – Otórgase goce de licencia paga, durante los días referidos en el artículo 1°, a los trabajadores de las actividades públicas y privadas nacidos o radicados en Ombúes de Lavalle".

-En consideración.

SEÑOR ARANA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARANA. – Señor Presidente: me parece importante, por lo menos en mi caso, hacer ciertas precisiones sobre algunas expresiones que se formularon en Sala.

Quizá habría adherido con mayor convicción a este proyecto de ley si se hubieran dado, efectivamente, señales congruentes, de parte de esta administración, acerca de los gastos de los dineros públicos. En otra ocasión pienso que podremos discutir –así lo espero y ya lo he dicho en otros ámbitos- acerca de las retribuciones a mi modo de ver desmedidas que se siguen percibiendo, como producto de algunas leyes votadas anteriormente. Me refiero, en particular, a la Ley N° 15.900 y al Decreto 398/89 de la anterior Administración. Se siguen percibiendo así retribuciones, por vías de subsidios que contrarían el espíritu mismo de aquella ley, en los cargos de confianza y electivos que no han vuelto a ser ocupados por anteriores legisladores. Reitero que se siguen percibiendo retribuciones a causa de un decreto de la administración anterior, contrariando el propio espíritu de la ley. Este poder Ejecutivo quiso modificarlo, por medio de un decreto, que luego fue revisado por el mismo Poder.

Sé que estoy refiriéndome a un punto que no parece tener directa vinculación con este proyecto de ley, pero esas señales, de las que se habló aquí, en cuanto a la contención del gasto público, las vería mejor si las mismas fueran genéricas; es decir, para todo el país y para toda la Administración Pública.

Aspiro a que este tema sea tratado próximamente con carácter integral, en cuanto al proyecto que se está votando, considero que constituye un estímulo para un reducido número de ciudadanos, estímulo que por cierto no habrá de comprometer significativamente el Erario.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA ZAVALA. – Con los respetos que me merece, entiendo que lo que acaba de decir el señor senador Arana está totalmente fuera del tema. Por otra parte, quiero recordar al señor senador que la Ley N° 15.900 prestigia al Parlamento porque eliminó todos los privilegios que figuraban en los Actos Institucionales Nos, 7 y 13 del gobierno de facto, estableciendo topes y determinadas causales para las jubilaciones, impidiendo que personas con treinta años de edad y un día de trabajo en un cargo de confianza se acogieran a una altísima asignación. Abundantes ejemplos nos dio el inolvidable y recordado legislador Andrade Ambrosoni que tenía una lista completa de esos casos.

Esa ley entonces, eliminó muchos de los privilegios otorgados por el gobierno de facto. Su sanción honra al Parlamento. Por otra parte, creo que en los antecedentes parlamentarios existen opiniones en ese sentido, realizadas por correligionarios del señor senador Arana.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Mesa comparte el criterio de que el tema de la Ley N° 15.900 del subsidio que ésta dispuso y del decreto ilegal que se dictó al respecto en la administración anterior, no tiene nada que ver con el artículo 2° de este proyecto de ley. Estuvo a punto de formular la observación al señor senador Arana, pero lo obvió cuando él mismo dijo que la referencia era indirecta.

La Presidencia exhorta a no ocuparse más de este tema y a centrar la discusión en el beneficio que otorga el artículo 2°.

SEÑOR KORZENIAK. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. – Señor Presidente: vamos a votar afirmativamente este artículo 2° porque entendemos –argumento que ya dimos- que no constituye un precedente.

El señor Presidente, con el diccionario de la lengua castellana a la vista, leyó el sentido natural y obvio de la palabra precedente, que es el sentido gramatical, para demostrar que equivalía a algo así como antecedente. Entonces, me veo en la obligación de defender el argumento que hice.

Dije que la palabra no constituía antecedente porque la utilizo en el mismo sentido que interpreto manejó el señor senador Ricaldoni, es decir, un sentido técnico y de acuerdo con las reglas interpretativas que no sugiere sino que manda el título preliminar del Código Civil: cuando las palabras han sido utilizadas en el sentido técnico debe dárseles el sentido que la ciencia o arte que utiliza esa palabra le da. En este caso, la ciencia que utiliza la palabra es la jurídica y ella le da dos acepciones: una, la acepción del Common Law, del sistema angloamericano, que trata del precedente obligatorio y la otra, el sistema que integramos nosotros, la Europa continental, el sistema romano canónico o romano germánico por el cual el precedente es el que tiene un carácter persuasivo. En nuestra legislación, entonces, este caso no tiene un carácter de precedente obligatorio porque no formamos parte del sistema del Common Law ni de los precedentes parlamentarios ni siquiera del precedente persuasivo porque, a título expreso, los reglamentos parlamentarios entienden que los precedentes no constituyen obligación para el Parlamento aun cuando sean costumbre que a veces se tienen en cuenta.

Esa era la razón por la cual manifesté que no constituía precedente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Como nadie ha dicho lo contrario, porque por supuesto los antecedentes no son jurídicamente obligatorios, estamos todos de acuerdo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2°.

(Se vota:)

-25 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que, como ya contaba con la aprobación de la Cámara de Representantes, queda sancionado y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) CODIGO GENERAL DEL PROCESO. Modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE. – Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día "Proyecto de Ley por el que se modifican diversas disposiciones del Código General del Proceso. (Carp. N° 67/90. Rep. N° 71/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 67/90
Rep. N° 71/90

PROYECTO DE LEY

REFORMAS DE URGENCIA AL CODIGO GENERAL DEL PROCESO

Artículo 1°. – Sustitúyese el artículo 548 del Código General del Proceso por el siguiente:

"548. – Las disposiciones de este Código no se aplicarán a los procesos en trámite, los que seguirán de acuerdo con las normas en vigor antes de la vigencia de este Código, hasta que recaiga sentencia de primera instancia".

Art. 2°. – Las actuaciones judiciales recaídas en los procesos referidos por el artículo anterior, serán igualmente válidas sea que se hayan realizado de conformidad con lo dispuesto por la anterior redacción del artículo 548 del Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988), o que se hubieren ajustado a las disposiciones en vigor antes del mencionado Código.

Art. 3° (EXCEPCION A LA CONCILIACION). – Si en oportunidad de solicitar una citación a conciliación el tribunal competente no puede fijar la audiencia en un plazo menor a treinta días desde la fecha de la solicitud, la parte actora podrá optar por seguir ese proceso preliminar o usar la excepción que se establece a continuación:

Se exceptúa de la conciliación ante la Justicia de Paz, cuando dándose la situación del inciso anterior, la futura parte actora diera a la futura parte demandada, un preaviso escrito de su intención de iniciar el proceso, entregado a los futuros demandados con diez días corridos de anticipación a la fecha de presentación de la demanda.

Este preaviso deberá notificarse privadamente, pero por medio fehaciente, y deberá contener los datos fundamentales de los que se reclama, además del nombre y dirección del abogado patrocinante del actor en el juicio.

El tribunal competente para la conciliación que no haya podido dar fecha dentro del término señalado en el inciso primero, deberá expedir una constancia de ese hecho, cuyo duplicado se remitirá a la Suprema Corte de Justicia. Con dicha constancia y constancia del preaviso (carta con acuse de recibo, telegrama colacionado, acta notarial y otro similar) el tribunal competente en el asunto de fondo dará trámite a la demanda, intentando la conciliación en oportunidad de la audiencia preliminar.

El preaviso mencionado, tendrá los efectos de la citación a juicio de conciliación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1236 del Código Civil.

Art. 4°. (PROCESOS ESPECIALES). – Agréganse al artículo 545 los siguientes literales:

f) El procedimiento del recurso de irracional disenso (artículo 110 del Código Civil).

g) El procedimiento relativo a animales invasores (artículos 39 a 48 y 222 a 237 del Código Rural).

h) El procedimiento de intimación directa por el Aguacil establecido por el artículo 132.2 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985.

i) El procedimiento de regulación de honorarios, establecido por el artículo 144 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985.

j) El procedimiento de disolución de la sociedad conyugal (Ley N° 10.783, de 18 de noviembre de 1946).

Art. 5°. – (SENTENCIAS EXTRANJERAS). – Sustitúyese el artículo 539.4 por el siguiente:

"539.4. – Que el tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para conocer en el asunto, de acuerdo con nuestro derecho internacional privado".

Art. 6°. – (EXCEPCIONES PREVIAS) – Sustitúyese el artículo 338.2 por el siguiente:

"Si mediare reconvención se conferirá traslado al actor por el plazo de treinta días. Y si de conformidad con el artículo 132, además de la defensa en el fondo del asunto, mediare oposición de excepciones previas, se dará traslado de las mismas al actor por un plazo de diez días".

Art. 7°. – Sustitúyese el artículo 341.2 por el siguiente:

"2) Ratificación por el actor de su contestación a las excepciones opuestas por el demandado y por éste de las que hubiere contestado a las opuestas por el actor respecto de la reconvención".

Art. 8°. (ALEGATOS). – Agrégase al artículo 338 un ordinal con el siguiente texto:

"338.4. Hasta diez días antes de la fecha fijada para la audiencia las partes podrán presentar exposiciones escritas, que traen sobre los puntos de derecho, doctrina y jurisprudencia, o las cuestiones de hecho relativas a los mismos, que se encuentran en debate, con el fin de ayudar a la mejor ilustración del Tribunal en el conocimiento y estudio de los mismos, antes de la celebración de la audiencia".

Sergio Abreu, Ignacio de Posadas Montero, Wilson Elso Goñi, Bari González Modernell, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Juan Carlos Raffo, Walter Santoro, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene por finalidad corregir determinados defectos y omisiones del nuevo Código General del Proceso.

1. – VIGENCIA

El artículo primero, intenta solucionar un grave problema planteado por el artículo 548.

El mismo establece un sistema de vigencia aparentemente compartible, desde que pretende la terminación de los procesos ya iniciados por el sistema anterior, y la aplicación total del CGP a los procesos nuevos.

No obstante, el tenor literal del artículo dispone la aplicación, a los juicios en trámite, de las normas comprendidas en los artículos 1° a 116.

Esto ha tenido por resultado la aplicabilidad a los procesos en trámite de una serie de normas procesales específicas del nuevo proceso (y no solamente de los principios generales).

Los resultados distorsionante, van desde la transformación de todos los plazos en perentorios, a la presencia obligatoria del Juez en las audiencias, dentro del proceso escrito.

Esto ha tenido efectos impensados, tales como pérdida de la oportunidad de defensa por vencimiento de plazos perentorios en un procedimiento que nunca fue perentorio y que no está pensado como tal.

El efecto más grave es la nulidad de las audiencias que se realizan sin el Juez.

En el proceso escrito esto es lo normal. De nada le sirve al Juez ve audiencias que se sentenciarán dentro de un año, posiblemente por otro Juez y sobre las que nada sabe.

Para peor, la mayor parte de los Juzgados que mantienen el régimen anterior, tienen citados a varios testigos a la vez (y los laborales tiene citados simultáneamente audiencias de testigos y audiencias de conciliación laboral, que sí se realizan con presencia del Juez, con lo que éste se ve impedido de estar en dos lugares a la vez).

Todo ello provoca que, sin ninguna ventaja visible, los juicios se vena enlentecidos enormemente (en algunos Juzgados en los que el Juez decidió no realizar las audiencias ya citadas, en las que él no pueda estar presente), o amenazados de recursos de nulidad, porque (en otros Juzgados) las audiencias siguen adelante, esté o no el Juez.

El texto propuesto, da la única solución sensata: que los juicios pendientes sigan por el proceso anterior integralmente, hasta que se dicte sentencia de primera instancia. Simultáneamente, el artículo 2° prevé eliminar la posibilidad de que se pida la nulidad de los procesos tramitados en el período intermedio, declarando válidas las actuaciones, sea cual fuera el procedimiento que siguió el Juzgado.

2. – PROBLEMAS CON LA CONCILIACION

El artículo 3° intenta solucionar un problema real y que ya está planteado:

El hecho de que las audiencias de conciliación se realicen en comparendo y que los mismos Jueces de Paz tengan además que fijar audiencias en sus propios juicios, crea un cuello de botella que amenaza transformar a la conciliación en una demora interminable.

En sesenta días de aplicación del CGP, hay Juzgados que ya tienen una demora gratuita, que sufren los litigantes , que se ven impedidos de comenzar los juicios, sin beneficio ninguno.

Las perspectivas no son nada alentadoras y se impone buscar una solución que impida y desagote el cuello de botella planteado.

La idea es permitir un procedimiento alternativo, cuando el Juzgado de Paz no se encuentre en condiciones de realizar la audiencia de conciliación en un término razonable.

Se autoriza a las partes, en este caso, a iniciar el juicio con un previo procedimiento de preaviso, que ponga en conocimiento al futuro demandado de la intención de iniciarlo y del nombre y dirección del abogado encargado del caso. Ello permitirá a las partes, llegar a arreglos transaccionales, si ellos son posibles, y no hará demorar la iniciación del litigio por meses o aun años, sin ningún resultado útil.

En estos casos, la conciliación se intentará por el Juez de la causa, en la audiencia preliminar.

3. PROCESOS ESPECIALES

El artículo 544 derogó todas las disposiciones legales que establecen procedimientos diversos a los previstos en el CGP.

Entre otros han –o habrían- quedado derogados, el procedimiento del recurso de irracional disenso, el de disolución de la sociedad conyugal y el de regulación de honorarios.

Dentro de cierto desconcierto sobre el tema, muchos abogados sostienen que tales procedimientos deberán realizarse en el futuro por juicio ordinario.

Y aunque la opinión (discutible) fuera de que se puede realizar el procedimiento anterior, una disolución de sociedad conyugal, lograda por esta vía, sería impugnable en el futuro por terceros acreedores, con consecuencias patrimoniales gravísimas.

Se sugiere, por lo tanto, ampliar la lista de excepciones del artículo 545.

4. SENTENCIAS EXTRANJERAS

Otro punto que puede crear problemas, es la disposición del artículo 539.4.

Esta norma establece que la validez de una sentencia extranjera, para ser eficaz en Uruguay, se debe estudiar de conformidad con el derecho del Tribunal extranjero que lo dictó.

Esto cambia las reglas tradicionalmente admitidas, según las cuales la competencia de un Tribunal extranjero, se juzga según nuestras reglas (Apéndice del Código Civil).

Los efectos son graves y muy peligrosos.

Casi todos los países desarrollados, tienen los llamados "long arm estatutes", que les permiten asumir competencia en casos sin ninguna relación razonable, aun cuando fueran de derecho interno uruguayo, y alegando solamente "contactos mínimos".

A partir de esta regla, un residente en Uruguay (y aun el propio estado uruguayo) podría ser demandado en Estados Unidos, o en Singapur, con las dificultades de defenderse, derivadas de la distancia y de los costos judiciales en esas latitudes y terminar con una deuda multimillonaria (o con una investigación de paternidad fraguada), y además resultando que tal sentencia sería plenamente ejecutable en nuestro país merced al citado artículo 539.4 del CGP.

Se impone el retorno a la regla original, y tradicional, de que la validez de una sentencia extranjera, se admite, sólo si el Juez que la dictó era competente según nuestras propias reglas de jurisdicción y competencia.

5. FALTA DE TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES

El artículo 132.2 prevé la obligatoriedad para el demandado, de acumular en un solo acto, todas las defensas, sean dilatorias o de fondo.

Esto es una muy buena idea y va a acortar sensiblemente los plazos.

No obstante, no es compartible el trámite que dispone el artículo 338 (por omisión) y el artículo 341 (expresamente), según el cual de las excepciones no hay traslado, y el actor sólo puede contestar las excepciones verbalmente y en la audiencia prelimar.

Parece haberse presumido que las excepciones son una cosa de segunda importancia, fácilmente rebatibles, y que no valdría la pena perder un minuto en ellas.

Esto no es así. Las excepciones dilatorias pueden ser importantes, complicadas y estar muy bien fundadas. El Juez deberá ir a la audiencia con el expediente estudiado (si no es imposible que dicte sentencia en el acto y en la misma audiencia, luego de haber oído a las partes y sin más trámites). Es evidente que si va a ir a la audiencia habiendo leído lo dicho por una sola parte, el riesgo de que esté prejuzgando a favor de ella, va a ser grande.

Esto no es una acusación a los Jueces, simplemente es así por la naturaleza de las cosas, y por la forma normal de percibir la realidad y formar nuestra opinión de la misma, que tenemos todos los seres humanos.

La posibilidad de que, luego de que el Juez estudió el expediente, habiendo leído sólo lo alegado como excepciones dilatorias por el demandado (imaginemos una excepción de falta de jurisdicción basada en un complicado y elaborado alegato del demandado sobre un problema de derecho internacional privado), cambie de opinión, por el solo efecto de una exposición verbal de varios minutos, es remota, por no decir utópica.

Se entiende imprescindible, para mantener la igualdad de las partes en el proceso, que se dé un traslado de las excepciones dilatorias. Puede ser por un tiempo mínimo, pero debe haber la posibilidad de contestarlas. Y esa posibilidad debe darse antes de la audiencia preliminar, en forma tal que el Juez vaya a la misma, habiendo estudiado el expediente, con una lectura de ambas posiciones.

Se sugieren dos modificaciones:

Primero, agregarle al artículo 338.2 una segunda frase que diga"...y si mediare oposición de excepciones dilatorias, se dará traslado de las mismas al actor por un plazo de diez días".

Segundo: el artículo 341.2 debería cambiar la frase "2) Contestación por el actor de las excepciones..." por la frase "2) Ratificación por el actor de la contestación de las excepciones..."

6. – PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INEXISTENCIA DE ALEGATOS

Todos los problemas señalados respecto a la inexistencia de traslado de las excepciones, se ven repetidos y agravados con la inexistencia de alegatos.

No parece que puede considerarse seriamente como un alegato, la posibilidad de hacer exposiciones verbales con plazo máximo de diez minutos que establece el artículo 343.6.

Esto afecta también la posibilidad de contar con una debida defensa. Y ello es especialmente grave en el caso del actor, poniéndolo en inferioridad de condiciones.

Plantea, además, una situación que ya señalamos en el capítulo anterior, que es injustificada y afecta la posibilidad de los magistrados de llegar a la audiencia con un conocimiento equilibrado y debidamente ponderado de qué es lo que se debate en el proceso.

El demandado puede haber contestado la demanda con un verdadero tratado, cuyos alcances y conclusiones pueden ser muy discutibles y, si se mantiene el CGP sin reformas, el actor sólo contará con una ilusoria posibilidad de rebatir lo que diga el demandado, en diez minutos y en forma verbal.

Es evidente, que el Juez va a llegar a la audiencia habiendo prejuzgado a favor del demandado, no por inequidad o parcialidad sino, como dijimos porque ese es el mecanismo normal de formar nuestros juicios que tenemos todos, si a una persona cualquiera lo obligan a ir a una audiencia previa lectura y estudio de la posición de una sola de las partes, va a ir impresionada por dicha exposición y la posibilidad de hacerla cambiar de opinión con exposiciones verbales, es mínima.

El alegato verbal (que se puede mantener como punto final de la audiencia) debe ser necesariamente complementado con la posibilidad de las partes de presentar exposiciones escritas, referidas a las cuestiones de derecho debatidas, previamente a la audiencia (y con tiempo suficiente para que el Juez las estudie y las conozca, antes de celebrarse la audiencia preliminar).

Esto mantendría todas las ventajas del juicio oral, sin la pérdida de ninguna de las garantías para las partes (y en especial manteniendo el principio de igualdad de oportunidades de actor y demandado), y sin agregar ni un minuto más de demora al proceso.

En temas de cierta especialización ello no sólo sería conveniente: sería imprescindible.

Con Jueces de competencia amplia, que no pueden especializarse en ninguna de las materias que les tocan, la tarea de las partes ilustrando al magistrado en temas especializados es imprescindible (los Juzgados Letrados en lo Civil, conocen en Civil, hacienda, sociedades, derecho bancario, seguros, responsabilidad extracontractual, juicios sobre transporte marítimo, o aéreo, o terrestre, entre muchas otras cosas y materias más, y los departamentales agregan aéreo, familia, laboral, aduanero, agrario y penal).

En lo que hace al actor, esta tarea (y el derecho a contar con una adecuada oportunidad de defensa que no es una cosa menor) es imposible realizarla en la demanda. En la demanda sólo se pueden exponer los hechos y el Derecho en su estructura básica. Nadie puede prever por anticipado qué es lo que va a decir el demandado y menos puede redactar una demanda, sugiriendo por anticipado todas las defensas posibles de su contraparte y adelantándose a comentarlas.

Sergio Abreu, Ignacio de Posadas Montero, Wilson Elson Goñi, Bari González, Dardo Ortiz, Carlos Julio Pereyra, Juan C. Raffo, Walter Santoro, Jorge Silveira Zavala, Manuel Singlet. Senadores.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja la aprobación del proyecto de ley adjunto, por el cual se introducen modificaciones al Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1989), en atención a las consideraciones que se exponen seguidamente.

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

El 15 de febrero de 1990, los senadores electos por el Partido Nacional presentaron, con exposición de motivos, un proyecto de ley en la materia (Distribuido N° 3 de 1990), el que constituye la base del que ahora vuestra Comisión somete al Cuerpo.

La iniciativa tuvo por finalidad "corregir determinados defectos y omisiones" del Código, los que estarían provocando o podrían provocar problemas de entidad en la aplicación de ese cuerpo de leyes. Los puntos concretos sobre los que se plantearon las modificaciones fueron: vigencia; conciliación; procesos especiales; sentencias extranjeras; falta de traslado de las excepciones; e inexistencia de alegatos escritos.

II. METODO DE TRABAJO DE LA COMISION

La Comisión, una vez recibida la iniciativa y antes de considerarla en profundidad, resolvió escuchar la opinión sobre ellas de especialistas en el tema y de instituciones públicas y privadas directamente vinculadas con el proceso civil. Asimismo, varias de estas instituciones estimaron del caso hacer llegar a la Comisión sus propias propuestas escritas de modificación al Código, algunas sustitutivas o complementarias de las planteadas por la bancada nacionalista y otras adicionales a las mismas, es decir, referidas a otros puntos del Código. En las exposiciones verbales ante la Comisión también se plantearon aspectos no contemplados en la iniciativa original.

Esta etapa del trabajo de la Comisión está recogida en los siguientes documentos:

i. Opiniones de los corredactores del Código, doctores Adolfo Gelsi Bidart, Luis A. Torrello y Enrique Véscovi. (Sesión del 8 de marzo de 1990. Distribuido N° 40 de 1990).

ii. Opiniones del señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Nelson García otero, y de los Ministros de esa Corporación, doctores Rafael Addiego, Armando Tommasino y Jorge Pessano. (Sesión del 15 de marzo de 1990, distribuido N° 66 de 1990).

iii. Opiniones del Colegio de Abogados del Uruguay, por los doctores Eduardo Lapenne (Presidente), Fernando Aguirre, Enrique Machado, Beatriz Rovira, Jorge Cannon, Yamandú Tourné y Mauricio Brikman. (Sesión del 15 de marzo de 1990, Distribuido N° 67 de 1990).

iv. Opiniones de la Asociación de Magistrados Judiciales, por los doctores Eduardo Brito del Pino (Presidente), Daniel Gutiérrez y Jorge Chediak. (Sesión del 15 de marzo de 1990, Distribuido N° 68 de 1990).

v. Modificaciones propuestas por el Instituto de Derecho Procesal. (Distribuido N° 41 de 1990). (Primer texto).

vi. Nota de la Secretaría Letrada del Banco Hipotecario del Uruguay. (Distribuido N° 42 de 1990).

vii. Modificaciones propuestas por el Colegio de Abogados del Uruguay. (Distribuido N° 67 de 1990). (Primer texto).

viii. Nota de la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay. (Distribuido N° 68 de 1990).

ix. Modificaciones propuestas por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. (Distribuido N° 131 de 1990). (Segundo texto).

x. Modificaciones propuestas por el Colegio de Abogados del Uruguay. (Distribuido N° 150 de 1990). (Segundo Texto).

La Comisión resolvió constituir una subcomisión encargada de examinar las opiniones y las propuestas recibidas y de relacionarlas con el proyecto original. La Comisión adoptó, asimismo, un criterio general a seguir con respecto a las propuestas de reformas. El criterio referido se expone en el Capítulo III.

La Subcomisión produjo sucesivamente los textos contenidos en los Distribuidos Nos. 80 y 102, ambos de 1990, los que fueron sometidos a discusión en la Comisión.

El proyecto cuya aprobación se recomienda al Senado resulta de las deliberaciones de la Comisión que se desarrollaron en 8 sesiones, teniendo en cuenta los documentos mencionados en este capítulo.

La Comisión y, en su caso, la Subcomisión, realizaron además consultas informales con los corredactores del Código.

III. CRITERIO GENERAL PARA CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

La sanción del Código General del Proceso durante la XLIIa. Legislatura constituye un hecho relevante desde varios puntos de vista, se trata del primer Código redactado y aprobado durante un período de absoluta normalidad institucional, por un Parlamento democrático electo de acuerdo con la Constitución. A la vez, el trámite legislativo se desarrolló en un clima de alta civilización política, numerosos expertos en Derecho Procesal y numerosos legisladores trabajaron animadamente en la preparación del Código por un lapso prolongado y en un ambiente de significativo rigor científico. Las instituciones interesadas tuvieron amplia oportunidad para opinar. El libro editado en 1988 por el Senado con los antecedentes y la discusión legislativa al respecto, ilustra bien acerca de esta extensa y compleja tarea. El texto resultante contó con el apoyo de todos los partidos.

Pero, aparte de las virtudes que cabe señalar con respecto al trabajo preparatorio, es preciso destacar, sobre todo, que en su contenido el Código trajo consigo un profundo cambio en el Derecho Procesal: la audiencia se constituye en el elemento central del proceso; el Juez asume una actividad directa en inmediato contacto con las partes y con las pruebas; estas son presentadas, sustanciadas y conocidas desde las primeras etapas; la oralidad toma el lugar de preferencia; la multiplicidad de procedimientos se reduce a los procesos ordinario, extraordinario y monitorio; se ajustan plazos para reducir la duración de los trámites.

El conjunto de las disposiciones del Código apunta a una genuina búsqueda de la verdad y promueve la lealtad de las partes.

No es de esperar que una obra de esta magnitud, que supone alterar sustancialmente los procedimientos y las prácticas arraigadas durante la larga vigencia del Código Requena, pueda aplicarse sin dificultades. Tampoco es concebible que no contenga imperfecciones y fallas. Todo ello puede causar problemas, incluso serios, en el ejercicio de la función jurisdiccional.

La idea de introducir algunas modificaciones resulta, pues, natural. La exposición de motivos con la que los senadores del Partido Nacional acompañaron su proyecto, expresa que el mismo "tiene por finalidad corregir determinados defectos y omisiones del nuevo Código General del Proceso", (Distribuido N° 3 de 1990, página 4), y en diversos pasajes alude a los problemas planteados.

A su vez, el Presidente del Senado, doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, en el seno de esta Comisión, se refirió al origen de la iniciativa, diciendo: "Algunos letrados allegados al Colegio de Abogados consideraron que determinados aspectos relativos a la entrada en vigencia del Código, estaban revelando, en la práctica, un cierto desajuste con la realidad y planteando algunas dificultades para la propia aplicación exitosa del Código". (Distribuido N° 40 de 1990, página 4).

Análogas consideraciones se pueden encontrar también en alguna de las exposiciones e iniciativas recibidas por la Comisión, de las que se da cuenta en el Capítulo I.

Sin embargo el reconocimiento de que ciertas enmiendas al Código puedan ser necesarias y hasta indispensables, no lleva a concluir que la instancia legislativa abierta con la iniciativa de los senadores del Partido Nacional –pródiga, por lo demás, en propuestas adicionales o sustitutivas originadas en diversas instituciones- significa una revisión sustancial del Código o un replanteo de la discusión sobre sus aspectos centrales. Fue así que vuestra Comisión debió adoptar un criterio de política legislativa que le permitiera discernir, entre las reformas propuestas, aquellas que recomendaría al Senado para ser acogidas, de las que no incluiría en el proyecto.

Con las dificultades inherentes a una tarea de esta naturaleza, la Comisión partió del concepto de recibir solamente las enmiendas que resultaran estrictamente necesarias para resolver cuestiones de importancia y que, a la vez, no alteraran ninguna de las orientaciones principales del nuevo Código.

El objetivo buscado pues, es contribuir a "la propia aplicación exitosa del Código" (Presidente del Senado, Sesión de la Comisión del 8 de marzo de 1990, Distribuido N° 40, página 4), y no a su reforma en términos sustanciales. Expresamente la Comisión desestimó la consideración de enmiendas que pudieran implicar un retorno, directo o indirecto, al sistema del Código de Procedimiento Civil, o, al menos, una rectificación a las orientaciones principales del actual.

Este concepto, compartido por la Comisión, fue expresado también en su seno, con claridad y elocuencia por el doctor Adolfo Gelsi Bidart, uno de los corredactores del Código quien, recogiendo la opinión de sus colegas, señaló:

"Los tres corredactores del Código expresamos muchas veces que no teníamos inconveniente en reconocer todos los errores que hubiéramos cometidos en dicha redacción, pero que existían algunas cosas fundamentales sobre las que el Parlamento puede resolver –como es natural- lo que entienda mejor, pero que no contaran con nuestro asentimiento o con nuestra opinión favorable.

Se ha pretendido, en primer lugar, cambiar el espíritu del proceso, el proceso ya no puede ser una pelea más o menos civilizada sino un instrumento, un medio para averiguar qué conflicto ha ocurrido y cuál es el Derecho aplicable, y determinar la aplicación del mismo. Por tanto, no pueden ser admitidos problemas relativos a que de un lado están los buenos y del otro los malos o a reservarse cosas para después. Tiene que ser un proceso de absoluta lealtad de ambas partes.

En segundo término, todo lo que tiene que ver con modificar la orientación básica, que es el proceso por audiencia, o con quitarle a la misma el sentido fundamental del proceso, no puede contar con nuestro asentimiento. Vamos a disentir con todo lo que se trate de volver hacia atrás, con muchas de las disposiciones que establece este proyecto (se refiere al proyecto inicial de modificaciones), aunque lógicamente el Senado puede establecerlas.

Finalmente, no creemos que se deban aumentar las excepciones al modo general de tramitar el proceso, sino que se debe aclarar cuáles son las disposiciones aplicables, y, en lo posible, suprimir aún más excepciones de las que ya han sido eliminadas". (Sesión del 8 de marzo de 1990, Distribuido N° 40, páginas 15 y 16).

A las razones expuestas para sustentar el criterio adoptado cabe aún añadir otras. Un Código requiere un tiempo relativamente prolongado para su completa inserción en la comunidad, máxime si, como es el caso, introduce cambios sustanciales con respecto a las normas anteriores. Es preciso de evitar que las dificultades implícitas en este proceso de adaptación y ajuste conduzcan a un rechazo de los preceptos nuevos y a un retorno apresurado a la normativa antes vigente.

Teniendo en cuenta que el Código comenzó a aplicarse a partir del 20 de noviembre de 1989, no es concebible que en el corto lapso que media desde entonces, se pueda promover una modificación de puntos fundamentales de un texto o propiciar un cambio radical en el espíritu que lo anima. Parece aconsejable que, salvo fallas fundamentales e insalvables, la jurisprudencia y la doctrina vayan iluminando los puntos oscuros y provean las respuestas a las interrogantes que un texto radicalmente innovador suele traer consigo. No otra cosa ocurrió con el Código Requena. Vale la pena subrayar que, por lo demás, la aspiración a resolver por vía legislativa todas las cuestiones dudosas no deja de ser un objetivo posiblemente o probablemente inalcanzable. Su búsqueda, además, promueve una frondosidad de normas y una abundancia de detalles fijados por ley que crean rigideces inconvenientes y que sofocan la actividad creativa de la jurisprudencia y de la doctrina.

Vuestra Comisión consideró que no se apartaba del criterio general expuesto si admitía, junto a las enmiendas juzgadas indispensables, otras de simple corrección de errores tipográficos, de referencias y similares, a fin de pulir la presentación del Código sin cambiar en nada el contenido de los preceptos.

En resumen, vuestra Comisión recomienda la aplicación del criterio restrictivo expuesto para las modificaciones, reafirmando así, plenamente, las orientaciones innovadoras introducidas por el actual Código General del Proceso y confiando en la capacidad de los tribunales para elaborar las soluciones que, congruentes con tales orientaciones, despejen dificultades que puedan derivar de la nueva normativa procesal.

IV. PROPUESTAS DE MODIFICACION QUE SE ACONSEJA SANCIONAR

A. VIGENCIA Y APLICACION DE LAS NORMAS DEL CODIGO

El Código, en su actual redacción, dispone que en la segunda instancia se aplicará el procedimiento nuevo a los asuntos en trámite, salvo que hubieren pasado a estudio (artículo 548.1). en cuanto a la primera instancia, hace aplicable a los procesos en trámite los artículos 1° a 116, con exclusión de las normas que establezcan responsabilidades y sanciones. (Artículo 548.2).

El precepto contenido en el artículo 548.1, se ha aplicado aparentemente sin dificultades mayores. En cambio la norma del artículo 548.2, ha suscitado algunas cuestiones delicadas. La vigencia parcial del Código en la primera instancia crea dudas en cuanto a los trámites a seguir en cada caso, y la utilización, a veces entremezclada, de normas de uno y otro Código, abre el camino para posibles planteos de nulidad.

Desde otro punto de vista, se percibe que las normas vigentes se refieren a la etapa de conocimiento y no encaran la etapa de ejecución, la que quedaría sin una normativa expresa para el período de transición de un Código al otro.

Los artículos 1° y 2° del proyecto de ley adjunto apuntan a solucionar los aspectos señalados, cuya importancia es evidente ya que dicen relación en definitiva con: a) el derecho aplicable a determinados procesos en trámite al tiempo de comenzar la vigencia del Código. Para este aspecto se propone el artículo 1° y:

b) La validez de las actuaciones cumplidas. Para este aspecto se propone el artículo 2°.

El artículo 1° tiene como eje de referencia el 20 de noviembre de 1989, fecha de comienzo de la vigencia del Código General del Proceso. Los procesos en trámite a esa fecha continuarían bajo las normas del Código de Procedimiento Civil hasta que recaiga la sentencia de primera instancia.

La segunda instancia se regirá por el Código General del Proceso, de acuerdo con el artículo 458.1. se define que los procesos de ejecución de trámite a esa fecha seguirán rigiéndose por el Código de Procedimiento Civil hasta su conclusión.

El artículo 2°, a su vez, despeja las posibles dudas sobre la validez de algunos de los procesos tramitados desde la vigencia del Código General del Proceso, reconociendo que serán válidas las actuaciones cumplidas según uno u otro cuerpo de leyes. Se prefirió incorporar esta aclaración al propio texto del Código, aunque ello dé lugar a una redacción un tanto inusual, a fin de conservar la unidad del tema y asegurar así al intérprete –actual y futuro- la disponibilidad inmediata en un mismo artículo de todas las referencias necesarias para abordar una materia delicada y compleja.

Los corredactores del Código General del Proceso y las instituciones consultadas estuvieron de acuerdo con las soluciones recogidas en los artículos 1° y 2°, que se originan en la iniciativa de los senadores nacionalistas.

B. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

El Código General del Proceso, como se anotó antes, procuró limitar los procedimientos especiales y encauzar los procesos por la vía ordinaria, extraordinaria o monitoria. No obstante, por razones diversas, reconoció la vigencia de algunos procedimientos establecidos en leyes especiales, a lo cual hace referencia el artículo 545. El nomen juris, "Excepciones", de esta disposición, así como la cantidad de las mismas, indican el propósito de restringir estos procedimientos en la mayor medida posible. Igual concepto surge de las expresiones en la Comisión del doctor Gelsi Bidart, citadas más arriba (Capítulo III).

Es natural que ese haya sido el concepto. La multiplicación de procedimientos diferentes, además de recargar y quitar claridad al funcionamiento de la Justicia, implica que tales procedimientos quedan fuera del campo de aplicación de las innovaciones del Código y, por tanto, continúan regidos por las normas anteriores. Estas readquieren de este modo un área inesperada de vigencia.

La Comisión consideró necesario proponer –no obstante el criterio restrictivo expuesto- dos agregados al artículo 545, los que, con las letras f) y g), figuran en el artículo 3° del proyecto.

El procedimiento de regulación de honorarios (letra f) figuraba en el proyecto de la bancada nacionalista y su exclusión del régimen ordinario fue reclamada en forma unánime por las diversas instituciones consultadas. Los corredactores del Código manifestaron también su acuerdo. (Distribuido N° 40, 1990, página 23, doctores Véscovi y Torello. La referencia al ordinal i, debe entenderse a la actual letra f).

Cabe señalar, además, que algunos intérpretes consideran que el artículo 144 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985, que establece el régimen de los honorarios profesionales, no fue derogado por el Código, ya que se trata de una norma sustantiva. De todos modos, el artículo 3° del proyecto adjunto elimina toda duda.

Corresponde señalar, finalmente, que la mención del artículo 144 al trámite de los incidentes como forma de sustanciar las oposiciones, debe entenderse obviamente referida a la regulación que de ellos hace el Código General del Proceso y no el Código de Procedimiento Civil que ahora está derogado. Una iniciativa más amplia del Colegio de Abogados en materia de honorarios profesionales (Distribuido N° 67, 1990, página 2), que implica una regulación más minuciosa de este procedimiento y la ampliación del algunas de sus hipótesis a otros profesionales, no fue abordada por la Comisión, entendiendo que ello debía ser el objeto de una legislación especial ya que, además de los aspectos procesales, involucra aspectos sustantivos.

La toma urgente de posesión (letra g) fue incluida como excepción, recogiendo una iniciativa del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, (Distribuido N° 40, 1990, página 23, Manifestaciones del doctor Véscovi), fundada en las razones de interés general presentes en estos casos y en consecuencia con los fundamentos y razón de ser de las normas sustantivas en la materia expropiatoria.

Aparte de los dos casos de procedimientos especiales admitidos, la Comisión consideró otros y no estimo apropiado incorporarlos como excepciones bajo el artículo 546. Se trata de los siguientes:

- Procedimientos relativos a animales invasores. Los trámites están subsistentes porque no forman parte del proceso contencioso. Si se produjera contencioso, será de aplicación el proceso actual de audiencia.

- Procedimiento de intimación directa por el Alguacil.

No se trate, en rigor, de un proceso, por lo que no ha sido derogado. Según la información disponible funciona normalmente.

En lo que dice relación con el irracional disenso y la disolución de la sociedad conyugal, propuestos en el proyecto original, se les considera procedimientos voluntarios, por lo que no se requiere su inclusión como excepciones al régimen del Código. De todos modos a los efectos de evitar dudas, el artículo 8° del proyecto de la Comisión modifica el artículo 406.1, del Código General del Proceso para decidir expresamente el punto.

C. SENTENCIAS EXTRANJERAS.

Se trata de uno de los temas más discutidos en Comisión y el único sobre el cual la decisión no fue unánime.

De conformidad con el artículo 539 del Código General del Proceso, las sentencias extranjeras tendrán eficacia en la República siempre que reúnan las condiciones que dicho artículo establece. Su numeral 4, dice:

"Que el tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para conocer en el asunto, de acuerdo con su derecho, excepto que la materia fuera de jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios". Por su parte el proyecto original de los senadores nacionalistas propuso la redacción siguiente:

"Que el tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para conocer en el asunto, de acuerdo con nuestro derecho internacional privado".

La exposición de motivos critica la norma vigente, expresando que según ésta: "la validez de una sentencia extranjera, para ser eficaz en el Uruguay, se debe estudiar de conformidad con el derecho del Tribunal extranjero que la dictó". Ante ello, propone "el retorno a la regla original y tradicional, de que la validez de una sentencia extranjera, se admite, sólo si el Juez que la dictó era competente según nuestras propias reglas de jurisdicción y competencia". (Distribuido N° 3, 1990, páginas 6 y 7).

La Subcomisión propuso y la Comisión adoptó por mayoría, la redacción que figura en el proyecto adjunto:

"Que el tribunal sentenciante, de acuerdo con las normas del derecho internacional privado aplicables, tenga jurisdicción para conocer en el asunto, excepto que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios".

Votaron a favor de este texto los senadores Korzeniak (Presidente de la Comisión), Abreu, Blanco y Cadenas Boix, haciéndolo en contra los senadores Batalla, de Posadas Montero (Ignacio) y Ricaldoni, quienes se inclinaron por la fórmula del proyecto original.

La fórmula que, en mayoría, se aconseja al Senado aspira a lograr un prudente equilibrio entre la actual redacción, que parece excesivamente abierta a la aplicación de sentencias extranjeras, y la del proyecto original de modificaciones que, al contrario, luce como muy restrictiva. Parece conveniente que el derecho acompañe las necesidades de una época caracterizada por el crecimiento constante de toda clase de vínculos entre las personas, más allá de sus respectivas fronteras nacionales. De lo contrario un país podría marginarse a sí mismo de la dinámica internacional, pretendiendo aplicar su regulación normativa a actos o negocios jurídicos ocurridos en el exterior, aun sin que nuestros tribunales tengan jurisdicción en ellos de acuerdo con nuestra propia legislación.

Pese a la discrepancia anotada, es importante subrayar que, bajo cualquiera de las redacciones consideradas –tanto el proyecto original como el de la Comisión- no se podrá ejecutar en la República una sentencia dictada por un tribunal extranjero cuando las normas vigentes del Uruguay atribuyan jurisdicción exclusiva a un tribunal nacional. La diferencia radica en que mientras el proyecto original requiere que el tribunal extranjero tenga jurisdicción de acuerdo "con NUESTRO derecho internacional privado", el proyecto de la Comisión requiere que tenga jurisdicción "de acuerdo con las normas del derecho internacional privado APLICABLES".

La evolución previsible del derecho internacional privado, por lo demás, presumiblemente atenuará, aún más, la diferencia. En efecto, la técnica seguida en las más recientes convenciones multilaterales en la materia, apunta, más que a definiciones genéricas de jurisdicción como las que se comentan, a listas extensas y detalladas de materias concretas señalando, en cada caso, la jurisdicción correspondiente. (Ver, por ejemplo, CIDIP III, La Paz, 1984, suscrita por la República). Entre tanto se reitera que la fórmula contenida en el artículo 4° ofrece un razonable equilibrio.

Los corredactores del Código manifestaron su conformidad con la solución aconsejada por la Comisión.

D. EXCEPCIONES PREVISAS.

1. Las modificaciones propuestas en los artículos 5° y 6° se originan en el proyecto de los senadores nacionalistas. De acuerdo con el régimen vigente, todas las defensas, dilatorias y de fondo, deben ser acumuladas por el demandado en un solo acto (artículo 132). No obstante, no hay traslado de las excepciones previas y el actor habrá de contestarlas verbalmente en la audiencia preliminar, siendo que tales excepciones pueden ser extremadamente complejas y requerir, por tanto, un estudio mayor.

La circunstancia anotada podría alterar la posición de igualdad entre las partes, colocando al actor en la situación de tener que improvisar una respuestas ante la defensa opuesta. El Juez deberá decidir entonces sobre la base de elementos de juicio no equivalentes: un escrito meditado y fundado, por una parte, y una respuesta verbal estructurada en la propia audiencia, por la otra.

Atendiendo a estas consideraciones, la Comisión recomienda la aprobación del artículo 5° del proyecto, que habilita un traslado de las excepciones previas por un término de diez días. Las demás enmiendas contenidas en los artículos 5° y 6°, se introducen para correlacionar el traslado que se introduce con el resto del procedimiento actual. Además, en la enmienda al artículo 341.2, se aclara que la ratificación no se limita al acto formal de confirmar lo contestado, sino que incluye también la expresión de los fundamentos en que se basa la contestación.

E) CORRECCIONES Y AJUSTES

El artículo 7° del proyecto propone una serie de modificaciones al Código General del Proceso, cuya carácter común consiste en ser simples ajustes de redacción o correcciones menores que no cambian las soluciones urgentes ni afectan ningún aspecto sustancial.

El origen de estas modificaciones está en la propuesta del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, contenida en el Distribuido N° 41, 1990. La Comisión entendió que la inclusión de estas enmiendas contribuye a una mejor presentación del Código General del Proceso, sin por ello abandonar el criterio restrictivo adoptado (supra Capítulo III). A continuación se expone brevemente, junto al número del artículo que se modifica, el contenido o explicación de la respectiva enmienda.

78.1. Se sustituye "providencias judiciales" por "actuaciones judiciales".

79.5. Se elimina el vocablo "de" entre "oficio" y "un".

204.3. Aclara que es la audiencia, y no sólo la convocatoria, que debe radicarse dentro del plazo.

205. Igual que con respecto al artículo 204.3.

247. Se elimina "en subsidio", pues no corresponde al régimen de recursos.

248.. Se incluye el Tribunal de Apelaciones de Familia.

285.2. En vez de "hasta el dictado de la sentencia", se dice "hasta que quede ejecutoriada la sentencia".

287. Se intercala "la" entre "de" y "resolución".

315.3. Se elimina "subsidiaria" y "apelación contra una" y se sustituye "al solo efecto devolutivo" por "sin efecto suspensivo".

340.3. Se sustituye "disponga" por "dispone".

344.3. Se sustituye "numeral 2" por "numeral 4°".

349.3. Se sustituye "193" por "192".

378.4. Se elimina "subsidiaria".

398.4. Sustituye "Si la sentencia condenara a" por "Si la obligación cuya ejecución se persigue consiste en otorgar", ajustándose así a la estructura del artículo en su conjunto.

420.1. Numeral 6. Se sustituye "1118 y 1119" por "1147 y 1148".

432. Se incluye "fiscal".

438.2. Incluye la apelación de cuestiones sustanciadas en juicio extraordinario.

490. Se agrega "no", antes de "podrá delegar".

544.2. Se agrega "sustanciales", antes de "particulares".

F) CONDENACIONES PROCESALES

El régimen de condenaciones establecido en el Código General del Proceso, si bien recoge para las sentencias definitivas el criterio tradicional del artículo 688 del Código Civil, las hace preceptivas en numerosos casos, incluso en la apelación y en la queja.

Sin embargo, aun compartiendo enteramente el propósito de estimular la lealtad de las partes, se advierte que la condena preceptiva al perdidoso puede resultar excesiva en ciertos casos.

La Comisión consideró las propuestas en esta materia formuladas por el Colegio de Abogados (Distribuido N° 67, 1990) y, a través de la Subcomisión, escuchó la opinión de los corredactores del Código. Finalmente elaboró la solución cuya aprobación se aconseja en el artículo 9°. En ésta, el criterio general en materia de condenaciones es el establecido en el artículo 688 del Código Civil pero conservando expresamente el régimen de preceptividad para un número de procedimientos en los que con mayor frecuencia se perciben desviaciones en su recto uso. Se estima equilibrar así la equidad en el tratamiento a las partes según su conducta con la exigencia de lealtad que deben exhibir los litigantes a lo largo del proceso. En forma expresa se define lo relativo a las condenaciones en los recursos de apelación y de queja, quitándole en esos casos el carácter preceptivo a las condenaciones.

G. EJECUCION DE DOCUMENTOS

Se propone agregar un segundo párrafo al actual artículo 72.1, a fin de evitar la posibilidad de que con un mismo documento se promueva más de una ejecución.

Esta modificación, así como las que se informan en los literales siguientes, se originan en sugerencias y fundamentos expuestos por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal (Distribuido N° 41, 1990).

H) CITACION DE TESTIGOS

Las modificaciones aconsejadas con respecto al artículo 160, tienen dos propósitos. En el 160.4, el propósito es reducir el arresto del testigo contumaz de cinco días a veinticuatro horas, para guardar consonancia con la Constitución (artículo 16). En el 160.6, agregado en la Comisión, el propósito es evitar las dificultades, tal vez insalvables, para obtener el testimonio cuando el testigo está domiciliado en el extranjero o muy alejado del tribunal, para lo cual se acepta ceder en el principio de inmediación.

I) PERITAJES

La Comisión recomienda introducir dos modificaciones. En el artículo 183.1, se permite eximir al perito de la obligación de concurrir a la audiencia en determinados casos. Se contempla la hipótesis de funcionarios públicos que por sus propias tareas puedan estar imposibilitados de comparecer.

En el artículo 185.3, se añade un segundo párrafo, según el cual la parte que carece de medios para pagar un perito igualmente puede obtenerlo a través del tribunal. Se restablece así, en ese punto, la igualdad de las partes en el proceso con respecto a un medio que, en determinadas materias, puede ser decisivo.

J) SENTENCIAS

El artículo 203.3, en su actual redacción, establece un plazo de 45 días para dictar sentencia definitiva, en tanto que el artículo 343.7, fija uno de 30 días. La Comisión propone que el artículo 203.3, se adecue al plazo del 343.7, o sea, a los 30 días.

Con respecto a la ejecución provisoria de las sentencias, tratándose de un instituto novedoso, se creyó oportuno efectuar algunos ajustes para precisar ciertos aspectos.

La modificación en el artículo 260.1, corrige una discordancia de plazos. En efecto, según el artículo 253.1, el plazo para apelar es de 15 días, mientras que la actual redacción del 260.1, fija un término de 6 días para pedir la ejecución provisional. Es decir, que debería solicitarse ésta, antes de saber si la parte condenada apelará o no.

Se introduce el ordinal 4 (el anterior 4, pasa a ser 5) para definir el régimen de apelación con respecto a la ejecución provisional.

En el ordinal 5, se flexibiliza la adopción de medidas cautelares, permitiendo que ello pueda decidirse "en cualquier momento".

K) CONCILIACION

Se recomienda no requerir la conciliación previa cuando el demandado se domicilia fuera del departamento correspondiente al tribunal competente en el proceso. La redacción actual del artículo 283.2, llega, en definitiva, o puede llegar, a una solución similar pero a través de un complicado procedimiento. Se entiende que las oportunidades de conciliación intraprocesales existentes en el régimen del Código General del Proceso, hacen innecesario seguir ese trámite.

V) CONSIDERACIONES FINALES

La Comisión desea expresar su reconocimiento a los corredactores del Código General del Proceso y a todas las personas e instituciones que generosamente le brindaron comentarios y sugerencias. Pudo desarrollarse de esta manera una tarea constructiva que, ilustrada con importantes contribuciones externas a la Comisión, tuvo un tono de gran rigor científico ajeno a cualquier manifestación de partidismo. La presencia y participación en estos trabajos del señor Presidente del Senado constituyó un aporte invalorable.

Es todo cuanto vuestra Comisión tiene que informar.

Sala de la Comisión, 3 de julio de 1990.

Enrique Cadenas Boix, Juan Carlos Blanco, José Korzeniak (Miembros Informantes), Sergio Abreu, Ignacio de Posadas Montero, Hugo Batalla, Américo Ricaldoni. Senadores.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 548.2, del Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988) por el siguiente:

"ARTICULO 548.2.- Las disposiciones de este Código no se aplicarán a los procesos en trámite al 20 de noviembre de 1989, los que seguirán de acuerdo con las normas en vigor a esa fecha, hasta que recaiga sentencia de primera instancia. Los procesos de ejecución en trámite a la fecha mencionada se regirán hasta su conclusión por las normas del Código de Procedimiento Civil".

Art. 2°.- Agrégase al artículo 548 el siguiente numeral:

"548.3. Las actuaciones judiciales recaídas en los procesos referidos por el numeral anterior, serán igualmente válidas sea que se hubieran realizado de conformidad con lo dispuesto por la anterior redacción del artículo 548 del este Código (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988), o que se hubieran ajustado a las disposiciones en vigor antes de la vigencia de este Código".

Art. 3°.- Agréganse al artículo 545 los siguientes literales:

"f) El proceso de regulación de honorarios, establecido por el artículo 144 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985.

g) El proceso de toma urgente de posesión previsto en el artículo 42 de la Ley N° 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción dada por el Decreto-Ley N° 10.247, de 15 de octubre de 1942".

Art. 4°.- Sustitúyese el numeral 4 del artículo 539.1, por el siguiente:

"4) Que, de acuerdo con nuestras normas de derecho internacional privado el asunto no fuera de jurisdicción preceptiva de los tribunales patrios (artículo 2401 del Código Civil)".

Art. 5°.- Sustitúyese el artículo 338.2 por el siguiente:

"ARTICULO 338.2.- Si mediare reconvención se conferirá traslado al actor por el plazo de 30 días. Si se opusieren a la demanda o a la reconvención, excepciones previas, se conferirá traslado al actor o al demandado, según fuere el caso, por un plazo de diez días. Cuando, por aplicación de este numeral, cualquiera de las partes dispusiere simultáneamente de plazos de diez y de treinta días para evacuar traslados, los evacuará todos juntos en el plazo de treinta días".

Art. 6°.- Sustitúyese el artículo 341.2 por el siguiente:

"ARTICULO 341.2.- Ratificación fundada por el actor de su contestación a las excepciones previas opuestas por el demandado y por éste de su contestación a las opuestas por el actor respecto de la reconversión".

Art. 7°.- Modifícanse los artículos 78.1, 79.5, 177.2, 204.3, 205, 247, 268, 285.2, 287, 315.3, 340.3, 344.3, 349.3, 378.4, 398.4, 407.1, 420.6, 432, 438.2, 490 y 544.2 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 78.1.- En todos los casos de jurisdicción voluntaria y contenciosa, las notificaciones de las actuaciones judiciales con excepción de las que se indican en el artículo 87, se efectuarán en las oficinas del tribunal.

ARTICULO 79.5.- A solicitud de parte y con autorización del tribunal, podrá practicarse la notificación en el domicilio, en todo el territorio nacional, en la forma prevista en este artículo mediante acta notarial por el escribano público que designe aquélla y a su costo.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará esta forma de notificación.

ARTICULO 177.2.- Las partes no podrán solicitar sino un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma. El tribunal podrá disponer de oficio un nuevo dictamen cuando a su juicio, procediere.

ARTICULO 204.3.- Devueltos los autos por el último Ministro, se convocará a la audiencia respectiva, que deberá realizase dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días.

ARTICULO 205.- (Plazos de estudio en los tribunales unipersonales). Cuando la segunda instancia se tramite ante un tribunal unipersonal, su titular dispondrá de los plazos de estudio indicados en el artículo precedente, y se convocará a audiencia que deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días.

ARTICULO 247.- (Efectos de la reposición). Si la decisión fuera modificativa de la anterior, la parte contraria tendrá la facultad de interponer un nuevo recurso de reposición y el de apelación, si correspondiere.

ARTICULO 268.- (Procedencia). El recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia, así como por los Juzgados Letrados de Primera Instancia, sean definitivas o interlocutorias con fuerza de definitivas.

ARTICULO 285.2.- Dicho plazo quedará suspendido desde el momento en que se promueva el correspondiente proceso para el acreditamiento del motivo de revisión, en los casos en que tal proceso fuere necesario, hasta que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a dicho proceso.

ARTICULO 287.- (Efecto de la interposición del recurso). La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de la resolución firme que motivare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 289.

ARTICULO 315.3.- La providencia que admita o deniegue una medida cautelar será recurrible mediante reposición y apelación; también lo será toda otra providencia modificativa de la medida.

La providencia que decrete una medida o dispone su sustitución por otra, será apelable sin efecto suspensivo.

ARTICULO 340.3.- Si el inasistente fuere el demandado, el tribunal dictará sentencia de inmediato y tendrá por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario, salvo que el proceso refiriese a alguna de las cuestiones mencionadas en el inciso 2° del artículo 134 en cuyo caso se estará a lo que allí se dispone.

ARTICULO 344.3.- En la audiencia, se diligenciará la prueba que el tribunal hubiere dispuesto a iniciativa de parte o de oficio (artículos 253.2 y 254 numeral 4°), y se oirá a las partes en la forma prevista para la primera instancia, dictándose, luego, sentencia.

ARTICULO 349.3.- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones previstas en los artículos 289 a 300 del Código Civil y 142 a 146 del Código del Niño y en los artículos 150, 151, 171 y 173 a 192 de este último Código, así como las relativas a regímenes de visita, restitución o entrega de menores o incapaces.

ARTICULO 378.4.- (Recursos). Contra la sentencia que decide el incidente de liquidación, podrán interponerse los recursos de reposición y apelación (artículos 245, 250.2 y 254).

ARTICULO 398.4.- Si la obligación cuya ejecución se persigue consiste en otorgar escritura pública y, en su caso, efectuar la tradición de una cosa, se procederá conforme a lo dispuesto en el ordinal 1. Vencido el plazo, el tribunal otorgará de oficio la escritura y, en su caso, efectuará la tradición.

Los gastos serán satisfechos por el ejecutante, el cual dispondrá de la vía de apremio para obtener el reembolso de lo que abonare.

ARTICULO 407.1.- Deferida la herencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1037 del Código Civil, podrá promoverse el proceso sucesorio, el que se tramitará de acuerdo con las disposiciones del presente Título.

ARTICULO 420.6.- Aprobada definitivamente la partición, se procederá a entregar a cada interesado su hijuela, así como los títulos de propiedad respectivos, con constancia de la adjudicación. En cuanto a los títulos comunes, se procederá como disponen los artículos 1147 y 1148 del Código Civil.

ARTICULO 432.- (Intervención del Ministerio Público y Fiscal). En todos los trámites de la herencia yacente intervendrá el representante del Ministerio Público y Fiscal.

ARTICULO 438.2.- Las sentencias que se pronuncien resolviendo cuestiones que se sustancian en jucio ordinario o extraordinario, serán susceptibles de apelación como las definitivas (artículos 25.1 y 253).

ARTICULO 490.- (Libertad de procedimiento). Las partes pueden convenir el procedimiento que consideren más conveniente.

Si nada dijeren o en cuanto no hubiese sido objeto de previsión especial en el procedimiento señalado, se aplicarán por los árbitros las disposiciones establecidas en este Código para el proceso ordinario.

En todos los casos, el Tribunal Arbitral antes de iniciar el proceso y sin perjuicio de reiterarla en él cuantas veces lo entienda oportuno, deberá intentar la conciliación en audiencia que no podrá delegar en el árbitro sustanciador, bajo pena de nulidad absoluta que se trasmitirá a las actuaciones posteriores.

ARTICULO 544.2. – La derogación dispuesta no alcanza a las disposiciones legales que establecen requisitos específicos previos para la válida proposición de la pretensión; las que determinan calidades o condiciones especiales en materia de capacidad o legitimación; las que limitan las defensas o excepciones admisibles; las que prescriben, para casos especiales, la inadmisibilidad de ciertas pruebas o determinan las exclusivamente admisibles y las que asignan efectos sustanciales particulares a la sentencia".

Art. 8°. – Modifícase el artículo 406.1, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 406.1. – Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo, salvo expresa disposición en contrario, en todos los casos de jurisdicción voluntaria, El irracional disenso y la disolución de la sociedad conyugal son procesos voluntarios".

Art. 9°. – Modifícanse los artículos 56, 261 y 237 que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 56. – Condenaciones en la sentencia definitiva.

56.1. – La sentencia definitiva impondrá condenación en costas, en costas y costos o declarará no hacer especial condenación, según corresponda, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 688 del Código Civil.

Se consideran costas todos los tributos, incluido el del pago de la vicésima, así como los honorarios de los peritos, depositarios, tasadores y demás auxiliares del tribunal. Se consideran costos, los honorarios de los abogados y de los procuradores.

56.2. – El régimen establecido en el numeral anterior se aplicará a todas las actuaciones judiciales previstas en este Código, con excepción de los procedimientos siguientes: juicio ejecutivo, vía de apremio, entrega de la cosa, recurso de casación, recurso de revisión e inconstitucionalidad de las leyes, en los procedimientos exceptuados se seguirá el régimen dispuesto en cada caso por este Código.

56.3. – La parte favorecida por la condena en costas, presentará su liquidación de lo adeudado por ese concepto que le deba ser reintegrado, ante el Secretario Actuario del tribunal, el que la aprobará o corregirá, expediendo testimonio que constituirá título de ejecución contra el obligado a su pago. De dicha liquidación, que será notificada personalmente a las partes, se podrá impugnar para ante el tribunal, cuya decisión será irrecurrible.

ARTICULO 261. – La sentencia de segunda instancia impondrá las condenaciones procesales de conformidad con el artículo 56.1.

ARTICULO 267. – Las costas y costos de la queja se impondrán de conformidad con el artículo 56.1".

Art. 10. – Modifícanse los artículos 72.1, 160, 183.1, 185.3, 203, 260, 293.2, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 72.1. – Los documentos que se incorporen al expediente podrán presentarse en su original o facsímil, con autenticación de su fidelidad con el original por escribano o funcionario público, si legalmente correspondiere. Sólo en caso de duda el tribunal podrá solicitar, de oficio o a pedido de parte, la agregación del original.

Cuando se presente un documento a los efectos de su ejecución deberá acompañarse el original, el cual podrá ser devuelto con constancia de su presentación si se proporcionare copia para ser agregada al expediente.

ARTICULO 160. – Citación del testigo.

160.1. – Los testigos serán citados con tres días de anticipación, por lo menos, por cédula en la que se señalará el deber de comparecer y sanción para el caso de desobediencia.

160.2. – Se prescindirá de la citación cuando la parte que propuso al testigo asumiere la carga de hacerlo comparecer; en este caso si el testigo no concurriera sin justa causa se prescindirá de su testimonio, salvo lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5.

160.3. – El testigo, que citado por el tribunal rehúse comparecer, será conducido a presencia de aquél por la fuerza pública.

160.4. – El testigo que rehusara declarar incurrirá en desobediencia al tribunal y éste podrá imponer su arresto hasta por 24 horas.

160.5. – No se descontará del salario del testigo compareciente, el tiempo que estuvo a disposición del tribunal.

160.6. – Excepcionalmente, y consideradas las circunstancias del caso, podrá disponerse la declaración del testigo ante tribunal comisionado, cuando aquél se domicilie en el extranjero o a una distancia tal de la sede, que le haga difícil o gravosa su concurrencia. A esos efectos se librará exhorto instruido para su interrogatorio que redactará el tribunal oídas las partes al respecto. El interrogatorio se practicará por el tribunal comisionado en la forma indicada en el artículo siguiente. Cuando el cometido fuera un tribunal nacional se comunicará al comitente con antelación suficiente, la fecha señalada para la audiencia, a fin que ésta sea puesta en conocimiento de las partes.

ARTICULO 183.1. – El dictamen pericial será comunicado a las partes y éstas, en el plazo de tres días luego de aquella comunicación o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen pertinentes, las que serán evacuadas durante el curso de la audiencia o si ello no fuera posible, en el plazo que establezca el tribunal. En todos los casos, el dictamen será examinado en la audiencia, a la que deberá concurrir el perito salvo que por motivos debidamente fundados y tratándose de peritos designados en virtud de su función pública, el tribunal exima la concurrencia.

ARTICULO 185.3. – En el peritaje solicitado por las partes se deberá consignar previamente, con apercibimiento de tenerse por renunciada esa prueba, una suma adecuada que fijará el tribunal para garantizar el pago de los honorarios y gastos, los cuales serán fijados en la sentencia definitiva.

El tribunal podrá eximir de la previa consignación cuando la parte que solicita el peritaje justifique, o ello surja de autos, que carece de medio para solventarla; en esos casos, el tribunal podrá encargar la pericia a un técnico en la materia, funcionario de un organismo estatal, quien no podrá excusarse.

ARTICULO 203. - Plazos para dictar sentencia.

203.1. – Los tribunales, sean unipersonales o colegiados, deberán dictar la sentencia al término de la audiencia final, y en esa misma oportunidad, expedir el fallo con sus fundamentos; de todo lo cual se dará lectura a los efectos de su comunicación (artículo 76).

203.2. – El tribunal, sea unipersonal o colegiado, podrá diferir la expresión de los fundamentos para una ulterior audiencia, la que deberá llevarse a cabo en plazo no mayor de diez días si se tratare de sentencia interlocutoria y de quince días si se tratare de sentencia definitiva. Los plazos para recurrir se contarán a partir del día siguiente al de la celebración de esta última audiencia.

203.3. – Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar el plazo para dictar la sentencia con sus fundamentos por quince días, si fuere interlocutoria y por treinta días si se tratare de sentencia definitiva, procediéndose conforme con lo establecido en el ordinal anterior.

203.4. – Lo dispuesto por el ordinal primero de este artículo no rige en los casos en que la ley permite expresamente que la sentencia sea dictada por escrito y fuera de audiencia, y los casos de jurisdicción voluntaria en que las providencias se dictan fuera de audiencia. En estos casos los plazos para dictar sentencia serán de quince días si se tratare de interlocutoria y de treinta días si se tratare de definitiva, de puestos los autos al despacho al efecto. Si entre esa fecha y la de la última actuación mediaran más de diez días, el plazo comenzará a correr desde la última actuación. Si se tratare de tribunal colegiado, cada integrante dispondrá del plazo de estudio que prevé el artículo 204.1 que se computará conforme con lo establecido por el artículo 208, y el plazo para dictar sentencia se contará a partir de la fecha de devolución de los autos por el último Ministro.

ARTICULO 260. – Ejecución provisional.

260.1. – Cuando se recurriere una sentencia definitiva de condena, el vencedor podrá solicitar la ejecución provisional dentro del plazo para evacuar el traslado del recurso, prestando garantía suficiente para responder, en su caso, por todos los gastos judiciales y daños y perjuicios que pudiera ocasionar a la parte contraria.

260.1. – Será competente para la ejecución provisional de la sentencia, el tribunal ante el cual se siguió la primera instancia del proceso.

La petición de ejecución provisional puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de un testimonio de la sentencia.

Si se formulase en el mismo expediente, se formará de inmediato pieza separada y se continuarán en esa pieza los procedimientos.

Si se formulase mediante presentación de testimonio, se seguirán a continuación de éste los procedimientos.

260.3. – La contraparte podrá solicitar la suspensión de la ejecución provisional por causarle perjuicio grave, de difícil reparación; circunstancia que el tribunal apreciará discrecionalmente. Si estimare que existe esa posibilidad, exigirá al condenado que preste garantía bastante para asegurar, en todo caso, lo que ha de ser objeto de la ejecución con más los intereses, costas y costos que el posterior trámite del recurso pueda irrogar.

260.4. – La resoluciones del tribunal que dispongan o denieguen la ejecución provisional o su suspensión serán apelables conforme con lo dispuesto por el artículo 251 numeral segundo.

260.5. – En lugar de la ejecución provisional, podrán adoptarse en cualquier momento medidas cautelares, si la parte interesada así lo solicitare, sin más exigencia que la prestación de garantía para responder, en su caso, por todos los daños y perjuicios y gastos judiciales que la medida pudiere irrogar a la parte recurrente, si se revoca la sentencia; según las circunstancias del caso, podrá el tribunal eximir al peticionario de la prestación de contracautela.

ARTICULO 293.2. – Si el actor ignorare el domicilio del demandado o se tratare de persona desconocida, se prescindirá de la conciliación previa. Tampoco procederá la conciliación previa cuando el demandado se domiciliare fuera del departamento correspondiente al tribunal competente para conocer del juicio".

Sala de la Comisión, 3 de julio de 1990.

Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, José Korzeniak (Miembros Informantes), Sergio Abreu, Hugo Batalla, Ignacio de Posadas Montero, Américo Ricaldoni. Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE. – Léase.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor miembro informante senador Blanco.

SEÑOR BLANCO. – Tengo el propósito de plantear muy esquemáticamente el asunto ya que la Comisión trabajó intensamente en el tema, al igual que una Subcomisión creada por la Comisión de Constitución y Legislación para analizar estas modificaciones, la cual produjo un informe que obra en poder de los señores senadores.

Asimismo, los señores senadores Korzeniak, Cadenas Boix y quien habla que integramos la Subcomisión estamos a disposición para evacuar cualquier consulta que se quiera formular en Sala sobre este tema.

Quiero comenzar por una especie de fe de erratas, porque hay algunas confusiones en el texto que tiene en consideración el Senado. En el informe de la Comisión, Repartido N°71, en el capítulo destinado a Sentencias Extranjeras que figura en las páginas 19 y 20, se copió un texto anterior mientras que el definitivo obra en una hoja adicional que voy a hacer llegar oportunamente a la mesa. Básicamente la diferencia consiste en que en el texto que figura en el Repartido, cuya sustitución solicito, se hace referencia a un tema en el que habría habido una discordancia en la Comisión en la decisión por mayoría, que luego fue unánime, eso fue así a cierta altura de la discusión, pero posteriormente en virtud de una fórmula que se encontró para zanjar las diferencias manifestadas en el seno de la Comisión, fue posible llegar a una solución de consenso, eso queda registrado en la hora que haré llegar a Secretaría y a la Presidencia de la mesa a los efectos de la corrección correspondiente.

Luego, en el propio texto del articulado, hay que hacer pequeños ajustes en la numeración ya que hay confusiones entre el sistema de numeración que usa el Código –que pone el número de artículo, un punto y un nuevo numeral que sirve para determinar las distintas partes del artículo- y los casos en que utiliza un número con paréntesis. A los efectos de la precisión necesaria en este tipo de reformas hay dos o tres ajustes pequeñísimos de detalle que también haré llegar a la Presidencia inmediatamente de terminada la discusión general.

(Ocupa la Presidencia el señor senador Astori)

-Entrando en la información al Senado sobre el trabajo de la Comisión en relación a este proyecto cuya aprobación se aconseja, desearía expresar que la Comisión trabajó intensamente en el tema y contó con la cooperación muy decidida de una serie de personas e instituciones que acercaron su opinión muy valiosa a la Comisión. Me refiero a los propios corredactores del Código, doctores Gelsi, Torello y Véscovi, a la Suprema Corte de Justicia, al Colegio de Abogados, a la Asociación de Magistrados Judiciales y al Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, así como también a otras instituciones que hicieron llegar numerosas ideas y sugerencias al trabajo de la Comisión.

En términos generales, la Comisión trabajó como es sabido, comenzando con un proyecto presentado al principio de esta Legislatura por la totalidad de los señores senadores del Partido Nacional, se trataba de un proyecto destinado no a introducir reformas de fondo en el Código General del Proceso sino, como lo señalaba el señor Presidente del Cuerpo en una intervención que tuvo en la Comisión, las necesarias para asegurar el mejor éxito en su aplicación, el criterio que adoptó la Comisión en su trabajo fue no admitir o recibir una profusión de reformas y, fundamentalmente, descartar aquellas que de una manera y otra pudieran alterar el sentido central y vertebral de las reformas introducidas por el nuevo Código General del Proceso. Se ha entendido que este Código, que en realidad entro en vigencia en noviembre del año pasado, es una obra legislativa de extraordinaria importancia, es el primer Código cuya aprobación se ha producido totalmente dentro de un sistema constitucional democrático, funcionando el Parlamento regularmente. Es una obra extremadamente extensa e intensa en su elaboración que se realizó con la colaboración de distinguidos juristas y numerosos legisladores que durante mucho tiempo estuvieron trabajando en la conformación de este proyecto.

Como se sabe, este proyecto introduce reformas importantes en el proceso, haciendo de la oralidad en la audiencia el centro del proceso civil y admitiendo una mayor inmediatez en el contacto del Juez con las partes y con las pruebas. Introduce una serie de mecanismos que facilitan el proceso, lo hacen más rápido y, fundamentalmente, privilegian la noción de transparencia, de claridad y de lealtad procesal.

Es evidente que a una obra de esta magnitud jurídica con tan poco de vigencia, no sería razonable introducirle a esta altura reformas de carácter sustancial sino solamente aquellas indispensables, las necesarias para asegurar su mejor éxito, como se dijo al presentar el proyecto en la Comisión.

En ese entendido, la Comisión tomó un criterio restrictivo e instruyó a la Subcomisión que integramos los señores senadores Korzeniak –como Presidente- Cadenas Boix y quien habla. Luego, sobre la base del proyecto del Partido Nacional y algunas sugerencias hechas llegar por parte de las instituciones que he mencionado, se estructuró el proyecto que está a consideración del Senado. A eso se agregó además, en uno de los artículos a consideración del Cuerpo –específicamente el artículo 7°- un conjunto de correcciones que podríamos llamar de ajuste de redacción e incluso de carácter tipográfico, a efectos de facilitar una mejor presentación y una mejor emisión del Código. Pero estas modificaciones son simplemente de corrección y de presentación, y no alteran la sustancia del Código.

Los temas en que la Comisión entendió necesario introducir modificaciones y que podrán ser explicitados en la discusión particular son la vigencia de aplicación de las normas del Código, los procedimientos especiales, la aplicación de sentencias extranjeras, las excepciones previas, las condenaciones procesales, la ejecución de documentos, citación de testigos, peritajes, sentencias y conciliaciones, aparte de las correcciones y ajustes a que hice referencia anteriormente.

Sobre esta base la Comisión estructuró el proyecto que en su articulado refleja, en el orden mencionado, los temas que se han tratado. Entonces, la Comisión recomienda la aprobación de este proyecto, los miembros informantes estamos a disposición de los señores senadores para contestar las preguntas que nos quieran formular.

Para finalizar mis palabras, desearía subrayar el trabajo extremadamente constructivo desarrollado por toda la Comisión y por todas las personas e instituciones que contribuyeron con sus opiniones y su asesoramiento al mejor éxito de nuestro trabajo. Incluso es de destacar la presencia constante del señor Presidente del Cuerpo en el curso de nuestro trabajo.

SEÑOR KORZENIAK. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. – Es muy poco lo que voy a agregar porque, como ustedes pueden apreciar, el señor senador Blanco ha hecho una larga exposición y el informe de la Comisión es muy extenso, precisamente para tener un carácter explicativo.

En este momento ya sea está haciendo el distribuido a que aludió el señor senador Blanco. Quiero advertirles que hubo un error dactilográfico en el mismo. En la parte superior de ese distribuido figura el número de página 10, pero corresponde a la página 20 de Repartido N° 71. El número de página 10 obedece a una numeración antigua. De manera que ésta ahora repartida es la página 20 del Repartido N° 71.

No es, naturalmente, el de la página 10; por lo tanto, como decía jocosamente el señor senador Batalla, está en duda el principio de la identidad en cuanto a que A es igual a A.

En segundo lugar, debo aclarar algo que el señor senador Blanco ya expresó, pero deseo destacarlo, la Comisión no entiende que esto signifique haber hecho las reformas que el Parlamento considera necesarias para el Código General del Proceso, lo que ella entiende –a lo sumo- es que, para conocer qué mejoras deben introducirse a un Código, se necesita por lo menos un año de aplicación, a partir del cual recién se tiene una experiencia suficiente. Se trata, entonces, de realizar aquellas reformas más o menos urgentes que se consideraron indispensables.

En tercer término deseo señalar –y termino, señor Presidente- que uno de los puntos que el señor senador Ricaldoni entendía que podría también ser considerado como tema urgente –ya estaba acordado hasta donde se seguía trabajando- finalmente no quedó plasmado y es el tema vinculado con el acceso del público o su prohibición a las audiencias vinculadas con los temas de familia o con ciertos temas de familia

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori). – Sin ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la discusión particular.

Léase el artículo 1°.

(Se lee:)

"ARTICULO1°. – Sustitúyese el artículo 548.2 del Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988) por el siguiente: ‘Artículo 548.2. – Las disposiciones de este Código no se aplicarán a los procesos en trámite al 20 de noviembre de 1989, los que seguirán de acuerdo con las normas en vigor a esa fecha, hasta que recaiga sentencia de primera instancia. Los procesos de ejecución en trámite a la fecha mencionada se regirán hasta su conclusión por las normas del Código del Procedimiento Civil’".

-En consideración.

(Ocupa la Presidencia el doctor Aguirre Ramírez)

SEÑOR RICALDONI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: como se trata de normas muy técnicas –todas- propondría que se votaran en conjunto todos los artículos del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. – La Presidencia considera que el criterio expuesto por el señor senador Ricaldoni es razonable, pero observa –y pide disculpas sobre todo a los señores miembros de la Comisión de Constitución y Legislación por volver sobre un tema que ha sido largamente discutido en su seno- que en la modificación propuesta al numeral 4° del artículo 539.1, que se refiere al criterio para reconocer eficacia a las sentencias extranjeras que puedan ejecutarse en nuestro país, se ha adoptado una definición que ha sido expresada únicamente por la negativa. Esto es, que excluye a aquellas sentencias que recayeren sobre materias que fueran de jurisdicción preceptiva de los tribunales patrios, de acuerdo con el artículo 2.401, del Código Civil que forma parte de su apéndice. Si bien con esta regla defendemos la competencia de nuestros tribunales –cuando recae sobre ellos de acuerdo con nuestro Derecho Internacional Privado- no establecemos ningún principio para definir cuándo una sentencia puede ejecutarse, si su materia no es de competencia de nuestros tribunales, personalmente quiero decir que no se establece ningún principio de carácter afirmativo y, por consiguiente, si el asunto no fuera de competencia de nuestros tribunales, cuando fallare otro tribunal de cualquier nación del mundo, tendría siempre que ejecutarse la sentencia, lo que me parece razonable. Conversando fuera de sesión con el señor senador Cadenas Boix, le planteaba el siguiente ejemplo: tratándose de un contrato celebrado en Paraguay entre un francés y un inglés, que se hubiere ejecutado en Brasil, de acuerdo con este texto, si recayera una sentencia dictada por un tribunal de Japón o de Singapur, debería ser ejecutada de todos modos, aunque ese tribunal no fuere competente según un propio derecho. Eso no es razonable.

En consecuencia –y pido disculpas por incursionar de esta manera en un tema tan técnico- si la Comisión está de acuerdo propongo que el numeral 4° del artículo 539.1 del Código General del proceso quede redactado de la siguiente manera: "4) Que, de acuerdo con nuestras normas de Derecho Internacional Privado el asunto no fuera de jurisdicción preceptiva de los tribunales patrios (artículo 2.041 del Código Civil) y que, de acuerdo con el Derecho Internacional Privado del tribunal sentenciante, éste tenga jurisdicción en la esfera internacional para conocer del asunto".

SEÑOR CADENAS BOIX.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX.- Señor Presidente: estoy totalmente de acuerdo con el agregado propuesto porque, a mi juicio, contempla exactamente la dificultad que yo planteaba con respecto a la redacción original del primer proyecto que la Comisión tuvo a consideración que, justamente, esta fórmula viene a subsanar.

SEÑOR BATALLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA.- Señor Presidente: declaro que estoy de acuerdo con la fórmula sustitutiva propuesta. Se trata de una norma que fue discutida en Comisión y para la que se han propuesto distintas redacciones. Considero que la fórmula que propone el señor Presidente, más que modificativa es complementaria y me parece que la complementa en forma correcta. Por esa razón, como integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, dejo expresa mi conformidad.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI.- También yo me siento conforme y además creo que esta fórmula que usted propone ahora en Sala la había ya delineado de alguna manera en el seno de la propia Comisión. al igual que todos los demás compañeros que me han precedido en el uso de la palabra comparto la razón por la cual corresponde ese agregado, de modo que adelanto mi voto favorable, como integrante de la Comisión.

Deseo referirme ahora, señor Presidente, a otro aspecto vinculado con la aprobación de estas modificaciones a introducir al Código General del Proceso.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RICALDONI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Deseo manifestar que también comparto el agregado que propone el señor Presidente pero me gustaría –salvo una segunda lectura más detenida- ver la posibilidad de quitar la frase que dice "en la esfera internacional", puesto que no he podido captar cuál es la necesidad de que allí figure. Creo que bastaba con decir "que sea competente de acuerdo con el Derecho Internacional".

SEÑOR PRESIDENTE.- Aclaro al señor senador Korzeniak que el estilo lo saqué de la redacción original del Código, aunque a mí también me rechinaba. De todos modos, no hay inconveniente en suprimir esa frase.

Puede continuar al señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI.- Quizá habría que decir "de acuerdo con nuestras normas de Derecho Internacional Privado, en la esfera internacional".

Continuando con mi exposición diré que en la Comisión de Constitución y Legislación había planteado un aspecto no contemplado en el Código General del Proceso ni tampoco en esta reforma y que los señores miembros de la Comisión saben que constituye una muy honda preocupación personal. La idea original no es mía. El año pasado fui invitado a una mesa redonda de la que participaron diversos magistrados y especialistas en materias vinculadas con el Código General del Proceso y uno de los asistentes hizo una reflexión que me pareció absolutamente adecuada a la realidad. Era el doctor Juan Andrés Ramírez, actual Ministro del Interior –naturalmente, en aquel momento, previo al acto electoral, no creo que él pensara en que abandonaría su tarea docente...

SEÑOR CADENAS BOIX.- No la abandonó, señor senador.

SEÑOR RICALDONI.- En efecto, señor senador. Decía que quizá no pensara en que iba a abandonar sus otras actividades para ingresar al Poder Ejecutivo. También estaba presente en ese momento el doctor Aguirre Ramírez, hermano del señor Presidente del Cuerpo.

¿Qué se planteaba en aquel momento? Repito que esa es mi preocupación desde hace tiempo, y así lo vengo señalando en la Comisión. el régimen de audiencias públicas que se establece en el Código General del Proceso, en algunas materias puede estar resultando inconveniente en tanto y cuanto da publicidad a cuestiones que forman parte de la intimidad de las personas. Hay muchos temas en materia, por ejemplo, de Derecho de Familia, señor Presidente, en los cuales no parece adecuado que haya audiencia pública. Me refiero a los casos en que se discute una investigación de paternidad, la conducta de los padres frente a los hijos –de la cual puede estar dependiendo el otorgamiento de la guarda o la propia patria potestad- o los divorcios por causales tan serias como el adulterio o las injurias graves. En fin, existen una cantidad de materias en las cuales, realmente, no se ve la conveniencia sino, todo lo contrario, la inconveniencia de que esa audiencia sea pública.

Hace poco tiempo estuve en Londres, donde pasé dos días en las Cortes británicas conversando con magistrados y luego, también, con algún profesor de Derecho Procesal. Se me hizo llegar la normativa vigente en Gran Bretaña a este respecto. En ella, precisamente, las cuestiones menores, de Derecho de Familia y otras que ellos denominan –sin crearse las polémicas que se suscitan en Uruguay- de seguridad nacional, están excluidas del régimen general que, por supuesto, es de audiencias públicas. Inclusive, hay algunas audiencias que siendo públicas, no pueden tener como espectadores a menores de edad por los temas que en ellas se trata.

Además, se me hizo saber que todas estas normas no son novedades de los últimos tiempos sino que existen desde hace mucho en Gran Bretaña, por razones como las que acabo de exponer.

He traído –y obra en poder los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación- el texto de la Legislación británica que tiene que ver con las audiencias que son públicas y aquellas que no lo son. Sin embargo, quiero señalar una dificultad que se ha presentado. Por dos veces el que habla prometió a la Comisión de Constitución y Legislación traer algún texto para agregar al que estábamos considerando porque existía –según creo- un consenso dentro del seno de esa ámbito de trabajo en el sentido de que valía la pena estudiar este aspecto de la cuestión. Razones de trabajo imprevistas dentro y fuera del Parlamento me han impedido presentar esa proyecto hasta el día de hoy. De manera que si ahora se está tratando el texto sin ese aditivo, la responsabilidad es exclusivamente de quien habla y, en modo alguno, de los demás integrantes de la Comisión.

Entonces, advierto que existen dos posibilidades. Por un lado, podemos aprobar sin más este proyecto, como parece ser el espíritu del Senado, y luego considerar como un texto separado lo que eventualmente resulte de lo que acabo de expresar. Por otra parte –y para ello me voy a atrever a solicitar la benevolencia del Cuerpo- podríamos aprobar este proyecto con las modificaciones y adiciones que resulten de la discusión particular, pero sin terminar la consideración del proyecto –y lo digo con cierto rubor- hasta el martes próximo. Para esa instancia creo que la Comisión podría elevar una sencilla norma que contemple los problemas que, a mi juicio, no pueden ser librados a la publicidad, como en general y con razón el proyecto dispone para las demás materias.

Más allá de las ventajas generales que nadie discute de las audiencias públicas en el sentido de que la ciudadanía sepa cómo se administra la Justicia, hay razones para que en ciertos casos –porque también ello constituye un bien moral muy importante- la intimidad de las familias o de las personas sea considerada y preservada.

Por estas razones, señor Presidente, formulo moción para que al momento de finalizar la discusión particular del articulado que estamos considerando, se deje en suspenso la aprobación del proyecto hasta la próxima sesión del martes, oportunidad en la cual quizás podamos contar con ese texto aditivo al que me acabo de referir. En caso contrario, naturalmente, si en la sesión del martes no se tuviera una propuesta de la Comisión, desistiría de esa pretensión. Esa es mi moción concreta, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si la Presidencia no interpreta mal, la moción del señor senador Ricaldoni significa que se vayan votando los artículos hasta detenernos en el artículo 10, a efectos de poder agregar luego esa nueva modificación que él ha sugerido.

Entonces, se procederá de esa manera, es decir, se votará artículo por artículo o en bloque, poer sólo hasta el artículo 9°.

SEÑOR CADENAS BOIX.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CADENAS BOIX.- De acuerdo con las razones expuestas por el señor senador Ricaldoni, éste es un tema demasiado técnico como para discutirlo en Sala. En consecuencia, mociono para que se vote en bloque, con excepción del último artículo

SEÑOR RICALDONI.- ¿Me permite, señor senador?

A esto habría que agregar la propuesta formulada por el señor Presidente del Cuerpo.

SEÑOR CADENAS BOIX.- De acuerdo, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar entonces la moción de orden conjunta de los señores senadores Cadenas Boix y Ricaldoni en el sentido de que se voten en bloque los artículos 1° a 9°, con la modificación que sugerimos al artículo 4°. Luego se suspenderá la discusión particular.

(Los artículos cuya votación en bloque se propone son los siguientes:

"Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 548.2 del Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988) por el siguiente:

ARTICULO 548.2.- Las disposiciones de este Código no se aplicarán a los procesos en trámite al 20 de noviembre de 1989, los que seguirán de acuerdo con las normas en vigor a esa fecha, hasta que recaiga sentencia de primera instancia. Los procesos de ejecución en trámite a la fecha mencionada se regirán hasta su conclusión por las normas del Código de Procedimiento Civil.

Art. 2°.- Agrégase al artículo 548 el siguiente numeral:

548.3.- Las actuaciones judiciales recaídas en los procesos referidos por el numeral anterior, serán igualmente válidas sea que se hubieran realizado de conformidad con lo dispuesto por la anterior redacción del artículo 548 de este Código (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988), o que se hubieran ajustado a las disposiciones en vigor antes de la vigencia de este Código.

Art. 3°.- Agréganse al artículo 545 los siguientes literales:

f) El proceso de regulación de honorarios, establecido por el artículo 144 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985.

g) El proceso de toma urgente de posesión previsto en el artículo 42 de la Ley N° 3.958, de 28 de marzo de 1912 en la redacción dada por el Decreto – Ley N° 10.247, de 15 de octubre de 1942.

Art. 4°.- Sustitúyese el numeral 4 del artículo 539.1, por el siguiente:

4) Que, de acuerdo con nuestras normas de derecho internacional privado el asunto no fuera de jurisdicción preceptiva de los tribunales patrios (artículo 2401 del Código Civil).

Art. 5°.- Sustitúyese el artículo 338.2 por el siguiente:

ARTICULO 338.2.- Si mediare reconvención se conferirá traslado al actor por el plazo de 30 días. Si se opusieren a la demanda o a la reconvención, excepciones previas, se conferirá traslado al actor o al demandado, según fuere el caso, por un plazo de diez días. Cuando, por aplicación de este numeral, cualquiera de las partes dispusiere simultáneamente de plazos de diez y de treinta días para evacuar traslados, los evacuará todos juntos en el plazo de treinta días.

Art. 6°.- Sustitúyese el artículo 341.2, por el siguiente:

ARTICULO 341.2.- Ratificación fundada por el actor de su contestación a las excepciones previas opuestas por el demandado y por éste de su contestación a las opuestas por el actor respecto de la reconversión.

Art. 7°.- Modifícanse los artículos 78.1, 79.5, 177.2, 204.3, 205, 268, 285.2, 287, 315.3, 340.3, 344.3, 349.3, 378.4, 398.4, 407.1, 420.6, 432, 438.2, 490 y 544.2 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

ARTICULO 78.1.- En todos los casos de jurisdicción voluntaria y contenciosa, las modificaciones de las actuaciones judiciales con excepción de las que se indican en el artículo 87, se efectuarán en las oficinas del tribunal.

ARTICULO 79.5.- A solicitud de parte y con autorización del tribunal, podrá practicarse la notificación en el domicilio, en todo el territorio nacional, en la forma prevista en este artículo mediante acta notarial por el escribano público que designe aquélla y a su costo.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará esta forma de notificación.

ARTICULO 177.2.- Las partes no podrán solicitar sino un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma. El tribunal podrá disponer de oficio un nuevo dictamen cuando a su juicio procediere.

ARTICULO 204.3.- Devueltos los autos por el último Ministro, se convocará a la audiencia respectiva, que deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días.

ARTICULO 205.- (Plazos de estudio en los tribunales unipersonales). Cuando la segunda instancia se tramite ante un tribunal unipersonal, su titular dispondrá de los plazos de estudio indicados en el artículo precedente, y se convocará a audiencia que deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días.

ARTICULO 247.- (Efectos de la reposición). Si la decisión fuera modificativa de la anterior, la parte contraria tendrá la facultad de interponer un nuevo recurso de reposición y el de apelación, si correspondiere.

ARTICULO 268.- (Procedencia). El recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de Familia, así como por los Juzgados Letrados de Primera Instancia, sean definitivas o interlocutorias con fuerza de definitivas.

ARTICULO 285.2.- Dicho plazo quedará suspendido desde el momento en que se promueva el correspondiente proceso para el acreditamiento del motivo de revisión, en los casos en que tal proceso fuere necesario, hasta que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin a dicho proceso.

ARTICULO 287.- (Efecto de la interposición del recurso). La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de la resolución firme que motivare, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 289.

ARTICULO 315.3.- La providencia que admita o deniegue una medida cautelar será recurrible mediante reposición y apelación; también lo será toda otra providencia modificativa de la medida.

La providencia que decrete una medida o dispone su sustitución por otra, será apelable sin efecto suspensivo.

ARTICULO 340.3.- Si el inasistente fuere el demandado, el tribunal dictará sentencia de inmediato y tendrá por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario, salvo que el proceso refiriese a alguna de las cuestiones mencionadas en el inciso 2° del artículo 134 en cuyo caso se estará a lo que allí se dispone.

ARTICULO 344.3.- En la audiencia, se diligenciará la prueba que el tribunal hubiere dispuesto a iniciativa de parte o de oficio (artículos 253.2 y 254 numeral 4°), y se oirá a las partes en la forma prevista para la primera instancia, dictándose luego, sentencia.

ARTICULO 349.3.- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones previstas en los artículos 289 a 300 del Código Civil y 142 a 146 del Código del Niño y en los artículos 150, 151, 171 y 173 a 192 de este último Código, así como las relativas a regímenes de visita, restitución o entrega de menores o incapaces.

ARTICULO 378.4.- (Recursos). Contra la sentencia que decide el incidente de liquidación, podrán interponerse los recursos de reposición y apelación (artículos 245, 250.2 y 254).

ARTICULO 398.4.- Si la obligación cuya ejecución se persigue consiste en otorgar escritura pública y, en su caso, efectuar la tradición de una cosa, se procederá conforme a lo dispuesto en el ordinal 1. Vencido el plazo, el tribunal otorgará de oficio la escritura y, en su caso, efectuará la tradición.

Los gastos serán satisfechos por el ejecutante, el cual dispondrá de la vía de apremio para obtener el reembolso de lo que abonare.

ARTICULO 407.1.- Deferida la herencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1037 del Código Civil, podrá promoverse el proceso sucesorio, el que se tramitará de acuerdo con las disposiciones del presente Título.

ARTICULO 420.6.- Aprobada definitivamente la partición, se procederá a entregar a cada interesado su hijuela, así como los títulos de propiedad respectivos, con constancia de la adjudicación. En cuanto a los títulos comunes, se procederá como disponen los artículos 1147 y 1148 del Código Civil.

ARTICULO 432.- (Intervención del Ministerio Público y Fiscal). En todos los trámites de la herencia yacente intervendrá el representante del Ministerio Público y Fiscal.

ARTICULO 438.2.- Las sentencias que se pronuncien resolviendo cuestiones que se sustancian en juicio ordinario o extraordinario, serán susceptibles de apelación como las definitivas (artículos 250.1 y 253).

ARTICULO 490.- (Libertad de procedimiento). Las partes pueden convenir el procedimiento que consideren más conveniente.

Si nada dijeren o en cuanto no hubiese sido objeto de previsión especial en el procedimiento señalado, se aplicarán por los árbitros las disposiciones establecidas en este Código para el proceso ordinario.

En todos los casos, el Tribunal Arbitral antes de iniciar el proceso y sin perjuicio de reiterarla en él cuantas veces lo entienda oportuno, deberá intentar la conciliación en audiencia que no podrá delegar en el árbitro sustanciador, bajo pena de nulidad absoluta que se trasmitirá a las actuaciones posteriores.

ARTICULO 544.2.- La derogación dispuesta no alcanza a las disposiciones legales que establecen requisitos específicos previos para la válida proposición de la pretensión; las que determinan calidad o condiciones especiales en materia de capacidad o legitimación; las que limitan las defensas o excepciones admisibles; las que prescriben, para casos especiales, la inadmisibilidad de ciertas pruebas o determinan las exclusivamente admisibles y las que asignan efectos sustanciales particulares a la sentencia.

Art. 8°.- Modifícase el artículo 406.1, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 406.1.- Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo, salvo expresa disposición en contrario, en todos los casos de jurisdicción voluntaria. El irracional disenso y la disolución de la sociedad conyugal son procesos voluntarios.

Art. 9°.- Modifícanse los artículos 56, 261 y 267 que quedarán redactados de la siguiente manera:

ARTICULO 56.- Condenaciones en la sentencia definitiva.

56.1.- La sentencia definitiva impondrá condenación en costas, en costas y costos o declararán no hacer especial condenación, según corresponda, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 688 del Código Civil.

Se consideran costas todos los tributos, incluido el del pago de la vicésima, así como los honorarios de los peritos, depositarios, tasadores y demás auxiliares del tribunal. Se consideran costos, los honorarios de los abogados y de los procuradores.

56.2.- El régimen establecido en el numeral anterior se aplicará a todas las actuaciones judiciales previstas en este Código, con excepción de los procedimientos siguientes: juicio ejecutivo, vía de apremio, entrega de la cosa, recurso de casación, recurso de revisión e inconstitucionalidad de las leyes. En los procedimientos exceptuados se seguirá el régimen dispuesto en cada caso por este Código.

56.3.- La parte favorecida por la condena en costas, presentará su liquidación de lo adeudado por ese concepto que le deba ser reintegrado, ante el Secretario Actuario del tribunal, el que la aprobará o corregirá, expidiendo testimonio que constituirá título de ejecución contra el obligado a su pago. De dicha liquidación, que será notificada personalmente a las partes, se podrá impugnar para ante el tribunal, cuya decisión será irrecurrible.

ARTICULO 261.- La sentencia de segunda instancia impondrá las condenaciones procesales de conformidad con el artículo 56.1.

ARTICULO 267.- Las costas y costos de la queja se impondrán de conformidad con el artículo 56.1.")

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión particular.

SEÑOR BLANCO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLANCO.- En primer término, quiero manifestar mi acuerdo con la moción presentada por el señor senador Cadenas Boix, pero ya que todo parece indicar que se va a votar en bloque, deseo proponer –si se me permite- un agregado al artículo 7°, que es la norma destinada a ajustes y correcciones.

Mi solicitud de último momento obedece a una inquietud que se nos ha hecho llegar. En la sesión de ayer consulté al respecto a los demás integrantes de la Comisión y existiría acuerdo en incluir una modificación adicional relativa al tema de la publicidad de los remates. En su redacción actual, el Código la circunscribe a la publicidad en el Diario Oficial, pero se nos ha hecho ver que resultará conveniente y adecuado que también se hiciera una publicación, por lo menos, en otro diario, del lugar donde se efectuará el remate.

En este sentido, de aceptarse, la propuesta consistiría en modificar el artículo 387.2 del Código, cuya redacción actual establece que "el remate será precedido de uno a cinco anuncios en el Diario Oficial, a criterio del tribunal, los que comenzarán a publicarse conforme con lo dispuesto en el artículo 89". Nuestra propuesta será mantener la misma redacción, pero agregar una coma al final, seguida de este texto: "así como en otro periódico del lugar donde se celebrará el remate".

Pienso que de esa forma se contemplar el extremo de aumentar la publicidad, favoreciendo así el mejor conocimiento del hecho mismo del remate.

Esta es nuestra propuesta en el sentido de agregar un aditivo al artículo 7° que, en caso de ser acogida, redundaría en que el artículo 387.2 del Código, modificado, tomaría en el artículo 7° del proyecto el orden que le corresponde de acuerdo con la numeración respectiva.

SEÑOR RAFFO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO.- Quisiera que el señor senador Blanco me indique dónde está el artículo a que hizo referencia porque, por lo menos, quien habla no puede ubicar el artículo 387.2 dentro del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Naturalmente, ese artículo, en el texto que leyó el señor senador Blanco, figura en el Código General del Proceso, pero no venía como una de las normas modificadas en el proyecto. El artículo 7° hace una larga enumeración de artículos que se modifican. Entre el 378.4 y el 398.4 habría que intercalar el 387.2, con la redacción que ahora propone el señor senador Blanco y que la Presidencia apoya.

Si no hay oposición a la propuesta del señor senador Blanco, se van a votar los artículos 1° a 9° del proyecto de ley modificativo del Código General del Proceso, con el alcance que se ha señalado.

(Se votan:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

De acuerdo con la moción de orden que se votó anteriormente, la consideración del artículo 10, final, se traslada al orden del día de la próxima sesión ordinaria.

15) FERIADOS NACIONALES. Supresión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figuraba en tercer término del orden del día y que ocupa ahora el cuarto lugar: "Proyecto de ley por el que se modifica el régimen vigente sobre feriados nacionales. (Carp. N° 163/90 – Rep. N° 67/90)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 143/90
Rep. N° 67/90

PODER EJECUTIVO
Ministerio del Interior
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de
Industria y Energía
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Salud Pública
Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo

Montevideo, 3 de mayo de 1990.

Señor Presidente de la
Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 168 numeral 7° de la Constitución de la República con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se adjunta relativo a la supresión de feriados nacionales.

El referido proyecto de ley se enmarca en la política que se ha propuesto llevar adelante el Poder Ejecutivo incentivando al máximo la producción, en el entendido que con ello se está beneficiando a todos los sectores de la economía incluyendo al sector de los trabajadores.

En tal sentido el artículo 1° suprime con carácter general los feriados nacionales del 6 de enero, lunes y martes de la Semana de Carnaval, 19 de abril y 18 de mayo.

El artículo 2° suprime los feriados del lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo para las Instituciones Bancarias Oficiales y Privadas, Dirección Nacional de Aduanas, Administración Nacional de Puertos y todos los servicios relacionados con el Puerto y la Estiba, entendiéndose que tanto la actividad bancaria como las importaciones y exportaciones no pueden verse paralizadas por una semana como ocurre actualmente.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Luis Alberto Lacalle Herrera PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Juan A. Ramírez, Alvaro Ramos, Wilson Elso Goñi, Héctor Gros Espiell, Guillermo García Costa, José Villar, Augusto Montesdeoca, Carlos Cat, Mariano Brito, Alfredo Solari, Enrique Braga Silva.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Suprímense los feriados nacionales del 6 de enero, lunes y martes de la Semana de Carnaval, 19 de abril y 18 de mayo.

Art. 2°.- Suprímese, asimismo, el feriado del lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo para las Instituciones Bancarias Oficiales y Privadas, Dirección Nacional de Aduanas, Administración Nacional de Puertos y todos los servicios relacionados con el Puerto y la Estiba.

Art. 3°.- Comuníquese, etcétera.

Juan A. Ramírez, Alvaro Ramos, Wilson Elso Goñi, Héctor Gross, Espiell, Guillermo García Costa, José Villar, Augusto Montesdeoca, Carlos Cat, Mariano Brito, Alfredo Solari, Enrique Braga Silva.


CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja la aprobación del presente proyecto de ley sustitutivo del enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo, en relación con la modificación del régimen de feriados nacionales vigentes.

Este proyecto de ley se fundamenta en la necesidad de adecuar el referido régimen a la necesidad de incentivar al máximo la producción, en el entendido que con ello "se está beneficiando a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector de los trabajadores".

Debe anotarse no obstante, que legislar en la materia, lejos está de la subjetividad en la medida en que sentimientos y criterios de carácter cívico y religioso siempre han incidido tanto en nuestro derecho como en el derecho comparado en la fijación de los feriados nacionales.

Por otra parte el hecho de referirse el Poder Ejecutivo al incentivo a la producción no debe tomarse como que éste interpreta la normativa propuesta como una solución a los múltiples problemas que afectan a la economía nacional. Ello, no es obvio, sin embargo, para que su aprobación pueda contribuir con su aporte a una mejor ordenación de la vida social y económica del país.

El feriado en sentido amplio es el expresamente creado en tal carácter con fines de descanso y celebración. En tal sentido se identifica como uno de los instrumentos que contribuyen a fortalecer aquellos vínculos que alimentan la vida de la comunidad en el marco de un desarrollo económico de la vida social.

Por tal motivo su designación por parte de las autoridades públicas no deberá quedar librado al arbitrio de los gobernantes; sino que ha de ser regulado, tal como ha sido hecho en nuestro país, de acuerdo a normas de rango legal que recogen criterios de carácter permanente.

En consecuencia con esta orientación la determinación de los días feriados no debe afectar el desarrollo de las actividades públicas y privadas y por ende el funcionamiento de la economía nacional. Ello queda demostrado por el contenido del proyecto que se propone al Cuerpo, que incluso recoge la preocupación de hacerlo compatible con la importancia que, desde el punto de vista social y turístico, tienen los feriados como los de la Semana de Turismo.

El proyecto sustitutivo elaborado por la Comisión mantiene el criterio de suprimir los feriados nacionales del lunes y martes de Semana de Carnaval.

En cambio, para los feriados nacionales del 19 de abril, 18 de mayo, 19 de junio y 12 de octubre propone aplicar un criterio de traslación de acuerdo al día de la semana en que recayeren. Por otra parte sería también el criterio propuesto por el Poder Ejecutivo en el artículo 2°, en el sentido de no suprimir el feriado de lunes, martes y miércoles de semana de turismo para las Instituciones en él mencionadas.

En su lugar queda vigente el carácter de feriados, y se establece que "en esos días deberán funcionar las instituciones bancarias oficiales y privadas, la Dirección Nacional de Aduanas, la Administración Nacional de Puertos y todos los servicios relacionados con el puerto y la estiba".

Agrega además el proyecto sustitutivo en su artículo 2° que la norma propuesta será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días.

En consecuencia, la Comisión aconseja la aprobación del Proyecto Sustitutivo enunciado en el entendido de que las modificaciones efectuadas no alteran el espíritu del proyecto del Poder Ejecutivo ya que suponen, desde el punto de vista técnico, un ajuste que tiende a su mejoramiento.

Sala de la Comisión, 21 de junio de 1990.

Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix (Miembros Informantes), Hugo Batalla (Discorde), Ignacio de Posadas Montero, José Korzeniak (Discorde), Américo Ricaldoni (Con salvedades respecto de la supresión de los feriados de Carnaval). Senadores.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Suprímense los feriados nacionales del lunes y martes de la Semana de Carnaval.

Los feriados correspondientes a los días 19 de abril, 18 de mayo, 19 de junio y 12 de octubre se trasladarán al lunes inmediato anterior cuando coincidieren con los días martes o miércoles y se trasladarán al lunes inmediato siguiente, cuando coincidieren con el día jueves.

Art. 2°.- En los feriados del lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo deberán funcionar las instituciones bancarias oficiales y privadas, la Dirección Nacional de Aduanas, la Administración Nacional de Puertos y todos los servicios relacionados con el puerto y la estiba, de acuerdo con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo en un plazo de sesenta días.

Sala de la Comisión, 21 de junio de 1990.

Sergio Abreu, Juan Carlos Blanco, Enrique Cadenas Boix, (Miembros Informantes), Hugo Batalla (Discorde), Ignacio de Posadas Montero, José Korzeniak (Discorde), Américo Ricaldoni (Con salvedades respecto de la supresión de los feriados de Carnaval). Senadores".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

- En discusión general.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: seremos muy breves en la fundamentación del informe de este proyecto, en virtud de que las modificaciones que se plantean no son sustanciales y porque además el texto enviado por el Poder Ejecutivo elaborado por ésta está a consideración del plenario.

El fundamento que respalda el mencionado proyecto está incorporado en el Mensaje del Poder Ejecutivo y reiterado en el informe de la Comisión. responde a la necesidad de aumentar la productividad en el país y de proceder a un ordenamiento social y económico que facilite un mejor desempeño de las actividades laborales.

Se ha entendido, por parte del Poder Ejecutivo y de la mayoría de los miembros de la Comisión, que este proyecto contempla una forma más racional de conjugar los intereses nacionales sin perjudicar a los sectores empresarial y obrero.

También es importante destacar que las modificaciones que se plantean al proyecto original del Poder Ejecutivo han tenido en cuanta la naturaleza de la Semana de Turismo y las características que ella tiene desde el punto de vista social y turístico.

El régimen vigente es del Decreto – Ley N° 14.977, modificado en su artículo 3° por el Decreto – Ley N° 15.535, en virtud del cual se suprimen los feriados trasladables que establecía el mencionado en primer término.

En el régimen propuesto se suprimen los feriados de lunes y martes de la Semana de Carnaval. Asimismo, se asegura el funcionamiento de las instituciones bancarias, de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Administración Nacional de Puertos y Estiba durante la Semana de Turismo. Además, se determina el traslado de algunos feriados a los efectos de evitar que, al coincidir con días intermedios de la semana, pudieran ser elementos distorsionantes de la actividad laboral del país.

Por tal razón, el proyecto establece que los feriados correspondientes a los días 19 de abril, 18 de mayo, 19 de junio y 12 de octubre se trasladarán al lunes inmediato anterior cuando coincidieren con los días martes o miércoles, y al lunes inmediato siguiente cuando lo hicieren con el día jueves.

Esta es la idea que ha manejado la Comisión y que, en cierto sentido, implica modificaciones bastante importantes al proyecto original del Poder Ejecutivo. En el proyecto referido se establece la supresión de algunos feriados, mientras que en el texto sustitutivo se incorpora una norma por la cual no se suprimen los feriados pero se asegura el desempeño de determinadas actividades durante esos días, esto es se consideran feriados los días lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo.

Estos son los fundamentos del informe presentado por la Comisión.

SEÑOR RICALDONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RICALDONI.- Señor Presidente: en el informe correspondiente del proyecto sustitutivo figura mi aprobación al mismo con salvedades respecto de la supresión de los feriados al mismo con salvedades respecto de la supresión de los feriados de Carnaval.

Quiero aclarar que no estoy tratando de quedar bien con el señor Rosas Riolfo, con la familia Gularte o con alguien en especial. Simplemente considero que no es éste el momento para abocarnos a modificar algo que forma parte de una tradición nacional, en el buen sentido de la palabra.

Suprimir los feriados nacionales de lunes y martes de la Semana de Carnaval –como reza el primer inciso del artículo 1° del proyecto sustitutivo- desde cierto punto de vista está significando quitar posibilidades de trabajo a mucha gente, ya que los servicios que presta tienen un punto alto precisamente en dicha semana. Efectivamente, la Semana de Carnaval se piensa y se organiza tanto por parte de quienes prestan esos servicios –hoteles, empresas de transporte- como por las propias familias que planifican determinadas actividades. La mencionada supresión les crearía problemas que no me parece que corresponda agregar a aquellos que puedan estar existiendo en estos momentos.

No soy afecto, en modo alguno, a las reflexiones facilistas ni a lugares comunes que puedan parecer simpáticos. Sin embargo, considero que en un momento en que un sector de la opinión pública –no interesa, a los efectos del proyecto, analizar si con razón o sin ella; me refiero, naturalmente, a la masa de trabajadores- siente una sensación de ansiedad respecto de lo que le aguarda en el futuro inmediato frente a medidas con relación a muchas de las cuales el Partido Colorado ha sido solidario con el Partido Nacional y tiene dudas y hasta un cierto fastidio, en algunos casos, ante disposiciones anunciadas o ya aprobadas por el Parlamento, suprimir los feriados de lunes y martes de la Semana de Carnaval implica, a mi juicio, agregar un factor de insatisfacción a la gente. y no considero que el desarrollo del país pase, en modo alguno, por la supresión de los feriados de lunes y martes de la mencionada semana.

No creo que sea éste un tema menor. Las semanas de Turismo y de Carnaval tienen una tradición en el país. Y si en determinado momento es necesario entrar a legislar sobre toda esta materia, pienso que habrá que hacerlo bajo otras condiciones del país y quizás también otro clima.

No sólo se trata, entonces, de razones de trabajo vinculadas con el turismo interno del país, o de planificación del descanso familiar o de expectativas, sino también de oportunidad.

Cuando estamos legislando, a veces la consideración de la oportunidad o inoportunidad de votar determinadas medidas es algo en modo alguno desdeñable.

Por supuesto, el resto del proyecto merece mi aprobación porque, contra lo que pudiera entenderse en una lectura superficial, el artículo 2° no suprime ningún feriado de la Semana de Turismo, sino que asegura –como lo propuso el Poder Ejecutivo, aunque con una mejora en la redacción- determinados servicios que obviamente no pueden paralizarse en el país por el hecho de que las semanas de Carnaval y Turismo se mantengan bajo el régimen actual. Mi observación, pues, está referida exclusivamente al tema de los feriados de lunes y martes de la Semana de Carnaval.

Por último, al igual que el miembro informante, señor senador Abreu, quiero señalar que, a mi juicio, es un acierto de la Comisión el haber incluido en el proyecto el acercamiento o la conexión de determinados feriados con el fin de semana. Si bien esta norma existió en el pasado –como aquí se dijo- y fue dictada durante el período de facto, la naturaleza de la misma es algo diferente a su origen y considero que esto es una forma de evitar la paralización de la actividad del país en mitad de la semana. Por otra parte, no es un régimen original, ya que existe en otros países, que por algo lo han incorporado a su legislación. Entiendo que esto sí significa un avance, incluso respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, que proponía otra solución. De todas formas, ciertos feriados se mantienen en las fechas que actualmente tienen, debido a lo que significan en la tradición del país. Me refiero, por ejemplo, al 25 de diciembre, al 6 de enero, al 1° de mayo, etcétera que, por razones que no es necesario explicar, nos ha parecido que deben continuar siendo feriados cuando así lo marca el almanaque.

Termino reiterando que considero que todas las bondades que indiscutiblemente tiene el proyecto no justifican el primer inciso, que por lo que acabo de señalar –y con los debidos respetos a quienes opinan lo contrario- estimo que es un verdadero desacierto.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: deseo manifestar que comparto muchos de los argumentos que ha expuesto el señor senador Ricaldoni.

Concretamente en lo que tiene que ver con las observaciones, me voy a referir, en primer término, al artículo 1°, que es el que suprime los feriados nacionales de lunes y martes de la Semana de Carnaval. Aunque esto sea secundario, diré que "Semana de Carnaval" es sólo una expresión tradicional, porque en realidad los días feriados de carnaval son solamente lunes y martes. Por otra parte, tal como lo ha expresado el señor senador Ricaldoni, creo que esto representa una tradición nacional.

En lo que tiene que ver con la ciudad de Montevideo, la Semana de Carnaval constituye un atractivo turístico importante y, en las ciudades del interior –donde suelo pasar estos días festivos- uno puede observar que son los días en que la gente más carente de recursos, quienes no pueden ir a los balnearios ni hacer viajes, sale de sus casas a olvidar por unas horas el drama familiar a que la ha llevado determinadas situaciones injustas de nuestra sociedad en general. Creo que suprimir esta fiesta de carnaval significa arrancar a los más necesitados la posibilidad de esta celebración que a través del tiempo se ha ido considerando parte integrante de su vida.

Por otro lado, señor Presidente, es cierto que se intensifica el trabajo en una serie de ramos importantes para la población. Precisamente hablando de este tema, alguien de gran significación en la vida política nacional me decía que no importaría tanto la supresión de los feriados, porque las celebraciones se hacen por la noche. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que quienes festejan por la noche no están en condiciones de asistir a sus trabajos al otro día. En definitiva, sólo son dos días al año en los que el pueblo uruguayo se libera un poco de las preocupaciones cotidianas y festeja algo que no es inventado, sino creado por la tradición y que, en lo que respecto al Uruguay, es una innegable fiesta popular a la que la gente atribuye importante significación. No me parece justo, especialmente en momentos tan difíciles, innovar en la materia suprimiendo estos feriados.

La segunda parte del artículo 1° toma, en general, un giro aceptable al trasladar el feriado hacia al lunes más próximo. Sin embargo, haría alguna excepción, por la significación de las fechas. Obviamente no es lo mismo celebrar el 19 de abril el día 21, o el 18 de mayo el día 20, o el 12 de octubre en una fecha diferente. Debe recordarse, además, que muchas de estas fiestas se asocian –por lo menos en los centros de enseñanza- con otro tipo de actividades o formas de celebrar la fecha, lo que tradicionalmente se realiza el mismo día.

Hay una fecha que me parece imprescindible que no corra el riesgo de convertirse en algo sin mayor significación, que es la del 19 de junio, fecha del nacimiento de Artigas. Creo que no podemos celebrarlo otro día más que el 19 de junio. Si se va a seguir el criterio de trasladar los feriados hacia el lunes más próximo, haría una excepción con la mencionada fecha.

El artículo 2° establece que en los feriados lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo deberán funcionar las instituciones bancarias y los servicios portuarios; no se refiere a toda la semana, sino a los días lunes, martes y miércoles. Si de ninguna manera se quiere afectar la actividad económica del país, parecería mucho más lógico que se hubiera establecido que funcionarían toda la semana. Personalmente no he oído a ningún empresario quejarse de esta situación. Por el contrario; creo que la han utilizado, porque muchas empresas privadas aprovechan a dar sus licencias precisamente en Carnaval y, fundamentalmente, en Turismo, por lo que lejos están de sentirse perjudicados. Como esto se ha hecho una práctica casi generalizada, no creo que durante esos días el Puerto y la Aduana tengan un trabajo tan intenso que afecte a la economía nacional; si lo tuvieran, no sólo habría que pensar en los tres primeros días, sino en toda la semana.

Por otro lado, si bien es cierto que la parte religiosa interesa a las personas que practican la religión católica, para quienes son fundamentales los feriados de jueves y viernes –aspecto muy respetable de la cuestión- también lo es el hecho de que durante la Semana de Turismo, en el interior de la República, se produce un dinamismo que no se ve en el resto del año.

Esto es aprovechado, naturalmente, por distintos ramos comerciales como talleres mecánicos, estaciones de servicio, hoteles, empresarios de "camping" y comercios en general. En realidad, se vive un clima distinto en la campaña del país. Hay algo que puede parecer increíble, pero que la gente del interior, entre quienes me incluyo, percibe y observa: el desconocimiento que tiene una gran cantidad de montevideanos de lo que es el interior del país. Sé de personas que nunca han salido de los límites de Montevideo; que no saben lo que es el campo, ni lo que son las ciudades pequeñas de nuestro territorio.

Creo que el hecho de que se acostumbre a hacer este tipo de turismo interno, desplazándose desde Montevideo al interior o viceversa, para participar de ciertas celebraciones tradicionales que atraen y que son tan respetables como cualquier otra, es una buena oportunidad para integrar al país.

De manera que, señor Presidente, creo que este artículo 2° también es objetable por los aspectos que he señalado.

Repito que pienso que en esos días el país vive un clima distinto. La gente de Montevideo sale a conocer el interior, a hacer vida de campo, a tomar contacto con distintos aspectos de la vida nacional desconocidos para ella, por razones de su propio trabajo. Se trata del turismo de la clase media del país que, de otra manera, no podría realizarlo; además, coincide, en general, con la paralización del trabajo nacional, hecho que no ha sido enjuiciado en forma dura por gente que podría sentirse perjudicada por la situación.

En consecuencia, creo que esta oportunidad que se da a los integrantes de nuestra clase media de hacer su propio turismo no de eliminarse.

En definitiva, señor Presidente, apoyaría el traslado de ciertos feriados nacionales hacia el lunes inmediato, excluyendo de esta medida y por su significación al 19 de junio.

SEÑOR MILLOR. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MILLOR. – Señor Presidente: voy a tratar de ser extremadamente breve, porque gran parte de lo que pensaba manifestar, ya se ha dicho, de una y otra forma, en Sala.

Vamos a comenzar por el artículo 2°, dejando constancia de que lo vamos a votar, no sucediendo lo mismo en lo que se refiere al artículo 1°.

Quiero decir que vamos a votar con cierta reserva el artículo mencionado en primer término, porque compartimos, en buena parte, lo manifiesto por el señor senador Pereyra. Sin embargo, leyéndolo con detenimiento, pienso que su redacción no atenta contra ese saludable turismo interno que, efectivamente, se practica en la Semana de Turismo, porque sólo se refiere –sin suprimir los feriados- a las actividades bancarias y a todo lo relacionado con el puerto y la estiba. Considero que ese turismo interno, que inclusive habría que incentivar, es compatible con el hecho de que el país no quede aislado, financieramente, desde el punto de vista de sus aduanas. Con todo, manifiesto que albergo ciertas dudas porque, tal vez por un excesivo apego a las tradiciones, la Semana de Turismo se encuentra verdaderamente compenetrada con nuestra identidad nacional, por lo que, tal vez hubiese sido mejor no introducirle cambios. Por lo tanto, si bien es cierto que no hemos escuchado empresarios que se quejen por esta situación, también lo es el hecho de que existen otros a los cuales ella perjudica, sobre todo en lo que tiene que ver con las aduanas.

Con toda sinceridad confieso que votamos este artículo en el entendido de que se trata de una redacción mejorada en relación a la enviada por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, debemos decir que no vamos a acompañar con nuestro voto el artículo 1°, pese a reconocer que la Comisión mejoró mucho su texto, en relación al enviado por el Poder Ejecutivo, no lo haremos en ninguno de sus dos aspectos; tal vez los argumentos que tenemos para no acompañarlo surgen del mismo informe que la Comisión brinda al Parlamento.

Con respecto a la supresión del feriado de los días lunes y martes de la Semana de Carnaval, el informe de la Comisión respectiva dice que hay que incentivar al máximo la producción, en el entendido de que con ello se está beneficiando a todos los sectores de la economía. Al respecto, entiendo que dicha semana está tremendamente vinculada con un sector muy importante de la economía del país. Si bien no me cabe ningún tipo de interés, debo decir con total franqueza que, desde que nacimos, tenemos una vinculación muy grande con determinado balneario de la República. Respecto de este tema contamos con algunas estadísticas y podemos decir que, en lo que concierne a Punta de Este, esta diferencia no se siente. Estoy absolutamente seguro de que si en el resto de la franja costera se hiciera un pequeño relevamiento respecto del tema, se vería que el punto más alto de la temporada en lo que tiene que ver con la industria turística, es el relativo a los días de Carnaval. Esto es algo que todos podemos percibir en nuestro propio descanso, que es cuando realmente el mayor número de uruguayo se vuelca a zonas de esparcimiento contribuyendo, además, al afianzamiento del aparato económico del país.

Es muchísima la gente que vive del turismo, por lo que me parece que no conviene desvirtuar estos puntos pico de la temporada. Por ello, nos oponemos a que se supriman los feriados correspondientes a los días lunes y martes de la Semana de Carnaval, dado que están tremendamente vinculados con aspectos muy importantes de la economía del país.

En cuanto al hecho de trasladar los feriados, viene bien lo que expresó el señor senador Ricaldoni respecto a que a veces es importante establecer la puntualización de que nadie pretende buscar simpatías o antipatías con lo que vota o deja de votar.

Si bien puede parecer una actitud simpática el no querer suprimir lunes y martes de la Semana de Carnaval –y que quede claro que no digo que esto sea lo que impulsa la actitud del Poder Ejecutivo- también puede parecerlo, en un examen muy superficial, el hecho de trasladar los feriados, de forma tal, que quien disfruta de los mismos tenga, por ejemplo, tres días seguidos libres.

Se puede argumentar que los mismos razonamientos que se esgrimen para no suprimir la Semana de Carnaval convalidarían este traslado, porque de esta manera estaríamos propiciando, al lograr que cuatro veces al año haya tres días feriados seguidos, el desarrollo del turismo interno y de la industria turística.

Expreso que también en esto haya una escala de valores. Si decimos que tenemos un gran apego a las tradiciones, pienso que las fechas patrias tales como el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, la Batalla de las Piedras y el Natalicio de Artigas, o se recuerdan en todos los instantes de la vida o en las fechas en que esos acontecimientos tuvieron lugar; pero no son trasladables. Repito que, o los tenemos presentes, como ejemplo, en todos los actos de nuestra vida o, sencillamente, los eliminamos. Pero trasladarlos, no. Hay fechas que deben ser respetadas.

Cuando manejé estos argumentos en nuestra bancada, se me dijo que tal vez esto no se aplicara al 12 de octubre, por no tener esta fecha una compenetración total con nuestra identidad nacional, lo que sucede –y como forma de dejar constancia de ello en actas- es que en este momento tenemos oportunidad de manifestar un concepto que desde hace mucho tiempo –desde nuestra época de estudiante de Preparatorios- poseemos sobre dicha fecha. En mi opinión, cuando se marca este feriado, no se le hace con el verdadero significado que debería tener con respecto a nuestra historia. Se le conmemora como el Día de la Raza, como el Día del Descubrimiento de América, sin embargo, para mí es el día de la Batalla de Sarandí y debo decir, con total franqueza que tampoco este feriado me parece trasladable, porque no creo que el gesto de nuestro Prócer al expresar "Carabina a la espalda y sable en mano" haya sido realizado con un fin ulterior, por lo tanto, repito que, o lo asumimos en cada momento de nuestra vida o lo recordamos en la fecha en que el mismo tuvo lugar. Pero no lo trasladamos, porque es algo que concierne a aspectos tremendamente importantes, más que de nuestra historia, de nuestra propia identidad nacional.

Por todas estas razones, no vamos a acompañar el proyecto en términos generales, ya que nos parece que el artículo más importante es el que vamos a votar en contra. No vamos a votar el artículo 1° y sí, con alguna salvedad, el artículo 2°.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PEREZ. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEREZ. – Señor Presidente: desde ya adelanto que voy a votar en contra de este proyecto.

Considero que, por ejemplo, si el país estuviese en un momento de expansión y de desarrollo, en el que trabajaran todas las industrias y el campo, a plena producción, sin que los jóvenes se fueran a buscar oportunidades en el exterior del país porque aquí no tienen suerte, si estuviéramos en esa situación, sin duda y como forma de aprovechamiento del esfuerzo general, sería importantísimo transformar todos los días en hábiles, con vistas a continuar con ese proceso de enriquecimiento. Pero esa no es la situación actual; en absoluto, no lo es.

Tengo aquí datos, que todos conocen: ha aumentado la desocupación, es decir, hay más personas sin trabajo en el trimestre marzo-mayo de las que había en igual período de años anteriores. Hay, además, desocupación en la industria y en la construcción, pero no es necesario que dé las cifras que todos conocemos.

Pienso proponer, dicho sea de paso, que se forme oportunamente una Comisión Especial o Investigadora, teniendo en cuenta que todos estamos conscientes de que la industria está cayendo y, por lo tanto, vale la pena que el Senado se ocupe del problema.

Frente a toda esta perspectiva, plantear la eliminación de algunos días feriados, incluyendo Semana Santa y de Carnaval me parece una medida que, para calificarla bondadosamente, debo decir que es efectista. Da la idea de que queremos ordenar el país con vistas a trabajar, ojalá eso fuese cierto y pudiese realizarse plenamente. Sin embargo, creo que no es oportuno el momento; tal vez valdría la pena que lo estudiáramos si la República asistiera a un instante propio del desarrollo, tal como la gente lo desea.

Por lo expuesto, nos parece –sin ofensas ni para quien lo propone, ni para quienes lo votan a favor- que esta es una medida frívola; frente a una grave situación que está planteada en el país, esta iniciativa no incide, en absoluto, en lo que realmente le importa al Uruguay. Podría agregar a ello que, en mi opinión, lo sustancial para votar en contra –además de las fundamentaciones que ya se han hecho- es lo que tiene que ver con los sentidos social y económico, y hasta inclusive con el ánimo que la población tiene en Semana de Turismo –aquí lo ha planteado muy particularmente el señor senador Pereyra- así como la significación que ese período tiene para el interior y para los propios montevideanos.

SEÑOR KORZENIAK. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR KORZENIAK. – A fin de facilitar esta breve exposición, voy a dividir el tema en tres partes, llamándole a cada una de ellas, convencionalmente, feriados históricos, Carnaval y los tres días de Semana de Turismo, que se incluyen en la redacción del artículo 2° de este proyecto de ley.

Deseo dejar constancia de algunas consideraciones generales. Debo decir que ciertas cosas las conozco a través de vivencias geográficas "in situ" y otras, mediante lecturas. Existe una afirmación generalizada e incierta por la que suele decirse que Uruguay es uno de los países que tiene más feriados, digo categóricamente que eso no es cierto.

Si miramos el problema tomando un calendario y nos fijamos solamente en los días que están marcados en rojo, podríamos arribar a muchas conclusiones, sin embargo, de lo que se trata aquí es de un hecho sociológico, es decir, cuántos días trabajan los uruguayos en el año y cuántos no lo hacen. Naturalmente, nos referiremos a los que lo hacen, porque existen disposiciones que se le permiten; hay personas que no trabajan porque no tienen donde hacerlo y eso, obviamente, no tiene nada que ver con los feriados.

Hay otra afirmación bastante similar a ésta, que es expresada de otra manera y es la de que determinados países, citándose generalmente a los más desarrollados, si han llegado a ese nivel de desarrollo –lo que es razonable- es porque en ellos se produce y se trabaja y, por ende, tienen muy pocos feriados; esta afirmación tampoco es cierta y, quizá, es una exposición de motivos que de una forma y otra la trae a colación, subliminal o expresamente, dicha afirmación debió ser explicada, porque así debería ser.

Se ha mencionado muchas veces que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muy pocos feriados; eso es cierto. Existen muy pocos feriados nacionales, no tan pocos como suele decirse –se ha expresado que hay uno solo- pero lo que ocurre en realidad es que la declaración de feriados en el sistema jurídico norteamericano es competencia de los Estados miembros y no de la Federación; las legislaciones y Constituciones de los distintos Estados –conozco la de algunos, como la de Texas, ya que cuando viví en México debí estudiarla por la cercanía geográfica- contienen varios feriados, algunos de ellos incompresibles para nosotros, porque se trata de episodios que tal vez otros norteamericanos los combatirían muy duramente, especialmente en lo que tiene que ver con todos los problemas de la Guerra Civil ocurrida en ese país. De manera que, entonces, esta última afirmación tampoco es cierta.

Por otra parte, en el país en el que viví durante muchos años, en México –lo hice por espacio de siete años- debo decir que en cuanto a la Semana Santa sólo los días jueves y viernes de dicha semana se consideraban oficialmente como feriados. Sin embargo, mucha actividad pública suele detenerse no sólo por espacio de esos siete días, sino por catorce, es decir, la Semana Santa y la siguiente. ¿Por qué? Porque se trata de costumbres nacionales y en los hechos así ocurre en materia de producción. Este ejemplo lo constaté, también, en el ramo bancario, ya que una vez concurrí a un banco en los días posteriores a la Semana Santa y vi que estaba cerrado; pregunté qué ocurría y se me dijo que simplemente la costumbre era tomarse los catorce días. Esta situación también la experimenté –y confieso que con alborozo- en mi trabajo en la Universidad, ya que oficialmente sólo teníamos dos días feriados, pero nos tomamos dos semanas de vacaciones, que disfruté en más de una oportunidad en las hermosa playas de ese hospitalario país. Seguramente, los alumnos también se sintieron muy aliviados – como me acota el señor senador Millor- al poder tener esas vacaciones de catorce días.

De modo que esas afirmaciones generales, en primer lugar deberían probarse, es decir, al afirmar algo debe hacerse la demostración de ello porque si no se pasan de ser algo así como avisos que no están basados en realidades según lo que se conoce.

Refiriéndome ya a los feriados históricos, a los que le he dado ese nombre a efectos de facilitar la exposición pero también porque existe una base real ya que en ellos se conmemoran hechos históricos, no vamos a ponernos a discutir cuál fue más importante. Por algo se incorporaron como feriados nacionales y entiendo que deben ser mantenidos. Además considero que ninguno de ellos debe cambiarse de día.

En la Comisión hubo acuerdo total en cuanto a que no se podían cambiar ni el 1° de enero ni el 25 de diciembre para un lunes o un viernes; no veo por qué razón vamos a recordar otros feriados, incluidos los históricos, en fechas distintas a los que los motivaron.

Ese cambio se realiza, efectivamente existe, en algunos países –no en todos, ni en la mayoría- pero no por eso veo razón para que nosotros tengamos que hacerlo.

Con respecto al artículo 2°, que como aquí ya se ha señalado ahora tiene sin duda una redacción mucho más perfeccionada que en el original del Poder Ejecutivo, de lo que se trata, como ocurre con todo el proyecto, es de que está pensando básicamente para los funcionarios públicos. Esto es así porque en la actividad privada, por más que se diga que durante esos tres días habrá que cumplir algunos servicios, al igual que ocurre con los dos días de carnaval, si el patrón acuerda con sus trabajadores que van a tomar la licencia en esos días, así lo harán.

Entonces, si nos ponemos a pensar coherentemente, vemos que todo este proyecto tiene que ver con la actividad en la función pública.

En cuanto a los días lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo de lo que se trata es de asegurar que ciertos servicios –que se dice pueden aislar al país- funcionen.

Sobre esto hay algunas observaciones para hacer. La primera es que el servicio del Puerto nunca se detiene. Si llega un barco entra aunque sea un lunes, martes o miércoles de la Semana de Turismo. Lo mismo ocurre con el Aeropuerto Internacional de Carrasco y eso lo sabe todo el mundo, porque lo mismo ocurre en otros lugares del país, de modo que no quedamos aislados.

En segundo lugar, muchos de estos servicios pertenecen a la esfera del Poder Ejecutivo y nada impide que acuerde con ellos un funcionamiento especial, como lo ha hecho en muchas oportunidades. Dentro de los servicios que estoy mencionando, incluyo a los bancarios, por una razón que ahora voy a dar porque el Poder Ejecutivo pude acordar, sin necesidad de que esto se establezca por ley, que funcionen.

Lo que ocurre es que si a algunos funcionarios públicos –como se ve no es a todos- se les dice que van a tener que trabajar en días feriados –lo que se puede acordar, repito, perfectamente- se supone que se les deberá pagar. No veo por qué razón si en el Presupuesto ya están fijados determinados feriados para un período se les va a hacer trabajar en ellos sin pagarles. Esto ocurriría con algunos funcionarios públicos mientras para otros continuarían siendo feriados.

De manera que estamos generando una distinción no basada en talentos ni virtudes, sino en presuntas necesidades del país.

Por esas razones, creo que el artículo 2°, es innecesario. Y digo más. Existe una disposición de la Ley de Intermediación Financiera –que derogó a otra del año 1952 o que le dio nueva redacción- por la que el Poder Ejecutivo, con la opinión del Banco Central, puede determinar el horario de funcionamiento de los bancos y así lo ha hecho más de una vez.

Todos saben que en los balnearios, por ejemplo, en días feriados y durante la noche, los bancos funcionan y no se ha necesitado ninguna ley que establezca que esos funcionarios pueden trabajar en esos horarios.

De modo que hay normas vigentes que permiten que eso ocurra. En el caso, es una de la Ley de Intermediación Financiera que le da esta facultad al poder Ejecutivo, con la opinión del Banco Central, no me acuerdo si es el artículo 44 o el 45. En uno de ellos se modificó una disposición del año 1952 que también daba una solución general.

Debo confesar que este articulado, que está mucho mejor desde el punto de vista técnico que el que venía del Poder Ejecutivo, mantiene una especie de idea original de general la impresión de que los problemas del Uruguay existen porque aquí se trabaja poco o porque hay muchos feriados, y se busca asegurar que ese fenómeno desaparezca.

Este proyecto me causó esa impresión desde la primera vez que lo leí, me la sigue causando y como comparto las razones de algunos otros señores senadores que han defendido el mantenimiento, aunque con variantes, de los feriados, lo voy a votar en contra, en general, porque ninguna de las soluciones me resulta convincente.

SEÑOR BATALLA. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATALLA. – Uno a veces tiene la percepción o la sensación de que en definitiva en algunos proyectos hablamos los que estamos en contra y los que están a favor votan en silencio, corremos ese riesgo una vez más, pero vamos a expresar nuestra opinión sobre el tema.

En la Comisión manifestamos nuestra categórica oposición a este proyecto. Estamos absolutamente en contra de él.

Además, creemos que responde a una falsa imagen del país en el que desgraciadamente, con el curso de los años, uno se ha ido convenciendo de que más importante que ser es parecer. Creemos que este proyecto atiende mucho más al parecer que al ser, que no se resuelve ninguno de los problemas del país y que, en definitiva, lo único que hace es caer un poco más sobre los trabajadores, dando la imagen de que aquí se trabaja poco.

Entiendo que esa es una de las grandes falsedades que se expresan sobre el país. Los que hemos tenido la suerte de conocer otros lugares, sabemos que en cualquier país de Europa un trabajador tiene un horario de 8 a 4, descansa sábados y domingos y no tiene otro empleo y, además, descansa varios feriados, tantos como los que tiene el Uruguay.

Acá nos encontramos, permanentemente, cuando vamos a un casamiento o a un cumpleaños un sábado por la noche, con personas que durante toda la semana estuvieron trabajando y van a trabajar a esas reuniones para logra unos pesos más. Esos hombres trabajarían durante todos estos feriados y en más, si tuvieran posibilidad de hacerlo.

Entonces, me parece que es dar en el fondo la falsa imagen de expresión pública, de que queremos que en este país se trabaje, al pretender eliminar feriados.

Considero que los problemas del país no pasan por ahí y que la discrepancia que tengo con este proyecto no es solamente conyuntural, del momento, sino de filosofía política. Diría que es hasta de filosofía existencial, con respecto al origen de los problemas del país.

Todo el mundo se asombra de que durante la Semana de Turismo los bancos no funcionen. Cuando uno piensa en la realidad, digo que sí, que quizás no esté bien que no funcionen por toda la semana, pero también tengo que manifestar que esa es una responsabilidad que no se puede imputar a los trabajadores, que no tienen nada que ver porque es facultad del Poder Ejecutivo y del Banco Central, en su caso, hacer trabajar esos tres días.

Dijimos que tal vez lo único que estaríamos dispuestos a votar de este proyecto de ley sería esos: establecer el funcionamiento, durante los días lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo, de todas aquellas actividades que se entiende inconveniente paralizar por toda una semana.

Pero el problema no es el de los feriados, sino más bien el de la retribución al trabajador, porque en la medida en que el Poder Ejecutivo puede adoptar decisiones y hacer trabajar a determinados sectores cuya paralización es inconveniente, también puede pagar. Entendíamos que eso era posible realizarlo y de allí que hayamos establecido en una norma la posibilidad de concertar con la organización sindical ese trabajo en día feriado.

Reitero que, a nuestro entender, el proyecto de ley parte de una filosofía equivocada. El trabajador no trabaja más porque no puede, no porque no quiera. Creo que rompemos lo que es la tradición familiar. En el fondo, creo que hay un problema que obviamente no pretendo trasmitir a nadie, pues entiendo que es absolutamente personal, pienso que estamos regulando el descanso de los demás, mientras que nosotros descansamos cuando queremos, porque no tenemos el imperativo de un patrono directamente vinculado sobre nosotros, que nos impida descansar cuando queramos. En este sentido, la Semana de Turismo ha significado en el tiempo un procesos de acercamiento y de vida en común de la familia. Y eso que es tradicional, creo que tenemos que respetarlo.

En cuanto a los días de carnaval, ¿qué inciden en este país dos o tres días feriados?

Creo que todo eso responde a una imagen de país equivocada, a una imagen de país que muchas veces se nos ha pretendido imponer: que este es un país de haraganes. Y no es así; no creo que el uruguayo sea haragán.

Es más; pienso que tenemos que darle soluciones que pasen por otro lado, que el trabajador sienta que toda la estructura institucional comparte sus problemas, los percibe y busca resolvérselos; y no imponerle desde arriba como una verdad absoluta que haya menos feriados, menos posibilidades de descanso, para darle más al país, como si alguien le mendigara al trabajador algo que éste no haya dado, como si uno le estuviera diciendo que tiene que transpirar más, pero. ¡por favor! Todos sabemos lo que es la realidad del Uruguay para cada uno de los trabajadores; me refiero a conseguir un trabajo.¿Qué hombre que tenga una familia detrás no tiene dos o tres ocupaciones? Si no las tiene es porque no las ha conseguido. El perder un solo día de trabajo en la semana o en el mes constituye una tragedia.

De ahí que lo único que me parece aceptable de todo esto es la posibilidad de trasladar algún feriado, porque creo que también tenemos que prever mecanismos que tiendan a fortalecer el turismo social, a darle a los trabajadores, a la familia, la posibilidad de que disfruten los fines de semana. En ese sentido, pienso que el traslado podría significar una solución beneficiosa.

Por otro lado, señor Presidente, creo que el proyecto de ley de la Comisión en muchos aspectos es mejor que el remitido por el Poder Ejecutivo, el que tenía una filosofía mucho más negativa que el de la Comisión, que fue en algunos aspectos receptiva a las objeciones que allí se plantearon.

Reitero que estoy totalmente en desacuerdo con este proyecto de ley. Pienso que él atiende a lo que de ninguna manera es importante para el país. En el fondo, mucho más que eso, responde a una filosofía y a una imagen de la República que en absoluto podemos admitir como cierta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Posadas.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR POSADAS. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. – En realidad, podía haber pedido la palabra para una aclaración. No obstante, quisiera decirle al señor senador Batalla –naturalmente que dirigiéndome a la Mesa- que yo he firmado este proyecto de ley con la salvedad del inciso 1° del artículo 1°, no porque piense que este país lo que predomina es la vagancia o el "atorrantismo", sino porque creo que es mucho mejor que la legislación vigente.

Por otro lado, veo que hay toda una contradicción –y lo digo afectuosamente- en alguno de los razonamientos que he escuchado. Por ejemplo, hace un rato se dijo que se deberían reducir los días feriados si el país nadara en la abundancia. Pienso que es al revés. Justamente, cuando se nada en la abundancia –como es el caso de algunos países europeos- se reduce la jornada de trabajo y se facilita, precisamente, el no trabajo. Es exactamente al revés.

En lo que hace a la filosofía del proyecto de ley, debo decir que no la conozco, pero quienes trabajamos en la Comisión –ya sea la mayoría de sus integrantes que aprueba este proyecto, entre quienes figura el que habla, que lo hace con salvedades, como quienes lo votan en contra- jamás hemos pensado que este es un proyecto de ley destinado a obligar a la gente a trabajar.

SEÑOR BLANCO. – Apoyado.

SEÑOR RICALDONI. – Esto es algo que le digo amistosamente al señor senador Batalla: que no quede la impresión por el silencio de alguno de los firmantes del proyecto de ley, de que efectivamente hay una especie de "cola de paja" respecto de las verdaderas intenciones de éste.

No obstante esto, quería referirme a otra cosa.

Voy a hacer mención de otra contradicción. Todos en el Senado, sin excepción, los que han hablado y quienes no lo han hecho, seguramente estamos de acuerdo en que una de las actitudes constructivas que deberíamos tomar, ya se trate de legisladores o no, en este país, es fomentar el llamado turismo interno, porque es una de las actividades muy útiles y convenientes para el país. ¿Cómo se puede estar en contra de reunir determinados feriados al fin de semana, que significa poco menos que un atractivo inexistente hoy para hacer turismo interno? Porque ya no son dos sino tres días seguidos, ¿Cómo se está de acuerdo con fomentar el turismo interno –y esta fórmula sí lo establece- y al mismo tiempo se habla de la conveniencia de mantener estos feriados en mitad de semana? Se ha dicho que no se puede conmemorar como corresponde toda una cantidad de fechas, que no voy a repetir ahora. Puedo entender, por ejemplo, el argumento del señor senador Pereyra referido al 19 de junio; ya "soto voce" –y no sólo él me lo había mencionado el señor senador Cigliuti. Reitero que puedo entenderlo pero no como principio general, creo que la gente –en ese sentido vamos a ser realistas- nos va a agradecer muchísimo más que le juntemos esos feriados al fin de semana que le dejemos dos días por un lado y otro por la mitad de la semana. Vamos a no hacernos –discúlpenme la expresión- trampas al solitario. No es por quedar bien con la gente; simplemente que a ésta le sirve y, por tanto, sirve para el turismo interno, pero además es útil para otra cosa: para que las actividades productivas del país no se interrumpan en mitad de semana, sino que se programen razonablemente porque hay hornos que no se pueden apagar. Entonces, digamos que esto le sirve al trabajador y a la industria; por lo tanto, sirve a todos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Posadas.

SEÑOR POSADAS. – Quiero decir, en primer lugar, que este proyecto de ley que estamos tratando, en mi modesta opinión, no es de trascendencia fundamental; más bien diría, sin usar término derogatorios, que se trata de un proyecto de ley accesorio.

Básicamente, estoy de acuerdo con la postura que inicialmente planteó el señor Ricaldoni. Cuando comencé a leer este proyecto de ley y a pensar un poco sobre el asunto, además de percibir que no era un tema trascendental, ni decisivo. Me doy cuenta ahora, con mayor claridad durante el curso del debate que, efectivamente, dicho proyecto no apunta a concepciones filosóficas, a modos de ver la vida o a interpretaciones del Uruguay, sino que es algo más modesto, más reducido en su alcance y eminentemente práctico.

En cierta medida, la discusión parlamentaria que he estado escuchando me lo confirma, a tal punto que he escuchado los mismos argumentos usados tanto para sustentar la posición de quienes están a favor como la de los que están en contra.

El tema en otro contexto podría dar pie a pensa un poco en lo que significa la laboriosidad o no de un pueblo, así como en el contenido social y humano que tiene lo que en castellano antiguo se llama "holganza" y que ahora se denomina "ocio". Es decir, todo aquello ligado con el descanso, la vida familiar y el tiempo que cada uno le dedica a aquello que le gusta hacer.

El cotejo del himno a la laboriosidad y del himno al descanso o a la holganza, daría un resultado muy parejo, y utilizando como base este proyecto, podríamos empezar a discutir si los uruguayos somos laboriosos o haraganes, si trabajamos poco o mucho.

En realidad, pienso que no es que trabajemos poco, sino que rinde poco el trabajo que hacemos, pero insisto en lo que señalé antes: el proyecto no da para tanto. Por ello, me voy a limitar a hacer algunas consideraciones muy concretas sobre el proyecto en sí.

En lo que se refiere al artículo 1° -que es el relativo a la Semana de Carnaval- para no prolongar el debate, hago mías las argumentaciones del señor senador Ricaldoni, quizá no las hubiera expuesto en ese estilo –tenemos un estilo diferente- y habría utilizado algunos fundamentos diversos, pero, básicamente. Estoy de acuerdo con él.

En cuanto al segundo aspecto que trata el proyecto, que es el corrimiento de los feriados, estimo que es una medida sensata. Para que vea el Cuerpo la razón de lo que expresé anteriormente, en este caso no sé cuál de los argumentos usar, si el del trabajo o de la holganza, ya que cualquiera de ellos podría servir. Es decir: puede apoyarse que se ubique el feriado junto al fin de semana para fomentar que la gente pueda viajar al disponer de un fin de semana más largo y así visitar a sus familiares, dedicarse a sus "hobbies", etcétera, o puede defenderse para no interrumpir la actividad productiva del país, para que no se apaguen los hornos; en fin, todo aquello a lo que se acaba de referir el señor senador Ricaldoni.

En concreto, cualquiera de los dos argumentos que se utilicen son razonables, y nada tienen que ver con el hecho de que los uruguayos sean trabajadores o haraganes. Esta medida no es un himno al trabajo o al ocio, sino que tiene un alcance práctico.

En Sala se ha argumentado respecto al mantenimiento de algunas fechas patrias, señalando que eran muy importantes para la sociedad. Creo que efectivamente lo son, pero su importancia está dada en la festividad que en torno a ellas se realiza. No es la determinación del calendario lo que les da trascendencia, sino todo lo que constituye esa celebración: los discursos públicos, las ceremonias, los desfiles, los actos en las escuelas, etcétera. En definitiva, se tiende a evocar un acontecimiento o la figura de un prócer de la patria, lo que perfectamente se puede hacer un día antes o uno después, sin desmerecer, en mi modesta opinión, ese valor tan importante que tienen las efemérides patrias.

Incluso, por ejemplo, pienso en lo que significa el 19 de junio, más allá de que sea mi cumpleaños.

(Hilaridad)

-Es la fecha en la cual los uruguayos honramos a nuestro principal héroe nacional. Es el día del nacimiento de Artigas, pero también se podría haber elegido honrar su memoria en el aniversario de su muerte, como se hace con muchos otros héroes, o de algún acontecimiento culminante de su vida. Entonces, la tradición que tendríamos sería recordar a Artigas en setiembre en lugar de hacerlo en junio y en nada menguaría el culto al héroe.

Como dije, creo que la celebración tiene por finalidad que todos los ciudadanos rememoren los acontecimientos históricos que significan algo para la vida de una nación, lo que se puede hacer sin mengua un día antes o después.

Esa misma importancia tienen los feriados que no son fijos cuya celebración se origina en un hecho religioso concreto. Por ejemplo, el feriado de Semana Santa tiene origen religioso, donde se celebran acontecimientos muy concretos, como ser la Ultima Cena, la muerte de Cristo en el Calvario, y siempre caen en distintas fechas, durante milenios, los cristianos lo han festejado con el mismo fervor, sin importarles que a veces caiga en marzo y otras en abril.

Por tanto, no veo mayor inconveniente en el corrimiento de los feriados, y sí creo que existen ventajas en ponerlos junto a los fines de semana.

En cuanto al otro aspecto al que se refiere el artículo 2° de este proyecto de ley, estoy de acuerdo con lo que ha señalado el señor senador Millor en el sentido de que no va a perjudicar ese período tradicional, pues afecta a pocas personas y a pocas circunstancias.

En ese sentido, para no alargar demasiado el debate sobre un proyecto que trata de aspectos prácticos, deseo terminar acá mi intervención, dejando de manifiesto que, excepto en lo relativo al feriado de Carnaval, que figura en el inciso primero del artículo 1°, estoy dispuesto a acompañar el resto del articulado.

SEÑOR RAFFO, - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. – Deseo formular algunas breves reflexiones sobre este proyecto, pues se ha observado por parte de algunos legisladores que, por lo general, quienes deciden acompañar los proyectos se limitan a levantar la mano sin exponer sus razones en Sala.

He escuchado un sinmúmero de razones, algunas de las cuales me llevan al asombro. He sentido frase -y son textuales como que "esto cae sobre los trabajadores", que "es un proyecto efectista", etcétera. También se ha dicho que se está haciendo un juicio a los uruguayos, que somos haraganes y que, como castigo –estas son palabras mías, no digo que se hayan dicho aquí- el Poder Ejecutivo no tuvo otra salida que pergeñar un proyecto que tiende a quitarle los pocos días que el trabajador o la familia uruguaya tiene para descansar a lo largo del año.

También he sentido decir que si el país pasara por un período de plena ocupación o actividad, podría justificarse una medida de este tipo porque estaríamos empeñados en que el país no perdiera ese ritmo de trabajo.

He escuchado decir que con este proyecto se intenta crear una conciencia, atribuyendo intenciones al Poder Ejecutivo que en ningún momento las ha trasmitido, de que somos un país poco trabajador, también se ha dicho que por la sanción o no de este proyecto no pasa la solución de los problemas del país porque es de corto alcance y que el Parlamento debería hacer otra cosa para resolver los verdaderos y graves problemas de la República.

Creo, señor Presidente, que quienes así han opinado –tienen derecho a hacerlo y en algunos casos lo han sostenido con argumentos al parecer contundentes- le están dando al proyecto de ley un alcance que no tiene. Si analizamos debidamente su texto vamos a estar discutiendo si en el fondo, los uruguayos somos capaces de dejar dos días en el año, lunes y martes de carnaval, vigentes como feriados, o de suprimirlos.

Me parece, señor Presidente, que de eso se trata toda la cuestión. Mi reflexión apunta a si es saludable o no ser conservador o transformador en este tema. Quizá de este proyecto de ley, que parecería no tener demasiada importancia y al que se le han atribuido tantas intenciones, deba rescatarse –yo lo hago- lo difícil que es para nosotros, los uruguayos justamente, tratar de combatir algunas de esas vacas sagradas que se han ido creando en la conciencia nacional y que hoy se refieren a la posible supresión de los dos días de carnaval, entre los fastos que conmemoramos a lo largo del año. Mañana en el seno de este Cuerpo sin duda se va a hablar de temas más importantes pero también se van a inscribir dentro de esas cosas que el país ha ido creando, y a las cuales se apega férreamente y de las que no quiere apartarse.

Esta discusión acerca de por dónde pasan quienes quieren conservar las estructuras del país y quienes desean transformarlas se va a dar, sin duda, más adelante en este Cuerpo y cuando se traten otros proyectos de ley. En ese momento estaremos dispuestos a dar una respuesta.

Entiendo que si analizamos con detenimiento lo que aquí se nos presenta y dejamos de lado el artículo 2°, que prácticamente recoge para algunos pocos trabajadores –en los bancos en la Dirección de Aduanas y en la Administración Nacional de Puertos- algo que parece de toda lógica y es que algunos servicios esenciales, para que el país no se aisle del mundo se mantengan en funcionamiento durante los días de la Semana Santa o de Turismo, podría dejarse de lado a la actividad bancaria porque las normas existen.

Entonces, señor Presidente, si se deja de lado la discusión de si deben corregirse o no las fechas de los días 19 de abril, 18 de mayo, 19 de junio y 12 de octubre –que como muy bien dijera el señor senador Juan Martín Posadas, he escuchado en esta Sala argumentos que se esgrimen a favor y en contra y de similar tenor- vamos a lo que apuntaba mi reflexión inicial. El tema pasa por el primer párrafo del artículo 1° que dice: "Suprímense los feriados nacionales del lunes y martes de la Semana de Carnaval".

No voy a entrar en la discusión si se quiere histórica de por qué se decide suprimir por parte del Poder Ejecutivo estos feriados; no vamos a entrar a ver qué es lo que pasa, comparativamente, en los demás países del mundo, me animaría a decir que es muy pequeña la cantidad de países que los conmemora.

Por otra parte, en la actividad privada, como se ha dicho, la Semana de Carnaval o cualquier otra del año puede ser dada de licencia por común acuerdo entre las partes. Todos sabemos que así acontece. De modo que esto queda reducido a un ámbito muy pequeño y que presumiblemente es el de los trabajadores del Estado.

A cuenta de mayor cantidad, porque creo que el proyecto no merece tanto discurso, quiero advertir solamente que aquí hay una voluntad muy clara –y quizá ese sea el mensaje- de parte del Poder Ejecutivo, en el sentido de que está dispuesto, cuando lo estime necesario, cuando lo considere correcto, a quebrar algunos mitos y tabúes que hay en el Uruguay.

Señor Presidente: si no somos capaces de decir que van a dejar de conmemorarse los días lunes y martes de Carnaval y de ser días feriados, convirtiéndose en días laborales, nos esperarán horas difíciles cuando debamos animarnos a enfrentar en esta misma Sala, el estudio de proyectos de mayor envergadura y que marcarán, sin duda, el intento de transformar algunas estructuras que hace tiempo que conviven entre nosotros y que creemos deben ser cambiadas.

Esto es lo que quería manifestar y adelanto que en el caso de que este proyecto se ponga a votación, lo voy a hacer afirmativamente.

SEÑOR MILLOR. – Pido la palabra.

SEÑOR BATALLA. – Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Usando un lenguaje que le es grato, la Mesa diría que fue "puesta" el pedido para contestar una alusión.

Tiene la palabra el señor senador Millor.

SEÑOR MILLOR. – Creo que de todo lo que acaba de manifestar el señor senador Raffo –algunas cosas son realmente alucinantes- tendría que hablar yo primero porque he sido el menos aludido. Yo he sido aludido por la vía del valor personal. Nunca me pasó por la mente que el votar o no este proyecto pase por el valor personal, creo que eso se demuestra en cualquier otro terreno menos votando o no una ley.

Yo también podría animarme a decir a la gente, por ejemplo –que tal vez esté muy contenta con que se le traslade el feriado que cae un miércoles a un lunes- que preferimos mantenerlo en el día miércoles y eso en relación a otra escala de valores como puede ser el apego a ciertas tradiciones nacionales. Pero no puedo admitir que aquí se diga impunemente que es un problema de valor personal, de valentía o, a contrario sensu, de cobardía votar o no un proyecto.

No voy a votar este proyecto que suprime los días lunes y martes de carnaval en atención –ya lo dije- a lo mismo que expone el informe de la Comisión.

En momentos en que se está hablando de apuntalar la economía nacional si me demuestran que no tiene incidencia al Semana de Carnaval y fundamentalmente el lunes y el martes, en una industria muy importante y con un plazo muy pequeño, como es la turística y veraniega, entonces cambiaría el voto. Pero como nadie me lo va a demostrar en esta Sala porque todos sabemos la incidencia que económicamente tiene en estos días en un contexto turístico del cual vive mucha gente, más allá de valores o cobardías, voy a votar en contra este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Batalla.

SEÑOR BATALLA. – El señor senador Raffo, en uso de su legítimo derecho, citó frases textuales, creo que las dos primeras pronunciadas por mí. Obvio es decir que no quito ni pongo una coma a lo que dije. Por lo tanto, ratifico todos los conceptos que expresé. Lamento realmente que haya recibido con asombro esas afirmaciones que no tiene por qué compartir, ya que responden a una concepción distinta, de alguien que las manifiesta en uso de su legítimo derecho. Pero tratemos siempre de extraer lo bueno de lo malo. El asombro es la actitud que da base a la metafísica e implica el preguntarnos el por qué de las cosas. Tal vez en un tiempo muy corto estemos acá preguntándonos el por qué de las cosas. En mi condición de defensor de las "vacas sagradas" doy al señor senador Raffo, naturalmente, el pleno derecho a sentirse revolucionario porque saca dos feriados del almanaque nacional.

SEÑOR RAFFO. – Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO. – Quiero aclarar algunas cosas y contestar unas alusiones, con respecto a los valores personales y a la cobardía o valentía de los señores senadores presentes en Sala, si se revisan las palabras que he expresado, se podrá apreciar que no cuestioné ni la valentía ni la cobardía de ningún señor senador. Dije "si no nos animamos", que es una expresión –y la reiteré varias veces- de ánimo o de deseo de animarse a hacer algo. Ella no implica que a "contrario sensu" se entienda que el que no se anima a hacer algo es un cobarde.

De las expresiones que en su momento dijo el señor senador Batalla cité –y lo tomé textual- "que esto cae sobre los trabajadores".

Me refiero también a mis palabras y las reitero absolutamente en todos mis conceptos, en el sentido de que la discusión de que tengamos un día más o menos de feriado no veo de dónde surge porque ya es una interpretación de la voluntad del Poder Ejecutivo que lo que pretende aquí es retacear algunos derechos de los trabajadores. Si el señor senador Batalla -por supuesto que en todo su derecho- se reitera en sus apreciaciones, yo también repito punto por punto todas las mías.

SEÑOR CIGLIUTI. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Coincido con las palabras iniciales del señor senador Raffo cuando redimensionó este proyecto y lo trajo a la realidad. Este es un proyecto de ley que no tiene tanta trascendencia como para asignársele un grave debate del Senado. Tiende a suprimir cinco días feriados de los 21 que tiene el país y, después de tamizado en la Comisión, suprime sólo dos: lunes y martes de Carnaval, no tiene fundamentación, porque el Mensaje del Poder Ejecutivo en medio párrafo dice que se propone incentivar por todos los medios la producción pero, cobarde pusilánime, o valiente –como se quiera interpretar- nadie entiende que la supresión de cinco feriados puedan incentivar la producción, sobre todo en un país que hace muchos años que tiene todos estos feriados. No tenemos más que 21 y esto ha sido objeto de un tratamiento legislativo y político que se ha extendido por mucho tiempo, los demás días que no se trabaja corresponden a sábados y domingos que, por otras leyes que nadie ha cuestionado, son días no laborables en el país. Pero feriados no tenemos más que el 1° y el 6 de enero, en febrero y marzo Carnaval y Turismo, en abril a veces cae Turismo y está también el 19, el 1° y el 18 de mayo, el 19 de junio, el 18 de julio, el 25 de agosto, el 12 de octubre, el 2 de noviembre y el 25 de diciembre. Por este proyecto sacamos dos días y por el del Poder Ejecutivo se suprimían cinco. Es decir que este no es un país de muchos feriados y, ¿con este proyecto se soluciona alguna situación? A mí me parece que no. Como decían los liberales al principio de su prédica, en esta materia no conviene ni prohibir ni reglamentar demasiado. Personalmente, soy partidario de mantener las cosas como están. No creo que se pueda siquiera pensar en trasladar el 19 de junio porque, aun cuando no califiquemos los feriados, ese es el principal, por ser el natalicio del fundador de la Patria. Tampoco creo que se puedan trasladar otros feriados que en determinados lugares tienen una tradición tan extensa que sirven como centro de atracción social y económica, como por ejemplo el 18 de mayo en Las Piedras o el 25 de agosto en Florida. El Poder Ejecutivo habló de suprimir el 6 de enero y la Comisión sobre ese día no dijo nada. El Poder Ejecutivo no mencionó el 19 de junio y la Comisión pretende trasladar ese feriado. Me parece que esos son dos contrasentido no debidamente explicados.

En cambio, el mantenimiento de la situación actual significa que permanezcan un conjunto de hechos creados respetabilísimos, que no solamente provocan turismo interno sino también actividad económica importante. Por esa razón me parece mejor que, teniendo como tenemos tantos y tan graves problemas en el país y estando como estamos, todos convencidos de que debemos trabajar conjuntamente para desatascar a la República de una situación tan especialmente grave como la que vivimos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no dediquen tanto tiempo para dirimir estas pequeñas cuestiones que al final no hacen más que suprimir dos feriados injustamente, porque ambos atraen el interés de una masa enorme de opinión, de población, de gente que se prepara mucho tiempo para esos días –domingo, lunes y martes de Carnaval y sábado y domingo siguientes- y que aquí en Montevideo, más que en ninguna otra parte, despiertan una tradición ciudadana conocida y repetida y representan, además, una buena manifestación de cultura tradicional del país que no debemos ignorar ni olvidar.

No pienso dar mi voto a este proyecto de ley. Creo que está hecho con buena intención pero no me parece que tenga suficiente importancia y significación como para que se le pueda destinar más tiempo y para que podamos cambiar un "status" que está consagrado en la tradición del país y hasta en la historia, y que ha funcionado. Probablemente no estaría dispuesto a incorporar un día feriado más al país, pero tampoco a suprimir alguno, cada uno en su momento tuvo una justificación buena y suficiente y el país ha actuado alrededor de esos feriados de manera que no ha provocado ningún malestar. ¿Cuándo se planteó el problema de los feriados en el Uruguay? En el régimen de facto. Antes no se había hablado de eso. En aquel momento ¿alguien pudo pensar que en la situación en que se estaba se podía arreglar algo suprimiendo dos, tres o cinco feriados porque el tener 21 era un exceso?

SEÑOR RAFFO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. – Con mucho gusto, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador Raffo en uso de una interrupción.

SEÑOR RAFFO. – Gracias, señor senador Cigliuti. Voy a ver si puedo expresar algún otro concepto revolucionario en Sala.

Durante los feriados de Carnaval acostumbro estar en las cercanías de esta ciudad o en otro lugar del país y, si mal no recuerdo, el festejo uruguayo excede en mucho los días lunes y martes de esa semana. De vez en cuando acostumbro a acudir al Teatro de Verano del Parque Rodó treinta días más tarde de ese lunes y martes de Carnaval y no veo que la actividad carnavalesca se haya detenido por existir o no esos feriados. Un caso muy típico son las Llamadas. ¿Algún uruguayo nunca acudió siquiera una vez en su vida a ese festejo? No se celebra lunes o martes de Carnaval. Todos los que se preparan, como dice el señor senador Cigliuti, con el objetivo de lunes y martes de Carnaval no lo hacen para que la actividad se agote en esos dos días. Todo lo que viste a nuestro país con esos fastos carnavalescos, lo viste durante treinta o cuarenta y cinco días, y no creo que aquí nadie se anime a decir una cosa contraria. Insisto que lo hacen con el sentido de permanencia.

Si alguien está pensando en los concursos de las agrupaciones, digo que todos sabemos que ellos exceden en mucho a los días lunes y martes de Carnaval. Por lo tanto, el Carnaval en sí mismo no se limita a esos dos días.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. – El carnaval es una fecha tradicional que engloba esos tres días, así como a los demás, en que también se festeja. Suprimir dos días de Carnaval, cuando todos trabajan en función de ellos, para preparar los tablados, los desfiles, etcétera no es un acto para tratar de incentivar la producción, sino más bien para castigar una ceremonia festiva que atrae a mucha gente. Esa es la verdad. Por supuesto, se me podría decir que no tendría porqué haber ningún día de Carnaval y plantear que se suprimiera del almanaque, porque el Carnaval de ahora no es el mismo que cuando varios señores senadores eran niños, Eso es cierto; pero también lo es que se trata de una tradición que debemos respetar y conservar.

Declaro que estoy un poco asombrado de lo que estoy oyendo en Sala hoy con respecto al impulso revolucionario del señor senador Raffo y sinceramente confieso que, a este respecto, no tengo semejante inclinación.

SEÑOR RICALDONI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CIGLIUTI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR RICALDONI. – Señor Presidente: no quiero decepcionar al señor senador Raffo pero no creo que él tenga una actitud revolucionaria con respecto a este tema, me parece que prácticamente estamos divididos en dos bandos, cada uno de los cuales pastorea sus propias vacas sagradas. Algunos –y discrepo con ellos- tienen vacas sagradas que están en el potrero del mantenimiento de los días feriados en los almanaques actualmente impresos –y hasta los encargados de las imprentas nos han planteado su preocupación por la falta de definición en le tema- y otros los tenemos pastoreando por otro lado. El problema no radica en saber quién es revolucionario y quién conservador en la materia, sino que se trata de un problema de buen sentido, tal como cada uno lo entiende. Reitero que juntar determinados feriados con los fines de semana beneficia a la gente, beneficia a la actividad laboral del país, también me parece muy respetable lo que se diga desde el otro punto de vista y lo contestó magníficamente el señor senador Posadas: lo que hace a la fecha de celebración de un determinado acto es la conmemoración en sí misma y no el día y la hora en que se lleva a cabo.

Además –y pido disculpas al señor senador Cigliuti por la interrupción- hay otro aspecto que se conversó en la Comisión y que aquí no se ha tratado –que me parece es bueno señalarlo- en lo que tiene que ver con la supresión de los feriados de Carnaval. En la Comisión de Constitución y Legislación algunos tuvimos dudas acerca de que la supresión de estos dos feriados de Carnaval rozara aspectos legales bastantes complejos de resolver, vinculados con el régimen estatutario de los funcionarios públicos porque en el país estos funcionarios tienen establecido un régimen legal que determina que no trabajan en toda la Semana de Carnaval. Si ahora se les hace trabajar esos dos días de dicha semana, se cambian algunos aspectos de la relación laboral que pueden traer derivaciones que quizá a primera vista no se aprecien y, no obstante, estar vinculadas con la propia esencia del hecho que estamos considerando.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tras aclarar que no existe en el país ninguna norma legal que establezca que los funcionarios públicos no trabajan en la Semana de Carnaval, pude continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CIGLIUTI. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Muchas gracias, señor senador y señor Presidente. Tenía la firme decisión de no intervenir y no voy a hablar en la discusión general del proyecto, pero creo que en el curso de la discusión se han dicho algunas cosas que ameritan ciertas puntualizaciones.

Fundamentalmente, este proyecto incide en el sector de la administración pública y no sobre el sector de la actividad privada, que es donde está el pulmón de la producción. Pienso que se equivoca grandemente el Poder Ejecutivo cuando dice que va a aumentar la producción por la vía de la supresión de algunos feriados, porque prácticamente está reglamentado por la costumbre inveterada de la mayor parte de la industria y del comercio que las licencias anuales se toman en la Semana de Carnaval y en la de Turismo. Este es un hecho generalizado en todo el país y resulta nocivo desde el punto de vista del trabajador, porque según la legislación internacional, regularmente la licencia debe tomarse de corrido –entera- tal como se hace en todos los países que tienen un buen ordenamiento en esta materia.

Por otra parte, no soy experto en materia laboral, pero tengo familiares que trabajan en la actividad privada y sé que la mayor parte de los empleados de la actividad privada trabajan los días que, por ley, han sido establecidos como feriados. Quiere decir que los hornos no se apagan y los muchachos y las muchachas que trabajan en la industria textil se levantan a las cinco de la mañana para poder tomar el turno de la seis, al igual que los obreros de la construcción; esto es así tanto en invierno como en verano.

En resumidas cuentas, este proyecto que va a resolver todos los problemas, que va a incrementar la producción y que prácticamente es un signo, ni es un signo ni es un gran proyecto. En última instancia me parece lícito –es una tradición ancestral que viene desde antes del cristianismo recogida en otras festividades- que no se trabaje los días anteriores a la cuaresma. Eran los días de holganza, como lo decía el señor senador Posadas, antes de iniciar el periplo que llegaba hasta la crucifixión y la resurrección, por la cual se guardaba abstinencia. Precisamente, esa holganza se debía a que luego venían los cuarenta días de restricción, denominados cuaresma.

SEÑOR ZUMARAN. – Era una fiesta pagana, señor senador.

SEÑOR GARGANO. – Era una fiesta pagana transformada por el cristianismo para adecuarla a sus ceremonias, lo que me parece perfectamente lícito y además se encuentra arraigada en la gente desde hace 2.500 ó 3.000 años. Sin embargo, nosotros pretendemos resolver los problemas de la producción, de la administración pública, la que además no tiene gente para atender, porque normalmente en época de carnaval o turismo todo el mundo está de licencia en función de que el sector privado no trabaja.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Cigliuti.

SEÑOR CIGLIUTI. – Muchas gracias, señor Presidente.

Quería terminar con una reflexión relacionada con el traslado de algunos feriados, en las escuelas y en los liceos el 19 de junio, fecha de nacimiento de Artigas, se jura la adhesión a la Bandera Nacional y creo que hacerlo el 21 o el 23 de junio, en lugar de la fecha correcta, es un despropósito. La Bandera Nacional se jura el día de Artigas que es el 19 de junio: si usted lo traslada para el lunes o viernes siguiente realmente está falsificando el propósito de la ley y también el sentir patriótico que inspira el acto. Reitero que no voy a acompañar este proyecto: creo que de ninguna manera podría votarse el traslado de la conmemoración de la fecha del 19 de junio a otro día de la semana. En ese sentido, coincido plenamente con el señor senador Pereyra, que al principio de su exposición se refirió a esa fecha.

SEÑOR ZUMARAN. – Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. – Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ZUMARAN. – Tampoco yo iba a hacer uso de la palabra en este tema, pero dado algunas afirmaciones que se han hecho en Sala, me veo impulsado a intervenir, porque hay una gran confusión; a lo mejor soy yo el que lo percibo en esos términos. Creo que la reciente intervención del señor senador Gargano apuntaba a lo mismo.

¿A qué le llamamos feriado? ¿Qué alcance tiene? El señor senador Cigliuti dice que en el Uruguay hay 21 feriados; no sé si todos han sido establecidos por ley, ni tampoco cómo los define la ley.

En Uruguay siempre hubo un trato muy diferente, y creo puede dar lugar a algunas injusticias o a situaciones que generalmente se toman como tales.

El sector privado tiene cinco feriados pagos en el año, y nada más: 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre. Es estas fechas no se trabaja y se cobra el salario correspondiente a ese día; si se trabaja, el salario es doble. Ese es el régimen de la actividad privada, al que está sometida la inmensa mayoría de los trabajadores del país. Por otra parte, están los otros denominados feriados, a los que habría que buscarles otro nombre –a lo mejor la ley a que hizo referencia el señor senador Cigliuti se los da, pero yo no la conozco- porque en realidad no son feriados "strictu sensu".

SEÑOR CIGLIUTI. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CIGLIUTI. – Los feriados a que me he referido han sido consagrados por la ley de la Nación. Por ejemplo, la Semana de Turismo es un feriado creado por ley, y lo mismo ocurre en Carnaval. Es decir que no son producto de la costumbre. A su vez, el 19 de abril, el 18 de mayo, el 19 de junio, el 18 de julio y el 25 de agosto también son feriados consagrados por la ley, al igual que las festividades del 25 de diciembre y del 1° y el 6 de enero.

Como dice con razón el señor senador, la actividad privada a veces da la licencia anual a sus empleados en la Semana de Turismo, mientras que otras veces lo hace también en Carnaval. Entonces, tenía razón el señor senador Ricaldoni al señalar que si se suprimen los días lunes y martes de carnaval como feriados, se va a distorsionar el régimen de la actividad privada, que ya ha convenido con sus empleados que en las semanas de Carnaval y de Turismo gozarán de sus licencias respectivas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede continuar el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. – Me parece que la interrupción del señor senador Cigliuti tiene dos partes, en primer lugar, él afirma que esos 21 feriados han sido fijados por ley de la Nación. Admito y acepto esa aseveración del señor senador, pero reitero que no conozco la ley, aunque con ello no estoy diciendo que ésta no exista. Insisto en que no la leí, a pesar de que busqué en los antecedentes para enterarme qué definición de feriado daba.

SEÑOR ABREU. - ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ZUMARAN. – Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ABREU. – Pensaba no hacer uso de la palabra a efectos de no crear un debate político excesivo sobre estos temas y, en particular, porque se efectuaron una serie de alusiones de carácter político y algunas calificaciones la proyecto que, de ser discutidas, podrían encender aún más los ánimos creo que debemos "bajar los decibeles" a este proyecto y no pretender realizar un debate nacional sobre el régimen laboral del país.

De todas maneras, es importante tratar de ir al encuentro de la inquietud respecto de cuáles son las normas hoy vigentes en materia de feriados nacionales.

En principio, el feriado siempre es laborable, lo que establece el Decreto-Ley N° 14.977 es la declaración de feriados nacionales de carácter tradicional, así como los de exaltación y conmemoración patriótica. En ese sentido, dispone que el 1° de enero, el 6 de enero, el lunes y el martes de la Semana de Carnaval, la 6ª. Semana siguiente a la de Carnaval –denominada Semana de Turismo- el 1° de mayo, el 2 de noviembre y el 25 de diciembre serán considerados feriados tradicionales, mientras que en el artículo 2° expresa que el 19 de abril, 18 de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto y 12 de octubre serán feriados de exaltación y conmemoración patriótica.

A su vez, a estos feriados debe agregársele lo dispuesto en la Ley N° 12.590, de 1958, que establece cuáles son los feriados pagos en el país. A esto es a lo que se estaba refiriendo el señor senador Zumarán. Se trata de 5 días que son considerados feriados pagos y, por lo tanto, si se trabajan, se debe pagar doble; en el caso de ser jornalero, se paga doble el jornal y si se es un trabajador mensual en la actividad privada se abona un treintavo del sueldo correspondiente al mes.

Se trata de un sistema combinado ya que por un lado tenemos la declaración de feriados de exaltación nacional y, por otro, una disposición que establece cuáles son los feriados pagos. Los demás son los denominados feriados comunes. ¿Qué sucede con estos últimos? Cuando el jornalero los trabaja, los cobra; cuando no lo hace, no los cobra. A su vez, cuando el mensual los trabaja, cobre su sueldo sin ningún tipo de adición. Este es el sistema que funciona actualmente.

¿Qué se plantea en este proyecto? Vamos a tratar de no entrar en el debate político y a manejarnos exclusivamente con los aspectos técnicos, dejando de lado las alusiones a que éste es un proyecto frívolo y a que la filosofía del Poder Ejecutivo implica un sentimiento contra el sector trabajador. Estamos tratando de explicar la idea que ha guiado la elaboración de este texto.

De acuerdo con el proyecto, el régimen aplicable sería el siguiente: Los días lunes, martes y miércoles de la Semana de Turismo deberán funcionar –aclaro que en este caso no se suprime el feriado- determinadas actividades. Por tratarse de feriados comunes, no incluidos en la Ley N° 12.590, si se trabajan, no se pagan doble. De todas maneras, la doctrina laboral –y ahora voy a la preocupación de del señor senador Korzeniak- no crea una situación de injusticia en la medida en que si bien la ley expresamente no establece la compensación, indica que cuando se realizan trabajos en feriados comunes debe aplicarse un sistema de compensación que queda a opción, en este caso, del Poder Ejecutivo, por esta razón, en este proyecto se dispone la necesidad de una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

En consultas que realicé entre los integrantes de la Cátedra de Derecho Laboral –nadie me dijo en esa oportunidad, más allá de algunas discrepancias, que se trataba de un proyecto frívolo y, mucho menos, que estábamos legislando guiados por una filosofía anti-obrera- se me hizo saber que, naturalmente, lo importante era dejar librada la reglamentación al Poder Ejecutivo y que en el Plenario quedara expuesta esta posición a los efectos de que los antecedentes sirvieran para que posteriormente se realizaran las compensaciones correspondientes. Esta es, en cierta medida, la forma en que funcionará este régimen.

En lo posible, he analizado algunos aspectos de los feriados en derecho comparado. Más allá de algunos hechos que pueden ser cuestionables, este tema es extremadamente subjetivo. El señor senador Gargano hizo referencia al origen cristiano y al hebdomadario, relativo al séptimo día. Eso está en el libro de Moisés. Sin embargo, no se refirió a autores con quienes tiene afinidad ideológica, como Ihering quien, interpretando por el Materialismo Histórico, llegaba a la conclusión de que los feriados que figuran en la Biblia no son de origen cristiano sino civil.

Digo esto para reafirmar que todo este tema está muy imbuido de subjetivismo por lo que podríamos pasar días hablando sobre él. De manera que, más allá de las posiciones que podamos tener y del respeto que se merecen todos los señores senadores, creo que no podemos entrar a discutir si el 18 de julio, el 25 de agosto o el 19 de junio deben ser o no feriados.

Quiero señalar que no se intenta hacer un gran proyecto sino, simplemente, aportar por parte del Poder Ejecutivo, algo que, a su juicio, podría ser útil para el ordenamiento socioeconómico de la República. Entiendo que ninguno de los señores senadores pude pensar que con esta ley, el Poder Ejecutivo pretende solucionar los problemas del país porque, de esa forma, estaríamos minimizando excesivamente y agraviando a quienes forman parte del Gobierno, más allá de compartir o no su filosofía y orientación.

Pido disculpas al señor senador Zumarán por haberme excedido en esta interrupción, pero tenía la intención de arrojar pequeña luz sobre el régimen legal vigente en materia de feriados.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. – Puede proseguir por un minuto el señor senador Zumarán.

SEÑOR ZUMARAN. – Es difícil proseguir y terminar en un minuto, pero intentaremos hacerlo.

SEÑOR CIGLIUTI. – Entonces, propongo que se levante la sesión.

SEÑOR ZUMARAN. – Me parece correcto, siempre y cuando pueda retomar el tema en la próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE. – Efectivamente, señor senador.

16) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE. – Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 59 minutos, presidiendo el doctor Aguirre Ramírez y estando presentes los señores senadores Abreu, Arana, Astori, Batalla, Belvisi, Bruera, Cassina, Cigliuti, de Posadas Montero, Gargano, Gonzáles Modernell, Irurtia, Korzeniak, Millor, Pereyra, Pérez, Posadas, Raffo, Ricaldoni, Silveira Zavala, Singlet, Urioste y Zumarán).

DR. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ Presidente

Dr. Juan Harán Urioste Secretario - Don Mario Farachio Secretario

Don Jorge Peluffo Etchebarne Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.